(Expansión, 20-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas aprieta las tuercas a España en su lucha contra el fraude en los fondos europeos

La Comisión Europea ha abierto un nuevo expediente complementario contra España al detectar deficiencias en la transposición de la directiva comunitaria destinada a proteger los fondos de la Unión Europea frente al fraude y la malversación. Bruselas considera que esta normativa constituye uno de los pilares fundamentales de la estrategia europea contra el fraude, ya que establece un marco común para proteger el presupuesto comunitario mediante la armonización de las definiciones de los delitos, las sanciones y las reglas de competencia relacionadas con las infracciones que afectan a los intereses financieros de la UE. Además, proporciona la base jurídica para determinar las competencias de la Fiscalía Europea. En concreto, la Comisión ha detectado dos nuevas deficiencias en la legislación española. Por un lado, considera que la regulación no recoge de forma suficiente la tipificación del delito de malversación de fondos europeos y, por otro, señala que la pena máxima prevista para esta conducta es inferior a la exigida por la normativa comunitaria. El plazo para incorporar la directiva al ordenamiento jurídico nacional finalizó el 6 de julio de 2019. Ya en diciembre de 2021, Bruselas remitió a España una primera carta de emplazamiento en la que advertía de determinados problemas en su transposición, relacionados entonces con la definición del delito de corrupción. Ahora, la Comisión vuelve a instar al Gobierno a corregir las deficiencias mediante el envío de una carta de emplazamiento complementaria. España dispone de dos meses para presentar sus observaciones, formular alegaciones o acreditar que ha subsanado los incumplimientos señalados. Si la respuesta no resulta satisfactoria, el procedimiento de infracción continuará con la emisión de un dictamen motivado. En este documento, la Comisión expondrá las razones por las que considera que España incumple la legislación europea y establecerá un nuevo plazo para corregir la situación antes de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La intervención del tribunal sería el siguiente paso si persisten las discrepancias. En ese caso, la Justicia europea tendría que pronunciarse sobre el incumplimiento de las obligaciones comunitarias por parte de España. Si el fallo fuera contrario al Gobierno y este no adaptase posteriormente su legislación, la Comisión podría volver a recurrir al TJUE para solicitar la imposición de sanciones económicas. España se enfrentaría entonces a una multa mínima cercana a los ocho millones de euros en concepto de sanción única. No obstante, cuando se trata de incumplimientos prolongados, como la falta de transposición o la incorporación deficiente de una directiva, es habitual que se plantee una penalización periódica. En este supuesto, la multa mínima prevista para España sería de 8.508,4 euros diarios. La cuantía definitiva dependería de factores como la gravedad de la infracción y el tiempo durante el que se haya mantenido el incumplimiento de la normativa europea.

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(La Vanguardia, 20-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España planifica un objetivo para lograr el 100% de electricidad con fuentes renovables en 2040

