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(Cinco Días, 26-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV plantea una norma para limitar el poder de los grandes presidentes ejecutivos del Ibex 35

La Comisión Nacional del Mercado de Valores plantea un cambio profundo en la estructura de poder de las grandes cotizadas españolas. Según un borrador del nuevo Código de Buen Gobierno al que ha tenido acceso este periódico, el supervisor recomienda que las compañías con más de 500 millones de euros de capitalización concentren todas las funciones ejecutivas en la figura del consejero delegado, mientras que el presidente del consejo asumiría únicamente tareas institucionales y de representación. Aunque estas recomendaciones no tienen carácter obligatorio, sí influyen de forma significativa en la percepción de los inversores y de los asesores de voto. De salir adelante, el nuevo modelo pondría en cuestión la actual concentración de poder de figuras como Ana Botín en Banco Santander, Carlos Torres en BBVA, Ignacio Sánchez Galán en Iberdrola o Marc Murtra en Telefónica. Todos ellos tendrían que optar entre mantener la presidencia o conservar las funciones ejecutivas del día a día. La CNMV comenzó a finales del pasado año la revisión de su Código de Buen Gobierno, cuya última actualización se produjo en 2020. El regulador explicó entonces que el objetivo era adaptar las recomendaciones a los nuevos estándares normativos y de gobernanza corporativa. El calendario inicial contemplaba trabajar durante todo 2026 junto a un comité de expertos y abrir una consulta pública en el primer trimestre de 2027. Sin embargo, ya existen borradores preliminares que están siendo debatidos internamente. En uno de esos textos iniciales, fechado en febrero de 2026, el organismo propone establecer una separación clara entre las funciones del presidente y las del consejero delegado, algo históricamente poco habitual en las grandes empresas españolas. El documento plantea que las compañías afectadas tengan hasta el 30 de junio de 2028 para presentar planes de sucesión que expliquen cómo transferirán las competencias ejecutivas al consejero delegado. La implantación efectiva de ese modelo debería completarse, como máximo, antes del 30 de junio de 2030. Aunque el Código de Buen Gobierno funciona bajo el principio de "cumplir o explicar", sus recomendaciones tienen un peso relevante en el mercado. La CNMV obliga a las empresas que no sigan estas pautas a detallar en sus informes anuales de gobierno corporativo qué recomendaciones incumplen y cuáles son los motivos. Este sistema ya ha servido en el pasado para impulsar cambios en la composición de los consejos, especialmente en materia de presencia femenina e independencia de los consejeros. El organismo presidido por Carlos San Basilio justifica esta separación de funciones argumentando que el presidente debe desempeñar un papel esencial en la supervisión y el correcto funcionamiento del consejo de administración. Según el borrador, cuando esa misma persona acumula también funciones ejecutivas puede producirse una excesiva concentración de poder que reduzca la capacidad de control independiente del consejo sobre la gestión empresarial. El texto señala además que las mejores prácticas internacionales apuestan por distinguir claramente entre ambas figuras, especialmente en las grandes cotizadas, con el objetivo de reforzar el equilibrio de poderes y mejorar la eficacia del órgano de administración. La CNMV, no obstante, excluye de esta recomendación a las empresas con menos de 500 millones de euros de capitalización, al considerar que la separación puede generar costes demasiado elevados para compañías de menor tamaño. Con esta propuesta, el supervisor bursátil se suma a las presiones de distintos organismos internacionales para que las grandes empresas españolas evolucionen hacia modelos más próximos al sistema anglosajón. En Reino Unido, por ejemplo, es habitual la figura del chairman, un presidente no ejecutivo encargado de coordinar el consejo de administración sin intervenir en la gestión diaria de la compañía. La presión es especialmente intensa en el sector financiero. El Banco Central Europeo trabaja desde hace cerca de dos años en una nueva guía de gobernanza bancaria que también apunta hacia una separación entre las funciones institucionales del presidente y las ejecutivas del consejero delegado. Tanto Ana Botín como Carlos Torres han defendido en diversas ocasiones el modelo de gobierno corporativo de sus entidades, subrayando que cuenta con el respaldo tanto del BCE como de la CNMV. Sin embargo, el nuevo enfoque regulatorio podría modificar esa posición. En otras entidades financieras españolas ya existe esa división de funciones. Josep Oliu en Banco Sabadell, María Dolores Dancausa en Bankinter y José Sevilla en Unicaja Banco ejercen presidencias sin funciones ejecutivas. También Tomás Muniesa dejó de asumir responsabilidades ejecutivas al relevar a José Ignacio Goirigolzarri al frente de CaixaBank, aunque mantiene su condición de consejero dominical en representación de CriteriaCaixa. El documento todavía no es definitivo y sigue siendo objeto de revisión por parte del comité de expertos coordinado por San Basilio y la vicepresidenta de la CNMV, Paloma Marín. En ese grupo participan representantes de organismos públicos como la Secretaría de Estado de Economía, la Abogacía General del Estado, el Banco de España o la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, así como despachos de abogados como Garrigues y Uría Menéndez y asociaciones empresariales como la Asociación Española de Banca, CECA, Inverco o Unespa. La intención del regulador es abrir el texto a consulta pública durante el primer trimestre de 2027, previsiblemente durante tres meses. Tras analizar las propuestas y observaciones recibidas, la versión definitiva del nuevo Código de Buen Gobierno se publicaría a mediados del próximo año.

