• Home
  • News
  • Mercantil, civil y administrativo

News

(Cinco Días, 05-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España cuenta con 32 patrimonios de más de mil millones de euros

En España, el grupo de personas con fortunas superiores a los mil millones de dólares es diminuto: solo 32 individuos, lo que equivale al 0,000064% de la población, según el informe 2025 sobre grandes patrimonios publicado este jueves por el banco suizo UBS. Esta exclusiva lista ha experimentado cambios relevantes durante el último año. Una de cada cuatro personas incluidas es nueva respecto al informe anterior, lo que ha supuesto una incorporación conjunta de 11.600 millones de dólares a la riqueza total del grupo. Por el contrario, tres antiguos miembros quedaron fuera al ver reducirse su patrimonio por debajo del umbral de los mil millones. En conjunto, el número de grandes fortunas españolas ha aumentado en cinco personas, y su riqueza conjunta ha crecido un 21,5% interanual, alcanzando los 213.000 millones de dólares. Sin embargo, más de la mitad de esa cifra pertenece a un solo individuo: Amancio Ortega, fundador de Inditex, cuyo patrimonio asciende a 124.000 millones de dólares, tras incrementarse en 21.000 millones en apenas un año. "España destaca este año por el fuerte aumento de la riqueza entre sus multimillonarios y por una mayor concentración en patrimonios familiares", afirma Pablo Carrasco, director general de UBS Wealth Management España. El directivo subraya que el crecimiento se debe en buena medida al buen desempeño de algunos de los principales empresarios del país. Además, señala que en los próximos 15 años está previsto que se produzca un traspaso de riqueza por herencias valorado en 162.000 millones de dólares, lo que exige una planificación sucesoria rigurosa. A escala global, el número de multimillonarios creció un 8,8%, pasando de 2.682 en la edición anterior a 2.919 en el informe de este año, elaborado con datos de abril. A la lista se sumaron 196 fortunas creadas desde cero, es decir, sin origen hereditario. Estas nuevas incorporaciones aportaron 386.500 millones de dólares a la riqueza mundial, elevando el total a 15,8 billones de dólares, el segundo mayor incremento anual en las once ediciones del estudio. "A diferencia del repunte provocado en 2021 por la subida del valor de los activos tras la pandemia, este crecimiento responde a una sólida actividad empresarial y a la creación de nuevas compañías", explica el informe. Campos como el software de marketing, la genética, el gas natural licuado o las infraestructuras están impulsando cambios profundos en la demanda global, con multimillonarios de EE UU y Asia-Pacífico liderando esta tendencia. La evolución del patrimonio también varía por sectores. El tecnológico fue el más favorecido, con un aumento del 23,8% (unos 583.500 millones) hasta llegar a los 3 billones de dólares, impulsado principalmente por la subida bursátil de empresas vinculadas a la inteligencia artificial como Nvidia, Oracle o Meta. En cambio, el sector del consumo y el comercio minorista solo creció un 5,3%, afectado por el retroceso del lujo europeo frente al empuje de marcas chinas. Pese a ello, sigue siendo el sector con mayor concentración de riqueza, con 3,1 billones. Los multimillonarios de la industria fueron quienes vieron crecer su patrimonio con mayor rapidez: un 27,1%, hasta los 1,7 billones. En este ámbito destaca un nombre por encima del resto: Elon Musk, fundador de SpaceX, que acumula alrededor del 40,7% de la riqueza del sector. En servicios financieros, la riqueza subió un 17% hasta los 2,3 billones, impulsada por la recuperación de los mercados y el auge de las criptomonedas. En este sector, el 80% de los multimillonarios son considerados "self-made", es decir, se hicieron ricos por sus propios medios. El informe también analiza diferencias de género. La riqueza media de las mujeres multimillonarias aumentó un 8,4%, situándose en 5.200 millones de dólares, más del doble del crecimiento registrado por los hombres (3,2%). Aunque solo hay 374 mujeres frente a 2.545 hombres, ellas encadenan cuatro años liderando el ritmo de acumulación de riqueza. Otro elemento destacado del estudio es el relevo generacional. La transferencia de grandes patrimonios está acelerándose: en 2025, 91 herederos recibieron 297.800 millones de dólares, la cifra más alta registrada, un 36% más que en el informe anterior, pese a que el número de beneficiarios fue menor.

