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(Cinco Días, 12-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las eléctricas fían al nuevo jefe de la CNMC un giro de los expedientes por el apagón

En junio de 2020, Cani Fernández comparecía ante el Congreso de los Diputados para defender su candidatura a la presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con una amplia trayectoria como abogada en Cuatrecasas y tras su paso por el equipo de Presidencia dirigido por Iván Redondo, Fernández insistió entonces en la necesidad de preservar la independencia del organismo y garantizar que sus decisiones estuvieran al margen de cualquier influencia política. Seis años después, cuando su mandato está a punto de concluir y el Gobierno se dispone a nombrar a su sucesor al frente de la CNMC, persiste la percepción de que nunca logró desprenderse completamente de la vinculación política que acompañó su nombramiento. Su cercanía con Nadia Calviño, entonces vicepresidenta económica y principal impulsora de su designación, marcó buena parte de la valoración de su etapa al frente del organismo regulador. En paralelo, las diferencias de enfoque con responsables del área energética, especialmente dentro del sector representado por la entonces vicepresidenta Teresa Ribera, añadieron complejidad a una gestión condicionada por importantes decisiones regulatorias. La salida de Fernández coincide además con una situación especialmente delicada para la CNMC, que deja abiertos numerosos expedientes relacionados con el apagón eléctrico y que afectan tanto a compañías energéticas como al operador de la red, Redeia. El desenlace de estos procedimientos dependerá en buena medida de las decisiones que adopte la nueva dirección del organismo. Según distintas fuentes conocedoras del proceso de sucesión, existen actualmente dos corrientes dentro del Gobierno que intentan influir en el nombramiento del próximo presidente. Por un lado, el Ministerio de Economía, encabezado por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, considera que le corresponde liderar la propuesta, ya que la CNMC depende orgánicamente de este departamento. De hecho, es el propio ministerio quien eleva el nombre del candidato al Consejo de Ministros y formaliza posteriormente el nombramiento mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si finalmente prevalece esta opción, muchos observadores consideran probable la elección de un técnico comercial y economista del Estado, siguiendo un modelo similar al que representó la propia Fernández: un perfil eminentemente técnico y con una menor exposición política. Sin embargo, dentro de otros sectores del Ejecutivo existe la convicción de que el nombramiento tiene una dimensión estratégica mucho mayor. A medida que se aproxima el final de la legislatura y con unas elecciones generales en el horizonte, algunos consideran fundamental asegurar una posición de influencia en organismos reguladores cuyos mandatos se extienden durante varios años. La CNMC desempeña un papel especialmente relevante por sus amplias competencias en materia de competencia, supervisión de mercados y regulación de sectores estratégicos como las telecomunicaciones, el transporte, el audiovisual o la energía. Desde esta perspectiva, determinados sectores defienden la conveniencia de optar por una figura con un perfil más político, considerando que una presidencia excesivamente técnica podría mostrar una mayor disposición a adaptarse a los cambios que pudiera introducir un futuro Gobierno. La elección tiene además importantes implicaciones para el sector energético. Uno de los primeros nombramientos que deberá realizar el nuevo presidente será el de la dirección del área de Energía, un puesto clave en la gestión de los expedientes relacionados con el apagón eléctrico. Esta persona será la encargada de decidir la continuidad de las investigaciones abiertas, supervisar su instrucción y, eventualmente, valorar la gravedad de los hechos analizados. Por ello, las compañías eléctricas siguen con especial atención el proceso de renovación. En el sector existe la percepción de que el nuevo responsable del área energética dispondrá de un margen considerable para orientar la tramitación de los expedientes durante los primeros meses de su mandato. Dentro del Gobierno, algunos observadores consideran que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, podría intentar influir en esta designación debido a la relevancia que tiene para la política energética. Mientras tanto, la actual directora del área, Rocío Prieto, prepara su salida hacia la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (Ariae), dejando vacante un puesto especialmente sensible. Las empresas son conscientes de la importancia de esta decisión. Las posibles sanciones derivadas de los expedientes abiertos dependerán, entre otros factores, de la calificación de las infracciones. La legislación distingue entre infracciones graves y muy graves, siendo estas últimas las que implican riesgos para la garantía del suministro eléctrico y conllevan consecuencias económicas mucho más severas. Algunas de las investigaciones más delicadas afectan a determinadas paradas de centrales nucleares. Las compañías implicadas consideran que cuentan con argumentos sólidos para defender su actuación, apoyándose en criterios técnicos admitidos por los organismos reguladores especializados. Por otro lado, sostienen que parte de las anomalías detectadas durante los últimos meses responden más a una revisión general del funcionamiento del sector que a una relación directa con los acontecimientos que provocaron el apagón. El calendario también juega un papel importante. Aunque la actual dirección de la CNMC se encuentra ya en una fase de transición y existe una percepción generalizada de cambio de ciclo dentro de la institución, el relevo no será inmediato. Tras la aprobación del candidato por el Consejo de Ministros, todavía deberán completarse los trámites parlamentarios necesarios antes de que el nuevo presidente pueda asumir oficialmente el cargo. Las negociaciones políticas para asegurar los apoyos necesarios también formarán parte del proceso. Diversas fuentes consideran que el Gobierno intentará cerrar cuanto antes la renovación de la CNMC para consolidar la composición de uno de los organismos reguladores más influyentes del país antes de un posible cambio de mayoría política. En este contexto, la sucesión al frente de la CNMC trasciende la mera sustitución de un presidente. Se trata de una decisión con importantes implicaciones regulatorias, económicas y políticas que influirá en la supervisión de sectores estratégicos y en la gestión de algunos de los asuntos más sensibles que actualmente tiene sobre la mesa el organismo.

