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(Cinco Días, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo marca máximos desde mayo ante el riesgo de nuevos ataques en el Golfo Pérsico

El precio del petróleo brent ha superado los 112 dólares por barril, su nivel más alto desde principios de mayo, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Aunque el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz se está recuperando hasta aproximarse a los niveles anteriores a la guerra, el temor a nuevos ataques contra instalaciones energéticas mantiene la presión sobre las cotizaciones. La preocupación por una posible escalada también se refleja en la decisión de Estados Unidos de ordenar la salida de parte del personal y de los familiares de trabajadores de sus embajadas en el reino. Según informa The New York Times, los ejércitos estadounidense e israelí están preparando planes para atacar Irán después de las elecciones de este fin de semana. La operación contemplaría posibles objetivos relacionados con infraestructuras energéticas y arsenales de drones y misiles. A esta situación se suma un ataque con drones contra el yacimiento petrolífero de Shaybah, propiedad de Saudi Aramco, en el que murieron dos personas, aunque la actividad de las instalaciones no se vio interrumpida. La compañía ha evacuado sus principales instalaciones como medida de precaución. El brent, referencia internacional para los precios del petróleo, acumula una subida superior al 80% en lo que va de año. La guerra entre Estados Unidos e Irán, que se aproxima a su noveno mes sin perspectivas claras de resolución, ha alterado los flujos energéticos procedentes del golfo Pérsico y ha elevado la percepción de riesgo en los mercados internacionales. Sin embargo, los datos más recientes apuntan a una recuperación de las exportaciones. Según la agencia Kpler, los envíos de petróleo desde la región alcanzaron los 24 millones de barriles diarios la semana pasada, una cifra incluso superior a la media registrada antes del inicio del conflicto. Por su parte, The Wall Street Journal sitúa el tránsito por el estrecho de Ormuz en torno al 82% de sus niveles habituales anteriores a la guerra. Las flotas petroleras privadas y las controladas por los países del Golfo están adoptando distintas estrategias para reducir su exposición a posibles ataques iraníes. Los analistas consideran que la principal explicación de los elevados precios no es tanto la falta de suministro como el temor a un deterioro de la situación en los próximos días. Al negociarse el petróleo mediante contratos de futuros, las expectativas sobre la evolución del conflicto influyen de forma decisiva en las cotizaciones. Rebecca Babin, operadora sénior de energía de CIBC Private Wealth Group, señala que la continuidad de las operaciones militares y el riesgo de que la escalada se reanude después de las elecciones están estableciendo un suelo para los precios. Esta incertidumbre dificulta que el mercado consolide nuevas subidas, pero también limita las ventas, ante la falta de confianza en que la situación vaya a mejorar a corto plazo. Kuwait es uno de los productores de la región que ha conseguido recuperar sus exportaciones de crudo hasta niveles similares a los anteriores a la guerra entre Estados Unidos e Irán, según explicó el consejero delegado de la petrolera estatal kuwaití, Sheikh Nawaf Al-Sabah. No obstante, el país sigue encontrando mayores dificultades para comercializar productos refinados, como el diésel y el combustible de aviación, debido a los riesgos que persisten en la zona. La tensión también se ha trasladado al tráfico marítimo. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán aseguró haber atacado a cuatro petroleros a los que calificó de «infractores» mientras realizaban operaciones de transbordo de cargamentos en el norte del golfo Pérsico. La información fue difundida por la cadena Press TV a través de la red social X, sin que se precisara cuándo se produjeron los incidentes. Teherán advirtió, además, de que podría ampliar el alcance del conflicto si continúan los tránsitos por el estrecho de Ormuz que considera ilegales. Estas amenazas mantienen la incertidumbre sobre la seguridad de una de las principales rutas mundiales para el transporte de hidrocarburos y contribuyen a sostener la prima de riesgo incorporada al precio del petróleo.

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(El País, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los multipropietarios suben el alquiler casi el doble que los caseros con un solo piso

