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(Cinco Días, 28-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex toca máximos históricos impulsado por la corrección del precio del petróleo

La decisión de Estados Unidos e Irán de suspender temporalmente las hostilidades ha sido recibida con optimismo por los mercados financieros, que en las últimas semanas mostraban una creciente preocupación por el impacto que el encarecimiento del petróleo podría tener sobre la inflación mundial. La relajación de las tensiones en Oriente Próximo ha provocado una fuerte caída del precio del crudo, impulsando al mismo tiempo a las bolsas y favoreciendo una recuperación de la deuda pública. El barril de Brent registra un descenso superior al 8% y cotiza en torno a los 88 dólares, después de haber alcanzado recientemente los 100 dólares por barril. Esta corrección ha reducido la presión sobre los mercados de renta fija y ha favorecido el avance de la renta variable, permitiendo al Ibex 35 marcar nuevos máximos históricos. Tras trece días de enfrentamientos, Washington y Teherán han optado por dar una oportunidad a la vía diplomática. El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, anunció que el presidente Donald Trump ha decidido conceder un margen a las negociaciones antes de valorar una posible reanudación de las operaciones militares. Los analistas de ING consideran que se trata de una primera señal de desescalada, aunque advierten de que todavía es pronto para normalizar completamente el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz mientras no exista la certeza de que el alto el fuego será duradero. A ello se suma la persistencia de la tensión en el mar Rojo, donde los hutíes aseguran haber atacado varios objetivos en Arabia Saudí. Los expertos de Deutsche Bank mantienen que el principal foco de riesgo continúa concentrado en el mercado energético y en el transporte marítimo, ya que tanto el estrecho de Ormuz como el mar Rojo siguen operando bajo una elevada incertidumbre. En la misma línea, UBS Global Wealth Management no descarta que el petróleo vuelva a acercarse a los máximos del año si el conflicto se intensifica nuevamente, especialmente en caso de que se produzcan ataques contra infraestructuras energéticas. No obstante, UBS considera que ambas partes tienen incentivos económicos para restablecer progresivamente la normalidad en las rutas marítimas. Una interrupción prolongada del suministro elevaría el coste de la energía para los consumidores estadounidenses, mientras que una caída sostenida de las exportaciones de crudo dificultaría la financiación de la economía iraní y la provisión de bienes básicos para su población. La mejora del contexto geopolítico ha impulsado a los mercados bursátiles. Los futuros de Wall Street anticipan avances cercanos al 1% y las principales bolsas europeas registran subidas similares. En España, el Ibex 35 avanza alrededor de un 1,5% y supera temporalmente los 19.852 puntos, estableciendo un nuevo máximo histórico. Desde que recuperó los niveles previos a la crisis financiera a finales del pasado año, el índice español acumula una revalorización cercana al 40% en los últimos doce meses y se aproxima al umbral de los 20.000 puntos. Dentro del selectivo español destacan las subidas de Indra y Banco Santander, mientras que Repsol registra descensos como consecuencia del retroceso del precio del petróleo. La moderación del crudo también reduce las expectativas de un repunte adicional de la inflación, aunque los inversores permanecen atentos a las próximas decisiones de los bancos centrales. El mercado da prácticamente por hecho que la Reserva Federal mantendrá sin cambios los tipos de interés en su próxima reunión, aunque analizará con detalle el mensaje de su presidente, Kevin Warsh, en busca de señales sobre el calendario de futuros recortes. Pese al alivio registrado en las últimas sesiones, algunos analistas mantienen la cautela. Ronald Temple, estratega jefe de mercados de Lazard, considera que el riesgo de nuevas subidas del precio de la energía sigue siendo elevado debido al menor nivel de reservas estratégicas y a la limitada capacidad de China para compensar nuevas interrupciones del suministro internacional de petróleo. La mejora del sentimiento inversor también se ha reflejado en los mercados de deuda. La rentabilidad del bono estadounidense a diez años ha descendido hasta el 4,63%, tras haber superado recientemente el 4,7%, mientras que el rendimiento del bono español con vencimiento en 2036 se ha moderado hasta el 3,58%. Durante los próximos días, la atención de los mercados se centrará también en los datos de inflación y empleo que se publiquen en Estados Unidos, así como en los resultados trimestrales de grandes compañías tecnológicas como Microsoft, Apple, Amazon y Meta, que servirán para evaluar si las elevadas inversiones en inteligencia artificial siguen respaldando las valoraciones del sector. En este contexto, Bank of America considera que la reciente corrección sufrida por las empresas vinculadas a la inteligencia artificial podría estar próxima a concluir, aunque recomienda una mayor selección de valores ante un entorno que continúa expuesto a riesgos macroeconómicos, especialmente si se produjera un nuevo repunte del petróleo o un endurecimiento inesperado de la política monetaria.

