(Expansión, 16-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda pública en España apenas llega al 3,5%

El parque de vivienda pública en España tiene uno de los pesos más reducidos de Europa. Aunque las estimaciones apuntan a que su participación ha aumentado hasta el 3,5% en los últimos años, sigue muy lejos de los niveles alcanzados en la década de los ochenta, cuando la vivienda protegida llegó a representar más del 60% de las nuevas construcciones y su producción superaba a la de vivienda libre. El Gobierno se había fijado como meta elevar el peso de la vivienda pública hasta el 20% en un horizonte de 20 años. Como objetivo intermedio, pretendía aproximarlo al 9%, en línea con la media europea, con el propósito de corregir la tendencia descendente que ha experimentado este tipo de promoción durante las últimas décadas. El Banco de España señala en su informe de 2025 que actualmente solo una de cada 65 viviendas en España es pública. Esta proporción contrasta con la de otros países europeos, como Países Bajos, donde alcanza el 34%; Austria, con un 23,6%; Dinamarca, con un 21,5%, y Reino Unido, con un 16,4%. Estas diferencias evidencian la necesidad de ampliar el parque de vivienda social para contribuir a equilibrar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a un alojamiento a los colectivos con mayores dificultades económicas. Esta cuestión se ha situado, precisamente, entre los principales asuntos de la campaña electoral. En este contexto, el Gobierno ha convalidado esta semana en la Diputación Permanente un decreto ley que contempla la prórroga de los límites a las actualizaciones anuales de los alquileres y restricciones a la adquisición de viviendas por parte de grandes tenedores. Por su parte, el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este viernes que la vivienda constituye la principal preocupación de la mayoría de los ciudadanos españoles. Pese a la relevancia que ha adquirido este problema, la construcción de vivienda social ha tenido un desarrollo muy limitado en España durante las últimas cuatro décadas. Sin embargo, la situación fue muy diferente en los años ochenta, cuando la vivienda protegida alcanzó una presencia muy destacada en el conjunto de las nuevas promociones. Desde 1982, su peso superó el 55% y entre 1984 y 1987 llegó a rebasar el 60%. El máximo se registró en 1985, cuando las viviendas protegidas terminadas representaron el 67,2% del total, con 114.067 unidades. Así lo reflejan los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos en el último Boletín Especial de Vivienda Social, del que se ha hecho eco la agencia Efe. A partir de 1988 comenzó un pronunciado retroceso de la vivienda protegida, cuya participación cayó progresivamente hasta situarse en el 7,2% en 2002. Este descenso coincidió con una etapa de fuerte expansión inmobiliaria, en la que el número total de viviendas terminadas se elevó hasta las 518.273 unidades, mientras que la producción protegida quedó reducida a 37.544. Desde 1993 se había producido una ligera recuperación, pero a finales de esa década volvió a imponerse la tendencia descendente, que ha marcado la evolución de las últimas décadas. Posteriormente, el estallido de la burbuja inmobiliaria provocó una fuerte contracción de la construcción, tanto de vivienda libre como protegida, que alcanzó mínimos históricos. El punto más bajo de la promoción de vivienda protegida se registró en 2017, cuando únicamente se terminaron 4.938 unidades. Desde 2019 se aprecia una cierta recuperación, aunque todavía insuficiente para compensar el déficit acumulado y aproximar a España a los niveles de vivienda social de las principales economías europeas y de la OCDE. El Banco de España advierte de que esta escasez reduce la capacidad de respuesta ante las dificultades actuales de acceso a la vivienda. Una parte importante de la demanda procede de hogares con rentas bajas que deben destinar una proporción elevada de sus ingresos al pago de alquileres a precios de mercado, lo que agrava su situación económica. En 2025 se finalizaron 11.000 viviendas protegidas y se iniciaron otras 15.500. Ambas cifras superan ligeramente los registros medios anuales del periodo 2015-2024, cuando se terminaron alrededor de 9.000 viviendas al año. Los últimos datos apuntan a una aceleración de esta actividad. Durante el primer semestre de 2026 se inició la construcción de 11.270 nuevas viviendas protegidas, casi el doble que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El Ministerio que dirige Isabel Rodríguez considera que, si este ritmo se mantiene durante la segunda mitad del año, la cifra de nuevas promociones superará las 25.000 unidades en el conjunto de 2026. De cumplirse esta previsión, sería el volumen más elevado de los últimos 14 años.

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(El Economista, 16-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España aspira a ser la cuarta potencia europea en centros de datos en 2030

