• Home
  • News
  • Mercantil, civil y administrativo

News

(Cinco Días, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo supera los 108 dólares por barril e impulsa al bono español a diez años al 4%

El fuerte repunte de los precios de la energía, con el petróleo Brent por encima de los 108 dólares por barril y el gas natural de referencia en Europa en niveles no vistos desde finales de 2022, está reavivando el temor a que la inflación se mantenga elevada durante más tiempo. Esta situación añade presión a unos mercados financieros ya condicionados por las dudas sobre la sostenibilidad del actual auge de la inteligencia artificial. El incremento de los costes energéticos está impulsando al alza las rentabilidades de la deuda soberana y ha llevado al bono español a diez años a superar el 4%, acercándose a niveles máximos de 2013. En paralelo, las principales Bolsas aceleran los descensos, especialmente entre las compañías tecnológicas. El Brent sube más de un 3% y rebasa los 108 dólares como consecuencia del aumento de las tensiones en Oriente Próximo y de la incertidumbre sobre el suministro mundial. El encarecimiento también alcanza al mercado gasista: los futuros del TTF, referencia europea, avanzan alrededor de un 5% hasta situarse en 84 euros por megavatio hora. A la interrupción de un importante oleoducto saudí que permite transportar gas y petróleo evitando el estrecho de Ormuz, después de varios ataques con drones, se añade la cancelación de una reunión prevista entre Irán y los países del golfo Pérsico en Omán para abordar la gestión de este estratégico enclave, en un contexto de creciente inestabilidad. Los analistas de Bankinter consideran especialmente relevante el cierre del oleoducto de Yanbu, ya que estiman que por esta infraestructura podría circular aproximadamente el 4% del suministro mundial. No obstante, advierten de que todavía existe incertidumbre sobre la magnitud de los daños. La interrupción de esta vía de exportación, que había adquirido mayor importancia tras el cierre del estrecho de Ormuz, reduce la capacidad de Arabia Saudí para colocar su producción exterior precisamente cuando el país ha recortado de manera significativa su extracción. Según los datos de la OPEP, en septiembre produjo 7,2 millones de barriles diarios, frente a los 10 millones registrados en 2025. La escalada energética está teniendo un efecto directo sobre los mercados de deuda. Al moverse las rentabilidades en sentido contrario a los precios de los bonos, el aumento de la inflación prevista está elevando el coste de financiación de los Estados. La deuda española a diez años ha superado por primera vez en tres años el 4% y se aproxima a los máximos registrados en 2013. La presión se extiende también a otros países europeos: el bono alemán con vencimiento en 2036 alcanza el 3,52%, mientras que el francés se sitúa en el 4,495%. En Francia, el incremento de la rentabilidad ha llevado la prima de riesgo hasta cerca de los 100 puntos básicos, algo que no sucedía desde 2022. En Estados Unidos, el bono del Tesoro a diez años se aproxima igualmente al 5%, prolongando las pérdidas acumuladas durante la semana anterior. El encarecimiento del crudo complica además el escenario al que se enfrenta la Reserva Federal. A las presiones derivadas de la energía se suma una inflación estadounidense superior a la prevista, circunstancia que refuerza las expectativas de un nuevo incremento de los tipos de interés en la reunión de esta semana. Los mercados descuentan ahora con una probabilidad cercana al 90% una subida de las tasas el miércoles, mientras el dólar gana terreno frente al resto de divisas. Tiffany Wilding, economista de Pimco, considera probable que la Fed eleve los tipos 25 puntos básicos en septiembre y no descarta nuevos incrementos posteriormente. A su juicio, la combinación de unos costes energéticos crecientes, la inestabilidad en Oriente Medio y una inflación subyacente todavía por encima del 2% hace que varias subidas destinadas a contener el riesgo de un repunte de las expectativas inflacionistas sean ahora el escenario central. A esta presión macroeconómica se añade el deterioro del sentimiento inversor hacia las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. Las advertencias procedentes de algunas de las principales empresas del sector sobre la conveniencia de ralentizar el desarrollo de modelos avanzados están introduciendo dudas sobre la capacidad del actual ciclo de inversión para mantener las elevadas valoraciones y las previsiones de beneficios. Los futuros del Nasdaq 100 retroceden un 1,5%, mientras los del S&P 500 ceden un 0,6%. En Asia, el Kospi surcoreano, considerado uno de los principales indicadores de la inversión relacionada con la IA, perdió un 3,2%, mientras que el Nikkei 225 japonés terminó con una caída del 0,6%. SoftBank Group llegó a perder un 13% durante la sesión de Tokio y cerró con un descenso del 10%, después de que Sam Altman señalara que OpenAI no tiene previsto salir a Bolsa este año. El debate sobre el futuro de la inteligencia artificial se ha intensificado tras la petición del consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, para que el sector modere el ritmo de desarrollo de sus modelos más avanzados. La compañía también ha anunciado la incorporación de nuevas medidas de seguridad, entre ellas evaluaciones independientes realizadas por terceros. Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, respaldó la propuesta, mientras Elon Musk, al frente de xAI, consideró acertada la posición de Amodei. El presidente estadounidense, Donald Trump, por el contrario, restó importancia a estas preocupaciones mientras las empresas mantienen una intensa carrera tecnológica, especialmente frente a sus competidores chinos. Las advertencias plantean ahora dudas sobre las consecuencias económicas de una eventual ralentización de la IA. Un menor ritmo de desarrollo podría reducir el gasto empresarial y terminar afectando a las expectativas de beneficios de todo el ecosistema vinculado a esta tecnología. El temor se traslada así desde las propias compañías tecnológicas al conjunto de proveedores y empresas que se han beneficiado del fuerte incremento de la inversión en inteligencia artificial. En Europa, la sesión también está marcada por las ventas. El Ibex 35 retrocede un 1,2% y trata de conservar los 19.600 puntos, lastrado especialmente por el comportamiento del sector bancario. Solaria y ACS figuran entre los valores más castigados, con descensos superiores al 4%, mientras que Repsol se sitúa entre los principales avances gracias al encarecimiento del petróleo. Amadeus e Indra también se mantienen en terreno positivo. El cambio de escenario llega, además, al comienzo de una semana especialmente relevante para la política monetaria internacional. Los inversores permanecen pendientes de las decisiones que adopten la Reserva Federal estadounidense, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. En la zona euro, el Banco Central Europeo ya elevó la semana pasada los tipos por segunda vez en el año ante la expectativa de que las presiones inflacionistas derivadas del encarecimiento energético puedan prolongarse. El mercado afronta así una combinación especialmente complicada para los activos de riesgo: energía más cara, inflación potencialmente más persistente, rentabilidades de la deuda al alza y dudas sobre las elevadas expectativas depositadas en la inteligencia artificial. Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade, resume el escenario señalando que las advertencias para ralentizar el desarrollo de la IA coinciden con el repunte del petróleo provocado por el cierre del oleoducto saudí. A ello se suma el hecho de que la rentabilidad del bono estadounidense a diez años se acerque al 5%, un movimiento que eleva todavía más la presión sobre los mercados bursátiles.

