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(El País, 16-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez anuncia una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de 30.000 euros para jóvenes

Pedro Sánchez anunció este lunes un paquete de nuevas medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. La principal novedad es una ayuda al alquiler con opción a compra de cerca de 30.000 euros. El presidente del Gobierno presentó esta iniciativa durante su intervención ante el grupo parlamentario socialista, aunque sin aportar detalles sobre cómo se implementará. Según explicó, esta ayuda busca que los jóvenes puedan vivir durante años en una vivienda de protección permanente y, posteriormente, adquirirla. La medida se integrará en el próximo Plan Estatal de Vivienda, que abarcará el periodo 2026-2029, tal y como ha confirmado el Ministerio de Vivienda. Además, Sánchez adelantó la creación de un seguro de impago de alquileres dirigido a jóvenes, con el objetivo de dar más seguridad tanto a propietarios como a inquilinos. Aunque no es un planteamiento totalmente nuevo -pues ya existe un programa similar dentro del plan actual gestionado a través de las comunidades autónomas-, queda por aclarar si se tratará de una ampliación del mismo o de un esquema distinto. Otra de las medidas anunciadas son ayudas de hasta 10.800 euros para fomentar la compra de vivienda en zonas rurales, con la intención de contribuir también a la lucha contra la despoblación. Durante su intervención, el presidente avanzó igualmente que el Consejo de Ministros revisará este martes al alza la previsión de crecimiento económico para 2025, actualmente situada en el 2,6%. El jefe del Ejecutivo también se comprometió a triplicar los fondos estatales destinados a vivienda para aquellas comunidades autónomas que incrementen en la misma proporción sus presupuestos en esta materia. "La crisis de vivienda requiere de un esfuerzo público. Es un problema complejo, pero no vamos a escudarnos en esa dificultad para dejar de actuar. Vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para dar respuesta a una situación que afecta a millones de personas en nuestro país", afirmó. Durante su discurso, Sánchez lanzó críticas al PP por su gestión en materia de vivienda y por no aplicar los límites a los precios del alquiler contemplados en la ley estatal. "Hemos multiplicado por ocho los recursos y aprobado la primera ley de vivienda, que permite topar los alquileres en zonas tensionadas. ¿Por qué los alcaldes del PP, que saben que tienen barrios con precios desorbitados, no piden a sus comunidades que apliquen la ley?", cuestionó. Hasta la fecha, la única comunidad gobernada por el PP que ha solicitado aplicar la regulación de precios es Galicia, a petición del Ayuntamiento de A Coruña. También han declarado áreas tensionadas varias regiones como Cataluña, Navarra y el País Vasco. Los anuncios del presidente llegan en un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda. Según los últimos datos del INE, publicados la semana pasada, los precios de las viviendas de segunda mano subieron un 12,8% en el segundo trimestre, superando ya el récord de 2007. En conjunto, el índice general de precios -que incluye tanto obra nueva como usada- aumentó un 12,7%, la mayor subida en 18 años. El mercado del alquiler, por su parte, lleva años registrando incrementos continuados.

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(Expansión, 15-09-2025) | Laboral

La Seguridad Social inyecta 2.200 millones extra para poder cubrir el coste de las bajas laborales

