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(El Confidencial, 14-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España empieza a diseñar límites al crédito que eviten una burbuja inmobiliaria

El encarecimiento de la vivienda, junto con el aumento en la concesión de créditos a familias y empresas, ha vuelto a despertar la atención de los analistas. Aunque persiste el recuerdo de la burbuja inmobiliaria y financiera de hace años, el Banco de España no considera que exista actualmente una situación similar. Sin embargo, ha comenzado a preparar medidas preventivas para controlar un posible exceso de crédito y reforzar el marco macroprudencial del sistema financiero. Según su informe de estabilidad financiera de otoño, la institución está elaborando "un marco analítico que oriente la decisión, en su caso, de activar límites macroprudenciales sobre los estándares de concesión". En otras palabras, está diseñando herramientas que le permitan intervenir si detecta que las entidades bancarias empiezan a relajar sus criterios al otorgar hipotecas. Por ahora, el Banco de España no planea poner en marcha estas medidas, pero quiere tenerlas listas por si en el futuro resultan necesarias. Este tipo de instrumentos, conocidos como borrower based measures (BBM), servirían para establecer restricciones sobre la concesión de préstamos hipotecarios. El propio organismo recuerda que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya le ha recomendado valorar la aplicación preventiva de estos límites, en caso de observar un crecimiento excesivo del crédito o una pérdida de rigor en los criterios de concesión. La mayoría de los países europeos ya cuentan con herramientas de este tipo de manera preventiva. De hecho, solo tres miembros de la zona euro, entre ellos España, aún no las han implementado. Algunos gobiernos han optado por limitar el porcentaje máximo de financiación en relación con el valor de la vivienda (loan to value), otros establecen topes sobre los ingresos familiares (loan to income), el nivel de endeudamiento o la duración de las hipotecas. El director general de Estabilidad Financiera, Daniel Pérez Cid, ha explicado que el objetivo actual es "disponer de un marco analítico que permita activar estas medidas en caso de necesidad". El Banco de España está revisando la experiencia internacional, evaluando estudios sobre su eficacia y elaborando un modelo propio adaptado al mercado español. Por el momento, no existen señales que justifiquen la puesta en marcha de estas restricciones. No obstante, resulta significativo que la entidad comience estos trabajos en un contexto de encarecimiento sostenido de la vivienda y en medio de advertencias sobre un posible sobrecalentamiento del mercado. El Banco de España busca anticiparse y contar con mecanismos listos para actuar si detecta un crecimiento excesivo del crédito o una relajación de las condiciones de concesión. Estas herramientas funcionarían directamente sobre el nuevo crédito, lo que podría ayudar a evitar desequilibrios que amenacen la estabilidad del sistema financiero. El organismo recuerda que las medidas macroprudenciales son relativamente recientes -surgieron tras la crisis financiera-, aunque los primeros estudios demuestran que pueden ser eficaces en determinadas circunstancias. Sin embargo, advierte de que también pueden generar efectos no deseados, como el desplazamiento de la demanda hacia el mercado del alquiler, cambios en la distribución de rentas o impactos sobre el consumo. Por ello, el análisis en curso pretende evaluar sus consecuencias sobre el conjunto de la economía, más allá del sistema financiero. El Banco de España descarta por ahora la existencia de una burbuja inmobiliaria. Considera que el incremento de los precios responde principalmente a factores estructurales, como el crecimiento de la población y la mejora del empleo, más que a comportamientos especulativos o a un exceso de crédito.

(El Periódico, 14-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La tasa de variación anual del IPC del mes de octubre se situó en el 3,1%, una décima por encima de la registrada en septiembre