READ MORE

(El País, 05-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas plantea dar más poderes al supervisor bursátil europeo para impulsar el mercado único

La clave para que la Unión Europea recupere el dinamismo económico perdido pasa por completar el mercado único. Con este objetivo, la Comisión Europea ha propuesto reforzar las competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el supervisor bursátil de la UE, con la intención de avanzar en la integración del mercado de capitales. Este es uno de los elementos aún pendientes y considerado esencial tanto para facilitar financiación a proyectos empresariales que requieren fuertes inversiones como para evitar que el ahorro de los ciudadanos europeos siga saliendo hacia otros países en busca de mayor rentabilidad. El sector financiero esperaba con interés hasta dónde llegaría Bruselas en el paquete normativo presentado este jueves. La integración de los mercados de acciones, derivados, deuda o criptoactivos se enfrenta a numerosos obstáculos y a la resistencia de varios Estados miembros, reacios a ceder control sobre negocios altamente rentables; Luxemburgo suele citarse como ejemplo en el ámbito de la gestión de fondos. Finalmente, la Comisión ha optado por una propuesta ambiciosa. Aunque el reglamento y la directiva presentados no incluyen un cambio único de gran impacto, sí incorporan una batería de medidas que amplían notablemente los poderes de la ESMA, que hasta ahora actuaba sobre todo como un órgano asesor para los supervisores nacionales -como la CNMV en España-. "Siempre he oído un gran apoyo a la Unión de Ahorros e Inversiones. Respaldarla significa respaldar estas medidas; lo contrario es incoherente", defendió la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, ante la pregunta de si Bruselas había ido demasiado lejos. El paquete contempla transferir a la ESMA parte de la supervisión que ahora ejercen las autoridades nacionales sobre infraestructuras de mercado -como Euronext o Deutsche Börse- y sobre depositarios de valores. También le otorga la supervisión de todos los proveedores de servicios de criptoactivos, independientemente de su tamaño. De este modo, podrá solicitar información, realizar investigaciones, efectuar inspecciones y aplicar sanciones, una función que desde la entrada en vigor de la normativa MiCA en enero recaía en los supervisores nacionales. El cambio llega tras las críticas de la ESMA al regulador maltés por su laxitud en la concesión de licencias. Con esta ampliación, la ESMA añade a los proveedores de criptoactivos a las entidades que ya supervisa directamente, como las agencias de calificación (Moody's, Fitch, S&P o Scope), los administradores de índices y las cámaras de compensación para derivados y otros productos, como BME Clearing. Para fortalecer su papel, la Comisión plantea crear un nuevo Consejo distinto al actual -formado por autoridades nacionales- con el objetivo de reforzar la independencia y priorizar la visión del mercado único frente a los intereses de cada país. Una de las dudas era si Bruselas propondría que la ESMA supervisara también a las gestoras de fondos, especialmente en un momento en que Europa necesita grandes inversiones públicas y privadas en defensa e infraestructuras. La Comisión aclara que esta función seguirá en manos de los reguladores nacionales, aunque estos perderán influencia en la elaboración de directrices y opiniones. No obstante, la ESMA asumirá un control más estricto sobre los grandes grupos transfronterizos mediante revisiones anuales basadas en información conjunta de los supervisores nacionales y del propio organismo europeo. El paquete legislativo refuerza además la capacidad coordinadora de la ESMA, concediéndole nuevas facultades para resolver diferencias entre normas y prácticas nacionales que entorpecen el uso del pasaporte europeo por parte de fondos, gestoras y depositarios. Otro punto relevante es el cambio de naturaleza jurídica de algunas normas, que pasan de ser directivas a reglamentos. Este giro reduce el margen de maniobra de los Estados miembros, ya que los reglamentos se aplican directamente sin necesidad de adaptación nacional, evitando así retrasos o divergencias que suelen acabar en procedimientos de infracción. En su primera valoración, la ESMA destacó que la propuesta aborda de forma directa la fragmentación derivada de las diferencias de supervisión entre países y celebró el énfasis en simplificar requisitos, reducir cargas administrativas y fomentar la innovación, aspectos que -según afirma- mejorarán la competitividad y la agilidad de los mercados de capitales de la UE.

READ MORE

(El Periódico, 05-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno presenta el nuevo casero estatal que se llamará Casa47

El Gobierno presentó este jueves la nueva identidad de la empresa pública que centralizará la gestión de todas las viviendas pertenecientes a la Administración General del Estado. Esta compañía, que asumirá entre otros los 40.000 inmuebles residenciales que hasta ahora estaban en manos de la Sareb -además de propiedades de organismos como Adif, Segipsa o Patrimonio del Estado- se denominará Casa47. La entidad surge a partir de la transformación de la antigua Sepes, el organismo estatal creado en 1981 para desarrollar y urbanizar suelos logísticos y residenciales con el objetivo de venderlos posteriormente. La creación de este "gran casero público" fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez en el último congreso federal del PSOE celebrado en diciembre de 2024 y, un año después, se materializa. Casa47 nace con la misión de abarcar todo el proceso inmobiliario: desde la gestión urbanística y la urbanización de terrenos hasta la construcción, el alquiler y la administración de las viviendas levantadas en estos suelos, que se destinarán a alquiler a precios asequibles. Así, la nueva compañía se configura como un importante operador estatal con un amplio parque de viviendas. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, destacó que Casa47 supone "un avance decisivo que consolida el quinto pilar del Estado del bienestar". Afirmó que se trata de "un gran paso adelante en las políticas públicas de vivienda del país", un cambio estructural sin retorno. "Estamos poniendo en marcha un nuevo servicio público y no hay marcha atrás. Hemos logrado crear una empresa capaz de gestionar íntegramente el ciclo de la vivienda", señaló.

