La Comunidad de Madrid prepara una nueva línea de subvenciones para 2027 destinada a facilitar la conciliación familiar y laboral. El Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, concederá ayudas de hasta 4.000 euros a las familias que contraten personal empleado del hogar. Para financiar este programa, el Consejo de Gobierno ha autorizado un presupuesto de 2,3 millones de euros.
El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que podrán beneficiarse de estas ayudas las familias que tengan a su cargo hijos menores de 12 años, o menores de 18 cuando tengan alguna discapacidad, así como personas dependientes que convivan en el mismo domicilio.
La gestión del programa corresponderá a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Las subvenciones cubrirán las cotizaciones a la Seguridad Social abonadas por el empleador durante el año natural anterior al de presentación de la solicitud. La cuantía dependerá de los ingresos por miembro de la unidad familiar. Así, podrá alcanzar el 100% de las cuotas cuando la renta per cápita sea inferior a 20.000 euros, límite que se eleva a 30.000 euros para las familias monoparentales.
La convocatoria permitirá acceder a las ayudas tanto por la contratación de personal con contratos temporales como indefinidos, incluidos los fijos discontinuos. También se admitirán jornadas completas y parciales. Además, podrán subvencionarse los gastos correspondientes a una única persona empleada del hogar o a varias contrataciones sucesivas realizadas durante el periodo de referencia.
Como requisito general, la relación laboral y el correspondiente alta en la Seguridad Social deberán haberse mantenido durante un mínimo de 58 días naturales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio anterior a la solicitud. No será necesario que ese periodo se haya desarrollado de manera continuada.
Las subvenciones se otorgarán mediante concesión directa, siguiendo el orden de presentación en el registro electrónico de la Comunidad de Madrid. Para ello, las solicitudes deberán estar debidamente cumplimentadas y acompañadas de toda la documentación requerida. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2027, a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid
La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta de Ley de Equidad Digital, una iniciativa destinada a reforzar la protección de los consumidores frente a las prácticas comerciales engañosas y los diseños digitales que fomentan un uso compulsivo de los servicios en línea. La normativa plantea prohibir los denominados dark patterns o patrones oscuros, facilitar la cancelación de suscripciones, exigir que los precios finales se muestren desde el inicio de la compra y limitar determinadas prácticas en los videojuegos dirigidas a menores. También contempla que Bruselas pueda investigar directamente a las empresas y sancionarlas con multas de hasta el 6% de su facturación mundial.
El comisario de Protección de los Consumidores, Michael McGrath, ha defendido que las tarifas ocultas y las técnicas de marketing manipuladoras pueden limitar la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas. Según ha explicado, las actuales normas de protección se diseñaron antes de la expansión del comercio electrónico y necesitan adaptarse a las nuevas prácticas digitales.
La propuesta amplía el catálogo de prácticas comerciales prohibidas en cualquier circunstancia. Entre ellas figuran los mensajes engañosos que anuncian que solo queda una unidad de un producto o que otros usuarios están interesados en adquirirlo, así como los avisos que buscan generar culpabilidad cuando un consumidor rechaza una oferta, como «nos entristece que te vayas». También se prohíbe añadir automáticamente productos adicionales a la cesta de la compra.
Las empresas que comercializan suscripciones digitales deberán establecer procedimientos sencillos para darse de baja e informar claramente de las condiciones antes de las renovaciones automáticas. Además, tendrán que obtener el consentimiento expreso del usuario antes de transformar una prueba gratuita en un servicio de pago.
Otra de las medidas permitirá a los consumidores desactivar determinadas funciones diseñadas para prolongar su permanencia en las plataformas, como la reproducción automática de vídeos o las notificaciones que no estén relacionadas con su actividad en el servicio. Estas disposiciones se aplicarán a usuarios de todas las edades y complementarán las medidas específicas de protección de menores contempladas en la Ley de Infancia, presentada el pasado 17 de septiembre, y en la Ley de Servicios Digitales (DSA).
En el ámbito de los videojuegos y las aplicaciones, la Comisión plantea que las compras realizadas mediante monedas virtuales indiquen su equivalencia en dinero real. En el caso de los menores, estas divisas digitales deberán estar desactivadas por defecto. Asimismo, se propone prohibir para este colectivo las cajas de recompensa (loot boxes) y los mecanismos de pago para obtener ventajas o avanzar en el juego (pay-to-win).
La iniciativa también establece nuevas obligaciones para los influencers, que deberán identificar de forma clara las promociones por las que reciben una remuneración. No podrán anunciar productos cuya publicidad sea ilegal y las marcas y agencias tendrán que comprobar que cumplen estas exigencias.
En materia de comercio electrónico, los vendedores estarán obligados a mostrar desde el primer momento el precio total de los productos y servicios, incluidos impuestos, tasas y otros cargos. De este modo, se pretende eliminar el denominado drip pricing, una práctica que consiste en incorporar costes adicionales a medida que avanza el proceso de compra. En las colas virtuales, además, deberá informarse de la evolución del precio en tiempo real y del importe máximo que puede alcanzar. Para las entradas de espectáculos culturales y eventos deportivos con precios dinámicos, también habrá que comunicar el número de localidades disponibles y el precio máximo.
La comisaria de Soberanía Digital, Henna Virkkunen, ha señalado que estas medidas buscan mejorar la transparencia para los consumidores y garantizar condiciones de competencia homogéneas para las empresas en toda la Unión Europea. Según las estimaciones de la Comisión, la aplicación de las nuevas disposiciones podría generar un ahorro de hasta 13.700 millones de euros anuales para los consumidores europeos, al reducir las pérdidas económicas asociadas a prácticas comerciales abusivas.
Junto a la propuesta de Reglamento de Equidad Digital, Bruselas plantea modificar las normas de cooperación entre las autoridades nacionales de protección de los consumidores para reforzar la investigación de infracciones de gran alcance. La Comisión podría intervenir directamente en aquellos casos que afecten a consumidores de al menos dos tercios de los Estados miembros y que representen también a dos tercios de la población de la UE. Esta capacidad se limitaría a las investigaciones sobre empresas que no sean pequeñas o medianas.
