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(El Economista, 15-06-2026) | Laboral

Las empresas deberán revisar los pluses para cumplir con la brecha salarial del 5%

Las empresas españolas han iniciado una revisión profunda de sus políticas salariales ante la espera de que el Gobierno concrete cómo aplicará la directiva europea que obligará a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres hasta un máximo del 5% cuando no esté justificada por criterios objetivos. Este nuevo marco normativo obligará a las compañías a analizar no solo los incrementos salariales, sino también la forma en que se asignan los complementos retributivos, uno de los principales factores que explican las diferencias de salario entre géneros. Un estudio del Gabinete Económico de CC OO apunta precisamente a los complementos salariales como el elemento clave en la brecha retributiva. Estas partidas, destinadas a compensar conceptos como la disponibilidad, el trabajo a turnos, la responsabilidad, los idiomas o la peligrosidad, explicarían cuatro de cada diez euros de la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Mientras que la brecha en el salario base se sitúa en torno al 15,5%, esta se eleva hasta el 28,5% cuando se incluyen los pluses. Según el sindicato, estos complementos actúan como el principal canal a través del cual se materializan las diferencias salariales. En términos medios, la brecha anual entre hombres y mujeres alcanza los 371 euros, de los cuales 145 euros se atribuyen directamente a estos conceptos variables, según datos elaborados a partir del INE de 2022. Las desigualdades son aún más acusadas en determinados sectores. En las actividades científicas y técnicas la brecha alcanza el 63%, mientras que en los puestos directivos se sitúa en torno al 53%, lo que refuerza el peso de los complementos como factor determinante en las diferencias retributivas. En el ámbito privado, la brecha salarial es superior a la del sector público, tanto en términos anuales como por hora trabajada. En el sector privado alcanza el 31% anual, frente al 9% del sector público, mientras que por hora se sitúa en el 15%. Será precisamente este último indicador el que utilizará la normativa europea como referencia, al excluir las diferencias derivadas del número de horas trabajadas. La directiva comunitaria fija como objetivo reducir la brecha no justificada por debajo del 5% y establece además la obligación de que las empresas de más de 100 trabajadores informen sobre las diferencias salariales desglosadas por conceptos, incluidos los complementos. Esto ha llevado a muchas compañías a comenzar revisiones internas de sus estructuras retributivas, incluso antes de que el Gobierno complete la transposición de la norma. En este contexto, los expertos en recursos humanos advierten de que los complementos salariales pueden convertirse en el principal foco de análisis en las futuras auditorías retributivas. Mientras que el salario base suele estar más estandarizado por convenio colectivo, los pluses introducen mayor variabilidad, especialmente cuando no están claramente definidos o asociados a criterios objetivos. Los especialistas señalan que muchos de estos complementos responden a decisiones históricas o a necesidades de retención de talento, más que a criterios de diseño actualizados. Sin embargo, alertan de que la falta de transparencia en su aplicación puede generar diferencias difíciles de justificar entre empleados con el mismo nivel profesional. Entre los conceptos más problemáticos se encuentran las denominadas "mejoras voluntarias", los bonus sin objetivos medibles o los complementos personales e históricos, que en muchos casos responden a decisiones individuales o prácticas acumuladas a lo largo del tiempo. La ausencia de criterios homogéneos dificulta la trazabilidad de estas diferencias. Los expertos advierten también de que las empresas pueden enfrentarse a incoherencias internas al revisar estas políticas, con conceptos duplicados o criterios no documentados que han evolucionado de forma desigual. No obstante, destacan que la digitalización y el uso de herramientas de análisis de datos permiten detectar estas discrepancias de forma mucho más rápida y eficiente. Más allá del cumplimiento normativo, los especialistas en recursos humanos consideran que esta revisión puede suponer una oportunidad para las empresas. Una estructura salarial más transparente y coherente no solo ayuda a cumplir con la legislación, sino que también puede mejorar el clima laboral, reforzar la reputación corporativa y facilitar la atracción y retención de talento. En este sentido, la adaptación a la normativa europea se interpreta como un impulso para ordenar los sistemas retributivos y reducir la desconexión entre las políticas de igualdad y las estructuras salariales reales dentro de las organizaciones.

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(El Economista, 15-06-2026) | Laboral

El Gobierno eleva el gasto en el Ingreso Mínimo Vital casi un 10% en solo cinco meses

