(Cinco Días, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El crudo pierde los 80 dólares por barril, pero le costará caer por debajo de los 70

El petróleo ha experimentado una fuerte corrección a la baja durante la última semana tras el acercamiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo y garantizar nuevamente la libre circulación por el estrecho de Ormuz. Después de alcanzar niveles cercanos a los 95 dólares por barril, la cotización llegó a situarse por debajo de los 80 dólares, reflejando el alivio de los mercados ante la perspectiva de una desescalada. No obstante, tanto las compañías del sector como numerosos analistas consideran prematuro hablar de una vuelta a la normalidad. Aunque el acuerdo ha reducido la tensión inmediata, persisten importantes factores de incertidumbre que dificultan un regreso rápido a los precios previos al estallido de la guerra, cuando el barril cotizaba por debajo de los 70 dólares. Uno de los principales obstáculos es la desconfianza de las navieras respecto a la seguridad de la ruta marítima. Jotaro Tamura, consejero delegado de Mitsui OSK Lines, explicó al Financial Times que muchas compañías evitarán utilizar el estrecho de Ormuz hasta disponer de garantías sólidas sobre la estabilidad del acuerdo. Esta cautela podría prolongarse incluso después de la firma prevista del memorando entre Washington y Teherán, ya que continúan abiertas cuestiones especialmente delicadas. Entre ellas destaca el futuro del programa nuclear iraní. Estados Unidos exige limitaciones significativas, mientras que las autoridades iraníes defienden su continuidad. Se trata de un asunto clave para la Administración estadounidense, que necesita presentar avances tangibles ante su electorado. Esta circunstancia podría endurecer las negociaciones en las próximas semanas. Otro punto de fricción es la posibilidad de que Irán cobre tasas a los buques que atraviesen Ormuz como contraprestación por garantizar la seguridad de la navegación. Washington, por el contrario, considera que la reapertura del corredor marítimo debe producirse sin restricciones ni costes adicionales para los operadores internacionales. Tampoco puede descartarse la influencia de Israel en el proceso. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha mostrado su malestar por los términos del entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán, lo que introduce un nuevo elemento de incertidumbre en unas negociaciones que todavía están lejos de concluir. A estas dificultades diplomáticas se suma el impacto que la guerra ha tenido sobre la producción petrolera de la región. Según datos de la OPEP, la extracción de crudo en Oriente Próximo se ha reducido en más de diez millones de barriles diarios debido tanto a problemas logísticos como a los daños sufridos por diversas infraestructuras energéticas. Mientras que las interrupciones derivadas de la falta de transporte podrían resolverse relativamente rápido, la reconstrucción de instalaciones dañadas requerirá mucho más tiempo. En algunos casos, las reparaciones podrían prolongarse durante varios años antes de que la capacidad productiva vuelva a los niveles anteriores al conflicto. Parte del petróleo que ha llegado recientemente al mercado procedía de reservas almacenadas en puertos y terminales del Golfo Pérsico, así como de cargamentos retenidos en buques que permanecían a la espera de poder cruzar Ormuz. Sin embargo, una vez liberadas estas existencias acumuladas, el ritmo de suministro dependerá nuevamente de la capacidad real de producción y transporte, que continúa siendo limitada. Por este motivo, grandes entidades financieras y firmas especializadas como JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC o Commodity Context consideran que el petróleo podría mantenerse durante varios meses en una franja de entre 80 y 90 dólares por barril antes de acercarse de nuevo a los niveles previos a la guerra. En la misma línea, Standard & Poor's señala que la recuperación del tráfico marítimo y de los flujos energéticos a través de Ormuz será gradual incluso después de un acuerdo preliminar. La agencia advierte además de que seguirán existiendo dificultades operativas y un elevado grado de incertidumbre hasta que se alcance un pacto definitivo entre las partes. Según los analistas, el debate ya no gira tanto en torno a si el estrecho volverá a abrirse, sino a las condiciones en las que se producirá esa reapertura. Aunque los riesgos geopolíticos han disminuido de forma notable en los últimos días, el mercado seguirá incorporando una prima de incertidumbre que mantendrá cierta presión sobre los precios energéticos durante los próximos meses.

