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(Cinco Días, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Consumo apunta a Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias como las comunidades con mayores subidas de precios al renovar los alquileres

El inicio de la desescalada tras los meses más duros de la pandemia de la covid-19 impulsó con fuerza el mercado del alquiler en España. Con el fin de los confinamientos y el progresivo retorno a la normalidad, miles de personas, movidas por la recuperación económica y la movilidad laboral, firmaron nuevos contratos de arrendamiento. Ahora, cinco años después -el plazo fijado por la Ley de Arrendamientos Urbanos- muchos de esos contratos están empezando a expirar y pueden renovarse. Sin embargo, la situación actual es muy distinta a la de entonces, tanto por la presión residencial en las grandes ciudades como por la evolución de los precios. Según cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, unos 630.000 contratos -que afectan a alrededor de 1,6 millones de personas- deberán renovarse el próximo año, con incrementos que pueden llegar a 383 euros mensuales, lo que supone hasta 4.600 euros más al año en los casos más elevados. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy, a partir de datos del Panel de Hogares (elaborado por el INE, la Agencia Tributaria y el IEF), estima que en 2020 se firmaron unos 568.500 contratos que ya estarían afrontando importantes revisiones este año. En 2021 se suscribieron 632.369, por lo que la ola de renovaciones será aún mayor, con un encarecimiento medio de 1.735 euros anuales por vivienda según la variación del precio por metro cuadrado en este periodo. Las diferencias territoriales, no obstante, son muy significativas. Según los datos del ministerio, Baleares será la comunidad más afectada: los 24.456 contratos que deben renovarse aumentarán de media más de 4.600 euros anuales. En la Comunidad Valenciana, los 62.500 contratos pendientes subirán casi 2.700 euros al año. Canarias afrontará incrementos de unos 2.267 euros por cada uno de los cerca de 40.000 contratos en esa situación. En Madrid -donde se concentran 145.800 renovaciones, la cifra más alta del país- el aumento medio será de 2.042 euros, y en Andalucía y Cantabria rondará los 1.900 euros. Las subidas más suaves se producirán en Melilla (328 euros), Ceuta (784 euros) y Aragón (831 euros). Cataluña queda fuera del cálculo, ya que dispone de control de precios en las llamadas zonas tensionadas, donde vive el 80% de la población, lo que impide incrementos superiores al IPC. Tampoco hay datos del País Vasco y Navarra, excluidos del Panel de Hogares por su régimen foral. El ministerio aclara que estos cálculos son aproximados, tanto en el número de afectados como en el impacto económico. A las localidades catalanas con control de precios se suman otras ciudades, como A Coruña, y tampoco se contemplan los hogares que hayan abandonado la vivienda antes del fin del contrato ni los arrendamientos de propietarios con personalidad jurídica, que se renuevan a los siete años. También quedan fuera los alquileres de zonas con poco dinamismo de mercado. Pese a todo, el departamento de Bustinduy defiende que el Gobierno debería aprobar la renovación automática de los contratos que vencen en los próximos meses, congelando los precios y permitiendo únicamente la actualización anual conforme al IPC, como ocurre habitualmente. El objetivo, explican, es "proteger a los inquilinos ante la escalada de precios y permitir que puedan desarrollar sus proyectos de vida". Fuentes de Sumar señalan que la propuesta ya ha sido enviada al Ministerio de Vivienda, controlado por el PSOE, pero que aún no han recibido respuesta. Aunque ambos socios coinciden en el diagnóstico, mantienen diferencias sobre las medidas. Vivienda afirma que una congelación obligatoria por decreto-ley requeriría convalidación parlamentaria, algo para lo cual no existe mayoría. Recuerdan además que varias iniciativas de Sumar en materia de vivienda han decaído recientemente por falta de apoyos. Desde el Ministerio de Vivienda insisten en la necesidad de actuar con "rigurosidad" y evitar generar expectativas que puedan frustrar a la ciudadanía. También subrayan que los límites a las subidas podrían aplicarse en todas las zonas con problemas de acceso a la vivienda si los gobiernos autonómicos del PP quisieran adoptarlos. "Son ellos quienes permiten que los alquileres puedan subir sin control", señalan. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el mercado del alquiler ha vivido un aumento sostenido de los precios. A nivel nacional, la oferta ha pasado de 10,8 euros/m² a 14,5 euros/m², un 34% más, según datos del portal Idealista. Para una vivienda tipo de 80 m², esto implica pasar de 864 a 1.160 euros mensuales, es decir, 300 euros más al mes (3.600 euros al año). "Estas cifras confirman la urgencia de intervenir en el mercado del alquiler. Es una emergencia y debemos actuar", reiteran desde Sumar. Por su parte, el Ministerio de Vivienda explica que continúa trabajando en la regulación de los contratos de temporada para combatir el fraude, así como en mecanismos para frenar la oferta ilegal de viviendas turísticas y limitar su expansión donde exista rechazo vecinal.