READ MORE

(El País, 04-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba nuevas ayudas a la compra de eléctricos de 400 millones en su hoja de ruta con 25 medidas para el automóvil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este miércoles la nueva estrategia global para el sector del automóvil, tras un año de negociaciones intensas entre la industria -representada por Anfac- y el Ministerio de Industria y Turismo. Este plan, bautizado como Plan Auto 2030, reúne 25 medidas destinadas a guiar la transición hacia el vehículo eléctrico, asegurar el empleo en los próximos años y atraer inversiones tanto en la fabricación de automóviles como en baterías y en el procesamiento de materias primas críticas como el litio, un ámbito hoy dominado casi por completo por China, que controla cerca del 90% del mercado. La intención conjunta del Gobierno y del sector es movilizar alrededor de 30.000 millones de euros en cinco años, de los cuales el Estado aportaría en torno al 16%. Este ambicioso proyecto -sin precedentes en Europa- llega acompañado de un nuevo sistema de incentivos para la compra de coches eléctricos, que reemplazará al Moves y que llevará por nombre Plan Auto+. Contará con un presupuesto de 400 millones de euros y será gestionado directamente por la Administración central, siguiendo el modelo del Plan Reinicia Auto+ aplicado en la Comunidad Valenciana para los afectados por la dana del pasado año. Un cambio relevante es que las comunidades autónomas dejarán de gestionar estas ayudas, algo que ocurría con el Moves y que provocaba retrasos de hasta año y medio en la tramitación, frente al tiempo mucho más ágil registrado en el plan valenciano. "Hemos escuchado las demandas del sector y queremos asegurar mayor rapidez. Lo aprendido con la dana nos ha servido para mejorar", afirmó Sánchez, instando a acelerar el despliegue del coche eléctrico. Aunque estas mejoras son bien recibidas, la industria insiste en que lo realmente necesario es un cambio fiscal que permita que el sistema de ayudas se autofinancie en el futuro. Además, el Plan Auto 2030 contempla el desarrollo de un plan nacional de infraestructura de recarga, que incluirá el lanzamiento del Moves Corredores en 2025, dotado con 300 millones de euros para instalaciones en tramos de carretera con menor cobertura. Más allá de los incentivos al consumidor, la estrategia incorpora iniciativas de gran alcance, como un programa de autonomía estratégica del sector, orientado a atraer proyectos de fábricas de baterías, componentes y nuevos centros de producción de vehículos. Una de las empresas que se baraja como posible inversora es la china BYD, que estudia instalar en España su segunda planta en la UE tras la de Hungría. Para reforzar esta apuesta, el Gobierno continuará con los Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, financiados hasta ahora con los fondos europeos Next Generation. En 2025 se convocará una nueva línea de ayudas por 580 millones. El Ejecutivo quiere también captar inversión en investigación y desarrollo para que España deje de desempeñar un rol meramente ensamblador y genere más valor. "Queremos atraer inversión extranjera que aporte conocimiento y propiedad intelectual. Debemos aprender de quienes van por delante", señaló Josep Maria Recasens, presidente de Anfac y máximo responsable de Renault en España. El plan prevé, además, la creación de un sello "made in Spain" para impulsar la llegada de nuevos fabricantes, incluidas marcas chinas, que actualmente deben afrontar aranceles por importar vehículos desde Asia. Con estas y otras iniciativas, el objetivo es que España alcance una producción anual de 2,7 millones de vehículos -por encima de los 2,37 millones de 2023-, aunque este incremento no se traducirá en más empleo, ya que la fabricación de coches eléctricos requiere menos mano de obra que la de combustión. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó que este plan aporta "estabilidad y confianza" en plena transformación del sector y recordó que esta hoja de ruta responde a un mandato directo del presidente. Recasens, por su parte, subrayó que se trata de un proyecto que combina planificación, regulación e incentivos, "algo que Europa suele hacer por separado". El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, enfatizó que la producción nacional pasará del 12% de vehículos electrificados en 2023 al 100% en 2035, una transformación que describió como "total y definitiva", en la que el automóvil del futuro será "un móvil con ruedas", lo que refuerza la importancia del desarrollo de software. El propósito de la iniciativa conjunta entre Anfac y el Ejecutivo es no solo conservar, sino aumentar el valor añadido del sector, que actualmente ronda los 85.000 millones de euros anuales. Si no se actúa, las estimaciones apuntan a que podría reducirse hasta los 78.000 millones. Para supervisar la evolución del plan, Administración y sector se reunirán anualmente. La meta final es mantener a España como segundo mayor productor de automóviles de Europa -solo por detrás de Alemania- y conservar su posición entre el octavo y noveno puesto mundial, una clasificación que disputa año tras año con Brasil.

