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(Cinco Días, 14-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La nueva subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo hasta el 2,5%, devuelve protagonismo a los productos de ahorro conservador

Los bancos vuelven a intensificar su apuesta por el ahorro conservador. La nueva subida de los tipos de interés aprobada este jueves por el Banco Central Europeo (BCE), hasta situarlos en el 2,5%, ha devuelto protagonismo a los depósitos y a las cuentas remuneradas dentro de la oferta bancaria. En el mercado español ya pueden encontrarse depósitos con rentabilidades de hasta el 3,5% TAE y cuentas que superan el 5%. La diferencia respecto a la remuneración media del mercado es significativa. El último dato disponible del BCE sitúa en el 2,01% la rentabilidad media de los depósitos a plazo en España, correspondiente al mes de julio. Sin embargo, algunas entidades están ofreciendo tipos claramente superiores. Ferratum llega al 3,4% a doce meses, Deutsche Bank alcanza el 3,25%, aunque exige determinados requisitos de vinculación, y Mediolanum ofrece un 3%, condicionado en este caso a aportar el triple del importe depositado a un fondo gestionado por la propia entidad. La mayor parte de las ofertas se sitúa entre el 2,5% y el 3%: Renault Bank ofrece un 2,88%, BFF un 2,78%, mientras que Scalable Capital, Cetelem y SelfBan remuneran al 2,75% los depósitos a un año. El plazo también condiciona la rentabilidad. A seis meses, las remuneraciones son generalmente más reducidas: Ferratum ofrece un 3,1%, Cetelem un 2,75% y Openbank un 2,5%. En los productos a tres meses aparecen algunas excepciones, como el 3,5% de Banco Big, aunque la mayoría de las propuestas se sitúa por debajo del 2,5%. BFF, Cetelem y EBN, por ejemplo, ofrecen un 2,2%. La estrategia de las entidades a la hora de fijar estas remuneraciones responde tanto a sus necesidades de captar ahorro como a sus expectativas sobre la evolución de los tipos. Cuando se prevé que el precio del dinero pueda ser más elevado dentro de unos meses, los bancos tienen más incentivos para pagar tipos superiores por depósitos de mayor duración. Si, por el contrario, anticipan una bajada de tipos, suelen concentrar las mejores condiciones en los plazos más cortos. En el escenario actual, marcado por la incertidumbre geopolítica, el encarecimiento de la energía y las dudas sobre la evolución del conflicto en Oriente Próximo, las expectativas apuntan a que los tipos permanecerán elevados durante más tiempo. Esta situación plantea la posibilidad de que en los próximos meses se intensifique la competencia por captar el ahorro de los clientes. No obstante, una subida de 25 puntos básicos por parte del BCE no significa necesariamente que las entidades tengan que trasladar ese incremento a sus depósitos. Andre Boar, profesor de la UPF Barcelona School of Management, considera que los bancos siguen teniendo margen para financiarse con depósitos remunerados en torno al 2% o 2,5%, una vía más económica que acudir a los mercados. Además, al estar descontada previamente la subida de tipos, buena parte del ajuste en las ofertas ya se habría producido, por lo que no cabe esperar necesariamente un nuevo repunte generalizado de las remuneraciones. Durante el anterior ciclo alcista, cuando los tipos llegaron a situarse en el 4%, las grandes entidades tampoco protagonizaron una carrera para mejorar la remuneración del ahorro más conservador. Fueron principalmente los bancos medianos y pequeños y los neobancos quienes elevaron sus ofertas, mientras las grandes entidades justificaban su posición por la elevada liquidez de la que disponían. La banca digital y los neobancos mantienen una mayor capacidad de reacción porque utilizan las cuentas remuneradas y los depósitos como instrumentos para captar nuevos clientes. En cambio, las entidades tradicionales tienen menos necesidad de elevar de forma generalizada el precio de sus depósitos cuando cuentan con una posición de liquidez cómoda. Según Pablo Vega, experto en finanzas del comparador Roams, la nueva subida del BCE puede provocar sobre todo movimientos entre aquellas entidades que todavía remuneran el ahorro por debajo de los tipos oficiales, sin que necesariamente aumente el nivel máximo de las ofertas existentes. En las cuentas remuneradas, las rentabilidades pueden ser todavía mayores, aunque las condiciones asociadas al producto obligan a analizar con detalle cada propuesta. La banca está recurriendo cada vez más a fórmulas de vinculación que condicionan la remuneración a la contratación o utilización de otros servicios, como tarjetas, nóminas, recibos o Bizum. Ibercaja encabeza actualmente las ofertas con una remuneración del 5,09% TAE, aunque limitada a un saldo máximo de 12.000 euros y condicionada a domiciliar la nómina, realizar al menos seis compras semestrales con la tarjeta o domiciliar un recibo. Bankinter ofrece un 5% a través de su cuenta nómina, sobre un máximo de 10.000 euros, pero exige una nómina de al menos 800 euros, tres recibos domiciliados cada trimestre y tres pagos trimestrales con tarjeta. Los neobancos ofrecen alternativas algo más moderadas y, en algunos casos, con menos exigencias de vinculación. Trade Republic remunera al 3,04% a los nuevos clientes, hasta un saldo máximo de 50.000 euros. Bunq ofrece un 3,01%, mientras que B100, perteneciente al grupo Abanca, llega al 3%, aunque su propuesta incorpora condiciones específicas. Para obtener la máxima remuneración es necesario realizar al menos ocho compras mensuales y gastar 200 euros con la tarjeta. Además, el dinero remunerado se va trasladando desde la cuenta principal a otra que funciona como una hucha en función del cumplimiento de determinados objetivos relacionados con la actividad física y la desconexión digital. A pesar de la mejora de las remuneraciones, el ahorrador sigue teniendo que hacer frente a un factor que puede reducir considerablemente el rendimiento real: la inflación. Incluso los depósitos con los tipos más elevados pueden no ser suficientes para preservar completamente el poder adquisitivo. Un depósito al 3,4% durante un año con 10.000 euros generaría aproximadamente 340 euros brutos en intereses. Tras aplicar la retención del 19% correspondiente, el rendimiento neto se situaría en unos 275 euros, equivalente a una rentabilidad del 2,75%. Con una inflación interanual del 4,3% en agosto, el rendimiento real sería, por tanto, negativo. Algo similar ocurre con las cuentas remuneradas. Incluso el 5,09% TAE de la mejor oferta, una vez descontada la retención fiscal del 19%, se traduce en una rentabilidad aproximada del 4,12%, todavía ligeramente por debajo del incremento de los precios. El escenario demuestra que, aunque el regreso de los tipos de interés más elevados mejora las opciones para los ahorradores conservadores, obtener una rentabilidad nominal positiva no garantiza necesariamente mantener el poder adquisitivo del dinero.

