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(Cinco Días, 23-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El cierre de Ormuz llevaría el crudo a más de 100 dólares y castigaría las bolsas

El peor escenario que temen los analistas podría materializarse si Irán decide cerrar el estrecho de Ormuz como represalia por un ataque estadounidense a sus instalaciones nucleares. Esta ruta marítima es clave, ya que por ella transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, conectando a los grandes productores del Golfo Pérsico con las principales economías consumidoras tanto de Occidente como de Oriente. Si se confirma el cierre de este paso estratégico y se interrumpe el flujo petrolero, expertos de entidades como Goldman Sachs, Barclays y Société Générale estiman que el precio del barril Brent, actualmente en torno a los 80 dólares, podría superar los 100 dólares. Algunos analistas van más allá: Deutsche Bank prevé que el precio podría rebasar los 120 dólares. Este encarecimiento energético tendría un impacto inmediato en los mercados bursátiles, al reducir los márgenes de beneficio de muchas empresas (salvo las petroleras, que se beneficiarían de precios más altos). A su vez, una inflación al alza dificultaría que los bancos centrales recorten los tipos de interés como espera el mercado, lo que deterioraría aún más la valoración de las acciones. No es fácil prever con exactitud cómo afectará esto a las bolsas. Algunos comparan la coyuntura actual con la crisis de 1973, cuando el embargo petrolero tras la guerra del Yom Kippur provocó una caída del 17% en los mercados en pocas semanas. Aun así, no se ha llegado a ese extremo. Existe la posibilidad de que el conflicto entre Irán y la alianza entre Estados Unidos e Israel se modere. Incluso si se clausura el estrecho, los analistas creen que una mayor producción desde Arabia Saudí, Abu Dabi (a través de rutas alternativas, aunque más lentas) o Estados Unidos podría amortiguar parcialmente el impacto. En cualquier caso, el aumento de la tensión geopolítica provocará previsiblemente caídas en las bolsas el lunes, ya que los mercados tendrán que incorporar un escenario más incierto. Algunos expertos calculan que el temor a un cierre del estrecho de Ormuz podría provocar un retroceso del 5%. Históricamente, salvo el caso de 1973, las bolsas suelen recuperarse con relativa rapidez tras estos episodios en Oriente Medio. Aniket Shah, analista de Jefferies, ha advertido este domingo en una nota para inversores que "los precios altos del petróleo amenazan con frenar la tendencia desinflacionaria reciente y dificultan los planes de la Reserva Federal para reducir los tipos de interés". En cuanto al Ibex, los analistas de Citi consideran que la bolsa española, junto con la alemana, es de las más expuestas de Europa a este tipo de noticias, debido al coste de las importaciones y al efecto adverso sobre sectores cíclicos como el energético. En cambio, apuestan por la bolsa británica como una de las más resistentes en este contexto, gracias a su fuerte presencia de compañías petroleras, mineras y farmacéuticas en el índice.

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(Expansión, 23-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez anuncia un pacto con la OTAN que exime a España de gastar un 5% del PIB en Defensa

