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(Expansión, 30-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El déficit público de España cae al 0,26% del PIB hasta abril

Las cuentas públicas españolas reflejan una mejora del déficit en los primeros meses de 2026, aunque parte de esta evolución está condicionada por el menor impacto del gasto extraordinario asociado a la dana de 2024. El conjunto de las administraciones públicas, excluyendo la Administración local, cerró abril con un déficit de 4.637 millones de euros, un 33,4% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra equivale al 0,26% del PIB, frente al 0,41% contabilizado en abril de 2025. Entre enero y abril de 2026, el gasto extraordinario vinculado a las inundaciones provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), fenómeno meteorológico extremo que afectó a varias zonas de España entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 2024, ascendió a 183 millones de euros. En el mismo periodo de 2025, este desembolso había alcanzado los 2.620 millones. Si se excluye en ambos ejercicios el efecto de este gasto excepcional, la lectura cambia. El déficit agregado de las administraciones públicas sin contar las entidades locales habría alcanzado los 4.454 millones de euros hasta abril, lo que supone un incremento del 2,7% respecto a los 4.338 millones del mismo periodo del año anterior. Por su parte, el Estado presentó un deterioro de sus cuentas hasta mayo. El déficit estatal en términos de contabilidad nacional se situó en 14.177 millones de euros, un 31,3% más que en mayo de 2025, cuando se contabilizaron 10.801 millones. En relación con el PIB, este saldo negativo representa el 0,80%, por encima del 0,64% registrado un año antes. Al descontar el coste de los intereses de la deuda se obtiene el denominado saldo primario, indicador que permite medir el equilibrio presupuestario sin el peso del endeudamiento acumulado. En este caso, el Estado registró hasta mayo de 2026 un superávit primario de 1.571 millones de euros, equivalente al 0,09% del PIB. No obstante, esta cifra es un 53,4% inferior a la obtenida en el mismo periodo de 2025, cuando el superávit primario alcanzó los 3.373 millones, es decir, el 0,20% del PIB. Durante los cinco primeros meses del año, el gasto extraordinario del Estado vinculado a la dana fue de 82 millones de euros. De esa cantidad, 36 millones correspondieron a transferencias a organismos públicos y 3 millones a transferencias dirigidas a la Administración local. En el mismo periodo del año anterior, este gasto había sido muy superior, con 2.183 millones de euros, de los cuales 1.783 millones se destinaron a las entidades locales. Asimismo, se han conocido los primeros datos de ejecución presupuestaria de 2026 correspondientes a las corporaciones locales, referidos al primer trimestre del año. Las entidades locales registraron un déficit de 2.058 millones de euros, equivalente al 0,12% del PIB. Con la incorporación de estos datos, el déficit conjunto del total de las administraciones públicas durante el primer trimestre se situó en el 0,36% del PIB, ligeramente por debajo del 0,38% observado en marzo de 2025. Esta evolución responde a un crecimiento de los ingresos del 7,4%, ligeramente superior al incremento del gasto, que avanzó un 7,2%.

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(Expansión, 30-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Lagarde: "Podemos subir tipos sin preocuparnos de desatar tensión financiera"

