El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que elevará del 10% al 15% los aranceles globales que había impuesto el día anterior como respuesta al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en contra de su política comercial.
Según explicó el mandatario, tras analizar en profundidad la resolución judicial -que calificó de absurda, mal formulada y perjudicial para su país- decidió incrementar de forma inmediata el gravamen mundial hasta el máximo permitido legalmente, situado en el 15%.
El tribunal se pronunció el viernes contra los aranceles que Trump había aprobado inicialmente al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que supuso su mayor revés judicial desde su regreso a la Casa Blanca. Pocas horas después del fallo, el presidente criticó duramente tanto a la institución como a los magistrados conservadores que apoyaron la decisión, entre ellos Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, designados por él mismo durante su primer mandato.
Aunque la sentencia anuló los aranceles originales dictados bajo esa norma, el Gobierno ha recurrido ahora a otro mecanismo legal: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta disposición permite al presidente imponer tarifas de hasta el 15% durante un periodo inicial de 150 días. Transcurrido ese plazo, cualquier prórroga requerirá la aprobación del Congreso.
Trump reiteró que estas medidas están dirigidas contra países que, a su juicio, han perjudicado a Estados Unidos durante décadas sin recibir respuesta. Además, dispone de cinco meses para definir y anunciar nuevos aranceles dentro de los límites legales, con el objetivo -según sus palabras- de reforzar la posición económica del país.
La Comisión Europea ha dejado claro que no aceptará incrementos sobre los aranceles pactados meses atrás con Estados Unidos. Bruselas exigió este domingo a Washington que respete el acuerdo comercial suscrito en el verano de 2025 por el presidente Donald Trump y la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen, en virtud del cual la UE aceptó un gravamen del 15% para sus exportaciones mientras reducía tasas a determinados productos estadounidenses. Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló gran parte de la política arancelaria de Trump -y el anuncio posterior de un nuevo arancel general también del 15%-, la Unión Europea intenta evitar una nueva escalada comercial.
"Un acuerdo es un acuerdo", subrayó el Ejecutivo comunitario en un comunicado publicado el domingo, un día después de que el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, mantuviera una conversación con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick. Aunque Washington aseguró que respetará el pacto, en Bruselas crece el escepticismo sobre que esa promesa se cumpla.
La UE reclama explicaciones detalladas sobre las medidas que pretende aplicar Estados Unidos tras el fallo judicial que llevó a Trump a anunciar un arancel global del 15% para todos los países. Según Bruselas, ese nuevo impuesto se sumaría al arancel estándar conocido como MFN (Nación Más Favorecida), aplicado por los miembros de la Organización Mundial del Comercio cuando no existe un acuerdo bilateral específico.
La combinación de ambos gravámenes superaría el 15% fijado en el pacto con Washington y, además, al aplicarse por igual a todos los países, eliminaría la ventaja competitiva que dicho acuerdo otorgaba a la UE. Ese acuerdo -firmado en Escocia en un campo de golf propiedad de Trump- ha sido objeto de fuertes críticas.
La Comisión sostiene que fue la mejor alternativa para evitar un arancel del 30% con el que el presidente estadounidense había amenazado inicialmente a Europa. No obstante, muchos consideran que el pacto favorecía claramente a Estados Unidos, ya que la UE rebajó impuestos a productos estadounidenses y se comprometió a comprar energía -como petróleo y gas- por unos 750.000 millones de dólares.
Para Bruselas, el acuerdo incluía compromisos políticos -compras energéticas, defensa e inversiones- y otros de carácter legal. Estos últimos, que implican eliminar aranceles a bienes industriales estadounidenses y favorecer importaciones agrícolas, aún deben ser ratificados por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. La votación estaba prevista para esta semana, pero la nueva incertidumbre ha llevado a algunos a pedir su paralización.
El presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, anunció que solicitará suspender el proceso de ratificación debido al impacto de la sentencia estadounidense y la confusión generada. Según afirmó, la situación actual está llena de incógnitas y aumenta la incertidumbre tanto para la Unión Europea como para otros socios comerciales de Estados Unidos. También considera que la resolución judicial altera las bases legales del acuerdo firmado el pasado julio en Turnberry (Escocia).
La Comisión Europea insiste en la necesidad de estabilidad en un contexto especialmente volátil. Teme verse obligada a renegociar con Washington, pero también que algunos Estados miembros reclamen medidas de represalia. A su juicio, el actual escenario dificulta alcanzar un comercio transatlántico equilibrado y beneficioso para ambas partes, tal como se había acordado.
