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(El País, 10-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa solo ha aplicado el 16% de las reformas del informe Draghi dos años después de su presentación

Dos años después de que Mario Draghi presentara su ambicioso plan para recuperar la competitividad de la economía europea, apenas el 16% de sus propuestas se ha aplicado completamente. El análisis elaborado por el Banco de España a partir de los datos del Draghi Observatory muestra que la mayoría de las 176 medidas planteadas por el expresidente del BCE siguen pendientes, en desarrollo o se han ejecutado solo parcialmente. El estudio, elaborado por el investigador Luis Díez Catalán, señala que menos de 30 de las recomendaciones han llegado a aplicarse en su totalidad en el ámbito comunitario. Otro 26% se encuentra parcialmente ejecutado, mientras que una parte importante permanece bloqueada. De hecho, el 42% de las propuestas cuenta con respaldo político por parte de los dirigentes europeos, pero todavía carece de la normativa, los reglamentos o los instrumentos necesarios para trasladarlas a la práctica. A ello se suman alrededor de 30 iniciativas sobre las que ni siquiera se había producido un pronunciamiento oficial hasta julio de este año. El diagnóstico apunta así a una importante distancia entre los compromisos políticos y los resultados efectivos. El análisis del Banco de España considera que esta brecha refleja las dificultades habituales para alcanzar acuerdos y coordinar políticas entre los distintos Estados miembros. En otras palabras, en la Unión Europea sigue existiendo una diferencia significativa entre la voluntad expresada por sus instituciones y la capacidad para convertirla en reformas concretas. La falta de avances tampoco parece explicarse principalmente por la ausencia de financiación. Algo más de la mitad de las aproximadamente 170 recomendaciones sectoriales planteadas por Draghi no requieren recursos públicos adicionales para su puesta en marcha. El ejemplo más evidente se encuentra en la simplificación normativa y la reducción de las cargas administrativas para las empresas: el 92% de las medidas propuestas en este ámbito no implicaría un desembolso presupuestario. El principal obstáculo estaría, por tanto, en la complejidad de los procedimientos y en la dificultad para alcanzar consensos sobre los cambios regulatorios. El grado de ejecución también varía considerablemente entre sectores y está condicionado por las prioridades inmediatas de los gobiernos europeos. La defensa constituye uno de los ejemplos más claros. La guerra de Rusia contra Ucrania, la escalada de las tensiones en Oriente Próximo y el distanciamiento de Estados Unidos respecto a sus compromisos tradicionales con la OTAN han elevado la presión para reforzar la capacidad militar europea. En 2024, avanzar hacia una defensa común se consideraba una de las reformas más difíciles debido a la reticencia de los Estados miembros a ceder competencias en materia militar. Sin embargo, el nuevo escenario geopolítico ha acelerado los acuerdos. Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, el porcentaje de propuestas relacionadas con la defensa que se habían aplicado total o parcialmente pasó del 22% al 53%, convirtiendo este ámbito en el que más avances legislativos ha registrado dentro de la agenda de Draghi. La situación es radicalmente distinta en el ámbito energético. Draghi situó la energía, junto con el acceso a materias primas críticas, entre las áreas con mayor potencial transformador para la economía europea, debido a su influencia sobre los costes de la industria, la descarbonización y la seguridad estratégica de la Unión. Pese a ello, apenas el 1% de las propuestas energéticas se ha aplicado total o parcialmente, lo que convierte a este sector en el principal ejemplo de la lentitud con la que avanza el programa de reformas. Estos resultados contrastan con el balance más favorable que ofrecía Bruselas durante el primer año posterior a la publicación del informe. En aquel momento, la Comisión Europea contabilizaba 33 iniciativas adoptadas y 14 propuestas legislativas, además de anunciar la movilización de más de un billón de euros destinados a innovación, tecnologías limpias y seguridad. Entre las partidas anunciadas figuraban 200.000 millones de euros para inteligencia artificial, 150.000 millones para el programa de defensa SAFE y más de 100.000 millones para el Pacto Industrial Limpio. Para este segundo aniversario todavía no existe un balance oficial de la Comisión Europea. No obstante, un informe publicado a comienzos de año por el servicio de estudios del Parlamento Europeo ya advertía de que, aunque las instituciones comunitarias habían incorporado buena parte del diagnóstico de Draghi a su agenda, la magnitud de las reformas ejecutadas estaba muy por debajo de la ambición inicial del plan. La lentitud en la aplicación de las recomendaciones ha llevado incluso al propio Draghi a buscar vías alternativas a los mecanismos habituales de Bruselas. A finales de agosto impulsó el denominado Rhine Group, un grupo de trabajo concebido como un nuevo canal de interlocución con la Comisión Europea y los gobiernos nacionales. Su objetivo es precisamente acelerar la puesta en marcha de las reformas necesarias para mejorar la competitividad europea. El balance de estos dos años deja así una conclusión clara: el problema de Europa no parece residir tanto en la falta de diagnóstico como en su capacidad para ejecutar las soluciones identificadas. El plan de Draghi puso sobre la mesa la necesidad de aumentar la inversión, reducir la brecha tecnológica y recuperar productividad frente a Estados Unidos y China, pero la lentitud legislativa y la dificultad para coordinar a los Estados miembros siguen frenando buena parte de esa agenda.