(El Economista, 26-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno abordará con los agentes sociales las medidas por la guerra que deben mantenerse a partir del 30 de junio

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, han participado esta mañana en una reunión con los agentes del diálogo social para hacer seguimiento de las medidas puestas en marcha para mitigar el impacto derivado de la guerra en Irán. En el encuentro también han estado presentes representantes empresariales y sindicales, como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo. Todos los asistentes han acordado volver a reunirse en las próximas semanas para analizar la evolución de la situación y valorar la posible necesidad de prolongar o ajustar las medidas más allá del 30 de junio. El ministro de Economía ha señalado que en las próximas semanas se mantendrán reuniones con los agentes sociales y los distintos sectores económicos con el objetivo de compartir el diagnóstico de la situación y evaluar qué actuaciones podrían ser necesarias una vez finalice el periodo de vigencia de las medidas actuales. Tras la reunión, el Ministerio de Economía ha trasladado una valoración compartida en la que se concluye que España está respondiendo de forma adecuada al impacto del conflicto en Irán. En esta línea, el vicepresidente primero ha afirmado que el conjunto de medidas del Gobierno está cumpliendo su objetivo de proteger el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas. Según ha explicado Cuerpo, de acuerdo con los datos del INE, la inflación de los carburantes en abril habría alcanzado el 28,9% sin las medidas adoptadas, mientras que el Plan de Respuesta ha permitido reducirla en más de 16 puntos porcentuales. Asimismo, ha indicado que el impacto en la inflación general se ha moderado en torno a un punto porcentual. En el cierre del encuentro, tanto los ministerios implicados como los agentes sociales han subrayado la importancia de combinar medidas de corto plazo con estrategias estructurales a largo plazo que impulsen la electrificación y refuercen la capacidad de respuesta ante futuras crisis. En este sentido, Cuerpo ha destacado que la apuesta por las energías renovables ha contribuido a situar a España en una posición más sólida frente a la volatilidad de los mercados energéticos.

(La Razón, 26-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los jóvenes, cada vez más cerca de la pobreza: ocho de cada diez no pueden emanciparse y el 90% depende de sus padres

Cada vez resulta más complicado para los jóvenes españoles independizarse del hogar familiar. Más del 80% no logra emanciparse antes de cumplir los 30 años, el peor registro desde que existen estadísticas. Además, nueve de cada diez siguen dependiendo económicamente de sus padres para poder mantenerse, según los datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España. La situación tampoco mejora demasiado entre quienes tienen empleo. Solo uno de cada cuatro jóvenes trabajadores puede vivir de forma independiente y, aun contando con trabajo, las nuevas generaciones afrontan un riesgo de pobreza superior al del resto de grupos de edad. Estos datos desmontan la idea de que los jóvenes no quieren estudiar o incorporarse al mercado laboral. Más de un tercio de los menores de 29 años compatibiliza estudios y empleo, mientras que cerca del 70% de quienes trabajan desempeñan puestos por debajo de su nivel de cualificación, según la Encuesta de Condiciones de Vida. Además, la tasa de inactividad juvenil se sitúa entre las más bajas registradas en España y el nivel de empleo ronda el 50%, aunque gran parte de los salarios apenas supera el Salario Mínimo Interprofesional. Los bajos ingresos hacen prácticamente imposible acceder a una vivienda en solitario. Con los precios actuales del mercado, un joven trabajador tendría que destinar más del 98% de su sueldo mensual al alquiler. El Consejo de la Juventud advierte de que esta situación impide a muchos jóvenes desarrollar un proyecto de vida propio durante esta etapa. La compra de vivienda tampoco resulta accesible. Ahorrar la entrada necesaria exige dedicar íntegramente el salario de al menos 4,7 años. Por ello, el 55% de los jóvenes que consigue emanciparse lo hace viviendo de alquiler y, dentro de este grupo, más de la mitad comparte piso. El informe también destaca el fuerte crecimiento del alquiler por habitaciones, cuyo precio medio ronda ya los 400 euros mensuales y ha aumentado un 85,4% desde 2022. Esta modalidad resulta más rentable para los propietarios que alquilar una vivienda completa. Desde el Consejo de la Juventud subrayan que el endeudamiento juvenil no responde a gastos excesivos o malas decisiones financieras, sino a la necesidad de cubrir un derecho básico como la vivienda. De hecho, el riesgo de pobreza entre los jóvenes que viven de alquiler pasa del 25,9% al 43%. Según denuncia el organismo, independizarse implica hoy un deterioro automático de la situación económica, hasta el punto de que la emancipación queda reservada en muchos casos a quienes cuentan con ingresos elevados o se produce de forma forzada. "Emanciparse hoy significa empobrecerse", resumen desde la entidad. Actualmente hay en España 1.070.119 jóvenes emancipados, cerca de 50.000 menos que hace un año. Ante este escenario, el Consejo de la Juventud reclama la aplicación efectiva del Estatuto del Becario y defiende una nueva subida del salario mínimo para mejorar las condiciones laborales de los jóvenes. También pide facilitar el acceso de este colectivo al Ingreso Mínimo Vital. En materia de vivienda, la organización considera necesario aplicar plenamente la Ley de Vivienda, especialmente las medidas destinadas a limitar el precio de los alquileres, y reclama además una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reducir la inseguridad jurídica que afecta a los jóvenes en el mercado del alquiler.

