(Cinco Días, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE congela los tipos en el 2% y mejora las previsiones de crecimiento de la zona euro

El Banco Central Europeo sigue instalado en la inacción. La institución con sede en Fráncfort decidió este jueves mantener los tipos de interés sin cambios, en el 2%, por cuarta reunión consecutiva, una señal de que se siente cómoda con el actual nivel de inflación, situado en el 2,1% en la eurozona. El contexto de crecimiento también resulta algo más favorable: las nuevas previsiones del BCE anticipan un mayor avance del PIB en los próximos años. No se perciben riesgos inmediatos de crisis ni desviaciones relevantes en los precios, aunque con Alemania y Francia aún mostrando debilidad, la economía de la zona euro -que pasará de 20 a 21 países cuando Bulgaria adopte la moneda única en enero- tampoco puede calificarse de especialmente dinámica. Al igual que en septiembre, los técnicos del BCE han revisado al alza sus estimaciones de crecimiento. Ahora prevén que el PIB de la eurozona aumente un 1,4% en 2025, frente al 1,2% calculado anteriormente, y un 1,2% en 2026, dos décimas más que en la previsión previa. Para 2027 elevan la estimación al 1,4%, desde el 1,3%, y añaden por primera vez una proyección para 2028, también del 1,4%. Las previsiones de inflación también se ajustan ligeramente. Para este año se mantiene en el 2,1%, sin cambios, mientras que para 2026 se revisa al alza hasta el 1,9%, desde el 1,7% anterior. En 2027 se conserva la estimación del 1,9% y para 2028 se anticipa un repunte hasta el 2%, justo el objetivo del banco central. Este escenario sugiere que el BCE espera varios ejercicios de estabilidad en los precios, lo que refuerza la idea de un periodo prolongado sin cambios en los tipos de interés. Con esta nueva pausa, el BCE concluye 2025 con cuatro recortes de tipos, el mismo número que en 2024. Si el año pasado el precio del dinero bajó del 4% al 3%, en este ejercicio ha pasado del 3% al 2%. Salvo un shock inesperado que empuje a la economía europea a la recesión, no parece probable que en 2026 se repita una secuencia similar. La mayoría de analistas considera que el ciclo de bajadas ha llegado a su fin, o que, como mucho, podría producirse un último ajuste adicional. Ese eventual recorte solo se contemplaría si se intensifica la caída de los precios energéticos -con el petróleo y el gas natural en niveles bajos- y si el euro continúa apreciándose frente al dólar, dos factores que podrían dar algo más de margen al BCE. No obstante, el consenso para seguir reduciendo tipos parece distante dentro del Consejo de Gobierno. Algunas voces más restrictivas, como la de la alemana Isabel Schnabel, han insinuado incluso que el próximo movimiento podría ser al alza. Entre los argumentos que esgrimen figuran una mayor fragmentación del comercio internacional, el incremento del gasto público en países como Alemania, que ha anunciado un ambicioso plan de inversión en infraestructuras y defensa, y el envejecimiento de la población, que reduce la fuerza laboral y presiona al alza salarios y precios. El debate está abierto, pero de momento prevalece la cautela. En cualquier caso, las previsiones económicas suelen quedar pronto superadas por los acontecimientos. Hace apenas tres meses, el gobernador del Banco de Lituania, Gediminas Simkus, bromeaba con la posibilidad de recortes inminentes al decir que no le sorprendería que Papá Noel llegara con tijeras. Finalmente, parece que en su saco solo habrá una tienda de campaña: la pausa monetaria podría alargarse.

READ MORE

(Cinco Días, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE emitirá 90.000 millones en deuda para salvar financieramente a Ucrania

