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(Cinco Días, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo roza los 100 dólares ante la escalada bélica en Oriente Próximo

La escalada militar en Oriente Próximo vuelve a trasladarse al mercado energético y empuja al alza el precio del petróleo. A los ataques estadounidenses contra petroleros iraníes del pasado fin de semana se suma ahora la ofensiva de los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, contra instalaciones energéticas de Arabia Saudí, que ha dejado más de 70 heridos. En este contexto, el barril de Brent ha vuelto a acercarse a los 100 dólares y las perspectivas apuntan a que la presión sobre el crudo continuará mientras persista la violencia y se mantengan las dificultades para el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo. El Brent sube más de un 2% durante la mañana y supera los 99 dólares por barril, acercándose de nuevo a la barrera de los 100 dólares. El crudo había conseguido alejarse de ese nivel en mayo, después de haber alcanzado casi los 120 dólares en marzo, cuando el estallido de la guerra en Irán provocó el mayor repunte registrado durante el conflicto. La situación en Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para el mercado. Por este estrecho circulaba antes de la guerra alrededor del 20% del petróleo y el gas consumidos a escala mundial, y su bloqueo ha obligado a buscar rutas alternativas. La inestabilidad también se ha extendido al mar Rojo, donde los hutíes yemeníes amenazan el tráfico marítimo a través de Bab el-Mandeb, el paso que separa África de la península Arábiga y conecta el mar Rojo con el canal de Suez. El ataque contra instalaciones saudíes supone una nueva escalada y complica todavía más la capacidad exportadora del principal productor de la región. Arabia Saudí había recurrido al mar Rojo como una vía alternativa para dar salida a parte de su producción ante las dificultades provocadas por el cierre de Ormuz. La prolongación del conflicto y las alteraciones en el transporte marítimo están obligando también a revisar al alza las previsiones sobre el precio del petróleo para los próximos meses. El escenario que hace unos meses contemplaba una posible solución diplomática y cierta recuperación de la normalidad antes de terminar el año pierde fuerza, mientras aumenta el riesgo de que el crudo vuelva a superar los 100 dólares. Goldman Sachs ha elevado en cinco dólares su previsión para el Brent y sitúa ahora su estimación en 85 dólares por barril a finales de año y en 80 dólares para 2027. Sin embargo, la entidad advierte de que el precio podría superar los 120 dólares si la producción media del Golfo durante 2027 se mantiene cuatro millones de barriles diarios por debajo de los niveles anteriores a la guerra, frente a los 500.000 barriles diarios de déficit contemplados en su escenario central. El banco considera, además, que una intensificación de los ataques contra los buques que navegan por Ormuz y el mar Rojo sería el principal factor capaz de provocar una nueva escalada de las cotizaciones. Pese a todo, el encarecimiento del crudo está siendo más contenido que el de los carburantes. El cierre del estrecho de Ormuz ha generado un fuerte shock energético, pero el petróleo acumula una subida aproximada del 40% desde el comienzo de la guerra, mientras que los combustibles han llegado a duplicar su precio. La diferencia responde, entre otros factores, a las limitaciones de la capacidad mundial de refino. Las refinerías rusas continúan afectadas por los ataques de Ucrania y las estadounidenses operan cerca de sus límites de capacidad, lo que incrementa el riesgo de nuevas tensiones en caso de averías. En Estados Unidos, el precio de la gasolina vuelve a situarse por encima de los cuatro dólares por galón, mientras que en España se aproxima de nuevo a sus máximos del año. El mercado petrolero ha conseguido amortiguar parcialmente el impacto del conflicto gracias, en buena medida, a la utilización de reservas estratégicas por parte de los países de la OCDE y a la menor demanda de crudo de China. Según Goldman Sachs, los inventarios comerciales terrestres de la OCDE, uno de los elementos determinantes para la evolución de los precios, apenas han disminuido desde el inicio de la guerra. Esto apunta a que el déficit de suministro está siendo menor de lo previsto inicialmente gracias a la capacidad del mercado para adaptarse. La entidad calcula que las reservas comerciales se encuentran todavía un 16% por encima de su media de 2003, el nivel más bajo de la serie histórica. Los inventarios mundiales de petróleo almacenados en tierra han pasado de unos 9.100 millones de barriles antes de la guerra a alrededor de 8.600 millones en la actualidad, aunque siguen por encima de lo que Goldman Sachs considera el mínimo necesario para garantizar el almacenamiento operativo. La guerra sí ha reducido progresivamente las reservas de petróleo acumuladas en el mar como consecuencia de las sanciones a la industria rusa. Al mismo tiempo, los productores del Golfo Pérsico están buscando fórmulas para sacar parte de su producción pese a las restricciones en Ormuz, entre ellas desactivar temporalmente los sistemas de localización por satélite o realizar transferencias de crudo entre buques en alta mar. La evolución de la demanda china también puede actuar como elemento de contención. El repunte de los precios podría llevar a Pekín a mantener reducidas sus compras de petróleo, contribuyendo así a limitar la presión sobre las cotizaciones internacionales. Para Norbert Rücker, director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, existe una diferencia significativa entre la situación del mercado físico y la evolución de los mercados financieros. Aunque persisten los temores sobre el suministro, las exportaciones de Oriente Próximo y las reservas mundiales permanecen relativamente estables. La elevada negociación financiera del petróleo, que moviliza diariamente alrededor de medio billón de dólares, estaría contribuyendo a amplificar la percepción de riesgo y, con ella, las cotizaciones. El experto considera que actualmente existe una prima de riesgo excepcionalmente elevada en el precio del crudo y mantiene una recomendación de cautela ante la posibilidad de que nuevas escaladas militares vuelvan a tensionar el mercado.