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(Expansión, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC arremete contra el poder de veto del Comité de Inversiones Estratégicas

Desde su creación, el denominado Comité de Inversiones Estratégicas ya apuntaba a convertirse en un foco de controversia. Sin embargo, pocos anticipaban que una de las críticas más contundentes llegaría desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo, presidido por Cani Fernández, cuyo mandato concluyó precisamente ayer y que ahora permanece en funciones, ha emitido un informe especialmente crítico con varios aspectos fundamentales de este nuevo órgano. El comité interministerial tendrá la capacidad de determinar qué grandes proyectos empresariales reciben el respaldo del Ejecutivo, una circunstancia que puede resultar decisiva para acceder a ayudas públicas, subvenciones o autorizaciones administrativas. En su análisis, la CNMC pone en duda tanto los criterios como el procedimiento previstos para evaluar y declarar estos proyectos estratégicos, tanto en las fases iniciales como en la resolución definitiva. El regulador considera necesario definir parámetros objetivos y medibles, especialmente en conceptos ambiguos como la "relevancia" o la "significación" de los proyectos, con el objetivo de limitar la discrecionalidad y garantizar que las decisiones se adopten con criterios transparentes y verificables. El informe ha sido elaborado a petición del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños. Su contenido supone un revés para una de las iniciativas más destacadas impulsadas por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, encabezada por Manuel de la Rocha. Aunque el Comité de Inversiones Estratégicas fue anunciado a finales del año pasado, su desarrollo tomó forma durante la pasada primavera, coincidiendo con la aprobación del decreto de medidas anticrisis motivado por el conflicto en el golfo Pérsico. Fue entonces cuando se concretaron su estructura y competencias mediante una nueva regulación. Entre los aspectos más llamativos de la normativa figura que el órgano estará copresidido por la persona responsable de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno -cargo que ocupa Manuel de la Rocha- junto con el Ministerio de Economía. No obstante, el texto no especifica si la representación de este departamento corresponderá directamente al ministro Carlos Cuerpo o a una persona designada por él. La CNMC insiste además en que los criterios aplicables durante la fase preliminar de análisis de las inversiones deben estar sustentados en indicadores objetivos y cuantificables. También propone aclarar la importancia relativa de cada uno de los criterios de evaluación e incorporar una valoración inicial sobre la capacidad técnica de los promotores de los proyectos, complementando así el análisis de su solvencia económica y financiera. Por último, el organismo regulador reclama que las evaluaciones se basen en criterios homogéneos, verificables y transparentes, y considera imprescindible que los baremos utilizados para valorar los proyectos sean aprobados y publicados con carácter previo a su aplicación.

