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(Cinco Días, 06-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las expectativas de subida de tipos impulsan la rentabilidad de las letras del Tesoro a máximos desde septiembre de 2024

Aún es pronto para actuar, pero todo apunta a que el Banco Central Europeo está preparado para subir los tipos en junio. Esa fue la posición adoptada la semana pasada, cuando decidió mantenerlos sin cambios por séptima vez consecutiva, evitando precipitarse. No obstante, esta prudencia no significa relajación: la institución reconoce que los riesgos de inflación han aumentado y que el contexto económico es cada vez más complejo. De hecho, los mercados ya anticipan un movimiento en unas cinco semanas, lo que supondría la primera subida en dos años y medio. En este contexto, el Tesoro ha estrenado mayo con una subasta de letras a seis y doce meses en la que ha logrado captar 6.463 millones de euros. Las previsiones de tipos más elevados y una inflación persistente se han reflejado directamente en las rentabilidades, especialmente en las letras a un año, que alcanzan niveles no vistos desde septiembre de 2024. Más de dos meses después del inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, las perspectivas de resolución del conflicto siguen alejándose. Mientras el estrecho de Ormuz permanezca cerrado, continuará el riesgo de una inflación más alta y un menor crecimiento económico a nivel global. Invertir en un entorno de estanflación resulta especialmente complicado. Aunque la deuda pública ha sido uno de los activos más afectados, los instrumentos a corto plazo siguen destacando como una alternativa atractiva. Su menor sensibilidad a las variaciones de tipos y su capacidad de adaptación rápida los convierten en una opción refugio, especialmente para pequeños inversores. Así lo demuestra la demanda: las solicitudes alcanzaron los 11.586,54 millones, de los cuales 2.397,6 millones procedían de ahorradores particulares. La mayor parte de la emisión, 4.429,26 millones, correspondió a letras a doce meses. Con una inflación en abril del 3,2% y el encarecimiento de la energía presionando al alza, aumentan las expectativas de nuevas tensiones inflacionistas y de un entorno de tipos más altos. Esto ha impulsado los rendimientos, situando el tipo marginal en el 2,651%, su nivel más alto desde septiembre de 2024. Los inversores, en especial los minoristas, buscan aprovechar estas rentabilidades, lo que explica que las peticiones no competitivas superaran los 1.120 millones, aunque ligeramente por debajo de la subasta anterior. Por su parte, las letras a seis meses concentraron 2.033,7 millones. En este caso, la rentabilidad apenas varió, situándose en el 2,389%, muy similar a la de abril. La demanda de los particulares incluso aumentó, alcanzando los 1.277,2 millones frente a los 1.020 millones anteriores. Aunque estos niveles de rentabilidad resultan atractivos, todavía no generan el entusiasmo visto en 2023, cuando el fin de los tipos cero provocó un fuerte desplazamiento del ahorro hacia la deuda pública. Además, el contexto actual es diferente. Durante la pandemia, el ahorro de los hogares se disparó debido a las restricciones, generando un colchón financiero importante. En la actualidad, aunque las familias siguen en mejor situación que los gobiernos, muy endeudados, ese margen se está reduciendo. El aumento del coste de la energía y las dificultades para acceder a la vivienda están presionando las finanzas domésticas y limitando progresivamente la capacidad de ahorro.

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(Expansión, 06-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los gobiernos extranjeros controlan el 10% de la Bolsa española

