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(Expansión, 13-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa encara el invierno con las reservas de gas bajo mínimos y los precios en máximos

Las reservas de gas de Europa se encuentran al 73% de su capacidad, unos 15 puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos cinco años. La situación genera preocupación ante la llegada del invierno, especialmente por las dificultades para recibir suministros a través del estrecho de Ormuz. A esta incertidumbre se suma el encarecimiento del combustible: el precio de referencia del gas europeo alcanza los 80,4 euros por megavatio-hora, el doble que en junio y su nivel más alto desde el invierno de 2022. Desde el inicio de la guerra de Ucrania y la interrupción del suministro ruso, la política energética europea se ha centrado en garantizar las reservas suficientes para afrontar los meses de mayor consumo sin tener que recurrir a cortes de calefacción o interrupciones de la actividad industrial. Para ello, Bruselas estableció como objetivo alcanzar el 90% de almacenamiento antes del 1 de noviembre. Sin embargo, este año la meta parece más difícil de cumplir, ya que los inventarios se encuentran en su nivel más bajo para estas fechas desde 2011. Las temperaturas más frías registradas durante octubre en distintas zonas del continente también están impulsando la demanda, lo que dificulta seguir acumulando reservas. La preocupación aumenta porque Europa consume habitualmente, entre noviembre y marzo, una cantidad de gas equivalente a aproximadamente la mitad de la capacidad total de sus almacenes. Partir de unos niveles inferiores a los habituales reduce el margen disponible para afrontar episodios de frío intenso. Además, el almacenamiento está distribuido de manera desigual entre los países. Polonia cuenta con reservas equivalentes al 99,1% de su capacidad, seguida de Italia, con el 88,3%; Francia, con el 86,1%, y España, con el 76,3%. En cambio, Alemania, Países Bajos y varios países de Europa oriental apenas superan el 50%, lo que aumenta el riesgo de dificultades de suministro en determinadas regiones. La distribución desigual del gas almacenado supone un desafío añadido para la seguridad energética europea. Las limitaciones de las infraestructuras dificultan trasladar el combustible desde los países mejor abastecidos hacia aquellos que disponen de menos reservas. En particular, algunos gasoductos que transportaban gas ruso hacia Europa central no están preparados para funcionar en sentido inverso. Por tanto, el volumen conjunto de las reservas no garantiza que todos los Estados miembros puedan cubrir sus necesidades durante el invierno. El encarecimiento del gas agrava el escenario. El contrato de referencia TTF, negociado en el mercado neerlandés, se sitúa en 80,4 euros por megavatio-hora, aproximadamente el doble que en junio. Si las dificultades de tránsito por el estrecho de Ormuz se prolongan, Europa podría tener que afrontar simultáneamente problemas de abastecimiento y unos costes energéticos más elevados, con consecuencias para los hogares y las empresas. Ante esta situación, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que reduzcan el consumo de gas y electricidad durante el invierno. A finales de septiembre, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, advirtió en una carta a los Gobiernos de que los niveles de almacenamiento eran excepcionalmente bajos y alertó de una crisis de precios vinculada a las dificultades de suministro. Bruselas plantea recuperar medidas similares a las aplicadas durante la crisis energética de 2022, cuando el gas llegó a superar los 300 euros por megavatio-hora. Entre las recomendaciones figuran reducir el consumo eléctrico durante las horas punta, trasladar parte de la demanda a las horas de menor consumo mediante contadores inteligentes y tarifas variables, limitar la calefacción en los edificios públicos, restringir los sistemas de calefacción exterior y apagar durante la noche el alumbrado no esencial. Por el momento, se trata de propuestas dirigidas a los Estados miembros, sin cuotas obligatorias de ahorro ni plazos concretos para cada país. El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero considera que Europa debería reducir su demanda energética un 7% durante el invierno para afrontar la temporada con mayores garantías. Según este organismo independiente, intentar compensar la falta de reservas mediante importaciones adicionales, en lugar de moderar el consumo, resultaría especialmente costoso, dado que los precios se encuentran muy por encima de los registrados en años anteriores. El escenario plantea tres riesgos principales. El más grave, aunque menos probable, sería la necesidad de interrumpir el suministro a los consumidores domésticos, incluida la calefacción. Un segundo riesgo, considerado más probable, sería la reducción del consumo industrial, con efectos negativos sobre la producción, el empleo y las exportaciones. En España, Red Eléctrica ya ha recurrido diez veces en lo que va de año a interrupciones del suministro para consumidores industriales acogidos a mecanismos de desconexión, con el objetivo de preservar la estabilidad de la red. El tercer riesgo es que la escasez de reservas y las dificultades de abastecimiento mantengan la presión alcista sobre los precios a medida que avance el invierno. El encarecimiento de la energía también amenaza la competitividad de la industria europea y puede trasladarse progresivamente al precio de los bienes y servicios. Los bienes industriales no energéticos de la zona euro ya han registrado una aceleración de cuatro décimas entre junio y septiembre, hasta el 11%, una evolución que podría intensificarse si persisten las tensiones energéticas. Esta presión inflacionista añadiría dificultades al Banco Central Europeo, al aumentar el riesgo de nuevas subidas de los tipos de interés, lo que podría frenar la inversión y limitar el crecimiento económico.

