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(Expansión, 23-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid copa el 51% de la inversión extranjera en España, más del doble que Cataluña

Tras el fuerte retroceso registrado en 2025, la inversión extranjera en España mostró una recuperación en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 22,5% entre enero y marzo, hasta alcanzar los 6.566 millones de euros. De esa cifra, 3.367 millones se dirigieron a Madrid y 1.541 millones a Cataluña. La economía también está muy influida por la confianza, y en los últimos años el ánimo de los inversores internacionales ha oscilado notablemente debido al impacto de crisis sucesivas como la pandemia, la guerra en Ucrania o el conflicto en Oriente Próximo. Este contexto de incertidumbre ha frenado en muchos casos la toma de decisiones de inversión. En España, además, han pesado factores internos como la inestabilidad política, la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023 y el desgaste del Gobierno por diversos casos de corrupción, elementos que no favorecen la llegada de capital extranjero. Con este escenario de fondo, la inversión extranjera en España cayó más de un 19% en 2025, situándose en 32.011 millones de euros, incluyendo la financiación intragrupo. Sin embargo, el arranque de 2026 refleja una mejoría. Entre enero y marzo, la inversión extranjera bruta -sumando aportaciones de capital, patrimonio y financiación intragrupo- alcanzó los 6.566 millones de euros, según los datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio. Este repunte supone un alivio tras el mal dato del año anterior, aunque todavía será necesario observar cómo evolucionan las cifras del segundo trimestre, especialmente tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo, que ha llevado a muchas empresas a aplazar decisiones estratégicas. Madrid volvió a concentrar la mayor parte del capital extranjero invertido en España. La comunidad recibió 3.367 millones de euros en el primer trimestre, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa más del 51% del total nacional. En otras palabras, uno de cada dos euros de inversión extranjera que llegó al país tuvo como destino Madrid. La región ha consolidado durante años un entorno favorable para la actividad empresarial, apoyado en estabilidad institucional, menor presión fiscal y una reducción progresiva de trabas administrativas. La inversión captada por Madrid más que duplicó la recibida por Cataluña, aunque esta última experimentó una mejora destacable. Cataluña atrajo 1.541 millones de euros entre enero y marzo, más del doble que un año antes y equivalente a más del 23% del total nacional. Se trata de una cuota poco habitual para la comunidad, que en 2025 no alcanzó el 15% y en 2024 se situó en el 13,4%. A pesar de esta recuperación, la distancia respecto a Madrid sigue siendo considerable. Esto refleja que el deterioro de la confianza empresarial derivado del proceso independentista, especialmente desde octubre de 2017, continúa teniendo efectos prolongados. Ese mismo año, Madrid superó a Cataluña como principal economía regional del país, al tiempo que numerosas empresas trasladaron sus sedes fuera de territorio catalán. Ese movimiento, aunque con distinta intensidad según el periodo, todavía persiste. Tras cerrar 2025 con una pérdida neta de 115 empresas, debido a que salieron más compañías de las que se instalaron, Cataluña comenzó 2026 manteniendo esa tendencia negativa. Hasta marzo, registró un saldo negativo de 61 empresas, encabezando nuevamente la pérdida de tejido empresarial entre las comunidades autónomas, según el Colegio de Registradores. Después de Madrid y Cataluña, que concentraron conjuntamente cerca del 75% de toda la inversión extranjera recibida en España hasta marzo, la Comunidad Valenciana ocupó el tercer lugar con 486,8 millones de euros. Le siguieron Castilla y León, con 289,5 millones, y Andalucía, con 197,5 millones. En contraste, el País Vasco y Navarra, pese a su fuerte perfil industrial, captaron solo 69 y 24 millones respectivamente. En cuanto al origen del capital, Estados Unidos se mantuvo como el principal inversor extranjero en España pese a las tensiones políticas entre la administración de Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez, así como al impacto de la guerra arancelaria. Entre enero y marzo, llegaron desde EEUU 1.359 millones de euros, lo que equivale al 20,6% del total y supone un aumento del 60,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto confirma la fortaleza de las relaciones económicas entre ambos países, con inversiones cruzadas acumuladas que alcanzan los 213.000 millones de euros. Tras Estados Unidos, los mayores inversores fueron Reino Unido, con 1.251 millones; Francia, con 1.162 millones; y Corea del Sur, con 563 millones. Por sectores, el mayor interés inversor se concentró en telecomunicaciones e informática, que recibieron 1.265 millones de euros. A continuación se situaron el comercio mayorista y minorista, con 1.222 millones; la industria manufacturera, con 939 millones; y las actividades artísticas, deportivas y de ocio, que atrajeron 887 millones.

