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(Cinco Días, 08-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El presidente de la CNMC quiere crear de urgencia la figura de economista jefe

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, día 6, solicitar al Consejo de Estado un dictamen urgente sobre el proyecto de real decreto que modificará el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ejecutivo pide que el informe esté listo, como máximo, el 8 de octubre. La reforma supondrá modificar por primera vez desde 2013 el real decreto que regula la estructura del organismo, creado tras la integración de varios supervisores. El cambio responde a una petición del nuevo presidente de la CNMC, Juan José Ganuza, que pretende incorporar la figura del economista jefe, con rango de director. Para crear este nuevo puesto es necesario modificar el Estatuto Orgánico y establecer las funciones y estructura del departamento correspondiente. Desde la CNMC aseguran que se trata de una modificación puntual destinada exclusivamente a incorporar esta figura. Fuentes políticas apuntan que Ganuza ha optado por mantener buena parte del equipo directivo heredado de su antecesora, Cani Fernández, pero que pretende contar con un economista de máxima confianza. Entre los principales responsables que continúan en el organismo se encuentran la directora de Energía, Rocío Prieto; el secretario del consejo de administración, Miguel Bordiú, y el director de Comunicación, Jesús Gabirondo. El pleno de la CNMC aprobó por unanimidad la semana pasada el informe sobre el proyecto de real decreto. En él se plantea que el nuevo economista jefe tenga un carácter transversal y preste apoyo a las cuatro áreas de instrucción del organismo: Competencia, Energía, Telecomunicaciones y Audiovisual, y Transportes y Sector Postal. La tramitación se ha acelerado de forma notable debido al adelanto electoral. El Ministerio de Economía, del que depende la CNMC, no podía solicitar directamente al Consejo de Estado un dictamen con carácter urgente, ya que esa facultad corresponde al Consejo de Ministros. Por ello, el Ejecutivo ha pedido al órgano consultivo que emita su informe en un plazo de apenas dos días, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La rapidez del procedimiento ha generado sorpresa entre representantes empresariales, que consideran que el proyecto debería haber pasado por un periodo de audiencia pública. Sin embargo, fuentes jurídicas señalan que los trámites de consulta, audiencia e información pública no resultan obligatorios para determinadas normas de carácter organizativo o presupuestario relativas a la Administración del Estado y a sus organismos dependientes. La modificación del Estatuto Orgánico de la CNMC entraría en este supuesto. También ha generado dudas en el ámbito empresarial la necesidad de crear un economista jefe, dado que la CNMC ya dispone de una asesoría económica dirigida por Javier García Verdugo y de una subdirección de estudios económicos dentro de la Dirección de Promoción de la Competencia. Además, los organismos que fueron integrados para crear la CNMC en 2013 tampoco contaban con una figura equivalente, aunque la antigua Comisión Nacional de la Competencia sí disponía de una asesoría económica. La CNMC defiende la creación del puesto argumentando que el economista jefe es una figura habitual en las principales autoridades de competencia y regulación. El organismo pone como referencia a la Comisión Europea, que dispone de este perfil en sus distintas áreas, así como a otras autoridades nacionales de competencia. Se trataría, según la CNMC, de un profesional con un perfil académico y un elevado reconocimiento en el ámbito económico. Entre sus funciones estarían participar en la definición de la estrategia del organismo, analizar y evaluar el impacto económico de sus decisiones, prestar asesoramiento en los expedientes de mayor relevancia económica y reforzar la relación de la CNMC con el ámbito académico y científico. La figura, no obstante, es relativamente reciente incluso en las instituciones europeas. El nuevo departamento también podría asumir estructuras que actualmente se encuentran repartidas por la CNMC. La asesoría económica quedaría integrada en la nueva dirección del economista jefe, mientras que la Unidad de Inteligencia Económica de la Dirección de Competencia podría transformarse en una subdirección dependiente de ella. Esta unidad fue creada durante la etapa de Cani Fernández y trabaja con herramientas como la estadística, la ciencia de datos y la inteligencia artificial para detectar posibles prácticas contrarias a la competencia, incluidos cárteles, sin necesidad de que exista previamente una denuncia. La modificación del Estatuto permitiría dotar a esta estructura de un mayor peso dentro de la organización de la CNMC.

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(El País, 08-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El nuevo decreto de vivienda obliga a las administraciones a asumir la deuda de inquilinos vulnerables para frenar desahucios

