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(Cinco Días, 11-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca europea pacta reclamar a Bruselas avanzar en la unión del mercado sin mencionar el fondo de depósitos

La banca europea ha redoblado la presión sobre las instituciones comunitarias para que impulsen una profunda simplificación de la regulación financiera y culminen de una vez la unión bancaria. La ofensiva coincide con el debate abierto en Bruselas sobre cómo reforzar la competitividad de la economía europea y movilizar los recursos necesarios para financiar las grandes inversiones que afronta la Unión en ámbitos como la transición energética, la digitalización, la defensa o las infraestructuras. En este contexto, la Federación Bancaria Europea ha presentado un informe elaborado por la consultora Oliver Wyman en el que eleva hasta 1,4 billones de euros las necesidades anuales de financiación de la economía europea. La cifra supera ampliamente los 800.000 millones estimados anteriormente por el informe elaborado por Enrico Letta sobre el futuro del mercado único. Para cubrir ese déficit de financiación, el sector financiero considera imprescindible avanzar en dos frentes: una reducción de las cargas regulatorias y una mayor integración del mercado bancario europeo. Uno de los elementos centrales del debate vuelve a ser la unión bancaria, un proyecto iniciado tras la crisis financiera de 2008 que todavía permanece incompleto. Durante la última década, la Unión Europea ha puesto en marcha un supervisor bancario único bajo la responsabilidad del Banco Central Europeo y un mecanismo común para gestionar la resolución de entidades en dificultades. Sin embargo, sigue pendiente la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos. La ausencia de este tercer pilar ha sido uno de los principales obstáculos para la integración financiera europea. Países como Alemania y otras economías del norte han mostrado históricamente reticencias a compartir riesgos con los sistemas bancarios de los países del sur, argumentando que ello podría implicar la mutualización de problemas derivados de decisiones nacionales. Pese a estas resistencias, la cuestión ha vuelto a cobrar protagonismo en los últimos meses gracias al impulso de países como España, Italia y Francia. La Comisión Europea ha abierto consultas públicas sobre la materia y prepara un informe que podría servir de base para futuras propuestas legislativas. Los grandes bancos europeos consideran que completar la unión bancaria es una condición indispensable para favorecer las fusiones transfronterizas y permitir la aparición de entidades paneuropeas con mayor capacidad financiera y competitiva frente a los grandes grupos estadounidenses y asiáticos. Actualmente, el sistema financiero europeo continúa muy fragmentado, con predominio de grandes entidades nacionales pero sin bancos verdaderamente integrados a escala continental. Según Oliver Wyman, esta situación limita la eficiencia en la asignación de capital y liquidez dentro del mercado único y reduce la capacidad de financiación de proyectos estratégicos. El informe señala que las exigencias de mantener recursos propios y liquidez de forma separada en cada filial nacional, junto con las diferencias regulatorias y supervisoras entre países, dificultan los procesos de consolidación bancaria. Asimismo, destaca que las distintas medidas macroprudenciales aplicadas por cada Estado pueden generar diferencias relevantes en los requisitos de capital exigidos a las entidades. Más allá de la unión bancaria, el sector reclama una revisión general del marco regulatorio. Entre las propuestas figura una evaluación conjunta de todos los requisitos de capital impuestos a las entidades financieras, especialmente aquellos derivados de los procesos supervisores que se añaden a los mínimos establecidos por la normativa internacional. Los bancos también solicitan una revisión del papel del Banco Central Europeo como supervisor. Actualmente, su misión se centra en preservar la estabilidad financiera de la zona euro, pero el sector considera que debería incorporarse un segundo objetivo relacionado con el fortalecimiento de la competitividad de la banca europea. El informe de Oliver Wyman incluye además otras recomendaciones destinadas a mejorar la capacidad de financiación de la economía comunitaria. Entre ellas destacan la simplificación de determinadas exigencias prudenciales, la modernización del marco regulatorio, el desarrollo de una cuenta única de inversión para los ciudadanos europeos y una reforma del mercado de titulizaciones que facilite la movilización de capital hacia proyectos productivos. La creciente presión del sector financiero se produce en un momento especialmente sensible para la integración bancaria europea, marcado por operaciones corporativas transfronterizas de gran relevancia y por el renovado interés de Bruselas en reforzar la autonomía económica y financiera de la Unión. El debate sobre cómo equilibrar estabilidad, competencia e integración vuelve así al centro de la agenda económica europea.