(Cinco Días, 22-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro ya paga más del 4% por la deuda a 30 años, el récord desde 2023

El aumento de las rentabilidades de la deuda pública se ha consolidado en las últimas semanas como uno de los principales focos de preocupación para los mercados financieros. El bloqueo casi total del estrecho de Ormuz ha reactivado los temores inflacionistas y, como ya ocurrió desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, la deuda soberana vuelve a ser uno de los activos más castigados. A pesar de este escenario adverso, el Tesoro español mantiene su estrategia de financiación. El organismo presidido por Paula Conthe cerró mayo con una emisión de 6.055 millones de euros en deuda a medio y largo plazo. Sin embargo, el deterioro de las condiciones del mercado ha obligado a asumir mayores costes de financiación, especialmente en los plazos más largos. La referencia a 30 años ya supera el 4,12%, el nivel más elevado registrado en los últimos tres años. La incertidumbre sobre las consecuencias económicas del conflicto y el temor a que los bancos centrales adopten políticas monetarias más restrictivas dificultan el interés de los inversores por la renta fija. No obstante, dentro de este entorno de elevada volatilidad, la deuda española continúa siendo vista como una opción relativamente atractiva. Esta percepción se refleja tanto en las recomendaciones de varias firmas de análisis como en el elevado volumen de demanda registrado en las subastas. Mientras Bank of America muestra preferencia por España frente a Portugal y Jupiter AM apuesta por bonos españoles e italianos, las peticiones de compra alcanzaron los 11.109,7 millones de euros, casi el doble de la cantidad finalmente adjudicada. El encarecimiento de la financiación ha afectado a todos los vencimientos, aunque con mayor intensidad en los plazos más largos. En obligaciones a cinco años, el Tesoro colocó 2.585,4 millones de euros con una rentabilidad del 2,964%, ligeramente superior al 2,923% de la subasta anterior. En deuda a siete años, adjudicó 2.200,7 millones al 3,169%, frente al 3,11% previo. La emisión se completó con 2.322,3 millones en obligaciones con una vida residual de más de 24 años, donde el incremento fue mucho más notable: la rentabilidad pasó del 3,732% al 4,122%, reflejando el impacto de unas expectativas de inflación más elevadas. Aunque la deuda española tampoco escapa a las presiones inflacionistas ni al riesgo de futuras subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo, muchos gestores siguen considerando atractivos los bonos nacionales. Las previsiones de crecimiento económico y la estrategia de financiación del Tesoro sostienen parte de ese interés. Huw Davies, gestor de renta fija de Jupiter AM, destaca que España afronta la situación desde una posición relativamente más sólida que otras economías europeas gracias a un mayor dinamismo económico y a unas perspectivas fiscales algo más favorables. Más allá del conflicto geopolítico, los inversores también vigilan los desequilibrios fiscales. El aumento del déficit y de la deuda pública representa uno de los principales riesgos en un contexto de tipos de interés elevados. Aun así, los organismos internacionales continúan situando a España en una trayectoria fiscal menos preocupante que la de varios socios europeos. Pese a ello, persisten algunos elementos de vulnerabilidad. Davies advierte de que uno de los mayores riesgos sería un aumento de la inestabilidad política. Hasta ahora, las dificultades para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la fragmentación política reflejada en las elecciones autonómicas habían sido los principales focos de inquietud. A ello se añade ahora la investigación que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un factor que introduce nuevas dudas en el panorama político. Por el momento, sin embargo, estas tensiones no han deteriorado el interés de los inversores, y la demanda de deuda española sigue siendo sólida tanto en el mercado primario como en el secundario. En un contexto internacional marcado por el temor a la estanflación -bajo crecimiento acompañado de inflación elevada-, la prima de riesgo española permanece por debajo de los 45 puntos básicos. Tras completar las emisiones previstas para mayo, la atención de los mercados se centra ahora en la próxima colocación sindicada de mitad de año. Este tipo de operaciones, que se realizan fuera del calendario habitual de subastas, se llevan a cabo a través de bancos colocadores que distribuyen directamente la deuda entre grandes inversores institucionales. En lo que va de 2026, el Tesoro ya ha ejecutado dos emisiones sindicadas con las que logró captar 22.000 millones de euros y registrar una demanda récord. Sin embargo, ambas operaciones tuvieron lugar a comienzos de año, en un entorno mucho más favorable para Europa y con perspectivas de inflación moderadas. El estallido de la guerra en Oriente Próximo y la posterior crisis energética han cambiado radicalmente el escenario. Ahora, con unos mercados mucho más exigentes y sensibles al riesgo, queda por ver si el Tesoro español consigue repetir el éxito obtenido en las primeras colocaciones del año.