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(Cinco Días, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Llega el canal de denuncias europeo sobre la IA

Europa ha decidido reforzar la transparencia sobre los productos de inteligencia artificial (IA) que se venden dentro de la Unión Europea. La Comisión Europea ha aprobado recientemente la AI Act Whistleblower Tool, una vía específica para denunciar posibles infracciones relacionadas con el uso de esta tecnología que está transformando la economía. Aunque la normativa europea sobre IA aún no es plenamente aplicable, la Oficina Europea de Inteligencia Artificial quiere prevenir desde el inicio cualquier vulneración y busca como principales colaboradores a los propios empleados o socios de las empresas que desarrollan o distribuyen estos sistemas. Este nuevo instrumento actuará como un canal externo especializado en IA y coexistirá con los mecanismos internos de denuncia que todas las compañías de más de 50 trabajadores deben tener. Coincide, además, con el anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de acelerar una reforma destinada a reforzar la protección de quienes informen sobre irregularidades en su empresa. A esta estructura de supervisión se suman la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) y la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), operativa desde el 1 de septiembre. Fuentes jurídicas señalan que las dudas más frecuentes entre las compañías son qué canal usar cuando están presentes en varios países de la UE, si deben notificar primero mediante el sistema interno o cuál será la coordinación entre la AIPI y la oficina europea. En cualquier caso, las empresas tecnológicas deberán acostumbrarse a este nuevo entramado de control. ¿Qué es exactamente la AI Act Whistleblower Tool y qué tipo de infracciones se pueden comunicar? Es un "sistema seguro, confidencial y desvinculado de los canales internos de las empresas", creado para que las personas autorizadas puedan notificar de forma anónima a la oficina europea cualquier vulneración del Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA), explica Laura Morató, abogada especializada en protección de datos y tecnologías en Marimón Abogados. Morató detalla que se trata de un mecanismo interconectado, ya que "permite presentar denuncias sobre posibles incumplimientos del RIA, tanto en lo relativo a obligaciones ya vigentes como en áreas relacionadas en las que el uso de un sistema de IA pueda vulnerar normativas aplicables, como la seguridad de los productos, los derechos de los consumidores o la protección y seguridad de los datos". La experta señala que, por ahora, el canal tiene un alcance limitado, porque la oficina aún no puede exigir el cumplimiento de ciertos requisitos, como los relacionados con la transparencia sobre los datos de entrenamiento de los modelos. Asimismo, recuerda que "la protección de la directiva de denunciantes, a la que remite el RIA, no será efectiva hasta el 2 de agosto de 2026". Aun así, la Comisión Europea indica que la oficina recibirá cualquier información sobre prácticas internas que pudieran infringir la normativa o poner en riesgo derechos fundamentales, la salud o la confianza de la ciudadanía. Este canal europeo no reemplaza a los sistemas nacionales de denuncia, tanto internos como externos. Su particularidad, explica Lucía Oliveró, abogada de Marimón experta en compliance, es su carácter especializado. Este marco regulatorio permite comunicar una misma posible infracción del RIA tanto dentro como fuera de la empresa. "La normativa sobre protección de informantes permite utilizar indistintamente uno u otro canal sin exigir acudir primero al interno", señala Oliveró, que apunta que aún es pronto para saber cómo funcionará la coordinación entre ambos sistemas. La abogada advierte de que podrían abrirse "investigaciones simultáneas" y que incluso podría producirse un "solapamiento de sanciones". Aunque la normativa no aclara cómo gestionar la coexistencia de varios canales de denuncia, Oliveró considera que "lo más adecuado es reforzar los programas de compliance, especialmente en materia de IA". Además, recomienda revisar y adaptar los canales internos para "incrementar su eficacia".

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(El País, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Una de cada cuatro empresas españolas ha diversificado sus importaciones ante los desafíos comerciales