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(Expansión, 13-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas exigirá diversificación a las empresas para blindarse de China

La Comisión Europea intensifica sus esfuerzos para reequilibrar las relaciones comerciales con China. Ante un déficit comercial que supera los 1.000 millones de euros diarios frente al gigante asiático, Bruselas busca reducir la dependencia de las empresas europeas y reforzar la protección de sus cadenas de suministro frente a posibles crisis. Con este propósito, el Ejecutivo comunitario prepara la iniciativa Diversify EU, que establecerá nuevas exigencias para que las compañías diversifiquen sus proveedores y dispongan de cadenas de valor más sólidas y flexibles ante el aumento de las tensiones geopolíticas. Desde la Comisión advierten de que algunas empresas no están identificando determinados riesgos o no están reaccionando con suficiente rapidez, por lo que consideran necesario acelerar los procesos de diversificación y reducción de dependencias. Aunque la propuesta continúa en fase de elaboración, una de las posibilidades que se barajan es exigir a las empresas que operan en sectores estratégicos que cuenten con al menos dos proveedores. La medida tendrá un alcance general y no estará dirigida exclusivamente a China, si bien el gigante asiático concentra buena parte de las dependencias comerciales europeas debido a sus precios competitivos y a su posición en determinadas cadenas de producción. Bruselas pretende, además, que las nuevas obligaciones sean lo más sencillas posible para evitar que las empresas tengan que asumir una carga burocrática excesiva. El objetivo es prevenir situaciones como la vivida el pasado otoño, cuando China interrumpió las exportaciones de tierras raras y otras materias primas esenciales, incluidos los imanes, en un contexto de crecientes tensiones internacionales. La industria automovilística europea alertó entonces del riesgo de tener que paralizar parte de su actividad si no se restablecía el suministro de estos materiales. La Comisión Europea reconoce que reforzar la seguridad económica puede suponer costes adicionales para las empresas, que podrían verse obligadas a renunciar a algunos de los proveedores más baratos o a oportunidades de inversión más rentables. Para compensar este impacto, el Ejecutivo comunitario estudia acompañar Diversify EU de un mecanismo de solidaridad que permita ofrecer apoyo colectivo a los Estados miembros, sectores industriales o regiones afectados por prácticas comerciales desleales o por la obligación de reducir dependencias consideradas excesivas. La intención es articular una respuesta coordinada de la Unión Europea frente a las perturbaciones y presiones económicas procedentes del exterior. En este marco, Bruselas ya había planteado recurrir al Banco Europeo de Inversiones y a otras entidades de desarrollo para facilitar financiación en condiciones más favorables a las empresas que decidieran reducir activamente su dependencia de proveedores extranjeros, especialmente en sectores estratégicos. También se había abierto la puerta a conceder ayudas directas cuando la viabilidad financiera de las compañías estuviera en peligro. Por el momento, la Comisión no ha concretado cómo se materializará este instrumento de solidaridad. Tanto esta iniciativa como Diversify EU se presentarán durante las primeras semanas de diciembre, con la intención de que los líderes europeos puedan examinarlas en la cumbre del Consejo Europeo prevista para ese mes. La reunión también servirá para analizar el acuerdo alcanzado con China para limitar las exportaciones de vehículos híbridos al mercado comunitario, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de diciembre. Además, los dirigentes europeos debatirán la posibilidad de desarrollar nuevas herramientas para contrarrestar las dependencias comerciales respecto al gigante asiático, entre ellas mecanismos que permitan restringir el acceso de productos chinos al mercado europeo cuando se detecten casos de coacción económica. En paralelo, la Unión Europea ha fijado un límite de 350.000 vehículos híbridos chinos para el próximo año, según las cifras difundidas por la Comisión Europea tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes. La cuota pretende contener las exportaciones que están presionando a la industria automovilística europea. Una vez alcanzado ese volumen, las autoridades aduaneras impedirán la entrada de nuevos envíos al mercado único.

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(El País, 13-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno admite un papel “muy activo” en la planificación estratégica de las empresas de la SEPI