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(El País, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Competencia abre expediente a los seis grandes bancos españoles por la guerra hipotecaria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido abrir un expediente sancionador contra las seis principales entidades financieras del país -Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja- por posibles prácticas contrarias a la competencia relacionadas con el mercado hipotecario. El regulador considera que determinadas manifestaciones públicas realizadas por responsables de estas entidades acerca de la evolución de los precios de las hipotecas a tipo fijo podrían haber facilitado a sus competidores información relevante sobre sus futuras estrategias comerciales. Según la CNMC, este intercambio indirecto de señales podría vulnerar tanto la legislación española de defensa de la competencia como la normativa comunitaria. La investigación se produce en un contexto marcado por la intensa competencia en el mercado hipotecario español. Durante los últimos meses, varias entidades financieras han protagonizado una auténtica batalla comercial para captar clientes, ofreciendo préstamos hipotecarios a tipos de interés cada vez más reducidos. Esta situación ha generado preocupación entre algunos directivos del sector, que han advertido públicamente sobre el riesgo de conceder financiación con márgenes demasiado estrechos. En su opinión, determinadas operaciones podrían resultar poco rentables a largo plazo y afectar a la sostenibilidad del negocio bancario. Sin embargo, no todas las entidades han mantenido la misma posición. Mientras algunas han optado por moderar su actividad hipotecaria, otras han continuado apostando por crecer en este segmento del mercado, aprovechando el aumento de la demanda de financiación para la compra de vivienda. La CNMC considera que las declaraciones realizadas por diversos responsables bancarios durante este periodo podrían haber permitido a otras entidades anticipar decisiones comerciales futuras, alterando potencialmente las condiciones de competencia efectiva en el mercado. El organismo ha precisado que la apertura del expediente no implica que exista una infracción acreditada ni anticipa el resultado final de la investigación. A partir de ahora se abre una fase de análisis durante la cual se recopilará información y se evaluarán los hechos. La CNMC dispone de un plazo máximo de 24 meses para resolver el procedimiento. La actuación del supervisor se produce en un momento en el que el sector financiero español sigue bajo el foco de las autoridades de competencia y de los supervisores bancarios. En los últimos años, el organismo ha investigado diversas prácticas relacionadas con depósitos, financiación empresarial y otros productos financieros. Paralelamente, las autoridades europeas también han intensificado la vigilancia sobre el mercado hipotecario. El Banco Central Europeo está revisando los criterios de concesión de préstamos para evaluar posibles riesgos asociados al incremento de la financiación inmobiliaria, mientras que el Banco de España analiza medidas destinadas a limitar la concesión de hipotecas consideradas de mayor riesgo. El expediente se inicia además en un momento relevante para la propia CNMC, ya que coincide con el final del mandato de su presidenta, Cani Fernández, quien concluye su periodo al frente del organismo tras seis años de gestión. Hasta que se produzca el nombramiento de un sucesor por parte del Gobierno y su posterior ratificación parlamentaria, continuará ejerciendo sus funciones de forma provisional. La decisión de Competencia añade un nuevo elemento de incertidumbre a un mercado hipotecario que vive una etapa de elevada actividad comercial y que sigue siendo uno de los principales focos de atención tanto para las entidades financieras como para los organismos supervisores.

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(La Vanguardia, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aporta 719 millones de euros a la gigafactoría europea de IA en Tarragona y Madrid

El Gobierno ha dado un paso decisivo en su apuesta por convertir a España en uno de los centros estratégicos europeos para el desarrollo de la inteligencia artificial. El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 719 millones de euros procedentes de fondos europeos y la creación de la sociedad mercantil que se encargará de impulsar y gestionar la futura gigafactoría de IA que el país aspira a albergar en Móra la Nova, en la provincia de Tarragona. La iniciativa forma parte de la estrategia de fortalecimiento de la soberanía tecnológica y de reindustrialización impulsada por el Ejecutivo. Paralelamente, la Generalitat de Cataluña ha autorizado la puesta a disposición de los terrenos necesarios para el proyecto, ubicado en la comarca de la Ribera d'Ebre, una zona especialmente afectada por la despoblación y preocupada por el impacto económico que podría tener el futuro cierre de la central nuclear de Ascó. La estructura accionarial de la nueva sociedad combinará capital público y privado. El bloque empresarial estará liderado por Banco Santander, ACS y Telefónica, que contarán con una participación individual del 15,67%, sumando conjuntamente el 47% del capital. A ellos se incorporará Multiverse Computing con un 4%, lo que permitirá al sector privado controlar el 51% de la sociedad. Por parte del sector público, el Estado participará con un 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, conocida como la "SEPI Digital", mientras que la Generalitat dispondrá inicialmente de un 1% mediante el Institut Català del Sòl. La dirección ejecutiva del proyecto recaerá en Francesc Fajula, quien hasta hace unos meses ocupaba el cargo de consejero delegado de la Mobile World Capital Barcelona, entidad vinculada al ecosistema de innovación tecnológica desarrollado alrededor del congreso mundial de telefonía móvil celebrado en Barcelona. La creación de esta sociedad constituye un requisito imprescindible para que España pueda presentar formalmente su candidatura a la próxima convocatoria de gigafactorías europeas de inteligencia artificial que lanzará la Comisión Europea. El proyecto español prevé movilizar cerca de 4.000 millones de euros mediante la combinación de recursos públicos y privados. Además de Móra la Nova, la candidatura incorpora también a San Fernando de Henares, municipio madrileño que participará en el desarrollo de la infraestructura. La propuesta competirá con otros proyectos europeos para albergar una de las al menos cuatro gigafactorías de IA que la Unión Europea pretende desplegar en distintos Estados miembros. Según el calendario previsto por Bruselas, las instalaciones seleccionadas deberán entrar en funcionamiento entre 2027 y 2028 y podrán beneficiarse de financiación comunitaria destinada a reforzar la capacidad tecnológica europea en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la computación avanzada y el procesamiento masivo de datos. La iniciativa supone una de las mayores inversiones tecnológicas impulsadas en España en los últimos años y aspira a situar al país en una posición relevante dentro del desarrollo de la infraestructura digital que sustentará la próxima generación de sistemas de inteligencia artificial en Europa.