El buen comportamiento de la economía española en términos generales está reforzando la confianza del tejido empresarial. Las compañías del país muestran una visión más optimista sobre el futuro que sus equivalentes europeas, pese al clima internacional de incertidumbre y tensiones comerciales. El porcentaje de empresas que espera que su actividad mejore supera en 23 puntos al de aquellas con perspectivas negativas; en el promedio europeo, ambas posturas están equilibradas. Otro indicador de ese ánimo positivo es que el 36% de las sociedades prevé invertir para ampliar su capacidad productiva, diez puntos por encima de la media de la Unión Europea. Además, una de cada cuatro ha diversificado sus orígenes de importación durante el último año para protegerse de los riesgos geopolíticos, superando también en este ámbito al promedio comunitario, según una encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) publicada este martes. Las proyecciones apuntan a que España volverá a ser el gran país del euro que más crecerá este año. La diferencia será notable: todos los organismos nacionales e internacionales anticipan un avance que, como mínimo, duplicará el previsto para el conjunto de la eurozona, lastrado por la debilidad económica de Alemania y la inestabilidad política y económica de Francia. La buena evolución del empleo en España y el fuerte aumento poblacional debido a la inmigración explican parte de este escenario y se reflejan en el mayor optimismo empresarial. Este clima favorable, no obstante, debe matizarse. La presencia de las empresas españolas en los mercados globales es elevada: el 63% exporta o importa, una proporción que crece conforme aumenta el tamaño de la compañía y que justifica su preocupación por la coyuntura internacional. El 24% de las firmas ha ampliado la lista de países de los que se abastece, un aumento respecto al año anterior y una cifra superior a la media europea (19%). Esto responde, en buena medida, a la inquietud provocada por la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos y el aumento de las tensiones geopolíticas. Hasta un 55% de las empresas españolas -frente al 43% en la UE- considera que las disrupciones logísticas y de transporte dificultan su actividad. Seis de cada diez, al igual que en el promedio comunitario, señalan que la adaptación a nuevas normas y certificaciones supone un freno adicional, y casi la mitad opina lo mismo sobre los recientes cambios en aduanas y aranceles. En contraste, muestran una valoración más positiva que la media europea respecto al acceso a financiación, que perciben como menos limitado. Esto se verifica en otras cifras: solo un 2,9% afirma tener restricciones financieras y un 27% disfruta de crédito bancario en condiciones ventajosas, frente al 6,1% y al 11% en la UE. De acuerdo con el estudio del BEI, dos tercios de las más de 600 empresas españolas consultadas -de un total de más de 12.000 en la UE- creen que la normativa medioambiental no afectará negativamente a su actividad o incluso supondrá una oportunidad. Además, el 74% se muestra preocupado por los efectos del cambio climático, frente al 68% del conjunto europeo. Más del 94% ha adoptado medidas para reducir su huella ambiental, especialmente reduciendo residuos (77%) y mejorando la eficiencia energética (69%). Las empresas españolas cuentan también con una presencia femenina ligeramente mayor que la media europea tanto en los puestos directivos como en la propiedad: un 26% y un 15%, frente al 25% y al 13% en la UE. La adaptación a los nuevos retos también se aprecia en el terreno digital. Las compañías del país son más propensas a implementar tecnologías digitales: su adopción ha crecido del 59% en 2024 al 66% este año (frente al 51% comunitario), especialmente en grandes corporaciones y en el sector industrial. La encuesta revela que la mitad de las empresas españolas utiliza de forma habitual herramientas de inteligencia artificial generativa para mejorar sus procesos, mientras que en la UE lo hace un 37%. A pesar del clima general de confianza, la incertidumbre sigue siendo el principal desafío: más del 80% de los empresarios españoles la considera la mayor barrera a la inversión, un porcentaje similar al europeo. Este obstáculo procede en gran medida del exterior. Nueve de cada diez firmas perciben una fragmentación excesiva dentro del propio mercado comunitario, debido a diferencias regulatorias y normativas de protección al consumidor. También señalan como obstáculos frecuentes la regulación empresarial, la escasez de profesionales con las competencias necesarias y las exigencias de la legislación laboral.

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(El País, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno rebaja la agenda de reformas para salvar la llegada de 25.000 millones del plan europeo de recuperación