El Gobierno admite que participa "de manera muy activa en la planificación estratégica de las compañías pertenecientes al holding público, tanto mayoritarias como minoritarias". En una contestación parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 22 de septiembre, el Ejecutivo subraya la importancia de aportar directrices de modernización industrial en esas empresas, ofreciendo una descripción detallada de la función que el Estado desempeña en las corporaciones encuadradas en sectores de carácter estratégico, como las telecomunicaciones, la defensa o la energía. La respuesta responde a una iniciativa de control escrita formulada en julio por los diputados del grupo parlamentario Vox Emilio Jesús Del Valle, Jacobo González-Robatto, Andrés Alberto Rodríguez y Pablo Sáez Alonso-Muñumer. Los parlamentarios solicitaban precisiones sobre la permanencia de la SEPI en el capital social de compañías controladas por el Estado dentro del Ibex 35, así como información sobre[ los ex miembros del Gobierno o ex altos cargos integrados en sus consejos de administración. En su contestación, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes detalla que el objetivo central del holding público adscrito al Ministerio de Hacienda estriba en "fijar la estrategia y la planificación de las empresas del sector público empresarial de las que es accionista mayoritario", así como en "fijar los criterios para la gestión de las participaciones en las compañías privadas de la que es accionista minoritario, siempre conforme al interés público". Al fundamentar la presencia del accionista público en estas sociedades, el texto gubernamental expone que la participación de la SEPI "responde a una visión de largo plazo, con un carácter estable en dichos sectores". Según la doctrina recogida en el documento oficial, la presencia estatal tanto en empresas públicas como en privadas "permite fortalecer la resiliencia del tejido productivo, proporcionando a las empresas mayor estabilidad frente a las crisis que se puedan dar en el tiempo". Del mismo modo, la contestación añade que esta posición institucional busca "impulsar la inversión, especialmente la inversión tecnológica en los sectores estratégicos, y así favorecer la adaptación de las empresas participadas a los desafíos tecnológicos", haciendo referencia explícita a ramas como "defensa, energía, telecomunicaciones, transporte, agricultura, sector aeroespacial, el sector postal, etc.". En ocasiones previas, ante procesos de relevo en la alta dirección o debates de gobernanza en multinacionales como Telefónica e Indra, la postura pública del Ejecutivo tendía a desvincular a la administración de las decisiones operativas internas, situándolas en el ámbito exclusivo de la autonomía de los consejos de administración. Con esta contestación por escrito, el Gobierno formaliza en un documento oficial su rol como participante activo en la orientación general y los criterios de gestión de las empresas en las que mantiene participación. La divulgación de esta contestación adquiere relevancia en el escenario político actual, marcado por la proximidad de las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre. De hecho, desde el ámbito de la oposición, la política accionarial desarrollada a través de la SEPI ha sido objeto de constantes iniciativas parlamentarias. El grupo parlamentario Vox, por ejemplo, ha cuestionado de forma reiterada la ampliación del peso estatal en el accionariado de cotizadas, argumentando que la presencia pública distorsiona el funcionamiento de los mercados y los principios de gobernanza privada. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la "despolitización" del Ibex 35 entre las prioridades de su programa económico, planteando la revisión del papel de la SEPI y la preservación de la autonomía directiva en firmas como Telefónica, Indra, Redeia, Enagás o Aena ante un hipotético cambio de ciclo político. De este modo, la respuesta parlamentaria del Gobierno explicita la posición del Ejecutivo sobre el papel del Estado en la economía, definiéndolo también como un agente tractor de la inversión tecnológica en sectores considerados de interés estratégico. Esta visión de tutela pública se sitúa en el centro del debate frente a los planteamientos que abogan por reducir la huella estatal en el ámbito corporativo y otorgar mayor protagonismo a la iniciativa privada.

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(La Vanguardia, 13-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal Supremo deja sin voto a los nacionalizados por la instrucción de la "ley de nietos"

  La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado y ha confirmado la suspensión de los efectos electorales de las personas que adquirieron la nacionalidad española por opción al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la ley de nietos. En el auto, del que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez Rodríguez, la mayoría de la Sala considera que esta medida es necesaria para garantizar la transparencia y la fiabilidad del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El origen de la controversia está en la aplicación de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que estableció presunciones de exilio para facilitar la adquisición de la nacionalidad española de origen. La repercusión de este procedimiento en la composición del censo electoral ha sido objeto de impugnación ante los tribunales. La Abogacía del Estado alegó que se había producido un exceso de jurisdicción al cuestionarse indirectamente una instrucción administrativa firme. También sostuvo que, tras la convocatoria de elecciones generales mediante el Real Decreto 806/2026, resultaba técnicamente inviable revisar y clasificar individualmente los expedientes tramitados por los consulados. Sin embargo, la mayoría del Tribunal Supremo entiende que la falta de información que permita seguir la trazabilidad de las inscripciones genera dudas sobre la regularidad del censo. Por ello, considera que debe prevalecer el interés general en garantizar la limpieza del proceso electoral frente a las dificultades operativas expuestas por la Administración. La magistrada María Alicia Millán Herrandis expresó su discrepancia mediante un voto particular, en el que defendió que el recurso del Estado debía haberse estimado y que las medidas cautelares tenían que levantarse. A su juicio, el incidente cautelar no puede servir para modificar el objeto del procedimiento principal ni para extender las restricciones a actos administrativos que no forman parte del recurso contencioso-administrativo. Asimismo, considera que la disolución anticipada de las Cortes Generales y la convocatoria inmediata de elecciones constituyeron circunstancias sobrevenidas que modificaron sustancialmente la ponderación de los intereses en juego. El voto particular también recuerda que las concesiones de nacionalidad inscritas en el Registro Civil mantienen su plena validez jurídica mientras no hayan sido anuladas ni declaradas ineficaces. En este contexto, la magistrada advierte de que impedir votar a los ciudadanos en unos comicios ya convocados ocasiona un perjuicio irreparable, dado que una sentencia posterior no puede restituir el ejercicio del derecho de sufragio en una convocatoria electoral concreta. Por estos motivos, concluye que el derecho fundamental al voto debería haber prevalecido sobre el mantenimiento de una suspensión provisional mientras continúa pendiente la resolución definitiva de la controversia.