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, inauguró una nueva edición del Foro de Bancos Centrales de Sintra, considerado el equivalente europeo de Jackson Hole Economic Symposium, trasladando un mensaje de confianza sobre la posición actual del organismo pese a las presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Medio. La dirigente defendió la conveniencia de aplicar ajustes graduales en los tipos de interés, adaptados a la evolución de cada perturbación económica, y dejó entrever que herramientas extraordinarias, como los programas de compra de deuda, han perdido protagonismo. La máxima responsable del BCE considera que la institución se mueve en un entorno más favorable que en el pasado. A su juicio, el banco central puede recurrir a subidas de tipos para contener la inflación sin el riesgo de desencadenar episodios de inestabilidad financiera, una preocupación que durante años condicionó de forma decisiva la política monetaria europea. Durante su intervención en la apertura del encuentro, celebrado por decimotercer año consecutivo en el resort Penha Longa de Sintra, en Portugal, Lagarde subrayó que el endurecimiento monetario ya no tiene por qué convertirse en un factor adicional de tensión para los mercados financieros. El contraste con 2011 es significativo. Entonces, bajo la presidencia de Jean-Claude Trichet, una ligera subida de tipos contribuyó a intensificar la crisis de deuda soberana en Europa, en un contexto de fuerte presión sobre las primas de riesgo. Ahora, según Lagarde, el BCE dispone de margen suficiente para utilizar los tipos de interés como principal herramienta de actuación, sin depender tanto de la evolución de los diferenciales de la deuda. Esa confianza se apoya también en la experiencia reciente. Durante el episodio inflacionario provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania, el BCE elevó los tipos hasta el 4%, un máximo histórico. Ante un nuevo repunte de precios, los mercados asumen que la autoridad monetaria está dispuesta a actuar con firmeza para preservar la estabilidad de precios. Lagarde señaló además que una mayor claridad sobre la reacción del BCE en distintos escenarios permite que los mercados anticipen parte del ajuste, facilitando así decisiones más sólidas por parte de la institución. La presidenta atribuyó esta mayor capacidad de maniobra al fortalecimiento de la arquitectura financiera europea. Destacó que tanto la supervisión bancaria común como el marco de resolución han reforzado la solidez del sector bancario. A ello se suma la evolución de los instrumentos fiscales europeos, desde el Mecanismo Europeo de Estabilidad hasta los fondos Next Generation EU y otros mecanismos de financiación conjunta. Según Lagarde, esta mayor resiliencia reduce la necesidad de aplicar respuestas monetarias excepcionales. Aunque reconoce que seguirán produciéndose shocks que alteren la inflación, considera que su impacto sobre la economía es ahora más limitado. En este contexto, sostuvo que ya no resulta imprescindible recurrir a medidas no convencionales. Aunque el BCE mantiene esas herramientas disponibles, la prioridad pasa por estabilizar la inflación utilizando los tipos oficiales como instrumento central. Esa visión coincide con la percepción predominante dentro del Consejo de Gobierno del BCE, donde cada vez se considera menos probable una vuelta a los grandes programas de compra de deuda que marcaron la etapa de Mario Draghi y los primeros años de Lagarde. Además, el BCE parece haber dejado atrás otra herramienta habitual de etapas anteriores: la forward guidance, es decir, la comunicación explícita sobre futuras decisiones de política monetaria. Para Lagarde, este tipo de compromisos pierde eficacia en entornos de elevada incertidumbre económica y geopolítica. En su lugar, apuesta por una comunicación basada en escenarios, explicando cómo podría reaccionar el BCE según evolucionen los datos macroeconómicos y permitiendo que sean los inversores quienes valoren cuál de esos escenarios resulta más probable. Por ello, Lagarde evitó adelantar pistas sobre la reunión de julio en Fráncfort, limitándose a reiterar que las decisiones seguirán dependiendo de los datos y se adoptarán reunión a reunión.

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(Expansión, 30-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La tensión geopolítica gana peso en las auditorías de 2025

La creciente incertidumbre internacional está teniendo un impacto cada vez más visible en las cuentas de las grandes empresas españolas. Así lo refleja el último informe Cuestiones clave de auditoría 2025, elaborado por KPMG, que muestra un aumento notable de las menciones a riesgos geopolíticos en los informes de auditoría de las compañías del IBEX 35. Estas referencias han pasado del 6% en 2024 al 14% en 2025, evidenciando una mayor preocupación por el contexto internacional. Este incremento solo encuentra un antecedente similar en 2022, coincidiendo con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Según el análisis, este repunte responde a un entorno marcado por la fragmentación económica global, el aumento de las tensiones comerciales y la persistencia de conflictos internacionales, factores que se han intensificado tanto en 2025 como en los primeros meses de 2026. David Hernanz, responsable del área de Auditoría de KPMG en España, señala que la atención de los auditores se centra cada vez más en riesgos vinculados a la incertidumbre geopolítica o al cambio climático, dado que ambos pueden afectar de forma directa al rendimiento financiero de las compañías. El estudio también pone de relieve que se ha frenado la tendencia descendente registrada en años anteriores en el número de cuestiones clave de auditoría. Durante 2025, los informes de las grandes cotizadas mantuvieron un total de 94 cuestiones clave, la misma cifra que el año anterior, con una media estable de 2,69 observaciones por informe. Según Hernanz, estas cuestiones suelen concentrarse en áreas que exigen estimaciones complejas, juicios contables relevantes o el análisis de operaciones extraordinarias, especialmente cuando existen cambios significativos en el entorno económico que modifican el mapa de riesgos. Más allá de los factores geopolíticos, los principales focos de atención de los auditores fueron el reconocimiento de ingresos, presente en el 49% de los informes; la recuperación del fondo de comercio, con un 43%; y la valoración y recuperabilidad de activos no corrientes, señalada en el 23% de los casos. Por sectores, los servicios financieros y los seguros continúan encabezando la lista de actividades con mayor número de cuestiones clave, con una media de 3,4 por informe. Les siguen las compañías de materiales básicos e industria, con una media de 3, y las empresas de tecnología y telecomunicaciones, con 2,8. Sin embargo, los mayores aumentos en el número de observaciones se registraron en los sectores inmobiliario, tecnológico y energético, reflejando una mayor exposición a cambios regulatorios, financieros y de mercado. Entre las novedades de 2025 también destaca un ligero aumento de las cuestiones relacionadas con provisiones, contingencias y litigios, que aparecieron en dos informes de auditoría. Si se amplía el análisis al conjunto de empresas cotizadas, incluyendo el Mercado Continuo, se observa que la media de cuestiones clave aumentó por primera vez desde 2018, hasta alcanzar 2,25 observaciones por informe. Sobresalen especialmente los incrementos detectados en compañías de productos farmacéuticos, biotecnología y servicios inmobiliarios. En total, el 72% de las 266 cuestiones clave identificadas en los informes se concentraron en cinco grandes áreas: reconocimiento de ingresos, recuperabilidad del fondo de comercio, recuperación de activos por impuesto diferido, valoración de activos no corrientes y provisiones ligadas a contingencias o litigios. Además, los auditores detectaron ocho casos de incertidumbre material y emitieron dos informes con salvedades, lo que refleja un entorno empresarial en el que la vigilancia sobre los riesgos financieros y operativos sigue ganando relevancia.

