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(Expansión, 17-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña y Madrid lideran la fuga de empresas en un año intenso de traslados entre CCAA

Cataluña registró en 2025 la pérdida neta de 115 empresas, después de que 5.307 compañías trasladaran su sede social a otra comunidad autónoma. Las principales beneficiadas por estos movimientos fueron Canarias y Andalucía, mientras que Madrid, por primera vez en años, cerró con saldo negativo debido a la recuperación del impuesto sobre el Patrimonio. A pesar de algunos retornos empresariales a la comunidad -que la Generalitat presidida por Salvador Illa interpreta como el inicio de una vuelta más amplia impulsada por la estabilidad institucional-, Cataluña continúa siendo la región con mayor salida de empresas. Cada año, numerosas sociedades cambian su domicilio en busca de entornos más favorables para su actividad, y en 2025 la tendencia no se revirtió. Durante ese ejercicio, 5.307 empresas se mudaron entre comunidades, un 1% más que el año anterior y el tercer incremento consecutivo desde 2016. Solo 699 eligieron Cataluña como destino, mientras que 814 abandonaron la región -320 de ellas hacia Madrid-, lo que dejó un balance negativo de 115 compañías, según el informe de Informa D&B. Aunque la pérdida fue menor que en 2024, cuando se marcharon 371 empresas, la comunidad sigue sin revertir la dinámica iniciada tras el referéndum independentista de 2017, que provocó una salida masiva de sociedades. Entre 2017 y 2018, Cataluña perdió de forma neta más de 3.300 empresas, y entre 2017 y 2025 la cifra total de compañías que abandonaron la región asciende a 10.394, con una pérdida neta de 5.148 tras descontar las llegadas. Solo unas 762 -el 7,3%- han regresado desde entonces, aunque en 2025 se registró el retorno de 128 empresas, el mayor desde la crisis de 2017. Entre las grandes compañías que han devuelto su sede figuran CriteriaCaixa, la Fundación La Caixa, Banco Sabadell, Cementos Molins o la matriz del grupo Agbar, además del grupo industrial Soler & Palau. El mapa de traslados empresariales dejó también un hecho poco habitual: Madrid cerró el año con un saldo negativo de 70 compañías, algo que no ocurría al menos desde hace una década. Aunque fue la comunidad que más empresas recibió -1.628, el 30,6% del total-, otras 1.698 se marcharon a diferentes regiones. Este cambio se atribuye en gran medida al nuevo impuesto estatal a las grandes fortunas aprobado en 2023, que afectó especialmente a Madrid, donde el impuesto sobre el Patrimonio estaba bonificado al 100%. Tras el aval del Tribunal Constitucional al tributo, el gobierno regional decidió reactivar Patrimonio para evitar que la recaudación fuera a parar al Estado, perdiendo así uno de sus principales atractivos fiscales. Pese a este retroceso puntual, Madrid ha ganado más de 5.100 empresas desde 2016, mientras Cataluña ha perdido más de 5.400 en el mismo periodo. El cambio madrileño se produce además en un contexto en el que otras comunidades gobernadas por el PP han aplicado políticas de rebaja fiscal similares, reduciendo la ventaja competitiva de la capital. Andalucía, por ejemplo, cerró 2025 con un saldo positivo de 76 empresas -tras sumar 81 en 2024-, muy lejos de pérdidas anteriores. No obstante, el mejor resultado fue para Canarias, que sorprendió con un incremento neto de 79 sociedades. En tercer lugar se situaron Baleares, con 65 empresas más. Tras el retroceso de Madrid, esta comunidad es la única que ha mantenido balances positivos todos los años desde 2016, acumulando 515 compañías adicionales. En el extremo opuesto, además de Cataluña y Madrid, las mayores pérdidas en 2025 se registraron en Extremadura (42 empresas menos) y Aragón (40 menos). A lo largo de la última década, Castilla y León es, después de Cataluña, la única comunidad que ha encadenado saldos negativos todos los años desde 2016, con una pérdida total de 547 sociedades.