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(El País, 10-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas plantea límites a los alquileres vacacionales en las zonas tensionadas para mejorar el acceso a la vivienda

La Comisión Europea quiere dotar a las autoridades nacionales, regionales y locales de un marco común para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda que afecta a numerosas ciudades europeas. Entre las medidas planteadas, Bruselas señala el auge de los alquileres de corta duración a través de plataformas digitales como Airbnb o Booking como uno de los factores que están contribuyendo al encarecimiento de la vivienda y propone que puedan establecerse restricciones, siempre que sean proporcionales y tengan carácter temporal. La decisión de aplicar estos límites corresponderá a cada país, región o municipio. El objetivo de la Comisión es proporcionar a las administraciones un conjunto de criterios comunes que les permita identificar las zonas con problemas de acceso a la vivienda y actuar sobre ellas, al tiempo que se intenta aportar mayor seguridad jurídica ante la creciente judicialización de las medidas adoptadas por distintas ciudades europeas. El reglamento inicia ahora su tramitación en el Parlamento Europeo y en el Consejo de la UE, por lo que todavía deberá superar el proceso legislativo comunitario. Además, sus disposiciones se aplicarán a las medidas que se adopten una vez entre en vigor, sin afectar a las restricciones aprobadas con anterioridad. De esta manera, Bruselas no pretende invalidar las políticas que ya han puesto en marcha ciudades y territorios como Barcelona, Chamonix, Baviera o Países Bajos, algunos de los cuales han establecido limitaciones más estrictas que las contempladas en el nuevo marco europeo. Tampoco supone, según fuentes comunitarias, un respaldo automático a esas medidas anteriores. El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha defendido que Bruselas no pretende prohibir los alquileres turísticos por principio, pero considera necesario actuar allí donde su expansión esté agravando las dificultades para encontrar una vivienda. Según ha explicado, alcaldes, representantes locales, parlamentarios y ministros de distintos países han trasladado a la Comisión durante los últimos meses su preocupación por el impacto de esta actividad sobre los precios. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha destacado que la iniciativa crea por primera vez un marco europeo de referencia para respaldar a las administraciones que quieran actuar frente a la crisis residencial. El objetivo es ofrecer criterios comunes y compartir recomendaciones y buenas prácticas en materia de vivienda, una demanda que, según Ribera, han planteado responsables municipales de diferentes países y orientaciones políticas. La propuesta constituye además el segundo paquete de medidas impulsado por Bruselas para afrontar el problema de la vivienda. El año pasado, la Comisión ya flexibilizó el uso de determinados fondos europeos para facilitar que los Estados y las administraciones pudieran dedicar más recursos a políticas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda. El nuevo reglamento establece también las condiciones que deberían cumplirse para declarar una determinada zona como tensionada y poder aplicar restricciones. Uno de los principales criterios establece que el precio medio de una vivienda debe representar al menos ocho años de la renta disponible por habitante de esa zona. Además, esta relación entre precios inmobiliarios e ingresos debe haber aumentado durante los diez años anteriores. Bruselas contempla, no obstante, una vía alternativa cuando el desequilibrio sea especialmente elevado. En estos casos, una zona podría quedar incluida en el marco europeo cuando el precio medio de la vivienda alcance o supere diez veces la renta disponible per cápita, sin necesidad de cumplir el resto de criterios. Estos indicadores deberán revisarse cada cinco años. Además, las autoridades que quieran aplicar el nuevo marco tendrán que justificar que la situación de tensión difícilmente se corregirá por sí sola durante los tres años siguientes. Para ello deberán apoyarse en datos sobre la evolución demográfica y en el comportamiento de la oferta y la demanda de vivienda. Con esta propuesta, Bruselas busca establecer unas reglas comunes que permitan a los gobiernos y ayuntamientos intervenir en los mercados residenciales cuando exista un desequilibrio significativo, al tiempo que pretende reducir la inseguridad jurídica que ha acompañado a algunas de las restricciones aprobadas hasta ahora.

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(El País, 10-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas aprueba la norma que da preferencia a empresas europeas en sectores críticos