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de octubre fue del 3,1%, una décima superior a la registrada el mes anterior. El grupo que más destacó por su influencia en el aumento de la tasa anual fue: Vivienda, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 7,5%, debido a la subida de la electricidad, mayor que en octubre de 2024. Entre los grupos con influencia negativa destacó: Ocio y cultura, cuya tasa anual disminuyó cinco décimas, hasta el 0,1%. Este comportamiento se debió, principalmente, al descenso de los precios de los paquetes turísticos, mayor que en octubre del año pasado. La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 2,5%, una décima superior a la registrada el mes anterior. En octubre la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,7%. Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron: Vestido y calzado, que presentó una variación del 8,2%, que recogió el comportamiento de los precios al comienzo de la temporada de otoño-invierno. Este grupo repercutió 0,287 en el IPC general. Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa del 1,4% y una repercusión de 0,263. Destacaron en este comportamiento los incrementos de los precios de las frutas, la carne, la leche, queso y huevos y los aceites y grasas. Vivienda, que presentó una variación del 0,9%, consecuencia de la subida de precios de la electricidad y, en menor medida, del gas. La repercusión de este grupo en el IPC general fue 0,118. Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacó: Ocio y cultura, con una variación del -0,8% a causa del descenso de los precios de los paquetes turísticos. Este grupo repercutió -0,067 en el IPC general. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en octubre. Illes Balears y Comunidad de Madrid presentaron las tasas más elevadas (3,6% ambas) y Región de Murcia la más baja (2,2%). En el mes de octubre la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,2%, dos décimas por encima de la registrada el mes anterior. La variación mensual del IPCA fue del 0,5%.

(Cinco Días, 13-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump firma la ley de financiación para poner fin al cierre del Gobierno más largo de la historia de EEUU

El cierre más prolongado del Gobierno federal en la historia de Estados Unidos llegó a su fin después de que el presidente Donald Trump firmara la ley de financiación gubernamental, tras una ajustada votación en la Cámara de Representantes. Esta cámara, controlada por los republicanos, aprobó el miércoles por la noche la medida que el Senado había ratificado el lunes, con el objetivo de reabrir el Gobierno y asegurar su financiación hasta finales de enero. El proyecto fue remitido de inmediato al despacho presidencial para su promulgación, poniendo fin a un cierre de 43 días que dejó a miles de empleados federales sin salario, interrumpió programas de asistencia social y provocó caos en los aeropuertos debido a cancelaciones y retrasos de vuelos. "Los extremistas del otro partido insistieron en causar el cierre más largo en la historia del país, motivados únicamente por razones políticas", declaró Trump antes de firmar la ley, responsabilizando al Partido Demócrata. "Cuando lleguen las elecciones de mitad de mandato y otros comicios, recuerden lo que hicieron a nuestra nación", añadió. Se prevé que los servicios federales reanuden sus operaciones en los próximos días y que las restricciones en los vuelos nacionales se vayan levantando de manera progresiva. El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, logró sacar adelante la iniciativa pese a la ajustada mayoría de su partido. Todos los republicanos, excepto dos, votaron a favor del proyecto, junto con seis demócratas provenientes de distritos que Trump ganó en las elecciones presidenciales pasadas. Tras la votación, Johnson acusó a los demócratas de haber orquestado una "maniobra política egoísta" para prolongar un cierre que calificó de "inútil y absurdo". "Ahora que los republicanos hemos logrado poner fin al cierre promovido por los demócratas, esperamos seguir adelante con nuestra agenda legislativa para ofrecer resultados concretos al pueblo estadounidense", señalaron Johnson y otros líderes republicanos en un comunicado conjunto. El acuerdo fue alcanzado durante el fin de semana en negociaciones privadas entre senadores de ambos partidos. Este pacto revierte los despidos de empleados federales dispuestos por la Casa Blanca y garantiza el pago retroactivo de sus salarios. Sin embargo, el consenso provocó divisiones entre los demócratas, muchos de los cuales criticaron a sus senadores por ceder ante Trump y los republicanos. Durante seis semanas, los demócratas condicionaron la reapertura del Gobierno a la preservación de los créditos fiscales para la asistencia sanitaria, que expiran a fin de año. Aunque el acuerdo no asegura la extensión de dichos créditos, sí garantiza que el tema será sometido a votación el próximo mes. Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, había instado a sus colegas a rechazar la medida. En declaraciones hechas el miércoles por la mañana frente al Capitolio, Jeffries afirmó que la propuesta "no resuelve la crisis sanitaria creada por los republicanos ni amplía los créditos fiscales contemplados en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio". Este cierre superó con creces el récord anterior de 35 días, también ocurrido durante el primer mandato de Trump. Además de afectar a cientos de miles de empleados públicos, puso en riesgo las prestaciones sociales para los estadounidenses con menos recursos, incluidos más de 40 millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que proporciona ayudas alimentarias.

