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(Cinco Días, 13-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España se convierte en destino predilecto de los fondos soberanos

España se ha afianzado como uno de los destinos preferentes para la inversión de los fondos soberanos internacionales. Entre julio de 2024 y diciembre de 2025, estos vehículos de inversión, controlados por distintos Estados, destinaron cerca de 7.000 millones de euros a la economía española a través de 18 operaciones, situando al país como el sexto mayor receptor de este tipo de capital a nivel mundial y el segundo dentro de la Unión Europea, únicamente por detrás de Alemania, según un informe elaborado por el Centro para la Gobernanza del Cambio de IE University en colaboración con ICEX-Invest in Spain. Las inversiones se han concentrado en sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico, como las energías renovables, las infraestructuras digitales, la educación superior, las residencias de estudiantes y el desarrollo tecnológico. Entre los principales inversores destacan los fondos soberanos de Abu Dabi, como Mubadala y su filial Masdar, el fondo soberano de Noruega y el fondo singapurense GIC. Según explica Javier Capapé, director del Centro de Fondos Soberanos de IE University, España reúne varios factores que la convierten en un destino atractivo para este tipo de inversores, entre ellos la estabilidad institucional y regulatoria, un mercado con suficiente dimensión para absorber grandes inversiones y una especialización creciente en sectores alineados con las estrategias de largo plazo de estos fondos. La transición energética continúa siendo el principal foco de inversión. Mubadala protagonizó algunas de las operaciones de mayor volumen del periodo, entre ellas la adquisición de la totalidad de Saeta Yield, filial de ACS, por 1.256 millones de euros en septiembre de 2025. A ello se suma la compra del 50% de EGPE Solar por 850 millones de euros en 2024 y la posterior ampliación de esa participación mediante una nueva inversión de 184 millones de euros durante 2025. La infraestructura digital constituye otro de los grandes ámbitos de interés. En agosto de 2025, el fondo GIC adquirió el 25% de PremiumFiber en una operación valorada en 1.750 millones de euros, una de las mayores registradas en el periodo analizado. Asimismo, la compra del operador de centros de datos Nabiax por aproximadamente 1.000 millones de euros refleja el creciente atractivo de los activos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial y al incremento de la capacidad de almacenamiento de datos. La diversificación de las inversiones también alcanza otros sectores. En el ámbito educativo, Mubadala adquirió un 25% de la Universidad Alfonso X el Sabio por 625 millones de euros, la mayor operación realizada hasta la fecha en el sector universitario español por un fondo soberano. Las residencias para estudiantes se consolidan igualmente como un activo de creciente interés. GIC invirtió 460 millones de euros en la plataforma EQT Moraval, mientras que el fondo soberano de Noruega adquirió el 40% de AXA Lifestyle Housing por 240 millones de euros. La combinación de ingresos estables y el aumento del número de estudiantes internacionales explica el atractivo de este segmento inmobiliario. Pese a estas operaciones, el mayor inversor soberano presente en España sigue siendo Norges Bank Investment Management (NBIM), entidad que gestiona el fondo soberano de Noruega. Su cartera en España ronda los 25.000 millones de dólares, distribuidos principalmente entre participaciones en empresas cotizadas, deuda pública y corporativa, así como inversiones inmobiliarias y proyectos de energías renovables. Aproximadamente el 60% de sus activos españoles se concentra en Bolsa, un 37% en bonos y el resto en inversiones inmobiliarias y energéticas. En los últimos años, el papel de los fondos soberanos ha evolucionado significativamente. Más allá de actuar como simples inversores financieros, se han convertido en socios estratégicos capaces de impulsar grandes proyectos mediante inversiones de largo plazo. Esta transformación responde a la necesidad de movilizar recursos hacia ámbitos como la transición energética, la digitalización, las infraestructuras críticas y el fortalecimiento de la autonomía económica. El crecimiento de estos vehículos también explica su creciente protagonismo en la economía mundial. En la actualidad gestionan más de 15 billones de dólares en activos, con una fuerte concentración en países de Asia-Pacífico y Oriente Medio, origen de buena parte del capital que llega a España. Paralelamente, España ha puesto en marcha instrumentos públicos para favorecer la llegada de inversión institucional, como el fondo España Crece, concebido para impulsar proyectos estratégicos mediante fórmulas de coinversión con capital privado. Este tipo de iniciativas ha contribuido a reforzar el posicionamiento del país como uno de los principales destinos europeos para los grandes inversores internacionales. Las perspectivas apuntan a que esta tendencia continuará en los próximos años. La expansión de la inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas infraestructuras digitales, la transición energética y el refuerzo de la capacidad industrial europea seguirán generando oportunidades para atraer capital soberano. Según Javier Capapé, entre junio de 2024 y junio de 2025 los fondos soberanos llevaron a cabo 391 operaciones de inversión directa en todo el mundo, por un importe superior a los 400.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 91% respecto al periodo anterior. El experto destaca que el mercado muestra una clara evolución hacia un menor número de operaciones, pero de mayor tamaño, reflejando una estrategia orientada a incrementar la influencia y el impacto transformador de estas inversiones. Entre las operaciones internacionales más relevantes destacan el respaldo del fondo saudí PIF a la adquisición de Electronic Arts, la financiación de Anthropic por parte del fondo catarí QIA y GIC, la reorganización de TikTok en Estados Unidos con el apoyo del fondo emiratí MGX -impulsado por Mubadala- y diversas inversiones en infraestructuras energéticas europeas lideradas por los fondos soberanos de Noruega y Singapur.

