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(Cinco Días, 29-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo toca los 108 dólares y lleva al interés del bono español a máximos de diciembre de 2013

Los precios del petróleo vuelven a repuntar ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, aumentando al mismo tiempo la presión sobre la deuda soberana. El rechazo de Donald Trump a la última propuesta iraní para facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz ha llevado al barril de Brent por encima de los 108 dólares y ha provocado nuevas subidas de las rentabilidades de los bonos, ante el temor a que el encarecimiento de la energía prolongue las tensiones inflacionistas. Mientras el dólar gana posiciones, los metales preciosos sufren fuertes descensos y las Bolsas se mueven en terreno negativo. El petróleo avanza alrededor de un 4% este lunes y acumula una subida próxima al 20% durante septiembre, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales riesgos para la economía mundial. El encarecimiento de la energía puede trasladarse a la inflación y aumentar las expectativas de que los bancos centrales tengan que mantener o intensificar el endurecimiento monetario. La ausencia de avances diplomáticos ha frustrado las expectativas de los inversores de que las conversaciones entre Washington y Teherán permitieran reducir las tensiones en Oriente Próximo y facilitaran la reapertura del estrecho de Ormuz. La subida de la energía también está elevando los costes de financiación de los Estados. Los precios de los bonos caen y, en consecuencia, aumentan sus rentabilidades. En Estados Unidos, el rendimiento de la deuda a dos años, especialmente sensible a las expectativas sobre los tipos de interés, aumenta seis puntos básicos, hasta el 4,92%, ante el temor de que una energía más cara obligue a la Reserva Federal a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo para contener la inflación. El bono estadounidense a diez años eleva su rentabilidad en cuatro puntos básicos. La presión se extiende a Europa. En España, la rentabilidad del bono a diez años sube tres puntos básicos, hasta el 4,134%, y vuelve a alcanzar durante la sesión niveles máximos desde diciembre de 2023. En Francia, el rendimiento del bono a diez años se sitúa en máximos desde 2008, mientras que en Alemania alcanza niveles que no se veían desde 2009. Las Bolsas también reflejan el aumento de la incertidumbre. Los futuros de Wall Street anticipan descensos del 0,8% en el Nasdaq 100 y del 0,5% en el S&P 500. En Europa, el Ibex 35 retrocede un 0,2%, mientras el Euro Stoxx 50 se mantiene prácticamente sin cambios. Dentro del selectivo español, Acciona Energía, Acciona y Repsol registran los mayores avances, mientras que ArcelorMittal, Indra y CaixaBank se sitúan entre los valores más castigados. En los mercados asiáticos, las Bolsas de China continental y Corea del Sur han sufrido descensos superiores al 2%, mientras el Nikkei japonés ha terminado la sesión con una caída del 0,7%. A las tensiones geopolíticas y energéticas se suma la preocupación de los inversores por la evolución de la inteligencia artificial, después de que OpenAI haya paralizado temporalmente el entrenamiento, la evaluación y la inferencia mediante herramientas de sus modelos más avanzados mientras refuerza sus sistemas de seguridad. El repunte de las rentabilidades de la deuda también está afectando a los metales preciosos. El oro pierde un 3%, hasta los 4.188 dólares por onza, mientras la plata retrocede cerca de un 5%, hasta aproximadamente 61,7 dólares. Los analistas de SaxoBank relacionan parte del movimiento con la pérdida del nivel de soporte de los 4.230 dólares por onza del oro y apuntan también a la posibilidad de que una parte de las ventas responda a una toma de beneficios de inversores chinos antes del inicio de una semana festiva. El oro y la plata se ven además perjudicados por la expectativa de nuevas subidas de los tipos de interés, ya que estos activos no generan rendimientos financieros. Los mercados descuentan actualmente al menos otro incremento de 25 puntos básicos antes de que termine el año, después de que la Reserva Federal aumentara este mes los costes de financiación por primera vez desde 2023. Mientras continúe el conflicto con Irán, los mercados deberán afrontar un escenario marcado por una mayor inflación potencial, nuevas subidas de tipos y unas condiciones financieras más restrictivas. Al mismo tiempo, algunos analistas señalan que la corrección de las valoraciones bursátiles puede generar oportunidades para los inversores con una perspectiva de largo plazo, especialmente ante el crecimiento de los beneficios empresariales asociados al desarrollo de la inteligencia artificial. La atención se centra ahora en la batería de indicadores económicos que publicará Estados Unidos durante los próximos días, con datos de inflación, PIB, actividad manufacturera y empleo. El informe de nóminas de septiembre, previsto para el viernes, podría reflejar la creación de unos 85.000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de paro se mantendría en el 4,1%, aunque también existe la posibilidad de que descienda al 4%. La publicación de varios indicadores económicos positivos ha llevado al índice del dólar a máximos de dos meses, en 101,39 puntos. El euro, por su parte, baja hasta 1,1380 dólares y acumula una depreciación cercana al 2% durante septiembre.