(Expansión, 10-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE afronta su primera subida de tipos de interés en casi tres años

El Banco Central Europeo (BCE) se dispone a reaccionar ante las consecuencias económicas derivadas de la guerra entre Irán y sus adversarios regionales, así como del cierre del estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el comercio mundial de petróleo y gas. El encarecimiento de la energía provocado por el conflicto ya está trasladándose a los precios en la zona euro, lo que ha llevado a la institución monetaria a preparar una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos, hasta situarlos en el 2,25%. La decisión supone un cambio de rumbo tras varios meses de cautela. Aunque el organismo presidido por Christine Lagarde optó por mantener sin cambios el precio del dinero en las reuniones de marzo y abril, argumentando que la política monetaria se encontraba en una posición adecuada, la prolongación del conflicto y sus efectos sobre la inflación han terminado por inclinar la balanza hacia una actuación más decidida. De confirmarse el movimiento, se trataría del primer incremento de los tipos de interés desde septiembre de 2023. Desde hace meses, distintos responsables del BCE venían preparando al mercado para esta posibilidad, ante el riesgo creciente de que el repunte de los costes energéticos termine consolidándose en la evolución general de los precios. Peter Kaimír, gobernador del Banco Nacional de Eslovaquia, considera que el endurecimiento de la política monetaria resulta inevitable y recuerda que este escenario ya figuraba entre las previsiones más probables desde comienzos de año. Según su análisis, la evolución de la crisis geopolítica ha confirmado los riesgos que ya se anticipaban. El respaldo a la subida dentro del Consejo de Gobierno del BCE es amplio. Aproximadamente siete de cada diez miembros del órgano de decisión se han mostrado favorables a incrementar los tipos en esta reunión, mientras que el resto ha evitado posicionarse con claridad. De hecho, una parte significativa de los consejeros ya defendía un ajuste al alza en el encuentro anterior, aunque finalmente prevaleció la opción de esperar más información. Incluso representantes tradicionalmente asociados a las posiciones más moderadas dentro del BCE han asumido la necesidad de actuar. Fabio Panetta, gobernador del Banco de Italia, ha señalado que las perspectivas económicas apuntan a la conveniencia de recalibrar la política monetaria para contener riesgos inflacionistas persistentes. Una opinión similar mantiene Yannis Stournaras, gobernador del Banco de Grecia, quien considera probable una subida de tipos para preservar la credibilidad de la institución y garantizar una respuesta coherente ante los cambios en la inflación. La principal preocupación del BCE no radica tanto en los datos actuales como en la posibilidad de que las expectativas de inflación se alejen de forma duradera del objetivo del 2%. La institución quiere evitar repetir los errores que, a su juicio, se cometieron durante el anterior episodio inflacionario, cuando reaccionó con retraso al aumento de los precios. Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y una de las voces más influyentes del sector más partidario de una política monetaria estricta, ha advertido de que el riesgo de que las expectativas de inflación se consoliden en niveles superiores a los deseados está aumentando. Más allá de la decisión inmediata, el interés de los mercados se centra ahora en las señales que pueda ofrecer Christine Lagarde sobre los próximos pasos. Aunque existe un consenso casi absoluto respecto a la subida de esta semana, no ocurre lo mismo sobre la conveniencia de nuevas alzas en los próximos meses. Gediminas Simkus, gobernador del Banco de Lituania, ha señalado recientemente que, tras este primer movimiento, será necesario analizar la evolución de los datos antes de decidir nuevos ajustes. No obstante, considera más probable que se produzca una segunda subida que la posibilidad de que los tipos permanezcan estables durante el resto del año, aunque evita pronunciarse sobre el calendario concreto. La experiencia histórica también pesa en el debate. La única referencia reciente comparable se remonta a 2011, cuando el entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, impulsó una subida de tipos que posteriormente fue revertida por su sucesor, Mario Draghi. Aquella decisión terminó siendo considerada por muchos economistas como un error de política monetaria. Aunque la mayoría de los responsables actuales del BCE rechaza que la situación presente sea equiparable, algunos analistas financieros han advertido del riesgo de repetir un movimiento excesivamente prematuro en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la desaceleración económica.

(Expansión, 10-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión inmobiliaria se dispara un 50% y supera los 10.000 millones

