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(Cinco Días, 24-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Más de la mitad de los caseros en España tienen dos o más viviendas en alquiler

La regulación del mercado del alquiler para contener la subida de precios genera un fuerte rechazo entre muchos propietarios, especialmente entre aquellos que poseen varias viviendas, ya que consideran que estas medidas pueden reducir los ingresos que obtienen por las rentas. Sin embargo, cuantificar con exactitud cuántos arrendadores existen en España resulta complicado, dado que no hay un registro oficial que identifique ni a los propietarios ni a sus inmuebles. Aun así, un estudio del Ministerio de Consumo, elaborado junto al CSIC, estima que, entre los arrendadores particulares, son ligeramente mayoría quienes alquilan dos o más viviendas (52,8%), frente a quienes solo disponen de una (47,2%). Si se incluyen también empresas y entidades públicas, el peso de los llamados multiarrendadores aumenta hasta el 60,8%, frente al 39,2% de los pequeños propietarios. El informe busca analizar el perfil de los propietarios particulares a partir de los ingresos por alquiler declarados a Hacienda en 2023. A partir de estos datos, concluye que predominan quienes cuentan con varias viviendas en alquiler, aunque no se especifica un límite máximo. Este grupo se denomina multiarrendadores, una categoría más amplia que la de "gran tenedor", que la legislación reserva para quienes poseen diez o más inmuebles residenciales o más de 1.500 metros cuadrados construidos. Según el estudio, la figura del propietario con una única vivienda no es la más habitual. Para dimensionar su peso en el mercado, el informe compara el número de arrendadores con el de inquilinos. Así, señala que solo el 4,9% de la población total (5,7% de los adultos) obtiene ingresos por alquiler, cifra que asciende al 9,3% si se mide por hogares. En cambio, los inquilinos representan alrededor del 20% de la población o de los hogares, lo que evidencia una notable diferencia entre ambos grupos. El análisis también muestra cómo se distribuyen territorialmente los propietarios con varias viviendas. Las mayores concentraciones se encuentran en ciudades insulares: en Las Palmas de Gran Canaria, el 64,9% de los arrendadores posee al menos dos inmuebles; en Santa Cruz de Tenerife, el 64,6%. Les siguen Palma (63,1%), Barcelona (60,8%) y Madrid (56,4%). En Valencia y Málaga los porcentajes son algo menores (55% y 51,6%), mientras que Sevilla destaca como la única gran ciudad analizada donde predominan los propietarios con una sola vivienda (53,2%). Según los autores, estos datos reflejan que la presencia de propietarios con varias viviendas no es algo puntual, sino una característica estructural del mercado del alquiler en las grandes ciudades. Además, apuntan que cuanto mayor es la presión inmobiliaria, mayor es también la concentración de viviendas en manos de estos perfiles. El estudio cuestiona, por tanto, la imagen extendida del pequeño propietario como figura dominante. Esta percepción se aleja aún más de la realidad cuando se incluyen actores como fondos de inversión, sociedades y entidades públicas, que operan en el mercado de forma profesional. En ese caso, los multiarrendadores representarían alrededor del 60%, frente al 40% de los pequeños tenedores. Finalmente, el informe explica que esta situación es resultado del crecimiento del mercado del alquiler entre 2016 y 2023, periodo en el que el número de viviendas arrendadas por particulares aumentó de forma significativa, pasando de cerca de 1,9 millones a más de 2,5 millones. Este incremento ha favorecido en mayor medida a los propietarios con varias viviendas, consolidando su peso frente a quienes solo alquilan una.

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(Expansión, 24-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los líderes de la UE piden abrir el proceso de adhesión de Ucrania