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(Expansión, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE subirá los tipos al 2,5%

El encarecimiento del dinero parece estar condicionado por la evolución de la inflación, aunque dentro del Banco Central Europeo ya hay voces que reclaman un endurecimiento mayor de la política monetaria. La institución se prepara para acometer la segunda subida de tipos de este nuevo episodio de presión sobre los precios. El Banco Central Europeo afrontará el inicio del nuevo curso con un incremento de los tipos de interés que situará el precio oficial del dinero en el 2,5%. La decisión, que se da prácticamente por descontada para la reunión del jueves, elevará las tasas hasta niveles que no se veían desde marzo del año pasado. Ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE que preside Christine Lagarde se ha manifestado públicamente en contra de esta subida, una medida que ya había quedado prácticamente anunciada durante la reunión de política monetaria celebrada en julio. El repunte de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, unido a las consecuencias sobre el estrecho de Ormuz y su posible impacto en los precios energéticos, refuerza las expectativas de un nuevo incremento de los tipos, que los mercados prácticamente dan por seguro. El presidente del Banco de Lituania, Gediminas Šimkus, considera que el escenario inflacionista se ha deteriorado y que existen argumentos sólidos para elevar los tipos. En términos similares se ha expresado el gobernador del Banco de Eslovenia, Primo Dolenc, quien ha defendido que las circunstancias justifican una subida en septiembre para garantizar el cumplimiento del objetivo de inflación. La reunión tendrá lugar en un centro recreativo del Deutsche Bundesbank situado en el distrito berlinés de Steglitz-Zehlendorf. El Banco Central alemán ha escogido este emplazamiento para acoger la reunión, que, una vez al año, se celebra fuera de la sede habitual del BCE en Fráncfort. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, también ha respaldado abiertamente el nuevo incremento de los tipos y ha considerado que el resultado de la reunión es bastante previsible. La principal incógnita aparece a partir de ahora. Mientras existe prácticamente unanimidad sobre la subida de septiembre, no está claro cuál será el siguiente paso del BCE. Lagarde ha insistido en que el escenario actual no es comparable con el vivido durante 2022 y 2023, cuando la crisis energética provocó tasas de inflación superiores al 10%. En la actualidad, el crecimiento de los precios se mantiene en torno al 3%. El gobernador del Banco de Irlanda, Gabriel Makhlouf, considera que todavía no está claro que sea necesario volver a subir los tipos después del movimiento previsto para esta semana. En la misma línea, el gobernador del Banco de Bulgaria, Dimitar Radev, ha defendido la necesidad de mantener una actitud prudente y esperar a conocer la evolución de los datos. Frente a estas posiciones más cautelosas se encuentra Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, que a finales de agosto apuntó que con el nivel actual de los tipos resulta poco probable que la inflación regrese al objetivo a medio plazo. A su juicio, podría ser necesario aplicar un mayor endurecimiento monetario, aunque la magnitud de ese ajuste dependerá de los datos que se vayan conociendo. Si el BCE mantiene la estrategia seguida durante este nuevo ciclo monetario, el escenario más probable sería una pausa en la reunión de octubre, manteniendo los tipos sin cambios. Posteriormente, la institución volvería a analizar la evolución de la inflación y del resto de indicadores para decidir si es necesario acometer un nuevo incremento en diciembre.

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(El País, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El buscador de vivienda pública arranca con críticas por su escasa oferta

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha puesto en marcha este lunes Casa47, un nuevo portal destinado a facilitar a los ciudadanos la búsqueda y el acceso a las viviendas públicas gestionadas por el Estado. Sin embargo, el estreno de la plataforma ha estado acompañado de críticas por parte de los usuarios, que han cuestionado tanto su funcionamiento como, especialmente, el reducido número de inmuebles disponibles. El principal motivo de las quejas es la limitada oferta inicial. Aunque el Ministerio anunció que el buscador comenzaba a operar con unas 800 viviendas, las primeras consultas mostraron que la cifra real era considerablemente inferior. En concreto, el portal contabilizaba este martes 638 viviendas disponibles. A ello se suma su distribución territorial, ya que por el momento no aparece ninguna vivienda en Madrid o Barcelona, dos de los mercados donde existe una mayor presión sobre los precios y una elevada demanda de vivienda. Las críticas se han concentrado especialmente en las respuestas al mensaje publicado en la red social X por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con motivo de la presentación de la plataforma. El lanzamiento tuvo lugar en un acto en el que también participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde el Ministerio explican que las primeras viviendas incorporadas al buscador proceden de los activos transferidos desde la Sareb, el conocido como banco malo, y que se concentran principalmente en el arco mediterráneo debido a la localización de estos inmuebles. Además, aseguran que está previsto ampliar la oferta próximamente y avanzan que antes de que termine el año se incorporarán viviendas situadas en Madrid y Sevilla. La diferencia entre las 800 viviendas anunciadas inicialmente y las 638 que figuran actualmente en el portal se explica, según fuentes del Ministerio, porque una primera convocatoria piloto puso a disposición de los ciudadanos 171 viviendas que ya han sido adjudicadas. A esto se añade el estado en el que se encontraba buena parte de los inmuebles procedentes de la Sareb. Según Vivienda, muchos de ellos no estaban en condiciones adecuadas para ser habitados y necesitan trabajos de rehabilitación y acondicionamiento antes de poder incorporarse al parque disponible. El Ministerio defiende que estas actuaciones requieren tiempo y que las viviendas se irán incorporando al portal progresivamente conforme concluyan las reformas. En cuanto a la ausencia de inmuebles en territorios con una elevada necesidad de vivienda pública, como Madrid o Cataluña, el departamento de Isabel Rodríguez insiste en que la oferta se ampliará durante los próximos meses. En Madrid, además de las futuras incorporaciones al portal, recuerda proyectos como la Operación Campamento, que contempla la construcción de 10.700 viviendas, de las que una parte importante contará con algún tipo de protección. En Cataluña, el Estado ha asumido también 8.000 contratos de alquiler social, que mantendrán sus actuales condiciones de protección. Casa47 nace con el objetivo de concentrar en una única plataforma la oferta estatal de vivienda pública en alquiler. Para poder optar a uno de estos inmuebles, al menos uno de los integrantes de la unidad familiar debe tener nacionalidad española o residencia legal en España, ser mayor de edad y no disponer de otra vivienda en propiedad, salvo determinadas excepciones. Además, los ingresos de la unidad de convivencia deben encontrarse entre dos y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y los solicitantes deben estar al corriente de sus obligaciones fiscales. El alquiler tampoco podrá superar el 30% de la renta disponible del hogar. Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años y podrán prolongarse hasta alcanzar los 75 años, mientras que la adjudicación de las viviendas se realizará mediante criterios objetivos y sorteos ante notario. Los precios estarán vinculados a la capacidad económica de cada hogar.

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(La Vanguardia, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas prepara restricciones a los alquileres turísticos y a las segundas residencias

Los ayuntamientos y las administraciones locales podrían contar con respaldo legal para limitar la compra de segundas residencias y restringir los alquileres turísticos en aquellas zonas europeas donde la falta de vivienda se haya convertido en un problema especialmente grave. Así se desprende del borrador de la nueva Ley de Vivienda Asequible que prepara la Comisión Europea, que no plantea prohibir las segundas residencias, pero sí establecer un marco que permita restringir la adquisición de nuevas viviendas destinadas a este uso en los mercados más tensionados. La propuesta, que presentarán este miércoles la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia y Competitiva, Teresa Ribera, y el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, condiciona cualquier limitación a que las autoridades aporten datos objetivos que acrediten el impacto negativo de estas viviendas sobre la accesibilidad al mercado residencial. Además, deberán demostrar que no existen otras alternativas menos restrictivas para hacer frente al problema. El planteamiento comunitario permitiría actuar sobre las nuevas compras de segundas residencias, sin afectar a aquellas que ya hayan sido adquiridas. Para ello, Bruselas pretende crear un sistema de control que permita aplicar estas medidas sin entrar en conflicto con la legislación europea y con las libertades del mercado interior. El borrador también contempla una mayor capacidad de actuación de los gobiernos locales frente a las plataformas de alquiler turístico. Los ayuntamientos podrían establecer sistemas de autorización, registros o incluso límites al número de alojamientos turísticos, siempre que puedan justificar que la expansión de este tipo de oferta ha provocado un perjuicio real sobre el mercado del alquiler residencial. Para imponer restricciones a las segundas residencias, las autoridades deberán acreditar mediante pruebas objetivas que este tipo de adquisiciones ha deteriorado la asequibilidad de la vivienda en el territorio afectado durante, al menos, los tres años anteriores. El objetivo es evitar que estas medidas se adopten de forma arbitraria y garantizar que exista una relación demostrable entre el incremento de las segundas residencias y las dificultades de acceso a la vivienda. Una de las principales novedades afecta precisamente a los alquileres de corta duración. La propuesta establece que no podrán imponerse restricciones cuando el alojamiento turístico se encuentre en la vivienda habitual del propietario. La Comisión considera que, en estos casos, los ingresos obtenidos mediante el alquiler constituyen una fuente legítima de financiación para numerosos hogares. La situación será diferente cuando el inmueble destinado al alquiler turístico no sea la residencia principal de su propietario. En esos casos, los ayuntamientos sí podrán establecer mecanismos de autorización, registros y límites cuantitativos si pueden demostrar que el aumento de este tipo de alojamientos ha tenido un efecto negativo, comprobable y real sobre el mercado tradicional del alquiler durante los tres años anteriores. Bruselas también reclama que las administraciones estudien primero soluciones menos restrictivas antes de recurrir a las medidas más severas. Entre las alternativas figuran establecer límites al número de viviendas turísticas en las zonas tensionadas, introducir excepciones para situaciones especialmente graves o recurrir a incentivos fiscales. El nuevo marco pretende ofrecer seguridad jurídica a las administraciones que ya están aplicando o estudiando este tipo de medidas y que, en algunos casos, se enfrentan a litigios con grandes plataformas de alquiler turístico como Airbnb o Booking. La intención es evitar que los gobiernos locales tengan que afrontar durante años procedimientos judiciales por posibles conflictos entre sus regulaciones y las normas europeas sobre libertad de mercado. Fuentes comunitarias señalan que la propuesta ha tenido en cuenta las demandas de la alianza Mayors for Housing, integrada por alcaldes europeos que reclaman mayores competencias para actuar frente a la crisis residencial. Entre ellos se encuentra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha defendido ante Bruselas la necesidad de disponer de mayor cobertura jurídica y de definir claramente qué territorios pueden considerarse zonas sometidas a estrés habitacional. Desde la Comisión Europea reconocen que el planteamiento está «muy inspirado» en las propuestas formuladas por estos alcaldes. No obstante, la aprobación del texto por parte del Colegio de Comisarios, si finalmente se mantiene el contenido del borrador, será solo el primer paso. La propuesta tendrá que ser negociada y aprobada posteriormente por el Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros, y por el Parlamento Europeo. El proceso puede ser especialmente complejo porque las fuerzas de derecha cuentan con una posición mayoritaria en ambas instituciones. De hecho, representantes del Partido Popular Europeo ya han expresado su rechazo a las restricciones sobre los alquileres de corta duración y las segundas residencias, al considerar que este tipo de medidas podrían perjudicar a las economías locales y provocar destrucción de empleo.

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(El Economista, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal Supremo suspende cautelarmente la inscripción de los beneficiarios de la "ley de nietos"

El Tribunal Supremo ha acordado suspender de forma cautelar la inscripción y los efectos electorales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que hayan adquirido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta medida tras estimar la petición cautelar planteada en los recursos presentados contra el acuerdo aprobado por la Junta Electoral Central el pasado mes de julio. La Abogacía del Estado y la Fiscalía habían defendido ante el tribunal que los nuevos ciudadanos españoles tienen reconocido el derecho fundamental de sufragio. El auto judicial analiza también el alcance de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, relativa al derecho de opción a la nacionalidad española previsto en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Dicha instrucción amplió el criterio para acreditar la condición de exiliado al establecer que podía bastar con demostrar que los ascendientes abandonaron España entre 1936 y 1955. De este modo, se equiparó a los emigrantes de ese periodo sin exigir, en determinados supuestos, la acreditación individual de una persecución o perjuicio de carácter político. El Tribunal Supremo establece una diferenciación entre las personas cuya inscripción en el CERA todavía se encuentra en tramitación y aquellas que ya figuran en el censo exterior. En el primer caso, los procedimientos administrativos deberán continuar hasta su finalización, aunque, una vez concluidos, la incorporación efectiva al censo quedará suspendida hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo del asunto. Para quienes ya hayan sido inscritos en el CERA mediante este procedimiento, la suspensión afecta a los efectos electorales de esa inscripción en los próximos procesos electorales que pudieran celebrarse. La resolución contempla, sin embargo, una excepción. La suspensión no se aplicará cuando los registros consulares acrediten de forma individualizada que los solicitantes son descendientes de españoles que se exiliaron por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con su orientación o identidad sexual, y que como consecuencia de ello perdieron o renunciaron a la nacionalidad española. La excepción exige que esa condición no se haya reconocido únicamente mediante una presunción administrativa de carácter general. Para determinar qué casos cumplen este requisito, el tribunal ordena recabar de inmediato la documentación correspondiente a las oficinas consulares. Además, el Supremo ordena a la Oficina del Censo Electoral clasificar y separar los distintos expedientes, diferenciando aquellos en los que exista una acreditación directa de la condición de exiliado de los que se hayan tramitado aplicando los criterios interpretativos establecidos por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. La Junta Electoral Central deberá trasladar las instrucciones necesarias a las demarcaciones consulares para llevar a cabo esta diferenciación. El auto también mantiene las previsiones del acuerdo de la Junta Electoral Central relativas a la elaboración de los informes complementarios que permanecían pendientes. La Oficina del Censo Electoral dispondrá de un plazo máximo de quince días para aportar la documentación solicitada, mientras que posteriormente la Junta Electoral Central contará con otros diez días para aprobar la instrucción definitiva. Los magistrados han decidido no imponer las costas del procedimiento, al considerar que el asunto presenta una especial complejidad jurídica y plantea dudas de derecho suficientemente fundadas.

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(El Periódico, 08-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cuerpo avanza que la economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre

La economía española continúa mostrando resistencia pese al impacto de la guerra en Oriente Medio. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado este lunes que los datos disponibles apuntan a un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,6% en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior y en línea con las previsiones del Ejecutivo. Cuerpo ha señalado durante su intervención en «Los Desayunos» de RTVE y EFE que la economía «mantiene el pulso de crecimiento», una evolución que, a su juicio, permite sostener la previsión de un avance del 2,6% para el conjunto de 2026. El ministro ha asegurado que las estimaciones internas del Gobierno están «en línea con lo esperado» y que, por ello, se encuentra «cómodo» con las previsiones incluidas en el cuadro macroeconómico presentado el pasado mes de junio. El dato del tercer trimestre confirma, no obstante, una moderación gradual del ritmo de crecimiento. La economía avanzó un 0,8% en los últimos tres meses de 2025, para desacelerarse hasta el 0,6% en el primer trimestre de 2026. Entre abril y junio recuperó una décima, hasta el 0,7%, y ahora volvería a crecer un 0,6%. Según Cuerpo, esta evolución, aunque más contenida, sigue estando respaldada por la fortaleza del consumo y la inversión, además de por los elevados niveles de empleo. El ministro ha descartado por el momento que el Gobierno vaya a modificar sus previsiones macroeconómicas como consecuencia del repunte de la inflación, aunque ha admitido que se está siguiendo con atención la evolución de los precios, especialmente por las consecuencias que el conflicto entre Irán y Estados Unidos pueda tener sobre la energía. En este contexto, Cuerpo no ha cerrado la puerta a prolongar las medidas anticrisis adoptadas para contener el encarecimiento de los costes energéticos. «Veremos cómo evoluciona este mes de septiembre, pero si es necesario, ya lo dijo el presidente del Gobierno, no dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante estas subidas», ha afirmado. El ministro ha recordado además que desde el 1 de septiembre la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicada al gasóleo se elevó hasta los 20 céntimos por litro, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para este mes. La decisión responde al fuerte incremento registrado por el precio de este combustible, que en julio se encareció más de un 15%. En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado de 2027, Cuerpo no ha confirmado que las cuentas vayan a llegar al Congreso antes de que termine septiembre, tal y como establece el calendario constitucional, aunque ha garantizado que el Ejecutivo las presentará «lo antes posible». El ministro ha avanzado que en las próximas semanas comenzarán los contactos con los distintos grupos parlamentarios con el objetivo de reunir los apoyos necesarios. Cuerpo también ha asegurado que los Presupuestos se presentarán incluso aunque no exista un acuerdo previo con las fuerzas parlamentarias. «Hay un compromiso por parte del presidente del Gobierno. Vamos a presentar esos Presupuestos Generales del Estado», ha recalcado. El vicepresidente ha defendido asimismo que la ausencia de nuevas cuentas durante los últimos ejercicios no ha impedido que España haya mantenido un fuerte ritmo de crecimiento ni que haya reducido su deuda pública en más de 22 puntos de PIB. Respecto al Plan de Recuperación europeo, Cuerpo ha asegurado que las sucesivas prórrogas presupuestarias tampoco han obstaculizado la ejecución de los fondos comunitarios. España prevé solicitar a Bruselas antes de que termine septiembre el último desembolso, por un importe aproximado de 26.000 millones de euros. El objetivo del Ejecutivo es completar la recepción de la totalidad de los fondos del Plan de Recuperación antes de que termine el año. Una vez finalizado el programa, el Gobierno pretende mantener capacidad de financiación para impulsar la economía y estudia utilizar parte de los recursos europeos más allá de 2026, siempre dentro de la normativa comunitaria. Entre las actuaciones previstas figura el refuerzo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con 10.000 millones de euros.

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(Cinco Días, 07-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las energéticas dispararán su beneficio en 2026 gracias a los precios récord en gas y petróleo

Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve, antigua Cepsa, sumaron en 2023 un beneficio neto conjunto de 10.466 millones de euros. Ese año, el Gobierno decidió aplicar a estas compañías un gravamen extraordinario al considerar que estaban obteniendo ganancias adicionales como consecuencia de los elevados precios energéticos provocados por la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, en los seis primeros meses de 2026, las cinco grandes energéticas ya acumularon 9.863 millones de euros de beneficio, una cifra prácticamente equivalente a la registrada en todo 2023 pero conseguida en apenas la mitad de tiempo. Las previsiones de analistas y expertos apuntan, además, a que los resultados podrían mejorar durante la segunda parte del ejercicio, después de los máximos alcanzados durante el verano por los precios de la electricidad, el gas y los carburantes. Tampoco se espera una relajación significativa de los mercados energéticos en los próximos meses, en un contexto marcado por la incertidumbre derivada de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero. Las propias compañías mantienen sus objetivos para el conjunto del año y algunas incluso anticipan una evolución más favorable de la prevista inicialmente. De cumplirse estas expectativas, las principales energéticas del Ibex-35 podrían cerrar 2026 con un beneficio histórico cercano a los 20.000 millones de euros. Esta cifra supondría más del doble de las ganancias obtenidas tres años antes y más de un 50% por encima de las registradas en 2025, cuando la situación en Oriente Próximo era mucho más estable. Este escenario ha reactivado las peticiones para establecer un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Quienes defienden esta medida consideran que una parte importante de estas ganancias está relacionada con el impacto de la guerra en Oriente Próximo, al que se suma la destrucción de infraestructuras energéticas en Rusia, que también está contribuyendo a mantener la presión sobre los precios. Las voces favorables a elevar la fiscalidad sobre el sector han aumentado en las últimas semanas. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, planteó recientemente la posibilidad de incrementar la fiscalidad sobre los combustibles para contribuir a financiar las inversiones necesarias para afrontar la emergencia climática. Ribera cuestionó la diferencia entre los elevados beneficios privados obtenidos por las petroleras y el coste que el cambio climático genera para el conjunto de la sociedad, y defendió abrir un debate sobre una posible fiscalidad global o europea sobre el petróleo. En una línea similar se pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien calificó de irresponsable mantener el consumo de combustibles fósiles ante la emergencia climática. El jefe del Ejecutivo también advirtió de que la dependencia energética supone una debilidad para los países. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido todavía más explícito al reclamar que las empresas que están obteniendo mayores beneficios como consecuencia de la crisis contribuyan también a aliviar sus efectos. A finales de agosto, España, Alemania, Italia, Austria y Polonia volvieron a reclamar a la Unión Europea la creación de un impuesto extraordinario sobre los beneficios obtenidos por las petroleras como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo. Esta petición se suma a otra iniciativa planteada en abril por Cuerpo junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal para establecer un tributo coordinado a escala europea. Los ministros sostienen que las petroleras están registrando una elevada rentabilidad y que sus márgenes en los productos refinados han aumentado incluso por encima de la subida del precio del crudo. El objetivo de la propuesta es establecer un mecanismo común que permita que las empresas beneficiadas por la crisis contribuyan a reducir el impacto económico que soportan los ciudadanos y las Administraciones públicas. La presión también llega desde los partidos que forman parte del espacio de la izquierda. Sumar y Podemos han reclamado medidas para limitar el precio de los carburantes y establecer un impuesto sobre los beneficios de las compañías energéticas, a las que acusan de beneficiarse del repunte de la inflación y, especialmente, del encarecimiento del petróleo. Podemos plantea además controles sobre determinados precios de los alimentos. Tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el Ejecutivo aprobó un Real Decreto-ley para hacer frente al impacto económico del conflicto y posteriormente prorrogó parte de sus medidas en junio. Entre ellas se incluyeron diferentes ayudas y rebajas fiscales sobre los consumos energéticos. La reducción fiscal aplicada a los carburantes continúa vigente en septiembre, aunque se ha ido reduciendo progresivamente durante los últimos meses. Pese a estas actuaciones, los precios no han dejado de aumentar y la inflación alcanzó en agosto el 4,3%, su nivel más elevado de los últimos tres años. El paquete de medidas aprobado por el Gobierno expira este mes. Cualquier prórroga de las rebajas o la aprobación de nuevas actuaciones, entre ellas un eventual impuesto adicional a las energéticas, necesitaría el respaldo del Congreso de los Diputados, algo que no se presenta sencillo para el Ejecutivo. La creación de nuevos impuestos sobre las grandes empresas se ha convertido en uno de los asuntos más complejos para el Gobierno en los últimos años. Algunos de sus socios parlamentarios, entre ellos el PNV y Junts, se han mostrado contrarios a establecer cargas adicionales sobre las grandes compañías energéticas. En el caso del País Vasco, empresas como Iberdrola y Repsol tienen además una especial relevancia económica. El Ejecutivo ya intentó prolongar el gravamen extraordinario sobre las energéticas en 2025, pero la iniciativa no consiguió salir adelante en el Parlamento. El enfrentamiento llegó incluso al ámbito empresarial: durante el Foro de Davos de enero de 2025, Sánchez mantuvo un encuentro con representantes de grandes compañías del Ibex y llegó a bromear con el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, sobre la votación parlamentaria que había impedido prorrogar el impuesto. Las compañías afectadas no cuestionan los elevados beneficios que están obteniendo actualmente, pero recuerdan que estos resultados deben analizarse dentro de una perspectiva más amplia. Desde una de ellas señalan que el Gobierno probablemente intentará impulsar nuevos impuestos, aunque también destacan las fuertes inversiones realizadas durante años y las pérdidas registradas en otros ejercicios. La capacidad del Ejecutivo para aprobar una nueva fiscalidad sobre el sector dependerá, por tanto, de su margen parlamentario. El escenario será especialmente complicado en un año previo a las elecciones, marcado por una inflación elevada, la evolución de los precios energéticos y las decisiones que pueda adoptar la Administración de Donald Trump, mientras aumenta la preocupación de los hogares por el encarecimiento de los productos y servicios básicos.

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(Cinco Días, 07-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La morosidad bancaria de las empresas toca mínimos, pero el 60% sufre el golpe de los impagos de sus clientes

La morosidad bancaria en España se encuentra en niveles mínimos desde 2008, una evolución que también se refleja en el ámbito empresarial. Los créditos dudosos de las compañías han disminuido un 22,7% desde 2023 y representan ya el 3,14% del volumen total de financiación concedida, según los datos del Banco de España. Sin embargo, esta mejora no se traslada por completo a las relaciones comerciales entre empresas. Un informe elaborado por Gestión de Riesgo de Crédito y Caución e Iberinform, publicado a finales de julio, señala que seis de cada diez compañías españolas se ven perjudicadas por la morosidad. Para el 48%, el problema supone una reducción de ingresos, mientras que un 23% afronta un aumento de los costes financieros y un 8,1% considera que la situación puede llegar a comprometer la continuidad de su negocio. Antes de que se produzca un impago, el principal problema es el retraso en los cobros. Las administraciones públicas, que por ley deberían abonar sus facturas en un máximo de 30 días, tardaron una media de 70 días en pagar durante el pasado año, según el último informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), publicado en abril. Es el plazo más elevado desde 2020. En el caso de las empresas privadas, el periodo medio de pago alcanzó los 67 días, tres más que el año anterior y por encima de los 60 días establecidos legalmente. Además, un 26% de las compañías percibió durante el último año un alargamiento de los plazos. Aun así, la PMcM destaca que el porcentaje de facturas que finalmente quedaron impagadas se redujo del 5,2% al 3,3% en 2025. Las diferencias entre empresas según su tamaño también se reflejan en su capacidad para fijar las condiciones de pago. Según el estudio de Crédito y Caución e Iberinform, solo el 14% de los autónomos consigue establecer sus propios plazos, frente al 36% de las pequeñas y medianas empresas y el 46% de las grandes compañías. Estas últimas, además, presentan un comportamiento especialmente desfavorable en materia de pagos: de acuerdo con los datos de la PMcM publicados en abril, apenas el 15% cumple con los plazos establecidos por la legislación. La aparente contradicción entre una caída de los impagos y el aumento de los periodos de cobro tiene una explicación relacionada con la gestión de la liquidez. Francisco Rodríguez, director de estudios financieros de Funcas, señala que cuando una empresa atraviesa dificultades de tesorería suele priorizar el cumplimiento de sus obligaciones con los bancos, ya que necesita mantener abiertas sus vías de financiación. El retraso se traslada después a los proveedores, que terminan convirtiéndose de facto en financiadores involuntarios del circulante. Rodríguez descarta, sin embargo, que esta situación responda a un descenso generalizado de las ventas y recuerda que la encuesta SAFE sobre acceso a la financiación refleja una economía empresarial resistente. La presión se concentra especialmente en los costes. Entre ellos destacan los laborales y las cotizaciones sociales, además del gasto energético en determinados sectores. A esto se suma que, aunque los tipos de interés hayan comenzado a descender, muchas compañías han tenido que refinanciar su deuda durante los últimos años a tipos superiores a los que soportaban antes del endurecimiento monetario. De esta forma, una empresa puede aumentar sus ventas y, al mismo tiempo, encontrarse con problemas de liquidez si sus costes crecen a mayor velocidad o si sus márgenes se reducen. El sector de la construcción es uno de los que soporta con mayor intensidad esta situación. Según un informe de Equifax publicado en junio, concentra el 16,1% de las empresas españolas que se encuentran en concurso de acreedores, solo por detrás del comercio. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advierte de que el incremento de los precios de los materiales y de la energía, especialmente condicionado por la crisis en Oriente Próximo, está agravando las dificultades del sector. La patronal reclama recuperar un mecanismo de revisión de precios en los contratos de obra pública, eliminado por el Gobierno en 2015. Sin esta posibilidad, un aumento de los costes de materiales o energía no modifica el importe acordado inicialmente, lo que reduce directamente el margen de los contratistas. El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, explica que esta presión acaba trasladándose a lo largo de toda la cadena de proveedores. Las empresas priorizan el pago a las entidades financieras porque necesitan mantener su acceso al crédito, mientras que los retrasos terminan afectando a subcontratistas y proveedores. Fernández Alén asegura que algunas compañías están optando incluso por ralentizar de forma discreta la ejecución de sus obras a la espera de que los precios se moderen. La CNC solicitó formalmente a finales de julio al Ministerio de Hacienda que restablezca el mecanismo de revisión de precios y espera recibir una respuesta durante septiembre. Para Funcas, no obstante, todavía no existen motivos suficientes para hablar de una situación de alarma. El alargamiento de los plazos de pago no implica necesariamente que vaya a producirse un repunte de los impagos, aunque sí constituye una señal que debe vigilarse. La situación adquiriría una dimensión diferente si en los próximos meses los retrasos coincidieran con un deterioro de los márgenes empresariales, un aumento de los concursos de acreedores, un endurecimiento del acceso al crédito y un repunte de los préstamos dudosos. La cuestión fundamental será determinar si se trata únicamente de un problema de circulante derivado del aumento de los costes y de los plazos de cobro o si, por el contrario, supone el inicio de un deterioro financiero más profundo.

