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(Expansión, 28-10-2025) | Laboral

Funcionarios y empleados públicos tienen derecho a cobrar los pluses de turnicidad, festivos y nocturnidad si estos conceptos forman parte de su jornada de trabajo habitual

El Tribunal Supremo ha determinado que los funcionarios que trabajen en turnos nocturnos o en días festivos tienen derecho a cobrar los complementos salariales correspondientes también durante sus vacaciones, permisos retribuidos o bajas médicas, cerrando así definitivamente el debate sobre estos pagos: la Administración no puede suprimirlos aunque el empleado no esté prestando servicio activo. En una sentencia reciente, el Supremo establece que los pluses por nocturnidad, festividad y turnicidad son retribuciones fijas y periódicas, y forman parte habitual del salario de aquellos funcionarios y empleados públicos cuyo puesto los contempla. Por tanto, estos no pueden descontarse durante los periodos de descanso, incapacidad temporal o permisos. No se trata de gratificaciones puntuales, sino de complementos inherentes al puesto de trabajo, recalca el tribunal. Con esta resolución, el Supremo unifica doctrina y consolida el criterio que ya venían aplicando distintos tribunales superiores de justicia, como el TSJ de Cataluña, que reconocen el derecho al cobro de estos pluses incluso cuando el empleado público no está activo, siempre que los perciba de forma habitual por las características de su puesto. El Alto Tribunal subraya que estos complementos están ligados a la "penosidad" de los empleos que implican noches, festivos o cambios de turno, y que, al formar parte del horario ordinario, deben considerarse retribución ordinaria e integrarse de manera estable en la nómina, independientemente de que el trabajador se encuentre ausente por causa justificada. Así lo recoge la sentencia 822/2025, de 25 de junio. El fallo afecta directamente a funcionarios que trabajan por turnos, como policías, bomberos o personal sanitario, y abre la posibilidad de que se extienda a otros colectivos del sector público con condiciones similares. El caso tiene su origen en un recurso de casación del Ayuntamiento de Vigo, que impugnó una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) de febrero de 2023, relativa a las condiciones retributivas de los policías municipales. Estos agentes reclamaban el pago de atrasos en los complementos de nocturnidad y festividad, alegando que debían percibirlos también durante vacaciones, bajas médicas o permisos retribuidos, además de solicitar los atrasos de los cinco años anteriores. El Supremo, apoyándose en su propia jurisprudencia previa (sentencias de 4 de julio de 2018 y 20 de marzo de 2019), ratifica que estos conceptos no son eventuales ni dependen de la prestación efectiva del servicio cada mes, sino que se abonan de forma regular y continua, por lo que constituyen retribuciones ordinarias. Excluirlos -añade el tribunal- "desvirtuaría la naturaleza de la retribución íntegra", ya que los funcionarios tienen derecho a un salario que refleje las condiciones reales de su trabajo. El fallo, adoptado por unanimidad, reitera lo ya dicho en sentencias anteriores: las administraciones públicas deben pagar los complementos por nocturnidad, festivos y turnos incluso cuando el empleado se encuentre de baja, de vacaciones o disfrutando de permisos retribuidos. Así lo había reconocido también la sentencia 9062/2022, de 4 de julio de 2024, citada por el Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza. En esa línea, el Supremo recuerda que los pluses por trabajar de noche o en festivos no son gratificaciones excepcionales, sino parte del trabajo ordinario y habitual, y no pueden incluirse dentro del complemento de productividad. No obstante, el tribunal precisa que la situación cambia si esos turnos se realizan fuera del horario ordinario. En ese caso, se consideran retribuciones variables o extraordinarias, que solo se generan cuando el servicio se presta efectivamente, y no corresponden durante periodos de ausencia justificada, como vacaciones o bajas. Por último, el Supremo aclara que los funcionarios pueden reclamar las cantidades no abonadas por estos conceptos con un plazo máximo de cuatro años, conforme al artículo 25 de la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003). Este límite temporal se aplica de forma uniforme en todo el territorio nacional, garantizando así la igualdad de trato entre los empleados públicos, con independencia de la comunidad autónoma en la que trabajen.

