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(Expansión, 21-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Economía cederá a contrarreloj el control de opas al Banco de España

Tras el fracaso de la opa de BBVA sobre Sabadell, el Gobierno prevé impulsar "en las próximas semanas" la transferencia del control sobre las fusiones bancarias al supervisor financiero, tal como exige Bruselas, que había fijado el 11 de enero como fecha límite para tener la medida lista. Después de que se frustrara la opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell, el Ejecutivo se dispone a renunciar a su poder de veto en este tipo de operaciones. El traspaso de competencias al supervisor financiero responde a una directiva europea de 2024, de carácter obligatorio para los países miembros, cuyo cumplimiento debe completarse antes de enero de 2026. El Gobierno había esperado la resolución de la primera opa hostil en la banca española en cuatro décadas -a la que se opuso firmemente- antes de avanzar en la adaptación de la norma. Ahora asegura que iniciará la transposición de la directiva europea "en las próximas semanas", en una carrera contrarreloj para evitar una sanción comunitaria por incumplimiento del plazo. La directiva en cuestión es la sexta normativa europea sobre requisitos de capital bancario (CRD VI), que incorpora las últimas reglas de Basilea III. Este texto establece que los supervisores financieros deben disponer de todas las facultades necesarias para actuar en operaciones relevantes de las entidades, incluidas adquisiciones, transferencias de activos o pasivos, y procesos de fusión o escisión. Una vez adaptada la legislación española, el control de las opas recaerá en el Banco de España o, en el caso de entidades sistémicas como BBVA, directamente en el Banco Central Europeo. Aunque la norma europea quedó lista para su transposición en junio de 2024, apenas unas semanas después del lanzamiento de la opa, el Gobierno ha esperado hasta ahora para ponerla en marcha, pese a contar con 18 meses de margen. Fuentes del Ministerio de Economía confirman que, si bien "se sigue trabajando" en la redacción del texto, "en las próximas semanas se espera poder llevarlo en primera vuelta al Consejo de Ministros". Es decir, se aprobará un anteproyecto de ley que se someterá a audiencia pública antes de remitirlo a las Cortes para su tramitación urgente. Sin embargo, los plazos ajustados y la falta de mayoría parlamentaria hacen prever dificultades para cumplir con el mandato europeo antes del 11 de enero de 2026, lo que podría acarrear una multa. Las amplias atribuciones de control y veto que actualmente conserva el Ministerio de Economía proceden de la Ley de Solvencia de 2014, y han sido duramente cuestionadas por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho, Bruselas abrió en julio un expediente a España por interferir en la opa de BBVA sobre Sabadell, argumentando que las normas nacionales otorgan al Gobierno "poderes ilimitados" para intervenir en fusiones bancarias, contraviniendo las competencias exclusivas del BCE y de los supervisores nacionales según la legislación comunitaria. Por su parte, el FMI lleva desde 2017 instando a los gobiernos españoles, tanto de Mariano Rajoy como de Pedro Sánchez, a reformar esta normativa y eliminar la capacidad del Ejecutivo para decidir sobre fusiones bancarias. En su último informe, el organismo destacó que la directiva CRD VI busca precisamente armonizar este aspecto dentro de la Unión Europea, lo que obligará a España a modificar su legislación. El Gobierno, que ha utilizado sus prerrogativas para retrasar e imponer condiciones a la opa de BBVA -una operación incómoda para sus socios independentistas catalanes-, exigió, entre otras medidas, que la entidad mantuviera durante al menos tres años (prorrogables a cinco) la marca y la identidad de Banco Sabadell. Aun así, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que la regulación española "es plenamente compatible con la europea" y que "en ningún momento se ha bloqueado la operación". Habrá que analizar con detalle el texto definitivo de la transposición para comprobar hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a ceder el control de estas operaciones al supervisor financiero.

