Las numerosas operaciones de inversión hotelera cerradas en el primer semestre del año -entre ellas la compra del hotel Corso en Ibiza por 150 millones de euros, la adquisición del hotel Meliá Bilbao o la del NH Collection Suecia en Madrid- ponen de manifiesto que el sector hotelero español continúa siendo un foco de atracción para inversores nacionales e internacionales. Solo en el primer trimestre, el volumen de inversión en España y Portugal se situó cerca de los 1.000 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 44% y representa el 21% del total de las transacciones realizadas en Europa.
Este dinamismo se refleja también en la encuesta de sentimiento de inversión hotelera en Europa elaborada por la consultora CBRE, basada en las respuestas de 70 directivos de siete países europeos. El estudio confirma que España se mantiene, por tercer año consecutivo, como el destino más atractivo del continente para invertir en hoteles, por delante de Italia, Reino Unido y Portugal.
En el ranking de ciudades, Barcelona asciende del quinto al primer puesto, empatando con Londres, mientras que Madrid ocupa la tercera posición. Según Jorge Ruiz, director ejecutivo y responsable de Hoteles en Iberia de CBRE, tanto España como Portugal siguen mostrando la solidez de sus fundamentos turísticos, lo que mantiene al mercado ibérico en el radar del capital internacional. En un contexto más exigente, añade, los inversores optan por mayor selectividad y priorizan activos y mercados con capacidad de generar valor a largo plazo, lo que explica el liderazgo español y el buen posicionamiento de ciudades como Barcelona, Madrid y Lisboa.
El atractivo de Barcelona se sustenta, según el informe, en la fortaleza de la demanda turística y de negocios, su consolidación como destino de referencia para el turismo MICE en Europa y la limitación de nueva oferta, condicionada por las restricciones urbanísticas al desarrollo hotelero. En este sentido, se hace referencia a la moratoria vigente desde 2015 que limita la construcción de nuevos establecimientos.
El estudio señala además que la inversión hotelera se consolidó en 2025 como uno de los principales motores del mercado inmobiliario en la región, con 934 millones de euros, lo que representa el 27% del total invertido. Esta cifra supera en cuatro puntos el peso del conjunto del mercado nacional y marca el mejor registro histórico en Cataluña, con un aumento del 51% respecto a 2024.
El avance hacia empresas cada vez más apoyadas en sistemas digitales y en la colaboración entre agentes de inteligencia artificial y personas obliga a incorporar perfiles profesionales capaces de garantizar el cumplimiento normativo y un uso ético y responsable de la tecnología bajo criterios de calidad y excelencia.
La consultora Gartner identifica entre las principales tendencias tecnológicas de los próximos años la ciberseguridad preventiva, los modelos de lenguaje especializados y los sistemas multiagente. Estas herramientas facilitan la cooperación entre agentes de IA y trabajadores humanos, permitiendo ejecutar tareas complejas que caracterizan a las llamadas empresas agentificadas.
Aunque la IA generativa sigue ocupando un papel central, la IA agéntica gana protagonismo. El informe Tech Trends 2026 de Deloitte apunta hacia modelos laborales híbridos entre humanos y sistemas digitales, mientras que el Future Trends Forum, impulsado por Fundación Innovación Bankinter, señala que esta tecnología supone el paso de sistemas pasivos a entornos capaces de interactuar activamente dentro de procesos reales o espacios físicos.
La capacidad autónoma de la IA agéntica, orientada a objetivos y conectada a datos, herramientas y sistemas externos, está impulsando una transformación profunda en las organizaciones. Las compañías empiezan a plantearse cómo delegar la ejecución y gestión de procesos completos. El Congreso IA Derecho y Empresa organizado por Lefebvre el próximo 10 de junio abordará precisamente los riesgos jurídicos de las empresas agentificadas, el nuevo papel de los abogados y los retos de gobernanza y responsabilidad.
La IA generativa ha facilitado la automatización documental y la interacción mediante lenguaje natural, pero la IA agéntica implica una transformación más profunda en la estrategia empresarial. Según José Ángel Sandín, consejero delegado de Lefebvre, este nuevo modelo permitirá automatizar tareas de mayor complejidad y operar con un elevado grado de autonomía, lo que obligará a rediseñar estructuras organizativas y sistemas de supervisión.
Para Gonzalo F. Gállego, socio especializado en protección de datos, IA y derecho digital en Hogan Lovells, la inteligencia artificial resulta útil para analizar información, revisar documentos o anticipar riesgos, pero no puede reemplazar el criterio jurídico ni la responsabilidad profesional. A su juicio, todavía no existe preparación suficiente para delegar decisiones totalmente autónomas en ámbitos sensibles. Advierte además de que una configuración inadecuada de estos agentes puede derivar en incumplimientos regulatorios, sesgos, problemas de confidencialidad o responsabilidades contractuales.