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa creciendo de forma sostenida tanto en número de beneficiarios como en su impacto sobre las cuentas públicas. Los datos más recientes, correspondientes a mayo, muestran que el gasto mensual de esta prestación alcanzó los 500,16 millones de euros. Desde el inicio del año, el incremento acumulado se sitúa en torno al 9,27%, un ritmo superior al registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando el aumento fue del 6,52% con un gasto de 409,12 millones. Este repunte del coste se explica principalmente por dos factores: la revalorización del 11,4% aplicada en 2026, que ha elevado la cuantía media de la ayuda, y el aumento del número de hogares beneficiarios. En términos interanuales, el gasto del IMV ha crecido un 22,07%, consolidando una tendencia al alza que se viene observando en los últimos ejercicios. En mayo de 2024, el coste mensual se situaba en 358,34 millones, frente a los 340,33 millones registrados en 2023, lo que refleja una expansión progresiva del programa. El aumento de la prestación se traduce también en un mayor número de hogares cubiertos. En mayo, el IMV llegó a 2.631.545 hogares, un 7,78% más que al inicio del año. El número total de prestaciones reconocidas también ha aumentado hasta 862.859, con un crecimiento del 8,08%. A nivel presupuestario, el gasto acumulado del IMV a cierre de diciembre ascendía a 4.538,38 millones de euros, tras una modificación presupuestaria de 1.752,97 millones. En la actualidad, el coste anual se aproxima ya a los 5.000 millones, y según los datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, a finales de abril se había ejecutado casi el 61% del presupuesto inicial. Con la tendencia actual, el gasto podría acercarse a los 6.000 millones anuales. En los últimos años, el Gobierno ha introducido mejoras en la gestión del IMV para ampliar su alcance y reducir la tasa de no solicitud de la ayuda (non take-up), mediante el cruce automatizado de datos entre administraciones y la simplificación de algunos procesos de revisión. Sin embargo, la proporción de hogares que cumplen los requisitos pero no solicitan la prestación sigue siendo elevada. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), esta tasa se situó en el 57% en 2021, el 58% en 2022, el 56,1% en 2023 y el 55% en 2024, lo que refleja una mejora muy gradual pero aún limitada. El crecimiento del IMV ha reabierto el debate sobre sus efectos en el mercado laboral. En su evaluación más reciente, la AIReF señala que la prestación tiene un impacto negativo en la probabilidad de trabajar y en el número de días de empleo de sus beneficiarios. El organismo concluye que este efecto también se observa en quienes comenzaron a percibir la ayuda tras su implantación, lo que plantea dudas sobre su diseño actual y su capacidad para incentivar la inserción laboral. En paralelo, el aumento del gasto se produce en un contexto de máximos históricos de empleo en España y tasas de paro inferiores a las de años anteriores. Aun así, el incremento de beneficiarios pone de manifiesto la persistencia de bolsas de vulnerabilidad económica y de hogares cuyos ingresos continúan por debajo del umbral de acceso a la prestación. Dentro del IMV, el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) también ha experimentado un notable crecimiento. En mayo alcanzó a 597.878 hogares, un 8,25% más que al inicio de 2026. En términos interanuales, el número de familias beneficiarias ha aumentado un 19,02%, y un 44,76% respecto a 2024. Este complemento, destinado a reforzar los ingresos de los hogares con menores a cargo, se integra dentro del propio IMV y contribuye al incremento del gasto total. Las cuantías varían según la edad de los menores, con importes que oscilan entre 57,50 y 115 euros mensuales. No obstante, al igual que ocurre con el IMV en su conjunto, la tasa de no solicitud del CAPI sigue siendo elevada. Según la AIReF, se sitúa en el 76% en 2022, el 73% en 2023 y el 72% en 2024, lo que evidencia una ligera mejora, aunque insuficiente para garantizar un acceso amplio a la prestación.

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(Cinco Días, 15-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump anuncia un acuerdo con Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz: "¡Que fluya el petróleo!"

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo de paz preliminar destinado a poner fin a más de tres meses de conflicto en Oriente Próximo. El anuncio fue realizado este domingo por Pakistán, país que ha ejercido labores de mediación, y que ha confirmado que la firma oficial del pacto está prevista para el próximo viernes en Suiza. El acuerdo ha sido posteriormente ratificado tanto por las autoridades iraníes como por el presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario republicano también adelantó que, una vez rubricado el documento, se procederá a la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial. Si el entendimiento se consolida, supondrá el final de una guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Un conflicto que ha provocado más de 7.000 víctimas mortales, ha alterado el equilibrio geopolítico de Oriente Próximo, ha generado tensiones en los mercados internacionales y ha afectado a las perspectivas electorales de Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre. La reacción de los mercados no se hizo esperar. El precio del petróleo Brent cayó más de un 3%, situándose en torno a los 84 dólares por barril, mientras que el dólar registró descensos frente a varias de las principales divisas internacionales. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, fue el primero en anunciar el acuerdo a través de sus redes sociales. Según explicó, ambas partes han aceptado un cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el conflicto en Líbano, y formalizarán el pacto durante una ceremonia prevista para el 19 de junio en territorio suizo. Poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el acuerdo y celebró públicamente el entendimiento alcanzado con Teherán. En sus declaraciones aseguró que la reapertura del estrecho de Ormuz se producirá tras la firma oficial y una vez concluyan las labores de retirada de minas desplegadas durante el conflicto. Por parte iraní, el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, confirmó que el texto del memorando de entendimiento ya ha sido cerrado y que la firma tendrá lugar en la fecha prevista. No obstante, advirtió de que Irán mantendrá una actitud vigilante y responderá si considera que Estados Unidos incumple los compromisos adquiridos. El acuerdo alcanzado constituye únicamente una primera fase. Tras la firma comenzará un periodo de negociación de 60 días durante el cual ambas partes intentarán alcanzar un pacto definitivo. Entre los asuntos pendientes figuran el levantamiento de las sanciones económicas impuestas a Irán, el futuro de su programa nuclear, los mecanismos de supervisión del cumplimiento de los compromisos y un plan de reconstrucción para las zonas afectadas por la guerra. En estas conversaciones participarán también los países mediadores que han contribuido al acercamiento entre Washington y Teherán, entre ellos Pakistán, Qatar, Turquía y Egipto. Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para el transporte mundial de petróleo, gas y fertilizantes. Durante los últimos meses, la amenaza de su cierre había generado una gran preocupación en los mercados internacionales debido a su importancia para el suministro energético global. El anuncio pone fin a una semana marcada por una fuerte escalada militar y por las dificultades para cerrar un acuerdo que parecía inminente. Las negociaciones se prolongaron hasta el último momento debido a las diferencias existentes sobre cuestiones clave, como la situación en Líbano, las garantías de seguridad regional y el futuro del programa nuclear iraní. Aunque el memorando de entendimiento establece una nueva tregua de 60 días, los detalles definitivos del pacto no se conocerán hasta la ceremonia de firma prevista en Suiza. Será entonces cuando se clarifique el alcance de los compromisos asumidos por ambas partes y se determine si este acuerdo preliminar puede convertirse en una paz duradera para una de las regiones más inestables del mundo.