READ MORE

(Cinco Días, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ejecutivo busca cerrar la puesta en marcha de la Autoridad del Cliente Financiero antes de fin de año

El Gobierno afronta la recta final de la legislatura con una importante acumulación de asuntos pendientes en materia de regulación financiera. Si se apuran los plazos disponibles, el Ejecutivo dispone de unos diez meses para sacar adelante alrededor de media docena de iniciativas que afectan a distintos ámbitos del sector. Varias de ellas responden además a la necesidad de incorporar al ordenamiento español directivas europeas, por lo que los retrasos en su aprobación pueden acabar derivando en procedimientos y posibles sanciones por parte de la Comisión Europea. Entre las normas pendientes figuran la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la Ley de Digitalización del Sector Financiero, la nueva regulación del Crédito al Consumo, la normativa sobre Entidades de Economía Social y Finanzas Éticas, la reforma de la legislación antiblanqueo y la adaptación de la última directiva europea sobre requisitos de capital. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pretende acelerar esta agenda durante los próximos meses. Una de las prioridades será recuperar la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el proyecto que se encuentra en una fase más avanzada. La intención del Ejecutivo es llevarlo a la Comisión de Economía del Congreso durante septiembre, después de permanecer cerca de tres años bloqueado en el periodo de presentación de enmiendas. El organismo asumiría la resolución de las reclamaciones de los clientes financieros y concentraría funciones que actualmente desarrollan el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La trayectoria de esta iniciativa refleja las dificultades que está encontrando buena parte de la agenda legislativa. El Gobierno planteó por primera vez la creación de esta autoridad en 2022, cuando Nadia Calviño ocupaba la cartera de Economía. El proyecto llegó a completar prácticamente todo su recorrido parlamentario, pero decayó tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas en 2023. Posteriormente, el Ejecutivo volvió a impulsarlo con el objetivo de aprobarlo en 2024, aunque dos años después continúa pendiente de culminar su tramitación. Ahora el Gobierno confía en que pueda quedar aprobado en los próximos meses y que la nueva autoridad empiece a funcionar antes de que termine el año. El complejo escenario parlamentario no parece, al menos inicialmente, un obstáculo insalvable para esta norma. A pesar de las reticencias mostradas por el sector bancario y de las dificultades que ha atravesado el proyecto, el Ejecutivo confía en reunir una mayoría suficientemente amplia, incluso con el respaldo o la abstención de formaciones como el PP. En cambio, el resto de iniciativas presenta mayores incertidumbres. La futura orientación de estas leyes dependerá en buena medida de la capacidad del actual Gobierno para completar su tramitación, pero también de las decisiones que adopte el Ejecutivo que salga de las próximas elecciones, que podría recuperar los proyectos, modificarlos o incluso descartarlos. Entre las iniciativas que ya han iniciado su recorrido parlamentario se encuentra la Ley de Digitalización del Sector Financiero, remitida por el Consejo de Ministros al Congreso el pasado 14 de julio y actualmente en fase de enmiendas. La norma aborda diferentes materias relacionadas con la transformación tecnológica del sector e incluye, entre otras cuestiones, la adaptación de la legislación española al marco europeo sobre criptoactivos, conocido como MiCA. El calendario legislativo de este otoño estará marcado, por tanto, por tres grandes objetivos: reforzar la protección de los clientes financieros, adaptar el sistema a la creciente digitalización y fortalecer los mecanismos de prevención y control de las operaciones financieras. La principal dificultad será conseguir los acuerdos parlamentarios necesarios para aprobar cada una de estas reformas. En este contexto, las obligaciones derivadas de la normativa europea pueden convertirse en uno de los principales motores para acelerar la tramitación. Los retrasos no solo prolongan la incertidumbre regulatoria, sino que pueden concentrar en periodos muy reducidos los plazos de adaptación que deberán asumir posteriormente las entidades financieras. Por ello, el diálogo entre la Administración, los grupos parlamentarios, los organismos supervisores, las entidades y las asociaciones de usuarios adquiere especial importancia para detectar con antelación las dificultades prácticas que puedan generar las nuevas obligaciones. La Ley sobre el Crédito al Consumo se encuentra, sin embargo, en una fase mucho más temprana. Se trata de una de las propuestas que está generando mayor controversia, especialmente por la intención de establecer límites a los tipos de interés aplicables a determinados préstamos al consumo. Las entidades financieras han mostrado su oposición a algunos de sus contenidos y han reclamado modificaciones. Bankinter, incluso, ha anunciado que abandonará este negocio para nuevos clientes. El proyecto fue aprobado inicialmente como anteproyecto por el Consejo de Ministros y, tras pasar por el proceso de consulta pública, todavía debe recibir los informes de otros departamentos ministeriales y del Consejo de Estado antes de regresar al Consejo de Ministros y ser remitido al Parlamento. El calendario añade presión, ya que la norma debe incorporar a España una directiva europea cuyo plazo de transposición finaliza en noviembre. También se encuentra en una etapa inicial la futura Ley de Entidades de Economía Social y Finanzas Éticas, que permanece a la espera del dictamen del Consejo de Estado. Su tramitación ha estado acompañada además de discrepancias dentro del propio Ejecutivo, principalmente entre los ministerios de Trabajo y Economía. Esta falta de acuerdo interno añade otro elemento de incertidumbre a una norma que todavía tiene por delante buena parte de su recorrido legislativo. Más retrasada aún está la nueva normativa antiblanqueo, cuyo anteproyecto fue presentado por el Consejo de Ministros en julio y se encuentra actualmente en fase de consulta pública, abierta hasta el 30 de enero de 2027. Entre sus principales novedades figura la creación de un nuevo organismo especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales, que se apoyaría en la estructura del actual Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez trasladadas sus actuales funciones al Banco de España y sus participaciones en CaixaBank al Ministerio de Economía. Por el momento, esta reforma tiene por delante prácticamente todo el proceso de elaboración y aprobación parlamentaria. A todo ello se suma la incertidumbre sobre la transposición en España de la nueva directiva europea de capital, cuyo plazo para su incorporación completa al ordenamiento nacional terminó en enero de este año. La Comisión Europea ya ha abierto un procedimiento contra España por este incumplimiento, que podría terminar desembocando en una sanción. Uno de los elementos más sensibles de esta regulación es la modificación de las competencias de los Gobiernos nacionales para intervenir o vetar determinadas operaciones de concentración bancaria. La cuestión adquiere especial relevancia en España después de que el Ejecutivo utilizara el pasado año la legislación de Defensa de la Competencia para imponer condiciones a la opa del BBVA sobre Sabadell. El resultado es una agenda financiera especialmente exigente para los próximos meses, en la que coinciden proyectos nacionales todavía pendientes de acuerdos parlamentarios y obligaciones europeas cuyo incumplimiento puede tener consecuencias económicas. La capacidad del Gobierno para desbloquear estas iniciativas estará condicionada no solo por el calendario legislativo, sino también por la aritmética parlamentaria y por la proximidad del final de la legislatura. En este escenario, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero aparece como el proyecto con mayores posibilidades de culminar, mientras que el resto de reformas afronta un recorrido más incierto y, en algunos casos, un calendario europeo que limita considerablemente el margen de maniobra.