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(Cinco Días, 09-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los costes disparatados del transporte impiden la caída del ‘brent’: añaden hasta 35 dólares a cada barril

Los países del golfo Pérsico parecen haber encontrado una vía para sortear el control que Irán mantiene sobre el estrecho de Ormuz. La navegación por aguas próximas a la costa de Omán, bajo la vigilancia de la armada estadounidense, se ha consolidado como una alternativa para mantener las exportaciones de crudo, que se acercan de nuevo a los niveles anteriores al inicio de la guerra. Sin embargo, esta recuperación del tráfico no significa que el transporte sea más sencillo. Evitar los ataques iraníes obliga en algunos casos a realizar operaciones de trasvase de petróleo entre buques, una práctica que mantiene a parte de la flota inmovilizada y reduce la disponibilidad de petroleros para otras rutas. La amenaza sobre la navegación tampoco ha desaparecido y, ante la imposibilidad de cerrar por completo el paso por Ormuz, Irán ha intensificado sus ataques contra los barcos petroleros. Esta situación ayuda a explicar por qué el precio del petróleo continúa alrededor de los 100 dólares por barril pese a la recuperación de los flujos de crudo. Al coste de la propia materia prima se suman ahora unas tarifas de transporte mucho más elevadas y una importante prima de riesgo ante la posibilidad de nuevos ataques. El petróleo es un producto físico, pero su precio se determina también en los mercados financieros, donde las expectativas sobre la evolución del conflicto tienen un peso considerable. "El conflicto comenzó con una crisis del crudo. Después pasó a convertirse en una crisis de productos derivados y ahora, aunque vuelve a salir más petróleo de Oriente Próximo, estamos ante una crisis del transporte marítimo", señaló esta semana Russell Hardy, consejero delegado de Vitol. La falta de petroleros se ha convertido en uno de los principales problemas. Las operaciones de transferencia de carga entre barcos obligan a mantener buques esperando durante días o incluso semanas para completar los cargamentos. Aunque el estrecho de Ormuz ya no está completamente bloqueado, estas demoras generan incertidumbre y reducen la flota disponible, elevando tanto los fletes como el coste de los seguros. La diferencia respecto a la situación anterior a la guerra es especialmente significativa. En 2025, contratar un superpetrolero para transportar crudo desde Estados Unidos hasta Asia costaba de media unos 9,2 millones de euros, mientras que ahora la cifra alcanza los 77 millones, según los datos del Baltic Exchange de Londres. ING considera que la apertura de un corredor protegido por aguas omaníes ha permitido recuperar parte de las exportaciones y del movimiento de buques, pero también ha añadido presión a un mercado de transporte que ya se encontraba tensionado. El encarecimiento resulta todavía mayor en los grandes petroleros, conocidos como VLCC. Transportar un barril desde Ras Tanura, en Arabia Saudí, hasta Róterdam costaba alrededor de dos dólares en 2025, mientras que en septiembre el coste había superado los 35 dólares. El temor a que el conflicto se extienda y vuelva a afectar al suministro también está influyendo directamente en las cotizaciones. Aunque el petróleo es una mercancía física, funciona al mismo tiempo como un activo financiero negociado en los mercados internacionales. El mercado de futuros del crudo mueve alrededor de 500.000 millones de dólares diarios y los precios no responden únicamente al equilibrio entre oferta y demanda, sino también a las expectativas de los inversores y al riesgo que perciben sobre el suministro futuro. La UK Maritime Trade Operations ha contabilizado nueve ataques en Ormuz durante este mes, cuatro de ellos en los dos últimos días. La cifra representa ya la mitad de los incidentes registrados durante todo septiembre en el estrecho y el golfo Pérsico. Los ataques puntuales contra los buques mantienen elevada la incertidumbre y alimentan una prima de riesgo que se refleja en el precio del crudo. Esta diferencia se aprecia también en los contratos a futuro: mientras el petróleo Brent para entrega en el próximo mes vuelve a situarse alrededor de los 100 dólares por barril, los contratos con vencimiento a un año se negocian en torno a los 83 dólares. El precio actual del petróleo, por tanto, incorpora mucho más que el valor de la materia prima. Los fletes, los seguros y las primas financieras vinculadas al riesgo geopolítico están elevando de forma considerable el coste final. Los operadores del mercado reconocen que estos gastos continúan aumentando, mientras que los márgenes de refino también permanecen elevados. Según ING, el margen del gasóleo en Europa ronda actualmente 2,5 veces la media registrada en 2025, una combinación que podría añadir más de 0,50 dólares, unos 0,45 euros, al precio base de un litro de gasóleo. La recuperación del tránsito de crudo por Ormuz se está produciendo, por tanto, dentro de una nueva situación en la que un mayor suministro no se traduce necesariamente en petróleo más barato. El crudo vuelve a circular, pero hacerlo resulta mucho más caro. La consultora Kpler considera que el mercado está demostrando que no hace falta alcanzar un acuerdo diplomático para recuperar físicamente parte del suministro, aunque mantener la actividad sin una solución política tiene un coste elevado. Por ello, sus previsiones apuntan a que los precios del petróleo y de sus derivados seguirán altos mientras no mejore la seguridad de las rutas marítimas. Además, el problema de la oferta de crudo que impulsó inicialmente los precios ha perdido protagonismo. Los niveles de inventarios tampoco representan actualmente una amenaza inmediata. La Agencia Internacional de la Energía ha destacado que las economías occidentales cuentan con importantes reservas públicas de emergencia, en torno a 1.100 millones de barriles, de los que unos 200 millones corresponden a diésel. El principal cuello de botella se encuentra ahora en otros puntos de la cadena. La reducción de la actividad de las refinerías rusas, afectadas por los ataques de Ucrania, ha limitado parte de la oferta, mientras que las dificultades para transportar el petróleo continúan encareciendo los fletes. Las refinerías que no consiguen contratar barcos para garantizar el suministro o que no están dispuestas a asumir tarifas desorbitadas terminan compitiendo por las cargas que pueden entregarse con mayor facilidad. Esta situación vuelve a presionar al alza los precios y convierte a los petroleros en un recurso cada vez más estratégico para países y compañías navieras. Disponer de un buque petrolero se ha convertido así en una pieza clave para garantizar la salida de una mercancía cuya demanda mundial sigue siendo elevada. La escasez de barcos está aumentando incluso el valor de las unidades disponibles en el mercado: un petrolero de segunda mano puede llegar a costar hasta un 40% más que uno nuevo.