El Gobierno español trabaja en una hoja de ruta que plantea alcanzar un sistema eléctrico completamente renovable en la España peninsular en 2040 y eliminar por completo el uso de petróleo, gas y carbón en el conjunto del país en 2050, según adelantó Efe y confirmó La Vanguardia. El objetivo para 2040 pasa por completar la descarbonización del sistema eléctrico y reducir las emisiones netas un 90% respecto a los niveles de 1990. Para entonces, también se pretende eliminar los combustibles fósiles en los edificios residenciales, el sector servicios, la agricultura y la movilidad urbana. Diez años después, en 2050, esta transformación se extendería al transporte pesado y a la industria. España ha avanzado de forma significativa en el desarrollo de las energías renovables, que actualmente cubren el 55% de la demanda eléctrica. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla elevar esa proporción hasta el 81% en 2030, al tiempo que prevé reducir un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Por otra parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado la firma de la orden ministerial que aprueba el Programa de Trabajo 2026-2030 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, cuya publicación en el BOE está prevista para los próximos días. Este instrumento constituye el principal marco para coordinar e impulsar las políticas de adaptación al cambio climático en España. El programa establece las actuaciones que desarrollará la Administración General del Estado durante los próximos cinco años. En total, recoge 187 medidas destinadas a anticipar, limitar y gestionar los efectos del cambio climático sobre la población, la actividad económica y los ecosistemas. Su aprobación da continuidad a una política pública iniciada hace dos décadas y actualiza las prioridades a partir de los últimos avances científicos y de la evolución de los riesgos climáticos. Aagesen ha defendido un modelo de adaptación sustentado en la evidencia científica y orientado a gestionar los riesgos, en línea con los avances internacionales y europeos en materia de resiliencia climática. La vicepresidenta ha señalado la necesidad de abandonar una respuesta basada en reaccionar ante las crisis para avanzar hacia otra centrada en la anticipación, la prevención y la capacidad de recuperación. El documento toma como punto de partida la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España, que analiza de forma sistemática las principales amenazas a las que se enfrenta el país. A partir de sus conclusiones, establece las actuaciones prioritarias y promueve la incorporación de la adaptación climática a ámbitos como la salud, el agua, la biodiversidad, la agricultura, la energía, las infraestructuras, el transporte, el turismo y la actividad económica. De las 187 actuaciones previstas, 165 son medidas sectoriales distribuidas en 18 ámbitos de gestión pública, mientras que las 22 restantes tienen carácter transversal. Estas últimas abordan cuestiones como las diferencias territoriales y sociales, los efectos del cambio climático más allá de las fronteras, la evaluación de los costes y beneficios de las intervenciones y la prevención de actuaciones que puedan generar nuevos riesgos o agravar los existentes. Cada medida dispone de una ficha propia en la que se detallan su importancia estratégica, el calendario de ejecución, los antecedentes, los beneficios previstos, los indicadores para evaluar su cumplimiento y los departamentos responsables de llevarla a cabo. Entre las iniciativas destacadas figura la puesta en marcha de una Plataforma de Servicios Climáticos, que ofrecerá información y herramientas para anticipar riesgos y facilitar la toma de decisiones. Tendrá especial utilidad para actividades muy condicionadas por el clima, como la agricultura y la generación de energías renovables. En el ámbito sanitario, se prevé crear una Red Estatal de Refugios Climáticos y reforzar la prevención frente a episodios de calor extremo, prestando especial atención a los entornos laborales y a los colectivos más vulnerables. En materia de recursos hídricos, se impulsarán medidas para prevenir inundaciones en el ámbito local, mejorar el acceso a la información y extender una cultura de autoprotección. El programa también contempla actuaciones para incorporar la adaptación climática a las políticas de conservación de la biodiversidad y los espacios protegidos, reducir el impacto de los incendios forestales en las zonas de contacto entre áreas urbanas y forestales y fomentar sistemas agrícolas, ganaderos y pesqueros más preparados para las nuevas condiciones ambientales. En las zonas costeras y el medio marino, las medidas se orientarán a facilitar la adaptación del litoral, restaurar los ecosistemas costeros y mejorar la planificación de los municipios situados junto al mar. Asimismo, se tendrán en cuenta los riesgos climáticos en el diseño, la construcción y la gestión de ciudades, edificios e infraestructuras. En el caso de las nuevas instalaciones energéticas, se promoverá la incorporación de criterios de resiliencia desde la fase de diseño. La movilidad, el transporte, la industria, los servicios y el turismo también dispondrán de actuaciones específicas para identificar sus vulnerabilidades, mejorar la respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos y adaptar sus modelos de actividad a las nuevas condiciones climáticas. A estas iniciativas se suman medidas relacionadas con la investigación, la innovación, la educación ambiental y la formación profesional. El programa también busca ampliar el conocimiento sobre los riesgos climáticos que afectan a las infraestructuras críticas y sus posibles consecuencias para la paz, la seguridad y la cohesión social. La elaboración del Programa de Trabajo 2026-2030 ha contado con la participación de 19 ministerios, además de representantes de la comunidad científica y técnica, las administraciones autonómicas y locales, organizaciones sociales y ciudadanos. Durante el proceso se recibieron más de un millar de propuestas, que han contribuido a completar y reforzar el contenido del documento. Aunque sus actuaciones se dirigen principalmente a la Administración General del Estado y a otros organismos públicos estatales, el programa pretende servir también de referencia para el conjunto de las administraciones y los agentes sociales y económicos. El propósito es facilitar el desarrollo de iniciativas de adaptación en los ámbitos autonómico, local y sectorial. El nuevo plan da continuidad al Programa de Trabajo 2021-2025 e incorpora nuevas prioridades en función de los conocimientos científicos más recientes y de la experiencia acumulada en la gestión de los efectos del cambio climático.