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(Expansión, 29-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump confirma que estudia vetar la exportación de diésel "seriamente"

Donald Trump estudia medidas para contener el precio de los carburantes en Estados Unidos ante la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre. Entre las opciones que maneja la Casa Blanca figura restringir la exportación de diésel con el objetivo de aumentar la oferta disponible en el mercado interno y moderar la escalada de precios. El presidente estadounidense ha confirmado que su Administración está valorando seriamente esta posibilidad, en un contexto marcado por el encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra con Irán. El diésel, fundamental para el transporte, la agricultura y buena parte de la actividad económica, ha registrado máximos en Estados Unidos durante las últimas semanas, llegando a superar los 6,52 dólares por galón, equivalentes a unos 1,72 dólares o 1,51 euros por litro. Según los datos de la Asociación Automovilística Americana (AAA), el precio se ha incrementado un 73% respecto a los niveles previos al conflicto. La situación ha generado presión política dentro del Partido Republicano, con candidatos de estados como Iowa y Michigan reclamando limitar las exportaciones de diésel refinado para reforzar el abastecimiento nacional. Estados Unidos consume actualmente alrededor de 4,1 millones de barriles de diésel diarios y exporta otros 1,5 millones, según S&P Global Energy. Una reducción significativa de estas ventas al exterior podría afectar al suministro internacional y ha provocado la preocupación de la Comisión Europea, que advierte de posibles efectos sobre los precios y los consumidores a ambos lados del Atlántico. El secretario de Energía, Chris Wright, ha señalado que no se plantea necesariamente una prohibición permanente y que una de las alternativas estudiadas sería limitar las exportaciones durante 90 días. La evolución del mercado energético está estrechamente vinculada a las negociaciones para tratar de poner fin al conflicto con Irán. Teherán ha aprovechado la Asamblea General de Naciones Unidas para plantear la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos reduce su presión militar, mientras Washington reclama garantías relacionadas con el programa nuclear iraní. Trump, por su parte, no contempla que pueda alcanzarse un acuerdo antes de las elecciones legislativas de noviembre.

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(El País, 29-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las hipotecas caen un 3,5% en julio, pero el importe medio marca un nuevo máximo por encima de los 180.000 euros

