(Expansión, 18-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno desnudará a los titulares de las S.L. y señalará a empresas corruptoras
El plan anticorrupción del Gobierno incluye obligar a las Sociedades Limitadas a comunicar al Registro Mercantil quiénes son sus propietarios y cualquier cambio en la composición de socios, así como la creación de un listado público de empresas corruptoras que quedarán excluidas de contratos con la Administración, subvenciones y beneficios fiscales. El Ejecutivo pretende así identificar de forma transparente a los dueños reales de estas sociedades y difundir una "lista negra" de compañías sancionadas por corrupción. Estas actuaciones forman parte del núcleo del plan anunciado meses atrás, tras un escándalo por supuestos sobornos que puso en riesgo el respaldo parlamentario al Gobierno. El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción contempla quince grandes medidas, doce de las cuales ya se han incorporado al anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública aprobado por el Consejo de Ministros. En total, incluye 84 iniciativas que implican modificar 18 normas legales para asegurar una gestión honesta y eficiente del dinero público. La ley aborda todas las fases de la corrupción: prevención, detección temprana mediante herramientas de inteligencia artificial, refuerzo de los sistemas de contratación y recuperación de fondos desviados. Tras el periodo de consulta pública, el texto volverá al Consejo de Ministros antes del verano y posteriormente iniciará su tramitación parlamentaria, con la intención de aprobarse antes de que termine la legislatura. Una de las novedades principales es la obligación de inscribir en el Registro Mercantil la titularidad y transmisión de participaciones de las S.L., información que hasta ahora podía mantenerse en un libro interno de acceso muy restringido. Esta laguna legal dificultaba conocer quién estaba realmente detrás de muchas empresas y permitía eludir embargos judiciales. Para facilitar el cumplimiento, se permitirá registrar ese libro tanto mediante escritura notarial como mediante un documento privado con firma electrónica cualificada. Habrá sanciones para quienes incumplan, y las transmisiones no inscritas carecerán de validez jurídica. El plan también busca reforzar la transparencia en la contratación pública, endureciendo las condiciones para adjudicaciones urgentes sin publicidad, contratos menores, encargos reiterados al mismo proveedor o subcontrataciones. Además, se creará un registro público de empresas corruptas, accesible a la ciudadanía y a los medios, que impedirá a dichas compañías contratar con la Administración o recibir ayudas. El periodo de prohibición se ampliará de 15 a 20 años. El eje central del anteproyecto es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que unificará varios organismos existentes dedicados a prevenir conflictos de intereses, proteger a denunciantes y coordinar la lucha antifraude. Su presidencia, con rango de Secretaría de Estado, deberá ser ratificada por el Congreso y tendrá un mandato único de seis años. Asimismo, se endurecerá el control sobre partidos políticos y fundaciones vinculadas, reduciendo de 25.000 a 2.500 euros el umbral a partir del cual las donaciones deben hacerse públicas y duplicando las sanciones por aportaciones no declaradas. Los partidos que reciban más de 50.000 euros de financiación pública deberán someterse a auditorías externas. Por último, todas las administraciones públicas deberán elaborar mapas de riesgo de corrupción y fraude -incluyendo factores como dependencia tecnológica o concentración de mercado- y aplicar medidas específicas para reducir esas vulnerabilidades.
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