(Expansión, 28-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno crea una autoridad para unificar el control del blanqueo de capitales

El Consejo de Ministros celebrará hoy su última reunión antes del parón estival y, además de aprobar un paquete de medidas para hacer frente a los incendios, tiene previsto dar luz verde al anteproyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales. La principal novedad de esta reforma será la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), un organismo que concentrará las funciones de supervisión, inspección y sanción en materia de lucha contra el blanqueo de capitales en España. La iniciativa actualiza el marco normativo vigente desde 2010 y adapta la legislación española al nuevo paquete europeo de prevención del blanqueo aprobado en 2024. Entre sus principales novedades figura la ampliación del número de sujetos obligados a cumplir estas normas, incorporando a proveedores de servicios de criptoactivos, plataformas de financiación participativa y clubes y agentes del fútbol profesional. La nueva ANIFI asumirá las funciones de unidad de inteligencia financiera, supervisión, inspección, potestad sancionadora y aplicación de las sanciones financieras internacionales. Asimismo, ejercerá competencias que hasta ahora no estaban atribuidas a ningún organismo, como la supervisión de las medidas destinadas a prevenir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, será el interlocutor único de España ante la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA). La autoridad quedará integrada en la estructura del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una decisión que, según fuentes gubernamentales, permitirá aprovechar la organización y los recursos ya existentes. Al frente del FROB ha sido propuesta recientemente Carla Díaz Álvarez de Toledo, actual directora general del Tesoro y Política Financiera. La ANIFI contará inicialmente con una plantilla aproximada de 250 profesionales, procedentes del propio FROB, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y del Tesoro. En cuanto a su financiación, dispondrá de un presupuesto anual cercano a los 50 millones de euros, que se sufragará mediante una nueva tasa aplicable a los sujetos obligados que operan bajo autorización administrativa, principalmente entidades financieras y operadores del sector del juego. De este modo, el organismo no dependerá directamente de los Presupuestos Generales del Estado. La reforma constituye una revisión más amplia del sistema de prevención del blanqueo que la prevista en anteriores proyectos normativos y se desarrolla de forma paralela al proyecto de Ley de Integridad Pública. Con ello, el Gobierno pretende aproximar la legislación española a los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de fijar las recomendaciones internacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Uno de los cambios más relevantes del anteproyecto es la incorporación expresa de los criptoactivos al ámbito de actuación de las autoridades de prevención del blanqueo. A partir de la nueva normativa, los proveedores de servicios relacionados con estos activos digitales estarán sometidos a las mismas obligaciones de control que otros operadores financieros, en respuesta al creciente uso de nuevas tecnologías y a la sofisticación de las redes delictivas. Además, la ley reforzará las obligaciones de transparencia sobre la titularidad real de empresas y entidades, ampliando las facultades de inspección y sanción del Registro Central correspondiente. También endurecerá los requisitos de idoneidad para los sujetos obligados, impidiendo que personas condenadas por delitos de blanqueo de capitales puedan dirigir o gestionar este tipo de entidades. Por último, el anteproyecto incrementará los controles sobre los movimientos de dinero en efectivo, reforzando las herramientas de prevención del fraude fiscal y de lucha contra el blanqueo de capitales, en línea con las últimas reformas impulsadas tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea.