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(Expansión, 12-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las comunidades ratifican el Plan Estatal de Vivienda y cobrarán 800 millones en julio

El nuevo Plan Estatal de Vivienda comenzará a desplegarse el próximo mes con una primera transferencia de 800 millones de euros a las comunidades autónomas. Esta cantidad representa cerca del 19% de los 4.200 millones que el Estado prevé destinar hasta 2030 para impulsar la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación residencial y las ayudas dirigidas a facilitar el acceso a una vivienda. La financiación del programa recibió este jueves el respaldo de las comunidades autónomas durante la Conferencia Sectorial de Vivienda. No obstante, algunas regiones, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, mantienen reservas sobre el modelo diseñado por el Ejecutivo y estudian posibles acciones legales ante el Tribunal Supremo, pese a haber dado inicialmente su aprobación. El plan contempla una inversión total de 7.000 millones de euros durante los próximos cinco años. De esta cantidad, las comunidades autónomas deberán aportar al menos 2.800 millones, equivalentes al 40% del presupuesto global, mientras que el Gobierno central asumirá el resto de la financiación. La estrategia se articula en torno a tres grandes líneas de actuación. La primera, que absorberá el 40% de los recursos disponibles, estará destinada a la promoción de viviendas de protección oficial. Además, las adjudicaciones incorporarán mecanismos de control para reforzar la transparencia y evitar posibles irregularidades en los procesos de contratación. Otro 30% de los fondos se dedicará a la rehabilitación del parque residencial existente. Estas ayudas estarán orientadas principalmente a mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los inmuebles. Según las estimaciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las actuaciones previstas permitirán reducir en torno a un 30% el consumo energético en unas 260.000 viviendas. El 30% restante se destinará a programas de apoyo directo para facilitar la compra o el alquiler de vivienda. Entre los beneficiarios se encuentran los jóvenes, las familias con mayores dificultades económicas y las mujeres víctimas de violencia de género. Por comunidades autónomas, Andalucía concentrará la mayor inversión prevista, con cerca de 1.200 millones de euros hasta 2030. Le seguirán la Comunidad de Madrid, con más de 1.100 millones, y Cataluña, que superará los 1.000 millones. En el extremo contrario figuran La Rioja, Baleares y Extremadura, que recibirán las menores dotaciones dentro del reparto territorial. La primera transferencia de 800 millones que el Ejecutivo realizará en julio seguirá esta misma distribución. Andalucía recibirá la mayor partida, con 136,8 millones de euros, mientras que La Rioja obtendrá algo más de 13 millones. A partir de ese momento, corresponderá a cada comunidad autónoma desarrollar sus propios programas dentro del marco establecido por el Plan Estatal de Vivienda. Para ello deberán garantizar, como mínimo, la aportación económica comprometida del 40%, aunque podrán elevar esa contribución si así lo consideran oportuno.