La influencia de países como Francia, Alemania, Noruega o Catar en empresas cotizadas en España -entre ellas Iberdrola, Santander, BBVA y Airbus- ha crecido de forma muy notable. Por primera vez, la inversión pública extranjera en compañías españolas que cotizan en Bolsa ha superado el umbral simbólico de los 100.000 millones de euros, según un análisis realizado por EXPANSIÓN. Este aumento de la presencia pública internacional en el mercado bursátil español ha sido especialmente intenso en el último año. En 2024, países como Noruega, Italia, Francia, Alemania y Catar controlaban algo más de 70.000 millones de euros en la Bolsa española; en 2025 la cifra ascendió a 84.000 millones, y actualmente se sitúa en torno a los 124.000 millones. En conjunto, los inversores públicos extranjeros poseen cerca del 10% de la capitalización total, lo que equivale aproximadamente a uno de cada diez euros del mercado. ¿A qué se debe este incremento? Curiosamente, no es porque haya más inversores públicos internacionales, sino todo lo contrario. Si en 2024 y 2025 había alrededor de veinte -incluyendo casos poco habituales como Ghana-, ahora son solo dieciséis. Sin embargo, aunque son menos actores, manejan mayores volúmenes de inversión. Esto se explica, en parte, por la fuerte revalorización bursátil de compañías como Iberdrola, Endesa y Santander, lo que ha alterado significativamente el ranking de inversores. En la actualidad, el Estado italiano ocupa el primer puesto como mayor inversor público extranjero en una empresa española concreta. Esto se debe a su participación en Endesa a través de Enel, empresa semiestatal de la que posee el 26% y que, a su vez, es el accionista mayoritario de Endesa. La participación italiana en esta compañía -en torno al 70%- tiene un valor aproximado de 27.000 millones de euros. Noruega, mediante su fondo soberano Norges, había liderado tradicionalmente esta clasificación durante años. Francia presenta un caso particular: su influencia, valorada en unos 30.000 millones de euros, se canaliza a través de cuatro vías distintas: la participación estatal directa (como en Airbus), La Banque Postale -con presencia en 23 empresas cotizadas- y dos entidades mutualistas, Crédit Agricole y Banque Fédérative, que participan en más de 60 compañías. Aunque estas últimas no son estrictamente públicas, funcionan de manera similar a las antiguas cajas de ahorro españolas, con una notable influencia de las administraciones públicas.

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(Cinco Días, 05-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo acelera las subidas y las Bolsas se giran a la baja

Las expectativas de los inversores sobre una posible relajación de las tensiones vuelven a desvanecerse. Aunque los mercados han aprendido a reaccionar con prudencia ante los anuncios del presidente estadounidense, Donald Trump, la aparición constante de informaciones contradictorias sigue aumentando la incertidumbre y la volatilidad. En este contexto, la guerra informativa también juega un papel clave: poco después de que Trump anunciara un plan para escoltar barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, medios iraníes aseguraron que misiles habían alcanzado a un buque de guerra de EE. UU., algo que fue desmentido rápidamente por fuentes oficiales estadounidenses. Este intercambio de versiones ha sido suficiente para alterar el comportamiento de los mercados. El precio del petróleo Brent llegó a subir un 5,7%, alcanzando los 114 dólares por barril, aunque posteriormente moderó su avance hasta situarse en torno a los 112 dólares, con una subida cercana al 3,5%. Aunque en semanas recientes las bolsas parecían menos sensibles a la evolución del crudo, en momentos de alta tensión vuelve el patrón habitual: el encarecimiento del petróleo arrastra a la baja a la renta variable. Así, mientras los futuros de Wall Street apuntan a caídas, el Ibex 35 ha intensificado sus pérdidas hasta cerca del 1,5%. La incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz también pesa sobre otros mercados europeos. El índice alemán Dax, que había resistido durante buena parte de la sesión, se mueve finalmente sin cambios tras haber caído previamente, mientras que el Euro Stoxx 50 registra descensos superiores al 1%. Todo indica que, pese al impulso reciente de los resultados empresariales, la evolución de los mercados seguirá condicionada por la situación geopolítica. Cuanto más se prolongue la interrupción en esta ruta clave, mayores serán los riesgos para el suministro energético global. A las tensiones bélicas se suman las amenazas comerciales de Washington. El sector automovilístico europeo es uno de los más afectados tras el anuncio de Trump de elevar los aranceles a vehículos procedentes de la Unión Europea hasta el 25%. Fabricantes alemanes como BMW y Mercedes registran caídas superiores al 2%, mientras que Porsche y Volkswagen también retroceden. El índice sectorial pierde alrededor de un 1,6%. En paralelo, la OPEP y sus aliados han decidido aumentar la producción ante los problemas de suministro. Trump aseguró que Estados Unidos comenzará a guiar a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz, aunque ofreció pocos detalles y mencionó conversaciones "positivas" con Irán. Sin embargo, informaciones posteriores apuntan a que la Armada estadounidense podría no escoltar directamente a los buques. El tráfico marítimo en la zona sigue prácticamente paralizado desde que Irán bloqueó el paso a finales de febrero. Este punto estratégico es clave, ya que por él circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Teherán ha advertido que mantendrá cerrado el estrecho hasta que EE. UU. retire su bloqueo, mientras que Washington exige primero la reapertura y avances en un acuerdo nuclear, lo que mantiene el conflicto en punto muerto. En el ámbito económico, los buenos resultados empresariales impulsaron recientemente a Wall Street a máximos históricos, y esta semana numerosas compañías del S&P 500 publicarán sus cuentas. Al mismo tiempo, los inversores estarán atentos al dato de empleo de abril en Estados Unidos, cuya evolución podría influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Aunque el banco central mantuvo recientemente las tasas sin cambios, crecen las preocupaciones sobre el impacto inflacionario del encarecimiento de la energía derivado del conflicto con Irán. Se prevé, en general, que los tipos se mantengan estables durante el resto del año.