El Gobierno tiene ya preparada una amplia revisión del plan de recuperación con el fin de aprovechar los cerca de 25.000 millones de euros en subvenciones europeas aún por recibir. Según confirma a EL PAÍS una fuente del Ejecutivo conocedora directa del proceso, el Consejo de Ministros aprobará este martes la adenda que recoge los cambios. El plan original, elaborado con prisas en 2021, fijó reformas e hitos que, a apenas siete meses de la fecha límite, resultan imposibles de cumplir. El Ejecutivo ha negociado con Bruselas esta reestructuración -que deberá enviar para obtener la aprobación final- y ha pactado rebajar el alcance de las reformas legislativas aún pendientes, dada la dificultad de sacar adelante nuevas leyes en el Congreso. La modificación incluirá también la renuncia al 75% de los préstamos previstos inicialmente, tal como avanzó este periódico. El Fondo de Recuperación, aprobado hace algo más de cinco años para sostener la economía tras la pandemia, condiciona la llegada del dinero al cumplimiento de determinadas reformas, muchas de ellas leyes, y a la consecución de diversos hitos vinculados a inversiones financiadas con fondos europeos. Pronto quedó claro que el sistema era complejo y excesivamente rígido, lo que dificultaba enormemente su ejecución. Por ello, la Comisión ha ido flexibilizando criterios en varias ocasiones para facilitar el despliegue del mayor programa financiero de la historia de la UE. La última revisión se produjo en junio, y desde entonces numerosos países -como Italia, Francia, Bulgaria, Portugal, Chipre, Austria o Bélgica- han enviado sus correspondientes adendas. "Ha sido una negociación durísima", explica una fuente que ha seguido de cerca las conversaciones entre España y la Comisión Europea. "Quedan uno o dos pagos por solicitar, y en el último habrá que definir qué parte de lo comprometido retendrá Bruselas. Es una negociación muy delicada", añade. Esta será la séptima y, previsiblemente, última revisión del plan español. El propósito es simplificar las condiciones para recibir los fondos, eliminando hitos intermedios en las inversiones. Pero la clave reside en ajustar el nivel de exigencia de las reformas ambiciosas planteadas en 2021, que no han salido adelante por la debilidad parlamentaria del Gobierno. Las reformas estructurales más relevantes -pensiones, mercado laboral y parte de la fiscalidad- ya se aprobaron, lo que ha permitido percibir cerca de dos tercios de los fondos asignados. Sin embargo, otras medidas que requieren aval del Congreso, como la subida del impuesto al diésel o la Ley de Industria, se retiran para aliviar la presión. La última solicitud de desembolso se presentó hace un año, en diciembre de 2024. Desde entonces, la falta de avances legislativos ha frenado al Ministerio de Economía a la hora de pedir nuevos pagos. Durante meses, el Gobierno ha negociado con Bruselas la reconfiguración de los hitos para suprimir pasos intermedios, y ha intentado -este es el punto más sensible- suavizar los requisitos de ciertas reformas para convertirlas en normas de rango inferior que no requieran trámite parlamentario. "La Comisión no quiere que este plan acabe siendo un fracaso, pero el Tribunal de Cuentas Europeo exige que se cumpla lo pactado en 2021", señala otra fuente habitual en estas conversaciones. Aun así, Bruselas ha mostrado flexibilidad dentro de los límites del reglamento del Fondo, que no se ha modificado debido al elevado coste político que supondría. Al principio se estableció que los proyectos financiados debían estar terminados antes de agosto de 2026. Sin embargo, España consiguió hace más de dos años que Bruselas aceptara como hito final la simple transferencia de fondos a las entidades ejecutoras. Esto permite que grandes proyectos -como la gigafactoría de Stellantis en Figueruelas o la planta de amoníaco verde de Fertiberia en Puertollano- se consideren ejecutados pese a que su construcción se prolongará varios años. Generalizar este criterio -dar por cumplido el hito con el pago a los gestores del proyecto- resulta crucial para aprovechar al máximo las partidas aún disponibles. Algunas administraciones, sobre todo ayuntamientos, han renunciado a iniciativas por no poder cumplir el plazo de 2026. De ahí que Economía indicara hace unos días: "La adenda permitirá mantener la continuidad de los proyectos de inversión más allá de agosto de 2026, fecha de cierre de ejecución del Plan de Recuperación". Sobre la adenda que se aprobará este martes, el ministerio no ha ofrecido comentarios. Todos los Estados miembros solicitaron fondos del programa Next Generation, aunque los grandes beneficiarios fueron Italia y España, los países más afectados por la pandemia. Más tarde, el fondo se adaptó también a crisis posteriores, como la guerra en Ucrania y sus efectos sobre el suministro energético. España recibió una asignación de 79.854 millones en subvenciones, de las cuales ya ha percibido unos 55.000 millones (el 69%). En cuanto a los préstamos, ascendían a 83.160 millones, pero el Gobierno renunciará a tres cuartas partes; hasta ahora ha recibido cerca de 16.000 millones. El plan priorizó la modernización de las infraestructuras energéticas, el impulso a las renovables y la digitalización del tejido productivo. Aunque la ejecución en España ha sido más ágil que en otros países, el ritmo de desembolsos se ha ralentizado por la parálisis política. El Ministerio de Hacienda también ha influido: "Hacienda ha sido un obstáculo. Su prioridad es controlar, no ejecutar, y no ha dado margen de flexibilidad", sostiene una fuente vinculada al despliegue del plan. Desde Hacienda recuerdan que Bruselas impuso controles muy estrictos y que el equilibrio entre acelerar pagos y evitar gastos indebidos ha generado tensiones constantes en la gestión del programa.

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(El Economista, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El "Bizum europeo" toma forma: 15 países ultiman la creación del gigante de pagos instantáneos