La desigualdad en el mercado del alquiler en España no depende únicamente de la ubicación o las características de las viviendas, sino también del tipo de propietario. Entre 2019 y 2023, los caseros con cinco o más inmuebles arrendados incrementaron sus rentas un 13,5% de media, casi el doble que los propietarios de una sola vivienda, que aplicaron una subida del 7,2%. Así lo recoge un estudio de EsadeEcPol elaborado a partir de los datos de Hacienda correspondientes a más de 780.000 alquileres declarados por personas físicas en España. El análisis identifica una relación entre el número de viviendas en propiedad y el aumento de los precios. Cuantos más inmuebles tiene un arrendador, mayores son, en promedio, los incrementos que aplica. Durante el periodo estudiado, quienes alquilaban una sola vivienda elevaron las rentas un 7,2%, frente al 8,2% de los propietarios de dos inmuebles y al 9,8% de los que tenían tres. En el caso de quienes disponían de cuatro viviendas, la subida alcanzó el 9,5%, mientras que entre los propietarios de cinco o más llegó al 13,5%. Esta evolución ha ampliado la diferencia entre los precios fijados por los pequeños caseros y los multipropietarios. En 2019, la distancia entre ambos grupos era del 2,4%, pero cuatro años después se había triplicado. Las diferencias resultan especialmente visibles cuando se firma un nuevo contrato, ya sea porque cambia el inquilino o porque vence el acuerdo anterior. En estas circunstancias, los propietarios de una sola vivienda aumentaron el alquiler un 3,8% de media, mientras que quienes tenían varios inmuebles lo hicieron un 5,2%. En un piso con una renta mensual de 800 euros, estas subidas supondrían un incremento de 30 euros en el primer caso y de 41,60 euros en el segundo. Para comprobar si esta diferencia podía deberse a factores como la superficie, la antigüedad del edificio o la ubicación, los investigadores compararon viviendas con características similares situadas en un mismo barrio. La conclusión se mantuvo: los multipropietarios aplicaban mayores incrementos incluso cuando los inmuebles eran equivalentes. Jorge Galindo, responsable de la investigación, analizó también la evolución de unos 196.000 pisos a lo largo del tiempo y observó que las subidas podían ser hasta cuatro puntos porcentuales superiores cuando la vivienda pertenecía a un propietario con varios inmuebles. El estudio descarta, además, que el fenómeno se explique por el control de determinados mercados locales. Si los grandes propietarios pudieran imponer precios más elevados por concentrar numerosas viviendas en una misma zona, cabría esperar que sus alquileres fueran más caros allí donde acumulan más inmuebles. Sin embargo, los resultados muestran lo contrario: quienes concentran sus propiedades en un mismo barrio cobran, de media, casi un 4% menos que otros caseros. En cambio, los propietarios que distribuyen sus viviendas entre distintas ciudades o comunidades autónomas suelen fijar rentas casi un 3% superiores. Los investigadores atribuyen parte de estas diferencias al comportamiento y a los objetivos de cada tipo de arrendador. Los pequeños propietarios suelen priorizar la continuidad de los ingresos y la permanencia de un inquilino de confianza. En muchos casos, la vivienda procede de una herencia o fue anteriormente el hogar familiar, por lo que no siempre se contempla como una inversión financiera. La situación cambia cuando el propietario dispone de una cartera de inmuebles adquiridos expresamente para obtener rentabilidad. Al repartir el riesgo de impago entre varias viviendas, estos arrendadores pueden asumir con mayor facilidad la rotación de inquilinos y dar más importancia al rendimiento económico de cada propiedad. No obstante, el informe advierte de que los multipropietarios no explican por sí solos el encarecimiento del alquiler en los últimos años. Su comportamiento representa aproximadamente el 18% del incremento registrado entre 2019 y 2023 en la muestra analizada: 1,6 puntos porcentuales de una subida media de 8,8 puntos. El resto se relaciona con la revalorización general de las viviendas en un mercado marcado por el desequilibrio entre una demanda elevada y una oferta insuficiente. A partir de estos resultados, EsadeEcPol cuestiona la capacidad de la Ley estatal de vivienda para abordar las diferencias de comportamiento entre los propietarios, en particular mediante la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los alquileres. La norma se aprobó en mayo de 2023 y las primeras áreas con precios regulados comenzaron a aplicarse en Cataluña en marzo de 2024, de modo que sus efectos quedan fuera del periodo analizado. El estudio considera que la regulación no tiene suficientemente en cuenta las distintas estrategias de los arrendadores y advierte de que una congelación obligatoria de las rentas podría reducir la oferta disponible y generar inseguridad jurídica, lo que llevaría a algunos propietarios a retirar sus viviendas del mercado. Como alternativa para contener las subidas sin desincentivar el alquiler, el informe plantea ofrecer ventajas fiscales en el IRPF a los propietarios que acepten renovar los contratos con incrementos moderados. También propone establecer garantías públicas o seguros de impago automáticos para reducir el riesgo que perciben los arrendadores y favorecer que mantengan sus viviendas en el mercado.

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(El País, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública en la UE sube a su máximo nivel desde la pandemia

