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(Cinco Días, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro paga los tipos más altos en dos años por las letras a tres y nueve meses

El mercado de deuda vuelve a estar bajo presión por el repunte de la inflación, las expectativas de unos tipos de interés elevados durante más tiempo y el deterioro de las finanzas públicas. Estos factores han impulsado las rentabilidades de los bonos hasta niveles que no se veían desde hace dos décadas y han elevado las primas de riesgo. Pese a este escenario de incertidumbre, el Tesoro español continúa cubriendo sus necesidades de financiación con normalidad. Una semana después del anuncio del adelanto electoral y pocas horas después de que el FMI revisara al alza sus previsiones de crecimiento para España, el organismo dirigido por Paula Conthe ha colocado 2.133,9 millones de euros en letras a tres y nueve meses, ofreciendo los intereses más altos de los últimos dos años. La tensión que afecta a los mercados de renta fija, con Francia como principal foco de preocupación en Europa, no ha reducido de forma significativa el apetito por la deuda española. Aunque los inversores exigen una mayor rentabilidad para prestar dinero, el dinamismo de la economía y la confianza en las cuentas públicas siguen favoreciendo las emisiones del Tesoro. La demanda ha alcanzado los 4.729,18 millones de euros, más del doble del importe finalmente adjudicado, lo que refleja el interés de los compradores a pesar del endurecimiento de las condiciones financieras. La mayor parte de la emisión, 1.382,22 millones de euros, se ha adjudicado en letras a nueve meses, cuya rentabilidad marginal ha subido del 2,783% al 2,968%, el nivel más elevado desde septiembre de 2024. Los 751,69 millones restantes corresponden a letras a tres meses, cuyo interés ha aumentado del 2,464% al 2,645%, su máximo desde noviembre de 2024. El repunte de las presiones inflacionistas ha reforzado las expectativas de que los tipos de interés permanezcan elevados durante más tiempo. Esta perspectiva ha vuelto a impulsar las rentabilidades de la deuda, especialmente en los vencimientos más cortos, que reaccionan con mayor rapidez a los cambios en la política monetaria. El aumento de los rendimientos también ha devuelto protagonismo a las letras del Tesoro entre los pequeños ahorradores, atraídos por la seguridad de estos activos y por unos intereses superiores a los registrados durante los últimos años. Sin embargo, su remuneración continúa siendo insuficiente para compensar la subida de los precios: frente a una inflación interanual del 4,9% en septiembre, las letras ofrecen rendimientos que apenas superan la mitad de esa tasa. El interés de los particulares en la subasta de este martes ha sido, no obstante, más moderado que el registrado la semana anterior en la emisión de letras a seis y doce meses, plazos que suelen atraer a un mayor número de inversores minoristas. Las solicitudes no competitivas, vinculadas principalmente a los ahorradores particulares, han sumado 347,57 millones de euros. Pese a esta moderación, las letras mantienen su atractivo entre las familias, cuyas tenencias alcanzaban los 22.081 millones de euros a finales de julio. Tras varios años de tipos próximos a cero, el regreso de la inflación ha cambiado las condiciones de financiación de los Estados. El aumento de las rentabilidades exigidas por los mercados ha mejorado el atractivo de la deuda pública para los inversores, pero también ha elevado la preocupación por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Francia es uno de los ejemplos más claros de este cambio de percepción. Su prima de riesgo ha aumentado hasta situarse en torno a los 140 puntos básicos, máximos desde la crisis del euro, ante las dudas sobre la capacidad del país para corregir sus desequilibrios presupuestarios. La atención de los mercados se centra ahora en el debate parlamentario de los presupuestos franceses para 2027, que comienza este martes. Los analistas anticipan una tramitación complicada y consideran difícil que el Gobierno consiga los apoyos necesarios para aprobar las cuentas. La proximidad de las elecciones presidenciales añade presión al escenario político, ya que los partidos tienen pocos incentivos para moderar sus posiciones. Si no se adoptan medidas de contención del gasto y de reducción del déficit, la prima de riesgo francesa podría permanecer en niveles elevados. Por el momento, el consenso de los mercados no prevé una crisis de deuda similar a la que afectó a la zona euro durante la pasada década. Sin embargo, las dificultades de Francia ya están repercutiendo en otros países europeos. Las primas de riesgo de España e Italia han subido hasta situarse alrededor de los 62 y los 107 puntos básicos, respectivamente, aunque todavía se encuentran lejos de los niveles registrados durante la anterior crisis soberana. Aunque los mercados cuentan ahora con mayor capacidad para absorber episodios de incertidumbre política y geopolítica, la evolución de los diferenciales de deuda sigue siendo motivo de preocupación. El Fondo Monetario Internacional mantiene bajo vigilancia estos indicadores y ha advertido de que el deterioro de las finanzas públicas, unido a una inflación elevada, podría desencadenar aumentos bruscos de las primas de riesgo y convertirse en una amenaza para la estabilidad financiera.

