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(Cinco Días, 15-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España considera que limitar las hipotecas de alto riesgo empeoraría el acceso a la vivienda de los jóvenes

El Banco de España continúa analizando si debe imponer límites legales a las hipotecas consideradas de mayor riesgo en un contexto marcado por el fuerte encarecimiento de la vivienda. En su último informe semestral de estabilidad financiera, el supervisor estudia los posibles efectos de este tipo de restricciones -conocidas en el sector como borrower based measures- y concluye que tendrían consecuencias distintas según la edad de los compradores. Entre los impactos más relevantes, la institución advierte de que estas medidas podrían retrasar el acceso a la vivienda en propiedad entre los jóvenes, incrementar su dependencia del alquiler y elevar el gasto destinado al arrendamiento. Además, estima que este grupo de población reduciría su consumo y aumentaría el ahorro como consecuencia de unas mayores dificultades para comprar vivienda. Durante la presentación del informe, el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, Daniel Pérez Rey, explicó que el organismo todavía no ha decidido si aplicará este tipo de límites, que restringirían la concesión de hipotecas por encima de determinados porcentajes respecto al valor del inmueble o a la renta del comprador. Según indicó, el supervisor está ultimando un marco analítico que permita evaluar en el futuro si conviene activar estas herramientas. El informe también señala que la implantación de estas restricciones tendría efectos más amplios sobre el mercado inmobiliario. En términos generales, reduciría el porcentaje de hogares propietarios y contribuiría a moderar el precio de la vivienda, aunque al mismo tiempo aumentaría la demanda de alquiler y, previsiblemente, las rentas de arrendamiento, que ya se encuentran en niveles elevados. Con este análisis, el Banco de España responde a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que ha pedido al supervisor español estudiar medidas similares a las ya adoptadas por numerosos países europeos. Pese a ello, Pérez Rey insistió en que la institución no aprecia urgencia para intervenir, ya que actualmente no detecta desequilibrios financieros o inmobiliarios que hagan pensar en la formación de una nueva burbuja. Aunque reconoce que el precio de la vivienda es elevado, considera que aún se sitúa lejos de los niveles alcanzados antes del estallido de la crisis inmobiliaria y lo compara con los registros de 2004. El informe recuerda además que los criterios de concesión hipotecaria siguen siendo mucho más prudentes que durante el auge inmobiliario previo a 2008, aunque admite cierta relajación en el último año. Así, la relación entre el importe del préstamo y el precio de compra del inmueble se sitúa en el 81,2%, frente al 107% alcanzado en 2006. También destaca que la ratio entre el préstamo y el valor de tasación ha aumentado ligeramente hasta el 70,2%, desde el 68% del año anterior, aunque todavía lejos del 74,5% registrado en 2017. Por otro lado, la relación entre el importe de la hipoteca y la renta del hogar ha pasado de 4,1 veces los ingresos anuales a 4,4 en el último año, una cifra aún muy inferior a las siete veces alcanzadas en plena burbuja inmobiliaria. Otro de los argumentos del supervisor para descartar riesgos excesivos reside en la evolución contenida del crédito bancario respecto al PIB, así como en los niveles de endeudamiento de las familias. Todo ello lleva al Banco de España a concluir que los riesgos para la estabilidad financiera derivados del mercado inmobiliario permanecen controlados. El informe elaborado por la institución presidida por José Luis Escrivá también dedica atención al crecimiento del crédito privado y de la denominada banca en la sombra. En este ámbito, el supervisor considera que la exposición de España sigue siendo limitada en comparación con otros países europeos y con Estados Unidos. Según el análisis, los fondos de crédito privado que financian empresas españolas son mayoritariamente extranjeros y suelen prestar a compañías más jóvenes y menos rentables que las que acuden a la financiación bancaria tradicional, aunque no necesariamente más arriesgadas. El Banco de España calcula además que las conexiones entre las entidades financieras tradicionales y este tipo de vehículos representan de media alrededor del 10% de la actividad. Las grandes entidades son las más expuestas, aunque el peso de estos activos en sus balances apenas ha variado desde 2019 y continúa dominado por inversiones en deuda pública. Aun así, el supervisor advierte de que el sistema financiero no bancario presenta vulnerabilidades a escala internacional ante posibles correcciones bruscas en los mercados, riesgos que podrían trasladarse parcialmente a la banca tradicional a través de esas interconexiones. No obstante, la institución matiza que los fondos domiciliados en España muestran perfiles de riesgo más moderados y que, aunque el crédito privado ha ganado peso como complemento de la financiación bancaria, todavía representa una parte reducida del mercado y no presenta los desequilibrios observados en Estados Unidos. Por último, Pérez Rey defendió el papel de los supervisores nacionales en la fijación de colchones de capital macroprudenciales, en medio del debate europeo sobre una posible simplificación regulatoria y las peticiones de algunas entidades financieras para reducir estas exigencias. En el caso español, los bancos deberán mantener a partir de 2026 un colchón de capital equivalente al 1% de sus activos. El responsable del Banco de España considera esencial que las autoridades nacionales conserven esta capacidad de decisión, especialmente mientras la unión bancaria y la unión fiscal europea sigan incompletas, ya que son estos organismos quienes cuentan con una visión más cercana de los riesgos específicos que afronta cada sistema financiero nacional.