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(Expansión, 21-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

CNMC y eléctricas se lavan las manos ante más apagones

El problema del apagón se ha convertido en un ejemplo típico de conflicto a la española: todos reconocen que podría repetirse, pero cada parte se dedica a culpar a los demás. Este lunes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó únicamente una parte de las medidas solicitadas por Red Eléctrica hace unos días, tras detectar "variaciones de tensión" en la red durante las últimas semanas. Según la resolución, Red Eléctrica -la empresa que gestiona el sistema eléctrico, perteneciente al grupo Redeia- actuó con urgencia, sin margen suficiente para que las medidas pudieran aplicarse de manera efectiva. Además, el expediente señala que las grandes compañías eléctricas, como Iberdrola, Endesa y Naturgy, carecen actualmente de la tecnología necesaria para cumplir con lo solicitado. En este contexto, cada actor se defiende trasladando la responsabilidad al otro. La CNMC no menciona que Redeia lleva dos años reclamando medidas para evitar este tipo de fallos, aunque hasta ahora no había pedido que se adoptaran con urgencia. Por su parte, las eléctricas, que culparon a Redeia del apagón del pasado 28 de abril, admiten ahora no disponer de sistemas tecnológicos que eviten este tipo de incidentes. Según la CNMC, las alteraciones anómalas de tensión comenzaron a registrarse a mediados de septiembre, aunque las medidas para prevenir nuevos apagones se han aprobado un mes más tarde, y solo parcialmente. En su resolución, la CNMC detalla: "Con fecha de 29 de septiembre de 2025, el operador del sistema [Red Eléctrica] comunicó la detección en las dos semanas anteriores [mediados de agosto] de variaciones de tensión en el sistema eléctrico peninsular, originadas probablemente por cambios bruscos de programa, con posible impacto en la seguridad del suministro" (expediente DCOOR/DE/008/25). ¿Y qué medidas se han planteado exactamente? Redeia propuso modificar el procedimiento operativo del sistema eléctrico 7.4 (PO 7.4), con el fin de obligar a todas las instalaciones convencionales -centrales nucleares, de gas o hidráulicas- a estar disponibles de manera automática cuando se las necesite. Estas plantas pueden generar energía de forma constante y también absorber el exceso de electricidad en caso de sobretensión, algo que las energías renovables aún no pueden hacer y que, de hecho, está en el origen de muchas de las fluctuaciones detectadas. En la práctica, la medida implicaba intervenir unas 200 centrales para mantenerlas operativas al margen del mercado. Sin embargo, la CNMC ha optado por no aprobar esta propuesta y ha aprobado, en su lugar, otras acciones que suponen un nuevo revés para Redeia, profundizando el enfrentamiento entre ambas entidades. Ahora, la gestora de la red deberá ofrecer más información detallada sobre su programa de operación -uno de los puntos que las eléctricas habían criticado-. Las nuevas medidas se aplicarán inicialmente durante 30 días, prorrogables hasta un máximo de tres meses, y deberán ir acompañadas de "un plan de trabajo para desarrollar acciones adicionales". Aun así, ninguna de las partes ha aclarado si los problemas de tensión en la red eléctrica persisten o se han resuelto.

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(El País, 21-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La ciudadanía percibe la vivienda como principal fuente de desigualdad en España