España cumplirá con los compromisos estratégicos establecidos por la OTAN, pero podrá hacerlo destinando solo el 2,1% de su PIB a defensa, según explicó este domingo el presidente Pedro Sánchez. Esta medida permitirá al país evitar un incremento del gasto militar de unos 350.000 millones de euros hasta 2035. "El Gobierno de España ha cerrado un acuerdo muy favorable con la OTAN que nos permite cumplir con nuestros compromisos dentro de la Alianza y mantener su unidad, sin necesidad de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB", declaró Sánchez en una intervención urgente desde el Palacio de La Moncloa. Uno de los principales puntos de debate para la cumbre de la OTAN que se celebrará esta semana en La Haya era precisamente que cada país elevara su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. España, sin embargo, mostró su desacuerdo públicamente el pasado jueves, anticipando que no apoyaría una decisión que requería consenso. Como fruto de las negociaciones más recientes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha enviado una carta a Sánchez en la que confirma que se concederá a España cierta flexibilidad en el nivel de gasto, siempre que cumpla con las metas estratégicas en términos de personal, medios e infraestructuras que aporte a la Alianza. "España deberá destinar en torno al 2,1% de su PIB a defensa para cumplir con todo lo que la OTAN nos ha solicitado", explicó el presidente, remarcando que será "el 2,1%, ni más ni menos". Sánchez recordó que desde su llegada al Gobierno en 2018, el gasto militar se ha incrementado progresivamente, pasando del 0,9% del PIB en ese año al 2% en 2024, gracias al plan de modernización acelerado para alcanzar una meta inicialmente fijada para 2029, presionado por el contexto internacional y los socios aliados. Aun así, ha insistido en que comprometerse con un gasto del 5% no es razonable para España, calificándolo de "desmesurado e innecesario". Según sus cálculos, alcanzar ese umbral significaría multiplicar por más de dos el presupuesto anual para defensa, pasando de unos 33.000 millones a 80.000 millones de euros. En total, ese aumento representaría un gasto acumulado de 350.000 millones de euros adicionales hasta 2035. Sánchez ilustró lo que supondría ese esfuerzo económico: equivaldría a subir los impuestos 3.000 euros por trabajador, eliminar las prestaciones por desempleo, maternidad y enfermedad, recortar un 40% las pensiones o reducir a la mitad la inversión pública en educación desde la etapa infantil hasta la universidad. "Como nación soberana, decidimos no seguir ese camino", afirmó el presidente, señalando que España ha optado por buscar un equilibrio entre el refuerzo de la seguridad y defensa, y la atención a los retos sociales, económicos y medioambientales que enfrenta tanto el país como el mundo. Anticipándose a las críticas, Sánchez dijo que España continúa plenamente integrada en el consenso de la OTAN y protegida por su artículo 5, que establece que un ataque contra un miembro será considerado una agresión contra toda la Alianza. Además, recalcó que el acuerdo alcanzado permite desbloquear la negociación de cara a la próxima cumbre en La Haya.

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(Expansión, 23-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda de playa se dispara un 12%

El precio de las segundas residencias está aumentando debido al auge de la demanda, tanto por parte de compradores nacionales como internacionales que buscan un uso turístico personal, así como por parte de inversores. Este fenómeno se ve agravado por la escasez de nuevas promociones inmobiliarias en muchas zonas costeras. El mercado inmobiliario atraviesa un periodo de gran dinamismo, impulsado por el crecimiento de la población, la bajada de los tipos de interés y la limitada oferta de vivienda nueva. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y abril de este año las compraventas aumentaron un 15,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la tasadora Tinsa by Accumin señala que los precios subieron un 7,7% en el primer trimestre frente al mismo periodo de 2024. Sin embargo, ciertos segmentos, como los apartamentos en las zonas de costa o los inmuebles ubicados en grandes ciudades, han experimentado incrementos superiores a la media. En particular, el valor de las segundas residencias en la playa se disparó un 12,1% interanual, debido a la presión de inversores, compradores internacionales y la falta de suelo para nuevas construcciones. Como resultado, muchas promociones se están centrando en un público con mayor capacidad adquisitiva. Según el informe Vivienda en la costa 2025 de Tinsa by Accumin, el precio medio de estas viviendas vacacionales en primera línea de playa alcanzó los 2.970 euros por metro cuadrado en el primer trimestre. Este crecimiento no ha sido uniforme: zonas como la Costa del Sol (Málaga), Ibiza, Formentera, Menorca, las Rías Baixas, Tenerife y Alicante lideran los aumentos. En contraste, localidades como Algeciras, Roquetas de Mar, La Gomera o A Coruña han registrado subidas más moderadas. En detalle, los mayores incrementos de precios se produjeron en la Costa del Sol malagueña: tanto entre Marbella y Manilva como entre Torremolinos y Mijas, con un 14,7% de subida. Le siguen Ibiza y Formentera (14,5%), la comarca de la Axarquía (12,6%), las rías gallegas de Vigo y Pontevedra (11,7%), la Costa Blanca entre Calpe y Villajoyosa (11,5%), Tenerife (10,7%), Menorca (10,3%), la franja costera entre Dénia y Benissa (10,1%) y la zona de Níjar a Aguadulce en Almería (10%). No obstante, cabe señalar que Tinsa no separa los datos entre viviendas de uso habitual y segundas residencias, por lo que el encarecimiento específico de estas últimas podría ser aún mayor. Por otro lado, aunque más contenidas, también se han registrado subidas de precios en otras áreas costeras, como Algeciras (1,3%), la costa almeriense entre Roquetas del Mar y Adra (2,3%), La Gomera (2,5%), pequeños municipios costeros de A Coruña (2,8%), Mazagón e Islantilla en Huelva (3,9%) y Gran Canaria (4%). El mapa resultante refleja un mercado con opciones para distintos perfiles económicos. En el extremo superior, Ibiza encabeza el ranking con un precio medio de 8.000 euros por metro cuadrado para segundas residencias (aunque si se considera el conjunto del mercado, el valor baja a 4.453 euros). Le siguen Mallorca (7.500 euros), Menorca (4.500), la Costa Brava gerundense (4.350) y Lanzarote (4.250). Por el contrario, en algunas zonas de Tarragona, Lugo, Murcia, Pontevedra o Cantabria, es posible adquirir una vivienda por entre 1.000 y 1.600 euros el metro cuadrado. El encarecimiento se debe, principalmente, a la fuerte demanda turística, tanto nacional como extranjera. En los primeros cuatro meses del año, la llegada de turistas internacionales creció un 7,1%, superando en un 19,9% los niveles anteriores a la pandemia. Este repunte ha hecho subir los precios tanto en hoteles como en alojamientos vacacionales, lo que a su vez ha impulsado el interés por adquirir segundas residencias en la costa, bien para evitar el coste creciente del hospedaje, bien para alquilarlas a terceros. Esta última opción está ganando terreno con una tendencia hacia la profesionalización del alquiler turístico. Aunque algunas regiones y ayuntamientos han optado por limitar esta práctica, otros -como en Canarias- la fomentan, obligando incluso a alquilar determinadas viviendas en zonas declaradas de uso turístico.

