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(Expansión, 20-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña pierde 302 compañías hasta septiembre mientras que Madrid suma 505 más

Cataluña continúa registrando más salidas de empresas que llegadas, una tendencia que se mantiene desde la crisis política de 2017. A la dificultad para recuperar a las miles de compañías que trasladaron su sede social fuera de la comunidad se suma la incapacidad para frenar la marcha de nuevas sociedades. En los últimos años, el balance empresarial ha seguido siendo desfavorable y en los últimos meses esta dinámica ha vuelto a intensificarse. Entre enero y septiembre de 2026, un total de 823 empresas trasladaron su domicilio social desde Cataluña a otras comunidades autónomas, mientras que 521 fijaron su sede en territorio catalán, según los datos actualizados del Colegio de Registradores. Las cifras contabilizan los cambios que ya se han inscrito en el Registro Mercantil de destino, no las solicitudes pendientes de tramitación. El resultado es un saldo negativo de 302 compañías en los nueve primeros meses del año, casi tres veces superior a las 109 sociedades perdidas durante todo 2025. Además, Cataluña presenta el peor balance entre las comunidades autónomas. La evolución refleja las dificultades para recuperar la confianza empresarial, un proceso que puede prolongarse durante años después de una crisis institucional. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido recientemente que Cataluña avanza hacia una normalización política, social e institucional. Sin embargo, esta mejora no se ha traducido todavía en un cambio de tendencia en los movimientos de sedes empresariales. Tampoco los planes de inversión anunciados por el Ejecutivo catalán, entre ellos la movilización de 3.300 millones de euros para desarrollar infraestructuras públicas, han conseguido detener las salidas ni favorecer el regreso de las compañías que se marcharon durante el procés. La inversión extranjera también refleja las dificultades de Cataluña para recuperar posiciones. Pese a representar el 18,9% del PIB español y ser la segunda economía regional del país, la comunidad sigue captando menos capital foráneo que Madrid. En 2025 recibió 4.510 millones de euros de inversión extranjera, frente a los 15.970 millones registrados en la capital. La diferencia se mantuvo durante la primera mitad de 2026: Cataluña atrajo 2.358 millones, mientras que Madrid alcanzó los 5.635 millones. Las diferencias también se aprecian en las relaciones empresariales internacionales. Durante un reciente encuentro con una delegación de empresarios mexicanos, Illa animó a invertir en Cataluña. Los datos, sin embargo, muestran una relación desigual: existen 547 filiales de empresas catalanas en México, mientras que las compañías mexicanas establecidas en Cataluña no llegan a 40. Madrid, por su parte, ha recuperado en 2026 el saldo positivo de traslados empresariales después del resultado negativo registrado el año anterior. En 2025, la comunidad perdió 65 empresas en términos netos, un comportamiento poco habitual que coincidió con la reactivación del Impuesto sobre el Patrimonio para evitar que la recaudación derivada del gravamen estatal a las grandes fortunas terminara en las arcas del Estado. Esta decisión supuso renunciar a una de las principales ventajas fiscales que Madrid había mantenido hasta entonces. La tendencia ha cambiado durante los nueve primeros meses de 2026. En ese periodo, 1.292 empresas trasladaron su domicilio social fuera de Madrid, mientras que 1.797 se instalaron en la comunidad. El saldo resultante es positivo en 505 sociedades, más del doble del superávit de 209 empresas contabilizado en 2024. La evolución apunta a que, más allá de los incentivos tributarios, las empresas también valoran factores como la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la previsibilidad regulatoria, la reducción de trabas administrativas y las condiciones para desarrollar su actividad. Después de Madrid, Canarias y Baleares registraron los mejores resultados, con saldos positivos de 50 y 41 empresas, respectivamente. En el extremo opuesto, Castilla-La Mancha presentó un balance negativo de 106 sociedades, el segundo peor del país después de Cataluña, mientras que Castilla y León perdió 78 compañías en términos netos. En el conjunto de España, 4.634 empresas trasladaron su domicilio social de una comunidad autónoma a otra entre enero y septiembre. El segundo trimestre concentró el mayor volumen de movimientos, con 1.952 cambios, equivalentes al 42% del total acumulado en lo que va de año. La actividad se moderó entre julio y septiembre, periodo en el que se contabilizaron 1.276 traslados. Durante ese tercer trimestre, Cataluña recibió 147 empresas y perdió 184, lo que dejó un saldo negativo de 37 sociedades. Madrid, en cambio, registró un equilibrio entre entradas y salidas, con 408 llegadas y el mismo número de compañías que trasladaron su sede fuera de la comunidad.

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(Expansión, 20-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España afronta una multa por retrasar la directiva de crédito al consumo

