(Cinco Días, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda subió un 12,9% en el primer trimestre, el mayor ritmo desde comienzos de 2007

Seguir la evolución del mercado inmobiliario a través de los distintos indicadores estadísticos genera una sensación cada vez más familiar. La crisis de acceso a la vivienda continúa agravándose y los datos vuelven a reflejar una tendencia de encarecimiento sostenido que parece lejos de corregirse. La última referencia publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma esta dinámica: el precio de la vivienda aumentó un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del mismo ritmo de crecimiento registrado en el último trimestre de 2025 y del mayor incremento observado desde principios de 2007, cuando la subida alcanzó el 13,1%. La comparación con los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria resulta inevitable, aunque las circunstancias actuales son muy diferentes. En 2007, el mercado estaba impulsado por una abundante concesión de crédito, una intensa actividad constructora y una oferta creciente. En cambio, el actual aumento de los precios se produce en un contexto caracterizado por una producción insuficiente de viviendas, una demanda elevada alimentada por factores demográficos y laborales y unos tipos de interés que, aunque han permanecido relativamente contenidos, podrían comenzar una nueva fase de incrementos por parte del Banco Central Europeo. La coincidencia en la intensidad de las subidas pone de manifiesto la magnitud del problema actual, aunque las causas sean distintas a las de hace casi dos décadas y respondan a desequilibrios estructurales más que a un ciclo especulativo tradicional. El encarecimiento fue generalizado durante los primeros meses del año, si bien se observaron diferencias según el tipo de inmueble. La vivienda nueva moderó su crecimiento hasta el 9,1% interanual, mientras que el mercado de segunda mano concentró las mayores presiones, con un aumento del 13,5%, por encima de la media nacional. Estos resultados coinciden prácticamente con los datos publicados recientemente por el Ministerio de Vivienda sobre el valor medio del metro cuadrado. Entre enero y marzo de 2026, el precio medio alcanzó los 2.315,7 euros por metro cuadrado, un 13,9% más que un año antes, apenas un punto porcentual por encima del incremento registrado por el índice del INE. No obstante, ambas estadísticas responden a metodologías distintas. El indicador del Ministerio de Vivienda refleja el precio medio de las compraventas formalizadas y ofrece una referencia directa del importe pagado por los inmuebles, aunque puede verse influido por el tipo de viviendas que se venden en cada momento. Por su parte, el Índice de Precios de Vivienda del INE mide la evolución de los precios corrigiendo las diferencias de calidad entre los inmuebles, lo que permite comparar viviendas equivalentes y aislar el verdadero incremento del mercado. Desde el punto de vista territorial, las mayores subidas se registraron en Aragón y la Región de Murcia, donde los precios aumentaron un 15,6% en comparación con el primer trimestre del año anterior. Les siguieron Castilla y León y Ceuta, con incrementos del 14,9%. En el otro extremo se situaron Canarias, con una subida del 10,7%, así como Cataluña y Navarra, ambas con un aumento del 10,5%, y el País Vasco, con un 10,3%. Pese a presentar las menores variaciones, todas estas comunidades registraron igualmente crecimientos de dos dígitos. La principal conclusión que dejan los datos es que la presión sobre el mercado residencial se ha extendido de forma prácticamente uniforme por todo el territorio nacional. Las diferencias regionales persisten, pero el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en un fenómeno generalizado que afecta a todas las comunidades autónomas y continúa dificultando el acceso a la vivienda para una parte creciente de la población.

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(Expansión, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de las hipotecas toca máximos de 14 meses