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles los dos reales decretos que reúnen el nuevo paquete de medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis de la vivienda, aprobados el martes por el Consejo de Ministros. El primero, el más amplio, introduce algunos cambios respecto al texto que fue rechazado la semana pasada en el Congreso. Entre las principales novedades figuran la ampliación hasta finales de 2030 de las restricciones a determinadas compras de vivienda por parte de fondos y grandes tenedores, así como la obligación de presentar una tasación independiente que acredite que el precio de adquisición supera el 70% del valor de mercado. El nuevo marco también refuerza la protección de los inquilinos vulnerables ante los desahucios. Las medidas entrarán en vigor este jueves, un día después de su publicación. La modificación más relevante afecta a la Ley de Arrendamientos Urbanos y, en particular, al mecanismo extraordinario para evitar el desahucio de hogares vulnerables. La nueva regulación amplía las obligaciones de las administraciones públicas, que deberán asumir no solo las rentas pendientes, sino también las costas judiciales. Además, si transcurren dos meses sin que la Administración haya abonado esas cantidades, quedará subrogada automáticamente en la deuda del inquilino y asumirá su posición frente al propietario. Mientras esto ocurra, el contrato no podrá extinguirse ni podrá ejecutarse el lanzamiento, reforzando así la protección de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad. El decreto también incorpora nuevas prórrogas extraordinarias para determinados inquilinos. Los arrendatarios que acrediten una situación de vulnerabilidad económica y social podrán ampliar sus contratos hasta un año, una extensión que los grandes tenedores deberán aceptar salvo que exista un nuevo contrato o concurra alguna de las causas previstas legalmente. Asimismo, se refuerzan las prórrogas en las zonas de mercado residencial tensionado y se amplían las garantías para los hogares que viven de alquiler. Otra de las novedades es la regulación de la publicidad de los alquileres. Los anuncios deberán ofrecer información como el índice de referencia aplicable, los límites legales de la renta, la identificación de la vivienda y si el propietario tiene la condición de gran tenedor. El objetivo es aumentar la transparencia para quienes buscan una vivienda. Además, se refuerza la protección del parque público gestionado por Casa 47 mediante límites permanentes al precio de transmisión de los inmuebles y la obligación de inscribir estas restricciones en el Registro de la Propiedad, también para futuras ventas. El nuevo texto mantiene asimismo la prórroga extraordinaria de los contratos de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Los inquilinos que estén al corriente de sus pagos podrán solicitar una ampliación automática por periodos anuales de hasta dos años, manteniendo las condiciones del contrato, salvo que las partes acuerden una renovación diferente o concurra una causa justificada de necesidad de la vivienda por parte del propietario.

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(El País, 08-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno refuerza el cálculo de la indemnización que pagará el casero al inquilino si rompe con el contrato

El Gobierno ha publicado este miércoles en el BOE los dos nuevos decretos de vivienda. El más amplio previsiblemente saldrá adelante en la Diputación Permanente del Congreso, mientras que el segundo, que plantea convertir en indefinidos los contratos de alquiler, tiene prácticamente asegurado su rechazo. La publicación se produce pocos días después de que la Cámara Baja rechazara las anteriores normas, muy similares a las actuales, en una votación que terminó precipitando el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. El decreto que plantea establecer contratos de alquiler indefinidos parte con escasas posibilidades de ser aprobado, después de que el PNV haya anunciado que no respaldará la iniciativa. Ante esta situación, el Ejecutivo ha fijado que las modificaciones previstas no entren en vigor inmediatamente tras su publicación en el BOE, sino después de que la Diputación Permanente las examine el próximo 15 de noviembre. Uno de los principales cambios respecto al decreto anterior afecta a la compensación que deberá abonar el propietario si decide poner fin al contrato. La reforma pretende convertir la continuidad del alquiler en la regla general y establece que los contratos puedan prolongarse sucesivamente por periodos de cinco años, cuando el arrendador sea una persona física, o de siete años si se trata de una empresa. El propietario podrá recuperar la vivienda al término de cada periodo, pero deberá indemnizar al inquilino en determinados supuestos. El nuevo texto modifica también la forma de calcular esa compensación. En lugar de utilizar como referencia una vivienda de características similares, establece una fórmula concreta que toma como indemnización la cantidad más elevada entre dos opciones. La primera equivale a 12 mensualidades calculadas sobre el valor máximo del rango individualizado que corresponda al inmueble en el sistema estatal de referencia de precios del alquiler. La segunda consiste en una mensualidad por cada año que el arrendatario haya vivido en la vivienda. Cuando el sistema estatal no disponga de un valor individualizado para el inmueble, se utilizará la renta vigente como referencia. El Gobierno considera que esta modificación permitirá anticipar con mayor precisión el coste que tendrá para el propietario su decisión de no continuar con el alquiler. Según la exposición de motivos, la indemnización pretende compensar los gastos y perjuicios que la finalización del contrato puede ocasionar al inquilino y, al mismo tiempo, proporcionar un marco más objetivo y seguro para ambas partes. La compensación se integra en un cambio más profundo sobre la duración de los contratos. Una vez transcurridos cinco años de alquiler, o siete cuando el arrendador sea una persona jurídica, el contrato podrá renovarse por nuevos periodos de la misma duración si ninguna de las partes comunica su intención de finalizarlo. Para impedir la continuidad, el propietario deberá avisar con seis meses de antelación, mientras que el inquilino dispondrá de un plazo de dos meses. De esta manera, el Ejecutivo pretende que la continuidad del arrendamiento sea la situación habitual y que sea el propietario quien deba manifestar expresamente su voluntad de poner fin al contrato. El Gobierno justifica esta transformación porque considera que el actual modelo de contratos de duración determinada y prórrogas limitadas puede favorecer fuertes incrementos de las rentas cuando llega el momento de renovar. Según el Ejecutivo, al finalizar un contrato el propietario puede volver a ofrecer la vivienda en el mercado y actualizar su precio, trasladando al inquilino las subidas acumuladas. La reforma busca limitar este incentivo y proporcionar una mayor estabilidad residencial a los hogares. El Ejecutivo sostiene asimismo que una relación contractual más estable puede reducir tanto la movilidad forzada de los inquilinos como los gastos asociados a un cambio de vivienda, entre ellos las mudanzas, las nuevas fianzas o la búsqueda de otro inmueble. Como referencia, la exposición de motivos cita los modelos de Alemania, Francia y Países Bajos, donde tienen mayor presencia los contratos indefinidos o las limitaciones a la capacidad del propietario para ponerles fin. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo pretende abrir el debate sobre la duración de los contratos de alquiler. El nuevo sistema no elimina la posibilidad de que el propietario recupere su vivienda. En el caso de una persona física, podrá hacerlo, entre otros supuestos, cuando necesite el inmueble para destinarlo a su residencia habitual o a la de determinados familiares. En estas circunstancias no tendrá que asumir inicialmente la indemnización, aunque el decreto incorpora mecanismos destinados a impedir un uso fraudulento de esta causa. También podrá evitar el pago de la compensación si ofrece al inquilino un nuevo contrato de al menos cinco años, o siete cuando se trate de una persona jurídica, con una renta sometida a los límites establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

