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(Cinco Días, 04-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Vuelco político en Estados Unidos: los demócratas logran el control total del Congreso en un duro castigo a Trump

Las elecciones legislativas de medio mandato celebradas en Estados Unidos han supuesto un importante revés para el Partido Republicano, que ha perdido terreno en algunos de sus bastiones tradicionales y ha visto cómo los demócratas recuperaban el control del Senado y de la Cámara de Representantes. El resultado convierte a la oposición en un contrapeso al presidente Donald Trump durante los dos últimos años de su mandato y pone en dificultades la continuidad de buena parte de su programa político. El encarecimiento de los carburantes, la intervención militar en Irán, las políticas de detención de inmigrantes y las barreras arancelarias figuran entre los asuntos que han marcado el descontento expresado por los votantes. Trump ha intentado desvincularse de la derrota de su partido alegando que su nombre no figuraba en las papeletas. A través de su red social Truth Social, aseguró que, de haber concurrido personalmente, los republicanos habrían conseguido una victoria contundente. Sin embargo, durante la campaña había animado a sus seguidores a votar como si su nombre apareciera en las papeletas y protagonizó cerca de una treintena de actos electorales, convirtiendo de hecho los comicios en una evaluación de su gestión. En estas elecciones estaban llamados a votar unos 250 millones de estadounidenses para renovar la representación parlamentaria. La victoria demócrata se ha extendido tanto a la Cámara de Representantes, cuyos 435 escaños se sometían íntegramente a elección, como al Senado, donde se renovaba aproximadamente un tercio de sus miembros. Esta última Cámara presentaba mayores dificultades para la oposición, ya que de los 35 puestos en disputa, 22 estaban ocupados por republicanos y 13 por demócratas. Hasta ahora, los republicanos contaban con 53 senadores frente a los 47 demócratas, por lo que la oposición necesitaba obtener cuatro escaños adicionales para alcanzar la mayoría, teniendo en cuenta que el vicepresidente J. D. Vance dispone de voto de desempate. Uno de los primeros resultados destacados llegó desde Carolina del Norte, donde el exgobernador demócrata Ray Cooper consiguió recuperar un escaño en el Senado que el partido no ocupaba desde hacía dos décadas. Cooper se impuso al republicano Michael Whately, presidente del Comité Nacional Republicano, que aspiraba a ocupar el puesto dejado vacante por Tom Tillis tras sus discrepancias con Trump. También se produjo un resultado inesperado en Carolina del Sur, donde la demócrata Annie Andrews logró imponerse a la republicana Darline Graham, consiguiendo la primera victoria de su partido en el estado en 28 años. Otro de los resultados más significativos se registró en Texas, donde James Talarico consiguió derrotar al republicano Ken Paxton y obtener para los demócratas un escaño que no controlaban desde hacía más de 30 años. La contienda había generado una gran expectación en el segundo estado más extenso y poblado del país. Paxton, respaldado por Trump en las primarias frente al senador John Cornyn, llegaba a la campaña marcado por distintas acusaciones relacionadas con el ejercicio de su cargo y por las controversias sobre su vida personal. Talarico, antiguo profesor y seminarista, centró su discurso en combinar valores religiosos con propuestas económicas dirigidas a combatir el encarecimiento del coste de la vida y denunciar la corrupción. Durante la campaña recibió ataques directos del presidente, que utilizó apelativos despectivos para referirse a él, y del vicepresidente, que también cuestionó su orientación sexual. Los demócratas lograron otro resultado relevante en Ohio, donde Sherrod Brown recuperó el escaño frente al republicano Jon Husted. El estado, que había respaldado a Trump en las tres últimas elecciones presidenciales, volvió a inclinarse por un candidato demócrata. La subida de los precios, el encarecimiento de la energía y el impacto de los aranceles sobre los costes empresariales parecen haber tenido un papel importante en el resultado electoral. También en Kansas se produjo un cambio histórico, con la victoria del demócrata Adam Hamilton frente al republicano Roger Marshall. Se trata del primer triunfo demócrata en el estado desde 1932. Hamilton, dirigente de una importante congregación religiosa de Kansas City, consiguió imponerse con un discurso moderado a un rival que contaba con el respaldo del presidente. Finalmente, los demócratas obtuvieron otro escaño en Iowa, donde Josh Turek, legislador y campeón paralímpico de baloncesto, derrotó a la republicana Ashley Hinson. El nuevo equilibrio parlamentario permitirá a los demócratas recuperar capacidad de iniciativa legislativa y dificultar la aprobación de buena parte de las propuestas de Trump. No obstante, el presidente conserva importantes instrumentos para mantener su agenda política. Entre ellos figura el veto presidencial, que le permitirá bloquear las iniciativas aprobadas por las cámaras, así como las órdenes ejecutivas, una herramienta que ha utilizado ampliamente para impulsar decisiones en materias como comercio, inmigración y política exterior. Por su parte, la oposición podrá intensificar las investigaciones parlamentarias sobre la actuación del Ejecutivo y de sus principales responsables, además de plantear la posibilidad de iniciar un procedimiento de destitución (impeachment) contra el presidente. Los resultados también marcan el inicio informal de la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2028, para las que ambos partidos tendrán que reorganizar sus estrategias y definir sus respectivos liderazgos. Los demócratas afrontan esta nueva etapa impulsados por el respaldo obtenido en las urnas, aunque las diferencias internas sobre la orientación futura de la formación siguen presentes. Las tensiones entre las corrientes moderadas y progresistas ya habían quedado de manifiesto durante la campaña, especialmente en Michigan, donde Haley Stevens, derrotada en las primarias, terminó apoyando al candidato republicano frente a Abdul el Sayed. En el Partido Republicano, la derrota supone un aviso para los sectores que defendían la continuidad del proyecto político de Trump una vez finalice su segundo mandato. Hasta ahora, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, aparecían como posibles figuras para recoger el testigo del movimiento MAGA (Make America Great Again). Sin embargo, el retroceso electoral introduce incertidumbre sobre esa estrategia y obliga a los republicanos a revisar sus perspectivas de futuro de cara a la próxima carrera presidencial.