España consolida su posición como uno de los destinos más atractivos para el capital que busca rentabilidad en el mercado inmobiliario. Impulsado por un crecimiento económico superior al promedio europeo, el aumento de la población y la buena evolución de los distintos tipos de activos, el sector ha alcanzado un nuevo récord de inversión. Durante los seis primeros meses del año se han superado los 10.000 millones de euros invertidos, un 50% más que en el mismo periodo de 2025. Entre los inversores más activos de 2026 destacan fondos canadienses como Brookfield, Hoopp y Omers, junto a gestoras, Socimis y compañías españolas como Azora, Criteria, Calena Partners o Atrea Real Estate, la nueva firma impulsada por Luis López de Herrera-Oria. A falta de concluir el semestre, la inversión en adquisición de inmuebles asciende a 10.052 millones de euros, por encima del anterior máximo registrado en 2022, cuando se alcanzaron 10.017 millones, según estimaciones preliminares de JLL. Esta cifra aún podría incrementarse al no incluir algunas operaciones recientes, como la compra por parte de Nuveen y King Street de la cartera de residencias Bravo en España por 330 millones de euros. Entre las mayores transacciones del semestre sobresale la adquisición por Brookfield de una cartera de 5.000 viviendas a Blackstone por 1.050 millones de euros. También destaca la entrada del fondo de pensiones sanitario canadiense Hoopp en el mercado residencial español mediante la compra de una cartera a Ares por 630 millones. Otras operaciones relevantes han sido la compra del edificio de oficinas Estel, en Barcelona, por Criteria por 385 millones; la adquisición por Azora de una cartera residencial de Patrizia por 350 millones; y la incorporación del centro comercial Islazul, en Madrid, a la cartera de Castellana Properties por 340 millones. Según Juan Manuel Pardo, responsable de Capital Markets de JLL en España, factores como el crecimiento demográfico, la existencia de nuevas oportunidades de liquidez en el mercado residencial y la estabilidad geopolítica relativa del país han reforzado el atractivo de España para los inversores, amortiguando parte de los riesgos asociados a la tensión internacional derivada del conflicto con Irán. El segmento residencial ha sido el principal motor de la inversión. Sumando vivienda en alquiler, residencias de estudiantes, centros para mayores y apartamentos flexibles, la inversión alcanzó 4.375 millones de euros en el primer semestre, casi cuatro veces más que un año antes. Solo en el mercado del alquiler se han cerrado ocho operaciones superiores a los 100 millones de euros, muchas de ellas vinculadas a la compra de grandes carteras de viviendas destinadas posteriormente a su venta individualizada. La inversión en oficinas también mantiene una trayectoria positiva. Entre enero y junio alcanzó los 1.792 millones de euros, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. Además de la operación del edificio Estel, sobresale la compra del complejo Los Cubos, en Madrid, por parte de Atrea Real Estate a Henderson Park por 91 millones de euros. En el ámbito comercial, la inversión en activos de retail sumó 1.675 millones de euros, un 11% más que hace un año. Los centros comerciales continúan siendo el activo preferido, concentrando más de la mitad de la inversión total del sector. Además de Islazul, Castellana Properties adquirió también el centro comercial Berceo, en Logroño, por 108 millones de euros. El mercado logístico conserva igualmente un elevado dinamismo. La inversión alcanzó los 779 millones de euros, un 21% más en términos interanuales, impulsada por operaciones como la compra de 13 activos logísticos por parte de Oxford Properties, Omers y AustralianSuper por 181 millones. Por el contrario, el sector hotelero muestra una cierta desaceleración. Se prevé que cierre el primer semestre con una inversión superior a los 1.400 millones de euros, lo que supondría una caída aproximada del 14% respecto al mismo periodo de 2025. A pesar de ello, los hoteles siguen representando alrededor del 14% de toda la inversión inmobiliaria realizada en España. Entre las operaciones hoteleras más destacadas figura la compra por Calena Partners de una cartera de tres establecimientos vacacionales en Mallorca y Gran Canaria, con cerca de 900 habitaciones, por unos 200 millones de euros. También sobresalen la adquisición del hotel Corso de Ibiza por Blasson, la compra por la familia Matutes del 75% de dos hoteles ibicencos a Azora y la venta del hotel Jumeirah Port Sóller, en Mallorca, a Dubai Holding.

(El País, 10-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno lanza el programa Verano Joven con descuentos de hasta el 90% para viajes en autobús y tren