READ MORE

(El Confidencial, 04-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo intervendrá para zanjar el caos de los honorarios de los colegios de abogados

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han vuelto a poner bajo la lupa las sanciones impuestas a varios colegios de abogados por publicar orientaciones sobre honorarios. Si en 2024 el debate giraba en torno a si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tenía autoridad para castigar estas prácticas, ahora las resoluciones derivadas del caso Bankia han dado un salto y están generando decisiones muy diferentes. Barcelona pierde su recurso, A Coruña lo gana y Valencia abre una nueva incógnita que el Supremo tendrá que resolver. En pocas semanas, la Audiencia Nacional ha ratificado la sanción al Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por mantener baremos con tarifas mínimas, mientras que ha revocado la multa impuesta al Colegio de A Coruña (ICACOR) al no quedar demostrado que difundiera el baremo gallego. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo ha decidido estudiar el recurso del Colegio de Abogados de Valencia para aclarar si la nueva Ley de Derecho de Defensa permite a los colegios publicar orientaciones que sirvan para calcular honorarios a efectos de costas, una cuestión que podría tensionar su doctrina reciente. Estas tres decisiones han agitado el panorama judicial y obligan al Supremo a precisar qué tipo de criterios pueden difundir hoy los colegios como simples orientaciones y cuándo esos documentos se convierten en recomendaciones colectivas de precios prohibidas por la normativa de competencia. Todo este proceso se remonta a la denuncia que Bankia presentó hace diez años, en la que señalaba que varios colegios usaban tablas con escalas, porcentajes y mínimos para fijar honorarios en miles de pleitos relacionados con su salida a bolsa. A raíz de aquello, la CNMC impuso multas por 1,47 millones de euros a nueve colegios. La Audiencia anuló parte de esas sanciones al considerar que la competencia debía recaer en las autoridades autonómicas, pero el Tribunal Supremo cerró ese debate en abril de 2024 al determinar que la CNMC sí puede intervenir cuando la conducta tiene impacto más allá de una comunidad autónoma y en un contexto de colegiación única que permite trabajar en todo el país. Tras esa aclaración, la Audiencia Nacional ha tenido que revisar varias de sus decisiones, y este otoño el asunto ha entrado en un punto crítico. La sentencia sobre el ICAB es la más contundente. En su resolución del 4 de noviembre, la Audiencia concluye que el colegio aprobó documentos con precios concretos y reglas que operaban como tarifas mínimas, algo que la ley prohíbe por constituir una recomendación colectiva. El tribunal subraya que el ICAB establecía "cuatro escalas" aplicables según la base de cálculo y que incluía una regla que funcionaba como mínimo de percepción. Para los asuntos sin cuantía determinada, además, fijaba como referencia general los 30.000 euros, cifra que la Audiencia considera un "precio mínimo" claramente anticompetitivo. El ICAB, que ya pagó la sanción en 2018 y ha recurrido el fallo, intentó apoyarse en la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa, que autoriza a los colegios a publicar criterios orientativos a efectos de costas. La Audiencia, sin embargo, descartó este argumento, aunque es muy posible que el asunto llegue al Supremo. El caso de A Coruña es justo lo contrario. En la sentencia del 6 de noviembre, la Audiencia reconoce que el baremo del Consejo Gallego contenía elementos que podrían haber sido problemáticos, pero subraya que no se acreditó que fuera el Colegio de A Coruña quien lo difundió. El documento estaba accesible en la web del Colegio de Vigo, no en la suya. Además, A Coruña había emitido circulares en el pasado dejando claro que los dictámenes debían basarse en el examen individual de cada asunto. Incluso editoriales jurídicas declararon que no recibían esos baremos del colegio coruñés, sino que los localizaban en internet por su cuenta. Ante esta falta de pruebas, la multa queda anulada. El Tribunal Supremo, por su parte, ha dado un paso relevante al admitir el recurso del Colegio de Valencia para interpretar el artículo 6.2.e) de la nueva Ley de Derecho de Defensa, que permite elaborar criterios orientativos para calcular los honorarios a efectos de costas. El Alto Tribunal reconoce que esta disposición podría entrar en colisión con su postura actual, que desde 2023 veta cualquier orientación que incluya cifras o reglas detalladas. Por ese motivo, considera necesario aclarar el alcance de la norma. La decisión abre un escenario completamente nuevo: si el Supremo entiende que la ley flexibiliza el marco, los colegios podrían recuperar cierto margen para publicar referencias numéricas; si mantiene la línea actual, la restricción quedará aún más firme. Barcelona, A Coruña y Valencia son tres ejemplos de un mismo conflicto, que enfrenta la naturaleza de los criterios orientativos, las exigencias de prueba para sancionar y el impacto de la normativa aprobada en 2024. Además, aún queda por resolverse el caso del Colegio de Ávila, y en febrero la Audiencia Nacional ya anuló la sanción al Colegio de Abogacía de Vizcaya -de 125.000 euros- por una razón distinta: no porque la CNMC careciera de competencia, sino porque el expediente no acreditó que el colegio hubiera difundido los baremos del Consejo Vasco.