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(El Economista, 05-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Comisión Europea exige a España un plan para eliminar la tarifa regulada de la luz

La Comisión Europea ha pedido a los países de la UE que aún mantienen tarifas eléctricas reguladas -entre ellos España- que diseñen planes claros, con plazos concretos, para avanzar hacia un sistema en el que los precios al consumidor se determinen por el mercado. Desde Bruselas se reconoce que la intervención pública en los precios puede tener sentido en determinados casos, como la protección de consumidores vulnerables o durante etapas de transición hacia un mercado más competitivo. Sin embargo, advierte de que estas medidas no deberían prolongarse indefinidamente ni convertirse en algo estructural. En su informe sobre precios minoristas de la electricidad, competencia y mecanismos de flexibilidad, la Comisión sitúa a España dentro de un grupo de seis países -junto a Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania y Eslovaquia- que han aplicado medidas de control de precios para hogares o pequeñas empresas en ese proceso de transición. Según el documento, el 29% de los hogares españoles sigue acogido a tarifas reguladas, una proporción inferior a la de otros países como Francia (57%) o Polonia (63%), pero superior a la de Portugal (18%). Bruselas recuerda que la normativa europea establece como regla general que las empresas comercializadoras deben poder fijar libremente los precios de la electricidad. Aunque admite que las tarifas reguladas pueden aportar estabilidad a las facturas, también alerta de que pueden distorsionar las señales del mercado, reducir los incentivos al ahorro energético y perjudicar la competencia a largo plazo. Por ello, la Comisión insiste en que los países con precios intervenidos deben trazar una estrategia de salida ordenada. Estos planes deberían incluir objetivos concretos, indicadores para evaluar el avance hacia un mercado competitivo, medidas para evitar distorsiones, mayor transparencia y garantías de igualdad de condiciones entre operadores. Este mensaje afecta directamente a España, donde instrumentos como el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y el bono social siguen teniendo un peso importante. La Comisión menciona el bono social como un mecanismo válido para proteger a los consumidores más vulnerables, siempre que forme parte de una política más amplia contra la pobreza energética. Aunque por ahora no plantea cambios legislativos, Bruselas avisa de que seguirá vigilando la aplicación de las normas y solicitará a cada país información sobre sus planes para avanzar en esta dirección. Por otro lado, la Comisión ha dado un paso adicional en la reforma del mercado eléctrico al publicar una recomendación para reforzar el control financiero de las comercializadoras y evitar situaciones de inestabilidad como las vividas durante la crisis energética de 2021 y 2022. El foco se sitúa en la gestión del riesgo por parte de estas empresas, que deberían contar con estrategias adecuadas para protegerse frente a la volatilidad de los precios mayoristas. Durante la crisis provocada por la guerra en Ucrania, el fuerte encarecimiento de la electricidad evidenció las debilidades de muchos operadores, provocando quiebras y trasladando costes a los consumidores. La Comisión señala que uno de los principales problemas fue la escasa utilización de mecanismos de cobertura (hedging) en un contexto de contratos a precio fijo. Cuando los precios se dispararon, muchas compañías no tenían asegurados sus costes, lo que las llevó a situaciones de tensión financiera. Ante este escenario, Bruselas recomienda reforzar el papel de los reguladores nacionales, otorgándoles más capacidad para supervisar las estrategias de riesgo de las comercializadoras y asegurar que estas sean adecuadas a su tamaño, recursos y exposición al mercado. En España, esta función corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La propuesta no pasa por intervenir directamente en las decisiones empresariales, sino por establecer marcos de control que permitan anticipar problemas. Entre las medidas sugeridas se incluyen pruebas de resistencia (stress tests) y la obligación de informar periódicamente sobre la situación financiera y las coberturas. Además, la Comisión destaca la importancia de reforzar la coordinación entre reguladores energéticos, supervisores financieros y bancos centrales, dado el creciente vínculo entre los mercados eléctricos y los instrumentos financieros, especialmente los derivados. Por último, se introduce el principio de proporcionalidad, reconociendo que no todas las empresas pueden asumir las mismas exigencias. Así, se plantea que algunas comercializadoras puedan optar por coberturas parciales si cuentan con otras garantías de solidez, como acceso a generación propia o suficiente liquidez.