Ucrania terminó acaparando la atención de forma inesperada en la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Ayia Napa, en Chipre. Aunque el encuentro estaba centrado principalmente en la situación en Oriente Medio y sus efectos económicos en la Unión Europea, así como en el inicio del debate sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034, el foco acabó desplazándose hacia un nuevo paso: el inicio del proceso de adhesión de Ucrania a la UE. Este fue el mensaje que transmitieron conjuntamente, antes del inicio de la cumbre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Los líderes europeos pudieron recibir a Zelenski con el respaldo a un préstamo de 90.000 millones de euros destinado a sostener económicamente a Ucrania durante este año y el próximo. A ello se sumó la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, con el objetivo de limitar su capacidad para continuar la invasión. Costa señaló que ha llegado el momento de avanzar y dar el siguiente paso, que pasa por iniciar formalmente la apertura de los primeros capítulos de negociación para la adhesión de Ucrania. Von der Leyen respaldó esta idea, subrayando que, teniendo en cuenta las reformas emprendidas por el país, las conversaciones deberían arrancar sin demora. El cambio político en Hungría, tras la derrota de Viktor Orbán, ha modificado el equilibrio dentro de la UE y facilita decisiones que requieren unanimidad, como la ampliación del bloque. En esta línea, la alta representante Kaja Kallas afirmó que Ucrania avanza claramente hacia su integración y que las nuevas circunstancias podrían desbloquear avances antes frenados. Zelenski insistió en la voluntad de su país de integrarse en la Unión Europea lo antes posible, una petición que fue bien acogida por los líderes presentes, en una reunión en la que Hungría no estuvo representada directamente por Orbán. Durante los últimos meses, las instituciones europeas han trabajado de forma discreta con Ucrania para preparar el terreno de cara a una adhesión más ágil una vez superados los obstáculos políticos. El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, defendió que, tras el apoyo financiero y las sanciones, el siguiente objetivo debe ser la incorporación de Ucrania a la UE, señalando además que durante mucho tiempo el proceso ha estado condicionado por el veto húngaro. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a la Comisión Europea que presente en breve un calendario concreto junto con las medidas que deberán cumplir tanto Ucrania como Moldavia para avanzar en la apertura de capítulos de negociación. Los dirigentes europeos coincidieron en que se dan las condiciones necesarias para iniciar este proceso en un plazo próximo, aunque reconocen que la adhesión será un camino largo y con importantes consecuencias para el funcionamiento interno de la Unión, especialmente en ámbitos como el reparto de fondos agrícolas. Tras este giro en las discusiones, la cumbre retomó los asuntos inicialmente previstos, centrados en la evolución del conflicto en Oriente Medio y el impacto energético sobre Europa. Estas conversaciones continuarán, junto a la participación de representantes de países como Líbano, Siria y Jordania. Posteriormente, si no se vuelve a aplazar, se abordará el debate sobre el futuro presupuesto comunitario.

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(Expansión, 24-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El TJUE sentencia que los bancos no pueden cobrar intereses sobre los costes de un crédito al consumo

La justicia europea ha establecido que las entidades bancarias no pueden aplicar intereses sobre las cantidades destinadas a cubrir gastos asociados a un crédito al consumo, sino únicamente sobre el dinero que realmente recibe el cliente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, se ha pronunciado en este sentido a raíz del caso de un ciudadano polaco que solicitó un préstamo en el que parte del importe se destinó al pago de un seguro vinculado al crédito, de carácter voluntario. Según recoge la resolución, el banco aplicó intereses no solo sobre el capital entregado al consumidor, sino también sobre el coste de ese seguro. Ante esta situación, el afectado acudió a la justicia de su país para reclamar la devolución del préstamo sin intereses ni otros gastos adicionales, al considerar que se habían calculado indebidamente. El tribunal nacional decidió plantear una cuestión prejudicial para aclarar si esta práctica se ajusta a la normativa europea sobre créditos al consumo. La respuesta del tribunal europeo ha sido negativa. El TJUE explica que el importe total del crédito y el coste total del crédito para el consumidor son conceptos distintos y no pueden mezclarse. Por ello, el primero no puede incluir gastos como seguros u otros cargos necesarios para obtener el préstamo. Además, recuerda que el tipo de interés debe aplicarse únicamente sobre el capital efectivamente utilizado por el consumidor. Esto excluye cualquier cantidad que el banco destine directamente a cubrir costes vinculados al crédito y que no llegue a manos del cliente. En consecuencia, la entidad financiera no puede cobrar intereses sobre esos importes. No obstante, el tribunal aclara que esto no impide que los prestamistas repercutan esos costes por otras vías, como mediante un tipo de interés más elevado aplicado al capital prestado. Esta interpretación busca, por un lado, favorecer un funcionamiento más eficiente del mercado europeo de crédito al consumo y, por otro, mejorar la transparencia para que los usuarios puedan comparar con mayor claridad las distintas ofertas, especialmente a través de indicadores como la tasa anual equivalente.