España se expone a una sanción económica por no haber incorporado dentro del plazo establecido la directiva europea sobre crédito al consumo. El Gobierno aprobó un anteproyecto de ley en enero, pero su tramitación parlamentaria todavía no había comenzado cuando se produjo el adelanto electoral. El plazo fijado por la Comisión Europea para adaptar la normativa finaliza a finales de noviembre. La nueva regulación pretende someter a una supervisión más estricta a los cientos de empresas fintech que conceden préstamos en España sin estar bajo el control del supervisor bancario. España es uno de los pocos países europeos que mantienen un régimen de concesión de crédito relativamente abierto. Actualmente, las empresas pueden ofrecer préstamos sin disponer de una licencia bancaria ni estar registradas necesariamente como entidades de pago o de dinero electrónico. Cuando surgen reclamaciones o conflictos, la competencia recae en los departamentos de Consumo de las comunidades autónomas, cuya capacidad de supervisión resulta limitada. El anteproyecto del Ejecutivo busca modificar esta situación mediante nuevas exigencias para los proveedores de crédito. Entre otras medidas, establece límites máximos a los intereses que pueden aplicarse, en función del importe del préstamo y del plazo previsto para su devolución. La propuesta también introduce por primera vez una regulación específica para las tarjetas revolving, un producto financiero que durante años ha generado numerosos litigios y reclamaciones judiciales al amparo de la Ley de Usura de 1908. Ante la falta de una normativa suficientemente precisa, los tribunales han tenido que delimitar las condiciones en las que pueden comercializarse estos productos. De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, los intereses de las tarjetas revolving no pueden superar en más de seis puntos porcentuales el tipo medio de mercado de referencia. En la actualidad, la tasa anual equivalente (TAE) de estos productos se sitúa, según el texto, entre el 20% y el 24%. Las tarjetas revolving permiten disponer de una línea de crédito que se renueva automáticamente a medida que se amortiza la deuda. Sin embargo, cuando las cuotas son reducidas en relación con los intereses generados, el capital pendiente puede prolongarse durante años e incluso aumentar, lo que eleva el riesgo de sobreendeudamiento. Países como Italia, Francia y Portugal cuentan desde hace tiempo con límites a los intereses aplicables a esta modalidad de financiación. Otra de las principales novedades del anteproyecto consiste en transferir al Banco de España las competencias de supervisión sobre los establecimientos financieros de crédito, que hasta ahora dependen del Ministerio de Economía. De aprobarse la reforma, el supervisor bancario asumiría mayores facultades para autorizar la creación de nuevas entidades y aprobar operaciones de fusión. Antes del adelanto electoral, la Comisión Europea ya había advertido a España y a otros quince Estados miembros de que debían cumplir los plazos de transposición de la directiva. El aviso supone un paso previo a la posible remisión del expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que puede imponer sanciones económicas por el incumplimiento de las obligaciones comunitarias. La cuantía de estas penalizaciones depende de factores como la gravedad de la infracción, el tiempo transcurrido desde que venció el plazo y la capacidad económica del Estado afectado. En ocasiones anteriores, España ha afrontado sanciones del TJUE de entre 6,8 y 15 millones de euros por retrasos en la incorporación de directivas relacionadas con la conciliación o la protección de datos. También estuvo expuesta a una posible penalización por la demora en la aprobación de la ley hipotecaria de 2019, aunque finalmente no llegó a materializarse. Entre los procedimientos de infracción más relevantes que Bruselas mantiene abiertos contra España figura el relacionado con la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. La Comisión Europea considera que la normativa nacional que permitió al Gobierno intervenir en la operación podría vulnerar las disposiciones comunitarias sobre libre circulación de capitales y derecho de establecimiento.

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(El País, 20-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El coste de la vivienda castiga especialmente a quienes dependen del mercado del alquiler

El acceso a una vivienda y la capacidad para afrontar su coste se han convertido en un problema económico para una parte creciente de los trabajadores en España. Así lo advierte Oxfam Intermón en su último informe, Cuando trabajar no es suficiente, publicado este martes, que calcula que los gastos relacionados con la vivienda empujan a otras 770.000 personas ocupadas por debajo del umbral de pobreza. Con este impacto, el número de trabajadores pobres se acerca a los tres millones, frente a los 2,2 millones que se contabilizarían si no se tuviera en cuenta el coste de la vivienda. El estudio señala que la tasa de pobreza laboral pasa del 11,48% al 15,49% cuando se descuentan de los ingresos de los hogares los gastos vinculados a la vivienda, como el alquiler, la hipoteca o los impuestos asociados al inmueble. El incremento, de cuatro puntos porcentuales, pone de manifiesto que disponer de un empleo no siempre garantiza unos ingresos suficientes para mantener unas condiciones de vida adecuadas. Para elaborar el informe, Oxfam Intermón utiliza los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge los ingresos declarados en 2024. La organización considera que existe pobreza laboral cuando una persona tiene trabajo, pero reside en un hogar cuyos ingresos se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Este límite se sitúa en el 60% de la renta mediana y equivale a unos 12.220 euros anuales para una persona que vive sola. A partir de este criterio, la organización calcula cómo cambia la situación económica de los hogares cuando se descuentan los gastos de vivienda. La estimación de los 770.000 trabajadores adicionales en situación de pobreza corresponde a este cálculo de Oxfam Intermón y no a una cifra publicada directamente por el INE. El impacto de estos gastos varía considerablemente según el régimen de tenencia de la vivienda. Antes de descontar los costes del alojamiento, la pobreza laboral afecta al 19,35% de los trabajadores que viven de alquiler a precio de mercado. Entre quienes tienen una vivienda en propiedad completamente pagada, la proporción es del 8,19%, mientras que entre los propietarios que todavía están pagando una hipoteca se sitúa en el 7,77%. Las diferencias se amplían al contabilizar el coste de la vivienda. En el caso de los inquilinos que pagan rentas de mercado, la tasa de pobreza laboral aumenta del 19,35% al 34,08%, lo que supone un incremento de 14,73 puntos porcentuales. De este modo, aproximadamente uno de cada tres trabajadores que vive de alquiler en el mercado libre se encuentra en situación de pobreza después de afrontar este gasto. Oxfam Intermón considera que esta evolución refleja el deterioro de la capacidad adquisitiva de los hogares y el papel que desempeña el encarecimiento del alquiler en el aumento de la vulnerabilidad económica. Aunque los trabajadores mantengan sus empleos, el esfuerzo necesario para pagar una vivienda puede reducir sus ingresos disponibles hasta situarlos por debajo del umbral de pobreza. La situación también resulta complicada para quienes acceden a viviendas de alquiler por debajo de los precios de mercado, principalmente mediante programas de vivienda social o protegida. En este grupo, la tasa de pobreza laboral pasa del 23,57% antes de descontar los gastos de vivienda al 31,28% después de contabilizarlos. El informe destaca que, una vez satisfechos los costes residenciales, la pobreza laboral entre los inquilinos del mercado libre supera a la registrada entre quienes acceden a alquileres subvencionados, pese a que estos últimos parten de una situación económica más desfavorable. Para la organización, esta diferencia evidencia la presión que ejercen los precios del alquiler privado sobre los ingresos de los trabajadores. Los propietarios, por su parte, presentan una evolución distinta. Entre quienes tienen la vivienda completamente pagada, la tasa de pobreza laboral se reduce ligeramente, del 8,19% al 7,95%, una vez considerados los gastos asociados al inmueble. En los hogares que siguen pagando una hipoteca, el indicador aumenta del 7,77% al 10,22%, es decir, 2,45 puntos porcentuales. A pesar de este incremento, ambos grupos mantienen niveles de pobreza laboral inferiores a los de los inquilinos. Los datos apuntan así a una creciente desigualdad vinculada al acceso a la vivienda: mientras que la propiedad, especialmente cuando ya no existe una hipoteca pendiente, ofrece una mayor protección frente a los gastos residenciales, quienes dependen del alquiler afrontan una presión económica mucho más elevada. La principal conclusión del análisis es que el régimen de tenencia de la vivienda se ha convertido en un factor determinante de la desigualdad. El aumento de los alquileres está reduciendo los recursos disponibles de numerosos hogares y hace que tener un empleo resulte insuficiente para evitar la pobreza.

