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(Cinco Días, 31-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La gran banca pulveriza sus propios récords y gana un 18% más en el primer semestre del año

La banca española ha cerrado el primer semestre de 2026 con los mejores resultados de su historia. Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter obtuvieron un beneficio conjunto de 19.803 millones de euros, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior, superando el récord que ya habían alcanzado en la primera mitad de 2025. La sucesión de resultados históricos comenzó en 2022, cuando el Banco Central Europeo (BCE) inició el ciclo de subidas de los tipos de interés tras años de política monetaria expansiva. Ese cambio permitió a las entidades mejorar significativamente la rentabilidad del crédito y elevar sus beneficios. Posteriormente, cuando los tipos descendieron temporalmente, los bancos compensaron la menor rentabilidad financiera con un mayor volumen de préstamos y un incremento de los ingresos por comisiones. El nuevo aumento de los tipos de interés por parte del BCE ha reforzado esta tendencia. Las entidades han logrado combinar un mayor crecimiento del crédito con una mejora de la rentabilidad de sus productos, lo que ha impulsado el margen de intereses -la diferencia entre los ingresos por préstamos y el coste de los depósitos- un 9,5%, hasta alcanzar los 46.200 millones de euros. Las comisiones también mantuvieron una evolución positiva, con un incremento del 10%, hasta los 15.278 millones, mientras que el margen bruto avanzó un 8%. Santander volvió a liderar el sector por volumen de beneficios, al obtener 8.973 millones de euros, un 31% más que un año antes. No obstante, este resultado incorpora ingresos extraordinarios derivados de la venta de su negocio en Polonia a Ertse Bank, que aportó 1.895 millones de euros, así como un impacto de 250 millones por los costes de reestructuración asociados a la adquisición de TSB, hasta entonces propiedad de Sabadell. Descontando estos efectos, el beneficio recurrente ascendió a 7.328 millones, un 14% superior al registrado en el mismo periodo de 2025. BBVA ocupó la segunda posición con un beneficio superior a los 6.000 millones de euros, tras crecer un 11% interanual. La entidad destacó por el fuerte incremento de su margen de intereses, del 18%, impulsado por la evolución del negocio en España y, especialmente, por la aportación de su filial en México, que continúa siendo su principal fuente de resultados. Además, junto con Bankinter, figura entre los bancos con mayor rentabilidad del sistema financiero español. CaixaBank obtuvo un beneficio un 8% superior al del primer semestre del año pasado. Su margen de intereses aumentó un 2% y los ingresos por comisiones un 7,4%. Sin embargo, la presentación de sus resultados fue recibida con escepticismo por el mercado, ya que la entidad mantuvo sin cambios sus previsiones para el cierre del ejercicio, lo que provocó una caída cercana al 7% de su cotización bursátil. Por su parte, Sabadell atraviesa una fase de transición tras culminar el proceso derivado de la opa hostil lanzada por BBVA y resuelta el pasado otoño. El nuevo consejero delegado, Marc Armengol, confía en que el banco recupere impulso en los próximos trimestres gracias a una mejora de los ingresos. Hasta el momento, el beneficio se mantiene prácticamente estable respecto al primer semestre de 2025, teniendo en cuenta la aportación de TSB hasta su venta en abril. Además, el margen de intereses retrocedió un 2%, las comisiones permanecieron sin cambios y el margen bruto descendió un 2,8%, lo que convierte a Sabadell en la única gran entidad que no ha alcanzado un beneficio récord y que presenta caídas en las principales magnitudes de su cuenta de resultados.