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(Expansión, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La creación de empresas sube un 5,7% en su mejor agosto en 19 años

La creación de sociedades mercantiles aumentó un 5,7% en agosto respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar las 7.526 nuevas empresas, la cifra más elevada para este mes desde 2007, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este avance, la constitución de empresas acumula tres meses consecutivos de crecimiento, tras las subidas del 1,7% en junio y del 2,2% en julio. El capital suscrito para constituir las nuevas sociedades alcanzó los 456,4 millones de euros, un 92,8% más que en agosto del año anterior. Por su parte, el capital medio suscrito se situó en 60.644 euros, lo que representa un incremento interanual del 82,3%. En cuanto a las disoluciones, durante agosto desaparecieron 1.315 sociedades mercantiles, un 2,8% más que en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a una media de 42 empresas al día. De ellas, 1.079 cerraron voluntariamente, un 2,3% más que un año antes; 148 se disolvieron como consecuencia de una fusión, con un aumento del 2,1%, y las 88 restantes lo hicieron por otras causas, un 11,4% más. Por sectores, el 20,4% de las empresas constituidas en agosto pertenecía a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, mientras que el comercio concentró el 15,5%. Entre las sociedades disueltas, el comercio representó el 18,5% del total y las actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, el 14,4%. Por otra parte, el número de sociedades que ampliaron capital descendió un 5,8% interanual, hasta las 1.913 empresas. El importe suscrito en estas operaciones superó los 1.235,7 millones de euros, un 26,5% menos que en agosto de 2025. El capital medio de las ampliaciones se situó en 645.955 euros, con una reducción del 22%. En comparación con julio, la constitución de empresas cayó un 32,5% en agosto, mientras que las disoluciones disminuyeron un 27,5%. No obstante, en el acumulado de los ocho primeros meses del año, la creación de sociedades aumentó un 8,5% y las disoluciones crecieron un 6,8%. Por comunidades autónomas, la creación de empresas aumentó en 14 territorios y disminuyó en otros tres respecto a agosto de 2025. Cantabria registró el mayor incremento, con un 68%, seguida de Asturias, con un 46,8%; Murcia, con un 34,5%; La Rioja, con un 27,3%, y Extremadura, con un 26,6%. En el lado contrario, Navarra experimentó un descenso del 13,2%, Baleares retrocedió un 7,2% y Catalunya registró una caída del 1,1%.

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(El País, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno modifica por la vía de urgencia los estatutos del ICO para adaptarlos al fondo España Crece