La reunión europea más trascendental de los últimos años concluyó de madrugada con un acuerdo político relevante en apoyo a Ucrania y con un nuevo aplazamiento del pacto comercial con Mercosur. Tras más de 16 horas de negociaciones, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, reunidos en Bruselas, decidieron emitir eurobonos por valor de 90.000 millones de euros para cubrir las necesidades financieras de Kiev. Sin esos recursos -que Ucrania solo tendría que devolver a sus socios europeos si Rusia acaba pagando por los daños causados por su guerra- el país invadido corría el riesgo de quedarse sin fondos en marzo del próximo año. La medida se concibe como una solución inmediata para atender la urgencia del momento. A más largo plazo, los líderes europeos se comprometen a seguir analizando la posibilidad de un "préstamo de reconstrucción" respaldado por los activos rusos congelados en la UE. Sin embargo, la oposición de Bélgica -país que custodia la mayor parte de esas reservas- y las reticencias del resto de socios a concederle las garantías necesarias para mutualizar el riesgo frustraron esa opción. De esta cumbre salen claramente debilitados el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El equilibrio político en Europa está cambiando, y los gobiernos nacionalpopulistas han impuesto sus posiciones. Alemania defendía utilizar los activos rusos como instrumento para garantizar la financiación de Ucrania, frente a la oposición de la Hungría de Viktor Orbán y de la Bélgica gobernada por el nacionalista flamenco Bart de Wever. Berlín también aspiraba a cerrar el acuerdo comercial con América Latina. Finalmente, el pacto con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) se aplaza hasta enero, y será el contribuyente europeo -y no los activos rusos- quien respalde el esfuerzo bélico ucraniano. Hace años, la excanciller Angela Merkel afirmó que no habría eurobonos "mientras ella viviera". En los últimos días, Merz había insistido en que el objetivo era recurrir a los activos rusos y evitar la deuda común. No obstante, la UE recurre a los eurobonos por segunda vez en menos de cinco años, tras la experiencia de la pandemia. Ahora lo hace ante el riesgo existencial que supondría la quiebra de Ucrania y su posible derrota frente a la Rusia de Vladímir Putin. La cumbre, celebrada durante todo el jueves, estuvo marcada por la incertidumbre. Con Bruselas bloqueada por las protestas de los agricultores, Francia y Polonia se oponían al acuerdo con Mercosur, aunque fue finalmente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien presionó para retrasarlo hasta enero. Meloni habló con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le reiteró su apoyo al pacto, pero pidió unas semanas -como máximo un mes- para contener las presiones internas. "Después de casi 26 años de negociaciones, un retraso de tres semanas es asumible", defendió Von der Leyen, responsable de la política comercial de la UE. El eje central de la reunión, sin embargo, fue Ucrania. Kiev obtendrá la financiación necesaria, aunque sin el fuerte simbolismo que se buscaba: que Rusia asumiera directamente el coste de los daños causados. La UE no logró activar los activos del Banco Central ruso congelados por las sanciones. En su lugar, los Estados miembros recurrirán a los mercados financieros para captar 90.000 millones de euros, respaldados por el margen presupuestario comunitario, con el fin de sostener a Ucrania durante los próximos dos años. Además, algunos países considerados cercanos a Moscú quedarán al margen del esquema financiero. El acuerdo establece que la República Checa, Hungría y Eslovaquia no asumirán obligaciones financieras en este plan. Ucrania evita así la bancarrota y asegura los fondos necesarios. No obstante, la última cumbre del año -tras meses especialmente duros para la UE y en un contexto internacional marcado por el regreso de Donald Trump y una relación distinta con Estados Unidos- deja un regusto amargo. El objetivo mayoritario era crear un mecanismo simbólico de apoyo utilizando las reservas rusas congeladas. Aunque se insiste en que se seguirá trabajando en esa dirección, no se ha alcanzado. "Hemos cumplido el compromiso de financiar a Ucrania durante los próximos dos años con 90.000 millones de euros y hemos acordado que solo devolverá ese dinero cuando Rusia pague por los daños de la guerra. Además, mantendremos inmovilizados los activos rusos hasta que eso ocurra", afirmó de madrugada el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, junto a Ursula von der Leyen. Ambos hablaron de deber cumplido. En la misma línea se expresó Merz: "Creo que es una solución pragmática y eficaz, con el mismo efecto que la que debatimos durante tanto tiempo -la movilización de los activos rusos-, pero que era claramente demasiado compleja", concluyó tras la maratoniana reunión.

READ MORE

(El Economista, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Un juez se salta al Supremo y anula una hipoteca con IRPH por encarecer el crédito

