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(Cinco Días, 01-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El tope a la tarifa del gas natural generará un déficit de 200 millones que pagarán los usuarios con un interés del 3,22%

El límite del 15% a la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural aprobado por el Gobierno generará un déficit de alrededor de 200 millones de euros durante el periodo en el que estará vigente, correspondiente al último trimestre de 2026 y al primero de 2027. La diferencia entre el coste real de la materia prima y el precio que finalmente pagarán los 3,1 millones de consumidores acogidos a esta tarifa no será asumida directamente por el Estado, sino que quedará pendiente de recuperación. Los usuarios deberán hacer frente posteriormente a ese importe, con un interés del 3,22%, mediante futuras revisiones de la tarifa. La TUR está disponible para hogares y microempresas con un consumo anual inferior a 50.000 kWh y conectados a redes con una presión inferior a 4 bares. Dentro de esta tarifa existen distintos tramos, siendo uno de los más habituales el correspondiente a consumidores que utilizan el gas para agua caliente, cocina y calefacción. El resto de usuarios, hasta alcanzar unos 4,8 millones, se encuentra en el mercado libre, bien porque ha elegido voluntariamente esta modalidad pese a poder acogerse a la tarifa regulada o porque supera los límites de consumo establecidos. La decisión de limitar la subida responde a la fuerte escalada que habría experimentado la TUR si se hubiese aplicado sin cambios la fórmula de actualización trimestral. Según los cálculos recogidos en el real decreto ley, la revisión automática habría supuesto un incremento aproximado del 45% respecto al tercer trimestre, con aumentos superiores al 50% en alguno de los tramos. El coste de la materia prima habría pasado así de 2,65 céntimos por kWh en junio a 5,63 céntimos en octubre. El déficit estimado de 200 millones corresponde precisamente a la diferencia entre ese incremento que habría resultado de aplicar la metodología y el aumento finalmente limitado al 15%. A diferencia de lo ocurrido durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, cuando una medida similar estuvo vigente entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 y fue financiada mediante los Presupuestos Generales del Estado, en esta ocasión serán las comercializadoras de último recurso las que adelanten el importe. Estas compañías, pertenecientes a Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies, recuperarán posteriormente las cantidades a través de las futuras revisiones de la tarifa. En la práctica, el coste se trasladará de forma aplazada a los consumidores acogidos a la TUR. El límite del 15% se aplicará durante el último trimestre de 2026 y el primero de 2027. Sin embargo, la tarifa continuará incorporando mecanismos de recuperación de la deuda mientras existan cantidades pendientes. La norma establece que no podrá reducirse el componente de la materia prima de la TUR mientras persista ese importe por recuperar. Para el trimestre actual, el incremento máximo de este componente respecto al periodo anterior será del 35%, mientras que en enero de 2027 el límite será del 15%. Además, se pretende evitar que los consumidores abandonen la tarifa regulada una vez beneficiados por la limitación temporal de precios. Quienes pasen al mercado libre antes de que se haya recuperado completamente la cantidad pendiente deberán abonar a la comercializadora de último recurso el importe correspondiente a la deuda media asociada a su tramo de peaje. La recuperación del déficit comenzará a aplicarse en las revisiones posteriores al 1 de enero de 2027, mediante un incremento del componente de materia prima, con un límite del 15%, hasta que se haya recuperado toda la cantidad pendiente. A este importe se añadirá un interés del 3,22%, calculado tomando como referencia el coste de la deuda utilizado por la CNMC para determinar la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte, regasificación y distribución de gas durante el periodo regulatorio 2027-2032. La TUR se actualiza cada tres meses mediante una fórmula establecida en una orden ministerial de 2009. El cálculo combina el coste de la materia prima, los peajes de acceso, los costes de comercialización y los correspondientes a la seguridad de suministro. Una particularidad de esta metodología es que el componente de materia prima no se determina directamente a partir del precio del gas negociado en el mercado español Mibgas. La fórmula utiliza principalmente la cotización del petróleo Brent y, durante los trimestres de invierno, también los precios de los futuros del mercado británico NBP. Este sistema de cálculo ha sido cuestionado por las comercializadoras, que consideran que la referencia utilizada no refleja directamente el coste del gas que adquieren para sus clientes. También han señalado la menor liquidez del mercado NBP frente al TTF neerlandés, que constituye una de las principales referencias europeas para el precio del gas. El mecanismo elegido para recuperar el déficit también difiere del utilizado en el sistema eléctrico. En este caso, el importe se incorporará al precio de la energía, mientras que en el sistema eléctrico la deuda acumulada se trasladó inicialmente a los peajes y posteriormente se recurrió a los denominados cargos para financiar determinados costes del sistema. En la TUR del gas no existe este componente de cargos. El real decreto ley introduce asimismo una modificación que afecta a las empresas comercializadoras: deberán mantener almacenadas reservas de gas equivalentes a 21 días de consumo medio mensual, frente a los 16,5 días que establecía hasta ahora la normativa.

