(Expansión, 17-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La suspensión continuada de desahucios vía decreto inquieta en el Constitucional

El Consejo de Ministros aprobó este martes un nuevo Real Decreto-ley que extiende la suspensión de los desahucios para personas vulnerables hasta 2028. Judicialmente, el Ejecutivo obtuvo en enero el respaldo del Tribunal Constitucional para este tipo de medidas, tras el rechazo de la mayoría progresista al recurso de Vox contra la prórroga de la suspensión de los casos penales aprobada en verano de 2021. No obstante, crece la preocupación en el tribunal por la práctica del Ejecutivo de prolongar esta limitación del derecho a la propiedad, que inicialmente era temporal y relacionada con la pandemia, a través de sucesivos decretos, extendiéndola ya por varios años. Así lo han manifestado un tercio de los magistrados en un voto particular al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, firmado por los cuatro miembros del bloque conservador, que alertan del riesgo de que la suspensión de desahucios se convierta en una medida permanente encubierta. El voto particular, que expresa su desacuerdo con el fallo y su fundamentación, fue firmado por los magistrados Enrique Arnaldo Alcubilla, Ricardo Enríquez Sancho, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño, quienes consideran que el recurso debería haber sido aceptado. La norma recurrida por más de 50 diputados del grupo parlamentario Vox fue el Real Decreto-ley 16/2021, que adoptó medidas de protección social para enfrentar situaciones de vulnerabilidad social y económica, en lo relativo a "la prórroga temporal de la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional que derivan de un proceso penal" durante el periodo comprendido entre el 4 de agosto y el 31 de octubre de 2021. Frente al respaldo de la mayoría progresista del tribunal, los cuatro firmantes del voto particular critican la norma, argumentando que el Gobierno presentó una justificación "explícita y razonada" para aprobarla vía decreto ley, reservado para casos de "extraordinaria y urgente necesidad", como establece el artículo 86.1 de la Constitución y la doctrina del propio tribunal. Sin embargo, critican que la sentencia favorable al Gobierno se conformó con considerar que la medida tuvo una "justificación sucinta, pero razonable". Además, los magistrados conservadores denuncian que las explicaciones del Ejecutivo en el real decreto se limitan a mencionar el aumento de desahucios y lanzamientos "civiles" en los meses previos, sin detallar la evolución de los penales, que son sobre los que se extiende la suspensión en la norma objeto de recurso. Recuerdan que el tribunal ya había avalado un real decreto de suspensión de lanzamientos penales anteriormente, aunque en aquella ocasión el límite temporal fue "hasta la finalización del estado de alarma" declarado por la pandemia de Covid-19, un contexto de emergencia no equiparable al de verano de 2021. De hecho, ese primer aval ya obtuvo tres votos particulares en contra, a los que se suma ahora un cuarto que muestra el aumento de la preocupación. Los magistrados también consideran que la prohibición de suspender lanzamientos penales afecta al derecho constitucional de propiedad, vulnerando los artículos 86.1 y 33 de la Constitución. Destacan que, aunque el segundo estado de alarma al que estaba inicialmente ligada la suspensión de los desahucios no fue prorrogado, eso no impidió al Gobierno "dictar hasta ocho decretos-leyes para prorrogar esta medida sin interrupción", primero hasta el 9 de agosto de 2021, luego hasta el 31 de octubre de ese año (el caso abordado); y así sucesivamente hasta el Real Decreto-ley 8/2023 aprobado el 27 de diciembre, "el último por ahora de esta larga lista", que extiende la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto se escribió antes de la nueva prórroga de la suspensión general para colectivos vulnerables hasta 2028 aprobada esta semana. La advertencia de los magistrados iba más allá. "No se crea que el día siguiente a la última prórroga, es decir, [en el asunto juzgado] el 1 de enero de 2025, las suspensiones acordadas bajo la vigencia de cualquiera de estas redacciones de la norma decaerán", alertaban, pues la propia medida matiza que "solo se reanudarán" si el propietario se somete a un procedimiento de conciliación o intermediación con el ocupante y solicita la reanudación del lanzamiento. En resumen, los magistrados disconformes con el fallo concluyen que la suspensión de los desahucios en causas penales relacionadas con delitos de usurpación de viviendas sin violencia o intimidación, y la consecuente limitación del derecho a la propiedad, vigente ya "durante casi cuatro años" gracias a "ocho decretos-leyes adicionales y sucesivos", no puede considerarse una limitación temporal y critican a sus compañeros por "aislar los periodos de vigencia de cada decreto como si fueran compartimentos estancos". Esta argumentación promete ser utilizada como artillería judicial contra el decreto de extensión aprobado esta semana.