(El País, 31-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El fin de las ayudas a los carburantes amenaza con elevar hasta un punto la inflación en otoño

La escalada del conflicto en Oriente Próximo comienza a reflejarse en la evolución de los precios en España. El Índice de Precios de Consumo (IPC) avanzó hasta el 3,5% en julio, tres décimas más que en junio, según el dato adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El repunte coincide con el inicio de la retirada progresiva de las ayudas fiscales a los carburantes y constituye un primer indicio del efecto que tendrá la desaparición de estas medidas sobre la inflación en los próximos meses. La mayoría de los analistas coincide en que el índice continuará aumentando cuando las bonificaciones se eliminen por completo, aunque persisten las dudas sobre la magnitud del impacto y el momento en que se producirá. La reciente convalidación del Real Decreto-ley 18/2026 mantiene las rebajas fiscales durante el verano, pero deja al Gobierno condicionado por una situación internacional que escapa a su control. El calendario diseñado por el Ejecutivo contempla una reducción gradual de las ayudas, que pasan de 15 céntimos por litro en julio a 10 céntimos en agosto y cinco en septiembre, con su desaparición prevista para octubre. Sin embargo, este plan se elaboró bajo la premisa de que la tensión geopolítica disminuiría durante el verano y permitiría una estabilización de los mercados energéticos, un escenario que, por ahora, no se ha materializado. La incertidumbre se ha intensificado por la evolución del mercado del petróleo. Algunas previsiones, como las de Goldman Sachs, contemplan que el barril de Brent pueda acercarse a los 120 dólares durante los próximos meses. Ante este panorama, el Ejecutivo deberá decidir entre mantener el calendario previsto para retirar las ayudas, asumiendo un mayor impacto sobre la inflación, o prolongarlas si la presión sobre los precios de la energía continúa aumentando. A ello se suma el encarecimiento del gas natural en Europa, que durante julio alcanzó sus niveles más elevados desde el inicio de la guerra en Irán, mientras que el petróleo volvió a situarse en torno a los 100 dólares por barril. Esta evolución abre la puerta a una posible prórroga de las medidas fiscales si las tensiones energéticas persisten más allá del verano. Mientras tanto, distintas estimaciones sitúan el incremento adicional de la inflación en torno a medio punto porcentual para octubre, incluso en un escenario relativamente favorable. Según cálculos del director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo Llanes, el IPC correspondiente a junio habría superado el 4% si las rebajas fiscales no hubieran estado vigentes. La intensidad del repunte dependerá, en gran medida, del peso que tienen los combustibles en la cesta de consumo. Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas (CGE), recuerda que carburantes y combustibles representan aproximadamente el 5% del índice general de precios. En su opinión, la desaparición total de las ayudas podría añadir alrededor de ocho décimas a la inflación si el resto de factores permaneciera estable, ya que las bonificaciones llegaron a reducir el precio en los surtidores entre un 15% y un 17%. Funcas maneja una previsión similar y calcula que la retirada completa de los incentivos fiscales aportaría entre ocho y nueve décimas adicionales al IPC, aunque una parte de ese efecto ya comenzó a materializarse con los cambios introducidos en junio y julio. De cara al otoño, la entidad estima que el impacto pendiente rondará las cinco décimas. Además del efecto directo sobre los carburantes, advierte de que el aumento de los costes energéticos terminará trasladándose progresivamente al conjunto de la economía, encareciendo la producción, la distribución y numerosos servicios. La fundación considera que este proceso persistirá incluso si la situación geopolítica mejora, ya que la transmisión de los mayores costes energéticos al tejido productivo suele producirse con retraso. A ello se añade una inflación subyacente que continúa mostrando una elevada resistencia, especialmente en el sector servicios. Como consecuencia, Funcas ha revisado al alza su previsión sobre el deflactor del consumo de los hogares para 2026, situándolo en una media del 3,2%, ocho décimas por encima de las estimaciones realizadas antes del estallido de la crisis en Oriente Próximo. BBVA Research también advierte del riesgo de que las presiones inflacionistas se extiendan a otros ámbitos de la economía. La entidad destaca que la inflación de los servicios permanece en el 3,9% y señala factores adicionales, como la escasez de capacidad en determinados sectores o el encarecimiento de la vivienda, que dificultan una moderación rápida de los precios. Asimismo, la fortaleza del mercado laboral y la reducción del desempleo podrían favorecer nuevas subidas salariales que acabarían trasladándose, al menos parcialmente, al consumidor. No todos los análisis apuntan al mismo impacto. Rafael Salas, del ICAE, estima que el incremento pendiente de la inflación durante el otoño será más moderado y rondará las cuatro décimas. En cualquier caso, coincide en que la evolución dependerá de la trayectoria que sigan el petróleo y los costes del refino en los mercados internacionales, el principal foco de incertidumbre en estos momentos. La tensión geopolítica continúa alimentando esa incertidumbre. Los recientes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra petroleros en el mar Rojo han reforzado el riesgo sobre una ruta de exportación clave para el suministro mundial de crudo, alternativa al estrecho de Ormuz, por la que circulan alrededor de cuatro millones de barriles diarios. Ante este escenario, el decreto convalidado por el Congreso incorpora un mecanismo de protección que permitiría restablecer automáticamente una bonificación de 20 céntimos por litro si el Instituto Nacional de Estadística certifica un incremento superior al 15% interanual en el precio de los carburantes. No obstante, la activación de esta medida dependerá tanto de la evolución del mercado energético internacional como del cumplimiento de las condiciones fijadas en la normativa.

