La economía de la zona euro sufrió una contracción del 0,2% entre enero y marzo de 2026, coincidiendo con el impacto inicial provocado por la guerra en Oriente Próximo. El dato supone un giro respecto al crecimiento del 0,2% registrado en el último trimestre de 2025 y empeora además la estimación preliminar de Eurostat, que inicialmente apuntaba a un avance del 0,1%.
Se trata de la primera caída de la actividad económica de la eurozona desde finales de 2022, cuando el PIB retrocedió un 0,1%, y representa también el mayor descenso desde el segundo trimestre de 2020, en plena crisis provocada por la pandemia y los confinamientos aplicados frente a la Covid-19.
En el conjunto de la Unión Europea, Eurostat también ha revisado a la baja sus cálculos. La economía de los Veintisiete registró una caída del 0,1% en el primer trimestre del año, frente al crecimiento del 0,2% observado en el trimestre anterior y lejos de la expansión inicial de dos décimas que había estimado la oficina estadística comunitaria.
Pese al deterioro trimestral, la comparación interanual mantiene cifras positivas. Entre enero y marzo de 2026, el PIB de la zona euro creció un 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el conjunto de la UE avanzó un 0,7%.
Por países, Dinamarca lideró el crecimiento trimestral con un aumento del 1,9%, seguida de Estonia y Malta, ambas con una subida del 1,1%. En el lado contrario destacaron las fuertes caídas registradas en Irlanda, con un desplome del 12,1%, así como los retrocesos de Lituania (-0,3%), Suecia (-0,2%) y Francia (-0,1%).
España volvió a destacar entre las grandes economías europeas al registrar un crecimiento del 0,6% en el primer trimestre, duplicando el ritmo de expansión de Alemania e Italia y contrastando con la caída anotada por Francia.
Mientras tanto, la economía de Estados Unidos mantuvo una evolución más sólida. El PIB estadounidense avanzó un 0,4% respecto al trimestre anterior, mejorando el crecimiento del 0,1% registrado a finales de 2025. En términos interanuales, la economía norteamericana creció un 2,6%.
La persona que sustituya a Cani Fernández al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asumirá el cargo en un momento especialmente complejo, con 158 expedientes sancionadores aún pendientes de resolución, la mayoría vinculados al sector energético. La renovación parcial de la dirección del organismo, prevista para las próximas semanas, coincide con una etapa de intensa actividad inspectora y sancionadora. La CNMC, encargada de velar por el correcto funcionamiento de los mercados y la competencia en España, mantiene actualmente 753 procedimientos abiertos, de los cuales 158 corresponden a expedientes por posibles infracciones todavía sin cerrar.
Parte de estos casos están ya judicializados o derivan de investigaciones que se han dividido en distintos procedimientos relacionados entre sí. Descontando estas circunstancias, el número efectivo de expedientes se sitúa en torno al centenar. Buena parte de ellos tienen su origen en la investigación sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, que por sí sola ha generado más de 60 procedimientos, muchos de ellos calificados como graves o muy graves.
La legislación eléctrica contempla sanciones de hasta 60 millones de euros para las infracciones muy graves, mientras que la normativa de hidrocarburos fija un máximo de 30 millones. Las faltas graves pueden ser castigadas con multas de hasta seis millones de euros y las leves con importes que alcanzan los 600.000 euros. Según datos internos del organismo, el 13% de los expedientes pendientes corresponden a infracciones muy graves, el 80% a graves y el resto a leves. Si todos ellos concluyeran con las sanciones máximas previstas por la ley, el importe potencial de las multas podría situarse entre los 1.000 y los 1.200 millones de euros.
La mayor presión recae actualmente sobre las empresas energéticas. Aunque los expedientes afectan a actividades relacionadas con carburantes, gas y electricidad, el segmento eléctrico concentra la mayor atención debido a las consecuencias derivadas del gran apagón y al peso de las compañías implicadas. Entre las empresas con más procedimientos abiertos destacan Iberdrola, con 25 expedientes, y Endesa, con 19. A continuación figura Naturgy, con 12. También aparecen entre las compañías investigadas Repsol, Cox, Alpiq, BP, Gesternova, Holaluz, Contour Global, TotalEnergies y Vitol, entre otras.
La gestión de esta amplia cartera de expedientes y las previsibles disputas judiciales con las empresas afectadas constituirán uno de los principales retos para la futura dirección de la CNMC. El próximo 16 de junio concluyen los mandatos de la presidenta, Cani Fernández, y de los consejeros Carlos Aguilar y Josep Maria Salas. También quedó vacante hace meses el puesto de la consejera Pilar Sánchez tras su salida por motivos personales, sin que hasta ahora se haya designado un sustituto.