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(La Razón, 17-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez: "La economía española no va como una moto, va como un cohete"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este jueves que la economía española no solo va bien, sino que "despega como un cohete", incluso en un contexto geopolítico internacional "tan complejo". "Nosotros no hacemos milagros económicos, pero gestionamos mucho mejor la política económica que la derecha", subrayó el presidente. Sánchez destacó que ayer mismo la Comisión Europea volvió a aumentar su previsión de crecimiento para la economía española en 2024 hasta el 2,1%, lo que supone un crecimiento tres veces superior a la media de la eurozona. Esto convierte a España en el país que más crecerá en toda Europa tanto en 2024 como en 2025. "Son datos espectaculares de una España que avanza en la dirección correcta, a pesar de las predicciones y bulos fracasados de una oposición apocalíptica y desorientada", señaló. El jefe del Ejecutivo resaltó su política económica en contraste con los "milagros" económicos del PP, que "terminaron como terminaron" y cuyos responsables están actualmente enfrentando procesos judiciales. Sánchez también destacó los datos del mercado laboral en España, indicando que 4 de cada 10 nuevos empleos en la zona euro se crean en el país y que se ha superado la cifra de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, un éxito que atribuyó tanto a las empresas y trabajadores como a la política económica de su Gobierno. "Hoy nuestro mercado laboral ya no es una máquina que destruye aspiraciones y planes de futuro, sino un espacio donde se crean oportunidades y proyectos de vida", afirmó durante la inauguración de la IV edición del foro 'Fondos Europeos: Innovación para un crecimiento sostenible', organizado por elDiario.es. Sánchez enfatizó la contribución del empleo al crecimiento económico, recordando que, históricamente, el mercado laboral español era una "máquina de desigualdad y precariedad". Antes de la reforma laboral, uno de cada cuatro empleos en España era temporal, pero tras la reforma, apenas uno de cada diez empleos en el sector privado es temporal. "Estamos hablando de mínimos históricos", destacó, valorando el acuerdo entre los agentes sociales y los grupos políticos para impulsar la reforma laboral. En contraste, Sánchez criticó al principal partido de la oposición por su "enorme ejercicio de irresponsabilidad", acusándolos de estar dispuestos a todo, incluso al transfuguismo, para hacer fracasar algo beneficioso para la economía y para el conjunto de empresas y trabajadores. Otro aspecto que ha dinamizado la economía son los efectos positivos de la subida del salario mínimo interprofesional, que ha aumentado un 54% en los últimos seis años, junto con las ayudas y medidas contra la inflación y la escalada de precios energéticos. Estas políticas de protección de rentas han contribuido a que España sea el segundo país de la OCDE donde más ha crecido la renta real per cápita de los hogares en 2023, logrando otro hito: recuperar los niveles de renta previos al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. "Han pasado más de 15 años desde el inicio de esa crisis financiera, y durante esos 15 años, los españoles de clase media y los trabajadores no habían logrado recuperar esos niveles de ingresos y renta real per cápita", señaló el presidente, criticando la "enorme equivocación" de las recetas neoliberales para la crisis financiera de 2008.

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(La Vanguardia, 17-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España exigirá 7.500 millones más a los bancos