(El País, 31-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas pone en marcha el proceso para elegir la gigafactoría de IA a la que opta España

La Comisión Europea ha puesto en marcha el proceso de licitación para seleccionar las siete primeras gigafactorías de inteligencia artificial (IA) que se construirán en la Unión Europea. La iniciativa contempla una movilización de hasta 30.000 millones de euros, de los que alrededor de 5.000 millones procederán de fondos comunitarios, en buena parte vinculados al próximo marco financiero plurianual (2028-2034), y otros 5.000 millones serán aportados por los Estados miembros que alberguen los proyectos. Los 20.000 millones restantes deberán ser financiados por inversión privada. España figura entre los países candidatos con un proyecto respaldado por Portugal y concebido con una doble implantación: la sede principal se localizaría en Móra la Nova (Tarragona), mientras que otra parte de la infraestructura se desarrollaría en San Fernando de Henares (Madrid). La creación de estas gigafactorías forma parte de la estrategia comunitaria para reforzar la competitividad europea en inteligencia artificial y reducir la distancia que separa a la Unión Europea de Estados Unidos y China, líderes mundiales en este ámbito. Uno de los principales obstáculos identificados por Bruselas es el menor volumen de inversión. Un informe reciente de la OCDE refleja que, durante 2025, cerca del 75% del capital riesgo destinado a empresas de inteligencia artificial se concentró en Estados Unidos, con unos 170.000 millones de euros, mientras que la Unión Europea captó únicamente alrededor del 6%, equivalente a unos 14.000 millones de euros. El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 12 de noviembre y la Comisión Europea prevé anunciar los proyectos seleccionados a comienzos de 2027. Desde las administraciones españolas se ha reiterado la confianza en las posibilidades de la candidatura nacional. El consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, defendió que la propuesta aspira a convertir las Terres de l'Ebre en un referente europeo en inteligencia artificial gracias a la colaboración entre el Gobierno de España y la Generalitat. Para respaldar esta iniciativa, el Ejecutivo español aprobó hace unas semanas una aportación pública de 719 millones de euros. El proyecto cuenta además con el compromiso inversor de Banco Santander, ACS y Telefónica, que asumirían conjuntamente el 47% del capital, con una participación idéntica del 15,67% para cada compañía. A ellas se suma Multiverse Computing, que aportará otro 4%. La participación pública se articulará a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controlará el 48% del capital, mientras que la Generalitat dispondrá del 1% restante. La inversión prevista para el desarrollo de la gigafactoría asciende a 5.000 millones de euros y se ejecutará en dos fases. La primera requerirá una capacidad eléctrica de 50 megavatios, ya garantizada, mientras que la segunda elevará esa demanda hasta los 125 megavatios. La instalación principal se ubicará en Móra la Nova, una localidad tarraconense situada junto al río Ebro. Sus promotores sostienen que la elección responde a criterios técnicos y estratégicos, y no únicamente a su ubicación geográfica. Además, estiman que el complejo podría generar alrededor de 2.000 puestos de trabajo y aseguran que el proyecto podría desarrollarse incluso si finalmente no obtiene financiación europea. La competencia será elevada. Francia concurrirá con el consorcio AION, que prevé una inversión cercana a los 9.000 millones de euros. Alemania también presentará candidatura, mientras que Polonia y Lituania optarán conjuntamente a albergar otra de las instalaciones. No obstante, el listado definitivo de aspirantes no se conocerá hasta el cierre del plazo de inscripción en noviembre. La Comisión Europea estima que los proyectos seleccionados deberán entrar en funcionamiento aproximadamente un año y medio después de su adjudicación, lo que sitúa su puesta en marcha hacia mediados de 2028. Estas gigafactorías estarán especializadas en el desarrollo de semiconductores de última generación, procesadores avanzados, plataformas de inteligencia artificial, infraestructuras de computación en la nube y grandes centros de datos. Para garantizar el suministro de componentes estratégicos, la Unión Europea ya ha firmado cartas de intenciones con fabricantes tecnológicos como Nvidia, AMD y Qualcomm. La viabilidad de las futuras instalaciones estará respaldada por la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC), que se comprometerá a contratar capacidad de procesamiento en estas infraestructuras junto a 18 Estados miembros, entre ellos España. EuroHPC es el organismo público-privado responsable de coordinar la red europea de supercomputación, de la que ya forma parte el Barcelona Supercomputing Center, uno de los principales centros de cálculo avanzado del continente.