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una dotación de 130 millones de euros para una nueva edición del programa Verano Joven, una iniciativa que permitirá a los menores de 31 años acceder a importantes descuentos en trenes y autobuses durante los meses estivales. Desde su puesta en marcha, hace tres años, más de cuatro millones de jóvenes han utilizado estas ayudas para realizar más de 16 millones de desplazamientos con tarifas reducidas. En esta ocasión, las rebajas alcanzarán hasta el 90% del precio de algunos billetes. El Ministerio de Transportes enmarca esta medida dentro de las actuaciones destinadas a aliviar el impacto del encarecimiento del coste de la vida derivado de la crisis en Oriente Próximo. La plataforma para tramitar las inscripciones estará disponible en los próximos días. El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, es decir, a quienes hayan nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. Podrán beneficiarse tanto los ciudadanos españoles como los extranjeros con residencia legal en España. Los descuentos se aplicarán a billetes sencillos y de ida y vuelta para desplazamientos nacionales, así como a determinados títulos de Interrail para viajar por Europa. Las bonificaciones estarán vigentes para los viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Los mayores descuentos, del 90%, se reservan para los servicios de autobús regular de competencia estatal y para los trenes convencionales de media distancia y de ancho métrico. En el caso de los trenes Avant, la reducción será del 50%. Los servicios ferroviarios de larga distancia y alta velocidad operados por Renfe, Iryo y Ouigo también contarán con una rebaja del 50%, aunque limitada a un máximo de 30 euros por billete. Asimismo, se mantendrá el descuento del 50% en el pase Global Flexible de Interrail, válido para diez días de viaje durante un periodo de dos meses, siempre que se adquiera a través de Renfe. Para acceder a estas ventajas será necesario registrarse previamente en la página web habilitada por el Ministerio de Transportes. Los solicitantes deberán identificarse con su DNI o NIE y recibirán un código personal e intransferible que les permitirá adquirir los billetes bonificados directamente en las plataformas de los operadores de transporte. La iniciativa ha ido ganando usuarios con cada edición. En 2023 se beneficiaron del programa 1,13 millones de personas, cifra que aumentó a 1,4 millones en 2024 y a 1,55 millones en 2025. Del total de 16 millones de trayectos realizados con descuento desde su creación, cerca de dos tercios correspondieron al ferrocarril, con más de 10,2 millones de viajes, mientras que el autobús sumó alrededor de 5,8 millones. Además, se gestionaron unos 29.000 pases Interrail subvencionados. El sector del transporte por carretera ha respaldado de forma mayoritaria esta política de ayudas al considerar que facilita la incorporación de nuevos usuarios al transporte colectivo. En el ámbito ferroviario, Verano Joven también ha contribuido a moderar la intensa competencia de precios registrada en los últimos años, especialmente tras la llegada de nuevos operadores de alta velocidad que impulsaron tarifas muy reducidas para atraer viajeros.

(Cinco Días, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda subió un 12,9% en el primer trimestre, el mayor ritmo desde comienzos de 2007

Seguir la evolución del mercado inmobiliario a través de los distintos indicadores estadísticos genera una sensación cada vez más familiar. La crisis de acceso a la vivienda continúa agravándose y los datos vuelven a reflejar una tendencia de encarecimiento sostenido que parece lejos de corregirse. La última referencia publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma esta dinámica: el precio de la vivienda aumentó un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del mismo ritmo de crecimiento registrado en el último trimestre de 2025 y del mayor incremento observado desde principios de 2007, cuando la subida alcanzó el 13,1%. La comparación con los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria resulta inevitable, aunque las circunstancias actuales son muy diferentes. En 2007, el mercado estaba impulsado por una abundante concesión de crédito, una intensa actividad constructora y una oferta creciente. En cambio, el actual aumento de los precios se produce en un contexto caracterizado por una producción insuficiente de viviendas, una demanda elevada alimentada por factores demográficos y laborales y unos tipos de interés que, aunque han permanecido relativamente contenidos, podrían comenzar una nueva fase de incrementos por parte del Banco Central Europeo. La coincidencia en la intensidad de las subidas pone de manifiesto la magnitud del problema actual, aunque las causas sean distintas a las de hace casi dos décadas y respondan a desequilibrios estructurales más que a un ciclo especulativo tradicional. El encarecimiento fue generalizado durante los primeros meses del año, si bien se observaron diferencias según el tipo de inmueble. La vivienda nueva moderó su crecimiento hasta el 9,1% interanual, mientras que el mercado de segunda mano concentró las mayores presiones, con un aumento del 13,5%, por encima de la media nacional. Estos resultados coinciden prácticamente con los datos publicados recientemente por el Ministerio de Vivienda sobre el valor medio del metro cuadrado. Entre enero y marzo de 2026, el precio medio alcanzó los 2.315,7 euros por metro cuadrado, un 13,9% más que un año antes, apenas un punto porcentual por encima del incremento registrado por el índice del INE. No obstante, ambas estadísticas responden a metodologías distintas. El indicador del Ministerio de Vivienda refleja el precio medio de las compraventas formalizadas y ofrece una referencia directa del importe pagado por los inmuebles, aunque puede verse influido por el tipo de viviendas que se venden en cada momento. Por su parte, el Índice de Precios de Vivienda del INE mide la evolución de los precios corrigiendo las diferencias de calidad entre los inmuebles, lo que permite comparar viviendas equivalentes y aislar el verdadero incremento del mercado. Desde el punto de vista territorial, las mayores subidas se registraron en Aragón y la Región de Murcia, donde los precios aumentaron un 15,6% en comparación con el primer trimestre del año anterior. Les siguieron Castilla y León y Ceuta, con incrementos del 14,9%. En el otro extremo se situaron Canarias, con una subida del 10,7%, así como Cataluña y Navarra, ambas con un aumento del 10,5%, y el País Vasco, con un 10,3%. Pese a presentar las menores variaciones, todas estas comunidades registraron igualmente crecimientos de dos dígitos. La principal conclusión que dejan los datos es que la presión sobre el mercado residencial se ha extendido de forma prácticamente uniforme por todo el territorio nacional. Las diferencias regionales persisten, pero el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en un fenómeno generalizado que afecta a todas las comunidades autónomas y continúa dificultando el acceso a la vivienda para una parte creciente de la población.