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(Cinco Días, 04-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV quiere que las grandes cotizadas separen los cargos de presidente y consejero delegado

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pretende introducir cambios importantes en el modelo de gobierno de las sociedades cotizadas para lograr un mayor equilibrio en el reparto de poder dentro de sus órganos de dirección. El objetivo es limitar la concentración de funciones ejecutivas en una misma persona y reforzar la capacidad de supervisión de los consejeros que representan los intereses de los accionistas minoritarios. Entre las principales propuestas figuran la separación de los cargos de presidente y consejero delegado en las compañías del Ibex 35 y el establecimiento de un mínimo del 50% de consejeros independientes en los consejos de administración de las sociedades cotizadas. El organismo supervisor ha sometido a consulta pública el proyecto de revisión del código de buen gobierno, que pasará a denominarse Código de Gobierno de las Sociedades Cotizadas. La iniciativa pretende fortalecer la confianza de los inversores en el mercado español y sustituir el texto vigente desde 2020. El borrador, que podrá recibir aportaciones hasta el próximo 15 de diciembre, reduce el número de principios y recomendaciones de 64 a 52 y simplifica considerablemente su contenido, pasando de 52 a 23 páginas. Una de las modificaciones más relevantes es la recomendación de separar las funciones de presidente ejecutivo y consejero delegado en las empresas del Ibex. La CNMV plantea que este último cargo actúe como contrapeso dentro de la estructura de dirección. La propuesta afecta directamente a Acciona, Aena, Mapfre y Naturgy, las cuatro compañías del índice en las que una misma persona desempeña actualmente ambas responsabilidades. José María Entrecanales ocupa estos puestos en Acciona; Maurici Lucena, en Aena; Antonio Huertas, en Mapfre, y Francisco Reynés, en Naturgy. Aunque la recomendación no tendrá carácter obligatorio, las sociedades afectadas deberán aprobar un plan de transición antes del 30 de junio de 2028 y dispondrán de otros dos años para llevarlo a la práctica. El nuevo código también establece que las sociedades del Ibex cuyo presidente desempeñe funciones ejecutivas deberán justificar esta circunstancia en su informe anual de gobierno corporativo. Esta situación se produce en cerca de la mitad de las compañías del índice y del mercado continuo. Entre los casos más conocidos figuran Ana Botín, en Banco Santander; Carlos Torres, en BBVA; Ignacio Sánchez Galán, en Iberdrola; Marc Murtra, en Telefónica, y Florentino Pérez, en ACS. Además, cuando el presidente no sea independiente, se propone incorporar la figura de un consejero coordinador que asuma determinadas funciones de supervisión. Entre sus responsabilidades estarían presidir el consejo en ausencia del presidente y los vicepresidentes, canalizar las inquietudes de los consejeros no ejecutivos, mantener el contacto con inversores y accionistas y coordinar el proceso de sucesión de la presidencia. Otra de las líneas de actuación consiste en incrementar la presencia de consejeros independientes para evitar que los ejecutivos concentren demasiado poder. La CNMV plantea que representen al menos la mitad de los integrantes del consejo de administración. En las sociedades que no formen parte del Ibex y cuenten con un accionista o grupo de accionistas coordinados que controle más del 30% del capital, el porcentaje mínimo se situaría en un tercio. El proyecto también concreta los criterios que deben cumplir los consejeros para ser considerados independientes. Entre las circunstancias que impedirían esta calificación figuran haber trabajado en alguna empresa del grupo durante los últimos cinco años, percibir de la sociedad ingresos que superen el 35% de la renta anual total durante los tres ejercicios anteriores, haber permanecido en el consejo durante nueve años consecutivos o poseer más del 1% del capital. Tampoco podrían ser considerados independientes quienes hayan ocupado recientemente puestos de secretario del consejo, consejero ejecutivo o alto directivo en una compañía en la que hayan coincidido durante un periodo significativo con el presidente o algún otro consejero ejecutivo. En materia de remuneraciones, el documento definitivo ha suavizado algunas de las restricciones que se habían planteado inicialmente para los consejeros independientes. La propuesta ya no establece límites cuantitativos a sus retribuciones, después de que en una primera fase se estudiara que estas no superasen el 10% de su patrimonio neto ni el 25% de sus ingresos anuales. Finalmente, el borrador se limita a recomendar que las cantidades percibidas no alcancen niveles que puedan poner en riesgo su independencia de criterio, tomando como referencia los sistemas retributivos aplicados en otras empresas comparables. En cuanto a la retribución variable, la CNMV propone reservarla a los consejeros ejecutivos y vincular una parte de ella a la entrega de acciones. Para los consejeros no ejecutivos también se contempla la posibilidad de recibir acciones, siempre que se mantengan en cartera hasta el momento del cese. En el caso de los independientes, esta modalidad deberá respetar los límites que establezca la comisión de retribuciones para evitar que pueda condicionar su autonomía. Asimismo, el texto recomienda que los consejos de administración eviten que la junta general pueda cesar a un consejero independiente cuando esta decisión no haya sido incluida previamente en el orden del día. La actualización del código incorpora igualmente nuevas recomendaciones relacionadas con la inteligencia artificial y la ciberseguridad. La CNMV insiste en que estas tecnologías deben servir de apoyo a la gestión empresarial, pero no pueden sustituir la toma de decisiones que corresponde al consejo de administración. También se incorporan las directrices de la Comisión Europea en materia de sostenibilidad. Por último, las recomendaciones relativas a la igualdad de género se centran ahora especialmente en los puestos de alta dirección, una vez aprobada en 2024 la Ley de Paridad, al considerar el supervisor que todavía existe margen para avanzar en la presencia de mujeres en estos niveles de responsabilidad.