(Expansión, 13-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex enfila el segundo mejor año de su historia y su capitalización rebasa el billón

El Ibex 35 ha sumado 352.000 millones de euros en 2025, alcanzando por primera vez un valor total de 1,02 billones de euros. Con esta cifra, el índice se consolida como el más rentable del mundo en lo que va de año y encadena su tercer ejercicio consecutivo al alza, acumulando una revalorización del 101,92% en ese periodo. Este hito convierte a 2025 en un año histórico para la Bolsa española. El conjunto de las 35 empresas que integran el Ibex, sin ajustar por free-float, supera el billón de euros en capitalización bursátil, aunque las diferencias entre compañías son notables. Solo cuatro de ellas -Inditex, Banco Santander, Iberdrola y BBVA- concentran más de la mitad del valor total del índice, con una capitalización conjunta de 526.275 millones de euros (el 52,63% del total). Cada una supera los 100.000 millones, mientras que las diez de menor tamaño en Bolsa están muy lejos de alcanzar esa cifra. De hecho, se necesitarían las 17 firmas más pequeñas del índice para igualar los 100.000 millones. Si se considera el valor ajustado al free-float (el capital que circula libremente en el mercado), el Ibex 35 cerró ayer con una capitalización de 848.609 millones de euros. Esto se debe a que no todas las compañías ponderan el 100% de sus acciones en el índice. Según Bolsas y Mercados Españoles, CaixaBank, Aena, Acciona, Indra, Unicaja, Fluidra y Grifols lo hacen al 80%; Inditex, Mapfre y Rovi, al 60%; Endesa y Colonial, al 40%; y ArcelorMittal, Naturgy y Acciona Energía, al 20%. Cuanto menor es el free-float, menor es el peso de la empresa en el índice. El Ibex alcanza este billón de euros, equivalente a algo más de la mitad del PIB español de 2024, gracias a un fuerte impulso iniciado en 2022. Desde entonces, acumula una subida del 101,92%, equivalente a 462.835 millones. Solo en 2025 se ha revalorizado un 43,3% (352.000 millones), lo que supone el mayor crecimiento del año entre los grandes índices mundiales. Este avance ha permitido al Ibex recuperar niveles récord 18 años después, cerrando ayer en 16.615 puntos tras tres jornadas consecutivas de máximos históricos. De acuerdo con los datos de Bloomberg, el índice se encamina hacia su segundo mejor ejercicio desde su creación. El récord absoluto sigue siendo el de 1993, cuando se disparó un 54,2% impulsado por la bajada de los tipos de interés y la devaluación de la peseta. La subida del Ibex también se ha reflejado en sus principales compañías. Indra ha triplicado su valor en un año, mientras que Banco Santander, Unicaja, Solaria y BBVA han duplicado el suyo. Además, tanto Iberdrola como BBVA han superado por primera vez los 100.000 millones de capitalización bursátil. Con este logro, el Ibex 35 se incorpora al grupo de los grandes índices europeos que superan el billón de euros de valor en su moneda local. El único que aún no lo ha hecho es el Ftse Mib de Milán, con 0,9 billones al cierre de ayer, según Bloomberg. En la eurozona, el Cac 40 de París lidera con 2,59 billones. Por su parte, los índices paneuropeos muestran cifras aún mayores: el Stoxx 600 alcanza los 36,92 billones de euros y el Euro Stoxx 50, los 5,16 billones. Entre las empresas europeas más valiosas figuran ASML (346.150 millones), LVMH (322.103 millones), SAP (268.305 millones), Roche (255.618 millones) y Hermès (232.252 millones). En el ámbito global, los índices estadounidenses continúan dominando por capitalización. El S&P 500 -el mayor del mundo- vale 60,57 billones de dólares; el Nasdaq, 39,95 billones; y el Dow Jones, 22,73 billones.