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(El País, 19-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas alerta de que la falta de vivienda es “el riesgo principal” para la economía española

España mantiene desde hace varios años un crecimiento económico muy superior al de la mayoría de sus socios europeos, una tendencia que previsiblemente continuará durante 2026, 2027 y 2028. Desde la recuperación posterior a la pandemia, la economía española ha registrado avances que han llegado a duplicar, triplicar e incluso multiplicar por seis los de la eurozona, como ocurrió en 2023. Sin embargo, este dinamismo también presenta riesgos. El más importante, según el último informe de previsiones económicas de la Comisión Europea, es la insuficiente oferta de vivienda. Los economistas del Ejecutivo comunitario advierten de que la falta de viviendas en relación con el aumento de los hogares seguirá presionando al alza los precios y podría dificultar tanto la movilidad laboral como la incorporación de nuevos trabajadores. Esta situación afecta especialmente a los jóvenes que necesitan trasladarse a las grandes ciudades, donde se concentra buena parte de la actividad económica. Los colectivos con menos recursos y otros grupos vulnerables son los que sufren con mayor intensidad estas dificultades. La respuesta pasa, en buena medida, por aumentar la construcción de viviendas, aunque también existen obstáculos para acelerar la edificación. La Comisión señala que el incremento de los costes de construcción puede frenar todavía más la inversión residencial. El encarecimiento de los materiales y de la mano de obra, agravado por la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo, dificulta la puesta en marcha de nuevos proyectos. A estas dificultades se suman otros problemas habituales del sector inmobiliario español, como la escasez de trabajadores cualificados, los prolongados plazos para transformar el suelo en terrenos aptos para construir y la lentitud en la concesión de licencias. También influye el encarecimiento de la financiación tras las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo para contener la inflación. A ello se añaden unas condiciones regulatorias que, desde la crisis financiera de 2008, han complicado el acceso al crédito para promotores y constructores. La combinación de estos factores ha agravado el problema de acceso a la vivienda, que se encuentra entre las principales preocupaciones sociales y políticas del país y ha estado presente tanto en el adelanto electoral del 29 de noviembre como en las movilizaciones de la huelga general del pasado miércoles. No es la primera vez que Bruselas alerta de esta situación. En junio, al presentar sus recomendaciones para la elaboración de los presupuestos, ya advirtió de que el precio de la vivienda estaba dificultando la movilidad laboral en España y podía terminar afectando a la competitividad de su economía. Las dificultades para acceder a una vivienda no son exclusivas de España y afectan a numerosos países de la Unión Europea. La importancia del problema ha llevado a que, por primera vez en esta legislatura, exista un comisario europeo específico para esta materia, el socialdemócrata danés Dan Jorgensen. Sin embargo, España presenta una particularidad respecto a otros Estados miembros: dispone de un parque de vivienda pública y asequible mucho más reducido. Según los cálculos del Ministerio de Vivienda, las viviendas sociales representan el 3,4% del total, frente a una media europea del 8%. Esta escasez traslada buena parte de la presión al mercado del alquiler. Para quienes no pueden asumir la compra de una vivienda, en gran medida por la falta de oferta, el arrendamiento se convierte en la principal alternativa. Sin embargo, este mercado también registra una disponibilidad limitada de inmuebles, lo que ha contribuido a elevar los precios. El informe de la Comisión Europea también advierte de que el encarecimiento sostenido de la vivienda está agravando los problemas de acceso y repercute en el consumo de los hogares, al contrarrestar parte de los efectos positivos derivados del aumento de su patrimonio. Además, el incremento de los precios está dando mayor relevancia a las cuestiones de cohesión social en determinadas zonas urbanas. El mayor esfuerzo económico que deben realizar muchas familias para pagar una vivienda reduce los recursos disponibles para otros gastos y amplía las diferencias entre quienes tienen una propiedad y quienes no. Pese a estas advertencias, España es el único país en el que el documento de previsiones, de 252 páginas, identifica la vivienda como el principal riesgo para la economía. La Comisión, no obstante, espera que el mercado laboral mantenga una evolución positiva, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado que en los últimos años. Sus estimaciones apuntan a un aumento del empleo del 2,3% en 2026 y del 1,8% en 2027, mientras que las horas trabajadas avanzarán a un ritmo más contenido. También prevé que la tasa de paro continúe descendiendo hasta situarse en el 9,4%. La evolución del empleo será determinante para mantener el crecimiento económico en los próximos años. Bruselas considera que la expansión de la actividad estará sustentada principalmente por la demanda interna, especialmente por el consumo de los hogares y, en menor medida, por la inversión. La creación de puestos de trabajo, aunque avance de forma más moderada, junto con la inmigración, permitirá sostener el gasto de los consumidores. Este comportamiento irá acompañado de una nueva reducción de la tasa de ahorro de las familias.