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(El Periódico, 15-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de los alimentos se contiene un 2,2% en mayo pero los huevos, el vacuno y el pescado siguen disparados

La inflación alimentaria continuó moderándose en mayo y cerró el mes con una subida interanual del 2,2%, cuatro décimas menos que en abril. Esta evolución contribuyó a contener el Índice de Precios de Consumo (IPC) general, aunque algunos productos básicos siguen registrando importantes incrementos de precio que mantienen la presión sobre el presupuesto de las familias. Los huevos volvieron a encabezar la lista de los alimentos que más se encarecieron, con un aumento del 13,7% respecto a mayo de 2025. También destacan las subidas de la carne de vacuno, que acumula un incremento del 12,3%, y del pescado, tanto fresco como congelado, cuyo precio se sitúa un 9,7% por encima del registrado hace un año. La carne de ovino completa el grupo de productos con mayores alzas, al encarecerse un 8,1% en términos interanuales. Por el contrario, algunos alimentos básicos han experimentado descensos significativos. Las frutas frescas se abarataron un 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el azúcar cayó un 3,5% y los aceites y grasas redujeron su precio un 2,2%. La moderación de la inflación alimentaria se explica principalmente por la evolución de las frutas y frutos secos, cuyos precios aumentaron menos que hace un año, así como por el comportamiento de las hortalizas, legumbres y patatas, que registraron descensos más acusados que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, en comparación con abril, las frutas y verduras mostraron una evolución al alza, con incrementos del 4,7% y caídas del 3,8% en el caso de las patatas y otros productos hortícolas. Entre los alimentos que también han experimentado aumentos moderados destacan otras variedades de carne distintas del vacuno y el ovino, con una subida del 3,8%, el marisco y los preparados de pescado, que avanzaron un 3,2%, así como las carnes de ave, cuyo precio es un 3,8% superior al de hace un año. Fuera del ámbito estrictamente alimentario, el tabaco registró una subida del 5,8%, mientras que el agua mineral y los refrescos aumentaron un 2,4%. El café, el cacao y las infusiones, aunque lejos de los fuertes incrementos registrados en meses anteriores, siguen mostrando una tendencia alcista con un avance del 1,7%. También se encarecieron las frutas en conserva y los frutos secos, con un incremento del 2,1%, además de los productos lácteos, cuya subida fue del 1,3%, y la leche, que aumentó un 0,6%. El pan y los cereales registraron aumentos más moderados, del 1% y el 0,5%, respectivamente. A pesar de estas subidas, la evolución de algunos productos clave ha contribuido a aliviar la presión sobre la cesta de la compra. Especialmente relevante ha sido el comportamiento del aceite, que tras los fuertes incrementos registrados en ejercicios anteriores presenta ahora una caída interanual del 2,2%. A ello se suman los descensos del azúcar, las frutas frescas y las patatas, factores que han permitido contener el avance general de los precios de los alimentos durante el mes de mayo. No obstante, productos esenciales como los huevos, la carne de vacuno y el pescado continúan acumulando incrementos muy superiores a la media de la inflación, lo que sigue repercutiendo de forma directa en el gasto habitual de los hogares españoles.