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(Expansión, 13-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno esquiva los daños del apagón y deja que decidan los jueces

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, descarta por el momento que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) asuma el pago de las indemnizaciones derivadas del gran apagón, una posibilidad que habían planteado algunas de las principales compañías eléctricas, como Iberdrola y Endesa, para hacer frente a las reclamaciones por los daños ocasionados. El CCS, organismo adscrito al Ministerio de Economía, actúa de forma complementaria al seguro privado y cubre determinados daños provocados por acontecimientos extraordinarios. Sin embargo, para que intervenga es necesario que el Gobierno declare previamente que el suceso constituye un caso de fuerza mayor, tal y como ocurrió con las inundaciones provocadas por la dana de 2024. Este organismo financia su actividad mediante las aportaciones incluidas en las primas de seguros y con el rendimiento de sus inversiones. Tras la dana, sus reservas ascendían a unos 10.000 millones de euros. La propuesta defendida por algunas eléctricas y aseguradoras pretende evitar una larga batalla judicial para determinar qué empresas fueron responsables del apagón y quién debe asumir el coste de las indemnizaciones. De lo contrario, las reclamaciones podrían prolongarse durante años y tramitarse en numerosos juzgados con criterios distintos. Más de un año después del apagón registrado el 28 de abril de 2025, todavía no existe una resolución que determine oficialmente las responsabilidades. Los informes técnicos elaborados hasta la fecha apuntan a una combinación de factores, pero ninguno identifica de forma concluyente a un responsable, por lo que previsiblemente serán los tribunales quienes deban resolver la cuestión. El Ministerio de Economía sostiene que, en las circunstancias actuales, no existen motivos para calificar el apagón como un supuesto de fuerza mayor. Además, ha elaborado un informe jurídico en el que defiende que este tipo de incidentes queda fuera de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros. Según ese análisis, la legislación limita la actuación del CCS a determinados acontecimientos extraordinarios expresamente previstos, entre ellos fenómenos naturales como inundaciones, terremotos, maremotos o vientos excepcionales, así como ciertos hechos de origen humano, como actos terroristas, motines o disturbios. El Ministerio recuerda que el sistema español de riesgos extraordinarios se basa en la naturaleza del hecho que provoca el daño y que su ámbito de actuación está definido de forma estricta por la normativa. En consecuencia, la declaración de un suceso como fuerza mayor no implica automáticamente que quede cubierto por el Consorcio si ese riesgo no figura entre los previstos por la ley. Asimismo, para que el CCS pueda indemnizar es imprescindible que el afectado disponga de una póliza de seguro privada que incluya el recargo destinado a financiar la cobertura de riesgos extraordinarios y que dicho recargo haya sido abonado e ingresado en el propio organismo. El informe también recuerda que el Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios excluye expresamente los daños ocasionados por interrupciones en el suministro de electricidad, gas u otros fluidos, incluso cuando el origen del incidente pudiera estar relacionado con un acontecimiento extraordinario cubierto por el sistema. Esta exclusión responde al funcionamiento del modelo asegurador, ya que el Consorcio únicamente cubre los riesgos para los que se ha pagado previamente el correspondiente recargo, sin posibilidad de ampliar posteriormente la cobertura a supuestos no contemplados. Por último, el Ministerio subraya que el Consorcio de Compensación de Seguros no constituye un fondo general de solidaridad pública destinado a reparar cualquier perjuicio económico. En este sentido, recuerda que muchas pólizas multirriesgo comercializadas por las aseguradoras privadas pueden incluir coberturas específicas frente a pérdidas derivadas de cortes del suministro eléctrico, por lo que recomienda a los afectados revisar las condiciones de sus seguros para comprobar si cuentan con esa protección.