El fuerte aumento del absentismo laboral ha provocado que, en apenas siete meses, se agote el presupuesto anual (prorrogado) destinado a cubrir las bajas, lo que ha obligado al departamento de Elma Saiz a incrementarlo en casi un 20% para poder hacer frente a los pagos. El gasto, que se ha duplicado desde la pandemia, es ya cuatro veces mayor que hace una década. El desembolso de la Seguridad Social por incapacidad temporal continúa disparado, reabriendo el debate sobre el impacto económico del absentismo. Aunque la ministra Saiz mantiene una mesa de negociación abierta con sindicatos y patronal, las medidas para reducir el coste de la segunda partida más abultada del sistema -solo por detrás de las pensiones- no figuran, de momento, entre las prioridades. Los últimos datos tampoco reflejan mejoras derivadas del acuerdo alcanzado en verano de 2024, que incluía la renovación de convenios entre servicios de salud y mutuas para derivar bajas por causas traumatológicas -las más frecuentes- y agilizar tratamientos y altas médicas. La aplicación avanza con lentitud: solo Asturias, Baleares y Cataluña han renovado esos acuerdos un año después. Este repunte del absentismo vuelve a situarse en el centro del debate económico justo en la semana en que el Congreso tumbó la reducción de la jornada laboral. Junts, que frenó la iniciativa estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, argumentó que el verdadero problema del mercado laboral no era el tiempo de trabajo, sino el fuerte absentismo, que lastra las cuentas públicas, encarece costes a las empresas y afecta a su productividad y competitividad. Según los datos de ejecución presupuestaria, hasta julio el Estado destinó 10.248 millones de euros a cubrir incapacidades temporales, un 13% más que en el mismo periodo de 2023. Esa cifra supone haber consumido casi todo lo previsto en las cuentas prorrogadas de 2023, fijadas en 11.764 millones. Ante esta insuficiencia, la Seguridad Social tuvo que añadir 2.202 millones adicionales, elevando el gasto total a 13.966 millones, es decir, un 19% más de lo inicialmente previsto. El incremento se enmarca en una tendencia sostenida al alza. Si se compara con 2019, antes de la pandemia, el gasto se ha duplicado (de 5.107 a más de 10.200 millones en el mismo periodo). Y en perspectiva de una década, respecto a 2015, el aumento es del 281%, casi cuatro veces más. El problema no solo impacta en las cuentas públicas. También repercute directamente en las empresas. Según cálculos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), en 2025 el coste del absentismo laboral en España se incrementará en torno a un 10%, superando los 32.000 millones de euros, de los cuales la mitad -unos 16.000 millones- recaerán sobre las compañías.

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(El Economista, 15-09-2025) | Laboral

Trabajo y los sindicatos se miran en el espejo italiano para intentar salvar su reforma del despido