(El País, 28-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno pospone la aprobación del real decreto de vivienda para después del verano ante la falta de apoyos

El Gobierno ha decidido aplazar hasta después del verano la aprobación del nuevo real decreto de vivienda, una de las principales iniciativas con las que pretendía cerrar el curso político. La norma no será abordada en el Consejo de Ministros de este martes al constatar el Ejecutivo que no dispone de los apoyos suficientes para garantizar su convalidación en el Congreso, debido a las diferencias existentes entre los partidos que respaldaron la investidura. La semana pasada, Sumar anunció que había alcanzado un acuerdo con el PSOE sobre el contenido del decreto, concebido para dar respuesta a la crisis de acceso a la vivienda, uno de los problemas que más preocupa actualmente a la ciudadanía. Entre las medidas previstas figuraba la posibilidad de prorrogar y congelar el precio de los alquileres durante dos años, siempre que el inquilino lo solicitara antes del 30 de junio de 2028. Sin embargo, la reacción de formaciones como Podemos y Junts evidenció que el consenso parlamentario estaba lejos de alcanzarse. El Ejecutivo había confiado en que este decreto se convirtiera en el principal cierre de su agenda social antes del parón estival, en un contexto marcado por el impacto político de diversos frentes judiciales relacionados con el PSOE. No era el primer intento de sacar adelante estas medidas, ya que una propuesta similar, que incluía la prórroga extraordinaria de los alquileres y constituía una de las principales reivindicaciones de Sumar, fue rechazada el pasado mes de abril con los votos de Junts, PP y Vox. Con el objetivo de aumentar las posibilidades de aprobación, el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, había ampliado el contenido del decreto e incorporado medidas destinadas a atraer el respaldo de grupos como PNV, Junts, ERC, EH Bildu y Podemos. Entre las novedades figuraba la incorporación de algunas propuestas defendidas por el PNV, como equiparar el régimen del alquiler de habitaciones al de la vivienda habitual, estableciendo contratos de entre cinco y siete años y limitaciones al precio en las zonas declaradas tensionadas. El principal punto de fricción seguía siendo la prórroga extraordinaria de los alquileres. Para facilitar un acuerdo, el Gobierno había añadido un paquete de incentivos fiscales dirigido a los propietarios que mantuvieran o redujeran el precio de la renta al renovar los contratos, una medida que respondía a las demandas de Junts, aunque no satisfacía las exigencias de Podemos. La formación morada condicionó cualquier negociación a la retirada de los artículos que modifican la Ley del Suelo, al considerar que esa reforma no debía incluirse en el decreto. En sentido contrario, el PNV defendía que dicha modificación era imprescindible para dotar de mayor seguridad jurídica al urbanismo, agilizar la tramitación de los planeamientos y evitar bloqueos administrativos. Además, reclamaba que el texto regulara el alquiler de temporada y garantizara el respeto a las competencias de las comunidades autónomas. La dificultad para conciliar estas posiciones ha llevado finalmente al Ejecutivo a retrasar la aprobación del decreto, con el objetivo de ganar tiempo para negociar con los distintos grupos parlamentarios y evitar una nueva derrota legislativa al comienzo del próximo y último curso de la legislatura.

(El Economista, 28-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa podría quitar la prohibición total a las stablecoins y permitir a los usuarios obtener intereses por usarlas