Las propuestas deberán negociarse ahora en el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su aprobación definitiva. Por tanto, las nuevas obligaciones todavía no están en vigor y su aplicación dependerá del resultado del proceso legislativo.
El escudo contable que el Gobierno aprobó en 2020 para proteger a las empresas de las consecuencias económicas de la pandemia finalizará el próximo 31 de diciembre, salvo que se apruebe una nueva prórroga. A partir de esa fecha, las sociedades deberán volver a computar las pérdidas de 2020 y 2021 para determinar si incurren en causa de disolución. Los economistas contables del Consejo General de Economistas de España estiman que unas 80.000 empresas podrían verse afectadas por el fin de esta protección. Aunque los expertos advierten de que aflorarán problemas patrimoniales en numerosas compañías, no esperan una oleada de cierres y disoluciones.
La continuidad de la medida exigiría aprobar un real decreto ley y someterlo a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso. Por el momento, el Ministerio de Economía no ha aclarado si prepara una nueva ampliación. La suspensión de la causa de disolución por pérdidas se aprobó en abril de 2020 y se convirtió en ley en septiembre de ese mismo año. Su finalidad era ofrecer a las empresas un margen adicional para reestructurar su deuda, obtener liquidez y compensar los resultados negativos mediante la recuperación de su actividad, el acceso al crédito o las ayudas públicas. Esta medida era independiente de la moratoria concursal, que suspendió temporalmente la obligación de solicitar el concurso de acreedores y que dejó de estar vigente en junio de 2022.
La moratoria contable se fue prorrogando mediante distintos reales decretos leyes aprobados para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y de crisis posteriores, como la guerra de Ucrania, la crisis energética y las tensiones arancelarias. Sin embargo, el Congreso rechazó tres de estas normas, en enero de 2025, enero de 2026 y febrero de este año. El Ejecutivo volvió a recuperar la protección mediante otras disposiciones, la última aprobada en marzo de 2026, cuya vigencia concluye a finales de este ejercicio. La medida únicamente permite excluir del cálculo de la causa de disolución las pérdidas correspondientes a 2020 y 2021, pero no las generadas en ejercicios posteriores.
La Ley de Sociedades de Capital establece que una compañía debe disolverse cuando las pérdidas reducen su patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, salvo que se adopten medidas para corregir el desequilibrio, como una ampliación o reducción de capital, o que proceda solicitar el concurso de acreedores. Según las estimaciones de los economistas contables, basadas en datos del Banco de España y de la Encuesta de Población Activa, la moratoria protege a cerca de 80.000 sociedades y entre 600.000 y 800.000 puestos de trabajo.
Los sectores con mayor exposición al fin de la medida son el turismo, la hostelería, el ocio, el transporte y el comercio, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Jordi Santamaría, socio del área Legal de Grant Thornton en Barcelona, advierte de que las compañías más vulnerables son aquellas que acumulan pérdidas, presentan una rentabilidad reducida, mantienen elevados niveles de endeudamiento y tienen dificultades para atender sus gastos financieros. A este grupo se suman otros ámbitos con problemas de valoración, como la restauración, el sector cárnico, el vino y su industria auxiliar, las clínicas dentales y las energías renovables.
Davinia Sánchez, socia directora de Kepler-Karst, recuerda que recuperar el volumen de ventas previo a la pandemia no implica necesariamente haber reconstruido el patrimonio empresarial. Por ello, considera que el problema no se limita a las grandes compañías rescatadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), sino que afecta también a las pymes, que disponen de menos capacidad para obtener nuevos recursos propios.
Uno de los focos de preocupación son las empresas que todavía mantienen créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Si no se amplía la moratoria, las sociedades con patrimonio negativo y préstamos pendientes tendrán que afrontar la situación a partir de enero. Según los últimos datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el saldo vivo de las líneas de financiación habilitadas para hacer frente a la crisis de la covid rondaba los 24.000 millones de euros en diciembre de 2025.
Los expertos advierten de que las empresas suelen recurrir demasiado tarde a los fondos especializados en reestructuración, cuando las condiciones para sus propietarios son menos favorables. Además, señalan que este tipo de operaciones se ha ralentizado en España y que las transacciones que llegan al mercado son cada vez de menor tamaño.
La situación de las grandes compañías rescatadas también refleja las dificultades para recuperar la solvencia. Las cuentas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sepi, muestran que había provisionado 425 millones de euros de los más de 1.000 millones que tenía pendientes de recuperar, lo que representa un 42%. El fondo registró unas pérdidas de 139,7 millones en el ejercicio, después de dotar 260,3 millones por deterioro. Hasta septiembre, la Sepi había recuperado 1.775 millones, el 66% de la financiación concedida.
Entre los casos más recientes figura Vivanta, la red de clínicas dentales que recibió 40 millones de euros del fondo y cuya refinanciación fue aprobada en abril. Pese a ello, la compañía entró en concurso de acreedores en septiembre y posteriormente cerró todas sus clínicas a la espera de una decisión de Bruselas. También han recurrido a mecanismos de reestructuración Duro Felguera, Imasa y Vicinay, mientras que Losán solicitó la homologación de su plan en mayo.
Duro Felguera constituye uno de los ejemplos de dependencia de la moratoria contable. Tras homologar su plan de reestructuración en junio, la compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que mantenía un patrimonio neto individual negativo a junio de 2026. Sin embargo, el cómputo de los préstamos participativos y la exclusión de las pérdidas de 2020 y 2021 le permitían evitar la causa de disolución. Una situación similar afecta a Tubos Reunidos, que también se acogió a la moratoria, aunque entró en concurso de acreedores en mayo y su sociedad matriz inició la fase de liquidación en octubre.