La ausencia de supervisión humana podría favorecer situaciones de suplantación de identidad o errores graves con impacto directo sobre la reputación y la responsabilidad de las organizaciones. Noemí Brito, socia responsable de legal digital en KPMG Abogados, subraya que también podrían verse afectados los derechos de terceros y aumentar los riesgos asociados al tratamiento de datos y a la reproducción de sesgos en la toma de decisiones.
Brito considera que el abogado seguirá desempeñando un papel esencial en la estrategia jurídica, actuando como garante del criterio experto y acompañando las decisiones complejas para generar confianza. En la misma línea, Rodrigo González, socio de derecho digital de Deloitte Legal, sostiene que los profesionales jurídicos deberán validar los resultados generados por la IA y aportar conocimiento estratégico y sectorial, imprescindible para integrar correctamente estas tecnologías en las organizaciones.
La tecnología agéntica también impulsa un nuevo modelo de despacho profesional basado en perfiles híbridos, en el que adquieren relevancia tanto los ingenieros legales como los expertos capaces de diseñar agentes personalizados y desarrollar instrucciones avanzadas de calidad.
Mónica Represa, socia y responsable de gestión del conocimiento e innovación en EY Abogados, recuerda que los agentes de IA son herramientas y que la responsabilidad final seguirá recayendo en los profesionales o en las firmas. En este contexto, cobra especial importancia la trazabilidad de los sistemas: conocer qué fuentes utilizan, qué procesos siguen y qué mecanismos de validación incorporan para poder detectar y entender posibles errores.
José Ángel Sandín insiste en que las empresas tendrán que garantizar supervisión humana y cumplimiento normativo en todas las decisiones automatizadas. A su juicio, la confianza será el principal elemento diferenciador, especialmente en sectores regulados como el jurídico, el financiero o el fiscal.
El desarrollo de la IA agéntica no elimina las obligaciones legales ni las responsabilidades empresariales. Por ello, Gonzalo F. Gállego considera imprescindible implantar modelos sólidos de gobernanza y mecanismos eficaces de supervisión, además de formar adecuadamente a quienes utilicen estas herramientas para que comprendan sus limitaciones. Noemí Brito añade que la llegada de sistemas de IA autónoma a los despachos obligará a actualizar los marcos de gobernanza interna. Rodrigo González coincide en que la futura evolución normativa reforzará todavía más los sistemas de control y supervisión dentro de las firmas profesionales.
La reforma del sistema bancario europeo todavía no se ha concretado, pero varios países ya empiezan a mover ficha para intentar orientar el futuro marco regulatorio hacia sus propios intereses. En este contexto, España trabaja en la creación de un bloque común junto a Francia e Italia, según fuentes próximas a las negociaciones.
Las tres grandes economías europeas están tratando de coordinar posiciones mediante la elaboración de un documento conjunto, conocido en Bruselas como non-paper, con el que pretenden definir qué aspectos consideran prioritarios para mejorar la competitividad bancaria a través de futuras modificaciones regulatorias.
La intención de esta alianza es ganar peso político y capacidad de influencia ante las instituciones europeas. El objetivo inmediato pasa por trasladar sus planteamientos a la Comisión Europea, encargada de presentar la propuesta legislativa prevista para el primer trimestre de 2027. Más adelante, también servirá para reforzar su posición en las negociaciones que deberán afrontar los Estados miembros dentro del Consejo de la Unión Europea.
Fuentes comunitarias subrayan que la unión de las economías segunda, tercera y cuarta de la eurozona obliga a Alemania a prestar atención a sus planteamientos. Por ahora, las conversaciones siguen abiertas y el texto aún se encuentra en fase de borrador, elaborado por el Tesoro Público español y los servicios de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.
Entre las prioridades españolas destaca la simplificación normativa, especialmente en materia de supervisión bancaria. España apuesta por reducir duplicidades entre organismos supervisores para conseguir procedimientos más ágiles, coordinados y menos exigentes en términos burocráticos para las entidades financieras. Además, el Gobierno español quiere recuperar el impulso al Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, conocido como EDIS, uno de los elementos pendientes para completar la Unión Bancaria europea y una reivindicación que lleva años sobre la mesa sin avances definitivos.
Desde el Ministerio de Economía señalan que España participa activamente en el debate para reforzar la competitividad del sistema financiero europeo dentro del llamado grupo E-6. El objetivo, según el departamento, es contribuir a una posición común que permita mantener un sistema bancario sólido, resistente y con capacidad para seguir financiando a las empresas europeas. El trabajo técnico continuará mientras la Comisión Europea prepara su futuro informe sobre el sector.
