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(El País, 12-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los precios cerraron noviembre con un aumento interanual del 3%

Los optimistas pueden verlo como un punto de inflexión: el comienzo un ciclo, lento pero imparable, hacia la normalización definitiva de los precios. Los más críticos, recordarán la brecha con la zona euro, los años de encarecimientos que se van acumulando como una losa para los hogares, los escasos avances en este 2025 para contener ese golpe continuado al bolsillo que va devorando el poder adquisitivo de quienes no ven aumentar sus salarios en la misma medida. Ambos pueden tener razón, pero más allá de interpretaciones, lo que dice el dato es que la inflación cerró noviembre en el 3% respecto al mismo mes del año pasado, una décima por debajo de la de octubre, según el Instituto Nacional de Estadística, que mantiene sin cambios su predicción inicial de hace dos semanas. La evolución favorable de los precios de la electricidad ha sido clave para ese tímido alivio en los precios, mientras que a la contra han presionado la subida de los alimentos y bebidas no alcohólicas, los carburantes y los paquetes turísticos. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, no trae tan buenas noticias: se sitúa en el 2,6%, una décima por encima de la tasa de octubre. La cifra conocida este viernes marca una revalorización final para las pensiones del 2,7% para 2026, y está ocho décimas por encima de la registrada por los socios del euro, lo que puede provocar una pérdida de competitividad para las empresas españolas si España no logra acortar la brecha. En principio, Un fenómeno estadístico favorable, el denominado efecto base, se antoja favorable en los próximos tres meses, porque en diciembre del año pasado y en enero y febrero de este 2025 los precios se incrementaron, lo cual facilita que se deshinchen al hacer la comparativa. Hace 13 meses, desde octubre de 2024, que los precios no están por debajo del 2% objetivo del Banco Central Europeo. El grupo que más destacó por su influencia en el descenso de la tasa anual fue: Vivienda, cuya tasa anual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7%. Este descenso fue debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida en noviembre de 2024. Entre los grupos con influencia positiva destacaron: Ocio y cultura, que situó su variación anual en el 1,2%, lo que supuso más de un punto por encima de la del mes pasado. Este comportamiento se debió, principalmente, a los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en noviembre del año pasado. Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%. Este comportamiento se debió, principalmente, al incremento de los precios de los aceites y grasas, que bajaron en noviembre de 2024; y al de los precios de leche, queso y huevos, que subieron más que en el mismo mes del año anterior.  La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 2,6%, una décima superior a la registrada el mes anterior. En noviembre la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,2%. Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron:  Vestido y calzado, que presentó una variación del 4,0%, que incluyó los últimos efectos de la entrada de la temporada de invierno. Este grupo repercutió 0,149 en el IPC general. Transporte, con una tasa del 0,5% y una repercusión de 0,071, debida al aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales. Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa mensual del 0,3% repercutió 0,060 en el IPC general. Esta evolución fue debida a la subida de los precios de la leche, queso y huevos, y de la carne. Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacó: Hoteles, cafés y restaurantes, con una variación del -0,5% a causa del descenso de los precios de los servicios de alojamiento. Este grupo repercutió -0,077 en el IPC general. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en noviembre. Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (3,7%) y Canarias la más baja (2,3%). En el mes de noviembre la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,2%, la misma que la registrada el mes anterior. La variación mensual del IPCA fue del 0,0%.

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(Expansión, 11-12-2025) | Fiscal

La subida del salario mínimo solo para cubrir el IPC costará 1.500 millones a las empresas

