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(Cinco Días, 29-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV quiere poner coto a los consejeros independientes de las empresas cotizadas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (Comisión Nacional del Mercado de Valores) está trabajando en una profunda reforma del gobierno corporativo de las empresas cotizadas. El organismo supervisor prepara un nuevo código de buen gobierno, actualmente en discusión con un grupo de expertos y todavía abierto a cambios, del que ya existe un borrador al que ha tenido acceso este periódico. Una de las principales líneas del texto es reforzar la independencia real de los consejeros independientes, de forma que actúen como auténticos representantes de los pequeños accionistas y no como figuras próximas a la dirección que los propone. En este sentido, se incluyen restricciones a las retribuciones de estos consejeros para garantizar que su labor no esté condicionada por intereses distintos a los de los inversores minoritarios. La CNMV inició a finales del año pasado la elaboración de una nueva versión del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, cuya última revisión data de 2020. El objetivo inicial era adaptarlo a los cambios normativos y tecnológicos, con un calendario que situaba su desarrollo a lo largo de 2026 y su consulta pública en el primer trimestre de 2027. Sin embargo, el organismo ya dispone de borradores preliminares que están siendo analizados por el comité de expertos, por lo que el texto final aún no está cerrado. Aunque este código no es de cumplimiento obligatorio, sus recomendaciones tienen un fuerte impacto en el mercado, ya que son tenidas muy en cuenta por inversores institucionales y asesores de voto. Las empresas que no las siguen deben justificar públicamente su decisión. Ejemplos anteriores muestran su influencia, como en el impulso para aumentar la presencia de mujeres en los consejos de administración, donde se fijó una recomendación mínima del 40%. El borrador de febrero dedica especial atención a los consejeros independientes. Reitera la recomendación de que al menos la mitad del consejo esté formado por este tipo de consejeros, que los ejecutivos sean los mínimos necesarios y que los dominicales no superen el peso proporcional de los accionistas que representan. La principal novedad es la introducción de límites a la retribución de los consejeros independientes. En concreto, se plantea que sus ingresos por pertenecer al consejo no superen el 10% de su patrimonio neto ni el 25% de su renta anual total. Además, se restringe el acceso a este cargo a quienes hayan mantenido relaciones comerciales relevantes con la empresa en los últimos 36 meses. El documento también refuerza el papel de la comisión de nombramientos, que deberá justificar la independencia de cada consejero tanto en el momento de su designación o reelección como de forma anual, con un análisis crítico basado en la finalidad del cargo. El consejo no podrá clasificar como independiente a un consejero si dicha comisión emite una valoración negativa. El texto subraya la función de estos consejeros como garantes frente a posibles conflictos de interés entre directivos y accionistas, así como entre distintos tipos de accionistas, y defiende que deben constituir una mayoría amplia dentro del consejo de administración. El borrador todavía no es definitivo y sigue sometido a revisión por parte del comité de expertos, coordinado por el presidente del supervisor, Carlos San Basilio, junto a la vicepresidenta del organismo, Paloma Marín. En este grupo también participan representantes de instituciones como la Secretaría de Estado de Economía, la Abogacía del Estado, el Banco de España (Banco de España), así como firmas legales como Garrigues y Uría Menéndez y asociaciones sectoriales como la AEB, CECA, Inverco o Unespa. La previsión es que el documento salga a consulta pública en el primer trimestre de 2027, durante un periodo aproximado de tres meses, tras lo cual se incorporarán las aportaciones recibidas antes de su versión definitiva. El borrador también incluye una recomendación relevante para las grandes cotizadas: aquellas con más de 500 millones de capitalización deberían separar las funciones de presidente del consejo y consejero delegado, reservando al primero un papel no ejecutivo centrado en la supervisión y representación. De aplicarse, esta medida afectaría al modelo de gobierno de grandes compañías del Ibex 35 como Banco Santander (Banco Santander), BBVA (BBVA), Iberdrola (Iberdrola) o Telefónica (Telefónica), cuyos principales directivos tendrían que optar entre mantener la presidencia del consejo o asumir funciones ejecutivas como consejeros delegados. Esta orientación se alinea con modelos de gobierno corporativo más habituales en el Reino Unido, donde el presidente del consejo ejerce funciones de coordinación sin intervenir en la gestión diaria. Además, en el ámbito financiero europeo, el Banco Central Europeo (Banco Central Europeo) también estudia recomendaciones similares para las entidades bancarias, en la línea de reforzar la separación entre supervisión y gestión ejecutiva.