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(El País, 17-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez anuncia que el fondo soberano financiará la construcción de 15.000 viviendas al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este lunes que el nuevo fondo soberano pretende movilizar 23.000 millones de euros para levantar hasta 15.000 viviendas anuales destinadas al alquiler asequible. Este instrumento financiero, llamado España Crece y anunciado el 15 de enero, contará con 10.500 millones en préstamos no utilizados del Plan de Recuperación europeo, además de otros 2.800 millones en transferencias a fondo perdido. Su gestión recaerá en el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Ejecutivo aspira, no obstante, a que esos recursos se multipliquen. La previsión es que, mediante emisiones de deuda, puedan ampliarse hasta 60.000 millones y, con la participación de capital privado, alcanzar los 120.000 millones. De esa cifra global, 23.000 millones se destinarán al ámbito residencial: 14.000 millones de origen público -a través del ICO y financiación a largo plazo- y 9.000 millones procedentes de inversores privados. Durante su intervención en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Sánchez subrayó la necesidad de aumentar la construcción de vivienda pública y asequible y aseguró que la falta de financiación no puede seguir frenando al sector. También calificó el plan como la mayor inversión jamás movilizada en España en condiciones ventajosas para este fin e invitó a fondos de inversión, capital riesgo y fondos soberanos extranjeros a sumarse, aunque advirtió de que el beneficio económico no debe primar sobre el objetivo social de facilitar el acceso a un hogar. Esto no implica que las promotoras trabajen sin margen de ganancia. El presidente del ICO, Manuel Illueca, encargado de cerrar acuerdos en plena crisis habitacional, asegura que se vigilarán posibles conductas especulativas, pero reconoce la necesidad de ofrecer una rentabilidad acorde al riesgo para atraer inversión privada. Según explica, no puede recibir la misma compensación quien financia las fases iniciales -más arriesgadas- que quien entra al final para gestionar los alquileres, ni quienes invierten en zonas de alta demanda frente a áreas con menor atractivo. La intervención pública busca activar un mecanismo que posteriormente funcione por sí solo, sin sustituir permanentemente al capital privado. Para ello se contemplan herramientas como préstamos de muy larga duración -hasta 40 años-, difíciles de obtener en la banca comercial, e incluso posibles reducciones parciales de deuda si se cumplen determinadas condiciones. Illueca sostiene que, si el sector privado percibe el negocio como viable, será el principal motor para incrementar la oferta de vivienda. Si se materializa, la construcción de 15.000 viviendas sociales al año supondría aumentar la oferta en más de un 10%, teniendo en cuenta que en 2025 se prevé conceder entre 120.000 y 130.000 visados de obra. Entre las medidas para abaratar costes se incluye la construcción industrializada, capaz de reducir el precio por metro cuadrado en torno a un 20%. El responsable del ICO reconoce que esta iniciativa no solucionará por sí sola la crisis de acceso a la vivienda, influida también por factores como la escasez de suelo, el encarecimiento de materiales, la falta de mano de obra o las dificultades para adquirir vivienda en propiedad. Aun así, considera que supone un avance significativo al poner en marcha un instrumento capaz de generar miles de viviendas asequibles cada año. La vivienda será uno de los ejes principales del fondo, junto con la mejora de la competitividad empresarial, la transición energética y la digitalización. Además, el programa permitirá reutilizar fondos europeos que debían emplearse antes de 2026 y reforzar la capacidad inversora del Gobierno en un contexto de bloqueo presupuestario. Sánchez destacó también que el fondo tiene un triple propósito -social, medioambiental y tecnológico- y aludió al informe de Mario Draghi sobre la debilidad tecnológica europea. Asimismo, defendió la fortaleza de la economía española, señalando que presenta menor deuda que Estados Unidos, menos déficit que el conjunto de la eurozona y una prima de riesgo inferior a la de Francia, además de un crecimiento potencial superior al 2% entre 2025 y 2028, según el Banco de España. La presentación del fondo estaba prevista para el 19 de enero, pero se aplazó tras el accidente ferroviario ocurrido el día anterior en Adamuz. Este instrumento resulta atípico entre los fondos soberanos, habitualmente utilizados por países exportadores de materias primas, ya que se apoyará en deuda para amplificar su impacto. Parte de esos recursos se canalizará a través del ICO para financiar promociones de alquiler asequible. La oposición, especialmente el Partido Popular, cuestiona que se trate de un verdadero fondo soberano y sostiene que responde a la necesidad de reutilizar préstamos europeos no ejecutados. Sin embargo, el Gobierno defiende que permitirá mantener el impulso inversor una vez finalice el mecanismo europeo de recuperación y considera que la denominación refleja una estrategia de política industrial con mayor autonomía nacional.