La economía española avanza a un ritmo tres veces superior al promedio de la eurozona, pero ese crecimiento no se refleja con la misma intensidad en la vida cotidiana. Mientras la crisis de la vivienda continúa siendo una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía -que la percibe como la principal fuente de desigualdad-, la mayoría no confía en que la situación mejore a corto plazo. De hecho, el 52% de los españoles considera que el ascensor social está averiado y que las oportunidades de progreso dependen más del origen familiar que del esfuerzo o los méritos personales, según la encuesta Vivir la desigualdad publicada por Oxfam Intermón. Estos resultados vuelven a evidenciar el desajuste entre la percepción social y los indicadores macroeconómicos. Aunque España lidera el crecimiento entre las grandes economías desarrolladas gracias al impulso del empleo y al aumento de la población, que se acerca ya a los 50 millones de habitantes por el efecto de la inmigración, el sentimiento económico sigue siendo pesimista. Así lo confirma también el Termómetro 5D de 40dB. para CincoDías y EL PAÍS, publicado recientemente. La razón es que los datos agregados no reflejan la realidad de todos los grupos sociales. Los más pesimistas son las mujeres, los jóvenes, las personas racializadas y los hogares con menos ingresos, colectivos más expuestos a la precariedad laboral, los salarios bajos y la falta de ahorros. El problema de la vivienda merece una mención aparte. La oferta es insuficiente para una población en crecimiento y los precios han alcanzado niveles máximos desde la burbuja inmobiliaria, lo que ha convertido el mercado en un cuello de botella. Casi la mitad de los encuestados (45%) afirma verse afectada por esta crisis, y entre los inquilinos, el malestar es aún mayor: el 73% dice sentirse directamente perjudicado, frente al 33% de los propietarios. Además, menos del 15% de quienes no tienen vivienda en propiedad confía en poder comprar una en el futuro. "En un país donde más del 60% de quienes no poseen vivienda cree que nunca podrá acceder a una, la desigualdad se ha convertido en una realidad estructural y cotidiana", señala Ernesto García López, coordinador del estudio, que se basa en 4.000 entrevistas centradas en las principales causas de la desigualdad. La situación económica doméstica es otro foco de preocupación. Según los encuestados, el nivel de ingresos es la segunda gran fuente de desigualdad -solo por detrás de la vivienda-, con una puntuación media de 7,2 sobre 10. Tres de cada diez personas dicen que sus rentas no les permiten vivir dignamente, un 40% no puede permitirse unas vacaciones de una semana al año y otro 40% carece de ahorros para cubrir un gasto imprevisto de más de 600 euros. Una de cada cuatro personas ha tenido que pedir ayuda económica a familiares o amigos. Los grupos más afectados vuelven a ser mujeres, jóvenes y personas racializadas. El estudio también revela que una parte importante de la población renuncia a servicios esenciales por motivos económicos. Una de cada cuatro personas evita acudir al dentista y más de la mitad (52%) ha interrumpido su formación por falta de recursos. El 79% de los ciudadanos considera que España es un país desigual, aunque esta percepción mejora ligeramente respecto a 2023 (tres puntos menos). Aun así, seis de cada diez creen que la situación puede revertirse si se aplican las políticas adecuadas. Entre las prioridades señaladas, el acceso a la vivienda encabeza la lista, con más del 40% de las respuestas, cinco puntos más que en la edición anterior. En segundo lugar, los encuestados demandan mejores salarios y empleos de mayor calidad (37,8%), aunque esta cifra ha descendido notablemente frente al 46% registrado en 2023, reflejando la mejora del empleo y la moderación de la inflación. En tercer y cuarto lugar se sitúan el acceso a la sanidad y la educación pública. Finalmente, cuatro de cada diez españoles culpan a las Administraciones públicas del mantenimiento de las desigualdades, seguidas por los partidos políticos y las grandes empresas. Más de la mitad considera que el Estado tiene la mayor capacidad para reducirlas, pero el 73% cree que el sistema fiscal no redistribuye la riqueza de forma justa, y seis de cada diez opinan que los más ricos y las grandes corporaciones pagan menos impuestos de los que les correspondería.

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(El Economista, 21-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Más de un tercio de los alquileres en España superan los 1.500 euros mensuales

Más de un tercio de las viviendas en alquiler en España ya superan los 1.500 euros mensuales. En concreto, el 37% del parque arrendado se sitúa por encima de esa cifra, lo que lo convierte en el tramo más numeroso del mercado, según un informe del portal inmobiliario pisos.com. Le siguen las viviendas con rentas entre 700 y 1.000 euros, que representan el 27%, y las que oscilan entre 1.000 y 1.500 euros, con un 24%. Solo el 12% de los inmuebles en alquiler tiene un precio inferior a los 700 euros al mes, lo que, de acuerdo con el estudio, refleja "la escasez de oferta en el segmento más asequible del mercado". Por comunidades autónomas, Islas Baleares lidera la clasificación de precios más altos: el 86% de las viviendas en alquiler supera los 1.500 euros mensuales. La presión turística y la fuerte demanda de alquiler vacacional han elevado los precios hasta niveles "prácticamente inalcanzables para las rentas medias", señala el informe. En el archipiélago, no existen alquileres por debajo de los 700 euros, y solo el 2% se sitúa entre 700 y 1.000 euros. Le siguen Cataluña, donde el 68% de los inmuebles cuesta más de 1.500 euros, con apenas un 3% por debajo de los 700 euros y un 8% entre 700 y 1.000 euros. En la Comunidad de Madrid, el 62% de las viviendas supera los 1.500 euros, y tampoco hay oferta por debajo de los 700 euros, mientras que solo el 7% se sitúa entre 700 y 1.000 euros. Estos tres territorios -Baleares, Cataluña y Madrid- se consolidan así como los mercados más inaccesibles de España, según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, quien advierte que "la falta de oferta asequible en estas zonas está dificultando el acceso a la vivienda para la población local, especialmente jóvenes y familias con ingresos medios". Aunque Baleares es la región con mayor proporción de alquileres superiores a 1.500 euros, Madrid es la comunidad con el precio por metro cuadrado más alto, alcanzando los 21,47 euros. En Baleares el precio medio se sitúa en 18,51 euros, y en Cataluña, en 15,97 euros por metro cuadrado. En el extremo opuesto se encuentran Extremadura, donde el 56% de las viviendas cuesta menos de 700 euros al mes y solo el 2% supera los 1.500 euros, y Castilla-La Mancha, con un 28% de pisos por debajo de 700 euros y también apenas un 2% por encima de los 1.500. La Rioja registra el precio por metro cuadrado más bajo del país, con 5,81 euros, seguida de Castilla y León (6,33 euros) y Extremadura (6,49 euros). Font subraya que "la brecha entre las provincias costeras y turísticas y las del interior es cada vez mayor": mientras Baleares, Barcelona, Madrid y Málaga concentran más de la mitad de su oferta en el tramo superior a 1.500 euros, provincias del interior como Jaén, Zamora, Badajoz, Ciudad Real y Teruel conservan una oferta abundante por debajo de los 700 euros mensuales. Esta tendencia también se refleja en las capitales de provincia, donde las grandes urbes y los destinos turísticos muestran precios muy elevados frente a ciudades interiores mucho más asequibles. Según Font, esta disparidad "está condicionando de manera creciente las decisiones de movilidad geográfica de los españoles".