El Gobierno ha puesto en marcha por la vía de urgencia la modificación de los estatutos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para adaptar su estructura y funcionamiento al fondo España Crece. La propuesta, promovida por el Ministerio de Economía y aprobada por el órgano de gobierno de la entidad, se ha sometido este martes a audiencia pública y reemplazará la normativa vigente desde 1999. El objetivo es adecuar el organismo a las necesidades de este programa, que dispone de una dotación de 13.691 millones de euros: 10.891 millones proceden de una ampliación de capital y los 2.800 millones restantes, de transferencias no reembolsables para financiar el componente concesional de determinadas operaciones. El Ejecutivo presenta España Crece como un fondo soberano, aunque se trata de un vehículo financiero concebido para prolongar el impulso inversor del plan de recuperación europeo, cuyo periodo de ejecución finalizó el 31 de agosto de 2026. El programa se integra en la adenda de simplificación del plan, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de 2025, y pretende mantener la inversión pública mediante un sistema de financiación estable y sin una fecha límite predeterminada. Para ello, el ICO conservará su condición de entidad pública empresarial, entidad de crédito y Agencia Financiera del Estado, pero dispondrá de una estructura específica para administrar los nuevos fondos y dirigirlos hacia proyectos estratégicos. Uno de los cambios centrales consiste en dividir la actividad financiera del organismo en dos carteras contables diferenciadas. La de Financiación Promocional reunirá las operaciones destinadas a corregir deficiencias del mercado y atraer financiación privada hacia sectores prioritarios. La de Financiación Transversal, por su parte, englobará el resto de las operaciones, activos y compromisos del ICO, como complemento a la oferta de crédito privada. Aunque ambas seguirán formando parte del balance de la institución, sus recursos y resultados se contabilizarán por separado. De este modo, las pérdidas de una cartera no podrán cargarse a los fondos propios asignados a la otra. La separación busca reforzar la transparencia en el uso del capital público y delimitar los riesgos de cada actividad. Los nuevos estatutos también definen con mayor precisión la función del ICO en la política de inversión pública y amplían el margen de actuación de la cartera promocional. Entre los ámbitos prioritarios figuran las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y las compañías en expansión, así como las inversiones en capital riesgo y capital paciente, orientadas a captar recursos privados para iniciativas que requieren financiación a largo plazo. También se dará prioridad a tecnologías estratégicas y emergentes, como la inteligencia artificial, la computación cuántica, los semiconductores, la ciberseguridad y la biotecnología. A estas áreas se suman las tecnologías de doble uso, la reindustrialización, la transición energética, la gestión del agua y la vivienda asequible. Las actuaciones de carácter promocional deberán canalizarse a través de programas o líneas específicas con criterios objetivos para evitar alteraciones de la competencia. La reforma facultará asimismo al ICO para adquirir participaciones minoritarias directas en empresas no financieras, sin llegar a controlar su gestión, con el fin de respaldar proyectos considerados estratégicos, incluidos los relacionados con la vivienda. En cuanto a la gobernanza, se mantiene el Consejo Rector, compuesto por diez vocales -cuatro independientes y seis representantes de la Administración-, y se incorpora una nueva Comisión de Financiación Promocional. El texto reorganiza además los procedimientos de contratación mediante la creación de un comité colegiado. Se mantienen tanto la garantía del Estado para captar financiación como la prohibición de aceptar depósitos del público. Cada una de las dos carteras deberá cumplir de manera independiente los requisitos bancarios de solvencia y liquidez. El ICO continuará bajo la supervisión del Banco de España y el control de los organismos fiscalizadores, y deberá respetar los principios de subsidiariedad y adicionalidad, mantener el equilibrio financiero y ajustarse a la normativa europea sobre ayudas de Estado.

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(La Vanguardia, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los consumidores avisan a Cuerpo y Escrivá que el euro digital protege menos del fraude

Tres organizaciones de defensa de los consumidores financieros han advertido al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, de que el proyecto de euro digital impulsado por la Unión Europea no contempla, por ahora, un sistema de protección frente al fraude equiparable al de otros medios de pago privados. La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la organización europea de consumidores BEUC han alertado del riesgo de que un diseño inadecuado de esta nueva forma de dinero público deje a los usuarios sin garantías suficientes de reembolso en caso de fraude. Las entidades consideran que, si no se incorpora esta protección, el euro digital podría quedar limitado principalmente a los pagos entre particulares y tener dificultades para extenderse a las operaciones comerciales. Las asociaciones también han trasladado sus preocupaciones al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. La advertencia se produce en una fase decisiva de las negociaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo para definir las características de la nueva moneda. Según las organizaciones, el proyecto no incluye un mecanismo de devolución del dinero en caso de fraude comparable al que ofrecen las tarjetas de crédito y otros sistemas privados, lo que supondría un nivel de protección inferior para los consumidores. Las asociaciones cuestionan especialmente la posición del Consejo Europeo, ya que consideran que traslada a los usuarios una parte excesiva de las pérdidas derivadas de operaciones fraudulentas o de conflictos con terceros, como sucede al comprar por internet. Según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y del Banco Central Europeo (BCE) citados por las entidades, los consumidores soportan actualmente alrededor del 35% de las pérdidas por fraude en los pagos con tarjeta. En el caso del euro digital, la aplicación de las normas de la Directiva de Servicios de Pago dejaría fuera determinadas reclamaciones comerciales relacionadas con productos defectuosos, pedidos que nunca llegan a su destino o fraudes vinculados a las compras. A juicio de las organizaciones, esta limitación reduciría la utilidad práctica de la nueva moneda y podría dificultar que los ciudadanos la adoptaran como alternativa habitual para sus transacciones. Las entidades también alertan de un posible perjuicio para la imagen del proyecto europeo si los usuarios perciben que el euro digital ofrece menos garantías que los sistemas de pago ya existentes. Esta situación podría debilitar su capacidad para competir con redes internacionales como Visa y Mastercard, precisamente cuando las instituciones comunitarias y el BCE defienden la necesidad de desarrollar una infraestructura de pagos propia que refuerce la autonomía financiera de Europa. La posibilidad de establecer un mecanismo de reembolso constituye uno de los principales puntos de discusión en la configuración de la moneda digital. El Parlamento Europeo ya ha planteado en el artículo 27 del reglamento del euro digital una protección de los usuarios equiparable a la que ofrecen los sistemas internacionales de tarjetas. Las asociaciones reclaman que esta garantía se incorpore al diseño definitivo para asegurar que la nueva forma de dinero público resulte competitiva y genere confianza entre los consumidores.