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(El Economista, 19-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La economía española sigue sorprendiendo a los analistas: se ha convertido en una de las grandes sorpresas positivas de Europa

España se ha convertido en una de las economías que mejor comportamiento está mostrando en Europa. Así lo considera ING Research en un informe en el que analiza la transformación experimentada por el país durante la última década y su evolución desde los desequilibrios económicos que marcaron la crisis financiera hasta su actual posición de fortaleza. Según los economistas del banco neerlandés, España acumula tres años de crecimiento medio del 2,9%, más del doble del registrado por el conjunto de la Unión Europea, situado en el 1,1%, mientras que Alemania, Francia e Italia mantienen un ritmo de expansión mucho más moderado. El estudio, elaborado por Marieke Blom, economista jefe global de ING, y Pablo Muylle, lleva por título Europe's Pitch Book: Spain - the comeback kid y destaca los factores que han permitido este cambio de trayectoria. Los autores consideran que la economía española ha dejado atrás buena parte de las debilidades que la situaban entre las más vulnerables de la periferia europea, aunque advierten de que todavía debe afrontar importantes desafíos estructurales. Uno de los principales cambios se encuentra en el saneamiento financiero posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria. ING recuerda que, antes de la crisis de 2008, el principal desequilibrio de España no estaba en las cuentas públicas, cuya deuda se situaba por debajo del 40% del PIB, sino en el elevado endeudamiento de familias y empresas. La financiación procedente del exterior había alimentado una expansión inmobiliaria que terminó provocando un profundo ajuste económico. El proceso posterior permitió reducir la deuda privada, sanear los balances empresariales y familiares, recapitalizar el sistema bancario y disminuir la dependencia de la financiación extranjera. Según los datos de Eurostat y la OCDE recogidos en el informe, el endeudamiento consolidado de los hogares y las empresas no financieras se ha reducido aproximadamente a la mitad en relación con el PIB. Esta transformación también se refleja en las cuentas exteriores. España ha pasado de registrar elevados déficits por cuenta corriente, que llegaron a situarse entre los mayores del mundo en 2008, a mantener superávits de forma recurrente. Las previsiones de la Comisión Europea apuntan a un saldo positivo equivalente al 2,4% del PIB en 2026, que podría aumentar hasta el 2,8% en 2028. Otro de los factores que explican el crecimiento es la capacidad de incorporar nuevos trabajadores al mercado laboral, a pesar del envejecimiento demográfico. ING destaca especialmente el aumento de la participación de las mujeres y de los trabajadores de mayor edad, dos colectivos cuya presencia en el mercado laboral había sido tradicionalmente inferior a la de otros países europeos. También ha mejorado el desempleo juvenil. La tasa de paro entre los menores de 25 años, que llegó al 55,5% en 2013, descendió hasta el 22,8% en septiembre de 2026. Aunque continúa superando en siete puntos la media europea, se sitúa por debajo de los niveles registrados en países como Finlandia o Estonia. La reforma laboral también ha contribuido a modificar la estructura del empleo. La OCDE constata que la temporalidad pasó del 25,4% a finales de 2021 a aproximadamente el 16% en 2024. No obstante, España sigue arrastrando un elevado desempleo estructural, que mantiene sin aprovechar una parte de su capacidad productiva. La inmigración constituye otro de los elementos fundamentales de esta evolución. Los economistas de ING consideran que su contribución al crecimiento del empleo ha sido incluso superior a la derivada del aumento de la participación laboral de la población residente. Los trabajadores nacidos en el extranjero explican alrededor del 70% del incremento de la ocupación, una aportación que ha permitido ampliar la fuerza laboral pese al envejecimiento de la población. La llegada de trabajadores procedentes de otros países, especialmente de América Latina, ha favorecido este proceso por las afinidades culturales y lingüísticas. Desde 2015, la combinación de inmigración y mayor participación laboral ha permitido incrementar cerca de un 18% el volumen total de horas trabajadas en España, aproximadamente el doble que en el conjunto europeo. Sin embargo, este crecimiento también presenta importantes contrapartidas. El aumento de población sostiene la actividad económica y contribuye a financiar el Estado del Bienestar, pero también incrementa la presión sobre los servicios públicos y el mercado inmobiliario. El crecimiento demográfico no está acompañado al mismo ritmo por la construcción de viviendas ni por la ampliación de determinadas infraestructuras. Esta situación se refleja en las dificultades de acceso a la vivienda, las listas de espera sanitarias y el deterioro de algunas infraestructuras de transporte. El turismo continúa siendo otra de las grandes fortalezas de la economía española. La recuperación de esta actividad después de la pandemia permitió que el superávit exterior generado por el sector alcanzase el 4,3% del PIB en 2025. Sin embargo, ING considera especialmente relevante el desarrollo de otros servicios de mayor valor añadido. España se está consolidando como una plataforma de operaciones para empresas europeas que buscan profesionales cualificados, infraestructuras digitales y costes competitivos. Las exportaciones de servicios empresariales y profesionales se han más que triplicado en doce años, al pasar de 14.000 millones de euros en 2013 a 47.000 millones en 2025. El 57% de estas ventas tiene como destino otros países europeos. La presencia de multinacionales extranjeras también ha ganado peso en este ámbito. En 2024, estas compañías concentraban el 43% del empleo español en servicios informáticos, unos 216.000 puestos de trabajo. Esta diversificación permite ampliar las fuentes de ingresos exteriores y reducir la dependencia de actividades tradicionales como el turismo y la industria del automóvil. El sector automovilístico mantiene, en cualquier caso, un papel destacado. España es el segundo mayor fabricante de vehículos de Europa, por detrás de Alemania, y está atrayendo nuevas inversiones de fabricantes chinos interesados en establecer centros de producción dentro de la Unión Europea. Entre los proyectos mencionados por ING figuran la producción de vehículos de la marca Ebro por parte de Chery en la antigua planta de Nissan en Barcelona, el inicio de la fabricación de Leapmotor en las instalaciones de Stellantis próximas a Zaragoza y el acuerdo de Geely para producir dos modelos eléctricos en la fábrica de Ford en Valencia a partir de 2028. MG también ha elegido Galicia para instalar su primera fábrica en la UE. A estas inversiones se suma la construcción de una planta de baterías de CATL y Stellantis en Zaragoza, con una inversión prevista de 4.100 millones de euros. El impulso industrial se extiende a otras actividades, como la industria aeroespacial. Andalucía ha desarrollado un importante polo empresarial alrededor de Sevilla y Cádiz, donde operan unas 150 compañías que facturaron 3.200 millones de euros en 2025, un 11% más que el año anterior, y emplean directamente a aproximadamente 16.400 personas. Sevilla concentra instalaciones de montaje final de Airbus, mientras que Cádiz está especializada en componentes y materiales compuestos avanzados. Los economistas de ING destacan que la producción industrial española ha evolucionado favorablemente durante la última década y ha conseguido superar a la de Francia, Italia y Alemania. En 2025, la industria manufacturera representó el 10,6% del PIB y su valor añadido real aumentó un 2,2%, consolidándose como uno de los motores de la actividad económica. Las energías renovables constituyen otra de las ventajas competitivas que ha desarrollado España. La disponibilidad de espacio, las condiciones de viento y radiación solar y el potencial hidroeléctrico han permitido que la generación eólica y fotovoltaica supere conjuntamente el 40% de la producción eléctrica. Desde 2022, esta capacidad ha contribuido a mantener unos precios medios de la electricidad inferiores a los de buena parte de Europa, una ventaja para las empresas con un consumo energético elevado. Además de desarrollar instalaciones de generación, España cuenta con una industria propia vinculada a las energías limpias. ING destaca la presencia de fabricantes eólicos como Siemens Gamesa, Windar y Haizea, con una importante implantación en el norte del país y el País Vasco. También subraya el desarrollo de tecnologías como la eólica marina flotante y la fabricación de componentes para instalaciones solares, entre ellos los seguidores fotovoltaicos. Por último, el informe identifica la inteligencia artificial como una nueva oportunidad para la economía española, especialmente por el aumento de la demanda internacional de equipos eléctricos y sistemas de refrigeración destinados a centros de datos. Las exportaciones españolas de transformadores, equipos de distribución eléctrica y soluciones de refrigeración hacia Estados Unidos han experimentado un crecimiento significativo. Desde 2022, las ventas exteriores de estos productos han aumentado un 93% en España, frente al 67% de media europea. El mayor avance en términos absolutos corresponde a los equipos eléctricos, mientras que los sistemas de refrigeración para centros de datos han registrado el crecimiento más intenso, del 153%, frente al 37% del conjunto de la Unión Europea. Estos factores explican, según ING, el cambio de posición de España dentro de la economía europea. No obstante, el mantenimiento de esta trayectoria dependerá también de la capacidad del país para resolver problemas como el desempleo estructural, la escasez de vivienda, la presión sobre los servicios públicos y las limitaciones de productividad.