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(El Confidencial, 30-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El IPC se estabilizó en el 3,2% en junio: baja la gasolina pero sube la luz por el fin del IVA reducido

La inflación en España continúa instalada por encima del 3% pese al abaratamiento de los carburantes. La principal razón es la retirada gradual de las ayudas fiscales que el Gobierno puso en marcha al inicio del conflicto en Oriente Medio, lo que está neutralizando el efecto positivo de la bajada del precio de la gasolina y el gasóleo en las estaciones de servicio. En junio, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 3,2% en tasa interanual, el mismo nivel registrado en mayo y dos décimas por debajo del máximo alcanzado en marzo, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística. Aunque la tasa general apenas varía, sí cambia la composición de las presiones inflacionistas. El principal cambio se observa en la energía. Mientras los combustibles han reducido su aportación a la inflación gracias al descenso del petróleo, la electricidad y el gas han ganado protagonismo tras el fin de las rebajas fiscales aplicadas hasta mayo. Desde el 1 de junio, la finalización de los tipos reducidos del IVA ha encarecido de nuevo estos suministros. Como consecuencia, la inflación energética subió hasta el 6,7%, frente al 5,9% de mayo, acercándose a los niveles máximos observados en marzo, cuando alcanzó el 7,3%. Aunque el dato adelantado del INE no ofrece todavía el detalle completo por productos, sí confirma que electricidad y gas están impulsando al alza el índice general, mientras que los carburantes ejercen un efecto moderador. El Gobierno presentará además un nuevo decreto de medidas antiinflación para sustituir al paquete vigente, que expira de forma inminente. La intención es ajustar el esquema de ayudas a la nueva situación energética. Una de las señales más positivas llega desde la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos-, que descendió una décima hasta el 2,9%. Este descenso indica que el encarecimiento energético todavía no se está trasladando de forma intensa al resto de bienes y servicios. Esto sugiere que muchas empresas consideran transitorio el actual shock de costes y, por ahora, están absorbiendo parte del incremento mediante una reducción de márgenes. También se moderó la inflación alimentaria. Los alimentos no elaborados registraron un aumento interanual del 2,6%, mientras que el conjunto de alimentos y bebidas se situó en el 2,1%, su nivel más bajo desde 2011. Esta evolución alivia parcialmente la presión sobre los hogares, especialmente en productos básicos. Los servicios también mostraron una ligera moderación, con una inflación del 3,9%, dos décimas menos que en mayo. Sin embargo, este componente continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. Su crecimiento casi duplica el objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo, lo que refleja que persisten importantes tensiones inflacionistas en sectores como hostelería, turismo, ocio o transporte. De hecho, el mayor desafío inflacionario para la economía española ya no está tanto en la energía como en los servicios, donde la desinflación avanza con mucha más lentitud y los precios siguen aumentando a ritmos similares a los observados durante el pico de la crisis derivada de la guerra en Ucrania. En contraste, los bienes industriales no energéticos continúan actuando como elemento de contención. La intensa competencia internacional, especialmente desde China y otros países asiáticos, está limitando la capacidad de las empresas para trasladar a precios el aumento de sus costes de producción. En conjunto, la inflación de estos bienes industriales se situó en junio en apenas el 0,9%, contribuyendo a frenar el avance del IPC general. Sin embargo, esta moderación también refleja la presión creciente sobre la industria española, que debe equilibrar costes al alza con precios muy contenidos para mantener su competitividad frente a la competencia exterior.

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(Cinco Días, 29-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El sector de la auditoría rompe la barrera de los 1.000 millones en facturación en 2025