READ MORE

(Cinco Días, 03-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las letras a un año siguen al filo del 2% con una demanda sólida de los particulares

Las letras del Tesoro continúan siendo atractivas para los inversores pese a un año marcado por las bajadas de tipos del BCE. El tipo oficial se sitúa ahora en el 2%, tras empezar 2025 en el 3%, y las rentabilidades de las letras han caído en la misma línea. En la última subasta del año, el rendimiento de las letras a doce meses se fijó en el 2,004% y el de las letras a seis meses en el 1,968%, casi igual que en la puja anterior. La demanda por parte de los inversores minoristas sigue siendo fuerte e incluso ha vuelto a crecer, superando los 1.000 millones de euros tanto en el plazo de un año como en el de medio año. En total, el Tesoro ha colocado 4.976 millones de euros en esta subasta -la última del año para esos plazos-, frente a unas solicitudes que sumaron 8.707,8 millones, cifra que no llega a duplicar lo adjudicado. Para las letras a 12 meses, el tipo marginal se mantuvo prácticamente igual que en noviembre (2,004% frente a 2,003%), en consonancia con el tipo de interés del euro, situado en el 2%. En esta modalidad se adjudicaron 3.506,7 millones, tras registrarse peticiones por 5.517,31 millones. En el plazo de seis meses, el tipo marginal quedó en el 1,968%, similar al 1,962% de la subasta anterior. El Tesoro vendió 1.469,6 millones frente a una demanda de 3.190,45 millones. Sobresale el creciente interés de los pequeños ahorradores, que elevaron sus solicitudes hasta 1.064,44 millones, frente a los 754,87 millones de noviembre. En las letras a un año, la demanda minorista también se mantuvo holgadamente por encima de los 1.000 millones, al igual que ocurrió en la subasta previa. Esta última puja del año para letras a seis y doce meses confirma que el interés del pequeño inversor por este tipo de producto continúa fuerte, aunque las rentabilidades hayan bajado y ya no superen la inflación. En noviembre, el IPC fue del 3%, un punto por encima del rendimiento actual de estas letras. El ahorro más prudente afronta así el desafío de no perder poder adquisitivo, especialmente teniendo en cuenta que se mantiene centrado en activos de baja rentabilidad, incluso en un año excepcional para la Bolsa española. Además, las previsiones apuntan a que el BCE mantendrá los tipos en el 2% o incluso podría recortarlos más, sin expectativas de subidas. Los ahorradores particulares españoles conservan más de 20.000 millones de euros en letras del Tesoro, aproximadamente una cuarta parte del total en circulación. En cuanto a los fondos de inversión, las fuertes entradas de dinero este año se han dirigido principalmente a productos muy conservadores. Las suscripciones netas alcanzan 31.034 millones en lo que va de ejercicio, la cifra más alta en 11 años, y el 99% se ha invertido en fondos monetarios o de renta fija.

READ MORE

(Cinco Días, 03-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Economía retrasa la plena aplicación del reglamento MiCA hasta julio de 2026