La regulación europea de los criptoactivos podría experimentar un cambio relevante en los próximos años en relación con las stablecoins. La Comisión Europea ha iniciado una consulta pública dirigida al sector para revisar el marco normativo vigente y estudia la posibilidad de flexibilizar la actual prohibición de ofrecer remuneraciones a los usuarios de este tipo de activos digitales. Entre las opciones que se analizan figura un modelo similar al que se está desarrollando en Estados Unidos, basado en recompensar el uso de las stablecoins sin equipararlas a los depósitos bancarios. El principal reto para los reguladores consiste en encontrar un equilibrio entre fomentar el uso de las monedas estables como medio de pago y evitar que se conviertan en un producto de ahorro o inversión. Con ese objetivo, la Comisión ha incluido en la consulta, compuesta por 86 preguntas, una específica sobre la conveniencia de modificar la prohibición que actualmente impide ofrecer intereses u otras formas equivalentes de remuneración a los titulares de estos activos. Dentro de la normativa europea, las stablecoins se consideran "tokens de dinero electrónico" (EMTs), es decir, representaciones digitales de monedas oficiales como el euro o el dólar. Debido a esta doble naturaleza, están sujetas tanto al reglamento MiCA, que regula los criptoactivos, como a la directiva PSD2 sobre servicios de pago y dinero electrónico. Esta última establece que el dinero electrónico no puede generar intereses, lo que limita actualmente las posibilidades de remuneración de las stablecoins. Diversos representantes del sector consideran que esta restricción dificulta la innovación y reduce la competitividad europea frente a otras jurisdicciones. Además de servir como medio de pago, las stablecoins tienen aplicaciones en la liquidación de operaciones, la gestión de tesorería y las finanzas descentralizadas (DeFi). La imposibilidad de ofrecer incentivos económicos disminuye su atractivo frente a soluciones disponibles fuera de la Unión Europea y favorece que muchos usuarios recurran a protocolos descentralizados donde sí existen mecanismos de recompensa. Otro de los objetivos de la Comisión es impulsar el desarrollo de stablecoins denominadas en euros para reducir el dominio actual de las emitidas en dólares. En la actualidad, alrededor del 99,9 % del mercado mundial de monedas estables está vinculado a la divisa estadounidense, con productos como USDT, de Tether, o USDC, de Circle, mientras que las alternativas en euros continúan teniendo una presencia muy reducida. Los especialistas del sector insisten, no obstante, en que cualquier modificación normativa debe preservar la naturaleza de las stablecoins como instrumento de pago. Por ello, consideran que las posibles recompensas deberían ser limitadas, transparentes y vinculadas al uso efectivo del activo, sin poner en riesgo el derecho de reembolso al valor nominal ni incentivar que estos productos sean adquiridos principalmente como una inversión financiera. En Estados Unidos se está debatiendo una solución en esa línea. La propuesta que cuenta con un amplio consenso permitiría que los emisores ofrecieran incentivos a los usuarios por utilizar las stablecoins en operaciones de pago, pero no por mantenerlas simplemente en cartera como si fueran un depósito remunerado. Este enfoque es visto por parte de la industria europea como una referencia que podría adaptarse al mercado comunitario. Las propuestas plantean que puedan autorizarse beneficios comerciales o programas de fidelización ligados al uso de las stablecoins, siempre que no impliquen una rentabilidad garantizada ni dependan de estrategias de inversión de las reservas que respaldan estos activos, preservando así su estabilidad y su función como medio de pago. La consulta pública de la Comisión Europea permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Las aportaciones recibidas servirán de base para la revisión del reglamento MiCA, prevista entre 2028 y 2029, y podrían dar lugar a un marco regulatorio más flexible para las stablecoins, tanto para las empresas emisoras como para los usuarios. Esta tendencia no es exclusiva de la Unión Europea. El Reino Unido también estudia una reforma de su regulación para favorecer la utilización de stablecoins denominadas en libras esterlinas como instrumento de pago. Su propuesta contempla igualmente la posibilidad de permitir recompensas vinculadas al uso de estos activos, manteniendo la prohibición de que se conviertan en un producto de ahorro o inversión.