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(El País, 17-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El ICO afronta el difícil reto de incentivar al sector privado para que se sume al proyecto de levantar 15.000 pisos al año

La captación de inversión privada para impulsar un parque de viviendas de alquiler asequible, en plena crisis de acceso a la vivienda, se ha convertido en una prioridad para el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Este lunes, poco después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara que el fondo soberano España Crece -gestionado por el ICO- financiará la construcción de 15.000 viviendas anuales, el presidente del organismo, Manuel Illueca, se reunió con un fondo internacional para exponerle las oportunidades de invertir bajo el respaldo del banco público. El planteamiento del Ejecutivo es claro: atraer capital privado sin fomentar prácticas especulativas. Sin embargo, Illueca debe concretar qué nivel de rentabilidad puede considerarse razonable, una cuestión clave para que el plan prospere. El Gobierno aspira a movilizar 9.000 millones de euros de inversión privada, frente a los 14.000 millones que aportaría el ICO mediante recursos propios y endeudamiento. Hasta que esas cifras no se materialicen, no hay garantías de que el objetivo se cumpla. El ICO puede aceptar rendimientos inferiores a los habituales del mercado porque su misión prioriza el impacto social y, por ahora, la morosidad se mantiene baja. Esta lógica, no obstante, no resulta aplicable a los inversores privados, por lo que los incentivos serán determinantes. Entre ellos figuran plazos de financiación muy largos -habitualmente de 20 años, pero ampliables hasta 40- que facilitan la viabilidad del alquiler asequible al repartir el coste de las viviendas en más tiempo. Además, el organismo contempla perdonar parte de la deuda si se cumplen ciertos requisitos. Según explica Illueca, se prevé incluir tramos de financiación no reembolsables. Una vez finalizadas las obras, con un nivel de ocupación adecuado y con inquilinos que cumplan las condiciones establecidas, podría aplicarse una reducción de la deuda. En la práctica, el modelo combinaría préstamo y subvención: quien cumpla determinados criterios vería condonada parcialmente la cantidad adeudada. El responsable del ICO considera que este mecanismo puede ser decisivo para atraer a promotores privados, imprescindibles para acelerar la construcción de vivienda asequible. Existe una tensión entre las rentas que se quieren fijar -más bajas- y los elevados costes de edificación, y ese componente no reembolsable serviría precisamente para cerrar esa brecha. Además de la incógnita sobre la capacidad para movilizar capital privado, también existen dudas sobre los plazos. Aunque el objetivo de levantar 15.000 viviendas al año tiene calendario, no ocurre lo mismo con la movilización total de 23.000 millones de euros prevista a medio plazo. Illueca reconoce que no se logrará en apenas dos años. Al tratarse de préstamos a muy largo plazo, la deuda se irá acumulando progresivamente en el balance del ICO sin un horizonte temporal concreto. El organismo, no obstante, no parte desde cero. Ya disponía de una línea de financiación de 4.000 millones destinada a ampliar el parque de alquiler social o asequible, con la que se han impulsado unas 7.000 viviendas. Gracias a esta experiencia, mantiene contacto directo con los agentes del sector y conoce sus necesidades. El objetivo es desarrollar una industria sólida de promoción para alquiler -el modelo conocido como build to rent- que con el tiempo requiera menos apoyo público, ya que no se pretende sustituir al sector privado. El lanzamiento de España Crece aporta nuevos recursos, pero también eleva la exigencia de resultados al fijar la meta de 15.000 viviendas anuales, un indicador fácilmente evaluable y sujeto a críticas si no se alcanza. Otro aspecto que estará bajo escrutinio es la distribución territorial de las nuevas promociones. El ICO se apoyará en los bancos para aprovechar su presencia en todo el país, aunque no existe obligación de repartir las viviendas de forma equilibrada entre comunidades. Aun así, el organismo confía en que la demanda de gobiernos autonómicos y ayuntamientos con suelo público disponible favorezca proyectos en distintas zonas del territorio.

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(El País, 17-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE impulsa el papel del euro en los mercados de capitales para ganar terreno frente al dólar