READ MORE

(Cinco Días, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ejecutivo busca cerrar la puesta en marcha de la Autoridad del Cliente Financiero antes de fin de año

El Gobierno afronta la recta final de la legislatura con una importante acumulación de asuntos pendientes en materia de regulación financiera. Si se apuran los plazos disponibles, el Ejecutivo dispone de unos diez meses para sacar adelante alrededor de media docena de iniciativas que afectan a distintos ámbitos del sector. Varias de ellas responden además a la necesidad de incorporar al ordenamiento español directivas europeas, por lo que los retrasos en su aprobación pueden acabar derivando en procedimientos y posibles sanciones por parte de la Comisión Europea. Entre las normas pendientes figuran la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la Ley de Digitalización del Sector Financiero, la nueva regulación del Crédito al Consumo, la normativa sobre Entidades de Economía Social y Finanzas Éticas, la reforma de la legislación antiblanqueo y la adaptación de la última directiva europea sobre requisitos de capital. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pretende acelerar esta agenda durante los próximos meses. Una de las prioridades será recuperar la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el proyecto que se encuentra en una fase más avanzada. La intención del Ejecutivo es llevarlo a la Comisión de Economía del Congreso durante septiembre, después de permanecer cerca de tres años bloqueado en el periodo de presentación de enmiendas. El organismo asumiría la resolución de las reclamaciones de los clientes financieros y concentraría funciones que actualmente desarrollan el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La trayectoria de esta iniciativa refleja las dificultades que está encontrando buena parte de la agenda legislativa. El Gobierno planteó por primera vez la creación de esta autoridad en 2022, cuando Nadia Calviño ocupaba la cartera de Economía. El proyecto llegó a completar prácticamente todo su recorrido parlamentario, pero decayó tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas en 2023. Posteriormente, el Ejecutivo volvió a impulsarlo con el objetivo de aprobarlo en 2024, aunque dos años después continúa pendiente de culminar su tramitación. Ahora el Gobierno confía en que pueda quedar aprobado en los próximos meses y que la nueva autoridad empiece a funcionar antes de que termine el año. El complejo escenario parlamentario no parece, al menos inicialmente, un obstáculo insalvable para esta norma. A pesar de las reticencias mostradas por el sector bancario y de las dificultades que ha atravesado el proyecto, el Ejecutivo confía en reunir una mayoría suficientemente amplia, incluso con el respaldo o la abstención de formaciones como el PP. En cambio, el resto de iniciativas presenta mayores incertidumbres. La futura orientación de estas leyes dependerá en buena medida de la capacidad del actual Gobierno para completar su tramitación, pero también de las decisiones que adopte el Ejecutivo que salga de las próximas elecciones, que podría recuperar los proyectos, modificarlos o incluso descartarlos. Entre las iniciativas que ya han iniciado su recorrido parlamentario se encuentra la Ley de Digitalización del Sector Financiero, remitida por el Consejo de Ministros al Congreso el pasado 14 de julio y actualmente en fase de enmiendas. La norma aborda diferentes materias relacionadas con la transformación tecnológica del sector e incluye, entre otras cuestiones, la adaptación de la legislación española al marco europeo sobre criptoactivos, conocido como MiCA. El calendario legislativo de este otoño estará marcado, por tanto, por tres grandes objetivos: reforzar la protección de los clientes financieros, adaptar el sistema a la creciente digitalización y fortalecer los mecanismos de prevención y control de las operaciones financieras. La principal dificultad será conseguir los acuerdos parlamentarios necesarios para aprobar cada una de estas reformas. En este contexto, las obligaciones derivadas de la normativa europea pueden convertirse en uno de los principales motores para acelerar la tramitación. Los retrasos no solo prolongan la incertidumbre regulatoria, sino que pueden concentrar en periodos muy reducidos los plazos de adaptación que deberán asumir posteriormente las entidades financieras. Por ello, el diálogo entre la Administración, los grupos parlamentarios, los organismos supervisores, las entidades y las asociaciones de usuarios adquiere especial importancia para detectar con antelación las dificultades prácticas que puedan generar las nuevas obligaciones. La Ley sobre el Crédito al Consumo se encuentra, sin embargo, en una fase mucho más temprana. Se trata de una de las propuestas que está generando mayor controversia, especialmente por la intención de establecer límites a los tipos de interés aplicables a determinados préstamos al consumo. Las entidades financieras han mostrado su oposición a algunos de sus contenidos y han reclamado modificaciones. Bankinter, incluso, ha anunciado que abandonará este negocio para nuevos clientes. El proyecto fue aprobado inicialmente como anteproyecto por el Consejo de Ministros y, tras pasar por el proceso de consulta pública, todavía debe recibir los informes de otros departamentos ministeriales y del Consejo de Estado antes de regresar al Consejo de Ministros y ser remitido al Parlamento. El calendario añade presión, ya que la norma debe incorporar a España una directiva europea cuyo plazo de transposición finaliza en noviembre. También se encuentra en una etapa inicial la futura Ley de Entidades de Economía Social y Finanzas Éticas, que permanece a la espera del dictamen del Consejo de Estado. Su tramitación ha estado acompañada además de discrepancias dentro del propio Ejecutivo, principalmente entre los ministerios de Trabajo y Economía. Esta falta de acuerdo interno añade otro elemento de incertidumbre a una norma que todavía tiene por delante buena parte de su recorrido legislativo. Más retrasada aún está la nueva normativa antiblanqueo, cuyo anteproyecto fue presentado por el Consejo de Ministros en julio y se encuentra actualmente en fase de consulta pública, abierta hasta el 30 de enero de 2027. Entre sus principales novedades figura la creación de un nuevo organismo especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales, que se apoyaría en la estructura del actual Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez trasladadas sus actuales funciones al Banco de España y sus participaciones en CaixaBank al Ministerio de Economía. Por el momento, esta reforma tiene por delante prácticamente todo el proceso de elaboración y aprobación parlamentaria. A todo ello se suma la incertidumbre sobre la transposición en España de la nueva directiva europea de capital, cuyo plazo para su incorporación completa al ordenamiento nacional terminó en enero de este año. La Comisión Europea ya ha abierto un procedimiento contra España por este incumplimiento, que podría terminar desembocando en una sanción. Uno de los elementos más sensibles de esta regulación es la modificación de las competencias de los Gobiernos nacionales para intervenir o vetar determinadas operaciones de concentración bancaria. La cuestión adquiere especial relevancia en España después de que el Ejecutivo utilizara el pasado año la legislación de Defensa de la Competencia para imponer condiciones a la opa del BBVA sobre Sabadell. El resultado es una agenda financiera especialmente exigente para los próximos meses, en la que coinciden proyectos nacionales todavía pendientes de acuerdos parlamentarios y obligaciones europeas cuyo incumplimiento puede tener consecuencias económicas. La capacidad del Gobierno para desbloquear estas iniciativas estará condicionada no solo por el calendario legislativo, sino también por la aritmética parlamentaria y por la proximidad del final de la legislatura. En este escenario, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero aparece como el proyecto con mayores posibilidades de culminar, mientras que el resto de reformas afronta un recorrido más incierto y, en algunos casos, un calendario europeo que limita considerablemente el margen de maniobra.