(Expansión, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de las hipotecas toca máximos de 14 meses

El encarecimiento de las hipotecas comienza a reflejar el impacto de la guerra en Oriente Próximo y la subida del euríbor, aunque la actividad del mercado sigue manteniéndose en niveles elevados. El tipo de interés medio de las nuevas hipotecas destinadas a la compra de vivienda se situó en abril en el 2,80%, su nivel más alto desde febrero de 2025, según los datos más recientes del Banco de España. Este repunte supone volver a registros de hace más de un año, después de que en marzo el coste medio permaneciera estable en el 2,75%. En aquel momento, las entidades financieras optaron por mantener sin cambios las condiciones de sus préstamos al considerar que el conflicto tendría una duración limitada. Sin embargo, la prolongación de la guerra y las nuevas previsiones sobre los tipos de interés en la eurozona, reflejadas en la evolución del euríbor a doce meses, han llevado a la banca a revisar su estrategia. Los mercados prevén que el Banco Central Europeo (BCE) apruebe este jueves una primera subida de los tipos oficiales hasta el 2,25%. El euríbor, además, apunta a que podrían producirse nuevos incrementos. Tras registrar tres avances consecutivos entre marzo y mayo y alcanzar máximos no vistos desde septiembre de 2024, el índice volvió a subir ligeramente en junio hasta el 2,81%. Esta evolución obliga a las entidades a ajustar al alza sus ofertas hipotecarias para preservar su rentabilidad. A falta de conocer nuevos datos oficiales, los analistas consideran que la subida del tipo medio hipotecario observada en abril también se prolongó durante mayo y, si la situación geopolítica no mejora, podría mantenerse en junio. Aun así, los préstamos más competitivos continúan ofreciendo condiciones relativamente favorables. En abril se formalizaron nuevas hipotecas por valor de 7.275 millones de euros. Aunque la cifra es inferior a los 7.856 millones registrados en marzo, el mejor dato mensual del año, sigue mostrando una actividad sólida pese a que el conflicto ya había comenzado. Entre enero y abril, las entidades concedieron financiación hipotecaria por 27.665 millones de euros, un 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Estos datos apuntan a que la nueva producción hipotecaria podría volver a superar en 2026 los 80.000 millones de euros alcanzados en 2025. Se trata de unos niveles de actividad que no se observaban desde 2008, año en que estalló la burbuja inmobiliaria y la concesión de hipotecas alcanzó los 87.082 millones de euros. No obstante, los expertos advierten de que este crecimiento de la financiación se desarrolla en un contexto de desaceleración de las compraventas de vivienda, una tendencia que previsiblemente acabará afectando al volumen de nuevos préstamos. De acuerdo con la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores, las compraventas de viviendas descendieron un 3,2% en abril respecto al mismo mes del año anterior, hasta unas 52.500 operaciones. Con ello, encadenan ya cuatro meses consecutivos de retrocesos. Esta evolución está estrechamente relacionada con el continuo aumento de los precios. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la vivienda libre se encareció un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, igualando la tasa registrada en el último trimestre de 2025. Se trata del mayor incremento interanual desde el primer trimestre de 2007.

(Expansión, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los ayuntamientos piden al Gobierno desbloquear 23.000 millones para vivienda

La aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros que deberán financiar conjuntamente el Estado y las comunidades autónomas durante los próximos cinco años, ha sido recibida con reservas por numerosos actores del sector. Aunque el programa busca ampliar la oferta de vivienda protegida, impulsar la rehabilitación del parque residencial y reforzar las ayudas al alquiler y a la compra para los jóvenes, persisten las dudas sobre su capacidad para responder a un problema estructural que sigue agravándose. La insuficiencia de recursos y la pretensión de que las autonomías asuman el 40% de la financiación alimentan el escepticismo, especialmente en un contexto en el que el déficit de viviendas podría aproximarse al millón de unidades este mismo año. Ante esta situación, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que agrupa a ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, remitió una carta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana poco después de la aprobación del plan. En ella reclamaba la posibilidad de utilizar cerca de 23.000 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería acumulados durante los últimos ejercicios para desarrollar políticas de vivienda. Según su secretario general, Luis Martínez-Sicluna, el nuevo plan supone un avance respecto a los anteriores, pero continúa siendo insuficiente para afrontar la magnitud del desafío. Esta cantidad se añadiría a los 45.000 millones de euros de superávit correspondientes a 2024 cuyo uso autorizó el Gobierno para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), entre las que se incluyen actuaciones destinadas a aliviar las tensiones del mercado inmobiliario. Sin embargo, desde la FEMP consideran que el plazo fijado para ejecutar estos recursos, hasta 2027, resulta demasiado limitado para desarrollar proyectos residenciales de cierta envergadura. Por ello, solicitan una regulación más flexible que permita ejecutar estas inversiones en horizontes temporales más amplios. A su juicio, levantar una promoción de viviendas requiere plazos superiores a uno o dos años para poder materializar adecuadamente los fondos disponibles. La federación recuerda además que las entidades locales presentan una situación financiera especialmente sólida, con la mayoría de los ayuntamientos cerrando sus cuentas con superávit. Esta circunstancia, sostienen, convierte al ámbito municipal en un actor clave para impulsar la construcción de vivienda pública y aumentar la oferta residencial. Con el objetivo de acelerar estos procesos, la FEMP ha elaborado una guía de recomendaciones dirigida a las administraciones locales para agilizar los procedimientos urbanísticos y reducir los tiempos de tramitación. El documento identifica varios factores que están ralentizando la concesión de licencias, llegando en algunos casos a prolongar los plazos hasta dos años. Entre ellos figuran la presentación de documentación incompleta por parte de los promotores, los retrasos en la emisión de informes sectoriales por otras administraciones, la falta de criterios homogéneos entre los técnicos municipales y un nivel insuficiente de digitalización de los procedimientos. Para corregir estas deficiencias, la guía apuesta por reforzar la formación y especialización de los técnicos municipales con el fin de homogeneizar criterios y aportar mayor seguridad jurídica a los promotores. También propone avanzar hacia una gestión completamente digital de los expedientes, incorporando sistemas automatizados de validación documental y herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar errores de forma anticipada, permitiendo que los funcionarios concentren su trabajo en tareas de mayor complejidad técnica y jurídica. Entre las medidas planteadas destaca la implantación de una licencia básica que permita iniciar determinadas actuaciones constructivas a partir de un proyecto preliminar que cumpla los requisitos esenciales. De esta manera, las obras podrían comenzar mientras continúa la tramitación del proyecto definitivo. Como referencia, la FEMP señala la experiencia de Zaragoza, donde existe una modalidad de autorización rápida que permite ejecutar trabajos previos, como movimientos de tierras o cimentaciones, en un plazo de apenas 24 horas. La propuesta también contempla cambios en la organización interna de los ayuntamientos. Entre ellos figura la creación de un responsable de expediente encargado de coordinar todas las áreas implicadas en cada promoción para evitar bloqueos administrativos. Asimismo, plantea la constitución de comisiones técnicas con capacidad para emitir directrices vinculantes que unifiquen la interpretación de la normativa y reduzcan la discrecionalidad en la toma de decisiones. Por último, la federación considera conveniente establecer incentivos vinculados a la productividad de los técnicos municipales, de forma que parte de sus complementos salariales dependa del volumen de informes y expedientes tramitados, con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa y acelerar la puesta en marcha de nuevas promociones residenciales.

(El Confidencial, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El ICO se refuerza para gestionar los avales del covid y movilizar 120.000 millones