La posibilidad de aprobar una nueva prórroga para 2027 está condicionada por la situación política. La disolución de las Cortes, la confrontación entre PSOE y PP y el adelanto electoral al 29 de noviembre dificultan la tramitación de una nueva norma. Aunque una ampliación resulta jurídicamente posible, los expertos recomiendan que las empresas afectadas la contemplen como una posibilidad, pero no como una medida garantizada, y planifiquen sus decisiones financieras sin dar por segura su aprobación.
El Gobierno puede recurrir a un real decreto ley si justifica su extraordinaria y urgente necesidad, aunque su capacidad para hacerlo se verá más limitada cuando entre en funciones el 30 de noviembre. La norma tendría que ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso.
Los especialistas consultados no prevén que el fin de la moratoria provoque una sucesión de disoluciones automáticas. Entre enero y octubre se registraron alrededor de 25.000 disoluciones empresariales, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los concursos de acreedores superaron los 5.300, con un descenso del 3,4%, según Informa D&B.
Los expertos consideran que las empresas viables deberían haber dispuesto de tiempo suficiente para recuperar las pérdidas puntuales ocasionadas por la pandemia. Para aquellas que todavía presentan dificultades, existen distintas alternativas, como recapitalizaciones, reducciones de capital, operaciones acordeón, aportaciones de socios, préstamos participativos o procesos de reestructuración.
Desde Kepler-Karst advierten, no obstante, de que mantener indefinidamente esta excepción podría retrasar decisiones necesarias y trasladar los riesgos a los acreedores. La viabilidad de las compañías dependerá, en buena medida, de su capacidad para captar nuevos recursos y anticiparse al vencimiento de la moratoria, en lugar de esperar hasta el último momento para negociar con socios y acreedores.
Los dos decretos ley sobre vivienda aprobados por el Gobierno se someten este jueves a votación en la Diputación Permanente del Congreso para decidir sobre su convalidación, un día después de la huelga general convocada para denunciar el encarecimiento de la vivienda y en la víspera del inicio de la campaña electoral, previsto para las cero horas del viernes 13. El Ejecutivo impulsó estas medidas tras las movilizaciones provocadas por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años residente en Madrid.
Ambas normas entraron en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque, de acuerdo con la Constitución, deben ser sometidas a convalidación parlamentaria en un plazo máximo de treinta días. Debido a la disolución de las Cortes por el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, corresponde ahora a la Diputación Permanente, el único órgano parlamentario que permanece operativo, decidir si mantiene o deroga los dos textos.
El Gobierno optó por dividir el paquete de medidas en dos decretos ley ante las dificultades para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar todas las disposiciones. El primero reúne un conjunto amplio de actuaciones destinadas a intervenir en el mercado del alquiler y contener el encarecimiento de la vivienda. El segundo incorpora modificaciones adicionales, entre ellas la obligación de indemnizar al inquilino cuando el propietario decida poner fin al contrato de arrendamiento, así como la introducción de prórrogas automáticas. A principios de octubre, el Ejecutivo ya intentó sacar adelante ambas normas, pero se encontró con el rechazo del PP, Vox, Junts y UPN, que sumaron 178 votos en contra de los dos decretos. A estos grupos se añadieron el PNV y Coalición Canaria en la votación del segundo texto, relativo a las indemnizaciones a los inquilinos.
El fracaso parlamentario de aquellas iniciativas precedió al adelanto electoral del 29 de noviembre. Tras la disolución de las Cortes, el Gobierno volvió a aprobar los decretos con algunas modificaciones para que no fueran idénticos a los anteriores. Ahora, su convalidación depende de la Diputación Permanente, donde la distribución de los escaños ofrece un escenario diferente. Este órgano está integrado por 69 diputados: 34 corresponden al bloque de izquierdas, formado por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos; otros 34 pertenecen al PP, Vox y Junts. El voto decisivo corresponde al PNV, que cuenta con un representante y ya ha anunciado que respaldará el decreto que concentra la mayor parte de las medidas, pero rechazará el segundo, tal como hizo en la anterior votación. Si se confirma este escenario, estas serán las principales novedades del decreto de vivienda que cuenta con el respaldo anunciado del PNV:
Los inquilinos cuyos contratos de alquiler finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga extraordinaria de dos años. Esta extensión no se aplicará automáticamente, sino que deberá pedirla el arrendatario al propietario. Para acogerse a ella, tendrá que estar al corriente del pago de la renta y haber cumplido esta obligación durante los ocho meses anteriores.
En materia de actualización de las rentas, se establecen limitaciones hasta el 31 de diciembre de 2027. Cuando el precio del alquiler supere el máximo fijado por el índice de referencia del Ministerio de Vivienda, el propietario no podrá aplicar nuevas actualizaciones. Si la renta se encuentra por debajo de ese límite, el incremento quedará restringido a un máximo del 2%.
Los alquileres por habitaciones también quedarán sujetos a regulación. La suma de las cantidades cobradas por cada habitación no podrá superar el importe que correspondería al alquiler de la vivienda completa mediante un único contrato. Otra de las medidas contempla la suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que carezcan de una alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030 cuando el arrendador sea una empresa del sector inmobiliario. Si el propietario no pertenece a este ámbito empresarial, la suspensión deberá revisarse cada doce meses y tendrá una duración máxima de tres años.
En los procedimientos de desahucio por impago, el inquilino podrá detener el proceso judicial si satisface las cantidades pendientes. Cuando se acredite una situación de vulnerabilidad económica, la comunidad autónoma deberá proporcionar una alternativa habitacional adecuada. Si no puede hacerlo, tendrá que abonar al propietario o consignar judicialmente las cantidades reclamadas y devengadas, además de las costas procesales correspondientes. La Administración General del Estado compensará a las comunidades autónomas por estos desembolsos.