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(Cinco Días, 20-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Instituto Mundial de Cajas de Ahorros impulsa el compromiso social de las cajas de ahorro y bancos minoristas

El Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI, por sus siglas en inglés) ha aumentado hasta los 4.000 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros) los fondos destinados a proyectos sociales y filantrópicos. El anuncio se realizó durante su 4º Consejo Social y Filantrópico, celebrado esta semana en Washington, donde su presidente, Isidro Fainé, expresó su agradecimiento a las entidades miembros por su compromiso con la labor social e instó a seguir fortaleciendo estas iniciativas "en un contexto económico global caracterizado por tensiones comerciales, inestabilidad geopolítica y desequilibrios estructurales". Fainé, que también preside la Fundación "la Caixa" y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), destacó que, pese a los desafíos actuales, "existen señales esperanzadoras, como una mayor cooperación internacional, medidas fiscales orientadas a sostener el crecimiento y avances tecnológicos que mejoran la competitividad". Según explicó la organización en un comunicado, los recursos sociales del WSBI se destinan a programas para reducir la pobreza, fomentar el emprendimiento juvenil y femenino, apoyar a las personas mayores y promover la sostenibilidad ambiental. En total, el WSBI agrupa a más de 6.400 cajas de ahorros y bancos minoristas en 78 países. Durante las reuniones, que coincidieron con la 34ª Asamblea General del organismo, se presentó un nuevo proyecto destinado a mejorar la calidad de vida de las agricultoras en Nigeria, desarrollado bajo las directrices del programa WE-Fi-Code (Women Entrepreneurs Finance Initiative Code) del Banco Mundial, en colaboración con la Fundación Visa Internacional y la Fundación "la Caixa". Asimismo, se dio a conocer una iniciativa impulsada por Banco Montepino, el Campamento de Innovación Social de Junior Achievement Portugal, que busca inspirar a mujeres jóvenes de entre 15 y 18 años a desarrollar proyectos de emprendimiento con impacto social. El WSBI también anunció un acuerdo de cooperación con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y una alianza estratégica con AFLATOUN, entidad que brinda educación social y financiera a más de 10,5 millones de niños en todo el mundo. Reelegido presidente del WSBI en octubre del año pasado, Fainé subrayó en su discurso que "invertir en las personas y actuar con propósito es clave para lograr un futuro económicamente sostenible y socialmente equitativo", y recalcó la necesidad de mantener un compromiso conjunto basado en la apertura, la solidez institucional y el diálogo constructivo. Los representantes regionales del WSBI en Europa, Estados Unidos, Asia, África, Latinoamérica y el Caribe presentaron los avances logrados en sus respectivas áreas. En los encuentros, a los que asistieron 82 entidades financieras de 59 países, se valoró positivamente la última edición de la Semana Social del WSBI, celebrada a comienzos de septiembre, cuyo propósito es visibilizar el impacto social de las iniciativas conjuntas de los miembros. El documento final resalta el compromiso del sector bancario minorista internacional con la educación financiera, el fomento del ahorro, la generación de empleo para colectivos vulnerables y la colaboración con grandes actores de la filantropía mundial. En conjunto, las entidades asociadas al WSBI gestionan activos por valor de 13,25 billones de dólares, emplean a más de 2,1 millones de personas y atienden a 1.700 millones de clientes a través de una red de más de 220.000 oficinas en todo el mundo.