La propuesta de CEOE y Cepyme, que plantea un incremento del 1,5%, supondría un coste de 862 millones de euros para las empresas, mientras que la subida del 7,5% defendida por UGT y CCOO elevaría esa cifra por encima de los 4.000 millones. A la espera de que la Comisión Asesora de expertos convocada por el Ministerio de Trabajo publique sus conclusiones sobre la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, ya se puede anticipar el impacto para el tejido productivo: un nuevo aumento de los costes laborales. Según alertan los empresarios, este incremento recaerá especialmente en unos pocos sectores en los que se concentra la mayor parte de los trabajadores que cobran el SMI. El Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha pedido a la Comisión Asesora que tenga en cuenta la evolución de la inflación para evitar que los salarios más bajos pierdan poder adquisitivo. Aunque el mandato establece que la revalorización debe mantener el SMI en el 60% del salario medio neto, parece evidente que la subida respetará al menos el incremento del IPC. Este es también uno de los requisitos mínimos que UGT y CCOO exigen para firmar un acuerdo. Según cálculos de CEOE, cada punto porcentual de aumento del SMI implica un coste bruto para las empresas -salario más cotizaciones- de 575 millones de euros. Así, una subida en 2026 que simplemente compense la inflación, algo que se considera probable, tendría un impacto de 1.552 millones, partiendo de una inflación media del 2,7% estimada para este año. A falta de que el Gobierno formule su propuesta, que presentará después de conocer el dictamen de la Comisión Asesora y de consultar a los agentes sociales, todo apunta a que la subida quedará en un punto intermedio entre las posiciones ya planteadas por los empresarios y los sindicatos. La patronal propone un aumento del 1,5%, que situaría el SMI en 1.202 euros al mes en 14 pagas (16.824 euros brutos anuales), con un coste estimado para las empresas de 862 millones. Por su parte, UGT y CCOO defienden un incremento del 7,5%, hasta 1.273 euros mensuales en 14 pagas (17.822 euros al año), lo que generaría un coste de 4.312 millones para los empleadores. Las organizaciones empresariales que encabezan Antonio Garamendi y Ángela de Miguel advierten además de que este impacto no se repartirá de forma homogénea, sino que se concentrará en unos pocos sectores compuestos en gran medida por pequeñas y medianas empresas. Entre ellos destacan el sector primario (agricultura, ganadería y pesca) y las actividades de cuidados y empleo doméstico. En este último caso, buena parte del coste recaería directamente sobre los hogares contratantes, que absorberían aproximadamente un 15% del total del aumento.

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(El País, 11-12-2025) | Fiscal

Los expertos de Trabajo recomiendan subir el salario mínimo entre un 3,1% y un 4,7%, hasta 56 euros brutos