El Ejecutivo comunitario recalca además que los productos europeos deben seguir disfrutando de condiciones competitivas sin superar el límite arancelario previamente establecido. Advierte que los aranceles aplicados de forma imprevisible desestabilizan los mercados, erosionan la confianza y generan perturbaciones en las cadenas de suministro globales.
El Parlamento Europeo celebrará mañana una reunión extraordinaria en la que el responsable de Comercio planteará aplazar la ratificación del acuerdo comercial hasta contar con mayor seguridad jurídica y política. La aparente calma arancelaria ha llegado a su fin. El clima de máxima incertidumbre en el comercio internacional ha reaparecido tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles aprobados el año pasado por Donald Trump durante el denominado "Día de la Liberación". Como reacción, el presidente estadounidense anunció el viernes un arancel global del 10%, que apenas un día después elevó hasta el 15%.
Ante este escenario, los integrantes de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento (INTA) se reunirán de urgencia para decidir cómo proceder. Inicialmente debían votar el martes si remitían al pleno de marzo en Estrasburgo la ratificación del acuerdo con Estados Unidos, pero los acontecimientos han alterado la agenda.
El presidente de la comisión, Bernd Lange, adelantó que propondrá suspender los trabajos legislativos hasta disponer de un análisis jurídico completo y de garantías claras por parte de Washington. A su juicio, la situación actual refleja un auténtico desorden en la política comercial estadounidense, con cambios constantes que generan desconcierto y falta de previsibilidad para la Unión Europea y otros socios.
Por su parte, la Comisión Europea reclama explicaciones detalladas sobre las medidas que pretende adoptar Estados Unidos tras el fallo judicial. La institución considera que, en estas condiciones, resulta difícil avanzar hacia un comercio transatlántico equilibrado y beneficioso para ambas partes, tal como se planteó en la declaración conjunta firmada en agosto de 2025.
El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, mantuvo el sábado una conversación telefónica con sus homólogos estadounidenses, aunque el contacto no disipó las dudas sobre las consecuencias de la nueva ofensiva arancelaria. El portavoz comercial de la Comisión, Olof Gill, recordó que las empresas a ambos lados del Atlántico dependen de un entorno estable y previsible, y reiteró la defensa europea de aranceles bajos.
Sin embargo, Bruselas afronta un problema adicional: los gravámenes más perjudiciales para la economía europea -especialmente los aplicados al automóvil, los productos farmacéuticos, el acero y el aluminio- se basan en disposiciones legales estadounidenses que no han sido cuestionadas por el tribunal. Por tanto, siguen vigentes y el presidente conserva la capacidad de modificarlos a su conveniencia.
Esta situación mantiene en alerta a la Comisión, que teme nuevas presiones si la UE reconsidera el acuerdo alcanzado el verano pasado. En aquel momento, el bloque aceptó condiciones desfavorables -aranceles estadounidenses del 15% frente a la eliminación de los europeos- a cambio de ventajas para sectores clave y cierta estabilidad para sus empresas. Además, se comprometió a comprar energía y armamento a Estados Unidos por 750.000 millones de dólares y a invertir otros 600.000 millones en el país.
Existe, además, un factor geopolítico que dificulta cualquier marcha atrás: la situación en Ucrania. Aunque la ayuda directa de Washington ha disminuido desde el retorno de Trump, el respaldo estadounidense al proceso de paz y su presión sobre Rusia se consideran esenciales para contener a Vladímir Putin. La cuestión es especialmente delicada en un contexto de creciente tensión, marcado por ciberataques y acciones hostiles que la UE interpreta como parte de una guerra híbrida en territorio europeo.
Las previsiones más optimistas del sector inmobiliario apuntaban a que 2025 sería un año récord para la compraventa de viviendas, y así ha ocurrido. Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año se vendieron 714.237 viviendas, la cifra más alta desde 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Este volumen supera en un 11,5% al de 2024 -casi 74.000 operaciones más- y sitúa a España por encima de las 700.000 transacciones por primera vez en 18 años.