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(Expansión, 01-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La letra pequeña del decreto de vivienda: fondos "buitre", desahucios, prórrogas y ayudas

El primer decreto de vivienda publicado en el Boletín Oficial del Estado concreta varias de las medidas anunciadas por el Gobierno en materia de desahucios, acceso a la vivienda y alquileres. El texto introduce una definición específica de los denominados fondos buitre, establece nuevas condiciones para la protección de hogares vulnerables, crea una línea de financiación sin intereses para la compra de la primera vivienda y amplía temporalmente la duración de determinados contratos de arrendamiento. En materia de desahucios, la norma establece distintos procedimientos en función de las características del propietario. Para las entidades consideradas especulativas, definidas como aquellas dedicadas a adquirir inmuebles o créditos hipotecarios impagados con el objetivo de obtener una rentabilidad, se contempla la paralización del lanzamiento cuando el juez determine que concurren las condiciones previstas. Las comunidades autónomas podrán asumir voluntariamente la deuda asociada a la suspensión y, posteriormente, el Estado podrá hacerse cargo de estas cantidades. Cuando el propietario no tenga esa consideración, los juzgados deberán solicitar inicialmente a los servicios sociales de la comunidad autónoma que proporcionen una alternativa habitacional a los hogares vulnerables. Si no existe una solución residencial disponible, la Administración autonómica deberá compensar al propietario por las rentas que deje de percibir, importe que posteriormente podrá ser asumido por el Estado. El decreto incorpora también una nueva línea de préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para facilitar la adquisición de la primera vivienda, sin establecer un límite de edad para acceder a ella. La financiación podrá alcanzar esa cantidad o, como máximo, el 20% del valor del inmueble. A cambio, los beneficiarios tendrán limitada la posibilidad de obtener una plusvalía con la posterior venta de la vivienda, ya que no podrán transmitirla por un precio superior al de adquisición actualizado conforme al IPC. Otra de las medidas afecta a los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Los inquilinos podrán solicitar una prórroga extraordinaria de un año, con posibilidad de ampliarla durante un segundo año. Para acceder a ella deberán estar al corriente del pago de la renta y no haber incurrido en retrasos durante los ocho meses anteriores a la solicitud. Como regla general, los propietarios deberán aceptar esta ampliación y mantener las condiciones del contrato vigente, incluida la renta. No obstante, podrán evitar la prórroga extraordinaria si alcanzan con el inquilino un acuerdo para renovar el contrato con una reducción de al menos el 5% del alquiler. Esta opción permitiría prolongar la relación contractual durante un periodo más amplio. El texto modifica asimismo la Ley de Arrendamientos Urbanos en relación con las prórrogas posteriores al periodo inicial de cinco años, o de siete cuando el propietario sea una persona jurídica. Para evitar la renovación, el arrendador deberá comunicar su decisión con al menos cuatro meses de antelación, mientras que el inquilino tendrá que avisar con dos meses. Si no se produce esa comunicación, el contrato se renovará por periodos anuales, hasta un máximo de tres años. En cuanto a la evolución de las rentas, el decreto establece una congelación para aquellos contratos cuyo precio se encuentre por encima del valor de referencia determinado por el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI). En los casos en los que la renta esté por debajo de ese índice, el propietario podrá aplicar un incremento máximo del 2% anual hasta finales de 2027.

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(Expansión, 01-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El segundo decreto de vivienda obliga al casero a indemnizar con un mínimo de 12 meses a los inquilinos a los que no se les renueve el contrato