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(Cinco Días, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex supera los 19.000 puntos por primera vez en la historia

Los mercados financieros han recibido con optimismo el acuerdo preliminar de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, impulsando una jornada de fuerte alivio en los activos de riesgo. El Ibex 35 llegó a superar momentáneamente los 19.000 puntos, marcando un nuevo máximo histórico, mientras que el petróleo y el gas natural registraban importantes descensos al reducirse el temor a interrupciones en el suministro energético mundial. La reacción de los inversores, sin embargo, ha sido más contenida de lo que cabría esperar ante una noticia de tal magnitud. El motivo es que el posible acuerdo llevaba días descontándose en los mercados, después de múltiples anuncios y filtraciones sobre unas negociaciones que parecían próximas a culminar. A media sesión, el selectivo español moderaba sus avances hasta alrededor del 1%, tras haber llegado a subir más del doble en los primeros compases de la jornada. En paralelo, el precio del barril de Brent retrocedía cerca de un 5%, situándose en torno a los 83 dólares. Aunque sigue por encima de los niveles previos al estallido del conflicto, cuando cotizaba cerca de los 70 dólares, el mercado interpreta que el riesgo de una crisis energética global se ha reducido considerablemente. Los futuros de Wall Street también apuntaban a una apertura claramente alcista, con ganancias superiores al 1%. El acuerdo aún debe formalizarse oficialmente. La firma del memorando de entendimiento está prevista para el próximo viernes en Suiza, aunque los inversores dan prácticamente por hecho que el pacto saldrá adelante. Entre los elementos más relevantes figura la prolongación del alto el fuego, el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, una infraestructura estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas. La relajación de las tensiones geopolíticas ha beneficiado especialmente a los sectores más sensibles al coste de la energía. En las bolsas europeas, las compañías ligadas al turismo, el transporte y el sector financiero lideraban las subidas. En España, IAG y Amadeus figuraban entre los valores más alcistas, mientras que los principales bancos registraban avances significativos. En sentido contrario, las empresas energéticas y petroleras acusaban la caída del crudo, con Repsol encabezando los descensos del mercado español. El optimismo también se trasladó a Asia. La bolsa de Tokio cerró con una subida superior al 5%, mientras que el mercado surcoreano avanzó más de un 5%, acercándose a niveles récord. A este impulso contribuyó igualmente el buen comportamiento reciente de Wall Street y el favorable clima para los activos de riesgo. Pese al entusiasmo inicial, numerosos analistas mantienen la cautela. Consideran que el acuerdo todavía debe concretarse y que la situación en Oriente Próximo sigue siendo delicada. Desde esta perspectiva, la reacción de los mercados responde más a la desaparición de una prima de riesgo geopolítica que a la resolución definitiva de los problemas de la región. Durante los últimos meses, el conflicto ha generado importantes alteraciones en las cadenas mundiales de suministro energético, provocando fuertes oscilaciones en los precios del petróleo y elevando las presiones inflacionistas en numerosas economías. La reapertura del estrecho de Ormuz es considerada un elemento fundamental para restablecer la normalidad en los flujos comerciales internacionales. Más allá de la geopolítica, la atención de los inversores vuelve ahora a centrarse en la evolución de la inflación y en las decisiones de los principales bancos centrales. Los mercados intentarán determinar hasta qué punto el encarecimiento de la energía durante el conflicto ha tenido efectos duraderos sobre los precios y si ello condicionará la política monetaria en los próximos meses. En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo ha valorado positivamente el acuerdo, especialmente después de que la institución endureciera recientemente su política monetaria por el impacto de los costes energéticos. En Estados Unidos, la próxima reunión de la Reserva Federal cobra una relevancia adicional en un escenario marcado por la moderación de los riesgos geopolíticos. Los mercados de deuda reflejaban esta nueva situación con descensos generalizados en las rentabilidades de los bonos soberanos. El rendimiento del bono español a diez años se situaba en torno al 3,37%, mientras que el alemán volvía a caer por debajo del 3%. En el mercado de divisas, el euro se fortalecía frente al dólar, beneficiándose de la reducción de la incertidumbre internacional. Durante el conflicto, la moneda estadounidense había actuado como activo refugio gracias a la menor vulnerabilidad energética de la economía norteamericana. Por su parte, el oro registraba fuertes ganancias, impulsado por unas expectativas de tipos de interés más moderadas y por el renovado interés inversor hacia los activos financieros.