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(El Mundo, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprobará 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de dos reales decretos para crear 700 nuevas plazas de jueces y fiscales en 2027. De ellas, 500 corresponderán a la carrera judicial, lo que permitirá ampliar la planta judicial un 7,8%, mientras que las 200 restantes se incorporarán al Ministerio Fiscal, cuya plantilla aumentará un 6,6%. La medida da continuidad a la política de refuerzo de los efectivos judiciales y fiscales impulsada por el Gobierno y forma parte del proceso de transformación de la Justicia promovido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta estrategia combina cambios procesales y organizativos con la digitalización para mejorar la capacidad de respuesta del servicio público ante las necesidades actuales y futuras. De las 500 nuevas plazas judiciales, 172 se destinarán a la jurisdicción civil, con 102 para los tribunales de instancia y 70 para las audiencias provinciales. La jurisdicción social contará con 109 nuevos puestos y la penal, con 69. Además, se crearán 87 plazas para reforzar órganos mixtos de audiencias provinciales y tribunales de instancia en provincias y localidades de menor tamaño, junto con otras 42 de adscripción territorial, que podrán trasladarse en función de la evolución de las cargas de trabajo. El plan incluye también 11 plazas para las secciones de Violencia sobre la Mujer y seis para las especializadas en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. En el caso de la violencia machista, el Gobierno destaca el avance de la especialización durante la legislatura, con un incremento del 55,4% de las plazas, que han pasado de 121 a 188. Por primera vez, se crearán ocho plazas para presidencias liberadas de tribunales de instancia, destinadas exclusivamente a coordinar la organización de estos órganos, unificar criterios y mejorar su funcionamiento. Este modelo, implantado ya en las principales ciudades españolas, se extenderá a Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid. Asimismo, la Audiencia Nacional incorporará cuatro nuevas plazas. Por comunidades autónomas, Andalucía y Catalunya recibirán 94 plazas judiciales cada una, seguidas de Madrid, con 74, y la Comunitat Valenciana, con 53. La distribución responde a las necesidades de refuerzo identificadas en cada territorio. Las 200 nuevas plazas fiscales se repartirán entre las comunidades autónomas y los órganos centrales. Catalunya contará con 47 nuevos fiscales, un aumento del 9,9% de su plantilla, mientras que Andalucía incorporará 31, con un crecimiento del 5,6%, y Madrid sumará 26, un 6,9% más. En términos porcentuales, Canarias registrará el mayor incremento, con 13 nuevas plazas, que elevarán sus efectivos un 8,9%. La asignación de los nuevos puestos se ha realizado atendiendo a criterios como la carga de trabajo, el volumen de litigios y la población. El Ministerio trasladará la propuesta al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de Justicia para recabar sus observaciones y propuestas.