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(Expansión, 23-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública cae en abril hasta los 1,663 billones, el 102,7% del PIB

La deuda del conjunto de las administraciones públicas cayó hasta los 1.663.155 millones de euros a cierre de abril, equivalentes al 102,7% del PIB, lo que supone 2,5 puntos porcentuales menos respecto al mismo periodo del año anterior (105,2%) y 0,8 puntos menos respecto a marzo (103,5%). La ratio deuda/PIB está 21,4 puntos porcentuales por debajo del máximo registrado en marzo de 2021 (124,2% del PIB), según los datos publicados hoy por el Banco de España. En términos absolutos, el saldo de la deuda se redujo en 4.345 millones respecto a marzo, pero aumentó en 57.012 millones respecto a abril de 2024. La administración central acumula el grueso de la deuda pública, con 1.514.079 millones, 4.254 millones menos respecto al mes anterior. Las comunidades autónomas aumentaron su endeudamiento en 302 millones, hasta un total de 338.453 millones; y las corporaciones locales incrementaron el suyo en 156 millones, hasta 23.000 millones. Las administraciones de la Seguridad Social mantuvieron su deuda sin cambios respecto a marzo en 126.174 millones. La mayor parte de la deuda pública española se encontraba en abril en en valores a largo plazo (1.417.069 millones), y el resto se repartía en préstamos (165.152 millones), valores a corto plazo (75.543 millones) y efectivo y depósitos (5.391 millones). El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió ayer a los países de la eurozona con espacio fiscal "limitado" y elevada deuda, entre los que se encuentra España, a adoptar "ajustes significativos" en sus presupuestos, al tiempo que afrontan "presiones de gasto" asociadas a los compromisos en seguridad y defensa y al envejecimiento de la población. "Para los países con deuda alta y espacio fiscal limitado son necesarios ajustes fiscales significativos para mitigar riesgos, mientras que los países con espacio fiscal pueden postergar el ajuste fiscal", señaló el organismo global en su informe sobre el estado de la economía de la zona euro, presentado a los ministros de Finanzas de la moneda común durante su reunión en Luxemburgo, informa Efe. En el texto, el FMI subraya "garantizar una consolidación fiscal ordenada y favorable al crecimiento para abordar los riesgos específicos de cada país que es vital para preservar la sostenibilidad fiscal y gestionar las presiones de gasto asociadas con el envejecimiento (de la población) y el mayor gasto en seguridad". En cifras, recomienda a todos los países del euro, excepto a Alemania, conseguir un superávit estructural primario del 1,4% del PIB en 2030, lo que exige "una reducción acumulada adicional del déficit de cerca de dos puntos porcentuales durante el periodo 2024-2030 en comparación con el escenario base". No obstante, el FMI reconoce que la "necesaria" consolidación fiscal obliga a hacer elecciones "complejas" porque, "al mismo tiempo, Europa se enfrenta a presiones crecientes de gasto que están cristalizando más rápido de lo previsto".