El encarecimiento de las hipotecas comienza a reflejar el impacto de la guerra en Oriente Próximo y la subida del euríbor, aunque la actividad del mercado sigue manteniéndose en niveles elevados. El tipo de interés medio de las nuevas hipotecas destinadas a la compra de vivienda se situó en abril en el 2,80%, su nivel más alto desde febrero de 2025, según los datos más recientes del Banco de España. Este repunte supone volver a registros de hace más de un año, después de que en marzo el coste medio permaneciera estable en el 2,75%. En aquel momento, las entidades financieras optaron por mantener sin cambios las condiciones de sus préstamos al considerar que el conflicto tendría una duración limitada. Sin embargo, la prolongación de la guerra y las nuevas previsiones sobre los tipos de interés en la eurozona, reflejadas en la evolución del euríbor a doce meses, han llevado a la banca a revisar su estrategia. Los mercados prevén que el Banco Central Europeo (BCE) apruebe este jueves una primera subida de los tipos oficiales hasta el 2,25%. El euríbor, además, apunta a que podrían producirse nuevos incrementos. Tras registrar tres avances consecutivos entre marzo y mayo y alcanzar máximos no vistos desde septiembre de 2024, el índice volvió a subir ligeramente en junio hasta el 2,81%. Esta evolución obliga a las entidades a ajustar al alza sus ofertas hipotecarias para preservar su rentabilidad. A falta de conocer nuevos datos oficiales, los analistas consideran que la subida del tipo medio hipotecario observada en abril también se prolongó durante mayo y, si la situación geopolítica no mejora, podría mantenerse en junio. Aun así, los préstamos más competitivos continúan ofreciendo condiciones relativamente favorables. En abril se formalizaron nuevas hipotecas por valor de 7.275 millones de euros. Aunque la cifra es inferior a los 7.856 millones registrados en marzo, el mejor dato mensual del año, sigue mostrando una actividad sólida pese a que el conflicto ya había comenzado. Entre enero y abril, las entidades concedieron financiación hipotecaria por 27.665 millones de euros, un 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Estos datos apuntan a que la nueva producción hipotecaria podría volver a superar en 2026 los 80.000 millones de euros alcanzados en 2025. Se trata de unos niveles de actividad que no se observaban desde 2008, año en que estalló la burbuja inmobiliaria y la concesión de hipotecas alcanzó los 87.082 millones de euros. No obstante, los expertos advierten de que este crecimiento de la financiación se desarrolla en un contexto de desaceleración de las compraventas de vivienda, una tendencia que previsiblemente acabará afectando al volumen de nuevos préstamos. De acuerdo con la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores, las compraventas de viviendas descendieron un 3,2% en abril respecto al mismo mes del año anterior, hasta unas 52.500 operaciones. Con ello, encadenan ya cuatro meses consecutivos de retrocesos. Esta evolución está estrechamente relacionada con el continuo aumento de los precios. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la vivienda libre se encareció un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, igualando la tasa registrada en el último trimestre de 2025. Se trata del mayor incremento interanual desde el primer trimestre de 2007.

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(Expansión, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los ayuntamientos piden al Gobierno desbloquear 23.000 millones para vivienda

La aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros que deberán financiar conjuntamente el Estado y las comunidades autónomas durante los próximos cinco años, ha sido recibida con reservas por numerosos actores del sector. Aunque el programa busca ampliar la oferta de vivienda protegida, impulsar la rehabilitación del parque residencial y reforzar las ayudas al alquiler y a la compra para los jóvenes, persisten las dudas sobre su capacidad para responder a un problema estructural que sigue agravándose. La insuficiencia de recursos y la pretensión de que las autonomías asuman el 40% de la financiación alimentan el escepticismo, especialmente en un contexto en el que el déficit de viviendas podría aproximarse al millón de unidades este mismo año. Ante esta situación, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que agrupa a ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, remitió una carta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana poco después de la aprobación del plan. En ella reclamaba la posibilidad de utilizar cerca de 23.000 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería acumulados durante los últimos ejercicios para desarrollar políticas de vivienda. Según su secretario general, Luis Martínez-Sicluna, el nuevo plan supone un avance respecto a los anteriores, pero continúa siendo insuficiente para afrontar la magnitud del desafío. Esta cantidad se añadiría a los 45.000 millones de euros de superávit correspondientes a 2024 cuyo uso autorizó el Gobierno para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), entre las que se incluyen actuaciones destinadas a aliviar las tensiones del mercado inmobiliario. Sin embargo, desde la FEMP consideran que el plazo fijado para ejecutar estos recursos, hasta 2027, resulta demasiado limitado para desarrollar proyectos residenciales de cierta envergadura. Por ello, solicitan una regulación más flexible que permita ejecutar estas inversiones en horizontes temporales más amplios. A su juicio, levantar una promoción de viviendas requiere plazos superiores a uno o dos años para poder materializar adecuadamente los fondos disponibles. La federación recuerda además que las entidades locales presentan una situación financiera especialmente sólida, con la mayoría de los ayuntamientos cerrando sus cuentas con superávit. Esta circunstancia, sostienen, convierte al ámbito municipal en un actor clave para impulsar la construcción de vivienda pública y aumentar la oferta residencial. Con el objetivo de acelerar estos procesos, la FEMP ha elaborado una guía de recomendaciones dirigida a las administraciones locales para agilizar los procedimientos urbanísticos y reducir los tiempos de tramitación. El documento identifica varios factores que están ralentizando la concesión de licencias, llegando en algunos casos a prolongar los plazos hasta dos años. Entre ellos figuran la presentación de documentación incompleta por parte de los promotores, los retrasos en la emisión de informes sectoriales por otras administraciones, la falta de criterios homogéneos entre los técnicos municipales y un nivel insuficiente de digitalización de los procedimientos. Para corregir estas deficiencias, la guía apuesta por reforzar la formación y especialización de los técnicos municipales con el fin de homogeneizar criterios y aportar mayor seguridad jurídica a los promotores. También propone avanzar hacia una gestión completamente digital de los expedientes, incorporando sistemas automatizados de validación documental y herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar errores de forma anticipada, permitiendo que los funcionarios concentren su trabajo en tareas de mayor complejidad técnica y jurídica. Entre las medidas planteadas destaca la implantación de una licencia básica que permita iniciar determinadas actuaciones constructivas a partir de un proyecto preliminar que cumpla los requisitos esenciales. De esta manera, las obras podrían comenzar mientras continúa la tramitación del proyecto definitivo. Como referencia, la FEMP señala la experiencia de Zaragoza, donde existe una modalidad de autorización rápida que permite ejecutar trabajos previos, como movimientos de tierras o cimentaciones, en un plazo de apenas 24 horas. La propuesta también contempla cambios en la organización interna de los ayuntamientos. Entre ellos figura la creación de un responsable de expediente encargado de coordinar todas las áreas implicadas en cada promoción para evitar bloqueos administrativos. Asimismo, plantea la constitución de comisiones técnicas con capacidad para emitir directrices vinculantes que unifiquen la interpretación de la normativa y reduzcan la discrecionalidad en la toma de decisiones. Por último, la federación considera conveniente establecer incentivos vinculados a la productividad de los técnicos municipales, de forma que parte de sus complementos salariales dependa del volumen de informes y expedientes tramitados, con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa y acelerar la puesta en marcha de nuevas promociones residenciales.