El euro y los activos financieros ligados a la moneda única han ganado protagonismo en los mercados desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y la Unión Europea pretende consolidar esta tendencia. Las instituciones comunitarias y los Estados miembros consideran que reforzar el peso internacional del euro es clave para aumentar la seguridad económica en un contexto geopolítico incierto. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, subrayó tras la reunión del Eurogrupo que una mayor relevancia global de la divisa europea ayudaría a reducir riesgos y a sostener la estabilidad financiera. Antes de ese encuentro, los ministros de Finanzas de las principales economías del euro -junto con el de Polonia- ya habían señalado este objetivo como prioritario. A esta estrategia se suma el Banco Central Europeo (BCE). Su presidenta, Christine Lagarde, anunció días antes en Múnich nuevas líneas de liquidez en euros accesibles a bancos centrales de todo el mundo, una medida destinada a prevenir tensiones financieras que pudieran afectar a la moneda única. El presidente del Eurogrupo, Kiriakos Pierrakakis, advirtió de que la inestabilidad geopolítica puede convertir el sistema monetario internacional en un instrumento político, por lo que preservar el papel global del euro resulta esencial para la soberanía económica europea. Las líneas de liquidez del BCE buscan precisamente que, si escasean los euros en los mercados, otras autoridades monetarias puedan obtenerlos sin necesidad de vender masivamente activos denominados en esa moneda, lo que provocaría inestabilidad. Entre las medidas para fortalecer la divisa, varios países defienden avanzar en un euro digital y en un sistema de pagos plenamente europeo, una propuesta respaldada, entre otros, por el ministro alemán Lars Klingbeil y considerada uno de los puntos con mayor consenso. Más divisivo resulta el debate sobre la emisión de deuda conjunta o eurobonos, que potenciarían el atractivo internacional del euro, pero chocan con la oposición habitual de Alemania y otros socios, como ya se evidenció en la reciente reunión de líderes sobre competitividad, donde países como España y Francia -junto al propio BCE- apoyaban abrir esa discusión. Ante la falta de unanimidad, los Estados miembros exploran vías alternativas para profundizar en el mercado europeo de capitales. En este marco se sitúan propuestas como la impulsada por España para crear una plataforma de titulización que facilite la emisión de deuda corporativa. La idea es que grupos de países avancen en áreas concretas de la Unión de Ahorros y Capitales y, si fuera necesario, formalicen esa cooperación mediante mecanismos reforzados. Klingbeil señaló que el ritmo actual de las decisiones europeas resulta insuficiente para afrontar los desafíos económicos. Esta aproximación coincide con la defendida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha planteado avanzar mediante una "Europa a varias velocidades" cuando no exista consenso entre los 27. Su objetivo es impulsar de forma prioritaria, a partir de 2026, la integración del mercado de capitales. Un mercado financiero más integrado -hoy fragmentado, al igual que el bancario- reforzaría el papel del euro como alternativa al dólar. En los últimos meses, la volatilidad de la política económica estadounidense ha restado atractivo a la divisa norteamericana, mientras el euro se ha apreciado en torno a un 14% o 15%. Mantener ese impulso es visto como esencial para la autonomía económica europea. Lagarde advirtió en Múnich que el aumento de las tensiones geopolíticas, las políticas industriales más intervencionistas y las disrupciones en las cadenas de suministro podrían provocar episodios recurrentes de estrés financiero. En ese escenario, resulta crucial evitar ventas masivas de activos en euros que dificulten la transmisión de la política monetaria. Por ello, el BCE quiere garantizar a los socios internacionales que siempre dispondrán de liquidez en euros si la necesitan, reforzando así la confianza en la moneda única.

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(Expansión, 16-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez presenta el fondo "España Crece" dotado con 10.500 millones de euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, presenta este lunes el nuevo fondo soberano "España crece", dotado con 10.500 millones de euros, parte de los cuales se destinarán a impulsar la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible. La iniciativa pretende prolongar el impulso inversor generado por los fondos europeos del plan de recuperación. Sánchez anunció este instrumento en enero y su presentación estaba prevista poco después, pero se pospuso tras el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas. Con este fondo, el Ejecutivo busca dar continuidad al impacto de los fondos Next Generation -puestos en marcha por la Unión Europea tras la pandemia- cuyo despliegue finaliza en agosto, cinco años después de la primera transferencia recibida por España. El objetivo es seguir avanzando en ámbitos como la transición energética, la digitalización, el desarrollo del capital humano y la reindustrialización del país. El instrumento será administrado por el ICO y contará con una dotación inicial de 10.500 millones procedentes de dichos fondos europeos, con la intención de movilizar hasta unos 120.000 millones mediante financiación privada y la participación de inversores nacionales e internacionales. Según la agencia Efe, el plan priorizará nueve áreas estratégicas para elevar la productividad económica: vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, gestión del agua y saneamiento, y seguridad. Por su parte, el ministro de Economía ha señalado que se prevé activar el fondo durante el segundo trimestre del año y que, además de los 10.500 millones destinados a crédito, se añadirán unos 2.800 millones en ayudas no reembolsables. Entre sus metas principales figura aumentar el parque de vivienda en alquiler a precios asequibles. La iniciativa ha sido duramente criticada por el Partido Popular, que la considera una operación de "propaganda" sin efectos reales sobre el crecimiento ni la productividad. El vicesecretario económico de la formación, Alberto Nadal, sostiene que el verdadero propósito sería evitar la devolución de parte de los fondos europeos asignados y maquillar las cuentas públicas. Según su valoración, el nuevo fondo reproduce los objetivos del plan de recuperación original -que, a su juicio, no se ha ejecutado adecuadamente- y se basa en previsiones de financiación y capacidad de movilización de capital que considera poco creíbles.