(Expansión, 22-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas cede a la presión y ya se plantea acelerar la reforma bancaria

Los bancos y los países de la Unión Europea intensifican la presión para que la ola de simplificación normativa que atraviesa la economía europea llegue cuanto antes al sistema financiero. La Comisión Europea, que inicialmente no había situado este ámbito entre sus prioridades, parece haber tomado nota y empieza a acelerar el calendario previsto. El Ejecutivo comunitario trabaja actualmente en la elaboración de un informe sobre la competitividad del sector bancario. El documento examinará el entorno en el que operan las entidades financieras y las razones que explican la diferencia de rentabilidad frente a competidores de otras regiones, especialmente Estados Unidos. Para preparar este análisis, el departamento encabezado por la comisaria europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, Maria Luís Albuquerque, abrió hasta el pasado 19 de abril una consulta pública destinada a recabar opiniones de supervisores, bancos y otros actores implicados. Tanto las autoridades como las entidades financieras consideran este informe el primer paso hacia una futura reforma bancaria. Se trata de una evaluación inicial que, junto a las recomendaciones del Banco Central Europeo y de la Autoridad Bancaria Europea, servirá para identificar qué aspectos deben modificarse con el objetivo de reforzar el sector sin comprometer su solidez. Aunque en un principio Bruselas contemplaba finalizar el documento en septiembre, fuentes comunitarias aseguran que ahora se trabaja con la intención de tenerlo listo en julio, antes del receso veraniego de las instituciones europeas. Si ese primer paso se adelanta, el resto del calendario también podría acelerarse. En Bruselas existe la percepción de que la publicación del informe de competitividad puede abrir la puerta a anticipar el paquete de simplificación normativa para la banca, que incluso podría presentarse antes de que termine el año. Hasta ahora, la previsión más optimista situaba ese proceso en el primer trimestre de 2027. "Sería una noticia muy positiva. Otras jurisdicciones están actuando con rapidez, mientras Europa vuelve a optar por procedimientos demasiado lentos y burocráticos", señalan desde una entidad financiera. La banca ve esta reforma como una oportunidad para avanzar en la integración del mercado único y, al mismo tiempo, aliviar unas exigencias de capital que considera excesivamente complejas y duplicadas. Las entidades han intensificado además su actividad de presión en Bruselas, convirtiendo esta cuestión en el principal frente regulatorio del momento, incluso por encima del debate sobre el euro digital. A esta presión también se han sumado los Estados miembros de la UE. Los ministros de Finanzas reclamaron ya en diciembre a la Comisión Europea que presentara "con rapidez paquetes ambiciosos de simplificación" para la regulación financiera, dentro de un plan más amplio destinado a revisar, simplificar e incluso eliminar parte de la normativa vigente. En las últimas cumbres europeas, la demanda ha escalado además al máximo nivel político. Los jefes de Estado y de Gobierno incluyeron en las conclusiones del último Consejo Europeo una petición a la Comisión para que proponga cambios concretos en el marco prudencial con el objetivo de reforzar la capacidad de la banca para financiar la economía europea, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad financiera y la igualdad de condiciones a escala internacional. A diferencia de la solicitud planteada por los ministros de Finanzas, el mensaje emanado del Consejo Europeo sí implica un respaldo político directo para que la Comisión presidida por Ursula von der Leyen inicie el esperado proceso legislativo. Fuentes comunitarias explican que los Estados miembros consideran compatible el impulso a los mercados de capitales con la aceleración de la reforma bancaria, especialmente porque en junio ya se esperan avances relevantes relacionados con la Unión de Ahorro e Inversiones. Pese a que bancos y gobiernos comparten el interés por acelerar la reforma, sus objetivos no son exactamente los mismos. Los países insisten en que cualquier flexibilización debe preservar la resistencia del sistema financiero y solo contemplan liberar capital en aquellos casos en los que quede demostrado que existen duplicidades regulatorias con otras exigencias.