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(Expansión, 14-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC bloqueará los SMS comerciales con alias no registrados en su base de datos

Las empresas, comercios, administraciones públicas y otras organizaciones que empleen alias como identificadores en el envío de SMS, MMS o RCS deberán haber registrado correctamente estos nombres antes del próximo martes, 15 de septiembre, si quieren continuar utilizándolos. Así lo ha advertido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Desde esa fecha, las compañías de telefonía móvil estarán obligadas a bloquear aquellos mensajes que utilicen alias, ya sean marcas, nombres comerciales, denominaciones sociales o dominios, que no figuren en la base de datos oficial gestionada por la CNMC. La medida afecta a cualquier entidad que envíe comunicaciones identificadas con su propia denominación, entre ellas bancos, aseguradoras, empresas de transporte y otros proveedores de servicios. El nuevo sistema de registro permitirá comprobar que el identificador utilizado en una comunicación corresponde realmente a la entidad que figura como remitente. Con ello se pretende aumentar la seguridad de estas comunicaciones y recuperar la confianza de los usuarios frente a las estafas basadas en la suplantación de identidad, conocidas como smishing. La iniciativa forma parte del Plan Antiestafas impulsado por el Gobierno y desarrollado mediante una orden ministerial que establece nuevas obligaciones para los operadores con el objetivo de bloquear llamadas y mensajes fraudulentos. Al mismo tiempo, se busca garantizar que puedan seguir funcionando con normalidad las comunicaciones legítimas relacionadas con información comercial, avisos de entrega, recordatorios de citas o promociones. La CNMC, presidida por Juan José Ganuza, ha insistido en la necesidad de completar el procedimiento antes del 15 de septiembre para evitar posibles interrupciones. Las entidades que no hayan registrado sus alias antes de esa fecha dejarán de poder enviar mensajes identificados con su marca o nombre. No obstante, podrán continuar realizando envíos siempre que renuncien al uso de ese identificador. Los alias que no hayan sido registrados inicialmente, así como los que se creen posteriormente, podrán incorporarse al sistema después de la fecha límite. El registro incluirá todos los identificadores alfanuméricos, formados por letras, números o combinaciones de ambos, que se empleen para realizar comunicaciones dirigidas a números españoles. El trámite podrá ser efectuado directamente por los titulares de los identificadores o por los proveedores de servicios de mensajería que actúen en su representación. En este último caso, será necesario acreditar una relación directa con la marca o dominio correspondiente y cumplir los requisitos técnicos establecidos. Además, tanto los titulares como sus representantes podrán solicitar posteriormente modificaciones, suspensiones, reactivaciones o cancelaciones. La normativa establece, sin embargo, determinadas limitaciones. Un alias ya inscrito no podrá modificarse directamente y la activación de los proveedores de origen de mensajería asociados únicamente podrá realizarla el titular o el proveedor correspondiente cuando cuente con autorización previa. Asimismo, ningún alias podrá utilizarse hasta que haya sido efectivamente registrado. La CNMC también ha pedido a ciudadanos, pymes y autónomos que presten atención a las comunicaciones electrónicas remitidas por el organismo, después de detectar que una parte relevante de estos avisos no está siendo abierta por sus destinatarios. En paralelo, ha reclamado a las empresas que adopten una actitud activa para garantizar que puedan seguir utilizando sus nombres comerciales y que completen cuanto antes los trámites pendientes o atiendan los requerimientos que hayan recibido. Los proveedores de mensajería registrados deberán aplicar mecanismos de bloqueo cuando los mensajes incorporen alias que no estén inscritos, procedan de proveedores que carezcan del registro correspondiente o se envíen sin la autorización necesaria del titular. Las operadoras también tendrán que impedir las comunicaciones dirigidas a números españoles desde empresas extranjeras que no estén registradas en España, salvo cuando el receptor se encuentre en situación de itinerancia o roaming. El registro de alias quedó constituido oficialmente el 28 de marzo, después de aprobarse las directrices que regulan su funcionamiento. A finales de abril, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció que la base de datos gestionada por la CNMC estaría operativa desde el 7 de junio. La fecha definitiva para que los operadores comenzaran a aplicar de forma obligatoria el bloqueo se estableció posteriormente en el 15 de septiembre, después de que el calendario inicial fuera modificado a petición del Ministerio. Desde la CNMC se ha señalado que actualmente no está prevista una nueva prórroga y que cualquier eventual ampliación del plazo tendría que ser acordada por el Gobierno. Con la aplicación de este sistema culmina una de las principales actuaciones incluidas en la estrategia del Ejecutivo para combatir las estafas realizadas mediante llamadas telefónicas y mensajes SMS. El procedimiento exige la autorización expresa del titular del identificador y una posterior comprobación por parte de la CNMC. El organismo ha reconocido que se ha producido un número elevado de rechazos de solicitudes, principalmente por problemas técnicos o por la ausencia de una confirmación expresa por parte del solicitante. El regulador ha explicado que el identificador que aparece en la cabecera de los SMS era hasta ahora un elemento que no se encontraba sujeto a una regulación específica y que podía utilizarse con relativa libertad. Por este motivo, la CNMC considera imprescindible que exista una autorización directa del titular y ha establecido que, cuando esta no se produzca, la correspondiente solicitud de inscripción deberá ser rechazada.