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(Expansión, 23-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España toma posiciones como sede arbitral de litigios internacionales

España afianza progresivamente su posición como sede de arbitraje internacional, con un aumento en el número de casos y con reformas orientadas a reforzar su competitividad y transparencia. No obstante, el marco jurídico actual sigue llevando a muchos inversores a preferir jurisdicciones fuera de la Unión Europea para ejecutar laudos arbitrales contra el Estado español, según el informe Arbitration Year in Review 2025. Pese a esta evolución positiva, España aún se sitúa lejos de los principales centros arbitrales del mundo. Un estudio elaborado por Queen Mary University of London y White & Case muestra que solo el 2% de las partes eligen España como sede arbitral, frente al 34% que opta por Londres, que continúa liderando este mercado. Los litigios vinculados a las energías renovables siguen siendo el principal foco del arbitraje relacionado con España. Estas disputas tienen su origen en la eliminación retroactiva de incentivos al sector aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Como consecuencia, se han acumulado 52 reclamaciones bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía. Hasta la fecha, España ha perdido 27 de los arbitrajes iniciados, aunque en numerosos casos ha presentado recursos. Según los autores del informe -María Victoria Gómez, socia de White & Case; Francisco Mateo Pavía, vinculado a la Corte de Arbitraje del Deporte; y Pedro Aránguez, investigador de la Universidad Carlos III de Madrid- España figura entre los países con menor grado de cumplimiento en arbitrajes de inversión, con 15 laudos pendientes de pago de un total de 24, por un importe conjunto de 1.500 millones de dólares. El estudio destaca avances relevantes en la ejecución de laudos de inversión, en la evolución de la jurisprudencia española sobre arbitraje y en las iniciativas legislativas destinadas a fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La resistencia del Estado al pago de ciertos laudos suele apoyarse en la invocación de la inmunidad soberana, una postura que contrasta con la de países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia. Aunque España abandonó formalmente el Tratado sobre la Carta de la Energía el 17 de abril de 2025, una cláusula de supervivencia mantiene protegidas las inversiones previas durante veinte años más, hasta 2045. Actualmente existen 33 resoluciones desfavorables para España, cuyo valor total asciende a 2.333 millones de euros, incluyendo intereses, costas procesales y honorarios. Dentro de la Unión Europea, la ejecución de laudos continúa encontrando obstáculos por el marco legal comunitario y por la interpretación de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado. Un ejemplo es el caso del laudo de 101 millones de euros favorable a Antin, cuyo pago fue cuestionado al poder considerarse una ayuda pública incompatible con la normativa europea. Fuera de la UE, España mantiene diversos frentes judiciales abiertos. En Reino Unido, los tribunales resolvieron en octubre pasado que los derechos derivados de un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones no pueden transferirse a terceros. En Australia, la Corte Federal autorizó la ejecución de laudos por 470 millones de euros al entender que España renunció a la inmunidad soberana al ratificar el convenio del Ciadi y no puede ampararse en el derecho comunitario. También se aprecia un primer gesto de cumplimiento por parte del Estado tras el pago de 32 millones de euros en junio de 2025 a Blasket, una firma extracomunitaria para la que no resultan aplicables las restricciones europeas sobre ayudas de Estado. El informe subraya además la consolidación de Madrid como centro arbitral emergente y destaca dos casos de especial relevancia. El primero enfrenta a Cabify con Auro y gira en torno a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para aclarar el alcance del control judicial sobre laudos que afectan a normas imperativas de la UE. El segundo confirma la condena a un árbitro en el conflicto entre los herederos del sultán de Joló y Malasia, reforzando el criterio de que la independencia arbitral no permite ignorar órdenes judiciales. En paralelo, España ha impulsado reformas en la Corte Española de Arbitraje y en el Tribunal Arbitral de Barcelona, medidas que refuerzan su atractivo como sede arbitral. Además, se han introducido cambios legales que favorecen el recurso al arbitraje antes de acudir a los tribunales para resolver disputas comerciales y civiles. En el caso de la Corte Española de Arbitraje, las nuevas normas vigentes desde enero incorporan un procedimiento opcional de impugnación previa a la firmeza del laudo y un sistema acelerado que permite resolver controversias simples en un plazo de tres meses desde la demanda. Por su parte, el Tribunal Arbitral de Barcelona incorporó en 2025 la figura del árbitro de urgencia y un examen preliminar sobre la existencia y validez del convenio arbitral.

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(La Vanguardia, 23-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España rozará la plena ocupación este verano pese a la subida de precios