Un juzgado ha decidido apartarse del criterio del Tribunal Supremo (TS) y ha declarado nulo el índice IRPH en un préstamo hipotecario por considerar que el banco no informó adecuadamente al cliente y que la cláusula le generó un desequilibrio económico, al obligarle a pagar más de lo que habría abonado si el préstamo hubiera estado referenciado al euríbor. La resolución, fechada el pasado 10 de diciembre, condena a la entidad financiera a reintegrar todos los intereses cobrados hasta ahora y establece que el prestatario solo deberá devolver el capital inicialmente prestado. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Santa Coloma de Farners (Girona) sostiene que la interpretación del Supremo sobre el control de transparencia del IRPH resulta "restrictiva". Por ello, afirma que debe prevalecer la interpretación "vinculante" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que exige una transparencia material efectiva y un verdadero control de abusividad, y no únicamente formal, especialmente cuando la cláusula introduce un sistema de fijación del precio más complejo y potencialmente más oneroso que otros índices disponibles en el mercado. Cabe recordar que el Tribunal Supremo, en dos sentencias dictadas el 11 de noviembre, descartó la anulación generalizada del IRPH al entender que, por norma general, las entidades no estaban obligadas a explicar en detalle su configuración o evolución, siempre que informaran al cliente de que esos datos se publicaban periódicamente en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de las hipotecas firmadas bajo la normativa de 1994, el Alto Tribunal consideró suficiente que las entidades hicieran referencia a la circular del Banco de España que recomendaba aplicar un diferencial negativo, dado que el IRPH podía situarse por encima de los tipos medios del mercado. El juzgado gerundense, aplicando los criterios del TJUE, concluye sin embargo que una mención genérica a la consulta de datos en el BOE o en la web del Banco de España no va acompañada de explicaciones concretas que permitan al consumidor localizar, comprender y valorar la información relevante. La sentencia subraya que el banco no proporcionó al cliente los elementos necesarios para entender el impacto económico real de vincular su hipoteca al IRPH. En particular, no se le explicó que este índice se calcula a partir de la Tasa Anual Equivalente (TAE) media del mercado, que incluye no solo los intereses, sino también comisiones y gastos. Tampoco se le facilitó la definición ni el método de cálculo del IRPH, ni se le informó de la conveniencia de aplicar un diferencial negativo para abaratar el coste del préstamo. Además, el juzgado considera abusiva la cláusula al entender que, al desconocer el consumidor las implicaciones de este índice, terminó asumiendo un coste financiero mayor del que habría soportado si su hipoteca se hubiera referenciado al euríbor. Desde Unive Abogados, el despacho que ha llevado la defensa del cliente, destacan que esta sentencia refuerza la línea de resoluciones que aplican directamente la doctrina del TJUE, incluso después de los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo. "El fallo deja claro que invocar la jurisprudencia del Supremo no supone rebajar el estándar europeo: cuando no existe una transparencia real, la cláusula debe declararse nula y la entidad financiera está obligada a devolver cantidades que, en préstamos hipotecarios elevados, pueden ascender a decenas de miles de euros", concluyen.

READ MORE

(El País, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña aprueba la regulación del alquiler de temporada y habitaciones

Jornada clave este jueves en el Parlament de Cataluña. En pleno agravamiento de la crisis habitacional -que ha situado el acceso a la vivienda como el principal problema para la ciudadanía según los sondeos oficiales-, la Cámara catalana ha aprobado la regulación de los alquileres de temporada y del alquiler por habitaciones. Estas dos modalidades se habían extendido con fuerza en las grandes ciudades y habían tensionado aún más el mercado, al convertirse en una vía habitual para sortear los límites de precios establecidos por la ley estatal de vivienda. Una vez más, Cataluña actúa como banco de pruebas en materia de regulación, impulsada inicialmente por entidades defensoras del derecho a la vivienda y movimientos vecinales. La norma aprobada, denominada Ley de medidas en materia de vivienda y urbanismo, introduce cambios en la legislación catalana de urbanismo y vivienda. Tras una larga sesión parlamentaria con decenas de enmiendas, salió adelante con el respaldo de PSC, ERC, Comuns y la CUP. Junts apoyó la mayor parte del texto, aunque rechazó la regulación específica de los alquileres de temporada. El PP anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional al considerar que invade competencias autonómicas y supone "una expropiación encubierta de la propiedad privada". Vox y Aliança Catalana también votaron en contra. La nueva ley incluye asimismo la prórroga de la calificación de las viviendas de protección oficial (VPO) situadas en municipios declarados como mercado tenso, con el objetivo de frenar la pérdida masiva de vivienda protegida. Solo en Barcelona, cerca de 40.000 pisos perderían esa condición antes de 2030 si no se actuara. Además, se faculta a los ayuntamientos para establecer en sus planes urbanísticos la prioridad del uso residencial dentro de su parque de vivienda. En esencia, la regulación equipara el alquiler de temporada y el alquiler por habitaciones al arrendamiento residencial habitual: ambos quedarán sujetos a los límites de precio fijados por el índice oficial. En el caso de los pisos compartidos, la suma de los precios de todas las habitaciones no podrá superar el máximo permitido. En ciudades como Barcelona, el coste de alquilar una habitación ya alcanza niveles similares al de un piso completo. Los contratos deberán especificar la causa de la estancia temporal -por motivos laborales o de estudios- y el domicilio habitual del inquilino. La ley diferencia, además, entre el alquiler de temporada con finalidad residencial y el alquiler turístico o recreativo, que queda excluido de la regulación de precios. La consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, defendió la norma alineándose con el planteamiento del Govern de Salvador Illa: la necesidad de intervenir cuando el mercado desvirtúa la cohesión social. "Esta ley pretende que la vivienda sea un derecho y no una fuente de angustia", afirmó, advirtiendo de que no actuar conduce a ciudades más inseguras y menos cohesionadas. Desde ERC, la diputada y exconsejera Ester Capella sostuvo que "el mercado tiene un límite, que es el bien común". Susana Segovia, de Comuns, agradeció el papel del Sindicato de Inquilinas y de la PAH por su movilización constante, mientras que Laure Vega, de la CUP, alertó del riesgo de que crisis como la de la vivienda alimenten el crecimiento de la ultraderecha. La regulación del alquiler de corta duración con precios limitados era una reivindicación histórica de los sindicatos de inquilinas, que ya la reclamaban durante la tramitación de la ley estatal de vivienda entre 2022 y 2023. Entonces advertían de que, sin este control, muchos propietarios trasladarían sus viviendas al alquiler de temporada para esquivar los topes. En la legislatura pasada, una iniciativa similar estuvo a punto de aprobarse por decreto, poco antes de las elecciones de primavera de 2024, impulsada por el Govern de ERC junto a Comuns. Sin embargo, Junts y PSC reclamaron más tiempo y mayor "seguridad jurídica". El fuerte aumento de este tipo de contratos -que ya representan el 26% de los firmados en Barcelona, según datos oficiales, y probablemente más si se cuentan los no registrados- ha llevado finalmente a los socialistas a respaldar la medida. El Sindicato de Inquilinas celebró la aprobación y pidió inspecciones y sanciones para garantizar su cumplimiento, además de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) a nivel estatal para reforzar este enfoque. La ley aprobada tiene su origen en el decreto 2/2025, elaborado por el Govern de Salvador Illa para modificar la normativa administrativa, urbanística y de vivienda con el fin de acelerar la ampliación del parque público, dentro del objetivo de sumar 50.000 viviendas sociales hasta 2030. El texto, que ha pasado en dos ocasiones por el Consejo de Garantías Estatutarias, incorpora cambios relacionados con obra pública, procedimientos administrativos, VPO y planificación urbanística. Más allá de la regulación del alquiler de temporada y de la extensión de la protección de la VPO en zonas tensionadas, la ley refuerza la financiación del Incasòl para promover vivienda social, incrementa los porcentajes de reserva obligatoria de vivienda pública en nuevos desarrollos urbanos y amplía los supuestos en los que la administración puede ejercer el derecho de tanteo y retracto. También crea un registro de grandes tenedores y de viviendas vacías, y establece sanciones para quienes no inscriban sus propiedades.