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(El País, 08-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Muere Maricarmen, la mujer que encendió la lucha contra los desahucios en España

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuya lucha contra el desahucio se convirtió en uno de los símbolos del movimiento por el derecho a la vivienda en España, ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, según ha comunicado el Sindicato de Inquilinas. La anciana había sido desalojada el pasado 23 de septiembre de la vivienda del barrio de Retiro en la que había vivido durante 70 años y permanecía ingresada desde entonces. Seis años antes, una empresa había adquirido el inmueble por un precio inferior al habitual en la zona precisamente porque Maricarmen residía en él. La mujer tenía una pensión de unos 1.400 euros y nunca había dejado de pagar su alquiler de renta antigua ni las facturas, que en conjunto suponían alrededor de 500 euros mensuales. En 2020, los nuevos propietarios le comunicaron que debía abandonar el piso porque el contrato había sido subrogado en dos ocasiones: primero a su madre, que no figuraba como arrendataria debido a una normativa de la época franquista, y posteriormente a ella. Desde entonces se produjeron cuatro intentos de desahucio. La familia y las organizaciones que la apoyaban plantearon distintas alternativas, como asumir un incremento del alquiler o comprar la vivienda, pero ninguna prosperó. Tras el último desalojo, la presión social consiguió que la empresa propietaria aceptara finalmente negociar un nuevo contrato que habría permitido a Maricarmen regresar a su casa una vez recibiera el alta hospitalaria. Sin embargo, el acuerdo llegó demasiado tarde. Su familia, su abogada y el Sindicato de Inquilinas han destacado que el caso desencadenó movilizaciones multitudinarias, acampadas y protestas en distintas ciudades españolas y contribuyó a impulsar la convocatoria de una huelga general por el derecho a la vivienda. Para sus allegados, lo sucedido supone un punto de inflexión en la lucha por el acceso a una vivienda digna, aunque lamentan el elevado coste personal que tuvo para la anciana. La salud de Maricarmen se había deteriorado considerablemente durante los últimos meses. Ya necesitaba una silla de ruedas y ayuda para realizar actividades cotidianas, y después del desalojo perdió masa muscular y tuvo dificultades para alimentarse. Poco antes de abandonar su vivienda explicó que todo el proceso había afectado profundamente a su estado físico y emocional. A pesar de encontrarse hospitalizada, continuó animando a las personas que se movilizaban en su nombre. Desde el hospital pidió a los manifestantes que mantuvieran la protesta y defendieran sus derechos. Su historia se extendió por toda España y convirtió su nombre en un símbolo del movimiento por la vivienda. El lema "Todos somos Maricarmen" comenzó a aparecer en pancartas y camisetas durante las movilizaciones. María del Carmen Abascal había vivido prácticamente toda su vida en aquel piso del barrio de Ibiza. Su padre lo alquiló en 1956 y allí residió junto a sus padres y su hermano. Estudió taquimecanografía y secretariado y trabajó durante 34 años como secretaria del consejo de administración de una empresa farmacéutica. Se jubiló en 1998 y, según contaba, mantuvo durante años una vida sencilla y muy vinculada a su barrio. Le gustaba pasear, hacer las compras habituales y conservar los numerosos objetos que había acumulado en su casa, entre ellos pinturas, porcelanas y piezas de colección. También guardaba con especial cariño las fotografías familiares. Muchos de esos recuerdos tuvieron que quedar atrás cuando fue trasladada al hospital después del desahucio. Durante los años de conflicto judicial, Maricarmen insistió en que pensaba luchar hasta el final. Consideraba aquella vivienda parte inseparable de su historia personal y recordaba que allí había muerto su padre, en 1960, y su madre, en 2005. Su deseo era poder terminar sus días en la misma habitación en la que había vivido durante décadas. Hasta sus últimos días pidió a quienes consideraba su familia del Sindicato de Inquilinas que continuaran defendiendo el derecho a una vivienda digna. Su caso trascendió el conflicto particular por el alquiler y se convirtió en un referente de las movilizaciones sociales que reclaman cambios en las políticas de vivienda. Antes de abandonar su casa, entre cajas y recuerdos, reconocía que cada rincón estaba ligado a una parte de su vida. Quería volver a ella y, además, tenía otro deseo personal: descansar algún día junto al mar Cantábrico. Finalmente, no pudo cumplir su sueño de regresar a la vivienda en la que había pasado los últimos 71 años.