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(La Vanguardia, 24-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La compraventa de viviendas desacelera en España pero crece con fuerza en Cataluña, Navarra y Canarias

El mercado inmobiliario empieza a mostrar signos de enfriamiento. En febrero, el número de compraventas de viviendas descendió un 0,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, situándose en 59.689 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo descenso consecutivo, después de la caída del 5% registrada en enero. Esta ligera bajada interanual se explica tanto por el retroceso en las operaciones de vivienda de segunda mano, que disminuyeron un 0,2% hasta las 45.881, como por la reducción en la venta de vivienda nueva, que cayó un 1,6% hasta las 13.808 transacciones. La gran mayoría de las viviendas vendidas, el 93,7%, correspondía a vivienda libre, que mantuvo niveles similares a los del año anterior, mientras que la vivienda protegida experimentó un descenso del 7,9%. En cambio, si se compara con el mes anterior, las compraventas aumentaron un 3,8%, impulsadas por el crecimiento tanto en vivienda nueva (1,7%) como en usada (4,5%). A pesar de este repunte mensual, el balance acumulado de los dos primeros meses del año refleja una caída del 2,8% respecto al mismo periodo de 2025. Por comunidades autónomas, Andalucía lideró el número de operaciones en febrero con 12.037 compraventas, seguida de Cataluña (10.389) y la Comunidad Valenciana (8.944). En términos interanuales, ocho regiones registraron aumentos en las ventas, mientras que en nueve se produjeron descensos, destacando las caídas de Murcia (-14,8%), La Rioja (-12,5%) y Galicia (-12%). En el lado opuesto, sobresalen los incrementos de Navarra (+18,7%), Canarias (+7,9%), Cataluña (+5,7%) y Aragón (+5%). En el caso de Cataluña, febrero se convirtió en el segundo mejor mes de este periodo en toda la serie histórica, solo superado por febrero de 2007. Además, en el acumulado de los dos primeros meses del año, las operaciones han crecido un 3,55% interanual, aunque a un ritmo más moderado que en diciembre, cuando se alcanzaron cifras récord. Este comportamiento llevó el total de compraventas a 112.610 operaciones, superando ligeramente el máximo registrado en 2007. Con estos datos iniciales de 2026, la comunidad catalana apunta nuevamente hacia cifras históricas. Según los expertos, esta leve caída a nivel nacional refleja una fase de ajuste tras los altos niveles alcanzados el año anterior. Aun así, destacan que la demanda sigue siendo muy sólida, lo que permitirá mantener un volumen elevado de transacciones, aunque con un crecimiento más contenido. No obstante, advierten de la importancia de observar la evolución del contexto económico y financiero en los próximos meses.

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(Expansión, 23-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública se modera al 101,2% del PIB en febrero, aunque su importe alcanza máximos de 1,723 billones

La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en febrero un nuevo máximo de 1,723 billones de euros. Esta cifra supone un aumento del 4,7% respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se redujo hasta el 101,2%, lo que representa 1,3 puntos porcentuales menos en comparación interanual, según los datos difundidos por el Banco de España. En términos absolutos, el volumen de deuda creció tanto en comparación con febrero del año pasado como frente a enero, con un incremento mensual del 1%. De este modo, se supera el anterior récord registrado en septiembre, cuando la deuda se situó en 1,709 billones de euros. El Gobierno prevé que la ratio de deuda sobre el PIB continúe descendiendo en los próximos años, situándose en el 100,9% en 2026, en el 100% en 2027 y en el 99,1% en 2028. A más largo plazo, estima que bajará hasta el 90,6% en 2031 y el 76,8% en 2041. Sin embargo, estas previsiones no concretan cuándo se alcanzará el objetivo del 60% del PIB considerado como nivel de referencia por la Unión Europea. Por niveles administrativos, la deuda del Estado ascendió a 1,573 billones de euros, tras aumentar un 5,1% interanual, lo que equivale al 92,4% del PIB. En cambio, las Otras Unidades de la Administración Central registraron un saldo de 33.620 millones de euros (2% del PIB), lo que supone una reducción del 6,1% respecto al año anterior. En el caso de la Seguridad Social, la deuda alcanzó los 136.181 millones de euros, un 7,9% más que hace un año, representando el 8% del PIB. Este incremento se explica por los préstamos otorgados por el Estado a la Tesorería General para cubrir su déficit presupuestario. En cuanto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas se situó en 345.706 millones de euros en febrero de 2026, lo que equivale al 20,3% del PIB, con un aumento interanual del 2,9%. Por su parte, las corporaciones locales registraron una deuda de 20.829 millones de euros (1,2% del PIB), un 9,3% inferior a la del mismo periodo del año anterior. Si se analiza la deuda por tipos de instrumentos y plazos, todos muestran incrementos interanuales. Los valores a largo plazo crecieron un 4,6% y los préstamos con vencimiento superior a un año aumentaron un 7,1%, mientras que los instrumentos a corto plazo registraron un alza del 1,5%.