READ MORE

(La Vanguardia, 18-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña sigue tras Madrid en competitividad pese a mejorar en innovación e instituciones

Cataluña está reforzando su posición competitiva, especialmente en ámbitos como la innovación y la calidad de su marco institucional, aunque continúa por detrás de la Comunidad de Madrid, que lidera el ranking nacional y sobresale principalmente por el nivel de sus infraestructuras y la solidez de su estructura institucional. Estas conclusiones se recogen en el Informe de la Competitividad Regional en España 2025, presentado este miércoles en Madrid por el Consejo General de Economistas. El estudio analiza 53 indicadores distintos que se integran en el Índice de Competitividad Regional (Icreg), con el que se clasifican de mayor a menor las 17 comunidades autónomas. En la edición correspondiente a 2024 apenas se registran cambios relevantes en los primeros puestos. Madrid conserva el liderazgo, Navarra asciende a la segunda posición desplazando a Euskadi, que pasa a ocupar el tercer lugar, y Cataluña mantiene la cuarta plaza. Además de la clasificación general, el informe examina la evolución de cada territorio y señala en qué variables se producen avances o retrocesos en comparación con el resto de comunidades, lo que explica el interés que suscita el índice, según destacan sus responsables. En términos generales, España ha incrementado su competitividad un 2% y se observa una mayor convergencia entre territorios respecto a años anteriores. "La competitividad va más allá del PIB e incluye factores como el capital humano, la tecnología o las infraestructuras", subraya Patricio Rosas, coordinador del informe. De las siete dimensiones analizadas, Cataluña presenta un comportamiento superior a la media nacional en tres: capital humano, entorno institucional e innovación. Solo registra un retroceso en eficiencia empresarial, mientras que en el resto de variables evoluciona en línea con el promedio. En el caso de Madrid, la mejora más destacada se produce en innovación. Al comparar ambas comunidades, las diferencias más significativas aparecen en infraestructuras y entorno institucional. Madrid ocupa el primer puesto a nivel nacional en infraestructuras, frente a la quinta posición de Cataluña. En lo que respecta al entorno institucional, Madrid se sitúa en segundo lugar, solo por detrás de Navarra, mientras que Cataluña, pese a mejorar en 2024, se encuentra en la décima posición. Este es el factor que más distancia genera entre los dos principales motores económicos del país. El análisis territorial se enmarca en un ejercicio caracterizado en España por "un contexto económico lleno de incertidumbres", pero también por un año de "crecimiento claramente positivo, sustentado principalmente en la demanda interna", según ha señalado Rosas.