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(Cinco Días, 07-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las letras a 12 meses pagan el 3% por primera vez desde 2024

El mercado de deuda vuelve a ganar protagonismo ante el repunte de las expectativas de inflación, la previsión de unos tipos de interés elevados durante más tiempo y el deterioro de las cuentas públicas de algunas de las principales economías. Este escenario ha llevado las rentabilidades de la deuda soberana a niveles máximos de las últimas dos décadas y ha vuelto a situar la prima de riesgo en el foco de los inversores. En este contexto, y un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, el Tesoro ha celebrado su primera subasta de letras de octubre, en la que ha captado 6.470,6 millones de euros. La emisión ha puesto de manifiesto el encarecimiento de la financiación a corto plazo. En concreto, las letras a doce meses han alcanzado un interés marginal del 3,026%, frente al 2,846% de la anterior subasta, situándose en su nivel más elevado desde julio de 2024. El Tesoro ha colocado en esta referencia 4.173,52 millones de euros. La demanda ha superado ampliamente la oferta, con peticiones por un total de 9.016,96 millones, lo que refleja que el adelanto electoral no ha provocado, al menos por ahora, un deterioro significativo de la confianza de los inversores en la economía española. Los particulares también han mantenido su interés por estos activos. Las solicitudes no competitivas para las letras a un año han superado los 1.195 millones de euros. En el caso de las letras a seis meses, el Tesoro ha adjudicado 2.297,1 millones de euros, con un tipo marginal del 2,798%, frente al 2,641% de la subasta anterior. Se trata también de la rentabilidad más elevada desde noviembre de 2024. La demanda de los pequeños ahorradores para esta referencia se ha situado en 988,4 millones de euros. El incremento de los rendimientos de la deuda se ha convertido en una tendencia desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo. La prolongación del conflicto, el encarecimiento de la energía y las dificultades que pueden surgir en las cadenas de suministro han vuelto a alimentar las expectativas de inflación, precisamente cuando los mercados consideraban que la escalada de los precios estaba bajo control. Este cambio de escenario ha llevado a los bancos centrales a endurecer nuevamente su discurso y a contemplar tipos de interés más altos durante más tiempo. Las letras del Tesoro se han convertido así en un indicador especialmente relevante de este nuevo escenario monetario. Sus rentabilidades han ido aumentando en las últimas subastas y tanto las referencias a seis meses como las de un año se encuentran ya en niveles que no se veían desde hace alrededor de dos años. El aumento del coste de la deuda presenta una doble vertiente. Para empresas y administraciones supone un mayor esfuerzo de financiación, mientras que para los ahorradores vuelve a hacer más atractivos los activos conservadores después de varios años de rentabilidades muy reducidas. No obstante, quienes recurren a las letras siguen obteniendo una rentabilidad inferior a la inflación. El IPC español avanzó un 4,9% en septiembre, por lo que los rendimientos actuales de estos títulos no permiten compensar completamente la pérdida de poder adquisitivo. En el mercado secundario, los analistas consideran que el repunte de las rentabilidades y de la prima de riesgo española no debe interpretarse necesariamente como una señal de alarma. El adelanto electoral, de hecho, podría contribuir a despejar parte de la incertidumbre política y facilitar posteriormente la aprobación de unos nuevos Presupuestos, algo que permitiría ofrecer mayor visibilidad sobre la evolución de la economía y de las cuentas públicas. España mantiene además unas perspectivas de crecimiento que contrastan con la situación fiscal de otras grandes economías europeas. En este contexto, Francia concentra actualmente buena parte de la preocupación de los inversores. El diferencial entre la deuda francesa y la alemana ronda los 130 puntos básicos, frente a los aproximadamente 61 puntos de España. Aunque el mercado no contempla un escenario similar al de la crisis de deuda de 2011 y 2012, el aumento generalizado de las rentabilidades añade presión sobre el Banco Central Europeo en un momento en el que continúa tratando de contener las tensiones inflacionistas. La subasta de octubre muestra, por tanto, que España conserva el respaldo de los inversores pese al aumento de la volatilidad y al adelanto electoral. Al mismo tiempo, el regreso de los tipos de las letras a niveles que no se alcanzaban desde hace años evidencia que el escenario de dinero barato ha quedado atrás. Las próximas emisiones del Tesoro permitirán comprobar si esta confianza se mantiene en un contexto condicionado tanto por la incertidumbre política como por la evolución de la inflación, los tipos de interés y las cuentas públicas.

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(El País, 07-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno blindan los desahucios y amplían las ayudas para la construcción