La deuda pública de la Unión Europea continúa aumentando, aunque lo hace de forma gradual y sin cambios significativos en su tendencia. Durante el primer semestre del año, el volumen de deuda de los Veintisiete alcanzó el equivalente al 82,9% del producto interior bruto (PIB), mientras que en la eurozona se situó en el 88,8%, según los datos publicados este miércoles por Eurostat. Se trata de los niveles más elevados desde que se retiraron definitivamente buena parte de las medidas de apoyo económico aprobadas durante la pandemia de la covid-19. El incremento de la deuda llega en un contexto poco favorable para las finanzas públicas, ya que los mercados exigen mayores rendimientos a los Estados para adquirir sus bonos. Francia se encuentra entre los países más afectados por esta situación, debido a unos desequilibrios presupuestarios persistentes y al crecimiento continuado de su endeudamiento. Su déficit supera el 5% del PIB y la deuda pública alcanza el 119%, de acuerdo con las cifras de Eurostat. Esta situación se refleja en la prima de riesgo francesa, que mide la diferencia entre la rentabilidad de sus bonos a diez años y la de los títulos alemanes del mismo plazo. Este miércoles, el indicador se acercó a los 160 puntos básicos y contribuyó a elevar también las primas de otros países con elevados niveles de deuda, como Italia y Grecia, que rondan los 140 puntos. España, pese a compartir la tendencia general de aumento del endeudamiento europeo, ha resistido mejor las turbulencias vinculadas a Francia. La deuda pública española mantiene una trayectoria descendente y se situó en el 101,4% del PIB durante el segundo trimestre. La mayoría de las previsiones apuntan a que en 2026 podría bajar del umbral del 100%. La evolución de los tipos de interés tampoco facilita la reducción de la deuda. Las recientes decisiones del Banco Central Europeo, adoptadas en respuesta a las presiones inflacionistas, han endurecido las condiciones de financiación. Aunque el objetivo es contener el crecimiento de los precios, el encarecimiento del crédito también eleva el coste de las nuevas emisiones de bonos, tanto para los Estados como para las empresas. El aumento del endeudamiento, sin embargo, ya no afecta únicamente a los países que generan mayores dudas entre los inversores. Tras la pandemia, la proporción de deuda sobre el PIB comenzó a reducirse en el conjunto de la Unión Europea, una tendencia que ni siquiera se interrumpió con la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. No obstante, aquel conflicto desencadenó una transformación del escenario geopolítico internacional que se ha intensificado con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde entonces, numerosos países europeos han incrementado sus presupuestos de defensa y, en varios casos, han recurrido a un mayor endeudamiento para financiar ese esfuerzo. Esta evolución resulta especialmente visible en los Estados más próximos a Rusia. Polonia, que tradicionalmente ha mantenido un compromiso con la disciplina fiscal, ha visto aumentar su deuda pública pese al fuerte crecimiento de su economía. A comienzos de 2023, el endeudamiento equivalía al 48,8% del PIB; tres años y medio después, la proporción había subido al 64,5%. Actualmente, el país es el miembro de la OTAN que destina una mayor proporción de su economía a defensa y seguridad, con un gasto que se aproxima al 5% del PIB. Una trayectoria similar, aunque con cifras diferentes, se observa en Estonia, Letonia y Lituania, las tres repúblicas bálticas, así como en Rumanía. Alemania también figura entre los países que han aumentado su endeudamiento, aunque en su caso el fenómeno responde a una combinación de factores. Al incremento del gasto militar se suma la crisis económica que atraviesa la principal potencia europea desde el final de la pandemia, agravada por la creciente competencia de China en los sectores de alta tecnología.

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(El Economista, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación presiona a los hogares: su tasa de ahorro bajará en 2027 y 2028

La persistencia de la inflación está modificando los hábitos de consumo y ahorro de los hogares españoles. Cada vez más familias recurren a parte del dinero que habían reservado para mantener su nivel de gasto, una tendencia que se refleja en el descenso gradual de la tasa de ahorro. Las previsiones de Funcas apuntan a que este indicador bajará del 10,9% de la renta bruta disponible previsto para este año al 9,9% en 2028. El Banco de España señala en sus últimas proyecciones macroeconómicas, publicadas en octubre, que la tasa de ahorro de los hogares se situó en el 11% durante el segundo trimestre. Aunque continúa por encima de su media histórica, el indicador mantiene una trayectoria descendente desde hace aproximadamente dos años. No obstante, el organismo considera que estos niveles todavía permiten a las familias amortiguar las consecuencias de las subidas de los precios y de los tipos de interés sobre su renta real disponible. Los datos de BBVA Research muestran que en 2024 un hogar medio español destinaba al ahorro el 19% de sus ingresos, aunque existen diferencias importantes entre familias en función de sus circunstancias económicas y otros factores. Funcas prevé que el ahorro seguirá reduciéndose porque el gasto de los hogares crecerá ligeramente por encima de sus ingresos, en línea con lo observado durante los últimos trimestres. La institución advierte de que cualquier desviación significativa respecto a esta evolución, tanto al alza como a la baja, podría tener consecuencias relevantes para la actividad económica. Los efectos de la inflación sobre la capacidad de ahorro también preocupan al Instituto de Estudios Económicos (IEE), que ya advirtió antes del verano de que los hogares con menores ingresos son los que recurren en mayor medida a sus reservas económicas para mantener el consumo. Pese a estas dificultades, el gasto de los hogares conserva su dinamismo. Las previsiones apuntan a un crecimiento del consumo privado del 3% este año, una tasa similar al 3,1% registrado en 2025. Sin embargo, los analistas de Funcas consideran que el encarecimiento de los bienes y servicios limitará la capacidad de compra de numerosas familias y anticipan que el consumo avanzará a un ritmo inferior al observado entre 2023 y 2025. La tendencia a reducir el ahorro no se limita a España, sino que también se observa en otras economías europeas, afectadas igualmente por las presiones inflacionistas. No obstante, el diferencial de precios respecto a la Unión Europea continúa siendo significativo. Según el índice armonizado, la inflación española superó en 1,2 puntos porcentuales la media comunitaria en septiembre, frente a una diferencia de 1,3 puntos en agosto. En la zona euro, la tasa de ahorro bruto se situó en el 14,4% durante el segundo trimestre de 2026, dos décimas menos que en los tres primeros meses del año, según los datos publicados por el Banco Central Europeo a comienzos de octubre. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que el consumo privado mantenga su fortaleza gracias a la resistencia del mercado laboral y a una moderada reducción del ahorro de las familias. Las previsiones de Funcas también anticipan un descenso del ahorro nacional, medido como porcentaje del producto interior bruto (PIB). Tras cerrar 2025 en el 25%, su nivel más elevado hasta la fecha, se espera que este indicador baje al 24,1% en 2026 y se mantenga prácticamente estable en 2027, con un 24%. Para 2028, la previsión apunta a una nueva caída, hasta el 23,6%. En cuanto al destino de los ahorros, las cuentas bancarias continúan siendo la opción preferida por los españoles. La Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España revela que el 68% de las reservas económicas se canaliza hacia cuentas bancarias, debido a la facilidad de gestión y a la disponibilidad inmediata del dinero. Otras alternativas son las cuentas remuneradas, los planes de pensiones, los fondos de inversión y las acciones, productos cuyo atractivo puede aumentar en un contexto de tipos de interés más elevados. La encuesta, realizada en 2021, cuando el ahorro todavía se encontraba en niveles elevados por los efectos de la pandemia, también refleja que el 40% de los participantes afirmaba guardar parte de sus reservas en efectivo, presumiblemente en sus domicilios. Las diferencias por nivel de ingresos también se manifiestan en las preferencias de inversión para la jubilación. Mientras que el 3% de las familias con rentas más bajas opta por los planes de pensiones, este porcentaje asciende al 22% entre los hogares con ingresos elevados.

