La inflación de la eurozona moderó su ritmo de crecimiento en junio, aunque continúa ligeramente por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE). Según los datos confirmados por Eurostat, el índice de precios de consumo se situó en el 2,8% interanual, cuatro décimas menos que en mayo y su nivel más bajo desde marzo de 2026.
En el conjunto de la Unión Europea, la inflación también descendió cuatro décimas, hasta el 2,9%, impulsada principalmente por la desaceleración de los precios de la energía, que aumentaron un 8,5% frente al 10,8% registrado el mes anterior. Asimismo, los alimentos frescos moderaron su encarecimiento, pasando del 4% al 3,1% interanual.
Por componentes, los bienes industriales no energéticos incrementaron sus precios un 0,7%, dos décimas menos que en mayo, mientras que los servicios elevaron su tasa hasta el 3,2%, frente al 3,5% del mes anterior. Excluyendo la energía, la inflación se redujo al 2,2%, y la inflación subyacente -que también elimina del cálculo alimentos, alcohol y tabaco- descendió del 2,6% al 2,4%.
Entre los países de la UE, Suecia (1%), República Checa (1,1%) y Dinamarca (1,8%) registraron las menores tasas de inflación, mientras que Rumanía (9,2%), Lituania (5,4%) y Bulgaria (5,2%) presentaron los mayores incrementos de precios.
España se situó por encima de la media europea. La inflación armonizada permaneció estable en el 3,6% interanual, lo que supone un diferencial de ocho décimas respecto a la eurozona y la tasa más elevada entre las principales economías del euro. En comparación, Alemania registró una inflación del 2,4%, Francia del 2% e Italia del 3%.
Desde su constitución, Sareb ha logrado vender cerca de 71.000 viviendas procedentes de los activos adjudicados tras la crisis financiera. Aun así, después de descontar las 45.000 viviendas que el Gobierno ha decidido transferir a Casa 47 para destinarlas al alquiler asequible, la sociedad todavía mantiene unas 5.800 viviendas pendientes de comercialización.
Gran parte de estos inmuebles se encuentran en municipios con menos de 5.000 habitantes. A ellos se suman otras 12.000 viviendas que actualmente sirven de garantía de préstamos impagados y cuya recuperación depende de procedimientos judiciales. En conjunto, Sareb tiene aún alrededor de 18.000 inmuebles por retirar de su balance cuando apenas resta un año y medio para su liquidación, prevista para noviembre de 2027.
El Estado asumió el control accionarial de Sareb en 2022, aunque varias entidades financieras y aseguradoras continúan formando parte de su accionariado. Durante sus trece años de actividad, la sociedad ha vendido cerca de 71.000 viviendas procedentes de las antiguas cajas de ahorros rescatadas. Según los últimos datos disponibles, el precio medio de venta ronda los 105.000 euros y los inmuebles se comercializan a través de portales como Idealista y Fotocasa. La mayor concentración de estas viviendas se localiza en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Las empresas Aliseda/Anticipa y Servihabitat serán las encargadas de gestionar la venta del parque inmobiliario restante. Además, asumirán la selección, adecuación y traspaso de las 45.000 viviendas destinadas a Casa 47, muchas de las cuales necesitan obras de rehabilitación por su estado de conservación. Uno de los principales retos será recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente antes de su cesión. Las estimaciones apuntan a que alrededor de 3.000 inmuebles se encuentran en esta situación.
Cuando Sareb comenzó su actividad, su primera presidenta, Belén Romana, planteó como objetivo alcanzar una rentabilidad del 15% para sus accionistas. Sin embargo, esa previsión nunca llegó a cumplirse. Actualmente, los inversores mantienen totalmente provisionada su participación y las pérdidas acumuladas de la sociedad ascienden a 12.766 millones de euros. Desde 2022, estos resultados negativos se contabilizan dentro del déficit público.
Con la liquidación prevista para noviembre de 2027, el Tesoro deberá hacer frente al aval estatal de los bonos emitidos en su momento para adquirir los activos de las cajas de ahorros rescatadas. De los cerca de 50.000 millones de euros emitidos inicialmente, aún permanecen pendientes de devolución aproximadamente 27.500 millones, una cifra que, según fuentes financieras, apenas variará hasta el cierre de la sociedad.
Las mismas fuentes consideran probable que el Tesoro sustituya los bonos de Sareb que mantienen entidades como CaixaBank, BBVA y Unicaja por deuda pública del Estado. De producirse esta operación, no tendría efectos ni sobre los balances de los bancos tenedores de esos títulos ni sobre el déficit público.