La geopolítica se ha convertido también en un factor determinante para las decisiones económicas que se adoptan en Bruselas. Una muestra de ello es la nueva regulación planteada por la Comisión Europea para favorecer los productos y servicios fabricados en Europa en los procesos de contratación pública, especialmente en sectores considerados estratégicos, como la energía, el transporte o el agua. La iniciativa persigue un doble objetivo: reforzar la posición de las empresas europeas frente a la competencia internacional y, sobre todo, mejorar la seguridad económica de la Unión reduciendo su dependencia de potencias como China. La propuesta permitiría a las administraciones públicas, tanto nacionales como regionales y locales, introducir ventajas en los concursos para las ofertas procedentes de empresas europeas. También contempla la posibilidad de excluir a compañías de terceros países que no ofrezcan condiciones equivalentes a las empresas comunitarias. Las medidas se centran especialmente en ámbitos considerados críticos, entre ellos la energía, la sanidad, el agua, el transporte, la construcción naval, el material ferroviario y las industrias relacionadas con productos de doble uso, tanto civil como militar. En principio, los Estados miembros no estarían obligados a aplicar estas restricciones, aunque la propuesta abre la posibilidad de utilizarlas. Además, la Comisión Europea se reserva la capacidad de plantear al Consejo de la UE que determinadas disposiciones pasen a tener carácter obligatorio. La iniciativa sigue una línea similar a la del reglamento de aceleración industrial presentado meses atrás y supone un nuevo paso hacia una política económica europea más orientada a proteger sus capacidades estratégicas. El reglamento establece como referencia los denominados países cubiertos, entre los que se encuentran aquellos que han suscrito con la Unión Europea acuerdos comerciales que incluyen disposiciones sobre contratación pública, así como los Estados adheridos al acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en esta materia. En este último grupo figuran los 27 países de la UE y otros Estados como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia o Suiza. El objetivo es aplicar el principio de reciprocidad, de modo que las empresas europeas reciban un trato equivalente al que obtienen las compañías de aquellos países que permiten a las empresas comunitarias acceder a sus concursos públicos. Sin embargo, el aumento de las políticas proteccionistas a escala internacional ha llevado a Bruselas a contemplar también la posibilidad de retirar esta consideración a aquellos países que no respeten efectivamente ese principio de reciprocidad. La propuesta también modifica el peso que tendrán los distintos criterios en los concursos públicos. El planteamiento establece que al menos un 30% de la valoración corresponda a criterios de calidad, aunque este porcentaje podría elevarse hasta el 50%. Desde Bruselas señalan que numerosos concursos ya aplican actualmente criterios similares, por lo que la novedad no radicaría tanto en introducir una práctica completamente nueva como en dotarla de una mayor seguridad jurídica. Con ello se pretende proteger a las administraciones que recurran a estos criterios frente a posibles impugnaciones o litigios. Aunque China no aparece mencionada expresamente en el texto, el diseño de la regulación dificulta su acceso al mercado europeo de contratación pública. La razón es que, pese a formar parte de la OMC, el país asiático no ha firmado el acuerdo específico sobre contratación pública y tampoco dispone de un acuerdo bilateral con la Unión Europea en este ámbito. Por tanto, las nuevas reglas podrían afectar especialmente a las empresas chinas sin necesidad de identificarlas directamente. La contratación pública representa una herramienta de gran relevancia dentro de la política económica, ya que permite a las administraciones actuar directamente sobre los mercados mediante sus decisiones de compra e inversión. La propia Comisión Europea destaca el peso de esta actividad, que representa aproximadamente el 15% del PIB comunitario, con un volumen cercano a los 2,6 billones de euros. De este modo, Bruselas pretende utilizar una parte significativa de ese poder de compra para impulsar objetivos económicos y estratégicos más amplios, como el fortalecimiento de una economía europea competitiva, resistente y sostenible, al tiempo que reduce las dependencias externas en sectores considerados esenciales para la seguridad económica de la Unión.

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(La Vanguardia, 10-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España es el país que más crece en compra de marca blanca en Europa

España se ha convertido en el país europeo donde más rápido está creciendo la marca blanca. En el último año, los productos de marca de distribución han aumentado en 1,1 puntos porcentuales su cuota de mercado en valor, hasta alcanzar el 52% del gasto de los hogares españoles. Solo Países Bajos presenta una penetración superior, con un 55%, según los últimos datos de la consultora Circana recogidos en el Estudio sobre la Marca Propia en España elaborado por Aldi. El avance de la marca blanca en España supera al registrado en otros grandes mercados europeos. En Alemania, estos productos representan el 44% del mercado y han ganado 0,4 puntos en el último año, mientras que Reino Unido presenta una cuota similar y un crecimiento prácticamente idéntico. La presencia de la marca de distribución es todavía menor en Francia e Italia, donde ronda el 30%. El peso de estos productos también es elevado si se mide por volumen. La marca propia ya supone el 53,8% de las unidades adquiridas por los hogares españoles, sin incluir los productos frescos. Además, casi seis de cada diez consumidores aseguran que han aumentado sus compras de marcas de distribución durante los últimos tres años. Este crecimiento está relacionado con una transformación de los hábitos de consumo. Los hogares planifican más sus compras, reducen las adquisiciones impulsivas, realizan cestas de menor tamaño y acuden con mayor frecuencia al supermercado. Al mismo tiempo, la relación entre calidad y precio se ha convertido en uno de los principales criterios a la hora de elegir qué productos comprar. Hugo Liria, responsable de Market and Customer Research de Aldi, señala que la percepción de una buena relación calidad-precio constituye el principal factor que impulsa la compra de marca propia y que esta motivación alcanza al 69% de los consumidores, con independencia de su edad. El segundo motivo es el precio reducido, señalado por el 52,8% de los compradores. Según el responsable de Aldi, este comportamiento genera un proceso de fidelización: cuando un consumidor prueba un producto de marca propia y queda satisfecho, tiende a repetir la compra, aumenta su disposición a probar otros artículos y acaba recomendándolos a otras personas. De media, los españoles compran productos de marca propia unas 104 veces al año y destinan alrededor de 25 euros semanales a este tipo de artículos. El gasto anual asciende así a 1.306 euros por hogar, un 3,8% más que el año anterior, de acuerdo con los datos recogidos por Aldi. El avance de la marca blanca se extiende a prácticamente todas las categorías, aunque la droguería continúa siendo la sección donde tiene un mayor peso. Los productos de marca de distribución representan el 69,2% del volumen de las compras en esta categoría, 1,1 puntos más que en 2025. A continuación se sitúa la alimentación envasada, donde la marca propia alcanza el 52,7% del volumen de las compras y registra un incremento de 1,3 puntos porcentuales en el último año.