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(Expansión, 09-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba la "Ley Ferrovial" para que el Ibex pueda cotizar en Nueva York

El Gobierno español quiere aprobar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre otras reformas pendientes que pueden tener importantes repercusiones para las empresas, más allá de las medidas relacionadas con la vivienda. Entre ellas figura una modificación de la normativa del mercado de valores que permitirá a las compañías cotizadas en España negociar sus acciones simultáneamente en mercados de países ajenos a la Unión Europea sin necesidad de trasladar al extranjero el registro principal de sus emisiones. El Boletín Oficial del Estado publica un decreto impulsado por el Ministerio de Economía, cuyo desarrollo comenzó en abril, que modifica la Ley sobre instrumentos financieros. La iniciativa pretende resolver las dificultades que hasta ahora encontraban las empresas españolas para cotizar directamente en Estados Unidos y responde, en buena medida, al precedente de Ferrovial, que trasladó su sede a Países Bajos en 2023 al considerar que desde ese país resultaba más sencillo acceder a la Bolsa de Nueva York. Uno de los principales obstáculos para que Ferrovial pudiera dar ese paso desde España era la falta de conexión entre los depositarios centrales de valores de los mercados español y estadounidense, lo que complicaba el registro de la titularidad de las acciones. Para resolverlo, la reforma incorpora un nuevo apartado al artículo 34 de la Ley de Bolsa que permitirá al depositario central español mantener una cuenta global en la que se refleje el saldo de una emisión de valores depositados en una entidad equivalente situada fuera de la Unión Europea. En la práctica, este mecanismo facilitará que los inversores puedan adquirir acciones de una empresa española en Nueva York y que la titularidad quede registrada también en Iberclear, el depositario central de valores de Bolsas y Mercados Españoles (BME). De este modo, las compañías podrán negociar sus acciones en mercados internacionales sin tener que trasladar al extranjero el registro principal de la emisión. Hasta ahora, empresas como Santander y Grifols han recurrido a los certificados de depósito estadounidenses (ADR) para facilitar la negociación de sus títulos en Estados Unidos. Estos instrumentos, emitidos por entidades financieras, representan acciones de compañías extranjeras. Telefónica, por su parte, canceló hace unos meses su programa de ADR al considerar que los costes no compensaban el volumen de negociación alcanzado. Con la nueva regulación, las empresas españolas podrán plantearse la cotización directa de sus acciones en Nueva York, sin recurrir necesariamente a estos certificados y manteniendo su sede en España. El atractivo de Wall Street reside en su elevada liquidez y en la presencia de grandes fondos de inversión que concentran parte de sus operaciones en valores negociados en ese mercado. El Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, explica en la exposición de motivos que la finalidad de la reforma es facilitar la negociación simultánea de valores españoles en mercados extranjeros sin necesidad de trasladar fuera de España el registro principal de la emisión. Para ello, se permitirá mantener en el depositario central español una cuenta técnica, global y de carácter contable que refleje los valores depositados en entidades situadas fuera de la UE y garantice la integridad de la emisión. La modificación también habría facilitado una eventual cotización simultánea en España y Estados Unidos de Puig si hubiera prosperado su fusión con Estée Lauder, una operación que finalmente quedó frustrada por discrepancias durante las negociaciones. La reforma podría tener consecuencias incluso si se produce un cambio de Gobierno, ya que no parece probable que una modificación de estas características se revierta. Además, abre la posibilidad de que Ferrovial regrese a España si decide trasladar de nuevo su sede, sin renunciar a su presencia en el Nasdaq estadounidense. La constructora, que protagonizó un enfrentamiento con el presidente Pedro Sánchez por su salida del país, dejó de negociar sus acciones en la Bolsa de Ámsterdam en septiembre, por lo que actualmente cotiza en BME y en Wall Street.

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(El País, 09-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La crisis de la vivienda preocupa “mucho” o “bastante” a ocho de cada diez españoles