(El Economista, 31-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Justicia abre el trámite de consultas para el futuro arancel de los Registros de la Propiedad

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha iniciado el trámite de consulta pública para modificar el Real Decreto que regula el arancel de los Registradores de la Propiedad. La propuesta pretende actualizar el sistema de tarifas aplicable a las notas simples y a los servicios de información continuada prestados por vía telemática, adaptándolo a la realidad tecnológica y económica actual. La normativa vigente fue aprobada en 1989, cuando la publicidad registral se gestionaba principalmente de forma presencial, en papel o mediante comunicaciones por correo y fax. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 11/2023 eliminó el uso del fax para el envío de información registral, salvo en aquellos casos en los que existan problemas técnicos que impidan utilizar otros medios. La iniciativa llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en una sentencia dictada el 26 de mayo, anulara el cobro de 12,03 euros por una nota simple con información continuada al considerar que ese importe carecía de cobertura normativa. El tribunal concluyó que el precio aplicable debía limitarse a 3,01 euros. Según explica el Ministerio, los servicios de información registral continuada requieren actualmente infraestructuras tecnológicas avanzadas, sistemas seguros de comunicación y elevados niveles de ciberseguridad, lo que implica unos costes muy superiores a los existentes cuando se aprobó el arancel vigente. Aunque la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública había consolidado una doctrina administrativa que admitía determinadas tarifas para los servicios telemáticos -como una minutación global de 12 euros para las notas que sustituyen al antiguo fax y de 9,02 euros para la publicidad instrumental del Servicio de Índices-, estos importes nunca llegaron a incorporarse de forma expresa en la regulación arancelaria. Para sustituir el sistema de envío por fax, el Colegio de Registradores implantó un procedimiento digital a través de su Sede Electrónica, que permite solicitar y obtener de forma inmediata información sobre la titularidad y las cargas de los inmuebles, con plena trazabilidad de las consultas realizadas. Con esta reforma, el Gobierno pretende incorporar al marco normativo la doctrina administrativa existente para reforzar la seguridad jurídica de ciudadanos y profesionales, garantizar la financiación de las inversiones tecnológicas necesarias y asegurar la sostenibilidad económica del servicio registral. Asimismo, la modificación busca adaptar el modelo registral español al proceso de digitalización promovido por la Unión Europea. El periodo de consulta pública permanecerá abierto hasta el próximo 5 de agosto de 2026.