Si el Gobierno no aprueba nuevos nombramientos antes de esa fecha y los actuales responsables no presentan su renuncia, la legislación permite que continúen ejerciendo sus funciones de forma provisional hasta que se produzca la renovación. Esta situación ya se ha producido anteriormente en la historia del organismo, con presidencias interinas prolongadas durante meses e incluso años.
Por el momento, el Ejecutivo no ha desvelado quién relevará a Fernández, pese a que existen varios candidatos, algunos de ellos dentro del propio consejo de la CNMC. Todo apunta a que la decisión podría retrasarse hasta el último momento o incluso más allá del vencimiento oficial de los mandatos, en un contexto marcado por las negociaciones políticas sobre otros asuntos de relevancia, como los Presupuestos Generales del Estado para 2027.
Quien asuma la presidencia heredará una institución profundamente transformada durante los seis años de mandato de Cani Fernández. La actual CNMC nació en 2013 tras la integración de los antiguos organismos reguladores de competencia, energía y telecomunicaciones. Desde entonces ha gestionado más de 40.000 procedimientos de distinta naturaleza. De los 1.065 expedientes sancionadores tramitados por la CNMC desde su creación, 561 han estado relacionados con el sector energético. Durante la etapa de Fernández se han gestionado 14.694 procedimientos, entre ellos 589 expedientes sancionadores, de los cuales 379 afectaban a compañías energéticas.
Esto significa que en los últimos seis años se han abierto aproximadamente dos tercios de todos los expedientes sancionadores dirigidos contra empresas energéticas desde la creación de la CNMC, una cifra que duplica la registrada durante el sexenio anterior.
Las principales cadenas hoteleras españolas, entre ellas Meliá, RIU, Iberostar, Hotusa y Palladium, prevén aumentar sus ingresos durante la próxima temporada de verano y superar las cifras récord alcanzadas en 2025, impulsadas por un visitante con una mayor disposición al gasto.
El fuerte dinamismo del turismo en España continúa y la imagen del país como destino seguro sigue reforzando la demanda. Aunque las grandes compañías mantienen una actitud cautelosa al realizar previsiones a medio y largo plazo, el volumen actual de reservas permite anticipar una campaña estival positiva, con expectativas de rebasar los máximos registrados en los últimos ejercicios. Este crecimiento estará sustentado principalmente por el incremento de los precios más que por una mayor ocupación.
Desde Meliá consideran que esta evolución responde a una estrategia centrada en aumentar el valor y el gasto turístico, en lugar de apostar por un crecimiento basado exclusivamente en el número de visitantes. La compañía prevé aumentos de precios de un dígito alto y una mayor demanda de servicios de todo incluido, aunque advierte de que la evolución del contexto internacional y el posible impacto del conflicto en Irán sobre los costes del transporte aéreo serán factores determinantes.
Iberostar afronta el verano con un crecimiento de ventas de dos dígitos en España, un 12% superior al registrado en el mismo periodo del año pasado. El mercado español lidera las preferencias dentro de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), seguido por Túnez, mientras que Baleares y Canarias destacan como los destinos más demandados. Por su parte, Barceló atribuye estos resultados a una estrategia de largo recorrido basada en la calidad y la excelencia del servicio.
En el caso de Palladium, las reservas en España aumentan un 6% respecto al ejercicio anterior y un 5% en Baleares. La compañía destaca el buen comportamiento de las ventas para los meses centrales del verano y una demanda estable procedente de sus principales mercados emisores.
Barceló subraya que España mantiene una posición de referencia entre los grandes destinos turísticos internacionales gracias a la calidad, variedad y atractivo de su oferta. No obstante, considera fundamental que el crecimiento del sector vaya acompañado de una mayor generación de valor añadido.
Eurostars Hotel Company, perteneciente al Grupo Hotusa, espera unos resultados moderadamente superiores a los de 2025, especialmente en grandes ciudades, destinos vacacionales consolidados y algunas zonas del norte peninsular. La cadena prevé ocupaciones superiores al 90% en áreas costeras, insulares y ciudades con gran atractivo internacional.
