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(Cinco Días, 26-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE confirma que la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año gracias al dinamismo del consumo

La economía española ha vuelto a demostrar solidez en el arranque del año pese a un contexto internacional complejo. Según los datos definitivos de Contabilidad Nacional publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 0,6% entre enero y marzo, lo que supone una desaceleración de dos décimas respecto al cierre del año anterior, aunque mantiene un avance interanual del 2,7%. Aunque el Ministerio de Economía destaca que España sigue liderando el crecimiento entre las grandes economías de la eurozona, varios analistas señalan que la composición de ese avance presenta ciertas debilidades, al apoyarse en exceso en el consumo interno mientras la inversión y el sector exterior muestran señales de enfriamiento. La demanda interna fue el principal motor de la actividad en este primer trimestre, aportando 0,5 puntos al crecimiento trimestral y 3,5 puntos en términos interanuales. Dentro de ella, el consumo de los hogares avanzó un 0,6%, tres décimas menos que en el trimestre previo, aunque sigue siendo el gran sostén de la economía gracias al buen comportamiento del empleo. Por su parte, el gasto de las Administraciones Públicas aumentó un 0,5%, superando incluso las previsiones iniciales. El principal foco de preocupación está en la inversión, que prácticamente se estancó al crecer apenas un 0,1%, muy por debajo del 1,7% registrado en el trimestre anterior. Esta fuerte ralentización refleja la prudencia del tejido empresarial ante la incertidumbre generada por el conflicto en Irán. Economistas como Miguel Cardoso consideran que esta evolución evidencia una estructura de crecimiento menos saludable, al perder peso factores clave para el desarrollo a largo plazo. La inversión en bienes de equipo y maquinaria solo avanzó un 0,5%, cuatro décimas menos que en el trimestre previo, mientras que la construcción permaneció completamente estancada. Aunque en términos interanuales la inversión aún acumula un crecimiento del 5,8%, la brusca frenada trimestral apunta a un deterioro en las expectativas empresariales. El sector exterior tampoco ofreció señales positivas. Las exportaciones de bienes y servicios retrocedieron un 0,6% respecto al trimestre anterior, con una caída del 2% en las ventas de mercancías al exterior, afectadas por disrupciones en las cadenas de suministro. La aportación positiva del sector exterior al PIB, de apenas 0,1 puntos, se explica únicamente porque las importaciones descendieron aún más, un 1%. Según Cardoso, esta mejora aparente no responde a un aumento de la competitividad, sino a la menor demanda de insumos por parte de una industria que ha reducido actividad. Por su parte, Raymond Torres apunta que las exportaciones podrían haber sufrido un deterioro mayor de no haberse producido un adelanto de pedidos por parte de muchas empresas, que incrementaron existencias por temor a mayores interrupciones logísticas. Este efecto preventivo podría provocar una mayor debilidad en el segundo trimestre, una vez desaparezca. Desde el lado de la oferta, la economía avanza a diferentes ritmos según sectores. Los servicios continúan liderando el crecimiento con un avance del 0,8%, impulsados por comercio, transporte y hostelería. La industria manufacturera creció un modesto 0,3%, mientras que agricultura y pesca registraron un rebote del 3,3% tras meses de estancamiento. En términos interanuales, los servicios mantienen el mayor dinamismo con un crecimiento del 3,4%, seguidos de la industria con un 1,6%, mientras que el sector primario aún presenta una caída anual del 3,3%. El mercado laboral sigue actuando como uno de los grandes pilares de resistencia. Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 2,8% interanual, manteniendo el mismo ritmo del trimestre anterior. Además, la remuneración de los asalariados creció un 7,2%, impulsada tanto por la creación de empleo como por el aumento del salario medio por puesto, que subió un 3,8%, contribuyendo a sostener el poder adquisitivo. Sin embargo, la inflación continúa siendo uno de los principales riesgos. Con una inflación subyacente situada en el 3% en mayo, persiste la preocupación por una posible pérdida de competitividad que termine afectando a las exportaciones. A ello se suma la presión derivada del encarecimiento energético y de la volatilidad internacional. Pese a estos riesgos, las perspectivas a corto plazo siguen siendo razonablemente favorables. Los indicadores de actividad de junio apuntan a que la economía mantiene una trayectoria positiva. Cardoso estima que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre podría situarse entre el 0,6% y el 0,7%, lo que reforzaría la idea de que España continúa mostrando una capacidad notable para absorber perturbaciones externas.