La industria cripto en España puede respirar más tranquila este miércoles. A pocas semanas de que se cumpla el primer año del reglamento MiCA -la normativa que regula los criptoactivos en la Unión Europea-, la ESMA ha actualizado el listado oficial de los periodos transitorios y el Ministerio de Economía ha decidido ampliar de 12 a 18 meses el plazo para adaptarse a esta regulación. De este modo, las compañías que ya operaban antes de enero de este año y aún no hayan obtenido la licencia podrán continuar funcionando hasta julio de 2026. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) gana así margen para tramitar las 24 solicitudes pendientes, 22 de proveedores de servicios cripto y dos de entidades bancarias. Aunque MiCA fija un periodo máximo de 18 meses para que los países adapten y apliquen la normativa a los proveedores que ya operaban bajo su legislación nacional antes del 30 de diciembre de 2024, Bruselas dejó libertad a cada Estado para acortar ese tiempo si lo consideraba oportuno. La mayoría optó directamente por los 18 meses, mientras que algunos, como Polonia o Suecia, redujeron el plazo a seis y nueve meses, respectivamente. En España, el Ministerio de Economía anunció en verano de 2023 que apostaría por un periodo de solo un año, que debía finalizar en diciembre. La entonces vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defendió que esta decisión permitiría a la CNMV comenzar a supervisar antes y contribuiría a ofrecer "seguridad jurídica y mayor protección a los inversores". Sin embargo, para que ese plazo fuera efectivo era necesario modificar la normativa española, un trabajo que dependía del Ministerio de Economía y que nunca llegó a materializarse. Esto causó inquietud en el sector durante las últimas semanas, ya que existía el temor de que algunas empresas que operaban antes de diciembre de 2024 tuvieran que detener su actividad hasta obtener la licencia MiCA. Desde Economía señalan que finalmente se ha optado por mantener el periodo máximo para garantizar "una transición adecuada". De haberse mantenido el límite de 12 meses a última hora, algunas firmas podrían haberse visto obligadas a parar su actividad, pese a estar inscritas en el registro del Banco de España -que supervisaba a los proveedores cripto en materia de prevención de blanqueo antes del traspaso de funciones a la CNMV- o a haber solicitado ya la licencia MiCA. El silencio del Ministerio llevó a parte del sector a asumir que el Gobierno daría marcha atrás y ampliaría el periodo a los 18 meses previstos como máximo por MiCA. Así ha ocurrido finalmente. Aunque la industria celebra disponer de más tiempo para adaptarse, critica que Economía no formalizara a tiempo su decisión inicial mediante una norma con rango de ley. Desde el Ministerio admiten que, de haberse seguido adelante con el plazo más breve, algunas entidades habrían tenido que transferir sus clientes a compañías ya autorizadas en España o en otro país de la UE, con los riesgos y perjuicios que ello podría conllevar. Tampoco era el mejor escenario para la CNMV, que afronta decenas de expedientes atascados y difícilmente hubiera podido resolverlos antes de final de año. El organismo ya reconoció en octubre que el proceso de concesión de licencias MiCA está siendo más complejo y lento de lo previsto, tanto por las exigencias regulatorias para los grandes proveedores como por la evolución constante del mercado y los servicios que ofrecen. "Con tantos expedientes pendientes, la CNMV también salía perjudicada. Disponer de unos meses adicionales le viene bien para poner al día todas las solicitudes", señala una fuente del sector. Además, el supervisor se enfrentaba a la posibilidad de abrir procedimientos sancionadores a aquellas plataformas que, habiendo pedido la licencia pero sin haberla obtenido todavía, continuaran operando más allá del periodo transitorio fijado por la Comisión Europea, que concluye en julio de 2026. España no es el único país que ha ampliado el plazo inicialmente previsto. Lituania, por ejemplo, había fijado en un primer momento un periodo transitorio hasta el 1 de junio de 2025, pero finalmente lo ha extendido hasta el 30 de diciembre ante la preocupación del sector y para evitar que algunas firmas tuvieran que suspender su actividad mientras tramitaban la licencia. Desde ESMA recuerdan que, una vez concluido el periodo transitorio, cualquier entidad que no disponga de una licencia MiCA deberá cesar su actividad en la UE y subrayan la importancia de una coordinación temprana y estrecha entre todas las partes implicadas para minimizar los efectos negativos del fin de estos periodos.

READ MORE

(El País, 03-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La OCDE alerta de que el crecimiento económico global seguirá siendo “frágil”