Sin embargo, alcanzar un acuerdo con Francia e Italia también implica asumir algunas de sus reivindicaciones. En ese terreno, España estaría dispuesta a respaldar una petición conjunta para retrasar la entrada plena en vigor del denominado output floor o suelo de capital revisado.
Esta norma, incluida dentro de los acuerdos de Basilea III, limita la diferencia entre el capital que un banco calcula mediante sus modelos internos y el que resultaría aplicando el método estándar. La regulación establece que el capital mínimo exigido no puede situarse por debajo del 72,5% del cálculo estándar y fija 2030 como fecha para su aplicación total. Francia e Italia buscan ahora ampliar todavía más ese calendario.
La razón es que los grandes bancos de ambos países obtienen importantes ventajas de sus modelos internos, especialmente en el cálculo del riesgo asociado a las hipotecas, lo que les permite reducir los activos ponderados por riesgo y, en consecuencia, las exigencias de capital. Los expertos consideran que para España el efecto de un aplazamiento sería limitado, mientras que el beneficio político de reforzar la alianza sería significativo.
La posible alianza entre España, Francia e Italia supondría un bloque de enorme relevancia dentro del sistema financiero europeo. Según los últimos datos del Banco Central Europeo, las entidades financieras de estos tres países concentran cerca del 59% de los activos de los bancos significativos supervisados en la eurozona. Si se toma como referencia el conjunto de la Unión Europea, el porcentaje se reduce hasta el 44%, aunque sigue representando un peso decisivo en el sector bancario comunitario.
Powell, en su primera intervención pública desde que concluyó su mandato como presidente de la Reserva Federal el pasado 15 de mayo, ha hecho referencia a las presiones políticas sufridas por la institución y advirtió de que "si una administración consigue destituir a responsables de la Reserva Federal por discrepancias políticas, las siguientes administraciones también podrán hacerlo". Aunque evitó citar directamente a Donald Trump, sus palabras fueron interpretadas como una alusión evidente a las tensiones mantenidas con el expresidente, especialmente después de haber asegurado en su última comparecencia como máximo responsable del banco central que adoptaría un perfil discreto a partir de ahora.
Durante un acto celebrado este domingo en Boston, donde recibió el premio John F. Kennedy al coraje, Powell defendió la importancia de preservar la independencia de la Reserva Federal. "La ciudadanía dejaría de confiar en que el banco central toma decisiones pensando únicamente en el interés general de los estadounidenses. La credibilidad de la Reserva Federal quedaría dañada, y esa credibilidad es esencial para sostener una economía fuerte y estable", afirmó.
El galardón distingue a figuras públicas estadounidenses que han tomado decisiones relevantes pese a la presión política o al posible impacto sobre sus carreras profesionales. En ese contexto, Powell reivindicó la necesidad de proteger las instituciones frente a interferencias partidistas.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Powell fue blanco de críticas constantes por negarse a reducir los tipos de interés. Pese a esas presiones, mantuvo su posición hasta el final de su mandato y optó además por continuar como miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal, una decisión inédita en los 113 años de historia de la entidad. En mayo dejó claro que su intención era mantenerse en un segundo plano: "Solo hay un presidente de la Reserva Federal, y ese presidente es Kevin Warsh".
Las tensiones con el entorno de Trump también se reflejaron en la investigación penal abierta por la fiscalía estadounidense sobre supuestos sobrecostes, así como en los intentos de apartar a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, bajo acusaciones relacionadas con fraude hipotecario.
Powell reconoció que las diferencias políticas forman parte natural de una democracia y las calificó incluso de necesarias. Sin embargo, insistió en que debe existir un consenso básico en torno a ciertos principios fundamentales, especialmente el respeto al Estado de derecho.
Asimismo, defendió la imagen internacional de Estados Unidos como un país sustentado en la integridad institucional y subrayó la importancia de preservar ese prestigio. Durante su discurso recordó también el legado de John F. Kennedy, destacando que el expresidente se enfrentó al avance del autoritarismo y defendió valores que consideró esenciales para la identidad estadounidense.
"El proceso para el usuario será muy parecido al actual: acercar el móvil al terminal de pago, validar la operación mediante biometría o reconocimiento facial y completar la compra". Así explica el experto financiero Tomás Golding el funcionamiento de Bizum Pay en establecimientos físicos. La plataforma, utilizada ya por unos treinta millones de personas en España para transferencias instantáneas entre particulares, da ahora el salto al comercio presencial, un ámbito dominado hasta ahora por gigantes como Visa y Mastercard.