El mercado hipotecario registró una evolución desigual en julio. En total se formalizaron 43.372 hipotecas sobre viviendas, un 3,5% menos que en el mismo mes del año anterior, lo que supone alrededor de 1.500 operaciones menos. El dato confirma cierta moderación después del fuerte crecimiento experimentado durante 2025, aunque, teniendo en cuenta la habitual caída de la actividad durante los meses de verano, julio cerró como el segundo mejor registro para este periodo en los últimos 16 años. La reducción del número de operaciones contrasta con el incremento del importe medio de los préstamos. Las nuevas hipotecas destinadas a la compra de vivienda alcanzaron una cuantía media de 180.785 euros, un 10,9% más que un año antes y el importe más elevado desde que el INE comenzó a recopilar esta estadística en 2015. La evolución refleja el impacto que está teniendo el encarecimiento de la vivienda sobre quienes necesitan recurrir a la financiación para acceder a una casa. El coste de las nuevas hipotecas también aumentó. El tipo de interés medio se situó en el 3,01%, su nivel más alto desde enero de 2025, cuando alcanzó el 3,08%. La evolución se produce en un contexto de tipos de interés todavía elevados y después de las últimas decisiones del Banco Central Europeo, que mantiene el precio oficial del dinero en el 2,5%. Los datos de julio muestran, por tanto, un mercado en el que se conceden menos préstamos que hace un año, pero por cantidades considerablemente superiores. La combinación de la resistencia de los precios de la vivienda y unas condiciones de financiación todavía exigentes condiciona la capacidad de acceso de los compradores y refleja la adaptación del mercado al actual escenario monetario. La evolución por comunidades autónomas fue desigual. Andalucía concentró el mayor número de operaciones, con 8.136 hipotecas, aunque experimentó un descenso mensual del 12,7% y una caída interanual del 9,3%. Madrid registró 5.624 operaciones, un 19,4% menos que en junio y un 5,2% menos que un año antes. También sufrieron retrocesos relevantes País Vasco, Aragón, Canarias, Cantabria y La Rioja. Cataluña presentó el comportamiento más expansivo entre los grandes mercados. Con 8.858 hipotecas, incrementó las operaciones un 10,1% respecto a junio y un 4,9% en comparación con julio de 2025. También aumentó la actividad en Galicia, Baleares, Castilla y León, Asturias y Murcia, aunque con volúmenes inferiores a los de los principales mercados. En la comparación interanual, Cataluña volvió a situarse entre las comunidades con mayor crecimiento, con más de 400 operaciones adicionales respecto a julio del año anterior. Galicia, Castilla y León y Baleares también registraron avances. En sentido contrario, Andalucía sufrió el mayor descenso en términos absolutos, con alrededor de 835 hipotecas menos que un año antes, mientras Madrid perdió más de 300 operaciones y Canarias presentó uno de los retrocesos porcentuales más acusados. El resultado es un mercado hipotecario territorialmente heterogéneo, en el que algunas comunidades mantienen el crecimiento pese al contexto de tipos de interés y precios elevados, mientras otras experimentan una pérdida significativa de actividad. En conjunto, la estadística de julio apunta a una moderación del número de operaciones, pero también a un aumento considerable del volumen de financiación necesario para adquirir una vivienda.

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(El País, 29-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno limita la tarifa de gas y el butano para evitar que se dispare el recibo en todo el invierno

El Gobierno limitará desde este martes la subida de la tarifa regulada del gas y del precio de la bombona de butano para contener el impacto del encarecimiento de la energía durante los próximos meses. La medida se incorporará al nuevo decreto de respuesta a la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Próximo y afectará a los más de 3,1 millones de hogares acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR), alrededor del 40% del total. Sin esta intervención, la revisión prevista para el 1 de octubre habría elevado el recibo del gas más de un 45%. El incremento de la TUR quedará limitado inicialmente a alrededor del 15%, mientras que en las revisiones posteriores se aplicará un mecanismo para contener las subidas hasta que el sistema recupere el equilibrio. El coste derivado de esta limitación no se financiará directamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sino que generará un déficit para las comercializadoras de último recurso que se compensará posteriormente cuando disminuyan los precios de la materia prima. La intervención también afectará al butano, utilizado por unos siete millones de consumidores, especialmente en zonas rurales. El precio de la bombona podrá situarse como máximo en 19,55 euros hasta junio de 2027, frente a los 18,84 euros actuales. El eventual déficit generado se absorberá mediante el mecanismo habitual de revisión del gas licuado de petróleo envasado, que limita las variaciones a un 2% al alza o a la baja en cada actualización bimestral. Las medidas llegan en un contexto de fuerte tensión en los mercados energéticos internacionales. El precio del gas en los principales mercados europeos supera los 70 euros por megavatio hora, frente a niveles inferiores a 30 euros antes del inicio de la escalada bélica con Irán. Las dificultades en el transporte a través del estrecho de Ormuz, los daños en infraestructuras energéticas y las nuevas sanciones europeas contra Rusia están contribuyendo a mantener elevada la presión sobre la oferta y los precios de los hidrocarburos. El Ejecutivo pretende así evitar que el encarecimiento del gas y los combustibles se traslade al conjunto de la economía mediante un aumento de los costes de producción. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha advertido del riesgo de que se produzcan efectos de segunda ronda sobre la inflación, especialmente en productos como los alimentos. La Comisión Europea, sin embargo, ha recomendado a los Estados miembros limitar las medidas que puedan estimular la demanda de hidrocarburos, lo que introduce un elemento adicional de debate sobre el alcance de las intervenciones nacionales.

