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(El País, 04-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba nuevas ayudas a la compra de eléctricos de 400 millones en su hoja de ruta con 25 medidas para el automóvil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este miércoles la nueva estrategia global para el sector del automóvil, tras un año de negociaciones intensas entre la industria -representada por Anfac- y el Ministerio de Industria y Turismo. Este plan, bautizado como Plan Auto 2030, reúne 25 medidas destinadas a guiar la transición hacia el vehículo eléctrico, asegurar el empleo en los próximos años y atraer inversiones tanto en la fabricación de automóviles como en baterías y en el procesamiento de materias primas críticas como el litio, un ámbito hoy dominado casi por completo por China, que controla cerca del 90% del mercado. La intención conjunta del Gobierno y del sector es movilizar alrededor de 30.000 millones de euros en cinco años, de los cuales el Estado aportaría en torno al 16%. Este ambicioso proyecto -sin precedentes en Europa- llega acompañado de un nuevo sistema de incentivos para la compra de coches eléctricos, que reemplazará al Moves y que llevará por nombre Plan Auto+. Contará con un presupuesto de 400 millones de euros y será gestionado directamente por la Administración central, siguiendo el modelo del Plan Reinicia Auto+ aplicado en la Comunidad Valenciana para los afectados por la dana del pasado año. Un cambio relevante es que las comunidades autónomas dejarán de gestionar estas ayudas, algo que ocurría con el Moves y que provocaba retrasos de hasta año y medio en la tramitación, frente al tiempo mucho más ágil registrado en el plan valenciano. "Hemos escuchado las demandas del sector y queremos asegurar mayor rapidez. Lo aprendido con la dana nos ha servido para mejorar", afirmó Sánchez, instando a acelerar el despliegue del coche eléctrico. Aunque estas mejoras son bien recibidas, la industria insiste en que lo realmente necesario es un cambio fiscal que permita que el sistema de ayudas se autofinancie en el futuro. Además, el Plan Auto 2030 contempla el desarrollo de un plan nacional de infraestructura de recarga, que incluirá el lanzamiento del Moves Corredores en 2025, dotado con 300 millones de euros para instalaciones en tramos de carretera con menor cobertura. Más allá de los incentivos al consumidor, la estrategia incorpora iniciativas de gran alcance, como un programa de autonomía estratégica del sector, orientado a atraer proyectos de fábricas de baterías, componentes y nuevos centros de producción de vehículos. Una de las empresas que se baraja como posible inversora es la china BYD, que estudia instalar en España su segunda planta en la UE tras la de Hungría. Para reforzar esta apuesta, el Gobierno continuará con los Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, financiados hasta ahora con los fondos europeos Next Generation. En 2025 se convocará una nueva línea de ayudas por 580 millones. El Ejecutivo quiere también captar inversión en investigación y desarrollo para que España deje de desempeñar un rol meramente ensamblador y genere más valor. "Queremos atraer inversión extranjera que aporte conocimiento y propiedad intelectual. Debemos aprender de quienes van por delante", señaló Josep Maria Recasens, presidente de Anfac y máximo responsable de Renault en España. El plan prevé, además, la creación de un sello "made in Spain" para impulsar la llegada de nuevos fabricantes, incluidas marcas chinas, que actualmente deben afrontar aranceles por importar vehículos desde Asia. Con estas y otras iniciativas, el objetivo es que España alcance una producción anual de 2,7 millones de vehículos -por encima de los 2,37 millones de 2023-, aunque este incremento no se traducirá en más empleo, ya que la fabricación de coches eléctricos requiere menos mano de obra que la de combustión. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó que este plan aporta "estabilidad y confianza" en plena transformación del sector y recordó que esta hoja de ruta responde a un mandato directo del presidente. Recasens, por su parte, subrayó que se trata de un proyecto que combina planificación, regulación e incentivos, "algo que Europa suele hacer por separado". El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, enfatizó que la producción nacional pasará del 12% de vehículos electrificados en 2023 al 100% en 2035, una transformación que describió como "total y definitiva", en la que el automóvil del futuro será "un móvil con ruedas", lo que refuerza la importancia del desarrollo de software. El propósito de la iniciativa conjunta entre Anfac y el Ejecutivo es no solo conservar, sino aumentar el valor añadido del sector, que actualmente ronda los 85.000 millones de euros anuales. Si no se actúa, las estimaciones apuntan a que podría reducirse hasta los 78.000 millones. Para supervisar la evolución del plan, Administración y sector se reunirán anualmente. La meta final es mantener a España como segundo mayor productor de automóviles de Europa -solo por detrás de Alemania- y conservar su posición entre el octavo y noveno puesto mundial, una clasificación que disputa año tras año con Brasil.