Aunque el anuncio realizado el pasado 18 de mayo generó una gran expectación, la aplicación Bizum Pay no estará disponible en las tiendas digitales hasta este 1 de junio y su despliegue en comercios se realizará de manera gradual durante 2026. Golding, responsable de Banca y Mercado de Capitales de VASS, conoce de primera mano la tecnología que sustenta este nuevo sistema de pago y explica sus principales características.
Bizum es un sistema español de pagos digitales vinculado al teléfono móvil que permite transferir dinero de una cuenta bancaria a otra de forma inmediata, sin necesidad de introducir un IBAN ni utilizar una tarjeta bancaria. El funcionamiento se basa en asociar el número de teléfono del usuario a su cuenta corriente para facilitar transferencias instantáneas.
A diferencia de lo que muchos creen, Bizum no opera como una empresa privada convencional, sino que pertenece a la banca española. La sociedad está participada por 27 entidades financieras y se apoya técnicamente en infraestructuras nacionales como Redsys, Cecabank e Iberpay, encargada de las transferencias instantáneas. Actualmente, el sistema cuenta con unos treinta millones de usuarios y gestiona alrededor de 1.200 millones de operaciones al año, lo que equivale a unos tres millones de transacciones diarias.
Según Golding, para el usuario final apenas habrá diferencias visibles respecto a los pagos actuales con Apple Pay o Google Pay. El cambio real se encuentra en la tecnología que procesa la operación. Mientras que los sistemas tradicionales funcionan sobre las redes de Visa y Mastercard, Bizum Pay utilizará transferencias instantáneas directas entre cuentas bancarias, sin depender de los llamados "raíles" de las grandes compañías internacionales de tarjetas. El objetivo de esta evolución es reforzar el peso de la banca española -e incluso europea- en el mercado de pagos digitales y reducir parcialmente la dependencia de las grandes plataformas globales.
Una de las dudas más habituales entre los usuarios tiene que ver con la privacidad. Golding aclara que en los pagos presenciales no será necesario facilitar el número de teléfono al comercio ni este tendrá acceso a dicha información. La validación se realizará íntegramente dentro del dispositivo móvil mediante biometría o reconocimiento facial. Solo en las compras online, donde Bizum ya opera desde hace tiempo, seguirá siendo necesario introducir el número de teléfono, aunque los comercios tampoco podrán utilizar esos datos con fines comerciales.
La implantación del sistema en tiendas físicas no será inmediata. El propio experto reconoce que la adopción será progresiva y que no todos los establecimientos estarán preparados desde el primer día. El despliegue dependerá en gran medida de los acuerdos entre comercios y entidades financieras, ya que serán los bancos quienes deberán ofrecer esta nueva modalidad de pago a sus clientes empresariales. Por ello, la generalización de Bizum Pay en grandes cadenas y pequeños comercios se irá produciendo de forma escalonada a lo largo de 2026.
En septiembre del año pasado, un hombre de 70 años, identificado como Luis Gómez (nombre ficticio para preservar su anonimato), sufrió una estafa tras un incidente en su ordenador. En la pantalla apareció un aviso que alertaba de un supuesto riesgo en el equipo e incluía un número de teléfono de asistencia técnica. Después de reiniciar el dispositivo varias veces sin éxito, decidió llamar. Al otro lado respondió un falso técnico que se hacía pasar por Microsoft y que terminó sustrayéndole 50.000 euros, además de solicitar a su nombre un préstamo de 29.000 euros.
El afectado reconoce su vulnerabilidad: "No sé cómo, pero caí como un tonto", lamenta. Tanto instituciones públicas como fuerzas de seguridad, organismos de supervisión y entidades financieras insisten de forma reiterada en la necesidad de extremar la precaución ante fraudes telefónicos y digitales, recordando que nunca deben facilitarse datos personales o claves bancarias. A pesar de estas advertencias, los datos muestran un fuerte incremento de este tipo de delitos: en la última década, las estafas informáticas han aumentado un 513,4%, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.
La Ley de Servicios de Pago, en vigor desde 2009, junto con la jurisprudencia del Tribunal Supremo -especialmente la sentencia del 9 de abril de 2025- establece que, en principio, los bancos deben asumir la responsabilidad por operaciones no autorizadas derivadas de suplantación de identidad. Sin embargo, existen excepciones, como la negligencia grave del usuario o la falta de comunicación del fraude en un plazo razonable, en las que las entidades financieras se apoyan para no devolver el dinero.
Según la abogada experta en ciberfraudes Vanesa Fernández, la doctrina del Supremo indica que no basta un simple error humano ante un engaño complejo para considerar que existe negligencia grave, sino que debe acreditarse una conducta claramente inexcusable. Añade además que corresponde a los bancos demostrar en sede judicial que el cliente actuó de forma negligente para poder denegar la devolución de los fondos.