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(El País, 14-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España encabeza la lista de países europeos que requieren más esfuerzo económico para comprar una vivienda

Comprar una vivienda en España requiere actualmente un esfuerzo económico mucho mayor que hace cuatro décadas y también superior al que soportan los hogares de la mayoría de los países de la zona euro. Los últimos datos del Banco de España, elaborados a partir de indicadores de la OCDE, muestran que España presenta una de las situaciones más tensionadas del entorno europeo. Desde 1980, la proporción de ingresos que un hogar debe dedicar a la adquisición de una vivienda se ha incrementado un 88,6%, hasta situarse actualmente en torno al 40% de la renta bruta. En el conjunto de los países del euro, el aumento medio ha sido del 10%. Esta evolución responde a una combinación de factores entre los que destacan la insuficiente oferta de vivienda frente al crecimiento de la demanda, las rigideces del mercado del suelo, los cambios demográficos y un escenario financiero que durante años permitió asumir el encarecimiento de los inmuebles, pero que ya no ofrece el mismo margen. La presión residencial se refleja en distintos indicadores. En 2025, el 11% de las nuevas hipotecas concedidas superó el umbral del 35% de ingresos destinado al pago de la vivienda, considerado como nivel de riesgo. En el alquiler, la situación es todavía más exigente: el 32,5% de los inquilinos supera ese límite. Además, para los hogares que todavía no son propietarios, comprar una vivienda representa de media el equivalente a casi siete años de renta neta familiar, una cifra que llega a diez años en ciudades como Madrid y Málaga. La comparación con otras grandes economías europeas permite dimensionar el problema. Mientras en España el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda ha aumentado de forma prácticamente continua desde los años noventa, en países como Alemania e Italia la situación ha evolucionado en sentido contrario. En estos mercados, los ingresos han crecido a mayor velocidad que los precios inmobiliarios, de modo que el porcentaje de renta necesario para adquirir una vivienda es actualmente entre un 20% y un 40% inferior al de 1980. Esto no significa que la vivienda haya dejado de encarecerse en Europa. La presión es generalizada y, solo en 2025, los precios reales de los inmuebles aumentaron un 3% en el conjunto de la Unión Europea, según el Banco de España. José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, considera que parte de la diferencia que refleja la serie histórica está relacionada con el proceso de transformación económica experimentado por España. La entrada en la Unión Europea en 1986 coincidió con una etapa de fuerte crecimiento y convergencia con las economías más desarrolladas. En ese proceso, el coste de la vivienda pasó de representar aproximadamente tres años de ingresos familiares a situarse en el entorno de siete u ocho años. El precio de los inmuebles avanzó, por tanto, mucho más rápidamente que los salarios hasta alcanzar niveles similares a los de otros países europeos, donde ese ajuste se había producido con anterioridad. Durante ese periodo, además, las familias españolas contaron con un factor que permitió amortiguar el impacto del encarecimiento inmobiliario: la fuerte reducción de los tipos de interés. Montalvo estima que aproximadamente tres cuartas partes de la diferencia en el esfuerzo de acceso respecto a la zona euro se explican por la caída de los tipos y por el progresivo alargamiento de los plazos hipotecarios, que beneficiaron especialmente a España. Sin embargo, considera que aquel proceso no puede repetirse. La evolución desde tipos cercanos al 18% en 1980 hasta niveles próximos al 2,8% actuales constituye un fenómeno excepcional. El descenso del coste de financiación y la posibilidad de devolver las hipotecas durante más años permitieron que las cuotas mensuales aumentaran menos que los precios de las viviendas, generando un margen que ahora prácticamente ha desaparecido. A las condiciones financieras se añade el problema estructural de la oferta. Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, considera que España arrastra una importante descompensación desde la crisis financiera. El estallido de la burbuja inmobiliaria provocó la destrucción de alrededor de 1,2 millones de empleos relacionados con la construcción y la promoción y el sector no ha recuperado la capacidad de generación de vivienda que tenía antes de 2008. A esta menor capacidad productiva se suma la transformación demográfica. El tamaño medio de los hogares españoles ha pasado de 3,59 personas en 1981 a 2,5 en 2023, lo que implica que se necesitan más viviendas incluso aunque la población no aumente al mismo ritmo. Marín señala además que la inversión residencial, situada en el 5,7% del PIB, continúa por debajo del nivel que sería necesario para equilibrar el mercado. Las dificultades para poner suelo edificable a disposición del mercado también contribuyen al encarecimiento. Ignacio Ezquiaga, doctor en Economía y colaborador de Funcas, atribuye una parte importante del problema a la regulación urbanística y a la lentitud de los procedimientos administrativos. Dos parcelas físicamente similares pueden presentar diferencias de precio muy importantes dependiendo de su clasificación urbanística, con variaciones que pueden alcanzar entre el 30% y el 40%. Tras el boom inmobiliario de 2007, además, la propiedad del suelo finalista quedó concentrada en un número reducido de manos, lo que limita la capacidad de respuesta de la oferta y hace que los procesos de transformación urbanística puedan prolongarse durante años. El resultado es un mercado incapaz de incorporar nuevas viviendas con la rapidez que requiere la demanda. Existe además otro obstáculo relacionado con la oposición de parte de los residentes a nuevas promociones en su entorno. Montalvo considera que este fenómeno, habitual en las sociedades desarrolladas, limita la capacidad de aumentar la construcción y sitúa a España entre los países con menor elasticidad de la oferta de vivienda, solo por detrás del Reino Unido. El problema se hace especialmente visible en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde se concentra una parte importante de la creación de empleo y de la llegada de población y empresas, pero donde también existen mayores dificultades para ampliar el parque residencial. La combinación de una demanda creciente y una oferta rígida termina trasladándose a los precios y ampliando las dificultades de acceso. En las principales áreas económicas, el encarecimiento de la vivienda obliga cada vez a más trabajadores a buscar residencia en municipios más alejados de sus centros de empleo. La crisis de acceso a la vivienda se convierte así no solo en un problema inmobiliario, sino también en un factor que condiciona la movilidad laboral, la distribución de la población y la capacidad de las grandes ciudades para seguir absorbiendo actividad económica.