El Gobierno ha aprobado de nuevo los dos decretos de vivienda que el Congreso rechazó el pasado viernes, con un contenido muy similar al de las normas que decayeron entonces. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que se mantiene la esencia de las medidas anteriores porque las circunstancias que justificaron su aprobación no han cambiado, pese al adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. El primero de los decretos recupera el denominado escudo social para evitar el desahucio de personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional. También incluye nuevas medidas de apoyo a la vivienda, entre ellas un paquete de avales de 680 millones de euros para impulsar la construcción industrializada y la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales. A ello se suma una línea de 10.000 millones de euros gestionada por el ICO para facilitar el acceso a la primera vivienda. El nuevo texto mantiene además las bonificaciones fiscales en el IRPF vinculadas al alquiler, tanto para los inquilinos como para los pequeños propietarios que ofrezcan sus viviendas a precios asequibles. En el caso de los arrendatarios, Sánchez ha señalado que la deducción podría alcanzar casi los 1.000 euros anuales para un alquiler medio de 800 euros. También se mantiene la posibilidad de acceder a préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para financiar la compra de la primera vivienda. La línea de financiación contará con 10.000 millones de euros y será gestionada por el ICO. A diferencia del planteamiento inicial, el Gobierno ha insistido en que esta medida no estará limitada a los jóvenes, sino que podrá beneficiar a compradores de distintas generaciones. Entre las novedades económicas destaca la creación de un fondo de 280 millones de euros en avales destinado a favorecer la construcción industrializada de viviendas, con el objetivo de aumentar la oferta en un periodo reducido. Otros 400 millones se dirigirán a apoyar a los proveedores de vivienda social mediante ayudas a la promoción, que podrían contribuir a financiar hasta 30.000 viviendas. Además, Casa47, la empresa pública estatal de vivienda, adquirirá miles de inmuebles procedentes de la Seguridad Social. El decreto recupera asimismo la posibilidad de prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que estén próximos a finalizar y mantiene la limitación de las actualizaciones de las rentas. El mecanismo se aplicaría, según el esquema del texto anterior, a los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que el arrendatario se encuentre al corriente de pago. El Gobierno también pretende reforzar el control sobre los alquileres de temporada y por habitaciones para combatir el fraude y plantea elevar el IVA de las viviendas turísticas para que tributen como una actividad económica. El modelo anterior establecía un tipo del 10% para las viviendas turísticas y los alquileres de corta duración de hasta 30 noches. El nuevo decreto introducirá además obligaciones sobre la publicidad y comercialización de viviendas en alquiler. Los anuncios deberán incorporar información como el índice de referencia del precio del alquiler, el límite de renta aplicable en las zonas sometidas a regulación y, cuando corresponda, la condición de gran tenedor del propietario. El segundo decreto se centra en la prórroga automática de los contratos de alquiler una vez alcanzado su vencimiento, por un periodo equivalente al de su duración inicial, cinco o siete años en función del tipo de arrendador. Sin embargo, Sánchez ha advertido de que esta norma solo entrará en vigor si obtiene los apoyos necesarios en la Diputación Permanente, dado que cuenta con un respaldo político más limitado. La aprobación de estos dos nuevos textos llega después de las movilizaciones sociales relacionadas con el acceso a la vivienda y de la presión generada por casos como el de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid contribuyó a impulsar las protestas. Aunque el Congreso rechazó los decretos la semana pasada, el Ejecutivo ha optado por volver a aprobarlos mediante una vía que permita su eventual convalidación por la Diputación Permanente. Los textos aprobados todavía no se han difundido íntegramente, por lo que no pueden ser idénticos a los que fueron rechazados por el Pleno para evitar posibles problemas jurídicos. A falta de conocer su redacción definitiva, la principal diferencia anunciada hasta ahora se encuentra en el refuerzo de las medidas financieras destinadas a impulsar la construcción industrializada de viviendas.

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(Cinco Días, 06-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La industria militar y aeronáutica española marca récord de facturación en 2025 con más de 18.000 millones

La industria militar, aeronáutica y espacial cerró 2025 con una facturación récord, impulsada por el incremento de la inversión en defensa tanto en España como en el conjunto de Europa. De acuerdo con el informe anual elaborado por PwC y la patronal Tedae, presentado este lunes, las empresas de estos sectores alcanzaron unos ingresos consolidados de 18.034 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,6% respecto al ejercicio anterior. La actividad aeronáutica, tanto civil como militar, concentró la mayor parte de la cifra de negocio, con 12.080 millones de euros, un 6,2% más. No obstante, el mayor crecimiento correspondió al ámbito de seguridad y defensa, que incluye una parte de la actividad aeronáutica, con un avance del 16,2%, hasta los 10.877 millones. Por su parte, el sector espacial elevó sus ingresos un 9,5%, hasta los 1.416 millones. Durante la presentación del estudio, la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, destacó que Europa ha asumido que mantener la paz y la estabilidad exige contar con una industria y una capacidad tecnológica propias, lo que se ha traducido en un aumento de la inversión en defensa. En este contexto, señaló que España, como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, ha asumido su parte de responsabilidad. Valcarce también subrayó el efecto que estas actividades tienen sobre el conjunto de la economía, especialmente por su capacidad para impulsar la reindustrialización y generar actividad en distintos territorios. El informe pone de manifiesto, sin embargo, la elevada concentración territorial de estas industrias. La Comunidad de Madrid reunió en 2025 el 53% de la facturación del conjunto de empresas analizadas, con unos ingresos de 9.501 millones de euros. Andalucía ocupó la segunda posición, con 3.135 millones, mientras que Cataluña quedó muy por debajo, con 243 millones, aproximadamente el 1% de la cifra de negocio de las compañías integradas en Tedae. La contribución de estas industrias al PIB español alcanzó los 24.425 millones de euros, un 11,4% más que un año antes, equivalente al 1,5% de la economía nacional. El empleo directo también experimentó un fuerte crecimiento, del 10,8%, hasta situarse en 83.453 trabajadores. Si se incorporan los empleos indirectos e inducidos, el volumen total se elevó un 11,5%, hasta 289.938 puestos de trabajo. Madrid concentró el 36,7% de este empleo, con 106.568 trabajadores, una cifra que representa el 2,6% del empleo total de la comunidad. Cataluña, pese a los esfuerzos para incrementar su presencia en el ámbito de la defensa y reconvertir parte de su industria de automoción hacia este sector, registró 32.448 empleos vinculados a estas actividades, apenas el 0,7% del empleo regional. Por ramas de actividad, la industria aeronáutica generó 189.026 puestos de trabajo, frente a los 180.802 asociados a defensa y seguridad y los 25.068 del sector espacial. En conjunto, estas industrias aportaron 8.107 millones de euros en ingresos fiscales durante 2025, una cantidad equivalente al 2,5% de la recaudación tributaria del país. España alcanzó el pasado año el objetivo de destinar a defensa el equivalente al 2% de su PIB, en línea con el compromiso adquirido con la OTAN. Esto supone más de 34.000 millones de euros anuales de gasto militar, según explicó Valcarce, quien defendió que este esfuerzo inversor también genera retornos en forma de empleo y mayores ingresos fiscales para el conjunto de la economía. Una de las principales vías utilizadas por el Estado para aumentar la inversión en defensa son los Programas Especiales de Modernización (PEM). El Gobierno aprobó 35 nuevos programas durante 2025 y prevé incorporar otros 15. Actualmente existen cerca de 80 programas aprobados, algunos de ellos puestos en marcha años atrás y todavía en ejecución, como el correspondiente a los vehículos blindados Dragón 8x8. En conjunto, se estima que estos programas movilizarán alrededor de 61.900 millones de euros. Entre los programas aprobados en 2025, el 60,1% de los fondos se dirigirá a proyectos liderados por Indra. Entre ellos destaca el destinado al desarrollo de una nueva artillería sobre cadenas, cuyo presupuesto plurianual asciende a 4.554 millones de euros. Solo en 2026, el Ejecutivo ha comprometido 653 millones para este proyecto. A la modernización de las fragatas F-100 de Navantia y al desarrollo del helicóptero ligero multipropósito de Airbus destinado a labores de formación se dedicarán este año otros 349 y 290 millones de euros, respectivamente.