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(El Periódico, 29-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación anual estimada del IPC en septiembre de 2026 es del 4,9%

La inflación anual se situó en el 4,9% en septiembre de 2026, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un repunte de seis décimas respecto al 4,3% registrado en agosto. El avance refleja principalmente el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos, cuyos precios aumentaron en septiembre frente al descenso registrado un año antes, así como una menor caída de los precios de los paquetes turísticos. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, también aceleró su evolución, aunque de forma más moderada, al aumentar dos décimas hasta el 3,1%. De confirmarse estos datos, la evolución de los precios mantendría la presión sobre los hogares y las empresas en un contexto marcado por el fuerte incremento de los costes energéticos. En términos mensuales, los precios de consumo aumentaron un 0,3% en septiembre respecto a agosto. Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) elevó su tasa anual cuatro décimas, hasta el 5%, mientras que la inflación subyacente armonizada se situó en el 3,2%. La variación mensual estimada del IPCA fue del 0,6%.

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(Cinco Días, 28-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La EBA denuncia el vacío regulatorio que favorece a grandes brokers y plataformas de criptoactivos

A una semana de que finalice la consulta pública sobre la futura revisión de MiCA, el reglamento europeo que establece las reglas para el mercado de criptoactivos, las autoridades financieras comunitarias coinciden en que será necesario introducir cambios para adaptar el marco regulatorio a la evolución del sector. El Sistema Europeo de Bancos Centrales presentó sus propuestas el martes y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha hecho ahora lo propio, poniendo el foco especialmente en las dificultades para supervisar de manera efectiva a los grandes intermediarios y conglomerados vinculados al negocio de los criptoactivos. Desde la entrada en vigor de MiCA, diferentes grupos empresariales han ampliado su oferta de productos y servicios relacionados con los activos digitales en Europa, aunque con modelos de negocio muy diferentes. Entre ellos figuran entidades bancarias y financieras tradicionales y nuevos operadores que combinan criptomonedas, activos tokenizados y divisas convencionales con actividades como la emisión, negociación, custodia o prestación de servicios de pago. Algunas de estas actividades, como determinados préstamos respaldados por criptoactivos, todavía quedan fuera del marco regulatorio. Además, numerosos operadores tienen su sede o concentran buena parte de su actividad fuera de la Unión Europea, como ocurre con Binance, que desde julio ha dejado de operar en Europa al no haber obtenido una licencia MiCA, o Coinbase. La EBA considera que la vinculación entre las distintas sociedades de un mismo grupo mediante relaciones financieras, operativas o de marca puede generar riesgos para los clientes. El problema es que el actual marco de supervisión de los conglomerados financieros solo alcanza a determinados grupos que desarrollan actividades bancarias, aseguradoras o de inversión tradicionales, ya que fue diseñado antes de la aparición y expansión de los negocios relacionados con los criptoactivos. En estos casos, los supervisores dependen en gran medida del intercambio de información y de la cooperación con autoridades de otros países, una coordinación que no siempre está garantizada. Según la EBA, la ausencia de estructuras formales que permitan supervisar a estos grupos de manera conjunta, especialmente cuando combinan numerosos servicios financieros o presentan estructuras complejas, dificulta la detección anticipada de riesgos y limita la posibilidad de adoptar