¿Cuánto debe incrementarse el salario mínimo interprofesional (SMI) para equivaler al 60% del salario medio neto previsto en España para 2026? Esa es la cuestión que el Ministerio de Trabajo planteó en octubre al grupo de expertos encargado, un año más, de elaborar el informe que servirá de base para la negociación futura con sindicatos y organizaciones empresariales. Según confirman a EL PAÍS fuentes conocedoras del proceso, las recomendaciones de los especialistas ya están listas y contemplan dos posibles aumentos: Un 3,1%, que situaría el SMI en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas (17.094 euros al año) si continúa exento de IRPF, como sucede actualmente. Un 4,7%, que lo elevaría a 1.240 euros al mes (17.360 euros anuales) si pasa a tributar. Ambas propuestas superan la evolución reciente del IPC, que promedia un 2,7% en los últimos 12 meses. En la actualidad, el SMI se sitúa en 1.184 euros mensuales (16.576 euros anuales), cifra alcanzada tras la subida aplicada en 2025, de 50 euros al mes. Precisamente, ese incremento fue el que recomendaron los expertos en la franja alta de su informe anterior, lo que refleja la influencia que estas propuestas tienen en la decisión final del Ministerio. Si se mantiene la exención fiscal, el SMI subiría 37 euros mensuales; en el caso de que empiece a pagar IRPF, el alza sería de 56 euros, aunque no todo ese dinero se traduciría en salario neto. La parte que podría retenerse dependerá de la situación personal y familiar del trabajador, de la normativa autonómica y de los criterios fiscales que estén vigentes. Trabajo pidió a los expertos ambos escenarios para anticiparse a un posible cambio tributario tras años de discrepancias con Hacienda. El debate sobre si el SMI debe tributar está ligado al fuerte crecimiento que ha experimentado en los últimos años -un 61% desde 2018-, lo que ha provocado que cada vez más trabajadores queden fuera del IRPF. La AIReF ha detectado una "concentración" creciente de empleados en torno al salario mínimo y los niveles justo superiores: en 2018 el 3,5% cotizaba por la base mínima; en 2023, el 7,4%. Y quienes cobran alrededor del 125% del SMI han pasado del 7,9% en 2018 al 22,8% en 2023. Durante la presentación de la comisión de expertos el 1 de octubre, la ministra Yolanda Díaz defendió que el SMI no debería tributar y que cualquier reforma fiscal debería comenzar "por arriba", aunque admitió que la competencia es de Hacienda. "Será Hacienda quien decida", afirmó. De momento, el departamento de María Jesús Montero no ha aclarado su posición este año, aunque en ejercicios anteriores ha mostrado preferencia por que el SMI sí contribuya al IRPF. Los sindicatos, por su parte, apoyan que el salario mínimo empiece a tributar. Hace dos semanas, UGT y CC OO propusieron un incremento del 7,5%, hasta 1.273 euros al mes (89 euros más que ahora), cifra que, según sus cálculos, garantizaría el 60% del salario medio neto si el SMI deja de estar exento. Esta subida es notablemente superior a la recomendada por los expertos. La patronal evita posicionarse sobre la tributación, pero sí ha puesto cifra a la subida: la CEOE propuso este martes un incremento del 1,5%, por debajo de la inflación. Sostienen que, aplicando los datos del INE, el SMI ya cumple con el objetivo del 60%, por lo que plantean un alza moderada, similar a la firmada para los empleados públicos. Trabajo calificó esta propuesta de "poco rigurosa" y los sindicatos la tildaron de "ridícula". "Una subida del SMI por debajo de la inflación no es aceptable", declaró en Bilbao el secretario general de CC OO, Unai Sordo. Desde UGT también rechazaron la oferta. Tanto CC OO como UGT han respaldado las seis subidas del SMI impulsadas por Yolanda Díaz desde su llegada al Ministerio de Trabajo. La patronal solo apoyó la primera, la que elevó el salario mínimo a 950 euros en 2020. Para un trabajador soltero de 35 años y sin hijos, sin tener en cuenta las variaciones autonómicas y con el diseño actual del impuesto, si se impone el incremento con IRPF (17.360 euros brutos anuales), las retenciones a la Seguridad Social serían aproximadamente de 526 euros y las cotizaciones sociales, de 1.500. El sueldo neto resultante rondaría los 15.334 euros. En el caso de una mujer soltera de 35 años y con dos hijos menores de edad, el salario neto se quedaría en el entorno de los 15.595 euros al año, de nuevo sin tener en cuenta los cambios autonómicos y en el supuesto de que el diseño actual del IRPF no se modifique.

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(El Economista, 11-12-2025) | Fiscal

Los extranjeros más ricos se "cuelan" como teletrabajadores tras el fin de la "golden visa"