El último precedente fue 2007, con 775.300 compraventas, año en que los registros estadísticos arrancan y en el que el boom inmobiliario alcanzó su punto máximo antes de desplomarse. Tras años de subidas continuas de precios -algo que vuelve a suceder ahora, con el metro cuadrado en torno a los 2.230 euros, el nivel más alto registrado-, el mercado acabó entrando entonces en una profunda crisis. En la actualidad, aún está por ver si se repetirá ese desenlace. En la última década, entre 2015 y 2025, las operaciones se han duplicado, impulsadas por una demanda acumulada tras los años de crisis y por una oferta insuficiente, factores que muchos expertos consideran clave para explicar este auge.
El dato anual se produce pese a que diciembre registró solo 54.148 operaciones, el segundo mes con menor actividad del año -algo habitual por las fiestas navideñas-, aunque aun así supuso un 7,9% más que en el mismo mes de 2024.
El resultado global responde a una tendencia de crecimiento sostenido iniciada en 2023. Desde entonces, la actividad ha aumentado un 22,4%, superando primero las 600.000 compraventas en 2024 y ahora las 700.000 en 2025. La media mensual se sitúa en unas 59.520 operaciones, alrededor de 6.000 más que el año anterior.
Según diversos expertos, la clave está en el desequilibrio entre oferta y demanda. La escasez de viviendas disponibles hace que prácticamente todo lo que sale al mercado encuentre comprador con rapidez. A ello se suman factores como una tasa de paro relativamente baja, una fuerte necesidad de vivienda y unas condiciones de financiación aún favorables.
Para analistas del sector, 2025 ha sido un ejercicio excepcional. Tras un 2024 ya muy activo, el mercado no solo se ha mantenido fuerte, sino que ha acelerado su ritmo. El ahorro acumulado por los hogares, los tipos de interés todavía asumibles y la expectativa de nuevas subidas de precios han animado a muchos compradores a adelantarse.
Aunque el volumen actual recuerda al de los años previos a la burbuja, algunos especialistas destacan diferencias importantes: hoy los bancos aplican criterios hipotecarios más estrictos y los compradores presentan, en general, una mayor solvencia.
Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ventas en 2025 con 218.587 operaciones, seguida de la Comunidad Valenciana (170.570) y Cataluña (169.502), mientras que Madrid registró 135.637. En el extremo opuesto se situaron Cantabria, Navarra y La Rioja, con cifras muy inferiores (sin contar Ceuta y Melilla).
Sin embargo, los mayores incrementos porcentuales respecto a 2024 se produjeron en Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja, lo que muestra que la actividad inmobiliaria también se está intensificando fuera de los grandes núcleos urbanos.
La mayoría de las compraventas correspondió a viviendas de segunda mano, tendencia habitual desde la desaceleración de la construcción. Cerca del 78% de las operaciones -casi ocho de cada diez- fueron de casas usadas. Solo alrededor del 12% correspondió a obra nueva, aunque este segmento creció un 16,1% respecto al año anterior. Los expertos consideran positivo que esta proporción aumente, ya que la construcción de nuevas viviendas es esencial para ampliar la oferta y frenar el encarecimiento.
En cualquier caso, la vivienda usada continúa siendo el verdadero motor del mercado por su mayor disponibilidad y distribución territorial. El principal desafío, coinciden los especialistas, no es la falta de compradores, sino la incapacidad del sistema para generar suficiente vivienda asequible. Cuando la oferta no crece al mismo ritmo que la demanda, la presión se traslada al acceso a la vivienda, que sigue siendo el indicador más sensible de la salud del mercado.
La estadística pretende medir la realidad para facilitar decisiones acertadas, aunque no siempre logra reflejarla por completo. Del Índice de Precios al Consumo (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística dependen decisiones clave como los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo, las negociaciones salariales o la revalorización de las pensiones. Sin embargo, ni los datos del INE ni los del sistema estadístico europeo capturan plenamente uno de los gastos que más pesan sobre los ciudadanos: la vivienda.
La Generalitat de Cataluña ha diseñado un indicador alternativo -al que ha tenido acceso EL PAÍS- para complementar la medición oficial de la inflación. Sus conclusiones son claras: el encarecimiento de la vivienda en la última década ha anulado la mejora del poder adquisitivo. En muchas sociedades occidentales existe malestar por la pérdida de capacidad de compra tras la Gran Recesión. En España, los datos oficiales apuntaban a ligeros avances. Pero al incorporar la vivienda en el cálculo, esa mejora desaparece: el aumento de los precios inmobiliarios explica buena parte del descontento.