(El Economista, 28-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa activa la vía exprés para comprar empresas en problemas

La aprobación de la Directiva (UE) 2026/799 supone un paso relevante hacia la armonización de los procedimientos de insolvencia en la Unión Europea al establecer, por primera vez, un marco común para el denominado pre-pack concursal. Este mecanismo permite negociar la venta de empresas en dificultades antes de la declaración formal de concurso, con el objetivo de preservar el valor del negocio, mantener la actividad y proteger el empleo. España deberá adaptar su legislación antes del 22 de enero de 2029, lo que abre la puerta a perfeccionar la reforma concursal vigente desde 2022 y a impulsar el mercado de compraventas de empresas en crisis (distressed M&A). El principal objetivo del pre-pack es evitar la pérdida de valor que suele producirse cuando una empresa entra en concurso de acreedores. Durante ese tiempo, la incertidumbre provoca la fuga de clientes, el endurecimiento de las condiciones de los proveedores y una rápida depreciación del negocio. Con este sistema, la búsqueda de compradores y la negociación de la operación se realizan antes de acudir al juzgado, de modo que la venta pueda ejecutarse con rapidez una vez iniciado el procedimiento concursal. Expertos de Deloitte consideran que una correcta transposición de la directiva favorecerá un aumento tanto del número de operaciones de distressed M&A como de sus posibilidades de éxito. Por su parte, especialistas de BDO Abogados destacan que la norma refuerza el papel del administrador concursal, al otorgarle nuevas facultades de investigación y acceso a registros y bases de datos, lo que facilitará la localización de activos y la gestión de procedimientos con dimensión internacional. España ya cuenta con experiencias relevantes de este modelo. Operaciones como las de Room Mate, Terratest, We Are Knitters, Svenson o, más recientemente, Pronovias, han demostrado que la venta rápida de unidades productivas puede preservar la continuidad empresarial, mantener cientos de puestos de trabajo y maximizar el valor para los acreedores. En el caso de Pronovias, el proceso culminó con la adjudicación a Cap Capital tras un procedimiento competitivo supervisado judicialmente. No obstante, algunos especialistas, como los de Alvarez & Marsal, consideran que la nueva directiva no supondrá una transformación radical del sistema español, ya que el marco concursal nacional ya incorpora mecanismos avanzados de reestructuración. Aun así, sí esperan que la armonización europea aporte mayor seguridad jurídica, reduzca la incertidumbre sobre los plazos y facilite la financiación de las operaciones, aspectos que hasta ahora dificultaban el cierre de muchas transacciones. Desde PwC también prevén que la nueva regulación incremente la confianza de los inversores internacionales especializados en empresas en dificultades, al ofrecer un entorno más previsible y homogéneo dentro de la Unión Europea. En consecuencia, podría aumentar progresivamente el número de adquisiciones de compañías viables con problemas temporales de solvencia, favoreciendo la conservación del tejido empresarial y una mayor recuperación del valor frente a la liquidación individual de activos.

(El Economista, 27-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La justicia busca frenar los litigios por las hipotecas IRPH y amenaza a los afectados con las costas