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(El País, 10-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa solo ha aplicado el 16% de las reformas del informe Draghi dos años después de su presentación

Dos años después de que Mario Draghi presentara su ambicioso plan para recuperar la competitividad de la economía europea, apenas el 16% de sus propuestas se ha aplicado completamente. El análisis elaborado por el Banco de España a partir de los datos del Draghi Observatory muestra que la mayoría de las 176 medidas planteadas por el expresidente del BCE siguen pendientes, en desarrollo o se han ejecutado solo parcialmente. El estudio, elaborado por el investigador Luis Díez Catalán, señala que menos de 30 de las recomendaciones han llegado a aplicarse en su totalidad en el ámbito comunitario. Otro 26% se encuentra parcialmente ejecutado, mientras que una parte importante permanece bloqueada. De hecho, el 42% de las propuestas cuenta con respaldo político por parte de los dirigentes europeos, pero todavía carece de la normativa, los reglamentos o los instrumentos necesarios para trasladarlas a la práctica. A ello se suman alrededor de 30 iniciativas sobre las que ni siquiera se había producido un pronunciamiento oficial hasta julio de este año. El diagnóstico apunta así a una importante distancia entre los compromisos políticos y los resultados efectivos. El análisis del Banco de España considera que esta brecha refleja las dificultades habituales para alcanzar acuerdos y coordinar políticas entre los distintos Estados miembros. En otras palabras, en la Unión Europea sigue existiendo una diferencia significativa entre la voluntad expresada por sus instituciones y la capacidad para convertirla en reformas concretas. La falta de avances tampoco parece explicarse principalmente por la ausencia de financiación. Algo más de la mitad de las aproximadamente 170 recomendaciones sectoriales planteadas por Draghi no requieren recursos públicos adicionales para su puesta en marcha. El ejemplo más evidente se encuentra en la simplificación normativa y la reducción de las cargas administrativas para las empresas: el 92% de las medidas propuestas en este ámbito no implicaría un desembolso presupuestario. El principal obstáculo estaría, por tanto, en la complejidad de los procedimientos y en la dificultad para alcanzar consensos sobre los cambios regulatorios. El grado de ejecución también varía considerablemente entre sectores y está condicionado por las prioridades inmediatas de los gobiernos europeos. La defensa constituye uno de los ejemplos más claros. La guerra de Rusia contra Ucrania, la escalada de las tensiones en Oriente Próximo y el distanciamiento de Estados Unidos respecto a sus compromisos tradicionales con la OTAN han elevado la presión para reforzar la capacidad militar europea. En 2024, avanzar hacia una defensa común se consideraba una de las reformas más difíciles debido a la reticencia de los Estados miembros a ceder competencias en materia militar. Sin embargo, el nuevo escenario geopolítico ha acelerado los acuerdos. Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, el porcentaje de propuestas relacionadas con la defensa que se habían aplicado total o parcialmente pasó del 22% al 53%, convirtiendo este ámbito en el que más avances legislativos ha registrado dentro de la agenda de Draghi. La situación es radicalmente distinta en el ámbito energético. Draghi situó la energía, junto con el acceso a materias primas críticas, entre las áreas con mayor potencial transformador para la economía europea, debido a su influencia sobre los costes de la industria, la descarbonización y la seguridad estratégica de la Unión. Pese a ello, apenas el 1% de las propuestas energéticas se ha aplicado total o parcialmente, lo que convierte a este sector en el principal ejemplo de la lentitud con la que avanza el programa de reformas. Estos resultados contrastan con el balance más favorable que ofrecía Bruselas durante el primer año posterior a la publicación del informe. En aquel momento, la Comisión Europea contabilizaba 33 iniciativas adoptadas y 14 propuestas legislativas, además de anunciar la movilización de más de un billón de euros destinados a innovación, tecnologías limpias y seguridad. Entre las partidas anunciadas figuraban 200.000 millones de euros para inteligencia artificial, 150.000 millones para el programa de defensa SAFE y más de 100.000 millones para el Pacto Industrial Limpio. Para este segundo aniversario todavía no existe un balance oficial de la Comisión Europea. No obstante, un informe publicado a comienzos de año por el servicio de estudios del Parlamento Europeo ya advertía de que, aunque las instituciones comunitarias habían incorporado buena parte del diagnóstico de Draghi a su agenda, la magnitud de las reformas ejecutadas estaba muy por debajo de la ambición inicial del plan. La lentitud en la aplicación de las recomendaciones ha llevado incluso al propio Draghi a buscar vías alternativas a los mecanismos habituales de Bruselas. A finales de agosto impulsó el denominado Rhine Group, un grupo de trabajo concebido como un nuevo canal de interlocución con la Comisión Europea y los gobiernos nacionales. Su objetivo es precisamente acelerar la puesta en marcha de las reformas necesarias para mejorar la competitividad europea. El balance de estos dos años deja así una conclusión clara: el problema de Europa no parece residir tanto en la falta de diagnóstico como en su capacidad para ejecutar las soluciones identificadas. El plan de Draghi puso sobre la mesa la necesidad de aumentar la inversión, reducir la brecha tecnológica y recuperar productividad frente a Estados Unidos y China, pero la lentitud legislativa y la dificultad para coordinar a los Estados miembros siguen frenando buena parte de esa agenda.