El debate sobre si incluir el coste de adquirir una vivienda en la cesta del IPC ha ganado relevancia y ha llegado incluso al Consejo de Gobierno del BCE. Tras el inicio de la guerra en Ucrania y el repunte energético, los sectores más partidarios de una política monetaria estricta defendieron que se incorporara la vivienda en propiedad, conscientes de que eso elevaría aún más la inflación. Aunque países como España, Francia o Irlanda mostraron reservas, el BCE aceptó estudiar la cuestión. Su economista jefe, Philip Lane, señaló el año pasado en el encuentro de banqueros centrales en Sintra (Portugal) que sería deseable reformar el IPC, aunque la decisión corresponde al Sistema Estadístico Europeo.
Las reticencias de los estadísticos se deben a la complejidad técnica de medir ese componente. Aun así, existen fórmulas para abordarlo. Un estudio elaborado por Anna Monreal, de la dirección general de Análisis y Prospectiva Económica de la Generalitat, propone un indicador que debe entenderse como complemento del IPC, no como sustituto. Parte de la premisa de que la metodología actual infravalora el peso de la vivienda, ya que el IPC solo recoge el alquiler -con un peso aproximado del 5%- y no la compra. El resto del apartado se limita a suministros y mantenimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, la vivienda supera el 40% del índice.
Fuentes en Fráncfort estiman que, si se introdujera la vivienda en propiedad, la inflación de la zona euro aumentaría entre una y dos décimas, aunque en países con mayores subidas inmobiliarias el impacto sería superior. Algunos expertos subrayan que, desde el punto de vista conceptual, la compra de vivienda se considera inversión y no consumo, aunque reconocen que afecta al poder adquisitivo porque reduce la capacidad de gasto en otros bienes.
El informe que la Generalitat presentará en Barcelona propone otorgar a la vivienda un peso del 34,8%, acorde con la estructura real de gasto de los hogares analizada por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Incluye tanto vivienda nueva como de segunda mano. Según el documento, este enfoque refleja mejor el coste de la vida y permite medir con mayor precisión las ganancias o pérdidas de poder adquisitivo. Además, muestra que la inflación sería más alta en periodos en los que la energía no registra grandes variaciones, al incorporar el impacto constante del mercado inmobiliario.
Las cifras son reveladoras. Entre 2014 y 2023, el salario bruto medio en Cataluña aumentó un 25,3%, mientras que el IPC lo hizo un 20%, lo que implicaría una mejora del poder adquisitivo. Sin embargo, si se añade el precio de la vivienda al índice, el coste de la vida habría subido un 26,8%, borrando ese avance. Expertos como Jorge Galindo, de EsadeEcPol, destacan que tanto la evolución de los precios como las expectativas futuras tienen un efecto muy significativo sobre la capacidad económica de las familias. Jóvenes que intentan emanciparse o migrantes que buscan establecerse conocen bien el peso del ahorro necesario para acceder a una vivienda, lo que reduce notablemente su margen de consumo.
En definitiva, el fuerte aumento de los alquileres y de los precios de compraventa ha convertido la vivienda en un factor determinante para explicar la percepción de pérdida de poder adquisitivo. Se incluya o no en el IPC, su impacto sobre cientos de miles de personas es innegable.
La patronal de los establecimientos financieros de crédito, Asnef, ha solicitado reducir a la mitad el importe máximo de los microcréditos de alto coste que podrán concederse con la futura ley de crédito al consumo. Considera que el límite previsto en el anteproyecto -1.000 euros- es demasiado elevado y podría incrementar el sobreendeudamiento entre los consumidores más vulnerables, por lo que propone rebajarlo.
Estos micropréstamos son los que aplican los intereses más altos del mercado. Aunque las cantidades suelen ser pequeñas, concentran un mayor riesgo financiero. La nueva normativa permitirá que tengan una TAE máxima del 60% anual, muy por encima del alrededor del 7% que registra el crédito al consumo convencional, según datos del Banco de España.
A comienzos de enero, el Gobierno aprobó un anteproyecto para adaptar la legislación española a la directiva europea sobre crédito al consumo. Entre otras novedades, la norma fija límites a los intereses y exige que todas las entidades prestamistas estén autorizadas y supervisadas. Es un cambio relevante, ya que hasta ahora no existían restricciones específicas y cualquier persona o empresa podía prestar dinero.