El decreto también introduce restricciones a determinadas operaciones de compraventa de viviendas hasta el 31 de diciembre de 2030. Se prohíbe adquirir inmuebles por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado cuando el comprador sea una entidad, tenga o no personalidad jurídica. La limitación alcanza asimismo a las personas jurídicas que tengan la consideración de grandes tenedores, es decir, aquellas que posean más de diez viviendas o cinco o más inmuebles en zonas declaradas de mercado residencial tensionado.
En el ámbito fiscal, los propietarios que no sean grandes tenedores podrán beneficiarse de bonificaciones si reducen más de un 5% la renta respecto al contrato anterior. Para los arrendatarios, se contempla una deducción del 10% en el IRPF sobre las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual, siempre que sus ingresos anuales sean inferiores a 33.007,20 euros.
Por otra parte, los alquileres de viviendas destinadas a uso turístico pasarán a tributar al tipo del 10% de IVA a partir del 1 de diciembre de 2026. La normativa también permitirá a los ayuntamientos de municipios situados en zonas de mercado residencial tensionado establecer un recargo de hasta el 50% en el IBI para estos inmuebles.
El segundo decreto ley, que no cuenta con el respaldo anunciado del PNV, incorpora medidas adicionales sobre la duración de los contratos de arrendamiento. Entre ellas figura la renovación automática de los alquileres para facilitar su continuidad y evitar que queden sujetos a una finalización ordinaria. También establece que el propietario deberá indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente, como mínimo, a doce mensualidades de renta si decide resolver el contrato sin una causa justificada.
La propuesta permite al arrendador optar por no renovar el contrato sin necesidad de alegar un motivo concreto, siempre que abone la compensación correspondiente. Su importe será de al menos doce mensualidades y se calculará tomando como referencia el sistema estatal de precios del alquiler.
El 6% de los inversores particulares españoles recurre a la inteligencia artificial (IA) como principal fuente de información antes de contratar un producto de inversión. Esta proporción aumenta hasta el 11% entre los integrantes de las generaciones Z y Millennials, los grupos de población más jóvenes. Así lo recoge el VIII Estudio del Observatorio Inverco, que analiza la percepción de los partícipes sobre los fondos de inversión y sus gestores. El informe, que se elabora cada dos años, incorpora en su edición de 2026 una pregunta específica sobre el uso de la inteligencia artificial como herramienta de consulta para tomar decisiones financieras.
Según Emma Cantallops, directora comercial para banca privada de Sabadell Asset Management y miembro del Observatorio Inverco, el asesoramiento profesional continúa desempeñando un papel esencial en todos los perfiles de inversores, independientemente de su edad o tolerancia al riesgo. Aunque la IA está ganando protagonismo, considera necesario combinar distintas fuentes de información para valorar adecuadamente los productos que se contratan.
La utilización de esta tecnología presenta diferencias significativas en función de la edad. Mientras que el 11% de los inversores de las generaciones Z y Millennials la emplea como referencia principal, el porcentaje desciende al 6% entre la generación X, al 1% entre los Baby Boomers y al 0% en la Silent Generation, integrada por personas mayores de 77 años.
En cambio, los inversores de más edad conceden mayor importancia al asesor personal antes de contratar un fondo de inversión. Entre los más jóvenes, el 34% también sitúa el asesoramiento profesional como su principal fuente de información, aunque comparte protagonismo con otros canales de consulta.
El Observatorio Inverco considera que la expansión de la inteligencia artificial como instrumento de apoyo a las decisiones de inversión es una evolución natural y positiva, siempre que la información utilizada proceda de fuentes fiables y pueda contrastarse. La seguridad y la confianza siguen siendo factores determinantes a la hora de elegir una entidad y decidir dónde invertir el patrimonio.
La incorporación de la IA tampoco parece haber modificado, por ahora, las características del inversor particular español respecto a las conclusiones del estudio de 2024. El perfil mayoritario continúa siendo moderado, con un patrimonio inferior a 30.000 euros en fondos de inversión y una estrategia de permanencia superior a los tres años.
La Bolsa sigue siendo el activo preferido por los partícipes, con un 31% de las preferencias, aunque ha perdido tres puntos porcentuales en los últimos dos años. Por otra parte, el 46% de los inversores canaliza su patrimonio mediante contratos de gestión discrecional o asesoramiento. Además, el 71% realizó su contratación más reciente con algún tipo de asesoramiento, si bien el 59% no abonó una cantidad específica por este servicio. Solo el 12% de los participantes en el estudio afirma haber pagado expresamente por recibir asesoramiento financiero.
La European Network for Payments (ENP), que reúne a los principales operadores europeos de pagos instantáneos y gratuitos, ha culminado su proceso de constitución con el nombramiento de William Olgiati, antiguo directivo de Amazon, como consejero delegado.
Con esta designación queda definido el equipo directivo de la nueva organización, que tendrá su sede en Madrid y estará presidida por Fernando Rodríguez Ferrer, uno de los impulsores de Bizum en España y responsable de su desarrollo internacional.
La ENP agrupa a Bancomat, Bizum, EPI/Wero, SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay, plataformas que operan en España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. En conjunto, dan cobertura a unos 130 millones de personas.
La incorporación de Olgiati coincide con el inicio de la fase operativa del proyecto, que aspira a poner en marcha los pagos transfronterizos en Europa durante el próximo año. El nuevo consejero delegado ya ha asumido sus funciones y dirigirá el desarrollo y la puesta en funcionamiento de la plataforma. Al igual que sucede con Bizum en España, la iniciativa pretende que los usuarios puedan realizar pagos en otros países europeos, tanto entre particulares como en comercios electrónicos y establecimientos físicos.
Antes de incorporarse a la ENP, Olgiati estuvo al frente del área de aceptación de pagos de Amazon en la Unión Europea y el Reino Unido, donde trabajó durante catorce años. Durante esa etapa participó en el lanzamiento de distintos métodos de pago alternativos en Europa y adquirió experiencia en la colaboración con organismos reguladores, asociaciones sectoriales y comerciantes.