RIU observa ligeros incrementos tanto en las estancias como en los ingresos para este verano. Minor Hotels Europe & Americas, antigua NH, también prevé una mejora de los ingresos por habitación disponible durante julio y agosto, apoyada fundamentalmente en el aumento de los precios. La compañía considera que, si la tendencia actual se mantiene, la temporada será favorable.
Además, Minor señala que el crecimiento se distribuirá de manera más uniforme entre junio y agosto, favorecido por la visita del Papa, que está impulsando la demanda hotelera en España y generando aumentos significativos de precios en algunos destinos, como Tenerife.
Hesperia confía en cerrar julio y agosto con un incremento de ingresos del 7%, apoyado en la evolución positiva de las tarifas medias y en una demanda cada vez más concentrada en reservas realizadas a corto plazo. La cadena atribuye esta tendencia a factores como la incertidumbre geopolítica, el encarecimiento del transporte, la volatilidad de los precios del combustible y una mayor sensibilidad al coste de los viajes por parte de algunos mercados emisores.
Paradores prevé niveles de ocupación similares a los del verano pasado, cuando alcanzó el 86%, aunque espera una evolución positiva de los ingresos, especialmente en agosto. El eclipse solar previsto para esas fechas está despertando un importante interés por diversos destinos de interior incluidos en su red.
Sercotel calcula una ocupación cercana al 90% durante los meses de máxima actividad turística y prevé un incremento de tarifas del 4% respecto al verano de 2025. La cadena destaca que las reservas anticipadas han aumentado un 25% interanual, aunque también detecta una mayor cautela por parte de los clientes, que tienden a confirmar sus viajes con menos antelación debido al contexto de incertidumbre actual.
Por último, Ona Hotels & Apartments estima que sus ingresos crecerán alrededor de un 6%, gracias a una mejora de las tarifas del 12% y a una ocupación ligeramente superior. La compañía destaca especialmente el buen comportamiento de la Costa del Sol, donde la demanda se está adelantando y permite mantener precios elevados.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) reclamó este viernes al Ministerio del Interior la eliminación del registro de viajeros, después de que la Comisión Europea abriera el jueves un expediente contra España al considerar que la normativa que regula este sistema vulnera las reglas comunitarias de protección de datos. Bruselas sostiene que la cantidad de información personal exigida a los viajeros -como los datos de pago o la geolocalización GPS- resulta excesiva, y también considera desproporcionado el plazo de conservación de esos datos, fijado en tres años.
A través de un comunicado, la patronal hotelera pidió no solo la retirada de la medida, sino también la creación inmediata de una mesa de diálogo en la que participen todos los sectores afectados. Cehat aseguró además que está dispuesta a colaborar con el Ministerio del Interior en el diseño de un sistema alternativo basado en herramientas tecnológicas avanzadas que permita facilitar el trabajo policial sin comprometer la privacidad de los ciudadanos ni vulnerar el derecho europeo a la libre circulación.
La entrada en vigor del nuevo registro de viajeros, el pasado 2 de diciembre, estuvo rodeada de controversia por el enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y los sectores hotelero y de agencias de viajes. El objetivo de la nueva regulación era sustituir una normativa considerada anticuada, con más de seis décadas de vigencia. El real decreto 933/2021 obligaba, según denunciaban las empresas afectadas, a recopilar hasta 42 datos distintos de los clientes que se alojaran en hoteles o contrataran viajes a través de agencias.
Los representantes del sector turístico sostenían que muchos de esos datos no estaban a su alcance o que su recopilación podía entrar en conflicto con otras leyes de protección de datos. Interior, por su parte, rechazó esas cifras y defendió que únicamente se exigían 13 datos, apenas dos más que antes de la aprobación del decreto. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska justificó la medida alegando razones de seguridad ciudadana y destacando que gracias a estos controles se generaron 18.000 órdenes de búsqueda y captura durante 2023 y 2024.
La normativa obligaba a hoteles y agencias de viajes a registrarse en la plataforma SES Hospedajes y remitir periódicamente la información solicitada. Antes de la entrada en vigor del sistema, el secretario general de Cehat, Ramón Estalella, ya había advertido de que la obligación de facilitar datos como el teléfono móvil, el correo electrónico, la relación entre los viajeros, el importe de la estancia, el método de pago o incluso el número de cuenta bancaria suponía, a su juicio, una vulneración de la privacidad.
La postura de los hoteleros se apoyaba en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada el 21 de junio de 2022, en la que se concluía que determinadas prácticas de tratamiento masivo de datos personales podían vulnerar la legislación europea sobre privacidad y protección de datos, especialmente en cuestiones relacionadas con los medios de pago.