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(Expansión, 28-10-2025) | Laboral

Madrid elevará hasta los 5.600 euros las ayudas directas a nuevos autónomos en 2026

El Gobierno de la Comunidad de Madrid destinará 37,1 millones de euros en ayudas y subvenciones para emprendedores y trabajadores autónomos en los Presupuestos regionales de 2026, lo que supone un aumento del 17,7% respecto al ejercicio actual. El apoyo al tejido empresarial madrileño continúa siendo una de las prioridades del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que en los últimos años ha impulsado diferentes medidas -desde incentivos fiscales hasta ayudas directas- con el objetivo de fortalecer la economía regional y consolidar el liderazgo de Madrid como motor económico de España. En este marco, los autónomos y emprendedores, considerados un pilar fundamental para el crecimiento económico y la creación de empleo, ocuparán un papel central en las nuevas cuentas públicas. Así, el Consejo de Gobierno aprobará el próximo miércoles el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026, que contempla un incremento significativo de los fondos destinados a este colectivo. En concreto, el presupuesto prevé 37,1 millones de euros en subvenciones, lo que representa 5,6 millones más que en la actualidad. La propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, adelantó estos datos durante su intervención en la ceremonia de entrega de los Premios Autónomo del Año 2025, organizados por la Federación de Autónomos ATA. No solo aumentará la dotación global, sino también las ayudas directas para nuevos autónomos, con el fin de fomentar el emprendimiento. Actualmente, estos trabajadores pueden recibir hasta 4.000 euros, pero los Presupuestos de 2026 elevarán la cuantía a 5.600 euros por beneficiario, lo que supone un incremento del 40%. En situaciones especiales, como la apertura de un negocio en pequeños municipios, la subvención podrá alcanzar los 6.200 euros, frente a los 4.580 euros actuales. Además, el Ejecutivo autonómico creará nuevas líneas de apoyo destinadas a favorecer el crecimiento y consolidación de las empresas con más de tres años de actividad, según avanzó la presidenta. Estas medidas se anuncian tras la reciente controversia generada por la propuesta del Gobierno central de aumentar las cotizaciones sociales de los autónomos, que habría supuesto subidas de entre 11 y 206 euros mensuales. La fuerte reacción del sector llevó al Ejecutivo estatal a rectificar, anunciando finalmente la congelación de las cuotas para los trabajadores con menores ingresos y aumentos más moderados, de entre 2,5 y 14,75 euros mensuales, para quienes superen los 1.167 euros de ingresos. A este paquete de medidas se suma también la ampliación de la Tarifa Cero para emprendedores mayores de 52 años, que podrán disfrutar de una bonificación total de las cotizaciones sociales durante dos años al iniciar su negocio. Además, recibirán una ayuda mensual de 480 euros durante un año, siempre que hayan dejado de percibir el subsidio por desempleo y sus ingresos sean inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

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(El Confidencial, 28-10-2025) | Laboral

‘Tarifa cero’ para nuevos autónomos y menores de 35 años

Alberto Núñez Feijóo ha decidido mantener su foco en los asuntos económicos al inicio de una semana especialmente agitada, marcada por la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión Koldo del Senado, el aniversario de la devastadora DANA y el ultimátum lanzado por Junts al Gobierno. El líder del Partido Popular evitó pronunciarse sobre estos temas y centró su discurso en el plan de su partido para apoyar a los autónomos. Durante el congreso de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) celebrado en Madrid, Feijóo presentó diez medidas que pondría en marcha si llega a la Moncloa. El paquete incluye rebajas fiscales, simplificación administrativa y más flexibilidad en el pago de las cuotas. Como propuesta destacada, anunció la implantación de una "tarifa cero" para los nuevos autónomos durante su primer año de actividad, que se ampliaría a un segundo año para jóvenes menores de 35 años y para quienes perciban ingresos cercanos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El plan, que el PP detallará por completo en los próximos días, contempla también la exención del pago de IVA para unos 1,4 millones de autónomos cuyos ingresos anuales no superen los 85.000 euros. "El objetivo del trabajo no es que el Estado recaude más, sino que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida", subrayó Feijóo. Entre las propuestas más relevantes, el líder del PP destacó la "reducción drástica de la burocracia", criticando que "la jornada laboral de los autónomos no se divide entre días laborables y festivos, sino entre horas de trabajo y horas de papeleo". En esta línea, planteó reducir las declaraciones fiscales de los autónomos de cuatro trimestrales a dos semestrales, y en el caso de los nuevos emprendedores, a una única declaración anual, con la intención de extender este modelo progresivamente a todos. Feijóo también se comprometió a equiparar los derechos de los autónomos con los del resto de trabajadores, y adelantó medidas -aún por concretar- para flexibilizar el pago de las cuotas a la Seguridad Social y ayudar a quienes necesiten una segunda oportunidad. "No acepto que el Estado dé la espalda a quienes contribuyen a sostenerlo", afirmó, añadiendo que "autoempleo no significa autoservicio". El plan popular incluirá asimismo iniciativas para fomentar el relevo generacional en los pequeños negocios -clave en la vida de los barrios- y luchar contra la despoblación. Feijóo denunció que la relación entre Hacienda y los autónomos "debe ser de cooperación, no de intimidación", y defendió su "derecho a equivocarse" sin temor a sanciones desproporcionadas. Durante su intervención, cargó contra el Gobierno por los recientes escándalos y la "subida brutal de las cotizaciones" que el Ejecutivo se vio obligado a rectificar, y acusó a Sánchez de "utilizar a los autónomos como rehenes fiscales". Reiteró que el PP centrará su estrategia en defender la economía y a las clases medias, sin dejar de presionar al Gobierno por su gestión judicial y política.