(El País, 22-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

China desbanca a Alemania como el principal proveedor de España

Más de 9.000 kilómetros separan Madrid de Pekín, pero esa distancia geográfica no impide que China se haya convertido en el principal proveedor de bienes de España. Según los datos difundidos este martes por el Gobierno, el gigante asiático superó en el primer trimestre del año a Alemania como mayor origen de las importaciones españolas. Entre enero y marzo, las compras procedentes de China rebasaron los 12.500 millones de euros, una cifra equivalente al total de las importaciones españolas desde todo el continente americano. Así, China concentra ya el 11,6% de las importaciones nacionales, ligeramente por encima del 11,4% correspondiente a Alemania. No es la primera vez que ocurre algo similar. En 2022, China ya adelantó temporalmente a Alemania debido a la crisis global de microchips, que golpeó especialmente a la industria automovilística alemana y provocó un fuerte desplome de las matriculaciones en España. Sin embargo, a diferencia de aquel episodio coyuntural, el actual avance chino parece responder a una tendencia mucho más estructural. El crecimiento sostenido de sus exportaciones y el refuerzo de su capacidad industrial están consolidando su peso en el mercado español. Además, las tensiones comerciales impulsadas por Estados Unidos y el aumento de aranceles han llevado tanto a la Comisión Europea como al Banco Central Europeo a advertir sobre una posible desviación hacia Europa de productos chinos de bajo coste, especialmente los comercializados a través de plataformas como AliExpress, Temu o Shein. En los últimos cinco años, Alemania ha mantenido una cuota relativamente estable, cercana al 11% de las importaciones españolas, mientras que China ha ido ganando terreno progresivamente, con un avance especialmente significativo en 2025, cuando ya estuvo cerca de ocupar la primera posición. Esa dinámica continúa y también se ve favorecida por el acercamiento político entre ambos países. La relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario chino, Xi Jinping, atraviesa un momento de gran sintonía, reflejado en las cuatro visitas oficiales realizadas por Sánchez a China en los últimos tres años, más que cualquier otro dirigente europeo. El jefe del Ejecutivo español ha adoptado además una postura menos crítica hacia Pekín que la mantenida por otras instituciones europeas, que definen oficialmente a China como "socio, competidor y rival sistémico". Sánchez ha preferido enfatizar únicamente el componente de colaboración, llegando a afirmar en su última visita que España considera a China un socio de la Unión Europea. No obstante, la relación comercial entre ambos países presenta un fuerte desequilibrio. Mientras las importaciones desde China no dejan de crecer, las exportaciones españolas hacia el país asiático permanecen prácticamente estancadas y apenas representan el 2% del total de las ventas exteriores españolas. Esto convierte a China en el undécimo destino de las exportaciones nacionales. Durante el año pasado, España importó productos chinos por valor de 50.250 millones de euros, mientras que las exportaciones españolas a China alcanzaron solo 7.972 millones. Como resultado, el déficit comercial supera los 42.000 millones de euros, el doble que hace apenas seis años. La tasa de cobertura -que mide qué porcentaje de las importaciones se compensa con exportaciones- se situó en apenas el 15,9%, el nivel más bajo desde 2010. Este desequilibrio es mucho más acusado que el existente con otros socios relevantes. Por ejemplo, el déficit comercial con Alemania ronda los 10.000 millones de euros. Además, en el conjunto del comercio exterior español, la tasa de cobertura alcanzó el 87,2% en 2025, una cifra muy superior a la registrada con China. En cambio, el gigante asiático presenta un enorme superávit comercial global: sus exportaciones cubren el 146% de sus importaciones, generando un saldo positivo superior al billón de euros. En un contexto marcado por el repunte de la inflación, las importaciones chinas ofrecen ventajas competitivas para muchas empresas españolas, que pueden acceder a productos y componentes a costes más bajos que en otros mercados. También benefician a los consumidores, especialmente en sectores como el automóvil eléctrico, donde las marcas chinas están ganando terreno gracias a modelos más asequibles que los europeos o estadounidenses. Sin embargo, los expertos advierten de que esta creciente dependencia también tiene efectos negativos sobre la industria española. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, explica que el comercio con Alemania ha estado históricamente basado en intercambios industriales más equilibrados y complementarios, especialmente en sectores como el automóvil o la aeronáutica, donde existe una integración productiva que beneficia al tejido empresarial español. En cambio, considera que las importaciones chinas suelen sustituir producción nacional o compras a otros proveedores europeos, sin generar el mismo efecto tractor sobre la economía española. Por su parte, Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico y Oriente Medio en Natixis e investigadora de Bruegel, alerta del riesgo de una dependencia excesiva respecto a China. Señala que esta situación obliga a Europa a adaptarse continuamente a la estrategia económica china y recuerda además que la competencia no se produce solo en el mercado español, sino también en terceros países. A ello se suma, según la experta, el fuerte respaldo estatal que reciben muchas compañías chinas, especialmente del sector automovilístico, mediante subsidios que facilitan su expansión internacional. En 2025, los principales productos importados por España desde China fueron bienes de equipo, tecnología, maquinaria, material de oficina, textiles, productos químicos, automóviles, juguetes y calzado. En sentido inverso, España exporta sobre todo productos químicos, minerales y alimentos, especialmente carne de cerdo. China absorbe el 42% de las exportaciones españolas de porcino fuera de la Unión Europea, una dependencia que quedó patente recientemente durante la crisis provocada por la peste porcina en Cataluña, cuando el sector temió una reducción de las compras chinas.