España aspira a convertirse en la cuarta potencia europea en centros de datos en 2030, gracias a un fuerte incremento de su capacidad instalada durante los próximos cinco años. Según las previsiones recogidas en un informe de CaixaBank Research, el país podría multiplicar casi por seis su potencia, hasta alcanzar los 2.382 megavatios (MW), frente a los 412 MW registrados a finales de 2025. Este crecimiento permitiría superar a mercados con mayor tradición en este ámbito, como Países Bajos, Francia e Italia. De cumplirse estas estimaciones, España solo quedaría por detrás de Alemania, Reino Unido e Irlanda, que encabezarían el mercado europeo con capacidades instaladas de 4.037 MW, 3.310 MW y 2.519 MW, respectivamente. Países Bajos, que actualmente cuenta con una potencia tres veces superior a la española, descendería hasta la quinta posición, con 2.306 MW. El impulso de esta actividad está relacionado con la expansión de la inteligencia artificial (IA), los servicios en la nube y la digitalización de la economía, factores que están incrementando notablemente la demanda de infraestructuras para almacenar y procesar datos. Este contexto representa una oportunidad para España, que cuenta con diferentes ventajas para atraer inversiones y consolidarse como uno de los principales centros europeos de infraestructura digital. CaixaBank Research calcula que el desarrollo de estas instalaciones podría generar inversiones directas e indirectas por importe de 66.900 millones de euros entre 2026 y 2030. No obstante, la cuantía definitiva estará condicionada por la evolución del marco regulatorio y la disponibilidad de recursos. Las estimaciones contemplan distintos escenarios, con un volumen de inversión que oscilaría entre 43.000 y 79.000 millones de euros. La expansión también permitiría reducir la diferencia que actualmente separa a España de la media europea en capacidad instalada por habitante. En estos momentos, el país dispone de aproximadamente nueve megavatios comerciales por cada millón de habitantes, frente a los 19,6 MW de media de la Unión Europea. Las previsiones apuntan a que esta brecha prácticamente desaparecerá en 2030, cuando ambos indicadores se situarían en torno a los 46 MW por millón de habitantes. Entre los principales atractivos de España para captar este tipo de proyectos figuran sus costes energéticos, favorecidos por la elevada presencia de fuentes renovables en el sistema eléctrico, la disponibilidad de suelo y su posición geográfica. A ello se suma la conectividad internacional que proporcionan los cables submarinos, que convierten al país en un enclave estratégico para las comunicaciones entre Europa, América, África y Oriente Próximo. Madrid concentra actualmente la mayor capacidad instalada de centros de datos, aunque Aragón está ganando terreno y se ha consolidado como uno de los territorios con mayor potencial de crecimiento, gracias a la disponibilidad de suelo, la generación de energía renovable y su localización estratégica. Sin embargo, CaixaBank Research advierte de que el elevado número de proyectos anunciados no implica necesariamente que todos vayan a materializarse. La disponibilidad de conexión a la red eléctrica, el acceso a la financiación, los plazos de obtención de permisos administrativos y el suministro de equipamiento serán factores determinantes para que las inversiones previstas se conviertan en instalaciones operativas. A estos obstáculos se añade la incertidumbre normativa. El Gobierno está tramitando nuevas exigencias relacionadas con la sostenibilidad energética de los grandes centros de datos, una iniciativa que ha generado reservas entre los operadores del sector. El principal desafío consistirá en aprovechar el potencial inversor y desarrollar la capacidad prevista sin que las limitaciones regulatorias, energéticas o de recursos frenen la expansión de esta industria.

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(El Periódico, 16-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre por la presión del turismo y el gas

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en octubre en el 4,9%, el mismo nivel que el mes anterior, según ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación subyacente, que no incluye los alimentos no elaborados ni la energía, también permaneció estable por segundo mes consecutivo en el 3,1%. Esta evolución refleja la persistencia de determinadas presiones sobre los precios. Entre los factores que han contribuido a mantener la inflación en niveles elevados figuran el gas y los paquetes turísticos, que se encarecieron un 5,3% y un 8,2%, respectivamente. La energía continúa siendo el principal foco de tensión, aunque las rebajas fiscales aprobadas para los carburantes han contribuido a contener parte de su impacto. Los datos del INE muestran que los combustibles líquidos utilizados para calefacción acumulan un incremento cercano al 70% respecto a octubre del año pasado. El gasóleo se ha encarecido un 36%, la gasolina casi un 21% y el butano y el propano un 16%. La evolución de estos precios determina qué medidas fiscales incluidas en el tercer paquete anticrisis continúan en vigor. Con las cifras de octubre, se mantiene durante diciembre la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel, dado que ambos carburantes siguen registrando aumentos interanuales superiores