(Expansión, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed mantiene los tipos en el 3,5% y pospone posibles medidas contra la inflación

La Reserva Federal cumplió este miércoles con las expectativas del mercado y decidió mantener los tipos de interés en el rango del 3,5% al 3,75%, pese al creciente debate interno sobre la conveniencia de endurecer la política monetaria para contener las presiones inflacionistas derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La segunda reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) bajo la presidencia de Kevin Warsh, nombrado para el cargo por Donald Trump, aplaza así cualquier posible subida de tipos, al menos, hasta después del verano. No obstante, la división dentro del banco central estadounidense se hace cada vez más evidente. Si en la primera reunión presidida por Warsh la decisión de mantener los tipos fue unánime, en esta ocasión el resultado fue de nueve votos a favor y tres en contra. Los gobernadores Beth M. Hammack, de la Reserva Federal de Cleveland; Neel Kashkari, de Minneapolis; y Lorie K. Logan, de Dallas, defendieron un incremento inmediato de un cuarto de punto en los tipos de interés. La mayoría del Comité justificó su decisión señalando que la economía estadounidense continúa creciendo con solidez pese a la incertidumbre provocada por la situación en Oriente Medio. La Fed destacó el buen comportamiento de la inversión empresarial, el avance de la productividad y la fortaleza del mercado laboral, razones por las que optó por mantener sin cambios el precio del dinero por quinta reunión consecutiva este año. Aun así, la institución reconoció que la inflación sigue situándose por encima del objetivo del 2%, una circunstancia que atribuye parcialmente a los problemas de oferta y al encarecimiento de algunos sectores, especialmente el energético. En su comunicado, el organismo reiteró únicamente su compromiso de preservar la estabilidad de precios, sin ofrecer señales claras sobre futuras decisiones. Durante la rueda de prensa posterior, Kevin Warsh defendió la prudencia del banco central y aseguró que la elevada inflación acumulada durante más de cinco años no puede corregirse en apenas unas semanas. También afirmó que la Reserva Federal actuará cuando lo considere necesario y recordó que el objetivo de inflación sigue siendo exclusivamente del 2%, sin margen para modificar esa referencia. El presidente de la Fed explicó además que vigilará de cerca la evolución de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense, cuyo comportamiento calificó como uno de los más relevantes de las dos últimas décadas. Al mismo tiempo, destacó la fortaleza de la inversión empresarial, especialmente en los sectores tecnológico y de inteligencia artificial, donde el gasto en capital ha aumentado alrededor de un 20% en el último año, sentando las bases para un mayor crecimiento económico. Aunque la mayoría de los analistas daba por descontado que la Reserva Federal mantendría los tipos sin cambios, en los últimos días había cobrado fuerza la posibilidad de una subida inmediata debido al repunte de las tensiones geopolíticas y su impacto sobre los precios de la energía. Quienes defendían la continuidad de la política monetaria destacaban la resistencia del empleo y la moderación de la inflación en junio, cuando el IPC descendió hasta el 3,5% desde el 4,2% registrado en mayo, coincidiendo con el alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán. Sin embargo, cerca de un tercio de los expertos contemplaba la posibilidad de una subida de tipos como respuesta a una inflación que lleva cinco años por encima del objetivo de la Reserva Federal. Esa expectativa se apoyaba también en las recientes declaraciones de Warsh ante el Congreso, donde aseguró que el banco central no permitirá que la inflación elevada se convierta en permanente. Las presiones para endurecer la política monetaria se intensificaron tras el recrudecimiento del conflicto en torno al estrecho de Ormuz y los ataques hutíes contra petroleros saudíes en el mar Rojo, factores que impulsaron nuevamente el precio del petróleo y elevaron el coste de la gasolina por encima de los cuatro dólares por galón. La incertidumbre que rodeó esta reunión también estuvo condicionada por el cambio de estrategia comunicativa impulsado por Warsh desde su llegada al cargo. El nuevo presidente ha eliminado la denominada orientación prospectiva o forward guidance, con la que la Reserva Federal anticipaba al mercado sus futuros movimientos sobre los tipos de interés. Con esta decisión pretende reducir la influencia que esas previsiones ejercían sobre empresas e inversores. La combinación de esa nueva estrategia de comunicación y el aumento de las tensiones geopolíticas, tras los recientes ataques iraníes contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo, provocó que Wall Street afrontara la jornada con pérdidas antes de conocerse la decisión de la Reserva Federal.