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(Expansión, 19-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca anunciará un beneficio récord de 29.200 millones

La banca española se encamina a cerrar los nueve primeros meses de 2026 con resultados históricos. La fortaleza de la actividad comercial y la recuperación gradual del margen de intereses permitirán a las seis entidades cotizadas obtener un beneficio conjunto superior a los 29.200 millones de euros hasta septiembre, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior, según las estimaciones del consenso de mercado recopiladas por Bloomberg. Santander será la entidad que registre el mayor incremento de las ganancias, con un avance del 21%, hasta los 12.544 millones de euros. En esta cifra influye la plusvalía obtenida por la venta de su negocio en Polonia, un efecto extraordinario cuyo peso se irá reduciendo a lo largo del ejercicio, mientras el grupo contabiliza los costes de reestructuración asociados a las adquisiciones de TSB y Webster. Los analistas de Deutsche Bank consideran que el banco mantiene la capacidad de cumplir sus objetivos anuales, que pasan por superar los beneficios de 2025 y reducir los costes. No obstante, advierten de que la evolución de los negocios en Brasil y Argentina continuará condicionada por una menor rentabilidad y un ritmo de crecimiento más moderado. BBVA ocupará la segunda posición en crecimiento de beneficios, con un aumento del 13%, hasta los 9.019 millones de euros. El buen comportamiento de sus negocios en España y México compensará parcialmente la debilidad que se aprecia en América del Sur y Turquía. CaixaBank y Bankinter también registrarán avances de dos dígitos en sus resultados, con incrementos previstos del 10% y el 11%, respectivamente. En el caso de CaixaBank, la evolución de los ingresos y el comportamiento favorable de las provisiones contribuirán a impulsar las ganancias. Según Nuria Álvarez, analista de Renta 4, el crecimiento de los volúmenes de negocio compensará cierta moderación del margen de intereses, afectado por el encarecimiento de la financiación. Para Bankinter, las previsiones apuntan a otro trimestre sólido, sin cambios relevantes en las principales tendencias del negocio. La mejora de la rentabilidad de la cartera de crédito se verá acompañada por un aumento del coste de los depósitos y otras fuentes de financiación, lo que permitirá mantener estable el margen de clientes. Además, el dinamismo de la gestión de activos favorecerá el crecimiento de las comisiones. Unicaja presentará un avance más moderado. El consenso de Bloomberg estima que su beneficio aumentará un 5%, hasta los 530 millones de euros. Las cuentas reflejarán una cierta estabilización del margen de intereses, mientras que las comisiones podrían experimentar un ligero descenso por el impacto de la reactivación de las campañas para captar clientes. Durante la presentación de resultados, los inversores también estarán pendientes de las novedades sobre el acuerdo con WiZink, cuya formalización se encuentra próxima. En Banco Sabadell, la atención se centrará en las oportunidades de negocio derivadas de su reciente alianza con BPCE y en la evolución de las negociaciones en curso, sobre las que los analistas no esperan grandes detalles por parte de la dirección. Estos resultados serán los segundos que presente el nuevo consejero delegado, Marc Armengol, quien en julio anticipó una recuperación progresiva de los ingresos tras dar por superada la fase más débil posterior a la oferta pública de adquisición. Las previsiones apuntan a que Sabadell obtendrá un beneficio de 1.350 millones de euros hasta septiembre, un 3% menos que en el mismo periodo de 2025. La venta de TSB a Santander, cerrada en mayo, tendrá efectos sobre la comparación interanual, por lo que la entidad podría necesitar varios trimestres para recuperar los niveles de resultados anteriores a la operación. El mercado estará atento a si el crecimiento del negocio en España permite compensar esta pérdida de contribución. En conjunto, las cuentas del tercer trimestre confirmarán la fortaleza que viene mostrando el sector, aunque los analistas no anticipan grandes novedades que puedan actuar como catalizadores para las cotizaciones. Deutsche Bank destaca la continuidad de las políticas de control del gasto, con una ratio de eficiencia cercana al 38% para los bancos españoles, así como la solidez de los indicadores de calidad crediticia. Estas fortalezas se mantienen pese a las inquietudes sobre un posible deterioro de las carteras de préstamos. De cara al cierre del ejercicio, la evolución de los tipos de interés y la demanda de crédito serán factores determinantes para comprobar si las entidades pueden mantener el ritmo de crecimiento de sus beneficios en un entorno económico más incierto. La situación de los mercados de deuda europeos también podría ocupar un lugar destacado durante la temporada de resultados, que comenzará el jueves con la presentación de Bankinter. Las tensiones en el mercado de deuda francés han reavivado el temor a que las dificultades financieras de un país se transmitan al sector bancario a través de sus carteras de bonos soberanos. Aunque España permanece por ahora al margen de los principales focos de preocupación, las entidades nacionales han incrementado sus compras de deuda pública en los últimos años, lo que ha elevado el peso de estos activos en sus balances. Por ello, los inversores seguirán de cerca la evolución de los mercados de deuda y sus posibles repercusiones sobre la estabilidad financiera y los resultados bancarios.