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(El Economista, 13-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo mejora el plazo para reclamar en los divorcios lo pagado de más de hipoteca

El Tribunal Supremo ha fijado un nuevo criterio sobre las reclamaciones entre excónyuges por el pago de préstamos hipotecarios, facilitando que uno de los miembros de la pareja pueda recuperar las cantidades que haya abonado de más durante el matrimonio. La sentencia establece que el plazo de prescripción para reclamar estos importes no comienza con cada uno de los pagos realizados, sino desde que se produce la disolución del matrimonio o, en su caso, desde la separación de hecho definitiva. A partir de ese momento, la persona perjudicada dispone de cinco años para ejercer la correspondiente acción judicial. El caso analizado corresponde a un matrimonio casado en régimen de separación de bienes que era titular de una hipoteca al 50%. No obstante, entre los años 2009 y 2016, y posteriormente entre 2018 y 2020, fue la esposa quien asumió en exclusiva el pago de las cuotas del préstamo. La convivencia terminó de forma definitiva en junio de 2018 y el divorcio quedó formalizado mediante sentencia en marzo de 2020. En marzo de 2021, la mujer interpuso una demanda contra su exmarido para reclamar 22.797 euros, cantidad correspondiente a la parte de la hipoteca que, según sostenía, había abonado en exceso. En una primera resolución, el juzgado estimó parcialmente la demanda al considerar prescritas las cantidades satisfechas entre 2009 y 2016, aunque reconoció el derecho a recuperar las abonadas entre 2018 y 2020, fijando una indemnización de 3.580 euros. Posteriormente, la Audiencia Provincial revocó parcialmente ese criterio y entendió que el plazo de prescripción debía computarse desde la fecha del divorcio, dando así la razón a la demandante. El exmarido recurrió ante el Tribunal Supremo, que finalmente desestimó su recurso. El Alto Tribunal precisó que no existía controversia sobre la obligación de ambos de asumir la hipoteca por partes iguales ni sobre la aplicación del plazo general de prescripción de cinco años previsto en el Código Civil. La cuestión a resolver era únicamente el momento en el que ese plazo debía comenzar a contarse. La sentencia recuerda que el artículo 1969 del Código Civil establece que el plazo de prescripción empieza cuando la acción puede ejercitarse. Asimismo, señala que, con independencia del régimen económico matrimonial, los cónyuges tienen el deber de contribuir a las necesidades familiares y que quien haya empleado recursos propios para atenderlas tiene derecho a ser reembolsado conforme al régimen aplicable. El Supremo considera que el matrimonio genera una serie de vínculos personales y patrimoniales que condicionan el ejercicio de las acciones entre los cónyuges. Mientras la convivencia continúa y el proyecto común permanece vigente, no resulta razonable exigir que uno de ellos reclame judicialmente al otro las cantidades satisfechas en beneficio de ambos. Por ello, el Alto Tribunal concluye que el plazo de prescripción no puede empezar a computarse mientras subsista la convivencia matrimonial, sino únicamente desde la disolución del matrimonio o desde la separación de hecho definitiva, momento en el que desaparece esa comunidad de intereses. Aplicando este criterio al caso concreto, la sentencia determina que la demanda presentada en marzo de 2021 se interpuso dentro del plazo legal, ya que no habían transcurrido cinco años desde la separación definitiva producida en junio de 2018. En consecuencia, el Tribunal Supremo confirma el derecho de la demandante a recuperar los 22.797 euros que abonó en exceso por la hipoteca compartida.

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(El País, 10-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La riqueza financiera de las familias marca un récord de 2,66 billones gracias al impulso de la Bolsa