al 15%, el límite establecido por el Gobierno para activar esta medida. También se suprime el impuesto sobre los hidrocarburos para el butano y el propano destinados a usos no relacionados con la automoción. Por el contrario, no se aprobarán nuevas reducciones fiscales para la electricidad, cuyo precio ha aumentado un 11,1%, por debajo del umbral exigido. Las demás medidas, entre ellas el límite a las subidas de la tarifa de último recurso del gas (TUR), permanecerán activas hasta final de año. Al margen de la energía, los servicios constituyen otra de las principales preocupaciones de los expertos. Su inflación interanual permanece en el 3,9% desde la primavera, según señala María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas. Este comportamiento, muy por encima de la media de la eurozona, responde a la fortaleza del consumo interno, favorecido por el dinamismo del turismo y el crecimiento demográfico, así como a las dificultades de las empresas para ampliar su oferta por la falta de trabajadores en determinadas actividades. Manuel Hidalgo, economista y profesor de la Universidad Pablo de Olavide, comparte este análisis y apunta especialmente a la hostelería y el comercio como sectores que mantienen la presión sobre los precios. También destaca que menos de diez productos de la cesta de consumo explican el 90% de la diferencia de inflación entre España y Europa. Entre ellos figuran los hoteles y el alquiler de vehículos. Hidalgo considera que la elevada demanda turística es el principal factor que está impulsando los precios. Solo en agosto se superaron por primera vez los 12 millones de viajeros, lo que ha provocado un encarecimiento de los paquetes vacacionales y los alojamientos, con efectos también sobre el conjunto de la restauración. Así, los vuelos nacionales cuestan casi un 12% más que hace un año, los hoteles han subido un 11% y los restaurantes, un 4%. En contraste con la resistencia de los servicios a moderar sus precios, los alimentos llevan un año contribuyendo a contener la inflación, una evolución que ha sorprendido a los analistas. En octubre, el incremento interanual de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se redujo tres décimas, hasta el 2,4%. Además, desde el comienzo de la guerra en Irán, en febrero, los precios de este grupo apenas han acumulado una subida del 0,8%. Las primeras previsiones apuntaban a que el encarecimiento de los fertilizantes y del transporte acabaría trasladándose a los precios de los supermercados. Sin embargo, los alimentos procesados han contribuido a frenar esa tendencia. Según explica Fernández, mientras los servicios han registrado una evolución más desfavorable de lo esperado, los alimentos han sorprendido por su menor inflación. Especialmente los productos elaborados, cuya tasa ha pasado del 2,3% a principios de año al 1,2% en octubre. La situación actual contrasta con la crisis inflacionista de 2022, cuando los alimentos desempeñaron un papel protagonista y llegaron a encarecerse un 11,6%. Hidalgo cita como ejemplo el aceite de oliva, que entonces alcanzó precios propios de un producto de lujo y que ahora ha moderado considerablemente su cotización. La caída ha llevado incluso al Ministerio de Agricultura a anunciar la retirada de parte de la producción para evitar un desplome de los precios en origen. Esta moderación no descarta, sin embargo, que puedan aparecer nuevas presiones sobre la cesta de la compra. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, advierte de que el aumento de los costes de los fertilizantes y del transporte registrado durante el verano podría trasladarse más adelante a los precios de los alimentos no elaborados. Las frutas del bosque, como los arándanos, las frambuesas y las moras, ilustran esta tendencia: llevan varios meses subiendo y en octubre eran un 54% más caras que un año antes. De cara a los últimos meses del año, los economistas prevén que la inflación comience a moderarse después de haber alcanzado su nivel más elevado en octubre. Hidalgo interpreta el 4,9% registrado durante los dos últimos meses como el punto máximo de esta escalada y espera que los precios inicien una trayectoria gradual de descenso. Entre los factores que podrían aliviar la situación figuran la evolución del euríbor, que en octubre puso fin a tres meses consecutivos de subidas, y una posible desaceleración del consumo. La reducción del indicador hipotecario podría dar cierto margen a los hogares con préstamos variables, mientras que el encarecimiento del coste de la vida y el peso de las cuotas hipotecarias están limitando su capacidad de gasto. En diciembre, no obstante, los expertos esperan que la inflación continúe muy por encima del objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo. Funcas calcula que podría situarse en el 4,5% entre noviembre y diciembre, mientras que BBVA Research estima una tasa próxima al 4,6%. Ambas previsiones dependen de que se mantenga la reciente tendencia a la baja del petróleo y de los carburantes. El crudo comenzó a abaratarse a principios de noviembre, después de conocerse la existencia de un posible borrador de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Catar. A esta perspectiva se añade el revés electoral sufrido por Donald Trump, que podría reducir su margen de maniobra e incrementar la presión para poner fin al conflicto.