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(El Economista, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

San Basilio (CNMV) a los "fininfluencers": "No es lo mismo recomendar una inversión que un restaurante"

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) busca estrechar la colaboración con los creadores de contenido financiero, conocidos como fininfluencers, que han adquirido una creciente relevancia en las redes sociales por sus publicaciones sobre ahorro e inversión. Con este objetivo, el organismo celebró ayer la jornada «Fininfluencers, más allá del like», un encuentro que reunió a profesionales del sector para analizar las buenas prácticas y debatir cómo adaptar la regulación a esta actividad. El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, señaló que la transformación provocada por las plataformas digitales y la aparición de nuevos productos financieros, como los criptoactivos, exige una mayor responsabilidad por parte de quienes divulgan información sobre inversiones. En este sentido, recordó que los creadores deben cumplir las obligaciones normativas que correspondan al tipo de actividad que desarrollan, especialmente en un contexto en el que la inteligencia artificial acelera tanto la elaboración de contenidos como su difusión. San Basilio defendió la necesidad de que el supervisor y los divulgadores trabajen conjuntamente para combatir las prácticas inadecuadas, ya que estas perjudican a los inversores y deterioran la confianza en los mercados financieros. Esta colaboración cobra especial importancia en un momento en el que las instituciones europeas buscan fomentar la participación de los pequeños inversores y facilitar que puedan obtener una mayor rentabilidad de sus ahorros. El presidente de la CNMV destacó también el potencial de los creadores de contenido para mejorar la educación financiera de públicos a los que los canales institucionales no siempre consiguen llegar. No obstante, advirtió de que las recomendaciones sobre inversiones pueden tener consecuencias económicas importantes y requieren una responsabilidad mayor que otras sugerencias habituales en las redes sociales, como las relacionadas con restaurantes o actividades de ocio. Para orientar a los divulgadores, la CNMV ha publicado una guía con pautas para elaborar contenidos financieros de forma responsable y ajustada a la normativa. El organismo también ha preparado otro documento dirigido a los inversores, con el propósito de ayudarles a identificar los distintos tipos de mensajes que circulan por las redes sociales y reconocer aquellos que pueden perseguir la captación de clientes o la promoción de determinados productos. Durante el encuentro, los propios creadores señalaron que todavía existen dudas sobre dónde termina la divulgación financiera y dónde comienza una recomendación de inversión sujeta a requisitos específicos. Pablo Gil, divulgador financiero, pidió al supervisor que adopte una actitud más cercana y participativa, en lugar de limitarse a ejercer una función de vigilancia, y que tenga una mayor presencia en los encuentros del sector. Natalia de Santiago defendió que establecer requisitos mínimos de formación para los creadores resulta complejo, puesto que la audiencia también valora la capacidad de comunicación y la naturalidad. Javier del Valle coincidió en la importancia de la divulgación y subrayó que, especialmente entre los jóvenes, el objetivo no debería ser únicamente desaconsejar productos de riesgo, como los criptoactivos, sino explicar sus características y las posibles pérdidas asociadas. De este modo, los inversores podrían comenzar interesándose por activos más arriesgados y adquirir progresivamente conocimientos para tomar decisiones más prudentes. La identificación de los creadores que cumplen con las obligaciones legales constituye otro de los retos. Sergio Barreda, representante de la Asociación Profesional de Influencia Digital de España (Apide), recordó que cualquier persona con un teléfono móvil puede publicar contenidos y conseguir seguidores, lo que dificulta establecer mecanismos de control efectivos. Como posible solución, planteó reforzar la colaboración con las agencias de marketing para garantizar que los contenidos, especialmente los patrocinados por marcas, respeten las exigencias aplicables. Por su parte, Cristóbal Gázquez, presidente de la Unión Española de Creadores, alertó de los riesgos que plantea la inteligencia artificial, que puede facilitar la difusión de engaños y perjudicar la confianza de los usuarios en la información financiera. Juan Arribas, subdirector de asesoría jurídica de Autocontrol, anunció además el desarrollo de un curso de certificación dirigido a creadores de contenido que promocionan productos financieros, con el objetivo de mejorar sus conocimientos sobre las normas aplicables a la publicidad en este ámbito.