La riqueza financiera de las familias españolas alcanzó un nuevo máximo histórico durante el primer trimestre del año. Según los datos publicados por el Banco de España, el patrimonio financiero neto de los hogares -resultado de restar las deudas al conjunto de activos financieros- se situó en 2,66 billones de euros, equivalente al 155,3% del PIB. Este nivel supera ampliamente la media registrada desde 2022 y refleja tanto el incremento del ahorro como la fuerte revalorización de los activos financieros. El principal motor de este crecimiento ha sido el buen comportamiento de los mercados. En los últimos doce meses, los activos financieros de las familias aumentaron en 261.000 millones de euros, impulsados especialmente por la subida de las acciones y de los fondos de inversión. Solo durante el primer trimestre, la revalorización de estos activos explicó un crecimiento del 9,1% de la riqueza financiera, mientras que las nuevas aportaciones de ahorro e inversión contribuyeron con un 3,2%. La evolución positiva se produjo en un contexto marcado por la fortaleza de los mercados bursátiles, que mantuvieron el impulso de comienzos de año pese a la incertidumbre generada por la guerra en Oriente Próximo. Aunque el conflicto provocó episodios de volatilidad, las principales bolsas internacionales lograron cerrar el semestre con sus mejores resultados desde la pandemia. No obstante, las perspectivas para los próximos meses dependerán en gran medida del comportamiento de los mercados financieros. La evolución del conflicto en Oriente Medio, las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y la incertidumbre geopolítica continúan siendo factores de riesgo que podrían afectar tanto a las bolsas como al precio de la energía. Además, una parte creciente del patrimonio familiar está vinculada a la evolución de los mercados, lo que aumenta la sensibilidad de la riqueza de los hogares ante posibles correcciones financieras. Paralelamente, las familias han mantenido un elevado ritmo de inversión. Durante el último año destinaron cerca de 100.000 millones de euros a la adquisición de activos financieros, una cifra equivalente al 5,8% del PIB y claramente superior a la media de los últimos años. Aunque los depósitos bancarios y el efectivo siguen concentrando una parte importante de ese ahorro, los fondos de inversión continúan ganando protagonismo dentro de las carteras familiares. El fortalecimiento de la posición financiera de los hogares ha coincidido con una recuperación significativa del crédito bancario. Durante el primer trimestre, la financiación concedida por las entidades financieras alcanzó el 5,1% del PIB, multiplicando por cinco el promedio registrado entre 2022 y 2025. En total, la banca otorgó nuevos préstamos por valor neto de 21.891 millones de euros entre enero y marzo. Las empresas absorbieron la mayor parte de esta financiación, con 24.348 millones de euros, mientras que las familias y las instituciones sin ánimo de lucro captaron 7.250 millones. En el caso de los hogares, la financiación recibida equivale al 1,9% del PIB, muy por encima de los niveles habituales de los últimos años, reflejando una mayor demanda de crédito para vivienda y consumo. Como consecuencia de esta recuperación de la financiación, la deuda de los hogares aumentó hasta los 728.000 millones de euros. Sin embargo, gracias al crecimiento de la economía, su peso relativo descendió hasta el 42,5% del PIB, el nivel más bajo desde finales de 1999. De forma similar, la deuda de las empresas se situó en 1,07 billones de euros, aunque su ratio sobre el PIB cayó al 62,5%, mínimos desde 2001. La mejora de los balances privados también ha reforzado la posición financiera de España frente al exterior. El Banco de España estima una capacidad de financiación de la economía de 61.000 millones de euros, equivalente al 3,5% del PIB, consolidando al país como prestamista neto frente al resto del mundo. En este resultado ha tenido un papel destacado el aumento del ahorro y de la inversión financiera realizada por los hogares españoles.

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(El Economista, 10-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España plantea a un Eurogrupo dividido un ahorro de 25.000 millones emitiendo Eurobonos

España ha vuelto a poner sobre la mesa la creación de un sistema de eurobonos, defendiendo que la iniciativa beneficiaría al conjunto de la Unión Europea al reforzar el papel internacional del euro y mejorar la eficiencia de la financiación comunitaria. El Ministerio de Economía ha distribuido entre sus homólogos europeos una propuesta que plantea un modelo de emisión conjunta de deuda capaz de generar un activo financiero considerado seguro por los mercados, sin incrementar el endeudamiento agregado de los Estados miembros. La iniciativa recupera un debate que durante años encontró la oposición de los países denominados "frugales", principalmente del norte de Europa. Sin embargo, el contexto actual es diferente, ya que las instituciones comunitarias comparten el objetivo de fortalecer la posición internacional del euro en un escenario marcado por la incertidumbre sobre el liderazgo del dólar tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió que la propuesta no supone una mutualización de la deuda como las planteadas en el pasado, sino un mecanismo destinado a hacer más eficiente la emisión de deuda pública y a reducir la fragmentación financiera dentro de la Unión. Según el Gobierno, se trata de una iniciativa que puede ser asumida por todos los socios europeos al perseguir un interés común. El plan contempla emisiones conjuntas por valor de unos 850.000 millones de euros anuales. Sumadas a los 750.000 millones de euros emitidos por la Unión Europea durante la pandemia, permitirían alcanzar en cinco años un volumen cercano a los cinco billones de euros en circulación, considerado por diversos economistas como el tamaño mínimo necesario para consolidar un auténtico activo europeo libre de riesgo. Pese a ello, la propuesta sigue encontrando una fuerte resistencia entre algunos Estados miembros. Países Bajos reiteró su rechazo, calificando el debate de recurrente y descartando nuevamente la emisión conjunta de deuda. Finlandia también expresó su oposición, al considerar que esta fórmula no constituye una solución adecuada. El propio presidente del Eurogrupo reconoció que, aunque el asunto forma parte de las discusiones actuales, todavía no existe consenso entre los países de la zona euro. El Ministerio de Economía sostiene que este modelo permitiría reducir significativamente los costes de financiación de los Estados miembros. Según sus cálculos, el ahorro en intereses podría alcanzar los 5.000 millones de euros anuales desde el inicio del programa y elevarse progresivamente hasta unos 25.000 millones de euros al año una vez completado el periodo de implantación de cinco años. Estas estimaciones parten de la hipótesis de que la Comisión Europea pueda financiarse en condiciones similares a las de Alemania, considerada la referencia de menor riesgo dentro de la eurozona. Actualmente, la deuda emitida por la Unión Europea soporta costes de financiación superiores, debido principalmente al menor volumen de bonos disponibles y a la limitada liquidez que perciben los inversores. La propuesta fue presentada oficialmente durante la reunión del Eurogrupo celebrada en Bruselas, aunque el documento ya había sido distribuido previamente entre los distintos ministros de Economía para facilitar su análisis antes del encuentro. Con el objetivo de disipar las reticencias de algunos socios, España insiste en que el sistema no supondría un incremento del endeudamiento conjunto de la Unión. La idea consiste en que los Estados transfieran una parte de sus programas nacionales de emisión a la Comisión Europea, que actuaría como emisor centralizado de esos títulos en los mercados financieros. Posteriormente, la Comisión canalizaría los recursos obtenidos mediante préstamos a los propios Estados miembros, utilizando esos compromisos de devolución como garantía de las emisiones. Este mecanismo, denominado provisionalmente Mecanismo Soberano Europeo (European Sovereign Facility, ESF), estaría reservado a los países que cumplan las normas fiscales europeas. Además, el proyecto prevé establecer un sistema de compensación para aquellos Estados que actualmente pueden financiarse a tipos de interés inferiores a los que obtendría inicialmente la Comisión Europea. De este modo, se evitaría que esos países asumieran un mayor coste de financiación mientras el nuevo sistema alcanza la suficiente dimensión y liquidez para consolidarse en los mercados.