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(El Economista, 19-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Congreso aprueba el decreto de seguridad ferroviaria y las ayudas a las víctimas del accidente de Urda

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria y proteger a los profesionales del sector, con el único voto en contra de Vox. También ha aprobado por unanimidad el paquete de ayudas destinado a los afectados por el accidente de Urda (Toledo). El Gobierno aprobó el decreto de seguridad ferroviaria el pasado 10 de noviembre, en respuesta a las reivindicaciones sindicales planteadas tras el siniestro de Urda. Su convalidación ha salido adelante después de un debate en el que el PP ha relacionado los 116 fallecidos este año en los accidentes de Adamuz (Córdoba), Gelida (Barcelona) y Urda (Toledo) con la «corrupción» en el Ministerio de Transportes. Los partidos de izquierda han reclamado al Ejecutivo que revise el modelo ferroviario español y recupere el control público del sistema. El PNV, por su parte, ha reprochado al Gobierno que haya tenido que producirse más de un accidente para adoptar medidas que, a su juicio, deberían haberse puesto en marcha en 2020. Durante el debate, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que asumió las competencias de Óscar Puente al frente de Transportes tras la dimisión de este seis días después del accidente, ha explicado que la nueva normativa reforzará las funciones de supervisión de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF). Hasta ahora, ha señalado, su capacidad de actuación dependía en buena medida de la colaboración de las empresas sometidas a investigación. Cuerpo también ha destacado el endurecimiento de la regulación sobre los tiempos de trabajo de los maquinistas. El decreto establece un límite máximo de seis horas de conducción, que incluye todo el periodo durante el cual el trabajador mantiene la responsabilidad sobre el vehículo, aunque no esté conduciendo directamente. En ese cómputo se incorporan las maniobras en movimiento, los trabajos realizados fuera de la red ferroviaria de interés general y las pausas inferiores a 45 minutos entre dos trayectos. La norma, que introduce modificaciones en la Ley del Sector Ferroviario, también permite que los trabajadores que desempeñan funciones relacionadas con la seguridad operacional comuniquen posibles riesgos mediante canales internos o sistemas públicos de notificación que preserven su confidencialidad. Asimismo, reconoce el derecho de estos profesionales a adoptar medidas «necesarias» y «proporcionadas» cuando se encuentren ante un riesgo grave e inminente para la seguridad. Entre las actuaciones contempladas figuran detener la marcha de un tren o negarse a iniciar el recorrido, siempre que se informe de la decisión a los agentes correspondientes. Por otro lado, el decreto ley que regula las ayudas directas a las víctimas del accidente de Urda establece una compensación de 72.121,46 euros por fallecimiento y cantidades de entre 2.404,04 y 84.141,70 euros en función de la gravedad de las lesiones. También contempla la posibilidad de anticipar esos importes a cuenta de las indemnizaciones que puedan corresponder, sin obligación de devolver la diferencia en caso de que la compensación definitiva sea inferior. La norma determina además que las bajas laborales ocasionadas por el accidente se considerarán contingencias profesionales. Esto permitirá a los afectados cobrar la prestación desde el primer día y acceder a cuantías más elevadas. La misma consideración se extiende a las pensiones de incapacidad, muerte y supervivencia, así como a las prestaciones por incapacidad permanente parcial. En la defensa de estas medidas, Cuerpo ha subrayado que las ayudas tienen carácter complementario y buscan reducir los trámites y acelerar su llegada a los damnificados, sin que estos tengan que esperar a que concluyan los procedimientos judiciales actualmente abiertos. El decreto incorpora, por último, un instrumento para contener los incrementos de precios de determinados bienes y servicios, como los alojamientos o los medios de transporte alternativos, cuando se producen situaciones de emergencia. Según ha explicado el ministro, no ha sido necesario recurrir a este mecanismo tras el accidente de Urda.

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(Expansión, 18-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Luces, pero también sombras, en el comercio exterior español

Las exportaciones españolas mantienen su tendencia al alza y acumulan un crecimiento del 4,2% entre enero y septiembre, hasta alcanzar los 300.341 millones de euros. Se trata de la primera vez que las ventas al exterior superan los 300.000 millones en los nueve primeros meses del año. Sin embargo, este avance contrasta con el fuerte incremento de las importaciones, que ha provocado que el déficit comercial se dispare un 30,5%, hasta los 53.638 millones de euros. En septiembre, las exportaciones alcanzaron los 36.159 millones de euros, un 11,5% más que en el mismo mes de 2025, lo que supone un nuevo máximo histórico para ese periodo. El comportamiento del sector exterior refleja la capacidad de resistencia de las 45.408 empresas exportadoras españolas en un contexto condicionado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones energéticas derivadas del conflicto en Oriente Próximo, factores que siguen afectando a la demanda y a las perspectivas económicas internacionales. Además, las ventas al exterior están creciendo en 2026 por encima de la inflación, algo que no sucedía en los tres ejercicios anteriores. En septiembre, las exportaciones avanzaron un 11,5%, frente al 4,9% del IPC. En el conjunto de los nueve primeros meses, el incremento del 4,2% también supera la inflación media prevista por el Banco de España para el conjunto del año, situada en el 3,9%. No obstante, la evolución de las importaciones está limitando el impacto positivo del dinamismo exportador. Las compras al exterior aumentaron un 14,5% en septiembre y un 7,4% entre enero y septiembre, hasta alcanzar los 353.979 millones de euros. Como consecuencia, el déficit de la balanza comercial se situó en 53.638 millones, un 30,5% por encima del registrado en el mismo periodo del año anterior. Se trata del mayor saldo negativo para los nueve primeros meses desde 2022. El encarecimiento de la energía, relacionado en parte con las tensiones provocadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz, explica una parte de este deterioro. La presión sobre los precios del petróleo, el gas y otras materias primas ha elevado la factura exterior. Aunque las exportaciones energéticas crecieron un 37,1%, frente al 20% de las importaciones de estos productos, el déficit energético aumentó casi un 7%, hasta los 25.019 millones de euros. También preocupa el comportamiento del comercio no energético. Su déficit alcanzó los 28.618 millones de euros hasta septiembre, lo que representa un incremento del 61,6% respecto al mismo periodo de 2025. Según ha advertido el Club de Exportadores e Inversores, este desequilibrio era prácticamente inexistente hace pocos años. En las relaciones comerciales con la Unión Europea, que concentra el 62,4% de las exportaciones españolas, las ventas aumentaron un 5,1% durante los nueve primeros meses, mientras que las importaciones crecieron un 5,7%. Esta diferencia redujo un 4,2% el superávit comercial que España mantiene tradicionalmente con sus socios comunitarios. Por países, las exportaciones españolas evolucionaron favorablemente en mercados como Alemania, Italia y Portugal, donde crecieron más que las importaciones. La situación fue distinta en Francia, donde el avance de las ventas fue mucho más moderado, y en Países Bajos y Bélgica, donde retrocedieron un 10% y un 8,8%, respectivamente. Esta evolución se produce en un contexto de menor dinamismo económico en buena parte de la UE, cuyo PIB creció un 0,5% en el tercer trimestre, dos décimas menos que en el periodo anterior, según Eurostat. Por productos, los bienes de equipo encabezaron las exportaciones españolas hasta septiembre, con 57.804 millones de euros y un crecimiento del 5,5%. También fueron el principal capítulo de las importaciones, que superaron los 83.176 millones, un 9% más. La alimentación, las bebidas y el tabaco ocuparon la segunda posición entre los productos más exportados, aunque sus ventas descendieron un 1,4%, hasta los 55.334 millones de euros. También registraron retrocesos las exportaciones de productos químicos, con una caída del 5%, hasta 48.276 millones, y las de bienes de consumo duradero, que disminuyeron un 1,8%, hasta los 4.435 millones. En cambio, las ventas exteriores de productos energéticos aumentaron un 37,1%, mientras que las materias primas avanzaron un 24,9%. También crecieron las exportaciones de semimanufacturas no químicas (3,6%), manufacturas de consumo (2,6%) y automóviles (1,2%).