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(Cinco Días, 20.06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Competencia actualiza ahora la norma para evitar apagones tras años en el cajón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha comunicado este jueves que ya ha actualizado la normativa relacionada con el control de tensiones eléctricas, una medida que, según expertos del sector, podría haber evitado el apagón masivo del 28 de julio si se hubiera implementado antes. Este anuncio llega después de que tanto el Gobierno como Red Eléctrica presentaran sus respectivos informes sobre el suceso. "El pasado 12 de junio, la CNMC aprobó una actualización de las normas técnicas -los denominados procedimientos de operación- que regulan los servicios de ajuste del sistema eléctrico. El objetivo es modernizar el servicio de control de tensión y establecer un marco retributivo que incentive su utilización", detalla el organismo regulador en un comunicado oficial. Red Eléctrica ya había solicitado esta revisión normativa en 2021, alertando sobre la creciente integración de energías renovables en el sistema eléctrico, mientras que la normativa anterior estaba en vigor desde el año 2000. Según explica la CNMC, tanto los generadores síncronos (como las centrales térmicas e hidroeléctricas) como los asíncronos (solar o eólica) tienen desde hace años ciertas obligaciones de control de tensión -desde el año 2000 en el caso de los primeros y desde 2014 en el caso de los segundos-. La nueva revisión detalla ahora el funcionamiento de este servicio, esencial para mantener la estabilidad del sistema eléctrico. Tradicionalmente, eran las plantas de generación síncrona las responsables de prestar este servicio, mientras que la generación renovable y los consumidores solo debían mantener sus niveles de energía reactiva dentro de ciertos márgenes. Con los nuevos cambios, el servicio de control de tensión gana en flexibilidad e incorpora incentivos para que todas las tecnologías, incluidas las renovables y la demanda, contribuyan más activamente a esta tarea. Además, se crean mercados locales para contratar capacidad adicional, con el objetivo de mejorar la eficiencia general del sistema. La CNMC señala que el diseño del servicio se basó en una propuesta presentada por el operador del sistema en junio de 2021. Ya en una resolución de septiembre de 2022, el organismo había identificado varias preocupaciones sobre el modelo propuesto y sobre su adaptación técnica. El comunicado también destaca los esfuerzos de Red Eléctrica por integrar mecanismos de control de tensión desde el lado de la demanda, los cuales, según la CNMC, están demostrando ser eficaces. Como ya se había informado en mayo, el incremento de energías renovables en el mix energético, junto con el cierre de centrales tradicionales como las de carbón, ha contribuido a un mayor descontrol de las tensiones eléctricas. Este desequilibrio fue uno de los factores clave del apagón del 28 de abril. Con la actualización del protocolo, se busca reducir la dependencia de centrales convencionales como las de gas, nucleares o hidráulicas, cuya activación está encareciendo el coste de la electricidad para los consumidores. Algunas comercializadoras ya han advertido subidas del 7% en las facturas por el uso intensivo de estas instalaciones. Pese a ello, Red Eléctrica afirmó que, si las centrales convencionales y ciertas plantas de generación hubieran operado de forma correcta siguiendo los procedimientos actuales, el apagón podría haberse evitado. Esta declaración ha generado la respuesta inmediata de las empresas energéticas, que niegan cualquier fallo en su actuación. Mientras tanto, el Gobierno ha atribuido responsabilidades tanto a Red Eléctrica, por falta de planificación, como a las compañías eléctricas, por una gestión deficiente de sus infraestructuras.

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(El País, 20-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal Supremo avala la demanda colectiva contra la banca por las cláusulas suelo