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(El Confidencial, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El ICO se refuerza para gestionar los avales del covid y movilizar 120.000 millones

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), la entidad financiera pública sobre la que el Gobierno pretende articular el denominado fondo soberano español, prepara un refuerzo de su estructura mediante la incorporación de nuevos profesionales especializados y la contratación de asesoramiento externo. El Ejecutivo estudia utilizar parte de los fondos europeos aún no ejecutados para incrementar el capital del ICO y ampliar así su capacidad de financiación e inversión. Aunque se ha popularizado la expresión "fondo soberano", el proyecto se centra en fortalecer financieramente al banco público que preside Manuel Illueca para dotarlo de una mayor capacidad de actuación en ámbitos estratégicos de la economía. Antes de abordar esta nueva etapa, el organismo debe gestionar el importante volumen de préstamos avalados concedidos durante los últimos años. Entre ellos destacan las líneas puestas en marcha durante la pandemia, cuyos vencimientos se prolongan hasta 2028, así como los programas de apoyo vinculados a la guerra de Ucrania, los efectos de la dana y las medidas adoptadas frente al impacto de los aranceles internacionales. Desde el inicio de la pandemia, el ICO se ha consolidado como uno de los principales instrumentos financieros del Estado para respaldar a empresas y autónomos, participando en la movilización de más de 120.000 millones de euros mediante avales públicos y otras líneas de financiación. Con el objetivo de supervisar adecuadamente esta cartera, la entidad ha licitado un contrato de asistencia externa valorado en 3,6 millones de euros. El servicio estará destinado al seguimiento y control de más de 530.000 operaciones avaladas por el Estado, cuyo saldo pendiente ronda los 40.000 millones de euros. La nueva adjudicación sustituirá al contrato actualmente prestado por PwC desde 2021. En esta ocasión tendrá una duración de cinco años sin posibilidad de prórroga y entrará en vigor el próximo 19 de octubre, coincidiendo con la finalización del acuerdo vigente. El futuro adjudicatario deberá supervisar no solo los programas vinculados a la pandemia, sino también las líneas de apoyo relacionadas con la guerra en Ucrania, los nuevos mecanismos creados frente a posibles medidas arancelarias de Estados Unidos, los avales aprobados tras la dana y cualquier otro programa de garantías públicas que pueda aprobar el Gobierno durante la vigencia del contrato. Esta cláusula permite al ICO disponer de un sistema de control permanente para futuras actuaciones sin necesidad de convocar nuevas licitaciones cada vez que se aprueben nuevas líneas de financiación pública. Entre las funciones previstas figuran la revisión de los procesos de recuperación de deuda realizados por las entidades financieras, la comprobación de impagos, el seguimiento de procedimientos concursales, el análisis de créditos fallidos y la verificación de que los bancos cumplen correctamente con las obligaciones de gestión y recuperación de los préstamos avalados. Además, el adjudicatario elaborará informes periódicos sobre la evolución de la cartera y podrá intervenir en determinadas actuaciones de recuperación cuando las entidades financieras decidan abandonar los procedimientos de cobro, incluyendo negociaciones amistosas, acuerdos de pago o procesos de refinanciación. Las exigencias establecidas en el concurso apuntan principalmente a grandes firmas de consultoría, auditoría y servicios profesionales. Los candidatos deberán acreditar experiencia previa en al menos tres contratos similares relacionados con el control de ayudas públicas, subvenciones o programas de financiación, por importes superiores a 500.000 euros, así como una facturación anual mínima de 900.000 euros. Asimismo, deberán disponer de un equipo de al menos diez profesionales con experiencia específica en este tipo de servicios, un requisito que reduce significativamente el número de posibles adjudicatarios y sitúa a las principales consultoras y auditoras del mercado entre las mejor posicionadas para optar al contrato.