El segundo decreto de vivienda publicado hoy en el BOE establece una prórroga forzosa e indefinida de los contratos de alquiler una vez superado el periodo mínimo de cinco años de duración, o de siete años cuando el propietario sea una persona jurídica. La norma contempla, además, que los propietarios que decidan no renovar el contrato, ya sean pequeños o grandes arrendadores, deberán indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente a doce mensualidades de la renta, incluso cuando hayan comunicado correctamente su voluntad de no prorrogar el contrato. La única excepción se produce cuando el propietario necesite la vivienda para sí mismo o para un familiar hasta segundo grado. La nueva regulación establece que, una vez cumplida la duración mínima del contrato, este se irá prorrogando por periodos sucesivos de la misma duración, salvo que alguna de las partes comunique con seis meses de antelación su decisión de no continuar. El impacto económico de la medida puede ser relevante para los propietarios. Por ejemplo, tomando como referencia los datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), el dueño de un piso de 80 metros cuadrados con ascensor situado en una segunda planta del barrio madrileño de Puerta del Ángel, fuera de la M-30, podría tener que afrontar una indemnización de entre 7.000 y 10.000 euros si decide no renovar el contrato al llegar a su vencimiento. El contenido del decreto también introduce diferencias respecto al primer texto aprobado por el Gobierno. Entre ellas figura el plazo de preaviso, que pasa a ser de seis meses frente a los cuatro meses contemplados en el otro decreto, además de ampliar la protección de los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Estas diferencias han generado críticas entre distintos grupos parlamentarios y han añadido incertidumbre sobre la tramitación de las medidas. Junts, una de las formaciones cuyo apoyo resulta relevante para la convalidación de los decretos, ha expresado su preocupación por el contenido de las normas. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha manifestado su "decepción y preocupación" y ha reclamado mayor rigor y solvencia en el texto. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado las diferencias entre ambos decretos, ha anunciado el rechazo de su grupo y ha criticado que las medidas no incorporen actuaciones destinadas a incrementar la construcción de vivienda. Desde Podemos también se ha reclamado la retirada de los dos decretos para sustituirlos por un único texto que incluya sus propuestas, entre ellas la prórroga indefinida de los alquileres. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido a la formación responsabilidad para respaldar las medidas, mientras Podemos todavía no había concretado el sentido de su voto.

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(Expansión, 01-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Fondos y promotoras alertan de fuga de inversiones

Las asociaciones empresariales, portales inmobiliarios y distintos expertos del sector han advertido de posibles efectos negativos sobre el mercado del alquiler si salen adelante los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Entre sus principales preocupaciones figuran un aumento de la incertidumbre regulatoria, una reducción de la oferta de viviendas destinadas al alquiler, una posible subida de las rentas y un menor interés por desarrollar nuevas promociones residenciales destinadas al arrendamiento. Estas valoraciones se producen antes de la votación de las medidas en el Congreso. Desde el ámbito de la inversión inmobiliaria se apunta a una posible pérdida de atractivo del mercado residencial español. Antonio de la Fuente, responsable de Living de Colliers, considera que los cambios normativos transmiten a los inversores institucionales una percepción de inestabilidad regulatoria y advierte de que las nuevas medidas podrían dificultar la resolución judicial de determinados procedimientos de desahucio. En su opinión, las restricciones al capital privado pueden reducir la creación de nueva oferta y contribuir a agravar el déficit de vivienda existente. También desde el sector promotor se señala un posible impacto sobre los proyectos destinados al alquiler. Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), asegura que algunos asociados con promociones de built-to-rent ya estarían valorando trasladar estos proyectos al mercado de compraventa. Según su valoración, las nuevas reglas pueden frenar el desarrollo de promociones destinadas específicamente al alquiler. El representante de los promotores considera además que las medidas se centran en problemas inmediatos y lamenta que el texto finalmente aprobado no incorpore determinadas modificaciones de la Ley del Suelo que, según el sector, podrían haber facilitado la puesta en marcha de viviendas actualmente bloqueadas. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) también alerta de una posible reducción de la inversión, que podría afectar no solo a grandes fondos sino también a pequeños inversores. Su presidente, José María Alfaro, señala que algunas de las limitaciones previstas alcanzan a entidades cuya actividad incluye la adquisición de inmuebles, con las excepciones contempladas en la norma. Desde su perspectiva, esta situación podría desincentivar operaciones destinadas a rehabilitar viviendas y reincorporarlas posteriormente al mercado del alquiler estable. Otra de las principales preocupaciones del sector es el posible descenso de la oferta procedente de propietarios particulares, que constituyen la mayor parte del parque de viviendas en alquiler. María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, sostiene que el aumento de las obligaciones para los arrendadores y los cambios regulatorios pueden hacer que algunos propietarios se planteen abandonar el alquiler residencial. Según estudios citados por la experta, una parte de los propietarios con contratos próximos a finalizar contempla vender sus inmuebles o destinarlos a otras modalidades de alquiler. Desde Idealista también cuestionan que medidas como la ampliación de la duración de los contratos o las limitaciones sobre la actualización de las rentas puedan contribuir por sí mismas a incrementar el número de viviendas disponibles. Francisco Iñareta sostiene que estas disposiciones podrían tener el efecto contrario al buscado si reducen los incentivos de los propietarios para mantener sus inmuebles en el mercado residencial. El portal inmobiliario vincula esta situación con experiencias anteriores de regulación de los alquileres, aunque se trata de una interpretación del sector sobre los posibles efectos de la nueva normativa. En cuanto a los precios, los representantes del mercado inmobiliario advierten de que una eventual reducción de la oferta podría aumentar la competencia entre los demandantes por las viviendas disponibles. María Matos señala que, si disminuye el número de inmuebles en alquiler mientras la demanda se mantiene elevada, aumentaría la presión sobre las rentas y sobre las condiciones de acceso. A ello se añadiría, según esta interpretación, el efecto de unos costes de financiación más elevados, que podrían dificultar el acceso a la vivienda en propiedad y mantener parte de la demanda en el mercado del alquiler. Las organizaciones que representan a propietarios y empresas del sector también cuestionan el grado de seguridad jurídica de las nuevas medidas. Asval, que agrupa a distintos perfiles de propietarios e inversores residenciales, considera que determinadas disposiciones pueden afectar al derecho de propiedad, la libertad de empresa y otros principios jurídicos. Estas afirmaciones constituyen la valoración de la asociación sobre la compatibilidad y los efectos de las medidas. También existen dudas sobre la aplicación práctica de algunos mecanismos previstos en los decretos, especialmente las compensaciones económicas vinculadas a la suspensión de determinados desahucios. Desde el sector inmobiliario se plantea cómo se tramitarán estos pagos, qué Administración asumirá el coste, qué presupuesto se utilizará y cuánto tiempo tendrá que esperar el propietario para recibir la compensación. Estas cuestiones serán relevantes para determinar el impacto efectivo de las nuevas medidas sobre los arrendadores.