El Tribunal Supremo ha dado su respaldo a la demanda colectiva interpuesta por la asociación de consumidores Adicae contra un centenar de entidades bancarias, en representación de 820 personas afectadas por la aplicación de cláusulas suelo. Esta demanda ya había sido validada previamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque varias entidades financieras decidieron recurrirla. Fue en julio de 2024 cuando el TJUE respaldó la iniciativa legal impulsada por Adicae, que se presentó en 2010. Tras esta decisión, las entidades condenadas presentaron recursos extraordinarios por motivos procesales y de casación. Ahora, el Tribunal Supremo ha rechazado dichos recursos en una sentencia emitida el pasado 16 de junio, según ha informado la agencia EFE. En su resolución, el Supremo explica que, una vez aceptado que puede evaluarse la transparencia de una cláusula en una acción colectiva, la cuestión que se planteaba era si esa demanda podía dirigirse contra un gran número de entidades financieras, teniendo en cuenta que las cláusulas suelo no eran completamente idénticas, que estuvieron vigentes durante muchos años y que fueron afectadas por distintas modificaciones normativas. A este respecto, la Sala considera que es perfectamente válido presentar una acción colectiva de cesación frente a varias entidades, incluso cuando las condiciones generales no sean iguales, siempre que tengan similitudes sustanciales. Tras revisar las cláusulas aplicadas por las distintas entidades, el Tribunal concluye que presentan una similitud suficiente en su formulación y contenido como para ser impugnadas conjuntamente en una única acción colectiva. El Supremo recuerda también que su doctrina establece que la falta de transparencia en una cláusula suelo genera un "desequilibrio importante en perjuicio del consumidor", lo que la convierte en abusiva por ser contraria al principio de buena fe. Además, los jueces han tratado de determinar en qué momento los consumidores pudieron entender claramente los efectos reales de estas cláusulas. Según indican, este periodo podría abarcar desde la bajada de los tipos de interés a principios de los 2000, especialmente entre 2007 y 2008, y como mínimo hasta la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013. Dado que la demanda de Adicae fue interpuesta en 2010, el tribunal considera irrelevante cualquier cambio posterior en la percepción del consumidor medio respecto a los efectos de estas cláusulas. Por su parte, el TJUE ya había dictaminado que la normativa europea sobre cláusulas abusivas no impide que se lleve a cabo un control judicial de transparencia en el contexto de una acción colectiva, siempre que esta se dirija a empresas del mismo sector económico que utilicen cláusulas contractuales iguales o similares. Coincidiendo con la publicación de esta sentencia, el Tribunal Supremo ha hecho públicas también otras dos resoluciones, fechadas el 11 de junio, en las que analiza comisiones de apertura incluidas en escrituras notariales de préstamos hipotecarios. En esos casos, el alto tribunal considera que las cláusulas eran transparentes y no abusivas.

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(El Confidencial, 20-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La OCDE señala a España por no haber tenido nunca un plan contra la corrupción

Diversos casos de corrupción han salpicado a casi todos los gobiernos democráticos en España, sin que ninguno haya implementado un plan integral de prevención como recomienda la OCDE. Según el informe de este año del Panorama de las Administraciones, España figura entre los pocos países -junto con Islandia, Irlanda, Noruega y Canadá- que no cuentan ni han contado con un plan activo para identificar riesgos y auditar de forma global el sector público. Esto incluye no solo a las administraciones ejecutivas y legislativas, sino también al poder judicial, sus funcionarios, empresas públicas y entidades subcontratadas. En el caso de Canadá, sin embargo, sí existen programas regionales debido a su estructura federal. En contraste, naciones como Alemania (desde 2004), Japón (desde 2006) o Australia (desde 2013) disponen de estrategias anticorrupción consolidadas por ley y sin una fecha de caducidad. Un tercer grupo de países, el más numeroso, ha puesto en marcha planes de forma temporal. En total, 12 de los 38 países analizados por la OCDE no disponen actualmente de un plan de este tipo. El estudio se basa en encuestas realizadas a altos cargos de las administraciones públicas nacionales. En el caso de España, estos funcionarios reconocen que no se ha implementado la recomendación de la OCDE, a pesar de que se asumió el compromiso de hacerlo. El informe subraya la necesidad de aprobar leyes específicas que actúen sobre el conjunto del sector público para prevenir prácticas poco éticas por parte de cargos electos y funcionarios, que puedan desembocar en el desvío o uso indebido de fondos públicos. Este informe se publica en un contexto delicado para la imagen de España en el exterior, debido a las recientes derivaciones del Caso Koldo, que apuntan a posibles comisiones ilegales recibidas por figuras relevantes del PSOE como el exministro José Luis Ábalos y el actual secretario de organización, Santos Cerdán. Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado medidas concretas contra la corrupción en el sector público, salvo una auditoría interna del partido anunciada por Pedro Sánchez. "La adopción de una estrategia de integridad y lucha contra la corrupción puede ser una muestra de voluntad política, pero sólo aquellas que cuentan con la aprobación del Consejo de Ministros o su equivalente pueden considerarse como compromisos gubernamentales integrales capaces de generar un respaldo político amplio", indica la OCDE. El organismo internacional reconoce la existencia en España de instituciones con funciones específicas para reducir el riesgo de corrupción -como la Oficina de Conflictos de Intereses, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Transparencia, la IGAE o el Tribunal de Cuentas-, pero critica la ausencia de una entidad central con una visión completa y con capacidad de evaluar el impacto real de las medidas adoptadas. El informe también aclara que la existencia de planes anticorrupción no garantiza su eficacia, ya que es solo el primer paso. En promedio, los países con planes en vigor sólo han ejecutado un 50% de las medidas previstas en 2024. En cambio, países como Estonia y Chile sobresalen por haber alcanzado niveles de cumplimiento superiores al 80%. Entre los factores que dificultan la aplicación efectiva de estas estrategias figuran la escasez de recursos, la pérdida de apoyo político o las deficiencias en las estructuras encargadas de ejecutarlas. Además de evaluar los planes, la OCDE también analiza qué mecanismos tiene cada país para gestionar los riesgos de corrupción y realizar auditorías internas, basándose en sus indicadores de "integridad pública". En términos normativos, España aparece bien posicionada, con una cobertura del 100% en gestión del riesgo y del 78% en auditoría interna. Sin embargo, cuando se mide el grado real de cumplimiento, las cifras caen drásticamente: sólo un 37% en la aplicación de la gestión del riesgo y un 33% en auditorías, lo que refleja una fuerte brecha entre la regulación existente y su puesta en práctica. Esta tendencia es común a otros países de la OCDE. Pese a los retrasos en materia anticorrupción, la confianza de la ciudadanía española en las instituciones no está entre las más bajas, aunque la encuesta en la que se basa el informe data de 2023. Un patrón compartido entre todos los países es que la desconfianza se concentra más en los representantes políticos que en los funcionarios públicos. Según el informe, un 41% de los españoles considera probable que un alto cargo político acabe ocupando un puesto bien remunerado en una empresa privada a cambio de favores pasados, lo que se conoce como "puertas giratorias". Por el contrario, un 38% cree que es poco probable. En el caso de los funcionarios, el 37% de los encuestados considera que podrían aceptar sobornos, mientras que un 39% opina lo contrario.