READ MORE

(El Economista, 17-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo avisa que la banca devolverá el dinero por los fraudes desde este octubre

El Tribunal Supremo (TS) ha alertado de que las entidades financieras deberán asumir la responsabilidad por los fraudes derivados de la suplantación de identidad y reintegrar el dinero a los clientes cuando no comprueben que el número de cuenta (IBAN) coincide realmente con el del destinatario legítimo de la transferencia. En una sentencia fechada el 27 de noviembre, el alto tribunal mantiene su doctrina previa, según la cual los bancos no están obligados a devolver los importes cuando el propio cliente facilita un IBAN incorrecto. No obstante, advierte de que el marco normativo cambió a partir del 9 de octubre de 2025. En consecuencia, las entidades no responderán por las operaciones realizadas antes de esa fecha, pero a partir de entonces deberá analizarse si cumplieron con la nueva exigencia de verificar la correspondencia entre el número de cuenta y el beneficiario. En caso contrario, tendrán que hacerse cargo del perjuicio económico sufrido por el afectado. La resolución del Supremo se produce a raíz de un conflicto en el que una empresa recibió un correo electrónico fraudulento que simulaba proceder de uno de sus proveedores y en el que se informaba de un supuesto cambio de cuenta bancaria. La compañía ordenó varias transferencias al nuevo IBAN indicado en el mensaje falso, y los fondos acabaron en manos de un tercero. Dado que las transferencias se realizaron el 18 de octubre de 2019, el tribunal aplica la normativa vigente en ese momento, el Real Decreto-ley de 2018 sobre servicios de pago. Esa regulación establecía que una transferencia se considera correctamente ejecutada cuando se dirige al número de cuenta facilitado por el ordenante, sin exigir a la entidad comprobar que dicho IBAN correspondiera efectivamente al beneficiario real. Aun así, una vez detectado el fraude, los bancos debían actuar con diligencia para intentar recuperar el dinero y, si el cliente lo solicitaba por escrito, proporcionarle la información necesaria para emprender acciones legales. El Supremo recuerda que, hasta ahora, su criterio ha sido eximir de responsabilidad a las entidades cuando el error en el IBAN procedía del usuario. Sin embargo, subraya que en marzo de 2024 la Unión Europea modificó el Reglamento de servicios de pago, introduciendo la obligación, desde el 9 de octubre de 2025, de verificar la identidad del beneficiario al que se dirige la transferencia. Con ello, el tribunal anticipa un cambio de enfoque en los casos de fraude que se produzcan a partir de esa fecha. Juan Ignacio Navas, socio director de Navas & Cusí, señala que hasta el momento los bancos se amparaban en el Real Decreto-ley de 2018, cuyo artículo 59 indica que una orden de pago está correctamente ejecutada si se ajusta al identificador único (IBAN), aunque el nombre del beneficiario no coincida. Según explica, en las audiencias provinciales existía disparidad de criterios, ya que algunas consideraban que las entidades debían observar un deber adicional de diligencia. Sin embargo, el Supremo zanjó el debate en su sentencia de 1 de abril de 2025, al establecer que el banco no respondía si había actuado conforme al IBAN facilitado. "En esta nueva resolución, el tribunal mantiene esa posición, pero deja claro que desde el 9 de octubre el escenario cambia y que, a partir de entonces, las entidades deberán asumir la responsabilidad, estén o no preparadas para ello", añade Navas. El despacho estima que el impacto económico del phishing o suplantación de identidad alcanzará los 170 millones de euros en 2025, según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y del Banco de España. El INCIBE prevé alrededor de 30.000 casos de este tipo de fraude durante el año, impulsados por el aumento de los ataques a través del móvil y el uso creciente de la inteligencia artificial.

READ MORE

(Cinco Días, 16-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas recomienda menos burocracia en las licencias de vivienda para poner en el mercado 650.000 pisos más al año