Tras conocerse la actuación de Bruselas, el presidente de Cehat, Jorge Marichal, criticó que las autoridades hubieran ignorado las advertencias del sector y las normas europeas, además de desatender las propuestas planteadas para mejorar el sistema. A su juicio, el expediente abierto por la Comisión Europea debería servir para impulsar una reforma profunda de la legislación y avanzar hacia un modelo que combine seguridad y respeto a los derechos de los viajeros.
El Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 5.565 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado y lo ha hecho a tipos más altos en todas las referencias, salvo en el caso de las obligaciones del Estado a 15 años, donde se ha moderado la rentabilidad ofrecida a los inversores. En conjunto, la demanda en la segunda subasta de junio, tras la celebrada el pasado martes, ha superado los 13.200 millones de euros, más del doble de la emisión final. La semana se salda con 12.000 millones de deuda nueva en el mercado, después de los 6.481 millones registrados en la venta el martes pasado de letras a corto plazo. También Andalucía y Castilla y León han acudido al mercado en este arranque de junio.
En la subasta de este jueves, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 1.840,6 millones de euros en bonos del Estado a tres años a un tipo de interés marginal del 2,775%, por encima del 2,680% de la subasta anterior, con una demanda que casi ha triplicado lo adjudicado. El Tesoro ha captado además 1.581,7 millones de euros en obligaciones del Estado con una vida residual de cinco años y dos meses, con una demanda que ha superado los 4.300 millones de euros, a un tipo marginal del 2,949%, también por encima del 2,917% de la subasta previa de este papel.
En el caso de la obligaciones del Estado a 15 años ligadas a la inflación de la eurozona, el organismo ha adjudicado 592,5 millones de euros, casi la mitad de lo solicitado por los inversores, y lo ha hecho a un tipo de interés marginal del 1,577%, superando el 1,502% de la subasta anterior. Por último, el Tesoro ha colocado 1.550 millones de euros en obligaciones del Estado a 15 años, la mitad de lo demandado, con un interés marginal del 3,817%, por debajo del 3,851% de la subasta anterior de esta referencia.
El Tesoro regresará a los mercados el próximo 9 de junio, con una subasta de letras a tres y nueve meses, y cerrará las emisiones de este mes el día 18, cuando volverá a subastar bonos y obligaciones del Estado. El organismo espera unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.
En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026. De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).
La Comisión Europea ha intensificado el procedimiento de infracción abierto contra España, un expediente que ya tuvo repercusión durante la fase final de la opa lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell en junio del año pasado. Aunque la advertencia de Bruselas no se refería directamente a aquella operación, finalmente fallida a finales de 2025, sí cuestionaba la normativa española sobre fusiones y adquisiciones bancarias, al considerar que no se ha adaptado plenamente al marco comunitario. Ahora, el conflicto ha dado un paso más con el envío de una carta adicional de emplazamiento por incumplimiento del Reglamento del Mecanismo Único de Supervisión, de la Directiva sobre Requisitos de Capital y de varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La legislación española obliga actualmente a las entidades financieras que desean fusionarse a solicitar autorización previa al Gobierno, una medida implantada durante la crisis financiera por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos. Sin embargo, la normativa europea más reciente en materia de capital -destinada a incorporar los criterios de Basilea IV- establece que estas autorizaciones deben quedar en manos de los supervisores financieros, como el Banco de España o el Banco Central Europeo, y no de los Ejecutivos nacionales.
España disponía hasta el pasado 10 de enero para incorporar esta directiva al ordenamiento jurídico interno y adaptar el reparto de competencias, limitando o eliminando la capacidad del Gobierno para intervenir en este tipo de operaciones. El retraso en la transposición expone ahora al país a posibles sanciones por parte de Bruselas. La Comisión Europea ha concedido dos meses al Gobierno español para responder y corregir las deficiencias detectadas. En caso de que la respuesta no resulte satisfactoria, Bruselas podría emitir un dictamen motivado, el siguiente paso dentro del procedimiento de infracción.
El organismo comunitario recuerda que, desde la primera carta remitida el 17 de julio de 2025, ya ha entrado en vigor la Directiva 2024/1619 (CRD VI) y ha vencido el plazo para su aplicación en los Estados miembros. Por ello, la Comisión ha actualizado el análisis jurídico del expediente e incorporado las nuevas obligaciones derivadas de esta normativa entre las infracciones atribuidas a España.