El rechazo en el Congreso al proyecto de ley para reducir la jornada laboral no solo ha evidenciado la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo de coalición, sino que ha supuesto un golpe a la hoja de ruta diseñada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras sellar el acuerdo con Pedro Sánchez a finales de 2023. El fracaso de la propuesta de las 37,5 horas semanales parece enterrar definitivamente sus aspiraciones de impulsar una reforma del despido. Aun así, tanto la líder de Sumar como los sindicatos se reservan un plan alternativo, cada vez más inspirado en la experiencia de la legislación laboral italiana. Con el paso de la Legislatura, el PSOE ha dejado claro que no contempla modificar el actual sistema de indemnizaciones máximas por despido improcedente, aunque sí está dispuesto a revisar las causas de cese para alinearlas con la Carta Social Europea. Este fue el compromiso firmado con Sumar, aunque Díaz ha seguido un rumbo propio, en estrecha sintonía con las centrales sindicales. El debate sobre si las indemnizaciones basadas únicamente en la antigüedad compensan el perjuicio sufrido por los trabajadores ya estaba presente en los tribunales, donde algunas sentencias han reconocido cantidades superiores a los 33 días por año trabajado, amparándose en la Carta Social Europea y el Convenio 155 de la OIT. La estrategia sindical consistía en escalar el conflicto a nivel europeo, elevando el caso al Comité Europeo de Derechos Sociales para esquivar las resistencias socialistas frente a la reforma laboral de 2012. Aquella reforma redujo las indemnizaciones por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades frente a las 42 anteriores, aplicándose incluso a contratos previos, aunque sin carácter retroactivo. También facilitó la aplicación de las causas objetivas de despido (económicas, técnicas, organizativas o productivas), con indemnizaciones de 20 días por año y un tope de 12 mensualidades. El cambio supuso una notable rebaja de costes en plena crisis, y fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy sin consenso con patronal ni sindicatos. La firmeza de esa reforma fue aplaudida por la OCDE y la Comisión Europea, lo que explica que los ejecutivos posteriores del PSOE, tanto en solitario como en coalición con Unidas Podemos o Sumar, no hayan revertido esas medidas, salvo aspectos puntuales como el despido por absentismo, ya anulado por el Tribunal Supremo. Aunque Sánchez e Iglesias prometieron en su día una derogación completa, el marco de 2012 se mantuvo prácticamente intacto, a cambio de lograr un acuerdo tripartito para la reforma de 2021, que buscaba reducir la temporalidad y contó con respaldo internacional. En los últimos años, no obstante, el debate sobre las indemnizaciones ha vuelto a abrirse. Tras las denuncias de UGT y CCOO, el Comité Europeo de Derechos Sociales consideró que el límite actual vulnera la Carta Social Europea porque no compensa adecuadamente el daño sufrido. Paralelamente, algunos jueces españoles fallaron en la misma dirección, aunque el Supremo zanjó la cuestión este verano confirmando que la normativa nacional es compatible con los convenios internacionales y que no procede reconocer indemnizaciones superiores. Con este escenario, la única vía sería una reforma legal, algo que el PSOE descarta. La derrota de la reducción de jornada, además, hace improbable que el asunto llegue al Consejo de Ministros por iniciativa propia. Aquí es donde aparece el "plan B". Los sindicatos han anunciado un recurso al Constitucional contra la sentencia del Supremo. Aunque pueda parecer un gesto meramente simbólico, en realidad responde a una estrategia más amplia: reabrir el debate sobre el marco de despido, siguiendo la estela de Italia con la controvertida Jobs Act. La reforma impulsada por Matteo Renzi en 2014 eliminó la obligación de reincorporar al trabajador en caso de despido improcedente en empresas de más de 15 empleados, sustituyéndola por una indemnización tasada: inicialmente cuatro meses de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, cifra que más tarde se elevó. En 2018, el Constitucional italiano declaró inconstitucional el cálculo automático de la compensación solo por antigüedad, exigiendo mayor flexibilidad en función de las circunstancias, aunque sin cuestionar ni los topes ni la desaparición de la readmisión, salvo en casos de discriminación. A pesar de ello, la norma fue duramente criticada por sindicatos y oposición, e incluso denunciada ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, que en 2019 se pronunció contra los límites. Pero la Corte Constitucional italiana defendió que la Carta Social Europea es lo suficientemente abierta para admitir la legislación nacional y que las resoluciones de Estrasburgo no son vinculantes, argumentos similares a los esgrimidos por el Supremo español.

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(El Economista, 15-09-2025) | Laboral

Los jueces ya cumplen con el Supremo y niegan indemnizaciones por despido mayores a 33 días

Los juzgados han comenzado a aplicar la nueva doctrina fijada por el Tribunal Supremo, que descarta conceder indemnizaciones adicionales en casos de despido improcedente y establece que no se puede superar la compensación legal prevista: 33 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de 24 mensualidades. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha sido el primero en aplicar este criterio, recogido en la sentencia del Supremo de 16 de julio. En un fallo dictado el 23 de julio, el tribunal desestima la reclamación de una trabajadora despedida que pedía una indemnización complementaria de 15.000 euros por daños morales y otra de 7.500 euros con carácter disuasorio para la empresa. En su resolución, el TSJN subraya que el Supremo ha dejado claro que la indemnización por despido improcedente contemplada en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores "no puede incrementarse en sede judicial con otras cuantías ligadas a las circunstancias particulares del caso". Añade que esta limitación no vulnera ni el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni la Carta Social Europea (CSE). El Convenio de la OIT establece que, ante un despido, debe ordenarse el pago de una indemnización adecuada u otra reparación pertinente. La CSE, por su parte, garantiza el derecho a una compensación justa en caso de pérdida del empleo. El tribunal navarro recuerda que el Supremo ya había resuelto en diciembre de 2024 que la indemnización tasada de la legislación española cumple con los estándares de la OIT y resulta "adecuada". Entre sus argumentos, señaló que el sistema español presume y cuantifica los perjuicios de manera uniforme para todos los trabajadores, en función del salario y de la antigüedad, lo que aporta seguridad jurídica e igualdad de trato. Respecto al análisis de la Carta Social Europea en la sentencia de julio, el TSJN remarca que el Supremo reiteró que no es posible elevar judicialmente la indemnización, ni siquiera considerando las circunstancias individuales del caso. También recalcó que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) no tienen carácter vinculante, ya que no es un tribunal y sus resoluciones carecen de efectos ejecutivos directos. Conviene recordar que el CEDS concluyó el pasado 27 de junio que la normativa española no cumple con la Carta Social Europea, al considerar insuficiente la compensación por despido improcedente, lo que, a su juicio, facilita a las empresas recurrir a esta práctica y debería llevar a los jueces a optar por la readmisión de los empleados afectados.