READ MORE

(Expansión, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor se dispara al 3,31% tras la segunda mayor subida del año

El euríbor a 12 meses, principal referencia para calcular el coste de las hipotecas a tipo variable y para fijar el precio de los nuevos préstamos destinados a la compra de vivienda, ha registrado una fuerte subida en su tasa diaria, hasta el 3,31%, frente al 3,16% del pasado viernes. El incremento supone la segunda mayor subida del año en una sola jornada, únicamente superada por la registrada el pasado 24 de marzo. Además, se sitúa entre los mayores avances diarios de la historia del índice hipotecario, en un contexto marcado por unas expectativas cada vez más elevadas de nuevas subidas de los tipos de interés en la zona euro. Los mercados financieros ya descuentan al menos tres incrementos adicionales de los tipos por parte del Banco Central Europeo, después de las dos subidas aplicadas en lo que va de año. De materializarse estas previsiones, el precio oficial del dinero entraría claramente en terreno restrictivo, alejándose de la zona neutral en la que el BCE considera que se encuentra actualmente y aumentando la presión sobre la actividad económica con el objetivo de contener la inflación. La evolución del euríbor también está vinculada a la creciente tensión en los mercados de deuda. En España, la rentabilidad del bono a diez años ha superado el 4%, mientras que el rendimiento exigido al bono estadounidense a diez años se sitúa por encima del 5% ante la expectativa de la próxima reunión de la Reserva Federal. La intensa subida registrada por el euríbor lleva la media mensual de septiembre hasta el 3,13%. De mantenerse esta trayectoria durante el resto del mes, el indicador se situaría muy cerca de los niveles más elevados alcanzados desde agosto de 2024, cuando cerró en el 3,16%, e incluso podría superar esa referencia. El repunte supone una noticia especialmente negativa para los hogares con hipotecas variables, que vuelven a afrontar un incremento de sus cuotas después de que el euríbor terminara 2025 en el 2,26%. La subida de los tipos vuelve así a trasladarse directamente al coste de la financiación hipotecaria. Con los niveles actuales, una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% sobre el euríbor y revisión anual, experimentaría un incremento aproximado de 78 euros al mes, hasta situar la cuota en torno a los 927 euros. En el caso de un préstamo con las mismas condiciones pero con revisión semestral, el aumento sería de unos 46 euros mensuales. La evolución del indicador evidencia, por tanto, cómo las expectativas sobre la política monetaria y la presión existente en los mercados de deuda pueden trasladarse rápidamente a las condiciones de financiación de los hogares. Si el euríbor consolida los niveles actuales, el impacto sobre las cuotas hipotecarias será cada vez más significativo para quienes mantienen préstamos a tipo variable.

READ MORE

(Expansión, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor se dispara al 3,31% tras la segunda mayor subida del año

El euríbor a 12 meses, principal referencia para calcular el coste de las hipotecas a tipo variable y para fijar el precio de los nuevos préstamos destinados a la compra de vivienda, ha registrado una fuerte subida en su tasa diaria, hasta el 3,31%, frente al 3,16% del pasado viernes. El incremento supone la segunda mayor subida del año en una sola jornada, únicamente superada por la registrada el pasado 24 de marzo. Además, se sitúa entre los mayores avances diarios de la historia del índice hipotecario, en un contexto marcado por unas expectativas cada vez más elevadas de nuevas subidas de los tipos de interés en la zona euro. Los mercados financieros ya descuentan al menos tres incrementos adicionales de los tipos por parte del Banco Central Europeo, después de las dos subidas aplicadas en lo que va de año. De materializarse estas previsiones, el precio oficial del dinero entraría claramente en terreno restrictivo, alejándose de la zona neutral en la que el BCE considera que se encuentra actualmente y aumentando la presión sobre la actividad económica con el objetivo de contener la inflación. La evolución del euríbor también está vinculada a la creciente tensión en los mercados de deuda. En España, la rentabilidad del bono a diez años ha superado el 4%, mientras que el rendimiento exigido al bono estadounidense a diez años se sitúa por encima del 5% ante la expectativa de la próxima reunión de la Reserva Federal. La intensa subida registrada por el euríbor lleva la media mensual de septiembre hasta el 3,13%. De mantenerse esta trayectoria durante el resto del mes, el indicador se situaría muy cerca de los niveles más elevados alcanzados desde agosto de 2024, cuando cerró en el 3,16%, e incluso podría superar esa referencia. El repunte supone una noticia especialmente negativa para los hogares con hipotecas variables, que vuelven a afrontar un incremento de sus cuotas después de que el euríbor terminara 2025 en el 2,26%. La subida de los tipos vuelve así a trasladarse directamente al coste de la financiación hipotecaria. Con los niveles actuales, una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% sobre el euríbor y revisión anual, experimentaría un incremento aproximado de 78 euros al mes, hasta situar la cuota en torno a los 927 euros. En el caso de un préstamo con las mismas condiciones pero con revisión semestral, el aumento sería de unos 46 euros mensuales. La evolución del indicador evidencia, por tanto, cómo las expectativas sobre la política monetaria y la presión existente en los mercados de deuda pueden trasladarse rápidamente a las condiciones de financiación de los hogares. Si el euríbor consolida los niveles actuales, el impacto sobre las cuotas hipotecarias será cada vez más significativo para quienes mantienen préstamos a tipo variable.