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(Expansión, 26-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La EBA pide a la banca que mejore la calidad de los datos que aporta

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha puesto el foco en los procesos de reporte de las entidades financieras y reclama una mejora en la calidad de la información remitida, tras identificar discrepancias extendidas entre más de 2.700 bancos analizados. En un informe reciente, el supervisor evalúa la coherencia de las categorías empleadas por los bancos para informar sobre sus exposiciones crediticias y concluye que una misma contraparte puede ser clasificada de manera diferente según la entidad que reporte los datos. La normativa actual deja cierto margen de interpretación a la hora de categorizar las exposiciones de crédito, y además existen compañías con estructuras societarias complejas que dificultan encajarlas de forma clara en un único sector. Fuentes del sector financiero citan como ejemplo la financiación de empresas públicas como Redeia o Indra, cuya actividad puede analizarse desde enfoques distintos. Dependiendo del criterio aplicado, pueden clasificarse como compañías energéticas, entidades vinculadas al sector público o incluso dentro de otros segmentos específicos. Esta diversidad de criterios explica gran parte de las diferencias detectadas por la EBA al comparar información procedente de distintas entidades. El análisis del supervisor se basa en 19.003 contrapartes reportadas por más de un banco, con exposiciones agregadas superiores a 10,5 billones de euros. Según la EBA, las inconsistencias afectan al 65% del volumen examinado en entidades de 28 países europeos, lo que evidencia que se trata de una problemática generalizada y no de casos aislados. En determinados casos, corregir las categorías utilizadas en los reportes podría modificar los indicadores prudenciales de algunas entidades. La EBA apunta, por ejemplo, que 571 bancos deberían recalcular su ratio total de capital. Aun así, fuentes financieras consideran que el efecto global sobre la estabilidad del sistema sería reducido y que no supone un riesgo sistémico. En muchos casos, las discrepancias responden a diferencias en los criterios de clasificación y no a una infravaloración real del riesgo. Por ello, eventuales ajustes tendrían mayor relevancia para mejorar la uniformidad estadística y supervisora que para alterar de forma sustancial la solvencia de las entidades. Las fuentes consultadas descartan, además, que los bancos estén aprovechando deliberadamente estas ambigüedades para rebajar sus exigencias de capital. Más bien, consideran que la regulación vigente contiene zonas grises que permiten interpretaciones distintas. De hecho, los supervisores -especialmente el Banco Central Europeo- realizan inspecciones periódicas a las entidades y suelen detectar áreas susceptibles de mejora. Cuando se identifican deficiencias en el reporting, estas suelen traducirse en requerimientos adicionales de capital de carácter limitado, cuyo principal objetivo es impulsar mejoras en los sistemas de información. La EBA sostiene que avanzar hacia un sistema más homogéneo contribuiría a reforzar la fiabilidad de la información regulatoria y facilitaría tanto el trabajo de las entidades como el de los supervisores. Entre sus propuestas destacan la creación de listas de referencia comunes para determinadas contrapartes, una mayor alineación de las categorías con las utilizadas por Eurostat y, en general, un control supervisor más exhaustivo sobre las clasificaciones aplicadas por los bancos. Estas medidas implican mayores inversiones en sistemas de reporting con el fin de fortalecer los controles internos. El supervisor ya está exigiendo a las entidades mayor rapidez y precisión en la información que reportan. La EBA subraya en su informe que la calidad de los datos debe convertirse en una prioridad estratégica tanto para bancos como para reguladores. El organismo defiende que disponer de información fiable es indispensable para realizar análisis sólidos, diseñar políticas eficaces y ejercer una supervisión adecuada, situando así la integridad de los datos en el centro de la agenda regulatoria europea. Esta exigencia de mayor precisión no contradice el proceso de simplificación normativa que las entidades llevan tiempo reclamando. En los últimos años, los bancos han intensificado sus demandas en este sentido, mientras el BCE y Comisión Europea parecen cada vez más conscientes de la necesidad de agilizar procesos y reducir cargas regulatorias para mejorar la competitividad del sector bancario. Por su parte, el Banco de España ya ha recortado en un 34% el volumen de información financiera exigido a las entidades y aspira a alcanzar una reducción acumulada del 50%. Además, este mismo mes ha abierto una consulta pública sobre esta cuestión.