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(El País, 10-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas plantea límites a los alquileres vacacionales en las zonas tensionadas para mejorar el acceso a la vivienda

La Comisión Europea quiere dotar a las autoridades nacionales, regionales y locales de un marco común para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda que afecta a numerosas ciudades europeas. Entre las medidas planteadas, Bruselas señala el auge de los alquileres de corta duración a través de plataformas digitales como Airbnb o Booking como uno de los factores que están contribuyendo al encarecimiento de la vivienda y propone que puedan establecerse restricciones, siempre que sean proporcionales y tengan carácter temporal. La decisión de aplicar estos límites corresponderá a cada país, región o municipio. El objetivo de la Comisión es proporcionar a las administraciones un conjunto de criterios comunes que les permita identificar las zonas con problemas de acceso a la vivienda y actuar sobre ellas, al tiempo que se intenta aportar mayor seguridad jurídica ante la creciente judicialización de las medidas adoptadas por distintas ciudades europeas. El reglamento inicia ahora su tramitación en el Parlamento Europeo y en el Consejo de la UE, por lo que todavía deberá superar el proceso legislativo comunitario. Además, sus disposiciones se aplicarán a las medidas que se adopten una vez entre en vigor, sin afectar a las restricciones aprobadas con anterioridad. De esta manera, Bruselas no pretende invalidar las políticas que ya han puesto en marcha ciudades y territorios como Barcelona, Chamonix, Baviera o Países Bajos, algunos de los cuales han establecido limitaciones más estrictas que las contempladas en el nuevo marco europeo. Tampoco supone, según fuentes comunitarias, un respaldo automático a esas medidas anteriores. El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha defendido que Bruselas no pretende prohibir los alquileres turísticos por principio, pero considera necesario actuar allí donde su expansión esté agravando las dificultades para encontrar una vivienda. Según ha explicado, alcaldes, representantes locales, parlamentarios y ministros de distintos países han trasladado a la Comisión durante los últimos meses su preocupación por el impacto de esta actividad sobre los precios. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha destacado que la iniciativa crea por primera vez un marco europeo de referencia para respaldar a las administraciones que quieran actuar frente a la crisis residencial. El objetivo es ofrecer criterios comunes y compartir recomendaciones y buenas prácticas en materia de vivienda, una demanda que, según Ribera, han planteado responsables municipales de diferentes países y orientaciones políticas. La propuesta constituye además el segundo paquete de medidas impulsado por Bruselas para afrontar el problema de la vivienda. El año pasado, la Comisión ya flexibilizó el uso de determinados fondos europeos para facilitar que los Estados y las administraciones pudieran dedicar más recursos a políticas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda. El nuevo reglamento establece también las condiciones que deberían cumplirse para declarar una determinada zona como tensionada y poder aplicar restricciones. Uno de los principales criterios establece que el precio medio de una vivienda debe representar al menos ocho años de la renta disponible por habitante de esa zona. Además, esta relación entre precios inmobiliarios e ingresos debe haber aumentado durante los diez años anteriores. Bruselas contempla, no obstante, una vía alternativa cuando el desequilibrio sea especialmente elevado. En estos casos, una zona podría quedar incluida en el marco europeo cuando el precio medio de la vivienda alcance o supere diez veces la renta disponible per cápita, sin necesidad de cumplir el resto de criterios. Estos indicadores deberán revisarse cada cinco años. Además, las autoridades que quieran aplicar el nuevo marco tendrán que justificar que la situación de tensión difícilmente se corregirá por sí sola durante los tres años siguientes. Para ello deberán apoyarse en datos sobre la evolución demográfica y en el comportamiento de la oferta y la demanda de vivienda. Con esta propuesta, Bruselas busca establecer unas reglas comunes que permitan a los gobiernos y ayuntamientos intervenir en los mercados residenciales cuando exista un desequilibrio significativo, al tiempo que pretende reducir la inseguridad jurídica que ha acompañado a algunas de las restricciones aprobadas hasta ahora.

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(El País, 10-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas aprueba la norma que da preferencia a empresas europeas en sectores críticos

La geopolítica se ha convertido también en un factor determinante para las decisiones económicas que se adoptan en Bruselas. Una muestra de ello es la nueva regulación planteada por la Comisión Europea para favorecer los productos y servicios fabricados en Europa en los procesos de contratación pública, especialmente en sectores considerados estratégicos, como la energía, el transporte o el agua. La iniciativa persigue un doble objetivo: reforzar la posición de las empresas europeas frente a la competencia internacional y, sobre todo, mejorar la seguridad económica de la Unión reduciendo su dependencia de potencias como China. La propuesta permitiría a las administraciones públicas, tanto nacionales como regionales y locales, introducir ventajas en los concursos para las ofertas procedentes de empresas europeas. También contempla la posibilidad de excluir a compañías de terceros países que no ofrezcan condiciones equivalentes a las empresas comunitarias. Las medidas se centran especialmente en ámbitos considerados críticos, entre ellos la energía, la sanidad, el agua, el transporte, la construcción naval, el material ferroviario y las industrias relacionadas con productos de doble uso, tanto civil como militar. En principio, los Estados miembros no estarían obligados a aplicar estas restricciones, aunque la propuesta abre la posibilidad de utilizarlas. Además, la Comisión Europea se reserva la capacidad de plantear al Consejo de la UE que determinadas disposiciones pasen a tener carácter obligatorio. La iniciativa sigue una línea similar a la del reglamento de aceleración industrial presentado meses atrás y supone un nuevo paso hacia una política económica europea más orientada a proteger sus capacidades estratégicas. El reglamento establece como referencia los denominados países cubiertos, entre los que se encuentran aquellos que han suscrito con la Unión Europea acuerdos comerciales que incluyen disposiciones sobre contratación pública, así como los Estados adheridos al acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en esta materia. En este último grupo figuran los 27 países de la UE y otros Estados como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia o Suiza. El objetivo es aplicar el principio de reciprocidad, de modo que las empresas europeas reciban un trato equivalente al que obtienen las compañías de aquellos países que permiten a las empresas comunitarias acceder a sus concursos públicos. Sin embargo, el aumento de las políticas proteccionistas a escala internacional ha llevado a Bruselas a contemplar también la posibilidad de retirar esta consideración a aquellos países que no respeten efectivamente ese principio de reciprocidad. La propuesta también modifica el peso que tendrán los distintos criterios en los concursos públicos. El planteamiento establece que al menos un 30% de la valoración corresponda a criterios de calidad, aunque este porcentaje podría elevarse hasta el 50%. Desde Bruselas señalan que numerosos concursos ya aplican actualmente criterios similares, por lo que la novedad no radicaría tanto en introducir una práctica completamente nueva como en dotarla de una mayor seguridad jurídica. Con ello se pretende proteger a las administraciones que recurran a estos criterios frente a posibles impugnaciones o litigios. Aunque China no aparece mencionada expresamente en el texto, el diseño de la regulación dificulta su acceso al mercado europeo de contratación pública. La razón es que, pese a formar parte de la OMC, el país asiático no ha firmado el acuerdo específico sobre contratación pública y tampoco dispone de un acuerdo bilateral con la Unión Europea en este ámbito. Por tanto, las nuevas reglas podrían afectar especialmente a las empresas chinas sin necesidad de identificarlas directamente. La contratación pública representa una herramienta de gran relevancia dentro de la política económica, ya que permite a las administraciones actuar directamente sobre los mercados mediante sus decisiones de compra e inversión. La propia Comisión Europea destaca el peso de esta actividad, que representa aproximadamente el 15% del PIB comunitario, con un volumen cercano a los 2,6 billones de euros. De este modo, Bruselas pretende utilizar una parte significativa de ese poder de compra para impulsar objetivos económicos y estratégicos más amplios, como el fortalecimiento de una economía europea competitiva, resistente y sostenible, al tiempo que reduce las dependencias externas en sectores considerados esenciales para la seguridad económica de la Unión.