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(Expansión, 15-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump y Xi aceleran el deshielo en las relaciones comerciales entre EEUU y China

La primera jornada de la cumbre bilateral entre Estados Unidos y China terminó sin pactos concretos, aunque dejó clara la voluntad de ambas potencias de rebajar la tensión comercial. "Xi es un tipo fantástico, un gran amigo". Así describió el presidente estadounidense, Donald Trump, a su homólogo chino, Xi Jinping, durante el encuentro celebrado ayer en Pekín. Ambos dirigentes trasladaron un mensaje de calma a los mercados en un momento marcado por el debilitamiento de la economía mundial y por la crisis energética derivada del conflicto con Irán: Washington y Pekín quieren evitar una nueva escalada comercial. El ambiente de la reunión fue mucho más cordial de lo que se esperaba. Trump, recibido con una gran puesta en escena repleta de banderas de ambos países, agradeció la organización del encuentro e invitó a Xi a visitar la Casa Blanca en septiembre. El mandatario chino, más contenido en las formas, mantuvo también un tono conciliador. Afirmó que ha llegado el momento de "romper la dinámica de represalias mutuas" y defendió que "el diálogo siempre es preferible a la confrontación". Además, lanzó un mensaje favorable a las empresas estadounidenses al asegurar que China seguirá ampliando su apertura a las multinacionales extranjeras. En paralelo al encuentro entre ambos presidentes, las delegaciones negociaron la posibilidad de extender la tregua comercial acordada el pasado año y analizaron una eventual reducción parcial de los aranceles que todavía afectan a cientos de miles de millones de dólares en intercambios entre los dos países. Pekín mostró disposición a suavizar algunas limitaciones sobre las exportaciones de tierras raras, mientras que la Casa Blanca dejó abierta la opción de rebajar ciertos gravámenes a productos chinos. Aun así, la jornada terminó sin avances definitivos y los analistas no esperan anuncios de gran alcance, sino más bien una progresiva mejora de las relaciones bilaterales. Si ese acercamiento se consolida, Trump y Xi podrían reunirse hasta en tres ocasiones más durante este año, incluida una posible visita del líder chino a Washington y nuevos contactos en las cumbres del G20 en Miami y de Cooperación Económica Asia-Pacífico, previstas para finales de 2026. La reunión se produce además en un contexto especialmente delicado para la economía internacional. El cierre del estrecho de Ormuz y el aumento de la tensión en el Golfo Pérsico han incrementado la incertidumbre sobre las cadenas de suministro, el transporte marítimo y el precio del petróleo. Para China, muy dependiente de las importaciones energéticas y de las exportaciones, una recesión global supondría un riesgo considerable, ya que cerca de una quinta parte de su PIB depende del comercio exterior. Trump llegó a Pekín necesitado de exhibir algún logro económico. El presidente estadounidense afronta presión interna por la inflación, el desgaste político provocado por los reveses judiciales relacionados con su política arancelaria y la desconfianza de los inversores ante los constantes cambios de estrategia de la Casa Blanca. Xi, por el contrario, acude con una posición negociadora más sólida y con la intención de presentar a China como un factor de estabilidad frente al actual escenario geopolítico. Uno de los aspectos más llamativos del encuentro fue la presencia de destacados empresarios tecnológicos estadounidenses en la delegación que acompañó a Trump. Entre ellos figuraban Elon Musk, de Tesla; Tim Cook, de Apple; y Jensen Huang, de Nvidia. La presencia de estos directivos evidencia hasta qué punto las grandes tecnológicas estadounidenses siguen dependiendo del mercado chino pese al endurecimiento político impulsado por Washington. Apple mantiene gran parte de su producción en el país asiático; Nvidia necesita conservar el acceso a uno de los principales mercados mundiales de inteligencia artificial; y Tesla considera China un mercado clave para su crecimiento industrial y comercial. Las primeras impresiones trasladadas por estos ejecutivos fueron de moderado alivio. En Silicon Valley y Wall Street existía el temor de que la cumbre desembocara en nuevas restricciones tecnológicas o comerciales. Sin embargo, el tono pragmático mostrado por ambas delegaciones fue interpretado como una señal de que tanto Estados Unidos como China buscan recomponer, al menos parcialmente, sus relaciones económicas. Uno de los focos principales estuvo en Nvidia. La incorporación de Jensen Huang a la delegación estadounidense a última hora se interpretó como un movimiento estratégico para tratar de rebajar las tensiones relacionadas con los chips avanzados y la inteligencia artificial, dos de los principales frentes de disputa entre ambas potencias. El consejero delegado de Nvidia defendió la necesidad de mejorar las relaciones entre Washington y Pekín y calificó de "excelentes" las reuniones mantenidas durante la jornada. También reconoció las dificultades que afronta la empresa en Asia a raíz de las restricciones impuestas por el Gobierno estadounidense. La tecnología se ha convertido en el principal escenario de confrontación económica entre ambos países. Estados Unidos intenta limitar el acceso chino a semiconductores avanzados y tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, mientras China utiliza su dominio sobre minerales estratégicos y tierras raras como elemento de presión. Todo apunta a que este seguirá siendo uno de los principales puntos de fricción de la cumbre. "Las dos grandes potencias de la inteligencia artificial van a empezar a dialogar", señaló el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, también presente en Pekín. Según explicó, ambos países mantienen conversaciones "constructivas" porque Estados Unidos sigue liderando la carrera tecnológica.