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(Cinco Días, 13-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Diputación Permanente ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda que el Gobierno aprobó a comienzos de octubre

El Congreso ha convalidado el decreto ley de vivienda que reúne la mayor parte de las medidas impulsadas por el Gobierno, mientras que el segundo texto, que contemplaba la instauración de contratos de alquiler indefinidos y el pago de indemnizaciones a los inquilinos cuando el propietario decidiera recuperar la vivienda, no ha conseguido los apoyos necesarios para continuar vigente. La primera norma mantiene así un amplio conjunto de disposiciones destinadas a regular el mercado del alquiler, limitar determinadas operaciones inmobiliarias y reforzar la protección de los arrendatarios. Entre las principales novedades figura la prohibición, hasta el 31 de diciembre de 2030, de que fondos, grandes tenedores y determinadas entidades adquieran viviendas por un importe inferior al 70% de su valor de mercado. Se contemplan excepciones para operaciones vinculadas al alquiler asequible, la vivienda social, las residencias asistenciales y los programas dirigidos a colectivos vulnerables. En materia de desahucios, se prolonga hasta finales de 2030 la suspensión de los procedimientos que afecten a personas vulnerables sin alternativa habitacional. Cuando el demandante sea un gran propietario inmobiliario y concurran las circunstancias previstas en la norma, la paralización tendrá carácter automático. En los demás supuestos, el juez podrá suspender el procedimiento mientras la Administración no proporcione una solución residencial. También se establecen compensaciones económicas para determinados propietarios afectados por estas medidas. Otra de las novedades es la denominada enervación extraordinaria, que permitirá que la Administración asuma las deudas de alquiler de los inquilinos vulnerables cuando no consiga ofrecerles una alternativa habitacional en un plazo de dos meses. En estos casos, la Administración se subrogará como deudora por las cantidades pendientes y, mientras se mantenga la situación de vulnerabilidad, no podrá ejecutarse el lanzamiento y el contrato de arrendamiento continuará vigente. La regulación también endurece las condiciones de los alquileres de temporada para evitar que se utilicen como fórmula para eludir las garantías previstas para los arrendamientos de vivienda habitual. Los contratos temporales deberán justificar una causa real y acreditable que explique el desplazamiento del arrendatario. Si no existe esa justificación, pasarán a considerarse contratos de alquiler ordinario, con las correspondientes protecciones legales para el inquilino. En cuanto al alquiler por habitaciones, la suma de las rentas individuales no podrá superar el importe que correspondería al arrendamiento de la vivienda completa. En las zonas declaradas de mercado residencial tensionado, además, deberán respetarse los límites de precios establecidos para los alquileres de vivienda habitual. El decreto incorpora asimismo nuevas garantías para los arrendatarios. Entre ellas, la prohibición de trasladarles los gastos de gestión inmobiliaria y los impuestos asociados a la vivienda, un refuerzo de sus derechos ante desperfectos que comprometan las condiciones de habitabilidad y mayores facilidades para exigir reparaciones urgentes. También se amplía el derecho de adquisición preferente cuando el propietario decida vender el inmueble arrendado. Respecto a la duración de los contratos y la actualización de las rentas, los alquileres de vivienda habitual que finalicen antes de terminar 2028 podrán beneficiarse, a petición del inquilino y si cumplen los requisitos establecidos, de una prórroga extraordinaria de hasta dos años. Asimismo, hasta el 31 de diciembre de 2027 se limitarán las actualizaciones de los precios. Cuando la renta supere los índices de referencia aplicables, no podrá incrementarse, mientras que en los demás casos la subida máxima será del 2% si no existe un acuerdo entre las partes. Un informe del Ministerio de Consumo estima que esta prórroga podría generar un ahorro medio de 4.341 euros por hogar y beneficiar a cerca de cinco millones de personas. La condición de gran tenedor deberá acreditarse mediante una certificación registral. Se mantienen como referencia los umbrales de más de diez viviendas o más de 1.500 metros cuadrados de superficie residencial, aunque las comunidades autónomas podrán reducir el límite hasta cinco inmuebles en las zonas declaradas tensionadas. En el ámbito fiscal, se modifica el sistema de incentivos en el IRPF para los propietarios, con mayores beneficios para quienes reduzcan los precios del alquiler, mantengan los contratos con los mismos inquilinos, alquilen por primera vez a precios asequibles o cedan inmuebles a programas sociales. En determinados supuestos, las reducciones podrán alcanzar el 100% del rendimiento neto. Los arrendatarios también contarán con una nueva ventaja fiscal. Los contribuyentes con ingresos inferiores a 33.007 euros anuales podrán deducirse en el IRPF el 10% de las cantidades abonadas por el alquiler de su vivienda habitual. La normativa introduce además cambios tributarios para desincentivar el uso turístico y la desocupación permanente de inmuebles. Los ayuntamientos podrán aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas turísticas situadas en zonas tensionadas y a los inmuebles que permanezcan desocupados de forma permanente. Por otra parte, los alquileres turísticos de corta duración tributarán al