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(Expansión, 01-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid ha crecido con más fuerza que Cataluña, afianzando y ampliando su liderazgo como primera economía regional

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asumió el cargo en agosto de 2024 con el objetivo de recuperar la estabilidad institucional en Cataluña y normalizar las relaciones con el Gobierno central y con el resto de comunidades autónomas. Paralelamente, su Ejecutivo presentó un plan de inversiones de 18.500 millones de euros hasta 2030 con el propósito de reforzar la posición económica de Cataluña. Sin embargo, los últimos datos de la Contabilidad Regional del INE muestran que la distancia respecto a Madrid, que superó a Cataluña como primera economía regional en 2017, continúa aumentando. En 2025, el PIB de la Comunidad de Madrid creció un 2,7%, frente al 2,5% registrado en Cataluña, según la información más reciente del INE. El PIB madrileño alcanzó los 337.216 millones de euros, mientras que el catalán se situó en 319.985 millones, una diferencia de 17.231 millones. De esta forma, Madrid concentró cerca del 20% del PIB nacional, frente al 18,9% de Cataluña. La evolución de los últimos años ha consolidado esta diferencia, aunque los factores que explican el comportamiento de ambas economías son diversos y no pueden atribuirse a una única causa. Entre los elementos señalados habitualmente en el debate económico figuran la evolución de la inversión empresarial, la estructura productiva, la fiscalidad, la regulación y la capacidad de atraer nuevas actividades. En el caso de Cataluña, el traslado de empresas iniciado durante el proceso independentista de 2017 continúa formando parte del análisis sobre la evolución de la inversión y la actividad económica, mientras que Madrid ha mantenido una fuerte capacidad de atracción de empresas e inversión. En cualquier caso, Madrid y Cataluña siguen teniendo un peso determinante en la economía española, al concentrar conjuntamente una parte muy significativa del PIB nacional. El liderazgo en crecimiento regional durante 2025 correspondió, sin embargo, a otras comunidades. Murcia registró el mayor aumento, con un 3,8%, seguida de Extremadura, con un 3,2%, y La Rioja y Castilla y León, ambas con un 3%. En el extremo contrario se situaron Cantabria, con un crecimiento del 1,7%, y Asturias y País Vasco, con un 1,9% cada una. La evolución de estas cifras deberá analizarse además teniendo en cuenta que la Contabilidad Regional incorpora revisiones estadísticas y que las posiciones relativas de las comunidades pueden variar en función de si se atiende al tamaño absoluto de sus economías, al crecimiento anual o al PIB por habitante. El INE señala que la serie regional ha sido actualizada dentro de la Revisión Estadística 2024, por lo que las comparaciones con datos de ejercicios anteriores deben realizarse con las series revisadas. La economía española acumula cinco años consecutivos de crecimiento y todo apunta a que cerrará 2026 sumando un sexto ejercicio en positivo. Esta evolución también se ha trasladado al PIB per cápita, tanto del conjunto del país como de sus comunidades autónomas, aunque las diferencias entre territorios continúan siendo muy significativas. Todas las autonomías han mejorado su PIB por habitante en los últimos años, pero España todavía se encuentra por debajo de la media de la UE-27: 34.237 euros por habitante frente a los 41.700 euros del promedio comunitario. La diferencia alcanza así los 7.463 euros por persona. Al cierre de 2025, únicamente dos comunidades superaban el promedio de PIB per cápita de la Unión Europea. Madrid encabezaba la clasificación, con 47.220 euros por habitante, seguida del País Vasco, con 42.492 euros. El número de autonomías que se situaban por encima de la media española era algo mayor, aunque se limitaba a siete. Navarra ocupaba la tercera posición, con 40.421 euros por habitante, mientras que Cataluña se situaba en cuarto lugar, con 39.199 euros. En el extremo contrario, Melilla y Ceuta registraban los niveles más bajos, con 22.302 y 24.662 euros por habitante, respectivamente. Entre las comunidades peninsulares, Andalucía y Extremadura se encontraban también en la parte inferior de la clasificación, con algo más de 26.000 euros por habitante, mientras que Canarias alcanzaba los 27.190 euros. Los datos reflejan, por tanto, una mejora generalizada del PIB por habitante, pero también una considerable distancia entre los territorios con mayor nivel de renta y aquellos que continúan alejados tanto de la media nacional como del promedio europeo.