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(Expansión, 16-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE lanza líneas de liquidez extraordinaria con todos los bancos centrales del mundo

El Banco Central Europeo (BCE) ha optado por ampliar sus mecanismos extraordinarios de liquidez con bancos centrales de todo el mundo con el objetivo de reforzar la presencia internacional del euro. Así lo comunicó la presidenta de la institución, Christine Lagarde, durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich. La medida se apoya en el marco EUREP, creado en 2020 para hacer frente a las tensiones financieras provocadas por la pandemia y posteriormente extendido tras la invasión rusa de Ucrania. Mediante este programa, el Eurosistema facilita financiación de emergencia en euros a bancos centrales ajenos a la zona euro a cambio de activos de alta calidad como garantía y bajo condiciones diseñadas para reducir riesgos de impago. Además de impulsar la demanda global de la moneda única, el mecanismo incentiva a estas autoridades monetarias a mantener y emitir deuda denominada en euros -ya sea soberana o supranacional-, puesto que dichos títulos podrán emplearse como colateral para acceder a los fondos. En principio, quedarán excluidos los bancos centrales sometidos a sanciones internacionales, como el de Rusia o el de Corea del Norte, así como aquellos vinculados a actividades ilícitas como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. El acceso a estas operaciones deberá contar previamente con la aprobación del Consejo de Gobierno del BCE. Las nuevas facilidades, gestionadas desde Fráncfort, funcionan como acuerdos de recompra (repo): el BCE entrega euros a cambio de activos de calidad, que se devuelven cuando la autoridad monetaria beneficiaria reintegra el dinero recibido. Actualmente disponen de líneas repo varios países europeos no pertenecientes al euro, entre ellos Rumanía, Hungría, Albania, Andorra, Macedonia del Norte, San Marino, Montenegro y Kosovo. El nuevo esquema será más flexible que el anterior, ya que no impondrá limitaciones previas sobre el destino de los fondos. Antes, estas líneas estaban orientadas a que los bancos centrales externos prestaran a sus propias entidades financieras nacionales. Lagarde subrayó que el BCE debe prepararse para un contexto global más inestable, marcado por políticas industriales más intervencionistas, crecientes tensiones geopolíticas y disrupciones en las cadenas de suministro, factores que pueden intensificar la volatilidad financiera. No obstante, estas líneas se conciben como un instrumento de último recurso. El coste de esta financiación será menos favorable que obtener euros directamente en los mercados, por lo que se prevé que solo se utilicen en situaciones de tensión o disfunción financiera. Cada banco central participante podrá solicitar hasta 50.000 millones de euros. Su atractivo será inferior al de las líneas swap -acuerdos de intercambio de divisas entre grandes bancos centrales sin necesidad de aportar garantías adicionales- que el BCE mantiene con instituciones como los bancos centrales de Dinamarca, Suecia, Canadá, China, Japón, Suiza, Reino Unido y la Reserva Federal estadounidense, que seguirán vigentes. Según Lagarde, este instrumento también fortalece el papel internacional del euro al ofrecer un respaldo de última instancia a las autoridades monetarias extranjeras, lo que aumenta la confianza para invertir, financiarse y realizar operaciones en esta moneda incluso en periodos de turbulencias. En un entorno donde las dependencias económicas pueden convertirse en riesgos estratégicos, concluyó, Europa aspira a consolidarse como un factor de estabilidad tanto para sí misma como para sus socios.

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(El País, 16-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El sistema de financiación autonómica apenas cubre el gasto de los servicios básicos