El Tribunal Supremo ha endurecido su posición frente a la elevada litigiosidad relacionada con las hipotecas referenciadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) y advierte de que los demandantes que mantengan procedimientos pese a conocer que su caso no se ajusta a la jurisprudencia vigente podrán ser condenados al pago de las costas procesales. En dos sentencias dictadas el 11 de noviembre, el alto tribunal estableció que no existe falta de transparencia en la comercialización de estos préstamos cuando el contrato informa de que el método de cálculo del IRPH se publica periódicamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y hace referencia a la Circular del Banco de España de 1994, que contenía recomendaciones sobre la aplicación de este índice por parte de las entidades financieras. En una resolución de 3 de junio, el Supremo considera que ya ha transcurrido un plazo suficiente desde la fijación de esta doctrina para que los afectados hayan podido comprobar si sus reclamaciones encajan o no en los criterios establecidos por el tribunal. En consecuencia, señala que quienes continúen con recursos claramente incompatibles con esa jurisprudencia podrán ser condenados al pago de las costas y perder también el depósito constituido para recurrir. Con ello, el tribunal pretende desalentar la presentación o mantenimiento de litigios cuando las posibilidades de éxito resultan muy reducidas conforme a la doctrina consolidada. El caso analizado corresponde a un consumidor que suscribió en 2005 un préstamo hipotecario de 78.000 euros referenciado al IRPH. En 2016 solicitó judicialmente la nulidad de la cláusula al considerar que la entidad no le había informado adecuadamente sobre el funcionamiento del índice, sus consecuencias económicas ni el mayor coste que podía representar respecto al euríbor. El Tribunal Supremo desestimó el recurso aplicando la doctrina fijada en noviembre de 2025 y reiteró que la información necesaria para superar el control de transparencia no tiene por qué haber sido facilitada íntegramente por la entidad financiera, siempre que el consumidor pudiera acceder a ella mediante fuentes públicas correctamente identificadas. En este sentido, considera suficiente que el contrato remita expresamente al BOE y a la Circular del Banco de España de 1994, donde se explican las características del IRPH. Esta advertencia se produce en un contexto de elevada carga de trabajo para los tribunales, especialmente por los procedimientos relacionados con cláusulas bancarias y contratos celebrados con consumidores. No obstante, la doctrina del Supremo podría volver a ser revisada por la justicia europea. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de San Sebastián planteó el pasado mes de junio una nueva cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que solicita aclarar si el criterio del Supremo resulta compatible con el Derecho de la Unión. Entre las cuestiones planteadas figura si la simple referencia en el contrato al BOE y a la Circular del Banco de España de 1994 puede considerarse suficiente para garantizar que el consumidor recibió una información transparente y comprensible sobre el funcionamiento del IRPH, tal y como exigen las normas europeas de protección de los consumidores. La futura respuesta del TJUE podría condicionar nuevamente la interpretación de este tipo de litigios en España.

(Cinco Días, 24-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE lanza una encuesta para elegir los nuevos billetes del euro

El Banco Central Europeo ha iniciado el proceso para renovar el aspecto de los billetes en euros y ha abierto una consulta pública en su página web para conocer la opinión de los ciudadanos sobre los diseños finalistas. La votación permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre y, aunque sus resultados serán tenidos en cuenta, no tendrán carácter vinculante en la decisión definitiva. Las diez propuestas seleccionadas se agrupan en dos grandes temáticas: una dedicada a la cultura europea, protagonizada por figuras históricas como Miguel de Cervantes, y otra centrada en la naturaleza del continente, con aves y ríos representativos. Cada propuesta presenta diferentes estilos gráficos, desde composiciones con edificios y paisajes hasta diseños de corte más sencillo o abstracto. En la colección inspirada en la cultura europea, Cervantes aparece en el anverso del billete de 50 euros, de color naranja, mientras que el reverso muestra una biblioteca con personas leyendo tanto libros impresos como digitales. El resto de los billetes están dedicados a María Callas en el de 5 euros, Ludwig van Beethoven en el de 10, Marie Curie en el de 20, Leonardo da Vinci en el de 100 y Bertha von Suttner en el de 200 euros, acompañados en el reverso por escenas relacionadas con el arte, la educación, la ciencia o la vida pública. La segunda serie mantiene la misma gama cromática, pero sustituye los personajes por aves emblemáticas europeas y reserva el reverso para representar distintas instituciones de la Unión Europea. Así, el billete de 5 euros muestra un treparriscos junto al Parlamento Europeo; el de 10, un martín pescador con la Comisión Europea; el de 20, un abejaruco acompañado del Banco Central Europeo; el de 50, una cigüeña blanca con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; el de 100, una avoceta junto al Consejo Europeo; y el de 200, un alcatraz atlántico con el Tribunal de Cuentas Europeo. Durante la presentación de los diseños en la sede del BCE, en Fráncfort, su presidenta, Christine Lagarde, destacó que los billetes representan mucho más que un simple instrumento de pago, ya que constituyen uno de los símbolos más visibles de la identidad europea. En su opinión, los nuevos diseños pretenden combinar valor estético y significado para reforzar el sentimiento de pertenencia común entre los ciudadanos. El proceso de selección comenzó con más de 1.200 propuestas remitidas por diseñadores gráficos de toda Europa. Tras una primera evaluación se eligieron 25 semifinalistas y, posteriormente, un jurado independiente formado por 21 especialistas en disciplinas como el diseño gráfico, la comunicación y la neurociencia redujo la lista a las diez propuestas que ahora se someten a consulta pública. La decisión final corresponderá al Consejo de Gobierno del BCE, que prevé anunciar el diseño elegido a finales de este año. Para ello tendrá en cuenta tanto la valoración del jurado y los análisis técnicos como los resultados de la encuesta ciudadana y de una consulta presencial realizada con una muestra representativa de la población europea.