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(La Vanguardia, 10-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España es el país que más crece en compra de marca blanca en Europa

España se ha convertido en el país europeo donde más rápido está creciendo la marca blanca. En el último año, los productos de marca de distribución han aumentado en 1,1 puntos porcentuales su cuota de mercado en valor, hasta alcanzar el 52% del gasto de los hogares españoles. Solo Países Bajos presenta una penetración superior, con un 55%, según los últimos datos de la consultora Circana recogidos en el Estudio sobre la Marca Propia en España elaborado por Aldi. El avance de la marca blanca en España supera al registrado en otros grandes mercados europeos. En Alemania, estos productos representan el 44% del mercado y han ganado 0,4 puntos en el último año, mientras que Reino Unido presenta una cuota similar y un crecimiento prácticamente idéntico. La presencia de la marca de distribución es todavía menor en Francia e Italia, donde ronda el 30%. El peso de estos productos también es elevado si se mide por volumen. La marca propia ya supone el 53,8% de las unidades adquiridas por los hogares españoles, sin incluir los productos frescos. Además, casi seis de cada diez consumidores aseguran que han aumentado sus compras de marcas de distribución durante los últimos tres años. Este crecimiento está relacionado con una transformación de los hábitos de consumo. Los hogares planifican más sus compras, reducen las adquisiciones impulsivas, realizan cestas de menor tamaño y acuden con mayor frecuencia al supermercado. Al mismo tiempo, la relación entre calidad y precio se ha convertido en uno de los principales criterios a la hora de elegir qué productos comprar. Hugo Liria, responsable de Market and Customer Research de Aldi, señala que la percepción de una buena relación calidad-precio constituye el principal factor que impulsa la compra de marca propia y que esta motivación alcanza al 69% de los consumidores, con independencia de su edad. El segundo motivo es el precio reducido, señalado por el 52,8% de los compradores. Según el responsable de Aldi, este comportamiento genera un proceso de fidelización: cuando un consumidor prueba un producto de marca propia y queda satisfecho, tiende a repetir la compra, aumenta su disposición a probar otros artículos y acaba recomendándolos a otras personas. De media, los españoles compran productos de marca propia unas 104 veces al año y destinan alrededor de 25 euros semanales a este tipo de artículos. El gasto anual asciende así a 1.306 euros por hogar, un 3,8% más que el año anterior, de acuerdo con los datos recogidos por Aldi. El avance de la marca blanca se extiende a prácticamente todas las categorías, aunque la droguería continúa siendo la sección donde tiene un mayor peso. Los productos de marca de distribución representan el 69,2% del volumen de las compras en esta categoría, 1,1 puntos más que en 2025. A continuación se sitúa la alimentación envasada, donde la marca propia alcanza el 52,7% del volumen de las compras y registra un incremento de 1,3 puntos porcentuales en el último año.

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(La Vanguardia, 10-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El gasto de intereses de la deuda se disparará un 50% hasta llegar a los 60 mil millones de euros

El Estado afronta una creciente presión por el coste de financiar su deuda pública. En poco más de tres años, en 2030, el gasto destinado al pago de intereses podría aumentar alrededor de un 50% respecto a los niveles actuales y superar los 60.000 millones de euros. El elevado déficit público y el escenario de tipos de interés más altos están detrás de este incremento, en un contexto internacional marcado además por las tensiones en los mercados de deuda soberana de países como Estados Unidos y Japón. Esta es una de las principales conclusiones de un informe publicado por Funcas, que identifica como dos de los principales riesgos el mantenimiento de unos tipos de interés elevados y la necesidad de refinanciar deuda emitida anteriormente cuando los costes de financiación eran inferiores. Ante esta situación, la institución considera necesario aprovechar la actual fase de crecimiento económico para generar margen de maniobra y reclama una mayor contención del déficit público. Las previsiones de Funcas muestran la dimensión del problema. Si los tipos de interés permanecieran en los niveles registrados el pasado año, con un 3,2% para la deuda a largo plazo y un 2,2% para la deuda a corto plazo, el desembolso en intereses alcanzaría los 57.000 millones de euros en 2030. Esta cantidad supondría unos 17.000 millones más que la registrada el año pasado. De ese incremento, aproximadamente 8.000 millones procederían de los intereses asociados a la nueva deuda que deberá emitir el Estado, en parte como consecuencia de los déficits previstos. El resto, unos 9.000 millones, estaría relacionado con la refinanciación de emisiones anteriores que fueron colocadas en un contexto de menores costes financieros. A esta presión habría que añadir el efecto de una eventual subida de los tipos de interés. Con un incremento de alrededor de medio punto respecto al año pasado, la factura financiera aumentaría en otros 3.600 millones de euros, situando el coste total por encima de los 60.000 millones. Funcas también apunta a la guerra en Oriente Medio como uno de los elementos que podrían prolongar las tensiones sobre los mercados de deuda durante más tiempo del previsto inicialmente. El repunte de la inflación constituye otro factor de riesgo, ya que en España alcanzó el 4,3% interanual en agosto, aumentando la presión sobre los bancos centrales para mantener o elevar los tipos de interés. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) lleva tiempo advirtiendo del progresivo aumento del coste de la deuda. En sus análisis ha utilizado el concepto de "bola de nieve" para referirse al escenario en el que los intereses de la deuda crecen por encima del PIB y comienzan a impulsar por sí mismos el aumento de la deuda en relación con la economía. Según sus últimas previsiones, este punto se alcanzaría en 2035. Aunque el escenario sigue suponiendo un riesgo, se trata de una previsión más favorable que la realizada un año antes, cuando la Airef situaba en 2032 el momento en el que comenzaría a activarse este efecto de acumulación. El organismo también advierte de que los mercados podrían mostrarse cada vez más reticentes a absorber el creciente volumen de deuda pública que se está generando a escala internacional. Esta situación podría terminar frenando el crecimiento económico español y reduciendo todavía más el margen de actuación del Gobierno. El Tesoro es consciente de esta evolución y ha aprovechado la posición relativamente favorable de España para captar cerca de 6.000 millones de euros mediante emisiones de letras y bonos. Aunque los costes de financiación se encuentran ya en máximos de los últimos dos años, la deuda española mantiene una prima de riesgo inferior a la de Francia e Italia, lo que facilita que siga siendo atractiva para los inversores. El informe de Funcas se publica además en vísperas de la reunión del Banco Central Europeo, en la que estaba prevista una nueva subida de los tipos de interés hasta el 2,5%. Los mercados, según señala la institución, contemplaban además la posibilidad de nuevas subidas durante los meses siguientes. La presión sobre los mercados de deuda no se limita a España. En Estados Unidos, la rentabilidad del bono a diez años se ha aproximado al 5%, mientras que en Alemania ha alcanzado el 3,5%, niveles que no se observaban desde la crisis financiera. En Japón, después de décadas de tipos de interés extremadamente bajos, la rentabilidad se sitúa cerca del 3%, su nivel más elevado desde los años noventa. En España, el bono a diez años ronda actualmente el 3,8%.

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(Cinco Días, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo roza los 100 dólares ante la escalada bélica en Oriente Próximo

La escalada militar en Oriente Próximo vuelve a trasladarse al mercado energético y empuja al alza el precio del petróleo. A los ataques estadounidenses contra petroleros iraníes del pasado fin de semana se suma ahora la ofensiva de los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, contra instalaciones energéticas de Arabia Saudí, que ha dejado más de 70 heridos. En este contexto, el barril de Brent ha vuelto a acercarse a los 100 dólares y las perspectivas apuntan a que la presión sobre el crudo continuará mientras persista la violencia y se mantengan las dificultades para el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo. El Brent sube más de un 2% durante la mañana y supera los 99 dólares por barril, acercándose de nuevo a la barrera de los 100 dólares. El crudo había conseguido alejarse de ese nivel en mayo, después de haber alcanzado casi los 120 dólares en marzo, cuando el estallido de la guerra en Irán provocó el mayor repunte registrado durante el conflicto. La situación en Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para el mercado. Por este estrecho circulaba antes de la guerra alrededor del 20% del petróleo y el gas consumidos a escala mundial, y su bloqueo ha obligado a buscar rutas alternativas. La inestabilidad también se ha extendido al mar Rojo, donde los hutíes yemeníes amenazan el tráfico marítimo a través de Bab el-Mandeb, el paso que separa África de la península Arábiga y conecta el mar Rojo con el canal de Suez. El ataque contra instalaciones saudíes supone una nueva escalada y complica todavía más la capacidad exportadora del principal productor de la región. Arabia Saudí había recurrido al mar Rojo como una vía alternativa para dar salida a parte de su producción ante las dificultades provocadas por el cierre de Ormuz. La prolongación del conflicto y las alteraciones en el transporte marítimo están obligando también a revisar al alza las previsiones sobre el precio del petróleo para los próximos meses. El escenario que hace unos meses contemplaba una posible solución diplomática y cierta recuperación de la normalidad antes de terminar el año pierde fuerza, mientras aumenta el riesgo de que el crudo vuelva a superar los 100 dólares. Goldman Sachs ha elevado en cinco dólares su previsión para el Brent y sitúa ahora su estimación en 85 dólares por barril a finales de año y en 80 dólares para 2027. Sin embargo, la entidad advierte de que el precio podría superar los 120 dólares si la producción media del Golfo durante 2027 se mantiene cuatro millones de barriles diarios por debajo de los niveles anteriores a la guerra, frente a los 500.000 barriles diarios de déficit contemplados en su escenario central. El banco considera, además, que una intensificación de los ataques contra los buques que navegan por Ormuz y el mar Rojo sería el principal factor capaz de provocar una nueva escalada de las cotizaciones. Pese a todo, el encarecimiento del crudo está siendo más contenido que el de los carburantes. El cierre del estrecho de Ormuz ha generado un fuerte shock energético, pero el petróleo acumula una subida aproximada del 40% desde el comienzo de la guerra, mientras que los combustibles han llegado a duplicar su precio. La diferencia responde, entre otros factores, a las limitaciones de la capacidad mundial de refino. Las refinerías rusas continúan afectadas por los ataques de Ucrania y las estadounidenses operan cerca de sus límites de capacidad, lo que incrementa el riesgo de nuevas tensiones en caso de averías. En Estados Unidos, el precio de la gasolina vuelve a situarse por encima de los cuatro dólares por galón, mientras que en España se aproxima de nuevo a sus máximos del año. El mercado petrolero ha conseguido amortiguar parcialmente el impacto del conflicto gracias, en buena medida, a la utilización de reservas estratégicas por parte de los países de la OCDE y a la menor demanda de crudo de China. Según Goldman Sachs, los inventarios comerciales terrestres de la OCDE, uno de los elementos determinantes para la evolución de los precios, apenas han disminuido desde el inicio de la guerra. Esto apunta a que el déficit de suministro está siendo menor de lo previsto inicialmente gracias a la capacidad del mercado para adaptarse. La entidad calcula que las reservas comerciales se encuentran todavía un 16% por encima de su media de 2003, el nivel más bajo de la serie histórica. Los inventarios mundiales de petróleo almacenados en tierra han pasado de unos 9.100 millones de barriles antes de la guerra a alrededor de 8.600 millones en la actualidad, aunque siguen por encima de lo que Goldman Sachs considera el mínimo necesario para garantizar el almacenamiento operativo. La guerra sí ha reducido progresivamente las reservas de petróleo acumuladas en el mar como consecuencia de las sanciones a la industria rusa. Al mismo tiempo, los productores del Golfo Pérsico están buscando fórmulas para sacar parte de su producción pese a las restricciones en Ormuz, entre ellas desactivar temporalmente los sistemas de localización por satélite o realizar transferencias de crudo entre buques en alta mar. La evolución de la demanda china también puede actuar como elemento de contención. El repunte de los precios podría llevar a Pekín a mantener reducidas sus compras de petróleo, contribuyendo así a limitar la presión sobre las cotizaciones internacionales. Para Norbert Rücker, director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, existe una diferencia significativa entre la situación del mercado físico y la evolución de los mercados financieros. Aunque persisten los temores sobre el suministro, las exportaciones de Oriente Próximo y las reservas mundiales permanecen relativamente estables. La elevada negociación financiera del petróleo, que moviliza diariamente alrededor de medio billón de dólares, estaría contribuyendo a amplificar la percepción de riesgo y, con ella, las cotizaciones. El experto considera que actualmente existe una prima de riesgo excepcionalmente elevada en el precio del crudo y mantiene una recomendación de cautela ante la posibilidad de que nuevas escaladas militares vuelvan a tensionar el mercado.