Aunque la liquidación formal está prevista para 2027, Sareb podría seguir desarrollando su actividad mientras completa la venta o cesión de los activos que permanezcan en cartera. Además de viviendas, la sociedad conserva miles de suelos, principalmente en zonas con baja densidad de población, así como naves industriales y locales comerciales, cuya desinversión o cesión continuará hasta agotar su patrimonio.
Cataluña continúa siendo la comunidad autónoma con mayor número de entes públicos, al contabilizar 272 organismos, según los datos correspondientes a julio publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Le siguen Andalucía, con 129, y la Comunidad de Madrid, con 101. La cifra catalana representa el 21,16% del total de entes públicos autonómicos existentes en España y apenas registra cambios respecto al ejercicio anterior.
Dentro de este conjunto se incluyen agencias, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles, instituciones sin ánimo de lucro, universidades y otras entidades de carácter público. En Cataluña predominan especialmente los consorcios, las fundaciones y las sociedades mercantiles, que concentran más de dos tercios del total.
Aunque muchos de estos organismos fueron creados durante las décadas de 1980 y 1990, más de la mitad surgieron a partir del año 2000 y durante la década siguiente, coincidiendo con los distintos gobiernos de la Generalitat encabezados por Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. En 2026, el Ejecutivo de Salvador Illa ha eliminado algunos órganos considerados obsoletos con el objetivo de simplificar la estructura administrativa, si bien también ha reforzado el tamaño y los recursos de varias agencias. La reducción de 277 a 272 entes respecto a 2025 responde, principalmente, a una actualización del inventario.
Andalucía ocupa el segundo lugar con 129 organismos públicos. La cifra apenas varía respecto al año anterior, cuando contabilizaba 128. La diferencia con Cataluña se explica, en parte, por el proceso de reducción del sector público llevado a cabo tras la crisis financiera de 2008. Durante el mandato de Juan Antonio Griñán se eliminaron 111 de las 254 empresas públicas existentes y, entre 2011 y 2017, desaparecieron otros 156 entes.
Desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta, la estructura del sector público andaluz apenas ha experimentado modificaciones relevantes. Al igual que en Cataluña, predominan los consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles públicas, entidades que desarrollan actividades económicas con capital mayoritariamente aportado por las administraciones públicas.
La Comunidad de Madrid figura en tercer lugar con 101 entes públicos. Tras la reducción de más de un centenar de organismos impulsada durante el mandato de Esperanza Aguirre a raíz de la crisis económica, el número de entidades apenas ha variado. Durante la actual legislatura de Isabel Díaz Ayuso únicamente se ha suprimido Madrid Activa, organismo dedicado al desarrollo económico, tecnológico e industrial, mientras que en 2024 se constituyó la Fundación Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Por su parte, la Fundación Madrid Film Commission se encuentra actualmente en proceso de liquidación. La mayor parte de los entes madrileños también corresponden a consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles creados principalmente en la década de los noventa.
En la clasificación de este año, el País Vasco supera a Galicia y pasa a ocupar la cuarta posición, con 97 entes frente a los 94 de la comunidad gallega. La diferencia se atribuye principalmente a una mayor fragmentación de la administración local vasca y a un número más elevado de consorcios, más que a un mayor tamaño del sector público autonómico.
Si se analizan las entidades dependientes de administraciones locales, la provincia de Barcelona encabeza el listado nacional con 292 organismos, una cifra incluso superior a la de los entes adscritos a la Generalitat. Dentro de Cataluña, Tarragona cuenta con 110 entidades, Lleida con 76 y Girona con 73. En conjunto, las cuatro provincias catalanas suman 551 organismos locales, por encima de los 525 contabilizados en las ocho provincias andaluzas.
Tras Cataluña, las tres provincias del País Vasco reúnen un total de 217 entidades locales, distribuidas entre Vizcaya (101), Guipúzcoa (84) y Álava (32). La Comunidad de Madrid y Navarra registran, cada una, 96 organismos de ámbito local. En el extremo opuesto se sitúan provincias como Guadalajara, con seis entidades; Soria, con siete; y Ávila y Lugo, con nueve. La Rioja contabiliza únicamente tres entes dependientes de administraciones locales.
La mayoría de estos organismos locales gestionan servicios públicos como el abastecimiento y distribución de agua, la recogida de residuos, el mantenimiento de infraestructuras viarias o la depuración de aguas, aunque también existen entidades dedicadas a actividades deportivas, culturales o de promoción turística.