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(El País, 29-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de las casas toca un nuevo techo tras dispararse casi un 14% en el arranque de 2026

La crisis de la vivienda sigue agravándose en un contexto marcado por el fuerte aumento de los precios. El coste de las viviendas continúa creciendo a gran velocidad y acumula nuevos máximos históricos. Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 2.315,7 euros durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento interanual del 13,8%. Se trata del valor más elevado desde que existen registros oficiales de esta estadística, cuya serie histórica comenzó en 1995. Desde que en el tercer trimestre de 2025 se superara el récord previo alcanzado en 2008, los precios han seguido aumentando trimestre tras trimestre. También la vivienda protegida ha alcanzado cifras históricas, con un valor medio de 1.222,3 euros por metro cuadrado, aunque en este caso el incremento anual es más moderado, del 4,5%, en comparación con la vivienda libre. La evolución de los precios refleja una tendencia de crecimiento prácticamente constante durante la última década, interrumpida solo de forma puntual por el impacto de la pandemia en 2020. No obstante, el ritmo de subida se ha intensificado especialmente en los últimos años. Si se comparan los datos de comienzos de 2016 con los actuales, el precio medio del metro cuadrado se ha revalorizado un 55,2%, muy por encima del incremento acumulado del índice de precios de consumo, que en el mismo periodo se situó en torno al 32%, según el INE. En paralelo, la vivienda protegida también ha mantenido una trayectoria ascendente, aunque más gradual. Entre enero y marzo de 2026, el precio medio de este tipo de inmuebles se situó en torno a los 1.222 euros por metro cuadrado, apenas 21 euros más que el trimestre anterior. Aun así, esta cifra representa igualmente un máximo histórico para esta categoría, cuyos registros comienzan en 2005. Madrid lidera el encarecimiento de la vivienda y se consolida como el territorio con los precios más elevados del país. En el primer trimestre del año, el valor medio del metro cuadrado ya supera los 4.000 euros. Baleares se sitúa muy cerca, con 3.885,6 euros, mientras que el País Vasco ocupa el tercer lugar, con 3.069,3 euros. A nivel provincial, Gipuzkoa alcanza los 3.419,7 euros y Barcelona los 3.207,7 euros por metro cuadrado, manteniéndose entre los mercados más tensionados. En el lado opuesto se encuentran algunas provincias del interior peninsular, donde los precios siguen siendo significativamente más bajos. Ciudad Real registra un valor medio de 827,5 euros por metro cuadrado, seguida de Jaén, con 898,2 euros, y Zamora, con 933,7 euros. Por comunidades autónomas, los precios más reducidos corresponden a Extremadura, con 970,5 euros por metro cuadrado, Castilla-La Mancha, con 1.172,3 euros, y Castilla y León, con 1.290,6 euros. Si se analiza la evolución de los precios en términos interanuales, el mayor dinamismo se concentra en territorios que tradicionalmente no figuraban entre los más caros. Segovia lidera las subidas con un incremento del 19,1%, seguida de Valencia, con un 18,8%, y Cantabria, con un 17,4%. Esta evolución refleja cómo las tensiones inmobiliarias se están extendiendo a nuevas zonas más allá de los grandes núcleos tradicionalmente tensionados. Por el contrario, las subidas más moderadas se registran en Badajoz, con un aumento del 5%, en el conjunto de Extremadura, con un 6,3%, y en Lleida, donde los precios crecieron un 7,8% respecto al mismo trimestre del año anterior.

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(La Vanguardia, 29-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España espera 6.500 millones de euros de los Fondos europeos de Recuperación

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció este jueves que la Comisión Europea se encuentra en la fase final de evaluación de la solicitud presentada por España para recibir un sexto desembolso de los fondos europeos de recuperación, por un importe neto cercano a los 6.500 millones de euros. El ministro confía en que la validación llegue "en las próximas semanas". Durante una jornada sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia organizada por el PSOE en el Senado, Cuerpo destacó que España continúa siendo el país de la Unión Europea con mayor número de hitos y objetivos cumplidos, un total de 265, y señaló que Bruselas está revisando actualmente otros 78 compromisos vinculados a esta nueva petición de fondos. El responsable económico del Gobierno defendió que el Plan de Recuperación ha resultado "un éxito" tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea, al considerar que las instituciones comunitarias han sabido responder a la crisis derivada de la pandemia mediante políticas destinadas a reforzar la resiliencia económica y acelerar la modernización productiva. La solicitud del sexto desembolso fue remitida formalmente en marzo y contempla un importe bruto total de 7.256 millones de euros. De esa cifra, 6.205 millones corresponden a transferencias no reembolsables y 1.051 millones a préstamos, aunque el importe neto final ronda los 6.500 millones. España recibirá estos recursos una vez que la Comisión Europea concluya la verificación de los 78 hitos y objetivos asociados a esta fase del plan, de los cuales 69 están vinculados a transferencias y nueve a préstamos. Según subrayó Carlos Cuerpo, cuando se complete este proceso España habrá alcanzado aproximadamente el 75% de los fondos asignados dentro del Plan de Recuperación. Desde el Ministerio de Economía destacan que esta sexta solicitud se caracteriza por incluir reformas legislativas de gran alcance y proyectos de inversión que ya están teniendo impacto sobre el tejido productivo. Entre las áreas prioritarias figuran la movilidad sostenible y la descarbonización, las políticas de vivienda, el fortalecimiento de la protección social y del sistema sanitario, así como la transformación industrial y digital. Con este nuevo avance, España entra en la fase final del despliegue de los fondos Next Generation EU, quedando pendientes únicamente los recursos correspondientes al séptimo y último tramo del programa. Hasta ahora, el Gobierno asegura haber movilizado alrededor de 74.800 millones de euros para poner en marcha las distintas convocatorias del Plan de Recuperación. De esa cantidad, ya se han adjudicado 67.000 millones en convocatorias cerradas. Según explicó Cuerpo, esos fondos han beneficiado a cerca de un millón y medio de receptores, de los cuales el 70% son micropymes y pequeñas y medianas empresas. El ministro destacó que esta distribución refleja el elevado grado de capilaridad y alcance del plan dentro de la economía española. El titular de Economía señaló además que el Ejecutivo afronta ahora "la última milla" del programa, centrando sus esfuerzos en culminar la ejecución de los fondos pendientes y maximizar el aprovechamiento de esta oportunidad de inversión. Al mismo tiempo, apuntó a la necesidad de empezar a preparar el escenario posterior al actual plan europeo, con iniciativas como el fondo soberano "España Crece" y las futuras negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea.