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(Cinco Días, 17-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE plantea una oleada de inspecciones a los bancos por la inteligencia artificial y el fraude

El Banco Central Europeo (BCE) intensificará la supervisión de los riesgos tecnológicos y de ciberseguridad de las entidades financieras ante el avance de la inteligencia artificial. El organismo prepara una nueva ronda de inspecciones a los principales bancos de la eurozona, entre ellos Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, para comprobar cómo están protegiendo los datos y los fondos de sus clientes frente a las nuevas amenazas asociadas a esta tecnología, según fuentes financieras. Una de las principales preocupaciones del supervisor es la aparición de Mythos, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, así como el incremento de los fraudes que utilizan herramientas de IA. El temor del BCE se centra especialmente en la capacidad de estos sistemas para identificar vulnerabilidades en los programas informáticos y explotarlas. Si estas herramientas caen en manos de ciberdelincuentes, podrían facilitar ataques informáticos a gran escala y comprometer tanto la información como los ahorros de los clientes bancarios. La preocupación por esta tecnología aumentó a comienzos de año, cuando el BCE conoció las capacidades de Mythos. Desde entonces, la institución presidida por Christine Lagarde ha mantenido reuniones con las principales entidades financieras europeas para evaluar su grado de preparación. Posteriormente, remitió comunicaciones a sus presidentes y consejeros delegados, conocidas en el sector como cartas Dear CEO, para reclamar medidas concretas de protección y planes de contingencia frente a los riesgos derivados de la inteligencia artificial. El plazo para presentar estas propuestas finalizó el pasado 31 de octubre. Estas comunicaciones constituyen uno de los instrumentos de supervisión más relevantes del BCE y ya se utilizaron, por ejemplo, durante la pandemia para recomendar a las entidades que suspendieran el reparto de dividendos. En esta ocasión, el organismo dispone de los planes presentados por los bancos y pretende comprobar ahora que los compromisos adquiridos se traducen en actuaciones efectivas. La revisión se integrará previsiblemente en el ejercicio supervisor del próximo año, conocido como SREP, en el que el BCE establece las prioridades y evalúa la situación de las entidades. Durante los próximos meses, el organismo analizará la documentación remitida por los bancos y realizará inspecciones presenciales para verificar sus sistemas de protección. Uno de los aspectos que centrará las comprobaciones será el volumen de recursos económicos destinados a ciberseguridad. El supervisor considera necesario que las entidades aumenten sus presupuestos para responder a la velocidad con la que evolucionan las amenazas tecnológicas. También examinará cómo se integra la inteligencia artificial en los modelos de gobierno corporativo y si los riesgos asociados a esta tecnología se abordan directamente en los consejos de administración. Además, el BCE quiere que los bancos mejoren los procedimientos para detectar vulnerabilidades en sus sistemas y corregirlas con mayor rapidez. También recomienda diversificar las herramientas de inteligencia artificial utilizadas para identificar fallos de seguridad, sin depender exclusivamente de modelos como Mythos. Si las inspecciones detectan deficiencias relevantes en estos ámbitos, el organismo podría elevar los requerimientos de capital de las entidades a partir de 2028. La ciberresiliencia lleva varios años ocupando un lugar prioritario en la agenda del supervisor europeo, especialmente por el aumento de los fraudes asociados a la digitalización de los servicios financieros. En 2024, esta materia ya tuvo un papel destacado en los test de estrés inversos del BCE, unos ejercicios que, a diferencia de las pruebas de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), no se centran en medir la capacidad de los bancos para soportar una crisis económica, sino en identificar qué escenarios podrían provocar un deterioro crítico de su capital y cómo responderían ante ellos. La expansión de la inteligencia artificial añade nuevas amenazas a este escenario. Además de facilitar la identificación de vulnerabilidades informáticas, estas herramientas permiten desarrollar técnicas de fraude más sofisticadas, como los deepfakes, capaces de suplantar la identidad de personas mediante imágenes, vídeos o voces generados artificialmente. El cambio en la estrategia supervisora ya fue anticipado por Pedro Machado, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, durante un encuentro celebrado recientemente en Madrid. El responsable defendió la necesidad de adaptar los modelos de gobernanza de las entidades financieras al desarrollo de la inteligencia artificial. Para ello, reclamó una mayor implicación de los órganos de dirección, que deberán conocer el impacto de estas herramientas, controlar sus riesgos y garantizar que la intervención humana siga desempeñando un papel adecuado en los procesos de toma de decisiones.