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(El Economista, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El FMI alerta del gran riesgo: los países se quedan sin munición para afrontar la próxima crisis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que el elevado endeudamiento público y la persistencia de los déficits presupuestarios están aumentando la vulnerabilidad de los mercados financieros internacionales ante posibles subidas de los tipos de interés. El organismo ya anticipó en su Monitor Fiscal de abril que la deuda pública mundial alcanzaría el 100% del PIB en 2030, un nivel que no se registra desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Además, prevé que el déficit global se sitúe en el 3,3% del PIB este año. En su último informe sobre estabilidad financiera, el FMI alerta de que el endeudamiento acumulado, las presiones inflacionistas y las crecientes necesidades de financiación de los gobiernos pueden desencadenar episodios de inestabilidad en los mercados de deuda soberana. La situación resulta especialmente delicada porque los Estados disponen de un margen fiscal limitado y las políticas monetarias tienen menos capacidad de respuesta que en crisis anteriores. Según el organismo, los riesgos asociados a la elevada deuda y a su refinanciación siguen sin resolverse, lo que aumenta la posibilidad de que las rentabilidades de los bonos experimenten subidas bruscas. Los expertos del FMI Era Dabla-Norris y Rodrigo Valdés explican que, cuando el endeudamiento público ya es elevado, el aumento de los tipos de interés agrava tanto el déficit presupuestario como el volumen de deuda. Entre los factores que están impulsando al alza los rendimientos de los bonos de las economías avanzadas figuran el encarecimiento del petróleo, la persistencia de la inflación, las mayores necesidades de inversión y las expectativas de crecimiento futuro relacionadas con la inteligencia artificial. Esta presión ya se refleja en los mercados. Entre febrero y septiembre, la rentabilidad media de los bonos públicos a diez años de los países del G7 aumentó más de un punto porcentual, hasta alcanzar su nivel más elevado en dos décadas. El encarecimiento de la financiación coincide con un periodo en el que los gobiernos deben hacer frente a importantes obligaciones acumuladas. El FMI calcula que el coste medio de financiación de los países de renta alta pasará del 2,3% registrado en 2021 al 3,7% en 2031. El aumento de los intereses de la deuda supone una carga cada vez mayor para las cuentas públicas y reduce los recursos disponibles para otras políticas. Según los expertos del organismo, esta situación limita la capacidad de los gobiernos para financiar inversiones públicas y mantener el gasto social, al tener que destinar una proporción creciente de sus ingresos al pago de los compromisos financieros. El FMI también alerta de que la evolución del déficit mundial no es compatible con la estabilización de la deuda. Aunque prevé que se sitúe en el 3,3% del PIB global este año, considera que debería reducirse al 2,6% para estabilizar la ratio de endeudamiento. La diferencia entre ambas cifras es de siete décimas del PIB mundial. Además, dado que la deuda continuará aumentando, el organismo considera necesario aplicar ajustes adicionales de magnitud similar en los próximos ejercicios. La consolidación fiscal, sin embargo, deberá llevarse a cabo en un contexto de crecientes necesidades de gasto. Los gobiernos afrontan presiones para incrementar la inversión en defensa y seguridad energética, además de asumir los costes derivados del envejecimiento de la población y el aumento de los pagos por intereses. Esta combinación dificulta la reducción de los déficits y obliga a establecer prioridades presupuestarias. Ante este escenario, el FMI insta a los países a mejorar su saldo primario -la diferencia entre ingresos y gastos públicos antes del pago de intereses- para contener el crecimiento de la deuda y evitar que alcance niveles insostenibles. El organismo también advierte de que aplazar las medidas de ajuste puede agravar las dificultades futuras y obligar a aplicar correcciones más severas.

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(Expansión, 13-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa encara el invierno con las reservas de gas bajo mínimos y los precios en máximos