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(El Periódico, 28-10-2025) | Laboral

El 65% de los autónomos cobra menos de 1.000 euros al jubilarse

En España, la diferencia entre las pensiones de los trabajadores por cuenta ajena y las de los autónomos continúa siendo enorme, a pesar de que este último colectivo aporta alrededor del 16% del PIB nacional. De acuerdo con los datos más recientes de la Seguridad Social, la pensión media de jubilación de los autónomos apenas supera los 1.000 euros mensuales (1.007,8 €), mientras que en el régimen general, correspondiente a los asalariados, alcanza aproximadamente 1.660 euros. En otras palabras, dos de cada tres autónomos jubilados perciben menos de 1.000 euros al mes, reflejo directo de décadas cotizando por las bases mínimas. Durante años, más del 80% de los autónomos ha contribuido a la Seguridad Social con la base mínima, lo que, si bien reducía las cuotas mensuales, ha tenido un impacto negativo en el importe de sus futuras pensiones. Este ahorro a corto plazo se ha traducido en una clara pérdida de poder adquisitivo una vez alcanzada la jubilación. Los especialistas en materia de pensiones subrayan que el importe de la jubilación depende directamente de las bases de cotización y los años cotizados, por lo que quienes han tenido trayectorias laborales irregulares o largos periodos sin cotizar se encuentran en una situación aún más desfavorable respecto a los trabajadores asalariados. Para revertir esta situación, la Seguridad Social ha puesto en marcha distintas medidas, como la corrección de las denominadas "lagunas de cotización", y desde 2023 ha implantado el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Este modelo busca que cada autónomo cotice en función de lo que realmente gana, de manera que quienes obtengan mayores ingresos aporten más, lo que debería traducirse en pensiones más justas a largo plazo. Sin embargo, los efectos de este cambio no serán inmediatos: los actuales jubilados -o quienes estén cerca de retirarse- seguirán recibiendo prestaciones calculadas sobre bases muy bajas. Al mismo tiempo, las asociaciones de autónomos advierten de que el incremento de las cuotas en ciertos tramos puede suponer una carga adicional para quienes todavía sufren las consecuencias de la inflación, el aumento de costes y la competencia derivada del crecimiento del trabajo por cuenta propia entre la población inmigrante. El resultado es una brecha estructural: mientras las pensiones del régimen general han aumentado en los últimos años a un ritmo superior al 4% anual, las del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) permanecen prácticamente estancadas en torno a los 1.000 euros, es decir, un 40% menos que las de los asalariados. Esta diferencia se hace aún más notable en las grandes ciudades, donde el alto coste de vida convierte esa pensión en claramente insuficiente. Ante este escenario, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha presentado una propuesta de reforma fiscal destinada a aliviar la carga tributaria de los autónomos y las microempresas mediante una reducción del IRPF. El plan incluye la creación de un Fondo de Equilibrio Fiscal, con el objetivo de mantener estable la recaudación sin afectar el equilibrio presupuestario. En un momento de tensión con el Gobierno por la prevista subida de cuotas en 2026, el futuro del colectivo pasa por concienciar sobre la importancia de cotizar adecuadamente, promover sistemas complementarios de ahorro y garantizar que la transición al nuevo modelo no castigue a los autónomos con ingresos más bajos. De no hacerlo, las pensiones de este grupo seguirán siendo el símbolo más claro de un sistema que ofrece escaso reconocimiento a quienes más arriesgan.

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(El Economista, 28-10-2025) | Laboral