(El País, 22-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Vivienda aprueba con el apoyo de las comunidades el reparto de los 7.000 millones de euros del nuevo plan estatal

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pactado este jueves con las comunidades autónomas el reparto territorial de los 7.000 millones de euros incluidos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 durante la conferencia sectorial celebrada junto a los consejeros autonómicos del área. Aunque los representantes del Partido Popular habían mostrado en los últimos meses su rechazo al diseño y distribución de los fondos por considerar que invade competencias autonómicas, finalmente ninguno votó en contra de recibir las ayudas. Tras este acuerdo, cada comunidad deberá formalizar un convenio bilateral con el Estado y aquellas que completen antes el proceso podrán acceder a los recursos a partir del segundo semestre del año, tal y como había prometido el ministerio. Rodríguez celebró el entendimiento alcanzado y destacó que supone una respuesta positiva tanto para el Gobierno como para los ciudadanos que esperan soluciones efectivas en materia de vivienda. La ministra recordó que el plan es fruto de meses de negociaciones y reuniones con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, de las que, según explicó, se recibieron cerca de 400 propuestas. Aunque el respaldo de las comunidades no era imprescindible desde el punto de vista formal para distribuir los fondos -bastaba con que las autonomías interesadas aceptaran el sistema de reparto-, el Ministerio defendió desde el principio la necesidad de alcanzar un consenso amplio que facilitara la aplicación coordinada del programa en todo el territorio nacional. Pese al apoyo final, varios representantes autonómicos del PP mantuvieron sus críticas al proyecto. El consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, que intervino en nombre de los gobiernos populares, calificó el plan de "acto propagandístico" del Ejecutivo y acusó al Gobierno de intentar condicionar a las comunidades sin resolver realmente el problema de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. También insistió en que las autonomías conocieron muchos detalles del programa a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y no mediante negociación previa. La ministra rechazó esas acusaciones y aseguró que durante los últimos meses se han celebrado cerca de treinta reuniones para abordar el contenido del plan. Rodrigo, además, acusó al Ejecutivo de querer imponer una "agenda ideológica" en política de vivienda y no descartó la posibilidad de recurrir determinadas medidas ante el Tribunal Supremo. Desde el Ministerio consideran que esa vía judicial carece de sentido porque podría retrasar la llegada de los fondos a las propias comunidades. El Plan Estatal de Vivienda fue anunciado hace aproximadamente un año por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona y recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 21 de abril. El programa combina financiación estatal y autonómica: el Estado asumirá el 60% del coste y las comunidades el 40% restante. No obstante, para facilitar su arranque, el Ministerio se ha comprometido a cubrir íntegramente la financiación correspondiente al primer año. La distribución de los 7.000 millones también queda definida en el propio plan. El 40% se destinará a la construcción de vivienda pública asequible, que además conservará de manera permanente su condición de protegida. Otro 30% financiará actuaciones de rehabilitación de viviendas destinadas a ampliar el parque público, con ayudas que podrán alcanzar los 30.000 euros. El 30% restante se dedicará a subvenciones para colectivos vulnerables, tanto para el alquiler -con ayudas de hasta 300 euros- como para la compra de vivienda en zonas rurales. Precisamente, la obligación de que las viviendas construidas con financiación estatal mantengan indefinidamente su carácter protegido es uno de los puntos que más rechazo ha generado entre las comunidades gobernadas por el PP. Estas consideran que esa exigencia invade competencias autonómicas en materia de vivienda. Frente a ello, Rodríguez defendió que las promociones financiadas con dinero público deben formar parte de un patrimonio permanente al servicio de los ciudadanos y no acabar incorporándose al mercado libre tras unas décadas. Este debate ya fue analizado por el Tribunal Constitucional al estudiar la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023. En aquella ocasión, el tribunal anuló el artículo que imponía con carácter general la protección permanente de toda vivienda protegida, al entender que afectaba a competencias autonómicas. No obstante, los magistrados también señalaron que el Estado sí puede imponer esa condición cuando las promociones se financian con fondos estatales, mientras que las comunidades conservan plena capacidad de decisión cuando las viviendas se desarrollan únicamente con recursos propios.

(El Periódico, 22-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo anula el registro único de alquileres turísticos al considerar que el Estado carece de competencias para crearlo

El Tribunal Supremo ha supuesto un importante revés para el Gobierno al cuestionar el registro único de alquileres de corta duración impulsado por el Ministerio de Vivienda. España fue el primer país de la Unión Europea en aplicar las exigencias de Bruselas para controlar el crecimiento de los pisos turísticos y los alquileres temporales mediante la creación de este Registro Único de Arrendamientos. Sin embargo, el alto tribunal considera que el Estado carece de competencias para poner en marcha este censo estatal, gestionado a través de los Registradores de la Propiedad y destinado a centralizar la información sobre este tipo de alojamientos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que el sistema diseñado por el Ejecutivo invade ámbitos ya regulados por las comunidades autónomas, al superponerse a los registros autonómicos existentes sobre viviendas destinadas al alquiler turístico. El registro comenzó a funcionar el 2 de enero de 2025 y quedó plenamente operativo en julio, tras un periodo de prueba de seis meses. La normativa obligaba a identificar todas las viviendas ofertadas para uso turístico o alquiler temporal en plataformas como Airbnb o Booking, así como cualquier otro inmueble comercializado bajo esta modalidad. Cada vivienda debía disponer de un número identificativo que acreditara el cumplimiento de la normativa correspondiente, mientras que los registradores de la propiedad asumían la tarea de verificar si los inmuebles reunían los requisitos legales necesarios para anunciarse en internet. La medida iba acompañada además de la denominada Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, una plataforma informática diseñada para facilitar el intercambio de información entre las plataformas digitales y la Administración pública. El sistema fue aprobado mediante un real decreto de 23 de diciembre de 2024 y provocó desde el inicio una fuerte contestación jurídica por parte de varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias, Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía. También presentaron recursos distintas asociaciones de viviendas vacacionales de Barcelona, Girona y Canarias, que denunciaban una invasión de competencias autonómicas, al considerar que la regulación turística corresponde exclusivamente a las regiones. En la sentencia, fechada el pasado 19 de mayo y conocida este jueves, el Supremo estima parcialmente el recurso presentado por la Generalitat Valenciana y anula únicamente los artículos del real decreto que daban cobertura al registro único estatal. No obstante, mantiene en vigor el resto del sistema, incluida la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, las obligaciones de las plataformas online de remitir información a la Administración y el intercambio de datos con fines estadísticos.