El negocio de la auditoría en España atraviesa su mejor momento y ha alcanzado una dimensión sin precedentes. Por primera vez, la facturación anual del sector ha superado los 1.000 millones de euros, un récord que refleja el crecimiento sostenido de una actividad cada vez más estratégica para los mercados financieros, al reforzar la transparencia y la fiabilidad de la información económico-financiera de las empresas. De acuerdo con la Memoria Anual de Actividades 2025 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, organismo encargado de la supervisión del sector, los ingresos por servicios de auditoría rebasaron el pasado ejercicio esa cifra histórica, mientras que el número de informes emitidos superó los 75.000. Una parte significativa de este negocio procede de las grandes empresas cotizadas. Las compañías del Ibex 35 destinaron en 2025 más de 400 millones de euros a servicios de auditoría y trabajos relacionados, como verificaciones financieras y no financieras exigidas por reguladores, revisiones para organismos supervisores o la emisión de comfort letters, según las cuentas anuales consolidadas publicadas por las propias sociedades. De ese volumen total, cerca de 390 millones de euros correspondieron a honorarios del auditor principal, función que recayó mayoritariamente en las cuatro grandes firmas internacionales: PwC, EY, KPMG y Deloitte. Otros 14 millones fueron percibidos por firmas que participaron en la auditoría de filiales o prestaron servicios vinculados al proceso de revisión. Estas cifras no incluyen servicios fiscales ni otros trabajos complementarios. Según destaca el presidente del ICAC, Santiago Durán, el sector mantiene una evolución especialmente positiva, como demuestra el récord simultáneo en facturación y en número de informes emitidos. El organismo supervisor señala además que en 2025 operaban en España 3.498 auditores de cuentas en ejercicio y 1.344 sociedades de auditoría. Dentro del grupo de las denominadas big four, PwC mantiene el liderazgo en el mercado del Ibex, con aproximadamente 190 millones de euros en ingresos procedentes de las grandes cotizadas. Entre sus principales clientes destaca Banco Santander, cuyo contrato constituye el mayor encargo del mercado, con 133 millones de euros. También audita a compañías como Telefónica, Ferrovial, Repsol, CaixaBank, Bankinter, Sacyr, Acerinox y Merlin Properties. KPMG ocupa el segundo lugar en facturación dentro del Ibex, con 88 millones de euros y once mandatos de auditoría. Entre sus principales contratos figura el de Iberdrola, valorado en 28 millones de euros, además de encargarse de la revisión de Banco Sabadell, Mapfre, Acciona, Acciona Energía, IAG, Naturgy, Endesa, Unicaja, Aena y Laboratorios Rovi. Muy cerca se sitúa EY, también con once auditorías de grandes cotizadas y unos ingresos de 84 millones de euros. Su cartera incluye contratos con BBVA, cuyo encargo asciende a 33 millones, además de Inditex, Amadeus, Cellnex, Puig, Logista, Enagás, Fluidra, Redeia, ArcelorMittal y Solaria. Por su parte, Deloitte, cuyo negocio tiene mayor peso en consultoría, completa el grupo con alrededor de 28 millones de euros procedentes principalmente de auditorías para ACS, Grifols, Indra y Colonial. El ejercicio 2025 también ha estado marcado por la creciente relevancia de la información corporativa en materia de sostenibilidad. La directiva europea CSRD obliga a las grandes entidades de interés público, especialmente aquellas con más de 500 empleados, a informar sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza. No obstante, la transposición de esta normativa al ordenamiento jurídico español continúa bloqueada en el Congreso de los Diputados, lo que ha generado incertidumbre entre empresas y auditoras. Ante esta situación, el ICAC y la Comisión Nacional del Mercado de Valores emitieron un comunicado conjunto para orientar a los auditores sobre la elaboración de estos informes mientras concluye el proceso legislativo. En materia de supervisión, el ICAC intensificó notablemente su actividad durante 2025. El organismo realizó 365 actuaciones de control, frente a las 317 de 2024 y las 303 de 2023. Este aumento responde a una mayor planificación, al refuerzo de la digitalización y a una supervisión más orientada al análisis de riesgos. Entre esas actuaciones destacaron seis inspecciones específicas sobre auditores de grandes empresas, centradas en la evaluación de sus sistemas de gestión de calidad. El ICAC subraya que los auditores de entidades de interés público están sometidos a mayores exigencias debido a la relevancia sistémica de las compañías que revisan, lo que los convierte en una prioridad supervisora. La memoria también refleja un incremento en la actividad sancionadora. Durante 2025 se resolvieron 53 expedientes sancionadores, frente a 48 en 2024. Cinco concluyeron sin sanción, mientras que en el resto se detectaron incumplimientos de la normativa de auditoría. El importe total de las sanciones ascendió a 635.110,77 euros, de los cuales 521.091,77 euros correspondieron a sociedades de auditoría y socios, y 114.019 euros a auditores individuales.

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(Cinco Días, 29-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El suelo en Madrid y Barcelona se encarece cerca de un 30% desde 2019 y complica el acceso a la vivienda