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(El Confidencial, 04-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo intervendrá para zanjar el caos de los honorarios de los colegios de abogados

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han vuelto a poner bajo la lupa las sanciones impuestas a varios colegios de abogados por publicar orientaciones sobre honorarios. Si en 2024 el debate giraba en torno a si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tenía autoridad para castigar estas prácticas, ahora las resoluciones derivadas del caso Bankia han dado un salto y están generando decisiones muy diferentes. Barcelona pierde su recurso, A Coruña lo gana y Valencia abre una nueva incógnita que el Supremo tendrá que resolver. En pocas semanas, la Audiencia Nacional ha ratificado la sanción al Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por mantener baremos con tarifas mínimas, mientras que ha revocado la multa impuesta al Colegio de A Coruña (ICACOR) al no quedar demostrado que difundiera el baremo gallego. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo ha decidido estudiar el recurso del Colegio de Abogados de Valencia para aclarar si la nueva Ley de Derecho de Defensa permite a los colegios publicar orientaciones que sirvan para calcular honorarios a efectos de costas, una cuestión que podría tensionar su doctrina reciente. Estas tres decisiones han agitado el panorama judicial y obligan al Supremo a precisar qué tipo de criterios pueden difundir hoy los colegios como simples orientaciones y cuándo esos documentos se convierten en recomendaciones colectivas de precios prohibidas por la normativa de competencia. Todo este proceso se remonta a la denuncia que Bankia presentó hace diez años, en la que señalaba que varios colegios usaban tablas con escalas, porcentajes y mínimos para fijar honorarios en miles de pleitos relacionados con su salida a bolsa. A raíz de aquello, la CNMC impuso multas por 1,47 millones de euros a nueve colegios. La Audiencia anuló parte de esas sanciones al considerar que la competencia debía recaer en las autoridades autonómicas, pero el Tribunal Supremo cerró ese debate en abril de 2024 al determinar que la CNMC sí puede intervenir cuando la conducta tiene impacto más allá de una comunidad autónoma y en un contexto de colegiación única que permite trabajar en todo el país. Tras esa aclaración, la Audiencia Nacional ha tenido que revisar varias de sus decisiones, y este otoño el asunto ha entrado en un punto crítico. La sentencia sobre el ICAB es la más contundente. En su resolución del 4 de noviembre, la Audiencia concluye que el colegio aprobó documentos con precios concretos y reglas que operaban como tarifas mínimas, algo que la ley prohíbe por constituir una recomendación colectiva. El tribunal subraya que el ICAB establecía "cuatro escalas" aplicables según la base de cálculo y que incluía una regla que funcionaba como mínimo de percepción. Para los asuntos sin cuantía determinada, además, fijaba como referencia general los 30.000 euros, cifra que la Audiencia considera un "precio mínimo" claramente anticompetitivo. El ICAB, que ya pagó la sanción en 2018 y ha recurrido el fallo, intentó apoyarse en la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa, que autoriza a los colegios a publicar criterios orientativos a efectos de costas. La Audiencia, sin embargo, descartó este argumento, aunque es muy posible que el asunto llegue al Supremo. El caso de A Coruña es justo lo contrario. En la sentencia del 6 de noviembre, la Audiencia reconoce que el baremo del Consejo Gallego contenía elementos que podrían haber sido problemáticos, pero subraya que no se acreditó que fuera el Colegio de A Coruña quien lo difundió. El documento estaba accesible en la web del Colegio de Vigo, no en la suya. Además, A Coruña había emitido circulares en el pasado dejando claro que los dictámenes debían basarse en el examen individual de cada asunto. Incluso editoriales jurídicas declararon que no recibían esos baremos del colegio coruñés, sino que los localizaban en internet por su cuenta. Ante esta falta de pruebas, la multa queda anulada. El Tribunal Supremo, por su parte, ha dado un paso relevante al admitir el recurso del Colegio de Valencia para interpretar el artículo 6.2.e) de la nueva Ley de Derecho de Defensa, que permite elaborar criterios orientativos para calcular los honorarios a efectos de costas. El Alto Tribunal reconoce que esta disposición podría entrar en colisión con su postura actual, que desde 2023 veta cualquier orientación que incluya cifras o reglas detalladas. Por ese motivo, considera necesario aclarar el alcance de la norma. La decisión abre un escenario completamente nuevo: si el Supremo entiende que la ley flexibiliza el marco, los colegios podrían recuperar cierto margen para publicar referencias numéricas; si mantiene la línea actual, la restricción quedará aún más firme. Barcelona, A Coruña y Valencia son tres ejemplos de un mismo conflicto, que enfrenta la naturaleza de los criterios orientativos, las exigencias de prueba para sancionar y el impacto de la normativa aprobada en 2024. Además, aún queda por resolverse el caso del Colegio de Ávila, y en febrero la Audiencia Nacional ya anuló la sanción al Colegio de Abogacía de Vizcaya -de 125.000 euros- por una razón distinta: no porque la CNMC careciera de competencia, sino porque el expediente no acreditó que el colegio hubiera difundido los baremos del Consejo Vasco.