España se encamina hacia un nuevo verano récord en turismo, con niveles de ocupación muy elevados y los precios más altos registrados hasta ahora. Factores como el conflicto en Irán, la percepción de España como un destino seguro, la volatilidad en el precio de los vuelos o incluso fenómenos puntuales como el eclipse están influyendo en la demanda. Actualmente, una escapada de ida y vuelta entre Barcelona y Ámsterdam para dos adultos y dos niños, incluyendo una maleta facturada y tres noches en un hotel de cuatro estrellas céntrico, ronda los 2.050 euros. Por su parte, una estancia de tres noches en un hotel de cuatro estrellas en primera línea de playa en Tossa de Mar, con media pensión, alcanza los 2.300 euros. Las previsiones del sector apuntan a un aumento de precios de entre el 4% y el 6%, acompañado de tasas de ocupación superiores al 85%, con picos que en algunos destinos superarán el 90%. Respecto al conflicto en Oriente Medio, el sector turístico mantiene una actitud prudente, aunque reconoce que España se está beneficiando al consolidarse como una alternativa segura frente a destinos más inestables. Un informe de Oxford Economics prevé que España atraerá demanda adicional en 2026, ya que muchos viajeros optarán por destinos europeos más cercanos. El dinamismo turístico también se refleja en el mercado inmobiliario hotelero. Según Oxford Economics, los hoteles en España ofrecerán una rentabilidad media anual del 7,1% durante los próximos cinco años, situándose como el segundo segmento inmobiliario más rentable, solo por detrás del comercio minorista. Además, el valor de los activos hoteleros ha crecido un 26% en los últimos cinco años, incluyendo una subida del 7,1% en el último ejercicio. Las operaciones hoteleras ya representan el 22% de las transacciones de inmuebles comerciales en España, con un interés creciente por establecimientos de servicio completo. Barcelona destaca especialmente en este contexto. Tras una recuperación más lenta por la presión social contra la masificación turística, Oxford Economics estima que las pernoctaciones en la ciudad aumentarán un 10,1% este año, lo que permitiría recuperar plenamente la actividad prepandemia a finales de 2026. Desde Hesperia World calculan cerrar julio y agosto con un incremento de ingresos cercano al 7%. Sus reservas actuales ya reflejan un crecimiento aproximado del 3% en julio y del 5% en agosto respecto al verano anterior. Iberostar señala que las reservas en Europa avanzan a doble dígito y que España lidera el crecimiento con un 12%, especialmente en Islas Baleares y Islas Canarias. Por su parte, Paradores observa una fuerte demanda hacia el norte de España y prevé ocupaciones superiores al 85%, en línea con 2025. Sercotel estima una ocupación media nacional cercana al 90%, con reservas ya situadas en torno al 88% para los meses centrales del verano. En destinos como Barcelona o el eje Marbella-Málaga, prevé picos de hasta el 95%. También Eurostars Hotel Company anticipa ocupaciones superiores al 90% en islas y zonas costeras, impulsadas por una fuerte concentración de demanda en agosto y el buen ritmo de reservas anticipadas. Barceló Hotel Group maneja objetivos de ocupación superiores al 92% en Islas Baleares y del 87% en Islas Canarias. No obstante, reconoce que el margen para aumentar el número de clientes es limitado, por lo que el crecimiento vendrá principalmente por el aumento de tarifas, favorecido por las inversiones en modernización. Desde Meliá Hotels International también esperan que el crecimiento dependa más de los precios que de la ocupación. Prevén subidas tarifarias de un dígito alto y detectan una mayor preferencia por el régimen de todo incluido. RIU Hotels & Resorts ya informa de un incremento cercano al 5% en su tarifa media, vinculado a mejoras en calidad y servicio. Finalmente, Minor Hotels prevé mantener niveles de ocupación similares a los de 2025, confiando en que el principal motor de ingresos sea el encarecimiento del precio medio por habitación.

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(Cinco Días, 22-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca y el BCE confrontan sus modelos para la simplificación de la normativa financiera

En Madrid se ha escenificado este viernes un intenso choque dialéctico entre la banca española y los reguladores europeos a cuenta de uno de los debates más relevantes del sector financiero: la simplificación de la regulación bancaria que impulsa Banco Central Europeo en Unión Europea. De un lado se situaron las principales entidades financieras españolas, representadas por la Asociación Española de Banca y CECA; del otro, los supervisores, encabezados por el BCE y el Banco de España. La postura del sector la expuso la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, durante unas jornadas organizadas junto a CECA y Unacc. Defendió que Europa necesita impulsar el crecimiento y la inversión, y subrayó que la banca será clave para lograrlo. En ese sentido, reclamó mayor certidumbre en los requisitos de capital, un equilibrio entre estabilidad financiera y competitividad, y avances decididos en la unión bancaria. Según sus cálculos, culminar este proceso podría generar hasta 2 billones de euros en nuevo crédito en Europa, de los cuales 250.000 millones corresponderían a España. Este mensaje fue reforzado por tres de los principales dirigentes bancarios del país: el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi; el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila; y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Torres destacó el papel de los bancos como pieza fundamental para canalizar inversión y mejorar la competitividad, mientras que Grisi señaló la falta de crecimiento como el principal problema europeo y pidió soluciones más ágiles, en lugar de esperar al largo proceso legislativo de Bruselas. Uno de los asuntos centrales del debate fue la fragmentación del mercado financiero europeo y la necesidad de completar la unión bancaria. Gortázar insistió en que este objetivo no pasa únicamente por crear un fondo común europeo de garantía de depósitos, sino también por armonizar otras normas clave, como las mercantiles, fiscales o de insolvencias. Además, defendió una mayor integración de los dos pilares ya existentes de la unión bancaria: la supervisión única y los mecanismos de resolución. Aun así, mantuvo una visión relativamente optimista y señaló que el principal obstáculo actual es la rentabilidad, derivada de la falta de un mercado verdaderamente integrado. La necesidad de profundizar en el mercado único europeo fue uno de los escasos puntos de consenso entre bancos y supervisores. Entre los participantes destacó Frank Elderson, quien coincidió en que el déficit de competitividad europeo está estrechamente ligado a la fragmentación del mercado. En su opinión, la respuesta pasa por más integración, tanto en la unión bancaria como en la unión de los mercados de capitales, algo que también beneficiaría al crecimiento de las entidades financieras. Sin embargo, el consenso desapareció al abordar el alcance de la simplificación regulatoria. Elderson respaldó la idea de simplificar normas, pero marcó distancia respecto a cualquier intento de desregulación. Advirtió de que reducir exigencias podría debilitar la resiliencia del sistema bancario. A su juicio, el objetivo no debe ser rebajar el capital exigido a las entidades, sino diseñar marcos más transparentes y previsibles para fijar esos requerimientos. En una línea parecida se expresó José Manuel Campa, quien recordó que los bancos mantienen niveles de capital 4,8 puntos por encima de lo exigido por los supervisores. Se preguntó por qué ocurre esto y sugirió dos explicaciones: por un lado, la escasa previsibilidad de los requisitos regulatorios, que empuja a las entidades a operar con colchones adicionales; por otro, la posibilidad de que parte de ese capital no se esté destinando a inversiones suficientemente rentables. Tanto Campa como Fernando Restoy rechazaron además una de las principales reivindicaciones del sector: que el BCE incorpore la competitividad como segundo objetivo, junto a su mandato prioritario de preservar la estabilidad financiera.