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(El Economista, 15-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE frena la subida de tipos en junio y aviva el miedo a la represión financiera en Europa

Pocos discuten que el papel del Banco Central Europeo atraviesa uno de sus momentos más complejos. La economía de la eurozona empieza a evidenciar síntomas de debilidad por la incertidumbre internacional y el encarecimiento del petróleo, mientras la inflación vuelve a ganar intensidad. En este contexto, el BCE se enfrenta a un delicado equilibrio: subir los tipos podría agravar la desaceleración económica y repetir el error cometido en 2011, cuando un endurecimiento monetario acabó acelerando la crisis de deuda soberana en Europa. Pero mantener los tipos sin cambios en pleno repunte inflacionario también entraña riesgos importantes. El recuerdo de la respuesta tardía del BCE ante la inflación tras la pandemia sigue muy presente. Durante buena parte de 2021, la institución defendió que el aumento de los precios era transitorio y estaba ligado principalmente a la energía. Sin embargo, la persistencia de la inflación y las posteriores subidas superiores al 10% evidenciaron que el organismo reaccionó demasiado tarde al retrasar el endurecimiento monetario. Ahora, algunos analistas consideran que el BCE podría estar incurriendo en un error similar al rebajar el tono sobre una posible subida de tipos en junio, después de que varios de sus miembros insinuaran hace apenas unas semanas que ese movimiento parecía prácticamente decidido. Según publica Bloomberg, dos semanas después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtiera sobre la posibilidad de elevar los tipos de interés, el escenario ha cambiado y esa subida empieza a parecer menos probable. La moderación relativa del petróleo, que aunque continúa por encima de los 100 dólares no ha registrado el repunte extremo que se temía, junto con la ausencia de un contagio inflacionista más amplio y el estancamiento económico de la eurozona, estaría llevando a varios responsables del banco central a suavizar su discurso. El giro resulta llamativo porque algunas de las voces más influyentes del BCE habían señalado semanas atrás que sería necesario endurecer la política monetaria si persistían las tensiones inflacionistas y continuaba el conflicto en Oriente Medio. Ninguna de esas dos circunstancias ha desaparecido, pero ahora varios miembros del organismo consideran que solo un deterioro mayor de las perspectivas inflacionarias justificaría intervenir. Este cambio de tono ya ha comenzado a reflejarse en los mercados. A finales de abril, los inversores daban prácticamente por segura una subida de tipos en junio, con una probabilidad cercana al 93%. Ahora, esa expectativa se ha reducido hasta el 78%. Entre quienes han moderado el mensaje se encuentra el gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, que calificó las expectativas de inflación de "todavía estables" y consideró "tranquilizadora" la evolución de los salarios en la eurozona, dejando abierta la puerta a una actitud más prudente en la reunión del 11 de junio. Incluso Isabel Schnabel, una de las figuras tradicionalmente más partidarias de políticas monetarias restrictivas dentro del BCE, ha señalado recientemente que un endurecimiento adicional solo sería necesario si la crisis energética se agravara y se extendiera al resto de la economía. Por su parte, el vicepresidente saliente del BCE, Luis de Guindos, ha pedido cautela al advertir de que el impacto negativo sobre el crecimiento será "mucho más visible" en las próximas semanas. La economía de la eurozona apenas avanzó en el primer trimestre y el sector servicios ya muestra signos de deterioro. Una desaceleración más acusada podría contribuir a contener las presiones inflacionistas y reforzar los argumentos a favor de mantener los tipos sin cambios. En la misma línea, el gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras, ha reconocido que el riesgo de recesión es "real y justificado". Sin embargo, mantener los tipos de interés en niveles reducidos también tiene consecuencias relevantes. Con una tasa oficial situada en el 2% y con depósitos y cuentas remuneradas ofreciendo rendimientos aún menores, la inflación erosiona el ahorro de millones de europeos que mantienen su dinero en productos conservadores. Esta situación alimenta el temor a una nueva etapa de represión financiera, un entorno en el que los tipos reales permanecen en negativo y el poder adquisitivo de los ahorradores se deteriora progresivamente. Al mismo tiempo, unos tipos bajos benefician a los agentes más endeudados, especialmente a los gobiernos con elevados niveles de deuda pública. La inflación impulsa el crecimiento nominal del PIB mientras la deuda se mantiene estable en términos nominales, facilitando así una reducción relativa de la carga financiera de los Estados siempre que el BCE mantenga controlados los costes de financiación. Es en este contexto donde aparece el concepto de "dominancia fiscal", es decir, la presión que ejercen los gobiernos sobre los bancos centrales para evitar políticas monetarias demasiado restrictivas que compliquen la sostenibilidad de las cuentas públicas en un escenario de fuerte gasto y elevados déficits. Algunos analistas consideran que Europa y otras economías occidentales se acercan peligrosamente a esta dinámica. Marco Giordano, director de inversiones de Wellington Management, sostiene que tanto el BCE como el Banco de Inglaterra están mostrando una creciente disposición a tolerar temporalmente una inflación superior al objetivo para evitar un endurecimiento excesivo que perjudique al crecimiento y a la situación financiera de los hogares. Más crítico se muestra Anatole Kaletsky, de Gavekal Research, quien cuestiona la confianza absoluta en que los bancos centrales lograrán devolver la inflación al 2%. A su juicio, esa expectativa podría verse frustrada por la presión política para evitar recesiones y por la necesidad de proteger la solvencia de los gobiernos. Esta visión dibuja un posible círculo vicioso: los Estados aumentan el gasto público sin ingresos suficientes para financiarlo, los inversores comienzan a desconfiar de la sostenibilidad fiscal y exigen mayores rentabilidades para comprar deuda soberana. Ante el riesgo de crisis financieras o de deuda, los bancos centrales terminan interviniendo mediante tipos bajos o programas de compra de bonos. Medidas que alivian temporalmente la presión, pero que también pueden incentivar un mayor endeudamiento y dejar las economías más expuestas ante futuras turbulencias.