Según Bruselas, la legislación española resulta incompatible con el nuevo marco europeo que regula adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales en entidades de crédito. La Comisión sostiene que esta situación refuerza las preocupaciones ya expresadas en el expediente abierto el año pasado. La institución comunitaria lleva tiempo cuestionando las restricciones que algunos países imponen cuando se producen grandes operaciones bancarias.
El enfrentamiento entre Bruselas y Madrid comenzó poco después de que BBVA lanzara su opa hostil sobre Sabadell el 9 de mayo de 2024. Dos días más tarde, un ciudadano español alertó a la Comisión de que la normativa bancaria aprobada en España en 2014 y desarrollada en 2015 podía entrar en conflicto con la regulación europea y con los tratados comunitarios. A partir de ahí, Bruselas inició contactos con el Ministerio de Economía, aunque las conversaciones no lograron acercar posturas, como evidenciaron posteriormente la carta de emplazamiento y las declaraciones del entonces ministro Carlos Cuerpo, actualmente vicepresidente del Gobierno.
En la práctica, el Ejecutivo español nunca llegó a utilizar la facultad que le otorga la legislación nacional para bloquear o condicionar una fusión bancaria en el caso de la opa sobre Sabadell, aunque esa posibilidad estuvo presente desde el inicio de la operación. Finalmente no fue necesario recurrir a ella. La intervención del Gobierno se produjo a través de la normativa de competencia. Dado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevó el análisis de la operación a una fase más avanzada, el Consejo de Ministros debía validar las condiciones impuestas atendiendo al interés general. Así, el Ejecutivo obligó a BBVA a mantener durante tres años, prorrogables a cinco, la independencia societaria y de gestión de Banco Sabadell. Según explicó entonces Carlos Cuerpo, estas condiciones impedían realizar despidos colectivos vinculados a la operación y también fusionar ambas entidades.
BBVA nunca llegó a solicitar formalmente la fusión al Gobierno porque la opa terminó fracasando antes de completar ese paso, por lo que el Ejecutivo no tuvo que ejercer directamente la prerrogativa ahora cuestionada por Bruselas. Paralelamente, el banco intentó revertir las condiciones impuestas por el Gobierno mediante un recurso ante el Tribunal Supremo, aunque finalmente retiró la demanda tras el fracaso definitivo de la operación.
La gran banca española ha superado el examen del Banco Central Europeo (BCE) centrado en el riesgo geopolítico. El supervisor comunitario ha sometido este año a las entidades de la zona euro a pruebas de resistencia específicas para evaluar su exposición a tensiones internacionales y ya dispone de los resultados. Según fuentes del sector, los bancos españoles analizados -Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja- han mostrado una notable capacidad de resistencia ante este tipo de escenarios, así como ante otras observaciones del BCE consideradas de menor relevancia por las entidades. El contexto de incertidumbre global, marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones en Oriente Próximo, ha sido un elemento central del análisis.
En los últimos años, el BCE ha desarrollado sus propios test de estrés, complementarios a los que realiza habitualmente la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Mientras la EBA se centra en escenarios macroeconómicos generales como recesiones o caídas de actividad, el supervisor europeo dirigido por Christine Lagarde ha optado por pruebas más temáticas, como el impacto del cambio climático en ejercicios anteriores o, en este caso, el efecto de los riesgos geopolíticos en 2026.
El ejercicio se inició a comienzos de año, cuando el BCE pidió a 110 bancos de la zona euro que evaluaran escenarios en los que podrían llegar a perder hasta 300 puntos básicos de capital, es decir, el colchón que las entidades deben mantener para absorber pérdidas en situaciones de crisis. Se trata de los denominados test de estrés inversos, en los que son los propios bancos quienes identifican los riesgos, aplicando sus modelos internos para estimar su impacto. Posteriormente, el supervisor revisa esos análisis y formula recomendaciones sobre la gestión del riesgo, teniendo también en cuenta la liquidez y el acceso a los mercados.
Las entidades enviaron sus informes al BCE durante el primer trimestre del año. En abril recibieron un borrador con las conclusiones preliminares, al que pudieron presentar alegaciones, posteriormente evaluadas por el supervisor. La versión definitiva ha sido remitida en las últimas semanas, aunque el BCE tiene previsto publicar los resultados de forma agregada a finales de julio, sin detallar datos banco por banco.
A diferencia de los test de la EBA, que permiten comparar entidades mediante tablas públicas con resultados individuales, estos ejercicios del BCE no asignan una "nota" ni establecen rankings explícitos. En su lugar, se centran en valoraciones cualitativas sobre la forma en que cada banco gestiona el riesgo, diseña escenarios y estructura su gobernanza interna.