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(El Economista, 15-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cani Fernández se despide de la CNMC con un récord de 39 operaciones condicionadas

Más de 500 operaciones de adquisición total o de control conjunto han pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desde que Cani Fernández asumió la presidencia del organismo. En los 2.190 días transcurridos al frente de la institución, al menos 39 de estas transacciones han requerido compromisos adicionales o la imposición de condiciones para poder recibir autorización, según los datos analizados por elEconomista.es. Estas cifras reflejan un endurecimiento del enfoque regulatorio en comparación con la etapa anterior, encabezada por José María Marín Quemada entre 2013 y 2020. En aquel periodo, los expedientes de concentración se resolvían en su totalidad mediante compromisos pactados con las empresas, mientras que en la actual presidencia la Sala de Competencia ha pasado a imponer condiciones de oficio e incluso a bloquear operaciones por primera vez en la historia del organismo. El caso más significativo de veto corresponde a la operación entre Curium y el Instituto de Radiofarmacia de Barcelona (IRAB). La CNMC rechazó la adquisición al considerar que suponía un riesgo para la competencia en el mercado de los radiofármacos PET, utilizados en diagnósticos oncológicos, así como en los servicios de fabricación para terceros de estos productos. En otros expedientes, el organismo ha introducido fórmulas de supervisión más exigentes. Es el caso de Oximesa, filial de Nippon Gases, a la que se le ha impuesto la contratación de un auditor independiente encargado de vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la autoridad de competencia. También han estado bajo revisión operaciones de gran relevancia empresarial, como la opa de Esseco sobre Ercros, que finalmente no prosperó tras la retirada del comprador, o la adquisición del portal inmobiliario Kyero por parte de Idealista, que también terminó sin ejecutarse. A estos casos se suman la fallida fusión entre Trainline y trenes.com y la compra de la residencia de estudiantes Live Stay Cartuja por parte del fondo Greystar, igualmente descartada. En paralelo, la CNMC sigue analizando nuevas operaciones que podrían ampliar esta lista de expedientes condicionados. Entre ellas destaca la compra de la empresa de publicidad exterior Clear Channel por parte de Atresmedia, que continúa en fase de estudio y aún no ha recibido autorización, pese a tratarse de compañías sin solapamiento directo en su actividad. Otra operación relevante ha sido la venta de activos de Naviera Armas a Baleària y DFDS, que ha requerido una negociación intensa con compromisos adicionales debido a la situación financiera de la compañía. Aunque finalmente ha sido aprobada, el proceso se ha prolongado más de lo previsto debido a las exigencias regulatorias y al contexto de estrés económico de la empresa vendedora. El conjunto de expedientes refleja una etapa de mayor intervención por parte del supervisor de competencia, con un escrutinio más intenso sobre las concentraciones empresariales y un aumento de las condiciones exigidas para garantizar la competencia efectiva en los distintos mercados.

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(El País, 12-06-2026) | Fiscal

El Consejo Fiscal Europeo ve “muy cuestionable” permitir que los países gasten más para afrontar la crisis energética

El Consejo Fiscal Europeo ha mostrado su desacuerdo con la propuesta planteada por la Comisión Europea para flexibilizar temporalmente las normas fiscales y permitir a los Estados miembros disponer de un mayor margen de gasto público con el fin de afrontar las consecuencias de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo. A juicio de este organismo independiente encargado de supervisar las finanzas públicas de la Unión Europea, la medida resulta discutible y podría generar efectos contraproducentes. En un informe presentado recientemente, el Consejo Fiscal advierte de que esta nueva flexibilidad presupuestaria podría favorecer incrementos discrecionales del gasto que no siempre estarían justificados, especialmente en un contexto en el que la inflación vuelve a mostrar una tendencia ascendente. El presidente de la institución, Pieter Hasekamp, expresó abiertamente sus reservas respecto a la iniciativa de Bruselas, al considerar que transmite un mensaje equivocado sobre la disciplina fiscal. La propuesta de la Comisión contempla que los países puedan destinar hasta un 0,3% de su producto interior bruto a inversiones y medidas orientadas a reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles. Esta posibilidad se integraría dentro del margen excepcional ya aprobado para incrementar el gasto en defensa. Desde 2025, los Estados miembros pueden superar temporalmente los límites fiscales pactados con la Unión Europea hasta un máximo equivalente al 1,5% del PIB sin exponerse a procedimientos sancionadores, siempre que esos recursos se destinen a determinadas prioridades estratégicas. La nueva propuesta permitiría utilizar una parte de ese margen para actuaciones vinculadas a la seguridad energética. Aunque el importe adicional no supone una ampliación del límite global ya autorizado, el Consejo Fiscal considera que existe una diferencia relevante entre ambas situaciones. Mientras que la flexibilización aprobada para defensa respondía a circunstancias geopolíticas excepcionales y urgentes, la institución teme que la incorporación de nuevas excepciones pueda generar la percepción de que cualquier crisis justifica modificar las reglas presupuestarias. Según el organismo, repetir este tipo de medidas extraordinarias durante años consecutivos puede erosionar la credibilidad del marco fiscal europeo y debilitar la confianza en las normas que regulan la estabilidad presupuestaria de los Estados miembros. Además, el informe advierte de que un incremento del gasto público en el actual contexto económico podría contribuir a mantener las presiones inflacionistas. Un mayor desembolso por parte de las administraciones podría estimular la demanda y dificultar el proceso de moderación de los precios que persiguen las autoridades monetarias. Las críticas del Consejo Fiscal Europeo no se dirigen únicamente a la propuesta de la Comisión. También cuestionan la forma en que muchos gobiernos europeos han respondido al encarecimiento de la energía. Según sus estimaciones, cerca de dos tercios de las medidas aprobadas para aliviar el impacto de la crisis consisten en reducciones generalizadas de impuestos sobre los combustibles, en lugar de ayudas dirigidas específicamente a los colectivos más afectados. Esta estrategia se aleja de las recomendaciones formuladas tanto por la Comisión Europea como por diversos organismos internacionales, que defendían la aplicación de medidas temporales, focalizadas y adaptadas a las necesidades de los sectores más vulnerables. Las rebajas fiscales generalizadas, aunque alivian el coste energético para todos los consumidores, no cumplen plenamente con esos criterios de selectividad. No obstante, el informe reconoce que el volumen total de ayudas desplegadas hasta ahora sigue siendo relativamente moderado y que la mayoría de ellas tienen una duración limitada en el tiempo. Por este motivo, el Consejo Fiscal considera que, en principio, estas medidas no deberían generar efectos significativos sobre las cuentas públicas europeas a partir de 2027. En el caso de España, por ejemplo, algunas de las medidas adoptadas para contener el impacto de la crisis energética tienen una fecha de finalización próxima, salvo que el Gobierno decida prorrogarlas nuevamente. Esta naturaleza temporal reduce el riesgo de que se conviertan en gastos estructurales permanentes para las administraciones públicas.