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(El Economista, 20-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid, al borde de una nueva crisis de vivienda

La crisis del alquiler continúa intensificándose. En los próximos meses, miles de viviendas desaparecerán del mercado de arrendamiento para pasar al de compraventa. Se trata de las amplias carteras inmobiliarias que grandes fondos de inversión, como Blackstone, Cerberus o Hines, han decidido poner a la venta. "Los precios a los que se están ofreciendo estos portfolios solo tienen sentido si el comprador es otro inversor que planee vender las viviendas una a una", explica un experto del sector. En el ámbito inmobiliario, este proceso se conoce como privatización, lo que implica que los inmuebles serán adquiridos por particulares y dejarán definitivamente de estar disponibles para el alquiler. "Cuando expiren los contratos actuales, esos pisos se irán vendiendo individualmente, ya que es la opción que hoy ofrece una mayor rentabilidad", comenta otro directivo del sector, quien añade que el marco regulatorio actual tampoco incentiva a los fondos a mantener su apuesta por el alquiler tradicional en España. Hasta ahora, el mayor retroceso del parque de viviendas en alquiler se había concentrado en Cataluña, la primera comunidad en declarar zonas tensionadas y aplicar límites de precios bajo la Ley de Vivienda. En esa región, fondos como Patrizia, Blackstone o Azora han comenzado a vender directamente sus inmuebles a particulares. Sin embargo, esta tendencia se está extendiendo ahora a Madrid, el segundo gran mercado con mayor presión por la fuerte demanda y la escasa oferta disponible. En la capital y su entorno ya hay procesos de desinversión en marcha que afectan a unas 9.000 viviendas. Blackstone, por ejemplo, ha encargado a JLL y Eastdil la venta de una cartera de 5.200 unidades pertenecientes a su socimi Fidere, distribuidas entre Madrid y Guadalajara. Este paquete incluye 36 edificios de alquiler con 4.000 pisos y otras 1.200 viviendas dispersas, y podría alcanzar un valor cercano a los 1.000 millones de euros. Por su parte, Cerberus dispone de alrededor de 4.000 viviendas dispersas en la Comunidad de Madrid, cuya venta podría situarse en torno a los 900 millones de euros. Según los analistas, los compradores interesados en estas operaciones solo lograrán rentabilidad si revenden los pisos individualmente una vez finalizados los contratos de arrendamiento. A esto se suma que, durante el último trimestre, se espera la salida al mercado de varios proyectos de "build to rent" (construir para alquilar) con el mismo objetivo: privatizar las viviendas y destinarlas a la venta unitaria. Un ejemplo es el proyecto de Hines en Valdebebas, cuyo comprador -según fuentes del sector- también planea vender las unidades de forma individual, al igual que otros interesados anteriores. Si estas previsiones se cumplen, la reducción del parque de viviendas en alquiler agravará aún más la presión sobre los precios. Solo en agosto, los alquileres en la Comunidad de Madrid subieron un 12,3% interanual, según datos de idealista, situando el precio medio en 20,5 euros por metro cuadrado, el más alto del país. Además, Madrid capital se mantiene como la segunda ciudad más cara para compartir piso, con una media de 622,14 euros por habitación, solo por detrás de Barcelona. Este escenario, marcado por la desaparición de oferta y los precios en máximos históricos, confirma una crisis sin precedentes en el mercado del alquiler. A ello se suma la caída de la inversión en vivienda para alquiler tradicional, que se ha desplomado un 60% en los últimos cuatro años: de 1.500 millones de euros en 2021 a menos de 900 millones en la actualidad, según datos de JLL.