tipo reducido del 10% de IVA en los supuestos previstos por la regulación. También se establecen modificaciones para las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis), que estarán sujetas a un gravamen especial del 25% sobre determinados beneficios no distribuidos procedentes del alquiler residencial. Este gravamen podrá reducirse o desaparecer cuando una parte significativa de sus viviendas se destine al alquiler asequible y los beneficios se reinviertan en este tipo de inmuebles. Otra línea de actuación se dirige a incrementar el parque público de vivienda. El decreto garantiza la protección permanente del patrimonio de Casa 47, la empresa pública estatal de vivienda, de modo que los inmuebles transferidos a esta entidad, incluidos los procedentes de la Sareb y otros organismos públicos, mantendrán limitaciones de precio en futuras transmisiones. Asimismo, se facilita la incorporación de propiedades estatales y de la Seguridad Social al parque público. Por primera vez, la normativa establece una definición legal de vivienda asequible. Tendrán esta consideración los inmuebles cuyo precio de venta o alquiler, incluidos los gastos asociados, no supere el 30% de la renta mediana de la unidad de convivencia del municipio en el que se encuentren. Para impulsar la construcción de viviendas sociales y asequibles, se crea un Fondo de Vivienda de Impacto Social con una dotación inicial de 400 millones de euros. También se habilitan líneas de avales de hasta 2.000 millones para financiar promociones de este tipo de viviendas y otros 280 millones en garantías destinados a fomentar la construcción industrializada. El decreto contempla igualmente un programa de préstamos públicos para facilitar la adquisición de la primera vivienda habitual. A través del mecanismo TU CASA, podrán obtenerse préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros o del 20% del valor del inmueble. Las viviendas adquiridas mediante esta financiación estarán sujetas a limitaciones permanentes de precio en futuras transmisiones. Por último, se refuerzan las obligaciones de transparencia en los anuncios de alquiler. Las ofertas deberán incluir, cuando corresponda, el índice de referencia aplicable, el límite legal de la renta, la condición de gran tenedor del propietario y los identificadores administrativos del inmueble, con el objetivo de que los potenciales inquilinos puedan comprobar las condiciones del arrendamiento antes de formalizar el contrato.

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(Expansión, 13-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno limita a la mitad las licencias a ‘data center’

La nueva planificación del Gobierno para ampliar las redes eléctricas españolas hasta 2030 contempla reservar 9.300 megavatios (MW) de capacidad para los centros de datos, tanto para las instalaciones que ya se encuentran en fase de construcción como para los futuros proyectos. Esta cifra representa menos de la mitad de las previsiones del sector, que había planteado iniciativas con una demanda conjunta de hasta 22.000 MW. La decisión supone un nuevo obstáculo para el desarrollo de los centros de datos en España, una actividad sobre la que el Ejecutivo mantiene ciertas reservas y a la que ya ha impuesto otras condiciones, como la exigencia de un elevado consumo de energía procedente de fuentes renovables. La planificación concede mayor capacidad a otros sectores. Las instalaciones industriales podrán disponer de 14.900 MW, mientras que los proyectos vinculados al hidrógeno contarán con una reserva de 12.400 MW. En conjunto, el plan prevé incrementar en 47.400 MW la capacidad de la red eléctrica nacional, lo que supone una ampliación sin precedentes. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, defendió ayer el acuerdo alcanzado en torno a la Planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, que movilizará una inversión de 17.142 millones de euros para responder al crecimiento de la demanda energética. Durante su comparecencia, a petición propia, ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, Aagesen subrayó que el documento es fruto del consenso y del trabajo desarrollado con las comunidades autónomas, el sector energético y la sociedad civil. La ejecución de las actuaciones corresponderá a Red Eléctrica de España (REE), como transportista único del sistema. El presupuesto previsto supera en un 30% los 13.188 millones de euros de la propuesta inicial sometida a audiencia pública y en un 146% los 6.964 millones contemplados en la planificación anterior, aprobada en 2022 y con vigencia hasta 2026. Los 47.400 MW de nueva demanda representan un aumento del 71% respecto al volumen inicialmente previsto y multiplican ampliamente las solicitudes registradas en 2022, cuando no alcanzaban los 2.000 MW. Aagesen reconoció la magnitud de este crecimiento y señaló que nunca había manejado, ni siquiera desde su formación como ingeniera, incrementos de demanda de semejante dimensión. La ministra destacó que la planificación supone un cambio de enfoque, al centrarse por primera vez en dar respuesta a las nuevas necesidades de consumo de las empresas y actividades que quieren instalarse en España, atraídas, entre otros factores, por sus precios energéticos competitivos. Aagesen también incidió en la dimensión social, económica, territorial, energética e industrial del proyecto, más allá de su componente inversor. En este sentido, señaló que las actuaciones destinadas a atender las necesidades de suministro eléctrico de las viviendas suman 6.000 MW, equivalentes al 12,6% de la nueva capacidad prevista.