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(Expansión, 09-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE subirá los tipos al 2,5%

El encarecimiento del dinero parece estar condicionado por la evolución de la inflación, aunque dentro del Banco Central Europeo ya hay voces que reclaman un endurecimiento mayor de la política monetaria. La institución se prepara para acometer la segunda subida de tipos de este nuevo episodio de presión sobre los precios. El Banco Central Europeo afrontará el inicio del nuevo curso con un incremento de los tipos de interés que situará el precio oficial del dinero en el 2,5%. La decisión, que se da prácticamente por descontada para la reunión del jueves, elevará las tasas hasta niveles que no se veían desde marzo del año pasado. Ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE que preside Christine Lagarde se ha manifestado públicamente en contra de esta subida, una medida que ya había quedado prácticamente anunciada durante la reunión de política monetaria celebrada en julio. El repunte de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, unido a las consecuencias sobre el estrecho de Ormuz y su posible impacto en los precios energéticos, refuerza las expectativas de un nuevo incremento de los tipos, que los mercados prácticamente dan por seguro. El presidente del Banco de Lituania, Gediminas Šimkus, considera que el escenario inflacionista se ha deteriorado y que existen argumentos sólidos para elevar los tipos. En términos similares se ha expresado el gobernador del Banco de Eslovenia, Primo Dolenc, quien ha defendido que las circunstancias justifican una subida en septiembre para garantizar el cumplimiento del objetivo de inflación. La reunión tendrá lugar en un centro recreativo del Deutsche Bundesbank situado en el distrito berlinés de Steglitz-Zehlendorf. El Banco Central alemán ha escogido este emplazamiento para acoger la reunión, que, una vez al año, se celebra fuera de la sede habitual del BCE en Fráncfort. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, también ha respaldado abiertamente el nuevo incremento de los tipos y ha considerado que el resultado de la reunión es bastante previsible. La principal incógnita aparece a partir de ahora. Mientras existe prácticamente unanimidad sobre la subida de septiembre, no está claro cuál será el siguiente paso del BCE. Lagarde ha insistido en que el escenario actual no es comparable con el vivido durante 2022 y 2023, cuando la crisis energética provocó tasas de inflación superiores al 10%. En la actualidad, el crecimiento de los precios se mantiene en torno al 3%. El gobernador del Banco de Irlanda, Gabriel Makhlouf, considera que todavía no está claro que sea necesario volver a subir los tipos después del movimiento previsto para esta semana. En la misma línea, el gobernador del Banco de Bulgaria, Dimitar Radev, ha defendido la necesidad de mantener una actitud prudente y esperar a conocer la evolución de los datos. Frente a estas posiciones más cautelosas se encuentra Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, que a finales de agosto apuntó que con el nivel actual de los tipos resulta poco probable que la inflación regrese al objetivo a medio plazo. A su juicio, podría ser necesario aplicar un mayor endurecimiento monetario, aunque la magnitud de ese ajuste dependerá de los datos que se vayan conociendo. Si el BCE mantiene la estrategia seguida durante este nuevo ciclo monetario, el escenario más probable sería una pausa en la reunión de octubre, manteniendo los tipos sin cambios. Posteriormente, la institución volvería a analizar la evolución de la inflación y del resto de indicadores para decidir si es necesario acometer un nuevo incremento en diciembre.

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