El Tribunal Supremo ha reforzado la posición de los hospitales privados en sus reclamaciones a las aseguradoras por la asistencia prestada a víctimas de accidentes de tráfico. En una sentencia de la Sala de lo Civil, fechada el 8 de octubre, establece que las tarifas públicas autonómicas no pueden utilizarse automáticamente para sustituir los precios facturados por un centro privado cuando este acredita que sus importes son razonables. La resolución fija así los criterios que deben aplicarse en las reclamaciones de hospitales que no están adheridos al convenio de asistencia sanitaria por accidentes de tráfico de Unespa, actualmente en negociación.
El fallo no reconoce un nuevo derecho a establecer libremente los precios, sino que determina cómo deben justificarse ante los tribunales cuando una aseguradora considera que son excesivos. La decisión puede repercutir tanto en los costes asistenciales de las compañías como en los ingresos que obtienen los centros privados por atender a lesionados de tráfico. Según Unespa, las aseguradoras abonaron 431 millones de euros en facturas médicas de víctimas de accidentes durante 2025.
El litigio enfrenta a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza, con Línea Directa Aseguradora. El hospital abandonó el convenio de Unespa en septiembre de 2017 y comunicó las tarifas que aplicaría a partir de entonces. En 2019 atendió a una mujer herida en un accidente de circulación y reclamó a la aseguradora del vehículo responsable 29.647,71 euros por los servicios prestados.
El Juzgado de Primera Instancia de Ibiza reconoció al centro sanitario el derecho a cobrar 28.247,71 euros. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Baleares redujo posteriormente la cantidad a 8.275,73 euros, al considerar que el hospital no había acreditado suficientemente que sus precios se ajustaran a los del mercado. Para determinar el importe, tomó como referencia las tarifas públicas del Servicio de Salud de Baleares.
El Tribunal Supremo revoca este criterio y restablece la primera condena. La diferencia entre las cantidades reconocidas por ambas instancias asciende a 19.971,98 euros, lo que evidencia la relevancia económica que puede tener el método utilizado para determinar el importe de las facturas. La sentencia recuerda que la libertad empresarial para fijar precios no es ilimitada. Cuando no existe un importe pactado o aceptado y la aseguradora cuestiona la factura, corresponde al hospital demostrar que sus tarifas son proporcionadas. No obstante, el Supremo precisa que no es necesario acreditar un precio único o exacto, sino justificar que los importes se sitúan dentro de una horquilla de precios razonable.
Para valorar esa proporcionalidad, los tribunales deben examinar conjuntamente las pruebas aportadas y las circunstancias específicas del centro y del mercado en el que opera. En el caso analizado, la insularidad de Ibiza constituye un factor relevante, dado que puede limitar la oferta asistencial disponible. La policlínica presentó un informe económico que comparaba su rentabilidad con la de otras 14 empresas del sector sanitario y analizaba las tarifas de 62 procedimientos asistenciales de un hospital privado de Menorca. El estudio también tenía en cuenta elementos como la insularidad, la estacionalidad de la demanda, los costes de personal y las inversiones en tecnología médica. Por su parte, la aseguradora no aportó un informe pericial alternativo para cuestionar las conclusiones del análisis.
El Alto Tribunal considera que la Audiencia Provincial realizó una valoración «ilógica y arbitraria» de la prueba al descartar por separado los distintos métodos empleados en el informe, sin analizar el resultado conjunto. A partir de esa valoración, concluye que las tarifas reclamadas por el hospital no pueden considerarse excesivas ni abusivas.
La decisión podría tener repercusiones en otros litigios del sector. El despacho RocaJunyent-Riutord, que representó a la policlínica y a Juaneda Hospitales, en Menorca, afirma que esta controversia ha dado lugar a más de 2.000 demandas en los últimos nueve años. Aunque el fallo no cuestiona el convenio de Unespa, que continúa siendo un instrumento de referencia para agilizar la asistencia y ofrecer garantías económicas a hospitales y asegurados, sí establece que las facturas de los centros privados deben valorarse atendiendo a las pruebas económicas aportadas. Por tanto, las tarifas públicas no pueden imponerse como referencia automática para reducir los importes reclamados.
La Unión Europea pretende movilizar una parte del ahorro que los hogares mantienen en depósitos bancarios para dirigirlo hacia la financiación de las empresas y los mercados de capitales. Esta orientación ya estaba presente en los informes elaborados por Mario Draghi y Enrico Letta, y ha sido asumida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha impulsado medidas para conseguir que parte de los 10 billones de euros que los ciudadanos europeos mantienen en entidades financieras se destinen a inversiones productivas.
En este contexto, España ha puesto en marcha la denominada cuenta Financia Europa, un instrumento que incorpora importantes incentivos fiscales para fomentar la inversión de los particulares en los mercados europeos. La iniciativa responde a una situación en la que los hogares españoles mantienen una proporción elevada de su patrimonio financiero en depósitos y cuentas bancarias, en lugar de destinarlo a productos de inversión.
Según el informe Capital Markets Union: Key Performance Indicators, elaborado por la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME), cada español mayor de 15 años tiene invertidos aproximadamente 31.000 euros en los mercados de capitales. Esta cantidad representa un 36% menos que la media europea, situada en torno a los 48.000 euros por persona. El cálculo incluye inversiones en acciones cotizadas, bonos, fondos de inversión, seguros de vida y planes de pensiones, pero excluye el efectivo, los depósitos bancarios y las participaciones en empresas no cotizadas.
Con esta cifra, España ocupa el duodécimo puesto entre los países de la Unión Europea y queda por detrás de Alemania, Italia y Francia. También se sitúa por debajo de Austria, con unos 40.000 euros por adulto, y relativamente cerca de Finlandia, con 33.000 euros. La distancia es mucho mayor respecto a Dinamarca, Suecia y Países Bajos, donde el patrimonio invertido por persona supera los 110.000 euros. AFME atribuye buena parte de estas diferencias al mayor desarrollo de los sistemas privados de pensiones en estos países.