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(La Razón, 20-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación de la eurozona repuntó en septiembre al 2,2%, en máximos desde abril, con los precios en España subiendo un 3%

El resurgir de la inflación vuelve a amenazar los bolsillos de los consumidores europeos. Según los últimos datos publicados por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, España registró en septiembre una tasa de inflación del 3%, su nivel más alto desde febrero, frente al 2,7% de agosto, lo que supone un aumento de tres décimas. En paralelo, la eurozona rompió con tres meses de estabilidad en el 2% y elevó su inflación media al 2,2%, su mayor registro desde abril. Con este repunte, la diferencia entre España y la eurozona se amplió de siete a ocho décimas, mientras que en el conjunto de la Unión Europea la inflación interanual subió del 2,4% en agosto al 2,6% en septiembre, marcando también el incremento más alto de precios desde febrero. En cuanto a la inflación subyacente -que excluye los elementos más volátiles como la energía y los alimentos, y que sirve de referencia al Banco Central Europeo (BCE) para fijar su política monetaria-, esta rompió su tendencia de estabilidad de los últimos cuatro meses y subió una décima, hasta el 2,4%, el dato más elevado desde abril. Por sectores, los servicios lideraron el aumento de precios con una subida del 3,2% frente al 3,1% del mes anterior. Les siguieron los alimentos, el alcohol y el tabaco, que registraron un incremento del 3%, ligeramente inferior al 3,2% de agosto. Los bienes industriales no energéticos mantuvieron su tasa en el 0,8%, sin variaciones. En cambio, los precios de la energía se redujeron un 0,4%, después de haber caído un 2% en agosto. Por su parte, los alimentos frescos subieron un 4,7%, aunque su ritmo de encarecimiento se moderó en casi un punto respecto al mes anterior. Entre los países de la Unión Europea, Rumanía registró la inflación más alta, con un 8,6%, seguida de Estonia (5,3%), Croacia y Eslovaquia (4,6%), Hungría (4,3%), Letonia (4,2%), Bulgaria (4,1%), Austria (3,9%), Lituania (3,7%), Luxemburgo (3,1%), y España y Países Bajos (3%), que comparten el mismo nivel. Por debajo de la media de la eurozona (2,2%) se situaron República Checa (2%), Portugal (1,9%), Grecia e Italia (1,8%), Francia (1,1%) y Chipre (0%), este último el único país donde los precios no aumentaron. Con esta subida, España vuelve a encabezar la inflación entre las cuatro grandes economías del euro (Alemania, Francia, Italia y España), superando a Alemania, que registró un 2,4%. Cabe recordar que la estabilidad de los precios en el 2% durante tres meses consecutivos llevó al Banco Central Europeo a mantener sin cambios los tipos de interés el pasado 11 de septiembre, por segunda vez consecutiva. Su presidenta, Christine Lagarde, declaró entonces que "el proceso desinflacionario ha concluido" y aseguró que el BCE está "bien preparado para reaccionar si surgen nuevos riesgos inflacionarios", aunque destacó que dichos riesgos "parecen relativamente controlados por ahora".

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(Expansión, 17-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los aranceles de Trump hunden un 22% las exportaciones europeas a EEUU en agosto