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(El Periódico, 29-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se estabiliza en mayo en el 3,2% y aguarda el impacto de la retirada de las ayudas energéticas

La inflación parece entrar en una fase de cierta estabilidad. En mayo, la tasa de incremento de los precios se mantuvo en el 3,2%, el mismo nivel que en el mes anterior, en un escenario aún condicionado por la incertidumbre energética vinculada al conflicto en Irán. El dato adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística) refleja una situación de equilibrio temporal, tanto en el ámbito geopolítico -con negociaciones de alto el fuego aún abiertas y versiones contradictorias entre Estados Unidos e Irán- como en el terreno de las políticas públicas, donde siguen vigentes medidas de apoyo que están próximas a expirar de forma parcial. A la espera de la estadística definitiva que se publicará en las próximas semanas, la evolución de los precios muestra fuerzas contrapuestas. Por un lado, el encarecimiento del petróleo sigue presionando al alza los costes de los carburantes, afectando directamente al consumidor. Por otro, la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se ha mantenido sin cambios, lo que sugiere que, por ahora, no se está produciendo un traslado generalizado de las tensiones de costes al conjunto de la cesta de la compra. Esta contención se ha visto acompañada por la moderación en otros componentes como el vestido y el calzado, así como por la estabilidad en el precio de la electricidad, favorecida según el Gobierno por la elevada penetración de energías renovables. En paralelo, la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, se situó en el 2,9%, una décima por encima del registro de abril. El dato llega además en un momento clave desde el punto de vista fiscal, ya que en los próximos días comenzará la retirada progresiva de algunas medidas de alivio. A partir del 1 de junio dejará de aplicarse la reducción del IVA de la electricidad, que había pasado del 21% al 10%, así como la rebaja del impuesto especial eléctrico y el tipo reducido del IVA para el gas natural y otros combustibles domésticos como pellets, briquetas o leña. No obstante, otras medidas vinculadas a los carburantes seguirán vigentes, como los tipos reducidos en el impuesto sobre hidrocarburos, el IVA reducido para gasolinas y gasóleos o la devolución parcial del gasóleo profesional, al menos hasta finales de junio. También continúan activas distintas ayudas sectoriales, como las destinadas a agricultores y transportistas, además de los descuentos reforzados del bono social eléctrico. La eliminación parcial de estos apoyos puede introducir nuevas presiones inflacionistas en los próximos meses, ya que, según estimaciones del Gobierno, estas medidas han contribuido a contener el IPC en torno a un punto porcentual, actuando como un amortiguador temporal sobre la evolución de los precios.

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(Cinco Días, 28-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los inversores frenan su apetito por la deuda española ante el temor a tipos más altos