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(Cinco Días, 03-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las letras a un año siguen al filo del 2% con una demanda sólida de los particulares

Las letras del Tesoro continúan siendo atractivas para los inversores pese a un año marcado por las bajadas de tipos del BCE. El tipo oficial se sitúa ahora en el 2%, tras empezar 2025 en el 3%, y las rentabilidades de las letras han caído en la misma línea. En la última subasta del año, el rendimiento de las letras a doce meses se fijó en el 2,004% y el de las letras a seis meses en el 1,968%, casi igual que en la puja anterior. La demanda por parte de los inversores minoristas sigue siendo fuerte e incluso ha vuelto a crecer, superando los 1.000 millones de euros tanto en el plazo de un año como en el de medio año. En total, el Tesoro ha colocado 4.976 millones de euros en esta subasta -la última del año para esos plazos-, frente a unas solicitudes que sumaron 8.707,8 millones, cifra que no llega a duplicar lo adjudicado. Para las letras a 12 meses, el tipo marginal se mantuvo prácticamente igual que en noviembre (2,004% frente a 2,003%), en consonancia con el tipo de interés del euro, situado en el 2%. En esta modalidad se adjudicaron 3.506,7 millones, tras registrarse peticiones por 5.517,31 millones. En el plazo de seis meses, el tipo marginal quedó en el 1,968%, similar al 1,962% de la subasta anterior. El Tesoro vendió 1.469,6 millones frente a una demanda de 3.190,45 millones. Sobresale el creciente interés de los pequeños ahorradores, que elevaron sus solicitudes hasta 1.064,44 millones, frente a los 754,87 millones de noviembre. En las letras a un año, la demanda minorista también se mantuvo holgadamente por encima de los 1.000 millones, al igual que ocurrió en la subasta previa. Esta última puja del año para letras a seis y doce meses confirma que el interés del pequeño inversor por este tipo de producto continúa fuerte, aunque las rentabilidades hayan bajado y ya no superen la inflación. En noviembre, el IPC fue del 3%, un punto por encima del rendimiento actual de estas letras. El ahorro más prudente afronta así el desafío de no perder poder adquisitivo, especialmente teniendo en cuenta que se mantiene centrado en activos de baja rentabilidad, incluso en un año excepcional para la Bolsa española. Además, las previsiones apuntan a que el BCE mantendrá los tipos en el 2% o incluso podría recortarlos más, sin expectativas de subidas. Los ahorradores particulares españoles conservan más de 20.000 millones de euros en letras del Tesoro, aproximadamente una cuarta parte del total en circulación. En cuanto a los fondos de inversión, las fuertes entradas de dinero este año se han dirigido principalmente a productos muy conservadores. Las suscripciones netas alcanzan 31.034 millones en lo que va de ejercicio, la cifra más alta en 11 años, y el 99% se ha invertido en fondos monetarios o de renta fija.

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(Cinco Días, 03-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Economía retrasa la plena aplicación del reglamento MiCA hasta julio de 2026