Los efectos del pacto comercial firmado entre Ursula von der Leyen y Donald Trump se hicieron sentir desde su primer mes de aplicación: el superávit europeo con Estados Unidos se redujo a menos de la mitad. El acuerdo, considerado desequilibrado, entró en vigor el 1 de agosto y fue presentado por la presidenta de la Comisión Europea como una solución de compromiso para evitar una guerra comercial con Washington. Sin embargo, su impacto sobre el comercio exterior europeo ha sido inmediato y severo. Según datos publicados por Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea hacia Estados Unidos cayeron un 22,2% en agosto, hasta los 32.898 millones de euros, el nivel más bajo en varios años. Desde finales de 2023, las exportaciones europeas a Estados Unidos no habían bajado de los 40.000 millones mensuales, con la única excepción de diciembre de ese año (39.357 millones). En los meses previos a la entrada en vigor del acuerdo, especialmente en febrero y marzo, la amenaza de nuevos aranceles por parte de Trump provocó una fuerte anticipación de compras estadounidenses, disparando las ventas europeas hasta los 51.992 y 71.770 millones de euros. Desde entonces, la tendencia ha sido claramente descendente, y todo apunta a que continuará en los próximos meses. El pacto, que en la práctica beneficia mucho más a Estados Unidos que a la UE, impone a los productos europeos un arancel general del 15%, obliga a los países comunitarios a adquirir energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares y a invertir otros 600.000 millones en territorio norteamericano. Además, suprime los aranceles europeos a las importaciones industriales de Estados Unidos. Todo esto a cambio de una frágil tregua con Trump, quien no ha dejado de amenazar con elevar los aranceles al 35% o con imponer sanciones específicas a países como España si no aumentan su gasto en Defensa hasta el 5% del PIB. Uno de los principales argumentos de Trump para endurecer su política comercial hacia Europa ha sido el abultado superávit europeo frente a Estados Unidos, que ahora empieza a reducirse. En agosto, aunque la UE todavía exportó más de lo que importó (32.898 millones frente a 26.413 millones), el saldo positivo cayó hasta 6.484 millones, frente a los 15.328 millones registrados en agosto de 2024. Es el nivel más bajo en años: desde 2023, el superávit europeo nunca había estado por debajo de los 10.000 millones, llegando incluso a alcanzar los 40.595 millones en marzo de 2024. Estas cifras reflejan que el bloque europeo tendrá grandes dificultades para absorber las consecuencias del costoso acuerdo con Trump, que ya está dejando huella en el balance comercial anual. Aunque el comercio exterior de la UE creció entre enero y agosto -un 2,6% en exportaciones, hasta 1,94 billones de euros, y un 3,7% en importaciones-, el superávit global se redujo un 13%, hasta los 107.100 millones, frente a los 123.300 millones del mismo periodo del año anterior. Esta tendencia explica la urgencia de Bruselas por avanzar en pactos alternativos, como el acuerdo con Mercosur. En agosto, las exportaciones europeas a países no pertenecientes a la UE descendieron en casi todos los sectores: los productos químicos retrocedieron un 11,6%, las materias primas un 8,7%, la energía un 8,4% y los bienes manufacturados un 7,6%. Las caídas se extendieron también a los principales socios comerciales. Además del desplome del 22,2% en las exportaciones a Estados Unidos, las ventas a Japón se hundieron un 23,3%, y las destinadas a China bajaron un 11,3%. Las importaciones procedentes del gigante asiático descendieron un 7,1%, lo que indica que Pekín aún no ha compensado en Europa las ventas que pierde en el mercado estadounidense. Aun así, la balanza comercial con China sigue siendo negativa para la UE, con un déficit de 28.800 millones en agosto, un 5% menos que el año anterior. En conjunto, agosto fue un mes negativo para el comercio exterior europeo: las exportaciones totales al resto del mundo alcanzaron los 205.900 millones de euros, un 4,7% menos, y el superávit se redujo a apenas 1.000 millones.

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(El País, 17-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La justicia europea considera a los animales de compañía “equipaje” en los vuelos

El bienestar animal está reconocido en los tratados de la Unión Europea, pero esto no impide que los animales domésticos -como perros o gatos- sean considerados equipaje cuando viajan en avión junto a sus dueños. Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que concluye que las compensaciones por su pérdida o daño deben ajustarse a las mismas normas que rigen para el equipaje facturado. Según la sentencia, "los animales de compañía no están excluidos del concepto de equipaje". Esta resolución responde a una consulta del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, que debía pronunciarse sobre el caso de una pasajera de un vuelo Iberia Buenos Aires-Madrid cuya perra se escapó del transportín antes de ser colocada en la bodega del avión. El animal nunca fue encontrado, y su dueña reclamó a la aerolínea una indemnización de 5.000 euros por daños morales. Iberia aceptó su responsabilidad, pero sostuvo que la compensación debía limitarse a lo establecido para equipaje facturado, una cantidad muy inferior a la solicitada. El tribunal español dudaba de esta interpretación, ya que el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) establece que las instituciones europeas y los Estados miembros deben tener en cuenta el bienestar de los animales como seres sensibles al aplicar sus políticas. Por tanto, el juez planteó si era correcto considerar a un ser sensible como "equipaje" conforme al Convenio de Montreal, que regula la responsabilidad de las aerolíneas en el transporte internacional. El TJUE respondió con claridad: el convenio distingue tres tipos de transporte aéreo internacional -de personas, de equipaje y de carga-, y dentro de estas categorías no se contempla a los animales como pasajeros, sino como parte del equipaje. Por ello, los magistrados concluyen que, a efectos legales, los animales de compañía se consideran equipaje, y que la indemnización por su pérdida o daño, incluido el perjuicio moral, se rige por las mismas reglas que el resto del equipaje. No obstante, matizan que estas normas deben respetar plenamente el bienestar animal durante el transporte. El tribunal también aclara que esto no impide que la compensación sea mayor en el caso de animales, siempre que el pasajero haya hecho una declaración especial de valor antes del vuelo, aceptada por la compañía y acompañada del pago de una tarifa adicional. En el caso que dio origen a esta sentencia, no se realizó dicha declaración, por lo que se aplican los límites generales de responsabilidad previstos para el equipaje facturado.