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(Expansión, 19-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión inmobiliaria se dispara un 35% y marca récord hasta septiembre

La adquisición de la antigua sede de Telefónica en Madrid y de los centros comerciales Megapark y Xanadú ha impulsado la actividad inmobiliaria durante el tercer trimestre. Gracias a estas operaciones, la inversión acumulada en el mercado español se acerca a los 15.000 millones de euros hasta septiembre, una cifra récord que prácticamente iguala el volumen alcanzado en todo 2025. El sector inmobiliario ha vivido los nueve primeros meses del año más activos de su historia, con un total de 14.893 millones de euros invertidos, según los datos de JLL. Esta cantidad supone un incremento del 35% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Además del residencial, los segmentos de oficinas, comercio y logística destacan por su dinamismo. Pese a la incertidumbre que han generado los decretos de vivienda aprobados la semana pasada, uno de ellos ya en vigor, los profesionales del sector mantienen unas perspectivas favorables para el último tramo del año. No obstante, reconocen que las nuevas medidas podrían repercutir en las operaciones relacionadas con el mercado residencial. La inversión institucional en vivienda destinada al alquiler ha superado los 3.900 millones de euros hasta septiembre, frente a los 845 millones registrados en los nueve primeros meses del año pasado. Una parte significativa de este volumen corresponde a la compra de Fidere por Brookfield, una operación que representa el 31% del total invertido en este segmento. Sin tener en cuenta esta transacción, el crecimiento habría alcanzado el 221%. JLL prevé que la inversión en vivienda en alquiler llegue a los 4.500 millones de euros al cierre de 2026. Las oficinas ocupan el siguiente lugar por volumen de inversión, con 2.653 millones de euros, un 12% más que un año antes. Entre las operaciones más relevantes del tercer trimestre figura la adquisición de Omega Business Park, en Alcobendas, por parte de Square Asset Management, por 104 millones de euros. También destacan la compra de un inmueble situado en el número 21 de la calle Puerto de Somport, en Madrid, por GMP, y la adquisición del edificio de Costa Brava 2-4, igualmente en la capital, por Insur Group. En el ámbito de los inmuebles con usos mixtos, incluida la actividad de oficinas, sobresale la compra de la antigua sede de Telefónica en la Gran Vía madrileña por parte de Tomás Olivo, por un importe aproximado de 200 millones de euros. El segmento comercial también ha registrado una evolución positiva. La inversión en activos de retail suma 2.538 millones de euros hasta septiembre, un 45% más que los 1.755 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025. Entre julio y septiembre, las operaciones más destacadas fueron la compra del centro comercial Megapark, en Barakaldo, por parte de Nepi Rockcastle, por 253 millones de euros, y la adquisición del 50% de Xanadú, situado en Arroyomolinos (Madrid), por Rivoli Asset Management, por 250 millones. Por el contrario, la inversión hotelera ha disminuido un 5%, hasta los 2.451 millones de euros. Aun así, se trata del segundo mejor resultado para los nueve primeros meses del año desde 2018. Entre las operaciones cerradas durante el tercer trimestre se encuentran la adquisición del hotel Nomade Madrid por GS Bacares Iberia, la compra del ME Barcelona por Kaya Holding y la venta del Room Mate Macarena, en Madrid, a un inversor privado español por 81 millones de euros. Las transacciones previstas para los últimos meses del ejercicio permiten mantener las expectativas de que la inversión hotelera alcance alrededor de 4.000 millones de euros en el conjunto de 2026. Otros segmentos presentan resultados dispares. Las residencias de estudiantes acumulan 976 millones de euros de inversión hasta septiembre, un 16% menos que los 1.165 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Este retroceso se explica, en parte, por la elevada actividad de 2025, cuando Nido Living, propiedad de CPPIB, adquirió Livensa Living a Brookfield por 1.200 millones de euros. En el mercado del alojamiento flexible, la inversión ha experimentado un fuerte crecimiento. La compra por parte de Meridia de un complejo situado en el distrito madrileño de Carabanchel, con capacidad para 977 camas, ha contribuido a elevar el volumen acumulado hasta septiembre a 319 millones de euros, un 210% más que un año antes. Por último, los activos relacionados con el sector sanitario han captado 688 millones de euros, lo que supone un descenso del 35% interanual. Pese a esta caída, el volumen constituye el segundo mejor registro de la serie histórica para los nueve primeros meses del año.