La industria cripto en España puede respirar más tranquila este miércoles. A pocas semanas de que se cumpla el primer año del reglamento MiCA -la normativa que regula los criptoactivos en la Unión Europea-, la ESMA ha actualizado el listado oficial de los periodos transitorios y el Ministerio de Economía ha decidido ampliar de 12 a 18 meses el plazo para adaptarse a esta regulación. De este modo, las compañías que ya operaban antes de enero de este año y aún no hayan obtenido la licencia podrán continuar funcionando hasta julio de 2026. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) gana así margen para tramitar las 24 solicitudes pendientes, 22 de proveedores de servicios cripto y dos de entidades bancarias. Aunque MiCA fija un periodo máximo de 18 meses para que los países adapten y apliquen la normativa a los proveedores que ya operaban bajo su legislación nacional antes del 30 de diciembre de 2024, Bruselas dejó libertad a cada Estado para acortar ese tiempo si lo consideraba oportuno. La mayoría optó directamente por los 18 meses, mientras que algunos, como Polonia o Suecia, redujeron el plazo a seis y nueve meses, respectivamente. En España, el Ministerio de Economía anunció en verano de 2023 que apostaría por un periodo de solo un año, que debía finalizar en diciembre. La entonces vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defendió que esta decisión permitiría a la CNMV comenzar a supervisar antes y contribuiría a ofrecer "seguridad jurídica y mayor protección a los inversores". Sin embargo, para que ese plazo fuera efectivo era necesario modificar la normativa española, un trabajo que dependía del Ministerio de Economía y que nunca llegó a materializarse. Esto causó inquietud en el sector durante las últimas semanas, ya que existía el temor de que algunas empresas que operaban antes de diciembre de 2024 tuvieran que detener su actividad hasta obtener la licencia MiCA. Desde Economía señalan que finalmente se ha optado por mantener el periodo máximo para garantizar "una transición adecuada". De haberse mantenido el límite de 12 meses a última hora, algunas firmas podrían haberse visto obligadas a parar su actividad, pese a estar inscritas en el registro del Banco de España -que supervisaba a los proveedores cripto en materia de prevención de blanqueo antes del traspaso de funciones a la CNMV- o a haber solicitado ya la licencia MiCA. El silencio del Ministerio llevó a parte del sector a asumir que el Gobierno daría marcha atrás y ampliaría el periodo a los 18 meses previstos como máximo por MiCA. Así ha ocurrido finalmente. Aunque la industria celebra disponer de más tiempo para adaptarse, critica que Economía no formalizara a tiempo su decisión inicial mediante una norma con rango de ley. Desde el Ministerio admiten que, de haberse seguido adelante con el plazo más breve, algunas entidades habrían tenido que transferir sus clientes a compañías ya autorizadas en España o en otro país de la UE, con los riesgos y perjuicios que ello podría conllevar. Tampoco era el mejor escenario para la CNMV, que afronta decenas de expedientes atascados y difícilmente hubiera podido resolverlos antes de final de año. El organismo ya reconoció en octubre que el proceso de concesión de licencias MiCA está siendo más complejo y lento de lo previsto, tanto por las exigencias regulatorias para los grandes proveedores como por la evolución constante del mercado y los servicios que ofrecen. "Con tantos expedientes pendientes, la CNMV también salía perjudicada. Disponer de unos meses adicionales le viene bien para poner al día todas las solicitudes", señala una fuente del sector. Además, el supervisor se enfrentaba a la posibilidad de abrir procedimientos sancionadores a aquellas plataformas que, habiendo pedido la licencia pero sin haberla obtenido todavía, continuaran operando más allá del periodo transitorio fijado por la Comisión Europea, que concluye en julio de 2026. España no es el único país que ha ampliado el plazo inicialmente previsto. Lituania, por ejemplo, había fijado en un primer momento un periodo transitorio hasta el 1 de junio de 2025, pero finalmente lo ha extendido hasta el 30 de diciembre ante la preocupación del sector y para evitar que algunas firmas tuvieran que suspender su actividad mientras tramitaban la licencia. Desde ESMA recuerdan que, una vez concluido el periodo transitorio, cualquier entidad que no disponga de una licencia MiCA deberá cesar su actividad en la UE y subrayan la importancia de una coordinación temprana y estrecha entre todas las partes implicadas para minimizar los efectos negativos del fin de estos periodos.

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(El País, 03-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La OCDE alerta de que el crecimiento económico global seguirá siendo “frágil”

La economía mundial ha conseguido absorber mejor de lo previsto el impacto de los nuevos aranceles y la incertidumbre geopolítica derivados de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, persisten varios riesgos que ensombrecen las perspectivas de los próximos años. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala como amenazas un posible repunte del proteccionismo que frene el comercio internacional, una corrección brusca de las elevadas valoraciones bursátiles -infladas por los beneficios empresariales asociados al auge de la inteligencia artificial- y los fuertes desequilibrios fiscales acumulados, que podrían encarecer la deuda pública y lastrar el crecimiento. "El panorama sigue siendo delicado", resume el organismo con sede en París en su más reciente informe de previsiones económicas, publicado este martes. Con este contexto, la OCDE mantiene sin cambios sus estimaciones de crecimiento global: prevé una ralentización durante los dos próximos años y un ligero repunte posterior. Calcula que el PIB mundial crecerá un 3,2% en 2025, retrocederá al 2,9% en 2026 y volverá a repuntar al 3,1% en 2027. La eurozona continuará avanzando a un ritmo débil, algo por encima del 1% interanual. Estados Unidos tampoco destacará: tras el 2% previsto para este año, se espera un crecimiento del 1,7% en 2026 y del 1,9% en 2027. Junto con estas proyecciones, la organización vuelve a pedir que se protejan los mercados abiertos y se mantengan los flujos de intercambio internacional. En sus Perspectivas económicas, insiste en que "el diálogo constructivo entre países es esencial para lograr una solución estable a las tensiones comerciales y mejorar las expectativas económicas". Según la OCDE, un mercado global abierto y operativo "favorece niveles de vida más altos y un crecimiento más sólido". El llamamiento a favor del libre comercio llega acompañado de previsiones menos optimistas para el comercio mundial. Tras una expansión estimada del 4,2% este año, la OCDE pronostica una caída hasta el 2,3% en 2026 y una recuperación moderada al 2,8% en 2027. "Dado el frágil contexto económico global, los países deben intensificar sus esfuerzos para mantener un diálogo que permita resolver las tensiones comerciales y reducir la incertidumbre política", recalcó el secretario general, Mathias Cormann, durante la presentación del informe. España vuelve a situarse entre los países con mejores perspectivas de crecimiento. La OCDE mantiene sus previsiones: un avance del 2,9% en 2025, del 2,2% en 2026 y del 1,8% en 2027. Aunque se trata de tasas descendentes, todas superan ampliamente la media de la eurozona. El informe atribuye este buen comportamiento a "la sólida creación de empleo y al crecimiento de los salarios reales", que seguirán sosteniendo el consumo, así como al impulso de la inversión derivado de los fondos europeos. No obstante, el organismo repite las advertencias ya señaladas en su informe específico sobre España: los desequilibrios fiscales siguen siendo importantes, especialmente por el elevado nivel de deuda pública, que pese a haber bajado desde los picos de la pandemia continúa cerca del 100% del PIB. Además, las presiones de gasto a largo plazo -por el envejecimiento demográfico y el aumento del coste de las pensiones- suponen un riesgo significativo. Por ello, la OCDE reclama medidas para contener el gasto en pensiones, recortar partidas ineficientes y reforzar los ingresos públicos. También propone facilitar el entorno empresarial para estimular la inversión y la productividad, reduciendo cargas administrativas y regulatorias y armonizando normativas entre distintos niveles de la administración.