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), la entidad financiera pública sobre la que el Gobierno pretende articular el denominado fondo soberano español, prepara un refuerzo de su estructura mediante la incorporación de nuevos profesionales especializados y la contratación de asesoramiento externo. El Ejecutivo estudia utilizar parte de los fondos europeos aún no ejecutados para incrementar el capital del ICO y ampliar así su capacidad de financiación e inversión. Aunque se ha popularizado la expresión "fondo soberano", el proyecto se centra en fortalecer financieramente al banco público que preside Manuel Illueca para dotarlo de una mayor capacidad de actuación en ámbitos estratégicos de la economía. Antes de abordar esta nueva etapa, el organismo debe gestionar el importante volumen de préstamos avalados concedidos durante los últimos años. Entre ellos destacan las líneas puestas en marcha durante la pandemia, cuyos vencimientos se prolongan hasta 2028, así como los programas de apoyo vinculados a la guerra de Ucrania, los efectos de la dana y las medidas adoptadas frente al impacto de los aranceles internacionales. Desde el inicio de la pandemia, el ICO se ha consolidado como uno de los principales instrumentos financieros del Estado para respaldar a empresas y autónomos, participando en la movilización de más de 120.000 millones de euros mediante avales públicos y otras líneas de financiación. Con el objetivo de supervisar adecuadamente esta cartera, la entidad ha licitado un contrato de asistencia externa valorado en 3,6 millones de euros. El servicio estará destinado al seguimiento y control de más de 530.000 operaciones avaladas por el Estado, cuyo saldo pendiente ronda los 40.000 millones de euros. La nueva adjudicación sustituirá al contrato actualmente prestado por PwC desde 2021. En esta ocasión tendrá una duración de cinco años sin posibilidad de prórroga y entrará en vigor el próximo 19 de octubre, coincidiendo con la finalización del acuerdo vigente. El futuro adjudicatario deberá supervisar no solo los programas vinculados a la pandemia, sino también las líneas de apoyo relacionadas con la guerra en Ucrania, los nuevos mecanismos creados frente a posibles medidas arancelarias de Estados Unidos, los avales aprobados tras la dana y cualquier otro programa de garantías públicas que pueda aprobar el Gobierno durante la vigencia del contrato. Esta cláusula permite al ICO disponer de un sistema de control permanente para futuras actuaciones sin necesidad de convocar nuevas licitaciones cada vez que se aprueben nuevas líneas de financiación pública. Entre las funciones previstas figuran la revisión de los procesos de recuperación de deuda realizados por las entidades financieras, la comprobación de impagos, el seguimiento de procedimientos concursales, el análisis de créditos fallidos y la verificación de que los bancos cumplen correctamente con las obligaciones de gestión y recuperación de los préstamos avalados. Además, el adjudicatario elaborará informes periódicos sobre la evolución de la cartera y podrá intervenir en determinadas actuaciones de recuperación cuando las entidades financieras decidan abandonar los procedimientos de cobro, incluyendo negociaciones amistosas, acuerdos de pago o procesos de refinanciación. Las exigencias establecidas en el concurso apuntan principalmente a grandes firmas de consultoría, auditoría y servicios profesionales. Los candidatos deberán acreditar experiencia previa en al menos tres contratos similares relacionados con el control de ayudas públicas, subvenciones o programas de financiación, por importes superiores a 500.000 euros, así como una facturación anual mínima de 900.000 euros. Asimismo, deberán disponer de un equipo de al menos diez profesionales con experiencia específica en este tipo de servicios, un requisito que reduce significativamente el número de posibles adjudicatarios y sitúa a las principales consultoras y auditoras del mercado entre las mejor posicionadas para optar al contrato.

(Cinco Días, 08-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El PIB de la eurozona retrocedió un 0,2% en el primer trimestre tras el golpe inicial de la guerra

La economía de la zona euro sufrió una contracción del 0,2% entre enero y marzo de 2026, coincidiendo con el impacto inicial provocado por la guerra en Oriente Próximo. El dato supone un giro respecto al crecimiento del 0,2% registrado en el último trimestre de 2025 y empeora además la estimación preliminar de Eurostat, que inicialmente apuntaba a un avance del 0,1%. Se trata de la primera caída de la actividad económica de la eurozona desde finales de 2022, cuando el PIB retrocedió un 0,1%, y representa también el mayor descenso desde el segundo trimestre de 2020, en plena crisis provocada por la pandemia y los confinamientos aplicados frente a la Covid-19. En el conjunto de la Unión Europea, Eurostat también ha revisado a la baja sus cálculos. La economía de los Veintisiete registró una caída del 0,1% en el primer trimestre del año, frente al crecimiento del 0,2% observado en el trimestre anterior y lejos de la expansión inicial de dos décimas que había estimado la oficina estadística comunitaria. Pese al deterioro trimestral, la comparación interanual mantiene cifras positivas. Entre enero y marzo de 2026, el PIB de la zona euro creció un 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el conjunto de la UE avanzó un 0,7%. Por países, Dinamarca lideró el crecimiento trimestral con un aumento del 1,9%, seguida de Estonia y Malta, ambas con una subida del 1,1%. En el lado contrario destacaron las fuertes caídas registradas en Irlanda, con un desplome del 12,1%, así como los retrocesos de Lituania (-0,3%), Suecia (-0,2%) y Francia (-0,1%). España volvió a destacar entre las grandes economías europeas al registrar un crecimiento del 0,6% en el primer trimestre, duplicando el ritmo de expansión de Alemania e Italia y contrastando con la caída anotada por Francia. Mientras tanto, la economía de Estados Unidos mantuvo una evolución más sólida. El PIB estadounidense avanzó un 0,4% respecto al trimestre anterior, mejorando el crecimiento del 0,1% registrado a finales de 2025. En términos interanuales, la economía norteamericana creció un 2,6%.