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(Expansión, 19-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

CEOE pide a los partidos un ahorro en costes energéticos de 25.000 millones

La CEOE considera que una reducción permanente de los costes regulados, los impuestos y los cargos del sistema eléctrico, junto con una revisión de los servicios de ajuste del mercado energético, permitiría ahorrar miles de millones a empresas y hogares, mejorar la competitividad y generar 26.310 millones de euros adicionales de PIB a partir de 2032. El encarecimiento de la energía provocado por el conflicto en Oriente Próximo ha llevado al Gobierno a aprobar un nuevo paquete de medidas para amortiguar sus efectos sobre la economía, el tercero desde el inicio de la guerra. Sin embargo, la patronal sostiene que estas actuaciones temporales resultan insuficientes para contener de forma duradera los precios de la energía y mejorar la posición competitiva de las empresas españolas, especialmente de las pymes y la industria. Aunque el mercado mayorista eléctrico español presenta precios más competitivos que los de las principales economías europeas gracias al peso de las energías renovables, esta ventaja no se refleja plenamente en las facturas de la industria electrointensiva. Según un informe de la CEOE, el pasado 14 de septiembre estas empresas pagaron por la electricidad un 38% más que sus homólogas francesas y un 14% más que las alemanas. La patronal atribuye esta diferencia a los impuestos, los costes regulados, los cargos del sistema y los servicios de ajuste, cuyo coste se ha multiplicado por más de cuatro desde 2019. Ante esta situación, la organización presidida por Antonio Garamendi reclama a los partidos políticos, en un contexto de proximidad electoral, un plan estructural que permita reducir el precio de la electricidad y reforzar la competitividad empresarial. El documento recupera propuestas trasladadas anteriormente al Ejecutivo e incorpora estimaciones sobre sus efectos en la actividad económica, la recaudación pública y los costes que soportan los consumidores. Entre las principales medidas planteadas figuran una reducción permanente de los impuestos especiales sobre la electricidad y el gas, la redistribución de los cargos que no están directamente relacionados con el suministro, la exención de peajes para la industria electrointensiva y la revisión de la operación reforzada del sistema eléctrico y de las restricciones técnicas. De acuerdo con los cálculos de la CEOE, la aplicación conjunta de estas iniciativas permitiría generar un ahorro acumulado de 25.730 millones de euros para los consumidores durante los primeros cinco años. La reducción de los costes energéticos se traduciría en un descenso de la factura de entre el 16% y el 41%, dependiendo del tipo de consumidor, ya sean hogares, pequeñas y medianas empresas o grandes industrias. La patronal propone desplegar el plan de manera progresiva, mediante modificaciones en los Presupuestos Generales del Estado que sumarían cerca de 27.000 millones de euros entre 2027 y 2031. La mayor parte de estos recursos se destinaría a trasladar a los presupuestos públicos determinados cargos eléctricos que actualmente se repercuten en la factura, entre ellos las ayudas a las energías renovables. La CEOE defiende que estos costes deberían repartirse entre el conjunto de la sociedad, puesto que sus beneficios no se limitan a los consumidores de electricidad. El ahorro energético previsto también tendría repercusiones sobre el crecimiento económico. Según las estimaciones de la organización empresarial, la reducción de los costes permitiría incrementar el PIB en una media de 4.380 millones de euros anuales. De este modo, en 2032 la economía española acumularía 26.310 millones de euros adicionales respecto a un escenario en el que no se aplicaran las medidas propuestas. La CEOE sostiene, además, que el plan no supondría necesariamente una merma de los ingresos públicos, pese a la reducción inicial de determinados impuestos. En un contexto de aumento del gasto público y de las necesidades de financiación derivadas de las sucesivas crisis, la patronal considera que el impulso de la actividad económica podría compensar la pérdida recaudatoria inicial e incluso generar ingresos adicionales. En concreto, el informe calcula que la recaudación inducida por las medidas fiscales, entre ellas la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, alcanzaría los 7.760 millones de euros. Esta cantidad superaría los 7.110 millones de euros que dejarían de ingresarse entre 2027 y 2031 como consecuencia de las reducciones fiscales planteadas. La explicación, según la organización, estaría en el aumento del consumo, la inversión y la actividad empresarial, que contribuiría a elevar los ingresos procedentes de otras figuras tributarias. El documento también contempla mecanismos de financiación vinculados a la política medioambiental. La CEOE propone aprovechar el remanente de derechos de emisión disponibles para España para incrementar las compensaciones destinadas a las industrias que soportan costes indirectos derivados de las emisiones contaminantes. Las estimaciones apuntan a que el remanente acumulado durante los próximos cinco ejercicios ascendería a 8.300 millones de euros, mientras que las ayudas compensatorias propuestas alcanzarían los 5.060 millones. La relación entre ambos importes llegaría a su nivel máximo anual en 2030, cuando las ayudas equivaldrían al 71% de los recursos disponibles, según los cálculos de la patronal. Junto a las medidas cuantificadas, la CEOE plantea otras actuaciones para mejorar la competitividad energética y estimular la actividad económica. Entre ellas se encuentran la revisión de los peajes del gas, el refuerzo de las redes energéticas, la creación de avales y otros instrumentos de apoyo financiero, el impulso a la producción de biometano y la aplicación de descuentos a la inyección de gases renovables en las redes.