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(Cinco Días, 19-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Reserva Federal redefine su hoja de ruta sin cambios en los tipos y sin ceder a las presiones de Trump

Ni los dos puntos porcentuales que exigía Donald Trump, ni uno, ni siquiera una fracción. Tal como se preveía, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió este miércoles mantener sin cambios los tipos de interés, situados entre el 4,25% y el 4,5%, a pesar de la presión constante ejercida por el presidente estadounidense, quien ha demostrado poco respeto por la autonomía del banco central. Además, el organismo actualizó sus previsiones económicas para el país, anticipando un crecimiento más moderado, una inflación más elevada y una reducción de los tipos de solo medio punto porcentual antes de que termine el año, probablemente repartido en dos bajadas de 0,25 puntos, aunque este detalle no fue especificado. Jerome Powell, presidente de la Fed, subrayó la incertidumbre provocada por los aranceles -especialmente en relación con la inflación-, la fortaleza de la economía y la disposición del banco central a esperar antes de modificar el coste del dinero. Sus palabras han enfriado las expectativas en Wall Street, donde los inversores veían cada vez más lejanos los recortes de tipos. Coincidiendo con la reunión del comité, Trump volvió a cargar públicamente contra Powell. Durante un acto en la Casa Blanca para colocar dos nuevas banderas, el presidente lo descalificó: "Tenemos a alguien francamente estúpido en la Reserva Federal, que probablemente no recortará los tipos. No sé si es un político, pero no es una persona lista. Está costándole al país una fortuna. Se va en unos nueve meses, afortunadamente será reemplazado", afirmó. Trump incluso bromeó con la idea de asumir él mismo el cargo: "¿Puedo nombrarme a mí mismo? Lo haría mucho mejor que esta gente. Deberíamos haber bajado dos puntos los tipos, o incluso dos y medio". Con esta actitud, el presidente volvió a recordar a figuras como el venezolano Hugo Chávez, que también intentaron influir en la política monetaria de sus respectivos países, con consecuencias desastrosas para sus economías. Powell, por su parte, evitó nuevamente responder a los ataques del presidente. En la rueda de prensa posterior a la reunión, reafirmó su compromiso con la independencia de la Fed y se mantuvo centrado en los indicadores económicos: "Para mí es sencillo. Lo único que importa es la situación económica, y eso es lo que guía nuestras decisiones. No tengo en mente nada más". En su comunicado oficial, la Reserva Federal reconoció que, aunque la incertidumbre económica ha disminuido, todavía es significativa, y reiteró que las decisiones futuras dependerán de la evolución de los datos. Los mercados anticipan que los tipos de interés se mantendrán sin cambios en la reunión del 30 de julio, y las declaraciones de Powell hacen poco probable una bajada antes de septiembre, cuando se tendrá mayor claridad sobre los efectos de los aranceles en los precios. La decisión de mantener los tipos fue adoptada por unanimidad. Como ocurre en cada reunión trimestral, la Fed también publicó su Resumen de Proyecciones Económicas, que recoge las estimaciones de sus miembros sobre el crecimiento del PIB, la inflación, el desempleo y los tipos de interés hasta finales de año y más allá. Ya en marzo, la entidad preveía dos recortes de 0,25 puntos, situando los tipos en el rango del 3,75%-4% para finales de 2024. El nuevo conjunto de previsiones pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la Fed en su doble objetivo: controlar la inflación y garantizar el pleno empleo. Las medidas comerciales impulsadas por Trump, especialmente los aranceles cambiantes, complican la consecución de ambos fines y generan más incertidumbre, ya que ni siquiera está claro cómo evolucionarán dichas políticas. La Fed, en cualquier caso, parece hoy más preocupada por el comportamiento de los precios que por el mercado laboral: "La tasa de desempleo sigue siendo baja y el empleo se mantiene fuerte, pero la inflación continúa en niveles algo elevados", señaló Powell. Las nuevas previsiones apuntan a un menor crecimiento económico en 2024 (1,4%), una tasa de paro más alta (4,5%) y una inflación más elevada (3%) que en las estimaciones de marzo. También incluyen una nueva proyección sobre el tipo de interés más adecuado en el futuro. Aunque se trata de una previsión orientativa -formulada por quienes tomarán las decisiones finales-, no supone un compromiso firme, ya que las condiciones económicas pueden cambiar. La Fed prevé ahora solo una bajada más de tipos en 2026, lo que situaría el tipo de interés entre el 3,5% y el 3,75% para finales de ese año, 0,25 puntos por encima de lo estimado en marzo. Para 2027, la proyección apunta a una nueva rebaja, hasta el 3%-3,25%.