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(El Economista, 10-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Eurocámara da luz verde para la negociación final con los países sobre el euro digital

El Parlamento Europeo ha aprobado su posición sobre la futura regulación del euro digital, un paso que permitirá iniciar la próxima semana las negociaciones con el Consejo de la Unión Europea para acordar el texto definitivo de la normativa. El objetivo de esta iniciativa es reforzar la autonomía estratégica de Europa en materia de pagos electrónicos y reducir la dependencia de infraestructuras y proveedores tecnológicos de terceros países. La regulación establecerá el marco jurídico necesario para que el Banco Central Europeo pueda emitir el euro digital si finalmente adopta esa decisión. La nueva moneda tendría como finalidad complementar el dinero en efectivo y los sistemas privados de pago ya existentes, ofreciendo un medio de pago digital respaldado directamente por el banco central y gestionado íntegramente bajo el marco institucional europeo. Durante la presentación del acuerdo, el eurodiputado Fernando Navarrete, responsable del expediente en la Eurocámara, defendió que el actual sistema europeo de pagos depende en exceso de proveedores, infraestructuras y estándares ubicados fuera de la Unión Europea, una situación que, a su juicio, supone un riesgo geopolítico. Según explicó, el euro digital ofrecerá a los ciudadanos una alternativa gobernada por la legislación europea y supervisada por las instituciones comunitarias. El texto aprobado contempla que el euro digital pueda utilizarse tanto con conexión a internet como sin ella. La modalidad "offline" permitirá realizar pagos directamente entre dispositivos móviles sin necesidad de acceder a la red ni de utilizar una infraestructura central para validar la operación. Este sistema ofrecerá un nivel de privacidad equivalente al del dinero en efectivo, ya que las transacciones no dejarán registro. Por su parte, la modalidad "online" estará vinculada a una cuenta bancaria y permitirá incorporar funcionalidades adicionales. Las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago podrán integrarla en sus propias aplicaciones o facilitar el acceso a la plataforma específica que desarrollará el Banco Central Europeo. La protección de la privacidad ha sido uno de los aspectos más debatidos durante la tramitación de la norma. El acuerdo prevé que las operaciones estén anonimizadas, de forma que el Banco Central Europeo no pueda identificar a los usuarios que realicen los pagos. La distribución del euro digital recaerá en los bancos y en otros proveedores de servicios de pago, que lo ofrecerán a los clientes que deseen utilizarlo. Asimismo, los comercios y empresas deberán aceptar este nuevo medio de pago, salvo en determinados supuestos previstos por la legislación. Para los ciudadanos, las funciones básicas del euro digital serán gratuitas, aunque las entidades podrán cobrar por servicios adicionales. En el caso de los comercios, continuarán abonando las comisiones correspondientes a las entidades financieras, de manera similar a lo que ocurre actualmente con los pagos mediante tarjeta. La utilización de la modalidad sin conexión será gratuita tanto para consumidores como para establecimientos. Con el fin de preservar la estabilidad financiera, la futura normativa contempla la fijación de un límite máximo de euros digitales que podrá mantener cada usuario. El propósito es evitar que una transferencia masiva de depósitos bancarios hacia esta nueva forma de dinero provoque tensiones de liquidez en el sistema financiero. La cuantía concreta será determinada por el Banco Central Europeo atendiendo a diversos criterios técnicos. La propuesta también ha encontrado oposición política. Los grupos de Conservadores y Reformistas Europeos, Patriotas por Europa y Europa de las Naciones Soberanas cuestionaron el proyecto al considerar que podría limitar la libertad financiera de los ciudadanos, incrementar los costes y favorecer una excesiva centralización del sistema de pagos. Pese a esas críticas, la iniciativa fue aprobada por el Pleno del Parlamento Europeo con 416 votos a favor, 169 en contra y 22 abstenciones. Las negociaciones con los Estados miembros comenzarán el próximo lunes con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de que finalice el año. Si el proceso culmina con éxito y el Banco Central Europeo decide poner en marcha el proyecto, las primeras emisiones del euro digital podrían comenzar en 2029, tras un periodo previo de pruebas piloto.