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(El Periódico, 15-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los huevos, el vacuno y el transporte urbano lideran las subidas del IPC de abril en el último año

El coste de la vida aumentó un 3,2% en abril en comparación con el mismo mes del año pasado y varios productos y servicios habituales registraron fuertes subidas de precio. Entre los incrementos más destacados figuran los huevos, la carne de vacuno, el transporte público urbano y los carburantes. También se encarecieron los gastos relacionados con la educación y el ocio, según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados por el INE. El grupo de transporte fue el que más contribuyó al aumento de la inflación interanual, con una subida superior a un punto hasta alcanzar el 6,5%, impulsado principalmente por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos particulares, frente a la caída registrada en el mismo periodo del año anterior. En términos interanuales, los productos y servicios que más aumentaron de precio entre abril de 2025 y abril de 2026 fueron los combustibles líquidos, con un alza del 51,7%; el gasóleo, un 28,2%; la joyería y los relojes, un 28%; la recogida de basuras, un 26,8%; el transporte combinado de pasajeros, un 26,6%; y las hortalizas frescas, un 23%. En cambio, algunos productos registraron descensos importantes. Las frutas tropicales se abarataron un 20,4%, el transporte aéreo internacional cayó un 18,9%, el butano y el propano bajaron un 16,4%, el gas natural un 9,6% y también descendieron los precios de los aceites vegetales. Entre los alimentos, los huevos volvieron a destacar por su encarecimiento, con una subida interanual del 14,7%, aunque el incremento es menor que el registrado a finales del año pasado, cuando llegó a superar el 31%. La carne de vacuno también mantuvo una fuerte tendencia alcista, con un aumento del 13,3%, mientras que el transporte público urbano se encareció un 12,4% respecto a abril de 2025. Otros productos que registraron importantes incrementos fueron las legumbres y hortalizas frescas, con una subida del 11,5%; la carne de ovino, un 9%; y el pescado fresco y congelado, un 8,7%. En cambio, otras variaciones fueron más moderadas: el agua mineral, los refrescos y los zumos aumentaron un 2%, y las bebidas alcohólicas un 1,1%. En el ámbito textil, la ropa apenas experimentó cambios significativos respecto al año anterior. El mayor aumento correspondió al calzado femenino y de niño, con subidas del 2,6% y 2,3%, respectivamente. El calzado masculino se encareció un 2,2% y la ropa de mujer un 2%. El transporte personal, especialmente el gasto en gasolina y lubricantes, también siguió al alza. Llenar el depósito del coche costaba en abril un 7,7% más que un año antes. El tabaco, por su parte, subió un 7,2%. Los gastos vinculados al ocio y al turismo también aumentaron. Salir a restaurantes, bares o establecimientos similares resultó un 3,9% más caro, mientras que las actividades recreativas y de entretenimiento subieron un 3%. En educación, los costes crecieron por encima de la inflación general. La enseñanza primaria se encareció un 3,7%, la secundaria un 3,5% y la universitaria un 1,4%. Además, otros servicios educativos, especialmente las actividades extraescolares y la enseñanza no reglada, aumentaron un 2,1%. En el lado contrario, el transporte público interurbano protagonizó la mayor caída de precios, con un descenso del 6,5%. También bajaron los aceites y grasas, un 5,4%; las frutas frescas, un 2,8%; el azúcar, un 2,5%; y las patatas y sus preparados, un 1,2%. Asimismo, se redujeron ligeramente los costes de calefacción, alumbrado y distribución de agua, así como los relacionados con electrodomésticos y sus reparaciones, todos ellos con caídas del 1%. También registraron descensos más moderados la carne de cerdo y los textiles y accesorios para el hogar, ambos con retrocesos del 0,3%.