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(El Economista, 03-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor acelera en diciembre: escala a máximos de abril y amenaza con la quinta subida mensual

El euríbor diario a doce meses ha arrancado diciembre con una notable intensidad. En apenas dos sesiones ha repuntado un 2%, pasando del 2,209% al 2,244%, un salto muy significativo dado el estrecho rango en el que suele moverse este indicador. De hecho, el aumento registrado en estos dos días equivale prácticamente al avance completo de los últimos meses. Este brusco movimiento inicial parece responder a un reajuste de las entidades financieras ante la expectativa de que el Banco Central Europeo mantenga los tipos estables durante un largo periodo. Hasta hace poco, el mercado aún descontaba la posibilidad de un recorte adicional por parte del BCE. De hecho, el mercado de swaps -instrumento utilizado por los inversores para protegerse de las variaciones en los tipos de interés- sigue reflejando más probabilidades de una bajada que de una subida. Aunque hace tiempo que se descartó el último recorte que habría reducido los tipos desde el 2% actual hasta el 1,75%, tampoco se aprecia una inclinación hacia un ciclo alcista por parte del banco central. Según el índice de Bloomberg sobre swaps, apenas se asigna un 15% de opciones a que el BCE reduzca tipos en algún momento de 2026. Tampoco los futuros del euríbor -otra referencia clave para los inversores- apuntan a un sesgo al alza, al menos hasta finales de 2027. Para el vencimiento de diciembre de ese año, estos futuros sitúan el índice en torno al 2,25%, lo que puede interpretarse como el momento en el que el BCE empezaría a plantearse subir el precio del dinero. Hasta entonces, la curva de futuros permanece prácticamente plana en torno al 2%. Los indicios de que el euríbor pueda seguir alejándose de los tipos oficiales del BCE son escasos. El indicador de referencia de las hipotecas variables tiende a mantenerse muy cercano a las decisiones del banco central. En la actualidad, los 24 puntos básicos de diferencia respecto al tipo oficial están en línea con la media de la última década. Desde mediados de 2024, con la entrada en juego de los tipos negativos, la tasa de depósitos del BCE se ha convertido en la principal referencia. El diferencial medio ha sido de unos 27 puntos básicos. En pleno ciclo de subidas, el euríbor llegó a situarse más de 150 puntos básicos por encima del tipo oficial. Si el euríbor no se relaja en diciembre, encadenará su quinta subida mensual consecutiva. Con el nivel actual del 2,24%, todavía no implicará un aumento de las cuotas hipotecarias para quienes revisen su préstamo anualmente, ya que en diciembre del año pasado el índice estaba en el 2,436%. Sin embargo, las hipotecas con revisión semestral sí están notando este repunte: el euríbor lleva cuatro meses consecutivos al alza y podría sumar un quinto si se mantiene la tendencia. Este comportamiento está relacionado en parte con unos datos de inflación peores de lo previsto. En noviembre, la inflación de la eurozona subió al 2,2% desde el 2,1% de octubre. Este leve repunte, inesperado, refuerza la idea de que el BCE no considerará una bajada de tipos a corto plazo. El euríbor se mueve principalmente en función de las expectativas del mercado sobre la actuación futura del BCE, y este dato apunta a una prolongación del tipo oficial en el 2%. El BCE también ha publicado su encuesta de consumidores de noviembre, y los hogares no esperan que los precios se moderen. Prevén una inflación del 2,8%, una décima más que en octubre, algo que preocupa al BCE por sus posibles consecuencias. Además, los cambios de mes suelen provocar movimientos significativos en el euríbor. Entre septiembre y octubre subió un 2,79% en solo cuatro días, y entre agosto y septiembre avanzó un 3,39% también en cuatro sesiones. Al fin y al cabo, el euríbor refleja el coste de los préstamos entre bancos, y los ajustes que realizan a principio de mes pueden generar tensiones temporales.