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(Expansión, 12-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La subida de tipos del BCE favorece al ahorro y presiona a los hipotecados

Las últimas ofertas de ahorro están afianzando rentabilidades cercanas al 3%, mientras que el coste de las nuevas hipotecas continúa aumentando. La decisión de elevar los tipos de interés en la eurozona hasta el 2,25% tiene consecuencias muy diferentes para los hogares españoles. Por un lado, supone una oportunidad para los ahorradores más conservadores, que buscan rentabilidad sin asumir riesgos a través de depósitos bancarios o cuentas remuneradas. En cambio, la situación es menos favorable para quienes tienen una hipoteca variable o están pensando en contratar un nuevo préstamo hipotecario, ya que el encarecimiento del dinero termina trasladándose al coste de la financiación. Aun así, gran parte de las entidades financieras ya habían incorporado esta subida a sus productos antes de que el Banco Central Europeo la hiciera oficial. Por ello, el impacto inmediato será limitado y dependerá en gran medida de cuántas nuevas alzas de tipos se produzcan durante los próximos meses. En el mercado de los depósitos, las rentabilidades han aumentado notablemente desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo. Actualmente, algunas entidades ofrecen rendimientos cercanos al 3% para depósitos a un año, mientras que los plazos más largos ya superan ese umbral. La reciente subida de tipos podría impulsar una revisión al alza de aquellos productos que todavía ofrecen remuneraciones inferiores a las más competitivas del mercado. De hecho, varias entidades ya han comenzado a actualizar sus ofertas para alinearlas con el nuevo nivel de tipos. Las cuentas remuneradas también han mejorado considerablemente sus condiciones. Además de ofrecer liquidez inmediata, han incrementado su rentabilidad gracias a la creciente competencia entre entidades. Algunas propuestas superan incluso la evolución prevista de los tipos de interés y del euríbor. Sin embargo, los bancos tradicionales reconocen que resulta complicado igualar las condiciones ofrecidas por determinados neobancos, cuyas remuneraciones se sitúan por encima de las referencias actuales del mercado. Por su parte, las Letras del Tesoro continúan siendo una alternativa atractiva para los ahorradores que buscan seguridad. Tras las últimas subastas, ofrecen rendimientos situados entre el 2,23% y el 2,54%, niveles que siguen captando el interés de las familias. Esta mayor demanda también está obligando a las entidades financieras a mejorar las condiciones de sus productos de ahorro para competir por la captación de liquidez. No obstante, el ritmo de incremento de las rentabilidades se ha moderado en las últimas semanas, ya que el mercado había descontado ampliamente la subida de tipos del BCE. En el ámbito hipotecario, los titulares de préstamos a tipo variable continúan viendo cómo sus cuotas mensuales aumentan. El euríbor se mantiene en niveles elevados y las revisiones anuales ya están generando incrementos significativos en las mensualidades. Como referencia, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1%, puede encarecerse en torno a 60 euros al mes tras la actualización correspondiente. Además, el coste de las nuevas hipotecas también está subiendo. Después de varios meses de relativa estabilidad, el tipo medio aplicado a los préstamos para la compra de vivienda alcanzó en abril el 2,80%, el nivel más alto desde comienzos de 2025. Los analistas consideran que esta tendencia alcista podría mantenerse durante los próximos meses, ante la posibilidad de nuevas subidas de tipos por parte del BCE. De hecho, los mercados ya contemplan que el siguiente movimiento podría producirse en septiembre.

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(La Vanguardia, 12-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE sube los tipos de interés por primera vez en tres años para frenar la inflación

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido elevar los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, situándolos en el 2,25%, una medida que coincide con las previsiones del mercado. Se trata de la primera subida desde hace casi tres años, cuando la institución consideró controlada la escalada inflacionista originada tras la invasión rusa de Ucrania. La entidad monetaria justifica esta decisión por el repunte de las presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Próximo. Según los últimos datos disponibles, la inflación en la zona euro ha alcanzado el 3,2%, el nivel más elevado registrado en los últimos dos años y medio. En el comunicado que acompaña la decisión, el BCE señala que el actual contexto geopolítico está generando nuevas tensiones sobre los precios, por lo que considera apropiado endurecer nuevamente la política monetaria. La institución sostiene que este incremento de los tipos resulta adecuado bajo los distintos escenarios que maneja sobre la evolución del conflicto y sus posibles efectos sobre la economía europea a medio plazo. Junto a la decisión sobre los tipos, el organismo ha revisado al alza sus previsiones de inflación. Para este año espera ahora una tasa media del 3%, frente al 2,6% que estimaba anteriormente. Asimismo, ha elevado su previsión para 2027 hasta el 2,3%, lo que refleja que el retorno estable al objetivo del 2% podría retrasarse más de lo previsto inicialmente. Al mismo tiempo, el BCE ha rebajado sus expectativas de crecimiento económico para la eurozona. Si hace apenas unos meses proyectaba una expansión del 0,9% para este año, ahora calcula que el avance será del 0,8%. También ha reducido ligeramente la previsión para 2027, que pasa del 1,3% al 1,2%. La institución atribuye este deterioro de las perspectivas económicas al impacto más intenso de la guerra sobre los mercados de materias primas, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y el deterioro de la confianza de consumidores y empresas. Las nuevas proyecciones del BCE se aproximan, además, a los escenarios más pesimistas que la propia entidad había elaborado al comienzo de la crisis en Oriente Próximo, reflejando una mayor preocupación por los efectos que el conflicto puede tener sobre la actividad económica y la estabilidad de precios en la zona euro. La autoridad monetaria vaticina un escenario base con una inflación del 3% en 2026, del 2,3% en 2027 y del 2% en 2028. La revisión al alza respecto a los cálculos realizados en la cumbre de marzo es de cuatro décimas para el año actual, y tres décimas para el próximo, aunque se reduce en una décima la inflación esperada en 2028. Tras escalar al 3% en abril, Lagarde ha anticipado que la inflación seguirá subiendo durante el verano y no regresará al objetivo del 2% hasta la segunda mitad del próximo año. Con su alza, el BCE se convierte en el primer gran banco central de entre las economías del G7 que acomete una subida de los tipos de interés por los efectos derivados de la guerra de Irán. El cierre del estrecho de Ormuz ha impactado de lleno en los precios de la energía y la autoridad monetaria europea teme que esa presión acabe calando de forma más amplia en la economía.