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(El Economista, 05-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las trabas de las Administraciones para compensar a los caseros a los que se les prohibió desahuciar llegan al Supremo

Las dificultades que están poniendo algunas comunidades autónomas para indemnizar a los propietarios que no pudieron desalojar a inquilinos morosos en situación de vulnerabilidad han llegado al Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo analizará por primera vez cómo deben interpretarse los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley aprobado en diciembre de 2020, que contemplaba compensaciones para estos caseros cuando los arrendatarios se acogían a la moratoria de desahucios impulsada durante la pandemia. La norma delega en las administraciones públicas la gestión de estas ayudas, pero su redacción ha generado situaciones complejas para los propietarios. La medida de suspensión de desahucios, aprobada en marzo de 2020 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, establece que antes de paralizar un lanzamiento, los Letrados de la Administración de Justicia deben solicitar un informe a los servicios sociales que evalúe la vulnerabilidad del inquilino y determine qué actuaciones debe adoptar la Administración. Posteriormente, el decreto de diciembre vinculó el derecho a compensación a que, transcurridos tres meses desde ese informe, la Administración no hubiera aplicado las medidas previstas. El problema surge cuando esos informes no incluyen ninguna actuación concreta. En estos casos, algunas comunidades autónomas sostienen que, al no haberse fijado medidas a ejecutar, no puede considerarse que hayan incumplido nada, y por tanto rechazan abonar compensaciones a los propietarios. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya advirtió que la Administración no puede justificar su falta de actuación en esa ausencia de medidas en los informes. Es decir, no puede beneficiarse de su propia inacción para evitar pagar a los afectados. Ahora, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por una empresa contra la decisión de la Comunidad Foral de Navarra de denegarle la compensación por no haber podido ejecutar el desahucio. El alto tribunal deberá aclarar si el acceso a estas ayudas depende de que los servicios sociales hayan identificado medidas concretas para garantizar una alternativa habitacional a los inquilinos vulnerables, o si basta con que el juez haya reconocido dicha situación de vulnerabilidad al suspender el desahucio. El Supremo justifica la admisión del caso por la gran cantidad de situaciones similares existentes, teniendo en cuenta que la suspensión de desahucios ha estado vigente hasta finales de 2025 y que aún no existe una doctrina clara al respecto. Cabe recordar que esta normativa ha supuesto la paralización de alrededor de 60.000 desalojos desde su entrada en vigor.

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(Expansión, 04-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La OPEP + anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios

Delegados de siete destacados países productores de petróleo dentro de la OPEP+ se reunieron este domingo de manera virtual y anunciaron que incrementarán la producción conjunta en 188.000 barriles diarios a partir de junio. En un comunicado, la OPEP y sus socios -incluida Rusia- explicaron que este aumento voluntario se suma al ya aprobado en abril (206.000 barriles diarios), subrayando así su intención de mantener el equilibrio en el mercado petrolero. Los países participantes en la reunión fueron Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Argelia, junto con Rusia. Según el comunicado, continuarán analizando atentamente la evolución del mercado para contribuir a su estabilidad. No obstante, este incremento es en gran parte simbólico, ya que varios productores del Golfo Pérsico siguen sin poder exportar parte de su petróleo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, consecuencia del conflicto aún sin resolver entre Irán y Estados Unidos. También se anunció que el próximo encuentro de estos grandes productores tendrá lugar el 7 de junio, coincidiendo con la reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP+. Este representa el tercer aumento consecutivo de producción en lo que va de año, y se produce poco después de la salida de Emiratos Árabes Unidos de la organización y de la alianza. En reuniones anteriores ya se habían acordado incrementos similares, por lo que la subida actual mantiene la misma línea, aunque sin la participación emiratí. A raíz del conflicto en Irán y las dificultades en el estrecho de Ormuz -por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial-, la producción total de la OPEP cayó un 27,5% en marzo. Solo algunos países, especialmente Arabia Saudí, cuentan con margen suficiente para aumentar su producción. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos aspira a elevar su bombeo desde los actuales 3,4 millones hasta cerca de 5 millones de barriles diarios cuando la situación en la región se estabilice. Además, a diferencia de otros países del Golfo, la economía emiratí depende cada vez menos del petróleo. En los últimos días, el precio del crudo ha alcanzado niveles máximos en cuatro años debido a la falta de avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Analistas advierten que podrían producirse interrupciones en el suministro de petróleo y derivados como el queroseno, lo que podría volver a presionar al alza la inflación en numerosos países industrializados.