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(Expansión, 22-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 6.000 millones para producción eléctrica

El Gobierno prevé aprobar mañana, en el Consejo de Ministros, un nuevo sistema de ayudas de gran volumen destinado a numerosas instalaciones de generación eléctrica vinculadas a grandes industrias. Se trata de la cogeneración, una actividad que afecta a más de un centenar de grandes compañías industriales, entre ellas Azucarera, Atlantic Copper, Borges, BP, Canal de Isabel II, Cargill, Covestro, Dow, Moeve, Repsol, Saica, SEAT, Solvay, Torraspapel y Unilever, entre otras. Con este nuevo mecanismo, el sector podría recibir ayudas superiores a 6.000 millones de euros, desbloqueando uno de los principales problemas que afrontan actualmente tanto la industria como el sector energético en España. Las plantas de cogeneración son instalaciones que aprovechan el calor residual generado en determinados procesos industriales -como los de la industria petroquímica, siderúrgica, papelera o cerámica- para producir electricidad, que posteriormente se inyecta a la red a cambio de una retribución regulada fijada por el Gobierno. En sus mejores años, esta remuneración llegó a acercarse a los 1.000 millones de euros anuales. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas instalaciones han agotado su vida útil regulatoria y han dejado de percibir estas ayudas. Actualmente, se estima que más de la mitad de las más de 600 plantas de cogeneración existentes en España permanecen paradas al haber perdido el acceso a incentivos, una situación que está generando serias dificultades en numerosas empresas. La patronal del sector, Acogen, llevaba años reclamando un nuevo marco regulatorio y retributivo que permitiera reactivar tanto las instalaciones como la inversión. Para obtener el visto bueno de Bruselas y evitar conflictos con la normativa sobre ayudas de Estado, el Ejecutivo ha rediseñado el sistema incorporando un modelo de subastas. A través de este mecanismo, las empresas podrán competir para acceder al nuevo régimen de ayudas. El Consejo de Ministros aprobará el real decreto que servirá de base legal al nuevo sistema, al que seguirán las órdenes ministeriales necesarias para su puesta en marcha. El plan contempla dos subastas: una en 2026 y otra en 2027, con el objetivo de adjudicar hasta 1.200 megavatios (MW) de potencia, repartidos en 600 MW en cada convocatoria. Podrán optar a estas subastas las compañías que renueven sus instalaciones con plantas de alta eficiencia capaces de operar con gas natural o, por primera vez, biomasa, y preparadas para utilizar al menos un 10% de hidrógeno renovable. Las plantas alimentadas con gas tendrán una vida útil regulatoria de 12 años, mientras que las de biomasa contarán con 20 años. Durante ese periodo recibirán una retribución anual determinada por el resultado de las subastas. El coste de estas ayudas, que recaerá sobre el sistema eléctrico y, por tanto, será asumido por los consumidores, se estima entre 414 y 582 millones de euros al año para el conjunto de los 1.200 MW adjudicados. No obstante, esta cifra representa un máximo, ya que el importe final podría reducirse en función de los descuentos obtenidos en las subastas y de las horas reales de funcionamiento de las plantas. Aun así, considerando la duración de las ayudas, los ingresos acumulados para las empresas podrían superar los 6.000 millones de euros, una cantidad que no obtendrían sin este nuevo esquema de apoyo público.

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(Expansión, 22-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las aseguradoras son reticentes a dar cobertura al uso de la IA