READ MORE

(El Economista, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa quiere al sucesor de Lagarde al frente del BCE listo para diciembre, con Hernández de Cos entre los favoritos

La próxima reunión del Banco Central Europeo puede marcar el inicio de la carrera por renovar varios de los principales puestos de la institución. Los gobiernos de la eurozona quieren tener encarrilado antes de diciembre el relevo de Christine Lagarde al frente del BCE, según informa el Financial Times. La presidenta francesa comunicaría próximamente su intención de abandonar el cargo para asumir la presidencia del Foro Económico Mundial de Davos. Al mismo tiempo, las capitales europeas buscan candidatos para sustituir a Isabel Schnabel, representante alemana en el Comité Ejecutivo, y a Philip Lane, actual economista jefe del banco central. La sucesión se produce en un momento especialmente delicado para la política económica europea y con las capitales tratando de adelantarse al complejo calendario electoral de 2027. La intención sería cerrar los principales nombres durante este otoño o, como muy tarde, en los primeros meses del próximo año, antes de que los procesos electorales puedan alterar los equilibrios políticos dentro de la Unión Europea. El relevo tendrá una relevancia excepcional porque los mandatos de Lagarde, Lane y Schnabel terminan a lo largo de 2027. De confirmarse el calendario que manejan los gobiernos, se produciría una renovación simultánea de tres de las figuras con mayor peso en la toma de decisiones del BCE. Para la presidencia, los nombres que actualmente concentran más posibilidades son Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual dirigente del Banco de Pagos Internacionales, y Klaas Knot, antiguo presidente del Banco de Países Bajos. La candidatura de Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, habría perdido fuerza en los últimos meses. Su elección supondría que Alemania concentrase durante casi dos años la presidencia del BCE y la de la Comisión Europea, una acumulación de poder que podría generar resistencias entre el resto de socios. Berlín estaría apostando por reservarse, en cambio, la posición de economista jefe, un puesto considerado estratégico dentro de la estructura del banco central. La disputa no se limita, por tanto, a encontrar un sucesor para Lagarde. Las capitales están tratando de configurar un nuevo equilibrio de poder dentro del BCE en el que nacionalidad, experiencia y orientación económica deberán combinarse con los intereses políticos de los principales países. El puesto de economista jefe, ocupado actualmente por Philip Lane, es considerado el segundo cargo de mayor relevancia de la institución y se ha convertido en otra pieza fundamental de las negociaciones. Francia y Alemania mantienen posiciones enfrentadas sobre este segundo nombramiento. París no quiere aceptar una combinación formada por un presidente neerlandés y un economista jefe alemán, mientras que Berlín tampoco estaría dispuesta a respaldar un tándem en el que los principales puestos quedasen repartidos entre España y Francia. De esta forma, la sucesión empieza a adquirir la apariencia de un auténtico "boleto electoral", en el que la elección de un candidato condicionará inevitablemente la del otro. La negociación, además, tendrá lugar en un escenario de elevada incertidumbre económica. La guerra en Oriente Medio ha elevado la presión sobre los precios de la energía y amenaza con complicar todavía más la lucha contra la inflación. Al mismo tiempo, el BCE ya ha endurecido su política monetaria con dos subidas de tipos en cuatro meses y los mercados contemplan nuevos movimientos al alza. Lagarde afrontaría así el tramo final de su mandato en un entorno muy diferente al de los últimos años y con la política monetaria europea sometida a nuevas presiones. La presidencia del BCE será, de hecho, uno de los grandes puestos europeos que se decidirán antes de 2029, cuando finalice el mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea. Para entonces, las principales potencias de la Unión habrán celebrado sus respectivas elecciones generales, lo que podría modificar de forma sustancial los actuales equilibrios políticos. La renovación del BCE se convierte así no solo en una cuestión de política monetaria, sino también en una pieza relevante del futuro reparto de poder económico dentro de Europa.

READ MORE

(Cinco Días, 14-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La nueva subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo hasta el 2,5%, devuelve protagonismo a los productos de ahorro conservador