Esa falta de regulación ha favorecido la proliferación de miles de operadores que conceden préstamos de importes muy reducidos -a menudo unos pocos cientos de euros- con intereses desorbitados que en muchos casos superaban el 3.000%, 4.000% o incluso el 5.000% TAE. Tanto el Gobierno como el sector financiero han alertado del riesgo de estas prácticas, ya que muchas de estas entidades operaban sin controles ni evaluaciones de solvencia, lo que aumentaba la probabilidad de impago y de endeudamiento excesivo.
Los usuarios habituales de estos productos suelen ser personas rechazadas por la banca tradicional por no cumplir los criterios de solvencia. Ante la urgencia de liquidez, recurren a prestamistas que, en muchos casos, no ofrecen garantías suficientes. El anteproyecto obliga a estas compañías a obtener autorización y a operar como entidades de crédito de alto coste, con un máximo de 1.000 euros por operación, un interés del 60% TAE y plazos de devolución de entre tres y doce meses.
Una vez finalizado el periodo de alegaciones, Asnef -que agrupa a entidades que financian compras en comercios como Cofidis, Financiera El Corte Inglés o Stellantis- ha pedido rebajar ese límite a entre 400 y 500 euros. A su juicio, permitir préstamos de hasta 1.000 euros a clientes con baja capacidad de pago puede agravar su situación económica.
La asociación propone vincular el importe máximo a un porcentaje razonable de endeudamiento del cliente -entre el 35% y el 40%, similar al que se utiliza en otros créditos al consumo-, lo que situaría el límite efectivo en esa horquilla. Según su director general, Ignacio Pla, no resulta prudente que una persona que percibe el salario mínimo pueda asumir una deuda de hasta 1.000 euros en este tipo de productos.
En cuanto a los límites a los tipos de interés, Asnef se opone a una intervención directa de precios, aunque acepta que se establezcan topes para evitar abusos y considera razonable el sistema planteado por el Gobierno. Este fija los máximos tomando como referencia el tipo medio del crédito al consumo publicado por el Banco de España y añadiendo un margen según el importe: hasta 1.500 euros, 15 puntos porcentuales; entre 1.500 y 6.000 euros, 10 puntos; y más de 6.000 euros, 8 puntos. Con un tipo medio del 7%, por ejemplo, un préstamo inferior a 1.500 euros no podría superar el 22% TAE.
No obstante, la patronal pide que estos límites tengan en cuenta también el tipo de producto y no solo la cuantía y el plazo. Argumenta que no es lo mismo un crédito para comprar un coche -respaldado por el propio vehículo- que uno para financiar vacaciones o un electrodoméstico. Por ello, ha presentado al Tesoro una propuesta para clasificar los créditos en distintas categorías, como financiación de automóviles, préstamos con finalidad concreta (electrodomésticos, placas solares), créditos sin destino específico, créditos revolving y otros productos.
Además, Asnef solicita que, si se establecen tipos máximos por ley, se excluya la aplicación simultánea de la legislación sobre usura a estos contratos, con el fin de evitar duplicidades normativas y posibles conflictos judiciales.
El Tribunal Supremo (TS) ha advertido a la banca sobre su actuación ante empresas en crisis. En una sentencia reciente, la Sala de lo Civil ha establecido un criterio clave en materia concursal: las entidades financieras no pueden cancelar de manera unilateral y sin justificación la financiación a una compañía en dificultades cuando existe un contrato en vigor. Si esa retirada de crédito provoca su asfixia económica y contribuye a su liquidación, deberán compensarla por haberle privado de la posibilidad de continuar.
La decisión supone un golpe a las prácticas habituales de los departamentos de riesgos, que suelen cortar la financiación -sobre todo el descuento de efectos comerciales- cuando un cliente entra en concurso, con el fin de reducir riesgos. El Alto Tribunal señala ahora que, si esa actuación incumple compromisos contractuales previos, genera responsabilidad patrimonial directa.
Hasta ahora, los bancos solían defenderse alegando que la empresa ya estaba abocada al fracaso por su delicada situación (deudas, caída de ingresos, competencia, etc.), por lo que la falta de financiación no habría cambiado el desenlace. Muchos tribunales aceptaban este razonamiento al no poder probarse con total certeza que el crédito habría evitado el cierre.
Sin embargo, el Supremo introduce la doctrina de la "pérdida de oportunidad". Según este criterio, no es necesario demostrar que la empresa se habría salvado con seguridad; basta con acreditar que existía una probabilidad real de éxito si las entidades hubieran cumplido lo pactado.