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(El País, 26-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda devora ya un tercio del presupuesto de los hogares

El peso de la vivienda en la economía doméstica de los hogares españoles continúa aumentando y se consolida como el principal gasto familiar. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística confirman una tendencia que muchas familias ya perciben en su día a día: disponer de una vivienda y asumir sus costes asociados consume una parte cada vez mayor del presupuesto anual. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2025, los gastos relacionados con la vivienda -incluyendo alquiler o hipoteca, suministros energéticos, agua y mantenimiento- representan ya el 33,2% del gasto total medio de los hogares. Esto supone un desembolso anual de 11.665 euros, 636 euros más que el año anterior, lo que equivale a un incremento del 5,8%, el mayor aumento entre todas las partidas de gasto tanto en términos absolutos como relativos. La presión de la vivienda no es un fenómeno reciente. Desde 2016, el gasto medio en esta partida ha pasado de 8.737 a 11.665 euros anuales, lo que supone un incremento acumulado del 33,5%. Este aumento supera incluso la inflación acumulada en el mismo periodo, señal de que el encarecimiento de la vivienda y de sus costes fijos avanza a un ritmo superior al de otros bienes y servicios. Si se excluyen los años marcados por la pandemia, cuando el gasto en ocio y restauración cayó de forma extraordinaria y alteró las proporciones del presupuesto familiar, el peso actual de la vivienda es el más elevado de toda la serie histórica. Ni siquiera durante la burbuja inmobiliaria alcanzó una proporción tan alta dentro del gasto total de los hogares. El impacto es especialmente severo en las familias con menores ingresos. Para el 20% de los hogares con menos renta, los costes de vivienda absorben el 41,9% del presupuesto, muy por encima del umbral del 35% que el Banco de España considera límite de esfuerzo financiero razonable y también por encima del 30% que la legislación de vivienda identifica como nivel de asequibilidad. En contraste, el 20% con mayores ingresos destina a la vivienda un 28,9%, casi trece puntos menos. Tras la vivienda, las partidas que más recursos consumen son alimentación y bebidas no alcohólicas, con un 16% del gasto, y transporte, con un 11,5%. En conjunto, estos tres grandes capítulos absorben más del 60% del presupuesto medio familiar, lo que reduce la capacidad de ahorro y limita el gasto en otras actividades. En los hogares económicamente más vulnerables, esta presión resulta aún mayor: vivienda, alimentación y transporte llegan a representar el 68% de sus ingresos. Esto deja un margen mucho menor para gastos relacionados con ocio, cultura o deporte, así como para restauración y turismo, partidas donde las diferencias entre rentas altas y bajas son especialmente visibles. En términos globales, el gasto medio por hogar en España alcanzó los 35.101 euros en 2025, un 3,1% más que el año anterior. Por persona, el desembolso medio se situó en 14.066 euros anuales, aproximadamente 1.172 euros al mes. Por comunidades autónomas, los mayores niveles de gasto por habitante se registraron en el País Vasco y la Comunidad de Madrid, mientras que Andalucía, Extremadura y Región de Murcia registraron los niveles más bajos. La encuesta también refleja cambios en los hábitos de consumo. El gasto en bebidas alcohólicas y tabaco cayó un 3,4%, el mayor descenso entre todas las categorías, en línea con cambios generacionales hacia hábitos más saludables. También retrocedió el gasto en restaurantes y alojamiento, con una caída del 2,7%, en un contexto de fuerte encarecimiento de la hostelería y de los precios hoteleros, lo que parece estar afectando especialmente al consumidor nacional.

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(El Economista, 26-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno limita a 700 euros al día el gasto total en juego "online" y prohíbe hipotecar la vivienda

La Administración va a reforzar el control sobre los depósitos que los usuarios mantienen en distintas plataformas de juego y apuestas online, con el objetivo de fijar límites al dinero que pueden gastar diariamente, semanalmente y mensualmente. En concreto, los jugadores no podrán disponer de más de 700 euros al día sumando todas sus cuentas en los diferentes operadores, ni superar los 1.750 euros semanales o los 3.300 euros en un periodo de cuatro semanas. Además, a partir de la entrada en vigor de la medida, quedará prohibido utilizar la vivienda habitual en España como garantía hipotecaria para seguir jugando o para cubrir deudas relacionadas con el juego. Esta modificación ha sido aprobada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. La reforma introduce un nuevo sistema de supervisión que amplía el control: ya no se limita a los fondos depositados en cada operador de forma individual, sino que abarca el conjunto de plataformas en las que cada usuario tenga cuenta, con el fin de limitar de forma más efectiva el gasto total en juego. La medida comenzará a aplicarse el 25 de marzo de 2027, aunque antes se desarrollará una fase de pruebas de seis meses a partir del 25 de septiembre de 2026. Durante ese periodo, operadores, usuarios y autoridades deberán adaptar sus sistemas al nuevo modelo de control. El objetivo declarado de esta regulación es reforzar la protección de los consumidores y promover un entorno de juego más seguro. Según se expone en la norma, una parte relevante de los jugadores utiliza varias plataformas a la vez, y un porcentaje reducido de usuarios concentra la mayor parte de las pérdidas en este tipo de actividades. No obstante, se prevé cierta flexibilidad, ya que los usuarios podrán solicitar incrementos de los límites de gasto establecidos. Estas solicitudes se harán efectivas tras un plazo de tres días, aunque solo podrán realizarse si han pasado al menos tres meses desde la última petición de aumento. La reforma también actualiza las garantías económicas exigidas a los operadores para obtener la primera licencia, que pasan de 2 a 2,6 millones de euros. Transcurridos dos años, el importe asociado al conjunto de licencias se ajustará a 1,3 millones, frente al millón exigido anteriormente.