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(Cinco Días, 08-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE pide a la banca un plan de acción antes del 31 de octubre ante la amenaza de Mythos

El Banco Central Europeo (BCE) ha advertido a las principales entidades financieras de la eurozona sobre los nuevos riesgos de ciberseguridad derivados del desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial, especialmente aquellos con capacidad para localizar y explotar vulnerabilidades en sistemas informáticos. Entre ellos, el supervisor cita expresamente el modelo Mythos, desarrollado por Anthropic, y ha solicitado a los bancos que presenten antes del 31 de octubre un plan de actuación para hacer frente a este escenario. La petición se ha trasladado mediante una carta dirigida a los máximos responsables de las entidades, un formato conocido como Dear CEO, reservado para cuestiones consideradas de especial relevancia por el supervisor europeo. Se trata de un mecanismo que el BCE utiliza de forma excepcional para trasladar asuntos estratégicos que deben ser analizados al máximo nivel de gobierno de los bancos, incluidos sus consejos de administración. Actualmente, las entidades trabajan junto a sus equipos de supervisión en la elaboración de esos planes, que deberán contemplar medidas tanto inmediatas como de largo alcance. Entre las actuaciones prioritarias, el BCE reclama acelerar la detección y corrección de vulnerabilidades en el software, reforzar las capacidades de monitorización mediante herramientas de inteligencia artificial, verificar los estándares de seguridad de los proveedores tecnológicos y fortalecer los mecanismos de protección frente a posibles ciberataques. A más largo plazo, el supervisor europeo insta a las entidades a modernizar sus infraestructuras tecnológicas, sustituir sistemas obsoletos y mejorar su capacidad de recuperación ante incidentes mediante planes de continuidad del negocio y una mayor cooperación e intercambio de información dentro del sector financiero. La carta culmina varios meses de contactos entre el BCE y los principales bancos europeos, durante los cuales el organismo ha analizado las medidas de protección que las entidades ya tienen implantadas y su grado de preparación frente a los riesgos asociados a las nuevas herramientas de inteligencia artificial. La preocupación del supervisor se centra en que modelos como Mythos, al igual que otros sistemas de IA generativa desarrollados por distintas compañías tecnológicas, son capaces de identificar en muy poco tiempo fallos de programación que anteriormente requerían largos procesos de análisis. Estas capacidades pueden convertirse en una herramienta muy valiosa para reforzar la seguridad de los sistemas bancarios, pero también podrían ser utilizadas con fines maliciosos para localizar vulnerabilidades y facilitar ciberataques de gran impacto. Por este motivo, el BCE considera prioritario que las entidades revisen si los recursos humanos y económicos destinados a tecnología y ciberseguridad son suficientes para afrontar este nuevo contexto. Asimismo, recomienda intensificar la formación especializada de las plantillas, revisar la seguridad de la cadena de suministro tecnológica y reforzar los controles sobre los proveedores externos. El supervisor también reclama que los bancos aceleren los procesos de identificación y corrección de vulnerabilidades, aprovechando incluso las propias herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles fallos antes de que puedan ser explotados. Además, pide inventariar todos los activos tecnológicos, incluidos los gestionados por terceros, reducir la exposición de los sistemas accesibles desde internet y reforzar la protección de los entornos alojados en la nube. Una vez recibidos los planes de actuación, el Banco Central Europeo llevará a cabo un análisis conjunto para identificar las principales tendencias, evaluar el grado de preparación del sector y detectar posibles áreas de mejora. El organismo prevé compartir posteriormente las conclusiones con las entidades y no descarta mantener nuevas reuniones con los responsables tecnológicos de los bancos para supervisar la implantación de las medidas propuestas.