El Tribunal argumenta que, al retirar la financiación comprometida, los bancos impiden comprobar si la compañía podía recuperarse. Por ello, la incertidumbre resultante no puede favorecer a quien incumple, sino que debe traducirse en una indemnización por la oportunidad frustrada.
El caso examinado responde a una situación típica: una empresa solicita concurso voluntario y presenta un plan de viabilidad avalado por la administración concursal. Pese a ello, los bancos dejan de descontar pagarés y efectos, incumpliendo los contratos firmados. La falta de liquidez inmediata hace fracasar el plan y conduce a la liquidación.
Aunque la sociedad atravesaba problemas estructurales y un contexto económico desfavorable, el Tribunal considera probado que la retirada del crédito fue un factor determinante adicional. El rechazo injustificado de operaciones financieras impidió la continuidad de la actividad.
La sentencia subraya que la continuidad de una empresa en concurso no es una ilusión, sino una posibilidad jurídica y económica protegida. Al cortar la financiación pactada, las entidades transformaron una situación complicada en inviable, privando a la compañía y a sus acreedores de alcanzar un acuerdo. Además, aclara que la declaración de concurso no autoriza a incumplir contratos.
También introduce un cambio importante en la forma de valorar la causalidad: ya no se exige que la actuación del banco sea la causa exclusiva del cierre, sino que basta con que haya reducido de forma significativa las probabilidades de supervivencia. Esa reducción tiene un valor económico indemnizable.
En este caso concreto, el Tribunal estimó que la actuación de las entidades contribuyó en un 15% al desenlace final. Por ello, deberán abonar una indemnización proporcional al valor que la empresa habría tenido de haber continuado operando.
Esta doctrina fortalece la posición de las empresas en concurso y de los administradores concursales, al ofrecerles una herramienta para reclamar daños cuando la banca actúe de forma precipitada o abusiva durante procesos de reestructuración, contribuyendo así a proteger el tejido empresarial frente a decisiones financieras automáticas que ignoran la viabilidad real de los negocios.
La Estrategia contra la Pobreza Energética aprobada el martes por el Gobierno prevé modificar las normas de acceso al bono social eléctrico incorporando un criterio de ingresos para las familias numerosas, que actualmente pueden recibirlo sin que su concesión dependa de su nivel de renta. Desde el área de Transición Ecológica se argumenta que, con el sistema vigente, hay hogares que obtienen la ayuda sin necesitarla realmente.
La nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 2026-2030), aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, contempla reformar la normativa para que tanto el bono social eléctrico como el térmico se concentren en los hogares con menores recursos. El objetivo es evitar que familias con ingresos medios o altos accedan a estas ayudas y garantizar que lleguen a quienes más las necesitan.
Entre las principales medidas figura limitar el acceso a estos bonos a las rentas elevadas, ya que, según el ministerio, el sistema actual presenta un doble problema: algunos hogares vulnerables no los solicitan o no llegan a beneficiarse, mientras que otros sin necesidad sí lo hacen.
El plan redefine, por tanto, los requisitos para obtener estas ayudas con la intención de focalizarlas en las economías domésticas con menos ingresos. En el caso de las familias numerosas, propone que el criterio de renta pase a ser determinante, de modo que solo lo perciban aquellas que realmente se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Hoy en día, el título de familia numerosa basta por sí solo para acceder a descuentos en la factura eléctrica -del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos, dentro de ciertos límites de consumo-. La reforma plantea aplicar también a este colectivo condiciones generales basadas en los ingresos.
La vicepresidenta tercera y ministra responsable, Sara Aagesen, explicó que el Ejecutivo considera que la renta debe convertirse en el criterio principal para determinar quién puede beneficiarse, aunque para ello será necesario desarrollar un reglamento específico. El Gobierno prevé abrir un proceso de diálogo con asociaciones y organizaciones de consumidores antes de aprobarlo.
Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, señaló que uno de los pilares de la estrategia es reforzar la protección de los consumidores vulnerables. Esto implica revisar la definición de vulnerabilidad aplicada al bono social e introducir criterios económicos de forma generalizada para asegurar que quienes realmente necesitan apoyo puedan acceder a él.
Según los últimos datos del ministerio, los beneficiarios del bono social eléctrico han aumentado un 4,5% en el último año hasta situarse en torno a 1,73 millones de hogares. De ellos, cerca del 27% -unos 460.000- lo reciben por su condición de familia numerosa. Por territorios, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña concentran el mayor número de beneficiarios en esta categoría, seguidas por la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y el País Vasco.