(Cinco Días, 21-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca española urge al BCE a desarrollar el euro digital mayorista

Uno de los grandes debates que actualmente atraviesan el sistema financiero europeo gira en torno a los medios de pago y a la necesidad de reforzar la autonomía tecnológica y monetaria de la Unión Europea. La creciente tensión geopolítica ha llevado a Bruselas y al sector bancario a acelerar proyectos destinados a reducir la dependencia de actores extranjeros, especialmente estadounidenses, que dominan buena parte de las infraestructuras de pago utilizadas en Europa y también amenazan con liderar las finanzas digitales del futuro gracias al auge de las stablecoins vinculadas al dólar. En este contexto, la banca española está reclamando al Banco Central Europeo (BCE) que acelere el desarrollo del euro digital mayorista, una herramienta pensada para facilitar la liquidación de grandes operaciones financieras entre bancos mediante tecnología blockchain y mercados tokenizados. Las principales entidades financieras internacionales ya han comenzado a operar con redes basadas en blockchain. Durante una jornada organizada por el Real Instituto Elcano sobre el euro digital, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, explicó que esta tecnología permite realizar pagos instantáneos y programables, operar las 24 horas del día y ejecutar liquidaciones simultáneas sin intermediarios. Según señaló, cada vez más empresas utilizan estas soluciones, especialmente en pagos internacionales, porque el dinero está evolucionando hacia formatos digitales basados en blockchain. Sin embargo, Europa parte con desventaja frente a Estados Unidos. El mercado de stablecoins mueve actualmente unos 320.000 millones de dólares y cerca del 98% de esos activos están denominados en dólares estadounidenses, mientras que las referencias en euros apenas representan un 0,2% del total. Ante esta situación, el sector financiero europeo considera prioritario desarrollar primero la infraestructura tecnológica necesaria. Mientras que los sistemas tradicionales funcionan sobre bases de datos centralizadas, la blockchain opera mediante redes descentralizadas que permiten compartir y sincronizar información de forma segura a través de algoritmos criptográficos. Por ello, la banca europea colabora con el BCE en la construcción de la infraestructura que permitirá ejecutar grandes transacciones financieras mediante redes blockchain. El proyecto se desarrolla en varias fases. La primera, denominada Pontes, busca conectar plataformas basadas en tecnología de registro distribuido con el sistema Target del Eurosistema, encargado de procesar pagos en euros en tiempo real. La segunda fase, conocida como Appia, plantea una transformación más profunda de la infraestructura del banco central para integrarla plenamente en tecnología blockchain. Además de la infraestructura, este nuevo ecosistema requiere un activo digital de liquidación. El BCE prevé lanzar el euro tokenizado durante el segundo semestre de 2026, una solución que considera más segura y escalable. Paralelamente, varias entidades agrupadas en el consorcio Qivalis trabajan en una stablecoin privada respaldada en euros que podría llegar al mercado en los próximos meses. Los bancos también avanzan en la tokenización de depósitos como otra fórmula de dinero digital. La preocupación europea no se limita únicamente a las grandes operaciones financieras. Bruselas también ha intensificado en el último año su apuesta por crear un sistema de pagos minoristas europeo que reduzca la dependencia de proveedores estadounidenses como Visa y Mastercard. La inestabilidad geopolítica y la transformación del escenario internacional han reforzado el interés de las instituciones comunitarias por proteger la soberanía monetaria y tecnológica europea. En este terreno, la principal apuesta pública es el euro digital minorista impulsado por el BCE, distinto del euro digital mayorista porque estaría orientado a pagos cotidianos entre particulares y comercios, tanto físicos como online, dentro de la eurozona. El organismo defiende que esta herramienta reforzaría la independencia europea en materia de pagos. No obstante, el proyecto ha generado reservas dentro de la gran banca europea, que cuestiona los costes de implantación y teme posibles efectos sobre los depósitos bancarios tradicionales, incluso aunque el BCE limite la cantidad de euros digitales que cada ciudadano pueda mantener. Por ello, mientras colaboran con el BCE en el diseño del euro digital, las entidades financieras también impulsan soluciones privadas propias. En España, el éxito de Bizum, utilizado ya por más de 31 millones de personas, ha favorecido acuerdos con otros sistemas europeos para ampliar la interoperabilidad entre plataformas. Actualmente ya es posible realizar transferencias instantáneas entre España, Italia y Portugal, y está previsto que entre finales de 2026 y comienzos de 2027 se incorporen Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia y varios países nórdicos, alcanzando potencialmente a unos 135 millones de usuarios en 13 países. Desde el sector financiero se insiste en que el euro digital debería complementar, y no sustituir, a las soluciones privadas europeas. Según esta visión, el sistema público tendría sentido especialmente para situaciones en las que no exista conexión a internet o para garantizar alternativas equivalentes al efectivo, aunque no debería convertirse en la vía principal de pagos debido a los riesgos que podría generar para el sistema bancario.