Los bancos vuelven a intensificar su apuesta por el ahorro conservador. La nueva subida de los tipos de interés aprobada este jueves por el Banco Central Europeo (BCE), hasta situarlos en el 2,5%, ha devuelto protagonismo a los depósitos y a las cuentas remuneradas dentro de la oferta bancaria. En el mercado español ya pueden encontrarse depósitos con rentabilidades de hasta el 3,5% TAE y cuentas que superan el 5%. La diferencia respecto a la remuneración media del mercado es significativa. El último dato disponible del BCE sitúa en el 2,01% la rentabilidad media de los depósitos a plazo en España, correspondiente al mes de julio. Sin embargo, algunas entidades están ofreciendo tipos claramente superiores. Ferratum llega al 3,4% a doce meses, Deutsche Bank alcanza el 3,25%, aunque exige determinados requisitos de vinculación, y Mediolanum ofrece un 3%, condicionado en este caso a aportar el triple del importe depositado a un fondo gestionado por la propia entidad. La mayor parte de las ofertas se sitúa entre el 2,5% y el 3%: Renault Bank ofrece un 2,88%, BFF un 2,78%, mientras que Scalable Capital, Cetelem y SelfBan remuneran al 2,75% los depósitos a un año. El plazo también condiciona la rentabilidad. A seis meses, las remuneraciones son generalmente más reducidas: Ferratum ofrece un 3,1%, Cetelem un 2,75% y Openbank un 2,5%. En los productos a tres meses aparecen algunas excepciones, como el 3,5% de Banco Big, aunque la mayoría de las propuestas se sitúa por debajo del 2,5%. BFF, Cetelem y EBN, por ejemplo, ofrecen un 2,2%. La estrategia de las entidades a la hora de fijar estas remuneraciones responde tanto a sus necesidades de captar ahorro como a sus expectativas sobre la evolución de los tipos. Cuando se prevé que el precio del dinero pueda ser más elevado dentro de unos meses, los bancos tienen más incentivos para pagar tipos superiores por depósitos de mayor duración. Si, por el contrario, anticipan una bajada de tipos, suelen concentrar las mejores condiciones en los plazos más cortos. En el escenario actual, marcado por la incertidumbre geopolítica, el encarecimiento de la energía y las dudas sobre la evolución del conflicto en Oriente Próximo, las expectativas apuntan a que los tipos permanecerán elevados durante más tiempo. Esta situación plantea la posibilidad de que en los próximos meses se intensifique la competencia por captar el ahorro de los clientes. No obstante, una subida de 25 puntos básicos por parte del BCE no significa necesariamente que las entidades tengan que trasladar ese incremento a sus depósitos. Andre Boar, profesor de la UPF Barcelona School of Management, considera que los bancos siguen teniendo margen para financiarse con depósitos remunerados en torno al 2% o 2,5%, una vía más económica que acudir a los mercados. Además, al estar descontada previamente la subida de tipos, buena parte del ajuste en las ofertas ya se habría producido, por lo que no cabe esperar necesariamente un nuevo repunte generalizado de las remuneraciones. Durante el anterior ciclo alcista, cuando los tipos llegaron a situarse en el 4%, las grandes entidades tampoco protagonizaron una carrera para mejorar la remuneración del ahorro más conservador. Fueron principalmente los bancos medianos y pequeños y los neobancos quienes elevaron sus ofertas, mientras las grandes entidades justificaban su posición por la elevada liquidez de la que disponían. La banca digital y los neobancos mantienen una mayor capacidad de reacción porque utilizan las cuentas remuneradas y los depósitos como instrumentos para captar nuevos clientes. En cambio, las entidades tradicionales tienen menos necesidad de elevar de forma generalizada el precio de sus depósitos cuando cuentan con una posición de liquidez cómoda. Según Pablo Vega, experto en finanzas del comparador Roams, la nueva subida del BCE puede provocar sobre todo movimientos entre aquellas entidades que todavía remuneran el ahorro por debajo de los tipos oficiales, sin que necesariamente aumente el nivel máximo de las ofertas existentes. En las cuentas remuneradas, las rentabilidades pueden ser todavía mayores, aunque las condiciones asociadas al producto obligan a analizar con detalle cada propuesta. La banca está recurriendo cada vez más a fórmulas de vinculación que condicionan la remuneración a la contratación o utilización de otros servicios, como tarjetas, nóminas, recibos o Bizum. Ibercaja encabeza actualmente las ofertas con una remuneración del 5,09% TAE, aunque limitada a un saldo máximo de 12.000 euros y condicionada a domiciliar la nómina, realizar al menos seis compras semestrales con la tarjeta o domiciliar un recibo. Bankinter ofrece un 5% a través de su cuenta nómina, sobre un máximo de 10.000 euros, pero exige una nómina de al menos 800 euros, tres recibos domiciliados cada trimestre y tres pagos trimestrales con tarjeta. Los neobancos ofrecen alternativas algo más moderadas y, en algunos casos, con menos exigencias de vinculación. Trade Republic remunera al 3,04% a los nuevos clientes, hasta un saldo máximo de 50.000 euros. Bunq ofrece un 3,01%, mientras que B100, perteneciente al grupo Abanca, llega al 3%, aunque su propuesta incorpora condiciones específicas. Para obtener la máxima remuneración es necesario realizar al menos ocho compras mensuales y gastar 200 euros con la tarjeta. Además, el dinero remunerado se va trasladando desde la cuenta principal a otra que funciona como una hucha en función del cumplimiento de determinados objetivos relacionados con la actividad física y la desconexión digital. A pesar de la mejora de las remuneraciones, el ahorrador sigue teniendo que hacer frente a un factor que puede reducir considerablemente el rendimiento real: la inflación. Incluso los depósitos con los tipos más elevados pueden no ser suficientes para preservar completamente el poder adquisitivo. Un depósito al 3,4% durante un año con 10.000 euros generaría aproximadamente 340 euros brutos en intereses. Tras aplicar la retención del 19% correspondiente, el rendimiento neto se situaría en unos 275 euros, equivalente a una rentabilidad del 2,75%. Con una inflación interanual del 4,3% en agosto, el rendimiento real sería, por tanto, negativo. Algo similar ocurre con las cuentas remuneradas. Incluso el 5,09% TAE de la mejor oferta, una vez descontada la retención fiscal del 19%, se traduce en una rentabilidad aproximada del 4,12%, todavía ligeramente por debajo del incremento de los precios. El escenario demuestra que, aunque el regreso de los tipos de interés más elevados mejora las opciones para los ahorradores conservadores, obtener una rentabilidad nominal positiva no garantiza necesariamente mantener el poder adquisitivo del dinero.

READ MORE

(Expansión, 14-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC bloqueará los SMS comerciales con alias no registrados en su base de datos

Las empresas, comercios, administraciones públicas y otras organizaciones que empleen alias como identificadores en el envío de SMS, MMS o RCS deberán haber registrado correctamente estos nombres antes del próximo martes, 15 de septiembre, si quieren continuar utilizándolos. Así lo ha advertido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Desde esa fecha, las compañías de telefonía móvil estarán obligadas a bloquear aquellos mensajes que utilicen alias, ya sean marcas, nombres comerciales, denominaciones sociales o dominios, que no figuren en la base de datos oficial gestionada por la CNMC. La medida afecta a cualquier entidad que envíe comunicaciones identificadas con su propia denominación, entre ellas bancos, aseguradoras, empresas de transporte y otros proveedores de servicios. El nuevo sistema de registro permitirá comprobar que el identificador utilizado en una comunicación corresponde realmente a la entidad que figura como remitente. Con ello se pretende aumentar la seguridad de estas comunicaciones y recuperar la confianza de los usuarios frente a las estafas basadas en la suplantación de identidad, conocidas como smishing. La iniciativa forma parte del Plan Antiestafas impulsado por el Gobierno y desarrollado mediante una orden ministerial que establece nuevas obligaciones para los operadores con el objetivo de bloquear llamadas y mensajes fraudulentos. Al mismo tiempo, se busca garantizar que puedan seguir funcionando con normalidad las comunicaciones legítimas relacionadas con información comercial, avisos de entrega, recordatorios de citas o promociones. La CNMC, presidida por Juan José Ganuza, ha insistido en la necesidad de completar el procedimiento antes del 15 de septiembre para evitar posibles interrupciones. Las entidades que no hayan registrado sus alias antes de esa fecha dejarán de poder enviar mensajes identificados con su marca o nombre. No obstante, podrán continuar realizando envíos siempre que renuncien al uso de ese identificador. Los alias que no hayan sido registrados inicialmente, así como los que se creen posteriormente, podrán incorporarse al sistema después de la fecha límite. El registro incluirá todos los identificadores alfanuméricos, formados por letras, números o combinaciones de ambos, que se empleen para realizar comunicaciones dirigidas a números españoles. El trámite podrá ser efectuado directamente por los titulares de los identificadores o por los proveedores de servicios de mensajería que actúen en su representación. En este último caso, será necesario acreditar una relación directa con la marca o dominio correspondiente y cumplir los requisitos técnicos establecidos. Además, tanto los titulares como sus representantes podrán solicitar posteriormente modificaciones, suspensiones, reactivaciones o cancelaciones. La normativa establece, sin embargo, determinadas limitaciones. Un alias ya inscrito no podrá modificarse directamente y la activación de los proveedores de origen de mensajería asociados únicamente podrá realizarla el titular o el proveedor correspondiente cuando cuente con autorización previa. Asimismo, ningún alias podrá utilizarse hasta que haya sido efectivamente registrado. La CNMC también ha pedido a ciudadanos, pymes y autónomos que presten atención a las comunicaciones electrónicas remitidas por el organismo, después de detectar que una parte relevante de estos avisos no está siendo abierta por sus destinatarios. En paralelo, ha reclamado a las empresas que adopten una actitud activa para garantizar que puedan seguir utilizando sus nombres comerciales y que completen cuanto antes los trámites pendientes o atiendan los requerimientos que hayan recibido. Los proveedores de mensajería registrados deberán aplicar mecanismos de bloqueo cuando los mensajes incorporen alias que no estén inscritos, procedan de proveedores que carezcan del registro correspondiente o se envíen sin la autorización necesaria del titular. Las operadoras también tendrán que impedir las comunicaciones dirigidas a números españoles desde empresas extranjeras que no estén registradas en España, salvo cuando el receptor se encuentre en situación de itinerancia o roaming. El registro de alias quedó constituido oficialmente el 28 de marzo, después de aprobarse las directrices que regulan su funcionamiento. A finales de abril, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció que la base de datos gestionada por la CNMC estaría operativa desde el 7 de junio. La fecha definitiva para que los operadores comenzaran a aplicar de forma obligatoria el bloqueo se estableció posteriormente en el 15 de septiembre, después de que el calendario inicial fuera modificado a petición del Ministerio. Desde la CNMC se ha señalado que actualmente no está prevista una nueva prórroga y que cualquier eventual ampliación del plazo tendría que ser acordada por el Gobierno. Con la aplicación de este sistema culmina una de las principales actuaciones incluidas en la estrategia del Ejecutivo para combatir las estafas realizadas mediante llamadas telefónicas y mensajes SMS. El procedimiento exige la autorización expresa del titular del identificador y una posterior comprobación por parte de la CNMC. El organismo ha reconocido que se ha producido un número elevado de rechazos de solicitudes, principalmente por problemas técnicos o por la ausencia de una confirmación expresa por parte del solicitante. El regulador ha explicado que el identificador que aparece en la cabecera de los SMS era hasta ahora un elemento que no se encontraba sujeto a una regulación específica y que podía utilizarse con relativa libertad. Por este motivo, la CNMC considera imprescindible que exista una autorización directa del titular y ha establecido que, cuando esta no se produzca, la correspondiente solicitud de inscripción deberá ser rechazada.