Las faltas al trabajo por enfermedad marcan su récord histórico en verano

La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre revela que 962.400 personas -de las cuales 852.100 son asalariadas y 110.300 autónomas- faltaron a su puesto de trabajo por enfermedad o incapacidad temporal. Se trata del dato más alto registrado hasta ahora en un periodo del año especialmente sensible, ya que concentra la mayor parte de vacaciones y permisos, reduciendo así el número de personas efectivamente activas. Si se excluyen las ausencias por descanso estival, los problemas de salud afectaron al 5% de los ocupados y al 5,3% de los asalariados, cifras que marcan un máximo histórico, incluso por encima de los niveles alcanzados durante la pandemia. En septiembre, España contaba con casi 22,4 millones de ocupados, de los cuales 19,2 millones no estaban de vacaciones durante la semana de referencia utilizada por el INE. Esto supone un aumento del 2,7% respecto a 2024, el mismo ritmo de crecimiento que se observa en las ausencias por vacaciones, que afectaron a 3,2 millones de personas. Por otro lado, 1,2 millones de trabajadores se ausentaron por distintos motivos. En el 81% de los casos, la causa fue una enfermedad o incapacidad temporal (las citadas 962.400 personas), siendo la única categoría que muestra un incremento interanual. Los permisos por maternidad o paternidad cayeron un 2,5%, los afectados por ERTE bajaron un 17,3%, y otras causas no especificadas, un 3,4%. Desde el tercer trimestre de 2019, las ausencias por motivos de salud han aumentado un 85,3%. Este fenómeno se relaciona con el debate sobre el absentismo laboral, entendido como las ausencias imprevistas que complican la organización de las empresas. Durante el verano, cuando la plantilla disponible ya está reducida por vacaciones, estas bajas generan dificultades operativas y costes adicionales para las compañías. De acuerdo con la EPA, las bajas médicas e incapacidades temporales son la principal causa de ausencia no relacionada con el descanso. Esto no es nuevo, ya que siempre ha sido así, salvo durante la pandemia, cuando los ERTE se situaron como el motivo predominante. Aunque el absentismo se asocia principalmente a los trabajadores asalariados, el incremento de las bajas también se ha extendido entre los autónomos, que deben interrumpir su actividad por motivos de salud. Aunque su peso sigue siendo menor, desde 2019 el número de autónomos afectados ha crecido un 86,1%, con un aumento del 13,9% en el último año. En el caso de los asalariados, las ausencias han subido un 85,1% desde 2019, aunque el repunte anual ha sido más moderado (4,1%). En conjunto, las faltas al trabajo aumentan a un ritmo interanual del 5,8%. Pese a que el número de ausencias (962.400) marca un récord histórico en verano, sigue por debajo del máximo absoluto de 1,1 millones alcanzado en el segundo trimestre, algo atribuible a que el INE registra menos ocupados activos en la época estival. Se espera, no obstante, que las cifras vuelvan a repuntar en los próximos trimestres. Más allá del crecimiento en términos absolutos, lo más significativo es el aumento del peso relativo de las bajas sobre el empleo total. Según la EPA, el 4,3% de los ocupados faltó al trabajo por motivos de salud, un porcentaje que sube al 4,5% entre los asalariados y al 3,4% entre los autónomos. Aunque son cifras algo inferiores a las de otros trimestres, representan los niveles más altos en un verano desde que existen registros y superan ampliamente los de 2019 (2,7%). Este análisis, sin embargo, no considera el efecto de las vacaciones, que no impacta igual en todos los trimestres y puede dar la falsa impresión de que las bajas disminuyen en verano. Si se toma como referencia solo el empleo efectivo -es decir, quienes no están de vacaciones en el momento de la encuesta-, se obtiene una visión más precisa. En ese grupo, el 5,02% de los ocupados no trabajó por enfermedad o incapacidad, el porcentaje más alto de la serie histórica en un verano, solo comparable al del primer trimestre de 2022, afectado por la ola de la variante ómicron. Esto demuestra que el aumento de las ausencias no se debe únicamente a que haya más trabajadores, sino a un incremento real de las bajas médicas. El repunte ha sido más acusado entre los asalariados, que han pasado del 3,2% en 2019 al 5,3% actual, alcanzando un máximo histórico. En los autónomos, la cifra ha subido del 2,1% al 3,7%, aunque la brecha entre ambos grupos se ha ampliado notablemente desde 2022.

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(Cinco Días, 28-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