(Expansión, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Condenan a un abogado por utilizar jurisprudencia falsa generada por IA

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa de 840 euros a un abogado por presentar un recurso que incluía citas textuales de supuestas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que, en realidad, nunca existieron y habían sido generadas por un sistema de inteligencia artificial. La Sala de lo Penal considera que la actuación del letrado no puede calificarse como un simple error involuntario, sino que constituye una grave falta de diligencia profesional. Según los magistrados, su conducta supone un incumplimiento del deber de buena fe procesal y una falta de respeto hacia el tribunal encargado de resolver el recurso. En la resolución, el TSJC recuerda que los profesionales del Derecho ya deberían conocer el riesgo de las denominadas "alucinaciones" de la inteligencia artificial, es decir, la generación de información falsa o inexistente presentada como si fuera verídica. El tribunal también destaca que el abogado no reconoció el error ni presentó disculpas, por lo que considera insuficiente una mera advertencia o apercibimiento. Para fijar la cuantía de la sanción, la Sala optó por un criterio que califica de objetivo y con carácter ejemplarizante. En concreto, tomó como referencia el coste aproximado de una suscripción anual a una herramienta de inteligencia artificial especializada en el ámbito jurídico, cuyo uso, a juicio del tribunal, probablemente habría evitado la inclusión de referencias jurisprudenciales inexistentes. La sentencia señala que este tipo de aplicaciones profesionales puede contratarse desde unos 70 euros al mes, por lo que estableció una multa equivalente a doce meses de suscripción, es decir, 840 euros. No se trata del primer episodio de estas características en Canarias. En febrero, la misma Sala ya sancionó con 420 euros a otro abogado que había incorporado en un recurso hasta 48 resoluciones judiciales falsas, presuntamente generadas mediante inteligencia artificial.

(El Economista, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno confía a la IA los órganos de contratación y las mesas de adjudicación

El Gobierno pretende reforzar los mecanismos de prevención de la corrupción mediante el anteproyecto de Ley de Integridad Pública, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros en segunda lectura. La iniciativa, cuyo recorrido parlamentario dependerá de la obtención de apoyos suficientes en las Cortes, apuesta por la digitalización completa de la gestión del gasto público y por la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles irregularidades en tiempo real, al tiempo que endurece las medidas para perseguir los delitos y recuperar los fondos públicos desviados. La norma contempla que los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial supervisen de forma automatizada la posible existencia de conflictos de interés dentro de la Administración General del Estado. Para ello, establece la digitalización obligatoria de todos los expedientes y documentos relacionados con el gasto público, desde su registro contable inicial hasta la autorización definitiva del pago. Con el fin de facilitar este control, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) elaborará un catálogo único y estandarizado con la documentación que deberá integrar cada expediente. A partir de ese modelo común, los sistemas informáticos incorporarán controles automáticos capaces de detectar errores formales, inconsistencias o defectos documentales, bloqueando aquellos expedientes que no cumplan los requisitos antes de que puedan generar un desembolso de fondos públicos. Toda la información recopilada se integrará en una base de datos centralizada sobre el gasto del Estado. Sobre este repositorio se aplicarán tecnologías de análisis masivo de datos y algoritmos avanzados para elaborar mapas de riesgo y detectar patrones anómalos. El sistema toma como referencia el modelo desarrollado con la herramienta MINERVA, utilizada para supervisar la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En materia de contratación pública, la inteligencia artificial analizará la actuación de los órganos de contratación, de las mesas encargadas de valorar las ofertas y de los responsables de las adjudicaciones. En el ámbito de las subvenciones, el control alcanzará tanto a los órganos concedentes como a las comisiones de evaluación. La supervisión automatizada también se extenderá a los procesos de selección de personal, oposiciones y actuaciones relacionadas con la ordenación del territorio. Como requisito obligatorio, todas las personas que participen en estos procedimientos deberán firmar una Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI). La IGAE asumirá el análisis automatizado en los expedientes de contratación y subvenciones, mientras que las Inspecciones de Servicios de cada ministerio serán las encargadas de supervisar los procedimientos relacionados con los recursos humanos. El anteproyecto establece igualmente límites al uso de la inteligencia artificial para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. Los algoritmos no podrán adoptar decisiones ni determinar responsabilidades administrativas o penales, funciones que seguirán correspondiendo exclusivamente a las autoridades competentes. Su utilización quedará restringida a la detección de riesgos, la identificación de patrones sospechosos y la emisión de alertas preventivas. Además, las herramientas tecnológicas que emplee la futura Agencia Independiente de Integridad Pública deberán someterse a auditorías periódicas, garantizar la trazabilidad de sus decisiones, respetar la normativa de protección de datos y mantener en todo momento la supervisión humana. El texto también incorpora medidas para reforzar el control sobre la externalización y privatización de servicios públicos esenciales. En estos casos será obligatorio evaluar previamente los riesgos asociados a la gestión privada de recursos públicos con el objetivo de incrementar la transparencia y prevenir posibles irregularidades en la contratación. En el ámbito societario, la futura ley plantea aumentar la transparencia empresarial mediante la inscripción obligatoria en una sección específica del Registro Mercantil de todas las participaciones sociales, con independencia de su porcentaje. Asimismo, cualquier transmisión o gravamen sobre dichas participaciones deberá quedar registrado electrónicamente. Con esta medida se busca mejorar la identificación de la titularidad real de las empresas y reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales.