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(Expansión, 04-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y renuncia a las listas del 29-N tras el accidente de Urda

Óscar Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes después de varios días de presión política por el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), el segundo siniestro de estas características registrado en la alta velocidad española en lo que va de año. La decisión la comunicó al término de una extensa comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que tuvo que dar explicaciones sobre los problemas de seguridad que rodearon la tragedia. Puente justificó su salida señalando que un responsable de Transportes no puede continuar en el cargo después de dos accidentes de esta gravedad en menos de doce meses. También renunciará a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid. La dimisión ha resultado especialmente inesperada porque, horas antes, fuentes de Moncloa habían descartado tanto la posibilidad de que el ministro abandonara voluntariamente el Gobierno como que Pedro Sánchez decidiera cesarlo. Según explicó el propio Puente, comunicó su decisión al presidente apenas unos minutos antes de hacerla pública en el Congreso. El ya exministro aseguró que su salida responde a razones de responsabilidad política, coherencia y solidaridad con las víctimas, además de considerar que debía estar a la altura de la trayectoria de quienes le precedieron en el cargo. Sánchez, por su parte, elogió su actuación y afirmó que los políticos que asumen sus responsabilidades y dan un paso al lado contribuyen a dignificar la vida pública. La marcha de Puente abre ahora un nuevo escenario en el Ministerio de Transportes, que deberá contar con un responsable interino durante las semanas previas a la constitución de las nuevas Cortes, prevista para el 23 de diciembre. La salida del ministro se produce después de que algunas informaciones apuntaran a que ya había trasladado anteriormente al presidente su disposición a dejar el cargo, aunque Sánchez habría rechazado entonces esa posibilidad. Mientras tanto, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto con medidas de apoyo económico para las personas afectadas por el accidente. Las indemnizaciones previstas duplicarán las cuantías establecidas en el seguro obligatorio de viajeros. En el caso de las 69 víctimas mortales, la compensación máxima se situará en torno a los 216.000 euros, a los que se añadirán ayudas complementarias de 72.000 euros, elevando la cantidad total hasta aproximadamente 288.000 euros por fallecimiento. La norma también establece una protección específica para los afectados que sufran incapacidad laboral, de manera que las bajas médicas derivadas del siniestro tengan la consideración de accidente de trabajo a efectos de Seguridad Social. Junto a las compensaciones económicas, el Ejecutivo ha anunciado un nuevo paquete de actuaciones destinado a recuperar la confianza de los usuarios y reforzar la seguridad del sistema ferroviario tras los accidentes de Adamuz y Urda, que han dejado conjuntamente 115 fallecidos y varias decenas de heridos durante 2026. El plan presentado por Puente contempla actuaciones en tres ámbitos: innovación tecnológica, revisión de los procedimientos de seguridad y mejora de las condiciones laborales y las plantillas del personal ferroviario. En materia tecnológica, el Gobierno prevé incorporar nuevas herramientas a los centros de control que permitan generar alertas automáticas y visualizar con mayor claridad la ubicación de los trenes. También se desarrollará un sistema basado en inteligencia artificial para anticipar posibles incidencias, detectar anomalías y supervisar las comunicaciones entre maquinistas y controladores. Según explicó el exministro, esta iniciativa pretende situar a España entre los primeros países en disponer de una solución de estas características. En cuanto a los procedimientos de seguridad, el Ejecutivo plantea adaptar al transporte ferroviario algunos mecanismos de control que ya se utilizan en otros medios de transporte, especialmente en la aviación. A partir de la entrada en vigor del real decreto, las decisiones adoptadas desde los centros de control deberán contar con la validación de un segundo controlador humano. Asimismo, se estudiarán medidas adicionales de seguridad pasiva para reducir las consecuencias de posibles accidentes, entre ellas mantener cerrados los portaequipajes con el fin de evitar que los objetos almacenados puedan salir despedidos en caso de colisión. El tercer eje del plan se centra en las condiciones laborales y los recursos humanos. La normativa contempla revisar el marco que regula la actividad de los controladores ferroviarios, adaptar sus descansos a los periodos de mayor carga de trabajo y ampliar los mecanismos de prevención de la fatiga. Estos protocolos, que ya cuentan con un mayor desarrollo para los maquinistas, se extenderán a otros colectivos considerados esenciales para la seguridad, como el personal encargado de la protección de las obras ferroviarias y los pilotos. Por último, el Gobierno ha solicitado autorización judicial para iniciar los trabajos de reconstrucción de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, con la intención de recuperar la circulación ferroviaria en un plazo estimado de diez días. Una vez restablecido el servicio, los trenes circularán inicialmente con frecuencias reducidas mientras se completa la sustitución del sistema de seguridad LZB, una actuación que, según las previsiones trasladadas por Puente, podría prolongarse hasta comienzos de 2027. Para compensar parcialmente las limitaciones de capacidad, el Ejecutivo prevé utilizar composiciones dobles, con un mayor número de vagones por convoy.