En el caso de la banca española, las conclusiones son, en términos generales, favorables. Las entidades destacan por su solidez, apoyadas en años de elevada rentabilidad, y por una exposición geográfica menos sensible a las zonas de conflicto. La excepción parcial es el BBVA por su presencia en Turquía, aunque su negocio principal se concentra en España y México. Santander y BBVA, además, tienen una mayor diversificación hacia América Latina, una región menos afectada por las tensiones de Ucrania o Irán.
Algunas decisiones estratégicas recientes también han jugado a favor del sector, como la desinversión del Santander en Polonia, un país fronterizo con Rusia, en paralelo a su refuerzo en mercados como Reino Unido y Estados Unidos. Aunque estos ejercicios no implican automáticamente mayores exigencias de capital, el BCE utilizará las conclusiones para orientar su supervisión futura. Las debilidades detectadas podrán influir en revisiones posteriores de requisitos y en el diálogo supervisor con cada entidad, aunque el objetivo principal es mejorar la gestión del riesgo y la capacidad de respuesta ante escenarios de tensión internacional.
Estos resultados se compararán con los del test de estrés de la EBA del verano pasado, que también incorporó el componente geopolítico. En aquel ejercicio, la banca española volvió a situarse entre las más resistentes de Europa. Bajo un escenario adverso de recesión, aumento del desempleo, caída de la vivienda y alta volatilidad financiera, las entidades españolas consumieron una media de 180 puntos básicos de capital, por debajo de los 304 de la media de la zona euro y mejor posicionadas que bancos franceses o alemanes, con solo Italia mostrando un comportamiento ligeramente superior entre las grandes economías. Por entidades, Bankinter fue la que mejor resistiría el impacto, con una reducción de capital de 55 puntos básicos, seguida por Caixabank (162) y Santander (173). En el extremo opuesto se situarían Banco Sabadell (281), Unicaja (259) y BBVA (186).
Lo hace con la finalidad de afrontar "las reformas estructurales que exige el actual contexto de transformación global". El Círculo de Empresarios, creado en 1977, sostiene en un comunicado difundido este viernes que "la ausencia prolongada de unos Presupuestos Generales del Estado, junto a la polarización política y el deterioro institucional, reduce la capacidad real de gobernar", dificultando así "la adopción de las decisiones que necesita España".
La organización empresarial subraya que fenómenos como "la revolución tecnológica, los cambios geopolíticos, la transición energética, la competencia internacional y la presión demográfica" están modificando simultáneamente las bases de la prosperidad, la seguridad y el peso internacional de los países. A su juicio, responder a estos desafíos exige que España proyecte una posición sólida y creíble en un escenario internacional cada vez más exigente y en una Europa que avanza sin esperar a los Estados rezagados.
El think tank considera que el país "no dispone actualmente del respaldo suficiente para impulsar" estas transformaciones y defiende que, cuando esa situación se produce, resulta necesario "renovar el ejercicio democrático mediante la elección de representantes por parte de los ciudadanos". Según añade, este mecanismo forma parte del funcionamiento normal de la democracia constitucional y permite recuperar legitimidad política y dotar al Ejecutivo de la fortaleza necesaria para afrontar el contexto actual, alejándose de intereses coyunturales.
Asimismo, el Círculo reclama reforzar la autonomía estratégica del país mediante actuaciones en ámbitos como la educación, el capital humano, la energía, la productividad, el mercado laboral, la unidad de mercado, la innovación, el tamaño empresarial, el ahorro, la inversión y la mejora de la eficiencia administrativa e institucional. En ausencia de estas reformas, advierte, España podría afrontar el nuevo escenario histórico con estructuras y dinámicas propias de una etapa ya superada.
La entidad también alerta de que el "bloqueo parlamentario" deteriora la seguridad jurídica, genera incertidumbre entre los agentes económicos y transmite una imagen de inestabilidad, factores que considera incompatibles con el papel que España debería desempeñar en una Unión Europea que demanda una integración económica y política cada vez mayor.
Por ello, el Círculo de Empresarios sostiene que el principal desafío pasa por alcanzar una mayoría política suficiente para acometer estas reformas, ya que, según indica, no pueden desarrollarse sobre apoyos parlamentarios frágiles ni improvisarse. En este sentido, recalca la necesidad de estabilidad institucional, continuidad y capacidad para mantener decisiones complejas más allá de los ciclos políticos, pensando en las futuras generaciones.