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(El Economista, 12-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid dará ayudas de hasta 4.000 euros a las familias que contraten empleadas del hogar para conciliar

La Comunidad de Madrid prepara una nueva línea de subvenciones para 2027 destinada a facilitar la conciliación familiar y laboral. El Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, concederá ayudas de hasta 4.000 euros a las familias que contraten personal empleado del hogar. Para financiar este programa, el Consejo de Gobierno ha autorizado un presupuesto de 2,3 millones de euros. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que podrán beneficiarse de estas ayudas las familias que tengan a su cargo hijos menores de 12 años, o menores de 18 cuando tengan alguna discapacidad, así como personas dependientes que convivan en el mismo domicilio. La gestión del programa corresponderá a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Las subvenciones cubrirán las cotizaciones a la Seguridad Social abonadas por el empleador durante el año natural anterior al de presentación de la solicitud. La cuantía dependerá de los ingresos por miembro de la unidad familiar. Así, podrá alcanzar el 100% de las cuotas cuando la renta per cápita sea inferior a 20.000 euros, límite que se eleva a 30.000 euros para las familias monoparentales. La convocatoria permitirá acceder a las ayudas tanto por la contratación de personal con contratos temporales como indefinidos, incluidos los fijos discontinuos. También se admitirán jornadas completas y parciales. Además, podrán subvencionarse los gastos correspondientes a una única persona empleada del hogar o a varias contrataciones sucesivas realizadas durante el periodo de referencia. Como requisito general, la relación laboral y el correspondiente alta en la Seguridad Social deberán haberse mantenido durante un mínimo de 58 días naturales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio anterior a la solicitud. No será necesario que ese periodo se haya desarrollado de manera continuada. Las subvenciones se otorgarán mediante concesión directa, siguiendo el orden de presentación en el registro electrónico de la Comunidad de Madrid. Para ello, las solicitudes deberán estar debidamente cumplimentadas y acompañadas de toda la documentación requerida. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2027, a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid

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(Cinco Días, 12-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas plantea vetar las suscripciones trampa a servicios ‘online’ y otras prácticas engañosas

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta de Ley de Equidad Digital, una iniciativa destinada a reforzar la protección de los consumidores frente a las prácticas comerciales engañosas y los diseños digitales que fomentan un uso compulsivo de los servicios en línea. La normativa plantea prohibir los denominados dark patterns o patrones oscuros, facilitar la cancelación de suscripciones, exigir que los precios finales se muestren desde el inicio de la compra y limitar determinadas prácticas en los videojuegos dirigidas a menores. También contempla que Bruselas pueda investigar directamente a las empresas y sancionarlas con multas de hasta el 6% de su facturación mundial. El comisario de Protección de los Consumidores, Michael McGrath, ha defendido que las tarifas ocultas y las técnicas de marketing manipuladoras pueden limitar la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas. Según ha explicado, las actuales normas de protección se diseñaron antes de la expansión del comercio electrónico y necesitan adaptarse a las nuevas prácticas digitales. La propuesta amplía el catálogo de prácticas comerciales prohibidas en cualquier circunstancia. Entre ellas figuran los mensajes engañosos que anuncian que solo queda una unidad de un producto o que otros usuarios están interesados en adquirirlo, así como los avisos que buscan generar culpabilidad cuando un consumidor rechaza una oferta, como «nos entristece que te vayas». También se prohíbe añadir automáticamente productos adicionales a la cesta de la compra. Las empresas que comercializan suscripciones digitales deberán establecer procedimientos sencillos para darse de baja e informar claramente de las condiciones antes de las renovaciones automáticas. Además, tendrán que obtener el consentimiento expreso del usuario antes de transformar una prueba gratuita en un servicio de pago. Otra de las medidas permitirá a los consumidores desactivar determinadas funciones diseñadas para prolongar su permanencia en las plataformas, como la reproducción automática de vídeos o las notificaciones que no estén relacionadas con su actividad en el servicio. Estas disposiciones se aplicarán a usuarios de todas las edades y complementarán las medidas específicas de protección de menores contempladas en la Ley de Infancia, presentada el pasado 17 de septiembre, y en la Ley de Servicios Digitales (DSA). En el ámbito de los videojuegos y las aplicaciones, la Comisión plantea que las compras realizadas mediante monedas virtuales indiquen su equivalencia en dinero real. En el caso de los menores, estas divisas digitales deberán estar desactivadas por defecto. Asimismo, se propone prohibir para este colectivo las cajas de recompensa (loot boxes) y los mecanismos de pago para obtener ventajas o avanzar en el juego (pay-to-win). La iniciativa también establece nuevas obligaciones para los influencers, que deberán identificar de forma clara las promociones por las que reciben una remuneración. No podrán anunciar productos cuya publicidad sea ilegal y las marcas y agencias tendrán que comprobar que cumplen estas exigencias. En materia de comercio electrónico, los vendedores estarán obligados a mostrar desde el primer momento el precio total de los productos y servicios, incluidos impuestos, tasas y otros cargos. De este modo, se pretende eliminar el denominado drip pricing, una práctica que consiste en incorporar costes adicionales a medida que avanza el proceso de compra. En las colas virtuales, además, deberá informarse de la evolución del precio en tiempo real y del importe máximo que puede alcanzar. Para las entradas de espectáculos culturales y eventos deportivos con precios dinámicos, también habrá que comunicar el número de localidades disponibles y el precio máximo. La comisaria de Soberanía Digital, Henna Virkkunen, ha señalado que estas medidas buscan mejorar la transparencia para los consumidores y garantizar condiciones de competencia homogéneas para las empresas en toda la Unión Europea. Según las estimaciones de la Comisión, la aplicación de las nuevas disposiciones podría generar un ahorro de hasta 13.700 millones de euros anuales para los consumidores europeos, al reducir las pérdidas económicas asociadas a prácticas comerciales abusivas. Junto a la propuesta de Reglamento de Equidad Digital, Bruselas plantea modificar las normas de cooperación entre las autoridades nacionales de protección de los consumidores para reforzar la investigación de infracciones de gran alcance. La Comisión podría intervenir directamente en aquellos casos que afecten a consumidores de al menos dos tercios de los Estados miembros y que representen también a dos tercios de la población de la UE. Esta capacidad se limitaría a las investigaciones sobre empresas que no sean pequeñas o medianas. Las propuestas deberán negociarse ahora en el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su aprobación definitiva. Por tanto, las nuevas obligaciones todavía no están en vigor y su aplicación dependerá del resultado del proceso legislativo.