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(Cinco Días, 08-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El PIB de la eurozona retrocedió un 0,2% en el primer trimestre tras el golpe inicial de la guerra

La economía de la zona euro sufrió una contracción del 0,2% entre enero y marzo de 2026, coincidiendo con el impacto inicial provocado por la guerra en Oriente Próximo. El dato supone un giro respecto al crecimiento del 0,2% registrado en el último trimestre de 2025 y empeora además la estimación preliminar de Eurostat, que inicialmente apuntaba a un avance del 0,1%. Se trata de la primera caída de la actividad económica de la eurozona desde finales de 2022, cuando el PIB retrocedió un 0,1%, y representa también el mayor descenso desde el segundo trimestre de 2020, en plena crisis provocada por la pandemia y los confinamientos aplicados frente a la Covid-19. En el conjunto de la Unión Europea, Eurostat también ha revisado a la baja sus cálculos. La economía de los Veintisiete registró una caída del 0,1% en el primer trimestre del año, frente al crecimiento del 0,2% observado en el trimestre anterior y lejos de la expansión inicial de dos décimas que había estimado la oficina estadística comunitaria. Pese al deterioro trimestral, la comparación interanual mantiene cifras positivas. Entre enero y marzo de 2026, el PIB de la zona euro creció un 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el conjunto de la UE avanzó un 0,7%. Por países, Dinamarca lideró el crecimiento trimestral con un aumento del 1,9%, seguida de Estonia y Malta, ambas con una subida del 1,1%. En el lado contrario destacaron las fuertes caídas registradas en Irlanda, con un desplome del 12,1%, así como los retrocesos de Lituania (-0,3%), Suecia (-0,2%) y Francia (-0,1%). España volvió a destacar entre las grandes economías europeas al registrar un crecimiento del 0,6% en el primer trimestre, duplicando el ritmo de expansión de Alemania e Italia y contrastando con la caída anotada por Francia. Mientras tanto, la economía de Estados Unidos mantuvo una evolución más sólida. El PIB estadounidense avanzó un 0,4% respecto al trimestre anterior, mejorando el crecimiento del 0,1% registrado a finales de 2025. En términos interanuales, la economía norteamericana creció un 2,6%.

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(Expansión, 08-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