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(El Periódico, 12-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación cerró mayo estable en el 3,2% por las rebajas fiscales del Gobierno

La presión inflacionista en España sigue sin acelerar con fuerza, aunque los próximos meses podrían cambiar el panorama. Las medidas del Gobierno para contener los precios de la energía, especialmente mediante rebajas fiscales, han contribuido a estabilizar la inflación, que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) cerró mayo con un incremento interanual del 3,2%, el mismo ritmo que en abril. Sin embargo, esta aparente estabilidad podría ser temporal. Las bonificaciones fiscales sobre la electricidad y el gas natural dejaron de aplicarse el 1 de junio, lo que ya está empezando a reflejarse en el coste de la energía para hogares y empresas. A ello se suma que los descuentos sobre los carburantes finalizarán el 30 de junio, un factor que podría intensificar la presión sobre los precios durante el verano. Algunos analistas prevén que la inflación podría acercarse de nuevo al 4%, niveles que no se registraban desde hace más de tres años. En el mes de mayo, cuyos datos han sido confirmados por el INE tras el avance publicado a finales de mes, la estabilidad de los precios se explicó principalmente por la contención en electricidad, gas y alimentos, que compensó el encarecimiento de los carburantes. El último tramo de vigencia del plan del Ejecutivo para amortiguar el impacto de la guerra en Irán ha tenido un papel relevante en este comportamiento. Según estimaciones del Ministerio de Economía, sin estas medidas fiscales la inflación habría superado el 4% y el encarecimiento de los carburantes sería notablemente mayor. Dentro de la cesta de la compra, los alimentos y bebidas no alcohólicas moderaron su subida hasta el 2,2%, cuatro décimas menos que en abril, gracias a la evolución favorable de productos como frutas, hortalizas, legumbres y patatas. El Gobierno interpreta este dato como un alivio para los hogares, al evitarse de momento un traslado significativo del aumento de costes energéticos a los precios de los alimentos, algo que sí ocurrió en episodios inflacionistas anteriores. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se situó en el 3%, dos décimas por encima del mes anterior, lo que indica que las presiones de fondo sobre los precios siguen presentes. En conjunto, el escenario apunta a una inflación todavía contenida, pero vulnerable a un repunte en los próximos meses por el fin de las ayudas energéticas y la evolución del mercado de combustibles.

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(Cinco Días, 11-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca europea pacta reclamar a Bruselas avanzar en la unión del mercado sin mencionar el fondo de depósitos