Los mercados atraviesan momentos de máxima tensión. Los recientes ataques de Estados Unidos contra posiciones iraníes y la ofensiva israelí en Líbano han vuelto a evidenciar lo delicado del alto el fuego en la región. A pesar de ello, los inversores continúan confiando en que pueda alcanzarse algún tipo de acuerdo diplomático. La volatilidad sigue dominando la evolución de los activos financieros, aunque en los últimos días se percibe una cierta mejoría en el sentimiento del mercado. Después de varias sesiones marcadas por el aumento de las expectativas de inflación y de tipos de interés, que provocaron ventas tanto en bolsa como en deuda, empieza a abrirse paso una mayor tranquilidad. En este escenario, el Tesoro español ha decidido aprovechar la mejora del entorno para continuar con su estrategia de financiación. Tras completar las emisiones ordinarias previstas para mayo, el organismo ha optado por acudir al mercado mediante una colocación sindicada de deuda. A diferencia de las subastas habituales, este tipo de operaciones se ejecutan de forma más flexible y cuentan con la participación de varias entidades financieras encargadas de colocar directamente los bonos entre los inversores. La operación contempla una emisión de entre 12.000 y 13.000 millones de euros y ha despertado un elevado interés desde el inicio. Nada más abrirse el libro de órdenes, la demanda superaba los 78.000 millones de euros y, poco después, ya rebasaba los 130.000 millones. Esta fuerte acogida ha permitido mejorar las condiciones de financiación: el diferencial inicial de ocho puntos básicos sobre el bono español a diez años se redujo rápidamente hasta seis puntos. Pese a ello, el contexto internacional sigue condicionando el apetito inversor. Aunque la economía española mantiene una buena imagen entre los mercados internacionales, la incertidumbre derivada de la guerra y su posible impacto sobre la inflación y el crecimiento económico ha moderado el entusiasmo respecto a operaciones anteriores. La última emisión sindicada a diez años recibió órdenes por valor de 144.900 millones de euros, mientras que la referencia a 30 años colocada un mes después registró una demanda de 119.000 millones. La alteración de las cadenas de suministro globales se ha convertido ya en una realidad evidente. Dos meses y medio después del inicio de la crisis en Oriente Próximo, y con la presión creciente sobre rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, los organismos internacionales han comenzado a rebajar sus previsiones económicas. El diagnóstico general apunta a una desaceleración del crecimiento mundial. Aun así, España continúa mostrando un comportamiento relativamente sólido dentro de este entorno complejo. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía española crezca un 2,1% este año, por debajo del 2,8% estimado para 2025, pero claramente por encima del 1,1% previsto para el conjunto de la eurozona. La Comisión Europea mantiene incluso una visión más favorable y sitúa el crecimiento en el 2,4%, ligeramente por encima de las previsiones oficiales del Gobierno. Sin embargo, la economía española tampoco escapa a la incertidumbre monetaria ni al clima político. La deuda pública sigue siendo bien recibida por los inversores, aunque también refleja el impacto de unas expectativas de tipos de interés más elevados. En las últimas sesiones, la rentabilidad del bono español se ha relajado ligeramente, siguiendo la tendencia observada en otras referencias como la alemana o la estadounidense. Aun así, continúa algo por encima de los niveles registrados a comienzos de año, cuando el mercado esperaba una política monetaria más gradual por parte del Banco Central Europeo. Con la próxima reunión del BCE en el horizonte, los inversores dan prácticamente por hecho un nuevo movimiento por parte de Christine Lagarde. No obstante, algunos expertos, como Enguerrand Artaz, estratega de La Financière de l'Échiquier, alertan de que subir tipos en el contexto actual podría reproducir errores cometidos en 2008 y 2011, cuando el BCE endureció su política monetaria en plena desaceleración económica. En su opinión, no existen razones suficientes para asumir ese riesgo. Otros analistas consideran incluso que, de no haberse producido el fuerte repunte inflacionario de 2022, los bancos centrales optarían ahora por una postura mucho más prudente. A la incertidumbre internacional se suma además el deterioro del escenario político interno. El Gobierno todavía no ha conseguido aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la agencia Fitch ya ha advertido de las crecientes dificultades para lograr los apoyos necesarios. La pérdida de respaldo parlamentario y el aumento de la tensión política han vuelto a alimentar las especulaciones sobre un posible adelanto electoral, una hipótesis que el Ejecutivo rechaza y que, por el momento, no parece estar reflejada en los mercados. La prima de riesgo española, uno de los principales indicadores de confianza financiera, permanece estable por debajo de los 45 puntos básicos.

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(Expansión, 28-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE aprieta a la banca para que diseñe su defensa contra ataques con IA