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(El Confidencial, 03-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Notarios y registradores se echan la culpa del retraso en los procesos con firma notarial

Nuevo episodio en el conflicto entre notarios y registradores. Ambos colectivos se responsabilizan mutuamente de los retrasos en las firmas notariales y del colapso que se vive en numerosas notarías, donde resulta complicado conseguir una cita a corto plazo. Los notarios necesitan acceder a las notas de información continuada para revisarlas y poder dirigir operaciones como compraventas u otros trámites que requieren su firma. Sin embargo, fuentes notariales aseguran que ahora este proceso se ha ralentizado porque se ha eliminado el canal directo de comunicación que existía entre ambas partes. Como consecuencia -afirman-, las notarías tardan más en recibir la información y los registradores estarían incumpliendo la ley. Desde el lado de los registradores, en cambio, sostienen que sí existe un canal que permite obtener estos datos sin demoras y en tiempo real. Hasta el 9 de mayo de 2024, fecha en la que entró en vigor la reforma de la Ley Hipotecaria derivada de la Ley 11/2023, funcionaba un sistema específico de comunicación entre notarios y registradores. A través de él, los notarios podían solicitar notas de información continuada (similares a las notas simples) mediante telefax, conectados a la sede electrónica registral y usando un software propio. El trámite era inmediato y lo realizaba el notario o un empleado de la notaría. Pero hace año y medio los registradores decidieron suprimir este mecanismo. Desde entonces, los notarios deben pedir esa información igual que cualquier ciudadano, mediante un contrato de adhesión como "usuario abonado". Al no existir ya un acceso directo, se generan retrasos, según denuncian fuentes notariales, especialmente porque cada notaría solo dispone de un usuario para solicitar documentos. Los notarios consideran que los registradores están vulnerando la normativa, incumpliendo el artículo 111 ter de la Ley 24/2001, que obliga a garantizar la interoperabilidad entre las sedes electrónicas registral y notarial. En cualquier caso, lo cierto es que cada vez resulta más difícil obtener una cita en las notarías. Tanto notarios como registradores reconocen que existe un atasco en los procedimientos, aunque se culpan mutuamente del problema. El Colegio de Registradores niega las acusaciones y afirma que "lo planteado por los notarios no se ajusta en absoluto a la realidad", asegurando que existe un canal exclusivo para notarios y que diariamente se tramitan de forma electrónica decenas de documentos y cientos de notas continuadas en tiempo real según lo previsto en el artículo 222.9 de la Ley Hipotecaria. Añaden además que este sistema "elimina cualquier posible retraso" y que el Colegio ha cumplido en plazo todos los acuerdos alcanzados con los representantes de los notarios ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Los notarios lo desmienten, insistiendo en que están utilizando el mismo canal que los demás usuarios. Este intercambio de reproches supone un nuevo episodio en la larga disputa entre ambos colectivos. Los notarios ya han presentado miles de recursos relacionados con el coste de las notas simples y han interpuesto una demanda contra el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia por considerar que no se está cumpliendo la ley que obliga a digitalizar todos los procesos. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite la demanda presentada por los notarios, tras rechazar las alegaciones de la Abogacía del Estado, al entender que podrían estar incumpliéndose los requisitos de digitalización establecidos en la Ley 11/2023 para los procedimientos notariales y registrales.

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(Expansión, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE adopta inteligencia artificial para revolucionar su supervisión