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(Cinco Días, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La AIE advierte que las reservas de petróleo se reducen a un ritmo récord y prevé un pico de precios antes del verano

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado este martes su informe mensual sobre el mercado petrolero correspondiente a abril y el diagnóstico vuelve a ser extremadamente preocupante. La guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz provocaron entre marzo y abril una pérdida acumulada de suministro superior a los mil millones de barriles procedentes de los productores del Golfo, lo que equivale a unos 14 millones de barriles diarios, en un mercado mundial que ronda los 100 millones diarios de producción. Se trata de una crisis de abastecimiento sin precedentes recientes, aunque el mercado global está tratando de amortiguar el impacto mediante dos mecanismos: un aumento acelerado de la producción en otros países exportadores y una reducción del consumo derivada del fuerte encarecimiento del petróleo y sus derivados. El alza de precios está destruyendo demanda y obligando a consumidores y empresas a reducir su consumo energético, lo que ayuda parcialmente a contener el desequilibrio entre oferta y demanda. La situación refleja una adaptación forzada a un conflicto que se acerca ya a su tercer mes y que ha alterado profundamente las cadenas globales de suministro energético. A pesar del incremento de producción fuera del Golfo y de la moderación del consumo observados en abril, la AIE advierte de que el déficit de suministro persistirá al menos hasta el último trimestre del año, incluso bajo el supuesto de que los flujos energéticos comiencen a normalizarse progresivamente a partir del tercer trimestre. La agencia lanza además una advertencia inmediata sobre la evolución de los precios. Según el organismo, las reservas mundiales de petróleo se están reduciendo a un ritmo récord, por lo que es probable que la volatilidad del mercado aumente aún más antes del pico de demanda del verano. En otras palabras, si el estrecho de Ormuz continúa bloqueado durante las próximas semanas, el petróleo y los combustibles derivados podrían seguir encareciéndose. El informe señala que el suministro mundial de crudo cayó en abril otros 1,8 millones de barriles diarios, situándose en 95,1 millones. Desde febrero, la pérdida acumulada asciende ya a 12,8 millones de barriles diarios, debido principalmente al desplome de la producción y exportación en el Golfo Pérsico, parcialmente compensado por otros productores internacionales. La AIE calcula que, incluso suponiendo una recuperación gradual de los flujos desde junio, la producción media mundial de petróleo durante 2026 será 3,9 millones de barriles diarios inferior a la de 2025, hasta situarse en torno a los 102,2 millones de barriles diarios. Dentro de este escenario de escasez, el momento más delicado podría producirse en la segunda mitad del año si no se alcanza una rápida reapertura del estrecho de Ormuz. La agencia sostiene que el mercado seguirá soportando un fuerte déficit de oferta al menos hasta finales del tercer trimestre de 2026, incluso contemplando como escenario base un final relativamente próximo del conflicto. Otro de los elementos de preocupación es el rápido agotamiento de las reservas estratégicas, cuya liberación ha sido esencial para evitar problemas mayores de abastecimiento y contener la escalada del crudo. La AIE considera insuficiente tanto el esfuerzo de producción adicional realizado por países ajenos al Golfo como la reducción del consumo observada en numerosos mercados para compensar completamente el déficit generado por la guerra. Los datos muestran una caída muy significativa de las reservas globales de petróleo. En marzo descendieron en 129 millones de barriles y en abril en otros 117 millones. El desplome ha sido especialmente intenso en los países de la OCDE, donde las reservas cayeron en abril en 146 millones de barriles, mientras que en los países no pertenecientes a la organización la reducción fue mucho más moderada. En total, incluyendo el petróleo almacenado en buques, las existencias mundiales se redujeron en unos 250 millones de barriles entre marzo y abril. Ante esta situación, la AIE impulsó en marzo la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de su historia, con 400 millones de barriles. Hasta comienzos de mayo ya se habían liberado 164 millones y está previsto que otros 210 millones salgan al mercado antes de finales de julio. El informe también destaca la capacidad de algunos productores para reorganizar las rutas de exportación. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han conseguido redirigir parte de sus ventas hacia terminales situadas fuera del estrecho de Ormuz, mientras que otros países productores han incrementado notablemente su bombeo. Estados Unidos ha sido uno de los principales protagonistas de esta respuesta. La AIE ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de la oferta procedente de América para 2026 en más de 600.000 barriles diarios desde comienzos de año, hasta alcanzar un incremento medio de 1,5 millones diarios. También han aumentado significativamente sus exportaciones Brasil, Canadá, Kazajistán y Venezuela. El incremento de las exportaciones desde la cuenca atlántica hacia Asia, principalmente a través del canal de Suez, ha crecido en unos 3,5 millones de barriles diarios desde febrero, contribuyendo a reducir parcialmente el desequilibrio del mercado. Además del aumento de la producción, la AIE subraya que el ajuste de la demanda está siendo un factor clave para contener la escalada de precios. La agencia prevé ahora que la demanda mundial de petróleo se reduzca en 2,4 millones de barriles diarios interanuales durante el segundo trimestre de 2026 y cierre el conjunto del año con una caída media de 420.000 barriles diarios, una previsión mucho más débil que la estimada antes del conflicto. El encarecimiento de la energía, el deterioro económico global y las medidas de ahorro energético están afectando de forma creciente al consumo. El mayor retroceso se registrará precisamente durante este segundo trimestre, cuando la demanda podría disminuir en torno a 2,45 millones de barriles diarios. Por el momento, la destrucción de demanda se aprecia especialmente en sectores como el petroquímico, donde la escasez de materias primas empieza a ser muy acusada, y en la aviación. Según la AIE, la actividad aérea continúa muy por debajo de los niveles habituales, lo que ha ayudado a moderar parcialmente la presión sobre el precio del combustible para aviones, que llegó casi a triplicarse tras la interrupción de las exportaciones energéticas desde Oriente Próximo.