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(Expansión, 06-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La abogacía pide reforzar la seguridad jurídica y la calidad regulatoria

Los continuos cambios legislativos y la creciente complejidad del marco regulatorio han situado la seguridad jurídica entre las principales preocupaciones de las empresas españolas. El próximo Gobierno tendrá entre sus principales desafíos la creación de un entorno normativo estable y previsible que permita fortalecer la confianza de las compañías y de los inversores. Para Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, alcanzar este objetivo requiere contar con unas reglas "claras, estables y previsibles", además de reforzar la fortaleza y la independencia de las instituciones. Una opinión compartida por Eduardo Soler Tappa, socio director de Herbert Smith Freehills Kramer en España, quien considera necesario avanzar hacia un marco regulatorio competitivo que reduzca la carga administrativa y favorezca la inversión, especialmente en sectores estratégicos como la energía, las infraestructuras y la economía digital. José María Michavila, exministro de Justicia y socio cofundador de Michavila Acebes Abogados, vincula la seguridad jurídica con el cumplimiento de la Constitución y reclama recuperar la cultura del consenso. A su juicio, es necesario que la actividad legislativa vuelva a apoyarse en el Parlamento y se reduzca el recurso al real decreto-ley, de manera que las normas sirvan para solucionar problemas y no para alimentar la confrontación política. Desde el ámbito jurídico también se reclama una mayor estabilidad legislativa y un uso más limitado de los reales decretos-leyes. Cristina Camarero, socia directora de Ontier, advierte de que la incertidumbre normativa tiene efectos directos sobre empresas y ciudadanos, al traducirse en litigios que podrían evitarse y en decisiones de inversión que terminan aplazándose. En su opinión, unas normas consensuadas y con vocación de permanencia son fundamentales para garantizar seguridad jurídica. Otro de los desafíos será completar la adaptación de la legislación española a las exigencias procedentes de la Unión Europea. Javier Fontcuberta, consejero delegado de Cuatrecasas, considera que la transposición de las directivas comunitarias pendientes y la puesta en marcha de nuevas reformas serán determinantes para avanzar en los objetivos de la Brújula de la Competitividad, especialmente en ámbitos como la innovación, la transición energética, la autonomía estratégica europea y la seguridad jurídica. España mantiene actualmente 101 directivas pendientes de transponer, de las que 50 ya han superado el plazo establecido. Ignacio Hornedo, socio director de A&O Shearman, apunta además a sectores como la eficiencia energética, la inteligencia artificial, los servicios financieros y las infraestructuras como áreas en las que esta adaptación tendrá especial relevancia. Considera que España dispone de una posición sólida para continuar atrayendo inversión extranjera, aunque para aprovecharla será necesario garantizar un marco jurídico estable, previsible y basado en el respeto al Estado de derecho. Entre las cuestiones que también deberá abordar el próximo Gobierno destaca el acceso a la vivienda. Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca, considera prioritario impulsar la construcción de viviendas dirigidas especialmente a los jóvenes y a las personas con menos recursos. Para ello, reclama condiciones que permitan atraer a los inversores, con garantías para la propiedad y la seguridad jurídica, además de una simplificación de los procedimientos administrativos. A su juicio, las medidas imprevisibles o de carácter confiscatorio pueden contribuir a reducir todavía más la oferta disponible. Rosa Vidal, socia directora de Broseta, coincide en la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda mediante instrumentos de financiación adecuados, una mayor colaboración entre las administraciones y el sector privado y una mayor disponibilidad de suelo, junto con medidas de liberalización que permitan incrementar la oferta. La inmigración y el reto demográfico también ocuparán un lugar destacado en la próxima legislatura. Pérez-Llorca defiende una inmigración ordenada y vinculada a las necesidades de la economía española, ante la dificultad para mantener el sistema con las actuales tasas de natalidad. En su opinión, el objetivo debe ser atraer perfiles que contribuyan a elevar la productividad y combinar el crecimiento demográfico con un incremento de la inversión y de la productividad. Para ello, vuelve a considerar esencial disponer de un marco jurídico que facilite la llegada de capital privado. En materia de Defensa y Seguridad, el nuevo Ejecutivo tendrá que afrontar los compromisos adquiridos por España, especialmente los relacionados con las inversiones y las capacidades que exige la OTAN, según señala Rosa Vidal. En el ámbito laboral, Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy, sitúa entre las prioridades el refuerzo de las políticas activas de empleo para favorecer un mercado laboral más dinámico mediante la formación y una mejor adaptación a las necesidades de las empresas. En el terreno normativo, plantea simplificar y actualizar la legislación para adaptarla a los cambios económicos y sociales, así como conceder un mayor protagonismo a la negociación colectiva y reducir el peso de la regulación legal y reglamentaria cuando esta no resulte necesaria para garantizar el equilibrio entre trabajadores y empresas. Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, reclama además recuperar la integración de Trabajo y Seguridad Social en un único ministerio, al considerar negativa la experiencia de su separación. También pide abordar el absentismo como una cuestión de Estado y defiende que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social puedan participar en la tramitación de las altas en los procesos de incapacidad temporal, siempre con las correspondientes garantías para los trabajadores. Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), su decano, Eugenio Ribón, reclama que el colectivo profesional tenga una mayor participación en la elaboración de las normas. Considera que los abogados, por su contacto diario con la aplicación de la legislación, pueden detectar anticipadamente problemas, contribuir a mejorar las leyes y favorecer una regulación más eficaz y una mejor Administración de Justicia. Precisamente, el funcionamiento de la Justicia figura también entre las preocupaciones del sector. Michavila reclama preservar la independencia judicial y la neutralidad de los órganos e instituciones del Estado, además de garantizar la aprobación anual de los Presupuestos Generales del Estado. También plantea una reforma de la legislación electoral para evitar, en su opinión, situaciones en las que un Gobierno pueda depender del apoyo de formaciones minoritarias tras unas elecciones.