170 euros por habitación y noche

La ralentización en la llegada de turistas extranjeros a España, anticipada por grandes cadenas hoteleras como Barceló, todavía no ha afectado a los precios, que aumentaron un 5,5% de media durante los nueve primeros meses de 2025, alcanzando un récord histórico de 170 euros por habitación y noche, según el último barómetro hotelero elaborado por Cushman & Wakefield y STR. El estudio se basa en encuestas a 1.600 hoteles que suman 220.000 habitaciones en España y Portugal. En este nuevo escenario, las empresas del sector apuestan por compensar la menor ocupación mediante subidas de precios. Mientras las tarifas crecieron un 5,5% interanual hasta septiembre, la ocupación apenas aumentó un 0,7%, aunque se mantiene en niveles muy altos. "Durante estos primeros meses del año la demanda sigue mostrando fortaleza, con ocupaciones récord o cercanas al máximo histórico. La desestacionalización ha sido clave en esta tendencia, ya que observamos destinos con excelentes tasas de ocupación durante todo el año, algo impensable hace poco en lugares como Málaga o Alicante, tradicionalmente dependientes del turismo vacacional", explica Bruno Hallé, socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España. Por destinos, Marbella registró las tarifas más altas, con 388,6 euros por habitación y noche, seguida de Baleares (también 388,6 euros) y Barcelona (193,5 euros). En la capital catalana, sin embargo, se produjo una leve caída del 0,3% en los precios, la primera desde 2020, mientras que en Madrid las tarifas subieron un 5,6%, situándose en 174,5 euros por noche. En Valencia, los precios también bajaron ligeramente, un 1,3%. La diferencia de precios entre Barcelona y Madrid, aunque todavía favorable a la primera, se ha reducido considerablemente (19 euros por habitación y noche). Los expertos explican esta convergencia por la moratoria hotelera de Barcelona, que desde 2015 ha frenado la construcción de nuevos establecimientos, frente al auge de inversiones de lujo en Madrid por parte de cadenas como Four Seasons, Marriott o Hyatt. Según Albert Grau, también socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality, "es probable que los precios se estabilicen en los próximos trimestres, pero si el contexto global se mantiene estable, los hoteles españoles seguirán mejorando su rentabilidad". El principal indicador de esa rentabilidad, el ingreso por habitación disponible (RevPAR), creció un 6,3% entre enero y septiembre de 2025. Tres destinos destacaron con incrementos de dos dígitos: Zaragoza (+14,1%), Marbella (+13,5%) y Baleares (+11,5%). Los hoteles más rentables fueron los de Marbella (273,9 euros), Baleares (172,1 euros) y Barcelona (153,5 euros). Asimismo, la diferencia de rentabilidad entre Madrid y Barcelona se redujo hasta los 21,5 euros a favor de la capital catalana al cierre de septiembre.

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(Expansión, 28-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Bolsa supera los 16.000, máximo histórico 18 años después

El Ibex tiene como meta situarse en torno a los 16.500 puntos. Los resultados de grandes compañías del índice, como Iberdrola, Santander y BBVA, serán clave para consolidar las subidas a corto plazo, mientras los analistas anticipan una rotación de valores. El selectivo cerró ayer en 16.000,20 puntos, y los expertos creen que aún tiene margen para alcanzar los 16.457 puntos, lo que supondría un nuevo máximo histórico, un 2,9% más que el cierre anterior. Algunas firmas incluso prevén que el índice pueda moverse entre 16.500 y 17.000 puntos. Muchas gestoras coinciden en el principio de que "la tendencia es tu amiga" y consideran que no conviene operar en contra de ella, aunque reconocen que el recorrido alcista del Ibex podría ser más limitado a estos niveles. No obstante, la inversión pasiva y el uso de algoritmos suelen acelerar las subidas cuando se superan determinados umbrales. Desde GVC Gaesco consideran que el Ibex no está sobrevalorado y podría alcanzar los 16.500 puntos, siempre que se despejen las incertidumbres internacionales sobre inflación, política monetaria de la Fed o tensiones comerciales. Aun así, advierten que en este entorno es necesario ser selectivo: "Ahora hay que analizar valor por valor, no por sectores. Nos gustan Naturgy, Enagás, Sabadell, BBVA, Acerinox y Sacyr", afirma Víctor Peiro, director de análisis de la firma. Por su parte, Ignacio Cantos, socio y director de inversiones de Atl Capital, señala que "no hay que temer a las alturas" pese a los récords alcanzados tras una década. Según él, mientras la banca siga mostrando buenos resultados, aún hay margen de crecimiento: "Aunque los bancos no subirán con la misma intensidad, todavía tienen recorrido. Cotizan por encima de su valor en libros, pero lejos del doble de su valor contable que se veía antes de la crisis". Entre los valores que podrían recuperar terreno, destaca Inditex. "El mercado sigue siendo prudente, pero sus resultados mejorarán y eso se reflejará en el precio de las acciones, lo que impulsará al índice", explica Cantos. Añade que los fondos europeos y el aumento del gasto en Defensa pueden dar más impulso a la Bolsa española, especialmente en el ámbito de las infraestructuras alemanas, donde Indra y ACS (a través de Hochtief) podrían beneficiarse. Según Antonio Castelo, analista de iBroker, el Ibex podría avanzar entre un 5% y un 8% en los próximos seis meses, siempre que no surjan sorpresas negativas. Considera que, tras superar la resistencia de los 16.000 puntos, el índice tiene potencial para seguir subiendo, aunque advierte que cualquier decepción macroeconómica o alza inesperada de los tipos de interés podría provocar correcciones. En un escenario optimista, con resultados sólidos, tipos estables y un mejor entorno global, el Ibex podría acercarse o incluso superar los 17.000 puntos, según Castelo. En la misma línea, Amelia Benito, de Ibercaja Gestión, prevé un avance adicional de hasta un 10% en el medio plazo. "A pesar del rally, seguimos muy positivos con el sector bancario", afirma, destacando el crecimiento del PIB español, el bajo endeudamiento familiar y el actual nivel de tipos de interés como factores de apoyo. Sin embargo, en un contexto de mayor cautela, el índice podría retroceder a la zona de 14.800-15.000 puntos antes de retomar la tendencia alcista, según Castelo. Por su parte, Pablo García, director general de Divacons Alphavalue, adopta una postura más prudente y advierte que será difícil que el Ibex mantenga estos niveles, ya que el sector bancario podría tener complicado seguir superando expectativas con tipos a la baja y presión sobre los márgenes. García reconoce que en trimestres anteriores se pensaba lo mismo y los bancos siguieron subiendo, pero cree que el "miedo a las alturas" podría aparecer y, sin el apoyo de la banca, será más difícil sostener los récords actuales. Por ello, considera razonable que el sector tome un respiro tras la publicación de resultados, tanto por valoración como por la situación geopolítica.