El proyecto para crear un gran sistema europeo de pagos instantáneos está a punto de materializarse. La alianza EuroPA -que reúne a Bizum (activo en España y Andorra), Bancomat Pay en Italia, SIBS en Portugal y Vipps MobilePay en Noruega, Dinamarca y Finlandia- ha iniciado ya los trabajos con EPI Company (impulsora de la solución franco-alemana Wero) para formar una empresa conjunta. Esta nueva entidad actuará como organización matriz con la misión de acelerar el desarrollo de un gran operador paneuropeo. Su lanzamiento está previsto para comienzos del próximo año, contará con una dirección independiente y facilitará la incorporación de nuevos países, incluso de fuera de la zona euro, según señalan fuentes cercanas. El propósito de esta estructura es crear un organismo sólido y duradero, que represente a todas las entidades integradas ante autoridades, supervisores y reguladores. Además, establecerá un modelo de ingresos mediante tarifas a las plataformas adheridas y dispondrá de un hub técnico central para facilitar que la infraestructura pueda ampliarse a más países. De partida, la alianza ya engloba a 15 Estados, y otros seis habrían mostrado interés en sumarse. Con la iniciativa European Payments Alliance (EuroPA) participan España y Andorra gracias a Bizum, junto a Italia y Portugal. En mayo se incorporaron también el esquema Blik (activo en Polonia y Eslovaquia) y la plataforma Vipps MobilePay, que opera en Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Groenlandia y las Feroe, aunque no todos estos territorios han entrado en la primera fase. Por su parte, Wero -la solución de EPI- nació impulsada por bancos de Alemania, Francia y Bélgica, y sumará a Luxemburgo y Países Bajos el próximo año. Algunas entidades austriacas también han iniciado contactos. En conjunto, todo este ecosistema cubriría una población superior a 380 millones de personas, más de 120 millones de ellas ya usuarias de los servicios de pago integrados -con Bizum como líder al superar los 30 millones de clientes-. La estrategia para completar el mapa europeo se basa en dos líneas: acelerar la adhesión de países con sistemas similares y crear alternativas donde aún no existen. Bulgaria, Eslovenia y Finlandia entrarían en el primer grupo gracias a sus soluciones Blink, Flik y Siirto; lo mismo que Hungría, con qvik, o Rumanía con Transfond. En la eurozona, Malta, los países bálticos, Chipre y Croacia no cuentan con herramientas comparables, por lo que deberían adoptar alguna de las actuales o desarrollar sus propios esquemas. La creación de una plataforma europea común lleva décadas sobre la mesa sin éxito. En 2024 seguía siendo un objetivo difícil por las diferencias entre actores. EuroPA siempre defendió interconectar los sistemas nacionales respetando su independencia, mientras que los bancos de EPI apostaron por Wero como una solución única a escala continental. Sin embargo, a comienzos de este año iniciaron conversaciones que avanzan con rapidez. El modelo elegido será el de interconexión que ya aplica Bizum con Bancomat Pay y SIBS, y que ha permitido ejecutar 50.000 pagos transfronterizos (más de seis millones de euros) sin siquiera anunciar el servicio. Los sistemas nacionales conservarán su autonomía, mientras que la nueva empresa se centrará en la operativa internacional. Se plantea un funcionamiento similar al de otras organizaciones confederadas, con representación en el consejo y cuotas para financiar la sociedad matriz. La hoja de ruta prevé que los pagos entre particulares de distintos países sean posibles en el tercer trimestre de 2026 en los mercados que impulsan la iniciativa. En 2027 se extenderá al comercio electrónico y, hacia finales de ese año o comienzos de 2028, también a los comercios físicos. El gran operador europeo estaría así plenamente operativo antes del lanzamiento del euro digital, previsto por el BCE a partir de 2029. Uno de los motivos del regulador para impulsar la moneda digital es precisamente asegurar una solución europea propia, reducir la dependencia de Visa y MasterCard y reforzar la soberanía en un servicio estratégico, especialmente después de que EE. UU. haya empleado los pagos como herramienta en su política geopolítica.

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(La Vanguardia, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prevé destinar 13.000 millones en diez años a la empresa estatal de vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que se destinarán 13.000 millones de euros a Casa 47 -la nueva empresa pública de vivienda- a lo largo de la próxima década, con una inversión anual de 1.300 millones que comenzará en 2026. En declaraciones a La Vanguardia, Rodríguez explicó que los 1.300 millones previstos para el próximo año "ya están garantizados": "No habrá ningún inconveniente pese a la prórroga presupuestaria; los fondos están reservados para que la empresa pueda disponer de ellos desde el inicio de 2026". Casa 47, presentada oficialmente esta semana, pondrá en marcha en breve una oferta pública de compra por 100 millones de euros con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda. Además, ha adelantado que los contratos que firme podrán tener una duración de hasta 75 años y que los alquileres no podrán superar el 30% de la renta media de cada zona. "Hemos fijado una inversión anual de 1.300 millones durante los próximos diez años, lo que supone un mínimo de 13.000 millones. Pasado ese periodo, con la gestión de los alquileres, la empresa debería poder mantenerse por sí misma sin necesidad de nuevas aportaciones públicas", señaló la ministra. Rodríguez añadió que, con el límite del 30% sobre la renta media, la futura empresa pública podría ofrecer pisos en Barcelona "a la mitad del precio actual", con rentas en torno a 713 euros para viviendas de entre 70 y 80 metros cuadrados. En Madrid, el alquiler sería aproximadamente un 38% más bajo, situándose alrededor de los 735 euros para un inmueble de características similares. Respecto a la ley sobre alquiler de temporada, actualmente bloqueada en el Congreso, la ministra expresó su confianza en que "a comienzos de año, la ponencia y la comisión de Vivienda logren un acuerdo". También pidió a Junts, cuyo apoyo es decisivo, que facilite la aprobación. "El debate para Junts no debería centrarse en apoyar o no al Gobierno, sino en dar solución a los ciudadanos catalanes que sufren prácticas fraudulentas o abusos vinculados a los alquileres de temporada. Es a ellos a quienes deben tener en cuenta", afirmó, según informa Efe. En relación con el Plan de Vivienda 2026-2030, avanzó que no llegará al Consejo de Ministros hasta enero para favorecer el consenso, y confió en que las comunidades autónomas gobernadas por el PP lo respalden. "Si han participado en la discusión y hemos incorporado sus aportaciones, salvo que llegue una instrucción en contra desde Génova, lo lógico es que digan sí", concluyó.