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(El Economista, 15-09-2025) | Laboral

La productividad laboral puede caer hasta un 30% por el síndrome prostvacacional

La reincorporación al trabajo tras las vacaciones de verano suele ser uno de los momentos más difíciles para muchos empleados. Volver a la rutina y asumir de nuevo las responsabilidades después de un periodo prolongado de descanso puede provocar una caída de hasta el 30% en la productividad, a causa del conocido síndrome postvacacional, según confirma Factorial. El Hospital Vithas de Valencia detalla que es habitual que aparezcan síntomas como apatía, falta de concentración, cansancio -presente en más de la mitad de los casos-, ansiedad, alteraciones del sueño e incluso, en situaciones más severas, taquicardias o dolores de cabeza. Aunque lo más común es que estas molestias duren solo unos días, uno de cada tres afectados arrastra síntomas durante al menos dos semanas, lo que repercute de forma prolongada en la motivación y el rendimiento de los trabajadores. Este fenómeno, cada vez más frecuente, afecta aproximadamente al 40% de los españoles, con mayor incidencia en mujeres, de acuerdo con la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC). Pero sus consecuencias no se limitan al plano personal: durante las primeras semanas de reincorporación, la productividad puede descender hasta un 30%, impactando directamente en las empresas. Además, el síndrome postvacacional puede derivar en un aumento del absentismo y en más errores en las tareas, lo que se traduce en mayores costes para las compañías. "En un entorno con alta rotación laboral -que en algunos sectores supera el 120% anual- y escasez de talento, cuidar el bienestar de los empleados debe ser una prioridad estratégica", afirma Nacho Travesí, CRO y cofundador de Orbio. Para abordar esta situación, Orbio, empresa especializada en aplicar inteligencia artificial a la gestión de recursos humanos, ha creado un sistema de agentes de IA que detecta señales tempranas de desmotivación y sugiere medidas personalizadas para facilitar el regreso al trabajo. Estas herramientas realizan encuestas tras las vacaciones, analizan el tono de la comunicación interna para identificar estrés o apatía, y observan patrones de absentismo o de bajada de rendimiento en equipos específicos. Con esta información, la plataforma recomienda acciones como ajustes de horarios, fórmulas de teletrabajo parcial, pausas activas, programas de bienestar o mejoras en el transporte, adaptando cada propuesta a las características del equipo. "El gran valor de la IA es su capacidad de ofrecer acompañamiento continuo y a gran escala. Nuestros agentes no solo detectan problemas, sino que actúan de manera proactiva para mejorar la experiencia del empleado y fortalecer su compromiso", concluye Travesí.