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(El Economista, 01-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España pide a Bruselas el último tramo de los fondos "Next Gen": 26.000 millones sobre la bocina

El Plan de Recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para impulsar las economías tras la pandemia encara sus últimos meses. España ha presentado este miércoles ante la Comisión Europea la séptima y última solicitud de desembolso de fondos Next Generation, por un importe cercano a los 26.000 millones de euros, apurando hasta el último momento el plazo establecido por Bruselas para solicitar esta financiación. El nuevo desembolso asciende a 25.862 millones de euros y se divide entre 4.400 millones en préstamos en condiciones ventajosas y 21.462 millones en transferencias a fondo perdido. La cantidad está vinculada al cumplimiento de 148 hitos y objetivos incluidos en el Plan de Recuperación español. El Ejecutivo ha remitido la solicitud apenas unas horas antes de que expirara el plazo, después de que la Comisión Europea dejara claro que no contemplaba una nueva ampliación más allá de septiembre. Esta última petición incorpora además tres hitos vinculados al sexto desembolso que fueron reformulados durante la revisión del Plan presentada por el Gobierno este verano. El objetivo de estos cambios, según el Ministerio de Economía, era precisar su contenido para facilitar su incorporación a la solicitud del séptimo pago. Los compromisos están relacionados con el desarrollo de un sistema de formación profesional bilingüe, proyectos destinados a personas vulnerables y emprendedores y el despliegue de servicios de teleasistencia, cuya ejecución había provocado anteriormente la suspensión de 537 millones de euros correspondientes al sexto tramo. El calendario fijado por Bruselas establece que agosto era la fecha límite para que los Estados miembros completaran los hitos y objetivos comprometidos en sus respectivos planes. Septiembre, por su parte, marcaba el final del plazo para presentar la última solicitud de pago. El proceso concluirá definitivamente a finales de diciembre, fecha límite para que la Comisión Europea realice los últimos desembolsos del programa. Con el sexto pago, recibido este verano, España había obtenido ya cerca de 78.000 millones de euros, asociados al cumplimiento de 338 hitos y objetivos. De esta cantidad, unos 61.000 millones corresponden a transferencias y alrededor de 17.000 millones a préstamos en condiciones favorables. El Plan de Recuperación español contaba inicialmente con una asignación de 163.000 millones de euros, la segunda mayor de la Unión Europea, solo por detrás de los 193.000 millones correspondientes a Italia. Esa dotación inicial incluía 79.900 millones en transferencias y 83.200 millones en préstamos. Si la Comisión Europea aprueba esta última solicitud, España habrá recibido finalmente unos 103.800 millones de euros del programa. La cuantía definitiva dependerá, no obstante, de la evaluación que Bruselas realice sobre el cumplimiento de los compromisos pendientes. El país llega a este último examen después de que algunos incumplimientos hayan tenido ya consecuencias económicas: las dificultades relacionadas con la reforma de las condiciones laborales de los trabajadores interinos y con la reforma fiscal vinculada al impuesto sobre el diésel han supuesto hasta ahora una pérdida de unos 1.400 millones de euros de financiación.