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(Expansión, 04-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Comisión Europea ha pedido hoy redoblar los esfuerzos para que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur funcione de forma efectiva

La puesta en marcha del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur da lugar a un gran mercado transatlántico valorado en unos 22 billones de dólares, con cerca de 720 millones de potenciales consumidores. Algunos países prevén que sus exportaciones crezcan más de un 10% de aquí a 2038, cuando el pacto esté plenamente implantado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó el esfuerzo realizado para alcanzar este acuerdo "histórico" y subrayó que ahora es fundamental asegurar que tanto ciudadanos como empresas comiencen a beneficiarse cuanto antes. Para ello, participará junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una reunión por videoconferencia con los líderes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para dar inicio a esta nueva etapa. A largo plazo, se estima que el comercio entre ambos bloques podría aumentar alrededor de un 40%. En el caso de España, el crecimiento potencial podría ser incluso mayor, dado el peso que Mercosur tiene como socio comercial para su economía, según el Banco de España. El bloque sudamericano reúne a más de 273 millones de personas y genera un PIB de unos dos billones de euros. En 2025, España exportó a estos países productos por valor de 4.701 millones de euros, lo que supone el 1,2% de sus ventas exteriores. El Banco de España señala oportunidades especialmente relevantes en el sector agrícola, como el vino y el aceite de oliva, productos clave para España. El acuerdo eliminaría los aranceles sobre estos bienes, mientras que otros competidores seguirían enfrentándose a gravámenes de entre el 10% y el 15%, lo que reforzaría la posición de los exportadores españoles. Von der Leyen remarcó que el pacto supone una ventaja para empresas, consumidores y agricultores, al abrir nuevas posibilidades de exportación sin dejar de proteger los sectores más sensibles. En la misma línea, el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, insistió en que el objetivo inmediato es que este acuerdo empiece a generar resultados en los próximos meses, en un contexto en el que la UE busca fortalecer su política comercial. El acuerdo comenzará a aplicarse de manera provisional este jueves, permitiendo avanzar en la reducción de aranceles, la apertura de mercados y la eliminación de obstáculos técnicos. Además, la Comisión Europea ya ha iniciado contactos con empresas, incluidas pequeñas y medianas, para facilitar que aprovechen desde el principio las oportunidades que ofrece el pacto. Desde el Parlamento Europeo se ha valorado positivamente esta fase inicial, considerándola una oportunidad para estrechar la relación económica y política entre Europa y América Latina. También destacan que servirá para analizar su impacto real, especialmente en sectores sensibles como la agricultura, y recalcan la importancia de garantizar una competencia justa. No obstante, los eurodiputados recuerdan que el acuerdo necesitará su aprobación definitiva antes de entrar plenamente en vigor, algo que solo ocurrirá una vez que el Tribunal de Justicia de la UE confirme su compatibilidad con los tratados europeos.

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(El País, 04-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas españolas, a la caza de 817.000 millones sin asignar en Europa para defensa hasta 2030