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(Cinco Días, 22-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca afronta una factura millonaria al tener que devolver el dinero a sus clientes víctimas de fraude

La justicia europea ha zanjado la disputa entre los bancos y los clientes víctimas de fraudes bancarios al establecer que las entidades deben devolver el dinero de las operaciones no autorizadas incluso cuando el usuario haya incurrido en una negligencia grave. Así lo determina una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que impide a los bancos utilizar directamente este argumento para rechazar el reembolso. Si consideran que el cliente actuó de forma gravemente negligente, deberán devolver primero el importe y reclamarlo después, acreditando las circunstancias que justifiquen esa petición. La resolución puede tener importantes consecuencias económicas para el sector financiero, tanto por los nuevos casos de fraude como por las reclamaciones anteriores que todavía puedan ejercitarse. Según los últimos datos del Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Banco de España, las estafas bancarias alcanzaron los 4.200 millones de euros en el Espacio Económico Europeo en 2024, de los que más de 300 millones correspondieron a España. Fuentes del sector financiero estiman que las reclamaciones que podrían plantearse en España por operaciones de los últimos cinco años podrían acercarse a los 1.000 millones de euros. Aunque esta cifra quedaría por debajo de los 2.300 millones abonados por las entidades a raíz de las reclamaciones por las cláusulas suelo, el impacto sobre sus cuentas podría ser considerable. Desde el sector advierten de que las devoluciones afectan directamente al resultado de los bancos y obligan a restituir los fondos con rapidez. Hasta ahora, las entidades financieras habían recurrido con frecuencia a la negligencia del usuario para eludir su responsabilidad. Según los datos disponibles, los clientes asumían aproximadamente el 80% de las pérdidas derivadas de los fraudes mediante transferencias. En las operaciones con tarjetas, los bancos soportaban cerca del 60% de los importes defraudados, mientras que en las retiradas de efectivo la distribución de las pérdidas se encontraba prácticamente equilibrada. El informe del BCE y la EBA correspondiente a 2024 sitúa las transferencias como el principal instrumento utilizado en las estafas, con 153 millones de euros defraudados en España, seguidas de las operaciones con tarjetas, con 141 millones, y las retiradas de efectivo, con 17 millones. El resto de las pérdidas se distribuyó entre domiciliaciones bancarias y operaciones con dinero electrónico. En el conjunto del Espacio Económico Europeo, el importe total de los fraudes aumentó un 17% respecto al año anterior, hasta los 4.200 millones de euros. Las transferencias representaron el 61% del total y las tarjetas, el 31%. Los usuarios soportaron cerca de 2.500 millones de euros en pérdidas, frente a los 830 millones asumidos por las entidades financieras y los 450 millones atribuidos a otros participantes, principalmente plataformas tecnológicas. La sentencia establece un criterio relevante para la gestión de estas reclamaciones: cuando una operación no ha sido autorizada por el cliente, el banco debe proceder al reembolso sin demora, sin que la posible negligencia grave del usuario permita denegarlo de entrada. Si la entidad considera que existen motivos para atribuirle responsabilidad, deberá acreditar las circunstancias correspondientes y reclamar posteriormente las cantidades que procedan. La decisión llega en un contexto de creciente sofisticación de las estafas digitales. El Banco de España señala que el importe medio de las transferencias fraudulentas aumentó un 42% durante el primer semestre de 2025, hasta alcanzar los 2.347 euros por operación, según su memoria de supervisión. Ante esta situación, las entidades financieras han intensificado las campañas de prevención dirigidas a sus clientes. Los bancos insisten en la necesidad de proteger las claves, no compartir códigos de autenticación y desconfiar de los enlaces recibidos por mensajes o correos electrónicos. Sin embargo, algunas fuentes del sector consideran que estas comunicaciones también buscan delimitar la responsabilidad de las entidades ante el nuevo escenario jurídico. Los plazos para reclamar resultan determinantes. El cliente dispone de 13 meses desde la fecha del cargo para comunicar una operación no autorizada. Una vez presentada la reclamación, la entidad tiene 15 días hábiles para responder. Tras esa respuesta, el usuario cuenta con un año para acudir al Banco de España, mientras que la posibilidad de emprender acciones judiciales está sujeta, con carácter general y según la acción ejercitada, a un plazo de prescripción de cinco años. Carol Rodríguez, directora de Regulación Financiera de finReg360, explica que el pronunciamiento europeo refuerza las reclamaciones que todavía se encuentran dentro de los plazos legales, aunque no permite reabrir automáticamente los procedimientos que ya han adquirido firmeza. Por tanto, los clientes a quienes se denegó el reembolso alegando una negligencia grave podrían volver a reclamar si su caso sigue siendo jurídicamente revisable. La sentencia del 15 de octubre resuelve el caso de una clienta de una entidad polaca que había anunciado la venta de un artículo en una plataforma de internet. Un estafador se hizo pasar por un comprador y le envió un enlace a una página que imitaba la web de su banco. La mujer introdujo sus credenciales de acceso y el delincuente transfirió unos 700 euros a una cuenta propia. Cuando la clienta comunicó el fraude al día siguiente, la entidad rechazó devolver el dinero al considerar que no había protegido adecuadamente sus instrumentos de pago ni impedido que una persona no autorizada accediera a ellos. Hasta ahora, argumentos similares habían servido a los bancos para denegar el reembolso en determinadas situaciones. La nueva interpretación del TJUE modifica este enfoque al separar la obligación inicial de devolver los fondos de la posibilidad de exigir responsabilidades al cliente con posterioridad. La experta de finReg360 recuerda que la negligencia grave ha sido uno de los motivos habituales empleados por las entidades y los proveedores de servicios de pago para rechazar las reclamaciones. También señala que el Tribunal Supremo español ya había establecido que corresponde a los bancos demostrar esa negligencia y que el mero uso de las credenciales del cliente o de mecanismos de autenticación reforzada no constituye, por sí solo, una prueba suficiente. Con este pronunciamiento, la justicia europea refuerza la protección de los usuarios frente a las operaciones bancarias no autorizadas y obliga a las entidades a asumir inicialmente el coste del reembolso, sin perjuicio de que puedan reclamar posteriormente al cliente cuando acrediten que concurren los requisitos legales para hacerlo.