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(El País, 12-06-2026) | Fiscal

El FMI recorta otras dos décimas el crecimiento de la eurozona, al 0,9%

La economía de la eurozona afronta un panorama cada vez más complejo como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo y las tensiones derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para la zona euro y estima ahora que el PIB avanzará un 0,9% en 2026, dos décimas menos de lo previsto hace apenas unas semanas. Aunque el ajuste pueda parecer moderado, refleja el rápido deterioro de las perspectivas económicas provocado por la crisis energética. El organismo considera que el conflicto está generando un importante impacto negativo sobre la actividad económica, al debilitar la confianza de empresas y consumidores y endurecer las condiciones financieras. Además, prevé que las presiones inflacionistas vuelvan a intensificarse. La nueva previsión del FMI coincide con las estimaciones realizadas por la Comisión Europea y se acerca a las de la OCDE, que sitúa el crecimiento de la eurozona en el 0,8% este año. Sin embargo, el organismo internacional advierte de que los riesgos continúan aumentando y que el escenario podría empeorar si persisten las dificultades en el suministro energético procedente del golfo Pérsico. Según el Fondo, una crisis energética prolongada podría impulsar aún más la inflación y deteriorar las expectativas económicas. A ello se sumarían posibles tensiones financieras y una pérdida adicional de confianza que acabarían reduciendo el consumo y la inversión. La institución también alerta de otros factores de riesgo, como una eventual escalada de la guerra en Ucrania o un repunte del proteccionismo comercial internacional, especialmente ante la incertidumbre generada por la política económica estadounidense. Pese al empeoramiento de las perspectivas, el FMI recomienda a los gobiernos europeos actuar con prudencia y centrar sus esfuerzos en contener la inflación. En este sentido, insiste en la necesidad de preservar la disciplina fiscal y evitar un aumento excesivo del gasto público. El organismo se muestra especialmente crítico con las propuestas para flexibilizar las reglas presupuestarias europeas con el objetivo de facilitar la respuesta de los Estados a la crisis energética. A su juicio, una relajación adicional de las normas fiscales podría poner en riesgo la credibilidad de los marcos presupuestarios y contribuir a un aumento aún mayor de la deuda pública. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, trasladó este mensaje a los ministros de Finanzas de la eurozona reunidos en Luxemburgo. La responsable del organismo subrayó que la duración y el alcance de la actual crisis energética siguen siendo inciertos, por lo que considera imprudente diseñar políticas económicas basadas en la expectativa de una resolución rápida del conflicto. Por el contrario, defendió la necesidad de mantener margen fiscal suficiente para afrontar posibles escenarios más adversos. La Comisión Europea, por su parte, defiende que la flexibilidad presupuestaria planteada tiene un carácter temporal y estará limitada a inversiones relacionadas con la transición energética, lo que permitiría compatibilizar el apoyo a la economía con la sostenibilidad de las cuentas públicas. El FMI también cuestiona la eficacia de algunas de las medidas adoptadas hasta ahora por varios gobiernos europeos para mitigar el impacto del encarecimiento de la energía. Considera que muchas de ellas son demasiado generales y reducen los incentivos para ahorrar energía, además de generar efectos indirectos sobre otros países importadores de combustibles. Por ello, propone que cualquier ayuda futura se dirija de forma más precisa a los hogares más vulnerables y que se diseñe de manera que no fomente un mayor consumo de combustibles fósiles. En este sentido, el organismo apunta que algunos países ya han demostrado que es posible ofrecer apoyo selectivo con un coste limitado para las arcas públicas. Las recomendaciones del Fondo cuestionan indirectamente medidas como la reducción del IVA sobre determinados combustibles, aplicada en España hasta finales de junio. Asimismo, rechaza la implantación de impuestos extraordinarios sobre los beneficios de las compañías energéticas, argumentando que este tipo de gravámenes puede desincentivar las inversiones necesarias para garantizar el suministro y acelerar la transición energética. Más allá de la coyuntura económica inmediata, el FMI también analiza algunas de las iniciativas impulsadas por la Unión Europea para reforzar su competitividad frente a economías como Estados Unidos o China. Entre ellas, destaca los avances destinados a profundizar en el mercado único y completar la denominada Unión de Ahorros e Inversiones, un proyecto que, según sus estimaciones, podría incrementar el PIB comunitario en torno a un 3% a largo plazo. El organismo considera igualmente prioritario culminar la unión bancaria europea, una reforma pendiente desde hace más de una década y que sigue siendo clave para fortalecer la integración financiera del bloque. Otra de las iniciativas valoradas positivamente es el desarrollo del euro digital. En cambio, el FMI se muestra más cauteloso respecto a la posibilidad de flexibilizar las normas de competencia para favorecer la creación de grandes grupos empresariales europeos capaces de competir a escala global. A su juicio, esta estrategia podría incrementar la concentración de mercado y reducir los incentivos a la innovación, especialmente en sectores que todavía presentan una fuerte fragmentación nacional, como la banca o las telecomunicaciones. En conjunto, el diagnóstico del Fondo dibuja un escenario de crecimiento débil, inflación persistente e incertidumbre elevada, en el que la estabilidad fiscal y la mejora de la competitividad serán factores decisivos para afrontar los desafíos económicos que plantea el actual contexto internacional.