Frente a la limitada inversión en los mercados financieros, destaca el volumen de ahorro que los hogares españoles mantienen en productos de bajo riesgo. Según AFME, el 34% de los activos financieros de las familias está depositado en cuentas bancarias y depósitos, generalmente con rentabilidades inferiores al 1,7%, pese a la competencia que se ha producido entre las entidades para captar ahorro tras las subidas de los tipos de interés.
Este porcentaje supera al registrado en Italia, donde alcanza el 25%, y Francia, con un 28%, aunque permanece por debajo del 37% de Alemania. Los datos más recientes del Banco de España elevan el volumen total de dinero mantenido en depósitos y cuentas a unos 1,17 billones de euros. De esa cantidad, cerca de un billón corresponde a cuentas a la vista, cuya remuneración media apenas alcanza el 0,16%.
La escasa canalización del ahorro hacia los mercados financieros constituye, en cualquier caso, un problema que afecta al conjunto de Europa. AFME calcula que la inversión media de los ciudadanos europeos ha pasado de unos 46.000 euros por adulto en 2017 a aproximadamente 48.000 a comienzos de 2026. El avance resulta muy reducido en términos reales, una vez descontado el efecto de la inflación, y contrasta con Estados Unidos, donde el patrimonio financiero invertido supera los 253.000 euros por adulto.
En la Unión Europea, las pensiones y los seguros representan el 59% del ahorro invertido en los mercados de capitales. Los fondos de inversión concentran el 24%, mientras que las acciones cotizadas suponen el 11% y los bonos el 6%. Desde 2022, los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados (ETF), han sido los principales impulsores del crecimiento de estas inversiones.
El director general de AFME, Adam Farkas, considera que una parte demasiado importante del ahorro europeo permanece sin aprovechar desde el punto de vista de la financiación de la economía. La asociación representa a más de 150 entidades financieras que participan en el 90% de la deuda corporativa y soberana europea y en el 85% de las emisiones de capital cotizadas en Europa. No obstante, la organización también advierte de que no todo el dinero depositado en cuentas bancarias debe trasladarse a los mercados financieros. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta las necesidades de liquidez de cada familia, el plazo durante el que puede mantener sus ahorros y su capacidad para asumir riesgos.
El Gobierno español, a través del Ministerio de Economía dirigido por Carlos Cuerpo, ha avanzado en esta estrategia europea con la creación de la cuenta Financia Europa. Su puesta en marcha definitiva todavía está pendiente de la convalidación del real decreto ley, prevista para el 12 de noviembre, así como de la aprobación de las instrucciones de Hacienda que regularán la información que las entidades financieras deberán remitir a la Agencia Tributaria.
El principal atractivo de este instrumento reside en sus beneficios fiscales. Por un lado, permite aplazar la tributación de las plusvalías hasta que el titular retire el dinero, un tratamiento similar al que ya disfrutan los fondos de inversión. Además, cuando las aportaciones se mantienen durante más de cinco años, los primeros 10.000 euros de ganancias quedan exentos de tributación, al igual que el 20% del beneficio restante.
Para acogerse a este régimen, las inversiones deben cumplir determinadas condiciones. Las acciones tienen que corresponder a sociedades vinculadas al Espacio Económico Europeo, que comprende los Estados de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega. En el caso de los fondos, al menos el 70% de la cartera debe estar invertido en activos europeos, incluidos los bonos, mientras que un mínimo del 50% debe destinarse a renta variable y, dentro de esta, al menos un 35% a acciones europeas. Quedan excluidas las socimis, las sicav y los productos derivados. El patrimonio máximo permitido en la cuenta se establece en 150.000 euros.
Paralelamente, el Ejecutivo ha decidido ampliar las posibilidades de otro producto de ahorro que ya existía: los Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (Sialp), conocidos también como Planes Ahorro 5. Estos instrumentos permiten realizar aportaciones de hasta 5.000 euros anuales y cuentan con ventajas fiscales propias.
La nueva modalidad creada por Economía, denominada Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo Financia Europa, eleva el límite de aportación anual hasta los 10.000 euros. A diferencia de la cuenta Financia Europa, este producto exige que al menos el 30% de la inversión se destine a renta variable, frente al mínimo del 50% establecido para la cuenta de inversión. De esta manera, el Gobierno pretende ampliar las alternativas de ahorro a largo plazo y facilitar que los particulares participen en la financiación de las empresas y los mercados europeos.
La auditoría de las grandes empresas públicas estatales que no cotizan en bolsa ha perdido atractivo para las principales firmas auditoras en España. Deloitte, EY, PwC y KPMG se han distanciado progresivamente de este mercado, en el que los reducidos honorarios y el elevado riesgo reputacional no compensan frente a otras actividades, como la consultoría, que ofrecen mejores perspectivas de rentabilidad.
Adif, Agencia EFE, Correos, Ineco, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Isdefe, Loterías y Apuestas del Estado, Paradores, Renfe y RTVE son algunos de los principales ejemplos. En los últimos procedimientos de contratación para auditar sus cuentas anuales, ninguna de las cuatro grandes consultoras presentó una propuesta, por lo que estos contratos han terminado en manos de firmas de tamaño mediano.
El caso de RTVE refleja esta tendencia. EY, responsable de la auditoría de sus cuentas desde 2022, optó por no concurrir al concurso para renovar el contrato correspondiente a los ejercicios 2026, 2027 y 2028, con posibilidad de ampliarlo otros dos años. Deloitte, PwC y KPMG tampoco participaron. Finalmente, el encargo fue adjudicado a PKF Attest, única firma que presentó una oferta, por un importe de 235.665 euros.