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(Expansión, 04-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas se abre a mejorar los sistemas rendición de cuentas del BCE

La Comisión Europea está trabajando en una profunda reforma del sector bancario que prevé presentar durante el primer trimestre de 2027. La iniciativa pretende reforzar la competitividad de las entidades financieras en un contexto marcado por la incertidumbre. Entre las principales demandas de la industria figura una mayor supervisión de los poderes del Banco Central Europeo (BCE), una cuestión sobre la que Bruselas parece dispuesta a introducir mejoras en los mecanismos de rendición de cuentas. La comisaria europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, Maria Luís Albuquerque, reconoció que los actuales procedimientos de control del BCE, que incluyen comparecencias ante el Consejo y el Parlamento Europeo para informar sobre su actividad, resultan insuficientes. Por ello, la Comisión estudia reforzarlos. Albuquerque considera que los organismos supervisores deben garantizar el cumplimiento de las normas, pero también actuar, en cierta medida, como aliados de las entidades financieras. La responsable comunitaria defendió la necesidad de facilitar que los bancos puedan cumplir con sus obligaciones regulatorias sin que las exigencias terminen perjudicando su actividad empresarial. En este sentido, planteó una mayor coordinación entre los distintos supervisores para que compartan información y tengan en cuenta el efecto conjunto de sus decisiones, evitando que cada organismo actúe de manera independiente sin valorar las consecuencias acumuladas de sus actuaciones. No obstante, Albuquerque considera que no es necesario establecer un segundo mandato para el supervisor que incluya expresamente la obligación de proteger la competitividad del sector bancario. A su juicio, este objetivo puede alcanzarse mediante un cambio cultural en la forma de entender y ejercer la supervisión.

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(La Vanguardia, 04-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

De media, los españoles llevan 47,30 euros en su cartera

El efectivo sigue resistiendo frente al avance de los pagos electrónicos y la banca digital. Su utilización continúa siendo una opción habitual para una parte importante de la población, que valora especialmente la privacidad, la protección frente a posibles fraudes o fallos tecnológicos y la posibilidad de disponer de una alternativa para gestionar sus ahorros. La última encuesta sobre hábitos de uso del efectivo publicada por el Banco de España confirma esta tendencia. El 56% de los ciudadanos utiliza monedas y billetes a diario, un porcentaje que supera en un punto al registrado el año anterior. Desde las organizaciones que defienden su utilización se insiste en que el dinero físico sigue desempeñando una función esencial, tanto por razones de inclusión financiera como por la libertad de elección y la privacidad que proporciona. También permite garantizar el acceso al dinero a quienes tienen dificultades para desenvolverse en el entorno digital. La edad marca diferencias importantes en los hábitos de pago. Según el Banco de España, el efectivo mantiene una presencia especialmente significativa entre los mayores de 55 años, mientras que los jóvenes están mucho más familiarizados con las herramientas digitales y muestran mayor confianza a la hora de gestionar su dinero a través del teléfono móvil. Para las generaciones de más edad, sin embargo, concentrar todo su patrimonio en un dispositivo electrónico sigue generando cierta desconfianza, pese a que en los últimos años han incorporado progresivamente la banca digital y el pago con tarjeta a sus rutinas. La seguridad es otro de los factores que explican la resistencia del dinero físico. En un contexto marcado por las filtraciones de datos, los accesos no autorizados y los intentos de estafa, cada vez más ciudadanos consideran que los billetes y las monedas ofrecen una protección adicional frente a los problemas tecnológicos y los fraudes. El porcentaje de encuestados que identifica esta ventaja ha pasado del 65% al 71%. También ha aumentado, del 65% al 67%, la proporción de quienes destacan la privacidad que proporciona el efectivo, al evitar que cada operación deje un registro digital susceptible de ser utilizado por terceros. Aunque el dinero físico tampoco está completamente libre de actividades fraudulentas, los expertos consideran que los principales riesgos se concentran actualmente en el ámbito digital. Los cajeros automáticos continúan siendo el principal canal para obtener efectivo, utilizado por el 80% de los ciudadanos, a pesar de que han surgido otras posibilidades, como retirar dinero en establecimientos comerciales. La reducción progresiva de la red de cajeros preocupa a las organizaciones defensoras del efectivo, que advierten de que su desaparición no solo dificulta el acceso al dinero, sino que también puede transmitir una imagen equivocada sobre la demanda real de este servicio. Además, después del apagón, las recomendaciones de las autoridades para disponer de dinero físico ante posibles emergencias parecen haber calado entre la población. De hecho, el porcentaje de españoles que mantiene efectivo a mano para afrontar imprevistos ha aumentado cuatro puntos, hasta situarse en el 36%. La encuesta también refleja un ligero incremento del efectivo como fórmula de ahorro al margen de las entidades bancarias. Su utilización con este propósito ha pasado del 8% al 10%. Esta práctica responde, en parte, al deseo de mantener una reserva disponible y evitar la incertidumbre de los mercados financieros. No obstante, los especialistas advierten de que guardar dinero sin obtener ninguna rentabilidad puede resultar perjudicial en un escenario de inflación, ya que la capacidad adquisitiva de esos ahorros disminuye con el paso del tiempo. En cuanto a la cantidad de dinero que los ciudadanos llevan habitualmente encima, la media se sitúa en 47,30 euros, aproximadamente dos euros más que el año anterior. Desde Denaria consideran que disponer de unos 70 euros semanales en efectivo puede ser una referencia adecuada. Aunque la encuesta apunta a una ligera pérdida de peso del dinero físico como herramienta para controlar los gastos, desde el ámbito académico destacan que sigue siendo un método eficaz para administrar el presupuesto. A diferencia de los pagos con tarjeta o móvil, utilizar efectivo obliga a tomar mayor conciencia del dinero disponible: primero, al retirarlo del cajero, cuando se comprueba cuánto se extrae de la cuenta; después, al llevarlo en la cartera y observar cómo va disminuyendo; y, finalmente, al facilitar un control más directo de los gastos y evitar compras que puedan superar el presupuesto previsto.