El supervisor ha activado un colchón de capital anticíclico del 1%, que será plenamente efectivo en octubre de 2026. El Banco de España requerirá a los bancos acumular 7.500 millones de euros adicionales en capital para fortalecer las entidades y asegurar el flujo de crédito a la economía frente a futuras crisis. Esta medida se implementará a través de una modificación del actual marco del colchón de capital anticíclico y su próxima activación. Este colchón es una de las novedades regulatorias surgidas tras la crisis financiera internacional de 2008. Su objetivo es que los bancos acumulen capital en momentos de menor riesgo para usarlo durante periodos de deterioro económico. El capital de 7.500 millones corresponde al 1% de los activos de riesgo por las exposiciones en España, según explicaron en rueda de prensa el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y Ángel Estrada, director general de Estabilidad Financiera. La nueva exigencia de fondos propios será gradual y se implementará en dos fases que culminarán a finales de 2026. El supervisor establecerá un colchón del 0,5% en el último trimestre de este año, que será aplicable a partir del 1 de octubre de 2025. Posteriormente, y siempre que el entorno de riesgos se mantenga estable, se exigirá el restante 0,5%, con un plazo de cumplimiento en octubre de 2026. "El balance entre beneficio y coste de activar el colchón es positivo", destacó Hernández de Cos. Según los análisis de la institución, la acumulación de un punto de capital por parte del sector en el escenario macroeconómico y financiero actual tendrá un impacto "prácticamente nulo" sobre la economía. En contraste, se consideran significativos los efectos positivos que tendría la liberación de estos recursos en una crisis o ante "perturbaciones adversas". "La fijación de un porcentaje positivo del colchón anticíclico cuando los riesgos se sitúan en niveles intermedios reforzará la resiliencia del sector bancario en fases adversas, contribuyendo a estabilizar una provisión de financiación bancaria a la economía real más estable a lo largo del ciclo macrofinanciero", argumentó el supervisor. Para constituir esta reserva, el gobernador mencionó la generación de beneficios en un escenario donde se prevé que la rentabilidad del sector se modere pero se mantenga en niveles elevados. "Las entidades pueden utilizar los beneficios de este año y de 2025 y 2026", explicó Hernández de Cos. El gobernador reconoció que los bancos podrían usar los colchones voluntarios existentes para cumplir con la nueva exigencia de 100 puntos de solvencia. Sin embargo, advirtió que, "legalmente, las entidades no podrán liberar esos recursos hasta que lo determine el Banco de España. Queremos que existan mayores colchones", añadió Hernández de Cos. Por entidades, CaixaBank afrontará la mayor factura en términos absolutos, con unos 1.700 millones de euros. El colchón de 100 puntos sobre los negocios en España se situaría, a nivel grupo, en 75 puntos, debido a la composición de su balance y el peso de sus actividades en el extranjero. En Santander, la reserva sería de unos 1.575 millones (25 puntos a nivel consolidado). Para BBVA, el colchón sería de 1.200 millones (32 puntos en el grupo); y en Sabadell, en torno a 400 millones (60 puntos). Bankinter podría enfrentar un requerimiento de unos 200 millones. Su consejera delegada, Gloria Ortiz, criticó ayer el "apetito de cada vez más y más capital" de los supervisores, en una jornada bancaria del IESE. Cuestionó la creencia de que por tener un 1% más de capital, "vamos a evitar que otro banco caiga". El sector también alerta sobre la concesión de crédito. "Debe existir un equilibrio entre los requisitos de solvencia, que han crecido mucho estos años, y la capacidad del sector para conceder crédito a la economía. No parece que el contexto actual sea el idóneo para esta medida", indicaron fuentes financieras. Igualmente, se critica que el cambio ocurra mientras Europa desarrolla las últimas disposiciones de Basilea III y se subraya la poca eficacia de los colchones observada durante la pandemia: los bancos no liberaron la reserva por el riesgo de estigma. Los analistas también empezaron a hacer sus cálculos. Jefferies estima que el requisito es "manejable" y que los principales bancos mantendrían un superávit de solvencia de entre 245 y 525 puntos si cumplieran con el requisito usando la reserva existente. "No vemos riesgos significativos para los objetivos declarados de capital CET1 o los planes de distribución de capital", señaló la firma.

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(Expansión, 16-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

"Más bancos no suponen un mayor nivel de competencia"