La banca europea ha redoblado la presión sobre las instituciones comunitarias para que impulsen una profunda simplificación de la regulación financiera y culminen de una vez la unión bancaria. La ofensiva coincide con el debate abierto en Bruselas sobre cómo reforzar la competitividad de la economía europea y movilizar los recursos necesarios para financiar las grandes inversiones que afronta la Unión en ámbitos como la transición energética, la digitalización, la defensa o las infraestructuras. En este contexto, la Federación Bancaria Europea ha presentado un informe elaborado por la consultora Oliver Wyman en el que eleva hasta 1,4 billones de euros las necesidades anuales de financiación de la economía europea. La cifra supera ampliamente los 800.000 millones estimados anteriormente por el informe elaborado por Enrico Letta sobre el futuro del mercado único. Para cubrir ese déficit de financiación, el sector financiero considera imprescindible avanzar en dos frentes: una reducción de las cargas regulatorias y una mayor integración del mercado bancario europeo. Uno de los elementos centrales del debate vuelve a ser la unión bancaria, un proyecto iniciado tras la crisis financiera de 2008 que todavía permanece incompleto. Durante la última década, la Unión Europea ha puesto en marcha un supervisor bancario único bajo la responsabilidad del Banco Central Europeo y un mecanismo común para gestionar la resolución de entidades en dificultades. Sin embargo, sigue pendiente la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos. La ausencia de este tercer pilar ha sido uno de los principales obstáculos para la integración financiera europea. Países como Alemania y otras economías del norte han mostrado históricamente reticencias a compartir riesgos con los sistemas bancarios de los países del sur, argumentando que ello podría implicar la mutualización de problemas derivados de decisiones nacionales. Pese a estas resistencias, la cuestión ha vuelto a cobrar protagonismo en los últimos meses gracias al impulso de países como España, Italia y Francia. La Comisión Europea ha abierto consultas públicas sobre la materia y prepara un informe que podría servir de base para futuras propuestas legislativas. Los grandes bancos europeos consideran que completar la unión bancaria es una condición indispensable para favorecer las fusiones transfronterizas y permitir la aparición de entidades paneuropeas con mayor capacidad financiera y competitiva frente a los grandes grupos estadounidenses y asiáticos. Actualmente, el sistema financiero europeo continúa muy fragmentado, con predominio de grandes entidades nacionales pero sin bancos verdaderamente integrados a escala continental. Según Oliver Wyman, esta situación limita la eficiencia en la asignación de capital y liquidez dentro del mercado único y reduce la capacidad de financiación de proyectos estratégicos. El informe señala que las exigencias de mantener recursos propios y liquidez de forma separada en cada filial nacional, junto con las diferencias regulatorias y supervisoras entre países, dificultan los procesos de consolidación bancaria. Asimismo, destaca que las distintas medidas macroprudenciales aplicadas por cada Estado pueden generar diferencias relevantes en los requisitos de capital exigidos a las entidades. Más allá de la unión bancaria, el sector reclama una revisión general del marco regulatorio. Entre las propuestas figura una evaluación conjunta de todos los requisitos de capital impuestos a las entidades financieras, especialmente aquellos derivados de los procesos supervisores que se añaden a los mínimos establecidos por la normativa internacional. Los bancos también solicitan una revisión del papel del Banco Central Europeo como supervisor. Actualmente, su misión se centra en preservar la estabilidad financiera de la zona euro, pero el sector considera que debería incorporarse un segundo objetivo relacionado con el fortalecimiento de la competitividad de la banca europea. El informe de Oliver Wyman incluye además otras recomendaciones destinadas a mejorar la capacidad de financiación de la economía comunitaria. Entre ellas destacan la simplificación de determinadas exigencias prudenciales, la modernización del marco regulatorio, el desarrollo de una cuenta única de inversión para los ciudadanos europeos y una reforma del mercado de titulizaciones que facilite la movilización de capital hacia proyectos productivos. La creciente presión del sector financiero se produce en un momento especialmente sensible para la integración bancaria europea, marcado por operaciones corporativas transfronterizas de gran relevancia y por el renovado interés de Bruselas en reforzar la autonomía económica y financiera de la Unión. El debate sobre cómo equilibrar estabilidad, competencia e integración vuelve así al centro de la agenda económica europea.

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(Expansión, 10-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE afronta su primera subida de tipos de interés en casi tres años