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(Cinco Días, 12-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El fin del escudo ‘antiquiebras’ coloca a 80.000 empresas al borde de la causa de disolución

El escudo contable que el Gobierno aprobó en 2020 para proteger a las empresas de las consecuencias económicas de la pandemia finalizará el próximo 31 de diciembre, salvo que se apruebe una nueva prórroga. A partir de esa fecha, las sociedades deberán volver a computar las pérdidas de 2020 y 2021 para determinar si incurren en causa de disolución. Los economistas contables del Consejo General de Economistas de España estiman que unas 80.000 empresas podrían verse afectadas por el fin de esta protección. Aunque los expertos advierten de que aflorarán problemas patrimoniales en numerosas compañías, no esperan una oleada de cierres y disoluciones. La continuidad de la medida exigiría aprobar un real decreto ley y someterlo a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso. Por el momento, el Ministerio de Economía no ha aclarado si prepara una nueva ampliación. La suspensión de la causa de disolución por pérdidas se aprobó en abril de 2020 y se convirtió en ley en septiembre de ese mismo año. Su finalidad era ofrecer a las empresas un margen adicional para reestructurar su deuda, obtener liquidez y compensar los resultados negativos mediante la recuperación de su actividad, el acceso al crédito o las ayudas públicas. Esta medida era independiente de la moratoria concursal, que suspendió temporalmente la obligación de solicitar el concurso de acreedores y que dejó de estar vigente en junio de 2022. La moratoria contable se fue prorrogando mediante distintos reales decretos leyes aprobados para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y de crisis posteriores, como la guerra de Ucrania, la crisis energética y las tensiones arancelarias. Sin embargo, el Congreso rechazó tres de estas normas, en enero de 2025, enero de 2026 y febrero de este año. El Ejecutivo volvió a recuperar la protección mediante otras disposiciones, la última aprobada en marzo de 2026, cuya vigencia concluye a finales de este ejercicio. La medida únicamente permite excluir del cálculo de la causa de disolución las pérdidas correspondientes a 2020 y 2021, pero no las generadas en ejercicios posteriores. La Ley de Sociedades de Capital establece que una compañía debe disolverse cuando las pérdidas reducen su patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, salvo que se adopten medidas para corregir el desequilibrio, como una ampliación o reducción de capital, o que proceda solicitar el concurso de acreedores. Según las estimaciones de los economistas contables, basadas en datos del Banco de España y de la Encuesta de Población Activa, la moratoria protege a cerca de 80.000 sociedades y entre 600.000 y 800.000 puestos de trabajo. Los sectores con mayor exposición al fin de la medida son el turismo, la hostelería, el ocio, el transporte y el comercio, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Jordi Santamaría, socio del área Legal de Grant Thornton en Barcelona, advierte de que las compañías más vulnerables son aquellas que acumulan pérdidas, presentan una rentabilidad reducida, mantienen elevados niveles de endeudamiento y tienen dificultades para atender sus gastos financieros. A este grupo se suman otros ámbitos con problemas de valoración, como la restauración, el sector cárnico, el vino y su industria auxiliar, las clínicas dentales y las energías renovables. Davinia Sánchez, socia directora de Kepler-Karst, recuerda que recuperar el volumen de ventas previo a la pandemia no implica necesariamente haber reconstruido el patrimonio empresarial. Por ello, considera que el problema no se limita a las grandes compañías rescatadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), sino que afecta también a las pymes, que disponen de menos capacidad para obtener nuevos recursos propios. Uno de los focos de preocupación son las empresas que todavía mantienen créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Si no se amplía la moratoria, las sociedades con patrimonio negativo y préstamos pendientes tendrán que afrontar la situación a partir de enero. Según los últimos datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el saldo vivo de las líneas de financiación habilitadas para hacer frente a la crisis de la covid rondaba los 24.000 millones de euros en diciembre de 2025. Los expertos advierten de que las empresas suelen recurrir demasiado tarde a los fondos especializados en reestructuración, cuando las condiciones para sus propietarios son menos favorables. Además, señalan que este tipo de operaciones se ha ralentizado en España y que las transacciones que llegan al mercado son cada vez de menor tamaño. La situación de las grandes compañías rescatadas también refleja las dificultades para recuperar la solvencia. Las cuentas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sepi, muestran que había provisionado 425 millones de euros de los más de 1.000 millones que tenía pendientes de recuperar, lo que representa un 42%. El fondo registró unas pérdidas de 139,7 millones en el ejercicio, después de dotar 260,3 millones por deterioro. Hasta septiembre, la Sepi había recuperado 1.775 millones, el 66% de la financiación concedida. Entre los casos más recientes figura Vivanta, la red de clínicas dentales que recibió 40 millones de euros del fondo y cuya refinanciación fue aprobada en abril. Pese a ello, la compañía entró en concurso de acreedores en septiembre y posteriormente cerró todas sus clínicas a la espera de una decisión de Bruselas. También han recurrido a mecanismos de reestructuración Duro Felguera, Imasa y Vicinay, mientras que Losán solicitó la homologación de su plan en mayo. Duro Felguera constituye uno de los ejemplos de dependencia de la moratoria contable. Tras homologar su plan de reestructuración en junio, la compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que mantenía un patrimonio neto individual negativo a junio de 2026. Sin embargo, el cómputo de los préstamos participativos y la exclusión de las pérdidas de 2020 y 2021 le permitían evitar la causa de disolución. Una situación similar afecta a Tubos Reunidos, que también se acogió a la moratoria, aunque entró en concurso de acreedores en mayo y su sociedad matriz inició la fase de liquidación en octubre. La posibilidad de aprobar una nueva prórroga para 2027 está condicionada por la situación política. La disolución de las Cortes, la confrontación entre PSOE y PP y el adelanto electoral al 29 de noviembre dificultan la tramitación de una nueva norma. Aunque una ampliación resulta jurídicamente posible, los expertos recomiendan que las empresas afectadas la contemplen como una posibilidad, pero no como una medida garantizada, y planifiquen sus decisiones financieras sin dar por segura su aprobación. El Gobierno puede recurrir a un real decreto ley si justifica su extraordinaria y urgente necesidad, aunque su capacidad para hacerlo se verá más limitada cuando entre en funciones el 30 de noviembre. La norma tendría que ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso. Los especialistas consultados no prevén que el fin de la moratoria provoque una sucesión de disoluciones automáticas. Entre enero y octubre se registraron alrededor de 25.000 disoluciones empresariales, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los concursos de acreedores superaron los 5.300, con un descenso del 3,4%, según Informa D&B. Los expertos consideran que las empresas viables deberían haber dispuesto de tiempo suficiente para recuperar las pérdidas puntuales ocasionadas por la pandemia. Para aquellas que todavía presentan dificultades, existen distintas alternativas, como recapitalizaciones, reducciones de capital, operaciones acordeón, aportaciones de socios, préstamos participativos o procesos de reestructuración. Desde Kepler-Karst advierten, no obstante, de que mantener indefinidamente esta excepción podría retrasar decisiones necesarias y trasladar los riesgos a los acreedores. La viabilidad de las compañías dependerá, en buena medida, de su capacidad para captar nuevos recursos y anticiparse al vencimiento de la moratoria, en lugar de esperar hasta el último momento para negociar con socios y acreedores.