La inteligencia artificial está irrumpiendo en el sector asegurador con un efecto doble. Por un lado, como sucede en muchos sectores, obliga a las compañías a adaptarse de forma continua y a destinar importantes recursos para mantenerse competitivas en un entorno de cambio constante. Por otro, el seguro se enfrenta a un desafío adicional: gestionar un riesgo completamente nuevo, del que no existen datos históricos suficientes para calcular coberturas o fijar precios con precisión. Además, se trata de un riesgo cuyas posibles consecuencias y alcance siguen siendo difíciles de prever. Según Eduardo Dávila, presidente y consejero delegado de Sabseg Group, uno de los grandes debates dentro del sector es determinar si ciertos riesgos vinculados a la IA podrían llegar a ser, en parte o incluso por completo, imposibles de asegurar. Algunas grandes aseguradoras, como AIG, Great American Insurance Group y W. R. Berkley, ya han planteado la posibilidad de excluir determinados riesgos asociados a chatbots y agentes de IA en pólizas para grandes empresas, ante el temor de enfrentarse a reclamaciones millonarias por daños. Estas dudas surgen en un contexto en el que se multiplican los errores de alto impacto relacionados con la inteligencia artificial. Un ejemplo es el caso de Wolf River Electric, una empresa de energía solar que demandó a Google por difamación y reclamó al menos 110 millones de dólares después de que su función AI Overview afirmara erróneamente que la compañía estaba siendo demandada por el fiscal general de Minnesota. También un tribunal obligó a Air Canada a respetar un descuento inexistente que había sido ofrecido por su chatbot de atención al cliente. En otro caso, la firma de ingeniería británica Arup perdió 25 millones de dólares tras una estafa en la que delincuentes emplearon una réplica digital de un alto directivo para ordenar transferencias bancarias durante una videollamada. Para reducir este tipo de situaciones, las aseguradoras están imponiendo a sus clientes requisitos más estrictos antes de formalizar pólizas, exigiendo controles operativos rigurosos, supervisión humana efectiva y protocolos sólidos de verificación. José María Elguero, director de líneas financieras del bróker de seguros MDS Group, señala que, aunque actualmente la oferta de seguros específicos para IA sigue siendo limitada tanto en coberturas como en capital asegurado, es probable que en menos de dos años este tipo de seguros se normalice en las empresas españolas, a medida que el sector comprenda mejor la magnitud del riesgo y sus implicaciones. Ante las dificultades actuales, también se estudian alternativas como la emisión de bonos similares a los bonos catastróficos, utilizados para cubrir desastres naturales. Dávila recuerda que cuando surge un riesgo nuevo -como ocurrió con la aviación, la energía nuclear, internet o la ciberseguridad- inicialmente parece imposible asegurarlo, pero con el tiempo se desarrollan estándares, datos y mecanismos de reparto del riesgo que permiten hacerlo viable. La clave, añade, está en determinar si la IA representa un riesgo aislado y específico para cada empresa o si, por el contrario, constituye un riesgo sistémico que afecte de forma generalizada. En este último caso, sería previsible una implicación mucho mayor de gobiernos y reaseguradoras. Por ahora, la realidad es que las empresas no pueden asumir que sus pólizas cubrirán por completo los riesgos derivados de la inteligencia artificial, y una cobertura parcial deja abierta la posibilidad de afrontar pérdidas extremas.

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(El País, 22-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Competencia investiga si las entidades bancarias se pusieron de acuerdo a través de sus declaraciones públicas para encarecer los préstamos inmobiliarios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha irrumpido en el debate sobre el mercado hipotecario español al abrir una investigación preliminar sobre las declaraciones públicas realizadas por los principales bancos cotizados. En un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda, el comportamiento de las entidades en la concesión de hipotecas está siendo observado no solo por supervisores como el Banco Central Europeo y el Banco de España, sino también ahora por Competencia. El foco de la CNMC está en determinar si los mensajes lanzados por los máximos responsables de bancos del Ibex -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- pudieron trasladar al mercado señales excesivamente precisas sobre su política comercial futura. La legislación de competencia prohíbe tanto los acuerdos explícitos para fijar precios como las coordinaciones tácitas que puedan reducir la competencia efectiva. Uno de los bancos más críticos con la evolución del mercado hipotecario ha sido Bankinter. Su consejera delegada, Gloria Ortiz, lleva meses alertando de que la guerra de precios estaba erosionando la rentabilidad del negocio. En enero elevó el tono al cuestionar la lógica de conceder hipotecas por debajo del 2%, niveles incluso inferiores al euríbor y a los tipos del mercado interbancario. Llegó además a mencionar el riesgo de una posible burbuja. Poco después, los datos del primer trimestre reflejaron una caída del 40% en la producción hipotecaria de la entidad. BBVA también mostró preocupación, aunque con un discurso más matizado. Su presidente, Carlos Torres Vila, descartó la existencia de una burbuja inmobiliaria y atribuyó la subida del precio de la vivienda a la falta de oferta. Por su parte, el consejero delegado, Onur Genç, reconoció pérdida de cuota de mercado y señaló que, en determinados casos, resultaba más rentable invertir en deuda soberana que conceder hipotecas a los precios vigentes. También ha cambiado el discurso en Santander. Su consejero delegado, Héctor Grisi, fue uno de los primeros en detectar señales de enfriamiento en la guerra hipotecaria. Aun así, la entidad incrementó un 44% su volumen de hipotecas en España a comienzos de año. Mientras tanto, CaixaBank, líder del mercado nacional, defendió que su estrategia no era especialmente agresiva y que su prioridad seguía siendo preservar cuota de mercado. En la práctica, las declaraciones de los banqueros han coincidido con un ajuste gradual en la política comercial del sector. Tras una etapa marcada por una intensa competencia en precios, los bancos han comenzado a endurecer ligeramente sus condiciones y a seleccionar con más rigor a los clientes. Según los datos del Banco Central Europeo, el tipo medio de las hipotecas en España alcanzó el 2,8% en abril, su nivel más alto desde marzo del año anterior. Aun así, la subida ha sido moderada: el mínimo reciente se registró en diciembre de 2025, cuando el tipo medio bajó al 2,61%. La comparación entre las ofertas comerciales actuales y las de septiembre de 2025 refleja incrementos de entre 0,3 y 0,6 puntos porcentuales en las hipotecas a tipo fijo, especialmente en entidades como Santander, BBVA, Bankinter y Unicaja. Aunque los precios publicados son orientativos y el coste final depende del perfil financiero del cliente y de su vinculación con la entidad, estos movimientos muestran una clara tendencia al alza. Ricard Garriga, consejero delegado de Trioteca, señala que más que una subida abrupta de tipos, lo que se observa es una mayor exigencia en solvencia, estabilidad laboral y capacidad de ahorro. En la misma línea, Pablo Vega, experto del comparador hipotecario Roams, considera que la competencia sigue existiendo, aunque ya no se libra mediante una guerra abierta de precios. El contexto macroeconómico también explica parte del cambio. La incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y el repunte de la inflación ha llevado al Banco Central Europeo a elevar los tipos desde el 2% hasta el 2,25%. En paralelo, el euríbor ha pasado del 2,081% en junio de 2025 al 2,809% actual, encareciendo especialmente las hipotecas variables. Pese a ello, España continúa siendo uno de los países con hipotecas más baratas de la eurozona. Con un tipo medio del 2,8%, ocupa el tercer puesto entre los mercados más baratos, solo por detrás de Malta y Bulgaria. La media europea se sitúa en el 3,43%, mientras que economías comparables como Francia, Italia, Países Bajos o Alemania registran niveles claramente superiores. La diferencia tiene un impacto directo sobre el coste final para el cliente. Una hipoteca de 200.000 euros a 30 años al tipo medio español del 2,8% supone pagar cerca de 95.850 euros en intereses. En Alemania, con un tipo medio del 3,84%, esa misma operación elevaría el coste financiero a unos 137.130 euros, aproximadamente un 43% más. Este menor precio explica también la menor rentabilidad del negocio hipotecario en España frente a otros países. Según los analistas de Jefferies, los bancos han compensado parcialmente esa presión mediante ingresos adicionales procedentes de seguros, gestión patrimonial y productos vinculados. La investigación de la CNMC podrá prolongarse hasta 24 meses. En teoría, si se acreditara una conducta similar a un cártel, la multa podría alcanzar el 10% de la facturación global de cada grupo bancario. No obstante, los analistas consideran que ese escenario extremo es poco probable y prevén un desenlace relativamente benigno, con escasas probabilidades de sanciones significativas.