A ocho de cada diez españoles les preocupa mucho o bastante la situación de la vivienda en España, mientras que cuatro de cada diez aseguran que la crisis habitacional ya les está afectando directamente. Son algunas de las principales conclusiones del Barómetro de Vivienda del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el tercer estudio específico que el organismo dedica a esta cuestión después de los realizados en 2014 y 2018. Los resultados proceden de 6.019 entrevistas realizadas entre el 22 y el 30 de junio en 1.243 municipios de las 50 provincias españolas. Por tanto, el trabajo de campo se llevó a cabo antes del desahucio de Maricarmen Abascal, fallecida este miércoles, de la caída en el Congreso de los dos decretos de vivienda que posteriormente han sido reformulados y publicados de nuevo en el BOE, y también antes del anuncio del adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre. El 51,6% de los encuestados afirma que la situación de la vivienda le preocupa mucho y otro 35,4% dice que le preocupa bastante. En el extremo contrario, solo el 11,7% asegura que le preocupa poco o nada. En cuanto a la repercusión personal de la crisis, el 52,6% considera que ni le perjudica ni le beneficia, mientras que un 41,6% reconoce que sí se está viendo afectado. El estudio también refleja un amplio respaldo a una mayor intervención pública. El 76,3% de los ciudadanos considera que el Estado debería intervenir tanto como fuera necesario para garantizar el acceso de toda la población a una vivienda, frente al 18,8% que defiende que no debería intervenir y dejar actuar a la oferta y la demanda. Sin embargo, existe un notable desconocimiento sobre el reparto de competencias. El 58,5% de los encuestados no sabe que son las comunidades autónomas las que tienen las principales atribuciones en materia de vivienda. Un 26,9% atribuye esa competencia al Estado, pese a que la Constitución no le asigna esa responsabilidad, mientras que un 44,5% considera que debería corresponderle. Entre las medidas que podrían adoptarse para hacer frente al problema, la que reúne un mayor consenso es la reducción de impuestos para adquirir la primera vivienda, respaldada por el 95,4% de los participantes. También obtienen un apoyo mayoritario la ampliación de las garantías para los propietarios frente a los impagos, con un 85,7%; la puesta en el mercado de suelo urbanizable, con un 84,3%, y la recuperación de viviendas públicas que fueron vendidas a empresas, con un 83,1%. Otras propuestas también cuentan con un respaldo elevado, como limitar los pisos turísticos, apoyado por el 75,6%; crear una empresa pública estatal de vivienda, con un 76,3%, o elevar la fiscalidad de los grandes propietarios, respaldado por el 72%. Las mayores diferencias aparecen en las medidas de expropiación. La destinada a obtener suelo para vivienda pública cuenta con un 49,9% de apoyo, mientras que la expropiación de viviendas vacías genera un mayor rechazo, con un 54,3% en contra frente a un 40% a favor. Los inquilinos aparecen entre los colectivos que soportan con mayor intensidad la subida de los precios. Siete de cada diez personas que viven de alquiler aseguran pagar una renta equivalente al precio de mercado o superior, mientras que solo el 23% paga por debajo de ese nivel. Además, el 4,5% de los encuestados reside en una habitación dentro de una vivienda compartida y, de ellos, casi una cuarta parte convive con su pareja o con sus hijos. Las dificultades para acceder a una vivienda también condicionan las expectativas de quienes quieren independizarse. Entre quienes viven con familiares o en una habitación compartida y no tienen previsto trasladarse a una vivienda independiente durante el próximo año, alrededor de ocho de cada diez señalan como principal obstáculo el elevado coste de los alquileres en relación con sus ingresos. Un 84,9% apunta a esta razón, mientras que el 85,6% considera que tampoco puede afrontar el precio de compra de una vivienda. La falta de ahorros suficientes para pagar la entrada o la fianza es otro de los grandes impedimentos, señalado por el 77%. El barómetro permite además conocer algunos rasgos del mercado residencial español. La mayoría de los propietarios que obtienen ingresos mediante el alquiler solo dispone de una vivienda arrendada: representan el 78,5%. En cambio, quienes poseen cinco o más inmuebles destinados al alquiler apenas suponen el 1,7%. La vivienda protegida mantiene, asimismo, un peso reducido dentro del parque residencial. Solo el 8,6% de los encuestados asegura residir en una vivienda de este tipo. De ellas, el 40,6% fue construida por promotores privados, frente al 14,4% promovido por los ayuntamientos y el 16,7% por las comunidades autónomas. Entre quienes son propietarios de la vivienda en la que viven, aproximadamente la mitad de la muestra, el 7,8% afirma haberla recibido mediante una herencia o donación. Más del 90% restante accedió a ella mediante una compra y, dentro de este grupo, el 54% ya ha terminado de pagarla. El estudio también incorporó una pregunta sobre unas hipotéticas elecciones generales, pese a que el adelanto electoral del 29 de noviembre todavía no se había anunciado cuando se realizaron las entrevistas. El 71,1% de los encuestados aseguró que acudiría a votar con toda seguridad si las elecciones se celebrasen al día siguiente, mientras que el 8,2% afirmó que no acudiría. Entre quienes manifestaron su intención de votar, el PSOE aparecía como primera fuerza en voto directo, con un 20%, seguido del PP, con un 14,8%, y Vox, con un 9,2%. Sumar obtenía un 4,3% y Podemos un 1,8%. El barómetro reflejaba, no obstante, un elevado nivel de indecisión: el 21,9% todavía no sabía a qué partido votaría, mientras que un 6% aseguraba que no acudiría a las urnas y un 6,6% prefería no responder.

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(Cinco Días, 08-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El presidente de la CNMC quiere crear de urgencia la figura de economista jefe

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, día 6, solicitar al Consejo de Estado un dictamen urgente sobre el proyecto de real decreto que modificará el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ejecutivo pide que el informe esté listo, como máximo, el 8 de octubre. La reforma supondrá modificar por primera vez desde 2013 el real decreto que regula la estructura del organismo, creado tras la integración de varios supervisores. El cambio responde a una petición del nuevo presidente de la CNMC, Juan José Ganuza, que pretende incorporar la figura del economista jefe, con rango de director. Para crear este nuevo puesto es necesario modificar el Estatuto Orgánico y establecer las funciones y estructura del departamento correspondiente. Desde la CNMC aseguran que se trata de una modificación puntual destinada exclusivamente a incorporar esta figura. Fuentes políticas apuntan que Ganuza ha optado por mantener buena parte del equipo directivo heredado de su antecesora, Cani Fernández, pero que pretende contar con un economista de máxima confianza. Entre los principales responsables que continúan en el organismo se encuentran la directora de Energía, Rocío Prieto; el secretario del consejo de administración, Miguel Bordiú, y el director de Comunicación, Jesús Gabirondo. El pleno de la CNMC aprobó por unanimidad la semana pasada el informe sobre el proyecto de real decreto. En él se plantea que el nuevo economista jefe tenga un carácter transversal y preste apoyo a las cuatro áreas de instrucción del organismo: Competencia, Energía, Telecomunicaciones y Audiovisual, y Transportes y Sector Postal. La tramitación se ha acelerado de forma notable debido al adelanto electoral. El Ministerio de Economía, del que depende la CNMC, no podía solicitar directamente al Consejo de Estado un dictamen con carácter urgente, ya que esa facultad corresponde al Consejo de Ministros. Por ello, el Ejecutivo ha pedido al órgano consultivo que emita su informe en un plazo de apenas dos días, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La rapidez del procedimiento ha generado sorpresa entre representantes empresariales, que consideran que el proyecto debería haber pasado por un periodo de audiencia pública. Sin embargo, fuentes jurídicas señalan que los trámites de consulta, audiencia e información pública no resultan obligatorios para determinadas normas de carácter organizativo o presupuestario relativas a la Administración del Estado y a sus organismos dependientes. La modificación del Estatuto Orgánico de la CNMC entraría en este supuesto. También ha generado dudas en el ámbito empresarial la necesidad de crear un economista jefe, dado que la CNMC ya dispone de una asesoría económica dirigida por Javier García Verdugo y de una subdirección de estudios económicos dentro de la Dirección de Promoción de la Competencia. Además, los organismos que fueron integrados para crear la CNMC en 2013 tampoco contaban con una figura equivalente, aunque la antigua Comisión Nacional de la Competencia sí disponía de una asesoría económica. La CNMC defiende la creación del puesto argumentando que el economista jefe es una figura habitual en las principales autoridades de competencia y regulación. El organismo pone como referencia a la Comisión Europea, que dispone de este perfil en sus distintas áreas, así como a otras autoridades nacionales de competencia. Se trataría, según la CNMC, de un profesional con un perfil académico y un elevado reconocimiento en el ámbito económico. Entre sus funciones estarían participar en la definición de la estrategia del organismo, analizar y evaluar el impacto económico de sus decisiones, prestar asesoramiento en los expedientes de mayor relevancia económica y reforzar la relación de la CNMC con el ámbito académico y científico. La figura, no obstante, es relativamente reciente incluso en las instituciones europeas. El nuevo departamento también podría asumir estructuras que actualmente se encuentran repartidas por la CNMC. La asesoría económica quedaría integrada en la nueva dirección del economista jefe, mientras que la Unidad de Inteligencia Económica de la Dirección de Competencia podría transformarse en una subdirección dependiente de ella. Esta unidad fue creada durante la etapa de Cani Fernández y trabaja con herramientas como la estadística, la ciencia de datos y la inteligencia artificial para detectar posibles prácticas contrarias a la competencia, incluidos cárteles, sin necesidad de que exista previamente una denuncia. La modificación del Estatuto permitiría dotar a esta estructura de un mayor peso dentro de la organización de la CNMC.

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(El País, 08-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El nuevo decreto de vivienda obliga a las administraciones a asumir la deuda de inquilinos vulnerables para frenar desahucios

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles los dos reales decretos que reúnen el nuevo paquete de medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis de la vivienda, aprobados el martes por el Consejo de Ministros. El primero, el más amplio, introduce algunos cambios respecto al texto que fue rechazado la semana pasada en el Congreso. Entre las principales novedades figuran la ampliación hasta finales de 2030 de las restricciones a determinadas compras de vivienda por parte de fondos y grandes tenedores, así como la obligación de presentar una tasación independiente que acredite que el precio de adquisición supera el 70% del valor de mercado. El nuevo marco también refuerza la protección de los inquilinos vulnerables ante los desahucios. Las medidas entrarán en vigor este jueves, un día después de su publicación. La modificación más relevante afecta a la Ley de Arrendamientos Urbanos y, en particular, al mecanismo extraordinario para evitar el desahucio de hogares vulnerables. La nueva regulación amplía las obligaciones de las administraciones públicas, que deberán asumir no solo las rentas pendientes, sino también las costas judiciales. Además, si transcurren dos meses sin que la Administración haya abonado esas cantidades, quedará subrogada automáticamente en la deuda del inquilino y asumirá su posición frente al propietario. Mientras esto ocurra, el contrato no podrá extinguirse ni podrá ejecutarse el lanzamiento, reforzando así la protección de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad. El decreto también incorpora nuevas prórrogas extraordinarias para determinados inquilinos. Los arrendatarios que acrediten una situación de vulnerabilidad económica y social podrán ampliar sus contratos hasta un año, una extensión que los grandes tenedores deberán aceptar salvo que exista un nuevo contrato o concurra alguna de las causas previstas legalmente. Asimismo, se refuerzan las prórrogas en las zonas de mercado residencial tensionado y se amplían las garantías para los hogares que viven de alquiler. Otra de las novedades es la regulación de la publicidad de los alquileres. Los anuncios deberán ofrecer información como el índice de referencia aplicable, los límites legales de la renta, la identificación de la vivienda y si el propietario tiene la condición de gran tenedor. El objetivo es aumentar la transparencia para quienes buscan una vivienda. Además, se refuerza la protección del parque público gestionado por Casa 47 mediante límites permanentes al precio de transmisión de los inmuebles y la obligación de inscribir estas restricciones en el Registro de la Propiedad, también para futuras ventas. El nuevo texto mantiene asimismo la prórroga extraordinaria de los contratos de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Los inquilinos que estén al corriente de sus pagos podrán solicitar una ampliación automática por periodos anuales de hasta dos años, manteniendo las condiciones del contrato, salvo que las partes acuerden una renovación diferente o concurra una causa justificada de necesidad de la vivienda por parte del propietario.