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(Cinco Días, 17-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid despunta como la ciudad europea más atractiva para invertir en hoteles

El récord de visitantes internacionales que España espera alcanzar este año y las elevadas rentabilidades que está generando el negocio hotelero han reforzado el interés de los inversores por el mercado nacional. Los ingresos por habitación disponible han pasado de 81,7 euros en 2019 a 125,4 euros durante el primer semestre de 2026, una evolución que ha impulsado el atractivo del sector. La última encuesta de Cushman & Wakefield, realizada entre 138 directivos europeos de compañías hoteleras para identificar los destinos más interesantes desde el punto de vista inversor, sitúa a Madrid en cabeza de las ciudades de la Unión Europea. La capital española obtiene 3,9 puntos sobre cinco, por delante de Roma y Milán, ambas con 3,6, y de Londres y Barcelona, que alcanzan los 3,5 puntos. La posición de Madrid también destaca en la clasificación específica de la península ibérica. En este caso, consigue una valoración de 4,7 puntos sobre cinco y el 78% de los encuestados manifiesta un elevado interés por invertir en la ciudad. Barcelona ocupa el segundo puesto, con 4,5 puntos, seguida de Lisboa, con 4,3, y Sevilla, con 3,9. Todos estos destinos urbanos se sitúan por delante de enclaves tradicionalmente asociados al turismo de sol y playa, como la Costa del Sol (3,8), Baleares (3,4), Algarve (3,1), Canarias y Costa Blanca (3). El auge de la inversión hotelera en Madrid, que se viene consolidando desde hace seis años, se ha extendido a todas las categorías de alojamiento, desde los establecimientos de lujo hasta los de bajo coste. En el segmento de alta gama, el movimiento comenzó incluso antes de la pandemia, con las costosas renovaciones de los hoteles Ritz, propiedad de Mandarin Oriental, y Palace, perteneciente a Archer. La reforma del Ritz se desarrolló entre 2018 y 2021 y supuso una inversión de 99 millones de euros, mientras que la renovación del Palace se prolongó durante 20 meses y requirió un desembolso de 90 millones. En plena pandemia abrió sus puertas el Four Seasons y, en 2021, culminó la transformación del Villa Magna, que pasó a operar bajo la marca Rosewood. El establecimiento había sido adquirido en 2018 por el grupo turco Dogus por 210 millones de euros, una cifra récord en aquel momento. La llegada de grandes cadenas internacionales continuó en los años siguientes. Marriott desembarcó en 2022 con el hotel Edition y, un año después, anunció la apertura de su primer establecimiento JW en España, situado frente al Four Seasons. Posteriormente, la expansión se trasladó a la Gran Vía, donde comenzaron a instalarse enseñas como CR7, Brach y Curio Collection, esta última con un hotel inaugurado por Hilton en 2024. Entre 2014 y 2024 se abrieron 26 nuevos establecimientos en la Gran Vía y sus alrededores, que incorporaron más de 3.500 habitaciones a la oferta hotelera de la capital. La incorporación más reciente ha sido Nobu, que abrió sus puertas el pasado 1 de septiembre. El interés inversor también ha crecido con fuerza en el segmento de los hoteles económicos. Accor, el mayor grupo hotelero europeo por volumen, dispone de 25 establecimientos en Madrid. De ellos, diez operan bajo la marca Ibis Budget, nueve con la enseña Ibis y cuatro como Ibis Styles, todas ellas pertenecientes a su cartera de marcas de precios más asequibles. Otra cadena con una presencia destacada es B&B Hotels, propiedad íntegra de Goldman Sachs, que suma actualmente 72 hoteles operativos en España. Dieciocho de ellos, una cuarta parte del total, se encuentran en Madrid. También tiene presencia en este mercado Travelodge, considerada la segunda mayor cadena hotelera del Reino Unido, que cuenta con doce establecimientos en España: cuatro en Madrid, otros cuatro en Barcelona y uno en Málaga, Valencia, Alicante y Murcia. La compañía prevé ampliar su implantación en la capital con una nueva apertura en 2027.

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(El Economista, 17-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El "alquiler exprés" se dispara: uno de cada seis pisos vuela del mercado en menos de 24 horas