respuestas coordinadas cuando estos llegan a materializarse. Por este motivo, el organismo plantea desarrollar nuevos instrumentos y estructuras de supervisión que permitan controlar de forma coordinada a estos grandes operadores. La cuestión adquiere mayor relevancia a medida que el mercado cripto estrecha sus vínculos con las finanzas tradicionales y las plataformas amplían su catálogo de servicios financieros con el objetivo de reducir su exposición a la volatilidad propia de los activos digitales. La EBA también se aproxima a la posición defendida por el Sistema Europeo de Bancos Centrales respecto a las exigencias de liquidez aplicables a los emisores de stablecoins. El regulador considera que la obligación de mantener entre un 30% y un 60% de las reservas en depósitos, en función de si el emisor tiene carácter significativo, aumenta la interconexión entre estas compañías y el sistema bancario. Aunque este mecanismo permite que los emisores puedan atender con rapidez las solicitudes de reembolso de los inversores en situaciones de tensión, también puede trasladar riesgos al sector bancario. Las entidades que custodian las reservas podrían afrontar problemas de liquidez y, en caso de que alguna atravesara dificultades, el emisor de la stablecoin podría sufrir retrasos para acceder a los fondos depositados o incluso asumir pérdidas. El BCE planteó sustituir esta exigencia por unos niveles mínimos de reservas invertidas en activos de elevada calidad y muy líquidos, con vencimientos de entre uno y cinco días laborables. La EBA considera viable esta alternativa, aunque adopta una posición más cautelosa. A su juicio, un sistema basado en colchones mínimos de liquidez diaria y semanal, combinado con límites de vencimiento y requisitos de diversificación, podría adaptarse mejor al nivel de riesgo que la obligación de mantener un porcentaje fijo de las reservas en depósitos bancarios. La EBA vuelve a poner asimismo sobre la mesa la situación de las stablecoins globales. Tanto este organismo como el BCE han advertido en distintas ocasiones sobre los riesgos asociados a estos activos, entre ellos USDC, de Circle, que se emiten de manera simultánea en distintas jurisdicciones bajo sus respectivos marcos regulatorios. En este modelo, el emisor mantiene reservas para respaldar los tokens puestos en circulación en cada territorio. Sin embargo, al tratarse de activos idénticos y fungibles, los usuarios pueden solicitar su reembolso ante cualquiera de las entidades emisoras, tanto la estadounidense como la europea. Si una de ellas recibe solicitudes de reembolso superiores a las reservas de las que dispone, se pone en marcha un mecanismo de reequilibrio que permite a la otra entidad transferir activos para mantener el respaldo del conjunto de tokens en circulación. Las autoridades europeas consideran que este sistema puede debilitar las garantías prudenciales establecidas por MiCA. El BCE llegó incluso a plantear la prohibición de estas stablecoins o la aplicación de requisitos regulatorios más estrictos. La EBA, por su parte, considera que las salvaguardas actuales de MiCA no bastan para contener los riesgos y advierte de que parte de la actividad del emisor podría quedar fuera del alcance de la supervisión europea, reduciendo la capacidad de las autoridades para intervenir. No obstante, el organismo bancario no propone prohibir estos activos. Su planteamiento pasa por aclarar jurídicamente en qué condiciones pueden admitirse y reforzar los mecanismos destinados a limitar los riesgos. También reclama avanzar hacia acuerdos de reciprocidad con otras jurisdicciones que permitan garantizar unas condiciones equivalentes para las stablecoins emitidas en Europa cuando operen en otros mercados.

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(Expansión, 28-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE descarta alzas de tipos de 50 puntos básicos pese a la inflación