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(El País, 08-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno refuerza el cálculo de la indemnización que pagará el casero al inquilino si rompe con el contrato

El Gobierno ha publicado este miércoles en el BOE los dos nuevos decretos de vivienda. El más amplio previsiblemente saldrá adelante en la Diputación Permanente del Congreso, mientras que el segundo, que plantea convertir en indefinidos los contratos de alquiler, tiene prácticamente asegurado su rechazo. La publicación se produce pocos días después de que la Cámara Baja rechazara las anteriores normas, muy similares a las actuales, en una votación que terminó precipitando el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. El decreto que plantea establecer contratos de alquiler indefinidos parte con escasas posibilidades de ser aprobado, después de que el PNV haya anunciado que no respaldará la iniciativa. Ante esta situación, el Ejecutivo ha fijado que las modificaciones previstas no entren en vigor inmediatamente tras su publicación en el BOE, sino después de que la Diputación Permanente las examine el próximo 15 de noviembre. Uno de los principales cambios respecto al decreto anterior afecta a la compensación que deberá abonar el propietario si decide poner fin al contrato. La reforma pretende convertir la continuidad del alquiler en la regla general y establece que los contratos puedan prolongarse sucesivamente por periodos de cinco años, cuando el arrendador sea una persona física, o de siete años si se trata de una empresa. El propietario podrá recuperar la vivienda al término de cada periodo, pero deberá indemnizar al inquilino en determinados supuestos. El nuevo texto modifica también la forma de calcular esa compensación. En lugar de utilizar como referencia una vivienda de características similares, establece una fórmula concreta que toma como indemnización la cantidad más elevada entre dos opciones. La primera equivale a 12 mensualidades calculadas sobre el valor máximo del rango individualizado que corresponda al inmueble en el sistema estatal de referencia de precios del alquiler. La segunda consiste en una mensualidad por cada año que el arrendatario haya vivido en la vivienda. Cuando el sistema estatal no disponga de un valor individualizado para el inmueble, se utilizará la renta vigente como referencia. El Gobierno considera que esta modificación permitirá anticipar con mayor precisión el coste que tendrá para el propietario su decisión de no continuar con el alquiler. Según la exposición de motivos, la indemnización pretende compensar los gastos y perjuicios que la finalización del contrato puede ocasionar al inquilino y, al mismo tiempo, proporcionar un marco más objetivo y seguro para ambas partes. La compensación se integra en un cambio más profundo sobre la duración de los contratos. Una vez transcurridos cinco años de alquiler, o siete cuando el arrendador sea una persona jurídica, el contrato podrá renovarse por nuevos periodos de la misma duración si ninguna de las partes comunica su intención de finalizarlo. Para impedir la continuidad, el propietario deberá avisar con seis meses de antelación, mientras que el inquilino dispondrá de un plazo de dos meses. De esta manera, el Ejecutivo pretende que la continuidad del arrendamiento sea la situación habitual y que sea el propietario quien deba manifestar expresamente su voluntad de poner fin al contrato. El Gobierno justifica esta transformación porque considera que el actual modelo de contratos de duración determinada y prórrogas limitadas puede favorecer fuertes incrementos de las rentas cuando llega el momento de renovar. Según el Ejecutivo, al finalizar un contrato el propietario puede volver a ofrecer la vivienda en el mercado y actualizar su precio, trasladando al inquilino las subidas acumuladas. La reforma busca limitar este incentivo y proporcionar una mayor estabilidad residencial a los hogares. El Ejecutivo sostiene asimismo que una relación contractual más estable puede reducir tanto la movilidad forzada de los inquilinos como los gastos asociados a un cambio de vivienda, entre ellos las mudanzas, las nuevas fianzas o la búsqueda de otro inmueble. Como referencia, la exposición de motivos cita los modelos de Alemania, Francia y Países Bajos, donde tienen mayor presencia los contratos indefinidos o las limitaciones a la capacidad del propietario para ponerles fin. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo pretende abrir el debate sobre la duración de los contratos de alquiler. El nuevo sistema no elimina la posibilidad de que el propietario recupere su vivienda. En el caso de una persona física, podrá hacerlo, entre otros supuestos, cuando necesite el inmueble para destinarlo a su residencia habitual o a la de determinados familiares. En estas circunstancias no tendrá que asumir inicialmente la indemnización, aunque el decreto incorpora mecanismos destinados a impedir un uso fraudulento de esta causa. También podrá evitar el pago de la compensación si ofrece al inquilino un nuevo contrato de al menos cinco años, o siete cuando se trate de una persona jurídica, con una renta sometida a los límites establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

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