(Expansión, 21-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España y Canadá firman una alianza tecnológica en Inteligencia Artificial

La visita oficial del Rey Felipe VI y del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a Canadá, acompañados por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha servido para reforzar la cooperación entre ambos países en ámbitos como la inversión, la digitalización y las infraestructuras. El viaje culminó con un acuerdo bilateral en inteligencia artificial y varios pactos empresariales entre compañías españolas y canadienses, entre ellas Indra, Multiverse Computing, Cohere y Coveo. Durante un foro empresarial celebrado en Toronto, Felipe VI destacó la importancia de fortalecer las alianzas internacionales en un contexto marcado por la incertidumbre global. El monarca defendió que, en un escenario de "aguas turbulentas", los socios fiables son esenciales para garantizar estabilidad y confianza, y aseguró que Canadá puede contar con España como aliado estratégico. En el marco de la visita, ambos gobiernos firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) destinado a impulsar la colaboración en inteligencia artificial. El Ministerio de Economía calificó el acuerdo como una nueva etapa en las relaciones bilaterales y subrayó que sitúa a España y Canadá entre los referentes de la cooperación tecnológica internacional. Tras la firma del acuerdo junto al ministro canadiense de Inteligencia Artificial e Innovación Digital, Evan Solomon, Carlos Cuerpo afirmó que la inteligencia artificial será decisiva para la competitividad y la soberanía económica de las próximas décadas, y defendió que democracias como España y Canadá están llamadas a liderar un modelo de desarrollo tecnológico sustentado en la confianza, la seguridad y el beneficio mutuo. El memorando contempla el intercambio de capacidades técnicas, conocimientos y experiencia entre ambos países, respetando la soberanía nacional, la privacidad y los derechos de propiedad intelectual. La cooperación se centrará especialmente en el despliegue de soluciones de inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas, la mejora de la productividad industrial y la modernización de los servicios públicos. Entre las metas del acuerdo figuran el fortalecimiento de la capacidad de computación, el acceso a infraestructuras digitales sostenibles, el impulso del uso de la IA en empresas y administraciones, la formación de profesionales especializados y la promoción de proyectos conjuntos entre gobiernos y compañías privadas. Por su parte, el ministro canadiense de IA destacó que este tipo de alianzas internacionales resulta clave para garantizar un desarrollo seguro y responsable de la inteligencia artificial, alineando la innovación tecnológica con valores compartidos y generando oportunidades económicas duraderas para ambos países. La cooperación institucional abrió además la puerta a varios acuerdos empresariales. Indra y la firma vasca de computación cuántica Multiverse Computing suscribieron alianzas con la empresa canadiense Cohere, especializada en inteligencia artificial empresarial. Asimismo, Multiverse firmó un segundo acuerdo con Coveo, compañía canadiense centrada en soluciones de software. Todos estos pactos buscan desarrollar proyectos conjuntos en el ámbito tecnológico. La firma de estos acuerdos tuvo lugar durante un encuentro empresarial organizado por el Business Council canadiense en el Mars Discovery District de Toronto, al que asistieron más de 175 representantes de empresas españolas y canadienses. La cita fue el principal acto de una visita que supone el primer viaje oficial del Rey a Canadá y la tercera visita de Carlos Cuerpo al país en apenas año y medio. La agenda también incluyó reuniones con inversores y encuentros institucionales con autoridades canadienses. El objetivo es aprovechar el interés compartido de ambos países por diversificar relaciones económicas y reducir la dependencia de Estados Unidos, especialmente tras las tensiones comerciales derivadas de la política arancelaria impulsada por Donald Trump. Desde el Ministerio de Economía destacan que las exportaciones españolas de bienes a Canadá han crecido más de un 60% en la última década y superaron los 2.200 millones de euros en 2025. No obstante, reconocen que el peso de Canadá sigue siendo reducido dentro del comercio exterior español, ya que representa apenas el 0,67% de las ventas internacionales de España. Además del refuerzo de los intercambios comerciales, España aspira a atraer una mayor inversión canadiense. Actualmente, el stock de inversión procedente de Canadá alcanza los 12.857 millones de euros y sostiene alrededor de 30.000 puestos de trabajo.

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