(Expansión, 13-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo zanja el debate de las hipotecas IRPH con un pronunciamiento a favor de la banca

El Tribunal Supremo se ha vuelto a pronunciar sobre las hipotecas vinculadas al índice IRPH tras la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y ha reafirmado el criterio que ya estableció hace cinco años. Según el Alto Tribunal, las hipotecas referenciadas al IRPH no pueden considerarse abusivas per se si dicho índice estaba publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La entidad más expuesta a este tipo de préstamos es CaixaBank. En dos nuevas sentencias, el Supremo insiste en que no procede declarar nulas de forma general las hipotecas con IRPH, un índice utilizado principalmente por las antiguas cajas de ahorros. Aunque suele situarse por encima del euríbor, el IRPH es un indicador oficial, regulado y supervisado por el Banco de España. El tribunal considera que las entidades financieras actuaron con transparencia siempre que informaran al cliente de que el índice estaba disponible públicamente en el BOE, sin ser necesario detallar el método de cálculo o su comportamiento histórico. Ya en 2020, el pleno de la Sala de lo Civil había descartado que el uso del IRPH implicara abusividad, al entender que no puede atribuirse mala fe a los bancos por ofrecer un índice oficial y autorizado por las autoridades financieras. "El hecho de que resulte más caro que el euríbor no supone, por sí solo, un desequilibrio que determine su carácter abusivo", afirmaba entonces la sentencia, que contó con un voto particular. Las nuevas resoluciones del Supremo establecen criterios para que los tribunales españoles valoren la transparencia de la comercialización de estos préstamos de forma individual, caso por caso. El Alto Tribunal subraya que los bancos no estaban obligados a facilitar información detallada sobre el funcionamiento o evolución del IRPH si indicaban a los clientes dónde podían consultar esos datos, al estar publicados periódicamente en el BOE. Sin embargo, la asociación de consumidores Asufin critica esta postura, recordando que el TJUE, en su sentencia de diciembre, estableció que "el consumidor no tiene por qué acudir a fuentes externas para obtener información". La banca española mantiene una exposición de aproximadamente 16.700 millones de euros en hipotecas referenciadas al IRPH, la mayoría procedentes de la antigua Bankia, ahora integrada en CaixaBank. Ninguna entidad ha realizado provisiones específicas ante posibles fallos judiciales desfavorables. Actualmente, el número total de hipotecas ligadas a este índice se sitúa por debajo del millón.

(Cinco Días, 12-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las demanda de letras a 3 y 9 meses sigue fuerte pese a que pagan por debajo del 2%

El Tesoro Público colocó este martes 2.318 millones de euros en una subasta de letras a 3 y 9 meses, una cifra ligeramente inferior al rango medio previsto, que oscilaba entre 2.000 y 3.000 millones. La rentabilidad de los títulos a 9 meses se acercó al 2%, mientras que la de las letras a 3 meses permaneció estable, por debajo de ese nivel. La demanda volvió a ser elevada: los inversores solicitaron cerca de 5.500 millones, más del doble del importe finalmente emitido. En detalle, se asignaron 706 millones en letras a tres meses, frente a los más de 2.000 millones pedidos por el mercado. El interés marginal quedó en el 1,926%, casi idéntico al 1,928% de la subasta anterior. En las letras a 9 meses, el Tesoro adjudicó 1.612 millones, pese a que las peticiones rozaron los 3.500 millones. La rentabilidad marginal subió ligeramente hasta el 1,976%, frente al 1,966% de la emisión previa. El organismo volverá a los mercados este jueves 20 de noviembre con una nueva emisión de bonos y obligaciones, con la que cerrará el calendario de subastas de noviembre. El pasado septiembre, el Tesoro rebajó en 5.000 millones sus necesidades de financiación para 2025, situando la emisión neta prevista en 55.000 millones, por debajo de los 60.000 millones inicialmente anunciados. El coste medio de la deuda en circulación se mantiene en el 2,28%, apenas 64 puntos básicos por encima del mínimo histórico de 2021 (1,64%) y lejos del incremento de 250 puntos básicos aplicado por los bancos centrales en este periodo. Por su parte, el coste medio de emisión acumulado en 2025 hasta agosto es del 2,75%, inferior al 3,16% registrado en el conjunto del año pasado, lo que contribuye a contener el peso de los intereses de la deuda en torno al 2% del PIB. El Tesoro continúa además ampliando y diversificando su base inversora y sigue potenciando el mercado de bonos verdes mediante nuevas aperturas del bono sostenible emitido en 2021, con el objetivo de equiparar su volumen al de otras referencias y financiar proyectos de transición ecológica. En total, están programadas 48 subastas ordinarias de letras, bonos y obligaciones del Estado, además del uso de sindicaciones para determinadas emisiones de deuda a largo plazo.