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(El Periódico, 28-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El IEE estima que los aranceles tendrán un impacto de hasta seis décimas en el PIB español entre 2025 y 2026

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, presentaron el informe semestral de Coyuntura Económica del organismo, bajo el título "Un crecimiento económico condicionado por un contexto institucional adverso". El documento señala que la economía mundial comenzó 2025 con una dinámica positiva, impulsada por un crecimiento moderado y una desinflación progresiva durante el año anterior. Sin embargo, esta tendencia se ha visto interrumpida por el giro proteccionista de Estados Unidos tras la reelección del presidente Trump, quien ha anunciado aranceles generalizados del 10% y recíprocos de hasta el 145% para China. Esta escalada comercial ha desencadenado una espiral arancelaria que está afectando al comercio internacional y generando mayor incertidumbre económica. A esta situación se añaden condiciones financieras más restrictivas, una menor confianza empresarial y los efectos de varios conflictos geopolíticos, como la guerra en Ucrania o la inestabilidad en Oriente Medio. Todo ello ha llevado a que los principales organismos internacionales revisen a la baja las previsiones de crecimiento mundial. Aunque se espera que la inflación siga moderándose, lo hará a un ritmo más lento de lo previsto meses atrás. El comportamiento de los precios de las materias primas dependerá, principalmente, de la evolución de los conflictos mencionados y de la guerra arancelaria. En el caso de España, el informe destaca que ha mantenido en los últimos años una evolución económica destacada dentro de Europa, consolidándose como una de las economías más dinámicas de la zona euro gracias al impulso del consumo privado, el turismo, el apoyo de los fondos europeos y una política fiscal expansiva. No obstante, 2025 marca un punto de inflexión, con una ralentización del crecimiento y un aumento de los riesgos globales que podrían alterar el equilibrio alcanzado. El entorno de incertidumbre también afecta al sector exterior y a la inversión empresarial, que podrían lastrar el crecimiento del PIB. Entre los principales riesgos se encuentran la política arancelaria estadounidense hacia Europa, que impactaría especialmente en la economía española, y los desequilibrios internos, como el alto nivel de deuda pública, el creciente gasto en pensiones (que ya equivale al 12,4% del PIB, por encima de la media europea) y un déficit estructural superior al 3%. Esta combinación deja un margen fiscal muy limitado, especialmente si se produjera una desaceleración significativa o tensiones financieras internacionales. En este contexto, el IEE prevé un crecimiento del PIB del 2,3% en 2025, que se reducirá al 1,8% en 2026. Durante este periodo, se espera un cambio en la composición del crecimiento: el sector exterior perderá impulso, la inversión empresarial seguirá débil y el consumo privado será el principal motor económico. El gasto de los hogares se ha acelerado gracias al aumento del empleo, la mejora de la renta disponible y la moderación de la inflación y los tipos de interés. El consumo público, por su parte, es el componente más expansivo desde la pandemia, con un crecimiento acumulado cercano al 20% respecto a 2019. En cuanto a la inversión, el panorama es menos favorable. La formación bruta de capital apenas supera en un 4,8% los niveles de 2019, reflejando la debilidad estructural de la inversión en bienes de equipo y capital productivo. Pese a unas condiciones financieras benignas, las empresas muestran poca disposición a invertir, especialmente en sectores tradicionales, debido a la incertidumbre política, la baja rentabilidad esperada, los problemas de competitividad frente a China y la reorganización industrial en marcha. El mercado laboral mantiene un comportamiento positivo en el primer semestre de 2025. Según el IEE, la afiliación efectiva a la Seguridad Social creció un 0,6% en el segundo trimestre, cifra similar a la del primero y ligeramente superior a la del cierre de 2024. Aunque el crecimiento del empleo sigue siendo sólido, muestra una desaceleración gradual. Las previsiones apuntan a que el empleo aumentará un 1,9% en 2025 y un 1,5% en 2026, lo que permitirá reducir la tasa de paro al 10,3% en 2026, desde el 11,3% de 2024. Estas proyecciones asumen que no se apruebe la reducción de la jornada laboral; de hacerlo, el empleo y el PIB crecerían menos de lo previsto. En materia de inflación, 2025 está siendo un año de volatilidad debido a la reversión de medidas fiscales sobre el IVA de alimentos y electricidad. Destaca la desaceleración de los precios de los alimentos elaborados, mientras que los servicios y bienes industriales mantienen un comportamiento similar al del año anterior. El IEE prevé una inflación media del 2,5% y una subyacente del 2,3%. Las principales presiones inflacionistas podrían provenir de tres frentes: la política arancelaria de EE. UU., el incremento de los costes laborales y sociales y la evolución del precio del petróleo. Por último, el informe enfatiza la importancia de la calidad institucional y regulatoria como elemento esencial para el buen funcionamiento de la economía. El IEE propone un conjunto de reformas estructurales para fortalecer las instituciones, mejorar el entorno regulatorio y fomentar un marco que potencie la inversión, la innovación y el empleo. En el Índice de Deficiencia Regulatoria, España ocupa el puesto 12 de 34 países, con un nivel de deficiencia un 33% superior a la media de la Unión Europea, situándose por detrás de economías como Francia, Alemania o el Reino Unido. Asimismo, el país se encuentra por encima del promedio de la OCDE en este indicador, lo que pone de manifiesto una notable debilidad en la calidad del marco normativo y la necesidad de reforzar la estabilidad institucional.