El Banco Central Europeo (BCE) considera adecuado mantener el ritmo actual de normalización de la política monetaria. Fuentes próximas al órgano de decisión de la institución señalan que, por ahora, no está previsto acelerar el proceso y descartan movimientos de mayor magnitud, como incrementos de 50 puntos básicos, al menos en el corto plazo. Aunque la inflación ha vuelto a repuntar como consecuencia de la prolongación del bloqueo del estrecho de Ormuz derivado del conflicto en Irán, en el BCE existe la percepción de que el endurecimiento monetario puede continuar de forma gradual, sin necesidad de adoptar medidas más agresivas o prolongadas. La revisión al alza de las previsiones de inflación no habría alterado, según estas fuentes, el anclaje de las expectativas de empresas y hogares. El repunte de los precios, además, está teniendo un impacto inferior al previsto inicialmente en algunos ámbitos, con la excepción del componente energético. La propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha admitido su sorpresa por la limitada repercusión del shock inflacionista sobre elementos como los alimentos y los salarios, lo que hasta ahora ha evitado la aparición de efectos de segunda ronda de mayor intensidad. La situación tampoco se considera comparable a la de 2022. El punto de partida de la política monetaria es ahora diferente y las expectativas de inflación a largo plazo permanecen contenidas, en parte porque el BCE ya ha demostrado su disposición a actuar para garantizar la estabilidad de precios. El escenario que comienza a ganar peso es, por tanto, el de unos tipos de interés elevados durante un periodo más prolongado. El BCE situó hace menos de tres semanas el precio oficial del dinero en el 2,5%, su nivel más alto desde marzo de 2025, aunque todavía se encuentra 150 puntos básicos por debajo de los máximos alcanzados en 2023. En aquel momento, las subidas llegaron incluso a 75 puntos básicos en algunas reuniones, en un contexto en el que la inflación había superado el 10% y mostraba una evolución mucho más preocupante. Fuentes conocedoras de las deliberaciones aseguran que ni siquiera se ha planteado la posibilidad de adoptar incrementos de mayor intensidad. El debate actual se centra en determinar si es necesario continuar ajustando la política monetaria y en qué medida, pero no existe por ahora un escenario que contemple aumentos de 50 puntos básicos de forma recurrente. Una de las cuestiones que concentra el debate en Fráncfort es precisamente hasta dónde deberían continuar las subidas para que la política monetaria entre en una fase claramente restrictiva, es decir, aquella en la que las condiciones de financiación comienzan a ejercer una presión significativa sobre la actividad económica. Los cálculos de algunos miembros del Consejo de Gobierno apuntan a que una o dos subidas adicionales podrían situar al BCE en ese escenario. Tampoco los miembros más prudentes del Consejo consideran cerrado el ciclo de incrementos. Las decisiones continuarán adoptándose reunión a reunión debido a la incertidumbre asociada al contexto geopolítico, pero algunos banqueros centrales contemplan diciembre como una posible fecha para volver a elevar los tipos. Asimismo, la reunión de octubre presenta ahora más posibilidades de cambios que las últimas citas. Las actuales previsiones de inflación también reflejan un escenario que se aproxima a algunas de las hipótesis más negativas contempladas en las proyecciones elaboradas en marzo. Esto explica que el BCE mantenga abierta la posibilidad de continuar actuando, aunque sin considerar necesario un cambio brusco de estrategia. En este contexto, la orientación actual apunta hacia incrementos moderados y graduales, posiblemente durante más reuniones de las que se esperaba hace unos meses, pero sin que exista por ahora la necesidad de acelerar el proceso. Las subidas de mayor magnitud siguen siendo una herramienta disponible para el BCE, aunque su utilización podría transmitir una señal de tensión monetaria que la institución considera poco conveniente en las circunstancias actuales. Además, el banco central parte en este ciclo con la ventaja de haber actuado antes que otras grandes autoridades monetarias. Frente a etapas anteriores, en las que se cuestionó que el BCE hubiera reaccionado tarde al repunte de los precios, en esta ocasión ya ha realizado dos incrementos de los tipos mientras otros grandes bancos centrales han mantenido una posición más estable.