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(Cinco Días, 25-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El oro cae por debajo de los 4.000 dólares la onza por primera vez desde noviembre

La leyenda popular sitúa una olla de oro al final del arcoíris, pero la realidad reciente del mercado apunta a un escenario muy distinto: el metal precioso ha sufrido una caída pronunciada tras alcanzar máximos históricos a comienzos de año. Desde finales de enero, cuando la onza superó los 5.400 dólares, el oro ha perdido en torno a una cuarta parte de su valor en apenas cinco meses. En las últimas sesiones, la corrección se ha intensificado hasta situar el precio por debajo de los 4.000 dólares por onza, nivel que no se veía desde noviembre, aunque posteriormente logró recuperar esa barrera al cierre de la jornada en Europa. En cualquier caso, se trata del mayor ajuste del oro desde la crisis financiera, un movimiento que recuerda a episodios anteriores de fuerte volatilidad en los mercados. Distintos analistas atribuyen esta evolución a la expectativa de que el metal cotice en la parte baja de su rango reciente mientras se aclara el contexto geopolítico en Oriente Medio. Al mismo tiempo, el dólar ha ganado fuerza, favorecido por su papel dominante en el comercio energético, lo que ha restado atractivo al oro. Históricamente considerado un activo refugio por su oferta limitada y su capacidad para proteger frente a la inflación y la inestabilidad financiera, el oro ha cambiado parcialmente su comportamiento en los últimos años. La entrada masiva de inversores a través de productos financieros como los ETF ha incrementado su correlación con los activos de riesgo, haciendo que su precio responda más a expectativas de rentabilidad que a su función defensiva tradicional. A este factor se suma el cambio en las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos. La inflación, situada en el 4,2%, ha reforzado las apuestas del mercado por una posible subida de tipos por parte de la Reserva Federal en los próximos meses. Este giro endurecería las condiciones financieras, lo que normalmente fortalece al dólar y reduce el atractivo del oro frente a activos como los bonos. En este contexto, varias entidades financieras han revisado a la baja sus previsiones para el metal. Bancos como Goldman Sachs o Deutsche Bank han recortado sus estimaciones para final de año, aunque todavía contemplan cierta recuperación apoyada en la demanda estructural de los bancos centrales. De hecho, las instituciones monetarias siguen siendo uno de los principales soportes del mercado. Según la World Gold Council, una parte significativa de los bancos centrales prevé aumentar sus reservas de oro, lo que introduce un elemento de estabilidad en un escenario dominado por la volatilidad financiera. Aun así, el ajuste en las previsiones refleja un cambio de sentimiento en el mercado: el oro ya no se percibe únicamente como refugio automático, sino también como un activo sensible a los ciclos de tipos de interés, el dólar y el apetito global por el riesgo.

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(El Economista, 25-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno amplía los avales del ICO para comprar piso y eleva las rentas