(Expansión, 08-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

CNMC prepara mil millones en multas a energéticas en plena renovación

La persona que sustituya a Cani Fernández al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asumirá el cargo en un momento especialmente complejo, con 158 expedientes sancionadores aún pendientes de resolución, la mayoría vinculados al sector energético. La renovación parcial de la dirección del organismo, prevista para las próximas semanas, coincide con una etapa de intensa actividad inspectora y sancionadora. La CNMC, encargada de velar por el correcto funcionamiento de los mercados y la competencia en España, mantiene actualmente 753 procedimientos abiertos, de los cuales 158 corresponden a expedientes por posibles infracciones todavía sin cerrar. Parte de estos casos están ya judicializados o derivan de investigaciones que se han dividido en distintos procedimientos relacionados entre sí. Descontando estas circunstancias, el número efectivo de expedientes se sitúa en torno al centenar. Buena parte de ellos tienen su origen en la investigación sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, que por sí sola ha generado más de 60 procedimientos, muchos de ellos calificados como graves o muy graves. La legislación eléctrica contempla sanciones de hasta 60 millones de euros para las infracciones muy graves, mientras que la normativa de hidrocarburos fija un máximo de 30 millones. Las faltas graves pueden ser castigadas con multas de hasta seis millones de euros y las leves con importes que alcanzan los 600.000 euros. Según datos internos del organismo, el 13% de los expedientes pendientes corresponden a infracciones muy graves, el 80% a graves y el resto a leves. Si todos ellos concluyeran con las sanciones máximas previstas por la ley, el importe potencial de las multas podría situarse entre los 1.000 y los 1.200 millones de euros. La mayor presión recae actualmente sobre las empresas energéticas. Aunque los expedientes afectan a actividades relacionadas con carburantes, gas y electricidad, el segmento eléctrico concentra la mayor atención debido a las consecuencias derivadas del gran apagón y al peso de las compañías implicadas. Entre las empresas con más procedimientos abiertos destacan Iberdrola, con 25 expedientes, y Endesa, con 19. A continuación figura Naturgy, con 12. También aparecen entre las compañías investigadas Repsol, Cox, Alpiq, BP, Gesternova, Holaluz, Contour Global, TotalEnergies y Vitol, entre otras. La gestión de esta amplia cartera de expedientes y las previsibles disputas judiciales con las empresas afectadas constituirán uno de los principales retos para la futura dirección de la CNMC. El próximo 16 de junio concluyen los mandatos de la presidenta, Cani Fernández, y de los consejeros Carlos Aguilar y Josep Maria Salas. También quedó vacante hace meses el puesto de la consejera Pilar Sánchez tras su salida por motivos personales, sin que hasta ahora se haya designado un sustituto. Si el Gobierno no aprueba nuevos nombramientos antes de esa fecha y los actuales responsables no presentan su renuncia, la legislación permite que continúen ejerciendo sus funciones de forma provisional hasta que se produzca la renovación. Esta situación ya se ha producido anteriormente en la historia del organismo, con presidencias interinas prolongadas durante meses e incluso años. Por el momento, el Ejecutivo no ha desvelado quién relevará a Fernández, pese a que existen varios candidatos, algunos de ellos dentro del propio consejo de la CNMC. Todo apunta a que la decisión podría retrasarse hasta el último momento o incluso más allá del vencimiento oficial de los mandatos, en un contexto marcado por las negociaciones políticas sobre otros asuntos de relevancia, como los Presupuestos Generales del Estado para 2027. Quien asuma la presidencia heredará una institución profundamente transformada durante los seis años de mandato de Cani Fernández. La actual CNMC nació en 2013 tras la integración de los antiguos organismos reguladores de competencia, energía y telecomunicaciones. Desde entonces ha gestionado más de 40.000 procedimientos de distinta naturaleza. De los 1.065 expedientes sancionadores tramitados por la CNMC desde su creación, 561 han estado relacionados con el sector energético. Durante la etapa de Fernández se han gestionado 14.694 procedimientos, entre ellos 589 expedientes sancionadores, de los cuales 379 afectaban a compañías energéticas. Esto significa que en los últimos seis años se han abierto aproximadamente dos tercios de todos los expedientes sancionadores dirigidos contra empresas energéticas desde la creación de la CNMC, una cifra que duplica la registrada durante el sexenio anterior.

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