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(Expansión, 27-10-2025) | Fiscal

Hacienda plantea la inyección en tiempo real de la recaudación de impuestos a las CCAA

El Ministerio de Hacienda ha delineado las bases de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que presentará a las comunidades junto con la nueva senda de déficit en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Uno de los ejes centrales de esta reforma será el acceso automático a la recaudación de los impuestos, un mecanismo que busca modernizar un modelo pendiente de actualización desde 2014. El objetivo es cumplir simultáneamente con el acuerdo de financiación especial para Cataluña y atender las demandas del resto de comunidades autónomas. La propuesta plantea que las regiones reciban de manera automática y en tiempo real su parte correspondiente de los impuestos recaudados por el Estado -como el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales-, sin tener que esperar a las entregas a cuenta ni a los ajustes que se liquidan dos años después. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, adelantó este planteamiento durante la clausura del XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado en Salamanca. En su intervención, explicó que el actual sistema genera frustración entre las comunidades, ya que "reciben unas entregas a cuenta calculadas con antelación, independientemente de cómo evolucione la recaudación", y solo perciben los ajustes "dos años después, si la recaudación ha sido positiva". Según Gascón, "todas las comunidades autónomas, sin excepción, critican este modelo". Ante esta situación, Hacienda propondrá una evolución del sistema actual, de modo que los ingresos procedentes de los impuestos compartidos se repartan de forma simultánea entre el Estado y las comunidades autónomas. "La idea es que el dinero del IRPF, del IVA y de los tributos compartidos llegue a la vez a todas las administraciones, en lugar de quedar retenido en una cuenta sin disponibilidad", explicó el secretario de Estado. Además, Gascón planteó extender al conjunto de las comunidades autónomas algunas disposiciones del acuerdo bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, como la cesión de la gestión de las deducciones fiscales autonómicas. Estas medidas, no obstante, requerirán importantes modificaciones legislativas, entre ellas una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), lo que exigirá amplios consensos políticos y podría dificultar su aprobación. El Ministerio busca que esta cesión de competencias contribuya a facilitar un acuerdo general sobre el nuevo sistema, que deberá resolver cuestiones clave como la repartición de fondos y la infrafinanciación de territorios como la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Según diversas fuentes, Hacienda pretende presentar al menos una parte de su propuesta en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se convocará en los próximos días para discutir la senda de déficit vinculada a los Presupuestos de 2026. No obstante, alcanzar un consenso se presenta complicado, dado que la mayoría de las comunidades están gobernadas por el Partido Popular, que mantiene una postura crítica frente al acuerdo de financiación singular con Cataluña, al igual que los propios inspectores de Hacienda. En este sentido, Gascón subrayó que, frente a la propuesta de ERC en el Congreso para que Cataluña asuma la gestión total del IRPF de forma progresiva hasta 2028, el Ministerio defiende un "modelo en red". Este sistema busca evitar la fragmentación del modelo fiscal y garantizar que todas las actuaciones se desarrollen de forma coordinada, bajo la supervisión, los recursos y las bases de datos de la Agencia Tributaria estatal.