El Banco Central Europeo (BCE) ha incrementado la presión sobre la banca para que acelere la adaptación de sus sistemas frente a los riesgos derivados de los nuevos modelos de inteligencia artificial, como Mythos, desarrollado por la firma estadounidense Anthropic. El supervisor reunió el pasado martes a unos 300 representantes de entidades financieras, asociaciones empresariales y organismos públicos en una cumbre extraordinaria centrada en esta amenaza. La finalidad del encuentro fue concienciar tanto a los bancos como a las autoridades sobre la magnitud del problema, ya que estos modelos de IA han demostrado ser capaces de detectar y explotar rápidamente vulnerabilidades en los sistemas de las entidades financieras. La reunión estuvo encabezada por Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y vicepresidente del Consejo de Supervisión bancaria. Fuentes próximas al encuentro aseguran que el organismo trasladó a los bancos su intención de empezar a remitir comunicaciones formales en las que solicitará, entre otras cuestiones, planes específicos de protección frente a posibles ciberataques impulsados mediante inteligencia artificial. La iniciativa supone un nuevo avance dentro del proceso supervisor en torno a un asunto que se ha convertido en una de las mayores amenazas para la estabilidad financiera en muy poco tiempo. Durante la cumbre se compartieron experiencias sobre este tipo de ataques, así como información y retos comunes a los que se enfrenta el sector. El BCE también trabaja en la recopilación de buenas prácticas relacionadas con la defensa frente a ataques potenciados por IA. La institución estudia elaborar una guía que pueda servir de referencia al resto de entidades para elevar sus estándares de seguridad, siguiendo una metodología similar a la aplicada anteriormente en ámbitos como la gestión de créditos dudosos. Según ha podido saber EXPANSIÓN, al encuentro acudieron todos los bancos españoles de gran y mediano tamaño. Asimismo, representantes de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías participaron en nombre de la Comisión Europea. El BCE convocó principalmente a perfiles técnicos de las entidades, como responsables de sistemas y directores de tecnología, es decir, los ejecutivos encargados de la infraestructura digital y de desarrollar los mecanismos de defensa y los protocolos de protección frente a estos nuevos riesgos. El supervisor también insistió en la necesidad de reforzar las inversiones en ciberseguridad, una cuestión sobre la que ya había advertido tras publicar los resultados de los test de estrés de ciberresiliencia realizados recientemente. Los principales directivos bancarios reconocen la preocupación existente por el impacto que puede tener Mythos en el ámbito de la inteligencia artificial. Marc Armengol, nuevo consejero delegado de Sabadell, afirmó en un encuentro organizado por IESE y FTI Consulting que la IA debe implantarse con una adecuada gobernanza y que habrá diferencias entre las entidades que gestionen correctamente esta transformación y las que lo hagan de manera improvisada. Por su parte, el presidente de Kutxabank, Antón Arriola, admitió que las entidades financieras se sienten especialmente expuestas ante este tipo de amenazas. La inquietud entre bancos y reguladores europeos es aún mayor porque, por ahora, no tienen acceso a Mythos. El sector espera poder utilizar la herramienta a lo largo del verano mediante un sistema de pago. Fuentes financieras señalan que existe preocupación porque actualmente solo determinadas entidades, ninguna de ellas europea, pueden utilizar este sistema, lo que consideran una amenaza competitiva y de seguridad. También advierten de que, mientras no dispongan de esta tecnología, podría resentirse la calidad de los trabajos de protección frente a ciberriesgos debido a la aceleración de los tiempos y a la falta de capacidad para realizar pruebas adecuadas. Aun así, la banca se muestra dispuesta a colaborar para afrontar este nuevo escenario, aunque teme que la amenaza derivada de la inteligencia artificial sirva de argumento para endurecer las exigencias regulatorias. Desde distintas asociaciones empresariales sostienen que el desafío debe abordarse principalmente desde la resiliencia operativa y la supervisión, más que mediante nuevas normas regulatorias. Por ello, consideran prioritario reforzar capacidades esenciales como la detección y respuesta ante incidentes, la gestión de actualizaciones de seguridad y la resiliencia cibernética.

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(El País, 28-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El número de hipotecas firmadas en el primer trimestre del año superó las 131.000, la cifra más alta en 15 años

El mercado inmobiliario ha comenzado el año mostrando algunos signos de desaceleración, con un descenso de las compraventas respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, esta moderación todavía no se refleja en otros indicadores clave. Uno de los más representativos es el volumen de hipotecas concedidas durante el primer trimestre de 2026. Según los datos publicados este miércoles por el INE, entre enero y marzo se firmaron 131.554 préstamos hipotecarios para la compra de vivienda, lo que supone un aumento del 9,7% en comparación con el mismo periodo de 2025 y el mejor arranque de año desde 2011. La evolución positiva se explica por el crecimiento continuado registrado en enero, febrero y marzo respecto a los mismos meses del año pasado. Solo en marzo se formalizaron 46.661 hipotecas, cerca de 4.000 más que un año antes y la segunda cifra más elevada para ese mes desde 2010. El importe medio de los préstamos alcanzó los 174.132 euros, un 10,1% más que en 2025, reflejando tanto el encarecimiento de la vivienda como unas condiciones financieras todavía relativamente favorables. El tipo de interés medio de las hipotecas constituidas en marzo fue del 2,84%, ligeramente inferior al 2,97% registrado un año antes. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran ciertas similitudes entre el comportamiento actual del mercado hipotecario y el registrado en 2010 y 2011. De hecho, para encontrar cifras superiores en los primeros meses del año hay que remontarse quince años atrás. Aun así, el contexto es muy distinto. En aquellos ejercicios, el mercado inmobiliario todavía acusaba el impacto de la burbuja previa y se encontraba en plena fase de ajuste tras el estallido de la crisis financiera. La actividad fue reduciéndose progresivamente hasta tocar fondo entre 2013 y 2014, antes de iniciar una recuperación a partir de 2015 que se ha intensificado especialmente tras la pandemia. También existen diferencias importantes desde el punto de vista normativo. Después de la Gran Recesión, el mercado hipotecario experimentó cambios regulatorios relevantes, con mayores exigencias para acceder a financiación y la desaparición de incentivos fiscales como la deducción por compra de vivienda habitual. Las entidades financieras endurecieron los criterios de concesión, limitando el importe de los préstamos en función del valor del inmueble y de la capacidad económica del comprador. Como consecuencia, acceder hoy a una hipoteca resulta, en términos generales, más complicado que hace tres lustros. El actual dinamismo hipotecario responde menos a estímulos fiscales o financieros y más a la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa España, un fenómeno compartido en mayor o menor medida por otras economías desarrolladas. La elevada demanda, unida a las dificultades crecientes para acceder al mercado del alquiler, mantiene la presión sobre la compra de vivienda y sostiene la actividad hipotecaria pese al encarecimiento de los inmuebles. A ello se suma la estabilidad que han mostrado los tipos de interés durante el primer trimestre, con variaciones mínimas entre enero y marzo pese al complejo escenario económico y geopolítico internacional. No obstante, el panorama podría cambiar en los próximos meses. Aunque el Banco Central Europeo mantuvo los tipos en el 2% tras acordar a finales de abril una nueva pausa en las subidas, el organismo dejó entrever un tono más restrictivo y no descartó futuras alzas. Si finalmente el BCE decide endurecer la política monetaria para contener la inflación derivada del conflicto con Irán y la crisis energética provocada por el cierre del estrecho de Ormuz, la presión sobre el mercado inmobiliario podría intensificarse aún más. De hecho, el incremento del importe medio de las hipotecas ya refleja el encarecimiento sostenido de la vivienda: los 174.132 euros de media registrados en marzo superan en 852 euros la cifra de febrero y en 4.663 euros la de enero. El crecimiento de la actividad hipotecaria se ha extendido además a casi todo el país. Solo cinco comunidades autónomas -País Vasco, Castilla y León, Canarias, La Rioja y Baleares- registraron menos hipotecas durante el primer trimestre que un año antes. Entre las regiones donde sí aumentó la actividad, la Comunidad de Madrid lideró el avance con 3.506 préstamos más, seguida de Cataluña, con 2.618 adicionales, y Andalucía, con 2.589 más.

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(El Economista, 28-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El comercio mundial de Gas Natural Licuado se dispara un 5% impulsado por Europa

El comercio global de gas natural licuado (GNL) ha recuperado su dinamismo en 2025 y ha alcanzado nuevos máximos históricos. Según el informe anual del Grupo Internacional de Importadores de GNL (GIIGNL), el volumen total se situó en 428 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 5% respecto al año anterior. Este avance responde a una reconfiguración del mercado internacional, impulsada por la recuperación de la demanda en Europa y por el aumento de la oferta, especialmente procedente de Estados Unidos. Asia se mantiene como la principal región importadora, con 271 millones de toneladas y una cuota del 63% del consumo mundial, aunque sus importaciones descendieron un 4%. Este retroceso se explica, sobre todo, por la caída de la demanda china, que se redujo un 15% hasta los 67 millones de toneladas, influida por mayores suministros de gas ruso por gasoducto y por un incremento de la producción interna. India también redujo sus compras un 6%, hasta 25,3 millones de toneladas, debido a una menor demanda en sectores clave como los fertilizantes y la generación eléctrica. En contraste, Japón y Corea del Sur mantuvieron niveles estables, con 65,9 y 48,7 millones de toneladas respectivamente, ya que el mayor uso de energía nuclear en Japón y la competencia del carbón en ambos países moderaron el consumo de gas. Taiwán, por su parte, aumentó sus importaciones un 11%, hasta 23,5 millones de toneladas, impulsada por el cierre de su parque nuclear y la puesta en marcha de nueva infraestructura de regasificación. Europa se convirtió en el principal motor del crecimiento global del GNL en 2025. Sus importaciones aumentaron un 29%, hasta 126 millones de toneladas, debido a factores como el fin del tránsito de gas ruso por Ucrania, bajos niveles de almacenamiento al inicio del año y un aumento del 12% en el consumo de gas para generación eléctrica. Países Bajos, Italia, Francia, Bélgica y España lideraron este crecimiento, con incrementos individuales de entre 3 y 5 millones de toneladas. En el caso español, las importaciones subieron en 3,4 millones de toneladas hasta los 16,2 millones, impulsadas por un invierno más frío y un mayor uso del gas en el sistema eléctrico. Estados Unidos aportó el 45% del suministro europeo, mientras que Rusia representó el 17%. En América, las importaciones de GNL disminuyeron un 17%, hasta 12,3 millones de toneladas, volviendo a niveles de 2023. Brasil redujo sus compras hasta 1,9 millones de toneladas gracias al aumento de la generación hidroeléctrica y de la producción nacional de gas. Colombia también registró una caída hasta 1,4 millones de toneladas tras la normalización de las condiciones hídricas después del impacto de El Niño en 2024. México redujo sus importaciones hasta 0,4 millones de toneladas, a medida que el desarrollo de infraestructuras de gasoductos permitió un mayor acceso directo al gas estadounidense. También se observaron descensos en Chile, República Dominicana, Jamaica y Puerto Rico. En Oriente Medio y África, las importaciones de GNL casi se duplicaron, pasando de 11,3 a 18,2 millones de toneladas. Egipto concentró prácticamente todo el aumento, con un salto hasta 9,2 millones de toneladas debido al descenso de la producción interna y a limitaciones en el suministro por gasoducto. Estados Unidos fue su principal proveedor, con 8,5 millones de toneladas. Baréin entró por primera vez como importador tras la llegada de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación. Emiratos Árabes Unidos redujo ligeramente sus compras, mientras que Jordania y Kuwait se mantuvieron estables. En el lado de la oferta, Estados Unidos consolidó su posición como líder mundial del GNL. Las exportaciones de la cuenca atlántica alcanzaron 176,2 millones de toneladas, un 12% más, impulsadas principalmente por el aumento de 24 millones de toneladas en las ventas estadounidenses, que llegaron a 109 millones. También contribuyeron incrementos en algunos productores del África subsahariana, aunque otros países como Rusia, Argelia, Noruega, Egipto, Guinea Ecuatorial y Trinidad y Tobago registraron descensos. Las exportaciones de Oriente Medio se mantuvieron prácticamente estables, con 97,1 millones de toneladas. Catar y Omán sostuvieron niveles sólidos, mientras que Emiratos Árabes Unidos experimentó una leve caída. La región sigue orientando la mayor parte de sus ventas hacia Asia, que concentra el 84% de sus exportaciones. Finalmente, la cuenca del Pacífico exportó 154,6 millones de toneladas, con un crecimiento marginal del 1%. Las caídas en Australia e Indonesia fueron compensadas parcialmente por el inicio de operaciones de LNG Canada y por mejoras en Papúa Nueva Guinea y Mozambique, mientras que Malasia, Perú y la Rusia asiática mantuvieron niveles estables.

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(Cinco Días, 27-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa quiere que el ahorro embalsado en cuentas y depósitos bancarios sin apenas remuneración se transfiera a activos de inversión

La Comisión Europea ha planteado un conjunto de medidas destinadas a impulsar la inversión en los mercados de capitales, entre las que sobresale la creación de una cuenta única de inversión. España ya trabaja en el desarrollo de este instrumento, que, según el sector financiero, debería incorporar incentivos fiscales atractivos para garantizar su éxito. El borrador del texto podría estar preparado antes del verano. Así lo ha señalado Carla Díaz Álvarez de Toledo, directora general del Tesoro y Política Financiera, durante la inauguración del Foro MedCap de BME. La responsable ha explicado que el Gobierno continúa avanzando en la elaboración del proyecto normativo y que, aunque todavía no existe un calendario cerrado, no se descarta que la propuesta vea la luz antes del verano tras incorporar las aportaciones realizadas por los distintos actores financieros. Díaz Álvarez de Toledo ha confirmado que el nuevo producto contará con ventajas fiscales, tal y como vienen reclamando tanto las instituciones europeas como el propio sector financiero, aunque evitó concretar cuáles serán esos incentivos. Según explicó, el objetivo es que la cuenta única de inversión favorezca la competencia entre distintos proveedores financieros. En este sentido, defendió la participación no solo de bancos, sino también de aseguradoras y firmas de servicios de inversión, al considerar que una mayor competencia contribuirá a reducir costes y mejorar la experiencia del cliente. La directora general del Tesoro destacó además que los hogares españoles atraviesan un momento de elevado ahorro, aunque recordó que cerca de dos tercios de ese capital continúa concentrado en activos inmobiliarios. La inversión en mercados de capitales apenas representa el 13% de la riqueza financiera de las familias españolas. Con este escenario, insistió en la necesidad de canalizar parte de ese ahorro hacia actividades productivas. A su juicio, Europa dispone de un gran volumen de ahorro privado, pero el desafío consiste en dirigirlo hacia proyectos europeos atractivos y competitivos. También defendió que la financiación bancaria debe complementarse con el desarrollo de los mercados de capitales y del capital riesgo. En este contexto, recordó que España forma parte del denominado Laboratorio de Competitividad europeo, que impulsa la llamada "etiqueta europea" para fomentar la inversión dentro de la Unión Europea. Durante el encuentro también intervino Juan Flames, consejero delegado de BME y responsable de BME Exchanges, quien subrayó la importancia de contar con empresas de mayor tamaño tanto en España como en Europa. Según explicó, los mercados de capitales deben desempeñar un papel clave para movilizar el ahorro hacia el sector privado. Flames destacó además que, pese a la incertidumbre geopolítica actual, continúan produciéndose operaciones bursátiles, ampliaciones de capital y movimientos corporativos relevantes. En lo que va de año, las empresas cotizadas españolas han llevado a cabo ampliaciones de capital por valor de 2.320 millones de euros, una cifra que multiplica por trece el volumen captado mediante salidas a Bolsa. Hasta ahora, TSK ha sido la única compañía que ha debutado en el mercado bursátil este año, con una captación inicial de 150 millones de euros, ampliable en otros 22,5 millones si se ejecuta la opción de sobreasignación por parte de las entidades colocadoras. El responsable de BME recordó que la Bolsa constituye una infraestructura esencial para garantizar el acceso a financiación a largo plazo y destacó que los mercados gestionados por BME acompañan a las compañías antes, durante y después de su incorporación al parqué. El Foro MedCap, que se celebra estos días, reúne a más de un centenar de empresas y a más de 170 inversores, con el objetivo de conectar a inversores europeos con compañías españolas de mediana y pequeña capitalización.