Las reservas de gas de Europa se encuentran al 73% de su capacidad, unos 15 puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos cinco años. La situación genera preocupación ante la llegada del invierno, especialmente por las dificultades para recibir suministros a través del estrecho de Ormuz. A esta incertidumbre se suma el encarecimiento del combustible: el precio de referencia del gas europeo alcanza los 80,4 euros por megavatio-hora, el doble que en junio y su nivel más alto desde el invierno de 2022. Desde el inicio de la guerra de Ucrania y la interrupción del suministro ruso, la política energética europea se ha centrado en garantizar las reservas suficientes para afrontar los meses de mayor consumo sin tener que recurrir a cortes de calefacción o interrupciones de la actividad industrial. Para ello, Bruselas estableció como objetivo alcanzar el 90% de almacenamiento antes del 1 de noviembre. Sin embargo, este año la meta parece más difícil de cumplir, ya que los inventarios se encuentran en su nivel más bajo para estas fechas desde 2011. Las temperaturas más frías registradas durante octubre en distintas zonas del continente también están impulsando la demanda, lo que dificulta seguir acumulando reservas. La preocupación aumenta porque Europa consume habitualmente, entre noviembre y marzo, una cantidad de gas equivalente a aproximadamente la mitad de la capacidad total de sus almacenes. Partir de unos niveles inferiores a los habituales reduce el margen disponible para afrontar episodios de frío intenso. Además, el almacenamiento está distribuido de manera desigual entre los países. Polonia cuenta con reservas equivalentes al 99,1% de su capacidad, seguida de Italia, con el 88,3%; Francia, con el 86,1%, y España, con el 76,3%. En cambio, Alemania, Países Bajos y varios países de Europa oriental apenas superan el 50%, lo que aumenta el riesgo de dificultades de suministro en determinadas regiones. La distribución desigual del gas almacenado supone un desafío añadido para la seguridad energética europea. Las limitaciones de las infraestructuras dificultan trasladar el combustible desde los países mejor abastecidos hacia aquellos que disponen de menos reservas. En particular, algunos gasoductos que transportaban gas ruso hacia Europa central no están preparados para funcionar en sentido inverso. Por tanto, el volumen conjunto de las reservas no garantiza que todos los Estados miembros puedan cubrir sus necesidades durante el invierno. El encarecimiento del gas agrava el escenario. El contrato de referencia TTF, negociado en el mercado neerlandés, se sitúa en 80,4 euros por megavatio-hora, aproximadamente el doble que en junio. Si las dificultades de tránsito por el estrecho de Ormuz se prolongan, Europa podría tener que afrontar simultáneamente problemas de abastecimiento y unos costes energéticos más elevados, con consecuencias para los hogares y las empresas. Ante esta situación, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que reduzcan el consumo de gas y electricidad durante el invierno. A finales de septiembre, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, advirtió en una carta a los Gobiernos de que los niveles de almacenamiento eran excepcionalmente bajos y alertó de una crisis de precios vinculada a las dificultades de suministro. Bruselas plantea recuperar medidas similares a las aplicadas durante la crisis energética de 2022, cuando el gas llegó a superar los 300 euros por megavatio-hora. Entre las recomendaciones figuran reducir el consumo eléctrico durante las horas punta, trasladar parte de la demanda a las horas de menor consumo mediante contadores inteligentes y tarifas variables, limitar la calefacción en los edificios públicos, restringir los sistemas de calefacción exterior y apagar durante la noche el alumbrado no esencial. Por el momento, se trata de propuestas dirigidas a los Estados miembros, sin cuotas obligatorias de ahorro ni plazos concretos para cada país. El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero considera que Europa debería reducir su demanda energética un 7% durante el invierno para afrontar la temporada con mayores garantías. Según este organismo independiente, intentar compensar la falta de reservas mediante importaciones adicionales, en lugar de moderar el consumo, resultaría especialmente costoso, dado que los precios se encuentran muy por encima de los registrados en años anteriores. El escenario plantea tres riesgos principales. El más grave, aunque menos probable, sería la necesidad de interrumpir el suministro a los consumidores domésticos, incluida la calefacción. Un segundo riesgo, considerado más probable, sería la reducción del consumo industrial, con efectos negativos sobre la producción, el empleo y las exportaciones. En España, Red Eléctrica ya ha recurrido diez veces en lo que va de año a interrupciones del suministro para consumidores industriales acogidos a mecanismos de desconexión, con el objetivo de preservar la estabilidad de la red. El tercer riesgo es que la escasez de reservas y las dificultades de abastecimiento mantengan la presión alcista sobre los precios a medida que avance el invierno. El encarecimiento de la energía también amenaza la competitividad de la industria europea y puede trasladarse progresivamente al precio de los bienes y servicios. Los bienes industriales no energéticos de la zona euro ya han registrado una aceleración de cuatro décimas entre junio y septiembre, hasta el 11%, una evolución que podría intensificarse si persisten las tensiones energéticas. Esta presión inflacionista añadiría dificultades al Banco Central Europeo, al aumentar el riesgo de nuevas subidas de los tipos de interés, lo que podría frenar la inversión y limitar el crecimiento económico.

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(Expansión, 13-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas exigirá diversificación a las empresas para blindarse de China