CNMC prepara mil millones en multas a energéticas en plena renovación

La persona que sustituya a Cani Fernández al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asumirá el cargo en un momento especialmente complejo, con 158 expedientes sancionadores aún pendientes de resolución, la mayoría vinculados al sector energético. La renovación parcial de la dirección del organismo, prevista para las próximas semanas, coincide con una etapa de intensa actividad inspectora y sancionadora. La CNMC, encargada de velar por el correcto funcionamiento de los mercados y la competencia en España, mantiene actualmente 753 procedimientos abiertos, de los cuales 158 corresponden a expedientes por posibles infracciones todavía sin cerrar. Parte de estos casos están ya judicializados o derivan de investigaciones que se han dividido en distintos procedimientos relacionados entre sí. Descontando estas circunstancias, el número efectivo de expedientes se sitúa en torno al centenar. Buena parte de ellos tienen su origen en la investigación sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, que por sí sola ha generado más de 60 procedimientos, muchos de ellos calificados como graves o muy graves. La legislación eléctrica contempla sanciones de hasta 60 millones de euros para las infracciones muy graves, mientras que la normativa de hidrocarburos fija un máximo de 30 millones. Las faltas graves pueden ser castigadas con multas de hasta seis millones de euros y las leves con importes que alcanzan los 600.000 euros. Según datos internos del organismo, el 13% de los expedientes pendientes corresponden a infracciones muy graves, el 80% a graves y el resto a leves. Si todos ellos concluyeran con las sanciones máximas previstas por la ley, el importe potencial de las multas podría situarse entre los 1.000 y los 1.200 millones de euros. La mayor presión recae actualmente sobre las empresas energéticas. Aunque los expedientes afectan a actividades relacionadas con carburantes, gas y electricidad, el segmento eléctrico concentra la mayor atención debido a las consecuencias derivadas del gran apagón y al peso de las compañías implicadas. Entre las empresas con más procedimientos abiertos destacan Iberdrola, con 25 expedientes, y Endesa, con 19. A continuación figura Naturgy, con 12. También aparecen entre las compañías investigadas Repsol, Cox, Alpiq, BP, Gesternova, Holaluz, Contour Global, TotalEnergies y Vitol, entre otras. La gestión de esta amplia cartera de expedientes y las previsibles disputas judiciales con las empresas afectadas constituirán uno de los principales retos para la futura dirección de la CNMC. El próximo 16 de junio concluyen los mandatos de la presidenta, Cani Fernández, y de los consejeros Carlos Aguilar y Josep Maria Salas. También quedó vacante hace meses el puesto de la consejera Pilar Sánchez tras su salida por motivos personales, sin que hasta ahora se haya designado un sustituto. Si el Gobierno no aprueba nuevos nombramientos antes de esa fecha y los actuales responsables no presentan su renuncia, la legislación permite que continúen ejerciendo sus funciones de forma provisional hasta que se produzca la renovación. Esta situación ya se ha producido anteriormente en la historia del organismo, con presidencias interinas prolongadas durante meses e incluso años. Por el momento, el Ejecutivo no ha desvelado quién relevará a Fernández, pese a que existen varios candidatos, algunos de ellos dentro del propio consejo de la CNMC. Todo apunta a que la decisión podría retrasarse hasta el último momento o incluso más allá del vencimiento oficial de los mandatos, en un contexto marcado por las negociaciones políticas sobre otros asuntos de relevancia, como los Presupuestos Generales del Estado para 2027. Quien asuma la presidencia heredará una institución profundamente transformada durante los seis años de mandato de Cani Fernández. La actual CNMC nació en 2013 tras la integración de los antiguos organismos reguladores de competencia, energía y telecomunicaciones. Desde entonces ha gestionado más de 40.000 procedimientos de distinta naturaleza. De los 1.065 expedientes sancionadores tramitados por la CNMC desde su creación, 561 han estado relacionados con el sector energético. Durante la etapa de Fernández se han gestionado 14.694 procedimientos, entre ellos 589 expedientes sancionadores, de los cuales 379 afectaban a compañías energéticas. Esto significa que en los últimos seis años se han abierto aproximadamente dos tercios de todos los expedientes sancionadores dirigidos contra empresas energéticas desde la creación de la CNMC, una cifra que duplica la registrada durante el sexenio anterior.

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(Expansión, 08-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las hoteleras enfilan un verano récord en España por el "efecto refugio"