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(Cinco Días, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV refuerza el mensaje contra el uso de información privilegiada

La sanción impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores al exfutbolista Gerard Piqué y al empresario José Elías por operar en Bolsa con información privilegiada ha vuelto a situar en el centro del debate la transparencia en los mercados y la importancia de la educación financiera. Pocos días después de hacerse pública la resolución, Finanzas Para Todos -el programa impulsado por la CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Economía- ha difundido material divulgativo para explicar qué se entiende por información privilegiada, por qué está prohibida y cuáles son sus consecuencias para el mercado y los inversores. La plataforma recuerda que este tipo de información hace referencia a datos relevantes sobre una empresa o activo financiero que todavía no han sido comunicados públicamente y que, de conocerse, podrían alterar el precio de las acciones. Utilizar esos datos para comprar o vender títulos antes de que el resto de participantes tenga acceso a ellos vulnera el principio básico de igualdad informativa sobre el que se sustentan los mercados financieros. La publicación coincide con la repercusión generada por las multas impuestas por la CNMV a Piqué, sancionado con 200.000 euros, y a José Elías, castigado con 100.000 euros. Según el supervisor bursátil, Elías informó al exjugador de que Atrys Health mantenía conversaciones para lanzar una opa sobre Aspy Global Services. Tras conocer esa información, Piqué adquirió más de 104.000 acciones de Aspy por unos 240.000 euros. Dos días más tarde, la operación se comunicó oficialmente al mercado y los títulos se revalorizaron. Una semana después, el exfutbolista vendió las acciones obteniendo una plusvalía cercana al 22% y unas ganancias de alrededor de 50.000 euros. Desde Finanzas Para Todos recuerdan que la confianza es uno de los pilares esenciales del sistema financiero y que prácticas como el uso de información privilegiada generan ventajas injustas y dañan la igualdad entre inversores. La normativa no limita este tipo de infracciones únicamente a directivos o empleados de empresas cotizadas. También pueden verse implicados asesores, abogados, periodistas, familiares o cualquier persona que tenga acceso a información sensible y la utilice para beneficiarse económicamente, ya sea de forma directa o indirecta. La iniciativa educativa insiste además en la necesidad de diferenciar entre el análisis financiero legítimo y el uso ilegal de información reservada. Analizar balances, estudiar empresas o seguir la actualidad económica forma parte de la actividad habitual de cualquier inversor. Lo ilícito aparece cuando se emplea información relevante aún no pública para operar con ventaja sobre el resto del mercado. En los últimos años, la CNMV ha intensificado el control sobre posibles abusos de mercado, especialmente en operaciones corporativas y movimientos sospechosos previos a anuncios relevantes. Según los datos más recientes del organismo, durante 2025 se recibieron más de 200 alertas relacionadas con posibles operaciones irregulares comunicadas por entidades financieras y otros operadores obligados a informar. La legislación española prevé sanciones especialmente duras para este tipo de conductas. Además de multas elevadas, pueden imponerse inhabilitaciones e incluso penas de prisión en los casos más graves, especialmente cuando el beneficio económico obtenido o el daño causado al mercado alcanza una dimensión relevante.

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(Expansión, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Senado aprueba el nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Fed

Kevin Warsh ha sido confirmado oficialmente este jueves como nuevo presidente de la Reserva Federal después de lograr el apoyo mayoritario del Senado, último paso necesario para asumir la dirección del banco central de Estados Unidos a partir del próximo 15 de mayo. Un total de 54 senadores respaldaron su nombramiento al frente de la Fed, mientras que 45 votaron en contra de su designación. Warsh relevará en el cargo a Jerome Powell el 15 de mayo. No obstante, Powell continuará como gobernador de la institución durante un periodo todavía indefinido, aunque su mandato no podrá extenderse más allá de enero de 2028, fecha en la que concluye oficialmente su etapa dentro del organismo. El relevo añade más tensión al proceso de transición en la Reserva Federal. Powell ha advertido recientemente de que la presión ejercida por Donald Trump sobre el banco central pone en riesgo la independencia de la institución y ha dejado entrever que no abandonará definitivamente la Fed hasta que se aclaren todas las dudas en torno a la investigación penal promovida por el presidente estadounidense contra él. Aunque la causa judicial ha sido archivada, el procedimiento administrativo sigue abierto. La llegada de Warsh coincide además con un momento especialmente complejo para la economía estadounidense. Trump llevaba meses reclamando fuertes bajadas de tipos de interés para impulsar la actividad y reducir los costes de financiación, pero el conflicto con Irán ha modificado por completo el escenario económico. El encarecimiento de la energía ha reactivado las presiones inflacionistas y ha reducido considerablemente las opciones de que la Fed pueda recortar tipos en el corto plazo. De hecho, los inversores prácticamente descartan ya una bajada de tipos durante 2026 y empiezan incluso a valorar posibles incrementos en 2027 si la inflación vuelve a intensificarse. Aunque ningún dirigente de la Reserva Federal ha defendido públicamente nuevas subidas, varios miembros del organismo sí han reconocido que esa posibilidad ya no puede descartarse. Todo ello sitúa a Warsh en una posición delicada desde el inicio de su mandato. Durante su comparecencia ante el Senado, los demócratas intentaron retratarlo como un candidato alineado con las exigencias de Trump, algo que el exejecutivo de Wall Street negó en repetidas ocasiones. Sin embargo, las propias declaraciones del presidente estadounidense han limitado su margen de actuación, ya que Trump había asegurado públicamente que solo elegiría a un presidente de la Fed partidario de reducir los tipos de interés. Antes de asumir oficialmente el cargo, Warsh se ha comprometido a desprenderse de buena parte de los más de 130 millones de dólares en activos financieros que posee. Una vez completadas esas operaciones, tomará posesión formal de la presidencia de la Reserva Federal. Su candidatura ya había superado hace dos semanas un paso decisivo al recibir el visto bueno del comité bancario del Senado. Los 13 representantes republicanos apoyaron su nombramiento, mientras que los 11 demócratas votaron en contra. Desde entonces, ha ido superando el resto del proceso parlamentario, aunque sin alcanzar el amplio consenso político que tradicionalmente suele acompañar la elección del presidente de la Fed.