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(El Economista, 12-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las claves de las medidas de vivienda que el Congreso vota este jueves: de la prórroga del alquiler a la suspensión de los desahucios

Los dos decretos ley sobre vivienda aprobados por el Gobierno se someten este jueves a votación en la Diputación Permanente del Congreso para decidir sobre su convalidación, un día después de la huelga general convocada para denunciar el encarecimiento de la vivienda y en la víspera del inicio de la campaña electoral, previsto para las cero horas del viernes 13. El Ejecutivo impulsó estas medidas tras las movilizaciones provocadas por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años residente en Madrid. Ambas normas entraron en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque, de acuerdo con la Constitución, deben ser sometidas a convalidación parlamentaria en un plazo máximo de treinta días. Debido a la disolución de las Cortes por el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, corresponde ahora a la Diputación Permanente, el único órgano parlamentario que permanece operativo, decidir si mantiene o deroga los dos textos. El Gobierno optó por dividir el paquete de medidas en dos decretos ley ante las dificultades para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar todas las disposiciones. El primero reúne un conjunto amplio de actuaciones destinadas a intervenir en el mercado del alquiler y contener el encarecimiento de la vivienda. El segundo incorpora modificaciones adicionales, entre ellas la obligación de indemnizar al inquilino cuando el propietario decida poner fin al contrato de arrendamiento, así como la introducción de prórrogas automáticas. A principios de octubre, el Ejecutivo ya intentó sacar adelante ambas normas, pero se encontró con el rechazo del PP, Vox, Junts y UPN, que sumaron 178 votos en contra de los dos decretos. A estos grupos se añadieron el PNV y Coalición Canaria en la votación del segundo texto, relativo a las indemnizaciones a los inquilinos. El fracaso parlamentario de aquellas iniciativas precedió al adelanto electoral del 29 de noviembre. Tras la disolución de las Cortes, el Gobierno volvió a aprobar los decretos con algunas modificaciones para que no fueran idénticos a los anteriores. Ahora, su convalidación depende de la Diputación Permanente, donde la distribución de los escaños ofrece un escenario diferente. Este órgano está integrado por 69 diputados: 34 corresponden al bloque de izquierdas, formado por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos; otros 34 pertenecen al PP, Vox y Junts. El voto decisivo corresponde al PNV, que cuenta con un representante y ya ha anunciado que respaldará el decreto que concentra la mayor parte de las medidas, pero rechazará el segundo, tal como hizo en la anterior votación. Si se confirma este escenario, estas serán las principales novedades del decreto de vivienda que cuenta con el respaldo anunciado del PNV: Los inquilinos cuyos contratos de alquiler finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga extraordinaria de dos años. Esta extensión no se aplicará automáticamente, sino que deberá pedirla el arrendatario al propietario. Para acogerse a ella, tendrá que estar al corriente del pago de la renta y haber cumplido esta obligación durante los ocho meses anteriores. En materia de actualización de las rentas, se establecen limitaciones hasta el 31 de diciembre de 2027. Cuando el precio del alquiler supere el máximo fijado por el índice de referencia del Ministerio de Vivienda, el propietario no podrá aplicar nuevas actualizaciones. Si la renta se encuentra por debajo de ese límite, el incremento quedará restringido a un máximo del 2%. Los alquileres por habitaciones también quedarán sujetos a regulación. La suma de las cantidades cobradas por cada habitación no podrá superar el importe que correspondería al alquiler de la vivienda completa mediante un único contrato. Otra de las medidas contempla la suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que carezcan de una alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030 cuando el arrendador sea una empresa del sector inmobiliario. Si el propietario no pertenece a este ámbito empresarial, la suspensión deberá revisarse cada doce meses y tendrá una duración máxima de tres años. En los procedimientos de desahucio por impago, el inquilino podrá detener el proceso judicial si satisface las cantidades pendientes. Cuando se acredite una situación de vulnerabilidad económica, la comunidad autónoma deberá proporcionar una alternativa habitacional adecuada. Si no puede hacerlo, tendrá que abonar al propietario o consignar judicialmente las cantidades reclamadas y devengadas, además de las costas procesales correspondientes. La Administración General del Estado compensará a las comunidades autónomas por estos desembolsos. El decreto también introduce restricciones a determinadas operaciones de compraventa de viviendas hasta el 31 de diciembre de 2030. Se prohíbe adquirir inmuebles por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado cuando el comprador sea una entidad, tenga o no personalidad jurídica. La limitación alcanza asimismo a las personas jurídicas que tengan la consideración de grandes tenedores, es decir, aquellas que posean más de diez viviendas o cinco o más inmuebles en zonas declaradas de mercado residencial tensionado. En el ámbito fiscal, los propietarios que no sean grandes tenedores podrán beneficiarse de bonificaciones si reducen más de un 5% la renta respecto al contrato anterior. Para los arrendatarios, se contempla una deducción del 10% en el IRPF sobre las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual, siempre que sus ingresos anuales sean inferiores a 33.007,20 euros. Por otra parte, los alquileres de viviendas destinadas a uso turístico pasarán a tributar al tipo del 10% de IVA a partir del 1 de diciembre de 2026. La normativa también permitirá a los ayuntamientos de municipios situados en zonas de mercado residencial tensionado establecer un recargo de hasta el 50% en el IBI para estos inmuebles. El segundo decreto ley, que no cuenta con el respaldo anunciado del PNV, incorpora medidas adicionales sobre la duración de los contratos de arrendamiento. Entre ellas figura la renovación automática de los alquileres para facilitar su continuidad y evitar que queden sujetos a una finalización ordinaria. También establece que el propietario deberá indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente, como mínimo, a doce mensualidades de renta si decide resolver el contrato sin una causa justificada. La propuesta permite al arrendador optar por no renovar el contrato sin necesidad de alegar un motivo concreto, siempre que abone la compensación correspondiente. Su importe será de al menos doce mensualidades y se calculará tomando como referencia el sistema estatal de precios del alquiler.

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(Expansión, 11-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El 6% de los españoles usa la IA para contratar fondos

El 6% de los inversores particulares españoles recurre a la inteligencia artificial (IA) como principal fuente de información antes de contratar un producto de inversión. Esta proporción aumenta hasta el 11% entre los integrantes de las generaciones Z y Millennials, los grupos de población más jóvenes. Así lo recoge el VIII Estudio del Observatorio Inverco, que analiza la percepción de los partícipes sobre los fondos de inversión y sus gestores. El informe, que se elabora cada dos años, incorpora en su edición de 2026 una pregunta específica sobre el uso de la inteligencia artificial como herramienta de consulta para tomar decisiones financieras. Según Emma Cantallops, directora comercial para banca privada de Sabadell Asset Management y miembro del Observatorio Inverco, el asesoramiento profesional continúa desempeñando un papel esencial en todos los perfiles de inversores, independientemente de su edad o tolerancia al riesgo. Aunque la IA está ganando protagonismo, considera necesario combinar distintas fuentes de información para valorar adecuadamente los productos que se contratan. La utilización de esta tecnología presenta diferencias significativas en función de la edad. Mientras que el 11% de los inversores de las generaciones Z y Millennials la emplea como referencia principal, el porcentaje desciende al 6% entre la generación X, al 1% entre los Baby Boomers y al 0% en la Silent Generation, integrada por personas mayores de 77 años. En cambio, los inversores de más edad conceden mayor importancia al asesor personal antes de contratar un fondo de inversión. Entre los más jóvenes, el 34% también sitúa el asesoramiento profesional como su principal fuente de información, aunque comparte protagonismo con otros canales de consulta. El Observatorio Inverco considera que la expansión de la inteligencia artificial como instrumento de apoyo a las decisiones de inversión es una evolución natural y positiva, siempre que la información utilizada proceda de fuentes fiables y pueda contrastarse. La seguridad y la confianza siguen siendo factores determinantes a la hora de elegir una entidad y decidir dónde invertir el patrimonio. La incorporación de la IA tampoco parece haber modificado, por ahora, las características del inversor particular español respecto a las conclusiones del estudio de 2024. El perfil mayoritario continúa siendo moderado, con un patrimonio inferior a 30.000 euros en fondos de inversión y una estrategia de permanencia superior a los tres años. La Bolsa sigue siendo el activo preferido por los partícipes, con un 31% de las preferencias, aunque ha perdido tres puntos porcentuales en los últimos dos años. Por otra parte, el 46% de los inversores canaliza su patrimonio mediante contratos de gestión discrecional o asesoramiento. Además, el 71% realizó su contratación más reciente con algún tipo de asesoramiento, si bien el 59% no abonó una cantidad específica por este servicio. Solo el 12% de los participantes en el estudio afirma haber pagado expresamente por recibir asesoramiento financiero.

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