Una situación similar se produjo en Renfe, que no recibió propuestas de ninguna de las Big Four para auditar sus cuentas de 2026, 2027 y 2028. La compañía ferroviaria tuvo que convocar dos licitaciones. La primera quedó desierta, en parte debido a unas condiciones que parecían orientadas a facilitar la participación de las grandes auditoras, como el requisito de acreditar experiencia en la revisión de sociedades de interés público con una facturación superior a 1.000 millones de euros. Después de flexibilizar los requisitos, el segundo concurso se resolvió a favor de PKF Attest por 1,03 millones de euros.
Esta misma auditora obtuvo también, a finales de 2023, el contrato para revisar las cuentas individuales y consolidadas de Ineco correspondientes a 2024. Ninguna otra firma presentó una oferta y, posteriormente, el servicio se amplió mediante una prórroga de dos años.
Grant Thornton es otra de las compañías que ha reforzado su presencia en este ámbito. La firma se encarga de auditar las cuentas individuales y consolidadas de Correos y sus filiales, después de adjudicarse el contrato para los ejercicios 2023, 2024 y 2025 en un procedimiento al que no concurrió ninguna de las cuatro grandes. Hace dos meses, el servicio se prorrogó por un año más, elevando el importe total a 689.782 euros para los cuatro ejercicios.
También se ha adjudicado los dos lotes del último concurso del Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como los correspondientes a Adif y Adif-Alta Velocidad para los ejercicios 2026, 2027 y 2028, por importes de 301.875 y 117.000 euros, respectivamente. En ninguno de estos procedimientos participaron Deloitte, EY, PwC o KPMG. A estos contratos se añade el de Loterías y Apuestas del Estado, cuyas cuentas de 2025, 2026 y 2027 han quedado bajo la responsabilidad de Grant Thornton. La adjudicación, con un valor máximo de 261.360 euros, se produjo sin que ninguna de las Big Four presentara candidatura.
Por su parte, Forvis Mazars se ocupa de auditar las cuentas de la Agencia EFE correspondientes a 2024, 2025 y 2026, por un importe de 76.230 euros. El acta de la mesa de contratación recoge que las dos propuestas recibidas procedían de firmas medianas. El mismo escenario se repitió en Ingeniería de Sistemas para la Defensa (Isdefe), cuya auditoría también corresponde a esta compañía.
Paradores completa la relación de empresas públicas que han recurrido a auditoras de tamaño intermedio. En su caso, el contrato para los ejercicios 2025, 2026 y 2027 fue adjudicado a Moore, actualmente integrada en Auren, después de un concurso en el que únicamente participaron firmas medianas. Navantia y el Grupo Tragsa representan las excepciones dentro de este panorama de escaso interés de las grandes consultoras por la auditoría del sector público empresarial. La compañía naval necesitó convocar tres concursos antes de encontrar una firma que asumiera la revisión de sus cuentas de 2024, 2025 y 2026.
La primera licitación, con un presupuesto de 1,17 millones de euros, quedó desierta. El segundo procedimiento, cuyo importe ascendía a 1,7 millones, fue finalmente abandonado tras introducirse cambios en el alcance del contrato, el presupuesto y las condiciones exigidas a las auditoras. En la tercera convocatoria, el presupuesto se redujo a 1,3 millones de euros y se excluyó la revisión de las filiales de Australia, Arabia Saudí y Reino Unido. En esta ocasión sí concurrió una de las Big Four, KPMG, aunque la adjudicación terminó recayendo en PKF Attest, de origen vasco, por 720.480 euros.
El Grupo Tragsa es, por el contrario, la única gran empresa pública de las analizadas cuya auditoría está actualmente en manos de una de las cuatro grandes firmas. KPMG resultó adjudicataria de la revisión de sus cuentas de 2026, 2027 y 2028 por 663.197 euros, tras imponerse a Deloitte en el concurso celebrado a finales de 2025.
Los bajos importes que las empresas públicas destinan a estos servicios constituyen uno de los principales motivos por los que las grandes auditoras han perdido interés en estos contratos. Fuentes del sector consultadas por EXPANSIÓN señalan que la rentabilidad de estos encargos es considerablemente inferior a la que ofrecen las auditorías de compañías privadas. En algunos casos, los honorarios son tan reducidos que apenas permiten cubrir los recursos necesarios para desarrollar el trabajo.
En varios de los procedimientos examinados, los contratos se adjudicaron por una cantidad media un 31% inferior al presupuesto inicial de licitación. A ello se suma que las administraciones suelen tomar como referencia el precio de la adjudicación anterior para fijar el importe de los siguientes concursos, lo que provoca una progresiva reducción de los honorarios hasta niveles que dificultan la prestación del servicio con los medios y el esfuerzo necesarios.
Esta situación también genera preocupación entre las auditoras medianas que sí participan en las licitaciones. Algunas de ellas cuestionan la viabilidad económica de determinados encargos y advierten de que no pueden aceptar contratos a cualquier precio ni asumir rebajas que comprometan la calidad y los recursos exigibles en una auditoría. En sus decisiones también influye la posibilidad de obtener otros trabajos complementarios, como revisiones limitadas o procedimientos acordados. A la escasa rentabilidad se añade el impacto potencial sobre la reputación de las firmas. La combinación de unos honorarios reducidos y una mayor exposición a riesgos reputacionales hace que estos contratos resulten poco atractivos para las grandes auditoras.
Por último, las incompatibilidades entre los servicios de auditoría y determinadas actividades de consultoría también condicionan su participación. Las Big Four deben valorar si les interesa asumir la auditoría de estas empresas públicas o preservar otras líneas de negocio que pueden proporcionarles mayores ingresos y una rentabilidad más elevada.
La promoción de viviendas es una actividad que requiere un elevado volumen de recursos económicos, debido principalmente al coste de los terrenos y de la ejecución de las obras. Sin embargo, ¿qué inversión sería necesaria para corregir el déficit de 750.000 viviendas estimado por el Banco de España? Según los cálculos elaborados por la consultora Atlas Real Estate Analytics para este periódico, cubrir esa carencia exigiría una inversión de entre 189.680 millones de euros, si se considera únicamente el coste de producción, y 236.000 millones, si se incorporan también los gastos financieros y el margen del promotor. Las cantidades se han estimado a partir de los precios del suelo y de la construcción en las distintas provincias. En términos relativos, representan entre el 11,2% y el 14% del PIB español de 2025.