(Expansión, 24-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE mantiene los tipo de interés en el 2,25% pero anticipa una subida de tipos en septiembre

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés en el 2,25%, el mismo nivel fijado en junio, al considerar que, por el momento, no es necesario endurecer la política monetaria pese al repunte de la incertidumbre provocado por el conflicto en Oriente Próximo. Con esta decisión, la institución confirma que no ha iniciado un nuevo ciclo de fuertes incrementos del precio del dinero como el registrado entre 2022 y 2023, cuando los tipos alcanzaron el 4% para contener una inflación que llegó a superar el 10%. El Consejo de Gobierno del BCE ha reiterado que continuará adoptando sus decisiones reunión a reunión, en función de la evolución de los datos económicos y de la situación internacional. La institución considera que este enfoque le permite responder con flexibilidad a un entorno marcado por la incertidumbre derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus posibles efectos sobre la inflación y el crecimiento económico. No obstante, la pausa podría ser temporal. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconoció que algunos miembros del Consejo llegaron a plantear la posibilidad de elevar los tipos en esta reunión, aunque finalmente la decisión de mantenerlos fue unánime. La autoridad monetaria utilizará los próximos meses para analizar si el encarecimiento de la energía termina trasladándose de forma más persistente a la inflación antes de decidir un posible ajuste en septiembre. Lagarde explicó que el BCE sigue vigilando especialmente la aparición de efectos de segunda vuelta, es decir, un traslado generalizado del aumento de los costes energéticos al resto de precios y salarios. Sin embargo, señaló que, por el momento, esos efectos no se están observando. De cara a la próxima reunión, el organismo dispondrá de nuevas proyecciones macroeconómicas, datos de inflación y crecimiento, indicadores de actividad y encuestas empresariales que permitirán evaluar con mayor precisión la evolución de la economía. El escenario central del BCE continúa contemplando la posibilidad de una nueva subida de los tipos si la inflación mantiene una trayectoria más persistente de lo previsto y no regresa al objetivo del 2% hasta finales de 2027. En este sentido, Lagarde admitió que el análisis de riesgos vuelve a situarse en una posición similar a la existente antes del recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, abandonando la visión de unos riesgos más equilibrados que la institución había expresado anteriormente. Aun así, el contexto sigue condicionado por la evolución geopolítica. Una mejora de la situación internacional podría favorecer un escenario económico más positivo, aunque la presidenta del BCE reconoció que esa posibilidad resulta actualmente poco probable debido al elevado nivel de incertidumbre. Incluso si se alcanzaran nuevos acuerdos diplomáticos, advirtió, su impacto sobre los mercados podría ser menor que en ocasiones anteriores. En cualquier caso, tanto los analistas como los mercados descartan, por ahora, un endurecimiento monetario comparable al de años anteriores. Las previsiones apuntan a que, en caso de producirse nuevas subidas, los tipos de interés se moverían en un rango de entre el 2,5% y el 3%, niveles próximos al denominado tipo de interés neutral, que se considera compatible con una economía que no recibe ni estímulos ni restricciones adicionales por parte de la política monetaria.