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(Expansión, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV advierte del nuevo escenario regulatorio en las criptos desde el 1 de julio

La cuenta atrás para la plena aplicación del reglamento europeo sobre criptoactivos, conocido como MiCA (Markets in Crypto-Assets), entra en su fase decisiva. El próximo 30 de junio finalizará el periodo transitorio establecido para que las empresas del sector adapten su actividad a la nueva normativa comunitaria. Ante la proximidad de esta fecha, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado una advertencia dirigida tanto a los inversores como a los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos. El organismo recuerda que, a partir del 1 de julio, únicamente podrán operar en España aquellas entidades que hayan obtenido la autorización exigida por la regulación europea. El supervisor recomienda a los usuarios extremar la precaución y evitar realizar operaciones con plataformas o proveedores que no hayan completado el proceso de autorización. Estas entidades quedarán fuera del marco de supervisión previsto por MiCA y, por tanto, sus clientes no dispondrán de las garantías y mecanismos de protección contemplados por la normativa. La CNMV también ha instado a los proveedores que no vayan a conseguir la autorización antes de la fecha límite a poner en marcha planes de migración para sus clientes. Estos procedimientos deberán permitir que los usuarios puedan retirar sus criptoactivos hacia otras direcciones o transferir sus fondos a cuentas bancarias, garantizando en todo momento la seguridad de las operaciones y el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Otra de las alternativas contempladas consiste en alcanzar acuerdos con entidades que sí cuenten con autorización para prestar servicios sobre criptoactivos. En estos casos, los clientes podrían aceptar el traslado de sus activos a la nueva plataforma y continuar operando una vez completados los correspondientes procesos de identificación y verificación. El regulador considera fundamental que las empresas afectadas mantengan una comunicación transparente con sus usuarios, informándoles con antelación suficiente sobre los plazos, procedimientos y opciones disponibles durante el proceso de transición. Asimismo, los planes de migración deberán incluir un periodo razonable para que los inversores puedan retirar sus fondos o activos digitales. Una vez concluido dicho plazo, los criptoactivos y el efectivo que permanezcan sin movilizar podrán ser transferidos a entidades debidamente autorizadas, siempre con la correspondiente notificación a los clientes afectados. La entrada en vigor definitiva de MiCA supone un cambio relevante para el ecosistema de los criptoactivos en Europa, al establecer un marco regulatorio común destinado a reforzar la transparencia, la protección de los inversores y la supervisión de un sector que hasta ahora operaba con importantes diferencias normativas entre países.

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(El País, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los hogares españoles se han ahorrado 10 euros al mes durante la guerra gracias al auge de las renovables