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(Expansión, 22-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El plan de vivienda de Feijóo: rebajas fiscales, Ley del Suelo y "desokupaciones" exprés

La crisis de la vivienda, que ha motivado la convocatoria anticipada de elecciones generales, se perfila como uno de los asuntos centrales de la campaña. Frente a las iniciativas del PSOE, plasmadas en los dos decretos aprobados por Pedro Sánchez tras la disolución de las Cortes, el presidente del PP y candidato a los comicios del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, detalló ayer algunas de las medidas que pretende impulsar si llega a la presidencia del Gobierno. Durante un acto celebrado en Sevilla junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Feijóo reafirmó su objetivo de construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura. Para alcanzar esa meta, se comprometió a aprobar en sus primeros cien días en La Moncloa la Ley del Suelo, una iniciativa que lleva años bloqueada en el Congreso de los Diputados y que, según el PP, permitiría acelerar las licencias y reducir la burocracia asociada a la construcción residencial. También planteó poner a disposición de nuevas promociones todo el suelo disponible, en un contexto en el que el déficit de viviendas aumenta en más de 100.000 unidades al año y podría superar el millón en 2028, de acuerdo con las últimas estimaciones del Banco de España. Feijóo defendió la necesidad de modificar las políticas de vivienda aplicadas por el actual Ejecutivo, a las que atribuyó la gravedad de la crisis habitacional. El líder popular sostuvo que cambiar el rumbo en esta materia constituye una de las prioridades más urgentes del país y afirmó que corregir la situación actual sería uno de los principales objetivos de un eventual Gobierno del PP. Para ello, anunció que buscará la colaboración de los presidentes autonómicos y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el fin de facilitar la liberación de terrenos destinados a nuevas promociones residenciales. El programa del PP también contempla incentivos fiscales dirigidos a los jóvenes que quieran adquirir su primera vivienda. En línea con los compromisos incluidos en el documento Contrato por España, presentado a principios de semana, Feijóo anunció que pretende poner en marcha lo que calificó como la mayor ayuda de la historia para este colectivo. Entre las medidas propuestas figuran avales de hasta el 100% del precio del inmueble y una reducción del 60% en el IVA y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para los compradores menores de 40 años. A estas iniciativas se sumaría la creación de una cuenta de ahorro específica para la adquisición de vivienda, cuyos rendimientos estarían exentos de tributación siempre que se destinasen a ese fin. Según los cálculos del Partido Popular, una persona menor de 40 años que compre una vivienda de 250.000 euros después de cinco años trabajando podría ahorrarse 25.000 euros en impuestos y necesitar 50.000 euros menos para formalizar su primera hipoteca. Otra de las propuestas anunciadas por Feijóo consiste en reformar la legislación para facilitar el desalojo de ocupantes ilegales en un plazo de 48 horas. El PP considera que esta medida contribuiría a incrementar la oferta de viviendas en alquiler al proporcionar mayor seguridad jurídica a los propietarios. El candidato popular argumentó que una mayor protección para los arrendadores favorecería la salida de más inmuebles al mercado y, con ello, podría contribuir a mejorar los precios para los inquilinos. La vivienda también centró el enfrentamiento entre los dos principales partidos durante la jornada. El director de campaña del PP, Miguel Tellado, envió una carta a la sede del PSOE en la calle Ferraz, dirigida a la responsable de estrategia socialista, María Jesús Montero, en la que solicitaba la celebración de un debate entre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario de Hacienda y Vivienda del PP, Juan Bravo. En el escrito, Tellado cuestionó irónicamente la responsabilidad de Montero en la gestión del Gobierno, recordando su etapa como vicepresidenta, y defendió que los socialistas debían explicar las políticas que Sánchez pretende mantener durante una nueva legislatura. Según fuentes de la dirección popular, una trabajadora del PSOE acudió a recoger la carta, pero finalmente rechazó recibirla. Desde Génova justificaron la petición del debate señalando que la vivienda había sido uno de los argumentos utilizados por Sánchez para convocar las elecciones y que el PP estaba dispuesto a confrontar sus propuestas con las del Ejecutivo. No obstante, la discusión sobre las políticas residenciales podría terminar abordándose en el debate electoral previsto entre Feijóo y Sánchez.