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(Expansión, 12-06-2026) | Laboral

Abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros y médicos podrán mejorar su pensión en el sistema público

El Congreso de los Diputados ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la creación de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los mutualistas alternativos. La iniciativa salió adelante sin votos en contra y con la abstención de PP y Vox, abriendo la puerta a que más de 100.000 profesionales puedan integrarse en el sistema público de Seguridad Social y beneficiarse de unas prestaciones potencialmente más favorables, especialmente de cara a la jubilación. La medida, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, permitirá a abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros, médicos y otros profesionales adscritos a mutualidades alternativas trasladar al sistema público los derechos económicos acumulados durante años en sus respectivas entidades de previsión social. De este modo, podrán abandonar el régimen de alternatividad, por el que las mutualidades cubren las contingencias sociales en sustitución de las cotizaciones al RETA. La aprobación culmina un proceso de negociación que se ha prolongado durante casi dos años. El objetivo ha sido ofrecer una solución a miles de profesionales que, tras décadas realizando aportaciones a sus mutualidades, se enfrentan a pensiones de jubilación notablemente inferiores a las que ofrece el sistema público. Actualmente, cerca de 100.000 autónomos forman parte de este modelo alternativo de previsión social. Desde 1995, estos profesionales han podido elegir entre cotizar al RETA o hacerlo a través de una mutualidad de su colegio profesional. Sin embargo, al tratarse de un sistema basado en la capitalización individual, la cuantía de las futuras prestaciones depende directamente del volumen de aportaciones realizadas a lo largo de la vida laboral. La nueva normativa permitirá acogerse a la pasarela a todos los mutualistas alternativos en activo. Entre ellos destacan especialmente los abogados, que representan aproximadamente la mitad del colectivo, junto con arquitectos, procuradores, ingenieros y médicos. Una vez se apruebe el reglamento que desarrollará la ley, los interesados dispondrán de un plazo de un año para solicitar su incorporación al RETA. Uno de los cambios más relevantes introducidos durante la tramitación parlamentaria ha sido la eliminación de las restricciones iniciales previstas para acceder a la pasarela. El texto original limitaba el acceso a quienes no hubieran generado aún el periodo mínimo necesario para obtener una pensión contributiva en la Seguridad Social y excluía a quienes ya percibieran determinadas prestaciones. Finalmente, una enmienda aprobada a propuesta del Partido Popular ha eliminado estas limitaciones, ampliando el acceso a todos los mutualistas, incluidos aquellos que ya se encuentran jubilados, aunque en su caso será necesario concretar mediante desarrollo reglamentario las condiciones de incorporación. También queda pendiente de definición uno de los aspectos más sensibles de la reforma: el mecanismo para convertir los derechos económicos acumulados en las mutualidades en años cotizados dentro del RETA. El proyecto inicial contemplaba un coeficiente corrector del 0,77 para calcular las equivalencias, pero las modificaciones introducidas durante la tramitación podrían suavizar significativamente ese criterio. Asimismo, se ha aprobado que los periodos cotizados de manera obligatoria en las antiguas mutualidades sustitutivas sean reconocidos como tiempo de afiliación al RETA a efectos del cálculo de la jubilación. Esta medida podría traducirse en que cada año aportado a la mutualidad computase como un año completo en la Seguridad Social, independientemente del importe de las aportaciones realizadas. Para los mutualistas mayores de 55 años se establece además un tratamiento específico. Aquellos que hubieran cumplido esa edad antes del 31 de diciembre de 2025 verán reconocido cada mes completo de cotización en la mutualidad como un mes equivalente de alta en el RETA, reforzando así sus posibilidades de acceso a una pensión pública. La integración en la Seguridad Social tendrá carácter obligatorio e irreversible para quienes decidan acogerse a la pasarela. No obstante, los mutualistas que prefieran permanecer en sus entidades podrán hacerlo. En ese caso, deberán aumentar progresivamente sus aportaciones mínimas hasta equipararlas a las exigidas en el RETA. La contribución mínima se elevará al 86% de la base correspondiente en 2026, al 93% en 2027 y alcanzará el 100% en 2028. La reforma también modifica parcialmente los planes iniciales del Gobierno para poner fin al sistema de alternatividad. Aunque el Ejecutivo había previsto que, a partir de enero de 2028, todos los nuevos profesionales autónomos estuvieran obligados a incorporarse al RETA, una enmienda aprobada durante el trámite parlamentario introduce una mayor flexibilidad y aplaza hasta finales de 2030 la evaluación definitiva sobre el futuro de este modelo. Otro aspecto que deberá concretarse mediante reglamento será el procedimiento para la transferencia de los fondos acumulados. Según fuentes próximas a la negociación, la intención del Gobierno es que el traspaso efectivo del capital desde las mutualidades a la Seguridad Social no se produzca de forma inmediata, sino en el momento de la jubilación o cuando se genere la prestación correspondiente. Con ello se pretende evitar una salida masiva de recursos que pueda comprometer la estabilidad financiera de las mutualidades profesionales. La aprobación de esta ley supone un cambio histórico para el colectivo de mutualistas alternativos, que dispondrá por primera vez de una vía para integrarse en el sistema público de protección social y mejorar las expectativas de sus futuras prestaciones.