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(Cinco Días, 19-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las comercializadoras de luz amenazan con cobrar al cliente los sobrecostes de la gestión de REE tras el apagón

Los denominados servicios de restricciones técnicas diarias que gestiona Red Eléctrica de España (REE) para asegurar el suministro eléctrico en situaciones críticas -por ejemplo, activando o manteniendo operativas centrales de ciclo combinado incluso si finalmente no se utilizan- forman parte de los costes energéticos que las comercializadoras independientes deben abonar al operador del sistema. Estos costes se incorporan previamente en los contratos firmados con sus clientes. No obstante, dado que estos contratos suelen tener una vigencia mínima de un año, no contemplan el importante incremento de costes que ha registrado REE desde el apagón del 28 de abril. Este incremento responde al temor de que se repita un evento similar, según se desprende del informe presentado por el Ministerio de Transición Ecológica, que distribuye responsabilidades entre REE y las empresas generadoras. Desde ese incidente, REE ha adoptado una estrategia muy prudente en la gestión del sistema -mediante una dirección general interna-, lo que ha provocado que el precio de estos servicios se duplicara entre abril y mayo, pasando de 11 a 24 euros por megavatio hora. Esto se tradujo en un aumento del coste total de 197,11 millones de euros a 404,7 millones. Ante esta situación, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), que representa a 22 empresas del mercado liberalizado, ha enviado una carta al Ministerio para solicitar una solución urgente. Temen que, al no poder asumir estos sobrecostes, algunas empresas modifiquen los contratos alegando "fuerza mayor", según fuentes del sector. La incertidumbre sobre la duración de esta gestión "conservadora" por parte de REE y la falta de una versión oficial sobre las causas del apagón, que dejó sin luz a toda la península durante 15 horas, aumentan la preocupación. "¿Estamos ante un cambio estructural o temporal?", se pregunta Julio Nieto, presidente de ACIE. Entre los miembros de ACIE se encuentran compañías como Acciona, Engie, BP, Factorenergía, Nexus, Fenie, Plenitude y TotalEnergies. Desde hace tiempo, esta asociación viene solicitando al Ministerio una solución ante la elevada volatilidad de estos costes, provocada por el peso creciente de las energías renovables, que no garantizan estabilidad en el sistema. ACIE considera que el impacto financiero sin precedentes generado tras el apagón justifica una intervención urgente: proponen regular los precios de estos servicios y trasladarlos a la parte fija de la tarifa eléctrica, es decir, a través de los peajes de acceso (gestionados por la CNMC) y los cargos del sistema, que financian cuestiones como la deuda eléctrica, las primas a las renovables antiguas o las ayudas a los sistemas insulares. La actitud extremadamente precavida que REE ha adoptado desde el apagón se evidencia en un dato significativo: mientras que el día del incidente solo se habían programado seis ciclos combinados de gas, ahora se programan más de veinte. En octubre de 2024, tras asumir su cargo, la ministra Sara Aagesen y el secretario de Estado de Energía, Joan Goizard, mantuvieron una reunión con ACIE. En ese encuentro, la asociación ya había solicitado la regulación de los costes de los servicios de ajuste, debido a su volatilidad y al aumento progresivo derivado del mayor uso de energías renovables, tal y como señala Nieto. Como referencia, en mayo de 2023 el coste de estos servicios fue de 77 millones de euros; en mayo de 2024, se elevó a 167,9 millones, y en mayo de 2025, alcanzó los 404,6 millones. Las comercializadoras del mercado libre ofrecen varios tipos de contrato: unos con precio fijo, que incorporan un coste estimado de las restricciones (basado en datos históricos); y otros indexados al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que reflejan a diario estos costes. Por lo tanto, los clientes del mercado regulado ya están asumiendo este sobrecoste hora a hora. Julio Nieto asegura que ACIE está dispuesta a colaborar tanto con la CNMC -a la que ya presentaron alegaciones en una consulta pública el año pasado- como con el Ministerio, para encontrar una solución viable a esta situación. Avisa, además, que muchas empresas, especialmente las más pequeñas, no pueden absorber económicamente estos aumentos. Desde Aelec, la patronal que representa a las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP), también han advertido del impacto negativo de estos costes extraordinarios derivados de la actual gestión de REE.