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(El País, 19-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

A partir ahora si te llaman para venderte algo, el número empezará por 400

A partir de este sábado, 17 de octubre, las llamadas de carácter comercial contarán con una nueva numeración identificativa en España que dará comienzo por el prefijo 400. Las compañías que realicen contactos telefónicos para publicitar servicios, ofertar productos o captar nuevos clientes estarán obligadas a emplear números que inicien con estas tres cifras, reservadas expresamente para esta modalidad de comunicación. El objetivo primordial radica en que los usuarios puedan reconocer la naturaleza de la llamada antes de descolgar el terminal y resolver libremente si desean responderla. La iniciativa introduce una novedad práctica en la gestión del teléfono cotidiano. Hasta el momento, las comunicaciones destinadas a comercializar tarifas de telecomunicaciones, ofertas energéticas o pólizas de seguro se mostraban bajo números móviles o de tarificación geográfica ordinarios, imposibilitando conocer la finalidad del contacto previo a la contestación. La implantación del rango 400 posibilitará diferenciar de forma clara la actividad comercial frente a las llamadas orientadas al soporte técnico, la gestión de incidencias o la atención habitual al cliente. La normativa queda encuadrada dentro de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y se integra en el conjunto de medidas gubernamentales para atajar el fraude telefónico y las estafas mediante mensajes de texto. La ordenación persigue incrementar la transparencia del sistema y ofrecer al ciudadano instrumentos directos para verificar la identidad y el motivo de los emisores. La numeración de nueve dígitos no responderá a una centralita única, sino que se distribuirá en bloques asignados a las distintas entidades para sus campañas salientes. Además, el rango 400 estará habilitado únicamente para la emisión de llamadas y no para la recepción de estas, de modo que si un usuario detecta una llamada perdida iniciada por esta combinación, no podrá devolver la comunicación por esa misma vía. Los usuarios dispondrán de la posibilidad de solicitar a su operadora de telecomunicaciones el bloqueo íntegro de la recepción de llamadas procedentes del bloque 400. Esta alternativa, que dependerá de la tramitación directa del cliente con su proveedor de servicios, evitará la necesidad de filtrar de manera individual cada número desde el propio dispositivo móvil. Asimismo, los contactos comerciales que se efectúen sin utilizar este prefijo legalmente establecido podrán ser objeto de denuncia por parte de los consumidores ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones.

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(Cinco Días, 16-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno autoriza la creación de la figura de economista jefe de la CNMC

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una modificación del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que introduce la figura del economista jefe, un nuevo puesto directivo con funciones transversales que dependerá directamente de la presidencia del organismo. La reforma entrará en vigor el viernes 16 de octubre de 2026 y supone una reorganización de su estructura técnica para reforzar las capacidades de análisis económico y supervisión de los mercados. La aprobación de esta medida se produce después de que el Consejo de Ministros acordara, el pasado 6 de octubre, tramitar de manera urgente el correspondiente real decreto y remitirlo al Consejo de Estado para la emisión de su dictamen. La reforma contempla la incorporación de una nueva dirección a la estructura de la CNMC, que se sumará a las unidades responsables de ámbitos como energía, telecomunicaciones y audiovisual, transporte y servicios postales, así como promoción de la competencia. El Ejecutivo justifica esta decisión por el progresivo incremento de las responsabilidades asumidas por el organismo desde su creación en 2013. Entre las nuevas tareas destaca la evaluación de las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo y el seguimiento de la eficacia de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a sus efectos. La iniciativa ha sido impulsada por el presidente de la CNMC, Juan José Ganuza, que asumió el cargo en septiembre de 2026, y cuenta con el respaldo del consejo del organismo. La creciente complejidad de los mercados, el volumen de información económica disponible y la utilización de tecnologías avanzadas han llevado al Gobierno a considerar necesario reforzar los recursos especializados del regulador. El nuevo economista jefe dispondrá de autonomía funcional y tendrá como principal responsabilidad ofrecer asesoramiento económico a los distintos órganos de la CNMC durante la tramitación y resolución de expedientes relacionados con la competencia, la regulación y la supervisión de los mercados. Entre sus competencias también se encontrarán la elaboración de metodologías de análisis comunes, el tratamiento de grandes cantidades de información económica y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la evaluación de los mercados y apoyar la toma de decisiones. Asimismo, participará en la planificación estratégica de aquellas actuaciones del organismo que puedan tener una repercusión económica significativa. Otra de sus funciones será fortalecer las relaciones de la CNMC con el ámbito académico y científico, facilitando la colaboración con universidades, instituciones de investigación y especialistas en distintas disciplinas económicas. El nombramiento y el cese de la persona que ocupe este puesto corresponderán al pleno del consejo de la CNMC, a propuesta de su presidente. Para su designación se tendrán en cuenta la formación académica y la experiencia profesional acreditada en materias económicas. La reforma también prevé la creación de una Subdirección de Inteligencia Económica, que dependerá directamente del economista jefe y tendrá un papel operativo en el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas y analíticas. Esta unidad se encargará de diseñar y utilizar herramientas de análisis cuantitativo, gestionar información procedente de bases de datos económicas y aplicar técnicas estadísticas y sistemas de inteligencia artificial a los trabajos desarrollados por el organismo. Además, colaborará con las distintas direcciones de instrucción en la identificación y el análisis de posibles prácticas contrarias a la competencia, especialmente aquellas relacionadas con acuerdos restrictivos o conductas colusorias entre empresas. La persona responsable de esta subdirección será nombrada por el consejo de la CNMC a propuesta de la presidencia, después de escuchar al economista jefe. En el proceso de selección se valorarán especialmente los conocimientos en estadística, análisis económico y tratamiento avanzado de datos. El real decreto también modifica la regulación de 2013 para reconocer expresamente la condición de personal directivo tanto al economista jefe como a la persona titular de la Subdirección de Inteligencia Económica. La tramitación de la norma ha contado con la participación de los ministerios de Economía, Comercio y Empresa; Hacienda; y Transformación Digital y Función Pública, con el respaldo del departamento de Economía, al que está adscrita la CNMC. La creación de estas nuevas responsabilidades ha suscitado algunas dudas dentro del organismo, debido a que la CNMC ya dispone de unidades dedicadas al asesoramiento y al análisis económico. Actualmente cuenta con una asesoría económica dirigida por Javier García Verdugo, profesor de Economía Aplicada, así como con una subdirección de estudios económicos integrada en el área de Promoción de la Competencia. Algunas fuentes internas cuestionan, por este motivo, la necesidad de incorporar una nueva figura directiva con atribuciones que podrían coincidir parcialmente con funciones ya existentes. La CNMC nació en 2013 de la integración de varios organismos supervisores, entre ellos la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, los reguladores de los sectores aeroportuario y postal y la antigua Comisión Nacional de la Competencia. Aunque estos organismos no contaban con una figura equivalente a la de economista jefe, la antigua Comisión Nacional de la Competencia sí disponía de una asesoría económica, que estuvo ocupada por Juan Delgado durante la presidencia de Luis Berenguer. Con esta modificación, formalizada mediante el Real Decreto 825/2026, de 14 de octubre, el Gobierno pretende reforzar la capacidad técnica de la CNMC para afrontar los nuevos desafíos regulatorios, mejorar la utilización de los datos económicos y ampliar el uso de herramientas de inteligencia artificial en la supervisión de los mercados. La norma, publicada en el BOE del 15 de octubre de 2026, entrará en vigor al día siguiente de su publicación y establece el nuevo marco organizativo para desarrollar estas funciones dentro del organismo regulador.