La escasez de suelo urbanizable con licencias para construir continúa presionando al alza los precios inmobiliarios y contribuye a que el coste de la vivienda siga aumentando. Durante el primer semestre de 2026, el precio de los solares se incrementó un 4% tanto en Madrid como en Barcelona, intensificando una tendencia alcista que se mantiene desde hace años. Según el informe de valoraciones de la consultora inmobiliaria CBRE, adelantado por CincoDías, desde 2019 el valor del suelo ha subido un 31% en Madrid y un 28% en Barcelona. Fernando Fuente, presidente de CBRE Valuation & Advisory Services, señala que el suelo sigue siendo uno de los activos más tensionados del mercado inmobiliario debido, sobre todo, a la escasez estructural de suelo finalista, es decir, aquel que ya dispone de los permisos necesarios para edificar. Esta oferta limitada, frente a una demanda sólida, está generando un desequilibrio que impulsa aumentos sostenidos en los precios de repercusión, tanto a corto como a medio plazo. A esta presión se suma el encarecimiento de los costes de construcción, que también repercute en el precio final de la vivienda. El sector constructor en España afronta importantes incrementos de costes asociados a la falta de mano de obra cualificada, el aumento salarial y el encarecimiento de materiales estratégicos, en un entorno marcado además por la incertidumbre geopolítica. Pese a ello, las promotoras han logrado trasladar buena parte de estos incrementos al comprador final. La fuerte subida del precio de la vivienda de obra nueva ha permitido absorber estos mayores costes sin frenar la revalorización del suelo. Desde CBRE prevén que esta dinámica continúe en los próximos meses, respaldada por una demanda robusta y por la persistente escasez de suelo disponible, aunque advierten de que la evolución de los costes y del entorno macroeconómico seguirá siendo determinante para la viabilidad de nuevos desarrollos. En otras zonas del país, la presión sobre el suelo es incluso mayor. La Costa del Sol lidera las subidas acumuladas con un alza del 50% desde 2019 y un incremento adicional del 5% en el primer semestre de 2026. En el área de Levante, el aumento acumulado alcanza el 26%, mientras que en el Arco Cantábrico se sitúa en el 23%; ambas regiones registran subidas del 3% en lo que va de año. Madrid, Barcelona y la Costa del Sol concentran la mayor presión por la combinación de una demanda especialmente dinámica -nacional e internacional- y una oferta de suelo aún más restringida, lo que amplifica el crecimiento de precios. En Madrid, la escasez de suelo finalista está desplazando el interés inversor hacia suelos en desarrollo con grados intermedios o avanzados de gestión. Destacan grandes ámbitos urbanísticos como Valdecarros, Ahijones, Los Cerros o Retamar de la Huerta. Además, determinados cambios regulatorios, como la revisión al alza del módulo de vivienda protegida o la normativa que facilita la transformación de usos terciarios en residenciales protegidos, están incentivando nuevas oportunidades de inversión. En Barcelona, la revalorización del suelo residencial responde principalmente a la escasez de obra nueva y a la reducción de nuevos desarrollos, en un mercado donde la demanda sigue siendo sólida. A ello se añade un marco regulatorio exigente, marcado por medidas como la reserva del 30% de vivienda protegida o los límites al precio del alquiler, factores que han condicionado el desarrollo de algunos proyectos destinados al alquiler residencial o build to rent. Este patrón también se observa en otras zonas del Levante y del Arco Cantábrico, donde la escasez de suelo y el encarecimiento de la construcción continúan impulsando el valor de los terrenos. En destinos turísticos como la Costa del Sol o Islas Baleares, el atractivo residencial y la fuerte demanda internacional siguen sosteniendo una evolución positiva del mercado, con creciente interés por productos diferenciados como las branded residences, viviendas vinculadas a servicios hoteleros o marcas de lujo. Otro segmento estrechamente relacionado con la vivienda, el de los edificios residenciales destinados al alquiler, también registra una notable revalorización: desde 2019 su valor ha aumentado un 23,4%, con un crecimiento adicional del 3,37% en lo que va de 2026. El comportamiento del mercado inmobiliario también depende de la evolución de los tipos de interés, ya que el coste del dinero influye directamente en las valoraciones de los activos. Por ello, el sector sigue con atención las decisiones del Banco Central Europeo respecto a la política monetaria. Un entorno de tipos más elevados suele ejercer presión a la baja sobre las valoraciones, al encarecer la financiación. Sin embargo, el impacto real depende de múltiples factores, como la tipología del activo o la evolución general de la economía. Además, el crecimiento actual de las rentas inmobiliarias está ayudando a amortiguar parte del posible efecto negativo derivado de mayores costes financieros, por lo que cualquier ajuste en valoraciones previsiblemente será gradual y condicionado por la evolución general del mercado.

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(Cinco Días, 29-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La litigiosidad cae un 20,6 % en el primer trimestre por el fuerte descenso de los asuntos civiles