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(El País, 27-10-2025) | Fiscal

Los inspectores piden centralizar el control tributario para evitar que los defraudadores se muden a otras comunidades

Los defraudadores conocen bien las debilidades del sistema fiscal español y las aprovechan en su beneficio, algo que los inspectores de élite de la Agencia Tributaria quieren frenar. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha propuesto al Ministerio de Hacienda una medida para "nacionalizar" las competencias de inspección financiera y tributaria, con el fin de reforzar la unidad del sistema fiscal, evitar su "fragmentación territorial" y aumentar la presión sobre quienes eluden impuestos. Actualmente, explican los inspectores, las competencias de inspección están limitadas al ámbito autonómico y dependen del domicilio fiscal del contribuyente, lo que genera rigideces, desigualdades y un uso ineficiente de los recursos humanos. Según su análisis, una estructura centralizada permitiría desplazar a los funcionarios allí donde existan más casos o mayor carga de trabajo, especializar a los equipos y unificar criterios en todo el país. Además, destacan que la Agencia ya utiliza bases de datos comunes, por lo que la división territorial "es una cuestión administrativa, no técnica". José María Peláez, portavoz de la IHE, recuerda que en el pasado las competencias eran provinciales, y que después se pasó a un modelo autonómico. "Ahora queremos dar un paso más para poder investigar a contribuyentes de otras comunidades", explica. En la actualidad, si un inspector detecta indicios de fraude en otra región -por ejemplo, facturas falsas-, debe pedir autorización para investigarlo, un trámite burocrático que puede alargarse o incluso ser denegado. Según Ana de la Herrán, presidenta de la asociación, muchas empresas se trasladan intencionadamente a comunidades donde la supervisión es menor. Su vicepresidenta, Teresa Benito, señala especialmente a la Comunidad de Madrid, donde la relación entre inspectores y contribuyentes es mucho más baja que en otras zonas. En palabras de los inspectores, si un defraudador instala su empresa en regiones pequeñas como Cuenca o La Rioja "sabrá que tarde o temprano recibirá una inspección, pero si se establece en Madrid, tiene más posibilidades de pasar inadvertido". Por ello, insisten: "El fraude es global y necesitamos un control también nacional". Estas propuestas, presentadas en el congreso anual de la IHE celebrado en Salamanca, con la participación de más de 650 inspectores, se enmarcan además en el contexto de las negociaciones entre el Gobierno central y Cataluña sobre el nuevo modelo de financiación. Los inspectores temen que una eventual cesión de competencias fiscales a la Generalitat ponga en riesgo la igualdad entre territorios y la coherencia del sistema tributario nacional. El colectivo advierte de que entregar a Cataluña la gestión y recaudación de todos los impuestos, empezando por el IRPF, vulneraría los principios de igualdad y solidaridad recogidos en la Constitución, además de incrementar el fraude y deteriorar la calidad de los servicios públicos. Como alternativa, los inspectores defienden la creación de un Estatuto propio para la Agencia Tributaria, pendiente desde hace más de 20 años. Este marco dotaría al organismo de autonomía orgánica y funcional, lo protegería de la injerencia política y garantizaría su papel como una administración "al servicio de todos". Proponen que el director general sea designado por el Parlamento y no por el Gobierno, y que el órgano directivo cuente con representantes técnicos de todas las administraciones. También reiteran otras demandas históricas, como la "muerte civil" para las empresas defraudadoras o la creación de una policía fiscal especializada. El malestar del cuerpo de inspectores con el proceso de financiación singular para Cataluña es evidente. Denuncian que ya se han tomado medidas -como la creación del Consejo Asesor del Comisionado o la adaptación del marco jurídico de la Agencia Tributaria de Cataluña- sin que exista todavía una base legal aprobada. Sospechan que se podrían estar usando fondos públicos para un proyecto aún inexistente y estudian si podría constituir una posible malversación. A su juicio, "se está construyendo la casa por el tejado", pues antes de modificar la estructura de la agencia catalana debería haberse definido el modelo de financiación. El malestar también se refleja en el ámbito laboral: la asociación asegura que los trabajadores de la Agencia Tributaria en Cataluña viven una creciente inseguridad e incertidumbre, con efectos sobre su salud mental y estabilidad emocional. "Nos preocupa el bienestar de nuestros compañeros. No entendemos que se proteja a los empleados en otros sectores y se ignore a los de la Administración pública", concluyen.

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