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(Expansión, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez oficializa su apoyo a De Cos en la carrera por presidir el BCE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su viaje a Estados Unidos para expresar públicamente su respaldo a la candidatura del actual director gerente del Banco de Pagos Internacionales, José Luis Escrivá, para ocupar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de Christine Lagarde. Con este pronunciamiento, Sánchez confirma la apuesta del Ejecutivo español por situar a un representante nacional al frente de la autoridad monetaria europea. "Por supuesto, tiene mi apoyo. Tiene el liderazgo, también la capacidad y el conocimiento. Sería algo muy positivo no solo para España, sino también para Europa el tener a alguien como él liderando el banco central", ha señalado el presidente del Gobierno en declaraciones a Bloomberg desde Estados Unidos. El respaldo explícito del Ejecutivo constituye un paso necesario para que la candidatura pueda avanzar en el complejo proceso de negociación entre los Estados miembros. La elección de la presidencia del BCE no depende únicamente de la trayectoria profesional y de los conocimientos técnicos de los candidatos, sino también de la capacidad de los gobiernos para reunir los apoyos necesarios en el ámbito europeo. El mandato del presidente del BCE tiene una duración de ocho años y no es renovable. Para ocupar el cargo se exige contar con reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios. No obstante, además de cumplir estos requisitos, el candidato debe superar un proceso de negociación política entre los países de la zona euro. La sucesión de Christine Lagarde ha cobrado mayor relevancia ante las informaciones que apuntan a una posible salida anticipada de la presidenta del BCE. Aunque Lagarde ha manifestado que permanecerá en el cargo hasta 2027, cuando concluye oficialmente su mandato, existen informaciones que apuntan a que podría abandonar antes la institución. En estos momentos, José Luis Escrivá aparece entre los nombres que se están barajando para ocupar el puesto, junto al neerlandés Klaas Knot y el alemán Joachim Nagel. El proceso, no obstante, todavía puede incorporar nuevos candidatos, como ha ocurrido en anteriores sucesiones de la presidencia del BCE. El Gobierno español considera especialmente relevante recuperar presencia en el Comité Ejecutivo del BCE, después de que España haya quedado sin representación en este órgano tras la salida de Luis de Guindos, vicepresidente de la institución entre 2018 y 2026. Anteriormente, José Manuel González-Páramo había formado parte del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE entre 2004 y 2012. La elección del presidente del BCE se desarrolla mediante un procedimiento que implica a distintas instituciones europeas. En primer lugar, los ministros de Economía y Finanzas de los países de la zona euro, reunidos en el Eurogrupo, presentan y valoran las candidaturas hasta alcanzar una mayoría cualificada. El candidato seleccionado debe posteriormente comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y obtener un dictamen de no oposición del Consejo de Gobierno del BCE. La decisión final corresponde al Consejo Europeo, reunido en su configuración de la zona euro, que designa al presidente del Banco Central Europeo a partir de la recomendación formulada por el Eurogrupo.

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(Expansión, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas avisa a Trump de que suspender las exportaciones de diésel a la UE "afectará negativamente" a ambos

La Comisión Europea ha expresado este jueves su preocupación ante las informaciones que apuntan a que Estados Unidos estaría estudiando suspender durante 90 días las exportaciones de diésel, incluidas las destinadas a la Unión Europea. Bruselas ha advertido de que una medida de este tipo podría perjudicar tanto a los mercados europeos como al estadounidense y ha defendido mantener la cooperación energética entre ambas partes. Un portavoz de la Comisión ha señalado que la relación energética entre la UE y Estados Unidos es actualmente estable y beneficiosa para ambas economías, por lo que cualquier interrupción podría tener efectos negativos para los dos bloques. Bruselas ha destacado además que existen contactos de alto nivel con Washington y ha reclamado que los socios mantengan consultas antes de adoptar decisiones que puedan repercutir sobre mercados compartidos. Por el momento, la Comisión asegura que no detecta problemas concretos de suministro de diésel en la Unión Europea. La portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, ha explicado que los expertos europeos están siguiendo de cerca la evolución de los mercados y de las reservas de seguridad, en coordinación con las autoridades responsables de los Estados miembros. El grupo de coordinación sobre petróleo volverá a reunirse el próximo martes, cuando los expertos de los Veintisiete analizarán nuevamente la situación y sus posibles implicaciones. Bruselas reconoce que la Unión Europea depende en buena medida de las importaciones de diésel, pero considera que esta circunstancia convierte al mercado comunitario en un destino especialmente relevante para los productores estadounidenses. De hecho, Estados Unidos representa cerca de la mitad de las compras de diésel que la Unión Europea realiza fuera de sus fronteras. Por este motivo, la Comisión considera que una eventual restricción de las exportaciones también tendría consecuencias para los intereses energéticos y comerciales estadounidenses. Bruselas ha señalado asimismo que dentro de Estados Unidos existen posiciones contrarias a una eventual prohibición de las exportaciones y que algunos sectores consideran que una medida de este tipo tendría efectos negativos. La Comisión ha destacado, en este sentido, la importancia de la relación energética entre ambas partes, que no se limita al diésel, sino que también incluye el suministro de gas natural licuado a la Unión Europea.