La escasez de vivienda a precios asequibles se ha convertido en un problema urgente en toda la Unión Europea. Según las estimaciones del Ejecutivo comunitario, Europa necesitará incorporar cada año unas 650.000 viviendas adicionales a las 1,6 millones que ya se construyen actualmente para poder cubrir las necesidades de la población. Para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda, Bruselas considera imprescindible aumentar la construcción de viviendas, haciéndolo además de forma más eficiente y sostenible. Para lograrlo, resulta clave reducir los costes de producción y agilizar la concesión de licencias. En este contexto, la Comisión Europea presentará este martes una nueva estrategia destinada a impulsar la edificación de viviendas. El plan, al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea una serie de recomendaciones para que los Estados miembros desarrollen programas que rebajen los costes y simplifiquen los trámites y permisos -incluidos los medioambientales- que hoy en día ralentizan las obras y rehabilitaciones. En 2024, la vivienda representó el 5,3% del PIB de la UE, lo que explica que el acceso a un hogar asequible sea un asunto especialmente sensible y polarizador en muchos países. No obstante, la propia estrategia reconoce que el margen de actuación de la Comisión es limitado. Las competencias en materia de vivienda recaen en los Estados miembros y, en numerosos casos, en autoridades regionales o locales -como sucede en España o Alemania-. Además, en algunos países con una gestión más centralizada, como Francia, existe reticencia a que la UE intervenga en este ámbito. La Comisión presidida por Ursula von der Leyen aborda este desafío como parte del acuerdo de investidura con los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo, y tras el impulso de países como España y del presidente del Consejo Europeo, António Costa. Fruto de ese pacto, por primera vez se creó la figura de un comisario europeo de Vivienda -cargo que ocupa el danés Dan Jørgensen, también responsable de Energía-. Dentro de sus limitadas competencias, Bruselas se comprometió a lanzar un conjunto de medidas bajo el llamado "paquete de vivienda asequible". La estrategia que debatirá el colegio de comisarios se sumará a otras iniciativas ya en marcha, como las relativas a la vivienda turística o la limitación de los alquileres de corta duración, y se prevén también ajustes en las normas de ayudas de Estado para incentivar la construcción de vivienda protegida. "El reto principal es reducir los costes para todos los agentes del sector de la construcción", señala el borrador del documento, que apuesta por una simplificación profunda de los procesos, apoyada en una mayor digitalización de toda la cadena de valor y en una menor carga administrativa. La estrategia propone avanzar hacia una mayor armonización normativa en la UE, especialmente mediante la estandarización, con el objetivo de reducir los costes derivados del cumplimiento de las reglas. Uno de los puntos clave es acortar los plazos de concesión de licencias, que en algunos países pueden alargarse hasta siete años, según fuentes comunitarias. Bruselas atribuye la crisis de la vivienda a múltiples factores, entre ellos algunos vinculados al propio sector de la construcción, una visión que no está exenta de controversia, ya que cada vez más voces reclaman priorizar el uso eficiente del parque existente y reforzar la vivienda social. Cambios en la demanda, una oferta insuficiente, el encarecimiento de los costes de edificación y las persistentes brechas de productividad han contribuido a la escasez de viviendas, apunta la Comisión. En aproximadamente un tercio de las regiones europeas, la construcción no ha sido capaz de responder al crecimiento demográfico. Todo ello se ha reflejado en una fuerte subida de los precios. Desde 2013, el coste de la vivienda ha aumentado en términos nominales más de un 60% en el conjunto de la UE, a un ritmo superior al de los ingresos, con consecuencias directas para la cohesión social y la movilidad laboral. En España, el incremento ha sido del 72%, frente al 26,6% de Francia, el 13,3% de Italia o el 51,3% de Alemania, según un informe del Consejo Europeo publicado en octubre, antes de una cumbre en la que, por primera vez, la vivienda ocupó un lugar central en la agenda. El asunto volverá a abordarse en la próxima reunión de líderes europeos en Bruselas. La estrategia identifica varias "palancas" para mejorar la competitividad del sector de la construcción. Entre ellas, destaca que reducir la burocracia y acelerar los permisos permitiría adelantar la entrega de proyectos tanto públicos como privados. En este sentido, menciona la futura Ley de Racionalización y Aceleración de las Evaluaciones Ambientales, que podría simplificar los estudios exigidos para obras y reformas y evitar duplicidades, especialmente en pequeñas modificaciones o ampliaciones, así como en la planificación y construcción de viviendas residenciales, sociales o asequibles y de las infraestructuras vinculadas a ellas. De hecho, la Comisión anima a los Estados miembros a aprovechar al máximo este marco normativo para agilizar la planificación urbanística, la zonificación y la tramitación de permisos para promociones de vivienda y equipamientos asociados. El Ejecutivo comunitario subraya también que el sector de la construcción puede actuar como un elemento clave para facilitar viviendas asequibles, sostenibles y de calidad. Mejorar la productividad, la capacidad y la competitividad del conjunto del sector permitiría aumentar la oferta de vivienda y avanzar hacia los objetivos económicos, sociales y medioambientales de la Unión. Sin embargo, reconoce que el rendimiento actual está por debajo de su potencial y que, desde 2019, la construcción es el sector industrial que más ha visto caer su productividad. En este contexto, Bruselas destaca el potencial de la construcción modular y prefabricada para incrementar rápidamente la oferta de viviendas. Al trasladar gran parte del proceso a fábricas controladas, se reducen errores, se acelera la producción y se acortan los plazos de ejecución. Estas soluciones resultan especialmente atractivas para la vivienda social y asequible, donde la rapidez, la calidad y el coste son determinantes. Además, los módulos suelen ser desmontables y reutilizables, lo que favorece la economía circular y el uso eficiente de los recursos. No obstante, la Comisión advierte de que la elevada inversión inicial necesaria para este tipo de instalaciones, junto con la incertidumbre de la demanda y la limitada cobertura de los seguros, frena su desarrollo. Para alcanzar su pleno potencial -estimado en un crecimiento anual del 4,5% en el ámbito residencial-, será necesario eliminar las barreras que todavía pesan sobre la construcción industrializada.