La expansión de las energías renovables en España durante los últimos años se ha convertido en uno de los principales factores de protección frente a las turbulencias energéticas internacionales. Tras el fuerte impulso registrado desde 2022, especialmente en la instalación de parques solares fotovoltaicos y, en menor medida, eólicos, el sistema eléctrico español ha reducido notablemente su dependencia del gas natural para fijar el precio de la electricidad. Según un análisis elaborado por Ember, organización especializada en energía y políticas climáticas, esta transformación está permitiendo amortiguar los efectos de la reciente crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo y de las tensiones sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. El informe calcula que un hogar medio español se ha ahorrado alrededor de 10 euros mensuales en su factura eléctrica gracias al creciente peso de la energía solar y eólica en el sistema. La clave de esta protección reside en la menor influencia de las centrales de ciclo combinado alimentadas por gas. Mientras que en los primeros cinco meses de 2021 estas instalaciones determinaron el precio de la electricidad en el 52% de las horas, en el mismo periodo de 2026 su participación se ha reducido al 9%. Este cambio responde al importante aumento de la generación renovable registrado en los últimos años. Entre 2021 y 2025, la producción conjunta de energía solar y eólica creció un 37%, permitiendo desplazar una parte significativa de la generación basada en combustibles fósiles. A ello se suma el avance de los sistemas de almacenamiento energético, cada vez más relevantes para aprovechar la producción renovable durante las horas sin sol o con menor generación. Los analistas estiman que, si la relación entre el precio de la electricidad y el coste del gas continuara siendo tan estrecha como en 2021, los consumidores acogidos a la tarifa regulada habrían soportado un incremento cercano al 19% en sus recibos desde marzo de este año. Sin embargo, la creciente penetración de las energías renovables ha limitado considerablemente este impacto. La diferencia resulta especialmente visible al comparar España con otros países europeos más dependientes del gas. Mientras que el mercado eléctrico español ha mantenido precios relativamente bajos durante los primeros meses de 2026, en países como Italia los costes de la electricidad han alcanzado niveles muy superiores debido a su mayor exposición a las variaciones del mercado gasista. Esta evolución ha convertido a España en uno de los ejemplos más citados a nivel internacional sobre los beneficios económicos de la transición energética. Diversos organismos y expertos han destacado cómo la apuesta por las renovables no sólo contribuye a la reducción de emisiones, sino que también fortalece la seguridad energética y reduce la vulnerabilidad ante crisis geopolíticas. El contexto meteorológico también ha jugado a favor. La llegada del conflicto en Oriente Próximo coincidió con una primavera especialmente favorable para la producción eólica, solar e hidroeléctrica. Además, los embalses presentaban elevados niveles de almacenamiento tras varios meses de abundantes precipitaciones, lo que reforzó aún más la capacidad de generación renovable. La situación contrasta con la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en 2022. Entonces, el conflicto estalló en pleno invierno, con una elevada demanda de calefacción y una fuerte dependencia del gas natural, circunstancias que provocaron máximos históricos tanto en los precios mayoristas como en las facturas domésticas. De hecho, el comportamiento del mercado eléctrico durante los últimos meses ha resultado más favorable de lo previsto. A pesar de las tensiones geopolíticas y del incremento registrado en el precio internacional del gas, la combinación de una elevada producción renovable, una menor dependencia de los combustibles fósiles y las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno ha evitado una nueva escalada de precios como la vivida hace cuatro años. Como resultado, numerosos hogares españoles llegaron a pagar en abril y mayo facturas eléctricas inferiores a las registradas en los meses precedentes, una circunstancia que pone de manifiesto el creciente papel de las energías renovables como factor de estabilidad económica y energética.