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(Expansión, 19-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España estrecha su control sobre los servicios de atención al cliente de la banca

El Banco de España ha revisado su Compendio de Criterios de Buenas Prácticas Bancarias con el objetivo de reforzar los controles sobre los servicios de atención al cliente de las entidades financieras. Según el nuevo documento publicado este miércoles por el supervisor, los bancos deberán colaborar de forma "diligente" con el Departamento de Conducta del organismo para la adecuada resolución de las reclamaciones formuladas por los clientes. La actualización detalla cómo deben actuar las entidades supervisadas cuando un cliente presenta una queja ante su Servicio de Atención al Cliente (SAC) o decide escalar la reclamación al Departamento de Conducta de Entidades por no estar conforme con la respuesta obtenida. En este sentido, el Banco de España insiste en que las entidades deben presentar alegaciones sólidas y debidamente documentadas sobre todos los aspectos que el cliente impugne. La institución, ahora bajo la dirección de José Luis Escrivá, considera que no justificar adecuadamente las decisiones adoptadas por el banco va en contra de las buenas prácticas en la relación con el cliente. Asimismo, se establece que será responsabilidad de la entidad bancaria aportar la documentación que respalde sus actuaciones y demuestre su conformidad con la normativa vigente. "No presentar documentos relevantes que estén en poder de la entidad y que sean clave para la resolución del caso será considerado una mala práctica", señala el compendio. Otra conducta reprobada por el supervisor es que el SAC dé la razón al cliente en su reclamación -por ejemplo, mediante la devolución de un importe cobrado indebidamente- y, sin embargo, no llegue a ejecutar dicha resolución. Esta omisión obliga al afectado a recurrir de nuevo, en esta ocasión ante el Banco de España, lo que supone una carga adicional para el consumidor. La revisión también introduce plazos más estrictos para la resolución de las reclamaciones. A partir de ahora, los SAC dispondrán de un plazo máximo de un mes para emitir una respuesta. Superar ese límite de tiempo será considerado una práctica inadecuada. Todas estas recomendaciones forman parte de un nuevo apartado del compendio dedicado a las buenas prácticas "transversales", es decir, aquellas que no se aplican únicamente a un producto o servicio concreto, sino que afectan de manera general al conjunto de la actividad bancaria. En este marco, el Banco de España espera que las entidades adopten una actitud más proactiva tanto en la comunicación con los clientes como en la detección y corrección de posibles errores.

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