La eliminación de la golden visa el pasado abril ha dejado a los extranjeros con grandes patrimonios sin un mecanismo fiscalmente favorable para invertir en España. Ante esta ausencia, muchos están recurriendo al visado de nómada digital para poder instalarse temporalmente en el país como trabajadores remotos. Sin embargo, este sistema tampoco les resulta del todo atractivo: aunque les permite permanecer menos de 183 días al año -el límite para evitar convertirse en residentes fiscales-, para renovar el permiso deben residir aquí al menos un año. Si bien estos inversores pueden acogerse al régimen fiscal de la Ley Beckham -que fija un 24% de tributación sobre los ingresos generados en España hasta los 600.000 euros-, esta ventaja solo dura cinco años. En cambio, la golden visa permitía renovaciones ilimitadas cada cinco años sin la obligación de pasar más de medio año en territorio español. Bastaba con realizar una inversión en inmuebles, depósitos, acciones de empresas locales o deuda pública y visitar el país esporádicamente para mantener la residencia. Xavier Requejo, consultor sénior en inmigración e inversión en Emergia Partner, confirma que los grandes patrimonios están recurriendo sobre todo al visado de nómada digital como alternativa para entrar en España. Para acceder a este visado, el solicitante debe trabajar a distancia para una empresa extranjera, percibir un salario anual de entre 40.000 y 150.000 euros y acreditar estudios en universidades o centros reconocidos. Requejo recuerda que existen tres vías de entrada para perfiles de alto valor: el visado de inversor o emprendedor, el no lucrativo y el de nómada digital. Aunque quienes vienen con intención de invertir encajarían teóricamente en el visado de emprendedor, la Administración apenas los concede debido a requisitos muy exigentes -como haber recibido premios europeos-. El visado no lucrativo, por su parte, está dirigido a jubilados o viajeros con alto poder adquisitivo, pero no a personas activas en la inversión. Por ello, afirma Requejo, el visado de nómada digital se ha convertido en la puerta de entrada más utilizada por los inversores que desean instalarse en España, incluso por delante del visado de inversor. Muchos se establecen como nómadas digitales para después constituir empresas una vez aquí. No obstante, advierte de un problema clave: para renovar el permiso deben vivir más de 183 días al año en España, lo que los convierte en residentes fiscales. "Obligar a los potenciales inversores a pasar más de medio año en España y tributar aquí acaba desincentivando su llegada", señala. Desde otra perspectiva, Nuria Estévez, abogada fiscalista en Lener y especialista en Private Clients, matiza que el obstáculo no es tanto adquirir la residencia fiscal como hacerlo sin una planificación adecuada. Explica que existen estructuras perfectamente válidas para evitar doble imposición, ordenar patrimonios internacionales y reducir la carga fiscal. El verdadero problema -añade- es que la normativa actual provoca que muchos inversores descarten España incluso antes de analizar estas alternativas. Estévez destaca que muchos potenciales inversores rehúyen convertirse en residentes fiscales debido a la percepción de un sistema tributario especialmente severo, con impuestos como el de Patrimonio y altos niveles de litigiosidad. "Además del marco legal, pesa un factor psicológico: muchos extranjeros perciben que España ejerce un control fiscal especialmente estricto sobre los contribuyentes internacionales", apunta. La abogada recuerda que la supresión de la golden visa se justificó alegando que encarecía el acceso a la vivienda, pero en realidad ha supuesto un freno a la entrada de capital extranjero. Según Requejo, las compras de vivienda vinculadas a este visado representaban menos del 0,5% del total. Aun así -subraya Estévez- su impacto en la atracción de nuevos inversores, la creación de estructuras empresariales y la recaudación fiscal era considerable.

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(Expansión, 11-12-2025) | Laboral

La hucha de las pensiones alcanza 14.000 millones de euros en 2025

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la 'hucha de las pensiones', cerrará este ejercicio con más de 14.000 millones de euros, su cifra más elevada desde diciembre de 2017. En lo que va de año ha recibido aportaciones por 4.307,16 millones de euros: 3.970,31 millones procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y 319,1 millones derivados de los rendimientos del propio Fondo, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los 17,75 millones restantes provienen de las contribuciones realizadas por las mutuas colaboradoras. A fecha de 30 de noviembre, el Fondo alcanzaba un valor de 13.683,81 millones de euros, gracias principalmente al MEI, una cotización adicional por contingencias comunes aplicada a empresas y trabajadores que se refleja en las nóminas. Desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2023, las aportaciones acumuladas por esta vía suman 9.764,57 millones de euros. El Fondo de Reserva está invertido casi íntegramente en Deuda Pública española. El Comité de Gestión es el encargado de decidir la estrategia de inversión, considerando la evolución de los mercados financieros, los criterios establecidos y la normativa aplicable. El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha destacado que "el Fondo de Reserva, que vuelve a recibir aportaciones desde 2023, representa la prueba más evidente del fortalecimiento del sistema de la Seguridad Social y constituye un respaldo adicional para afrontar los desafíos demográficos del futuro".