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(Cinco Días, 05-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España cuenta con 32 patrimonios de más de mil millones de euros

En España, el grupo de personas con fortunas superiores a los mil millones de dólares es diminuto: solo 32 individuos, lo que equivale al 0,000064% de la población, según el informe 2025 sobre grandes patrimonios publicado este jueves por el banco suizo UBS. Esta exclusiva lista ha experimentado cambios relevantes durante el último año. Una de cada cuatro personas incluidas es nueva respecto al informe anterior, lo que ha supuesto una incorporación conjunta de 11.600 millones de dólares a la riqueza total del grupo. Por el contrario, tres antiguos miembros quedaron fuera al ver reducirse su patrimonio por debajo del umbral de los mil millones. En conjunto, el número de grandes fortunas españolas ha aumentado en cinco personas, y su riqueza conjunta ha crecido un 21,5% interanual, alcanzando los 213.000 millones de dólares. Sin embargo, más de la mitad de esa cifra pertenece a un solo individuo: Amancio Ortega, fundador de Inditex, cuyo patrimonio asciende a 124.000 millones de dólares, tras incrementarse en 21.000 millones en apenas un año. "España destaca este año por el fuerte aumento de la riqueza entre sus multimillonarios y por una mayor concentración en patrimonios familiares", afirma Pablo Carrasco, director general de UBS Wealth Management España. El directivo subraya que el crecimiento se debe en buena medida al buen desempeño de algunos de los principales empresarios del país. Además, señala que en los próximos 15 años está previsto que se produzca un traspaso de riqueza por herencias valorado en 162.000 millones de dólares, lo que exige una planificación sucesoria rigurosa. A escala global, el número de multimillonarios creció un 8,8%, pasando de 2.682 en la edición anterior a 2.919 en el informe de este año, elaborado con datos de abril. A la lista se sumaron 196 fortunas creadas desde cero, es decir, sin origen hereditario. Estas nuevas incorporaciones aportaron 386.500 millones de dólares a la riqueza mundial, elevando el total a 15,8 billones de dólares, el segundo mayor incremento anual en las once ediciones del estudio. "A diferencia del repunte provocado en 2021 por la subida del valor de los activos tras la pandemia, este crecimiento responde a una sólida actividad empresarial y a la creación de nuevas compañías", explica el informe. Campos como el software de marketing, la genética, el gas natural licuado o las infraestructuras están impulsando cambios profundos en la demanda global, con multimillonarios de EE UU y Asia-Pacífico liderando esta tendencia. La evolución del patrimonio también varía por sectores. El tecnológico fue el más favorecido, con un aumento del 23,8% (unos 583.500 millones) hasta llegar a los 3 billones de dólares, impulsado principalmente por la subida bursátil de empresas vinculadas a la inteligencia artificial como Nvidia, Oracle o Meta. En cambio, el sector del consumo y el comercio minorista solo creció un 5,3%, afectado por el retroceso del lujo europeo frente al empuje de marcas chinas. Pese a ello, sigue siendo el sector con mayor concentración de riqueza, con 3,1 billones. Los multimillonarios de la industria fueron quienes vieron crecer su patrimonio con mayor rapidez: un 27,1%, hasta los 1,7 billones. En este ámbito destaca un nombre por encima del resto: Elon Musk, fundador de SpaceX, que acumula alrededor del 40,7% de la riqueza del sector. En servicios financieros, la riqueza subió un 17% hasta los 2,3 billones, impulsada por la recuperación de los mercados y el auge de las criptomonedas. En este sector, el 80% de los multimillonarios son considerados "self-made", es decir, se hicieron ricos por sus propios medios. El informe también analiza diferencias de género. La riqueza media de las mujeres multimillonarias aumentó un 8,4%, situándose en 5.200 millones de dólares, más del doble del crecimiento registrado por los hombres (3,2%). Aunque solo hay 374 mujeres frente a 2.545 hombres, ellas encadenan cuatro años liderando el ritmo de acumulación de riqueza. Otro elemento destacado del estudio es el relevo generacional. La transferencia de grandes patrimonios está acelerándose: en 2025, 91 herederos recibieron 297.800 millones de dólares, la cifra más alta registrada, un 36% más que en el informe anterior, pese a que el número de beneficiarios fue menor.

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(El País, 05-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas plantea dar más poderes al supervisor bursátil europeo para impulsar el mercado único

La clave para que la Unión Europea recupere el dinamismo económico perdido pasa por completar el mercado único. Con este objetivo, la Comisión Europea ha propuesto reforzar las competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el supervisor bursátil de la UE, con la intención de avanzar en la integración del mercado de capitales. Este es uno de los elementos aún pendientes y considerado esencial tanto para facilitar financiación a proyectos empresariales que requieren fuertes inversiones como para evitar que el ahorro de los ciudadanos europeos siga saliendo hacia otros países en busca de mayor rentabilidad. El sector financiero esperaba con interés hasta dónde llegaría Bruselas en el paquete normativo presentado este jueves. La integración de los mercados de acciones, derivados, deuda o criptoactivos se enfrenta a numerosos obstáculos y a la resistencia de varios Estados miembros, reacios a ceder control sobre negocios altamente rentables; Luxemburgo suele citarse como ejemplo en el ámbito de la gestión de fondos. Finalmente, la Comisión ha optado por una propuesta ambiciosa. Aunque el reglamento y la directiva presentados no incluyen un cambio único de gran impacto, sí incorporan una batería de medidas que amplían notablemente los poderes de la ESMA, que hasta ahora actuaba sobre todo como un órgano asesor para los supervisores nacionales -como la CNMV en España-. "Siempre he oído un gran apoyo a la Unión de Ahorros e Inversiones. Respaldarla significa respaldar estas medidas; lo contrario es incoherente", defendió la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, ante la pregunta de si Bruselas había ido demasiado lejos. El paquete contempla transferir a la ESMA parte de la supervisión que ahora ejercen las autoridades nacionales sobre infraestructuras de mercado -como Euronext o Deutsche Börse- y sobre depositarios de valores. También le otorga la supervisión de todos los proveedores de servicios de criptoactivos, independientemente de su tamaño. De este modo, podrá solicitar información, realizar investigaciones, efectuar inspecciones y aplicar sanciones, una función que desde la entrada en vigor de la normativa MiCA en enero recaía en los supervisores nacionales. El cambio llega tras las críticas de la ESMA al regulador maltés por su laxitud en la concesión de licencias. Con esta ampliación, la ESMA añade a los proveedores de criptoactivos a las entidades que ya supervisa directamente, como las agencias de calificación (Moody's, Fitch, S&P o Scope), los administradores de índices y las cámaras de compensación para derivados y otros productos, como BME Clearing. Para fortalecer su papel, la Comisión plantea crear un nuevo Consejo distinto al actual -formado por autoridades nacionales- con el objetivo de reforzar la independencia y priorizar la visión del mercado único frente a los intereses de cada país. Una de las dudas era si Bruselas propondría que la ESMA supervisara también a las gestoras de fondos, especialmente en un momento en que Europa necesita grandes inversiones públicas y privadas en defensa e infraestructuras. La Comisión aclara que esta función seguirá en manos de los reguladores nacionales, aunque estos perderán influencia en la elaboración de directrices y opiniones. No obstante, la ESMA asumirá un control más estricto sobre los grandes grupos transfronterizos mediante revisiones anuales basadas en información conjunta de los supervisores nacionales y del propio organismo europeo. El paquete legislativo refuerza además la capacidad coordinadora de la ESMA, concediéndole nuevas facultades para resolver diferencias entre normas y prácticas nacionales que entorpecen el uso del pasaporte europeo por parte de fondos, gestoras y depositarios. Otro punto relevante es el cambio de naturaleza jurídica de algunas normas, que pasan de ser directivas a reglamentos. Este giro reduce el margen de maniobra de los Estados miembros, ya que los reglamentos se aplican directamente sin necesidad de adaptación nacional, evitando así retrasos o divergencias que suelen acabar en procedimientos de infracción. En su primera valoración, la ESMA destacó que la propuesta aborda de forma directa la fragmentación derivada de las diferencias de supervisión entre países y celebró el énfasis en simplificar requisitos, reducir cargas administrativas y fomentar la innovación, aspectos que -según afirma- mejorarán la competitividad y la agilidad de los mercados de capitales de la UE.

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(El Periódico, 05-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno presenta el nuevo casero estatal que se llamará Casa47

El Gobierno presentó este jueves la nueva identidad de la empresa pública que centralizará la gestión de todas las viviendas pertenecientes a la Administración General del Estado. Esta compañía, que asumirá entre otros los 40.000 inmuebles residenciales que hasta ahora estaban en manos de la Sareb -además de propiedades de organismos como Adif, Segipsa o Patrimonio del Estado- se denominará Casa47. La entidad surge a partir de la transformación de la antigua Sepes, el organismo estatal creado en 1981 para desarrollar y urbanizar suelos logísticos y residenciales con el objetivo de venderlos posteriormente. La creación de este "gran casero público" fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez en el último congreso federal del PSOE celebrado en diciembre de 2024 y, un año después, se materializa. Casa47 nace con la misión de abarcar todo el proceso inmobiliario: desde la gestión urbanística y la urbanización de terrenos hasta la construcción, el alquiler y la administración de las viviendas levantadas en estos suelos, que se destinarán a alquiler a precios asequibles. Así, la nueva compañía se configura como un importante operador estatal con un amplio parque de viviendas. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, destacó que Casa47 supone "un avance decisivo que consolida el quinto pilar del Estado del bienestar". Afirmó que se trata de "un gran paso adelante en las políticas públicas de vivienda del país", un cambio estructural sin retorno. "Estamos poniendo en marcha un nuevo servicio público y no hay marcha atrás. Hemos logrado crear una empresa capaz de gestionar íntegramente el ciclo de la vivienda", señaló.

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(El País, 04-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba nuevas ayudas a la compra de eléctricos de 400 millones en su hoja de ruta con 25 medidas para el automóvil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este miércoles la nueva estrategia global para el sector del automóvil, tras un año de negociaciones intensas entre la industria -representada por Anfac- y el Ministerio de Industria y Turismo. Este plan, bautizado como Plan Auto 2030, reúne 25 medidas destinadas a guiar la transición hacia el vehículo eléctrico, asegurar el empleo en los próximos años y atraer inversiones tanto en la fabricación de automóviles como en baterías y en el procesamiento de materias primas críticas como el litio, un ámbito hoy dominado casi por completo por China, que controla cerca del 90% del mercado. La intención conjunta del Gobierno y del sector es movilizar alrededor de 30.000 millones de euros en cinco años, de los cuales el Estado aportaría en torno al 16%. Este ambicioso proyecto -sin precedentes en Europa- llega acompañado de un nuevo sistema de incentivos para la compra de coches eléctricos, que reemplazará al Moves y que llevará por nombre Plan Auto+. Contará con un presupuesto de 400 millones de euros y será gestionado directamente por la Administración central, siguiendo el modelo del Plan Reinicia Auto+ aplicado en la Comunidad Valenciana para los afectados por la dana del pasado año. Un cambio relevante es que las comunidades autónomas dejarán de gestionar estas ayudas, algo que ocurría con el Moves y que provocaba retrasos de hasta año y medio en la tramitación, frente al tiempo mucho más ágil registrado en el plan valenciano. "Hemos escuchado las demandas del sector y queremos asegurar mayor rapidez. Lo aprendido con la dana nos ha servido para mejorar", afirmó Sánchez, instando a acelerar el despliegue del coche eléctrico. Aunque estas mejoras son bien recibidas, la industria insiste en que lo realmente necesario es un cambio fiscal que permita que el sistema de ayudas se autofinancie en el futuro. Además, el Plan Auto 2030 contempla el desarrollo de un plan nacional de infraestructura de recarga, que incluirá el lanzamiento del Moves Corredores en 2025, dotado con 300 millones de euros para instalaciones en tramos de carretera con menor cobertura. Más allá de los incentivos al consumidor, la estrategia incorpora iniciativas de gran alcance, como un programa de autonomía estratégica del sector, orientado a atraer proyectos de fábricas de baterías, componentes y nuevos centros de producción de vehículos. Una de las empresas que se baraja como posible inversora es la china BYD, que estudia instalar en España su segunda planta en la UE tras la de Hungría. Para reforzar esta apuesta, el Gobierno continuará con los Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, financiados hasta ahora con los fondos europeos Next Generation. En 2025 se convocará una nueva línea de ayudas por 580 millones. El Ejecutivo quiere también captar inversión en investigación y desarrollo para que España deje de desempeñar un rol meramente ensamblador y genere más valor. "Queremos atraer inversión extranjera que aporte conocimiento y propiedad intelectual. Debemos aprender de quienes van por delante", señaló Josep Maria Recasens, presidente de Anfac y máximo responsable de Renault en España. El plan prevé, además, la creación de un sello "made in Spain" para impulsar la llegada de nuevos fabricantes, incluidas marcas chinas, que actualmente deben afrontar aranceles por importar vehículos desde Asia. Con estas y otras iniciativas, el objetivo es que España alcance una producción anual de 2,7 millones de vehículos -por encima de los 2,37 millones de 2023-, aunque este incremento no se traducirá en más empleo, ya que la fabricación de coches eléctricos requiere menos mano de obra que la de combustión. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó que este plan aporta "estabilidad y confianza" en plena transformación del sector y recordó que esta hoja de ruta responde a un mandato directo del presidente. Recasens, por su parte, subrayó que se trata de un proyecto que combina planificación, regulación e incentivos, "algo que Europa suele hacer por separado". El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, enfatizó que la producción nacional pasará del 12% de vehículos electrificados en 2023 al 100% en 2035, una transformación que describió como "total y definitiva", en la que el automóvil del futuro será "un móvil con ruedas", lo que refuerza la importancia del desarrollo de software. El propósito de la iniciativa conjunta entre Anfac y el Ejecutivo es no solo conservar, sino aumentar el valor añadido del sector, que actualmente ronda los 85.000 millones de euros anuales. Si no se actúa, las estimaciones apuntan a que podría reducirse hasta los 78.000 millones. Para supervisar la evolución del plan, Administración y sector se reunirán anualmente. La meta final es mantener a España como segundo mayor productor de automóviles de Europa -solo por detrás de Alemania- y conservar su posición entre el octavo y noveno puesto mundial, una clasificación que disputa año tras año con Brasil.

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