La actividad del sector privado español volvió a crecer de forma moderada en mayo después de haberse contraído en abril, pese al fuerte aumento de los costes empresariales. Así lo refleja el índice PMI compuesto elaborado por S&P Global Market Intelligence, que avanzó hasta los 50,2 puntos frente a los 48,7 registrados el mes anterior.
Durante mayo, los nuevos pedidos permanecieron prácticamente estancados, aunque las compañías continuaron reforzando sus plantillas a un ritmo sólido. Además, la confianza empresarial mejoró y alcanzó su nivel más elevado de los últimos tres meses. En paralelo, los costes de compra experimentaron el mayor incremento desde noviembre de 2022, mientras que la subida de los precios cobrados por las empresas se moderó hasta situarse en mínimos de tres meses.
Por sectores, el PMI de servicios repuntó hasta los 50,1 puntos desde los 47,9 de abril, mientras que el indicador manufacturero descendió ligeramente, pasando de 51,7 a 51,2 puntos. Paul Smith, economista de S&P Global Market Intelligence, destacó que la estabilización de la demanda y de la actividad tras las caídas de abril supone una señal positiva y alimenta la expectativa de que la desaceleración económica en España sea moderada. No obstante, advirtió de que la situación de fondo sigue mostrando debilidad.
En contraste, la actividad del conjunto de la eurozona continuó deteriorándose. El PMI compuesto, que engloba los sectores manufacturero y de servicios, bajó en mayo hasta los 48,5 puntos desde los 48,8 de abril, su nivel más bajo en un año y medio. En concreto, el PMI de servicios de la zona euro se situó en 47,7 puntos, una décima por encima del mes anterior aunque todavía en terreno contractivo, mientras que el indicador manufacturero redujo su expansión al pasar de 52,2 a 51,6 puntos.
Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, señaló que el descenso de la actividad empresarial por segundo mes consecutivo aumenta la posibilidad de que la economía de la eurozona entre en contracción durante el segundo trimestre. Según sus cálculos, los datos del PMI apuntan a una caída trimestral del PIB del 0,2%, salvo que se produzca una mejora significativa en junio.
El experto también alertó del aumento de las presiones inflacionistas, que podrían acercar la inflación al 4% en los próximos meses, complicando la situación para el Banco Central Europeo. En su opinión, el BCE intentará demostrar rapidez para evitar que la inflación se afiance, aunque al mismo tiempo deberá valorar el riesgo de elevar los tipos de interés en un contexto de enfriamiento económico y posible recesión. Williamson añadió que, aunque una subida de tipos podría entenderse como una medida preventiva, resultará más complicado justificar nuevos incrementos si la economía sigue perdiendo fuerza.
La economía mundial se encamina hacia una desaceleración que podría llevar a varios países a entrar en recesión o situarse muy cerca de ella, según las nuevas previsiones publicadas este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el escenario más negativo contemplado por el organismo, marcado por una prolongación de la guerra con Irán y un bloqueo del estrecho de Ormuz hasta bien avanzado 2027, el crecimiento del PIB global se reduciría al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027. Aunque estas cifras puedan parecer razonables para algunas economías desarrolladas acostumbradas a ritmos modestos, se sitúan claramente por debajo de la tendencia habitual de la economía mundial, que en lo que va de siglo ha superado con frecuencia el 3% anual salvo en episodios excepcionales como la crisis financiera o la pandemia.
El escenario central que maneja la OCDE es menos severo y parte de la hipótesis de que los precios de la energía comiencen a moderarse a partir de mediados de este año, algo que solo se contempla en caso de alcanzarse una paz estable. Bajo ese supuesto, la economía global crecería un 2,8% en 2026 y un 3,1% en 2027. La diferencia entre ambos escenarios supone una pérdida acumulada de cerca de dos puntos de PIB mundial en dos años, equivalente a más de dos billones de euros, una cantidad superior al valor anual de todos los bienes y servicios producidos por España.
La enorme volatilidad del contexto geopolítico está obligando a organismos internacionales y servicios de análisis a trabajar con distintos escenarios para evitar que las previsiones queden rápidamente desfasadas. La OCDE refleja esa incertidumbre de forma explícita: los términos "incierto" e "incertidumbre" aparecen 140 veces a lo largo de las casi 300 páginas del informe.