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(El País, 06-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Consejo de Ministros aprobará unos decretos de vivienda similares a los que cayeron para que los vote la Diputación Permanente

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana nuevos decretos en materia de vivienda, similares pero no idénticos a los que fueron rechazados por el Congreso el pasado viernes. El Gobierno continúa trabajando en la redacción definitiva y pretende que las nuevas medidas puedan ser convalidadas por la Diputación Permanente, donde Junts no tendría capacidad para bloquearlas. Si el PNV mantiene su respaldo, podría salir adelante el denominado "decreto Maricarmen", que establece la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, mientras que el segundo decreto, que plantea una mayor duración de los contratos de alquiler, tendría más dificultades. El Ejecutivo descarta recuperar exactamente los mismos textos, ya que fueron rechazados por el Pleno del Congreso y su posterior convalidación por un órgano de menor tamaño podría plantear dudas jurídicas. Por ello, estudia introducir modificaciones que permitan presentar nuevas versiones, aunque esto obligaría también a renegociar su contenido con los distintos grupos parlamentarios. Una de las principales incógnitas es cómo recuperar las medidas incluidas en los decretos que decayeron tras la votación parlamentaria. La Moncloa analiza las distintas alternativas jurídicas para mantener el mayor número posible de disposiciones, especialmente las relacionadas con el escudo frente a los desahucios, que contaba con el respaldo previo del PNV, Coalición Canaria y Junts, según el Ejecutivo. El adelanto electoral tampoco impediría al Gobierno aprobar nuevamente estas medidas, ya que hasta la celebración de las elecciones el Ejecutivo mantendría todas sus competencias. Sin embargo, con las Cortes disueltas, la convalidación de los decretos correspondería a la Diputación Permanente en lugar del Pleno. Este cambio facilitaría las opciones del Gobierno, ya que el voto de Junts dejaría de ser determinante. La Diputación Permanente está formada por 69 miembros y requiere 35 votos para alcanzar la mayoría absoluta. El PSOE cuenta con 25 representantes y Sumar con otros seis, por lo que necesitarían cuatro apoyos adicionales. El respaldo de EH Bildu, ERC, Podemos y PNV sería suficiente para aprobar el primer decreto, todos ellos grupos que ya votaron a favor de esta iniciativa en el Congreso. En cambio, el segundo decreto no tendría los apoyos necesarios si el PNV mantiene su rechazo.

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(El Economista, 06-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El adelanto electoral deja en el aire las ayudas al carburante, los descuentos al transporte y la Ley de Movilidad