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(El País, 12-06-2026) | Laboral

El personal laboral de la Administración del Estado se moviliza para pedir mejoras en sus condiciones

Los empleados públicos con la condición de personal laboral en la Administración General del Estado han intensificado sus protestas ante el estancamiento de la negociación de su nuevo convenio colectivo, un proceso que acumula cerca de año y medio sin avances significativos. Esta situación mantiene bloqueadas diversas reivindicaciones relacionadas con sus condiciones laborales, entre ellas la implantación de la carrera profesional horizontal, la equiparación salarial con el personal funcionario y la agilización de los procesos de selección. Ante esta falta de progreso, los sindicatos más representativos del colectivo, UGT, CC OO y CSIF, han comenzado a organizar movilizaciones para reclamar soluciones al Ministerio de Función Pública. CSIF inició la pasada semana una campaña de protestas con una concentración celebrada frente a la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid, denunciando tanto la paralización del convenio como las dificultades existentes en materia de jubilación parcial. Por su parte, UGT ha convocado una nueva concentración en el mismo lugar para continuar visibilizando las demandas del colectivo. Según los datos oficiales, la Administración General del Estado cuenta con más de 82.000 trabajadores laborales. Sin embargo, las movilizaciones afectan principalmente a los cerca de 40.000 empleados incluidos en el actual Convenio Único, mientras que otros colectivos, como los de Correos, la Agencia Tributaria o el personal destinado en el exterior, se rigen por acuerdos específicos y quedan al margen de estas reivindicaciones. Entre las principales preocupaciones de los representantes sindicales destaca el elevado número de vacantes existentes. Según los cálculos de UGT, de las más de 42.000 plazas contempladas en el convenio vigente, únicamente alrededor de 25.000 están cubiertas. Esta situación responde, según el sindicato, a la lentitud de los procesos de selección y a la falta de atractivo de las condiciones laborales ofrecidas. Los sindicatos denuncian que miles de plazas incluidas en las ofertas públicas de empleo de los últimos años continúan sin convocarse, lo que dificulta la incorporación de nuevos trabajadores y agrava los problemas de personal en numerosos servicios públicos. A ello se suma la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo de determinadas categorías profesionales, cuyos salarios se han aproximado progresivamente al salario mínimo interprofesional. En este contexto, tanto UGT como CSIF reclaman una equiparación retributiva entre el personal laboral y los funcionarios que desempeñan funciones similares. Por su parte, CC OO ha defendido recientemente la necesidad de establecer un salario mínimo neto de 1.500 euros mensuales para todos los empleados públicos de la Administración estatal, argumentando que los bajos niveles salariales están provocando que una parte significativa de las personas que superan los procesos selectivos renuncien posteriormente a incorporarse a sus puestos. Los representantes sindicales también alertan de que la falta de personal y el retraso en la cobertura de vacantes están incrementando la carga de trabajo de las plantillas y reduciendo la capacidad de la Administración para prestar determinados servicios con recursos propios. Según denuncian, esta situación favorece un mayor recurso a contrataciones y servicios externos para cubrir necesidades que antes se atendían directamente desde el sector público. Otra de las reivindicaciones centrales es el desarrollo de la carrera profesional horizontal, un mecanismo que permitiría reconocer la experiencia, la formación y la trayectoria profesional de los trabajadores sin necesidad de cambiar de puesto o acceder a categorías superiores. Este sistema facilitaría mejoras salariales vinculadas a la progresión profesional dentro de una misma categoría, una demanda que el personal laboral considera prioritaria y que sigue pendiente de desarrollo en la negociación del nuevo convenio colectivo.