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(Cinco Días, 15-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Estados Unidos recauda más que nunca con los aranceles, pero tiene difícil rebajar el déficit a largo plazo

La ofensiva arancelaria impulsada por la administración Trump ha transformado no solo el comercio internacional, sino también la recaudación fiscal en Estados Unidos. Lo que durante décadas representó una fuente menor de ingresos -apenas un 0,3% del PIB- se ha convertido en una vía relevante para llenar las arcas del Tesoro. Según un informe de CaixaBank Research publicado este lunes, hasta julio de 2025 se habían recaudado 114.860 millones de dólares (unos 98.000 millones de euros) en concepto de aranceles, lo que equivale al 0,4% del PIB y ya supera lo ingresado en todo 2023 y 2024. Si las importaciones se mantienen estables, este año podría cerrarse con una recaudación cercana al 1,1% del PIB, un récord histórico. Sin embargo, los expertos advierten que se trata de una fuente de ingresos difícil de sostener en el tiempo. A ello se suma la incertidumbre judicial: un tribunal de apelaciones declaró ilegales la mayor parte de los aranceles a finales de agosto, decisión recurrida de inmediato por la Casa Blanca ante el Tribunal Supremo. El incremento de la recaudación obedece al fuerte aumento de los aranceles efectivos aplicados por Trump, que en agosto alcanzaron un promedio del 17%, muy por encima del 2% habitual en los últimos años. En apenas unos meses entraron en vigor medidas como un arancel general del 10%, un recargo del 50% a acero y aluminio, un 25% a los automóviles y un 45% a los productos chinos. A esto se añadieron tasas específicas: 35% a Canadá, 25% a México, 15% a la Unión Europea y Japón, además de aumentos a Brasil (50%) y Suiza (39%). Aunque todavía se mantienen conversaciones con varios socios -China, México o Bruselas-, el nivel arancelario alcanzado coloca a EE. UU. en un terreno inédito. La Casa Blanca defiende esta política con tres argumentos: proteger la industria nacional, reducir el déficit comercial y aumentar la recaudación fiscal para contener un presupuesto cada vez más presionado. Pero, como advierte CaixaBank Research, esos objetivos chocan entre sí. "No es sencillo restringir importaciones para proteger la producción local y, al mismo tiempo, depender de ellas como fuente de ingresos", señala el informe. De hecho, cuanto más caigan las importaciones, menor será la recaudación. Los primeros datos ya reflejan esa tensión: tras un repunte en el primer trimestre -cuando muchas empresas adelantaron compras para evitar los nuevos impuestos-, en abril las importaciones cayeron un 20% y desde entonces se han estabilizado en torno a los 270.000 millones de dólares al mes, por debajo del promedio de 2024. En este contexto, alcanzar el 1% del PIB en ingresos arancelarios es posible, pero depende de que no se produzca un desplome mayor del comercio exterior. La situación se complica por el fallo judicial que cuestiona la legalidad de los aranceles, dado que la Constitución reserva esa competencia al Congreso y no al presidente. A medio y largo plazo, el panorama tampoco es alentador. Los estudios sobre la guerra comercial de 2018 ya mostraban que los aranceles se trasladan casi íntegramente a los precios, y encuestas de la Reserva Federal confirman que muchas empresas trasladan esos costes a los consumidores. "Si los aranceles encarecen el precio final, la evolución de las importaciones dependerá de lo sensible que sea la demanda a esos aumentos", explica la autora del informe, Isabela Lara White. El informe recuerda que la demanda es especialmente sensible: un alza del 1% en el precio puede reducir la compra de ese bien entre un 1% y un 5%. Además, el contexto juega en contra: el dólar se ha depreciado un 10% en lo que va de año, lo que encarece aún más las importaciones, y la economía estadounidense muestra signos de ralentización. Tras crecer un 2,8% en 2024, el PIB podría avanzar solo un 1,3% en 2025 y 2026, según las previsiones recogidas por CaixaBank Research. La paradoja es clara: los aranceles han proporcionado un alivio inmediato en la recaudación, pero al mismo tiempo limitan su utilidad como herramienta estructural para reducir los desequilibrios fiscales. "Llegar al 1% del PIB es significativo, pero parece difícil mantenerlo de forma continuada", concluye Lara White. Mientras tanto, el Gobierno presume de un éxito a corto plazo en medio de la pugna comercial global, aunque los riesgos están a la vista: consumidores con menos poder adquisitivo, empresas más presionadas por los costes, tensiones con socios internacionales y un déficit público que, pese a los récords de ingresos, aún no tiene solución duradera.