No obstante, este criterio podría verse modificado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia, a raíz de una cuestión prejudicial planteada desde Polonia, si las entidades financieras pueden retener los importes estafados hasta que un tribunal determine si el usuario actuó con negligencia. El abogado general del TJUE, en sus conclusiones del 5 de marzo, señaló que la directiva europea sobre servicios de pago obliga a la devolución inmediata de las operaciones no autorizadas.
Aunque admite que el usuario puede perder el derecho al reembolso si se demuestra que no protegió adecuadamente sus credenciales, no notificó el fraude o hizo un uso incorrecto del sistema de pago, el abogado general considera que ello no autoriza a los bancos a denegar o retrasar la devolución del dinero. Si el tribunal de Luxemburgo sigue esta línea -como suele ser habitual-, el cambio sería relevante.
En ese caso, explican expertos como Fernández, se modificaría por completo el esquema actual: el cliente no tendría que soportar inicialmente la pérdida ni asumir la carga de litigar para recuperar su dinero, sino que sería la entidad bancaria la que debería devolverlo de inmediato y, posteriormente, reclamar si acredita que existió negligencia grave. En la práctica, primero se reembolsa y después se discute la responsabilidad.
El caso de Luis Gómez ilustra este debate. Su entidad bancaria ha aceptado cancelar el préstamo de 29.000 euros solicitado fraudulentamente a su nombre y ha devuelto las dos primeras cuotas de 600 euros que él decidió pagar para evitar intereses y posibles consecuencias crediticias. Sin embargo, el banco mantiene su negativa a reintegrar los 50.000 euros transferidos, al considerar que fue el propio cliente quien autorizó las operaciones.
La estafa se desarrolló durante varios meses. En un primer momento, el falso técnico logró acceder al ordenador mediante control remoto a través del programa AnyDesk, convenciéndole de que su equipo estaba infectado por un virus. Bajo esa presión, el afectado llegó a pagar 2.000 euros por un supuesto antivirus con actualizaciones incluidas durante una década.
Posteriormente, el estafador volvió a contactar con él en enero, alegando una actualización del servicio y la necesidad de acudir a un centro técnico. En ese contexto, le hizo creer que la empresa le había ingresado 500 euros para cubrir una revisión. A partir de ahí, construyó un engaño más complejo: aseguró que se había producido una transferencia errónea de 50.000 euros y mostró en la pantalla una simulación de su cuenta bancaria que reforzaba la manipulación.
Bajo esa presión, y creyendo que debía corregir el supuesto error, Luis realizó varias transferencias hasta devolver la totalidad del importe. "No fui consciente de la estafa hasta que me llegó un aviso de que estaba en números rojos", explica.
Aunque los bancos están obligados a vigilar operaciones sospechosas, en este caso la entidad llegó a contactar con el cliente al detectar transferencias inusuales a cuentas en el extranjero. Sin embargo, el afectado aseguró que lo aclararía más adelante, lo que el banco utiliza ahora como argumento para negar la devolución del dinero.
La defensa del afectado sostiene que la normativa exige a las entidades implementar sistemas eficaces de autenticación y detección de fraude. En palabras del abogado Diego Zapatero, socio de Asoban Abogados, si un tercero consigue controlar el dispositivo, significa que los sistemas de verificación han fallado. Añade que, salvo que se demuestre una negligencia grave del cliente, ser víctima de un engaño sofisticado no puede considerarse una conducta negligente.
Mientras tanto, el perjudicado aún no ha recuperado las primeras cuotas del préstamo y prevé un proceso judicial largo, precedido por una fase de mediación obligatoria. "Me encuentro en una situación muy complicada porque tengo que pagar los abogados y lo estoy haciendo con los pocos ahorros que me quedan", lamenta.
Las entidades financieras, por su parte, aseguran que han reforzado sus sistemas de control y sus campañas de prevención frente al fraude digital. En diciembre de 2025, la Asociación Española de Banca (AEB), la CECA y el Ministerio de Economía pusieron en marcha la denominada 'Brigada Antifraude' para mejorar la coordinación en la lucha contra este tipo de delitos.
El Banco de España, en su última Memoria de Supervisión, recuerda que los fraudes se concentran especialmente en transferencias bancarias, al permitir mover importes elevados en comparación con otros medios de pago. Según el Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 430.493 estafas informáticas, lo que supone el 88% de toda la cibercriminalidad y el 17,4% del total de delitos. Las fuerzas de seguridad advierten además de que el uso de inteligencia artificial está incrementando la sofisticación de estos fraudes, facilitando la creación de contenidos engañosos y ataques automatizados en múltiples idiomas.