Lo que hace apenas unos meses el Ministerio de Justicia interpretaba como señales de mejora ya se ha consolidado: el Consejo General del Poder Judicial ha confirmado que la litigiosidad judicial descendió un 20,6% durante el primer trimestre de 2026. La caída refleja una menor presentación de demandas por parte de los ciudadanos, especialmente en la jurisdicción civil, donde el retroceso alcanza el 35,8%. Sin embargo, la interpretación de estos datos no es sencilla. Este primer trimestre ha coincidido con la implantación de los nuevos tribunales de instancia y con la entrada en vigor de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), que son obligatorios en determinados procedimientos civiles. Esto ha provocado que parte de los asuntos hayan sido inadmitidos por no cumplir con este requisito previo, lo que influye directamente en las estadísticas. Según el informe sobre la situación de los órganos judiciales publicado por el Servicio de Estadística del CGPJ, entre enero y marzo de este año se registraron un total de 1.824.951 asuntos en los tribunales españoles, lo que supone un descenso del 20,6% respecto al mismo periodo del año anterior y rompe la tendencia creciente que se venía observando en ejercicios recientes. Todas las jurisdicciones experimentaron una caída en la entrada de nuevos asuntos, siendo especialmente significativa en el ámbito civil. También se redujo la capacidad de resolución de casos, con un descenso global del 13,7%. En el ámbito penal, la reducción de nuevos asuntos fue más moderada, con una caída del 3,5%. En la jurisdicción contencioso-administrativa el descenso fue del 2,1%, mientras que en la social también se situó en el 3,5%. Tomando como referencia las series históricas trimestrales, el CGPJ ha elaborado una previsión para el conjunto de 2026 que apunta a una reducción acumulada de la litigiosidad del 7,6% al cierre del año. La jurisdicción civil se perfila como el principal termómetro para evaluar la efectividad de los MASC. Durante el primer trimestre se registraron 785.541 nuevos asuntos, un 35,8% menos que hace un año, mientras que se resolvieron 734.476 procedimientos, lo que supone una caída del 22,3%. Al finalizar marzo quedaban pendientes de tramitación 2.728.558 asuntos, un 8,1% menos que en el mismo periodo de 2025. En la jurisdicción penal se contabilizaron 856.932 nuevos casos, con un descenso del 3,5%. Los órganos judiciales resolvieron 847.127 procedimientos, un 5,7% menos, pero el volumen de asuntos pendientes aumentó un 14%, hasta situarse en 1.276.102. En el orden contencioso-administrativo ingresaron 52.944 nuevos asuntos, un 2,1% menos que un año antes. Se resolvieron 52.696 casos, con una caída del 13,2%, mientras que los asuntos en trámite apenas variaron y crecieron un 0,4%, hasta los 221.947. Por su parte, la jurisdicción social registró 129.497 nuevos procedimientos, un 3,5% menos interanual. La resolución también descendió un 7,1%, hasta los 122.880 casos, mientras que los asuntos pendientes aumentaron un 10,4%, alcanzando los 531.466. En cuanto a la tasa de litigiosidad, la media nacional se situó en 37,15 asuntos por cada 1.000 habitantes, según los datos de población del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2026. Esta cifra supone una reducción notable respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la ratio era de 47,07. Por comunidades autónomas, Canarias lideró la clasificación con una tasa de 45,01 asuntos por cada 1.000 habitantes, seguida de Asturias con 41,73 y Comunidad de Madrid con 40,59. También se situaron por encima de la media nacional Cataluña, Andalucía y Región de Murcia. Por debajo de la media quedaron territorios como Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y País Vasco, esta última con la tasa más baja de todo el país.

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(Expansión, 29-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los bancos europeos pueden volver a dormir tranquilos: sus bonos contingentes convertibles están a salvo

Tras tres años de debate sobre una posible reforma de los llamados CoCos o bonos AT1, motivado por las dudas que surgieron tras el colapso de Credit Suisse, la Autoridad Bancaria Europea ha concluido que lo más prudente es mantener estos instrumentos sin cambios. El organismo considera que modificar su diseño implicaría riesgos demasiado elevados. Aunque reconoce que presentan ciertas limitaciones, estima que una reforma tendría consecuencias más graves, entre ellas un déficit de capital de 20.200 millones de euros para la banca europea y 56 entidades con niveles de solvencia inferiores a los exigidos por la regulación. Según el supervisor europeo, no hay alternativas simples para redefinir el papel de los CoCos, ya que cualquier modificación generaría efectos significativos y desproporcionados capaces de alterar el funcionamiento de un mercado de bonos que, en la Unión Europea, está ya plenamente consolidado. La EBA ha evaluado distintas opciones, desde su eliminación total hasta una reforma parcial o una retirada progresiva. El objetivo era corregir problemas asociados a estos instrumentos, como la incertidumbre sobre el momento exacto en que se activan o la complejidad de sus mecanismos de absorción de pérdidas. Sin embargo, ninguna de las alternativas analizadas ha resultado satisfactoria, según su informe sobre la simplificación de la regulación bancaria europea. La opción más drástica sería suprimir por completo los CoCos. En ese escenario, los bancos tendrían que sustituirlos por capital de máxima calidad (CET1), cubriendo hasta el 1,5% de sus activos ponderados por riesgo dentro del Pilar 1 y hasta el 18,75% de los requerimientos del Pilar 2, específicos de cada entidad. Además, esta medida también afectaría negativamente a sus ratios de apalancamiento. La EBA concluye que esta solución generaría más problemas de los que resolvería. El déficit de capital sería muy elevado y afectaría especialmente a las grandes entidades europeas. De los siete bancos considerados sistémicos dentro de la Unión Europea -Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank, Crédit Agricole, ING, BPCE y Société Générale-, cuatro quedarían por debajo de los requisitos regulatorios y necesitarían captar 16.600 millones de euros para recuperar su posición, lo que representaría el 82% del déficit total. El supervisor también advierte de que la desaparición de los CoCos pondría en riesgo un mercado europeo maduro, en el que estos instrumentos se han consolidado como una fuente estable de financiación para absorber pérdidas y como una clase de activo altamente estandarizada, respaldada por inversores especializados. Una retirada progresiva produciría efectos similares, aunque con más margen temporal para amortiguar el impacto. Tampoco han convencido a la EBA las propuestas orientadas a rediseñar estos instrumentos. Entre las medidas estudiadas figuraban ampliar a diez años la primera fecha obligatoria de rescate, elevar el umbral de capital que activa su conversión, exigir que esta se realizara siempre en acciones o modificar el sistema de pago de cupones. Ninguna de estas alternativas fue considerada adecuada, en parte porque algunas chocaban directamente con las normas de Comité de Basilea. La decisión de mantener el marco actual pone fin en Europa a un debate global abierto hace tres años. La incapacidad de los CoCos para frenar la crisis de Credit Suisse -precisamente una de las funciones para las que fueron diseñados-, sumada al hecho de que asumieran pérdidas antes que los accionistas durante su rescate y venta a UBS, colocó estos instrumentos bajo intenso escrutinio. Los reguladores internacionales trataron de redefinir su función para convertirlos en una herramienta eficaz para sostener a un banco en crisis, en lugar de limitarse a abaratar su resolución. Sin embargo, la EBA considera que cualquier reforma introduciría riesgos adicionales para el sector y para los mercados financieros. Hasta ahora, solo Australia ha optado por una decisión radical. Su regulador decidió, tras la caída de Credit Suisse, eliminar gradualmente los CoCos. El proceso de retirada de los bonos AT1 de la banca australiana comenzará el 1 de enero de 2027.