El 16% de las viviendas alquiladas a través de idealista durante el tercer trimestre de 2026 permaneció menos de 24 horas anunciada en el mercado, según un estudio publicado por el portal inmobiliario. Este fenómeno, conocido como alquiler exprés, refleja la elevada presión de la demanda sobre la oferta disponible. Ceuta encabezó la clasificación de capitales, con la mitad de los inmuebles alquilados en menos de un día, seguida de San Sebastián (37%) y Huesca (36%). En los casos de Ceuta y Huesca, los porcentajes están condicionados por el reducido tamaño de sus mercados, donde un número limitado de operaciones puede alterar considerablemente los resultados. Tras estas ciudades aparecen Barcelona, con un 35%; Lleida, con un 32%; Vitoria, con un 30%, y Girona, con un 28%. La clasificación continúa con Pamplona (25%), Zaragoza (23%), Logroño, Toledo y Huelva (22%), Guadalajara, Palencia y Tarragona (21%) y A Coruña (20%). Entre las principales ciudades españolas, Bilbao registra la mayor proporción de alquileres formalizados en menos de 24 horas, con un 16%. A continuación figuran Palma (15%), Málaga (14%), Valencia (13%), Madrid (10%) y Sevilla y Alicante, ambas con un 9%. En el extremo opuesto, Teruel fue la única capital de provincia en la que no se registraron operaciones de alquiler exprés durante el tercer trimestre. También presentaron porcentajes reducidos Segovia (4%), Ávila y Cuenca (5%). Por provincias, Guipúzcoa lideró el ranking, con un 44% de las viviendas alquiladas en menos de 24 horas, seguida de Barcelona (35%), Navarra y Girona (28%), y Álava, Lleida y Tarragona (26%). También superaron el umbral del 20% Vizcaya (23%), Zaragoza (22%) y Guadalajara (21%). Baleares y La Rioja alcanzaron el 20%. Por el contrario, Segovia registró la menor incidencia de este fenómeno, con un 3%, seguida de Teruel (6%), Ávila (7%) y Cáceres y Salamanca, ambas con un 8%.

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(Expansión, 16-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda pública en España apenas llega al 3,5%

El parque de vivienda pública en España tiene uno de los pesos más reducidos de Europa. Aunque las estimaciones apuntan a que su participación ha aumentado hasta el 3,5% en los últimos años, sigue muy lejos de los niveles alcanzados en la década de los ochenta, cuando la vivienda protegida llegó a representar más del 60% de las nuevas construcciones y su producción superaba a la de vivienda libre. El Gobierno se había fijado como meta elevar el peso de la vivienda pública hasta el 20% en un horizonte de 20 años. Como objetivo intermedio, pretendía aproximarlo al 9%, en línea con la media europea, con el propósito de corregir la tendencia descendente que ha experimentado este tipo de promoción durante las últimas décadas. El Banco de España señala en su informe de 2025 que actualmente solo una de cada 65 viviendas en España es pública. Esta proporción contrasta con la de otros países europeos, como Países Bajos, donde alcanza el 34%; Austria, con un 23,6%; Dinamarca, con un 21,5%, y Reino Unido, con un 16,4%. Estas diferencias evidencian la necesidad de ampliar el parque de vivienda social para contribuir a equilibrar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a un alojamiento a los colectivos con mayores dificultades económicas. Esta cuestión se ha situado, precisamente, entre los principales asuntos de la campaña electoral. En este contexto, el Gobierno ha convalidado esta semana en la Diputación Permanente un decreto ley que contempla la prórroga de los límites a las actualizaciones anuales de los alquileres y restricciones a la adquisición de viviendas por parte de grandes tenedores. Por su parte, el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este viernes que la vivienda constituye la principal preocupación de la mayoría de los ciudadanos españoles. Pese a la relevancia que ha adquirido este problema, la construcción de vivienda social ha tenido un desarrollo muy limitado en España durante las últimas cuatro décadas. Sin embargo, la situación fue muy diferente en los años ochenta, cuando la vivienda protegida alcanzó una presencia muy destacada en el conjunto de las nuevas promociones. Desde 1982, su peso superó el 55% y entre 1984 y 1987 llegó a rebasar el 60%. El máximo se registró en 1985, cuando las viviendas protegidas terminadas representaron el 67,2% del total, con 114.067 unidades. Así lo reflejan los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos en el último Boletín Especial de Vivienda Social, del que se ha hecho eco la agencia Efe. A partir de 1988 comenzó un pronunciado retroceso de la vivienda protegida, cuya participación cayó progresivamente hasta situarse en el 7,2% en 2002. Este descenso coincidió con una etapa de fuerte expansión inmobiliaria, en la que el número total de viviendas terminadas se elevó hasta las 518.273 unidades, mientras que la producción protegida quedó reducida a 37.544. Desde 1993 se había producido una ligera recuperación, pero a finales de esa década volvió a imponerse la tendencia descendente, que ha marcado la evolución de las últimas décadas. Posteriormente, el estallido de la burbuja inmobiliaria provocó una fuerte contracción de la construcción, tanto de vivienda libre como protegida, que alcanzó mínimos históricos. El punto más bajo de la promoción de vivienda protegida se registró en 2017, cuando únicamente se terminaron 4.938 unidades. Desde 2019 se aprecia una cierta recuperación, aunque todavía insuficiente para compensar el déficit acumulado y aproximar a España a los niveles de vivienda social de las principales economías europeas y de la OCDE. El Banco de España advierte de que esta escasez reduce la capacidad de respuesta ante las dificultades actuales de acceso a la vivienda. Una parte importante de la demanda procede de hogares con rentas bajas que deben destinar una proporción elevada de sus ingresos al pago de alquileres a precios de mercado, lo que agrava su situación económica. En 2025 se finalizaron 11.000 viviendas protegidas y se iniciaron otras 15.500. Ambas cifras superan ligeramente los registros medios anuales del periodo 2015-2024, cuando se terminaron alrededor de 9.000 viviendas al año. Los últimos datos apuntan a una aceleración de esta actividad. Durante el primer semestre de 2026 se inició la construcción de 11.270 nuevas viviendas protegidas, casi el doble que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El Ministerio que dirige Isabel Rodríguez considera que, si este ritmo se mantiene durante la segunda mitad del año, la cifra de nuevas promociones superará las 25.000 unidades en el conjunto de 2026. De cumplirse esta previsión, sería el volumen más elevado de los últimos 14 años.

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