La sanidad, la educación y la protección social constituyen la base del Estado del bienestar y su prestación recae principalmente en las comunidades autónomas. Sin embargo, los fondos que reciben a través del sistema de financiación -actualmente en el centro del debate por la propuesta de reforma del Gobierno- apenas alcanzan para sufragar el coste de estos servicios esenciales en el conjunto del país. En 2023, último año con datos disponibles, el modelo cubrió el 99,6% del gasto que las autonomías destinaron a estas políticas. En algunas regiones la cobertura fue notablemente menor, como en Murcia (86,6%) y la Comunidad Valenciana (90,95%), mientras que en otras, como Cantabria, superó ampliamente la media. Estas cifras se obtienen al comparar el gasto efectivo en servicios públicos fundamentales con la liquidación del sistema de financiación a competencias homogéneas. No implican necesariamente que exista falta o exceso de recursos, ni permiten evaluar la calidad de las prestaciones, sino únicamente qué parte del gasto real podría financiarse con los fondos transferidos por el sistema. Según explica Diego Martínez López, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea, influyen al menos tres elementos: la cantidad de recursos disponibles, la eficiencia con la que se gestionan y las prioridades políticas de cada comunidad, es decir, cuánto decide destinar a estos servicios básicos. Una región puede cubrir gran parte de su gasto con los fondos recibidos no porque esté mejor financiada, sino porque administra de forma más eficiente. En Murcia y la Comunidad Valenciana sí existe relación entre su baja cobertura y el nivel de financiación recibido, ya que se consideran de las autonomías peor tratadas por el modelo. No obstante, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, subraya que el indicador más fiable para medir si una comunidad está bien financiada es la financiación efectiva por habitante ajustado, no el porcentaje de gasto cubierto. El nivel de gasto responde también a decisiones políticas y preferencias. Así, mientras Cataluña opta por dedicar más recursos a los servicios básicos -financiándolo en parte con impuestos y deuda-, Madrid prefiere un menor gasto acompañado de una menor presión fiscal. Sanidad, educación y protección social concentran aproximadamente dos tercios del presupuesto autonómico, y el sistema de financiación aporta la mayor parte de sus ingresos, aunque las comunidades también disponen de recursos propios, transferencias condicionadas del Estado y fondos europeos. No obstante, la ley no obliga a destinar a estas políticas todo lo recibido ni a reservar un porcentaje concreto para ellas: cada autonomía decide libremente cómo repartir sus recursos, en línea con su autonomía política. Aun así, algunos expertos consideran que el sistema debería cubrir al menos la totalidad del gasto en estos servicios esenciales. Juan Pérez, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), señala que esta idea está implícita en el diseño vigente desde 2009, que iguala hasta el 75% de la capacidad fiscal entre territorios, proporción que entonces representaba el peso de los servicios públicos fundamentales en el gasto autonómico. El mecanismo funciona mediante un fondo común al que las comunidades aportan parte de los impuestos generados en su territorio -principalmente IRPF, IVA y tributos especiales- junto con transferencias estatales. Posteriormente, estos recursos se redistribuyen entre las autonomías mediante diversos fondos con el objetivo de garantizar un nivel similar de servicios básicos en todo el país. Dado que no todas cuentan con la misma capacidad económica, el sistema aplica inicialmente una nivelación parcial del 75% para compensar esas diferencias.

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(Expansión, 13-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE se lanza a desatascar el mercado de capitales con una Europa a dos velocidades

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea contemplan recurrir a la llamada cooperación reforzada, un instrumento que permite a los países que lo deseen avanzar en determinadas áreas sin necesidad de contar con el respaldo de todos, con el objetivo de reducir la fragmentación de los mercados. En un contexto marcado por la urgencia, antiguas líneas rojas parecen diluirse. La UE se muestra dispuesta a dar un paso más en su integración y a seguir la recomendación de Mario Draghi de dejar atrás la exigencia de unanimidad que durante años ha frenado avances clave. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo resumió al afirmar que la prioridad es avanzar con los 27 Estados miembros, pero que, si no fuera posible, los Tratados contemplan la cooperación reforzada. "Tenemos que progresar y eliminar las barreras que nos impiden convertirnos en un verdadero actor global", señaló durante el encuentro celebrado en el castillo de Alden Biesen, en Bélgica, donde los líderes se reunieron para impulsar la competitividad de la economía europea. Durante más de dos décadas, los intereses nacionales han bloqueado iniciativas fundamentales para el proyecto comunitario, como la creación de un fondo europeo de garantía de depósitos o la armonización de normas para eliminar obstáculos internos. La falta de integración en el mercado de capitales dificulta que las empresas accedan a financiación suficiente, lo que limita su crecimiento y competitividad. Lo que antes se consideraba un coste asumible se ha transformado en una carga considerable en el actual escenario geopolítico, donde la dependencia de terceros países se traduce en presiones y amenazas. Sin un mercado único plenamente operativo y sin una financiación adecuada para sus compañías, Europa amplía la distancia frente a potencias como China y Estados Unidos. Ante la dificultad de lograr consensos amplios en ciertos ámbitos, cobra fuerza por primera vez la posibilidad real de avanzar hacia una Europa a varias velocidades mediante la cooperación reforzada. Este mecanismo, recogido en el Tratado de Lisboa, permite sortear vetos al posibilitar que solo los Estados que estén de acuerdo participen en las iniciativas. Ya fue utilizado en diciembre para aprobar un paquete de ayuda financiera a Ucrania frente a la invasión rusa, por lo que no es una herramienta nueva, aunque ahora podría servir para abordar carencias estructurales. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, defendió un enfoque pragmático orientado a resultados concretos: si es posible avanzar juntos, mejor, pero no se puede permitir el estancamiento. Este renovado impulso político altera la dinámica habitual, en la que los gobiernos solían atribuir a Bruselas la parálisis comunitaria pese a ser ellos quienes ejercían el veto. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, admitió que los Estados miembros no han hecho lo suficiente para profundizar el mercado único, un factor clave en la pérdida de competitividad del bloque. Las capitales parecen ahora dispuestas a dar un paso adicional o, al menos, a no impedir que otros países lo hagan. El primer ministro belga, Bart de Wever, subrayó que la UE debe evitar una confrontación entre las capitales y la Comisión en la que esta última cargue con toda la responsabilidad. Con este compromiso, los líderes asumen que los resultados, positivos o negativos, recaerán directamente sobre ellos. Se han fijado junio como plazo para concretar medidas que eliminen las trabas existentes. Si para entonces no se registran avances suficientes, Von der Leyen, con el respaldo de Costa, planteó activar la cooperación reforzada, que permitiría a un mínimo de nueve Estados miembros avanzar con mayor rapidez y ambición.