READ MORE

(El País, 16-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez anuncia un abono transporte único de 60 euros al mes para viajar por todo el país

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que a partir del próximo mes de enero se pondrá en marcha un abono de transporte único con un coste general de 60 euros mensuales, que permitirá desplazarse por todo el país en trenes de cercanías, servicios de media distancia y autobuses de la red estatal. En el caso de los menores de 26 años, el precio se reducirá a la mitad, hasta los 30 euros al mes. Además, el jefe del Ejecutivo confirmó que las actuales bonificaciones al transporte público se mantendrán durante todo el año 2026. Durante su comparecencia para hacer balance político del año, Sánchez explicó que tanto el nuevo abono como la prórroga de los descuentos serán aprobados en el último Consejo de Ministros del año, con el objetivo de que entren en vigor en enero. Aunque la creación de este título único ya se había adelantado a comienzos de año con vistas a 2026, todavía no se habían concretado ni su precio ni su fecha definitiva de aplicación. "Se trata de una apuesta firme por la movilidad sostenible y por apoyar a la clase media y trabajadora", subrayó el presidente. La iniciativa toma como referencia el modelo alemán del Deutschlandticket, que permite utilizar todo el transporte público por 63 euros mensuales, incluyendo metros y tranvías, aunque excluye los servicios de alta velocidad. En el caso español, en una primera fase el abono cubrirá únicamente los trenes de Renfe que no sean de alta velocidad y los autobuses de largo recorrido, al tratarse de competencias estatales. No obstante, el Gobierno confía en que comunidades autónomas y ayuntamientos se adhieran al proyecto para integrar también metros, tranvías y autobuses urbanos. En este sentido, Sánchez apeló a las administraciones territoriales para que se sumen a la iniciativa y faciliten "un acceso asequible al transporte público en todo el territorio". Según explicó, alrededor de dos millones de personas se beneficiarán cada mes de un menor coste para desplazarse a su trabajo, a su domicilio o en su rutina diaria. Como ejemplo, señaló que un trabajador que se desplace a diario entre Vigo y Santiago o entre Jerez y Sevilla podría reducir su gasto mensual en transporte público en cerca de un 60%. El presidente también avanzó que se mantendrán las bonificaciones actualmente vigentes en el transporte público, aunque sin precisar aún su alcance exacto. En la actualidad, los abonos mensuales urbanos e interurbanos y los bonos de diez viajes cuentan con un descuento del 40%, financiado a partes iguales por el Estado y las comunidades o ayuntamientos. Gracias a esta rebaja, en Madrid, por ejemplo, es posible adquirir un abono mensual por 66,3 euros que cubre todos los medios de transporte de la región, incluidos metro, tranvía, autobús y cercanías. Asimismo, los descuentos actuales contemplan rebajas del 40% en los trenes de media distancia (que alcanzan el 70% para jóvenes), del 50% en los servicios Avant y del 50% en los autobuses de titularidad estatal, con descuentos que llegan al 70% para los menores de 26 años.

READ MORE

(El País, 16-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública baja al 103,2% del PIB en el tercer trimestre

La deuda del conjunto de las administraciones públicas marcó un nuevo máximo en el tercer trimestre del año. Por primera vez superó los 1,7 billones de euros, sumando los pasivos de la Administración central, las comunidades autónomas, los entes locales y la Seguridad Social, tras crecer un 4,5% en términos interanuales. Sin embargo, su peso relativo sobre la economía se redujo: la ratio deuda/PIB descendió hasta el 103,2% en septiembre, un punto menos que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos difundidos este lunes por el Banco de España. Este comportamiento no resulta contradictorio. Aunque la deuda aumente en términos absolutos, puede disminuir en proporción al PIB si la economía crece a un ritmo superior. Y ese es el caso de España, cuya actividad mantiene una evolución sólida, con una previsión de crecimiento cercana al 3% este año, más del doble de la media esperada para la zona euro. Esta fortaleza económica ha llevado incluso a las principales agencias de calificación a mejorar la nota de la deuda soberana española, al considerar más asumible su coste. La Administración central volvió a concentrar la mayor parte del endeudamiento en el tercer trimestre, algo habitual al ser la que asume el grueso de las obligaciones. Su deuda aumentó un 4,5% interanual y alcanzó en septiembre más de 1,57 billones de euros, lo que equivale al 94,8% del PIB, de acuerdo con el supervisor bancario. No obstante, el mayor incremento relativo se registró en la Seguridad Social. Sus compromisos financieros crecieron un 8,6% en volumen y un 7,6% en relación con el PIB respecto al año anterior, hasta situarse en 126.000 millones de euros. Este aumento responde, principalmente, a los préstamos procedentes del Estado, necesarios para cubrir el desequilibrio de sus cuentas ante la presión creciente del gasto, especialmente por el encarecimiento de las pensiones. Las comunidades autónomas, por su parte, mostraron un crecimiento más moderado de su deuda, del 1,7% hasta el tercer trimestre, con un saldo conjunto de 339.000 millones de euros, equivalente al 20,4% del PIB. Aun así, solo cinco regiones lograron mantenerse por debajo del límite del 13% que establece la ley de estabilidad presupuestaria: Navarra (9,9%), Canarias (10,8%), Madrid (11,5%), País Vasco (11,8%) y Asturias (12,6%). En el extremo opuesto se situaron las autonomías con menor financiación por habitante, como la Comunidad Valenciana (40,5%), Murcia (30,2%) y Castilla-La Mancha (28,5%). Cataluña ocupa el cuarto lugar con un 28,4%, y aunque su financiación está en la media, es la comunidad con mayor deuda en términos absolutos. En contraste, las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones y cabildos- redujeron su endeudamiento un 2,8%. Su deuda se situó en torno a los 22.000 millones de euros, lo que representa el 1,4% del PIB. Madrid es el municipio con mayor volumen de deuda, con unos 2.100 millones, mientras que Barcelona encabeza la deuda por habitante entre las grandes ciudades, con 788 euros por vecino. El Ejecutivo ha asumido con Bruselas el compromiso de rebajar la deuda pública hasta el 101,7% del PIB este año, tras cerrar el ejercicio anterior en el 101,8%. Según las previsiones incluidas en el plan fiscal de medio plazo, la ratio debería descender al 100,9% en 2026, situarse en el 100% en 2027 y bajar al 99,1% en 2028. El Gobierno confía en que esta reducción se apoye fundamentalmente en el crecimiento económico, ya que la fragmentación parlamentaria dificulta la aprobación de medidas de ajuste más ambiciosas para corregir los desequilibrios fiscales con mayor rapidez. Un ejemplo reciente de este bloqueo es el rechazo del Congreso, en dos ocasiones, a la senda de déficit, lo que complica la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. De este modo, seguirán en vigor las cuentas de 2023, las últimas aprobadas por el Ejecutivo de coalición, que volverán a prorrogarse a partir del 1 de enero.