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(Expansión, 03-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo cae un 7,6% por los avances en las negociaciones con Irán para acabar con la guerra

El precio del petróleo ha cerrado por debajo de los 105 dólares por barril después de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, haya autorizado al Gobierno del país a iniciar conversaciones para tratar de poner fin a la guerra. A este movimiento se suma la disposición de Donald Trump a mantener abierta la vía diplomática, después de trasladar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su preferencia por continuar las negociaciones antes de ordenar nuevos ataques. A escasas horas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el Partido Republicano han encontrado un inesperado alivio en la evolución del conflicto. Irán ha planteado la posibilidad de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días y recuperar las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz, siempre que Washington acepte una serie de condiciones que Teherán considera razonables. El anuncio ha tenido un efecto inmediato en los mercados energéticos, donde el crudo ha llegado a retroceder un 7,63%, hasta situarse en 104,77 dólares por barril. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, ha señalado que la iniciativa depende ahora de la respuesta estadounidense. Según ha explicado, si Washington acepta las demandas de Irán, el plan podría ponerse en marcha en apenas 48 horas, lo que permitiría restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz y abrir una nueva etapa de negociaciones. No obstante, ha insistido en que la decisión final corresponde a Estados Unidos. Entre las principales exigencias de Teherán figura el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y embarcaciones, así como que cualquier acuerdo contemple el final de las hostilidades en todos los escenarios del conflicto. Esta última condición incluye Líbano, donde Israel mantiene enfrentamientos con Hezbolá, organización aliada de Irán. El Gobierno iraní también reclama la liberación de activos financieros bloqueados en otros países, el fin de las sanciones que afectan a sus exportaciones petroleras y a otros sectores económicos, y el reconocimiento de su control compartido con Omán sobre el estrecho de Ormuz. Esta última pretensión permitiría introducir tasas al tránsito marítimo, una posibilidad contraria al derecho internacional que Teherán justifica como una compensación por los servicios de seguridad prestados a las navieras. Los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán se han intensificado durante las últimas semanas con el objetivo de encontrar una salida al conflicto. En este contexto, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, habría enviado recientemente una comunicación al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, para favorecer la reanudación del diálogo. La caída del petróleo se ha acelerado después de que la agencia iraní IRNA informara de que Jameneí había autorizado al Ejecutivo civil a negociar el final de la guerra. La Administración Trump parece mostrar, por el momento, una mayor disposición a explorar una solución diplomática antes de emprender nuevas operaciones militares. El presidente estadounidense ha mantenido una conversación con Netanyahu para trasladarle su preferencia por dar margen a las negociaciones. En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha asegurado que Trump todavía no ha adoptado una decisión definitiva y que apuesta por la vía diplomática. Aunque ha defendido la capacidad militar estadounidense para responder si fuera necesario, ha dejado claro que la prioridad es alcanzar una solución pacífica. Irán también ha movido ficha en el ámbito diplomático con el envío de una delegación a Doha durante el pasado fin de semana. Catar está desempeñando un papel de intermediación y facilitando el intercambio de mensajes entre ambos países. Sin embargo, los avances en las conversaciones conviven con un discurso todavía beligerante por parte de Trump, que el domingo volvió a amenazar con nuevos ataques contra Irán durante un acto en Iowa. El presidente habría abordado también con Netanyahu la posibilidad de reanudar los bombardeos, aunque habría pedido al dirigente israelí que mantenga la contención mientras se comprueba si las negociaciones pueden prosperar. Pese al fuerte descenso registrado durante la jornada, el petróleo continúa cotizando muy por encima de los niveles anteriores a la última escalada del conflicto, iniciada en agosto. La incertidumbre sobre el futuro de la guerra y, especialmente, las exigencias iraníes respecto al control del estrecho de Ormuz siguen alimentando la preocupación de los mercados. El gas natural europeo también ha experimentado un retroceso significativo: el contrato TTF holandés ha caído un 9,6%, hasta los 94 euros por megavatio hora, aunque todavía duplica ampliamente los precios registrados en junio, cuando se produjo la reapertura del paso marítimo. Un eventual acuerdo tendría importantes consecuencias para el mercado energético internacional, ya que por el estrecho de Ormuz circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Su cierre ha contribuido a impulsar la cotización del crudo, que acumula una subida del 74% en lo que va de año, a pesar de la corrección de los últimos días. La interrupción del tráfico marítimo y el temor a nuevas restricciones en el suministro han mantenido los precios bajo una fuerte presión. No obstante, desde Julius Baer consideran que la recuperación de las exportaciones petroleras de los países del golfo Pérsico hasta niveles similares a los anteriores al inicio de la guerra debilita los argumentos que justifican unas cotizaciones tan elevadas. Su director de Inversiones, Yves Bonzon, apunta que, si la situación geopolítica se estabiliza, el barril podría volver a situarse por debajo de los 100 dólares y acercarse progresivamente a una horquilla de entre 80 y 90 dólares. Por su parte, Tim Waterer, analista jefe de KCM Trade, considera que las expectativas de avances diplomáticos y la ausencia de una nueva escalada militar durante el fin de semana han reducido, al menos temporalmente, la presión alcista sobre los precios.