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(La Vanguardia, 10-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El gasto de intereses de la deuda se disparará un 50% hasta llegar a los 60 mil millones de euros

El Estado afronta una creciente presión por el coste de financiar su deuda pública. En poco más de tres años, en 2030, el gasto destinado al pago de intereses podría aumentar alrededor de un 50% respecto a los niveles actuales y superar los 60.000 millones de euros. El elevado déficit público y el escenario de tipos de interés más altos están detrás de este incremento, en un contexto internacional marcado además por las tensiones en los mercados de deuda soberana de países como Estados Unidos y Japón. Esta es una de las principales conclusiones de un informe publicado por Funcas, que identifica como dos de los principales riesgos el mantenimiento de unos tipos de interés elevados y la necesidad de refinanciar deuda emitida anteriormente cuando los costes de financiación eran inferiores. Ante esta situación, la institución considera necesario aprovechar la actual fase de crecimiento económico para generar margen de maniobra y reclama una mayor contención del déficit público. Las previsiones de Funcas muestran la dimensión del problema. Si los tipos de interés permanecieran en los niveles registrados el pasado año, con un 3,2% para la deuda a largo plazo y un 2,2% para la deuda a corto plazo, el desembolso en intereses alcanzaría los 57.000 millones de euros en 2030. Esta cantidad supondría unos 17.000 millones más que la registrada el año pasado. De ese incremento, aproximadamente 8.000 millones procederían de los intereses asociados a la nueva deuda que deberá emitir el Estado, en parte como consecuencia de los déficits previstos. El resto, unos 9.000 millones, estaría relacionado con la refinanciación de emisiones anteriores que fueron colocadas en un contexto de menores costes financieros. A esta presión habría que añadir el efecto de una eventual subida de los tipos de interés. Con un incremento de alrededor de medio punto respecto al año pasado, la factura financiera aumentaría en otros 3.600 millones de euros, situando el coste total por encima de los 60.000 millones. Funcas también apunta a la guerra en Oriente Medio como uno de los elementos que podrían prolongar las tensiones sobre los mercados de deuda durante más tiempo del previsto inicialmente. El repunte de la inflación constituye otro factor de riesgo, ya que en España alcanzó el 4,3% interanual en agosto, aumentando la presión sobre los bancos centrales para mantener o elevar los tipos de interés. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) lleva tiempo advirtiendo del progresivo aumento del coste de la deuda. En sus análisis ha utilizado el concepto de "bola de nieve" para referirse al escenario en el que los intereses de la deuda crecen por encima del PIB y comienzan a impulsar por sí mismos el aumento de la deuda en relación con la economía. Según sus últimas previsiones, este punto se alcanzaría en 2035. Aunque el escenario sigue suponiendo un riesgo, se trata de una previsión más favorable que la realizada un año antes, cuando la Airef situaba en 2032 el momento en el que comenzaría a activarse este efecto de acumulación. El organismo también advierte de que los mercados podrían mostrarse cada vez más reticentes a absorber el creciente volumen de deuda pública que se está generando a escala internacional. Esta situación podría terminar frenando el crecimiento económico español y reduciendo todavía más el margen de actuación del Gobierno. El Tesoro es consciente de esta evolución y ha aprovechado la posición relativamente favorable de España para captar cerca de 6.000 millones de euros mediante emisiones de letras y bonos. Aunque los costes de financiación se encuentran ya en máximos de los últimos dos años, la deuda española mantiene una prima de riesgo inferior a la de Francia e Italia, lo que facilita que siga siendo atractiva para los inversores. El informe de Funcas se publica además en vísperas de la reunión del Banco Central Europeo, en la que estaba prevista una nueva subida de los tipos de interés hasta el 2,5%. Los mercados, según señala la institución, contemplaban además la posibilidad de nuevas subidas durante los meses siguientes. La presión sobre los mercados de deuda no se limita a España. En Estados Unidos, la rentabilidad del bono a diez años se ha aproximado al 5%, mientras que en Alemania ha alcanzado el 3,5%, niveles que no se observaban desde la crisis financiera. En Japón, después de décadas de tipos de interés extremadamente bajos, la rentabilidad se sitúa cerca del 3%, su nivel más elevado desde los años noventa. En España, el bono a diez años ronda actualmente el 3,8%.

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(Cinco Días, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo roza los 100 dólares ante la escalada bélica en Oriente Próximo

La escalada militar en Oriente Próximo vuelve a trasladarse al mercado energético y empuja al alza el precio del petróleo. A los ataques estadounidenses contra petroleros iraníes del pasado fin de semana se suma ahora la ofensiva de los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, contra instalaciones energéticas de Arabia Saudí, que ha dejado más de 70 heridos. En este contexto, el barril de Brent ha vuelto a acercarse a los 100 dólares y las perspectivas apuntan a que la presión sobre el crudo continuará mientras persista la violencia y se mantengan las dificultades para el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo. El Brent sube más de un 2% durante la mañana y supera los 99 dólares por barril, acercándose de nuevo a la barrera de los 100 dólares. El crudo había conseguido alejarse de ese nivel en mayo, después de haber alcanzado casi los 120 dólares en marzo, cuando el estallido de la guerra en Irán provocó el mayor repunte registrado durante el conflicto. La situación en Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para el mercado. Por este estrecho circulaba antes de la guerra alrededor del 20% del petróleo y el gas consumidos a escala mundial, y su bloqueo ha obligado a buscar rutas alternativas. La inestabilidad también se ha extendido al mar Rojo, donde los hutíes yemeníes amenazan el tráfico marítimo a través de Bab el-Mandeb, el paso que separa África de la península Arábiga y conecta el mar Rojo con el canal de Suez. El ataque contra instalaciones saudíes supone una nueva escalada y complica todavía más la capacidad exportadora del principal productor de la región. Arabia Saudí había recurrido al mar Rojo como una vía alternativa para dar salida a parte de su producción ante las dificultades provocadas por el cierre de Ormuz. La prolongación del conflicto y las alteraciones en el transporte marítimo están obligando también a revisar al alza las previsiones sobre el precio del petróleo para los próximos meses. El escenario que hace unos meses contemplaba una posible solución diplomática y cierta recuperación de la normalidad antes de terminar el año pierde fuerza, mientras aumenta el riesgo de que el crudo vuelva a superar los 100 dólares. Goldman Sachs ha elevado en cinco dólares su previsión para el Brent y sitúa ahora su estimación en 85 dólares por barril a finales de año y en 80 dólares para 2027. Sin embargo, la entidad advierte de que el precio podría superar los 120 dólares si la producción media del Golfo durante 2027 se mantiene cuatro millones de barriles diarios por debajo de los niveles anteriores a la guerra, frente a los 500.000 barriles diarios de déficit contemplados en su escenario central. El banco considera, además, que una intensificación de los ataques contra los buques que navegan por Ormuz y el mar Rojo sería el principal factor capaz de provocar una nueva escalada de las cotizaciones. Pese a todo, el encarecimiento del crudo está siendo más contenido que el de los carburantes. El cierre del estrecho de Ormuz ha generado un fuerte shock energético, pero el petróleo acumula una subida aproximada del 40% desde el comienzo de la guerra, mientras que los combustibles han llegado a duplicar su precio. La diferencia responde, entre otros factores, a las limitaciones de la capacidad mundial de refino. Las refinerías rusas continúan afectadas por los ataques de Ucrania y las estadounidenses operan cerca de sus límites de capacidad, lo que incrementa el riesgo de nuevas tensiones en caso de averías. En Estados Unidos, el precio de la gasolina vuelve a situarse por encima de los cuatro dólares por galón, mientras que en España se aproxima de nuevo a sus máximos del año. El mercado petrolero ha conseguido amortiguar parcialmente el impacto del conflicto gracias, en buena medida, a la utilización de reservas estratégicas por parte de los países de la OCDE y a la menor demanda de crudo de China. Según Goldman Sachs, los inventarios comerciales terrestres de la OCDE, uno de los elementos determinantes para la evolución de los precios, apenas han disminuido desde el inicio de la guerra. Esto apunta a que el déficit de suministro está siendo menor de lo previsto inicialmente gracias a la capacidad del mercado para adaptarse. La entidad calcula que las reservas comerciales se encuentran todavía un 16% por encima de su media de 2003, el nivel más bajo de la serie histórica. Los inventarios mundiales de petróleo almacenados en tierra han pasado de unos 9.100 millones de barriles antes de la guerra a alrededor de 8.600 millones en la actualidad, aunque siguen por encima de lo que Goldman Sachs considera el mínimo necesario para garantizar el almacenamiento operativo. La guerra sí ha reducido progresivamente las reservas de petróleo acumuladas en el mar como consecuencia de las sanciones a la industria rusa. Al mismo tiempo, los productores del Golfo Pérsico están buscando fórmulas para sacar parte de su producción pese a las restricciones en Ormuz, entre ellas desactivar temporalmente los sistemas de localización por satélite o realizar transferencias de crudo entre buques en alta mar. La evolución de la demanda china también puede actuar como elemento de contención. El repunte de los precios podría llevar a Pekín a mantener reducidas sus compras de petróleo, contribuyendo así a limitar la presión sobre las cotizaciones internacionales. Para Norbert Rücker, director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, existe una diferencia significativa entre la situación del mercado físico y la evolución de los mercados financieros. Aunque persisten los temores sobre el suministro, las exportaciones de Oriente Próximo y las reservas mundiales permanecen relativamente estables. La elevada negociación financiera del petróleo, que moviliza diariamente alrededor de medio billón de dólares, estaría contribuyendo a amplificar la percepción de riesgo y, con ella, las cotizaciones. El experto considera que actualmente existe una prima de riesgo excepcionalmente elevada en el precio del crudo y mantiene una recomendación de cautela ante la posibilidad de que nuevas escaladas militares vuelvan a tensionar el mercado.

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(Expansión, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE subirá los tipos al 2,5%

El encarecimiento del dinero parece estar condicionado por la evolución de la inflación, aunque dentro del Banco Central Europeo ya hay voces que reclaman un endurecimiento mayor de la política monetaria. La institución se prepara para acometer la segunda subida de tipos de este nuevo episodio de presión sobre los precios. El Banco Central Europeo afrontará el inicio del nuevo curso con un incremento de los tipos de interés que situará el precio oficial del dinero en el 2,5%. La decisión, que se da prácticamente por descontada para la reunión del jueves, elevará las tasas hasta niveles que no se veían desde marzo del año pasado. Ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE que preside Christine Lagarde se ha manifestado públicamente en contra de esta subida, una medida que ya había quedado prácticamente anunciada durante la reunión de política monetaria celebrada en julio. El repunte de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, unido a las consecuencias sobre el estrecho de Ormuz y su posible impacto en los precios energéticos, refuerza las expectativas de un nuevo incremento de los tipos, que los mercados prácticamente dan por seguro. El presidente del Banco de Lituania, Gediminas Šimkus, considera que el escenario inflacionista se ha deteriorado y que existen argumentos sólidos para elevar los tipos. En términos similares se ha expresado el gobernador del Banco de Eslovenia, Primo Dolenc, quien ha defendido que las circunstancias justifican una subida en septiembre para garantizar el cumplimiento del objetivo de inflación. La reunión tendrá lugar en un centro recreativo del Deutsche Bundesbank situado en el distrito berlinés de Steglitz-Zehlendorf. El Banco Central alemán ha escogido este emplazamiento para acoger la reunión, que, una vez al año, se celebra fuera de la sede habitual del BCE en Fráncfort. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, también ha respaldado abiertamente el nuevo incremento de los tipos y ha considerado que el resultado de la reunión es bastante previsible. La principal incógnita aparece a partir de ahora. Mientras existe prácticamente unanimidad sobre la subida de septiembre, no está claro cuál será el siguiente paso del BCE. Lagarde ha insistido en que el escenario actual no es comparable con el vivido durante 2022 y 2023, cuando la crisis energética provocó tasas de inflación superiores al 10%. En la actualidad, el crecimiento de los precios se mantiene en torno al 3%. El gobernador del Banco de Irlanda, Gabriel Makhlouf, considera que todavía no está claro que sea necesario volver a subir los tipos después del movimiento previsto para esta semana. En la misma línea, el gobernador del Banco de Bulgaria, Dimitar Radev, ha defendido la necesidad de mantener una actitud prudente y esperar a conocer la evolución de los datos. Frente a estas posiciones más cautelosas se encuentra Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, que a finales de agosto apuntó que con el nivel actual de los tipos resulta poco probable que la inflación regrese al objetivo a medio plazo. A su juicio, podría ser necesario aplicar un mayor endurecimiento monetario, aunque la magnitud de ese ajuste dependerá de los datos que se vayan conociendo. Si el BCE mantiene la estrategia seguida durante este nuevo ciclo monetario, el escenario más probable sería una pausa en la reunión de octubre, manteniendo los tipos sin cambios. Posteriormente, la institución volvería a analizar la evolución de la inflación y del resto de indicadores para decidir si es necesario acometer un nuevo incremento en diciembre.

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(El País, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El buscador de vivienda pública arranca con críticas por su escasa oferta

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha puesto en marcha este lunes Casa47, un nuevo portal destinado a facilitar a los ciudadanos la búsqueda y el acceso a las viviendas públicas gestionadas por el Estado. Sin embargo, el estreno de la plataforma ha estado acompañado de críticas por parte de los usuarios, que han cuestionado tanto su funcionamiento como, especialmente, el reducido número de inmuebles disponibles. El principal motivo de las quejas es la limitada oferta inicial. Aunque el Ministerio anunció que el buscador comenzaba a operar con unas 800 viviendas, las primeras consultas mostraron que la cifra real era considerablemente inferior. En concreto, el portal contabilizaba este martes 638 viviendas disponibles. A ello se suma su distribución territorial, ya que por el momento no aparece ninguna vivienda en Madrid o Barcelona, dos de los mercados donde existe una mayor presión sobre los precios y una elevada demanda de vivienda. Las críticas se han concentrado especialmente en las respuestas al mensaje publicado en la red social X por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con motivo de la presentación de la plataforma. El lanzamiento tuvo lugar en un acto en el que también participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde el Ministerio explican que las primeras viviendas incorporadas al buscador proceden de los activos transferidos desde la Sareb, el conocido como banco malo, y que se concentran principalmente en el arco mediterráneo debido a la localización de estos inmuebles. Además, aseguran que está previsto ampliar la oferta próximamente y avanzan que antes de que termine el año se incorporarán viviendas situadas en Madrid y Sevilla. La diferencia entre las 800 viviendas anunciadas inicialmente y las 638 que figuran actualmente en el portal se explica, según fuentes del Ministerio, porque una primera convocatoria piloto puso a disposición de los ciudadanos 171 viviendas que ya han sido adjudicadas. A esto se añade el estado en el que se encontraba buena parte de los inmuebles procedentes de la Sareb. Según Vivienda, muchos de ellos no estaban en condiciones adecuadas para ser habitados y necesitan trabajos de rehabilitación y acondicionamiento antes de poder incorporarse al parque disponible. El Ministerio defiende que estas actuaciones requieren tiempo y que las viviendas se irán incorporando al portal progresivamente conforme concluyan las reformas. En cuanto a la ausencia de inmuebles en territorios con una elevada necesidad de vivienda pública, como Madrid o Cataluña, el departamento de Isabel Rodríguez insiste en que la oferta se ampliará durante los próximos meses. En Madrid, además de las futuras incorporaciones al portal, recuerda proyectos como la Operación Campamento, que contempla la construcción de 10.700 viviendas, de las que una parte importante contará con algún tipo de protección. En Cataluña, el Estado ha asumido también 8.000 contratos de alquiler social, que mantendrán sus actuales condiciones de protección. Casa47 nace con el objetivo de concentrar en una única plataforma la oferta estatal de vivienda pública en alquiler. Para poder optar a uno de estos inmuebles, al menos uno de los integrantes de la unidad familiar debe tener nacionalidad española o residencia legal en España, ser mayor de edad y no disponer de otra vivienda en propiedad, salvo determinadas excepciones. Además, los ingresos de la unidad de convivencia deben encontrarse entre dos y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y los solicitantes deben estar al corriente de sus obligaciones fiscales. El alquiler tampoco podrá superar el 30% de la renta disponible del hogar. Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años y podrán prolongarse hasta alcanzar los 75 años, mientras que la adjudicación de las viviendas se realizará mediante criterios objetivos y sorteos ante notario. Los precios estarán vinculados a la capacidad económica de cada hogar.

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(La Vanguardia, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas prepara restricciones a los alquileres turísticos y a las segundas residencias

Los ayuntamientos y las administraciones locales podrían contar con respaldo legal para limitar la compra de segundas residencias y restringir los alquileres turísticos en aquellas zonas europeas donde la falta de vivienda se haya convertido en un problema especialmente grave. Así se desprende del borrador de la nueva Ley de Vivienda Asequible que prepara la Comisión Europea, que no plantea prohibir las segundas residencias, pero sí establecer un marco que permita restringir la adquisición de nuevas viviendas destinadas a este uso en los mercados más tensionados. La propuesta, que presentarán este miércoles la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia y Competitiva, Teresa Ribera, y el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, condiciona cualquier limitación a que las autoridades aporten datos objetivos que acrediten el impacto negativo de estas viviendas sobre la accesibilidad al mercado residencial. Además, deberán demostrar que no existen otras alternativas menos restrictivas para hacer frente al problema. El planteamiento comunitario permitiría actuar sobre las nuevas compras de segundas residencias, sin afectar a aquellas que ya hayan sido adquiridas. Para ello, Bruselas pretende crear un sistema de control que permita aplicar estas medidas sin entrar en conflicto con la legislación europea y con las libertades del mercado interior. El borrador también contempla una mayor capacidad de actuación de los gobiernos locales frente a las plataformas de alquiler turístico. Los ayuntamientos podrían establecer sistemas de autorización, registros o incluso límites al número de alojamientos turísticos, siempre que puedan justificar que la expansión de este tipo de oferta ha provocado un perjuicio real sobre el mercado del alquiler residencial. Para imponer restricciones a las segundas residencias, las autoridades deberán acreditar mediante pruebas objetivas que este tipo de adquisiciones ha deteriorado la asequibilidad de la vivienda en el territorio afectado durante, al menos, los tres años anteriores. El objetivo es evitar que estas medidas se adopten de forma arbitraria y garantizar que exista una relación demostrable entre el incremento de las segundas residencias y las dificultades de acceso a la vivienda. Una de las principales novedades afecta precisamente a los alquileres de corta duración. La propuesta establece que no podrán imponerse restricciones cuando el alojamiento turístico se encuentre en la vivienda habitual del propietario. La Comisión considera que, en estos casos, los ingresos obtenidos mediante el alquiler constituyen una fuente legítima de financiación para numerosos hogares. La situación será diferente cuando el inmueble destinado al alquiler turístico no sea la residencia principal de su propietario. En esos casos, los ayuntamientos sí podrán establecer mecanismos de autorización, registros y límites cuantitativos si pueden demostrar que el aumento de este tipo de alojamientos ha tenido un efecto negativo, comprobable y real sobre el mercado tradicional del alquiler durante los tres años anteriores. Bruselas también reclama que las administraciones estudien primero soluciones menos restrictivas antes de recurrir a las medidas más severas. Entre las alternativas figuran establecer límites al número de viviendas turísticas en las zonas tensionadas, introducir excepciones para situaciones especialmente graves o recurrir a incentivos fiscales. El nuevo marco pretende ofrecer seguridad jurídica a las administraciones que ya están aplicando o estudiando este tipo de medidas y que, en algunos casos, se enfrentan a litigios con grandes plataformas de alquiler turístico como Airbnb o Booking. La intención es evitar que los gobiernos locales tengan que afrontar durante años procedimientos judiciales por posibles conflictos entre sus regulaciones y las normas europeas sobre libertad de mercado. Fuentes comunitarias señalan que la propuesta ha tenido en cuenta las demandas de la alianza Mayors for Housing, integrada por alcaldes europeos que reclaman mayores competencias para actuar frente a la crisis residencial. Entre ellos se encuentra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha defendido ante Bruselas la necesidad de disponer de mayor cobertura jurídica y de definir claramente qué territorios pueden considerarse zonas sometidas a estrés habitacional. Desde la Comisión Europea reconocen que el planteamiento está «muy inspirado» en las propuestas formuladas por estos alcaldes. No obstante, la aprobación del texto por parte del Colegio de Comisarios, si finalmente se mantiene el contenido del borrador, será solo el primer paso. La propuesta tendrá que ser negociada y aprobada posteriormente por el Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros, y por el Parlamento Europeo. El proceso puede ser especialmente complejo porque las fuerzas de derecha cuentan con una posición mayoritaria en ambas instituciones. De hecho, representantes del Partido Popular Europeo ya han expresado su rechazo a las restricciones sobre los alquileres de corta duración y las segundas residencias, al considerar que este tipo de medidas podrían perjudicar a las economías locales y provocar destrucción de empleo.