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(Expansión, 15-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez anuncia que revocará los permisos a 53.000 pisos turísticos para convertirlos en vivienda de alquiler

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes la retirada del Registro Único de Arrendamientos de 53.000 viviendas que, según explicó, estaban destinadas a convertirse en alquileres turísticos, con el fin de destinarlas a arrendamientos estables y permanentes para jóvenes y familias. Durante un mitin en Málaga, Sánchez defendió que esta decisión es "un ejemplo de gobernar para la ciudadanía", subrayando que el PSOE impulsa una política de vivienda distinta al enfoque neoliberal que, según él, ha predominado en España en las últimas cuatro décadas. Recordó que bajo su mandato se aprobó la primera Ley de Vivienda en democracia, una norma que permite a propietarios y comunidades autónomas actuar para abaratar precios, promover vivienda pública y proteger el acceso a los jóvenes. El presidente explicó que el Registro Único de Arrendamientos nació con la intención de ordenar el mercado de viviendas turísticas, ya que este tipo de alquiler "eleva los precios y reduce la oferta, dificultando que muchas familias y jóvenes accedan a un hogar". Tras analizar los datos recogidos en este registro, se detectaron "miles de irregularidades", motivo por el que el Ejecutivo ha decidido anular 53.000 inscripciones para destinarlas a arrendamientos de larga duración. En su intervención, Sánchez cargó contra el PP, acusándole de carecer de propuestas y limitarse a "insultar, alinearse con la ultraderecha y desmontar lo conseguido en los últimos siete años". Aseguró que el PSOE, en cambio, gobierna "para todos" y que la confianza ciudadana permitirá a su partido seguir en el poder más allá de 2027. El líder socialista señaló también que Feijóo "se ha convertido en una copia de Abascal" y que la derecha ha votado en contra de medidas clave como la reforma laboral, los impuestos a la banca y a las grandes fortunas o la reducción de la jornada laboral. Sánchez insistió en que mientras la oposición se dedica a "criticar y gritar", el Gobierno continúa obteniendo resultados: esta misma semana una agencia internacional mejoró la calificación de la deuda española, España representa el 40% del crecimiento económico de la eurozona y se han alcanzado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, reduciendo el paro a mínimos históricos. "Los insultos no solucionan los problemas reales, no rebajan las listas de espera en la sanidad ni facilitan el acceso a la vivienda. Por eso nosotros elegimos gobernar, mientras otros se dedican a descalificar", concluyó el presidente.

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(El Periódico, 15-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno anuncia una inversión en redes eléctricas de 13.590 millones hasta 2030, un 65% más