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(Expansión, 07-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las exportaciones agroalimentarias españolas a Estados Unidos cayeron un 10% en 2025 por los aranceles

Las exportaciones españolas de productos agroalimentarios y pesqueros hacia Estados Unidos cayeron un 10% en 2025, hasta situarse en 3.256 millones de euros, de acuerdo con los datos del Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero 2025 elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El retroceso se produjo en un contexto marcado por las tensiones comerciales y las dificultades derivadas de la política arancelaria impulsada por la Administración de Donald Trump. A comienzos de año, además, los importadores realizaron operaciones de acopio de mercancías ante la incertidumbre sobre la evolución de los aranceles, pero este movimiento no evitó el descenso de las ventas españolas al mercado estadounidense. Pese a esta caída, Estados Unidos continuó siendo en 2025 el segundo mayor destino de los productos agroalimentarios españoles fuera de la Unión Europea, solo por detrás de Reino Unido. Las exportaciones al mercado británico alcanzaron los 5.241 millones de euros, aunque también registraron un ligero descenso, cercano al 1%. La evolución del comercio estuvo condicionada por el giro de la política comercial estadounidense tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Washington estableció en abril de 2025 un arancel general del 10% y, posteriormente, Estados Unidos y la Unión Europea acordaron a finales de julio un tipo máximo general del 15%, que comenzó a aplicarse a mediados de agosto, con algunas excepciones para determinados productos considerados estratégicos. Este endurecimiento de las condiciones comerciales elevó el arancel medio aplicado por Estados Unidos a las importaciones agrícolas procedentes de todo el mundo desde menos del 4% hasta superar el 16%, el nivel más alto desde 1930. A pesar del descenso global de las exportaciones, algunos productos españoles mantienen una posición destacada en Estados Unidos. Es el caso del aceite de oliva, del que el mercado estadounidense fue en 2025 el segundo mayor comprador mundial de producto español, con adquisiciones por valor de 970,55 millones de euros, solo por detrás de Italia. Las bebidas también tienen una importante presencia en el mercado estadounidense, que se situó como el quinto destino mundial y el segundo fuera de la Unión Europea. El vino concentra buena parte de estas ventas, con exportaciones por 374,71 millones de euros. Las conservas vegetales ocuparon asimismo una posición destacada entre los productos más vendidos, especialmente las elaboradas a partir de legumbres y hortalizas. En sentido contrario, las importaciones españolas de productos agroalimentarios procedentes de Estados Unidos aumentaron un 24% durante 2025, hasta alcanzar los 2.568 millones de euros. Entre las principales compras destacaron el maíz, por un valor de 772,58 millones de euros, y la soja, con 504,97 millones. El incremento de las compras a Estados Unidos, unido a la reducción de las exportaciones españolas hacia ese país, provocó una notable reducción del superávit comercial agroalimentario de España con el mercado estadounidense.

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(Expansión, 04-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El PMI de la eurozona en agosto sin cambios, con España e Italia como motores de crecimiento

La actividad del sector privado de la zona euro permaneció estable en agosto, con el índice PMI compuesto situado en 52 puntos, el mismo nivel registrado en julio y una décima por debajo de la estimación preliminar publicada días atrás. El dato confirma que la economía de la región experimentó en agosto su mayor ritmo de expansión de los últimos ocho meses y se mantuvo cerca de su media histórica, situada en 52,3 puntos. El mercado laboral también ofreció señales positivas, ya que el empleo aumentó por primera vez en lo que va de año, favorecido por el crecimiento de las ventas netas. Mientras tanto, las presiones sobre los precios se mantuvieron prácticamente sin cambios durante el mes, gracias a una ligera moderación de los costes de los insumos y a un incremento de los precios de venta. A pesar de ello, la inflación continúa en niveles elevados como consecuencia del impacto de la guerra de Irán sobre la energía. España e Italia se consolidaron como los principales motores del crecimiento de la zona euro, con una notable expansión de su actividad. Alemania también mejoró sus registros, aunque su avance siguió siendo moderado, mientras que Francia encadenó su octavo mes consecutivo de contracción de la actividad empresarial. Según Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, los datos de agosto apuntan a que la zona euro mantiene una trayectoria de crecimiento sólido durante el tercer trimestre. La recuperación de la industria ganó intensidad y los servicios consiguieron superar la debilidad que habían mostrado inicialmente tras el repunte de los precios energéticos provocado por el conflicto en Oriente Próximo. Williamson también advirtió de que la evolución de los precios apunta a una pérdida de impulso en el proceso de desinflación iniciado meses atrás. Esta circunstancia, combinada con la resistencia mostrada por la actividad económica, podría llevar al Banco Central Europeo a valorar un endurecimiento de su política monetaria en su próxima reunión. Los mercados ya contemplan la posibilidad de una subida de los tipos ante el repunte de la inflación asociado al conflicto con Irán.

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