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(Cinco Días, 27-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV urge a las gestoras a adaptar su operativa para ejecutar traspasos en un día

El sector de los fondos de inversión se prepara para afrontar una transformación operativa de gran relevancia. Una nueva regulación europea obligará a las gestoras a liquidar las operaciones en un plazo de un solo día hábil, frente a los dos días actuales. Aunque el cambio pueda parecer técnico, implica profundas adaptaciones tecnológicas y organizativas para toda la industria de gestión de activos. Ante este escenario, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha pedido a las gestoras españolas que aceleren su preparación y ha advertido de que quienes no se adapten podrían quedar fuera del mercado al no poder operar con el resto de entidades. La modificación gira en torno al denominado modelo T+1. Bajo este sistema, una operación de compra o venta ejecutada, por ejemplo, un martes, debe quedar liquidada al siguiente día hábil, es decir, el miércoles. Actualmente, el plazo estándar en Europa es T+2. La transición está siendo impulsada por Autoridad Europea de Valores y Mercados y su implantación definitiva está prevista para octubre de 2027. Desde la CNMV reconocen cierta inquietud porque no todas las entidades están avanzando al mismo ritmo en la adaptación. La adopción del nuevo modelo obligará a gestoras, depositarios y plataformas de distribución a modernizar sus sistemas para agilizar la tramitación de suscripciones, reembolsos y movimientos de efectivo. Esto requerirá mayores niveles de automatización y una coordinación mucho más estrecha entre mercados y participantes financieros. El nuevo sistema también busca reducir riesgos operativos y de contraparte, ya que disminuye el tiempo en el que las operaciones permanecen pendientes de liquidación. Para los inversores, la principal consecuencia será una mayor rapidez en la disponibilidad de los fondos y en la ejecución de operaciones, especialmente en productos vinculados a mercados internacionales o activos cotizados. Actualmente, al depender de calendarios de días hábiles distintos según el mercado, la venta de fondos puede demorarse más de lo esperado. En carteras con inversiones repartidas entre plazas como Nueva York, Tokio o Europa, los diferentes festivos pueden retrasar el abono del dinero hasta cuatro o cinco días después de realizar la operación. Wall Street ya implantó el sistema T+1 hace dos años, aunque históricamente la Bolsa estadounidense había trabajado con ese modelo décadas atrás antes de ampliar los plazos de liquidación. Reducir el tiempo entre la ejecución y la liquidación disminuye el riesgo de incidencias que puedan afectar al valor de la operación o a alguna de las partes implicadas. Durante un foro financiero organizado por KPMG y El Confidencial, San Basilio insistió en que las gestoras deben acelerar sus planes de adaptación e incluso apoyarse en socios tecnológicos especializados si fuera necesario. El encuentro contó con directivos de entidades como CaixaBank, Banco Santander y Kutxabank, además de representantes de firmas internacionales como BlackRock y Amundi. El presidente de la CNMV también abordó el proyecto europeo de creación de una unión de ahorro e inversiones, conocida como Savings and Investments Union (SIU), con la que Comisión Europea pretende avanzar hacia una mayor integración de los mercados de capitales. Entre las medidas que se estudian figura un refuerzo de las competencias supervisoras de la ESMA, que podría llegar a asumir funciones actualmente en manos de los reguladores nacionales en determinados casos, una propuesta que genera reticencias en países como Irlanda y Luxemburgo. Asimismo, el plan contempla simplificar algunas exigencias regulatorias, especialmente las relacionadas con información de sostenibilidad, y promover medidas que incentiven a los pequeños ahorradores a trasladar parte de su dinero desde depósitos y cuentas bancarias hacia los mercados de capitales europeos. Otra de las iniciativas prevé reforzar la supervisión europea sobre infraestructuras clave del mercado, incluidas Bolsas, cámaras de compensación y plataformas vinculadas a criptoactivos. Según explicó San Basilio, esta posibilidad genera resistencia entre algunos grandes operadores europeos, como Deutsche Börse, que rechazan quedar bajo la supervisión directa de un organismo centralizado con sede en París.

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