Tras un año de ensayos, el Banco Central Europeo (BCE) ha conseguido incorporar con éxito a su actividad cotidiana diversas herramientas basadas en inteligencia artificial para reforzar la parte más compleja de su labor: la supervisión de los bancos de la zona euro. Bajo la presidencia de Christine Lagarde, la institución avanza en la revolución tecnológica, aunque insiste en que las decisiones deben permanecer siempre en manos humanas. La IA servirá como apoyo al trabajo de los supervisores, al tiempo que se vigilan los nuevos riesgos que estas tecnologías plantean. Pedro Machado, miembro del Comité de Supervisión Bancaria del BCE, señala que la supervisión del futuro no consistirá en máquinas evaluando a los bancos, sino en personas que, gracias a estas herramientas, podrán trabajar con mayor eficiencia y dedicar más tiempo a los aspectos en los que aportan un mayor valor. Los equipos encargados de la supervisión empezaron a explorar y probar sistemas de IA en 2024, dentro de la División de Tecnología e Innovación creada cuatro años antes. Aunque la investigación continúa, el BCE ya ha detallado varios ámbitos en los que la IA está siendo útil. Delphi facilita la identificación temprana de riesgos emergentes para todo el sistema bancario. Reúne indicadores de mercado e información procedente de redes sociales en un único panel digital, lo que permite comprender en tiempo real cómo evolucionan las amenazas que pueden afectar a cada entidad. Medusa funciona como un punto centralizado para los equipos que trabajan en hallazgos y medidas supervisoras. Ofrece búsquedas inteligentes, generación de informes, visualizaciones y análisis estadísticos, lo que simplifica el acceso a la documentación relevante. Con ello, los supervisores pasan de dedicar tiempo a recopilar información a centrarse en verificarla y extraer conclusiones, lo que se traduce en un uso más eficiente de recursos y un análisis más profundo. Heimdall, una de las herramientas más conocidas, agiliza las evaluaciones de idoneidad al leer los cuestionarios remitidos por los bancos, traducirlos cuando es necesario y resaltar los fragmentos más importantes. No toma decisiones, pero facilita el trabajo previo para que los especialistas puedan concentrarse en los casos que requieren mayor criterio profesional. Navi, por su parte, permite representar con claridad las relaciones de propiedad y financiación dentro de los grupos bancarios. Cuando los riesgos se transmiten a través de estructuras complejas, esta herramienta ofrece visualizaciones que superan lo que es posible mostrar en hojas de cálculo. Según el supervisor, el mayor valor de la IA es su capacidad para procesar información masiva y conectar múltiples fuentes relevantes, filtrando grandes volúmenes de texto, identificando patrones y extrayendo temas de interés. No obstante, el BCE reconoce que estas tecnologías conllevan desafíos vinculados a la precisión, la transparencia y el pensamiento crítico. Los modelos pueden producir errores convincentes, algo especialmente delicado en un ámbito donde la información debe ser totalmente fiable. También existe el riesgo de que los supervisores pierdan habilidades analíticas si dependen demasiado de la IA, por lo que se impulsa la formación continua y una cultura de revisión y contraste. A pesar de estas amenazas, Machado subraya que estas herramientas son necesarias para adaptarse a un entorno financiero cada vez más complejo. Además, recalca que el BCE seguirá explorando la IA de manera responsable y bajo estrictos controles.

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(Expansión, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los países de la UE urgen fondos europeos para la crisis de vivienda

La crisis de la vivienda se ha convertido en un asunto que, desde hace meses, preocupa a toda Europa. Los desafíos son similares en las zonas más tensionadas y las instituciones comunitarias buscan acuerdos y soluciones que permitan a los Estados miembros afrontar el problema. Ayer, durante la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores -en la que participaron los ministros de Vivienda- los países de la UE expusieron sus demandas. En Bruselas, los responsables políticos reclamaron financiación y fondos europeos para combatir esta situación, además de poner el foco en cómo aumentar la oferta mediante nuevos incentivos a la construcción, sin renunciar a los objetivos medioambientales y de inclusión social. Según explicó Sophie Hæstorp Andersen, ministra danesa de Asuntos Sociales y Vivienda, la Unión Europea pide a la Comisión que presente un plan amplio de vivienda asequible que dé prioridad a la financiación, la edificación sostenible, la planificación urbana y la integración social, siempre respetando las particularidades de cada país miembro. Esta declaración constituye una señal política dirigida a la Comisión Europea, que el próximo 16 de diciembre presentará su Plan de Vivienda Asequible, con propuestas legislativas destinadas a aliviar un problema que genera un fuerte malestar entre los ciudadanos. Aunque Hungría bloqueó el consenso unánime en el Consejo, fuentes diplomáticas citadas por EXPANSIÓN sostienen que el respaldo de 26 países debería bastar para que la Comisión actúe en consecuencia. Desde 2015, los precios de la vivienda en la UE han subido de media un 60%, con aumentos superiores al 200% en algunos países. En ese mismo periodo, los salarios han crecido apenas un 20%, lo que ha mermado la capacidad de las familias para comprar una vivienda, mientras que el alquiler continúa encareciéndose. Pese a que los ministros insistieron en que la política de vivienda sigue siendo competencia nacional, también coincidieron en que la Comisión puede reforzar los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno facilitando el acceso a financiación comunitaria. España ha sido uno de los principales impulsores de este debate dentro de la UE. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, fue más allá de la petición conjunta de financiación y reclamó un plan europeo específico para la vivienda, dotado de recursos ambiciosos. Rodríguez defendió que el modelo a seguir debe ser el Next Generation EU, un paquete excepcional de fondos que ayudó a los países más afectados por la pandemia mediante subvenciones y préstamos destinados a la transición ecológica y digital. En su opinión, un uso adecuado de los recursos europeos podría servir para crear un verdadero parque público de vivienda y garantizar su protección a largo plazo. La ministra destacó que esta labor requiere la implicación de todas las administraciones -ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno de España-, pero también de las instituciones europeas, que deben ofrecer una respuesta a una crisis de alcance global. Además de pedir fondos, Rodríguez reclamó modificaciones normativas que permitan un mayor grado de intervención en el mercado, especialmente en las zonas tensionadas. Varios países buscan bases legales para poder introducir excepciones a las reglas de libre mercado de la UE, sobre todo respecto a la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros o al alquiler turístico de corta duración. La ministra subrayó que España quiere atraer inversión en vivienda, pero no con fines especulativos. Hizo un llamamiento a promotores e inversores sociales para que apuesten por construir vivienda asequible, asegurando que contarán con apoyo público en forma de ayudas y financiación.