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(El Economista, 23-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo resiste sobre los 100 dólares, pero los analistas temen que su precio suba más allá de los 200 si el "grifo" de Ormuz sigue cerrado

Uno de los mayores temores de los analistas era que el precio del petróleo se disparara hasta los 150 dólares o incluso más si se producía el cierre del estrecho de Ormuz. Sin embargo, casi dos meses después del inicio del conflicto, aunque esta ruta sigue bloqueada, los precios no han alcanzado esos niveles extremos y el Brent se mantiene en torno a los 100 dólares. Lejos de tratarse de previsiones exageradas, varios expertos advierten de que la situación real podría ser más preocupante: hasta ahora, el mercado ha estado sostenido por dos factores temporales que están a punto de agotarse. Si el tránsito no se restablece pronto, podría producirse una escasez real de crudo que impulsaría los precios al alza de forma significativa. El primero de esos factores, según JP Morgan, ha sido el retraso en la llegada de los petroleros que lograron atravesar el estrecho antes de su cierre. Estos envíos han tardado semanas en alcanzar sus destinos, por lo que el suministro no se ha interrumpido de forma inmediata. Aunque el paso quedó prácticamente bloqueado el 1 de marzo, el petróleo procedente de Oriente Medio ha seguido llegando a distintos mercados hasta fechas recientes: a Asia a comienzos de abril, a Europa unos días más tarde, a Estados Unidos a mediados de mes y a Australia ya el 20 de abril. Es ahora cuando empieza a notarse la ausencia de nuevos cargamentos. El segundo "parche" ha sido la liberación masiva de reservas estratégicas por parte de la Agencia Internacional de la Energía. Según la gestora Mirova, se han puesto en el mercado unos 400 millones de barriles desde el 11 de marzo, lo que ha permitido compensar temporalmente la falta de suministro. No obstante, esta solución tiene un límite: las reservas no son infinitas y, al ritmo actual, podrían situarse en niveles mínimos históricos entre finales de abril y mayo. A estos factores se suma un riesgo adicional: que la paralización de la producción y los ataques de Irán a infraestructuras petroleras de países vecinos dañen de forma duradera la capacidad de extracción. Incluso si el estrecho de Ormuz reabriera, la producción podría no recuperarse completamente. Si solo se alcanzara, por ejemplo, el 70% del nivel previo al conflicto, el déficit de crudo persistiría. Además, existe la posibilidad de que la reapertura sea parcial o limitada, lo que restringiría aún más el flujo de petróleo. En un escenario así, el mundo se vería obligado a reducir de forma considerable su consumo de crudo, lo que previsiblemente requeriría una fuerte subida de precios. Mirova advierte de que la relación entre las reservas disponibles y el precio podría volverse exponencial, derivando en una situación de escasez física. En caso de prolongarse el conflicto, el Brent podría situarse entre 150 y 200 dólares por barril, mientras que el gas en Europa alcanzaría entre 100 y 150 euros por MWh, lo que supondría una crisis energética de gran magnitud. Por su parte, el economista Paul Krugman ha planteado distintos escenarios en función de la duración del conflicto y de la capacidad global para reducir el consumo o sustituir el petróleo mediante medidas como recortes en el transporte o el impulso de energías renovables. En el escenario más favorable, con una rápida resolución del conflicto y una reducción sencilla de la demanda, los precios se mantendrían cerca de los niveles actuales. Si la crisis se prolonga más allá de mayo, el barril podría alcanzar los 150 dólares. Y si el cierre del estrecho se extiende hasta el verano, el precio podría superar ampliamente esa cifra, llegando incluso a niveles cercanos a los 372 dólares en el peor de los casos. Según advierte, si el petróleo supera los 200 dólares, aumentaría significativamente el riesgo de una crisis económica global, acompañada de inflación elevada y una posible recesión.