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(Expansión, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) alcanza un acuerdo con España y tendrá una oficina permanente

Paso histórico para el arbitraje español. La Corte Permanente de Arbitraje (CPA), considerada la institución arbitral en funcionamiento más antigua del mundo, prepara su desembarco en España. El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes la firma y aplicación provisional de un acuerdo entre el Estado español y la CPA que permitirá la apertura de una oficina permanente en Madrid, según ha podido saber EXPANSIÓN y ha confirmado la propia organización. La CPA, creada en 1899 y con sede en La Haya (Países Bajos), está considerada una de las entidades de arbitraje más reconocidas a nivel internacional. Su cuartel general se encuentra en el Palacio de la Paz, edificio emblemático de la ciudad neerlandesa que también alberga el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Además de su sede principal en La Haya, la institución dispone actualmente de oficinas en Buenos Aires, Hanói, Mauricio, Singapur y Viena con el objetivo de acercar sus servicios a distintas regiones del mundo. Ahora, la CPA ha elegido Madrid para ampliar su presencia internacional, facilitar el acceso a sus mecanismos de resolución de conflictos, reforzar el multilateralismo y potenciar el uso del español en el ámbito jurídico global. La apertura de estas delegaciones se articula mediante los llamados acuerdos de sede, a través de los cuales el país anfitrión y la CPA fijan el marco jurídico que permite desarrollar procedimientos arbitrales en ese territorio bajo determinadas garantías. Estos pactos aseguran, entre otras cuestiones, que árbitros, mediadores, conciliadores y personal de la institución puedan ejercer sus funciones en condiciones similares a las existentes en Países Bajos. Los acuerdos también regulan los privilegios e inmunidades reconocidos a los participantes en los procedimientos administrados por la CPA. Entre ellos figura la protección frente a acciones judiciales derivadas de manifestaciones orales o escritas realizadas durante los procesos arbitrales, siempre bajo ciertas condiciones. Como país anfitrión, España asumirá el compromiso de proporcionar las infraestructuras y servicios necesarios para la celebración de procedimientos gestionados por la institución, incluyendo salas para audiencias. El acuerdo prevé además la creación de una oficina estable de la CPA en territorio español, cuya ubicación concreta se definirá una vez concluyan las negociaciones con el Ejecutivo. La llegada de la Corte Permanente de Arbitraje culmina un proyecto impulsado desde hace años por el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA). La organización llevaba más de cinco años trabajando para atraer la institución a España y ha colaborado estrechamente con la Dirección General del Español en el Mundo, dirigida por Mónica Colomer de Selva e integrada en la Secretaría de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo.

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(Expansión, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El pago en comercios con Bizum arrancará finalmente el 1 de junio