READ MORE

(Cinco Días, 15-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex se encamina a cerrar su mejor año desde 1993 con un alza superior al 46%

En la Bolsa existen ejercicios malos, otros positivos y algunos verdaderamente excepcionales. Y todo apunta a que 2025 se situará en este último grupo, al menos en lo que respecta al mercado español. El Ibex 35 no solo ha superado este viernes los 17.000 puntos, una barrera inédita hasta ahora, sino que además acumula desde enero una subida superior al 46%, lo que lo encamina a cerrar su mejor año en más de tres décadas. Únicamente la revalorización del 54% registrada en 1993 quedaría por encima. Si no ocurre un desplome inesperado en las dos semanas que quedan, 2025 será el segundo mejor año del Ibex 35 desde que nació en 1992. El ejercicio será histórico no solo por la magnitud del avance, sino porque la Bolsa española ha duplicado la rentabilidad obtenida por la mayoría de índices europeos y estadounidenses. El Mib italiano es el que más se aproxima, con un alza del 28%. A continuación aparecen el Dax alemán (22%), el FTSE británico (13%) y el Cac francés (10%). El Euro Stoxx 50 sube un 18%. En Estados Unidos, el S&P 500 apenas avanza un 3,5% y el Nasdaq ronda el 8%. En un índice con un peso tan significativo del sector financiero, las fuertes revalorizaciones de los bancos -algunos han duplicado con creces su valor- han sido determinantes. 2025 ha estado marcado por el intento fallido de opa del BBVA sobre Sabadell, por unos resultados históricos en el sector bancario y por un reparto masivo de dividendos y recompras de acciones. Desde enero, Santander avanza más del 120%, Unicaja un 115%, BBVA un 106%, CaixaBank un 95%, Bankinter un 81% y Sabadell un 78%. La mayor escalada anual, no obstante, corresponde a la industria de defensa. Indra sube un 189% en el año en que cerró la adquisición de Hispasat a Redeia. En otros sectores, Solaria repunta un 113% y ACS un 78%. Inditex, tras marcar máximos históricos, avanza un 14%. Solo siete valores del Ibex están en negativo en 2025: Cellnex encabeza las caídas con un -16%, seguida de Puig (-14%), Redeia (-10%) y Amadeus (-8%). El índice español encadenará así tres años consecutivos al alza: avanzó un 14% en 2024 y un 22,76% en 2023. En conjunto, el Ibex ha duplicado su valor en este periodo, con una subida acumulada del 106%, lo que le permitió superar a finales de octubre su máximo histórico, vigente durante 18 años. Si se añaden los dividendos, el selectivo encadena récord tras récord y en lo que va de 2025 se ha revalorizado más del 52%. Los años 1996 y 1997 también registraron fuertes avances (41% y 42%, respectivamente). En el extremo opuesto, 2008 continúa siendo el annus horribilis por excelencia, con un desplome del 39,4% tras la quiebra de Lehman Brothers, episodio que precipitó la Gran Crisis y que en España coincidió con el estallido de la burbuja inmobiliaria y, posteriormente, con la crisis del euro.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us