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(Expansión, 19-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas plantea la reforma bancaria más ambiciosa de las reglas postcrisis

La Comisión Europea está preparando un paquete de medidas para reforzar la competitividad del sector bancario europeo en un contexto marcado por las elevadas necesidades de financiación de la economía. En el último borrador al que ha accedido EXPANSIÓN ya se perfilan los ejes principales de una reforma que aspira a convertirse en uno de los mayores cambios regulatorios desde la crisis financiera. El Ejecutivo comunitario prevé presentar oficialmente este documento el próximo 15 de julio. Después se abrirá un periodo de consultas para recoger aportaciones y terminar de dar forma a una propuesta legislativa que podría ver la luz en el primer trimestre de 2027. Aunque aún falta tiempo para su aprobación, el borrador ya adelanta modificaciones profundas en la normativa bancaria europea. La agenda de reformas se estructura en tres grandes áreas: favorecer una mayor integración del mercado, simplificar los requisitos prudenciales y de resolución, e incorporar un enfoque más orientado a la competitividad dentro de la supervisión. La Comisión considera que, aunque la banca europea ha recuperado niveles históricos de rentabilidad, sigue actuando principalmente como un mecanismo de contención frente a crisis en lugar de desempeñar un papel impulsor del crecimiento económico. Por ello, sostiene que la resiliencia no debe seguir siendo el único objetivo estratégico. El sector bancario ha recibido el documento con sorpresa, destacando el alcance de la iniciativa y el elevado número de disposiciones legislativas que Bruselas plantea revisar. En cuanto a la integración del mercado, la Comisión propone modificar las reglas actuales para facilitar una mayor coordinación entre bancos con presencia en varios países. Una de las principales novedades sería permitir que los requisitos de capital y liquidez se cumplan a nivel de la entidad matriz en los grupos transfronterizos. Este cambio supondría eliminar la obligación de mantener colchones de capital y liquidez separados en cada filial, una de las principales demandas de la banca. A cambio, la matriz asumiría la obligación legal de transferir recursos a sus filiales cuando fuera necesario. Con esta medida, Bruselas espera liberar una cantidad significativa de recursos que podrían destinarse a financiar la economía real, especialmente en ámbitos como la transición ecológica, la digitalización y el refuerzo de la defensa europea. Según las estimaciones manejadas, solo en liquidez podrían movilizarse alrededor de 230.000 millones de euros. Para compensar la reducción de colchones nacionales, la Comisión estudia mecanismos de protección adicionales que generen confianza entre las autoridades de cada país. Aunque el instrumento ideal sería un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, la falta de consenso político ha llevado a explorar alternativas, como redefinir el papel de los fondos nacionales en situaciones de quiebra transfronteriza. Además, Bruselas también quiere avanzar en la armonización de normas ajenas al ámbito puramente bancario, como la protección del consumidor y los estándares digitales. El segundo bloque de la reforma se centra en los requisitos regulatorios y los colchones anticrisis. En este terreno, la Comisión parece alinearse parcialmente con las demandas del sector, al estudiar fórmulas para hacer más transparentes y previsibles las exigencias regulatorias. Siguiendo propuestas ya planteadas por el Banco Central Europeo, Bruselas contempla simplificar los distintos componentes del colchón de capital para crear un único colchón liberable capaz de cubrir riesgos tanto cíclicos como estructurales. El objetivo es evitar duplicidades entre requerimientos de distintas autoridades que encarecen innecesariamente la carga regulatoria. También se estudia armonizar los criterios de los recursos exigidos para absorción de pérdidas (MREL) con los estándares aplicables a los grandes bancos sistémicos globales (TLAC). La intención no es reducir la solvencia, sino eliminar solapamientos regulatorios que resten competitividad. Asimismo, la Comisión analizará si es posible reducir la frecuencia de revisión de los planes de resolución bancaria o simplificar sus procedimientos de aprobación, lo que permitiría disminuir costes operativos. Respecto a la aplicación de los estándares internacionales de Basilea, la Unión Europea mantiene su compromiso, aunque quiere tener en cuenta las particularidades del sistema bancario europeo. Con ello pretende evitar desventajas competitivas frente a economías como Estados Unidos, donde la implantación de estas normas podría ser parcial o más lenta. Bruselas también plantea reglas más flexibles para entidades pequeñas y de estructura sencilla, al considerar que presentan riesgos limitados para la estabilidad del sistema financiero. En materia de supervisión, la Comisión no llega a proponer que la competitividad se convierta formalmente en un segundo mandato para los supervisores junto a la estabilidad financiera. Sin embargo, sí insta a la Autoridad Bancaria Europea y al Banco Central Europeo a desarrollar una cultura supervisora que valore también la aportación de la banca al crecimiento económico de la Unión Europea. Bruselas advierte además contra una supervisión basada en una tolerancia cero al riesgo, al considerar que ese enfoque puede frenar la financiación empresarial y la inversión. Por último, la Comisión reclama una mayor coordinación entre supervisores y una visión más integrada para reducir la carga burocrática asociada al reporte de datos regulatorios, un coste que ya supera los 11.000 millones de euros. Con una mayor armonización entre autoridades, Bruselas confía en recortar hasta la mitad esas obligaciones administrativas para el sector bancario.