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(Cinco Días, 08-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro paga el 2,4% por las letras a seis meses, el tipo más alto desde enero de 2025

La evolución del precio del petróleo y las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo vuelven a condicionar las expectativas de inflación y la política monetaria. Tras el fuerte descenso registrado por el barril de Brent durante junio, favorecido por la mejora de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, los recientes acontecimientos en torno a Omán han devuelto la incertidumbre a los mercados. Como consecuencia, el crudo ha retomado la senda alcista, las rentabilidades de la deuda han repuntado y los inversores han reducido las expectativas de nuevos recortes de los tipos de interés. En este contexto, el Tesoro Público ha captado 5.617 millones de euros en una nueva subasta de letras a corto plazo, con una demanda que volvió a superar ampliamente la oferta. Las solicitudes de compra alcanzaron los 10.142,7 millones de euros, prácticamente el doble del importe finalmente adjudicado, lo que pone de manifiesto el interés de los inversores por la deuda española. La mayor parte de la emisión correspondió a letras con vencimiento a doce meses, por un importe de 4.040,97 millones de euros. Su rentabilidad se redujo ligeramente hasta el 2,523%, cuatro puntos básicos menos que en la subasta anterior, aunque continúa por encima del 2,5%. Este descenso se produce tras varias emisiones marcadas por el incremento de los rendimientos provocado por el aumento de las expectativas de inflación derivadas del encarecimiento de la energía. Las letras a seis meses, por el contrario, registraron un ligero aumento de la rentabilidad. El Tesoro adjudicó 1.576 millones de euros a un interés del 2,409%, frente al 2,398% de la emisión precedente, alcanzando así el nivel más elevado desde comienzos de 2025. La evolución refleja la cautela de los mercados ante la posibilidad de que las tensiones geopolíticas mantengan la presión sobre los precios de la energía y retrasen futuras bajadas de los tipos oficiales. A pesar de que las rentabilidades actuales se sitúan muy por debajo de los máximos registrados durante el ciclo de endurecimiento monetario impulsado por los bancos centrales para combatir la inflación, las letras del Tesoro continúan siendo una alternativa atractiva para los pequeños ahorradores por su combinación de seguridad y rentabilidad. No obstante, la demanda minorista descendió respecto a la subasta anterior. Las peticiones no competitivas alcanzaron 1.108 millones de euros en las letras a doce meses y 796 millones en las de seis meses, una reducción que también suele estar condicionada por el calendario estival, periodo en el que las familias destinan una mayor parte de sus recursos al consumo. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dejó entrever recientemente que el ajuste monetario realizado el mes pasado podría ser suficiente si la inflación continúa moderándose. Sin embargo, la evolución del conflicto en Oriente Próximo mantiene la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los precios y, por tanto, sobre las próximas decisiones del BCE en materia de tipos de interés. Pese a este escenario, la deuda pública española sigue contando con un elevado respaldo por parte de los mercados. Las buenas perspectivas de crecimiento económico y la mejora gradual de las cuentas públicas permiten al Tesoro afrontar el segundo semestre con una posición financiera sólida. En esta línea, la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) ha revisado al alza su previsión de crecimiento para 2025 hasta el 2,5%, apenas unos días después de que el propio Gobierno mejorara sus estimaciones macroeconómicas. Más allá de la favorable evolución de la economía, uno de los principales retos del Ejecutivo continúa siendo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que serían los primeros de la actual legislatura. El crecimiento económico y la contención del déficit han contribuido a reducir el peso de la deuda pública sobre el PIB, y el objetivo del Tesoro es situar este indicador por debajo del 100% al cierre de 2026, un nivel que España no alcanza desde antes de la pandemia.

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(Expansión, 08-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El nuevo Código de Buen Gobierno de las cotizadas de la CNMV incluirá la IA