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(Expansión, 03-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El PMI de la eurozona modera su crecimiento en octubre, aunque mantiene nueve meses de expansión

La actividad de la industria manufacturera de la zona euro continuó creciendo en octubre, aunque perdió ligeramente impulso respecto al mes anterior. El índice PMI del sector se situó en 52,7 puntos, frente a los 52,9 registrados en septiembre, lo que supone su nivel más bajo de los últimos dos meses, según los datos publicados por S&P Global. Pese a esta moderación, el indicador permaneció por noveno mes consecutivo por encima de los 50 puntos, umbral que marca la diferencia entre expansión y contracción económica. La producción industrial también mantuvo su evolución positiva, aunque a un ritmo más lento. Su indicador descendió hasta los 52,8 puntos, frente a los 53,6 del mes anterior, y alcanzó su registro más bajo en cuatro meses. El avance de la actividad al comienzo del cuarto trimestre se produjo en un contexto de menor crecimiento de los nuevos pedidos y de mayores dificultades en las cadenas de suministro. A pesar de estos condicionantes, las empresas manufactureras continuaron aumentando sus plantillas y elevaron sus compras al ritmo más intenso desde mayo de 2022. También se produjo una importante acumulación de existencias de materias primas, que alcanzó su nivel más elevado en casi cuatro años. Esta evolución responde, en parte, al empeoramiento de los plazos de entrega de los proveedores y al encarecimiento de los materiales, cuya inflación alcanzó su máximo de los últimos cinco meses. La recuperación industrial se extendió a seis de los ocho países de la zona euro incluidos en el estudio. Todos ellos registraron niveles de crecimiento que superaron sus respectivos promedios históricos. Francia e Italia fueron las únicas excepciones, ya que sus sectores manufactureros volvieron a mostrar signos de deterioro. En el caso francés, la incertidumbre política interna continúa agravando las dificultades que atraviesan las empresas industriales. El economista jefe de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, considera que los últimos resultados confirman la continuidad de la mejor etapa de crecimiento de la industria manufacturera de la zona euro en más de cuatro años. La expansión que se mantiene desde febrero refleja, a su juicio, la capacidad de resistencia de un sector que ha tenido que afrontar numerosos obstáculos, entre ellos los aranceles comerciales, las tensiones en Oriente Medio, el encarecimiento de los costes y los problemas de abastecimiento. No obstante, Williamson advierte de que la persistencia de las presiones sobre los precios podría añadir dificultades a las empresas, al incrementar la presión sobre el Banco Central Europeo para que continúe elevando los tipos de interés durante los próximos meses. Esta perspectiva introduce un nuevo factor de incertidumbre para la industria, que todavía debe consolidar su recuperación en un entorno marcado por el aumento de los costes y las dificultades logísticas.

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(Cinco Días, 03-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las ventas de coches en España firman el mejor octubre desde 2007 gracias al eléctrico y las marcas chinas