(El Periódico, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación repunta hasta el 3,5% en julio por los combustibles y la electricidad

La inflación volvió a acelerar su crecimiento en julio y alcanzó el 3,5% interanual, tres décimas más que el 3,2% registrado en junio, según el avance publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). También aumentó la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía y los alimentos, al situarse en el 3%, una décima por encima del dato del mes anterior. Ambos indicadores permanecen claramente por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE). La evolución de los precios continúa muy condicionada por las tensiones en los mercados energéticos derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán y de las alteraciones en el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico por el que circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas. Este contexto ha mantenido la presión sobre los costes energéticos y, en consecuencia, sobre la inflación. Para hacer frente al impacto económico de la crisis, el Gobierno aprobó en marzo un primer paquete de medidas extraordinarias que fue revisado en julio. El nuevo esquema prevé una retirada progresiva de las ayudas durante el verano, aunque incorpora una cláusula que permite mantenerlas o reforzarlas si se producen nuevos repuntes de la inflación. Esta salvaguarda responde a la incertidumbre que sigue rodeando la evolución del conflicto y a su posible repercusión sobre los mercados energéticos. Aunque en junio Washington y Teherán alcanzaron un alto el fuego, la reanudación de las hostilidades pocas semanas después volvió a incrementar la volatilidad de los precios del petróleo y del gas. El Ejecutivo sostiene que el plan de respuesta está contribuyendo a limitar el impacto de la crisis sobre la economía doméstica. Según sus estimaciones, las medidas adoptadas han reducido la inflación en aproximadamente un punto porcentual de media durante los últimos meses, amortiguando más del 60% del incremento de los precios provocado por la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

(Expansión, 29-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba la mayor inversión de la historia en redes de luz

El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, el real decreto que establece el marco regulador de los planes de inversión en las redes de transporte y distribución de electricidad en España. Con esta medida, el Ejecutivo autoriza una inversión adicional de 17.900 millones de euros en estas infraestructuras hasta 2030. Según las previsiones del ministerio, si se suman estas partidas a las inversiones ordinarias ya previstas, el volumen total destinado a las redes eléctricas podría superar los 35.000 millones de euros antes de que finalice la década. La actividad de las redes eléctricas en España, cuyos ingresos proceden de los peajes incluidos en la factura de la luz, está sometida a regulación para evitar un crecimiento descontrolado de las inversiones. Las principales compañías del sector, como Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, responsables de las redes de distribución, junto con Redeia, esperaban desde hacía meses la aprobación de esta norma. El sector venía alertando de que la red eléctrica actual presenta un elevado nivel de saturación, lo que dificulta la conexión de nuevos proyectos, entre ellos los centros de datos. Hasta ahora, la inversión anual financiada mediante los peajes eléctricos estaba limitada al 0,065% del PIB para las redes de transporte y al 0,13% del PIB para las de distribución. El Gobierno ha decidido flexibilizar temporalmente estos límites al considerar que resultaban insuficientes para atender las necesidades derivadas de la transición energética y del elevado número de solicitudes de acceso a la red. Con este cambio, el Ejecutivo prevé aumentar progresivamente el volumen de inversión hasta 2030 para facilitar el desarrollo de los proyectos previstos. En el caso de la distribución, podrán destinarse hasta 10.200 millones de euros adicionales, repartidos entre 1.020 millones en 2027, 2.550 millones en 2028, 3.060 millones en 2029 y 3.570 millones en 2030. Por su parte, las inversiones adicionales en la red de transporte, gestionada por Red Eléctrica, ascenderán a un máximo de 7.700 millones de euros, distribuidos en 700 millones en 2027, 1.850 millones en 2028, 2.300 millones en 2029 y 2.850 millones en 2030.