El Gobierno ha ampliado el alcance de la Línea de Avales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinada a facilitar la compra de la primera vivienda a jóvenes y familias con menores a cargo, un instrumento que gestiona el Instituto de Crédito Oficial. La principal novedad es el aumento de los umbrales de renta que permiten acceder a esta ayuda. El objetivo de esta modificación es ajustar los límites de ingresos a la realidad del mercado inmobiliario en las distintas zonas del país. Para ello, se introduce una modulación provincial del criterio de renta, calculado en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, con el fin de adaptar la medida a los territorios donde el esfuerzo para adquirir vivienda es mayor. Como regla general, el límite se mantiene en 4,5 veces el IPREM, lo que equivale aproximadamente a 37.800 euros brutos anuales por solicitante. Sin embargo, este umbral se eleva en determinadas provincias en función del coste de la vivienda. Así, puede alcanzar hasta 5,5 veces el IPREM en provincias como Las Palmas, Navarra, Cantabria, Alicante, Cádiz, Pontevedra, Melilla, Ceuta, Valencia y Zaragoza; hasta 6,5 veces en Álava; y hasta 7,5 veces en zonas como Madrid, Barcelona, Girona, Málaga, Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Bizkaia y Gipuzkoa. En los casos en los que la vivienda sea adquirida por dos personas, la suma de los ingresos de ambos no podrá superar el límite conjunto establecido. Además, se mantienen los incrementos por cargas familiares, de forma que el umbral se eleva en 0,3 veces el IPREM por cada menor a cargo, con un incremento adicional del 70% para familias monoparentales. Otra modificación relevante es el aumento del límite de patrimonio neto permitido, que pasa de 100.000 a 150.000 euros. Esta medida se integra en el conjunto de políticas públicas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda, dentro del nuevo marco del Plan Estatal de Vivienda. La Línea de Avales está diseñada para personas con capacidad de pago suficiente para asumir una hipoteca, pero que no disponen del ahorro inicial necesario para afrontar la compra. El aval permite que la financiación bancaria pueda cubrir hasta el 80% del valor de la vivienda, ampliable hasta el 100% en determinados casos, especialmente cuando el inmueble cuenta con una calificación energética elevada. Los beneficiarios deben cumplir el requisito de edad, que en el caso de jóvenes se sitúa en un máximo de 35 años en el momento de formalizar la hipoteca, mientras que para familias con menores no existe límite de edad. El plazo para acogerse a esta línea de financiación se extiende hasta finales de 2027. Las solicitudes pueden tramitarse a través de las entidades financieras adheridas al programa, que aplican estas condiciones en colaboración con el ICO, responsable de la gestión de los avales.

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(Expansión, 23-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid copa el 51% de la inversión extranjera en España, más del doble que Cataluña

Tras el fuerte retroceso registrado en 2025, la inversión extranjera en España mostró una recuperación en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 22,5% entre enero y marzo, hasta alcanzar los 6.566 millones de euros. De esa cifra, 3.367 millones se dirigieron a Madrid y 1.541 millones a Cataluña. La economía también está muy influida por la confianza, y en los últimos años el ánimo de los inversores internacionales ha oscilado notablemente debido al impacto de crisis sucesivas como la pandemia, la guerra en Ucrania o el conflicto en Oriente Próximo. Este contexto de incertidumbre ha frenado en muchos casos la toma de decisiones de inversión. En España, además, han pesado factores internos como la inestabilidad política, la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023 y el desgaste del Gobierno por diversos casos de corrupción, elementos que no favorecen la llegada de capital extranjero. Con este escenario de fondo, la inversión extranjera en España cayó más de un 19% en 2025, situándose en 32.011 millones de euros, incluyendo la financiación intragrupo. Sin embargo, el arranque de 2026 refleja una mejoría. Entre enero y marzo, la inversión extranjera bruta -sumando aportaciones de capital, patrimonio y financiación intragrupo- alcanzó los 6.566 millones de euros, según los datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio. Este repunte supone un alivio tras el mal dato del año anterior, aunque todavía será necesario observar cómo evolucionan las cifras del segundo trimestre, especialmente tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo, que ha llevado a muchas empresas a aplazar decisiones estratégicas. Madrid volvió a concentrar la mayor parte del capital extranjero invertido en España. La comunidad recibió 3.367 millones de euros en el primer trimestre, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa más del 51% del total nacional. En otras palabras, uno de cada dos euros de inversión extranjera que llegó al país tuvo como destino Madrid. La región ha consolidado durante años un entorno favorable para la actividad empresarial, apoyado en estabilidad institucional, menor presión fiscal y una reducción progresiva de trabas administrativas. La inversión captada por Madrid más que duplicó la recibida por Cataluña, aunque esta última experimentó una mejora destacable. Cataluña atrajo 1.541 millones de euros entre enero y marzo, más del doble que un año antes y equivalente a más del 23% del total nacional. Se trata de una cuota poco habitual para la comunidad, que en 2025 no alcanzó el 15% y en 2024 se situó en el 13,4%. A pesar de esta recuperación, la distancia respecto a Madrid sigue siendo considerable. Esto refleja que el deterioro de la confianza empresarial derivado del proceso independentista, especialmente desde octubre de 2017, continúa teniendo efectos prolongados. Ese mismo año, Madrid superó a Cataluña como principal economía regional del país, al tiempo que numerosas empresas trasladaron sus sedes fuera de territorio catalán. Ese movimiento, aunque con distinta intensidad según el periodo, todavía persiste. Tras cerrar 2025 con una pérdida neta de 115 empresas, debido a que salieron más compañías de las que se instalaron, Cataluña comenzó 2026 manteniendo esa tendencia negativa. Hasta marzo, registró un saldo negativo de 61 empresas, encabezando nuevamente la pérdida de tejido empresarial entre las comunidades autónomas, según el Colegio de Registradores. Después de Madrid y Cataluña, que concentraron conjuntamente cerca del 75% de toda la inversión extranjera recibida en España hasta marzo, la Comunidad Valenciana ocupó el tercer lugar con 486,8 millones de euros. Le siguieron Castilla y León, con 289,5 millones, y Andalucía, con 197,5 millones. En contraste, el País Vasco y Navarra, pese a su fuerte perfil industrial, captaron solo 69 y 24 millones respectivamente. En cuanto al origen del capital, Estados Unidos se mantuvo como el principal inversor extranjero en España pese a las tensiones políticas entre la administración de Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez, así como al impacto de la guerra arancelaria. Entre enero y marzo, llegaron desde EEUU 1.359 millones de euros, lo que equivale al 20,6% del total y supone un aumento del 60,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto confirma la fortaleza de las relaciones económicas entre ambos países, con inversiones cruzadas acumuladas que alcanzan los 213.000 millones de euros. Tras Estados Unidos, los mayores inversores fueron Reino Unido, con 1.251 millones; Francia, con 1.162 millones; y Corea del Sur, con 563 millones. Por sectores, el mayor interés inversor se concentró en telecomunicaciones e informática, que recibieron 1.265 millones de euros. A continuación se situaron el comercio mayorista y minorista, con 1.222 millones; la industria manufacturera, con 939 millones; y las actividades artísticas, deportivas y de ocio, que atrajeron 887 millones.