El impacto económico no será homogéneo. La OCDE identifica como principales perjudicados a Asia, por su fuerte dependencia energética de Oriente Próximo, y a los países del golfo Pérsico, afectados tanto por el bloqueo del estrecho de Ormuz como por los elevados costes de reconstrucción de infraestructuras energéticas dañadas. No obstante, el organismo advierte de que Europa y Norteamérica tampoco quedarán al margen. El aumento de la inflación, los problemas de suministro, el endurecimiento de las condiciones financieras y el deterioro de la confianza podrían frenar notablemente la actividad económica en ambas regiones.
Entre los datos más relevantes destaca la desaceleración prevista para China e India. En el caso chino, el crecimiento se situaría en el 4,5% este año y en el 4,3% el próximo, por debajo del 5% registrado recientemente y muy lejos de las tasas medias cercanas al 7% de la década anterior a la pandemia.
La OCDE advierte además de que las economías emergentes importadoras de materias primas serán especialmente vulnerables, ya que tienen menos capacidad para asegurar suministros energéticos o proteger a hogares y empresas mediante ayudas públicas. Son países sin recursos energéticos propios y con un margen fiscal limitado para aplicar medidas de apoyo similares a las adoptadas en España.
El informe dibuja además un posible círculo vicioso: la guerra impulsaría la inflación, lo que llevaría a los bancos centrales a mantener o elevar los tipos de interés, encareciendo la financiación y debilitando la inversión y el consumo. Según las previsiones de la OCDE, la inversión empresarial podría caer cerca de un 5% en la segunda mitad de 2027 respecto a un escenario de perturbación temporal.
La inteligencia artificial tampoco escaparía al impacto económico. El encarecimiento de la energía elevaría el coste de funcionamiento de los centros de datos y complicaría el acceso a componentes estratégicos utilizados en los sistemas de IA. Además, la escasez de materias primas como el helio, esencial para la fabricación de microchips avanzados, podría ralentizar el desarrollo del sector. Todo ello reduciría tanto la capacidad como los incentivos para seguir invirtiendo en inteligencia artificial, especialmente en las economías que actualmente dependen del impulso de esta industria.
En el caso de España, la OCDE mejora ligeramente sus previsiones de crecimiento respecto al informe de marzo. El organismo calcula ahora que el PIB avanzará un 2,2% en 2026, una décima más que en la estimación anterior y en línea con las previsiones del Gobierno. El crecimiento español seguiría muy por encima del previsto para Alemania, Francia o Italia. Para 2027 mantiene la previsión en el 1,7%.
La economía española continúa mostrando una mayor capacidad de resistencia frente al deterioro internacional y es la única gran economía de la eurozona que mejora sus perspectivas. La OCDE considera que el crecimiento seguirá apoyado principalmente en la demanda interna, gracias al dinamismo del empleo, al consumo privado y a las inversiones vinculadas a los fondos europeos. En cambio, se muestra menos optimista sobre el sector exterior, ya que el incremento de las importaciones asociado al crecimiento interno no será compensado plenamente por la demanda internacional.
Respecto a la inflación, el organismo prevé que España mantenga tasas relativamente elevadas durante los próximos años. El IPC armonizado alcanzaría el 3,3% en 2026 y el 2,9% en 2027, aún por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo, aunque por debajo de la media del G-20. La OCDE destaca que desde finales de febrero han aumentado de forma notable los precios del petróleo, el gas, los derivados energéticos y fertilizantes como la urea.
Las rebajas fiscales destinadas a amortiguar el impacto energético ayudarán a contener parcialmente el golpe sobre los hogares, aunque la OCDE, al igual que el FMI, considera preferible que esas ayudas estén focalizadas en los colectivos más vulnerables y tengan carácter temporal, para limitar su impacto sobre las cuentas públicas.
Pese al incremento del gasto derivado de estas medidas, el organismo prevé que la deuda pública española continúe reduciéndose gracias al crecimiento económico. La ratio de deuda bajaría al 98,5% del PIB en 2026 y al 97,3% en 2027. También se espera una mejora adicional del mercado laboral, con una tasa de paro por debajo del 10% el próximo año.
Aunque las perspectivas para España son relativamente favorables en comparación con las de otras grandes economías, la OCDE insiste en que el país debería aprovechar el actual ciclo de crecimiento para reforzar su margen fiscal y prepararse para futuros shocks y para el envejecimiento de la población, un fenómeno que incrementará la presión sobre el gasto en sanidad y pensiones. Además, considera necesario impulsar reformas orientadas a elevar la productividad de la economía.
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