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(Cinco Días, 16-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La justicia europea obliga a la banca a devolver el dinero de las ciberestafas aunque el cliente haya sido negligente

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado las obligaciones de las entidades financieras cuando sus clientes son víctimas de fraudes bancarios. En una sentencia dictada el 15 de octubre de 2026, el tribunal establece que los bancos deben devolver de forma inmediata el dinero sustraído mediante operaciones no autorizadas, aunque consideren que el afectado ha actuado con negligencia grave. La resolución refuerza la protección de los usuarios de servicios financieros frente a las estafas digitales, especialmente aquellas relacionadas con la suplantación de identidad o phishing, una modalidad de fraude en la que los delincuentes consiguen acceder a información bancaria mediante páginas web, mensajes o comunicaciones falsas. Según el TJUE, las entidades no pueden rechazar inicialmente el reintegro de las cantidades sustraídas basándose únicamente en que el cliente no protegió adecuadamente sus claves de acceso. La normativa europea sobre servicios de pago obliga a efectuar primero la devolución y permite investigar posteriormente las circunstancias en las que se produjo el fraude. En concreto, el banco debe restituir el importe de la operación no autorizada sin demora y, como máximo, al finalizar el siguiente día hábil desde que detecte la operación o reciba la correspondiente notificación, siempre que el usuario haya comunicado los hechos sin retrasos injustificados. La única excepción que permite suspender este reembolso inmediato se produce cuando la entidad dispone de motivos razonables para sospechar que el propio cliente ha participado fraudulentamente en la operación. En ese supuesto, deberá trasladar por escrito sus sospechas a la autoridad nacional competente. El tribunal distingue así entre la obligación inicial de devolver el dinero y la responsabilidad definitiva por las pérdidas económicas ocasionadas. Una vez realizado el reintegro, la entidad financiera podrá reclamar al cliente las cantidades devueltas si consigue acreditar que este incumplió deliberadamente o por negligencia grave sus obligaciones de seguridad, especialmente las relacionadas con la protección de sus credenciales bancarias. La carga de demostrar esa conducta corresponde al banco, que no puede considerar automáticamente que existe negligencia grave por el simple hecho de que el usuario haya facilitado información personal o haya sido engañado por los delincuentes.  El pronunciamiento europeo tiene su origen en un litigio planteado ante la justicia polaca por una mujer que sufrió una estafa mientras intentaba vender un producto a través de una plataforma de comercio electrónico. Un supuesto comprador contactó con ella y le facilitó un enlace que aparentaba proceder de la propia plataforma para confirmar la compraventa. Al acceder, la víctima fue redirigida a una página que imitaba la de su banco, donde introdujo sus datos de acceso. Los estafadores utilizaron posteriormente esa información para realizar una transferencia no autorizada de aproximadamente 700 euros a una cuenta bajo su control. La afectada comunicó lo sucedido a su entidad financiera al día siguiente. Sin embargo, el banco rechazó devolverle el dinero al considerar que había incumplido su deber de proteger las claves personales de seguridad. Ante esta negativa, el asunto llegó a los tribunales polacos, que solicitaron al TJUE una interpretación de la normativa europea para determinar si la posible negligencia grave del cliente permitía a la entidad eludir su obligación de reembolso inmediato. La justicia europea ha concluido que esa circunstancia no justifica la negativa inicial del banco, aunque deja abierta la posibilidad de exigir posteriormente responsabilidades al usuario si se demuestra que actuó con negligencia grave o incumplió deliberadamente sus obligaciones. La sentencia tiene especial relevancia para España, donde las controversias sobre la responsabilidad de las entidades financieras en operaciones fraudulentas han dado lugar a numerosas reclamaciones judiciales. La legislación española sobre servicios de pago ya contempla la devolución de las operaciones no autorizadas, aunque las entidades pueden invocar determinadas circunstancias para cuestionar su responsabilidad, entre ellas la negligencia grave del cliente o el retraso injustificado en la comunicación del fraude. En este ámbito, el Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre las obligaciones de seguridad de las entidades bancarias, especialmente en una sentencia de 9 de abril de 2025 relacionada con operaciones realizadas mediante suplantación de identidad. La nueva interpretación del TJUE aporta mayor claridad sobre el procedimiento que deben seguir los bancos ante este tipo de reclamaciones, al establecer que la investigación de una posible negligencia del usuario no puede utilizarse, por sí sola, para retrasar la devolución inicial del dinero. El fallo también llega en un contexto de creciente preocupación por la ciberdelincuencia y por el aumento de las estafas realizadas a través de medios digitales. Según los datos del Ministerio del Interior correspondientes al primer semestre de 2026, la ciberdelincuencia representa el 20,2% del total de infracciones penales registradas en España. Dentro de esta categoría, las estafas informáticas concentran el 87,3% de los delitos. Ante esta situación, las principales entidades financieras españolas han reforzado sus sistemas de detección y prevención del fraude, incorporando controles de seguridad y desarrollando campañas informativas destinadas a concienciar a los clientes sobre los riesgos asociados al uso de los servicios bancarios digitales. En diciembre de 2025, el Ministerio de Economía, la Asociación Española de Banca (AEB) y CECA impulsaron la denominada Brigada Antifraude, una iniciativa de colaboración orientada a mejorar la prevención de los delitos financieros digitales y fortalecer la ciberseguridad. La sentencia del TJUE supone un nuevo respaldo a los derechos de los usuarios que sufren operaciones bancarias no autorizadas, al establecer que las entidades financieras deben atender prioritariamente la devolución de los fondos y resolver posteriormente las posibles responsabilidades. No obstante, el pronunciamiento no implica que los clientes queden exentos de cumplir sus obligaciones de seguridad. Si el banco demuestra que existió una actuación deliberada o una negligencia grave que contribuyó a provocar las pérdidas, podrá reclamar su importe por las vías correspondientes. Con esta interpretación, el tribunal europeo busca garantizar una mayor protección de los consumidores y establecer un criterio común para las entidades financieras de los Estados miembros de la Unión Europea.