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(Expansión, 23-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España toma posiciones como sede arbitral de litigios internacionales

España afianza progresivamente su posición como sede de arbitraje internacional, con un aumento en el número de casos y con reformas orientadas a reforzar su competitividad y transparencia. No obstante, el marco jurídico actual sigue llevando a muchos inversores a preferir jurisdicciones fuera de la Unión Europea para ejecutar laudos arbitrales contra el Estado español, según el informe Arbitration Year in Review 2025. Pese a esta evolución positiva, España aún se sitúa lejos de los principales centros arbitrales del mundo. Un estudio elaborado por Queen Mary University of London y White & Case muestra que solo el 2% de las partes eligen España como sede arbitral, frente al 34% que opta por Londres, que continúa liderando este mercado. Los litigios vinculados a las energías renovables siguen siendo el principal foco del arbitraje relacionado con España. Estas disputas tienen su origen en la eliminación retroactiva de incentivos al sector aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Como consecuencia, se han acumulado 52 reclamaciones bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía. Hasta la fecha, España ha perdido 27 de los arbitrajes iniciados, aunque en numerosos casos ha presentado recursos. Según los autores del informe -María Victoria Gómez, socia de White & Case; Francisco Mateo Pavía, vinculado a la Corte de Arbitraje del Deporte; y Pedro Aránguez, investigador de la Universidad Carlos III de Madrid- España figura entre los países con menor grado de cumplimiento en arbitrajes de inversión, con 15 laudos pendientes de pago de un total de 24, por un importe conjunto de 1.500 millones de dólares. El estudio destaca avances relevantes en la ejecución de laudos de inversión, en la evolución de la jurisprudencia española sobre arbitraje y en las iniciativas legislativas destinadas a fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La resistencia del Estado al pago de ciertos laudos suele apoyarse en la invocación de la inmunidad soberana, una postura que contrasta con la de países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia. Aunque España abandonó formalmente el Tratado sobre la Carta de la Energía el 17 de abril de 2025, una cláusula de supervivencia mantiene protegidas las inversiones previas durante veinte años más, hasta 2045. Actualmente existen 33 resoluciones desfavorables para España, cuyo valor total asciende a 2.333 millones de euros, incluyendo intereses, costas procesales y honorarios. Dentro de la Unión Europea, la ejecución de laudos continúa encontrando obstáculos por el marco legal comunitario y por la interpretación de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado. Un ejemplo es el caso del laudo de 101 millones de euros favorable a Antin, cuyo pago fue cuestionado al poder considerarse una ayuda pública incompatible con la normativa europea. Fuera de la UE, España mantiene diversos frentes judiciales abiertos. En Reino Unido, los tribunales resolvieron en octubre pasado que los derechos derivados de un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones no pueden transferirse a terceros. En Australia, la Corte Federal autorizó la ejecución de laudos por 470 millones de euros al entender que España renunció a la inmunidad soberana al ratificar el convenio del Ciadi y no puede ampararse en el derecho comunitario. También se aprecia un primer gesto de cumplimiento por parte del Estado tras el pago de 32 millones de euros en junio de 2025 a Blasket, una firma extracomunitaria para la que no resultan aplicables las restricciones europeas sobre ayudas de Estado. El informe subraya además la consolidación de Madrid como centro arbitral emergente y destaca dos casos de especial relevancia. El primero enfrenta a Cabify con Auro y gira en torno a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para aclarar el alcance del control judicial sobre laudos que afectan a normas imperativas de la UE. El segundo confirma la condena a un árbitro en el conflicto entre los herederos del sultán de Joló y Malasia, reforzando el criterio de que la independencia arbitral no permite ignorar órdenes judiciales. En paralelo, España ha impulsado reformas en la Corte Española de Arbitraje y en el Tribunal Arbitral de Barcelona, medidas que refuerzan su atractivo como sede arbitral. Además, se han introducido cambios legales que favorecen el recurso al arbitraje antes de acudir a los tribunales para resolver disputas comerciales y civiles. En el caso de la Corte Española de Arbitraje, las nuevas normas vigentes desde enero incorporan un procedimiento opcional de impugnación previa a la firmeza del laudo y un sistema acelerado que permite resolver controversias simples en un plazo de tres meses desde la demanda. Por su parte, el Tribunal Arbitral de Barcelona incorporó en 2025 la figura del árbitro de urgencia y un examen preliminar sobre la existencia y validez del convenio arbitral.