La eventualidad de que la fusión entre BBVA y Sabadell pueda disminuir la presión competitiva en ciertas regiones de España ha colocado toda la atención sobre la Autoridad de Competencia, la CNMC. El Gobierno, que también debe aprobar la integración, sostiene que esta unión podría aumentar significativamente el nivel de concentración bancaria y tener efectos negativos en el empleo y la estabilidad financiera. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, señaló el miércoles que no se pueden sacar conclusiones de antemano antes de examinar detenidamente el expediente, ya que el número de bancos presentes en una región no necesariamente refleja el nivel real de competencia. "Contar con más entidades bancarias no siempre implica una mayor competencia", explicó tras un coloquio en la Universidad de Alicante. Desde 2008, ha habido una notable disminución en el número de bancos, pasando de más de 50 a una cifra inferior. Sin embargo, la competencia en el mercado sigue siendo alta, especialmente en el sector hipotecario. El análisis de la CNMC, que aún no ha recibido oficialmente la notificación de la oferta pública de adquisición (OPA), llevará varios meses. Normalmente, su dictamen se emite poco antes del inicio del período de aceptación de la OPA. La CNMC considera diversas variables al evaluar estos procesos, como la fuerza y el poder de mercado de los dos bancos que se fusionan. Se examinará mercado por mercado para determinar si la operación resulta en una pérdida de competencia efectiva. En caso afirmativo, se impondrán condiciones necesarias para aprobar la fusión. Para este caso, la CNMC utilizará la misma metodología de evaluación que aplicó en la fusión entre CaixaBank y Bankia, que dio lugar a un gigante bancario aún mayor que el que se analiza ahora, tanto en segmentos de negocio como en cuotas territoriales, algunas de las cuales superaban el 40% en ciertas provincias gracias a su extensa red de sucursales y cajeros automáticos. En aquella ocasión, se analizó el nivel de concentración municipio por municipio e incluso código postal por código postal. En áreas donde se detectaron situaciones de monopolio o cuasimonopolio, se impusieron medidas para evitar la exclusión financiera y se mantuvieron condiciones comerciales específicas durante tres años. Actualmente, CaixaBank tiene cuotas de mercado del 37% en nóminas, del 23,5% en créditos, del 23,6% en fondos de inversión, del 24,8% en hipotecas, del 36,5% en seguros de ahorro, del 34% en planes de pensiones y del 31% en facturación de tarjetas. En el caso de BBVA y Sabadell, el banco resultante sería el segundo en España en términos de activos y el décimo en Europa. A nivel nacional, tendría una penetración en créditos del 22,8%, solo por detrás del 23,5% de CaixaBank. Sin embargo, no sería líder en cuota de mercado en ninguna comunidad autónoma, según un análisis de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Respecto a la posibilidad de que algunas localidades se queden sin sucursales bancarias, Cani Fernández destacó la importancia de mantener la competencia efectiva tras la fusión, y señaló que será necesario analizar detalladamente la situación en cada código postal, como se ha hecho en casos anteriores.

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(Expansión, 16-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación en la eurozona se relaja y abre la puerta a una rebaja de tipos

Aunque las proyecciones económicas de la Comisión Europea no son del todo alentadoras para la economía del continente debido a la persistente falta de dinamismo en la actividad, también contienen un aspecto positivo muy destacado: la "desaceleración de la inflación está superando las expectativas", según indicó la Comisión. Específicamente, se espera que la inflación en la eurozona se sitúe en el 2,5% para todo el año, menos de la mitad de la cifra del año pasado (5,4%), y dos décimas por debajo de las previsiones de febrero. Al mismo tiempo, la tasa subyacente (que excluye alimentos y energía, productos muy volátiles) se estabiliza en el 2,7%, medio punto por debajo de las estimaciones de noviembre (esta cifra no se publica en febrero). Esto abre la posibilidad de una reducción de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en los próximos meses, aunque Bruselas también advirtió sobre la posibilidad de que las "presiones inflacionarias persistentes" alarguen el proceso de contención de los precios. La moderación de la inflación se debe principalmente a la reducción de las presiones de costos en los productos industriales y los alimentos, así como a la gradual disminución de la inflación en el sector de servicios a medida que las presiones salariales se atenúan. Sin embargo, la energía podría seguir ejerciendo presión al alza en el futuro. Además, la desaceleración económica en 2022 y 2023 en Europa ha afectado el consumo, exacerbado por el aumento de los tipos de interés y el agotamiento del ahorro acumulado durante la pandemia, lo que ha impedido que muchas empresas trasladen completamente el aumento de los costos. Todo esto contribuirá a que la inflación siga moderándose el próximo año, cuando se espera que la Comisión pronostique una tasa, tanto general como subyacente, del 2,1% en la eurozona, en línea con el objetivo del BCE. En cuanto a la evolución por países, cinco de los veinte países de la eurozona (Italia, Finlandia, Irlanda, Letonia y Lituania) registrarán este año una tasa por debajo del 2%. Esta situación abre la posibilidad de que el Banco Central Europeo, dirigido por Christine Lagarde, reduzca los tipos de interés en los próximos meses, lo cual podría ser crucial para estimular el crecimiento económico en Europa. Se espera que la flexibilización de las condiciones monetarias reactive gradualmente los flujos de crédito, lo que impulsaría tanto el crédito a empresas como a hogares a medida que unos tipos de interés más bajos, combinados con una recuperación económica y una menor carga de deuda después de años de desapalancamiento, respalden tanto la demanda como la oferta de crédito. Todo esto podría conducir a un retorno a un crecimiento más sólido y amplio de lo esperado meses atrás, aunque existen algunos riesgos de desviación en estas previsiones, especialmente en materia energética.