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el sector de defensa europeo ha recibido una financiación sin precedentes, aunque la mayor parte de ese presupuesto aún no tiene un destino concreto. De acuerdo con un informe de la consultora Accuracy, Europa planea invertir cerca de 1,1 billones de euros en equipamiento militar durante los próximos cinco años. Sin embargo, aproximadamente el 75% de esa cantidad -unos 817.000 millones- todavía no ha sido asignado, lo que refleja, según Ignacio Lliso, un amplio margen de oportunidades para la industria. Hasta el momento, gran parte del gasto se ha orientado hacia áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los sistemas aéreos. En este último ámbito destaca el programa FCAS, el futuro sistema de combate aéreo europeo, actualmente en pausa a la espera de que Francia y Alemania, junto con España, alcancen un acuerdo. Se prevé que este proyecto, considerado el más ambicioso del sector en Europa en lo que va de siglo y con un coste estimado de 100.000 millones de euros, retome su curso en breve. Liderado por Dassault, Airbus e Indra, su objetivo es que el nuevo sistema -incluyendo cazas y una red de combate digital- esté operativo en 2040. Además del FCAS, Europa participa en otro gran programa aéreo, el GCAP, impulsado por Italia, Reino Unido y Japón, con un presupuesto estimado de entre 30.000 y 40.000 millones de euros. A estos se suman otros proyectos relevantes, como el Eurodrón (7.100 millones), el sistema de tanque MGCS desarrollado por Francia y Alemania (entre 15.000 y 20.000 millones), o la futura corbeta europea, en la que colaboran varios países, con una inversión prevista de entre 6.000 y 7.000 millones. Tras la invasión rusa de Ucrania, la Comisión Europea propuso el mecanismo SAFE, que permitirá a los Estados miembros disponer de hasta 650.000 millones adicionales para defensa, además de 150.000 millones en deuda conjunta, sumando un total de 800.000 millones destinados a gasto militar. Expertos del sector advierten de que los conflictos recientes, como el de Ucrania o las tensiones en Irán, han dejado al descubierto importantes debilidades en la capacidad militar europea. Entre ellas destacan la falta de reservas de munición, limitaciones en movilidad militar, carencias en defensa aérea y drones, así como déficits en inteligencia y ciberseguridad. También se subraya la fuerte dependencia de proveedores externos, especialmente de Estados Unidos, y la falta de una base industrial sólida para sostener operaciones prolongadas. Estas carencias son consecuencia de años de recortes presupuestarios y de una estrategia fragmentada entre países. En este contexto, el gasto en defensa en Europa -incluyendo Reino Unido y Turquía- alcanzó en 2025 los 545.000 millones de euros, un 24,7% más que el año anterior, en lo que algunos califican como el mayor proceso de rearme desde la Guerra Fría. Las empresas del sector ya se preparan para este crecimiento. Compañías como Oesía prevén triplicar su facturación en los próximos años, mientras que otras como Indra planean revisar al alza sus objetivos. En España, la inversión en equipamiento militar aumentó notablemente en 2024, representando más del 44% del gasto total en defensa. Además, las directrices de la OTAN recomiendan que al menos el 20% del presupuesto militar se destine a equipamiento, y se estima que entre 2025 y 2030 el 33% del gasto europeo irá a este fin. Alemania liderará el esfuerzo inversor con más de 580.000 millones de euros hasta 2030, seguida por Reino Unido y Francia. España ocupará la sexta posición con cerca de 198.000 millones, por detrás de países como Polonia e Italia. De hecho, Polonia y Lituania serán los únicos Estados que podrían alcanzar un gasto militar equivalente al 5% de su PIB en 2030, una cifra promovida por Estados Unidos dentro de la OTAN.

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(Cinco Días, 30-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed mantiene los tipos en el 3,5% en la última reunión con Powell al frente