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(Expansión, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La industria de la eurozona entra en recesión lastrada por Alemania y Francia

El retroceso de la actividad industrial en las dos principales economías de la eurozona está empujando al conjunto del sector manufacturero hacia la contracción, a pesar de que países como España e Italia muestran una mayor capacidad de resistencia. La evolución económica del bloque continúa generando más preocupaciones que noticias positivas, principalmente por la profunda crisis que atraviesan Alemania y Francia. El comercio exterior acusa los efectos del desfavorable acuerdo arancelario con Estados Unidos, lo que se traduce en una caída del 7,1% de las exportaciones en el segundo trimestre y del 0,8% en el tercero, así como en la reducción del superávit comercial, que se ha recortado desde los 54.000 millones de euros del primer trimestre hasta poco más de 28.000 millones en el tercero. Esta debilidad en el intercambio de bienes, marcada por un entorno geopolítico y económico incierto, también golpea a la industria europea debido a la disminución continuada de nuevos pedidos, síntoma de una demanda interna y externa en retroceso. Los índices PMI de noviembre, publicados ayer por S&P Global, reflejan con claridad este deterioro. El indicador manufacturero de la eurozona descendió hasta los 49,6 puntos desde los 50 de octubre, su nivel más bajo en cinco meses, entrando de lleno en zona de contracción. Con ello se confirma el impacto que la incertidumbre global y la tensión comercial con Estados Unidos -pese al acuerdo alcanzado con la Administración Trump- están ejerciendo sobre el sector productivo europeo. Aunque la debilidad tiende a extenderse, la mayor preocupación se concentra en Alemania y Francia, que juntas representan cerca del 40% del PIB del área del euro. En otros países el sector logra mantenerse ligeramente por encima de los 50 puntos, el umbral que separa la expansión de la contracción. Entre ellos figura España, donde la industria continúa creciendo aunque a un ritmo más moderado. Aun así, la situación de las dos grandes economías pesa tanto sobre el conjunto de la eurozona que obliga al bloque a retroceder. Mientras Irlanda (52,8 puntos), Grecia (52,7), Países Bajos (51,8) y España (51,5) se mantienen en terreno expansivo, Alemania cae hasta los 48,2 puntos y Francia hasta los 47,8, en ambos casos sus peores registros en nueve meses, lo que evidencia un empeoramiento de sus perspectivas industriales. En Alemania, las encuestas empiezan a revelar un creciente desencanto empresarial con la actuación del Ejecutivo federal, acompañado de una sensación de resignación sobre la capacidad del país para recuperarse, según explicó Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank, que colabora con S&P Global en la elaboración de los PMI. Aunque recuerda que el ambicioso plan inversor previsto para Defensa e infraestructuras -que podría alcanzar el billón de euros en diez años- representa una oportunidad para reactivar la economía, lo cierto es que Alemania continúa estancada: su PIB no avanzó en el tercer trimestre tras caer un 0,2% en el segundo. En Francia, el panorama tampoco resulta alentador debido a la prolongada inestabilidad política, que está llevando a muchas empresas a aplazar decisiones de inversión. El PIB repuntó hasta el 0,5% en el tercer trimestre, dos décimas más que en el anterior, pero la falta de claridad en las políticas económicas está lastrando a su industria, que intensifica su ritmo de caída y registra un descenso del empleo por primera vez desde abril del año pasado. Con las industrias de las dos mayores economías del euro gripadas, las fábricas de España y, en menor medida, de Italia, se erigieron en noviembre en "rayos de esperanza" para el sector manufacturero del bloque de la moneda única gracias al aumento de la entrada de nuevos pedidos, lo que sugiere que "la producción seguirá expandiéndose en estos países durante los próximos meses", según el último informe de S&P Global sobre los índices PMI, correspondiente a noviembre. En el caso español, el PMI de su sector manufacturero se situó en 51,5 puntos, en terreno de expansión pero 6 décimas por debajo de los 52,1 registrados en octubre y su mínima de dos meses. Esto es, el sector manufacturero español resiste y sigue creciendo, pero a menor ritmo, con las empresas reacias a nuevas contrataciones y con bajadas de precios para espolear las ventas, lo que quiere decir que su crecimiento "se produjo en parte debido a una disminución de los márgenes de beneficios".

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