Las principales cadenas hoteleras españolas, entre ellas Meliá, RIU, Iberostar, Hotusa y Palladium, prevén aumentar sus ingresos durante la próxima temporada de verano y superar las cifras récord alcanzadas en 2025, impulsadas por un visitante con una mayor disposición al gasto. El fuerte dinamismo del turismo en España continúa y la imagen del país como destino seguro sigue reforzando la demanda. Aunque las grandes compañías mantienen una actitud cautelosa al realizar previsiones a medio y largo plazo, el volumen actual de reservas permite anticipar una campaña estival positiva, con expectativas de rebasar los máximos registrados en los últimos ejercicios. Este crecimiento estará sustentado principalmente por el incremento de los precios más que por una mayor ocupación. Desde Meliá consideran que esta evolución responde a una estrategia centrada en aumentar el valor y el gasto turístico, en lugar de apostar por un crecimiento basado exclusivamente en el número de visitantes. La compañía prevé aumentos de precios de un dígito alto y una mayor demanda de servicios de todo incluido, aunque advierte de que la evolución del contexto internacional y el posible impacto del conflicto en Irán sobre los costes del transporte aéreo serán factores determinantes. Iberostar afronta el verano con un crecimiento de ventas de dos dígitos en España, un 12% superior al registrado en el mismo periodo del año pasado. El mercado español lidera las preferencias dentro de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), seguido por Túnez, mientras que Baleares y Canarias destacan como los destinos más demandados. Por su parte, Barceló atribuye estos resultados a una estrategia de largo recorrido basada en la calidad y la excelencia del servicio. En el caso de Palladium, las reservas en España aumentan un 6% respecto al ejercicio anterior y un 5% en Baleares. La compañía destaca el buen comportamiento de las ventas para los meses centrales del verano y una demanda estable procedente de sus principales mercados emisores. Barceló subraya que España mantiene una posición de referencia entre los grandes destinos turísticos internacionales gracias a la calidad, variedad y atractivo de su oferta. No obstante, considera fundamental que el crecimiento del sector vaya acompañado de una mayor generación de valor añadido. Eurostars Hotel Company, perteneciente al Grupo Hotusa, espera unos resultados moderadamente superiores a los de 2025, especialmente en grandes ciudades, destinos vacacionales consolidados y algunas zonas del norte peninsular. La cadena prevé ocupaciones superiores al 90% en áreas costeras, insulares y ciudades con gran atractivo internacional. RIU observa ligeros incrementos tanto en las estancias como en los ingresos para este verano. Minor Hotels Europe & Americas, antigua NH, también prevé una mejora de los ingresos por habitación disponible durante julio y agosto, apoyada fundamentalmente en el aumento de los precios. La compañía considera que, si la tendencia actual se mantiene, la temporada será favorable. Además, Minor señala que el crecimiento se distribuirá de manera más uniforme entre junio y agosto, favorecido por la visita del Papa, que está impulsando la demanda hotelera en España y generando aumentos significativos de precios en algunos destinos, como Tenerife. Hesperia confía en cerrar julio y agosto con un incremento de ingresos del 7%, apoyado en la evolución positiva de las tarifas medias y en una demanda cada vez más concentrada en reservas realizadas a corto plazo. La cadena atribuye esta tendencia a factores como la incertidumbre geopolítica, el encarecimiento del transporte, la volatilidad de los precios del combustible y una mayor sensibilidad al coste de los viajes por parte de algunos mercados emisores. Paradores prevé niveles de ocupación similares a los del verano pasado, cuando alcanzó el 86%, aunque espera una evolución positiva de los ingresos, especialmente en agosto. El eclipse solar previsto para esas fechas está despertando un importante interés por diversos destinos de interior incluidos en su red. Sercotel calcula una ocupación cercana al 90% durante los meses de máxima actividad turística y prevé un incremento de tarifas del 4% respecto al verano de 2025. La cadena destaca que las reservas anticipadas han aumentado un 25% interanual, aunque también detecta una mayor cautela por parte de los clientes, que tienden a confirmar sus viajes con menos antelación debido al contexto de incertidumbre actual. Por último, Ona Hotels & Apartments estima que sus ingresos crecerán alrededor de un 6%, gracias a una mejora de las tarifas del 12% y a una ocupación ligeramente superior. La compañía destaca especialmente el buen comportamiento de la Costa del Sol, donde la demanda se está adelantando y permite mantener precios elevados.

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(El País, 08-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La patronal hotelera exige a Interior la derogación del registro de viajeros tras el expediente abierto por Bruselas