El adelanto de las elecciones generales deja sobre la mesa numerosos asuntos pendientes en el Ministerio de Transportes, especialmente en materia de ayudas al sector y de desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible. La convocatoria electoral no supone la paralización automática de la actividad del departamento, por lo que obras, licitaciones y determinados procedimientos administrativos continuarán su curso. Sin embargo, quedan en una situación de mayor incertidumbre aquellas decisiones que requieren nuevas normas, respaldo presupuestario o una definición política. Además, el calendario añade presión, ya que varias medidas relevantes para el sector tienen su fecha de vencimiento en diciembre o al cierre del ejercicio. Una de las principales incógnitas es qué sucederá con las ayudas al transporte a partir del 1 de enero de 2027. El actual sistema de bonificaciones y apoyo al combustible está prorrogado hasta el 31 de diciembre y las empresas reclaman conocer cuanto antes si se mantendrá. El sector advierte de que la retirada de estas ayudas podría trasladar parte del incremento de costes a los usuarios, en un contexto todavía marcado por la inflación. La incertidumbre afecta tanto al transporte por carretera como a los trenes de viajeros de Renfe que circulan por líneas sin electrificar y al transporte ferroviario de mercancías, que tiene pendiente la nueva convocatoria de eco-incentivos y las compensaciones a los operadores por las perturbaciones ocasionadas por las obras de Adif. También está en juego la continuidad de las bonificaciones al transporte público. El actual sistema contempla descuentos en los abonos recurrentes de los servicios urbanos e interurbanos, Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional, además de reducciones en Avant y en los servicios estatales de autobús. Aunque estas medidas están contempladas en la previsible prórroga presupuestaria, será necesario resolver su continuidad antes de que finalice el año. El sector teme que una decisión tardía provoque problemas de financiación o eleve las tarifas para los usuarios, que podrían asumir incrementos de hasta el 50% si los descuentos no se mantienen. La situación cobra especial relevancia en un momento en el que los precios de los carburantes siguen elevados. La Ley de Movilidad Sostenible constituye otro de los grandes asuntos pendientes. La norma entró en vigor en diciembre de 2025, pero todavía necesita un amplio desarrollo reglamentario, especialmente para poner en funcionamiento el sistema de gobernanza de la movilidad. Entre sus elementos figuran el Foro Territorial de Movilidad Sostenible y el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, concebidos para coordinar la actuación del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De este desarrollo depende también el avance del Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS), que Transportes ha sometido recientemente a información pública y que deberá servir de referencia para que las administraciones planifiquen y gestionen el transporte. La propia ley establece además varios plazos que difícilmente podrán cumplirse con el actual calendario político. Antes del 5 de diciembre debía desarrollarse la regulación sobre el acceso de las plataformas de venta de billetes a la oferta de los operadores de transporte, así como los mecanismos de supervisión y resolución de conflictos de la CNMC. Se trata de una normativa relevante para el denominado ticketing multimodal. También permanecen pendientes otros desarrollos relacionados con el Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal, el sandbox de innovación, los planes de movilidad sostenible al trabajo y el Espacio de Datos Integrado de Movilidad. Ese mismo 5 de diciembre concluye el plazo previsto para establecer una metodología común de cálculo de las emisiones contaminantes generadas por el transporte aéreo y marítimo. Vinculado al sistema de ayudas se encuentra también el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO). Aunque el fondo ya está contemplado en la legislación, su puesta en funcionamiento efectiva requiere que los Presupuestos Generales del Estado incorporen su primer presupuesto de explotación y de capital. Sin unas nuevas cuentas públicas y sin el desarrollo de sus bases reguladoras, el instrumento no podrá desplegar plenamente las ayudas previstas para el transporte público y los proyectos de movilidad sostenible. En el transporte por carretera, el adelanto electoral deja igualmente en suspenso varias reformas reclamadas por el sector. Entre ellas figura la jubilación anticipada de los conductores profesionales, cuya tramitación estaba pendiente de culminar. También queda en una situación incierta el proyecto del Ministerio de Trabajo para establecer un segundo registro horario adicional al tacógrafo. A ello se suma la interrupción de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley destinado a consolidar la cláusula de indexación del precio de los carburantes, inicialmente aprobada mediante el Real Decreto-ley 9/2026. Los transportistas autónomos afrontan además una cuestión de carácter fiscal que requiere una solución antes de que termine el año: la aprobación de una norma con rango de ley que garantice la continuidad del régimen de módulos durante 2027. El sector también tiene pendientes cuestiones relacionadas con el marco europeo del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y con la incorporación de conductores procedentes de terceros países que cumplan los requisitos de cualificación y seguridad. A estos asuntos se añaden otros de mayor recorrido, como el futuro modelo de financiación y conservación de la red viaria y las ayudas destinadas al abandono de la actividad. En el ámbito ferroviario, además de las ayudas pendientes, queda por completar una reforma normativa de gran alcance. Transportes debe desarrollar el nuevo Reglamento del Sector Ferroviario, que sustituirá al vigente desde 2004 y que continúa siendo el principal desarrollo reglamentario del sector pese a que la Ley 39/2003 que le dio origen fue reemplazada por la Ley 38/2015. El nuevo texto deberá adaptar la regulación a los cambios legislativos y a las exigencias europeas de los últimos años. También queda por definir el futuro modelo de liberalización de los servicios ferroviarios considerados Obligaciones de Servicio Público, que afectan directamente a Cercanías, Media Distancia y Avant actualmente operados por Renfe y que podrían quedar abiertos a otros operadores. La situación es diferente en el sector aéreo, que afronta el cambio político con buena parte de sus principales tareas completadas. La aprobación del tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) ha fijado el marco de inversiones de Aena para el periodo 2027-2031, por lo que el adelanto electoral no altera, en principio, su planificación económica. Sí queda paralizada la tramitación parlamentaria de la proposición de ley impulsada desde Baleares para ampliar la capacidad de decisión de las instituciones autonómicas sobre los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca. Junto a esta cuestión permanecen otros desarrollos de menor alcance, como las metodologías para evaluar las inversiones en carreteras, la coordinación entre el transporte por carretera y el ferrocarril o la planificación de carriles reservados para el transporte público y para vehículos de alta ocupación o de cero emisiones.

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