Los bancos mantienen el 18 de mayo como fecha oficial para el inicio del despliegue de Bizum Pay, aunque el servicio no podrá utilizarse de forma generalizada hasta dos semanas más tarde. La razón es que la aplicación necesaria para operar estará disponible tanto en iOS como en Android a partir del 1 de junio, según indican fuentes financieras. La conocida plataforma de pagos impulsada por la banca permitirá así a sus cerca de 30 millones de usuarios pagar sus compras directamente desde el móvil en comercios y grandes superficies, un segmento donde se concentra el mayor volumen de negocio frente a las transferencias entre particulares. El funcionamiento será similar al de sistemas como Apple Pay o Google Pay. Los usuarios podrán realizar pagos contactless acercando el teléfono al terminal de cobro mediante tecnología NFC y sin necesidad de introducir PIN, manteniendo elevados estándares de seguridad. La primera fase del lanzamiento arrancará el 18 de mayo y solo incluirá a aquellas entidades que ya tienen adaptados sus sistemas tecnológicos, entre ellas CaixaBank, BBVA y varias cajas rurales. No obstante, para utilizar el servicio será necesario descargar la aplicación Bizum Pay, cuyo lanzamiento en las tiendas digitales de Apple y Google no llegará hasta el 1 de junio, según explican fuentes del sector. Hasta entonces, únicamente podrán operar los clientes de bancos que hayan integrado Bizum Pay directamente dentro de sus propias aplicaciones móviles. Para los comercios, el nuevo sistema presenta una ventaja importante: el cobro será inmediato, ya que el dinero pasará directamente de la cuenta bancaria del comprador a la del establecimiento mediante transferencia instantánea. Esto supone una diferencia relevante frente a Visa y Mastercard, donde la liquidación suele demorarse en función de las condiciones pactadas entre las entidades y los comercios. A diferencia de las transferencias entre particulares, el uso de Bizum Pay para pagos comerciales sí tendrá coste para los establecimientos. Los bancos cobrarán comisiones por este servicio, aunque fuentes próximas al proyecto aseguran que las tarifas serán inferiores a las aplicadas actualmente por Visa y Mastercard. El sector prevé que las grandes redes internacionales reaccionen reduciendo comisiones, especialmente a grandes clientes, para evitar perder cuota de mercado en un negocio que han dominado durante décadas. Cada entidad bancaria establecerá su propia estrategia comercial y sus precios. Las grandes cadenas de distribución, como Mercadona o El Corte Inglés, previsiblemente accederán a condiciones más ventajosas gracias a su capacidad de negociación, algo que ya sucede actualmente con los contratos de tarjetas tradicionales. Según datos del Banco de España, los pequeños comercios llegan a pagar comisiones entre tres y cuatro veces superiores a las de las grandes empresas por aceptar pagos con tarjeta. En algunos casos, estos costes alcanzan el 1% del importe de la compra. Si los establecimientos consideran competitivas las condiciones y el funcionamiento de Bizum Pay, el uso de tarjetas de crédito y débito podría reducirse de forma significativa. Aun así, parece difícil que los comercios abandonen por completo sistemas como Visa o Mastercard, especialmente en zonas turísticas donde los visitantes extranjeros continúan utilizando mayoritariamente tarjetas internacionales. Bizum Pay funcionará además como una cartera digital o wallet en la que podrán incorporarse entradas, tarjetas de fidelización y otros servicios adicionales. Otra de sus ventajas es que podrá procesar operaciones incluso cuando falle la conexión a Internet, un elemento diferencial respecto a las redes internacionales de tarjetas.

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(El Periódico, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se modera al 3,2% en abril por el abaratamiento de la factura de la luz y el gas

El Índice de Precios de Consumo (IPC) moderó su avance en abril y se situó en el 3,2% interanual, dos décimas menos que en marzo, gracias principalmente al descenso del precio de la electricidad, que compensó parcialmente el encarecimiento de los carburantes. Así lo ha confirmado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,4%. La inflación se desacelera así tras el fuerte repunte registrado en marzo, cuando el IPC llegó a subir más de un punto debido al encarecimiento de los combustibles provocado por el estallido del conflicto en Oriente Medio. Durante abril, la caída de los precios de la electricidad y del gas natural ayudó a contener la inflación. Ambas partidas registraron descensos interanuales del 4,3% y del 9,6%, respectivamente, lo que permitió amortiguar la presión alcista derivada del aumento del precio de los carburantes, todavía afectados por la tensión internacional ligada a la guerra en Irán. Por su parte, la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos por ser los componentes más volátiles- se redujo una décima, hasta el 2,8%. Mientras, el IPC armonizado (IPCA), utilizado como referencia para las comparaciones internacionales en la Unión Europea, aumentó una décima y alcanzó el 3,5%. El Gobierno calcula que las medidas incluidas en el Plan de Respuesta al conflicto bélico han contribuido a reducir la inflación de abril en casi un punto porcentual. En una valoración oficial del dato, el Ministerio de Economía atribuye la moderación del IPC principalmente al denominado "escudo renovable" y al paquete de medidas activado por el Ejecutivo para hacer frente al impacto energético de la guerra. El departamento dirigido por Carlos Cuerpo destaca que tanto la electricidad como el gas natural mantienen tasas interanuales negativas, lo que, según el Gobierno, demuestra la capacidad del sistema energético español para absorber perturbaciones externas gracias al desarrollo de las energías renovables y a la apuesta por la soberanía energética. Economía sostiene además que la transición energética está actuando como mecanismo de protección frente al impacto inflacionista derivado del conflicto internacional. Pese a ello, los carburantes continúan registrando fuertes incrementos debido a la persistencia de las tensiones en los mercados internacionales por la guerra en Irán. Según el Ejecutivo, sin las medidas de apoyo aprobadas, la inflación de los combustibles habría alcanzado el 28,9% en abril. El Gobierno asegura que las actuaciones adoptadas han permitido rebajar ese impacto en más de 16 puntos porcentuales. Dado que el incremento anual de los combustibles para vehículos particulares supera el umbral del 15% establecido en el Real Decreto-ley 7/2026, seguirán vigentes hasta el 30 de junio las medidas fiscales extraordinarias sobre carburantes. Entre ellas figuran los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA rebajado al 10% para gasolinas, gasóleos y biocarburantes, así como la devolución parcial del gasóleo profesional. En cambio, la caída de los precios de la electricidad y del gas permitirá iniciar desde el 1 de junio la retirada gradual de algunas medidas temporales relacionadas con el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicado a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña. No obstante, el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica continuará suspendido hasta el 30 de junio. El Ejecutivo mantiene además otras medidas de apoyo sectorial, entre ellas las ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico, que alcanzan el 42,5% para consumidores vulnerables y el 57,5% para los considerados vulnerables severos.

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