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(La Vanguardia, 19-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España destaca el dinamismo de la economía pero eleva el déficit de vivienda a 750.000 casas

Si una persona hubiera estado completamente desconectada de la actualidad durante los últimos seis meses y retomara ahora la información económica, difícilmente deduciría por los datos de crecimiento difundidos este jueves por el Banco de España que, en ese periodo, se ha producido una guerra que mantuvo bajo presión a los mercados energéticos. La institución ha mantenido sin cambios su previsión de crecimiento del PIB español en el 2,3% para este año, el mismo porcentaje estimado en marzo y una décima por encima del cálculo de diciembre. De cara a 2027, tampoco prevé variaciones y estima que la economía avanzará un 1,7%. Aun así, persisten incertidumbres, especialmente en el mercado de la vivienda. El organismo reconoce que el deterioro del escenario internacional podría frenar el ritmo de crecimiento en ambos ejercicios, aunque considera que ese efecto negativo quedará compensado por otros factores. En 2026, el respaldo llega de una evolución de la actividad en el segundo trimestre ligeramente mejor de lo previsto en marzo. Para 2027, influye una mayor expansión de la población, ya que las nuevas previsiones incorporan flujos migratorios más elevados de lo contemplado anteriormente. Estas previsiones se publican apenas un día después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un esperado acuerdo de paz tras más de tres meses de conflicto. Sin embargo, las estimaciones del supervisor se cerraron el 27 de mayo, por lo que no reflejan los últimos acontecimientos geopolíticos. Si el precio del petróleo continúa bajando y el comercio energético se normaliza antes de lo previsto, el impacto sobre la economía podría ser aún más favorable. En cualquier caso, el contraste con la zona euro sigue siendo notable: el área crecerá apenas un 0,8% en 2026, aproximadamente un tercio del ritmo esperado para España. Así lo subrayó el director general del Banco de España, David López Salido, durante la presentación del informe en Madrid. Según explicó, España destaca por mostrar un mayor dinamismo económico frente a economías como las de Francia, Alemania o Italia, que evidencian una fase de crecimiento más agotada. El crecimiento sostenido de la economía española también se apoya en el comportamiento del PIB a comienzos de año, cuando avanzó un 0,6%, generando una inercia positiva. Aunque el contexto internacional se ha deteriorado, la economía mantuvo un ritmo sólido durante el primer trimestre de 2026, si bien comenzaron a apreciarse señales de moderación. Para el segundo trimestre, los modelos del Banco de España apuntan a que el PIB podría seguir avanzando a un ritmo similar, con un incremento estimado de entre el 0,5% y el 0,6% respecto al trimestre anterior. El empleo continuaría siendo uno de los principales motores, con una tasa de paro que pasaría del 10,5% en 2025 al 10% en 2026 y al 9,8% en 2027. Las previsiones de crecimiento presentadas este jueves están en línea con las de otros organismos internacionales. La Comisión Europea es ligeramente más optimista y prevé un crecimiento del 2,4% en 2026. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estima un 2,1%, mientras que la OCDE sitúa el avance en el 2,2%, igual que el Gobierno. En lo que todos coinciden es en que la expansión superará el 2%. Más preocupante es el panorama de la inflación. El Banco de España ha revisado al alza su previsión de incremento medio de precios para este año, pasando del 3% al 3,6%, y eleva en una décima la estimación para 2027, hasta el 2,6%. Este ajuste responde al encarecimiento de la energía y al aumento de precios en bienes industriales no energéticos y servicios. La diferencia con la zona euro también se amplía en este ámbito, lo que puede afectar a la competitividad empresarial. Según López Salido, esta brecha se explica en parte por la fuerte demanda vinculada al turismo y al ocio. Además, mostró especial preocupación por la inflación subyacente, considerada la más difícil de contener, ya que es donde más crece la distancia respecto a los socios europeos. Junto a las previsiones macroeconómicas, el Banco de España publicó su informe anual de 2025, un documento de más de 300 páginas en el que la vivienda ocupa un lugar central. El análisis señala que la oferta residencial no está creciendo al ritmo de la demanda, ya que la creación neta de hogares supera ampliamente el número de nuevas viviendas construidas. Como consecuencia, entre 2021 y 2025 se habría acumulado un déficit de 750.000 viviendas. La mitad de ese déficit se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. Además, la tendencia continúa empeorando. Según López Salido, los datos actuales no invitan al optimismo ni desde el sector privado ni desde el público. Pese al continuo aumento de los precios inmobiliarios, el Banco de España no aprecia indicios de una burbuja. El informe sostiene que los indicadores de riesgo para la estabilidad financiera no reflejan desequilibrios comparables a los de anteriores ciclos expansivos. También destaca características propias del mercado actual, como el auge del alquiler y una mayor diversidad territorial. Desde el punto de vista del crédito, tampoco se observan señales alarmantes. Solo el 13% de las hipotecas supera el 80% del valor de la vivienda, una situación muy distinta a la registrada antes de la crisis inmobiliaria de 2008, cuando el endeudamiento era mucho más elevado. El informe también identifica a los grupos más afectados por las dificultades de acceso a la vivienda: los residentes en grandes áreas urbanas y los hogares con menores ingresos, especialmente jóvenes y población de origen extranjero. Asimismo, insiste en que el mercado inmobiliario español no puede analizarse como una realidad homogénea. Mientras ciudades y territorios como Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia o Baleares han experimentado fuertes subidas reales de precios en la última década, otras provincias como Zamora, Soria, Teruel, Ciudad Real o Asturias han registrado aumentos inferiores a la inflación.