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(El País, 13-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump acaba con la limitación de gases de efecto invernadero en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que deja sin efecto los fundamentos científicos que hasta ahora respaldaban la política climática del país. Tras reunirse con Lee Zeldin, responsable de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), comunicó la eliminación inmediata de las normas sobre emisiones aplicadas a vehículos y motores entre 2012 y 2027, así como las previstas para el futuro. Con esta decisión, la Administración deroga el llamado "dictamen de peligro", aprobado en 2009 durante el mandato de Barack Obama, que consideraba perjudiciales para la salud seis gases de efecto invernadero procedentes de motores de combustión. Trump calificó la medida como la mayor desregulación emprendida en la historia del país y sostuvo que reducirá significativamente los costes tanto para los fabricantes como para los compradores de automóviles. Según afirmó en la Casa Blanca, la supresión de estas normas supondrá un ahorro de billones de dólares y abaratará el precio medio de los vehículos nuevos en cerca de 3.000 dólares. Recordó además su promesa electoral de eliminar múltiples regulaciones por cada nueva norma aprobada. Ya en marzo de 2025, la EPA había anunciado la revisión de unas treinta disposiciones relacionadas con emisiones contaminantes, lo que generó fuertes críticas por parte de organizaciones ecologistas. Aunque no resulta inesperado -dado que Estados Unidos volvió a abandonar el Acuerdo de París tras el regreso de Trump al poder-, el anuncio supone un duro golpe a los esfuerzos internacionales para frenar el calentamiento global. La decisión no solo desmantela la base regulatoria climática en el país, sino que también afecta a sectores estratégicos como el de los vehículos eléctricos, en el que Estados Unidos aspiraba a competir con China. Durante la presidencia de Joe Biden se impulsaron incentivos fiscales para promover la compra de coches eléctricos y fomentar la transición hacia energías limpias. Sin embargo, esas ayudas han quedado sin efecto, y la medida anunciada ahora consolida la postura negacionista de la actual Administración en materia climática. En paralelo al retroceso de los estímulos al coche eléctrico, el empresario Elon Musk -que se benefició en su día de las políticas verdes de Biden- ha ido restando protagonismo a Tesla en favor de otras líneas de negocio, como el desarrollo de robots humanoides. La revocación anunciada representa hasta ahora el giro más drástico en política climática bajo el actual Gobierno republicano. Se suma a otras iniciativas destinadas a facilitar la explotación de combustibles fósiles y a frenar la expansión de energías renovables. En los últimos meses, Trump ha defendido reiteradamente el uso del carbón y otras fuentes tradicionales de energía. Durante la comparecencia, acompañado por Zeldin y por el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, Trump aseguró que la eliminación del dictamen de peligro corrige una política que, en su opinión, perjudicó gravemente a la industria automovilística y encareció los vehículos para los consumidores. Por su parte, Zeldin afirmó que se trata del cambio más relevante en política climática de los últimos quince años y celebró la desaparición de lo que algunos consideraban un ejemplo de extralimitación regulatoria federal. Trump ha reiterado en numerosas ocasiones su escepticismo respecto al cambio climático. La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París deja al mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero al margen de los compromisos internacionales en esta materia y elimina los incentivos fiscales que buscaban acelerar la transición hacia energías limpias. El dictamen aprobado en 2009 permitió a la EPA actuar bajo la Ley de Aire Limpio de 1963 para limitar las emisiones de dióxido de carbono, metano y otros contaminantes generados por vehículos, centrales eléctricas e industrias. Su derogación suprime, en la práctica, la obligación de medir, informar y cumplir con los estándares federales de emisiones para automóviles, aunque inicialmente podría no afectar a todas las instalaciones de generación eléctrica. De acuerdo con datos de la propia EPA, el transporte y la producción de energía representan cada uno alrededor de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. La agencia calcula que la eliminación del dictamen y de las normas asociadas supondrá un ahorro de 1,3 billones de dólares para los contribuyentes al eliminar las exigencias regulatorias vinculadas a las emisiones de los vehículos.