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(Expansión, 22-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Basilea se impone a los bancos y fuerza cambios para evitar que maquillen sus datos

El Comité de Basilea mantiene su postura y considera que existen pruebas de que algunas entidades bancarias manipulan sus cifras para aparentar un menor tamaño y reducir las exigencias regulatorias que deben cumplir. Para frenar esta práctica, ha aprobado nuevas directrices que detallan cómo deben calcularse determinados indicadores, pese a la oposición generalizada del sector financiero. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, responsable de establecer los estándares internacionales de regulación bancaria, lleva años cuestionando la transparencia de las entidades a la hora de presentar sus datos. Una de sus principales preocupaciones se centra en los indicadores utilizados para determinar qué bancos forman parte de la lista de las 30 entidades consideradas de importancia sistémica mundial, es decir, aquellas cuya quiebra podría tener graves consecuencias para el sistema financiero. Santander es el único banco español incluido en este grupo. El organismo sostiene ahora que dispone de «pruebas que indicaban que algunos bancos adoptan medidas para reducir temporalmente los valores de determinados indicadores al cierre del ejercicio, lo que da lugar a una subestimación de su importancia sistémica». Esta práctica, conocida en el ámbito financiero como window dressing, consiste en presentar una imagen más favorable de la situación de una entidad mediante ajustes temporales en sus cifras. Basilea considera que este comportamiento resulta inaceptable, ya que, según advierte, «socava los objetivos políticos previstos en las normas del Comité y pone en riesgo el buen funcionamiento de los mercados financieros». La cuestión es relevante porque la clasificación como entidad de importancia sistémica mundial, conocida por las siglas G-SIB, implica la obligación de mantener recursos adicionales y cumplir requisitos regulatorios más exigentes. Además, existen diferentes niveles dentro de esta categoría, de manera que los bancos considerados más arriesgados deben asumir mayores exigencias para reducir el peligro que representan para la estabilidad financiera. Hasta ahora, las entidades podían reducir temporalmente sus exposiciones al aproximarse el cierre del año, fecha de referencia para calcular los indicadores, y recuperar después sus niveles habituales. De este modo, conseguían aparentar una importancia sistémica inferior a la real. Un informe publicado por el Banco Central Europeo en 2024 señalaba que esta práctica podía permitir a los bancos reducir hasta un 15% la valoración de su riesgo sistémico. Las nuevas normas de Basilea pretenden cerrar esta vía mediante la modificación de los criterios de medición. Las entidades de mayor tamaño, aquellas que pertenecen o han pertenecido al grupo de bancos sistémicos o que se encuentran cerca de alcanzar esa condición, deberán facilitar datos correspondientes a los cierres trimestrales, mensuales e incluso diarios en determinados casos. Con ello, se busca impedir que las entidades puedan alterar temporalmente sus cifras para mejorar su clasificación. Para el resto de los bancos, bastará con realizar mediciones trimestrales en todas las categorías. Este criterio supone una concesión al sector, ya que la propuesta inicial del Comité contemplaba la obligación de efectuar mediciones diarias para todas las entidades. El organismo internacional afirma que ha intentado compatibilizar la lucha contra estas prácticas con la necesidad de evitar una carga informativa desproporcionada. Según explica, ha valorado las ventajas de aplicar controles más específicos frente a la posibilidad de imponer una metodología uniforme a todos los bancos. La decisión supone una respuesta a las críticas planteadas por la industria financiera durante el proceso de elaboración de la normativa. En 2024, un escrito conjunto respaldado por asociaciones bancarias que representaban a más de un millar de entidades de alrededor de un centenar de países rechazó las acusaciones de malas prácticas y cuestionó que Basilea dispusiera de pruebas suficientes para justificar los cambios. El Comité también ha introducido una modificación favorable para el sector al elevar de 200.000 millones a 350.000 millones de euros el umbral que determina qué entidades deben comunicar sus datos conforme a los criterios establecidos para evaluar su importancia sistémica. La ratio de apalancamiento seguirá siendo la referencia para determinar la aplicación de esta obligación. El calendario de aplicación contempla dos plazos diferentes. El nuevo umbral comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027, mientras que el resto de las modificaciones regulatorias no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2030.

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(La Vanguardia, 22-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Fedea advierte de que los créditos públicos para la entrada de la primera vivienda pueden encarecer más los precios