La economía mundial ha conseguido absorber mejor de lo previsto el impacto de los nuevos aranceles y la incertidumbre geopolítica derivados de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, persisten varios riesgos que ensombrecen las perspectivas de los próximos años. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala como amenazas un posible repunte del proteccionismo que frene el comercio internacional, una corrección brusca de las elevadas valoraciones bursátiles -infladas por los beneficios empresariales asociados al auge de la inteligencia artificial- y los fuertes desequilibrios fiscales acumulados, que podrían encarecer la deuda pública y lastrar el crecimiento. "El panorama sigue siendo delicado", resume el organismo con sede en París en su más reciente informe de previsiones económicas, publicado este martes. Con este contexto, la OCDE mantiene sin cambios sus estimaciones de crecimiento global: prevé una ralentización durante los dos próximos años y un ligero repunte posterior. Calcula que el PIB mundial crecerá un 3,2% en 2025, retrocederá al 2,9% en 2026 y volverá a repuntar al 3,1% en 2027. La eurozona continuará avanzando a un ritmo débil, algo por encima del 1% interanual. Estados Unidos tampoco destacará: tras el 2% previsto para este año, se espera un crecimiento del 1,7% en 2026 y del 1,9% en 2027. Junto con estas proyecciones, la organización vuelve a pedir que se protejan los mercados abiertos y se mantengan los flujos de intercambio internacional. En sus Perspectivas económicas, insiste en que "el diálogo constructivo entre países es esencial para lograr una solución estable a las tensiones comerciales y mejorar las expectativas económicas". Según la OCDE, un mercado global abierto y operativo "favorece niveles de vida más altos y un crecimiento más sólido". El llamamiento a favor del libre comercio llega acompañado de previsiones menos optimistas para el comercio mundial. Tras una expansión estimada del 4,2% este año, la OCDE pronostica una caída hasta el 2,3% en 2026 y una recuperación moderada al 2,8% en 2027. "Dado el frágil contexto económico global, los países deben intensificar sus esfuerzos para mantener un diálogo que permita resolver las tensiones comerciales y reducir la incertidumbre política", recalcó el secretario general, Mathias Cormann, durante la presentación del informe. España vuelve a situarse entre los países con mejores perspectivas de crecimiento. La OCDE mantiene sus previsiones: un avance del 2,9% en 2025, del 2,2% en 2026 y del 1,8% en 2027. Aunque se trata de tasas descendentes, todas superan ampliamente la media de la eurozona. El informe atribuye este buen comportamiento a "la sólida creación de empleo y al crecimiento de los salarios reales", que seguirán sosteniendo el consumo, así como al impulso de la inversión derivado de los fondos europeos. No obstante, el organismo repite las advertencias ya señaladas en su informe específico sobre España: los desequilibrios fiscales siguen siendo importantes, especialmente por el elevado nivel de deuda pública, que pese a haber bajado desde los picos de la pandemia continúa cerca del 100% del PIB. Además, las presiones de gasto a largo plazo -por el envejecimiento demográfico y el aumento del coste de las pensiones- suponen un riesgo significativo. Por ello, la OCDE reclama medidas para contener el gasto en pensiones, recortar partidas ineficientes y reforzar los ingresos públicos. También propone facilitar el entorno empresarial para estimular la inversión y la productividad, reduciendo cargas administrativas y regulatorias y armonizando normativas entre distintos niveles de la administración.

READ MORE

(El Economista, 03-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor acelera en diciembre: escala a máximos de abril y amenaza con la quinta subida mensual

El euríbor diario a doce meses ha arrancado diciembre con una notable intensidad. En apenas dos sesiones ha repuntado un 2%, pasando del 2,209% al 2,244%, un salto muy significativo dado el estrecho rango en el que suele moverse este indicador. De hecho, el aumento registrado en estos dos días equivale prácticamente al avance completo de los últimos meses. Este brusco movimiento inicial parece responder a un reajuste de las entidades financieras ante la expectativa de que el Banco Central Europeo mantenga los tipos estables durante un largo periodo. Hasta hace poco, el mercado aún descontaba la posibilidad de un recorte adicional por parte del BCE. De hecho, el mercado de swaps -instrumento utilizado por los inversores para protegerse de las variaciones en los tipos de interés- sigue reflejando más probabilidades de una bajada que de una subida. Aunque hace tiempo que se descartó el último recorte que habría reducido los tipos desde el 2% actual hasta el 1,75%, tampoco se aprecia una inclinación hacia un ciclo alcista por parte del banco central. Según el índice de Bloomberg sobre swaps, apenas se asigna un 15% de opciones a que el BCE reduzca tipos en algún momento de 2026. Tampoco los futuros del euríbor -otra referencia clave para los inversores- apuntan a un sesgo al alza, al menos hasta finales de 2027. Para el vencimiento de diciembre de ese año, estos futuros sitúan el índice en torno al 2,25%, lo que puede interpretarse como el momento en el que el BCE empezaría a plantearse subir el precio del dinero. Hasta entonces, la curva de futuros permanece prácticamente plana en torno al 2%. Los indicios de que el euríbor pueda seguir alejándose de los tipos oficiales del BCE son escasos. El indicador de referencia de las hipotecas variables tiende a mantenerse muy cercano a las decisiones del banco central. En la actualidad, los 24 puntos básicos de diferencia respecto al tipo oficial están en línea con la media de la última década. Desde mediados de 2024, con la entrada en juego de los tipos negativos, la tasa de depósitos del BCE se ha convertido en la principal referencia. El diferencial medio ha sido de unos 27 puntos básicos. En pleno ciclo de subidas, el euríbor llegó a situarse más de 150 puntos básicos por encima del tipo oficial. Si el euríbor no se relaja en diciembre, encadenará su quinta subida mensual consecutiva. Con el nivel actual del 2,24%, todavía no implicará un aumento de las cuotas hipotecarias para quienes revisen su préstamo anualmente, ya que en diciembre del año pasado el índice estaba en el 2,436%. Sin embargo, las hipotecas con revisión semestral sí están notando este repunte: el euríbor lleva cuatro meses consecutivos al alza y podría sumar un quinto si se mantiene la tendencia. Este comportamiento está relacionado en parte con unos datos de inflación peores de lo previsto. En noviembre, la inflación de la eurozona subió al 2,2% desde el 2,1% de octubre. Este leve repunte, inesperado, refuerza la idea de que el BCE no considerará una bajada de tipos a corto plazo. El euríbor se mueve principalmente en función de las expectativas del mercado sobre la actuación futura del BCE, y este dato apunta a una prolongación del tipo oficial en el 2%. El BCE también ha publicado su encuesta de consumidores de noviembre, y los hogares no esperan que los precios se moderen. Prevén una inflación del 2,8%, una décima más que en octubre, algo que preocupa al BCE por sus posibles consecuencias. Además, los cambios de mes suelen provocar movimientos significativos en el euríbor. Entre septiembre y octubre subió un 2,79% en solo cuatro días, y entre agosto y septiembre avanzó un 3,39% también en cuatro sesiones. Al fin y al cabo, el euríbor refleja el coste de los préstamos entre bancos, y los ajustes que realizan a principio de mes pueden generar tensiones temporales.