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(La Vanguardia, 16-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España liberará otros 4,4 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo

España llevará a cabo durante el mes de octubre una segunda fase de liberación de reservas estratégicas de petróleo, con la puesta en el mercado de 4,4 millones de barriles adicionales. Esta actuación forma parte del compromiso adquirido el pasado mes de marzo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para hacer frente a las consecuencias de la crisis en Oriente Próximo sobre los mercados energéticos. La medida consiste en aumentar la disponibilidad de crudo y productos petrolíferos mediante la utilización de las reservas que los países mantienen almacenadas para situaciones excepcionales. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la evolución de los mercados internacionales ha llevado a los miembros de la AIE a acelerar la liberación de las cantidades que todavía permanecían pendientes. El 17 de marzo, el Consejo de Ministros autorizó, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, la movilización de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo. Esta cantidad constituye la aportación española al acuerdo alcanzado por los países integrantes de la AIE, que contempla la liberación conjunta de 400 millones de barriles durante un periodo de 90 días para reducir el impacto energético de la guerra en Irán y del conflicto en Oriente Próximo. En España, las existencias destinadas a esta operación proceden de las reservas almacenadas por las empresas del sector petrolero, incluidas distribuidoras y operadores. De los 11,5 millones de barriles inicialmente comprometidos, aproximadamente 2,2 millones corresponden a gasolina, nueve millones a destilados medios, entre los que se encuentran los gasóleos de automoción y los querosenos utilizados en aviación, y cerca de 297.000 barriles a fuelóleos. El Gobierno acordó realizar esta liberación de forma escalonada, adaptando cada fase a la evolución del conflicto y a las necesidades del mercado. La primera operación permitió incorporar una cantidad equivalente a cuatro días de consumo nacional, aproximadamente 3,75 millones de barriles. Con la nueva liberación prevista para octubre, se añadirán otros 4,4 millones de barriles al mercado. Una vez completada esta segunda fase, quedarán pendientes algo más de tres millones de barriles de la cantidad total comprometida por España. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica señalan que la decisión sobre estas reservas restantes dependerá de un seguimiento continuo de la situación internacional y de las necesidades de suministro. Otros países miembros de la Agencia Internacional de la Energía también han optado por distribuir la liberación de sus reservas en varias etapas, ajustando las cantidades a las condiciones del mercado y a la evolución de los acontecimientos. Con esta actuación coordinada, los países participantes pretenden incrementar temporalmente la oferta de productos petrolíferos y contribuir a moderar las tensiones sobre los precios de los carburantes provocadas por el conflicto en Oriente Próximo, especialmente tras la intervención de Estados Unidos e Israel en la región.

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