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(El País, 17-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los trabajadores necesitan más de una vida laboral para comprar una casa en seis comunidades

Hay personas que pasan media vida pagando su casa, y otras que necesitarían vivir dos veces para poder costearla. En España, comprar una vivienda se ha convertido en un problema de enormes proporciones, hasta el punto de que ni siquiera contar con un empleo estable garantiza poder acceder a una. En seis comunidades autónomas, un trabajador medio tendría que dedicar más de 38 años de salario íntegro para comprar un piso en solitario sin superar los límites de esfuerzo financiero recomendados, es decir, más que toda una vida laboral completa. El punto de partida de este cálculo es la recomendación general de no destinar más del 30% de los ingresos brutos mensuales al pago de la vivienda (ya sea hipoteca o alquiler, más los suministros básicos). Este límite, avalado por economistas, bancos y las propias Administraciones públicas, también figura en la Ley Estatal de Vivienda como frontera entre una situación asequible y otra de sobreesfuerzo. Sin embargo, adquirir una casa cumpliendo esa regla hoy parece prácticamente imposible. De acuerdo con los precios actuales y los salarios medios regionales, los españoles necesitarían 38,6 años de trabajo para pagar un piso de 93 metros cuadrados (el tamaño medio, según el Banco de España), según los cálculos de Nuria Badenes Plá, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales (IEF). En otras palabras, aunque una persona destinara el 30% de su sueldo al ahorro desde el primer día de trabajo hasta su jubilación, no llegaría a reunir lo suficiente para comprar una vivienda media. La situación es aún más grave en algunas regiones. Baleares lidera la lista, con más de 57 años necesarios para adquirir un piso, seguida de Madrid (55 años), Cataluña (41,8), País Vasco (41,7), Canarias (40,4) y Andalucía (38,8). Todas superan el umbral simbólico de los 38 años y tres meses de cotización necesarios para jubilarse. También Ceuta y Melilla superarían los 43 años. En el extremo opuesto, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha son las regiones más asequibles, donde se necesitarían entre 22 y 23,5 años de salario para comprar una vivienda dentro del límite del 30%. La Rioja, Asturias, Aragón, Galicia, Murcia y Navarra se sitúan entre 25 y 30 años, mientras que Cantabria y la Comunidad Valenciana se acercan, sin alcanzarla, a la media nacional. Ante este panorama, el Gobierno ha anunciado planes para ampliar el parque público y asequible de vivienda, además de reformas fiscales destinadas a aliviar las tensiones del mercado inmobiliario. Sin embargo, Badenes Plá advierte que "ninguna medida fiscal puede resolver el problema" si no se aborda el precio de la vivienda. "Con unos precios tan elevados, o se interviene directamente en el mercado, o hay que crear un mercado alternativo de vivienda pública con precios regulados y criterios claros de acceso", señala. Las diferencias entre comunidades se explican por la brecha entre precios y salarios. Según datos oficiales de 2023, Madrid tiene el metro cuadrado más caro (3.080 euros), seguida de Baleares (2.958 euros). No obstante, los madrileños, con sueldos algo más altos, pueden comprar hasta 5,6 metros cuadrados al año, mientras que en Baleares solo 5,4. En cambio, en Extremadura y Castilla-La Mancha, donde el metro cuadrado ronda los 1.000 euros, el mismo esfuerzo permitiría adquirir 13 o 14 metros cuadrados anuales. Es decir, lo que en unas regiones da para una habitación, en otras apenas alcanza para un trastero. La desigualdad es tan marcada que parece una caricatura del mercado libre: un extremeño podría pagar una vivienda de 100 metros cuadrados en poco más de 20 años, mientras que un balear necesitaría el triple de tiempo para el mismo inmueble. Incluso en el escenario más extremo -dedicar el 100% del salario a la compra de vivienda-, un trabajador medio tardaría casi 12 años en pagar su casa. En Baleares, serían necesarios 17 años de ingresos íntegros. Los cálculos también incluyen simulaciones hipotecarias: si se solicita un préstamo por el 60% del valor del inmueble, con un interés del 3% anual a 20 años, un balear debería destinar el 70% de su renta a la hipoteca, frente al 27% en Extremadura o Castilla y León. "Esto refleja una enorme desigualdad en bienestar, que no se aprecia en los indicadores económicos tradicionales", concluye Badenes Plá.

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