READ MORE

(El Confidencial, 03-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Notarios y registradores se echan la culpa del retraso en los procesos con firma notarial

Nuevo episodio en el conflicto entre notarios y registradores. Ambos colectivos se responsabilizan mutuamente de los retrasos en las firmas notariales y del colapso que se vive en numerosas notarías, donde resulta complicado conseguir una cita a corto plazo. Los notarios necesitan acceder a las notas de información continuada para revisarlas y poder dirigir operaciones como compraventas u otros trámites que requieren su firma. Sin embargo, fuentes notariales aseguran que ahora este proceso se ha ralentizado porque se ha eliminado el canal directo de comunicación que existía entre ambas partes. Como consecuencia -afirman-, las notarías tardan más en recibir la información y los registradores estarían incumpliendo la ley. Desde el lado de los registradores, en cambio, sostienen que sí existe un canal que permite obtener estos datos sin demoras y en tiempo real. Hasta el 9 de mayo de 2024, fecha en la que entró en vigor la reforma de la Ley Hipotecaria derivada de la Ley 11/2023, funcionaba un sistema específico de comunicación entre notarios y registradores. A través de él, los notarios podían solicitar notas de información continuada (similares a las notas simples) mediante telefax, conectados a la sede electrónica registral y usando un software propio. El trámite era inmediato y lo realizaba el notario o un empleado de la notaría. Pero hace año y medio los registradores decidieron suprimir este mecanismo. Desde entonces, los notarios deben pedir esa información igual que cualquier ciudadano, mediante un contrato de adhesión como "usuario abonado". Al no existir ya un acceso directo, se generan retrasos, según denuncian fuentes notariales, especialmente porque cada notaría solo dispone de un usuario para solicitar documentos. Los notarios consideran que los registradores están vulnerando la normativa, incumpliendo el artículo 111 ter de la Ley 24/2001, que obliga a garantizar la interoperabilidad entre las sedes electrónicas registral y notarial. En cualquier caso, lo cierto es que cada vez resulta más difícil obtener una cita en las notarías. Tanto notarios como registradores reconocen que existe un atasco en los procedimientos, aunque se culpan mutuamente del problema. El Colegio de Registradores niega las acusaciones y afirma que "lo planteado por los notarios no se ajusta en absoluto a la realidad", asegurando que existe un canal exclusivo para notarios y que diariamente se tramitan de forma electrónica decenas de documentos y cientos de notas continuadas en tiempo real según lo previsto en el artículo 222.9 de la Ley Hipotecaria. Añaden además que este sistema "elimina cualquier posible retraso" y que el Colegio ha cumplido en plazo todos los acuerdos alcanzados con los representantes de los notarios ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Los notarios lo desmienten, insistiendo en que están utilizando el mismo canal que los demás usuarios. Este intercambio de reproches supone un nuevo episodio en la larga disputa entre ambos colectivos. Los notarios ya han presentado miles de recursos relacionados con el coste de las notas simples y han interpuesto una demanda contra el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia por considerar que no se está cumpliendo la ley que obliga a digitalizar todos los procesos. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite la demanda presentada por los notarios, tras rechazar las alegaciones de la Abogacía del Estado, al entender que podrían estar incumpliéndose los requisitos de digitalización establecidos en la Ley 11/2023 para los procedimientos notariales y registrales.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF