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(Cinco Días, 09-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los costes disparatados del transporte impiden la caída del ‘brent’: añaden hasta 35 dólares a cada barril

Los países del golfo Pérsico parecen haber encontrado una vía para sortear el control que Irán mantiene sobre el estrecho de Ormuz. La navegación por aguas próximas a la costa de Omán, bajo la vigilancia de la armada estadounidense, se ha consolidado como una alternativa para mantener las exportaciones de crudo, que se acercan de nuevo a los niveles anteriores al inicio de la guerra. Sin embargo, esta recuperación del tráfico no significa que el transporte sea más sencillo. Evitar los ataques iraníes obliga en algunos casos a realizar operaciones de trasvase de petróleo entre buques, una práctica que mantiene a parte de la flota inmovilizada y reduce la disponibilidad de petroleros para otras rutas. La amenaza sobre la navegación tampoco ha desaparecido y, ante la imposibilidad de cerrar por completo el paso por Ormuz, Irán ha intensificado sus ataques contra los barcos petroleros. Esta situación ayuda a explicar por qué el precio del petróleo continúa alrededor de los 100 dólares por barril pese a la recuperación de los flujos de crudo. Al coste de la propia materia prima se suman ahora unas tarifas de transporte mucho más elevadas y una importante prima de riesgo ante la posibilidad de nuevos ataques. El petróleo es un producto físico, pero su precio se determina también en los mercados financieros, donde las expectativas sobre la evolución del conflicto tienen un peso considerable. "El conflicto comenzó con una crisis del crudo. Después pasó a convertirse en una crisis de productos derivados y ahora, aunque vuelve a salir más petróleo de Oriente Próximo, estamos ante una crisis del transporte marítimo", señaló esta semana Russell Hardy, consejero delegado de Vitol. La falta de petroleros se ha convertido en uno de los principales problemas. Las operaciones de transferencia de carga entre barcos obligan a mantener buques esperando durante días o incluso semanas para completar los cargamentos. Aunque el estrecho de Ormuz ya no está completamente bloqueado, estas demoras generan incertidumbre y reducen la flota disponible, elevando tanto los fletes como el coste de los seguros. La diferencia respecto a la situación anterior a la guerra es especialmente significativa. En 2025, contratar un superpetrolero para transportar crudo desde Estados Unidos hasta Asia costaba de media unos 9,2 millones de euros, mientras que ahora la cifra alcanza los 77 millones, según los datos del Baltic Exchange de Londres. ING considera que la apertura de un corredor protegido por aguas omaníes ha permitido recuperar parte de las exportaciones y del movimiento de buques, pero también ha añadido presión a un mercado de transporte que ya se encontraba tensionado. El encarecimiento resulta todavía mayor en los grandes petroleros, conocidos como VLCC. Transportar un barril desde Ras Tanura, en Arabia Saudí, hasta Róterdam costaba alrededor de dos dólares en 2025, mientras que en septiembre el coste había superado los 35 dólares. El temor a que el conflicto se extienda y vuelva a afectar al suministro también está influyendo directamente en las cotizaciones. Aunque el petróleo es una mercancía física, funciona al mismo tiempo como un activo financiero negociado en los mercados internacionales. El mercado de futuros del crudo mueve alrededor de 500.000 millones de dólares diarios y los precios no responden únicamente al equilibrio entre oferta y demanda, sino también a las expectativas de los inversores y al riesgo que perciben sobre el suministro futuro. La UK Maritime Trade Operations ha contabilizado nueve ataques en Ormuz durante este mes, cuatro de ellos en los dos últimos días. La cifra representa ya la mitad de los incidentes registrados durante todo septiembre en el estrecho y el golfo Pérsico. Los ataques puntuales contra los buques mantienen elevada la incertidumbre y alimentan una prima de riesgo que se refleja en el precio del crudo. Esta diferencia se aprecia también en los contratos a futuro: mientras el petróleo Brent para entrega en el próximo mes vuelve a situarse alrededor de los 100 dólares por barril, los contratos con vencimiento a un año se negocian en torno a los 83 dólares. El precio actual del petróleo, por tanto, incorpora mucho más que el valor de la materia prima. Los fletes, los seguros y las primas financieras vinculadas al riesgo geopolítico están elevando de forma considerable el coste final. Los operadores del mercado reconocen que estos gastos continúan aumentando, mientras que los márgenes de refino también permanecen elevados. Según ING, el margen del gasóleo en Europa ronda actualmente 2,5 veces la media registrada en 2025, una combinación que podría añadir más de 0,50 dólares, unos 0,45 euros, al precio base de un litro de gasóleo. La recuperación del tránsito de crudo por Ormuz se está produciendo, por tanto, dentro de una nueva situación en la que un mayor suministro no se traduce necesariamente en petróleo más barato. El crudo vuelve a circular, pero hacerlo resulta mucho más caro. La consultora Kpler considera que el mercado está demostrando que no hace falta alcanzar un acuerdo diplomático para recuperar físicamente parte del suministro, aunque mantener la actividad sin una solución política tiene un coste elevado. Por ello, sus previsiones apuntan a que los precios del petróleo y de sus derivados seguirán altos mientras no mejore la seguridad de las rutas marítimas. Además, el problema de la oferta de crudo que impulsó inicialmente los precios ha perdido protagonismo. Los niveles de inventarios tampoco representan actualmente una amenaza inmediata. La Agencia Internacional de la Energía ha destacado que las economías occidentales cuentan con importantes reservas públicas de emergencia, en torno a 1.100 millones de barriles, de los que unos 200 millones corresponden a diésel. El principal cuello de botella se encuentra ahora en otros puntos de la cadena. La reducción de la actividad de las refinerías rusas, afectadas por los ataques de Ucrania, ha limitado parte de la oferta, mientras que las dificultades para transportar el petróleo continúan encareciendo los fletes. Las refinerías que no consiguen contratar barcos para garantizar el suministro o que no están dispuestas a asumir tarifas desorbitadas terminan compitiendo por las cargas que pueden entregarse con mayor facilidad. Esta situación vuelve a presionar al alza los precios y convierte a los petroleros en un recurso cada vez más estratégico para países y compañías navieras. Disponer de un buque petrolero se ha convertido así en una pieza clave para garantizar la salida de una mercancía cuya demanda mundial sigue siendo elevada. La escasez de barcos está aumentando incluso el valor de las unidades disponibles en el mercado: un petrolero de segunda mano puede llegar a costar hasta un 40% más que uno nuevo.

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(Expansión, 09-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba la "Ley Ferrovial" para que el Ibex pueda cotizar en Nueva York

El Gobierno español quiere aprobar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre otras reformas pendientes que pueden tener importantes repercusiones para las empresas, más allá de las medidas relacionadas con la vivienda. Entre ellas figura una modificación de la normativa del mercado de valores que permitirá a las compañías cotizadas en España negociar sus acciones simultáneamente en mercados de países ajenos a la Unión Europea sin necesidad de trasladar al extranjero el registro principal de sus emisiones. El Boletín Oficial del Estado publica un decreto impulsado por el Ministerio de Economía, cuyo desarrollo comenzó en abril, que modifica la Ley sobre instrumentos financieros. La iniciativa pretende resolver las dificultades que hasta ahora encontraban las empresas españolas para cotizar directamente en Estados Unidos y responde, en buena medida, al precedente de Ferrovial, que trasladó su sede a Países Bajos en 2023 al considerar que desde ese país resultaba más sencillo acceder a la Bolsa de Nueva York. Uno de los principales obstáculos para que Ferrovial pudiera dar ese paso desde España era la falta de conexión entre los depositarios centrales de valores de los mercados español y estadounidense, lo que complicaba el registro de la titularidad de las acciones. Para resolverlo, la reforma incorpora un nuevo apartado al artículo 34 de la Ley de Bolsa que permitirá al depositario central español mantener una cuenta global en la que se refleje el saldo de una emisión de valores depositados en una entidad equivalente situada fuera de la Unión Europea. En la práctica, este mecanismo facilitará que los inversores puedan adquirir acciones de una empresa española en Nueva York y que la titularidad quede registrada también en Iberclear, el depositario central de valores de Bolsas y Mercados Españoles (BME). De este modo, las compañías podrán negociar sus acciones en mercados internacionales sin tener que trasladar al extranjero el registro principal de la emisión. Hasta ahora, empresas como Santander y Grifols han recurrido a los certificados de depósito estadounidenses (ADR) para facilitar la negociación de sus títulos en Estados Unidos. Estos instrumentos, emitidos por entidades financieras, representan acciones de compañías extranjeras. Telefónica, por su parte, canceló hace unos meses su programa de ADR al considerar que los costes no compensaban el volumen de negociación alcanzado. Con la nueva regulación, las empresas españolas podrán plantearse la cotización directa de sus acciones en Nueva York, sin recurrir necesariamente a estos certificados y manteniendo su sede en España. El atractivo de Wall Street reside en su elevada liquidez y en la presencia de grandes fondos de inversión que concentran parte de sus operaciones en valores negociados en ese mercado. El Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, explica en la exposición de motivos que la finalidad de la reforma es facilitar la negociación simultánea de valores españoles en mercados extranjeros sin necesidad de trasladar fuera de España el registro principal de la emisión. Para ello, se permitirá mantener en el depositario central español una cuenta técnica, global y de carácter contable que refleje los valores depositados en entidades situadas fuera de la UE y garantice la integridad de la emisión. La modificación también habría facilitado una eventual cotización simultánea en España y Estados Unidos de Puig si hubiera prosperado su fusión con Estée Lauder, una operación que finalmente quedó frustrada por discrepancias durante las negociaciones. La reforma podría tener consecuencias incluso si se produce un cambio de Gobierno, ya que no parece probable que una modificación de estas características se revierta. Además, abre la posibilidad de que Ferrovial regrese a España si decide trasladar de nuevo su sede, sin renunciar a su presencia en el Nasdaq estadounidense. La constructora, que protagonizó un enfrentamiento con el presidente Pedro Sánchez por su salida del país, dejó de negociar sus acciones en la Bolsa de Ámsterdam en septiembre, por lo que actualmente cotiza en BME y en Wall Street.

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(El País, 09-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La crisis de la vivienda preocupa “mucho” o “bastante” a ocho de cada diez españoles

A ocho de cada diez españoles les preocupa mucho o bastante la situación de la vivienda en España, mientras que cuatro de cada diez aseguran que la crisis habitacional ya les está afectando directamente. Son algunas de las principales conclusiones del Barómetro de Vivienda del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el tercer estudio específico que el organismo dedica a esta cuestión después de los realizados en 2014 y 2018. Los resultados proceden de 6.019 entrevistas realizadas entre el 22 y el 30 de junio en 1.243 municipios de las 50 provincias españolas. Por tanto, el trabajo de campo se llevó a cabo antes del desahucio de Maricarmen Abascal, fallecida este miércoles, de la caída en el Congreso de los dos decretos de vivienda que posteriormente han sido reformulados y publicados de nuevo en el BOE, y también antes del anuncio del adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre. El 51,6% de los encuestados afirma que la situación de la vivienda le preocupa mucho y otro 35,4% dice que le preocupa bastante. En el extremo contrario, solo el 11,7% asegura que le preocupa poco o nada. En cuanto a la repercusión personal de la crisis, el 52,6% considera que ni le perjudica ni le beneficia, mientras que un 41,6% reconoce que sí se está viendo afectado. El estudio también refleja un amplio respaldo a una mayor intervención pública. El 76,3% de los ciudadanos considera que el Estado debería intervenir tanto como fuera necesario para garantizar el acceso de toda la población a una vivienda, frente al 18,8% que defiende que no debería intervenir y dejar actuar a la oferta y la demanda. Sin embargo, existe un notable desconocimiento sobre el reparto de competencias. El 58,5% de los encuestados no sabe que son las comunidades autónomas las que tienen las principales atribuciones en materia de vivienda. Un 26,9% atribuye esa competencia al Estado, pese a que la Constitución no le asigna esa responsabilidad, mientras que un 44,5% considera que debería corresponderle. Entre las medidas que podrían adoptarse para hacer frente al problema, la que reúne un mayor consenso es la reducción de impuestos para adquirir la primera vivienda, respaldada por el 95,4% de los participantes. También obtienen un apoyo mayoritario la ampliación de las garantías para los propietarios frente a los impagos, con un 85,7%; la puesta en el mercado de suelo urbanizable, con un 84,3%, y la recuperación de viviendas públicas que fueron vendidas a empresas, con un 83,1%. Otras propuestas también cuentan con un respaldo elevado, como limitar los pisos turísticos, apoyado por el 75,6%; crear una empresa pública estatal de vivienda, con un 76,3%, o elevar la fiscalidad de los grandes propietarios, respaldado por el 72%. Las mayores diferencias aparecen en las medidas de expropiación. La destinada a obtener suelo para vivienda pública cuenta con un 49,9% de apoyo, mientras que la expropiación de viviendas vacías genera un mayor rechazo, con un 54,3% en contra frente a un 40% a favor. Los inquilinos aparecen entre los colectivos que soportan con mayor intensidad la subida de los precios. Siete de cada diez personas que viven de alquiler aseguran pagar una renta equivalente al precio de mercado o superior, mientras que solo el 23% paga por debajo de ese nivel. Además, el 4,5% de los encuestados reside en una habitación dentro de una vivienda compartida y, de ellos, casi una cuarta parte convive con su pareja o con sus hijos. Las dificultades para acceder a una vivienda también condicionan las expectativas de quienes quieren independizarse. Entre quienes viven con familiares o en una habitación compartida y no tienen previsto trasladarse a una vivienda independiente durante el próximo año, alrededor de ocho de cada diez señalan como principal obstáculo el elevado coste de los alquileres en relación con sus ingresos. Un 84,9% apunta a esta razón, mientras que el 85,6% considera que tampoco puede afrontar el precio de compra de una vivienda. La falta de ahorros suficientes para pagar la entrada o la fianza es otro de los grandes impedimentos, señalado por el 77%. El barómetro permite además conocer algunos rasgos del mercado residencial español. La mayoría de los propietarios que obtienen ingresos mediante el alquiler solo dispone de una vivienda arrendada: representan el 78,5%. En cambio, quienes poseen cinco o más inmuebles destinados al alquiler apenas suponen el 1,7%. La vivienda protegida mantiene, asimismo, un peso reducido dentro del parque residencial. Solo el 8,6% de los encuestados asegura residir en una vivienda de este tipo. De ellas, el 40,6% fue construida por promotores privados, frente al 14,4% promovido por los ayuntamientos y el 16,7% por las comunidades autónomas. Entre quienes son propietarios de la vivienda en la que viven, aproximadamente la mitad de la muestra, el 7,8% afirma haberla recibido mediante una herencia o donación. Más del 90% restante accedió a ella mediante una compra y, dentro de este grupo, el 54% ya ha terminado de pagarla. El estudio también incorporó una pregunta sobre unas hipotéticas elecciones generales, pese a que el adelanto electoral del 29 de noviembre todavía no se había anunciado cuando se realizaron las entrevistas. El 71,1% de los encuestados aseguró que acudiría a votar con toda seguridad si las elecciones se celebrasen al día siguiente, mientras que el 8,2% afirmó que no acudiría. Entre quienes manifestaron su intención de votar, el PSOE aparecía como primera fuerza en voto directo, con un 20%, seguido del PP, con un 14,8%, y Vox, con un 9,2%. Sumar obtenía un 4,3% y Podemos un 1,8%. El barómetro reflejaba, no obstante, un elevado nivel de indecisión: el 21,9% todavía no sabía a qué partido votaría, mientras que un 6% aseguraba que no acudiría a las urnas y un 6,6% prefería no responder.

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(Cinco Días, 08-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El presidente de la CNMC quiere crear de urgencia la figura de economista jefe

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, día 6, solicitar al Consejo de Estado un dictamen urgente sobre el proyecto de real decreto que modificará el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ejecutivo pide que el informe esté listo, como máximo, el 8 de octubre. La reforma supondrá modificar por primera vez desde 2013 el real decreto que regula la estructura del organismo, creado tras la integración de varios supervisores. El cambio responde a una petición del nuevo presidente de la CNMC, Juan José Ganuza, que pretende incorporar la figura del economista jefe, con rango de director. Para crear este nuevo puesto es necesario modificar el Estatuto Orgánico y establecer las funciones y estructura del departamento correspondiente. Desde la CNMC aseguran que se trata de una modificación puntual destinada exclusivamente a incorporar esta figura. Fuentes políticas apuntan que Ganuza ha optado por mantener buena parte del equipo directivo heredado de su antecesora, Cani Fernández, pero que pretende contar con un economista de máxima confianza. Entre los principales responsables que continúan en el organismo se encuentran la directora de Energía, Rocío Prieto; el secretario del consejo de administración, Miguel Bordiú, y el director de Comunicación, Jesús Gabirondo. El pleno de la CNMC aprobó por unanimidad la semana pasada el informe sobre el proyecto de real decreto. En él se plantea que el nuevo economista jefe tenga un carácter transversal y preste apoyo a las cuatro áreas de instrucción del organismo: Competencia, Energía, Telecomunicaciones y Audiovisual, y Transportes y Sector Postal. La tramitación se ha acelerado de forma notable debido al adelanto electoral. El Ministerio de Economía, del que depende la CNMC, no podía solicitar directamente al Consejo de Estado un dictamen con carácter urgente, ya que esa facultad corresponde al Consejo de Ministros. Por ello, el Ejecutivo ha pedido al órgano consultivo que emita su informe en un plazo de apenas dos días, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La rapidez del procedimiento ha generado sorpresa entre representantes empresariales, que consideran que el proyecto debería haber pasado por un periodo de audiencia pública. Sin embargo, fuentes jurídicas señalan que los trámites de consulta, audiencia e información pública no resultan obligatorios para determinadas normas de carácter organizativo o presupuestario relativas a la Administración del Estado y a sus organismos dependientes. La modificación del Estatuto Orgánico de la CNMC entraría en este supuesto. También ha generado dudas en el ámbito empresarial la necesidad de crear un economista jefe, dado que la CNMC ya dispone de una asesoría económica dirigida por Javier García Verdugo y de una subdirección de estudios económicos dentro de la Dirección de Promoción de la Competencia. Además, los organismos que fueron integrados para crear la CNMC en 2013 tampoco contaban con una figura equivalente, aunque la antigua Comisión Nacional de la Competencia sí disponía de una asesoría económica. La CNMC defiende la creación del puesto argumentando que el economista jefe es una figura habitual en las principales autoridades de competencia y regulación. El organismo pone como referencia a la Comisión Europea, que dispone de este perfil en sus distintas áreas, así como a otras autoridades nacionales de competencia. Se trataría, según la CNMC, de un profesional con un perfil académico y un elevado reconocimiento en el ámbito económico. Entre sus funciones estarían participar en la definición de la estrategia del organismo, analizar y evaluar el impacto económico de sus decisiones, prestar asesoramiento en los expedientes de mayor relevancia económica y reforzar la relación de la CNMC con el ámbito académico y científico. La figura, no obstante, es relativamente reciente incluso en las instituciones europeas. El nuevo departamento también podría asumir estructuras que actualmente se encuentran repartidas por la CNMC. La asesoría económica quedaría integrada en la nueva dirección del economista jefe, mientras que la Unidad de Inteligencia Económica de la Dirección de Competencia podría transformarse en una subdirección dependiente de ella. Esta unidad fue creada durante la etapa de Cani Fernández y trabaja con herramientas como la estadística, la ciencia de datos y la inteligencia artificial para detectar posibles prácticas contrarias a la competencia, incluidos cárteles, sin necesidad de que exista previamente una denuncia. La modificación del Estatuto permitiría dotar a esta estructura de un mayor peso dentro de la organización de la CNMC.

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(El País, 08-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El nuevo decreto de vivienda obliga a las administraciones a asumir la deuda de inquilinos vulnerables para frenar desahucios

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles los dos reales decretos que reúnen el nuevo paquete de medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis de la vivienda, aprobados el martes por el Consejo de Ministros. El primero, el más amplio, introduce algunos cambios respecto al texto que fue rechazado la semana pasada en el Congreso. Entre las principales novedades figuran la ampliación hasta finales de 2030 de las restricciones a determinadas compras de vivienda por parte de fondos y grandes tenedores, así como la obligación de presentar una tasación independiente que acredite que el precio de adquisición supera el 70% del valor de mercado. El nuevo marco también refuerza la protección de los inquilinos vulnerables ante los desahucios. Las medidas entrarán en vigor este jueves, un día después de su publicación. La modificación más relevante afecta a la Ley de Arrendamientos Urbanos y, en particular, al mecanismo extraordinario para evitar el desahucio de hogares vulnerables. La nueva regulación amplía las obligaciones de las administraciones públicas, que deberán asumir no solo las rentas pendientes, sino también las costas judiciales. Además, si transcurren dos meses sin que la Administración haya abonado esas cantidades, quedará subrogada automáticamente en la deuda del inquilino y asumirá su posición frente al propietario. Mientras esto ocurra, el contrato no podrá extinguirse ni podrá ejecutarse el lanzamiento, reforzando así la protección de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad. El decreto también incorpora nuevas prórrogas extraordinarias para determinados inquilinos. Los arrendatarios que acrediten una situación de vulnerabilidad económica y social podrán ampliar sus contratos hasta un año, una extensión que los grandes tenedores deberán aceptar salvo que exista un nuevo contrato o concurra alguna de las causas previstas legalmente. Asimismo, se refuerzan las prórrogas en las zonas de mercado residencial tensionado y se amplían las garantías para los hogares que viven de alquiler. Otra de las novedades es la regulación de la publicidad de los alquileres. Los anuncios deberán ofrecer información como el índice de referencia aplicable, los límites legales de la renta, la identificación de la vivienda y si el propietario tiene la condición de gran tenedor. El objetivo es aumentar la transparencia para quienes buscan una vivienda. Además, se refuerza la protección del parque público gestionado por Casa 47 mediante límites permanentes al precio de transmisión de los inmuebles y la obligación de inscribir estas restricciones en el Registro de la Propiedad, también para futuras ventas. El nuevo texto mantiene asimismo la prórroga extraordinaria de los contratos de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Los inquilinos que estén al corriente de sus pagos podrán solicitar una ampliación automática por periodos anuales de hasta dos años, manteniendo las condiciones del contrato, salvo que las partes acuerden una renovación diferente o concurra una causa justificada de necesidad de la vivienda por parte del propietario.

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(El País, 08-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno refuerza el cálculo de la indemnización que pagará el casero al inquilino si rompe con el contrato

El Gobierno ha publicado este miércoles en el BOE los dos nuevos decretos de vivienda. El más amplio previsiblemente saldrá adelante en la Diputación Permanente del Congreso, mientras que el segundo, que plantea convertir en indefinidos los contratos de alquiler, tiene prácticamente asegurado su rechazo. La publicación se produce pocos días después de que la Cámara Baja rechazara las anteriores normas, muy similares a las actuales, en una votación que terminó precipitando el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. El decreto que plantea establecer contratos de alquiler indefinidos parte con escasas posibilidades de ser aprobado, después de que el PNV haya anunciado que no respaldará la iniciativa. Ante esta situación, el Ejecutivo ha fijado que las modificaciones previstas no entren en vigor inmediatamente tras su publicación en el BOE, sino después de que la Diputación Permanente las examine el próximo 15 de noviembre. Uno de los principales cambios respecto al decreto anterior afecta a la compensación que deberá abonar el propietario si decide poner fin al contrato. La reforma pretende convertir la continuidad del alquiler en la regla general y establece que los contratos puedan prolongarse sucesivamente por periodos de cinco años, cuando el arrendador sea una persona física, o de siete años si se trata de una empresa. El propietario podrá recuperar la vivienda al término de cada periodo, pero deberá indemnizar al inquilino en determinados supuestos. El nuevo texto modifica también la forma de calcular esa compensación. En lugar de utilizar como referencia una vivienda de características similares, establece una fórmula concreta que toma como indemnización la cantidad más elevada entre dos opciones. La primera equivale a 12 mensualidades calculadas sobre el valor máximo del rango individualizado que corresponda al inmueble en el sistema estatal de referencia de precios del alquiler. La segunda consiste en una mensualidad por cada año que el arrendatario haya vivido en la vivienda. Cuando el sistema estatal no disponga de un valor individualizado para el inmueble, se utilizará la renta vigente como referencia. El Gobierno considera que esta modificación permitirá anticipar con mayor precisión el coste que tendrá para el propietario su decisión de no continuar con el alquiler. Según la exposición de motivos, la indemnización pretende compensar los gastos y perjuicios que la finalización del contrato puede ocasionar al inquilino y, al mismo tiempo, proporcionar un marco más objetivo y seguro para ambas partes. La compensación se integra en un cambio más profundo sobre la duración de los contratos. Una vez transcurridos cinco años de alquiler, o siete cuando el arrendador sea una persona jurídica, el contrato podrá renovarse por nuevos periodos de la misma duración si ninguna de las partes comunica su intención de finalizarlo. Para impedir la continuidad, el propietario deberá avisar con seis meses de antelación, mientras que el inquilino dispondrá de un plazo de dos meses. De esta manera, el Ejecutivo pretende que la continuidad del arrendamiento sea la situación habitual y que sea el propietario quien deba manifestar expresamente su voluntad de poner fin al contrato. El Gobierno justifica esta transformación porque considera que el actual modelo de contratos de duración determinada y prórrogas limitadas puede favorecer fuertes incrementos de las rentas cuando llega el momento de renovar. Según el Ejecutivo, al finalizar un contrato el propietario puede volver a ofrecer la vivienda en el mercado y actualizar su precio, trasladando al inquilino las subidas acumuladas. La reforma busca limitar este incentivo y proporcionar una mayor estabilidad residencial a los hogares. El Ejecutivo sostiene asimismo que una relación contractual más estable puede reducir tanto la movilidad forzada de los inquilinos como los gastos asociados a un cambio de vivienda, entre ellos las mudanzas, las nuevas fianzas o la búsqueda de otro inmueble. Como referencia, la exposición de motivos cita los modelos de Alemania, Francia y Países Bajos, donde tienen mayor presencia los contratos indefinidos o las limitaciones a la capacidad del propietario para ponerles fin. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo pretende abrir el debate sobre la duración de los contratos de alquiler. El nuevo sistema no elimina la posibilidad de que el propietario recupere su vivienda. En el caso de una persona física, podrá hacerlo, entre otros supuestos, cuando necesite el inmueble para destinarlo a su residencia habitual o a la de determinados familiares. En estas circunstancias no tendrá que asumir inicialmente la indemnización, aunque el decreto incorpora mecanismos destinados a impedir un uso fraudulento de esta causa. También podrá evitar el pago de la compensación si ofrece al inquilino un nuevo contrato de al menos cinco años, o siete cuando se trate de una persona jurídica, con una renta sometida a los límites establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

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(El País, 08-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Muere Maricarmen, la mujer que encendió la lucha contra los desahucios en España

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuya lucha contra el desahucio se convirtió en uno de los símbolos del movimiento por el derecho a la vivienda en España, ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, según ha comunicado el Sindicato de Inquilinas. La anciana había sido desalojada el pasado 23 de septiembre de la vivienda del barrio de Retiro en la que había vivido durante 70 años y permanecía ingresada desde entonces. Seis años antes, una empresa había adquirido el inmueble por un precio inferior al habitual en la zona precisamente porque Maricarmen residía en él. La mujer tenía una pensión de unos 1.400 euros y nunca había dejado de pagar su alquiler de renta antigua ni las facturas, que en conjunto suponían alrededor de 500 euros mensuales. En 2020, los nuevos propietarios le comunicaron que debía abandonar el piso porque el contrato había sido subrogado en dos ocasiones: primero a su madre, que no figuraba como arrendataria debido a una normativa de la época franquista, y posteriormente a ella. Desde entonces se produjeron cuatro intentos de desahucio. La familia y las organizaciones que la apoyaban plantearon distintas alternativas, como asumir un incremento del alquiler o comprar la vivienda, pero ninguna prosperó. Tras el último desalojo, la presión social consiguió que la empresa propietaria aceptara finalmente negociar un nuevo contrato que habría permitido a Maricarmen regresar a su casa una vez recibiera el alta hospitalaria. Sin embargo, el acuerdo llegó demasiado tarde. Su familia, su abogada y el Sindicato de Inquilinas han destacado que el caso desencadenó movilizaciones multitudinarias, acampadas y protestas en distintas ciudades españolas y contribuyó a impulsar la convocatoria de una huelga general por el derecho a la vivienda. Para sus allegados, lo sucedido supone un punto de inflexión en la lucha por el acceso a una vivienda digna, aunque lamentan el elevado coste personal que tuvo para la anciana. La salud de Maricarmen se había deteriorado considerablemente durante los últimos meses. Ya necesitaba una silla de ruedas y ayuda para realizar actividades cotidianas, y después del desalojo perdió masa muscular y tuvo dificultades para alimentarse. Poco antes de abandonar su vivienda explicó que todo el proceso había afectado profundamente a su estado físico y emocional. A pesar de encontrarse hospitalizada, continuó animando a las personas que se movilizaban en su nombre. Desde el hospital pidió a los manifestantes que mantuvieran la protesta y defendieran sus derechos. Su historia se extendió por toda España y convirtió su nombre en un símbolo del movimiento por la vivienda. El lema "Todos somos Maricarmen" comenzó a aparecer en pancartas y camisetas durante las movilizaciones. María del Carmen Abascal había vivido prácticamente toda su vida en aquel piso del barrio de Ibiza. Su padre lo alquiló en 1956 y allí residió junto a sus padres y su hermano. Estudió taquimecanografía y secretariado y trabajó durante 34 años como secretaria del consejo de administración de una empresa farmacéutica. Se jubiló en 1998 y, según contaba, mantuvo durante años una vida sencilla y muy vinculada a su barrio. Le gustaba pasear, hacer las compras habituales y conservar los numerosos objetos que había acumulado en su casa, entre ellos pinturas, porcelanas y piezas de colección. También guardaba con especial cariño las fotografías familiares. Muchos de esos recuerdos tuvieron que quedar atrás cuando fue trasladada al hospital después del desahucio. Durante los años de conflicto judicial, Maricarmen insistió en que pensaba luchar hasta el final. Consideraba aquella vivienda parte inseparable de su historia personal y recordaba que allí había muerto su padre, en 1960, y su madre, en 2005. Su deseo era poder terminar sus días en la misma habitación en la que había vivido durante décadas. Hasta sus últimos días pidió a quienes consideraba su familia del Sindicato de Inquilinas que continuaran defendiendo el derecho a una vivienda digna. Su caso trascendió el conflicto particular por el alquiler y se convirtió en un referente de las movilizaciones sociales que reclaman cambios en las políticas de vivienda. Antes de abandonar su casa, entre cajas y recuerdos, reconocía que cada rincón estaba ligado a una parte de su vida. Quería volver a ella y, además, tenía otro deseo personal: descansar algún día junto al mar Cantábrico. Finalmente, no pudo cumplir su sueño de regresar a la vivienda en la que había pasado los últimos 71 años.

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(Cinco Días, 07-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las letras a 12 meses pagan el 3% por primera vez desde 2024

El mercado de deuda vuelve a ganar protagonismo ante el repunte de las expectativas de inflación, la previsión de unos tipos de interés elevados durante más tiempo y el deterioro de las cuentas públicas de algunas de las principales economías. Este escenario ha llevado las rentabilidades de la deuda soberana a niveles máximos de las últimas dos décadas y ha vuelto a situar la prima de riesgo en el foco de los inversores. En este contexto, y un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, el Tesoro ha celebrado su primera subasta de letras de octubre, en la que ha captado 6.470,6 millones de euros. La emisión ha puesto de manifiesto el encarecimiento de la financiación a corto plazo. En concreto, las letras a doce meses han alcanzado un interés marginal del 3,026%, frente al 2,846% de la anterior subasta, situándose en su nivel más elevado desde julio de 2024. El Tesoro ha colocado en esta referencia 4.173,52 millones de euros. La demanda ha superado ampliamente la oferta, con peticiones por un total de 9.016,96 millones, lo que refleja que el adelanto electoral no ha provocado, al menos por ahora, un deterioro significativo de la confianza de los inversores en la economía española. Los particulares también han mantenido su interés por estos activos. Las solicitudes no competitivas para las letras a un año han superado los 1.195 millones de euros. En el caso de las letras a seis meses, el Tesoro ha adjudicado 2.297,1 millones de euros, con un tipo marginal del 2,798%, frente al 2,641% de la subasta anterior. Se trata también de la rentabilidad más elevada desde noviembre de 2024. La demanda de los pequeños ahorradores para esta referencia se ha situado en 988,4 millones de euros. El incremento de los rendimientos de la deuda se ha convertido en una tendencia desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo. La prolongación del conflicto, el encarecimiento de la energía y las dificultades que pueden surgir en las cadenas de suministro han vuelto a alimentar las expectativas de inflación, precisamente cuando los mercados consideraban que la escalada de los precios estaba bajo control. Este cambio de escenario ha llevado a los bancos centrales a endurecer nuevamente su discurso y a contemplar tipos de interés más altos durante más tiempo. Las letras del Tesoro se han convertido así en un indicador especialmente relevante de este nuevo escenario monetario. Sus rentabilidades han ido aumentando en las últimas subastas y tanto las referencias a seis meses como las de un año se encuentran ya en niveles que no se veían desde hace alrededor de dos años. El aumento del coste de la deuda presenta una doble vertiente. Para empresas y administraciones supone un mayor esfuerzo de financiación, mientras que para los ahorradores vuelve a hacer más atractivos los activos conservadores después de varios años de rentabilidades muy reducidas. No obstante, quienes recurren a las letras siguen obteniendo una rentabilidad inferior a la inflación. El IPC español avanzó un 4,9% en septiembre, por lo que los rendimientos actuales de estos títulos no permiten compensar completamente la pérdida de poder adquisitivo. En el mercado secundario, los analistas consideran que el repunte de las rentabilidades y de la prima de riesgo española no debe interpretarse necesariamente como una señal de alarma. El adelanto electoral, de hecho, podría contribuir a despejar parte de la incertidumbre política y facilitar posteriormente la aprobación de unos nuevos Presupuestos, algo que permitiría ofrecer mayor visibilidad sobre la evolución de la economía y de las cuentas públicas. España mantiene además unas perspectivas de crecimiento que contrastan con la situación fiscal de otras grandes economías europeas. En este contexto, Francia concentra actualmente buena parte de la preocupación de los inversores. El diferencial entre la deuda francesa y la alemana ronda los 130 puntos básicos, frente a los aproximadamente 61 puntos de España. Aunque el mercado no contempla un escenario similar al de la crisis de deuda de 2011 y 2012, el aumento generalizado de las rentabilidades añade presión sobre el Banco Central Europeo en un momento en el que continúa tratando de contener las tensiones inflacionistas. La subasta de octubre muestra, por tanto, que España conserva el respaldo de los inversores pese al aumento de la volatilidad y al adelanto electoral. Al mismo tiempo, el regreso de los tipos de las letras a niveles que no se alcanzaban desde hace años evidencia que el escenario de dinero barato ha quedado atrás. Las próximas emisiones del Tesoro permitirán comprobar si esta confianza se mantiene en un contexto condicionado tanto por la incertidumbre política como por la evolución de la inflación, los tipos de interés y las cuentas públicas.

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(El País, 07-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno blindan los desahucios y amplían las ayudas para la construcción

El Gobierno ha aprobado de nuevo los dos decretos de vivienda que el Congreso rechazó el pasado viernes, con un contenido muy similar al de las normas que decayeron entonces. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que se mantiene la esencia de las medidas anteriores porque las circunstancias que justificaron su aprobación no han cambiado, pese al adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. El primero de los decretos recupera el denominado escudo social para evitar el desahucio de personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional. También incluye nuevas medidas de apoyo a la vivienda, entre ellas un paquete de avales de 680 millones de euros para impulsar la construcción industrializada y la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales. A ello se suma una línea de 10.000 millones de euros gestionada por el ICO para facilitar el acceso a la primera vivienda. El nuevo texto mantiene además las bonificaciones fiscales en el IRPF vinculadas al alquiler, tanto para los inquilinos como para los pequeños propietarios que ofrezcan sus viviendas a precios asequibles. En el caso de los arrendatarios, Sánchez ha señalado que la deducción podría alcanzar casi los 1.000 euros anuales para un alquiler medio de 800 euros. También se mantiene la posibilidad de acceder a préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para financiar la compra de la primera vivienda. La línea de financiación contará con 10.000 millones de euros y será gestionada por el ICO. A diferencia del planteamiento inicial, el Gobierno ha insistido en que esta medida no estará limitada a los jóvenes, sino que podrá beneficiar a compradores de distintas generaciones. Entre las novedades económicas destaca la creación de un fondo de 280 millones de euros en avales destinado a favorecer la construcción industrializada de viviendas, con el objetivo de aumentar la oferta en un periodo reducido. Otros 400 millones se dirigirán a apoyar a los proveedores de vivienda social mediante ayudas a la promoción, que podrían contribuir a financiar hasta 30.000 viviendas. Además, Casa47, la empresa pública estatal de vivienda, adquirirá miles de inmuebles procedentes de la Seguridad Social. El decreto recupera asimismo la posibilidad de prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que estén próximos a finalizar y mantiene la limitación de las actualizaciones de las rentas. El mecanismo se aplicaría, según el esquema del texto anterior, a los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que el arrendatario se encuentre al corriente de pago. El Gobierno también pretende reforzar el control sobre los alquileres de temporada y por habitaciones para combatir el fraude y plantea elevar el IVA de las viviendas turísticas para que tributen como una actividad económica. El modelo anterior establecía un tipo del 10% para las viviendas turísticas y los alquileres de corta duración de hasta 30 noches. El nuevo decreto introducirá además obligaciones sobre la publicidad y comercialización de viviendas en alquiler. Los anuncios deberán incorporar información como el índice de referencia del precio del alquiler, el límite de renta aplicable en las zonas sometidas a regulación y, cuando corresponda, la condición de gran tenedor del propietario. El segundo decreto se centra en la prórroga automática de los contratos de alquiler una vez alcanzado su vencimiento, por un periodo equivalente al de su duración inicial, cinco o siete años en función del tipo de arrendador. Sin embargo, Sánchez ha advertido de que esta norma solo entrará en vigor si obtiene los apoyos necesarios en la Diputación Permanente, dado que cuenta con un respaldo político más limitado. La aprobación de estos dos nuevos textos llega después de las movilizaciones sociales relacionadas con el acceso a la vivienda y de la presión generada por casos como el de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid contribuyó a impulsar las protestas. Aunque el Congreso rechazó los decretos la semana pasada, el Ejecutivo ha optado por volver a aprobarlos mediante una vía que permita su eventual convalidación por la Diputación Permanente. Los textos aprobados todavía no se han difundido íntegramente, por lo que no pueden ser idénticos a los que fueron rechazados por el Pleno para evitar posibles problemas jurídicos. A falta de conocer su redacción definitiva, la principal diferencia anunciada hasta ahora se encuentra en el refuerzo de las medidas financieras destinadas a impulsar la construcción industrializada de viviendas.

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(Cinco Días, 06-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La industria militar y aeronáutica española marca récord de facturación en 2025 con más de 18.000 millones

La industria militar, aeronáutica y espacial cerró 2025 con una facturación récord, impulsada por el incremento de la inversión en defensa tanto en España como en el conjunto de Europa. De acuerdo con el informe anual elaborado por PwC y la patronal Tedae, presentado este lunes, las empresas de estos sectores alcanzaron unos ingresos consolidados de 18.034 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,6% respecto al ejercicio anterior. La actividad aeronáutica, tanto civil como militar, concentró la mayor parte de la cifra de negocio, con 12.080 millones de euros, un 6,2% más. No obstante, el mayor crecimiento correspondió al ámbito de seguridad y defensa, que incluye una parte de la actividad aeronáutica, con un avance del 16,2%, hasta los 10.877 millones. Por su parte, el sector espacial elevó sus ingresos un 9,5%, hasta los 1.416 millones. Durante la presentación del estudio, la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, destacó que Europa ha asumido que mantener la paz y la estabilidad exige contar con una industria y una capacidad tecnológica propias, lo que se ha traducido en un aumento de la inversión en defensa. En este contexto, señaló que España, como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, ha asumido su parte de responsabilidad. Valcarce también subrayó el efecto que estas actividades tienen sobre el conjunto de la economía, especialmente por su capacidad para impulsar la reindustrialización y generar actividad en distintos territorios. El informe pone de manifiesto, sin embargo, la elevada concentración territorial de estas industrias. La Comunidad de Madrid reunió en 2025 el 53% de la facturación del conjunto de empresas analizadas, con unos ingresos de 9.501 millones de euros. Andalucía ocupó la segunda posición, con 3.135 millones, mientras que Cataluña quedó muy por debajo, con 243 millones, aproximadamente el 1% de la cifra de negocio de las compañías integradas en Tedae. La contribución de estas industrias al PIB español alcanzó los 24.425 millones de euros, un 11,4% más que un año antes, equivalente al 1,5% de la economía nacional. El empleo directo también experimentó un fuerte crecimiento, del 10,8%, hasta situarse en 83.453 trabajadores. Si se incorporan los empleos indirectos e inducidos, el volumen total se elevó un 11,5%, hasta 289.938 puestos de trabajo. Madrid concentró el 36,7% de este empleo, con 106.568 trabajadores, una cifra que representa el 2,6% del empleo total de la comunidad. Cataluña, pese a los esfuerzos para incrementar su presencia en el ámbito de la defensa y reconvertir parte de su industria de automoción hacia este sector, registró 32.448 empleos vinculados a estas actividades, apenas el 0,7% del empleo regional. Por ramas de actividad, la industria aeronáutica generó 189.026 puestos de trabajo, frente a los 180.802 asociados a defensa y seguridad y los 25.068 del sector espacial. En conjunto, estas industrias aportaron 8.107 millones de euros en ingresos fiscales durante 2025, una cantidad equivalente al 2,5% de la recaudación tributaria del país. España alcanzó el pasado año el objetivo de destinar a defensa el equivalente al 2% de su PIB, en línea con el compromiso adquirido con la OTAN. Esto supone más de 34.000 millones de euros anuales de gasto militar, según explicó Valcarce, quien defendió que este esfuerzo inversor también genera retornos en forma de empleo y mayores ingresos fiscales para el conjunto de la economía. Una de las principales vías utilizadas por el Estado para aumentar la inversión en defensa son los Programas Especiales de Modernización (PEM). El Gobierno aprobó 35 nuevos programas durante 2025 y prevé incorporar otros 15. Actualmente existen cerca de 80 programas aprobados, algunos de ellos puestos en marcha años atrás y todavía en ejecución, como el correspondiente a los vehículos blindados Dragón 8x8. En conjunto, se estima que estos programas movilizarán alrededor de 61.900 millones de euros. Entre los programas aprobados en 2025, el 60,1% de los fondos se dirigirá a proyectos liderados por Indra. Entre ellos destaca el destinado al desarrollo de una nueva artillería sobre cadenas, cuyo presupuesto plurianual asciende a 4.554 millones de euros. Solo en 2026, el Ejecutivo ha comprometido 653 millones para este proyecto. A la modernización de las fragatas F-100 de Navantia y al desarrollo del helicóptero ligero multipropósito de Airbus destinado a labores de formación se dedicarán este año otros 349 y 290 millones de euros, respectivamente.

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