Desde finales de 2020, cuando España reforzó los controles frente a inversores extranjeros considerados no deseados, el Gobierno ha analizado más de 1.600 operaciones corporativas. En concreto, revisó 1.608 transacciones hasta diciembre del año pasado, según un análisis elaborado por EXPANSIÓN, lo que equivale prácticamente a una operación cada día y medio.
La tendencia se intensificó en 2025. De acuerdo con los datos más recientes, el Ejecutivo sometió a autorización previa 196 operaciones, la cifra más alta registrada hasta ahora. Este récord refleja, por un lado, el creciente interés de capital extranjero por ganar presencia en el tejido empresarial español mediante adquisiciones y, por otro, un endurecimiento de la vigilancia gubernamental sobre sectores considerados estratégicos.
También se ha producido un cambio en el foco de esa supervisión. Las compañías energéticas, tradicionalmente consideradas activos prioritarios a proteger, han perdido peso. Si en 2024 representaban el 20% de las operaciones examinadas, en 2025 su cuota cayó al 9%. En cambio, el sector tecnológico ha ganado protagonismo y concentra actualmente entre el 17% y el 18% de los expedientes revisados.
De las 1.608 operaciones analizadas desde 2020, el Ejecutivo concluyó que 486 debían pasar por autorización formal. Sin embargo, en la mayoría de esos casos -386 concretamente- el permiso se concedió sin imponer condiciones. Solo en 45 operaciones se establecieron requisitos adicionales y únicamente dos fueron rechazadas. La mayoría de los expedientes afectaban a empresas poco conocidas fuera de su ámbito de actividad.
Aun así, algunas operaciones han despertado especial sensibilidad por implicar a grandes compañías o grupos estratégicos del Ibex, así como por las dudas generadas en torno al perfil de los inversores. Entre ellas destacan la entrada del grupo saudí estatal STC en Telefónica o la adquisición por parte de la china Three Gorges de activos renovables, entre ellos Mula, la mayor planta fotovoltaica de España, comprada a Qualitas Energy. En ciertos casos, una misma empresa ha sido examinada en más de una ocasión. Es lo ocurrido con Naturgy, primero por la opa parcial del fondo australiano IFM y posteriormente tras la entrada de BlackRock en el capital mediante la compra de GIP.
El grupo emiratí Masdar es el inversor que más veces ha tenido que pasar el filtro del Ejecutivo: en dos ocasiones por compras de activos a Endesa y una tercera por la adquisición de Saeta Yield. El organismo encargado de estas revisiones es la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), dependiente del Ministerio de Economía aunque con carácter interministerial. La normativa que regula este mecanismo, conocido popularmente como "escudo antiopas", ha prorrogado su vigencia hasta diciembre de 2026.
La subida de los precios mantuvo en mayo el mismo ritmo que en abril, con una inflación del 3,2%, en un escenario todavía condicionado por la incertidumbre energética provocada por la guerra en Irán. El dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja una situación de cierta pausa, tanto en el conflicto bélico -con negociaciones abiertas para un posible acuerdo de paz, aunque todavía sin cerrar y con versiones contradictorias entre Estados Unidos e Irán sobre la continuidad del alto el fuego- como en las medidas del Gobierno para paliar el impacto económico de la crisis, ya que parte del paquete de ayudas está a punto de expirar.
A la espera de que el INE publique dentro de dos semanas la estadística definitiva con más detalle, los precios evolucionaron en mayo bajo la influencia de factores contrapuestos. Por un lado, el encarecimiento del petróleo sigue afectando al bolsillo de los consumidores, especialmente al repostar gasolina o diésel. Por otro, los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas permanecieron estables, lo que indica que, por ahora, no se ha producido un efecto contagio hacia el resto de productos. Esta moderación, unida al control de los precios de la ropa, el calzado y la electricidad, ha contribuido a sostener la estabilidad del IPC general. El Ejecutivo atribuye la contención de la factura eléctrica al peso creciente de las energías renovables en España.
La inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, se situó en el 2,9%, una décima más que en abril.
El director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, considera que este dato no significa que el problema inflacionista esté resuelto. A su juicio, la cifra ha sido algo mejor de lo previsto, probablemente gracias a algunos descensos en los precios energéticos, como el de la bombona de gas. Sin embargo, advierte de que la inflación subyacente continúa mostrando cierta resistencia y que persiste un problema estructural, además de una diferencia de inflación respecto a otros países de la zona euro.