Entre las comunidades y ciudades autónomas con menor número de entes públicos destacan La Rioja y Ceuta, ambas con 18 organismos, mientras que Melilla cierra la clasificación con solo seis. Estas diferencias ponen de manifiesto que el número de entidades públicas no guarda una relación directa con la población de cada territorio, sino que responde, en gran medida, a las decisiones organizativas adoptadas por los distintos gobiernos autonómicos y locales a lo largo del tiempo.
El Gobierno está reforzando su estrategia para impulsar la participación de las empresas españolas en la reconstrucción de Ucrania mediante nuevos acuerdos de colaboración institucional y un importante paquete de financiación pública destinado a facilitar inversiones y proyectos empresariales en el país.
Uno de los principales pasos ha sido la firma de un memorando de colaboración entre la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) y la Federación de Empresarios de Ucrania (FEU), suscrito durante la visita oficial a Kiev del ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. El acuerdo busca estrechar la cooperación entre ambos países y favorecer la participación de compañías españolas en los proyectos de reconstrucción de infraestructuras estratégicas.
Las oportunidades de negocio abarcan ámbitos como las redes eléctricas, el transporte ferroviario, las infraestructuras hidráulicas y el tratamiento de agua, aunque también existen posibilidades de inversión directa, concesiones y alianzas con empresas locales. Según Sercobe, el potencial de colaboración se extiende a numerosos sectores económicos y no se limita únicamente a la exportación de bienes de equipo.
La asociación, que agrupa a fabricantes de bienes de equipo y organizaciones sectoriales como las de material eléctrico e iluminación, ya mantenía actividad en Ucrania antes del inicio de la guerra, especialmente en proyectos relacionados con infraestructuras eléctricas y sistemas de tratamiento de agua. En los últimos años, además, ha aumentado el interés por el suministro de equipamiento vinculado al ámbito de la defensa.
El memorando también contempla la creación de un Consejo Industrial conjunto, liderado por Sercobe y la patronal ucraniana, en el que participarán empresas e instituciones públicas y privadas de ambos países para coordinar iniciativas de cooperación y desarrollo industrial. Paralelamente, España se incorporará al instrumento internacional Industrial Ramstein, una iniciativa destinada a facilitar el suministro de maquinaria, equipos industriales y otros bienes necesarios para la reconstrucción del tejido productivo ucraniano.
Desde el sector empresarial destacan que Ucrania representa un mercado con importantes perspectivas de crecimiento pese al conflicto bélico. Su proceso de aproximación a la Unión Europea exigirá adaptar gran parte de sus infraestructuras y servicios a los estándares comunitarios, lo que generará una elevada demanda de tecnología, ingeniería y equipamiento especializado.
El respaldo financiero del Gobierno constituye otro de los pilares de esta estrategia. Durante su visita a Kiev, Carlos Cuerpo anunció la movilización de 570 millones de euros en instrumentos públicos destinados a respaldar a las empresas españolas interesadas en participar en la reconstrucción del país.
Entre las principales medidas figura una línea de cobertura de 250 millones de euros a través de Cesce, otros 100 millones gestionados por Cofides para apoyar inversiones empresariales y dos líneas adicionales de 100 millones de euros cada una financiadas mediante el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), además de otros instrumentos de apoyo.
La visita institucional también sirvió para celebrar la primera reunión del Comité Bilateral España-Ucrania, impulsado por las cámaras de comercio de ambos países. Este nuevo foro empresarial pretende facilitar el contacto entre compañías, promover proyectos conjuntos y favorecer la participación de empresas españolas en las iniciativas de modernización y reconstrucción que se desarrollarán en Ucrania durante los próximos años.
El Ejecutivo considera que estas actuaciones no solo refuerzan el respaldo institucional a Ucrania en el contexto de la guerra, sino que también abren nuevas oportunidades para la internacionalización de las empresas españolas en un proceso de reconstrucción que movilizará miles de millones de euros y que previsiblemente se prolongará durante la próxima década.
Los seis principales bancos cotizados españoles afrontan la presentación de sus resultados semestrales con perspectivas de volver a marcar cifras récord. Según las previsiones del consenso de mercado recopiladas por Bloomberg, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja obtendrán conjuntamente más de 18.000 millones de euros de beneficio en el primer semestre de 2026, lo que supondría un incremento aproximado del 5,5% respecto al mismo periodo del año anterior y situaría al sector en disposición de encadenar un quinto ejercicio consecutivo de beneficios históricos.