El Banco Central Europeo (BCE) se dispone a reaccionar ante las consecuencias económicas derivadas de la guerra entre Irán y sus adversarios regionales, así como del cierre del estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el comercio mundial de petróleo y gas. El encarecimiento de la energía provocado por el conflicto ya está trasladándose a los precios en la zona euro, lo que ha llevado a la institución monetaria a preparar una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos, hasta situarlos en el 2,25%. La decisión supone un cambio de rumbo tras varios meses de cautela. Aunque el organismo presidido por Christine Lagarde optó por mantener sin cambios el precio del dinero en las reuniones de marzo y abril, argumentando que la política monetaria se encontraba en una posición adecuada, la prolongación del conflicto y sus efectos sobre la inflación han terminado por inclinar la balanza hacia una actuación más decidida. De confirmarse el movimiento, se trataría del primer incremento de los tipos de interés desde septiembre de 2023. Desde hace meses, distintos responsables del BCE venían preparando al mercado para esta posibilidad, ante el riesgo creciente de que el repunte de los costes energéticos termine consolidándose en la evolución general de los precios. Peter Kaimír, gobernador del Banco Nacional de Eslovaquia, considera que el endurecimiento de la política monetaria resulta inevitable y recuerda que este escenario ya figuraba entre las previsiones más probables desde comienzos de año. Según su análisis, la evolución de la crisis geopolítica ha confirmado los riesgos que ya se anticipaban. El respaldo a la subida dentro del Consejo de Gobierno del BCE es amplio. Aproximadamente siete de cada diez miembros del órgano de decisión se han mostrado favorables a incrementar los tipos en esta reunión, mientras que el resto ha evitado posicionarse con claridad. De hecho, una parte significativa de los consejeros ya defendía un ajuste al alza en el encuentro anterior, aunque finalmente prevaleció la opción de esperar más información. Incluso representantes tradicionalmente asociados a las posiciones más moderadas dentro del BCE han asumido la necesidad de actuar. Fabio Panetta, gobernador del Banco de Italia, ha señalado que las perspectivas económicas apuntan a la conveniencia de recalibrar la política monetaria para contener riesgos inflacionistas persistentes. Una opinión similar mantiene Yannis Stournaras, gobernador del Banco de Grecia, quien considera probable una subida de tipos para preservar la credibilidad de la institución y garantizar una respuesta coherente ante los cambios en la inflación. La principal preocupación del BCE no radica tanto en los datos actuales como en la posibilidad de que las expectativas de inflación se alejen de forma duradera del objetivo del 2%. La institución quiere evitar repetir los errores que, a su juicio, se cometieron durante el anterior episodio inflacionario, cuando reaccionó con retraso al aumento de los precios. Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y una de las voces más influyentes del sector más partidario de una política monetaria estricta, ha advertido de que el riesgo de que las expectativas de inflación se consoliden en niveles superiores a los deseados está aumentando. Más allá de la decisión inmediata, el interés de los mercados se centra ahora en las señales que pueda ofrecer Christine Lagarde sobre los próximos pasos. Aunque existe un consenso casi absoluto respecto a la subida de esta semana, no ocurre lo mismo sobre la conveniencia de nuevas alzas en los próximos meses. Gediminas Simkus, gobernador del Banco de Lituania, ha señalado recientemente que, tras este primer movimiento, será necesario analizar la evolución de los datos antes de decidir nuevos ajustes. No obstante, considera más probable que se produzca una segunda subida que la posibilidad de que los tipos permanezcan estables durante el resto del año, aunque evita pronunciarse sobre el calendario concreto. La experiencia histórica también pesa en el debate. La única referencia reciente comparable se remonta a 2011, cuando el entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, impulsó una subida de tipos que posteriormente fue revertida por su sucesor, Mario Draghi. Aquella decisión terminó siendo considerada por muchos economistas como un error de política monetaria. Aunque la mayoría de los responsables actuales del BCE rechaza que la situación presente sea equiparable, algunos analistas financieros han advertido del riesgo de repetir un movimiento excesivamente prematuro en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la desaceleración económica.

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(Expansión, 10-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión inmobiliaria se dispara un 50% y supera los 10.000 millones