(Expansión, 23-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno incluye una prórroga de alquileres hasta 2028 en el nuevo decreto de vivienda

El PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para incorporar una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler al nuevo decreto de vivienda que el Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes. La negociación del texto entra en su fase decisiva tras el pacto entre ambos socios de la coalición, con el objetivo de atraer el respaldo de los grupos parlamentarios que rechazaron el anterior decreto. Entre las principales novedades figura una ampliación automática de los contratos de arrendamiento, que podría extenderse hasta el 30 de junio de 2028 manteniendo congelada la renta, junto con otras medidas orientadas al mercado de la vivienda. Una vez cerrado el acuerdo dentro del Ejecutivo, el texto será negociado con los distintos grupos parlamentarios para garantizar su convalidación en el Congreso. Fuentes gubernamentales señalan que la intención es dar luz verde al decreto en la reunión del Consejo de Ministros prevista para el 28 de julio. La prórroga extraordinaria tendría una duración máxima de dos años y, según estimaciones de Sumar, podría beneficiar a cerca de cuatro millones de personas y alrededor de un millón y medio de hogares. Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, confirman que esta medida forma parte del acuerdo alcanzado, aunque prefieren no ofrecer más detalles sobre el contenido de un real decreto que califican de amplio y orientado a dar respuestas estructurales a los problemas del acceso a la vivienda. El departamento ministerial subraya que su principal objetivo es lograr el respaldo suficiente para que el decreto pueda ser ratificado por el Congreso una vez finalice el paréntesis parlamentario del mes de agosto. Además de la ampliación de los alquileres, el decreto incluirá nuevas medidas para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, con el fin de evitar que se utilicen como fórmula para esquivar la normativa aplicable a la vivienda habitual y los límites de precios establecidos en las zonas declaradas tensionadas. El Ejecutivo también prevé elevar al 21% el IVA aplicable a las viviendas de uso turístico y reforzar el régimen sancionador relacionado con su publicidad en plataformas digitales, con la intención de reducir el atractivo de este tipo de arrendamientos. Asimismo, el Ministerio asegura que el texto incorporará otras iniciativas que han contado con respaldo de diferentes fuerzas políticas durante la legislatura, con el propósito de facilitar un amplio consenso parlamentario. Entre ellas podrían figurar incentivos fiscales en el IRPF para los propietarios que mantengan estables los precios del alquiler e incluso la recuperación de determinadas deducciones vinculadas a las cuotas hipotecarias. Con este nuevo paquete de medidas, el Gobierno busca impulsar una de sus principales iniciativas en materia de vivienda en un contexto de elevada fragmentación parlamentaria, después de que el anterior decreto fuera rechazado a finales de abril, generando además incertidumbre sobre la continuidad de la prórroga de los contratos de alquiler.

(La Vanguardia, 23-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno anuncia 300 millones para pymes y startups que innoven contra el cambio climático

El Gobierno pondrá en marcha una nueva línea de financiación dotada con 300 millones de euros en préstamos participativos para apoyar a pymes y startups que desarrollen proyectos innovadores orientados a hacer frente al cambio climático. Así lo ha anunciado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante un acto celebrado junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Los recursos se canalizarán a través del Fondo de Emprendimiento y de la Pequeña y Mediana Empresa (Fepyme), gestionado por Enisa, la Empresa Nacional de Innovación, entidad especializada en financiar pequeñas y medianas empresas innovadoras y en certificar a las startups como empresas emergentes. Durante su intervención, Hereu destacó que esta iniciativa pretende impulsar proyectos vinculados a la economía circular, el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la prevención y la adaptación a los efectos del cambio climático, así como otras iniciativas destinadas a proteger recursos y productos especialmente vulnerables frente a los fenómenos climáticos extremos. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló a través de su cuenta en la red social X que esta nueva línea de financiación tiene como objetivo favorecer una producción más limpia y eficiente, impulsar la adaptación del tejido productivo a los desafíos climáticos y acelerar el desarrollo de tecnologías capaces de afrontar los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos. Sánchez no pudo asistir al acto de presentación, ya que se desplazó al incendio forestal de Guadalajara, donde las llamas han contribuido a que este año ya se hayan quemado más de 100.000 hectáreas en España. El presidente aprovechó para subrayar la necesidad de reforzar las políticas de prevención y anticipación frente a la emergencia climática, poniendo el foco en la innovación como una herramienta clave para mejorar la resiliencia del país.

El Ibex toca máximos históricos impulsado por la corrección del precio del petróleo

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