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(El Economista, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas diseña un escudo energético con compras de gas financiadas por toda la UE ante una crisis

La Comisión Europea estudia permitir que el presupuesto comunitario se utilice para financiar un sistema de compras conjuntas de gas en caso de una crisis de suministro. El borrador del nuevo reglamento sobre seguridad energética incluye esta posibilidad entre las herramientas que Bruselas podría activar cuando se declare una alerta a escala regional o para el conjunto de la Unión. La propuesta abriría así la posibilidad de utilizar recursos europeos para responder a situaciones de tensión en el mercado gasista, aunque todavía quedan por concretar tanto el funcionamiento como la financiación del mecanismo. El alcance económico de esta iniciativa aún no está definido. El texto no determina quién asumiría la contratación del gas, quién sería el titular de los volúmenes adquiridos ni cómo se repartirían entre los países participantes tanto el suministro como los costes. Por tanto, la inclusión de esta opción en el reglamento permitiría desarrollar posteriormente el instrumento, pero no supone que exista ya una partida presupuestaria aprobada para financiar las compras. La propuesta introduce una diferencia respecto al sistema AggregateEU, puesto en marcha por la Comisión Europea después de la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. Esta plataforma permite agrupar las necesidades de gas de distintas empresas y ponerlas en contacto con posibles proveedores. Una vez identificadas las ofertas, son las propias compañías las que negocian directamente los contratos. AggregateEU facilita y coordina el proceso, pero no asume la contratación comercial ni la financiación de las operaciones. El nuevo reglamento separaría expresamente esta agregación de demanda de un mecanismo de compras conjuntas de la Unión respaldado por financiación comunitaria. De esta forma, Bruselas podría disponer de una herramienta adicional para intervenir en el mercado en situaciones excepcionales. No obstante, será el desarrollo posterior de la iniciativa el que determine si la financiación europea cubriría directamente las adquisiciones de gas, determinados costes asociados a ellas o algún otro tipo de apoyo. La puesta en marcha del mecanismo estaría condicionada a la declaración de una situación de alerta. El borrador contempla que la Comisión pueda activarla cuando se produzca un deterioro significativo del suministro a escala regional o comunitaria. También podría declararse cuando una situación de alerta en el sistema eléctrico genere un riesgo importante para la seguridad del abastecimiento de gas. Asimismo, Bruselas tendría que declarar una alerta regional o para toda la Unión cuando dos o más autoridades nacionales competentes hayan activado previamente sus respectivos mecanismos de alerta y soliciten una respuesta coordinada a escala europea. El planteamiento pretende que la intervención pueda producirse antes de alcanzar las fases más graves de una emergencia energética. Las compras conjuntas se sumarían a otras medidas previstas en el reglamento, como reducciones obligatorias de la demanda mediante mecanismos de mercado, sistemas de agregación de necesidades adaptados a la magnitud de la crisis o actuaciones extraordinarias destinadas a reforzar los niveles de almacenamiento. La Comisión tendría que realizar un seguimiento permanente de las circunstancias que hubieran motivado la declaración de alerta y poner fin a las medidas cuando dejaran de cumplirse las condiciones que justificaron su activación. El almacenamiento de gas también tendría un papel destacado dentro de la estrategia. Entre las opciones recogidas en el anexo del proyecto figuran la organización de nuevas subastas, la reducción de las tarifas de almacenamiento o la designación de un operador de último recurso que se encargue de garantizar el llenado de las instalaciones. El proyecto contempla además la posibilidad de obligar a las empresas a utilizar o mantener llenas hasta el 1 de noviembre las capacidades de almacenamiento que tengan contratadas, con el objetivo de reforzar las reservas disponibles ante posibles episodios de tensión en el suministro.

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