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(El País, 30-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno limita la subida de la tarifa del gas natural al 15% y fija la de la bombona de butano en 19,55 euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un límite a las posibles subidas de la tarifa regulada del gas natural, que no podrá incrementarse más de un 15%, y fijará en 19,55 euros el precio máximo de la bombona de butano. Con esta decisión, el Gobierno pretende contener el fuerte aumento que resultarían de aplicar las fórmulas automáticas de revisión trimestral de estos combustibles. Sin esta intervención, la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas habría experimentado desde el 1 de octubre un incremento superior al 45% en los tramos más bajos y por encima del 50% en la tarifa habitual, la 2.0. La medida busca proteger a los consumidores frente a la elevada volatilidad de los mercados energéticos ante los próximos meses de invierno, según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El Ejecutivo recupera así un mecanismo que ya utilizó durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, aunque entonces el incremento de la TUR estaba limitado al 5% por trimestre entre octubre de 2021 y diciembre de 2023. En aquella ocasión, el Gobierno también intervino sobre el coste de las materias primas utilizado para calcular la tarifa, estableciendo un límite del 15%. Ahora, la materia prima podrá reflejar un incremento de hasta el 35%. La tarifa regulada está disponible para hogares y microempresas con un consumo anual inferior a 50.000 kWh. La TUR se actualiza cada tres meses, el 1 de enero, abril, julio y octubre, y su nuevo importe se publica en el BOE. La aplicación de la fórmula correspondiente a este trimestre apuntaba a incrementos superiores al 50%, que se habrían trasladado directamente a las facturas desde este jueves. Actualmente, unos 3,1 millones de clientes tienen contratada esta modalidad, aproximadamente el 40% del mercado, a través de las comercializadoras de referencia vinculadas a Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies. En cuanto al butano, el precio máximo de la bombona se situará en 19,55 euros hasta junio de 2027, frente a los 18,84 euros actuales. Este producto es utilizado por alrededor de siete millones de consumidores en España, especialmente en zonas rurales. Durante la anterior crisis energética, el Gobierno optó inicialmente por aplazar la diferencia entre los costes reales y los precios regulados que correspondían a las comercializadoras. Posteriormente, decidió asumir ese importe con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para lo que llegó a habilitar una partida de 3.000 millones de euros, aunque finalmente solo fueron necesarios unos 600 millones durante los dos años en los que estuvieron vigentes los límites a la TUR. En esta ocasión, y ante la situación presupuestaria y el déficit público, el Ejecutivo se inclina nuevamente por un mecanismo de déficit de tarifa, cuya instrumentación podría realizarse mediante un fondo. En el caso del gas licuado de petróleo envasado, principalmente el butano, el eventual desfase se compensaría mediante el mecanismo habitual de este combustible, cuyo precio está sujeto a una variación máxima del 2% al alza o a la baja en cada revisión bimestral. La intervención era una medida que el mercado ya esperaba después de que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtiera de que la factura del gas regulado podía aumentar un 54% a partir de octubre. Las comercializadoras temen ahora que más hogares abandonen las tarifas del mercado libre para acogerse a la TUR. Cerca de cinco millones de consumidores permanecen actualmente en el mercado liberalizado, alrededor del 60% del total, y sus contratos podrían afrontar precios superiores durante el próximo invierno. No obstante, la TUR está limitada a determinados hogares y microempresas, por lo que no todas las pymes pueden acceder a ella. El mayor trasvase hacia la tarifa regulada se produjo en 2022, cuando alrededor de 1,4 millones de clientes cambiaron al mercado regulado en menos de un año. El Gobierno incorporará ahora los límites al gas y al butano al real decreto-ley que aprobará este martes, junto con otro paquete de medidas dirigido a contener el fuerte incremento de los precios de la vivienda. Estas actuaciones suponen nuevas intervenciones respecto al paquete aprobado en marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio.

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(El Periódico, 30-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se dispara al 4,9% en septiembre empujada por los carburantes