Los créditos públicos sin intereses que permiten financiar hasta el 20% de la entrada para comprar la primera vivienda habitual podrían contribuir a elevar aún más los precios, según advierte la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un informe publicado este miércoles. El estudio examina los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno en una segunda ronda de medidas, que se someterán a convalidación en la Diputación Permanente del Congreso la semana de la huelga general del 11 de noviembre. Los autores concluyen que algunas de las iniciativas pueden perjudicar a determinados colectivos en un mercado que ya presenta importantes dificultades de acceso. El informe, elaborado por los economistas Fernando Pinto Hernández y Santiago Calvo, identifica quiénes podrían beneficiarse de las nuevas medidas y quiénes podrían salir perjudicados, tanto en materia de alquiler como de fiscalidad y compra de vivienda. Sobre el programa conocido como «Tu Casa», que ofrece préstamos al 0% para financiar la entrada de una vivienda, Fedea advierte de que, al impulsar la demanda en un mercado con una oferta limitada, buena parte de la ayuda podría trasladarse a los precios. Además, las viviendas adquiridas mediante este mecanismo quedarían sujetas de forma permanente a un precio máximo de reventa actualizado conforme al IPC. Esto supondría renunciar a la revalorización futura de todo el inmueble y, según los autores, podría llevar a los compradores a decantarse por zonas con menores perspectivas de apreciación. La fundación considera que las medidas del Ejecutivo no resuelven el principal problema estructural del mercado inmobiliario: la escasez de viviendas disponibles en las zonas donde se concentra la demanda. Aunque el decreto incorpora instrumentos para facilitar la financiación de nuevas promociones, sus efectos no serían inmediatos. Tampoco aborda los obstáculos que ralentizan la conversión del suelo en viviendas, como los trámites urbanísticos, los prolongados plazos administrativos y la falta de suelo urbanizado en las áreas con mayor presión residencial. Fedea recuerda que España acumula un déficit estimado de 750.000 viviendas, según el Banco de España. La diferencia entre la creación de hogares y la construcción de inmuebles también evidencia el desequilibrio: en 2025 se formaron alrededor de 240.000 hogares netos, frente a unas 92.000 viviendas terminadas. Para los autores, reforzar la protección de quienes ya disponen de una vivienda no basta para solucionar las dificultades de quienes intentan acceder por primera vez al mercado. El informe también cuestiona los incentivos fiscales previstos para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler. En concreto, critica que las rebajas del IRPF dependan de determinados tramos de reducción de la renta inicial, una fórmula que podría generar diferencias fiscales desproporcionadas y condicionar las decisiones de los arrendadores. Entre los posibles efectos, señala que algunos propietarios podrían optar por congelar el alquiler o reducirlo más de un 5% para beneficiarse de una deducción superior. Los economistas advierten, además, de que las desgravaciones fiscales para los inquilinos pueden estimular la demanda, pero no contribuyen directamente a incrementar la oferta de viviendas. En conjunto, Fedea alerta de que parte de los recursos públicos destinados a facilitar el acceso a la vivienda podría terminar beneficiando también a propietarios y vendedores, sin solucionar de manera estructural el problema de la asequibilidad. El análisis es especialmente crítico con el decreto que modifica la duración de los contratos de alquiler, establece prórrogas sucesivas obligatorias para el arrendador -de cinco años cuando es una persona física y de siete cuando se trata de una persona jurídica- y contempla indemnizaciones de al menos doce mensualidades en determinados casos de no renovación. La norma ya está en vigor, aunque no cuenta con los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso. Según los autores, estas obligaciones pueden desincentivar la puesta de viviendas en alquiler y favorecer que algunos propietarios opten por venderlas o destinarlas a otras modalidades de arrendamiento. El impacto podría ser especialmente relevante entre los pequeños arrendadores, ya que, de acuerdo con los datos del Banco de España citados en el informe, el 76,1% de los particulares que alquilan una vivienda solo dispone de un inmueble destinado a este fin. Pinto y Calvo consideran que la norma puede ofrecer mayor protección y seguridad a los inquilinos que ya tienen un contrato, pero también dificultar el acceso a quienes buscan una vivienda de alquiler, al reducir potencialmente la oferta disponible. No obstante, Fedea reconoce que algunas medidas del primer paquete de iniciativas pueden tener efectos positivos a corto plazo. El programa «Tu Casa», por ejemplo, podría aliviar el coste financiero inicial de los hogares que quieren comprar una vivienda y ayudarles a superar una de las principales barreras para acceder a la financiación privada. Asimismo, la fundación considera necesarias las ayudas dirigidas a promotores y constructores para ampliar el parque inmobiliario. También destaca la importancia de proteger a los inquilinos vulnerables para evitar situaciones de desahucio como la de Maricarmen.

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(El Economista, 22-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo admite la exoneración de deudas con ayuntamientos y diputaciones en los concursos de acreedores

Los créditos públicos de las administraciones locales y provinciales pueden acogerse a la exoneración de deudas en los procedimientos concursales de personas físicas, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia del 5 de octubre de 2026. El magistrado Sancho Gargallo, ponente de la resolución, establece que las deudas contraídas con las administraciones locales pueden beneficiarse del mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho en los concursos de personas físicas. El fallo se apoya en la interpretación de la normativa europea sobre insolvencia y en la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo. La regulación europea permite que los Estados miembros establezcan excepciones a la exoneración de determinadas deudas, pero exige que la exclusión de cualquier categoría de crédito esté respaldada por una justificación suficiente en el ordenamiento jurídico nacional. En este caso, el alto tribunal considera que no existe una razón que justifique excluir los créditos públicos de titularidad local del beneficio de la exoneración. Asimismo, señala que los créditos públicos subordinados tampoco cuentan con una justificación válida para quedar excluidos, por lo que deben ser exonerados íntegramente. En cuanto al resto de los créditos de derecho público, la sentencia precisa que los límites de exoneración se aplican de forma individualizada a cada acreedor público, con independencia de la administración u organismo que gestione su recaudación. De este modo, pueden exonerarse íntegramente hasta 5.000 euros y, para las cantidades que superen ese importe, hasta un máximo de 10.000 euros con una exoneración del 50%. El litigio tiene su origen en el concurso sin masa de un matrimonio de deudores tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Valencia. Durante el procedimiento, la Diputación Provincial de Valencia presentó una demanda incidental de oposición para solicitar que sus créditos certificados quedaran excluidos de la exoneración. Tanto el juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial rechazaron la petición de los deudores, basándose en el artículo 489 del texto refundido de la Ley Concursal. Finalmente, el matrimonio interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en el que alegó la vulneración de los artículos 14 y 24 de la Constitución española.

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