El dato se conoce apenas unos días antes de que desaparezcan varias rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y al gas. Desde el 1 de junio dejarán de estar vigentes la reducción del IVA de la electricidad del 21% al 10%, la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad hasta el 0,5% y el IVA reducido para productos como el gas natural, los pellets, las briquetas o la leña.
En cambio, seguirán en vigor al menos hasta el 30 de junio las medidas fiscales relacionadas con los carburantes, como la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos, el IVA reducido al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, así como la devolución parcial del gasóleo profesional. También continuarán otras ayudas específicas, como las destinadas a agricultores y transportistas o los descuentos reforzados del bono social eléctrico para consumidores vulnerables.
La retirada parcial de estas ayudas abre la puerta a nuevas tensiones inflacionistas. Según el Gobierno, las medidas han permitido reducir alrededor de un punto la subida del IPC, por lo que su desaparición podría favorecer nuevos incrementos de precios en los próximos meses. Raymond Torres prevé un repunte de la inflación durante el verano debido tanto al llamado "efecto escalón" como al traslado progresivo del encarecimiento energético al resto de productos, lo que podría llevar el IPC cerca del 4%.
A todo ello se suma la incertidumbre sobre la evolución de la guerra en Irán y el impacto que tendrá el final de parte de las ayudas públicas. También influirá previsiblemente la política monetaria del Banco Central Europeo, que podría aprobar una subida de tipos en su reunión de junio, la primera en casi tres años. El objetivo de Fráncfort es contener el repunte inflacionista en Europa, aunque ello suponga moderar ligeramente el crecimiento económico, si bien el mercado espera movimientos graduales y prudentes.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (Comisión Nacional del Mercado de Valores) está trabajando en una profunda reforma del gobierno corporativo de las empresas cotizadas. El organismo supervisor prepara un nuevo código de buen gobierno, actualmente en discusión con un grupo de expertos y todavía abierto a cambios, del que ya existe un borrador al que ha tenido acceso este periódico. Una de las principales líneas del texto es reforzar la independencia real de los consejeros independientes, de forma que actúen como auténticos representantes de los pequeños accionistas y no como figuras próximas a la dirección que los propone. En este sentido, se incluyen restricciones a las retribuciones de estos consejeros para garantizar que su labor no esté condicionada por intereses distintos a los de los inversores minoritarios.
La CNMV inició a finales del año pasado la elaboración de una nueva versión del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, cuya última revisión data de 2020. El objetivo inicial era adaptarlo a los cambios normativos y tecnológicos, con un calendario que situaba su desarrollo a lo largo de 2026 y su consulta pública en el primer trimestre de 2027. Sin embargo, el organismo ya dispone de borradores preliminares que están siendo analizados por el comité de expertos, por lo que el texto final aún no está cerrado.
Aunque este código no es de cumplimiento obligatorio, sus recomendaciones tienen un fuerte impacto en el mercado, ya que son tenidas muy en cuenta por inversores institucionales y asesores de voto. Las empresas que no las siguen deben justificar públicamente su decisión. Ejemplos anteriores muestran su influencia, como en el impulso para aumentar la presencia de mujeres en los consejos de administración, donde se fijó una recomendación mínima del 40%.
El borrador de febrero dedica especial atención a los consejeros independientes. Reitera la recomendación de que al menos la mitad del consejo esté formado por este tipo de consejeros, que los ejecutivos sean los mínimos necesarios y que los dominicales no superen el peso proporcional de los accionistas que representan.
La principal novedad es la introducción de límites a la retribución de los consejeros independientes. En concreto, se plantea que sus ingresos por pertenecer al consejo no superen el 10% de su patrimonio neto ni el 25% de su renta anual total. Además, se restringe el acceso a este cargo a quienes hayan mantenido relaciones comerciales relevantes con la empresa en los últimos 36 meses.
El documento también refuerza el papel de la comisión de nombramientos, que deberá justificar la independencia de cada consejero tanto en el momento de su designación o reelección como de forma anual, con un análisis crítico basado en la finalidad del cargo. El consejo no podrá clasificar como independiente a un consejero si dicha comisión emite una valoración negativa.
El texto subraya la función de estos consejeros como garantes frente a posibles conflictos de interés entre directivos y accionistas, así como entre distintos tipos de accionistas, y defiende que deben constituir una mayoría amplia dentro del consejo de administración.
El borrador todavía no es definitivo y sigue sometido a revisión por parte del comité de expertos, coordinado por el presidente del supervisor, Carlos San Basilio, junto a la vicepresidenta del organismo, Paloma Marín. En este grupo también participan representantes de instituciones como la Secretaría de Estado de Economía, la Abogacía del Estado, el Banco de España (Banco de España), así como firmas legales como Garrigues y Uría Menéndez y asociaciones sectoriales como la AEB, CECA, Inverco o Unespa.