(La Vanguardia, 29-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña prorroga por un año el tope de alquileres y actualiza los municipios afectados

La Generalitat de Cataluña ha prorrogado un año más, hasta 2028, la declaración de zona de mercado residencial tensionado y ha actualizado el listado de municipios afectados. La medida mantiene la regulación en 118 localidades que continúan cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley de Vivienda, mientras que 22 municipios salen del régimen de limitación de alquileres al haber mejorado sus indicadores de accesibilidad. Entre ellos figuran Reus, Lleida, Granollers y Mollet del Vallès. Al mismo tiempo, el Govern ha aprobado una nueva declaración que incorpora 53 municipios que hasta ahora no estaban considerados como zonas tensionadas, pero que actualmente cumplen las condiciones exigidas para aplicar el control de rentas. Con esta ampliación, el número total de municipios con limitación del precio del alquiler asciende a 271, donde reside aproximadamente el 90% de la población catalana. La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha defendido que la evolución del mercado demuestra la eficacia de la medida para contener el incremento de los alquileres y mejorar el acceso a la vivienda. Según el Ejecutivo catalán, la regulación ha contribuido a moderar la evolución de los precios en las zonas afectadas. De acuerdo con la normativa estatal, la declaración de zona tensionada tiene una vigencia de tres años y puede renovarse anualmente siempre que se mantengan determinadas circunstancias, como que los hogares destinen más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda y suministros o que los alquileres hayan aumentado en los últimos cinco años más de tres puntos porcentuales por encima del IPC. Los últimos datos de la Agència de l'Habitatge muestran que entre el primer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2026 los alquileres descendieron un 1,3% en las zonas reguladas, mientras que la inflación en Cataluña aumentó un 5,3%. En contraste, en los municipios sin limitación de rentas los precios del alquiler crecieron un 9,5%. No obstante, la Generalitat reconoce que persisten las dificultades de acceso a la vivienda y la escasez de oferta en el mercado del alquiler. La ampliación aprobada incorpora principalmente municipios de las comarcas de Girona, con 16 nuevas localidades, seguidas de Cataluña Central (9), Camp de Tarragona (7), Barcelona y Penedès (6 cada una), Alt Pirineu i Aran y Lleida (4 respectivamente) y Terres de l'Ebre (1). En las zonas declaradas tensionadas, los nuevos contratos de alquiler no podrán superar el importe del último contrato vigente en los cinco años anteriores, una vez aplicada la actualización correspondiente. Además, cuando el propietario sea un gran tenedor -persona física o jurídica con cinco o más inmuebles urbanos situados en estas zonas-, el precio del alquiler deberá ajustarse también al índice oficial de referencia de precios.

La gran banca pulveriza sus propios récords y gana un 18% más en el primer semestre del año

El fin de las ayudas a los carburantes amenaza con elevar hasta un punto la inflación en otoño

Bruselas pone en marcha el proceso para elegir la gigafactoría de IA a la que opta España

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Condenan a un abogado por utilizar jurisprudencia falsa generada por IA

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Cataluña prorroga por un año el tope de alquileres y actualiza los municipios afectados

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