La balanza comercial de España registró el año pasado su mayor déficit desde 2022, cuando la guerra en Ucrania elevó drásticamente los precios energéticos y encareció las importaciones de gas y petróleo. En 2025, la diferencia negativa entre exportaciones e importaciones de bienes alcanzó los 57.054 millones de euros, un 41,6% más que en el ejercicio anterior (40.276 millones), lo que supone el tercer peor dato desde 2008. Buena parte de este deterioro se explica por el desequilibrio comercial con China, que aumentó un 12% y representa aproximadamente tres cuartas partes del déficit total.
Según Ya-Lan Liu, analista de Arcano Research, el país asiático ha redirigido hacia otros mercados la producción que antes destinaba a Estados Unidos debido a las barreras comerciales. Entre los destinos que están absorbiendo ese exceso de oferta -que el consumo interno chino no logra asumir- se encuentra España. No obstante, la experta señala que, aunque las ventas chinas a Europa han crecido, el aumento ha sido aún mayor hacia otras regiones de Asia y África, por lo que el impacto no ha sido tan masivo como se temía.
Esta evolución no afecta solo a España. El conjunto de la Unión Europea también vio ampliarse su déficit con China un 15% en 2025. Sin embargo, a diferencia del bloque comunitario, España no ha compensado ese desbalance con mayores exportaciones a otros mercados. Las ventas al exterior apenas crecieron un 0,7% (hasta 387.092 millones, segundo mejor dato histórico), mientras que las importaciones aumentaron un 4,6%, alcanzando los 444.146 millones.
El principal factor de esta brecha es el fuerte incremento del déficit no energético, que casi se triplicó al pasar de 9.833 a 27.763 millones de euros. Este fenómeno se relaciona en parte con el sólido crecimiento económico del país -un 2,8%-, que elevó los beneficios empresariales y, con ellos, la inversión en bienes de equipo: maquinaria industrial, equipos de oficina y telecomunicaciones, material de transporte o aparatos eléctricos.
También influyeron el dinamismo de la demanda interna -impulsada por un notable aumento de población- y el encarecimiento de numerosos productos. Destacan el incremento del 27% en las compras de carne (cerca de 5.000 millones) y del 25% en azúcar, café y cacao (unos 7.000 millones). Asimismo, el envejecimiento demográfico y el auge de los tratamientos para adelgazar contribuyeron a que las importaciones de medicamentos crecieran casi un 16%, hasta 26.579 millones. En cambio, el déficit energético se mantuvo contenido e incluso descendió ligeramente, de 30.442 a 29.292 millones, gracias a un ahorro cercano a 3.000 millones en la factura petrolera.
Estos datos se refieren únicamente al comercio de mercancías. Si se incluyen los servicios, el panorama cambia notablemente, según el economista Javier Santacruz. Desde comienzos de la década pasada, España ha logrado mantener superávits por cuenta corriente, principalmente gracias al peso de sectores como el turismo.
Por áreas geográficas, las exportaciones crecieron hacia mercados emergentes como África (6,2%) y Asia (3,4%), mientras que apenas avanzaron hacia la UE (0,6%) y retrocedieron en América Latina (-6%) y especialmente en Estados Unidos (-8%). En este último caso influyeron los aranceles impulsados por Donald Trump, cuyo impacto máximo se produjo en agosto, cuando las exportaciones españolas al mercado estadounidense cayeron más de un 30%.
Como consecuencia, Estados Unidos ha perdido peso en el comercio exterior español y representa ya solo el 4,3% de las ventas totales, un punto menos que el año anterior. Ante esta situación, el Gobierno busca nuevos destinos. El presidente Pedro Sánchez se encuentra estos días en India para reforzar las relaciones comerciales con un mercado de enorme potencial, especialmente para productos como el aceite de oliva o el sector del automóvil, favorecidos por el reciente acuerdo entre Bruselas y Nueva Delhi. Actualmente, las exportaciones españolas a India -algo más de 2.000 millones- equivalen a solo una cuarta parte de las destinadas a China.
En cuanto a los saldos bilaterales, los mayores superávits se obtuvieron con Portugal (17.380 millones) y Francia (17.341 millones), seguidos por Reino Unido (14.165 millones). Por el contrario, los déficits más elevados correspondieron a China (-42.278 millones), Estados Unidos (-13.458 millones) y Alemania (-10.954 millones).