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(El Economista, 23-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV defiende el uso de las "mismas reglas y no similares" en todos los países de la UE para los mercados financieros

La situación geopolítica actual ha vuelto a poner de relieve, entre otros aspectos, la urgencia de que Europa refuerce su competitividad. Uno de los elementos clave en este desafío es el funcionamiento de los mercados de capitales. En un momento decisivo para ámbitos estratégicos como la autonomía energética, la transición ecológica, la defensa o la inteligencia artificial, el acceso a financiación resulta fundamental. Con más de 10 billones de euros inmovilizados en depósitos, la nueva Unión de Ahorros e Inversión (SIU) pretende reactivar la participación de los inversores particulares, al tiempo que busca avanzar en la integración de los mercados nacionales y simplificar la normativa para facilitar la financiación. En relación con este objetivo integrador, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) defendió que no basta con aproximar las normas entre países, sino que sería necesario establecer un marco regulatorio único en toda la Unión Europea para los mercados financieros. Asimismo, subrayó la conveniencia de reducir al mínimo las diferencias nacionales, apostando por un mayor uso de reglamentos en lugar de directivas, ya que estas últimas permiten una mayor adaptación a las particularidades de cada país. El proyecto, que comenzó en 2015 como la Unión de Mercados de Capitales, ha evolucionado hacia la actual Unión de Ahorros e Inversión con metas más ambiciosas. Según explicó San Basilio, este enfoque combina dos grandes ejes: una mayor integración -ahora más profunda- y la simplificación del marco normativo para evitar una regulación excesiva. Ambos aspectos deben avanzar de forma conjunta si se quiere mejorar la competitividad de la economía europea. En esta línea, desde la Asociación de Mercados Financieros en Europa se insiste en la necesidad de revisar tanto la normativa vigente como las futuras reformas, reforzar la transparencia, aplicar criterios de proporcionalidad de manera coherente y modernizar los procesos regulatorios. Simplificar, aclaran, no implica relajar los controles, sino diseñar reglas más claras, eficientes y adaptadas que garanticen la estabilidad sin frenar el crecimiento. El presidente de la CNMV también puso el foco en el papel del supervisor europeo, señalando que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) debería reforzar significativamente sus competencias para asegurar una mayor armonización en toda la UE. No obstante, reconoció que la posible centralización de la supervisión es un asunto más controvertido y recordó que la supervisión por sí sola no garantiza la integración de los mercados, como ya se ha visto en el ámbito bancario. En los últimos años, además, se han acentuado diversos problemas en los mercados de capitales. Entre ellos, destacó el aumento de las exclusiones bursátiles frente a las nuevas salidas a bolsa, lo que está reduciendo el número de empresas cotizadas. Aunque la capitalización bursátil ha crecido, se debe principalmente al encarecimiento de las acciones existentes y no a la incorporación de nuevas compañías, lo que supone un desafío. A esto se suma una mayor fragmentación de la liquidez, que afecta especialmente a las empresas de menor tamaño, así como una menor participación de los inversores minoristas y el limitado papel de los grandes fondos de pensiones.

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(El País, 22-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba el nuevo plan estatal que blinda las viviendas protegidas