(Cinco Días, 12-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La liquidez de 33.000 millones blindada por el ICO en la pandemia que expira en 2028 complica las reestructuraciones

La gran cantidad de liquidez que se inyectó en las empresas españolas durante la pandemia sigue teniendo consecuencias, especialmente en los procesos de reestructuración empresarial. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió más de 140.000 millones de euros en préstamos con aval público, de los cuales aún permanecen vigentes unos 33.000 millones -32.850 millones a cierre de septiembre, según el Banco de España- que deberán devolverse, en su mayoría, antes de 2028. Este respaldo del ICO, que cubre entre el 70% y el 80% del importe concedido por los bancos, se ha convertido en un obstáculo para las entidades financieras, los fondos y los asesores involucrados. La razón es que cualquier modificación de las condiciones -como ampliar plazos más allá de 2028 o aplicar quitas- requiere la autorización expresa de la Agencia Tributaria (AEAT), lo que retrasa y complica los acuerdos. Aunque el PIB español ha crecido más de un 36% desde la caída de 2020, los expertos alertan de un aumento notable de los procesos de reestructuración, que ya superan los 500 casos y continúan al alza. Estas operaciones afectan sobre todo a empresas que no han podido devolver los préstamos. "La deuda que sigue viva se concentra principalmente en compañías más frágiles", explican Davinia Sánchez y Malena Vila, de Kepler-Karst, quienes destacan que "el impacto real de la pandemia ya no se mide por el crédito concedido, sino por la capacidad de las empresas más afectadas para reembolsarlo". Sergio Masip, socio de Reestructuraciones en EY-Parthenon, prevé una "aceleración" de los procesos conforme se acerque el plazo de vencimiento en 2028. En la misma línea, el abogado Antonio Almendros, experto en insolvencias, apunta que se está produciendo un "repunte de reestructuraciones" motivado por la necesidad de anticiparse a la devolución de la financiación avalada por el ICO. El principal cuello de botella, coinciden las fuentes, está en la obtención de las autorizaciones necesarias. El procedimiento para ampliar plazos o aplicar quitas exige la aprobación de la AEAT, pero las restricciones legales que impiden extender los vencimientos más allá de 2028 dificultan los acuerdos. "El mayor problema es el límite temporal -explica Masip-, ya que cualquier decisión que implique una quita o una conversión del crédito en préstamo participativo necesita el visto bueno de la AEAT". En el mismo sentido, Yago Fernández, de Alvarez & Marsal (A&M), confirma que "las limitaciones normativas frenan muchos procesos". Un abogado especializado en reestructuraciones añade que en muchos casos "la AEAT está denegando las solicitudes", lo que lleva a algunos bancos a votar en contra de los planes de reestructuración para no arriesgar la validez del aval público. Desde Kepler-Karst señalan que ha habido algunos casos puntuales de ampliación de plazos o quitas parciales, pero subrayan que "son excepcionales y no existe una interpretación uniforme entre expedientes". Mikel Ortega, de A&M, confirma que "la denegación de solicitudes dificulta cumplir los plazos de los planes de reestructuración y pone en riesgo la viabilidad de las empresas a corto plazo". Por su parte, la Agencia Tributaria defiende que, en muchos casos, las entidades no aportan una justificación suficiente para prolongar el crédito más allá del límite legal, y recuerda que conceder excepciones podría vulnerar los principios de igualdad y justicia frente a otros deudores públicos. Ante este escenario, los despachos están buscando alternativas. Masip explica que se están diseñando planes de reestructuración con distintas clases de crédito que, con el apoyo mayoritario de los acreedores, permiten "arrastrar la parte avalada por el ICO sin perder la garantía". Víctor Pedrosa, de A&M, añade que estas medidas solo son posibles mediante planes no consensuales en los que otros acreedores -comerciales, financieros sin aval ICO o subordinados- impongan nuevas condiciones, siempre cumpliendo los requisitos de la Ley Concursal. Finalmente, otro abogado de un gran despacho señala la importancia de que los bancos puedan "emitir votos diferenciados" en los planes de reestructuración, tratando de manera distinta la parte del préstamo avalada por el ICO y la no avalada, sin poner en peligro la validez del respaldo público.