España consolida su posición como uno de los destinos más atractivos para el capital que busca rentabilidad en el mercado inmobiliario. Impulsado por un crecimiento económico superior al promedio europeo, el aumento de la población y la buena evolución de los distintos tipos de activos, el sector ha alcanzado un nuevo récord de inversión. Durante los seis primeros meses del año se han superado los 10.000 millones de euros invertidos, un 50% más que en el mismo periodo de 2025. Entre los inversores más activos de 2026 destacan fondos canadienses como Brookfield, Hoopp y Omers, junto a gestoras, Socimis y compañías españolas como Azora, Criteria, Calena Partners o Atrea Real Estate, la nueva firma impulsada por Luis López de Herrera-Oria. A falta de concluir el semestre, la inversión en adquisición de inmuebles asciende a 10.052 millones de euros, por encima del anterior máximo registrado en 2022, cuando se alcanzaron 10.017 millones, según estimaciones preliminares de JLL. Esta cifra aún podría incrementarse al no incluir algunas operaciones recientes, como la compra por parte de Nuveen y King Street de la cartera de residencias Bravo en España por 330 millones de euros. Entre las mayores transacciones del semestre sobresale la adquisición por Brookfield de una cartera de 5.000 viviendas a Blackstone por 1.050 millones de euros. También destaca la entrada del fondo de pensiones sanitario canadiense Hoopp en el mercado residencial español mediante la compra de una cartera a Ares por 630 millones. Otras operaciones relevantes han sido la compra del edificio de oficinas Estel, en Barcelona, por Criteria por 385 millones; la adquisición por Azora de una cartera residencial de Patrizia por 350 millones; y la incorporación del centro comercial Islazul, en Madrid, a la cartera de Castellana Properties por 340 millones. Según Juan Manuel Pardo, responsable de Capital Markets de JLL en España, factores como el crecimiento demográfico, la existencia de nuevas oportunidades de liquidez en el mercado residencial y la estabilidad geopolítica relativa del país han reforzado el atractivo de España para los inversores, amortiguando parte de los riesgos asociados a la tensión internacional derivada del conflicto con Irán. El segmento residencial ha sido el principal motor de la inversión. Sumando vivienda en alquiler, residencias de estudiantes, centros para mayores y apartamentos flexibles, la inversión alcanzó 4.375 millones de euros en el primer semestre, casi cuatro veces más que un año antes. Solo en el mercado del alquiler se han cerrado ocho operaciones superiores a los 100 millones de euros, muchas de ellas vinculadas a la compra de grandes carteras de viviendas destinadas posteriormente a su venta individualizada. La inversión en oficinas también mantiene una trayectoria positiva. Entre enero y junio alcanzó los 1.792 millones de euros, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. Además de la operación del edificio Estel, sobresale la compra del complejo Los Cubos, en Madrid, por parte de Atrea Real Estate a Henderson Park por 91 millones de euros. En el ámbito comercial, la inversión en activos de retail sumó 1.675 millones de euros, un 11% más que hace un año. Los centros comerciales continúan siendo el activo preferido, concentrando más de la mitad de la inversión total del sector. Además de Islazul, Castellana Properties adquirió también el centro comercial Berceo, en Logroño, por 108 millones de euros. El mercado logístico conserva igualmente un elevado dinamismo. La inversión alcanzó los 779 millones de euros, un 21% más en términos interanuales, impulsada por operaciones como la compra de 13 activos logísticos por parte de Oxford Properties, Omers y AustralianSuper por 181 millones. Por el contrario, el sector hotelero muestra una cierta desaceleración. Se prevé que cierre el primer semestre con una inversión superior a los 1.400 millones de euros, lo que supondría una caída aproximada del 14% respecto al mismo periodo de 2025. A pesar de ello, los hoteles siguen representando alrededor del 14% de toda la inversión inmobiliaria realizada en España. Entre las operaciones hoteleras más destacadas figura la compra por Calena Partners de una cartera de tres establecimientos vacacionales en Mallorca y Gran Canaria, con cerca de 900 habitaciones, por unos 200 millones de euros. También sobresalen la adquisición del hotel Corso de Ibiza por Blasson, la compra por la familia Matutes del 75% de dos hoteles ibicencos a Azora y la venta del hotel Jumeirah Port Sóller, en Mallorca, a Dubai Holding.

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(El País, 10-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno lanza el programa Verano Joven con descuentos de hasta el 90% para viajes en autobús y tren

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una dotación de 130 millones de euros para una nueva edición del programa Verano Joven, una iniciativa que permitirá a los menores de 31 años acceder a importantes descuentos en trenes y autobuses durante los meses estivales. Desde su puesta en marcha, hace tres años, más de cuatro millones de jóvenes han utilizado estas ayudas para realizar más de 16 millones de desplazamientos con tarifas reducidas. En esta ocasión, las rebajas alcanzarán hasta el 90% del precio de algunos billetes. El Ministerio de Transportes enmarca esta medida dentro de las actuaciones destinadas a aliviar el impacto del encarecimiento del coste de la vida derivado de la crisis en Oriente Próximo. La plataforma para tramitar las inscripciones estará disponible en los próximos días. El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, es decir, a quienes hayan nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. Podrán beneficiarse tanto los ciudadanos españoles como los extranjeros con residencia legal en España. Los descuentos se aplicarán a billetes sencillos y de ida y vuelta para desplazamientos nacionales, así como a determinados títulos de Interrail para viajar por Europa. Las bonificaciones estarán vigentes para los viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Los mayores descuentos, del 90%, se reservan para los servicios de autobús regular de competencia estatal y para los trenes convencionales de media distancia y de ancho métrico. En el caso de los trenes Avant, la reducción será del 50%. Los servicios ferroviarios de larga distancia y alta velocidad operados por Renfe, Iryo y Ouigo también contarán con una rebaja del 50%, aunque limitada a un máximo de 30 euros por billete. Asimismo, se mantendrá el descuento del 50% en el pase Global Flexible de Interrail, válido para diez días de viaje durante un periodo de dos meses, siempre que se adquiera a través de Renfe. Para acceder a estas ventajas será necesario registrarse previamente en la página web habilitada por el Ministerio de Transportes. Los solicitantes deberán identificarse con su DNI o NIE y recibirán un código personal e intransferible que les permitirá adquirir los billetes bonificados directamente en las plataformas de los operadores de transporte. La iniciativa ha ido ganando usuarios con cada edición. En 2023 se beneficiaron del programa 1,13 millones de personas, cifra que aumentó a 1,4 millones en 2024 y a 1,55 millones en 2025. Del total de 16 millones de trayectos realizados con descuento desde su creación, cerca de dos tercios correspondieron al ferrocarril, con más de 10,2 millones de viajes, mientras que el autobús sumó alrededor de 5,8 millones. Además, se gestionaron unos 29.000 pases Interrail subvencionados. El sector del transporte por carretera ha respaldado de forma mayoritaria esta política de ayudas al considerar que facilita la incorporación de nuevos usuarios al transporte colectivo. En el ámbito ferroviario, Verano Joven también ha contribuido a moderar la intensa competencia de precios registrada en los últimos años, especialmente tras la llegada de nuevos operadores de alta velocidad que impulsaron tarifas muy reducidas para atraer viajeros.