Las matriculaciones de turismos nuevos en España mantienen una evolución positiva, en contraste con el comportamiento de la producción de las fábricas nacionales. Según los datos publicados por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores y reparadores (Ganvam), las ventas de coches alcanzaron en octubre las 98.487 unidades, un 1,8% más que en el mismo mes de 2025. Se trata del mejor resultado para un mes de octubre desde 2007 y supone encadenar cinco meses consecutivos de crecimiento interanual. El avance del mercado se explica, principalmente, por el impulso de los vehículos electrificados y el aumento de las entregas de las marcas chinas. Los coches eléctricos puros y los híbridos enchufables representaron conjuntamente el 31,5% de las matriculaciones de octubre, con un incremento del 43,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre las marcas con mejores resultados destaca BYD, el mayor fabricante mundial de vehículos enchufables, que ocupó la quinta posición en el mercado mensual. Su modelo Atto 2 fue el tercer coche más vendido, con 1.911 unidades, por detrás del Dacia Sandero, con 3.284, y el Toyota Corolla, con 2.143. MG también mantiene una presencia destacada: su modelo ZS fue el cuarto más matriculado en octubre, con 1.781 unidades, y ocupa la quinta posición en el acumulado del año. Entre enero y octubre se vendieron en España 1,01 millones de turismos, un 6,2% más que durante los diez primeros meses de 2025. Con estos resultados, el sector confía en superar los 1,2 millones de unidades al cierre del ejercicio, aunque el mercado todavía no ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia. Anfac ha calificado octubre de mes histórico y ha destacado que las ventas estuvieron cerca de alcanzar las 100.000 unidades, pese a contar con dos días hábiles menos que en octubre del año pasado, debido a que la festividad del 12 de octubre cayó en domingo y no se trasladó al lunes en las comunidades autónomas con mayor volumen de matriculaciones. Por canales de comercialización, las compras de particulares y empresas concentran la mayor parte de las ventas. Los particulares adquirieron 470.966 vehículos, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las empresas sumaron 349.681 unidades, con un crecimiento del 4,2%. El canal de alquiladores registró el mayor incremento porcentual, del 8%, aunque su volumen fue más reducido, con 189.898 matriculaciones. Las asociaciones también han destacado la evolución de las emisiones de los vehículos nuevos. En octubre, las emisiones medias de CO2 se situaron en 91,8 gramos por kilómetro, un 8,5% menos que en el mismo mes de 2025. En el conjunto de los diez primeros meses del año, la media descendió hasta los 99,3 gramos por kilómetro, situándose por primera vez por debajo de los 100 gramos. Este resultado está vinculado al crecimiento de los vehículos enchufables, que han contado con el respaldo de las ayudas del Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros y vigente hasta el próximo 31 de diciembre. No obstante, las patronales advierten de que los fondos disponibles podrían agotarse durante noviembre y reclaman una ampliación de la dotación y la continuidad del programa en 2027. Faconauto considera necesario conocer con antelación si se mantendrán los incentivos para evitar que se pierda el impulso conseguido en el mercado de vehículos electrificados. Ganvam, por su parte, pide que estas ayudas tengan continuidad y no queden condicionadas por los calendarios electorales. El director general de Anfac, José López-Tafall, ha recordado que la cuota de mercado de los vehículos electrificados en Europa todavía supera en diez puntos porcentuales a la española. Aunque considera que el mercado nacional avanza a buen ritmo, señala que existe margen para acelerar la transición y aproximarse a los niveles de penetración de los principales países europeos. En el ranking de fabricantes, Toyota mantiene el liderazgo del mercado español, con 88.247 unidades vendidas en lo que va de año, gracias, entre otros factores, a su apuesta por los híbridos no enchufables. Volkswagen ocupa la segunda posición, con 65.280 matriculaciones, seguida de Renault, con 57.770. Por modelos, el Dacia Sandero encabeza la clasificación, con 29.210 unidades, por delante del Seat Ibiza, con 23.664, y el Toyota Corolla, con 21.400. Por último, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros aumentaron un 2,1% en octubre y acumulan un crecimiento del 5,4% en los diez primeros meses del año, hasta alcanzar las 163.171 unidades. En cambio, las ventas de vehículos industriales y autobuses descendieron un 10,1% durante octubre, aunque mantienen un balance positivo en el acumulado de 2026, con un avance del 8% y un total de 31.183 unidades.

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(Expansión, 02-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los fondos cazaopas logran vía libre para invertir fuera del radar en España

El pasado 28 de octubre desaparecieron de los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las participaciones significativas de varios accionistas de Azkoyen, la compañía navarra que está siendo objeto de una oferta pública de adquisición (opa) presentada por Ohmnia Electronics. Entre las posiciones que dejaron de figurar se encontraban las del fondo de inversión de Navarra, Andbank Wealth Management y Muza Gestión de Activos, con participaciones que oscilaban entre el 1% y el 3% del capital de la empresa fabricante de máquinas expendedoras. Esta desaparición responde a la entrada en vigor de un decreto publicado por el Gobierno el pasado 7 de octubre, que introduce diferentes modificaciones en el ámbito financiero. Una de las principales novedades afecta a las obligaciones de información de los accionistas de empresas sometidas a una opa. A partir de ahora, deberán comunicar sus participaciones cuando alcancen el 3% del capital, en lugar del 1% que se exigía hasta ahora, equiparándose así el umbral al aplicable al resto de sociedades cotizadas. La obligación de informar desde el 1% se mantiene para los inversores domiciliados en paraísos fiscales. El Ejecutivo justifica el cambio por la necesidad de reducir las cargas administrativas, garantizando al mismo tiempo un nivel de transparencia adecuado y más acorde con la regulación europea. La obligación de declarar las participaciones superiores al 1% se introdujo en 2007, después de la disputa por el control de Endesa. En aquel momento, el Gobierno consideró necesario reforzar las exigencias de transparencia en las operaciones de adquisición. La finalidad era identificar rápidamente la entrada de nuevos inversores en compañías afectadas por una opa y permitir al mercado valorar si sus movimientos podían favorecer, obstaculizar o incluso bloquear la operación. La modificación actual supone, en la práctica, que los fondos especializados en este tipo de operaciones podrán adquirir participaciones en empresas españolas sin que sus movimientos sean visibles mientras no alcancen el nuevo límite del 3%. Estos inversores, conocidos como fondos cazaopas, son hedge funds que buscan obtener importantes rentabilidades aprovechando las oportunidades que surgen durante los procesos de adquisición. Su estrategia consiste principalmente en posicionarse en aquellas operaciones en las que consideran probable que se produzca una mejora del precio ofrecido, ya sea por la competencia entre distintos compradores o por la presión del consejo de administración para conseguir una contraprestación superior. Sand Grove, Samson Rock, Harris Associates, Marshall Wace, Millennium y Qube Research figuran entre las entidades que desarrollan este tipo de estrategias, conocidas internacionalmente como event driven. Uno de los ejemplos más destacados de la influencia de estos fondos en el mercado español se produjo durante la pugna por el control de Applus. En aquella operación llegaron a reunir una parte relevante del capital y estuvieron cerca de inclinar el resultado a favor de Apollo Global Management, pese a que su oferta definitiva era la menos elevada. La CNMV tuvo que intervenir para facilitar que prevaleciera la propuesta económicamente más favorable, presentada por el consorcio formado por I Squared y TDR Capital. También se detectaron movimientos de estos inversores durante las opas sobre Sabadell y Ercros, así como en las negociaciones relacionadas con una posible oferta sobre Grifols. Por su parte, los fondos que participaron en la opa sobre MásMóvil en 2020 todavía mantienen litigios al considerar que el precio ofrecido por las acciones fue insuficiente. La mayoría de estos fondos suele mantener posiciones inferiores al 3% del capital de las compañías en las que invierte. Por este motivo, el nuevo umbral permitirá que su presencia pase desapercibida en buena parte de las opas que se desarrollen en España. Esta menor visibilidad también afectará a otros inversores que acceden al capital con intereses más estratégicos, como ha ocurrido en Azkoyen con el fondo de inversión de Navarra. Frente a este criterio, otros mercados mantienen obligaciones de información más estrictas. Es el caso del Reino Unido, donde sigue siendo obligatorio declarar participaciones superiores al 1% cuando una empresa está sometida a una opa. Así sucede en la actual oferta de la familia Cosmen y Asterion sobre Mobico, en la que fondos como Citadel, Two Sigma y Connor Clark han tenido que comunicar que controlan más del 1% del capital de la compañía británica.