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha anunciado que la próxima actualización del Código de Buen Gobierno para las sociedades cotizadas incorporará referencias específicas al uso de la Inteligencia Artificial (IA), una cuestión que el supervisor considera cada vez más relevante. Durante su participación en el Foro de Gobierno Corporativo y del Consejo, organizado por KPMG, AON y El Mundo, San Basilio explicó que el objetivo es que el nuevo texto no se limite a recoger las prácticas ya consolidadas, sino que también aborde los retos emergentes que afectan a las empresas cotizadas, entre ellos la aplicación de la IA. Para elaborar esta revisión, la CNMV ha constituido un grupo de trabajo en el que participan representantes de diferentes ámbitos del mercado de valores, como emisores, inversores y organismos públicos. Según detalló, durante los primeros meses del año ya se han analizado diversas propuestas de mejora y el proceso continuará con nuevas reuniones para avanzar en la redacción del documento. El responsable del organismo precisó que el grupo estudiará en los próximos días un primer borrador y confía en disponer de una nueva versión del texto en septiembre. Posteriormente, se recabará la opinión de otros participantes del mercado, se realizarán los ajustes necesarios y se abrirá un proceso de consulta pública con la intención de aprobar el nuevo Código de Buen Gobierno de cara a 2027. San Basilio también recordó que España forma parte, desde el pasado año, del grupo integrado por los nueve principales mercados europeos con mayor número de empresas cotizadas. Este foro permite compartir experiencias y analizar la evolución de los códigos de gobierno corporativo, un ámbito en el que, según señaló, se aprecia una creciente armonización entre los distintos países. En paralelo, las autoridades europeas de supervisión financiera -Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), Autoridad Bancaria Europea (EBA) y Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA)- han respaldado la advertencia de la Junta Europea de Riesgo Sistémico sobre los riesgos de ciberseguridad asociados al desarrollo y utilización de modelos de inteligencia artificial.

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(Cinco Días, 07-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El barril ‘brent’ se mantiene por debajo de los 72 dólares después de que el cártel pacte un aumento de 188.000 barriles en la cuota de producción

El mercado del petróleo ha iniciado la semana con una evolución estable, consolidando las caídas registradas en los últimos días y situando las cotizaciones por debajo de los niveles alcanzados antes del conflicto entre Irán y Estados Unidos. La normalización del tránsito de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz y la decisión de la OPEP+ de seguir aumentando la producción han contribuido a aliviar la presión sobre los precios. En este contexto, el barril de Brent se mantiene ligeramente por encima de los 72 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotiza en torno a los 69 dólares. La recuperación del tráfico marítimo de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz durante el fin de semana ha reforzado la percepción de que el suministro internacional vuelve progresivamente a la normalidad, después de que algunos buques modificaran su ruta en los momentos de mayor tensión. A este escenario se suma el acuerdo alcanzado por varios miembros de la OPEP+, encabezados por Arabia Saudí y Rusia, para incrementar nuevamente su producción a partir del próximo mes. El grupo ha aprobado un aumento de 188.000 barriles diarios dentro del proceso gradual de eliminación de los recortes aplicados en años anteriores. Aunque parte de ese incremento aún no se ha materializado, la decisión refleja la intención de los principales productores de seguir elevando la oferta conforme se estabiliza el mercado. Los analistas consideran que los países productores afectados por el conflicto están recuperando progresivamente su capacidad de extracción y exportación, aunque descartan, por el momento, un exceso de oferta que provoque un desplome acusado de las cotizaciones. Durante el segundo trimestre del año, el Brent acumuló un descenso cercano al 30%, favorecido por el acuerdo provisional alcanzado entre Washington y Teherán, que permitió reabrir parcialmente el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz. Tras esa corrección, algunas entidades financieras consideran que el petróleo aún podría abaratarse más durante la segunda mitad del año, con previsiones que sitúan el barril en torno a los 60 dólares antes de finalizar 2026. Otros expertos mantienen una visión más prudente. Aunque reconocen que el transporte marítimo está recuperándose de forma gradual, advierten de que las exportaciones todavía permanecen por debajo de los niveles anteriores al conflicto y que persisten limitaciones logísticas. Además, la necesidad de reconstruir las reservas estratégicas y comerciales de crudo podría seguir sosteniendo la demanda durante los próximos meses, favoreciendo una estabilización de los precios en una horquilla de entre 75 y 80 dólares por barril. En el mercado de futuros comienzan a observarse señales de una mayor disponibilidad de petróleo a corto plazo. Tanto el Brent como el crudo de referencia de Dubái presentan actualmente una estructura de contango, en la que los contratos con vencimientos más lejanos cotizan por encima de los de entrega inmediata, un comportamiento que suele asociarse a un mercado bien abastecido. Mientras tanto, los grandes productores del golfo Pérsico continúan incrementando sus exportaciones. Arabia Saudí ha recuperado prácticamente los volúmenes previos al conflicto gracias a la normalización del paso de sus petroleros por Ormuz, mientras que Emiratos Árabes Unidos también ha restablecido buena parte de sus envíos internacionales. El mercado permanecerá atento esta semana a la publicación de los precios oficiales de venta fijados por los principales exportadores de la región, después de que Arabia Saudí redujera para julio la prima aplicada a su principal referencia de crudo destinada al mercado asiático, en un movimiento orientado a reforzar su competitividad y favorecer un mayor suministro mundial.

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