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(El País, 29-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El plazo de solicitudes para la regularización de inmigrantes concluye este martes

El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes cierra este martes el plazo para presentar solicitudes. La última cifra oficial disponible, a mediados de junio, situaba en unas 900.000 las peticiones registradas, de las que 360.000 ya habían sido admitidas a trámite, lo que da derecho a un permiso provisional de residencia y trabajo. A partir de ahí, la Administración dispone de tres meses para resolver cada expediente, aunque muchos ya han recibido una aprobación definitiva. No se conoce todavía cuántos han sido aceptados en firme ni si existen rechazos. El Ministerio de Migraciones prevé ofrecer esta semana nuevos datos sobre un procedimiento que arrancó el 15 de abril y que ha superado ampliamente el objetivo inicial del Gobierno, que esperaba aflorar el trabajo irregular de medio millón de personas y reconocerles los derechos vinculados a su situación legal. Ese medio millón se ha quedado corto. A falta de los filtros y comprobaciones pertinentes, las solicitudes ya rondan los 1,3 millones, según los datos acumulados en la plataforma Mercurio, donde se van registrando las peticiones de todo el país, tanto las presentadas por despachos de abogados, ONG y sindicatos como las tramitadas por personas con certificado digital propio, algo menos habitual entre la población extranjera en situación irregular, salvo en el caso de quienes cuentan con protección por asilo humanitario. Por ahora, el Gobierno no confirma cifras y remite a los datos que hará públicos próximamente. La estimación coincide en parte con previsiones previas de Funcas, que habló de unas 840.000 personas en situación irregular, y con un informe de la Policía Nacional que calculaba que el proceso podría afectar a alrededor de 1,35 millones de personas. CEAR, una de las organizaciones más activas en el apoyo a esta regularización, afirmaba el lunes 15 de junio que ya se habían presentado un millón de solicitudes y que la cifra seguía creciendo. Según fuentes de la Administración del Estado, el recuento que arroja la aplicación de Extranjería es fiable, ya que cada expediente queda numerado de forma correlativa a medida que entra en el sistema. "La población irregular es difícil de medir, pero la propia policía, que dispone de mejores datos, ya apuntó que superarían los 1,3 millones", explica María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas. "Esos son los posibles candidatos, aunque otra cosa será después qué criterios se apliquen para admitir o rechazar las solicitudes. Habrá margen de discrecionalidad por parte del personal encargado, en función de las instrucciones que reciba", añade. También advierte de que parte de las solicitudes podrían estar basadas en documentación falsa, como ocurre en cualquier proceso de este tipo. "Las cifras altas no nos sorprenden, pero sí existe incertidumbre sobre el resultado final", afirma. La regularización nació de una iniciativa legislativa popular impulsada en 2024, que reunió más de 700.000 firmas y contó con el respaldo de cientos de entidades sociales, sindicatos, organizaciones empresariales y la Iglesia católica, con una implicación destacada de Cáritas. En un primer momento, el Partido Popular expresó su apoyo, aunque desde la aprobación del decreto -que no ha pasado por el Parlamento- ha pasado a criticar con dureza la medida, en términos muy similares a los utilizados por Vox. La izquierda, en cambio, ha mantenido una posición unida en torno al proyecto, fraguado tras un acuerdo entre el Gobierno y Podemos. En los últimos días, no obstante, Sumar, socio del Ejecutivo, ha reclamado ampliar el plazo de regularización, alegando que hay miles de personas atrapadas en trámites burocráticos y pagando centenares de euros en procesos fraudulentos. Así lo ha denunciado su portavoz adjunta en el Congreso, Aina Vidal, quien también ha criticado el cobro de cantidades irregulares en consulados españoles sin que Exteriores haya ofrecido una solución. Además, ha reprochado a Interior que siga ejecutando deportaciones de personas que estaban a punto de presentar su solicitud. La carrera por conseguir la documentación ha sido intensa. Las personas que entraron en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditan al menos cinco meses consecutivos de permanencia han tenido que reunir en poco tiempo todos los documentos necesarios para acogerse al proceso. Pronto se saturaron las oficinas de servicios sociales por la demanda de certificados de vulnerabilidad económica y social. Quienes no podían acreditar esa condición también podían acceder al procedimiento si demostraban tener hijos a cargo o un compromiso de contratación. Con todo, el trámite más lento ha sido la obtención del certificado de antecedentes penales en los países de origen, que en muchos casos ha tardado semanas o meses y sigue pendiente para numerosas personas. La solicitud puede presentarse incluso sin ese certificado, siempre que se acredite que ya se ha pedido y no ha sido posible obtenerlo. En ese supuesto, el Gobierno puede solicitarlo por vía diplomática y se abre un plazo de tres meses para su aportación. Muchos solicitantes han preferido esperar a reunir toda la documentación antes de presentar la petición, pero, ante el cierre inminente del plazo, otros han optado por registrar la solicitud con el compromiso de aportar después los antecedentes, algo que el procedimiento permite. Sin ese documento, el expediente no podrá resolverse favorablemente. Durante estas semanas, un amplio dispositivo de abogados, ONG y algunos sindicatos, como CC OO, ha estado volcado en sacar adelante la documentación. Todo el proceso se canaliza a través de la Plataforma Mercurio, dependiente del Ministerio de Política Territorial, del que también dependen las oficinas de extranjería. Es esa herramienta digital la que registra cada solicitud y devuelve un correo confirmando la inscripción y asignando un número, que en los últimos días no ha dejado de aumentar. Este periódico ha podido comprobar ese recuento con despachos de Madrid, Barcelona, Granada y Galicia, y el volumen que ofrece el sistema encaja con un proceso plenamente activo que ya supera los 1,3 millones de posibles beneficiarios.

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(El País, 29-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El plan anticrisis del Gobierno sostiene la inflación en el 3,2% en junio por tercer mes consecutivo

La economía española ha conseguido en junio evitar el esperado repunte de la inflación tras el final de varias ayudas energéticas, apoyada además por un factor externo inesperado en el ámbito internacional. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha mantenido en el 3,2%, repitiendo por tercer mes consecutivo el mismo nivel registrado en abril y mayo. La estabilidad de los precios responde a la combinación de dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, se ha producido un encarecimiento de la energía asociado a la retirada de determinadas medidas fiscales el 1 de junio; por otro, ha influido la caída del precio del petróleo, vinculada a la distensión en torno a la reapertura del estrecho de Ormuz, tras meses de tensión geopolítica en Oriente Próximo. El principal factor inflacionista del mes ha sido el aumento de la factura de la electricidad y el gas, que ha absorbido el efecto de la subida de impuestos. El IVA de la electricidad, el gas natural y otros combustibles ha regresado al tipo general del 21% en España, tras haber permanecido en el 10% como parte del paquete anticrisis. A esto se suma la recuperación del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que ha pasado del 0,5% al 5,11%. Según estimaciones del sector, este ajuste supone un incremento medio cercano a 10 euros mensuales en la factura de la luz para un hogar tipo en mercado libre, mientras que en el mercado regulado el impacto sería incluso mayor. En sentido contrario, el mercado de carburantes ha actuado como elemento de contención. El precio del petróleo Brent ha descendido hasta niveles cercanos a los 72-75 dólares por barril, muy por debajo de los picos alcanzados en momentos de máxima tensión en Oriente Medio. Esta corrección ha permitido abaratar los combustibles en las gasolineras, compensando parcialmente el encarecimiento de la energía eléctrica y el gas. El Instituto Complutense de Análisis Económico estima que la inflación energética se mantendrá relativamente estable en términos interanuales. No obstante, señala que dentro del mes se ha producido un fuerte aumento del precio de la electricidad, con un avance intermensual del 16,7%, explicado casi en su totalidad por la retirada de bonificaciones fiscales. Este efecto ha sido contrarrestado por la caída de los carburantes, con descensos del 7,6% en el gasóleo y del 4,4% en la gasolina. El economista jefe para Europa de Oxford Economics, Ángel Talavera, destaca que junio se ha caracterizado por la coexistencia de dinámicas opuestas en los precios. Sin embargo, advierte de que la estabilidad actual es frágil, ya que sigue condicionada por una elevada incertidumbre geopolítica. En este sentido, los analistas internacionales alertan de que nuevas interrupciones en las rutas marítimas de suministro o episodios de tensión en el estrecho de Ormuz podrían volver a elevar el precio del petróleo, con efectos inmediatos sobre los costes energéticos y las previsiones de inflación para la segunda mitad del año.

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