El esfuerzo inversor que supondría alcanzar ese objetivo equivale a multiplicar entre 4,8 y 6,1 veces los aproximadamente 39.000 millones de euros que el sector inmobiliario destina anualmente a la promoción residencial, según los datos de KPMG. Por su parte, las Administraciones públicas dedican actualmente a las políticas de vivienda alrededor del 0,7% del PIB, unos 11.000 millones de euros, de acuerdo con las cifras de Eurostat correspondientes a 2024.
La estimación de las 750.000 viviendas pendientes de construir procede del Informe Anual de 2025 del Banco de España, publicado el pasado mes de junio. En él, el organismo supervisor cuantificó el déficit residencial acumulado entre 2021 y 2025. Ignacio Ezquiaga, investigador especializado en vivienda de Funcas, considera que esta cifra se ha convertido en una referencia compartida por el sector, aunque entiende que podría quedarse corta. A su juicio, el cálculo es conservador porque toma como referencia las actuales tasas de emancipación juvenil, que se encuentran condicionadas precisamente por las dificultades para acceder a una vivienda. Además, tampoco contempla la demanda correspondiente a las segundas residencias.
El análisis de Atlas contempla una vivienda de tamaño medio de 105 metros cuadrados, incluidas las zonas comunes. Su coste de producción presenta diferencias muy importantes en función de la provincia. En Madrid, por ejemplo, alcanzarían aproximadamente los 375.000 euros, de los cuales 196.430 corresponderían al terreno. En cambio, en territorios donde el suelo tiene un precio considerablemente inferior, como Valencia, el coste medio se situaría cerca de los 191.000 euros.
Para calcular el volumen de inversión necesario, la consultora ha distribuido el déficit residencial entre las distintas provincias y ha aplicado a cada territorio sus respectivos costes de suelo y construcción. Más de la mitad de las viviendas que faltan, concretamente el 52%, se concentran en seis provincias: Madrid, con 133.807 unidades; Barcelona, con 91.454; Valencia, con 65.847; Alicante, con 52.548; Murcia, con 32.356, y Sevilla, con 24.018. El estudio no incluye, entre otros conceptos, el IVA ni los gastos de urbanización.
Madrid y Barcelona destacan especialmente por la dimensión de sus necesidades residenciales. Ambas provincias acumulan alrededor del 30% del déficit nacional, pero, debido al elevado precio del suelo y de la construcción, concentrarían el 42% de la inversión total necesaria para corregirlo. En Madrid, el capital requerido se estima en 50.270 millones de euros para cubrir la falta de 133.807 viviendas. Barcelona necesitaría otros 29.543 millones para hacer frente a un déficit de 91.454 inmuebles.
Entre las demás provincias con mayores necesidades figuran Valencia, con una inversión estimada de 12.561 millones de euros; Alicante, con 10.166 millones; Baleares, con 6.875 millones; Málaga, con 6.121 millones; Murcia, con 5.882 millones; Tarragona, con 5.193 millones; Sevilla, con 4.590 millones, y Zaragoza, con 3.592 millones.
Estas cifras se conocen en un contexto en el que las dificultades para acceder a una vivienda han adquirido una dimensión que responsables políticos y organizaciones sociales califican ya de emergencia habitacional. El desahucio de Maricarmen Abascal el pasado septiembre, que falleció sin haber podido regresar a su domicilio, intensificó la presión sobre el Gobierno y propició la presentación de dos reales decretos en materia de vivienda. Sin embargo, ambas iniciativas fueron rechazadas por el Congreso de los Diputados, un desenlace que contribuyó al adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. El Ejecutivo tiene previsto presentar próximamente modificaciones de ambas normas para que puedan ser debatidas en la Diputación Permanente de la Cámara.
Alejandro Bermúdez, director de Atlas Real Estate Analytics, advierte de que el problema no se limita a las 750.000 viviendas que faltan según el cálculo del Banco de España. A ese déficit acumulado entre 2021 y 2025 habría que añadir cada año otras 150.000 viviendas para responder a la formación de nuevos hogares y al crecimiento de la población, especialmente en las grandes ciudades. Por tanto, considera que el reto consiste no solo en recuperar el terreno perdido, sino también en construir por encima de los niveles actuales para atender la demanda que continúa generándose.
El responsable de Atlas recuerda que la capacidad productiva del sector inmobiliario quedó muy debilitada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria durante la primera década de este siglo. Esta limitación se refleja en las cifras de construcción: el pasado año se terminaron en España alrededor de 105.000 viviendas, de las que apenas unas 13.000 tenían algún tipo de protección pública.
En opinión de Bermúdez, incrementar la construcción residencial constituye la principal vía para reducir el desequilibrio entre oferta y demanda. Las grandes ciudades apenas disponen de alternativas suficientes, como la incorporación de viviendas vacías al mercado, mientras que la rehabilitación tampoco permite resolver por sí sola el problema, puesto que buena parte de las actuaciones se llevan a cabo sobre edificios que ya están habitados.
By visiting this website or by using the mobile app we may use and store information in your browser in the form of cookies. These include information that is strictly necessary for the operation and navigation of the website and, therefore, cannot be deactivated.
As we respect your privacy, through the cookie settings panel you can accept or reject cookies by clicking on the corresponding box. For more information or to consult the complete list of cookies consult our Cookies policy.
Necessary technical cookies
These cookies are strictly necessary for the correct operation and navigation of the user through the website, as well as to remember cookie preferences and, therefore, it is not possible to deactivate them. They do not store any personally identifiable information permanently.
Performance Cookies
Performance cookies allow us to know the level of recurrence of our visitors and carry out the measurement and statistical analysis of the use of our service in order to improve its performance. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous.