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(El Economista, 13-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo blinda el derecho de tanteo de los inquilinos frente a los fondos para comprar su vivienda

El Tribunal Supremo (TS) ha consolidado la protección de los arrendatarios al reafirmar su derecho a adquirir la vivienda en la que residen cuando esta es vendida a un fondo de inversión. La Ley de Arrendamientos Urbanos dispone que, si el propietario de un inmueble alquilado decide venderlo, el nuevo comprador debe informar al inquilino de la operación y de sus condiciones -incluido el precio- para que este pueda ejercer su derecho de retracto. Esto le permite comprar la vivienda en las mismas condiciones en un plazo de 30 días. Según explica Vicente José Santamaría Baeza, director de Santamaría Baeza Abogados, hasta ahora existían dudas sobre si bastaba con inscribir la compraventa en el Registro de la Propiedad para entender que el arrendatario tenía conocimiento suficiente del cambio de titularidad y que, por tanto, comenzaba a contar el plazo para ejercer el retracto. La reciente sentencia aclara esta cuestión y adopta un criterio más garantista, al exigir que el inquilino tenga constancia plena y detallada de la venta antes de que empiece a computarse ese plazo. En su resolución de 19 de enero, el alto tribunal subraya que la publicidad registral no sustituye la obligación legal de notificar al arrendatario. Solo cuando quede acreditado que este ha tenido conocimiento completo y exacto de la transmisión podrá iniciarse el cómputo del plazo de caducidad. El caso analizado enfrentaba a un inquilino con un fondo que, en 2016, adquirió a una entidad bancaria un lote de 19 viviendas. La empresa no comunicó la compra al arrendatario y defendió ante el Supremo que la operación figuraba inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que el afectado podía haber conocido sus términos. La sentencia rechaza este argumento y precisa que la ley no impone al inquilino la carga de acudir al registro para informarse, sino que corresponde al comprador comunicar expresamente la adquisición y sus condiciones. Solo a partir de esa notificación empieza a correr el plazo de 30 días para decidir si ejerce su derecho. De lo contrario -señala el fallo- se permitiría que quien incumple su obligación legal obtuviera un beneficio jurídico de ese incumplimiento. Santamaría Baeza destaca que la decisión tiene especial relevancia en operaciones entre servicers de bancos y fondos de inversión en las que se transmiten carteras de activos, como edificios completos o conjuntos de inmuebles. En estos supuestos conviven viviendas vacías, ocupadas y alquiladas, y la sentencia facilita que los inquilinos puedan ejercer su derecho de retracto dentro del plazo legal. Además, apunta que aunque la venta se formalice en bloque, la escritura debe detallar cada finca y asignarle un precio individual por exigencias fiscales y registrales. Esto puede permitir que el arrendatario compre su vivienda tomando como referencia ese importe específico, que en ocasiones resulta inferior al valor de mercado al formar parte de una operación global. En el litigio concreto, la compañía sostuvo que cuando se vende la totalidad de un edificio la ley no reconoce a los inquilinos el derecho de retracto. Sin embargo, el abogado subraya que la doctrina fijada por el Supremo no se limita a ventas aisladas de viviendas, sino que también puede aplicarse a transmisiones de edificios completos siempre que existan arrendatarios y se individualicen los inmuebles y sus precios. Con esta interpretación, se refuerza la efectividad del derecho de adquisición preferente de los inquilinos y aumenta la incertidumbre sobre la rentabilidad prevista en determinadas operaciones inmobiliarias. En todo caso, este derecho está reconocido por la ley con independencia de que vendedor y comprador sean particulares o sociedades.

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