La inflación se ha acelerado hasta el 4,9% en septiembre, según el dato adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa interanual aumenta seis décimas respecto a agosto y alcanza su nivel más elevado desde febrero de 2023. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos y permite observar con mayor estabilidad la evolución de los precios, también repunta, aunque de forma más moderada, hasta el 3,1%, dos décimas más que el mes anterior. El encarecimiento de los carburantes aparece como el principal factor detrás de este repunte, en un contexto marcado por las consecuencias del conflicto en Irán y las tensiones en los mercados energéticos. El Ministerio de Economía señala además el efecto base provocado por el descenso de los carburantes registrado en septiembre del año pasado. El INE apunta también a los paquetes turísticos como otro de los componentes que han contribuido al incremento de los precios. Los alimentos no elaborados elevaron su tasa anual hasta el 5,8%, frente al 4,5% de agosto, mientras que los productos energéticos aumentaron un 21,6%, pese a la entrada en vigor de las bonificaciones al gasóleo durante este mes. Los servicios presentan una evolución más estable y, aunque mantienen un ritmo elevado de crecimiento, registraron una subida del 3,9%, en línea con las tasas observadas desde mayo. Este comportamiento resulta especialmente relevante porque permite valorar hasta qué punto el encarecimiento de la energía se está trasladando al conjunto de la economía. Según el análisis de CaixaBank Research, parte de esta evolución estaría relacionada con los servicios turísticos, especialmente sensibles a los costes energéticos durante los meses de verano. Ante el repunte de los precios, el Gobierno aprobará este martes nuevas medidas para tratar de limitar el impacto del encarecimiento energético sobre los hogares y las empresas. Entre ellas figura el establecimiento de un límite a las subidas de la tarifa regulada del gas y del precio del butano. El margen presupuestario del Ejecutivo, sin embargo, es reducido después de los paquetes de apoyo aprobados en marzo y julio. La previsión inicial de que los precios energéticos se moderarían después del verano no se ha cumplido debido a las dificultades de suministro de gas, la situación en el estrecho de Ormuz y la tensión en el mercado del diésel. El Gobierno sostiene que las medidas adoptadas hasta ahora han permitido amortiguar parte del impacto sobre los consumidores y contener los denominados efectos de segunda ronda, derivados del traslado del mayor coste energético a otros bienes y servicios. No obstante, la evolución de la inflación en los próximos meses dependerá principalmente de la trayectoria de los precios del petróleo y del gas y de la intensidad con la que su encarecimiento termine repercutiendo sobre el resto de la economía. Las previsiones apuntan a que las presiones inflacionistas podrían mantenerse durante los próximos meses. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, señala que, si los precios del petróleo y del gas permanecen en niveles similares a los actuales y sin considerar nuevas actuaciones del Gobierno, la inflación podría mantenerse por encima del 4% hasta finales de año.

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(El Economista, 30-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El gobierno aprueba la cuenta europea de inversión sin ofrecer ningún detalle ni darle publicidad

La cuenta europea de inversión, una de las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Economía para canalizar el ahorro hacia la financiación de empresas europeas, fue aprobada por el Consejo de Ministros dentro de uno de los decretos de vivienda. Sin embargo, el Gobierno no ofreció detalles sobre su funcionamiento durante la rueda de prensa posterior, por lo que todavía se desconoce cómo quedará configurado este nuevo instrumento. El Ejecutivo prevé que el Congreso celebre un pleno extraordinario para convalidar los dos decretos de vivienda, previsiblemente el próximo viernes. Hasta que la norma no sea aprobada definitivamente no se conocerá el contenido completo de la regulación. Por ahora, se sabe que estas cuentas contarán con determinados incentivos fiscales, entre ellos la posible exención de las plusvalías generadas cuando el dinero permanezca invertido durante un periodo determinado. También se plantea utilizar como referencia la estructura de los seguros individuales de ahorro a largo plazo (Sialp), adaptándola para crear este nuevo vehículo de inversión. El objetivo de la iniciativa es movilizar una parte del ahorro actualmente depositado en cuentas bancarias hacia acciones, bonos y otros activos vinculados a empresas europeas. La propuesta cobra especial relevancia ante el elevado volumen de depósitos acumulados por los hogares europeos y la necesidad de incrementar la financiación disponible para las compañías de la Unión. La intención es que los ahorradores obtengan incentivos para invertir a largo plazo y, al mismo tiempo, contribuir a reforzar la inversión, la competitividad y el crecimiento económico europeo. España ya había defendido esta estrategia antes de que la Comisión Europea impulsara formalmente la Unión de Ahorros e Inversiones. En este contexto, el Ministerio de Economía promovió en 2025 la creación de la etiqueta Finance Europe a través del Laboratorio Europeo de Competitividad, una iniciativa en la que participan varios países europeos y que busca favorecer una mayor integración de los mercados de capitales. Esta etiqueta pretende identificar productos financieros destinados a invertir en empresas europeas, tanto mediante acciones como mediante bonos. La propuesta española se enmarca en una estrategia europea más amplia para reducir la cantidad de ahorro que permanece en depósitos y dirigirlo hacia proyectos empresariales y productivos. La Comisión Europea ha defendido que los incentivos fiscales pueden facilitar esta transformación del ahorro en inversión, permitiendo que los ciudadanos participen en la financiación de las empresas y contribuyan al crecimiento y a la creación de empleo. Esta orientación coincide además con las recomendaciones formuladas en los últimos años por Mario Draghi y Enrico Letta, que han señalado la necesidad de profundizar en la integración de los mercados de capitales europeos y reducir las barreras que dificultan la financiación de las empresas. En este contexto, la aprobación de la cuenta europea de inversión supone un paso relevante para España, aunque sus características concretas, sus ventajas fiscales y las condiciones para acceder al instrumento no se conocerán hasta que se publique y convalide la regulación definitiva.