Pese a la incertidumbre derivada de la crisis en Oriente Próximo, las entidades consideran que, por el momento, el conflicto no está teniendo un impacto significativo sobre la actividad bancaria. Las estimaciones más optimistas, como las de Bank of America, sitúan el beneficio conjunto por encima de los 18.500 millones de euros, mientras que Barclays maneja una previsión algo más prudente, cercana a los 17.925 millones.
Las expectativas apuntan a que prácticamente todas las entidades mejorarán sus resultados respecto al año pasado. Santander lideraría el crecimiento con un beneficio estimado de 7.321 millones de euros (+7,3%), seguido por BBVA con 5.949 millones (+10%), CaixaBank con 3.131 millones (+6%), Bankinter con 583 millones (+7,5%) y Unicaja con 343 millones (+1,5%). Sabadell sería la única excepción, con una ligera caída prevista del 1,5%, hasta unos 960 millones de euros.
El calendario de presentación de resultados comenzará el 22 de julio con Santander. Bankinter publicará sus cifras el día 23, Sabadell el 24, CaixaBank el 29, BBVA el 30 y Unicaja cerrará la ronda el 31 de julio. Los analistas prevén que la evolución positiva de los resultados se apoye principalmente en la mejora del margen de intereses, el crecimiento de las comisiones y un control de los costes, pese al incremento de las inversiones tecnológicas y los procesos de reorganización interna emprendidos por algunas entidades.
El margen de intereses podría aumentar alrededor de un 3%, favorecido por la evolución del euríbor, unos costes de financiación estables y una mayor demanda de financiación por parte de familias y empresas. En conjunto, los ingresos por intereses superarían los 46.500 millones de euros durante el semestre. Las comisiones seguirán siendo otro de los pilares de la rentabilidad, con unos ingresos superiores a los 12.400 millones de euros, impulsados por la comercialización de seguros, productos de inversión y servicios de gestión patrimonial.
La calidad del crédito continúa siendo uno de los puntos fuertes del sector. Las previsiones sitúan la ratio media de morosidad en torno al 2,05%, con entidades como Bankinter manteniéndose incluso por debajo del 2%, lo que refleja un nivel de riesgo todavía contenido.
En el lado de los costes, las entidades afrontan un aumento del gasto superior al 5% debido principalmente a las fuertes inversiones en transformación digital e inteligencia artificial. Los analistas seguirán de cerca la capacidad de los bancos para mantener la eficiencia y convertir el crecimiento del negocio en una rentabilidad sostenible, especialmente en un contexto de mayor competencia en la concesión de hipotecas y de creciente presión para modernizar sus infraestructuras tecnológicas.
El Banco de España ha puesto en marcha la mayor licitación pública relacionada hasta la fecha con el desarrollo del euro digital. El contrato, cuyo valor puede alcanzar los 70 millones de euros, tiene como objetivo incorporar un equipo especializado de ingenieros informáticos y arquitectos de sistemas que permita a la institución cumplir con los compromisos asumidos dentro del Eurosistema para el despliegue de esta nueva forma de dinero, cuya entrada en circulación se prevé para 2029.
La licitación, publicada el pasado 10 de julio y ya abierta a la presentación de ofertas, contempla la contratación de servicios tecnológicos destinados a participar tanto en la fase de desarrollo como en el posterior mantenimiento y operación de la futura moneda digital emitida por el banco central.
Se trata del sexto contrato tecnológico impulsado por el Banco de España desde 2023 en el marco del proyecto del euro digital, aunque supone un paso cualitativo respecto a los anteriores. Mientras las primeras adjudicaciones, obtenidas por empresas como Indra, Accenture o Inetum, estaban orientadas a labores de consultoría, investigación y diseño metodológico, el nuevo contrato se centra en el desarrollo e implantación efectiva de la infraestructura tecnológica.
Los trabajos incluirán el desarrollo, implantación, mantenimiento y evolución de soluciones vinculadas al euro digital, así como proyectos de experimentación con monedas digitales de bancos centrales, procesamiento de datos en tiempo real, bases de datos distribuidas, interfaces gráficas y herramientas de análisis de información.
El contrato tendrá una duración inicial de tres años a partir del 21 de abril de 2027, con la posibilidad de prorrogarse otros dos años. El presupuesto inicial asciende a 37,61 millones de euros, que se elevan a 45,51 millones con IVA. Si se ejecutan las prórrogas y las posibles modificaciones previstas, el importe total podría alcanzar los 70,2 millones de euros.
Dada la envergadura del proyecto, el Banco de España exige una elevada capacidad económica y técnica a las empresas interesadas. Los licitadores deberán acreditar una facturación anual mínima de 21 millones de euros durante los tres últimos ejercicios y demostrar experiencia en proyectos tecnológicos de características similares, con servicios ejecutados cuyo volumen anual haya superado los 9,8 millones de euros.
Paralelamente, el Banco de España ha confirmado su participación, junto con el Banco Central Europeo y otros 18 bancos centrales nacionales del Eurosistema, en el proyecto piloto del euro digital. Esta fase experimental comenzará durante el segundo semestre de 2027 y tendrá una duración aproximada de un año.
Para desarrollar estas pruebas se han seleccionado 36 proveedores de servicios de pago de toda la zona euro. Entre los participantes españoles figuran una alianza liderada por Cecabank, integrada por Abanca, Ibercaja, Unicaja, Bizum y Deloitte, así como la entidad de pagos Uinku, que opera bajo la marca comercial Sipay.
El inicio de estos ensayos dependerá de que concluya la tramitación legislativa del euro digital. El proyecto normativo continúa avanzando en las instituciones europeas y el Parlamento Europeo ya ha autorizado el comienzo de las negociaciones con el Consejo de la Unión Europea para aprobar el marco legal que permitirá al Banco Central Europeo emitir la versión digital del dinero en efectivo.
La futura regulación abordará tres aspectos principales: el funcionamiento del euro digital, las condiciones para que los proveedores de servicios de pago de países de la UE que no pertenecen a la zona euro puedan distribuirlo y el mantenimiento del curso legal del efectivo. Posteriormente, corresponderá al Banco Central Europeo definir cuestiones operativas como el límite máximo de euros digitales que podrán mantener los ciudadanos en sus dispositivos.
El euro digital no será una criptomoneda ni una stablecoin, sino dinero emitido directamente por el banco central en formato electrónico. Su finalidad es complementar el efectivo, ofreciendo una nueva alternativa de pago para ciudadanos y empresas en toda la eurozona.
Uno de los principales objetivos del proyecto consiste en reforzar la autonomía europea en materia de pagos electrónicos y reducir la dependencia de infraestructuras internacionales, especialmente de compañías estadounidenses como Visa, Mastercard, Apple, Google o Samsung. Actualmente, más de dos tercios de los pagos con tarjeta realizados en la zona euro se procesan a través de redes internacionales y trece de los veinte países que utilizan el euro carecen de un sistema nacional propio de pagos.
Aunque existen iniciativas europeas como Bizum en España o Wero en Alemania, Bélgica y Francia, su implantación todavía es limitada. El BCE ha insistido en que el euro digital no pretende sustituir estas plataformas de pago instantáneo, sino convivir con ellas. No obstante, su implantación obligará a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago a adaptar sus sistemas tecnológicos para integrar este nuevo instrumento dentro de su operativa habitual.
La inflación se mantuvo estable en junio. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 3,2% interanual, el mismo nivel registrado el mes anterior y todavía por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. Este resultado se produjo pese al incremento del IVA aplicado al gas y a la electricidad, que desde el 1 de junio volvió al tipo general del 21%.
El principal factor que impulsó los precios fue el encarecimiento de la vivienda, cuya tasa anual alcanzó el 4,7%, más de tres puntos superior a la registrada en mayo. El INE atribuye esta evolución, principalmente, al aumento del precio de la electricidad y, en menor medida, del gas. También contribuyeron al incremento de la inflación los servicios relacionados con el ocio, la cultura y el deporte, especialmente por el encarecimiento de los paquetes turísticos.
La evolución de los precios durante junio estuvo marcada por la finalización de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo. Desde el 1 de junio dejaron de aplicarse las rebajas del IVA sobre la electricidad, el gas natural, los pellets, las briquetas y la leña, así como la reducción del impuesto especial sobre la electricidad. En cambio, las ayudas fiscales sobre los carburantes continuaron vigentes.
Precisamente, el comportamiento de los combustibles contribuyó a moderar la inflación. Los precios del transporte redujeron en dos puntos su crecimiento respecto al mes anterior y registraron una subida interanual del 5,1%, convirtiéndose en uno de los componentes que más ayudó a contener el incremento general del IPC.
Algunos analistas consideran que la evolución de los precios energéticos seguirá condicionando la inflación en los próximos meses. Según Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano, la ruptura de la tregua en Oriente Medio podría provocar un nuevo encarecimiento del petróleo y del gas a partir de julio, mientras que la evolución del estrecho de Ormuz continuará siendo un elemento clave para determinar el comportamiento futuro de los mercados energéticos.
Por su parte, la inflación de los alimentos y las bebidas no alcohólicas continuó moderándose. En junio descendió hasta el 1,9% interanual, frente al 2,2% registrado en mayo, alcanzando su nivel más bajo desde comienzos de 2025. No obstante, algunos productos mantienen importantes incrementos de precio respecto al año anterior. Los huevos registraron un aumento del 14,1%, la carne de vacuno subió un 11% y el pescado fresco y congelado acumuló un encarecimiento del 8,8% en los últimos doce meses.
Los expertos destacan que la evolución de los alimentos está siendo más favorable de lo previsto, aunque persisten tensiones inflacionistas en el sector servicios. En este sentido, el Índice de Precios del Sector Servicios aumentó hasta el 2,6% durante el primer trimestre de 2026, reflejando que determinados costes siguen trasladándose a los precios finales.
La inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles, descendió una décima y se situó en el 2,9%. Aunque mantiene una tendencia moderadamente descendente, continúa por encima de niveles considerados compatibles con una inflación plenamente estabilizada. Entre los factores que siguen impulsándola figura el efecto indirecto del encarecimiento de la energía sobre numerosos bienes y servicios.
En comparación con otros países europeos, España continúa registrando una inflación superior a la media. Mientras el IPC alcanzó el 3,2%, Francia cerró junio con una tasa del 1,8%, Alemania con un 2,3% y el conjunto de la zona euro con un 2,8%, según los últimos datos publicados por Eurostat.
Por comunidades autónomas, la mayor subida de precios correspondió a la Comunidad de Madrid, con un 3,8%, seguida de Cantabria (3,5%) y de Baleares y Canarias, ambas con una inflación del 3,4%. En el extremo opuesto se situaron Extremadura, con un 2,4%; Ceuta, con un 2,6%; y Navarra, con un 2,7%. En total, cinco comunidades y ciudades autónomas registraron una inflación superior a la media nacional.
Desde el Ministerio de Economía se ha señalado que el Gobierno continuará realizando un seguimiento permanente de la evolución de los precios y mantendrá el contacto con los agentes sociales y los sectores más afectados para evaluar el impacto de la situación internacional sobre la economía española.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre una cuestión que hasta ahora había generado criterios dispares en los tribunales: la posibilidad de cortar los suministros de luz o agua en viviendas ocupadas ilegalmente. La resolución, dictada el 24 de junio y con ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, concluye que esta actuación no constituye un delito de coacciones cuando afecta a ocupantes sin ningún título que legitime su permanencia en el inmueble. Sin embargo, el criterio cambia cuando quien ocupa la vivienda dispone de un contrato u otro título válido, como ocurre con los inquilinos morosos.
El alto tribunal establece que, en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas vacías, el propietario no incurre en un delito de coacciones si deja de pagar o corta los suministros, al entender que los ocupantes carecen de un derecho que les habilite para permanecer en el inmueble.
Por el contrario, cuando la persona que reside en la vivienda cuenta con un título jurídico que le permite ocuparla, aunque incumpla sus obligaciones de pago, la interrupción de suministros puede constituir un delito de coacciones. Esta interpretación afecta especialmente a los propietarios que tienen arrendatarios morosos, ya que, pese al impago de las rentas, el contrato de arrendamiento sigue otorgando inicialmente un derecho de ocupación mientras no exista una resolución judicial que lo extinga.
La sentencia toma como referencia el caso de un hombre que interrumpió el suministro eléctrico de una vivienda para forzar que su expareja, copropietaria del inmueble y en proceso de separación, abandonara la vivienda. El Tribunal Supremo considera que esta conducta constituyó un delito de coacciones porque la mujer tenía derecho a residir en el inmueble y el corte del suministro supuso un medio de presión para obligarla a abandonar la vivienda contra su voluntad.
La decisión no ha sido unánime. Cuatro de los catorce magistrados que participaron en el Pleno formularon un voto particular discrepante. Los magistrados Antonio del Moral García, Eduardo de Porres Ortiz, Leopoldo Puente Segura y Javier Hernández García sostienen que la interrupción de los suministros no puede equipararse a un acto de violencia y, por tanto, no debería encajar en el delito de coacciones.
En su opinión, la sentencia amplía de forma excesiva el concepto de violencia hasta el punto de incluir actuaciones que no implican fuerza física ni intimidación. Además, consideran que la extinción de un contrato de suministro no puede convertirse automáticamente en una conducta delictiva y advierten del riesgo de utilizar el delito de coacciones como una vía para sancionar cualquier comportamiento considerado reprochable.
Desde el ámbito jurídico, la resolución ha generado valoraciones diversas. Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho AF Legis, considera que el fallo supone un avance importante frente al problema de la ocupación ilegal, ya que diferencia claramente entre quienes ocupan una vivienda sin ningún derecho y quienes disponen de un título legítimo para hacerlo.
No obstante, la letrada discrepa del criterio mantenido por la mayoría del Tribunal Supremo respecto a los inquilinos morosos y se muestra más próxima al voto particular. En su opinión, corresponde al arrendatario asumir los costes de los suministros y el propietario no debería verse obligado a mantener esos gastos cuando el inquilino incumple sus obligaciones contractuales. Esta cuestión podría seguir generando debate jurídico mientras no se produzcan nuevos pronunciamientos que delimiten el alcance de esta doctrina.
La Comisión de Economía del Congreso ha dado este martes su visto bueno al nombramiento de Juan José Ganuza como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como a la incorporación de Carmen Balsa Pascual, Joan Capdevila y Marina Echebarría como nuevos consejeros del organismo, todos ellos propuestos por el Gobierno.
Los nombramientos han superado el trámite parlamentario tras rechazarse los vetos presentados por el Partido Popular y Vox, que cuestionaban la independencia de los candidatos y denunciaban una creciente influencia del Ejecutivo sobre los organismos reguladores. En la votación, el dictamen obtuvo 19 votos favorables y 17 en contra. Posteriormente, los vetos tampoco prosperaron al no alcanzar la mayoría absoluta necesaria para bloquear las designaciones. Una vez superado este trámite, el Consejo de Ministros formalizará previsiblemente los nombramientos en su próxima reunión, tras lo cual los nuevos responsables tomarán posesión de sus cargos.
Durante su comparecencia, Juan José Ganuza destacó que la CNMC afronta importantes desafíos en los próximos años y señaló como prioridades la supervisión de la economía digital y la inteligencia artificial, el refuerzo de la competencia en la contratación pública y una mayor vigilancia sobre las operaciones de concentración empresarial.
En relación con la inteligencia artificial y los mercados digitales, defendió la necesidad de evitar posiciones dominantes que puedan limitar la competencia, apostando por una actuación coordinada con el Gobierno. Asimismo, subrayó la importancia de preservar la competencia en los procesos de contratación pública para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y consideró necesario reforzar el control de las concentraciones empresariales.
El futuro presidente de la CNMC también puso de relieve el potencial de las nuevas tecnologías para mejorar la labor supervisora del organismo, especialmente mediante herramientas que permitan detectar prácticas anticompetitivas, como los cárteles. En este sentido, planteó la creación de una Unidad de Inteligencia Económica que convierta a la CNMC en un referente en el uso de tecnologías avanzadas para la defensa de la competencia.
Ganuza defendió además el papel de la competencia como motor del crecimiento económico, al considerar que favorece la reducción de precios, mejora la calidad de los servicios, impulsa la innovación y contribuye a trasladar las ganancias de productividad tanto a consumidores como a trabajadores.
Durante la sesión también surgió el debate sobre la estructura del regulador. El Grupo Vasco (PNV) volvió a plantear la conveniencia de recuperar una Comisión Nacional de la Energía independiente o, al menos, reforzar los recursos destinados a la supervisión del sector energético dentro de la actual CNMC, dada la creciente complejidad de este ámbito.
En respuesta, Ganuza recordó que corresponde al Gobierno y al legislador decidir el modelo organizativo del organismo regulador. No obstante, manifestó que la integración de las funciones de competencia y regulación sectorial genera importantes sinergias y reduce el riesgo de captura regulatoria, aunque se mostró partidario de mantener un debate abierto sobre posibles reformas.
La independencia de los futuros responsables de la CNMC fue uno de los principales puntos de confrontación política durante la comparecencia. Los representantes del PP y Vox cuestionaron la imparcialidad de los candidatos al considerar que varios de ellos mantienen vínculos con el Ejecutivo o con partidos que forman parte de su mayoría parlamentaria. En el caso de Ganuza, el Grupo Popular criticó que aceptara la propuesta de un Gobierno al que acusó de falta de credibilidad institucional.
Interpelado también sobre la competencia en el mercado de la vivienda, Ganuza evitó pronunciarse sobre futuras actuaciones concretas, aunque recordó que una regulación adecuada resulta esencial para el buen funcionamiento de los mercados. Como ejemplo, señaló que la regulación hipotecaria existente durante la anterior crisis inmobiliaria presentaba importantes deficiencias.
El futuro presidente defendió igualmente su independencia profesional, destacando que nunca ha militado en partidos políticos y que toda su trayectoria se ha desarrollado en el ámbito universitario, sin desempeñar actividades privadas relacionadas con el derecho de la competencia que pudieran generar conflictos de interés.