El Gobierno ha planteado una inversión de 13.590 millones de euros en las redes de transporte eléctrico hasta 2030, lo que supone un incremento del 65% respecto a la planificación vigente (2021-2026), con el objetivo de responder al aumento de la demanda. Así lo explicó la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante la presentación este viernes de la propuesta de planificación de la red de transporte eléctrico 2025-2030. El documento, que ahora se somete a consulta pública, busca atender las necesidades de consumo y garantizar el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). "Con este plan establecemos un marco que nos permitirá contar con una red eléctrica moderna, esencial para seguir avanzando en la electrificación de la economía, lo que supone una auténtica oportunidad para el país", destacó Aagesen. La propuesta contempla multiplicar por 14 la capacidad de acceso a la red de transporte para nuevos usuarios, alcanzando los 27,7 gigavatios (GW). En cuanto a la red de distribución, actualmente saturada en un 84%, se prevé habilitar espacio para 5,3 GW. En total, se plantean 422 nuevas conexiones: 142 en la red de transporte para nuevos consumidores; 84 para agentes especiales (como ADIF y los puertos); 196 de refuerzo para la red de distribución. Estas conexiones se repartirán en: 9 GW para proyectos industriales, 1,8 GW para desarrollos residenciales y vivienda nueva, 560 MW para electrificación ferroviaria, 1,2 GW para electrificación portuaria (permitiendo, por ejemplo, el suministro eléctrico a barcos desde tierra) y 13,1 GW destinados al hidrógeno verde. En cuanto a la generación, ya se han recibido solicitudes por 150 GW de solar fotovoltaica, 60 GW de eólica y más de 100 GW de almacenamiento. Con estas ampliaciones se pretende facilitar la integración de renovables y sistemas de almacenamiento -incluidos 6,6 GW de hidroeléctrica reversible-, reduciendo los vertidos energéticos previstos a solo el 3,3% al final de la década. Además, el Ministerio ha abierto a consulta pública un real decreto que regulará los planes de inversión en redes de transporte y distribución, elevando los límites de inversión y estableciendo mecanismos de control para garantizar su cumplimiento. Según estimaciones del Ejecutivo, cada millón de euros invertido en redes genera 1,27 millones de euros en valor añadido bruto y un multiplicador de 20 en empleo.

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(La Vanguardia, 15-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La electricidad y los alimentos compensan la subida de los carburantes y mantienen el IPC de agosto en el 2,7%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) registró en agosto una subida interanual del 2,7%, la misma que en julio. Esta estabilidad frena el repunte que el indicador general venía mostrando en los dos meses previos, aunque no se trasladó a la inflación subyacente (que excluye energía y alimentos frescos), la cual avanzó una décima hasta el 2,4%, su nivel más elevado desde abril. Los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ratifican el avance provisional publicado a finales de agosto. En el octavo mes del año, el índice general mantuvo la misma evolución que en julio gracias a que los alimentos y bebidas no alcohólicas bajaron con más intensidad que en agosto de 2024, y a que la estabilidad en la electricidad compensó el hecho de que los carburantes se abarataran menos que el año anterior. El IPC de alimentos quedó en el 2,3%, cuatro décimas por debajo del nivel de julio, principalmente por el descenso en el precio de la fruta. "Es la misma tasa que en julio y continúa la senda de convergencia al objetivo de inflación del Banco Central Europeo", ha celebrado el ministerio de Economía, Comercio y Empresa en una nota remitida a los medios. En su opinión, "la estabilidad de la inflación y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo". No obstante, si echamos la vista atrás, el IPC se ha situado a cierre de agosto cuatro décimas por encima del 2,3% que se registró en el mismo mes de 2024 y es también una décima superior al 2,6% de 2023. En todo caso, se aleja del 10,5% de agosto de 2022, en pleno repunte de precios por la invasión rusa en Ucrania. En comparación con agosto de 2024, los productos que más se encarecieron fueron el transporte combinado de pasajeros (+26,7%), el café (+20,2%), los vuelos internacionales (+19,9%), los aceites distintos del de oliva (+18,9%) y el chocolate (+18,8%). En el lado opuesto, el mayor retroceso lo marcó el aceite de oliva (-43,7%), que en términos mensuales solo cayó un 0,5%, aunque desde enero de 2021 acumula un alza del 52,4%. También bajaron con fuerza el azúcar (-19,3%), los combustibles líquidos (-8,2%), los ordenadores personales (-7,7%) y los teléfonos móviles (-6,9%). En comparación mensual, el IPC general no mostró cambios en agosto respecto a julio, tras el descenso del 0,1% del mes anterior que interrumpió nueve meses seguidos de incrementos. En cambio, la inflación subyacente creció un 0,3% frente al mes previo. De julio a agosto, el sector con mayor incidencia positiva fue el de ocio y cultura, impulsado por el aumento de los paquetes turísticos. En sentido contrario, los alimentos y bebidas no alcohólicas presionaron a la baja por el descenso de la fruta. Entre los mayores encarecimientos mensuales destacaron los vuelos internacionales (+12,2%) y los paquetes turísticos nacionales (+11,5%), mientras que las principales bajadas se dieron en la fruta (-11,7%) y en el transporte marítimo de pasajeros (-6,2%). El Ministerio de Economía, en su valoración habitual, subrayó que la estabilidad de los precios unida a las subidas salariales está permitiendo a los hogares recuperar gradualmente poder adquisitivo.