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(El Confidencial, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Justicia lanza la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes una de las mayores convocatorias de acceso a la carrera judicial y fiscal de los últimos años, con un total de 700 plazas. De ellas, 575 se cubrirán mediante oposición libre y las 125 restantes corresponderán al denominado cuarto turno, destinado a juristas de reconocida trayectoria profesional. Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la convocatoria incluye 375 plazas para jueces y 200 para fiscales, cuyo proceso selectivo arrancará el próximo mes de octubre. Paralelamente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocará otras 125 plazas de magistrado a través del sistema de concurso-oposición reservado a profesionales con más de diez años de experiencia jurídica. La convocatoria forma parte de un plan más amplio de refuerzo de la Administración de Justicia. El Gobierno trabaja ya en la aprobación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, una ampliación de efectivos que el Ejecutivo considera inédita y que prevé materializar en las próximas semanas mediante la aprobación de dos reales decretos. Estas medidas se encuentran actualmente en fase de consulta con el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas y otros departamentos ministeriales. Desde el Ministerio que dirige Félix Bolaños destacan que la creación de 500 plazas judiciales en un solo ejercicio no tiene precedentes recientes. La cifra supera el número total de plazas creadas durante la última década y supondrá un incremento aproximado del 8,5% en la plantilla judicial. Esta ampliación ha sido posible gracias a la implantación del nuevo modelo organizativo previsto en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La reforma sustituye los tradicionales juzgados unipersonales por tribunales de instancia, órganos integrados por varios jueces que comparten una única Oficina Judicial encargada de prestar apoyo técnico y administrativo. El nuevo sistema permite aumentar el número de jueces sin necesidad de crear estructuras judiciales completas, reduciendo significativamente los costes. Mientras que la puesta en marcha de un juzgado tradicional suponía una inversión cercana a los 500.000 euros, la creación de una nueva plaza judicial dentro de los tribunales de instancia tiene un coste estimado de unos 100.000 euros. En el ámbito del Ministerio Fiscal, la ampliación también será significativa. La plantilla pasará de 2.804 a 3.004 fiscales, lo que representa un crecimiento del 7,1%. Según los datos del Ejecutivo, en las dos últimas décadas no se había registrado la creación de más de un centenar de plazas de fiscales en un único año. La distribución territorial de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a indicadores como la carga de trabajo de los órganos judiciales, los niveles de litigiosidad y la evolución demográfica de cada comunidad autónoma. Para ello se han tenido en cuenta los informes elaborados por el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, así como las propuestas remitidas por las comunidades autónomas con competencias transferidas y por los distintos tribunales superiores de justicia. Con esta convocatoria y la futura ampliación de plantillas, el Gobierno busca reforzar la capacidad de respuesta de la Justicia, reducir la sobrecarga de trabajo existente en numerosos órganos judiciales y avanzar en la modernización del sistema judicial español.

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(Cinco Días, 15-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump anuncia un acuerdo con Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz: "¡Que fluya el petróleo!"

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo de paz preliminar destinado a poner fin a más de tres meses de conflicto en Oriente Próximo. El anuncio fue realizado este domingo por Pakistán, país que ha ejercido labores de mediación, y que ha confirmado que la firma oficial del pacto está prevista para el próximo viernes en Suiza. El acuerdo ha sido posteriormente ratificado tanto por las autoridades iraníes como por el presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario republicano también adelantó que, una vez rubricado el documento, se procederá a la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial. Si el entendimiento se consolida, supondrá el final de una guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Un conflicto que ha provocado más de 7.000 víctimas mortales, ha alterado el equilibrio geopolítico de Oriente Próximo, ha generado tensiones en los mercados internacionales y ha afectado a las perspectivas electorales de Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre. La reacción de los mercados no se hizo esperar. El precio del petróleo Brent cayó más de un 3%, situándose en torno a los 84 dólares por barril, mientras que el dólar registró descensos frente a varias de las principales divisas internacionales. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, fue el primero en anunciar el acuerdo a través de sus redes sociales. Según explicó, ambas partes han aceptado un cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el conflicto en Líbano, y formalizarán el pacto durante una ceremonia prevista para el 19 de junio en territorio suizo. Poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el acuerdo y celebró públicamente el entendimiento alcanzado con Teherán. En sus declaraciones aseguró que la reapertura del estrecho de Ormuz se producirá tras la firma oficial y una vez concluyan las labores de retirada de minas desplegadas durante el conflicto. Por parte iraní, el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, confirmó que el texto del memorando de entendimiento ya ha sido cerrado y que la firma tendrá lugar en la fecha prevista. No obstante, advirtió de que Irán mantendrá una actitud vigilante y responderá si considera que Estados Unidos incumple los compromisos adquiridos. El acuerdo alcanzado constituye únicamente una primera fase. Tras la firma comenzará un periodo de negociación de 60 días durante el cual ambas partes intentarán alcanzar un pacto definitivo. Entre los asuntos pendientes figuran el levantamiento de las sanciones económicas impuestas a Irán, el futuro de su programa nuclear, los mecanismos de supervisión del cumplimiento de los compromisos y un plan de reconstrucción para las zonas afectadas por la guerra. En estas conversaciones participarán también los países mediadores que han contribuido al acercamiento entre Washington y Teherán, entre ellos Pakistán, Qatar, Turquía y Egipto. Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para el transporte mundial de petróleo, gas y fertilizantes. Durante los últimos meses, la amenaza de su cierre había generado una gran preocupación en los mercados internacionales debido a su importancia para el suministro energético global. El anuncio pone fin a una semana marcada por una fuerte escalada militar y por las dificultades para cerrar un acuerdo que parecía inminente. Las negociaciones se prolongaron hasta el último momento debido a las diferencias existentes sobre cuestiones clave, como la situación en Líbano, las garantías de seguridad regional y el futuro del programa nuclear iraní. Aunque el memorando de entendimiento establece una nueva tregua de 60 días, los detalles definitivos del pacto no se conocerán hasta la ceremonia de firma prevista en Suiza. Será entonces cuando se clarifique el alcance de los compromisos asumidos por ambas partes y se determine si este acuerdo preliminar puede convertirse en una paz duradera para una de las regiones más inestables del mundo.