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(El Economista, 19-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno busca aseguradora para blindar su cartera de viviendas valorada en 5.000 millones

El Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha un concurso público para contratar los seguros que protegerán los inmuebles gestionados por Casa 47, la nueva entidad pública surgida de la transformación de Sepes. El objetivo a largo plazo es alcanzar una cartera de 95.000 viviendas, incluyendo, entre otros activos, inmuebles procedentes de la Sareb. Sin embargo, la previsión más inmediata se centra en los próximos dos años, periodo en el que Casa 47 espera gestionar un portafolio asegurado de 28.600 inmuebles distribuidos en 140 promociones. El valor estimado de estos activos supera los 5.000 millones de euros, según recogen los pliegos del contrato. La licitación se divide en dos lotes independientes con un presupuesto total de 8,9 millones de euros para un periodo de dos años. El lote principal corresponde al seguro de daños materiales, dotado con 6,7 millones de euros. Esta cobertura protegerá tanto el continente de los inmuebles, valorado en 4.862 millones, como su contenido, estimado en 171,6 millones. El segundo lote, con un importe de 2,2 millones de euros, está destinado a cubrir la responsabilidad civil y patrimonial. Este seguro asumirá posibles contingencias derivadas de la propiedad, la gestión y el alquiler de las viviendas. La incorporación de inmuebles a Casa 47 será progresiva. Durante el primer año se prevé sumar unas 4.900 viviendas junto con sus anejos, mientras que el resto se incorporará en el segundo ejercicio de vigencia de la póliza. El contrato también contempla la cobertura temporal de hasta 9.000 viviendas que permanecerán en manos de Casa 47 entre tres y seis meses antes de ser cedidas en usufructo a otras administraciones públicas. Debido a esta incorporación gradual, Casa 47 realizará ajustes trimestrales en el importe de las primas, que podrán variar al alza o a la baja según el tamaño efectivo de la cartera en cada momento. Las aseguradoras interesadas en participar deberán incluir además una comisión de corretaje para Aon, designada como mediador de Casa 47 desde abril de 2025 por un importe de 288.000 euros. Este bróker ya había gestionado anteriormente las pólizas de Sepes: el seguro de daños materiales con Axa, la responsabilidad civil de directivos con Liberty Seguros y la cobertura de responsabilidad civil patrimonial con Berkley. Por ahora, ninguna aseguradora ha confirmado públicamente su participación en el concurso. Varias compañías están analizando las condiciones del pliego, especialmente por la falta de datos históricos de siniestralidad del parque residencial, ya que los inmuebles proceden de distintas entidades. Ante esta incertidumbre, el concurso permite que varias aseguradoras concurran conjuntamente mediante fórmulas de coaseguro. El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 26 de junio. La adjudicación del contrato se basará principalmente en tres criterios. El peso mayor recae en la oferta económica, que podrá aportar hasta 60 puntos. También se valorará la reducción de la franquicia inicial de 3.000 euros, con un máximo de 35 puntos. Finalmente, se concederán cinco puntos adicionales a las propuestas que ofrezcan una indemnización mínima superior a 50 millones de euros.

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