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(La Vanguardia, 23-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España rozará la plena ocupación este verano pese a la subida de precios

España se encamina hacia un nuevo verano récord en turismo, con niveles de ocupación muy elevados y los precios más altos registrados hasta ahora. Factores como el conflicto en Irán, la percepción de España como un destino seguro, la volatilidad en el precio de los vuelos o incluso fenómenos puntuales como el eclipse están influyendo en la demanda. Actualmente, una escapada de ida y vuelta entre Barcelona y Ámsterdam para dos adultos y dos niños, incluyendo una maleta facturada y tres noches en un hotel de cuatro estrellas céntrico, ronda los 2.050 euros. Por su parte, una estancia de tres noches en un hotel de cuatro estrellas en primera línea de playa en Tossa de Mar, con media pensión, alcanza los 2.300 euros. Las previsiones del sector apuntan a un aumento de precios de entre el 4% y el 6%, acompañado de tasas de ocupación superiores al 85%, con picos que en algunos destinos superarán el 90%. Respecto al conflicto en Oriente Medio, el sector turístico mantiene una actitud prudente, aunque reconoce que España se está beneficiando al consolidarse como una alternativa segura frente a destinos más inestables. Un informe de Oxford Economics prevé que España atraerá demanda adicional en 2026, ya que muchos viajeros optarán por destinos europeos más cercanos. El dinamismo turístico también se refleja en el mercado inmobiliario hotelero. Según Oxford Economics, los hoteles en España ofrecerán una rentabilidad media anual del 7,1% durante los próximos cinco años, situándose como el segundo segmento inmobiliario más rentable, solo por detrás del comercio minorista. Además, el valor de los activos hoteleros ha crecido un 26% en los últimos cinco años, incluyendo una subida del 7,1% en el último ejercicio. Las operaciones hoteleras ya representan el 22% de las transacciones de inmuebles comerciales en España, con un interés creciente por establecimientos de servicio completo. Barcelona destaca especialmente en este contexto. Tras una recuperación más lenta por la presión social contra la masificación turística, Oxford Economics estima que las pernoctaciones en la ciudad aumentarán un 10,1% este año, lo que permitiría recuperar plenamente la actividad prepandemia a finales de 2026. Desde Hesperia World calculan cerrar julio y agosto con un incremento de ingresos cercano al 7%. Sus reservas actuales ya reflejan un crecimiento aproximado del 3% en julio y del 5% en agosto respecto al verano anterior. Iberostar señala que las reservas en Europa avanzan a doble dígito y que España lidera el crecimiento con un 12%, especialmente en Islas Baleares y Islas Canarias. Por su parte, Paradores observa una fuerte demanda hacia el norte de España y prevé ocupaciones superiores al 85%, en línea con 2025. Sercotel estima una ocupación media nacional cercana al 90%, con reservas ya situadas en torno al 88% para los meses centrales del verano. En destinos como Barcelona o el eje Marbella-Málaga, prevé picos de hasta el 95%. También Eurostars Hotel Company anticipa ocupaciones superiores al 90% en islas y zonas costeras, impulsadas por una fuerte concentración de demanda en agosto y el buen ritmo de reservas anticipadas. Barceló Hotel Group maneja objetivos de ocupación superiores al 92% en Islas Baleares y del 87% en Islas Canarias. No obstante, reconoce que el margen para aumentar el número de clientes es limitado, por lo que el crecimiento vendrá principalmente por el aumento de tarifas, favorecido por las inversiones en modernización. Desde Meliá Hotels International también esperan que el crecimiento dependa más de los precios que de la ocupación. Prevén subidas tarifarias de un dígito alto y detectan una mayor preferencia por el régimen de todo incluido. RIU Hotels & Resorts ya informa de un incremento cercano al 5% en su tarifa media, vinculado a mejoras en calidad y servicio. Finalmente, Minor Hotels prevé mantener niveles de ocupación similares a los de 2025, confiando en que el principal motor de ingresos sea el encarecimiento del precio medio por habitación.