La Comisión Europea intensifica sus esfuerzos para reequilibrar las relaciones comerciales con China. Ante un déficit comercial que supera los 1.000 millones de euros diarios frente al gigante asiático, Bruselas busca reducir la dependencia de las empresas europeas y reforzar la protección de sus cadenas de suministro frente a posibles crisis. Con este propósito, el Ejecutivo comunitario prepara la iniciativa Diversify EU, que establecerá nuevas exigencias para que las compañías diversifiquen sus proveedores y dispongan de cadenas de valor más sólidas y flexibles ante el aumento de las tensiones geopolíticas. Desde la Comisión advierten de que algunas empresas no están identificando determinados riesgos o no están reaccionando con suficiente rapidez, por lo que consideran necesario acelerar los procesos de diversificación y reducción de dependencias. Aunque la propuesta continúa en fase de elaboración, una de las posibilidades que se barajan es exigir a las empresas que operan en sectores estratégicos que cuenten con al menos dos proveedores. La medida tendrá un alcance general y no estará dirigida exclusivamente a China, si bien el gigante asiático concentra buena parte de las dependencias comerciales europeas debido a sus precios competitivos y a su posición en determinadas cadenas de producción. Bruselas pretende, además, que las nuevas obligaciones sean lo más sencillas posible para evitar que las empresas tengan que asumir una carga burocrática excesiva. El objetivo es prevenir situaciones como la vivida el pasado otoño, cuando China interrumpió las exportaciones de tierras raras y otras materias primas esenciales, incluidos los imanes, en un contexto de crecientes tensiones internacionales. La industria automovilística europea alertó entonces del riesgo de tener que paralizar parte de su actividad si no se restablecía el suministro de estos materiales. La Comisión Europea reconoce que reforzar la seguridad económica puede suponer costes adicionales para las empresas, que podrían verse obligadas a renunciar a algunos de los proveedores más baratos o a oportunidades de inversión más rentables. Para compensar este impacto, el Ejecutivo comunitario estudia acompañar Diversify EU de un mecanismo de solidaridad que permita ofrecer apoyo colectivo a los Estados miembros, sectores industriales o regiones afectados por prácticas comerciales desleales o por la obligación de reducir dependencias consideradas excesivas. La intención es articular una respuesta coordinada de la Unión Europea frente a las perturbaciones y presiones económicas procedentes del exterior. En este marco, Bruselas ya había planteado recurrir al Banco Europeo de Inversiones y a otras entidades de desarrollo para facilitar financiación en condiciones más favorables a las empresas que decidieran reducir activamente su dependencia de proveedores extranjeros, especialmente en sectores estratégicos. También se había abierto la puerta a conceder ayudas directas cuando la viabilidad financiera de las compañías estuviera en peligro. Por el momento, la Comisión no ha concretado cómo se materializará este instrumento de solidaridad. Tanto esta iniciativa como Diversify EU se presentarán durante las primeras semanas de diciembre, con la intención de que los líderes europeos puedan examinarlas en la cumbre del Consejo Europeo prevista para ese mes. La reunión también servirá para analizar el acuerdo alcanzado con China para limitar las exportaciones de vehículos híbridos al mercado comunitario, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de diciembre. Además, los dirigentes europeos debatirán la posibilidad de desarrollar nuevas herramientas para contrarrestar las dependencias comerciales respecto al gigante asiático, entre ellas mecanismos que permitan restringir el acceso de productos chinos al mercado europeo cuando se detecten casos de coacción económica. En paralelo, la Unión Europea ha fijado un límite de 350.000 vehículos híbridos chinos para el próximo año, según las cifras difundidas por la Comisión Europea tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes. La cuota pretende contener las exportaciones que están presionando a la industria automovilística europea. Una vez alcanzado ese volumen, las autoridades aduaneras impedirán la entrada de nuevos envíos al mercado único.

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(El País, 13-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno admite un papel “muy activo” en la planificación estratégica de las empresas de la SEPI