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se mantiene firme frente a las presiones de Donald Trump y concluye su etapa al frente del banco central defendiendo su estrategia de prudencia, basada en observar la evolución de la situación antes de tomar decisiones, especialmente ante la incertidumbre generada por la crisis en Oriente Próximo. Se trata de la tercera vez consecutiva este año que la Reserva Federal decide no modificar los tipos de interés, que permanecen entre el 3,5% y el 3,75%. Es la última reunión presidida por Jerome Powell, cuyo mandato finaliza el 15 de mayo. Se prevé que le sustituya Kevin Warsh, pendiente aún de la confirmación definitiva del Senado tras haber superado el trámite del comité bancario. Powell cierra así su mandato reafirmando una línea de actuación que ha marcado su gestión reciente: actuar con cautela y no precipitar cambios. Esta postura ha sido objeto de críticas, especialmente desde la Casa Blanca. La confrontación entre Trump y Powell ha sido constante en los últimos meses, pero el presidente de la Fed ha evitado ceder a las presiones políticas. Incluso se llegó a plantear una investigación por parte del Departamento de Justicia sobre su gestión, aunque finalmente no prosperó, lo que ha facilitado el proceso de relevo. Desde la Reserva Federal consideran que aún no se dan las condiciones adecuadas para retomar la bajada de tipos, principalmente por la incertidumbre económica derivada del contexto internacional. La inflación sigue sin acercarse al objetivo del 2% tras varios años marcados por distintas crisis. A esto se suma el impacto del conflicto en Oriente Próximo, que ha provocado un fuerte aumento del precio del petróleo y nuevas tensiones inflacionistas. En marzo, la inflación alcanzó el 3,3%, su nivel más alto en dos años, alejándose del 2,4% registrado en los primeros meses de 2026. Mientras tanto, el mercado laboral continúa mostrando solidez, con una tasa de desempleo del 4,3%, ligeramente inferior a la del mes anterior. La propia Fed ya anticipaba este escenario, por lo que en su anterior reunión rebajó las expectativas de recortes de tipos para este año, contemplando como máximo una bajada tras el verano, aunque tampoco se descarta que no haya ninguna. La institución insiste en que, mientras no se conozcan con claridad las consecuencias económicas del conflicto con Irán, lo más adecuado es mantener la cautela. Este mensaje parece dirigido también al futuro presidente. Si su nombramiento se confirma a tiempo, Warsh presidirá su primera reunión en junio, momento en el que la Fed actualizará sus previsiones. Aunque es partidario de reducir los tipos cuanto antes, aún está por ver si contará con el respaldo suficiente dentro del organismo en un contexto de elevada incertidumbre. Algunos analistas señalan que los mercados siguen esperando, en línea con las previsiones de la Reserva Federal, una bajada de tipos de 25 puntos básicos antes de final de año. No obstante, también se contempla la posibilidad de que haya más de un recorte si la situación económica lo requiere, no tanto por presiones políticas, sino por la necesidad de sostener la actividad económica.

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(Expansión, 30-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Powell desafía a Trump y se quedará en la Fed hasta que "sea apropiado"

El actual presidente de la Reserva Federal; Jerome Powell, ha decidido permanecer en el consejo como gobernador incluso después de dejar la presidencia, con la intención de asegurarse de que no se reabra la investigación penal en su contra impulsada durante la etapa de Donald Trump. "Lo ocurrido en los últimos meses me lleva a continuar hasta que lo considere oportuno", ha explicado Jerome Powell al confirmar que no abandonará el organismo cuando termine su mandato como presidente el próximo 15 de mayo. Aunque ha felicitado a su sucesor, Kevin Warsh, cuyo nombramiento avanza en el Senado tras superar el comité bancario, Powell no se retirará por completo. Su decisión tiene pocos precedentes: solo en una ocasión, en más de un siglo de historia de la Reserva Federal, un expresidente se mantuvo como gobernador tras dejar el cargo. Esta situación genera un escenario inédito, ya que la continuidad de Powell podría dificultar la incorporación plena de Warsh al consejo. Además, abre una etapa de gran incertidumbre que podría tensar aún más la relación con Donald Trump, quien podría intentar reorganizar el órgano para facilitar su estrategia económica. Powell ha asegurado que mantendrá un papel discreto y permitirá que el nuevo presidente ejerza sus funciones con normalidad. Sin embargo, ha dejado claro que no piensa marcharse mientras exista la posibilidad de que se reactive el proceso judicial en su contra. Aunque los cargos fueron retirados recientemente, no se descarta que puedan retomarse si nuevas investigaciones internas lo justifican. El todavía presidente de la Fed no prevé agotar su mandato como gobernador, que se extiende dos años más, sino permanecer el tiempo necesario hasta tener garantías de que la amenaza legal desaparece por completo. Considera que la situación a la que se enfrenta es excepcional y sin precedentes. Su permanencia rompe con la práctica habitual de las últimas décadas, en las que los presidentes del banco central abandonaban totalmente la institución al dejar el cargo. Aun así, ha insistido en que seguirá tomando decisiones basadas exclusivamente en criterios económicos. Powell ha mostrado respeto hacia Warsh, al que considera preparado para liderar la institución. No obstante, su continuidad plantea dudas, especialmente en los mercados, sobre cómo convivirán dos figuras influyentes dentro del mismo órgano: un nuevo presidente respaldado políticamente y un expresidente con peso técnico que podría no coincidir con su enfoque.

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