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(Expansión, 02-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los expertos avisan: la subida de precios es estructural y dañará el consumo

La evolución de los precios, los costes de financiación, el comportamiento del consumo y la situación geopolítica serán factores determinantes para comprobar si la desaceleración económica se mantiene dentro de unos límites moderados o se intensifica durante los próximos trimestres. Así lo recoge el Consenso Económico y Empresarial de PwC, que advierte de los riesgos asociados al actual escenario inflacionista. El encarecimiento de la energía y los carburantes, que posteriormente se ha trasladado a otras materias primas, los servicios y los productos de consumo, podría prolongar sus efectos incluso si cesan las hostilidades en Oriente Próximo. Los expertos alertan de que la escalada de precios provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada el pasado febrero, puede consolidarse y dar paso a un periodo de inflación más persistente y difícil de controlar. Esta es una de las principales conclusiones del informe correspondiente al cuarto trimestre del año, elaborado a partir de las opiniones de más de 450 empresarios, directivos y analistas. El 52% de los participantes considera que el actual repunte de los precios en España marca el comienzo de una etapa de inflación estructuralmente más elevada, que podría prolongarse y cuya corrección resultaría complicada incluso mediante los ajustes de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Por el contrario, el 25% interpreta que se trata de un episodio temporal, mientras que otro 15% cree que es un riesgo asumible siempre que el BCE responda con suficiente firmeza. Los encuestados identifican distintos elementos que pueden mantener la presión inflacionista en los próximos meses. Para el 63%, la mayor contribución al aumento de los precios procederá de la combinación de energía, alimentos y servicios. La coincidencia de estos factores podría dificultar la moderación del IPC y prolongar sus efectos sobre el conjunto de la economía. Uno de los principales riesgos se encuentra en la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares. Después de tres meses consecutivos con incrementos del IPC superiores al 4%, hasta alcanzar el 4,9% en septiembre y octubre, los expertos advierten de las consecuencias que tendría mantener esta tendencia durante un periodo prolongado. El 45% considera que el impacto será diferente en función del nivel de renta de cada hogar si los precios continúan creciendo por encima de los salarios. Además, el 39% prevé una reducción del poder adquisitivo que podría traducirse en ajustes del consumo y del ahorro, al evolucionar las remuneraciones por debajo de la inflación. Otro 31% señala el riesgo de que las reivindicaciones salariales y sus posteriores repercusiones sobre los costes empresariales terminen alimentando nuevas subidas de precios, especialmente en determinados sectores. La mayor inflación registrada en España respecto a la media de la eurozona, cercana al 5% frente al 3,8%, también preocupa a los participantes en el estudio. Para el 47% de los empresarios, directivos y expertos consultados, esta diferencia responde principalmente a la fortaleza de la demanda interna y del turismo, que están contribuyendo a mantener la presión sobre los precios. En este escenario, la política monetaria del Banco Central Europeo adquiere especial relevancia. Tras elevar los tipos de interés hasta el 2,5% el pasado septiembre, el 76% de los encuestados considera que la decisión ha sido adecuada y necesaria para contener las expectativas inflacionistas, aunque algunos entienden que la respuesta llegó tarde. Además, el 86% contempla nuevas subidas de los tipos antes de finalizar el año y considera elevada la probabilidad de que se produzcan, en función de cómo evolucione la inflación. En cuanto a las perspectivas de actividad, el Consenso de PwC anticipa una moderación del crecimiento de la economía española, con un avance estimado del 2,4% en 2026 y próximo al 2% en 2027. Entre los obstáculos para mantener el ritmo de expansión destaca la falta de mano de obra. El 41% de los participantes señala que, pese a existir suficiente demanda, las dificultades para encontrar trabajadores están limitando la capacidad de crecimiento de las empresas. Las previsiones sobre el consumo también muestran un deterioro respecto al anterior informe. El porcentaje de expertos que espera que el gasto de los hogares se mantenga estable ha bajado del 65% al 53%, mientras que aumenta del 24% al 42% la proporción de quienes anticipan una reducción. Este cambio de expectativas refleja la preocupación por el efecto combinado de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de la financiación sobre las decisiones de gasto de las familias.

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