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(El Economista, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal Supremo suspende cautelarmente la inscripción de los beneficiarios de la "ley de nietos"

El Tribunal Supremo ha acordado suspender de forma cautelar la inscripción y los efectos electorales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que hayan adquirido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta medida tras estimar la petición cautelar planteada en los recursos presentados contra el acuerdo aprobado por la Junta Electoral Central el pasado mes de julio. La Abogacía del Estado y la Fiscalía habían defendido ante el tribunal que los nuevos ciudadanos españoles tienen reconocido el derecho fundamental de sufragio. El auto judicial analiza también el alcance de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, relativa al derecho de opción a la nacionalidad española previsto en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Dicha instrucción amplió el criterio para acreditar la condición de exiliado al establecer que podía bastar con demostrar que los ascendientes abandonaron España entre 1936 y 1955. De este modo, se equiparó a los emigrantes de ese periodo sin exigir, en determinados supuestos, la acreditación individual de una persecución o perjuicio de carácter político. El Tribunal Supremo establece una diferenciación entre las personas cuya inscripción en el CERA todavía se encuentra en tramitación y aquellas que ya figuran en el censo exterior. En el primer caso, los procedimientos administrativos deberán continuar hasta su finalización, aunque, una vez concluidos, la incorporación efectiva al censo quedará suspendida hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo del asunto. Para quienes ya hayan sido inscritos en el CERA mediante este procedimiento, la suspensión afecta a los efectos electorales de esa inscripción en los próximos procesos electorales que pudieran celebrarse. La resolución contempla, sin embargo, una excepción. La suspensión no se aplicará cuando los registros consulares acrediten de forma individualizada que los solicitantes son descendientes de españoles que se exiliaron por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con su orientación o identidad sexual, y que como consecuencia de ello perdieron o renunciaron a la nacionalidad española. La excepción exige que esa condición no se haya reconocido únicamente mediante una presunción administrativa de carácter general. Para determinar qué casos cumplen este requisito, el tribunal ordena recabar de inmediato la documentación correspondiente a las oficinas consulares. Además, el Supremo ordena a la Oficina del Censo Electoral clasificar y separar los distintos expedientes, diferenciando aquellos en los que exista una acreditación directa de la condición de exiliado de los que se hayan tramitado aplicando los criterios interpretativos establecidos por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. La Junta Electoral Central deberá trasladar las instrucciones necesarias a las demarcaciones consulares para llevar a cabo esta diferenciación. El auto también mantiene las previsiones del acuerdo de la Junta Electoral Central relativas a la elaboración de los informes complementarios que permanecían pendientes. La Oficina del Censo Electoral dispondrá de un plazo máximo de quince días para aportar la documentación solicitada, mientras que posteriormente la Junta Electoral Central contará con otros diez días para aprobar la instrucción definitiva. Los magistrados han decidido no imponer las costas del procedimiento, al considerar que el asunto presenta una especial complejidad jurídica y plantea dudas de derecho suficientemente fundadas.

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