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(El Economista, 16-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los españoles invierten en lotería

Selae (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado) alcanzó un nuevo récord de ingresos y beneficios en el año 2023, superando incluso sus propias expectativas. A pesar de la inflación y del cambio en las preferencias de los jóvenes hacia juegos más interactivos, la empresa pública sigue manteniendo su posición. Además, sus proyecciones para el año 2024 son optimistas. En el transcurso del año pasado, Selae logró un beneficio de 2.188,7 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,8% en comparación con el año anterior. Este resultado marca el mejor desempeño desde su creación en 2011. Sin embargo, aún está por debajo del récord alcanzado por LAE en 2008, que fue de 2.894 millones. El éxito de Selae en 2023 demuestra la recuperación total del impacto que la pandemia tuvo en su negocio. Los 2.188,7 millones de euros obtenidos representan un aumento del 10,6% en comparación con los 1.979,3 millones de 2019, el año previo a la llegada del Covid-19 a España. La crisis sanitaria había reducido los beneficios de la compañía en un 26,4% en 2020, hasta los 1.456 millones, y en 2021 se recuperaron hasta los 1.944,2 millones. A diferencia de otras entidades estatales que han acumulado pérdidas, como Correos, Adif o Renfe, Selae emerge como la empresa pública española con mayores beneficios, superando incluso a Aena (1.630,8 millones en 2023). Este crecimiento ha resultado en una mayor contribución fiscal, con un pago de impuestos de 1.149,4 millones de euros en el año pasado, un 7,5% más que en 2022. Este éxito se fundamenta en el crecimiento continuo de las ventas de Selae, que aumentaron un 2,78% en 2023, alcanzando los 9.957 millones de euros. Esta cifra supera las estimaciones, que rondaban el 1%. Selae apunta ahora a superar la marca de los 10.000 millones y se espera que en 2024 supere el récord histórico alcanzado por su predecesora, LAE, en 2008, cuando llegó a los 10.047 millones. Para el presente año, Selae proyecta un aumento del 1,75% en las ventas, alcanzando los 10.131 millones. A pesar de algunos segmentos de Lotería Nacional que muestran saturación, como el sorteo del Niño, otros como La Primitiva y la Bonoloto continúan en ascenso. Asimismo, las apuestas deportivas han experimentado un cambio positivo en su tendencia descendente de los últimos años. En resumen, Selae se mantiene como líder en el mercado español de juegos de azar, consolidando su posición con una cuota del 37,2% en 2022. Su éxito continuado demuestra que los españoles siguen confiando en la suerte como parte importante de su entretenimiento y, en algunos casos, de su inversión.

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(El País, 16-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Siete de cada diez hogares españoles tienen 8.000 euros o menos en sus cuentas bancarias