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(Cinco Días, 29-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo toca los 108 dólares y lleva al interés del bono español a máximos de diciembre de 2013

Los precios del petróleo vuelven a repuntar ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, aumentando al mismo tiempo la presión sobre la deuda soberana. El rechazo de Donald Trump a la última propuesta iraní para facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz ha llevado al barril de Brent por encima de los 108 dólares y ha provocado nuevas subidas de las rentabilidades de los bonos, ante el temor a que el encarecimiento de la energía prolongue las tensiones inflacionistas. Mientras el dólar gana posiciones, los metales preciosos sufren fuertes descensos y las Bolsas se mueven en terreno negativo. El petróleo avanza alrededor de un 4% este lunes y acumula una subida próxima al 20% durante septiembre, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales riesgos para la economía mundial. El encarecimiento de la energía puede trasladarse a la inflación y aumentar las expectativas de que los bancos centrales tengan que mantener o intensificar el endurecimiento monetario. La ausencia de avances diplomáticos ha frustrado las expectativas de los inversores de que las conversaciones entre Washington y Teherán permitieran reducir las tensiones en Oriente Próximo y facilitaran la reapertura del estrecho de Ormuz. La subida de la energía también está elevando los costes de financiación de los Estados. Los precios de los bonos caen y, en consecuencia, aumentan sus rentabilidades. En Estados Unidos, el rendimiento de la deuda a dos años, especialmente sensible a las expectativas sobre los tipos de interés, aumenta seis puntos básicos, hasta el 4,92%, ante el temor de que una energía más cara obligue a la Reserva Federal a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo para contener la inflación. El bono estadounidense a diez años eleva su rentabilidad en cuatro puntos básicos. La presión se extiende a Europa. En España, la rentabilidad del bono a diez años sube tres puntos básicos, hasta el 4,134%, y vuelve a alcanzar durante la sesión niveles máximos desde diciembre de 2023. En Francia, el rendimiento del bono a diez años se sitúa en máximos desde 2008, mientras que en Alemania alcanza niveles que no se veían desde 2009. Las Bolsas también reflejan el aumento de la incertidumbre. Los futuros de Wall Street anticipan descensos del 0,8% en el Nasdaq 100 y del 0,5% en el S&P 500. En Europa, el Ibex 35 retrocede un 0,2%, mientras el Euro Stoxx 50 se mantiene prácticamente sin cambios. Dentro del selectivo español, Acciona Energía, Acciona y Repsol registran los mayores avances, mientras que ArcelorMittal, Indra y CaixaBank se sitúan entre los valores más castigados. En los mercados asiáticos, las Bolsas de China continental y Corea del Sur han sufrido descensos superiores al 2%, mientras el Nikkei japonés ha terminado la sesión con una caída del 0,7%. A las tensiones geopolíticas y energéticas se suma la preocupación de los inversores por la evolución de la inteligencia artificial, después de que OpenAI haya paralizado temporalmente el entrenamiento, la evaluación y la inferencia mediante herramientas de sus modelos más avanzados mientras refuerza sus sistemas de seguridad. El repunte de las rentabilidades de la deuda también está afectando a los metales preciosos. El oro pierde un 3%, hasta los 4.188 dólares por onza, mientras la plata retrocede cerca de un 5%, hasta aproximadamente 61,7 dólares. Los analistas de SaxoBank relacionan parte del movimiento con la pérdida del nivel de soporte de los 4.230 dólares por onza del oro y apuntan también a la posibilidad de que una parte de las ventas responda a una toma de beneficios de inversores chinos antes del inicio de una semana festiva. El oro y la plata se ven además perjudicados por la expectativa de nuevas subidas de los tipos de interés, ya que estos activos no generan rendimientos financieros. Los mercados descuentan actualmente al menos otro incremento de 25 puntos básicos antes de que termine el año, después de que la Reserva Federal aumentara este mes los costes de financiación por primera vez desde 2023. Mientras continúe el conflicto con Irán, los mercados deberán afrontar un escenario marcado por una mayor inflación potencial, nuevas subidas de tipos y unas condiciones financieras más restrictivas. Al mismo tiempo, algunos analistas señalan que la corrección de las valoraciones bursátiles puede generar oportunidades para los inversores con una perspectiva de largo plazo, especialmente ante el crecimiento de los beneficios empresariales asociados al desarrollo de la inteligencia artificial. La atención se centra ahora en la batería de indicadores económicos que publicará Estados Unidos durante los próximos días, con datos de inflación, PIB, actividad manufacturera y empleo. El informe de nóminas de septiembre, previsto para el viernes, podría reflejar la creación de unos 85.000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de paro se mantendría en el 4,1%, aunque también existe la posibilidad de que descienda al 4%. La publicación de varios indicadores económicos positivos ha llevado al índice del dólar a máximos de dos meses, en 101,39 puntos. El euro, por su parte, baja hasta 1,1380 dólares y acumula una depreciación cercana al 2% durante septiembre.

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