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(RTVE, 15-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se va a mantener estable en los próximos años en torno al objetivo del 2%

Las previsiones del Banco Central Europeo (BCE) indican que la inflación se mantendrá en los próximos años en torno al 2%, el objetivo marcado por la institución. Así lo confirmó este viernes el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en una entrevista en Las mañanas de RNE, en la que detalló lo adelantado el día anterior por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, tras anunciar la decisión de mantener congelados los tipos de interés. Escrivá explicó que una inflación cercana al 2%, como ocurre ahora en la eurozona, es la cifra de equilibrio que asegura la estabilidad de precios, sin desviaciones excesivas. Además, señaló que las proyecciones apuntan a que este nivel se sostendrá durante los próximos dos o tres años, siempre que no surjan shocks externos. "Con el escenario actual, pensamos que la inflación permanecerá alrededor del 2% en los próximos tres años. Por tanto, ya hemos alcanzado la meta", afirmó. Respecto al último dato en España -2,7% en el índice general y 2,4% en la subyacente- insistió en que lo relevante es analizar la tendencia a medio plazo y no solo el dato puntual. El gobernador también se refirió a otros asuntos económicos, como la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, recordando que la operación se está prolongando más de lo deseado y que corresponde a los accionistas decidir. Subrayó que el Banco de España ya se pronunció en su momento sobre la solvencia, en línea con lo que establece la normativa. En el plano internacional, reconoció la preocupación de los bancos centrales por las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, tanto por los riesgos inflacionarios derivados de los aranceles y la política migratoria, como por las injerencias en la Reserva Federal, lo que, en sus palabras, "pone en duda su independencia". Sobre los aranceles, aclaró que los efectos aún no son graves, aunque advirtió de que podrían aparecer a medio plazo, si bien España es menos vulnerable al no tener gran dependencia exportadora hacia EE. UU. Al igual que Lagarde, Escrivá puso el foco en la situación fiscal de Francia, cuyo déficit público rondará este año entre el 5% y el 6%, incumpliendo de nuevo las reglas europeas. Recalcó que esta falta de disciplina "pone en riesgo a toda la eurozona" y urgió a las autoridades francesas a tomar medidas. En cuanto a España, adelantó que el Banco de España presentará sus nuevas proyecciones macroeconómicas la próxima semana, pero aseguró que tanto la inflación como el crecimiento mantienen una senda positiva. A diferencia de Europa, cuya economía calificó de "anémica" por los problemas de competitividad, destacó que España seguirá avanzando en los próximos años. Sobre la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, restó dramatismo al recordar que representan un 20% del gasto, mientras que el resto se canaliza a través de comunidades autónomas, Seguridad Social y fondos europeos. Aun así, recomendó al Ejecutivo intentar aprobar unas nuevas cuentas mediante negociación, aunque reconoció que, de no lograrse, el impacto sería limitado desde la perspectiva de los bancos centrales. Por último, mostró inquietud respecto a las criptomonedas, al considerarlas un riesgo por la ausencia de regulación común. Alertó de que la "privatización del dinero" recuerda al siglo XIX, cuando los bancos emitían moneda sin control, lo que desembocó en graves problemas financieros. Para Escrivá, la clave es que el Banco de España siga actuando con transparencia y rindiendo cuentas, ya que "la legitimidad depende de hacer bien nuestro trabajo".

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