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(El País, 11-12-2025) | Laboral

Los salarios de convenio crecen un promedio del 3,5%, por encima de la inflación

Los salarios fijados en los convenios colectivos hasta noviembre han aumentado un 3,49% respecto al año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo. Este repunte es significativo y supera en casi un punto la inflación media acumulada hasta ese mes (2,7%). La mejora del poder adquisitivo es aún más notable si se observan solo los convenios firmados durante 2025, cuyo incremento medio alcanza el 4,15%. Esta subida supera ampliamente la recomendación del 3% fijada para este año en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) pactado por sindicatos y patronales en 2023. Todas estas cifras aparecen en un momento clave, cuando el Ministerio de Trabajo está a punto de reunir de nuevo a empresarios y sindicatos para negociar el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI). La estadística de convenios es un registro administrativo que refleja la evolución de las tablas salariales pactadas, no el salario real percibido por los trabajadores. Según la información publicada, los 3.130 convenios con efectos económicos en 2025 presentan un incremento del 3,49%. Este dato se refiere únicamente a los 9,65 millones de asalariados cubiertos por estos acuerdos, lejos de los cerca de 19 millones de empleados por cuenta ajena registrados en España. Dentro de este colectivo, 3,97 millones de trabajadores cuentan con aumentos superiores al 3%, mientras que otros 3,69 millones tienen subidas de entre el 2,5% y el 3%. Cerca de 1,5 millones se sitúan entre el 1,5% y el 2,5%, rozando la pérdida de poder adquisitivo. Además, unos 400.000 empleados apenas ven variación en sus tablas salariales, con incrementos inferiores al 1,5%. Por sectores, los mayores avances salariales para 2025 se concentran en las actividades científicas y técnicas (4,87%) y en los servicios sanitarios y sociales (4,8%). En el extremo contrario se encuentra el suministro de energía (1,56%) y la agricultura (2,04%), ambos por debajo del ritmo de los precios. En el plano territorial, los Baleares encabezan las subidas (6,04%), mientras que la Región de Murcia registra los menores incrementos (2,73%). Si se analizan solo los 683 convenios suscritos en 2025, que afectan a 2,28 millones de personas, la subida media alcanza el 4,15%. Este avance supera claramente las pautas fijadas en el AENC de 2023, que proponía incrementos del 4% en 2023, 3% en 2024 y 3% en 2025. Aunque estas referencias no son obligatorias, sirven de orientación en la negociación colectiva. A pocas semanas de que expire el AENC vigente, el otro debate salarial relevante es el relacionado con el SMI. El Ministerio de Trabajo publicará en breve el informe solicitado a expertos sindicales, académicos y del propio Gobierno, en el que deberán proponer cuánto debe aumentar el salario mínimo para alcanzar el 60% del salario medio, tal como acordaron PSOE y Sumar. Las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, sostienen que el SMI ya se sitúa en ese nivel según los últimos datos de la EPA, y por ello plantean un aumento moderado del 1,5%, igual al previsto para los empleados públicos. Su apoyo, no obstante, está condicionado a que el Ministerio no modifique la regulación sobre absorción de complementos salariales. Trabajo, sin embargo, ha asegurado a los sindicatos que eliminará por decreto la posibilidad de que las empresas compensen la subida del SMI suprimiendo pluses. Los sindicatos, por su parte, ya han advertido que no respaldarán ninguna propuesta que no incluya esa garantía. Además, reclaman una subida del 7,5% para que el SMI empiece a contribuir al IRPF y el salario neto resultante permita mantener el poder adquisitivo frente al aumento de los precios.