La economía de las naciones más avanzadas terminó 2025 con resultados mixtos, en un contexto internacional marcado por conflictos comerciales y dudas políticas. Según los datos preliminares difundidos por la OCDE, el producto interior bruto (PIB) conjunto de sus 38 países miembros aumentó un 1,7% a lo largo del año, aunque el crecimiento se moderó hasta el 0,3% en el último trimestre, una décima menos que en el periodo previo.
El avance anual mejora claramente el 1,2% registrado en 2024 y el 1,1% de 2023, reflejando una recuperación moderada tras varios años de escaso dinamismo. Sin embargo, este progreso se produce en un escenario global donde la economía mundial también muestra señales de agotamiento. Las previsiones semestrales del organismo sitúan el crecimiento global en torno al 3,2% en 2025, tras sucesivas revisiones a la baja motivadas por la persistencia de obstáculos comerciales -acentuados por la guerra arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump- y por unas condiciones financieras más exigentes que han limitado la inversión y el comercio.
El contexto internacional estuvo condicionado por disputas comerciales prolongadas, reajustes en las cadenas de suministro y políticas monetarias prudentes. En varios países desarrollados, la actividad empresarial siguió mostrando debilidad, con niveles de inversión inferiores a los de ciclos anteriores, algo que la OCDE considera un riesgo para el crecimiento a medio plazo. Por ello, el organismo ha insistido en la necesidad de preservar mercados abiertos y mantener los intercambios internacionales.
Estas dificultades se hicieron más visibles en la recta final del año. De los 24 países con datos disponibles para el cuarto trimestre, solo diez aceleraron su ritmo de crecimiento respecto al periodo anterior, cinco entraron en terreno negativo y siete experimentaron una desaceleración. No obstante, a diferencia de 2024 -cuando siete economías terminaron el año con caídas-, en 2025 todas las economías de la OCDE con información disponible cerraron con crecimiento positivo, lo que indica que la desaceleración global fue menos intensa de lo previsto.
En Europa, tanto la Unión Europea como la zona euro registraron un crecimiento del 0,3% en el último trimestre, mostrando trayectorias convergentes. Para el conjunto de la Unión, este dato supone una ligera pérdida de impulso frente al 0,4% del trimestre anterior, mientras que la zona euro mantuvo estable su expansión. En términos anuales, el balance es positivo: la economía de la eurozona creció un 1,5% respecto a 2024 y la de toda la Unión un 1,6%.
España desempeñó un papel destacado en este comportamiento, con un aumento del PIB del 0,8% en el último trimestre impulsado por el consumo y la inversión. Gracias a ello, la economía española cerró 2025 con un crecimiento interanual del 2,8%, según el Instituto Nacional de Estadística.
Entre las grandes economías del G-7, la evolución fue dispar. Alemania e Italia destacaron al final del año con un crecimiento trimestral del 0,3%, impulsado principalmente por el consumo interno, tanto privado como público, y en el caso italiano también por la inversión empresarial. En cambio, Francia redujo su ritmo hasta el 0,2%, en parte porque muchas empresas optaron por vender existencias acumuladas en lugar de aumentar la producción. Canadá fue la economía con peor resultado entre las potencias, al registrar una contracción del 0,1% tras un trimestre anterior favorable.
Japón volvió a crecer ligeramente (0,1%) gracias al impulso de la inversión tras una caída previa, mientras que Reino Unido apenas avanzó un 0,1% por segundo trimestre consecutivo. Los datos definitivos de Estados Unidos aún no estaban completos al cierre del informe, aunque distintos analistas prevén una desaceleración en el último tramo del año que, pese a todo, mostraría resiliencia frente a las barreras arancelarias.
By visiting this website or by using the mobile app we may use and store information in your browser in the form of cookies. These include information that is strictly necessary for the operation and navigation of the website and, therefore, cannot be deactivated.
As we respect your privacy, through the cookie settings panel you can accept or reject cookies by clicking on the corresponding box. For more information or to consult the complete list of cookies consult our Cookies policy.
Necessary technical cookies
These cookies are strictly necessary for the correct operation and navigation of the user through the website, as well as to remember cookie preferences and, therefore, it is not possible to deactivate them. They do not store any personally identifiable information permanently.
Performance Cookies
Performance cookies allow us to know the level of recurrence of our visitors and carry out the measurement and statistical analysis of the use of our service in order to improve its performance. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous.