Junto a Ganuza se incorporarán al Consejo de la CNMC Carmen Balsa, economista y exdirectora del gabinete de la exvicepresidenta Nadia Calviño; Joan Capdevila, veterinario y exdiputado de ERC; y Marina Echebarría, catedrática de Derecho Mercantil y primera mujer transexual en acceder a una cátedra universitaria en España. Los tres se integrarán en alguna de las dos salas del organismo -Competencia o Supervisión Regulatoria-, mientras los restantes seis consejeros continuarán ejerciendo sus funciones hasta la finalización de sus respectivos mandatos.
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, así como al real decreto-ley que refuerza la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La norma contempla una aportación adicional de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027, el mayor incremento presupuestario aprobado hasta la fecha para este ámbito.
La reforma de las leyes fue aprobada con 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones, mientras que el real decreto-ley de financiación recibió el respaldo de 317 diputados, con el único rechazo de Vox. Paralelamente, el Consejo de Ministros autorizó la transferencia de 904 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar el denominado nivel acordado del sistema de dependencia. Esta cantidad podría elevarse hasta los 970 millones al incluir los recursos correspondientes al País Vasco y Navarra.
Con esta nueva aportación y los fondos previstos en el real decreto-ley, la financiación pública del sistema alcanzará los 5.513 millones de euros en 2026 y los 7.239 millones en 2027. El objetivo es que las comunidades autónomas dispongan de mayores recursos para reducir las listas de espera, incrementar las plantillas de profesionales y mejorar la atención y los servicios dirigidos a las personas en situación de dependencia.
El modelo de financiación estatal se articula mediante dos mecanismos. El primero es el denominado nivel mínimo, consistente en una aportación fija por cada persona beneficiaria, cuya cuantía será duplicada. El segundo corresponde al nivel acordado, una financiación condicionada al cumplimiento de determinados compromisos por parte de las comunidades autónomas para garantizar que mantengan su propio esfuerzo inversor.
Como novedad, la reforma incorpora un mecanismo de corresponsabilidad financiera por el que las comunidades que reduzcan su aportación al sistema verán disminuida en la misma proporción la financiación estatal. De este modo, por cada euro que una comunidad deje de destinar a la dependencia, el Estado reducirá en otro euro la transferencia correspondiente. La nueva legislación también establece que la Administración General del Estado deberá asumir, como mínimo, el 50% de la financiación del sistema de dependencia, reforzando así el compromiso estatal con este servicio público.
A pesar del amplio respaldo parlamentario, algunos grupos políticos han expresado dudas sobre la sostenibilidad económica de la reforma. El Partido Popular cuestionó la ausencia de una memoria económica que detalle la financiación futura y recordó la existencia de reclamaciones por parte de las comunidades autónomas relacionadas con recursos pendientes destinados al sistema de dependencia.
En el ámbito de las prestaciones, la reforma introduce importantes novedades para los beneficiarios. A partir de ahora será posible compatibilizar distintas ayudas y servicios para una misma persona, se reconoce legalmente la figura del cuidador principal y del cuidador no profesional -incluyendo a personas del entorno cercano que, sin vínculo familiar, asumen tareas de cuidado- y la teleasistencia pasa a configurarse como un derecho garantizado. Además, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la dependencia se reduce de seis a tres meses.
La reforma de la Ley General de Discapacidad también incorpora cambios relevantes. Las personas con grado I de dependencia obtendrán automáticamente un reconocimiento del 33% de discapacidad, mientras que quienes tengan reconocido un grado II o III podrán acceder a un grado de discapacidad del 65%. Asimismo, la norma reconoce la accesibilidad universal como un derecho y prohíbe que las entidades aseguradoras incrementen el precio de los seguros de hogar o de salud por razón de discapacidad.
By visiting this website or by using the mobile app we may use and store information in your browser in the form of cookies. These include information that is strictly necessary for the operation and navigation of the website and, therefore, cannot be deactivated.
As we respect your privacy, through the cookie settings panel you can accept or reject cookies by clicking on the corresponding box. For more information or to consult the complete list of cookies consult our Cookies policy.
Necessary technical cookies
These cookies are strictly necessary for the correct operation and navigation of the user through the website, as well as to remember cookie preferences and, therefore, it is not possible to deactivate them. They do not store any personally identifiable information permanently.
Performance Cookies
Performance cookies allow us to know the level of recurrence of our visitors and carry out the measurement and statistical analysis of the use of our service in order to improve its performance. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous.