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(El Confidencial, 11-12-2025) | Laboral

Los salarios en España pierden poder adquisitivo por primera vez en dos años y medio

Las personas trabajadoras aún no han logrado recuperar completamente el poder adquisitivo perdido durante la reciente etapa de fuerte inflación, cuando la situación económica vuelve a complicarse. El repunte de los precios, unido a una moderación en el crecimiento de los salarios, está generando una nueva merma en la capacidad de compra a lo largo de 2025. Según los datos publicados por el INE correspondientes al tercer trimestre, el salario por hora trabajada ha aumentado un 2,3% en los últimos doce meses, mientras que los precios han avanzado hasta un 2,8%. Esta diferencia se traduce en una caída del poder adquisitivo de medio punto, el primer retroceso desde comienzos de 2023, aunque entonces la inflación superaba el 5%. La pérdida de capacidad de compra tampoco afecta por igual a todas las actividades económicas. El sector público, la sanidad y la educación son los más perjudicados debido a la congelación salarial vigente hasta ahora. También se observa un deterioro en sectores vinculados a la energía y al suministro de agua. Incluso ramas como la hostelería y el comercio han experimentado una reducción cercana al 1%, pese a su elevada demanda de personal. Por el contrario, transporte y logística, construcción y servicios administrativos figuran entre los sectores que más han mejorado su poder adquisitivo, con incrementos superiores al 2%. Todo indica que esta tendencia continuará en los últimos meses del año. Por un lado, la desaceleración en el crecimiento de los salarios parece consolidada. Por otro, los precios han mantenido su trayectoria al alza. En cuanto a las remuneraciones, la subida interanual del verano se situó en el 2,3%, el registro más bajo desde finales de 2021, cuando España dejaba atrás el impacto de la pandemia. Estos datos generales contrastan con los incrementos recogidos en los convenios colectivos, que alcanzan el 3,3%. Esto significa que, aunque por poco margen, las personas amparadas por convenio aún mantienen su poder adquisitivo. Dos elementos explican la contención salarial actual. El primero es la falta de actualización de las retribuciones en el sector público, pendiente todavía de aprobación definitiva. Esta congelación afecta a ámbitos como la Administración, la sanidad y la educación, con un impacto significativo en el conjunto de la economía. El segundo factor es la creación intensa de empleo en sectores caracterizados por salarios más reducidos, como el comercio, el transporte, la logística y la construcción. En algunos de ellos -como el comercio-, el salario real por hora incluso ha disminuido a lo largo del último año.

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(El País, 11-12-2025) | Laboral

Trabajo denunciará a la Generalitat Valenciana ante la Fiscalía por anular una sanción por la muerte de un trabajador en la dana

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este miércoles que su departamento remitirá a la Fiscalía la actuación de la Generalitat Valenciana por haber revocado una sanción impuesta por la Inspección de Trabajo a una Unión Temporal de Empresas (UTE). La sanción estaba relacionada con la tragedia ocurrida durante la dana del 29 de octubre del año pasado, cuando un trabajador murió después de ser obligado a trabajar en esas condiciones, según explicó la vicepresidenta segunda. Díaz comenzó su intervención leyendo declaraciones de la madre del fallecido publicadas en Las Provincias. "El trabajo de mi hijo consistía en revisar puentes para detectar deficiencias y que otros las repararan. No tenía por qué estar en la carretera ese día; lo mandaron a la muerte", afirma la madre de Luis Ángel Sáiz Rodríguez, fallecido el 29 de octubre. El medio señala que ha presentado una querella criminal para exigir responsabilidades penales a la UTE empleadora. Tras estas palabras, Díaz recalcó que "la empresa concesionaria le obligó a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario, poniendo en riesgo su vida". "Falleció de camino a casa porque alguien decidió que la productividad valía más que su integridad, que su vida", añadió. "La Inspección de Trabajo actuó. ¿Y qué hicieron el señor Mazón y el PP en Valencia? A pesar de que la Inspección levantó acta, la anularon", denunció Díaz, antes de anunciar la reacción de su ministerio: "Vamos a acudir a la Fiscalía, aunque hayan revocado el acta de infracción. ¿Piensan, señorías del PP, que cuando actúa la Inspección de Trabajo un cargo político puede llegar después y dejar sin efecto un acta tras la muerte de un trabajador? Eso no es respetar las instituciones. Es corrupción política y moral". El Ministerio de Trabajo precisa que la anulación de la sanción fue decidida por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana, que argumenta que no puede atribuirse responsabilidad al empresario cuando el accidente deriva de una fuerza mayor. El Ministerio rebate este planteamiento, al sostener que una catástrofe como la dana no exime del cumplimiento de las obligaciones preventivas. La tormenta dejó 229 víctimas mortales en Valencia, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía. El anuncio de Díaz se produjo como parte de su réplica en el Congreso a la portavoz del PP, Ester Muñoz, durante la sesión de control al Gobierno. La ministra presentó este caso como ejemplo de "deterioro institucional", después de que Muñoz la acusara de lo mismo por continuar en el Ejecutivo pese a los supuestos casos de corrupción y acoso sexual vinculados al PSOE. "Señora vicepresidenta, ¿cómo puede soportar el hedor nauseabundo que la rodea? ¿Qué más tiene que ocurrir para que abandone el Gobierno?", le espetó Muñoz, acusándola de "priorizar el cálculo político sobre las víctimas". Añadió además que "la hipocresía es el precio que paga por su piso oficial", aludiendo a unas declaraciones de José Luis Ábalos antes de ingresar en prisión, donde cuestionaba el uso de dicho inmueble. Díaz negó tales acusaciones y defendió la total legalidad de su situación. Antes de anticipar su denuncia ante la Fiscalía, la titular de Trabajo respondió a Muñoz asegurando que condena el machismo "venga de donde venga" y reprochó al PP que no respalde las iniciativas del Gobierno destinadas a combatir la corrupción.