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) reclamó este viernes al Ministerio del Interior la eliminación del registro de viajeros, después de que la Comisión Europea abriera el jueves un expediente contra España al considerar que la normativa que regula este sistema vulnera las reglas comunitarias de protección de datos. Bruselas sostiene que la cantidad de información personal exigida a los viajeros -como los datos de pago o la geolocalización GPS- resulta excesiva, y también considera desproporcionado el plazo de conservación de esos datos, fijado en tres años. A través de un comunicado, la patronal hotelera pidió no solo la retirada de la medida, sino también la creación inmediata de una mesa de diálogo en la que participen todos los sectores afectados. Cehat aseguró además que está dispuesta a colaborar con el Ministerio del Interior en el diseño de un sistema alternativo basado en herramientas tecnológicas avanzadas que permita facilitar el trabajo policial sin comprometer la privacidad de los ciudadanos ni vulnerar el derecho europeo a la libre circulación. La entrada en vigor del nuevo registro de viajeros, el pasado 2 de diciembre, estuvo rodeada de controversia por el enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y los sectores hotelero y de agencias de viajes. El objetivo de la nueva regulación era sustituir una normativa considerada anticuada, con más de seis décadas de vigencia. El real decreto 933/2021 obligaba, según denunciaban las empresas afectadas, a recopilar hasta 42 datos distintos de los clientes que se alojaran en hoteles o contrataran viajes a través de agencias. Los representantes del sector turístico sostenían que muchos de esos datos no estaban a su alcance o que su recopilación podía entrar en conflicto con otras leyes de protección de datos. Interior, por su parte, rechazó esas cifras y defendió que únicamente se exigían 13 datos, apenas dos más que antes de la aprobación del decreto. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska justificó la medida alegando razones de seguridad ciudadana y destacando que gracias a estos controles se generaron 18.000 órdenes de búsqueda y captura durante 2023 y 2024. La normativa obligaba a hoteles y agencias de viajes a registrarse en la plataforma SES Hospedajes y remitir periódicamente la información solicitada. Antes de la entrada en vigor del sistema, el secretario general de Cehat, Ramón Estalella, ya había advertido de que la obligación de facilitar datos como el teléfono móvil, el correo electrónico, la relación entre los viajeros, el importe de la estancia, el método de pago o incluso el número de cuenta bancaria suponía, a su juicio, una vulneración de la privacidad. La postura de los hoteleros se apoyaba en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada el 21 de junio de 2022, en la que se concluía que determinadas prácticas de tratamiento masivo de datos personales podían vulnerar la legislación europea sobre privacidad y protección de datos, especialmente en cuestiones relacionadas con los medios de pago. Tras conocerse la actuación de Bruselas, el presidente de Cehat, Jorge Marichal, criticó que las autoridades hubieran ignorado las advertencias del sector y las normas europeas, además de desatender las propuestas planteadas para mejorar el sistema. A su juicio, el expediente abierto por la Comisión Europea debería servir para impulsar una reforma profunda de la legislación y avanzar hacia un modelo que combine seguridad y respeto a los derechos de los viajeros.

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(Cinco Días, 05-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro coloca 5.565 millones en deuda a tipos más altos salvo en el bono a 15 años

El Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 5.565 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado y lo ha hecho a tipos más altos en todas las referencias, salvo en el caso de las obligaciones del Estado a 15 años, donde se ha moderado la rentabilidad ofrecida a los inversores. En conjunto, la demanda en la segunda subasta de junio, tras la celebrada el pasado martes, ha superado los 13.200 millones de euros, más del doble de la emisión final. La semana se salda con 12.000 millones de deuda nueva en el mercado, después de los 6.481 millones registrados en la venta el martes pasado de letras a corto plazo. También Andalucía y Castilla y León han acudido al mercado en este arranque de junio. En la subasta de este jueves, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 1.840,6 millones de euros en bonos del Estado a tres años a un tipo de interés marginal del 2,775%, por encima del 2,680% de la subasta anterior, con una demanda que casi ha triplicado lo adjudicado. El Tesoro ha captado además 1.581,7 millones de euros en obligaciones del Estado con una vida residual de cinco años y dos meses, con una demanda que ha superado los 4.300 millones de euros, a un tipo marginal del 2,949%, también por encima del 2,917% de la subasta previa de este papel. En el caso de la obligaciones del Estado a 15 años ligadas a la inflación de la eurozona, el organismo ha adjudicado 592,5 millones de euros, casi la mitad de lo solicitado por los inversores, y lo ha hecho a un tipo de interés marginal del 1,577%, superando el 1,502% de la subasta anterior. Por último, el Tesoro ha colocado 1.550 millones de euros en obligaciones del Estado a 15 años, la mitad de lo demandado, con un interés marginal del 3,817%, por debajo del 3,851% de la subasta anterior de esta referencia. El Tesoro regresará a los mercados el próximo 9 de junio, con una subasta de letras a tres y nueve meses, y cerrará las emisiones de este mes el día 18, cuando volverá a subastar bonos y obligaciones del Estado. El organismo espera unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía. En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026. De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