La previsión es que el documento salga a consulta pública en el primer trimestre de 2027, durante un periodo aproximado de tres meses, tras lo cual se incorporarán las aportaciones recibidas antes de su versión definitiva. El borrador también incluye una recomendación relevante para las grandes cotizadas: aquellas con más de 500 millones de capitalización deberían separar las funciones de presidente del consejo y consejero delegado, reservando al primero un papel no ejecutivo centrado en la supervisión y representación.
De aplicarse, esta medida afectaría al modelo de gobierno de grandes compañías del Ibex 35 como Banco Santander (Banco Santander), BBVA (BBVA), Iberdrola (Iberdrola) o Telefónica (Telefónica), cuyos principales directivos tendrían que optar entre mantener la presidencia del consejo o asumir funciones ejecutivas como consejeros delegados.
Esta orientación se alinea con modelos de gobierno corporativo más habituales en el Reino Unido, donde el presidente del consejo ejerce funciones de coordinación sin intervenir en la gestión diaria. Además, en el ámbito financiero europeo, el Banco Central Europeo (Banco Central Europeo) también estudia recomendaciones similares para las entidades bancarias, en la línea de reforzar la separación entre supervisión y gestión ejecutiva.
La crisis de la vivienda sigue agravándose en un contexto marcado por el fuerte aumento de los precios. El coste de las viviendas continúa creciendo a gran velocidad y acumula nuevos máximos históricos. Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 2.315,7 euros durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento interanual del 13,8%. Se trata del valor más elevado desde que existen registros oficiales de esta estadística, cuya serie histórica comenzó en 1995.
Desde que en el tercer trimestre de 2025 se superara el récord previo alcanzado en 2008, los precios han seguido aumentando trimestre tras trimestre. También la vivienda protegida ha alcanzado cifras históricas, con un valor medio de 1.222,3 euros por metro cuadrado, aunque en este caso el incremento anual es más moderado, del 4,5%, en comparación con la vivienda libre.
La evolución de los precios refleja una tendencia de crecimiento prácticamente constante durante la última década, interrumpida solo de forma puntual por el impacto de la pandemia en 2020. No obstante, el ritmo de subida se ha intensificado especialmente en los últimos años. Si se comparan los datos de comienzos de 2016 con los actuales, el precio medio del metro cuadrado se ha revalorizado un 55,2%, muy por encima del incremento acumulado del índice de precios de consumo, que en el mismo periodo se situó en torno al 32%, según el INE.
En paralelo, la vivienda protegida también ha mantenido una trayectoria ascendente, aunque más gradual. Entre enero y marzo de 2026, el precio medio de este tipo de inmuebles se situó en torno a los 1.222 euros por metro cuadrado, apenas 21 euros más que el trimestre anterior. Aun así, esta cifra representa igualmente un máximo histórico para esta categoría, cuyos registros comienzan en 2005.
Madrid lidera el encarecimiento de la vivienda y se consolida como el territorio con los precios más elevados del país. En el primer trimestre del año, el valor medio del metro cuadrado ya supera los 4.000 euros. Baleares se sitúa muy cerca, con 3.885,6 euros, mientras que el País Vasco ocupa el tercer lugar, con 3.069,3 euros. A nivel provincial, Gipuzkoa alcanza los 3.419,7 euros y Barcelona los 3.207,7 euros por metro cuadrado, manteniéndose entre los mercados más tensionados.
En el lado opuesto se encuentran algunas provincias del interior peninsular, donde los precios siguen siendo significativamente más bajos. Ciudad Real registra un valor medio de 827,5 euros por metro cuadrado, seguida de Jaén, con 898,2 euros, y Zamora, con 933,7 euros. Por comunidades autónomas, los precios más reducidos corresponden a Extremadura, con 970,5 euros por metro cuadrado, Castilla-La Mancha, con 1.172,3 euros, y Castilla y León, con 1.290,6 euros.
Si se analiza la evolución de los precios en términos interanuales, el mayor dinamismo se concentra en territorios que tradicionalmente no figuraban entre los más caros. Segovia lidera las subidas con un incremento del 19,1%, seguida de Valencia, con un 18,8%, y Cantabria, con un 17,4%. Esta evolución refleja cómo las tensiones inmobiliarias se están extendiendo a nuevas zonas más allá de los grandes núcleos tradicionalmente tensionados.
Por el contrario, las subidas más moderadas se registran en Badajoz, con un aumento del 5%, en el conjunto de Extremadura, con un 6,3%, y en Lleida, donde los precios crecieron un 7,8% respecto al mismo trimestre del año anterior.
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