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(Cinco Días, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda subió un 12,9% en el primer trimestre, el mayor ritmo desde comienzos de 2007

Seguir la evolución del mercado inmobiliario a través de los distintos indicadores estadísticos genera una sensación cada vez más familiar. La crisis de acceso a la vivienda continúa agravándose y los datos vuelven a reflejar una tendencia de encarecimiento sostenido que parece lejos de corregirse. La última referencia publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma esta dinámica: el precio de la vivienda aumentó un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del mismo ritmo de crecimiento registrado en el último trimestre de 2025 y del mayor incremento observado desde principios de 2007, cuando la subida alcanzó el 13,1%. La comparación con los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria resulta inevitable, aunque las circunstancias actuales son muy diferentes. En 2007, el mercado estaba impulsado por una abundante concesión de crédito, una intensa actividad constructora y una oferta creciente. En cambio, el actual aumento de los precios se produce en un contexto caracterizado por una producción insuficiente de viviendas, una demanda elevada alimentada por factores demográficos y laborales y unos tipos de interés que, aunque han permanecido relativamente contenidos, podrían comenzar una nueva fase de incrementos por parte del Banco Central Europeo. La coincidencia en la intensidad de las subidas pone de manifiesto la magnitud del problema actual, aunque las causas sean distintas a las de hace casi dos décadas y respondan a desequilibrios estructurales más que a un ciclo especulativo tradicional. El encarecimiento fue generalizado durante los primeros meses del año, si bien se observaron diferencias según el tipo de inmueble. La vivienda nueva moderó su crecimiento hasta el 9,1% interanual, mientras que el mercado de segunda mano concentró las mayores presiones, con un aumento del 13,5%, por encima de la media nacional. Estos resultados coinciden prácticamente con los datos publicados recientemente por el Ministerio de Vivienda sobre el valor medio del metro cuadrado. Entre enero y marzo de 2026, el precio medio alcanzó los 2.315,7 euros por metro cuadrado, un 13,9% más que un año antes, apenas un punto porcentual por encima del incremento registrado por el índice del INE. No obstante, ambas estadísticas responden a metodologías distintas. El indicador del Ministerio de Vivienda refleja el precio medio de las compraventas formalizadas y ofrece una referencia directa del importe pagado por los inmuebles, aunque puede verse influido por el tipo de viviendas que se venden en cada momento. Por su parte, el Índice de Precios de Vivienda del INE mide la evolución de los precios corrigiendo las diferencias de calidad entre los inmuebles, lo que permite comparar viviendas equivalentes y aislar el verdadero incremento del mercado. Desde el punto de vista territorial, las mayores subidas se registraron en Aragón y la Región de Murcia, donde los precios aumentaron un 15,6% en comparación con el primer trimestre del año anterior. Les siguieron Castilla y León y Ceuta, con incrementos del 14,9%. En el otro extremo se situaron Canarias, con una subida del 10,7%, así como Cataluña y Navarra, ambas con un aumento del 10,5%, y el País Vasco, con un 10,3%. Pese a presentar las menores variaciones, todas estas comunidades registraron igualmente crecimientos de dos dígitos. La principal conclusión que dejan los datos es que la presión sobre el mercado residencial se ha extendido de forma prácticamente uniforme por todo el territorio nacional. Las diferencias regionales persisten, pero el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en un fenómeno generalizado que afecta a todas las comunidades autónomas y continúa dificultando el acceso a la vivienda para una parte creciente de la población.

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