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(El Periódico, 11-12-2025) | Laboral

La Seguridad Social podría suspender tu jubilación o invalidez en 2026 si no cumples con este requisito

Las personas que reciben una pensión no contributiva (PNC) de jubilación o invalidez en España deben estar especialmente atentas a un trámite que se repite cada año y cuya omisión puede provocar consecuencias importantes sobre el cobro de la prestación. Se trata de la declaración anual de ingresos, un documento esencial para que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en colaboración con las Comunidades Autónomas, pueda comprobar que la persona beneficiaria continúa cumpliendo el requisito básico de carencia de rentas. Aunque ahora se haga referencia al año 2026, se trata de una obligación que se renueva cada ejercicio. De cara al próximo año, quienes perciben la PNC deberán presentar los ingresos correspondientes al año anterior y una estimación para el año en curso. Habitualmente, el plazo máximo para evitar la suspensión del pago se sitúa antes del 1 de abril, por lo que la declaración debe presentarse dentro del primer trimestre de 2026. ¿Para qué sirve esta declaración? Las pensiones no contributivas -que tendrán un aumento aproximado del 5 % en 2026- están dirigidas a personas que no han cotizado nunca o no lo suficiente como para acceder a una pensión contributiva, y cuyos recursos económicos son insuficientes. En 2025, el límite de ingresos individual se fija en 7.905,80 euros anuales, si bien esta cifra es mayor cuando la persona beneficiaria convive con familiares. La declaración anual es el instrumento con el que la Administración comprueba que el pensionista, o la unidad económica en la que vive, continúa dentro de los límites de renta establecidos legalmente. En el formulario deben reflejarse todos los ingresos brutos del ejercicio anterior -ya provengan del trabajo, prestaciones, capital u otras fuentes- junto con una previsión de los ingresos del año en curso. La normativa es contundente: si la declaración no se presenta dentro del plazo marcado, el Imserso interrumpirá el pago de la pensión hasta que se regularice la situación. Una vez entregada y verificado que se cumplen los requisitos, se reanudarán los pagos; sin embargo, la suspensión genera una situación evitable de inseguridad y dificultades económicas. El trámite puede realizarse tanto de forma presencial ante el organismo autonómico correspondiente como por vía telemática, dependiendo de cada Comunidad Autónoma. Es importante insistir en que la obligación de presentarla recae directamente sobre la persona que recibe la pensión. Asimismo, además de esta declaración anual, los beneficiarios deben comunicar a la Administración -en un plazo de 30 días- cualquier cambio en la composición familiar, estado civil, domicilio o situación económica que pueda influir en la prestación. La mejor forma de evitar problemas en 2026 es recordar esta obligación periódica y asegurarse de que la documentación esté presentada antes del 1 de abril.