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(Cinco Días, 22-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca y el BCE confrontan sus modelos para la simplificación de la normativa financiera

En Madrid se ha escenificado este viernes un intenso choque dialéctico entre la banca española y los reguladores europeos a cuenta de uno de los debates más relevantes del sector financiero: la simplificación de la regulación bancaria que impulsa Banco Central Europeo en Unión Europea. De un lado se situaron las principales entidades financieras españolas, representadas por la Asociación Española de Banca y CECA; del otro, los supervisores, encabezados por el BCE y el Banco de España. La postura del sector la expuso la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, durante unas jornadas organizadas junto a CECA y Unacc. Defendió que Europa necesita impulsar el crecimiento y la inversión, y subrayó que la banca será clave para lograrlo. En ese sentido, reclamó mayor certidumbre en los requisitos de capital, un equilibrio entre estabilidad financiera y competitividad, y avances decididos en la unión bancaria. Según sus cálculos, culminar este proceso podría generar hasta 2 billones de euros en nuevo crédito en Europa, de los cuales 250.000 millones corresponderían a España. Este mensaje fue reforzado por tres de los principales dirigentes bancarios del país: el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi; el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila; y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Torres destacó el papel de los bancos como pieza fundamental para canalizar inversión y mejorar la competitividad, mientras que Grisi señaló la falta de crecimiento como el principal problema europeo y pidió soluciones más ágiles, en lugar de esperar al largo proceso legislativo de Bruselas. Uno de los asuntos centrales del debate fue la fragmentación del mercado financiero europeo y la necesidad de completar la unión bancaria. Gortázar insistió en que este objetivo no pasa únicamente por crear un fondo común europeo de garantía de depósitos, sino también por armonizar otras normas clave, como las mercantiles, fiscales o de insolvencias. Además, defendió una mayor integración de los dos pilares ya existentes de la unión bancaria: la supervisión única y los mecanismos de resolución. Aun así, mantuvo una visión relativamente optimista y señaló que el principal obstáculo actual es la rentabilidad, derivada de la falta de un mercado verdaderamente integrado. La necesidad de profundizar en el mercado único europeo fue uno de los escasos puntos de consenso entre bancos y supervisores. Entre los participantes destacó Frank Elderson, quien coincidió en que el déficit de competitividad europeo está estrechamente ligado a la fragmentación del mercado. En su opinión, la respuesta pasa por más integración, tanto en la unión bancaria como en la unión de los mercados de capitales, algo que también beneficiaría al crecimiento de las entidades financieras. Sin embargo, el consenso desapareció al abordar el alcance de la simplificación regulatoria. Elderson respaldó la idea de simplificar normas, pero marcó distancia respecto a cualquier intento de desregulación. Advirtió de que reducir exigencias podría debilitar la resiliencia del sistema bancario. A su juicio, el objetivo no debe ser rebajar el capital exigido a las entidades, sino diseñar marcos más transparentes y previsibles para fijar esos requerimientos. En una línea parecida se expresó José Manuel Campa, quien recordó que los bancos mantienen niveles de capital 4,8 puntos por encima de lo exigido por los supervisores. Se preguntó por qué ocurre esto y sugirió dos explicaciones: por un lado, la escasa previsibilidad de los requisitos regulatorios, que empuja a las entidades a operar con colchones adicionales; por otro, la posibilidad de que parte de ese capital no se esté destinando a inversiones suficientemente rentables. Tanto Campa como Fernando Restoy rechazaron además una de las principales reivindicaciones del sector: que el BCE incorpore la competitividad como segundo objetivo, junto a su mandato prioritario de preservar la estabilidad financiera.

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