Según los resultados recientes de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) publicada por el Banco de España, se revela una cifra preocupante que refleja la inestabilidad financiera que enfrentan la mayoría de los hogares en el país y la dificultad para hacer frente a los gastos esenciales como vivienda, alimentación y educación. El informe más reciente del Banco de España presenta los principales hallazgos de la EFF 2022, que muestra la situación financiera de los hogares españoles a finales de ese año. "Estos resultados son de particular interés, ya que permiten caracterizar conjuntamente los ingresos, activos, deudas y gastos de los hogares españoles en un contexto de incertidumbre, marcado por las últimas fases de la pandemia, problemas en las cadenas de suministro y el notable aumento de los precios de la energía y materias primas. Además, se describen los cambios más relevantes ocurridos en estas áreas desde la última edición de la encuesta en 2020", indica el documento del Banco de España. Según los datos de la EFF, publicada este martes en el sitio web del supervisor bancario, la mediana de la riqueza acumulada en cuentas bancarias para pagos es de 8.000 euros. Esta cifra apenas ha aumentado en 200 euros en comparación con la ola anterior de la EFF. El análisis estadístico del documento muestra que "el saldo mediano en este tipo de cuentas fue de 8.000 euros y aumenta con los ingresos y la riqueza, siendo mayor para hogares cuyo jefe de familia es autónomo o jubilado. La proporción de hogares con cuentas bancarias no utilizables para pagos, incluyendo cuentas vivienda, fue del 13.9%. Este porcentaje aumenta con los ingresos y la riqueza. El saldo mediano en este caso fue de 14.800 euros. Entre finales de 2020 y finales de 2022, aumentó en 1,2 puntos porcentuales el porcentaje de hogares con cuentas para pagos, mientras que el saldo mediano de esas cuentas se incrementó de manera muy moderada en un 2,1% (frente al 54,3% del período anterior), pasando de 7.800 euros a 8.000 euros". En general, se observan aumentos moderados en la tenencia de cuentas para casi todos los grupos, "especialmente entre hogares con ingresos más bajos, hogares menores de 45 años, hogares cuyo jefe de familia estaba inactivo o desempleado y aquellos con menos riqueza. Los aumentos en el saldo mediano fueron generalizados (aunque mucho más moderados que en el período entre 2017 y 2020), con excepción de las caídas observadas entre hogares de ingresos más bajos, hogares más jóvenes, hogares cuyo jefe de familia era asalariado y hogares con menos riqueza. También se registró un aumento en la fracción de hogares con cuentas no utilizables para pagos (1,1 puntos porcentuales) y una disminución en su saldo mediano (4,6%)", añade el informe. Entre otros datos, el informe muestra que el 70% de la riqueza de las familias en España se concentra en bienes inmuebles, ya sea en viviendas principales (42%) u otros activos como garajes, terrenos y locales (28%). El resto se distribuye en activos financieros (21%) y otros bienes reales como el valor del negocio de autónomos o joyas, arte y antigüedades.

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(Cinco Días, 15-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno reitera sus tres argumentos contra la opa hostil

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reiteró ayer la firme oposición del Gobierno a la oferta pública de adquisición (OPA) hostil anunciada por BBVA sobre Sabadell. Y no se limitó a una o dos razones, sino que presentó "tres argumentos esenciales para expresar nuestro rechazo a esta operación", declaró el titular de Economía durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser cuestionado sobre la oferta que ha generado revuelo en el sector bancario. En primer lugar, Cuerpo mencionó aspectos relacionados con la forma, criticando a BBVA por informar al Gobierno después de que la decisión hubiera sido tomada. "Nos enteramos a través de una llamada del propio presidente de BBVA (Carlos Torres) una vez que habían tomado la decisión en el consejo", señaló Cuerpo, quien agregó que la manera de proceder también "es importante porque puede generar, o contribuir a generar, un punto de volatilidad, de incertidumbre adicional en los mercados". Sin embargo, donde el ministro de Economía hizo hincapié fue en cuestiones de fondo, en la preocupación suscitada por "el elemento de una posible excesiva concentración, y el efecto negativo, o perjudicial, en términos de reducción de la competencia que esto podría conllevar", incluido su posible impacto negativo "para los clientes en términos de inclusión financiera". Para Cuerpo, esa eventual reducción de la competencia podría acarrear "el elemento de la inestabilidad financiera", añadiendo que el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió recientemente que "una excesiva concentración puede conducir a la inestabilidad financiera e incluso a problemas en la transmisión de la política monetaria" y "que la subida de los tipos de interés del BCE no se refleje en la remuneración de los depósitos". De hecho, Cuerpo recordó que el Gobierno ha solicitado a la CNMC que analice "si, efectivamente, en esta falta de traslación a la remuneración de los depósitos había algún elemento relacionado con la falta de competencia en el mercado". Finalmente, el tercer gran argumento esgrimido por Cuerpo es la preocupación del Gobierno por el impacto que la operación podría tener en la "vertebración de la cohesión territorial". "Todos somos conscientes de la concentración de actividad por parte de Sabadell en algunas zonas específicas, tanto de Cataluña como de la Comunidad Valenciana y también en algunos sectores como, por ejemplo, en el segmento de pymes", concluyó.