READ MORE

(El País, 14-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España encabeza la lista de países europeos que requieren más esfuerzo económico para comprar una vivienda

Comprar una vivienda en España requiere actualmente un esfuerzo económico mucho mayor que hace cuatro décadas y también superior al que soportan los hogares de la mayoría de los países de la zona euro. Los últimos datos del Banco de España, elaborados a partir de indicadores de la OCDE, muestran que España presenta una de las situaciones más tensionadas del entorno europeo. Desde 1980, la proporción de ingresos que un hogar debe dedicar a la adquisición de una vivienda se ha incrementado un 88,6%, hasta situarse actualmente en torno al 40% de la renta bruta. En el conjunto de los países del euro, el aumento medio ha sido del 10%. Esta evolución responde a una combinación de factores entre los que destacan la insuficiente oferta de vivienda frente al crecimiento de la demanda, las rigideces del mercado del suelo, los cambios demográficos y un escenario financiero que durante años permitió asumir el encarecimiento de los inmuebles, pero que ya no ofrece el mismo margen. La presión residencial se refleja en distintos indicadores. En 2025, el 11% de las nuevas hipotecas concedidas superó el umbral del 35% de ingresos destinado al pago de la vivienda, considerado como nivel de riesgo. En el alquiler, la situación es todavía más exigente: el 32,5% de los inquilinos supera ese límite. Además, para los hogares que todavía no son propietarios, comprar una vivienda representa de media el equivalente a casi siete años de renta neta familiar, una cifra que llega a diez años en ciudades como Madrid y Málaga. La comparación con otras grandes economías europeas permite dimensionar el problema. Mientras en España el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda ha aumentado de forma prácticamente continua desde los años noventa, en países como Alemania e Italia la situación ha evolucionado en sentido contrario. En estos mercados, los ingresos han crecido a mayor velocidad que los precios inmobiliarios, de modo que el porcentaje de renta necesario para adquirir una vivienda es actualmente entre un 20% y un 40% inferior al de 1980. Esto no significa que la vivienda haya dejado de encarecerse en Europa. La presión es generalizada y, solo en 2025, los precios reales de los inmuebles aumentaron un 3% en el conjunto de la Unión Europea, según el Banco de España. José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, considera que parte de la diferencia que refleja la serie histórica está relacionada con el proceso de transformación económica experimentado por España. La entrada en la Unión Europea en 1986 coincidió con una etapa de fuerte crecimiento y convergencia con las economías más desarrolladas. En ese proceso, el coste de la vivienda pasó de representar aproximadamente tres años de ingresos familiares a situarse en el entorno de siete u ocho años. El precio de los inmuebles avanzó, por tanto, mucho más rápidamente que los salarios hasta alcanzar niveles similares a los de otros países europeos, donde ese ajuste se había producido con anterioridad. Durante ese periodo, además, las familias españolas contaron con un factor que permitió amortiguar el impacto del encarecimiento inmobiliario: la fuerte reducción de los tipos de interés. Montalvo estima que aproximadamente tres cuartas partes de la diferencia en el esfuerzo de acceso respecto a la zona euro se explican por la caída de los tipos y por el progresivo alargamiento de los plazos hipotecarios, que beneficiaron especialmente a España. Sin embargo, considera que aquel proceso no puede repetirse. La evolución desde tipos cercanos al 18% en 1980 hasta niveles próximos al 2,8% actuales constituye un fenómeno excepcional. El descenso del coste de financiación y la posibilidad de devolver las hipotecas durante más años permitieron que las cuotas mensuales aumentaran menos que los precios de las viviendas, generando un margen que ahora prácticamente ha desaparecido. A las condiciones financieras se añade el problema estructural de la oferta. Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, considera que España arrastra una importante descompensación desde la crisis financiera. El estallido de la burbuja inmobiliaria provocó la destrucción de alrededor de 1,2 millones de empleos relacionados con la construcción y la promoción y el sector no ha recuperado la capacidad de generación de vivienda que tenía antes de 2008. A esta menor capacidad productiva se suma la transformación demográfica. El tamaño medio de los hogares españoles ha pasado de 3,59 personas en 1981 a 2,5 en 2023, lo que implica que se necesitan más viviendas incluso aunque la población no aumente al mismo ritmo. Marín señala además que la inversión residencial, situada en el 5,7% del PIB, continúa por debajo del nivel que sería necesario para equilibrar el mercado. Las dificultades para poner suelo edificable a disposición del mercado también contribuyen al encarecimiento. Ignacio Ezquiaga, doctor en Economía y colaborador de Funcas, atribuye una parte importante del problema a la regulación urbanística y a la lentitud de los procedimientos administrativos. Dos parcelas físicamente similares pueden presentar diferencias de precio muy importantes dependiendo de su clasificación urbanística, con variaciones que pueden alcanzar entre el 30% y el 40%. Tras el boom inmobiliario de 2007, además, la propiedad del suelo finalista quedó concentrada en un número reducido de manos, lo que limita la capacidad de respuesta de la oferta y hace que los procesos de transformación urbanística puedan prolongarse durante años. El resultado es un mercado incapaz de incorporar nuevas viviendas con la rapidez que requiere la demanda. Existe además otro obstáculo relacionado con la oposición de parte de los residentes a nuevas promociones en su entorno. Montalvo considera que este fenómeno, habitual en las sociedades desarrolladas, limita la capacidad de aumentar la construcción y sitúa a España entre los países con menor elasticidad de la oferta de vivienda, solo por detrás del Reino Unido. El problema se hace especialmente visible en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde se concentra una parte importante de la creación de empleo y de la llegada de población y empresas, pero donde también existen mayores dificultades para ampliar el parque residencial. La combinación de una demanda creciente y una oferta rígida termina trasladándose a los precios y ampliando las dificultades de acceso. En las principales áreas económicas, el encarecimiento de la vivienda obliga cada vez a más trabajadores a buscar residencia en municipios más alejados de sus centros de empleo. La crisis de acceso a la vivienda se convierte así no solo en un problema inmobiliario, sino también en un factor que condiciona la movilidad laboral, la distribución de la población y la capacidad de las grandes ciudades para seguir absorbiendo actividad económica.