(Expansión, 12-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El TJUE avala el cálculo de honorarios notariales sobre la herencia total en sucesiones transfronterizas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que no se vulnera la libre circulación de capitales cuando un heredero debe abonar honorarios notariales en distintos Estados miembros, siempre que ambos se calculen sobre el valor total de la herencia. Según el fallo, esta práctica no supone una restricción prohibida por el Derecho comunitario. La sentencia se origina en el caso de un ciudadano francés que heredó bienes de su hermana situados en Francia y Bélgica. Para tramitar la sucesión, tuvo que recurrir a un notario en cada país, y ambos profesionales fijaron sus honorarios tomando como base la totalidad del patrimonio heredado, no únicamente los bienes localizados en su propio territorio. El heredero sostenía que este doble pago representaba un obstáculo a la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea. No obstante, el TJUE ha concluido que los costes adicionales derivados de la intervención de varios notarios son una consecuencia natural del carácter transfronterizo de la herencia y del ejercicio simultáneo de las competencias fiscales de cada Estado. El Tribunal considera que estos gastos están estrechamente vinculados al proceso sucesorio y no implican discriminación alguna. Además, resalta que, en el caso de Francia, calcular los honorarios sobre el valor total de la herencia resulta necesario para que la administración tributaria pueda determinar correctamente el impuesto de sucesiones. En consecuencia, el TJUE concluye que las dificultades o costes económicos que pueden surgir al gestionar herencias con bienes repartidos entre varios países de la UE no vulneran los principios del mercado único europeo.

(El País, 11-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La renta disponible de los hogares crece en la OCDE el doble que en España

La renta disponible de los hogares de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aumentó a un ritmo mayor en el segundo trimestre del año, con un avance medio del 0,4% interanual, frente al 0,1% registrado entre enero y marzo. Según el organismo, esta mejora responde al notable crecimiento observado en muchas de las economías miembro. En España, no obstante, el buen comportamiento del PIB no se ha traducido con la misma intensidad en la economía doméstica: los ingresos de las familias subieron menos de un 0,2% entre abril y junio, un ritmo inferior al más de medio punto registrado en el primer trimestre. El panorama cambia si se analiza el PIB per cápita, cuyos datos también se difundieron este lunes. En este caso, España no solo iguala la evolución de la media de la OCDE, sino que incluso la supera ligeramente: el PIB por habitante creció un 0,53% en el segundo trimestre, frente al 0,5% del conjunto del organismo, aunque con fuertes diferencias entre países. La OCDE reúne a 38 economías desarrolladas con realidades salariales, productivas y fiscales muy diversas. De los 19 países con datos disponibles sobre la renta de los hogares en el segundo trimestre, 12 registraron avances respecto al inicio del año y 7 experimentaron una desaceleración, aunque solo 4 anotaron caídas (Australia, Chile, Dinamarca y Países Bajos). Polonia fue el país donde más aumentó el ingreso real de los hogares (3,1%), impulsado por la baja inflación y el incremento de las prestaciones sociales y los ingresos por propiedad. Allí, el PIB per cápita también creció con fuerza (0,9%). En el extremo opuesto, Chile y los Países Bajos sufrieron descensos del 0,6%, debido en el primer caso al encarecimiento de los precios y en el segundo a la reducción de los ingresos de los autónomos y al aumento de los impuestos. Estos datos llegan en un contexto en el que la economía española muestra un crecimiento sólido y apunta a ser, por segundo año consecutivo, la gran economía desarrollada que más avanzará, cerca del 3% según todas las previsiones, a pesar de las tensiones geopolíticas y comerciales. Aun así, el sentimiento ciudadano es menos optimista, influido por factores como la inflación acumulada desde 2021 -superior al 20% y por encima de la evolución salarial-, el elevado coste de la vivienda y el impacto del aumento de la población en el reparto de la riqueza generada. Pese a estos retos, la renta real de los hogares ha logrado recuperarse en los últimos años y se sitúa por encima de los niveles previos a la crisis financiera de 2007, con un incremento del 9,3% en el segundo trimestre de 2025. En su análisis, la OCDE también presta atención al comportamiento de las economías del G-7. En la mayoría de estos países, la renta disponible de las familias creció en el segundo trimestre, favorecida en parte por una inflación más moderada que la del mismo periodo del año anterior. En Alemania, pese a las dificultades económicas, los ingresos de los hogares subieron un 0,3%, compensando parcialmente el retroceso de casi medio punto de los primeros meses del año. En el Reino Unido, la renta mejoró tres décimas tras un notable descenso del 0,8% en el trimestre anterior, gracias al aumento de los salarios y a una menor presión fiscal. Francia también registró un avance del 0,3% en la renta familiar, frente al estancamiento de comienzos de año. Estados Unidos y Canadá mostraron igualmente incrementos moderados (del 0,5% al 0,6% y del 0,1% al 0,2%, respectivamente). Italia, en cambio, perdió impulso: la renta disponible de sus hogares creció un 0,3% entre abril y junio, menos que el 0,8% previo, debido en gran medida a una reducción de la remuneración salarial, según la OCDE.

(El Economista, 11-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno lanza un salvavidas a las renovables: subirá su retribución un 28%

El Ministerio para la Transición Ecológica está elaborando una orden ministerial para actualizar los parámetros retributivos del régimen específico aplicable a las instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos durante el periodo 2026-2031. El borrador plantea una rentabilidad razonable del 7,09% para la mayoría de las instalaciones que reciben primas y del 7,398% para aquellas que cumplen las condiciones especiales recogidas en la Ley 24/2013. Con estos ajustes, el Ejecutivo calcula que el coste anual asociado a estas tecnologías volverá a aumentar tras varios años de descensos. En concreto, estima que renovables y cogeneración percibirán 5.908 millones de euros en 2026, frente a los 4.600 millones del año previo, lo que supone un incremento de 1.300 millones, un 28,4% más. Este aumento también repercutirá en los Presupuestos Generales del Estado. La normativa establece que los costes adicionales derivados de la generación eléctrica en los sistemas aislados de los territorios no peninsulares -valorados en 147,5 millones- deben ser sufragados a la mitad por las cuentas públicas, por lo que en 2026 se prevé una aportación de alrededor de 73 millones. La evolución reciente del mercado, marcada por un aumento en los vertidos de energía renovable, ha reducido las horas efectivas de funcionamiento de varias tecnologías. Para cuantificar este efecto, el Gobierno ha comparado el periodo 2023-2025 con la media de 2017-2022, solo con las plantas que continuarán operativas a partir de 2026. El resultado muestra descensos del 29% en cogeneración, del 28% en biomasa, del 21,8% en biogás, del 10,3% en termosolar, del 9,67% en eólica y del 8,9% en fotovoltaica. La propuesta se somete ahora a exposición pública tras la última revisión extraordinaria realizada al inicio del periodo regulatorio 2023-2025. La actualización sigue la metodología del Real Decreto 413/2014 y ajusta tanto la retribución a la inversión como la retribución a la operación para todas las instalaciones tipo incluidas en el régimen específico. El documento prevé precios de mercado de 62,24 euros por MWh en 2026, 59,53 euros en 2027 y 58,78 euros desde 2028 en adelante, lo que dibuja un escenario de precios moderados tras los fuertes vaivenes de los últimos años. Estos valores influyen directamente en los ingresos reconocidos a las instalaciones con derecho a primas. La orden incorpora además nuevas instalaciones tipo de pequeña potencia para afinar el cálculo de las desviaciones entre el precio real y el estimado. También reduce las horas equivalentes de funcionamiento en varias tecnologías, especialmente fotovoltaica y eólica, para ajustarlas a la nueva realidad operativa del sistema eléctrico. Se recuerda asimismo que este régimen retributivo se financia principalmente mediante los cargos del sistema y que la remuneración final dependerá de cómo evolucionen realmente los precios de mercado. La revisión llega en un momento especialmente sensible para los inversores del sector renovable, que afrontan mayores costes, normas más exigentes y un acceso al mercado más limitado. La fijación de la rentabilidad para los próximos seis años aporta certidumbre regulatoria, aunque la rebaja de horas y de precios de referencia podría recortar los ingresos previstos para algunas tecnologías. El texto permanecerá en consulta pública durante varias semanas antes de su aprobación. El nuevo periodo regulatorio 2026-2031 arrancará el 1 de enero y será decisivo para orientar inversiones, consolidar proyectos en operación y asegurar la estabilidad financiera del despliegue renovable en la próxima década.

El Banco de España empieza a diseñar límites al crédito que eviten una burbuja inmobiliaria

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