El Gobierno admite que participa "de manera muy activa en la planificación estratégica de las compañías pertenecientes al holding público, tanto mayoritarias como minoritarias". En una contestación parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 22 de septiembre, el Ejecutivo subraya la importancia de aportar directrices de modernización industrial en esas empresas, ofreciendo una descripción detallada de la función que el Estado desempeña en las corporaciones encuadradas en sectores de carácter estratégico, como las telecomunicaciones, la defensa o la energía. La respuesta responde a una iniciativa de control escrita formulada en julio por los diputados del grupo parlamentario Vox Emilio Jesús Del Valle, Jacobo González-Robatto, Andrés Alberto Rodríguez y Pablo Sáez Alonso-Muñumer. Los parlamentarios solicitaban precisiones sobre la permanencia de la SEPI en el capital social de compañías controladas por el Estado dentro del Ibex 35, así como información sobre[ los ex miembros del Gobierno o ex altos cargos integrados en sus consejos de administración. En su contestación, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes detalla que el objetivo central del holding público adscrito al Ministerio de Hacienda estriba en "fijar la estrategia y la planificación de las empresas del sector público empresarial de las que es accionista mayoritario", así como en "fijar los criterios para la gestión de las participaciones en las compañías privadas de la que es accionista minoritario, siempre conforme al interés público". Al fundamentar la presencia del accionista público en estas sociedades, el texto gubernamental expone que la participación de la SEPI "responde a una visión de largo plazo, con un carácter estable en dichos sectores". Según la doctrina recogida en el documento oficial, la presencia estatal tanto en empresas públicas como en privadas "permite fortalecer la resiliencia del tejido productivo, proporcionando a las empresas mayor estabilidad frente a las crisis que se puedan dar en el tiempo". Del mismo modo, la contestación añade que esta posición institucional busca "impulsar la inversión, especialmente la inversión tecnológica en los sectores estratégicos, y así favorecer la adaptación de las empresas participadas a los desafíos tecnológicos", haciendo referencia explícita a ramas como "defensa, energía, telecomunicaciones, transporte, agricultura, sector aeroespacial, el sector postal, etc.". En ocasiones previas, ante procesos de relevo en la alta dirección o debates de gobernanza en multinacionales como Telefónica e Indra, la postura pública del Ejecutivo tendía a desvincular a la administración de las decisiones operativas internas, situándolas en el ámbito exclusivo de la autonomía de los consejos de administración. Con esta contestación por escrito, el Gobierno formaliza en un documento oficial su rol como participante activo en la orientación general y los criterios de gestión de las empresas en las que mantiene participación. La divulgación de esta contestación adquiere relevancia en el escenario político actual, marcado por la proximidad de las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre. De hecho, desde el ámbito de la oposición, la política accionarial desarrollada a través de la SEPI ha sido objeto de constantes iniciativas parlamentarias. El grupo parlamentario Vox, por ejemplo, ha cuestionado de forma reiterada la ampliación del peso estatal en el accionariado de cotizadas, argumentando que la presencia pública distorsiona el funcionamiento de los mercados y los principios de gobernanza privada. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la "despolitización" del Ibex 35 entre las prioridades de su programa económico, planteando la revisión del papel de la SEPI y la preservación de la autonomía directiva en firmas como Telefónica, Indra, Redeia, Enagás o Aena ante un hipotético cambio de ciclo político. De este modo, la respuesta parlamentaria del Gobierno explicita la posición del Ejecutivo sobre el papel del Estado en la economía, definiéndolo también como un agente tractor de la inversión tecnológica en sectores considerados de interés estratégico. Esta visión de tutela pública se sitúa en el centro del debate frente a los planteamientos que abogan por reducir la huella estatal en el ámbito corporativo y otorgar mayor protagonismo a la iniciativa privada.

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(La Vanguardia, 13-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal Supremo deja sin voto a los nacionalizados por la instrucción de la "ley de nietos"

  La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado y ha confirmado la suspensión de los efectos electorales de las personas que adquirieron la nacionalidad española por opción al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la ley de nietos. En el auto, del que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez Rodríguez, la mayoría de la Sala considera que esta medida es necesaria para garantizar la transparencia y la fiabilidad del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El origen de la controversia está en la aplicación de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que estableció presunciones de exilio para facilitar la adquisición de la nacionalidad española de origen. La repercusión de este procedimiento en la composición del censo electoral ha sido objeto de impugnación ante los tribunales. La Abogacía del Estado alegó que se había producido un exceso de jurisdicción al cuestionarse indirectamente una instrucción administrativa firme. También sostuvo que, tras la convocatoria de elecciones generales mediante el Real Decreto 806/2026, resultaba técnicamente inviable revisar y clasificar individualmente los expedientes tramitados por los consulados. Sin embargo, la mayoría del Tribunal Supremo entiende que la falta de información que permita seguir la trazabilidad de las inscripciones genera dudas sobre la regularidad del censo. Por ello, considera que debe prevalecer el interés general en garantizar la limpieza del proceso electoral frente a las dificultades operativas expuestas por la Administración. La magistrada María Alicia Millán Herrandis expresó su discrepancia mediante un voto particular, en el que defendió que el recurso del Estado debía haberse estimado y que las medidas cautelares tenían que levantarse. A su juicio, el incidente cautelar no puede servir para modificar el objeto del procedimiento principal ni para extender las restricciones a actos administrativos que no forman parte del recurso contencioso-administrativo. Asimismo, considera que la disolución anticipada de las Cortes Generales y la convocatoria inmediata de elecciones constituyeron circunstancias sobrevenidas que modificaron sustancialmente la ponderación de los intereses en juego. El voto particular también recuerda que las concesiones de nacionalidad inscritas en el Registro Civil mantienen su plena validez jurídica mientras no hayan sido anuladas ni declaradas ineficaces. En este contexto, la magistrada advierte de que impedir votar a los ciudadanos en unos comicios ya convocados ocasiona un perjuicio irreparable, dado que una sentencia posterior no puede restituir el ejercicio del derecho de sufragio en una convocatoria electoral concreta. Por estos motivos, concluye que el derecho fundamental al voto debería haber prevalecido sobre el mantenimiento de una suspensión provisional mientras continúa pendiente la resolución definitiva de la controversia.

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