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(El País, 05-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Comisión da dos meses para subsanar las deficiencias y adaptar una directiva que marca la capacidad de margen del Gobierno en las grandes operaciones entre bancos

La Comisión Europea ha intensificado el procedimiento de infracción abierto contra España, un expediente que ya tuvo repercusión durante la fase final de la opa lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell en junio del año pasado. Aunque la advertencia de Bruselas no se refería directamente a aquella operación, finalmente fallida a finales de 2025, sí cuestionaba la normativa española sobre fusiones y adquisiciones bancarias, al considerar que no se ha adaptado plenamente al marco comunitario. Ahora, el conflicto ha dado un paso más con el envío de una carta adicional de emplazamiento por incumplimiento del Reglamento del Mecanismo Único de Supervisión, de la Directiva sobre Requisitos de Capital y de varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La legislación española obliga actualmente a las entidades financieras que desean fusionarse a solicitar autorización previa al Gobierno, una medida implantada durante la crisis financiera por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos. Sin embargo, la normativa europea más reciente en materia de capital -destinada a incorporar los criterios de Basilea IV- establece que estas autorizaciones deben quedar en manos de los supervisores financieros, como el Banco de España o el Banco Central Europeo, y no de los Ejecutivos nacionales. España disponía hasta el pasado 10 de enero para incorporar esta directiva al ordenamiento jurídico interno y adaptar el reparto de competencias, limitando o eliminando la capacidad del Gobierno para intervenir en este tipo de operaciones. El retraso en la transposición expone ahora al país a posibles sanciones por parte de Bruselas. La Comisión Europea ha concedido dos meses al Gobierno español para responder y corregir las deficiencias detectadas. En caso de que la respuesta no resulte satisfactoria, Bruselas podría emitir un dictamen motivado, el siguiente paso dentro del procedimiento de infracción. El organismo comunitario recuerda que, desde la primera carta remitida el 17 de julio de 2025, ya ha entrado en vigor la Directiva 2024/1619 (CRD VI) y ha vencido el plazo para su aplicación en los Estados miembros. Por ello, la Comisión ha actualizado el análisis jurídico del expediente e incorporado las nuevas obligaciones derivadas de esta normativa entre las infracciones atribuidas a España. Según Bruselas, la legislación española resulta incompatible con el nuevo marco europeo que regula adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales en entidades de crédito. La Comisión sostiene que esta situación refuerza las preocupaciones ya expresadas en el expediente abierto el año pasado. La institución comunitaria lleva tiempo cuestionando las restricciones que algunos países imponen cuando se producen grandes operaciones bancarias. El enfrentamiento entre Bruselas y Madrid comenzó poco después de que BBVA lanzara su opa hostil sobre Sabadell el 9 de mayo de 2024. Dos días más tarde, un ciudadano español alertó a la Comisión de que la normativa bancaria aprobada en España en 2014 y desarrollada en 2015 podía entrar en conflicto con la regulación europea y con los tratados comunitarios. A partir de ahí, Bruselas inició contactos con el Ministerio de Economía, aunque las conversaciones no lograron acercar posturas, como evidenciaron posteriormente la carta de emplazamiento y las declaraciones del entonces ministro Carlos Cuerpo, actualmente vicepresidente del Gobierno. En la práctica, el Ejecutivo español nunca llegó a utilizar la facultad que le otorga la legislación nacional para bloquear o condicionar una fusión bancaria en el caso de la opa sobre Sabadell, aunque esa posibilidad estuvo presente desde el inicio de la operación. Finalmente no fue necesario recurrir a ella. La intervención del Gobierno se produjo a través de la normativa de competencia. Dado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevó el análisis de la operación a una fase más avanzada, el Consejo de Ministros debía validar las condiciones impuestas atendiendo al interés general. Así, el Ejecutivo obligó a BBVA a mantener durante tres años, prorrogables a cinco, la independencia societaria y de gestión de Banco Sabadell. Según explicó entonces Carlos Cuerpo, estas condiciones impedían realizar despidos colectivos vinculados a la operación y también fusionar ambas entidades. BBVA nunca llegó a solicitar formalmente la fusión al Gobierno porque la opa terminó fracasando antes de completar ese paso, por lo que el Ejecutivo no tuvo que ejercer directamente la prerrogativa ahora cuestionada por Bruselas. Paralelamente, el banco intentó revertir las condiciones impuestas por el Gobierno mediante un recurso ante el Tribunal Supremo, aunque finalmente retiró la demanda tras el fracaso definitivo de la operación.

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