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(El Economista, 11-12-2025) | Laboral

Casi la mitad de los empleados del sector público ya tiene más de 50 años

El envejecimiento de los trabajadores es un desafío especialmente acuciante en las Administraciones públicas españolas. Según los últimos datos del INE -correspondientes al tercer trimestre del año- casi la mitad de los empleados públicos, un 45,9%, supera los 50 años, lo que obligará a planificar su sustitución durante los próximos 15 años. Aunque el Ministerio para la Transformación Digital ya ha iniciado conversaciones con los sindicatos, aún no existe una solución definida. Un tercio del personal del sector público tiene más de 55 años: el 16,1% está entre los 55 y los 59 años; el 12,5% entre 60 y 64; el 1,8% tiene entre 65 y 69; y solo el 0,1% llega a los 70 o más. Además, esta situación se ha agravado desde la pandemia. En seis años, el peso de los mayores de 60 ha aumentado 3,9 puntos, pasando de representar el 0,8% del total a finales de 2019 al 1,8% en el tercer trimestre de 2025, último con datos disponibles. El informe del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, titulado Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2025 y proyección futura a 2035, sitúa la edad media de los funcionarios este año en 49,89 años. El 57% del personal tiene más de 50 años -en 2024 era el 60%-. El colectivo más envejecido es el de los empleados laborales fijos, cuya media es de 51,94 años; los más jóvenes, los temporales, que rondan los 40,5 años, y los interinos, con 45,15. Con este panorama, se calcula que dentro de una década casi la mitad de la plantilla actual (un 49,53%) ya estará jubilada, lo que supone 89.690 personas -menos que las 95.640 previstas el año pasado-. Para compensar estas salidas, el ministerio estima que deberá incorporar a 107.754 nuevos trabajadores en diez años: 84.533 funcionarios de carrera y 23.221 empleados laborales fijos. Para ello, la AGE se apoya en la Oferta de Empleo Público como principal mecanismo de renovación, que este año incluye 36.588 plazas. Dado que es un reto estructural para todo el sector público, el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2026-2028, firmado hace dos semanas con UGT, CSIF y CCOO, incorpora medidas específicas para mejorar la planificación del personal. Entre ellas, el compromiso de prever las jubilaciones parciales para favorecer la entrada de nuevos profesionales. Además, se implantará un modelo alternativo al actual para diseñar las Ofertas de Empleo Público -lo que apunta a eliminar la tasa de reposición- y se reforzarán los programas de becas y ayudas para facilitar el acceso de los jóvenes a los procesos selectivos. Otra medida relevante es la reactivación de la jubilación parcial para el personal laboral, en vigor desde abril -como en el sector privado-. En junio se convocaron 1.000 plazas para atender las solicitudes recibidas, y el Ministerio se comprometió a tramitarlas mediante un sistema centralizado en un máximo de seis meses. Por otro lado, la tramitación de la Ley de Función Pública sigue estancada en el Congreso desde hace tres meses. La ponencia se constituyó en septiembre y debe elaborar una versión que incorpore la propuesta inicial junto a las enmiendas acordadas, entre ellas la recuperación de la jubilación parcial para funcionarios y personal sanitario. Esta modalidad desapareció en 2012, durante los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, y aún no ha sido restituida. El compromiso de recuperarla se recogió por primera vez en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI 2022-2024, firmado en octubre de 2022. Su desarrollo avanzó en diciembre del año pasado, cuando el ministro Óscar López formalizó la intención de restablecer este derecho. El proceso se reactivó en febrero, cuando el PSOE registró 37 enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública, que afectan también al Estatuto Básico del Empleado Público, a la Ley General de la Seguridad Social -para definir requisitos como la edad, cotización o reducción de jornada- y a la Ley de Clases Pasivas, que igualmente tendrá que modificarse para contemplar esta posibilidad de retiro.

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