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(El Periódico, 15-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de los alimentos se contiene un 2,2% en mayo pero los huevos, el vacuno y el pescado siguen disparados

La inflación alimentaria continuó moderándose en mayo y cerró el mes con una subida interanual del 2,2%, cuatro décimas menos que en abril. Esta evolución contribuyó a contener el Índice de Precios de Consumo (IPC) general, aunque algunos productos básicos siguen registrando importantes incrementos de precio que mantienen la presión sobre el presupuesto de las familias. Los huevos volvieron a encabezar la lista de los alimentos que más se encarecieron, con un aumento del 13,7% respecto a mayo de 2025. También destacan las subidas de la carne de vacuno, que acumula un incremento del 12,3%, y del pescado, tanto fresco como congelado, cuyo precio se sitúa un 9,7% por encima del registrado hace un año. La carne de ovino completa el grupo de productos con mayores alzas, al encarecerse un 8,1% en términos interanuales. Por el contrario, algunos alimentos básicos han experimentado descensos significativos. Las frutas frescas se abarataron un 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el azúcar cayó un 3,5% y los aceites y grasas redujeron su precio un 2,2%. La moderación de la inflación alimentaria se explica principalmente por la evolución de las frutas y frutos secos, cuyos precios aumentaron menos que hace un año, así como por el comportamiento de las hortalizas, legumbres y patatas, que registraron descensos más acusados que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, en comparación con abril, las frutas y verduras mostraron una evolución al alza, con incrementos del 4,7% y caídas del 3,8% en el caso de las patatas y otros productos hortícolas. Entre los alimentos que también han experimentado aumentos moderados destacan otras variedades de carne distintas del vacuno y el ovino, con una subida del 3,8%, el marisco y los preparados de pescado, que avanzaron un 3,2%, así como las carnes de ave, cuyo precio es un 3,8% superior al de hace un año. Fuera del ámbito estrictamente alimentario, el tabaco registró una subida del 5,8%, mientras que el agua mineral y los refrescos aumentaron un 2,4%. El café, el cacao y las infusiones, aunque lejos de los fuertes incrementos registrados en meses anteriores, siguen mostrando una tendencia alcista con un avance del 1,7%. También se encarecieron las frutas en conserva y los frutos secos, con un incremento del 2,1%, además de los productos lácteos, cuya subida fue del 1,3%, y la leche, que aumentó un 0,6%. El pan y los cereales registraron aumentos más moderados, del 1% y el 0,5%, respectivamente. A pesar de estas subidas, la evolución de algunos productos clave ha contribuido a aliviar la presión sobre la cesta de la compra. Especialmente relevante ha sido el comportamiento del aceite, que tras los fuertes incrementos registrados en ejercicios anteriores presenta ahora una caída interanual del 2,2%. A ello se suman los descensos del azúcar, las frutas frescas y las patatas, factores que han permitido contener el avance general de los precios de los alimentos durante el mes de mayo. No obstante, productos esenciales como los huevos, la carne de vacuno y el pescado continúan acumulando incrementos muy superiores a la media de la inflación, lo que sigue repercutiendo de forma directa en el gasto habitual de los hogares españoles.

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