El Gobierno ha dado luz verde este martes al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el objetivo de afrontar los problemas del sector en los próximos cuatro años. El programa, que no necesita pasar por el Congreso y cuenta con una inversión sin precedentes de 7.000 millones de euros -tres veces más que el anterior-, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros tras varios meses desde que se adelantaran sus principales líneas en septiembre de 2025. Entre sus novedades destacan la garantía de que las viviendas protegidas financiadas con fondos públicos mantendrán ese carácter de forma permanente y el incremento de las ayudas para construir vivienda pública, destinada en su mayoría al alquiler con un máximo de 900 euros mensuales. La ministra de Vivienda ha defendido que este plan responde a una demanda social creciente y busca consolidar la vivienda como un pilar fundamental del Estado del bienestar, con la intención de ofrecer soluciones duraderas y evitar que esta problemática se repita en el futuro. Aunque ya ha sido aprobado, todavía deberán firmarse acuerdos con las comunidades autónomas, por lo que su aplicación efectiva no comenzará hasta julio. El plan mantiene la financiación anunciada, con un 60% aportado por el Estado y un 40% por las comunidades autónomas. Los recursos se destinarán a tres grandes objetivos: construir nuevas viviendas, rehabilitar las existentes y garantizar el acceso a la vivienda frente a la especulación. El nuevo enfoque introduce cambios relevantes en la política pública, con mayor control, transparencia y protección del parque residencial financiado con dinero público. El Ejecutivo lo presenta como una respuesta a deficiencias históricas, recordando que en las últimas décadas muchas viviendas protegidas acabaron en el mercado libre, lo que redujo el parque público disponible. A partir de ahora, cualquier vivienda financiada con fondos estatales deberá mantener su función social de manera indefinida. También se refuerzan los controles en la asignación de viviendas mediante criterios objetivos y verificables, con el fin de evitar irregularidades. Además, el Ministerio se reserva mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de estas normas. Otro de los ejes del plan es mejorar la transparencia en el mercado del alquiler. Para ello, las comunidades autónomas deberán crear en el plazo de un año un registro de fianzas que permita conocer datos reales sobre contratos, precios, rotación de inquilinos y evolución de la oferta, con el objetivo de disponer de información fiable y reducir la opacidad. En cuanto a la gestión, se prevé un seguimiento continuo a través de un grupo de trabajo dentro del Consejo Asesor de Vivienda, que evaluará anualmente la ejecución del plan y podrá formular recomendaciones. Las medidas se estructuran en tres ámbitos principales: construcción, rehabilitación y protección. En el primero, se incrementan notablemente las ayudas para levantar vivienda pública o protegida, con subvenciones de hasta 85.000 euros por vivienda, el doble que en el plan anterior. Estas viviendas estarán orientadas sobre todo al alquiler y mantendrán su carácter protegido de forma permanente, aunque en municipios pequeños también se permitirá la venta bajo ciertas condiciones. El plan también impulsa nuevas formas de construcción más industrializadas, con incentivos adicionales, y contempla ayudas mayores en zonas con alta demanda, donde la financiación por vivienda puede superar los 100.000 euros. Para ampliar rápidamente el parque público, se destinarán fondos a la compra de viviendas ya existentes, cubriendo hasta el 70% del coste, porcentaje que aumenta en áreas tensionadas. Asimismo, se fomenta que propietarios privados cedan sus viviendas a la Administración para destinarlas a alquiler asequible, especialmente en zonas rurales. En materia de rehabilitación, se incluyen ayudas para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y el estado de los edificios, con importes que pueden superar los 20.000 euros por vivienda. También se incentiva la recuperación de viviendas vacías, siempre que se incorporen al mercado de alquiler asequible. El plan refuerza además el apoyo a colectivos vulnerables, con ayudas al alquiler para jóvenes y facilidades para la compra en municipios pequeños. También amplía la cobertura para víctimas de violencia de género y personas en situación de vulnerabilidad, garantizando soluciones habitacionales inmediatas. El calendario prevé que, tras su aprobación en abril de 2026, los acuerdos con las comunidades se cierren en primavera y la puesta en marcha efectiva tenga lugar en la segunda mitad del año. El documento final es el resultado de un proceso de diálogo con comunidades autónomas, entidades y expertos, en el que se han incorporado cientos de aportaciones. Este proceso participativo ha retrasado su aprobación respecto a los plazos inicialmente previstos, que apuntaban a finales de 2025.

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(El Periódico, 22-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prepara un macroinforme para defender la presencia de la SEPI y de grandes empresas públicas en sectores críticos