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(El Economista, 12-06-2026) | Laboral

Las renuncias voluntarias ya superan a los despidos como la principal causa de finalización de un contrato fijo

La reforma laboral ha logrado aumentar de forma notable el peso de la contratación indefinida en España, pero también ha dado lugar a una aparente paradoja: aunque el empleo es hoy más estable en términos generales, los contratos indefinidos duran menos tiempo que antes de la entrada en vigor de los cambios legislativos. Dos informes publicados recientemente llegan a esta conclusión desde perspectivas distintas y ayudan a entender una transformación profunda del mercado laboral español. Uno de los aspectos más llamativos es el creciente protagonismo de las renuncias voluntarias de los trabajadores. Tradicionalmente, en un país caracterizado por elevadas tasas de desempleo y precariedad laboral, las dimisiones apenas ocupaban espacio en el debate económico. Sin embargo, los datos muestran que se han convertido en la principal causa de finalización de los contratos indefinidos. Durante 2025 se registraron más de 2,3 millones de bajas voluntarias, mientras que en los cuatro primeros meses de 2026 ya se contabilizan más de 727.000, casi un 5% más que en el mismo periodo del año anterior y más del triple que antes de la reforma laboral. La incidencia mensual de las dimisiones también se ha disparado, alcanzando el 1,4% de los trabajadores indefinidos, más del doble de los niveles registrados antes de 2022. Este fenómeno resulta especialmente significativo porque se produce en un contexto en el que el número de asalariados con contrato indefinido se ha multiplicado. Si antes de la reforma había algo más de nueve millones de trabajadores con este tipo de contrato, actualmente la cifra ronda los 19 millones. Aun así, las renuncias siguen creciendo y superan ampliamente a los despidos y a las extinciones derivadas de no superar el periodo de prueba. La evolución de las dimisiones llama la atención porque no encaja fácilmente con las características tradicionales del mercado laboral español. En economías con bajos niveles de desempleo es habitual que los trabajadores abandonen voluntariamente sus empleos en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, España continúa manteniendo una tasa de paro elevada, lo que hace que este comportamiento resulte menos habitual y más difícil de interpretar. Parte de la explicación se encuentra en la propia transformación provocada por la reforma laboral. Diversos estudios coinciden en que el cambio normativo ha ampliado significativamente el acceso a los contratos indefinidos, incorporando a colectivos y sectores que anteriormente recurrían de forma masiva a la contratación temporal. Uno de los análisis más recientes, elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), concluye que la duración media de los nuevos contratos indefinidos ordinarios firmados por jóvenes se ha reducido en aproximadamente 100 días. A primera vista, esta conclusión parece contradecir otro estudio elaborado por la Fundación Iseak, que sostiene que la estabilidad del empleo ha mejorado para prácticamente todos los grupos de trabajadores. Sin embargo, ambos informes coinciden en el diagnóstico de fondo. La reforma laboral ha incrementado de forma muy significativa el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido. Mientras que en 2019 el 62,5% de los asalariados tenía un contrato fijo, en 2026 la cifra supera ya el 78%. Entre los menores de 25 años el cambio ha sido aún más intenso, al pasar de poco más del 30% a cerca del 72%. La clave está en lo que los investigadores denominan "efecto trasvase". La reforma ha impulsado la conversión de numerosos empleos tradicionalmente temporales en contratos indefinidos, especialmente en sectores con una elevada estacionalidad o una fuerte rotación de personal. La hostelería es uno de los ejemplos más evidentes. Antes de la reforma, algo más del 60% de sus trabajadores tenían contrato indefinido; ahora el porcentaje supera el 92%. Evoluciones similares se observan en el comercio, la logística, la construcción o los servicios auxiliares, actividades donde históricamente predominaban relaciones laborales más inestables. Este cambio ha ampliado enormemente el universo de trabajadores indefinidos, incorporando perfiles que anteriormente habrían tenido contratos temporales y que, por la propia naturaleza de su actividad, presentan una mayor probabilidad de cambiar de empleo o interrumpir su relación laboral. En consecuencia, el colectivo de trabajadores indefinidos es hoy mucho más diverso que antes de la reforma. Esto explica que la duración media de algunos contratos fijos se haya reducido, sin que ello implique necesariamente un deterioro de la estabilidad laboral general. El fenómeno resulta especialmente visible en los contratos fijos discontinuos. Aunque ofrecen una mayor protección jurídica que los contratos temporales, han absorbido buena parte de la temporalidad existente en determinados sectores. Como resultado, la probabilidad de que estos contratos permanezcan activos durante largos periodos se ha reducido respecto a la situación anterior a la reforma. Pese a ello, el balance global sigue siendo favorable. El fuerte aumento de la contratación indefinida ha compensado ampliamente la menor duración de una parte de estos contratos. En otras palabras, más trabajadores acceden hoy a relaciones laborales estables, aunque una parte de ellas tenga una duración inferior a la que era habitual antes de la reforma. La cuestión que sigue abierta es determinar hasta qué punto las crecientes renuncias voluntarias responden a una mejora de las oportunidades laborales, a una mayor movilidad entre empresas o a la persistencia de ciertas formas de precariedad que ahora se manifiestan dentro de la contratación indefinida. La respuesta a esta pregunta será clave para evaluar el verdadero alcance de la transformación experimentada por el mercado laboral español en los últimos años.

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