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(El País, 15-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prorroga la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta 2028

El Gobierno ha decidido extender hasta el año 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios para aquellos deudores en situación de vulnerabilidad, medida que expiraba esta semana y que podría beneficiar a aproximadamente 30.000 hogares. Esta prórroga se establece mediante el Real Decreto Ley que amplía las disposiciones para evitar los lanzamientos de viviendas habituales con el fin de proteger a colectivos vulnerables, aprobado este martes. Esta iniciativa se originó a partir de la ley de medidas para fortalecer la protección de los deudores hipotecarios, la reestructuración de la deuda y el alquiler social, promulgada por el gobierno del Partido Popular en 2013 para mitigar los efectos de la crisis económica de 2008. Dicha ley suspendía por dos años los desahucios hipotecarios de familias en situación de especial riesgo de exclusión social, incluyendo familias numerosas y unidades familiares monoparentales con al menos un hijo a cargo, así como familias con menores o miembros en situación de dependencia, enfermedad o discapacidad reconocida igual o superior al 33%, víctimas de violencia de género, personas desempleadas o mayores de 60 años. Desde entonces, esta moratoria se ha prolongado en varias ocasiones, siendo la última en mayo de 2020, a propuesta de Podemos, poco después de que comenzara la pandemia de COVID-19. Este decreto no solo extendía la moratoria por cuatro años, sino que también ampliaba las posibilidades de beneficiarse a un mayor número de familias. Según fuentes del Ministerio de Vivienda, la prórroga del contenido de este Real Decreto Ley hasta el 15 de mayo de 2028 no solo beneficia a un colectivo vulnerable específico, sino que también tiene un impacto económico positivo en general. Esto se debe a que la lucha contra la exclusión social genera externalidades positivas para la sociedad en su conjunto, promoviendo la seguridad, la paz y la cohesión social, factores esenciales para el desarrollo y el crecimiento económico. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) considera que esta medida no debe ser solo una extensión temporal, sino que se debe buscar una solución definitiva. Esto incluiría la inscripción en el Registro de la Propiedad para evitar el acoso inmobiliario y la indefensión de aquellos que se hayan acogido a la moratoria frente a nuevos propietarios que intenten ignorarla. Además, la PAH solicita la introducción del derecho de tanteo y retracto para aquellos que, tras beneficiarse de la moratoria, estén en condiciones de adquirir nuevamente la vivienda, así como la opción de que la administración la adquiera para uso público.

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(El Economista, 15-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Hernández de Cos mantendrá un cargo ligado al BCE sin remuneración

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, continuará su vínculo con el Banco Central Europeo (BCE) tras finalizar su mandato en Cibeles el próximo 11 de junio. Mantendrá un puesto técnico en la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), cargo que ya ejerce actualmente y que no conlleva remuneración. La JERS, establecida en 2010, se encarga de supervisar la estabilidad macroprudencial del sistema financiero de la UE y contribuir a prevenir y mitigar el riesgo sistémico. Este organismo está presidido por el presidente del BCE, actualmente Christine Lagarde. Hernández de Cos seguirá liderando el Comité Técnico de la JERS, sin que esto afecte a su posición en el banco central español, mientras busca nuevas oportunidades profesionales para continuar su carrera. De origen madrileño y con 53 años de edad, Hernández de Cos se unió al Banco de España en 1997 como economista titulado del Servicio de Estudios. Con una doble licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho, fue nombrado gobernador en 2018 durante el gobierno de Mariano Rajoy, sucediendo a Luis María Linde. Anteriormente, ocupó diversas responsabilidades en el Banco de España y en el BCE, siendo director general de Economía y Estadística del organismo. Su mandato de seis años al frente del Banco de España llega a su fin en junio, lo que implicará dejar otros cargos asociados a dicha responsabilidad. No obstante, seguirá formando parte del personal del banco central. Según la Ley de Autonomía del Banco de España, Hernández de Cos tendrá un periodo de dos años de incompatibilidades para ocupar posiciones relacionadas con entidades de crédito o mercados. Durante este tiempo, conservará un despacho en las instalaciones y recibirá una remuneración anual equivalente al 80% de sus ingresos. Perderá su asiento en el Consejo de Gobierno del BCE, ya que está ligado al cargo de gobernador nacional, al igual que otras posiciones en organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el BIS. Se espera que su sucesor en el Banco de España sea designado por el presidente del Gobierno a propuesta del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Entre los posibles candidatos se encuentran Montserrat Martínez Parera, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y Fernando Restoy, exsubgobernador del Banco de España.

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