El Gobierno pretende disponer de un análisis detallado que refleje el impacto económico y social del holding público SEPI y de las principales empresas que dependen de él. Este informe de gran alcance busca justificar el papel del grupo estatal en sectores estratégicos, evidenciando su contribución a la economía, la sociedad y el desarrollo territorial. La preparación de este estudio coincide en el tiempo con la comisión de investigación impulsada por el Partido Popular en el Senado, centrada en la actuación de SEPI en operaciones como el rescate de aerolíneas durante la pandemia, entre ellas Air Europa y Plus Ultra. El objetivo de SEPI es contar con una evaluación rigurosa que permita cuantificar de forma precisa el impacto de su actividad y respaldar con datos su función como instrumento inversor del Estado. La intención es disponer de una base técnica que permita explicar su papel en la generación de valor económico y en la fijación de población en determinadas zonas. Según la documentación oficial, el grupo público se define como una herramienta clave del Gobierno en distintos sectores, orientada a impulsar el crecimiento económico, reforzar el tejido empresarial y atender necesidades estratégicas del país. Para ello, ha puesto en marcha un proceso para contratar a una consultora que diseñe la metodología del estudio correspondiente a 2025 y elabore el informe. Además, se busca que este trabajo sirva como modelo para futuras evaluaciones, incluyendo guías, herramientas y fuentes de datos que puedan reutilizarse. El análisis se centrará en la actividad de SEPI como matriz y en las empresas en las que tiene control total o participación mayoritaria. Entre ellas figuran Navantia, Correos, Tragsa, Enusa, Ensa, Mayasa, Cetarsa, Hunosa, Mercasa o Cofivacasa. Sin embargo, quedarán fuera del estudio compañías en las que su participación es minoritaria, como Telefónica, Indra, Redeia o Enagás. La corporación, presidida por Belén Gualda, también pretende identificar los principales desafíos y áreas clave de actuación tanto de SEPI como de sus empresas participadas. El informe incluirá además un análisis del contexto geopolítico y de mercado en el que operan, especialmente relevante en un escenario internacional marcado por tensiones como la guerra en Oriente Medio. Asimismo, se evaluarán los riesgos y tendencias que pueden afectar a su contribución económica, así como los aspectos que deben reforzarse para mantener y potenciar su impacto en el futuro.

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(Cinco Días, 21-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo se dispara y las Bolsas bajan al resurgir las tensiones entre EE UU e Irán

El aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, junto con la disminución de las expectativas de un acuerdo de paz en Oriente Próximo, está llevando a los inversores a actuar con cautela. En este contexto, el precio del petróleo vuelve a subir con fuerza, acercándose a un alza del 5% y superando los 95 dólares por barril de Brent -tras haber caído un 9% el viernes-. Por su parte, el gas europeo TTF también repunta un 4%, recuperándose parcialmente del descenso previo. Los expertos de ING señalan que los mercados muestran inquietud, aunque mantienen cierta esperanza en posibles avances diplomáticos. Uno de los factores clave será la participación de Irán en las conversaciones de paz previstas, ya que su posible ausencia incrementa la incertidumbre, especialmente con el alto el fuego a punto de expirar. La situación se tensó aún más cuando Estados Unidos anunció la incautación de un carguero iraní que habría intentado sortear el bloqueo, a lo que Teherán respondió con amenazas de represalias. Además, Irán comunicó que no participará en una nueva ronda de negociaciones prevista antes de que finalice la tregua. Desde Saxo Bank advierten de que esta escalada vuelve a elevar el riesgo geopolítico, afectando no solo a la energía, sino también al crecimiento económico y a los tipos de interés. El conflicto, que ya entra en su octava semana, ha generado una grave crisis en el suministro energético mundial. Uno de los puntos críticos es el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo global. Los bloqueos en la zona han disparado los precios, aunque estos aún se mantienen por debajo de los 100 dólares por barril. La inestabilidad también se refleja en los mercados financieros. En Europa, el DAX cae un 1,5%, el FTSE 100 pierde un 0,6% y el CAC 40 retrocede un 1%. En España, el Ibex 35 baja un 1,3%, con descensos destacados en ArcelorMittal e IAG, mientras que BBVA también cae tras una rebaja de recomendación. En contraste, valores como Repsol, Endesa y Enagás registran subidas. Analistas de ATFX Global consideran que el foco sigue puesto en el estrecho de Ormuz y ven poco probable un acuerdo inmediato entre Washington y Teherán, lo que podría seguir presionando a la baja a los activos de mayor riesgo. No obstante, desde Pepperstone apuntan que, aunque predomina la cautela, los movimientos del mercado están siendo relativamente ordenados y no reflejan aún una situación de pánico. Por su parte, expertos de Bloomberg creen que el comportamiento de las bolsas asiáticas sugiere que parte del impacto económico del conflicto ya podría estar descontado por los inversores. En el mercado de divisas, el dólar se ha fortalecido hasta su nivel más alto en una semana, mientras que el euro cotiza en torno a 1,17 dólares. Entre las materias primas, el oro baja cerca de un 0,8% y la plata también retrocede. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin cae alrededor de un 1,8%, reflejando el clima general de incertidumbre.

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