READ MORE

(El País, 10-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa solo ha aplicado el 16% de las reformas del informe Draghi dos años después de su presentación

Dos años después de que Mario Draghi presentara su ambicioso plan para recuperar la competitividad de la economía europea, apenas el 16% de sus propuestas se ha aplicado completamente. El análisis elaborado por el Banco de España a partir de los datos del Draghi Observatory muestra que la mayoría de las 176 medidas planteadas por el expresidente del BCE siguen pendientes, en desarrollo o se han ejecutado solo parcialmente. El estudio, elaborado por el investigador Luis Díez Catalán, señala que menos de 30 de las recomendaciones han llegado a aplicarse en su totalidad en el ámbito comunitario. Otro 26% se encuentra parcialmente ejecutado, mientras que una parte importante permanece bloqueada. De hecho, el 42% de las propuestas cuenta con respaldo político por parte de los dirigentes europeos, pero todavía carece de la normativa, los reglamentos o los instrumentos necesarios para trasladarlas a la práctica. A ello se suman alrededor de 30 iniciativas sobre las que ni siquiera se había producido un pronunciamiento oficial hasta julio de este año. El diagnóstico apunta así a una importante distancia entre los compromisos políticos y los resultados efectivos. El análisis del Banco de España considera que esta brecha refleja las dificultades habituales para alcanzar acuerdos y coordinar políticas entre los distintos Estados miembros. En otras palabras, en la Unión Europea sigue existiendo una diferencia significativa entre la voluntad expresada por sus instituciones y la capacidad para convertirla en reformas concretas. La falta de avances tampoco parece explicarse principalmente por la ausencia de financiación. Algo más de la mitad de las aproximadamente 170 recomendaciones sectoriales planteadas por Draghi no requieren recursos públicos adicionales para su puesta en marcha. El ejemplo más evidente se encuentra en la simplificación normativa y la reducción de las cargas administrativas para las empresas: el 92% de las medidas propuestas en este ámbito no implicaría un desembolso presupuestario. El principal obstáculo estaría, por tanto, en la complejidad de los procedimientos y en la dificultad para alcanzar consensos sobre los cambios regulatorios. El grado de ejecución también varía considerablemente entre sectores y está condicionado por las prioridades inmediatas de los gobiernos europeos. La defensa constituye uno de los ejemplos más claros. La guerra de Rusia contra Ucrania, la escalada de las tensiones en Oriente Próximo y el distanciamiento de Estados Unidos respecto a sus compromisos tradicionales con la OTAN han elevado la presión para reforzar la capacidad militar europea. En 2024, avanzar hacia una defensa común se consideraba una de las reformas más difíciles debido a la reticencia de los Estados miembros a ceder competencias en materia militar. Sin embargo, el nuevo escenario geopolítico ha acelerado los acuerdos. Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, el porcentaje de propuestas relacionadas con la defensa que se habían aplicado total o parcialmente pasó del 22% al 53%, convirtiendo este ámbito en el que más avances legislativos ha registrado dentro de la agenda de Draghi. La situación es radicalmente distinta en el ámbito energético. Draghi situó la energía, junto con el acceso a materias primas críticas, entre las áreas con mayor potencial transformador para la economía europea, debido a su influencia sobre los costes de la industria, la descarbonización y la seguridad estratégica de la Unión. Pese a ello, apenas el 1% de las propuestas energéticas se ha aplicado total o parcialmente, lo que convierte a este sector en el principal ejemplo de la lentitud con la que avanza el programa de reformas. Estos resultados contrastan con el balance más favorable que ofrecía Bruselas durante el primer año posterior a la publicación del informe. En aquel momento, la Comisión Europea contabilizaba 33 iniciativas adoptadas y 14 propuestas legislativas, además de anunciar la movilización de más de un billón de euros destinados a innovación, tecnologías limpias y seguridad. Entre las partidas anunciadas figuraban 200.000 millones de euros para inteligencia artificial, 150.000 millones para el programa de defensa SAFE y más de 100.000 millones para el Pacto Industrial Limpio. Para este segundo aniversario todavía no existe un balance oficial de la Comisión Europea. No obstante, un informe publicado a comienzos de año por el servicio de estudios del Parlamento Europeo ya advertía de que, aunque las instituciones comunitarias habían incorporado buena parte del diagnóstico de Draghi a su agenda, la magnitud de las reformas ejecutadas estaba muy por debajo de la ambición inicial del plan. La lentitud en la aplicación de las recomendaciones ha llevado incluso al propio Draghi a buscar vías alternativas a los mecanismos habituales de Bruselas. A finales de agosto impulsó el denominado Rhine Group, un grupo de trabajo concebido como un nuevo canal de interlocución con la Comisión Europea y los gobiernos nacionales. Su objetivo es precisamente acelerar la puesta en marcha de las reformas necesarias para mejorar la competitividad europea. El balance de estos dos años deja así una conclusión clara: el problema de Europa no parece residir tanto en la falta de diagnóstico como en su capacidad para ejecutar las soluciones identificadas. El plan de Draghi puso sobre la mesa la necesidad de aumentar la inversión, reducir la brecha tecnológica y recuperar productividad frente a Estados Unidos y China, pero la lentitud legislativa y la dificultad para coordinar a los Estados miembros siguen frenando buena parte de esa agenda.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF