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(Cinco Días, 17-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas españolas prevén vender más bienes de equipo críticos a Ucrania tras la firma de acuerdos de cooperación en Kiev

El Gobierno está reforzando su estrategia para impulsar la participación de las empresas españolas en la reconstrucción de Ucrania mediante nuevos acuerdos de colaboración institucional y un importante paquete de financiación pública destinado a facilitar inversiones y proyectos empresariales en el país. Uno de los principales pasos ha sido la firma de un memorando de colaboración entre la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) y la Federación de Empresarios de Ucrania (FEU), suscrito durante la visita oficial a Kiev del ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. El acuerdo busca estrechar la cooperación entre ambos países y favorecer la participación de compañías españolas en los proyectos de reconstrucción de infraestructuras estratégicas. Las oportunidades de negocio abarcan ámbitos como las redes eléctricas, el transporte ferroviario, las infraestructuras hidráulicas y el tratamiento de agua, aunque también existen posibilidades de inversión directa, concesiones y alianzas con empresas locales. Según Sercobe, el potencial de colaboración se extiende a numerosos sectores económicos y no se limita únicamente a la exportación de bienes de equipo. La asociación, que agrupa a fabricantes de bienes de equipo y organizaciones sectoriales como las de material eléctrico e iluminación, ya mantenía actividad en Ucrania antes del inicio de la guerra, especialmente en proyectos relacionados con infraestructuras eléctricas y sistemas de tratamiento de agua. En los últimos años, además, ha aumentado el interés por el suministro de equipamiento vinculado al ámbito de la defensa. El memorando también contempla la creación de un Consejo Industrial conjunto, liderado por Sercobe y la patronal ucraniana, en el que participarán empresas e instituciones públicas y privadas de ambos países para coordinar iniciativas de cooperación y desarrollo industrial. Paralelamente, España se incorporará al instrumento internacional Industrial Ramstein, una iniciativa destinada a facilitar el suministro de maquinaria, equipos industriales y otros bienes necesarios para la reconstrucción del tejido productivo ucraniano. Desde el sector empresarial destacan que Ucrania representa un mercado con importantes perspectivas de crecimiento pese al conflicto bélico. Su proceso de aproximación a la Unión Europea exigirá adaptar gran parte de sus infraestructuras y servicios a los estándares comunitarios, lo que generará una elevada demanda de tecnología, ingeniería y equipamiento especializado. El respaldo financiero del Gobierno constituye otro de los pilares de esta estrategia. Durante su visita a Kiev, Carlos Cuerpo anunció la movilización de 570 millones de euros en instrumentos públicos destinados a respaldar a las empresas españolas interesadas en participar en la reconstrucción del país. Entre las principales medidas figura una línea de cobertura de 250 millones de euros a través de Cesce, otros 100 millones gestionados por Cofides para apoyar inversiones empresariales y dos líneas adicionales de 100 millones de euros cada una financiadas mediante el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), además de otros instrumentos de apoyo. La visita institucional también sirvió para celebrar la primera reunión del Comité Bilateral España-Ucrania, impulsado por las cámaras de comercio de ambos países. Este nuevo foro empresarial pretende facilitar el contacto entre compañías, promover proyectos conjuntos y favorecer la participación de empresas españolas en las iniciativas de modernización y reconstrucción que se desarrollarán en Ucrania durante los próximos años. El Ejecutivo considera que estas actuaciones no solo refuerzan el respaldo institucional a Ucrania en el contexto de la guerra, sino que también abren nuevas oportunidades para la internacionalización de las empresas españolas en un proceso de reconstrucción que movilizará miles de millones de euros y que previsiblemente se prolongará durante la próxima década.

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(Expansión, 17-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca gana un récord de 18.000 millones por el dinamismo comercial

Los seis principales bancos cotizados españoles afrontan la presentación de sus resultados semestrales con perspectivas de volver a marcar cifras récord. Según las previsiones del consenso de mercado recopiladas por Bloomberg, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja obtendrán conjuntamente más de 18.000 millones de euros de beneficio en el primer semestre de 2026, lo que supondría un incremento aproximado del 5,5% respecto al mismo periodo del año anterior y situaría al sector en disposición de encadenar un quinto ejercicio consecutivo de beneficios históricos. Pese a la incertidumbre derivada de la crisis en Oriente Próximo, las entidades consideran que, por el momento, el conflicto no está teniendo un impacto significativo sobre la actividad bancaria. Las estimaciones más optimistas, como las de Bank of America, sitúan el beneficio conjunto por encima de los 18.500 millones de euros, mientras que Barclays maneja una previsión algo más prudente, cercana a los 17.925 millones. Las expectativas apuntan a que prácticamente todas las entidades mejorarán sus resultados respecto al año pasado. Santander lideraría el crecimiento con un beneficio estimado de 7.321 millones de euros (+7,3%), seguido por BBVA con 5.949 millones (+10%), CaixaBank con 3.131 millones (+6%), Bankinter con 583 millones (+7,5%) y Unicaja con 343 millones (+1,5%). Sabadell sería la única excepción, con una ligera caída prevista del 1,5%, hasta unos 960 millones de euros. El calendario de presentación de resultados comenzará el 22 de julio con Santander. Bankinter publicará sus cifras el día 23, Sabadell el 24, CaixaBank el 29, BBVA el 30 y Unicaja cerrará la ronda el 31 de julio. Los analistas prevén que la evolución positiva de los resultados se apoye principalmente en la mejora del margen de intereses, el crecimiento de las comisiones y un control de los costes, pese al incremento de las inversiones tecnológicas y los procesos de reorganización interna emprendidos por algunas entidades. El margen de intereses podría aumentar alrededor de un 3%, favorecido por la evolución del euríbor, unos costes de financiación estables y una mayor demanda de financiación por parte de familias y empresas. En conjunto, los ingresos por intereses superarían los 46.500 millones de euros durante el semestre. Las comisiones seguirán siendo otro de los pilares de la rentabilidad, con unos ingresos superiores a los 12.400 millones de euros, impulsados por la comercialización de seguros, productos de inversión y servicios de gestión patrimonial. La calidad del crédito continúa siendo uno de los puntos fuertes del sector. Las previsiones sitúan la ratio media de morosidad en torno al 2,05%, con entidades como Bankinter manteniéndose incluso por debajo del 2%, lo que refleja un nivel de riesgo todavía contenido. En el lado de los costes, las entidades afrontan un aumento del gasto superior al 5% debido principalmente a las fuertes inversiones en transformación digital e inteligencia artificial. Los analistas seguirán de cerca la capacidad de los bancos para mantener la eficiencia y convertir el crecimiento del negocio en una rentabilidad sostenible, especialmente en un contexto de mayor competencia en la concesión de hipotecas y de creciente presión para modernizar sus infraestructuras tecnológicas.

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(Cinco Días, 16-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España acelera su preparación para el euro digital con una licitación de hasta 70 millones

El Banco de España ha puesto en marcha la mayor licitación pública relacionada hasta la fecha con el desarrollo del euro digital. El contrato, cuyo valor puede alcanzar los 70 millones de euros, tiene como objetivo incorporar un equipo especializado de ingenieros informáticos y arquitectos de sistemas que permita a la institución cumplir con los compromisos asumidos dentro del Eurosistema para el despliegue de esta nueva forma de dinero, cuya entrada en circulación se prevé para 2029. La licitación, publicada el pasado 10 de julio y ya abierta a la presentación de ofertas, contempla la contratación de servicios tecnológicos destinados a participar tanto en la fase de desarrollo como en el posterior mantenimiento y operación de la futura moneda digital emitida por el banco central. Se trata del sexto contrato tecnológico impulsado por el Banco de España desde 2023 en el marco del proyecto del euro digital, aunque supone un paso cualitativo respecto a los anteriores. Mientras las primeras adjudicaciones, obtenidas por empresas como Indra, Accenture o Inetum, estaban orientadas a labores de consultoría, investigación y diseño metodológico, el nuevo contrato se centra en el desarrollo e implantación efectiva de la infraestructura tecnológica. Los trabajos incluirán el desarrollo, implantación, mantenimiento y evolución de soluciones vinculadas al euro digital, así como proyectos de experimentación con monedas digitales de bancos centrales, procesamiento de datos en tiempo real, bases de datos distribuidas, interfaces gráficas y herramientas de análisis de información. El contrato tendrá una duración inicial de tres años a partir del 21 de abril de 2027, con la posibilidad de prorrogarse otros dos años. El presupuesto inicial asciende a 37,61 millones de euros, que se elevan a 45,51 millones con IVA. Si se ejecutan las prórrogas y las posibles modificaciones previstas, el importe total podría alcanzar los 70,2 millones de euros. Dada la envergadura del proyecto, el Banco de España exige una elevada capacidad económica y técnica a las empresas interesadas. Los licitadores deberán acreditar una facturación anual mínima de 21 millones de euros durante los tres últimos ejercicios y demostrar experiencia en proyectos tecnológicos de características similares, con servicios ejecutados cuyo volumen anual haya superado los 9,8 millones de euros. Paralelamente, el Banco de España ha confirmado su participación, junto con el Banco Central Europeo y otros 18 bancos centrales nacionales del Eurosistema, en el proyecto piloto del euro digital. Esta fase experimental comenzará durante el segundo semestre de 2027 y tendrá una duración aproximada de un año. Para desarrollar estas pruebas se han seleccionado 36 proveedores de servicios de pago de toda la zona euro. Entre los participantes españoles figuran una alianza liderada por Cecabank, integrada por Abanca, Ibercaja, Unicaja, Bizum y Deloitte, así como la entidad de pagos Uinku, que opera bajo la marca comercial Sipay. El inicio de estos ensayos dependerá de que concluya la tramitación legislativa del euro digital. El proyecto normativo continúa avanzando en las instituciones europeas y el Parlamento Europeo ya ha autorizado el comienzo de las negociaciones con el Consejo de la Unión Europea para aprobar el marco legal que permitirá al Banco Central Europeo emitir la versión digital del dinero en efectivo. La futura regulación abordará tres aspectos principales: el funcionamiento del euro digital, las condiciones para que los proveedores de servicios de pago de países de la UE que no pertenecen a la zona euro puedan distribuirlo y el mantenimiento del curso legal del efectivo. Posteriormente, corresponderá al Banco Central Europeo definir cuestiones operativas como el límite máximo de euros digitales que podrán mantener los ciudadanos en sus dispositivos. El euro digital no será una criptomoneda ni una stablecoin, sino dinero emitido directamente por el banco central en formato electrónico. Su finalidad es complementar el efectivo, ofreciendo una nueva alternativa de pago para ciudadanos y empresas en toda la eurozona. Uno de los principales objetivos del proyecto consiste en reforzar la autonomía europea en materia de pagos electrónicos y reducir la dependencia de infraestructuras internacionales, especialmente de compañías estadounidenses como Visa, Mastercard, Apple, Google o Samsung. Actualmente, más de dos tercios de los pagos con tarjeta realizados en la zona euro se procesan a través de redes internacionales y trece de los veinte países que utilizan el euro carecen de un sistema nacional propio de pagos. Aunque existen iniciativas europeas como Bizum en España o Wero en Alemania, Bélgica y Francia, su implantación todavía es limitada. El BCE ha insistido en que el euro digital no pretende sustituir estas plataformas de pago instantáneo, sino convivir con ellas. No obstante, su implantación obligará a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago a adaptar sus sistemas tecnológicos para integrar este nuevo instrumento dentro de su operativa habitual.

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(El Periódico, 16-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE confirma que la inflación en junio se mantuvo en el 3,2% a pesar de la subida del IVA de la luz

La inflación se mantuvo estable en junio. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 3,2% interanual, el mismo nivel registrado el mes anterior y todavía por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. Este resultado se produjo pese al incremento del IVA aplicado al gas y a la electricidad, que desde el 1 de junio volvió al tipo general del 21%. El principal factor que impulsó los precios fue el encarecimiento de la vivienda, cuya tasa anual alcanzó el 4,7%, más de tres puntos superior a la registrada en mayo. El INE atribuye esta evolución, principalmente, al aumento del precio de la electricidad y, en menor medida, del gas. También contribuyeron al incremento de la inflación los servicios relacionados con el ocio, la cultura y el deporte, especialmente por el encarecimiento de los paquetes turísticos. La evolución de los precios durante junio estuvo marcada por la finalización de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo. Desde el 1 de junio dejaron de aplicarse las rebajas del IVA sobre la electricidad, el gas natural, los pellets, las briquetas y la leña, así como la reducción del impuesto especial sobre la electricidad. En cambio, las ayudas fiscales sobre los carburantes continuaron vigentes. Precisamente, el comportamiento de los combustibles contribuyó a moderar la inflación. Los precios del transporte redujeron en dos puntos su crecimiento respecto al mes anterior y registraron una subida interanual del 5,1%, convirtiéndose en uno de los componentes que más ayudó a contener el incremento general del IPC. Algunos analistas consideran que la evolución de los precios energéticos seguirá condicionando la inflación en los próximos meses. Según Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano, la ruptura de la tregua en Oriente Medio podría provocar un nuevo encarecimiento del petróleo y del gas a partir de julio, mientras que la evolución del estrecho de Ormuz continuará siendo un elemento clave para determinar el comportamiento futuro de los mercados energéticos. Por su parte, la inflación de los alimentos y las bebidas no alcohólicas continuó moderándose. En junio descendió hasta el 1,9% interanual, frente al 2,2% registrado en mayo, alcanzando su nivel más bajo desde comienzos de 2025. No obstante, algunos productos mantienen importantes incrementos de precio respecto al año anterior. Los huevos registraron un aumento del 14,1%, la carne de vacuno subió un 11% y el pescado fresco y congelado acumuló un encarecimiento del 8,8% en los últimos doce meses. Los expertos destacan que la evolución de los alimentos está siendo más favorable de lo previsto, aunque persisten tensiones inflacionistas en el sector servicios. En este sentido, el Índice de Precios del Sector Servicios aumentó hasta el 2,6% durante el primer trimestre de 2026, reflejando que determinados costes siguen trasladándose a los precios finales. La inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles, descendió una décima y se situó en el 2,9%. Aunque mantiene una tendencia moderadamente descendente, continúa por encima de niveles considerados compatibles con una inflación plenamente estabilizada. Entre los factores que siguen impulsándola figura el efecto indirecto del encarecimiento de la energía sobre numerosos bienes y servicios. En comparación con otros países europeos, España continúa registrando una inflación superior a la media. Mientras el IPC alcanzó el 3,2%, Francia cerró junio con una tasa del 1,8%, Alemania con un 2,3% y el conjunto de la zona euro con un 2,8%, según los últimos datos publicados por Eurostat. Por comunidades autónomas, la mayor subida de precios correspondió a la Comunidad de Madrid, con un 3,8%, seguida de Cantabria (3,5%) y de Baleares y Canarias, ambas con una inflación del 3,4%. En el extremo opuesto se situaron Extremadura, con un 2,4%; Ceuta, con un 2,6%; y Navarra, con un 2,7%. En total, cinco comunidades y ciudades autónomas registraron una inflación superior a la media nacional. Desde el Ministerio de Economía se ha señalado que el Gobierno continuará realizando un seguimiento permanente de la evolución de los precios y mantendrá el contacto con los agentes sociales y los sectores más afectados para evaluar el impacto de la situación internacional sobre la economía española.

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(El Economista, 16-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El aval del Supremo a cortar la luz a los "okupas" excluye a caseros con inquilinos morosos

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre una cuestión que hasta ahora había generado criterios dispares en los tribunales: la posibilidad de cortar los suministros de luz o agua en viviendas ocupadas ilegalmente. La resolución, dictada el 24 de junio y con ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, concluye que esta actuación no constituye un delito de coacciones cuando afecta a ocupantes sin ningún título que legitime su permanencia en el inmueble. Sin embargo, el criterio cambia cuando quien ocupa la vivienda dispone de un contrato u otro título válido, como ocurre con los inquilinos morosos. El alto tribunal establece que, en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas vacías, el propietario no incurre en un delito de coacciones si deja de pagar o corta los suministros, al entender que los ocupantes carecen de un derecho que les habilite para permanecer en el inmueble. Por el contrario, cuando la persona que reside en la vivienda cuenta con un título jurídico que le permite ocuparla, aunque incumpla sus obligaciones de pago, la interrupción de suministros puede constituir un delito de coacciones. Esta interpretación afecta especialmente a los propietarios que tienen arrendatarios morosos, ya que, pese al impago de las rentas, el contrato de arrendamiento sigue otorgando inicialmente un derecho de ocupación mientras no exista una resolución judicial que lo extinga. La sentencia toma como referencia el caso de un hombre que interrumpió el suministro eléctrico de una vivienda para forzar que su expareja, copropietaria del inmueble y en proceso de separación, abandonara la vivienda. El Tribunal Supremo considera que esta conducta constituyó un delito de coacciones porque la mujer tenía derecho a residir en el inmueble y el corte del suministro supuso un medio de presión para obligarla a abandonar la vivienda contra su voluntad. La decisión no ha sido unánime. Cuatro de los catorce magistrados que participaron en el Pleno formularon un voto particular discrepante. Los magistrados Antonio del Moral García, Eduardo de Porres Ortiz, Leopoldo Puente Segura y Javier Hernández García sostienen que la interrupción de los suministros no puede equipararse a un acto de violencia y, por tanto, no debería encajar en el delito de coacciones. En su opinión, la sentencia amplía de forma excesiva el concepto de violencia hasta el punto de incluir actuaciones que no implican fuerza física ni intimidación. Además, consideran que la extinción de un contrato de suministro no puede convertirse automáticamente en una conducta delictiva y advierten del riesgo de utilizar el delito de coacciones como una vía para sancionar cualquier comportamiento considerado reprochable. Desde el ámbito jurídico, la resolución ha generado valoraciones diversas. Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho AF Legis, considera que el fallo supone un avance importante frente al problema de la ocupación ilegal, ya que diferencia claramente entre quienes ocupan una vivienda sin ningún derecho y quienes disponen de un título legítimo para hacerlo. No obstante, la letrada discrepa del criterio mantenido por la mayoría del Tribunal Supremo respecto a los inquilinos morosos y se muestra más próxima al voto particular. En su opinión, corresponde al arrendatario asumir los costes de los suministros y el propietario no debería verse obligado a mantener esos gastos cuando el inquilino incumple sus obligaciones contractuales. Esta cuestión podría seguir generando debate jurídico mientras no se produzcan nuevos pronunciamientos que delimiten el alcance de esta doctrina.

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(Cinco Días, 15-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Congreso respalda el nombramiento de Juan José Ganuza como presidente de la CNMC con el veto de PP y Vox

La Comisión de Economía del Congreso ha dado este martes su visto bueno al nombramiento de Juan José Ganuza como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como a la incorporación de Carmen Balsa Pascual, Joan Capdevila y Marina Echebarría como nuevos consejeros del organismo, todos ellos propuestos por el Gobierno. Los nombramientos han superado el trámite parlamentario tras rechazarse los vetos presentados por el Partido Popular y Vox, que cuestionaban la independencia de los candidatos y denunciaban una creciente influencia del Ejecutivo sobre los organismos reguladores. En la votación, el dictamen obtuvo 19 votos favorables y 17 en contra. Posteriormente, los vetos tampoco prosperaron al no alcanzar la mayoría absoluta necesaria para bloquear las designaciones. Una vez superado este trámite, el Consejo de Ministros formalizará previsiblemente los nombramientos en su próxima reunión, tras lo cual los nuevos responsables tomarán posesión de sus cargos. Durante su comparecencia, Juan José Ganuza destacó que la CNMC afronta importantes desafíos en los próximos años y señaló como prioridades la supervisión de la economía digital y la inteligencia artificial, el refuerzo de la competencia en la contratación pública y una mayor vigilancia sobre las operaciones de concentración empresarial. En relación con la inteligencia artificial y los mercados digitales, defendió la necesidad de evitar posiciones dominantes que puedan limitar la competencia, apostando por una actuación coordinada con el Gobierno. Asimismo, subrayó la importancia de preservar la competencia en los procesos de contratación pública para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y consideró necesario reforzar el control de las concentraciones empresariales. El futuro presidente de la CNMC también puso de relieve el potencial de las nuevas tecnologías para mejorar la labor supervisora del organismo, especialmente mediante herramientas que permitan detectar prácticas anticompetitivas, como los cárteles. En este sentido, planteó la creación de una Unidad de Inteligencia Económica que convierta a la CNMC en un referente en el uso de tecnologías avanzadas para la defensa de la competencia. Ganuza defendió además el papel de la competencia como motor del crecimiento económico, al considerar que favorece la reducción de precios, mejora la calidad de los servicios, impulsa la innovación y contribuye a trasladar las ganancias de productividad tanto a consumidores como a trabajadores. Durante la sesión también surgió el debate sobre la estructura del regulador. El Grupo Vasco (PNV) volvió a plantear la conveniencia de recuperar una Comisión Nacional de la Energía independiente o, al menos, reforzar los recursos destinados a la supervisión del sector energético dentro de la actual CNMC, dada la creciente complejidad de este ámbito. En respuesta, Ganuza recordó que corresponde al Gobierno y al legislador decidir el modelo organizativo del organismo regulador. No obstante, manifestó que la integración de las funciones de competencia y regulación sectorial genera importantes sinergias y reduce el riesgo de captura regulatoria, aunque se mostró partidario de mantener un debate abierto sobre posibles reformas. La independencia de los futuros responsables de la CNMC fue uno de los principales puntos de confrontación política durante la comparecencia. Los representantes del PP y Vox cuestionaron la imparcialidad de los candidatos al considerar que varios de ellos mantienen vínculos con el Ejecutivo o con partidos que forman parte de su mayoría parlamentaria. En el caso de Ganuza, el Grupo Popular criticó que aceptara la propuesta de un Gobierno al que acusó de falta de credibilidad institucional. Interpelado también sobre la competencia en el mercado de la vivienda, Ganuza evitó pronunciarse sobre futuras actuaciones concretas, aunque recordó que una regulación adecuada resulta esencial para el buen funcionamiento de los mercados. Como ejemplo, señaló que la regulación hipotecaria existente durante la anterior crisis inmobiliaria presentaba importantes deficiencias. El futuro presidente defendió igualmente su independencia profesional, destacando que nunca ha militado en partidos políticos y que toda su trayectoria se ha desarrollado en el ámbito universitario, sin desempeñar actividades privadas relacionadas con el derecho de la competencia que pudieran generar conflictos de interés. Junto a Ganuza se incorporarán al Consejo de la CNMC Carmen Balsa, economista y exdirectora del gabinete de la exvicepresidenta Nadia Calviño; Joan Capdevila, veterinario y exdiputado de ERC; y Marina Echebarría, catedrática de Derecho Mercantil y primera mujer transexual en acceder a una cátedra universitaria en España. Los tres se integrarán en alguna de las dos salas del organismo -Competencia o Supervisión Regulatoria-, mientras los restantes seis consejeros continuarán ejerciendo sus funciones hasta la finalización de sus respectivos mandatos.

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(El Economista, 15-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Congreso da luz verde a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, así como al real decreto-ley que refuerza la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La norma contempla una aportación adicional de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027, el mayor incremento presupuestario aprobado hasta la fecha para este ámbito. La reforma de las leyes fue aprobada con 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones, mientras que el real decreto-ley de financiación recibió el respaldo de 317 diputados, con el único rechazo de Vox. Paralelamente, el Consejo de Ministros autorizó la transferencia de 904 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar el denominado nivel acordado del sistema de dependencia. Esta cantidad podría elevarse hasta los 970 millones al incluir los recursos correspondientes al País Vasco y Navarra. Con esta nueva aportación y los fondos previstos en el real decreto-ley, la financiación pública del sistema alcanzará los 5.513 millones de euros en 2026 y los 7.239 millones en 2027. El objetivo es que las comunidades autónomas dispongan de mayores recursos para reducir las listas de espera, incrementar las plantillas de profesionales y mejorar la atención y los servicios dirigidos a las personas en situación de dependencia. El modelo de financiación estatal se articula mediante dos mecanismos. El primero es el denominado nivel mínimo, consistente en una aportación fija por cada persona beneficiaria, cuya cuantía será duplicada. El segundo corresponde al nivel acordado, una financiación condicionada al cumplimiento de determinados compromisos por parte de las comunidades autónomas para garantizar que mantengan su propio esfuerzo inversor. Como novedad, la reforma incorpora un mecanismo de corresponsabilidad financiera por el que las comunidades que reduzcan su aportación al sistema verán disminuida en la misma proporción la financiación estatal. De este modo, por cada euro que una comunidad deje de destinar a la dependencia, el Estado reducirá en otro euro la transferencia correspondiente. La nueva legislación también establece que la Administración General del Estado deberá asumir, como mínimo, el 50% de la financiación del sistema de dependencia, reforzando así el compromiso estatal con este servicio público. A pesar del amplio respaldo parlamentario, algunos grupos políticos han expresado dudas sobre la sostenibilidad económica de la reforma. El Partido Popular cuestionó la ausencia de una memoria económica que detalle la financiación futura y recordó la existencia de reclamaciones por parte de las comunidades autónomas relacionadas con recursos pendientes destinados al sistema de dependencia. En el ámbito de las prestaciones, la reforma introduce importantes novedades para los beneficiarios. A partir de ahora será posible compatibilizar distintas ayudas y servicios para una misma persona, se reconoce legalmente la figura del cuidador principal y del cuidador no profesional -incluyendo a personas del entorno cercano que, sin vínculo familiar, asumen tareas de cuidado- y la teleasistencia pasa a configurarse como un derecho garantizado. Además, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la dependencia se reduce de seis a tres meses. La reforma de la Ley General de Discapacidad también incorpora cambios relevantes. Las personas con grado I de dependencia obtendrán automáticamente un reconocimiento del 33% de discapacidad, mientras que quienes tengan reconocido un grado II o III podrán acceder a un grado de discapacidad del 65%. Asimismo, la norma reconoce la accesibilidad universal como un derecho y prohíbe que las entidades aseguradoras incrementen el precio de los seguros de hogar o de salud por razón de discapacidad.

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(Cinco Días, 14-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Economía reactiva el ‘sandbox’ financiero con una ventanilla permanente y más fondos

El Ministerio de Economía quiere impulsar una nueva etapa del sandbox financiero, el entorno de pruebas creado en 2021 para fomentar el desarrollo de innovaciones tecnológicas en el sector financiero antes de su llegada al mercado. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Consejo de Ministros estudiará el anteproyecto de la futura Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero, una norma que pretende reforzar este instrumento, dotarlo de mayores recursos y convertirlo en un sistema de acceso permanente. La principal novedad consistirá en sustituir el actual modelo de convocatorias periódicas por una ventanilla abierta de forma continua, lo que permitirá a las empresas presentar proyectos en cualquier momento. Además, el proceso de evaluación será más ágil, con una reducción aproximada del 30% en los plazos de tramitación, que pasarán de superar los seis meses a un máximo cercano a los cuatro meses y medio. Desde su creación, el sandbox financiero ha servido como un entorno regulado en el que empresas y supervisores pueden probar nuevas soluciones tecnológicas en condiciones controladas y con garantías para los participantes. Durante este periodo se han autorizado 117 proyectos, de los cuales más de 40 han llegado a desarrollarse en entornos reales. Las iniciativas aprobadas abarcan tecnologías como blockchain, inteligencia artificial, sistemas de identificación biométrica, herramientas para mejorar la transparencia de los mercados financieros y nuevas plataformas de negociación y liquidación, varias de las cuales ya se encuentran operando en el mercado. El Gobierno también prevé facilitar el acceso al sandbox a empresas emergentes con menor capacidad financiera mediante una nueva línea de apoyo impulsada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Según explicó Carlos Cuerpo, la experiencia acumulada desde 2021 demuestra que esta herramienta ha favorecido la innovación en un entorno seguro y ha contribuido a situar al ecosistema fintech español entre los más avanzados de Europa. Por su parte, el presidente del ICO, Manuel Illueca, anunció que el próximo 29 de julio el Consejo General del organismo estudiará una modificación de la línea ICO Crecimiento para permitir que las empresas participantes en el sandbox puedan acceder a financiación aunque no cumplan el requisito habitual de contar con al menos cuatro años de actividad. El ICO considera que el proceso de evaluación y supervisión al que se someten estas compañías dentro del sandbox ofrece suficientes garantías para sustituir ese criterio de antigüedad. Durante la presentación de las novedades, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, destacó que el organismo mantiene una vigilancia constante sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de las entidades supervisadas, ya que esta tecnología está adquiriendo un papel cada vez más relevante en sus actividades principales. San Basilio señaló que la inteligencia artificial representa al mismo tiempo una oportunidad para mejorar los servicios financieros y un ámbito que requiere una supervisión específica por parte del regulador para controlar los riesgos asociados a su utilización. En este sentido, subrayó que el sandbox financiero constituye una herramienta especialmente útil para analizar el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas y comprender mejor su funcionamiento antes de su implantación generalizada en el mercado. El presidente de la CNMV valoró positivamente el refuerzo previsto para este entorno de pruebas y consideró que las modificaciones anunciadas permitirán consolidar su papel como uno de los principales instrumentos para impulsar la innovación financiera de forma segura y bajo supervisión regulatoria.

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(Expansión, 14-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump anuncia un peaje del 20% por cruzar Ormuz y dispara el petróleo sobre los 83 dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a situar la política internacional en clave económica al anunciar este lunes que pretende responder al nuevo bloqueo del estrecho de Ormuz imponiendo un peaje del 20% a los buques que transiten por esa ruta marítima. El anuncio coincidió con un nuevo repunte de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que pone en riesgo el alto el fuego alcanzado entre ambos países, incrementando la incertidumbre internacional, la volatilidad en los mercados y una nueva subida del precio del petróleo, que volvió a superar los 80 dólares por barril. Trump aseguró que Estados Unidos asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", bloqueando únicamente a los barcos vinculados con Irán y garantizando la libre circulación del resto de embarcaciones. Como contraprestación por esa labor de protección, planteó cobrar un importe equivalente al 20% del valor de la carga transportada por cada buque que utilice el paso bajo su protección. A través de su red social Truth, el mandatario afirmó que el estrecho permanecerá abierto "con o sin Irán" y explicó que el bloqueo afectará exclusivamente a barcos iraníes, a los que se dirijan hacia ese país o a sus socios comerciales. El resto de naciones, según indicó, podrán seguir utilizando la ruta con normalidad. Trump justificó el cobro del peaje alegando que servirá para cubrir los costes derivados de garantizar la seguridad en una de las zonas más conflictivas del planeta. Además, aseguró que la medida comenzará a aplicarse de forma inmediata, lo que supondría instaurar un sistema de pago para atravesar un corredor marítimo por el que, hasta hace unos meses, circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas que se comercia en el mundo. El tránsito por Ormuz se desarrollaba con normalidad hasta finales de febrero, cuando una operación militar coordinada entre Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní desencadenó una respuesta de Teherán contra países aliados en el Golfo Pérsico y provocó el cierre de este enclave estratégico. En las últimas semanas, el alto el fuego había permitido una recuperación gradual del tráfico marítimo, lo que había contribuido a reducir la tensión en los mercados internacionales. Sin embargo, el recrudecimiento de las hostilidades ha vuelto a sembrar preocupación entre los inversores. Las diferencias entre Washington y Teherán derivaron durante el fin de semana en nuevos ataques, entre ellos el lanzamiento de un dron iraní contra un buque con bandera chipriota, incidente tras el cual continúa desaparecido un marinero de nacionalidad india. Aunque Irán reivindicó nuevamente el cierre del estrecho y el tráfico volvió a verse afectado, Trump insistió durante el fin de semana en que la vía marítima seguía operativa y este lunes dio un paso más al proponer que Estados Unidos gestione el paso y cobre por su utilización. En una entrevista concedida a Fox News, el presidente adelantó que su país actuará con firmeza frente a Irán, garantizará la seguridad del estrecho y podría asumir su administración, insistiendo en que Estados Unidos debe recibir una compensación económica por esa misión. El dirigente estadounidense defendió que los principales beneficiarios de la reapertura de Ormuz son países con importantes recursos económicos y sostuvo que no resulta razonable que Estados Unidos asuma gratuitamente los costes y riesgos de esa protección, especialmente cuando implica poner en peligro a su personal. Las declaraciones de Trump y el deterioro de la situación en Oriente Próximo tuvieron un reflejo inmediato en los mercados financieros y, sobre todo, en el precio del crudo. El barril de Brent llegó a superar los 83 dólares tras registrar una subida superior al 9%, frente a los 72 dólares con los que comenzó el mes y los cerca de 60 dólares de principios de año. En Estados Unidos, el petróleo West Texas también avanzó más de un 8%, situándose por encima de los 77 dólares por barril. El encarecimiento del petróleo amenaza con aumentar las presiones inflacionistas en Estados Unidos, un factor especialmente delicado para Trump ante la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre y el impacto que la inflación tiene sobre su respaldo político. La propuesta de imponer un peaje para cruzar el estrecho provocó además críticas en el ámbito internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, defendió la necesidad de preservar la libertad de navegación en Ormuz, mientras que la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, reclamó que el paso permanezca abierto y libre de cualquier tipo de tasa o peaje. Por su parte, Irán mantiene que el futuro acuerdo de paz le otorgará el control del estrecho y ya había trasladado a Omán su intención de establecer su propio sistema de cobro por el tránsito marítimo.

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(Expansión, 14-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bizum llega a los comercios físicos

Bizum da un nuevo paso en su evolución con el lanzamiento de Bizum Pay, su cartera digital para realizar pagos en establecimientos físicos mediante tecnología NFC. La nueva aplicación estará disponible desde este martes, 14 de julio, en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, ofreciendo una alternativa a las tarjetas tradicionales y a las billeteras digitales de las grandes compañías tecnológicas. La plataforma prevé que la adopción del nuevo servicio crezca progresivamente conforme las entidades financieras completen su integración. Su objetivo es que la mayoría de los cerca de 32 millones de usuarios actuales de Bizum puedan utilizar esta funcionalidad antes de que finalice el año. En paralelo, el despliegue entre los comercios avanza a buen ritmo. Bizum Pay ya puede utilizarse en aproximadamente un millón de terminales de punto de venta (TPV), lo que representa alrededor del 60% de los dispositivos instalados en establecimientos y negocios de España. La compañía ha reforzado el desarrollo de esta solución en respuesta al aumento del uso de los pagos digitales frente al efectivo. El servicio comenzó a implantarse de forma limitada el pasado 18 de mayo, tanto entre clientes como en comercios, aunque su lanzamiento general se retrasó unas semanas para completar los procesos de integración y certificación con las redes de pago de Visa y Mastercard. El funcionamiento de Bizum Pay es similar al de otras soluciones de pago sin contacto. Utiliza tecnología NFC, que permite efectuar compras acercando el teléfono móvil al terminal de pago del establecimiento. Para utilizar el servicio, el usuario deberá descargar la aplicación y vincularla a su cuenta bancaria mediante su número de teléfono o los datos de su entidad. También podrá incorporar tarjetas de pago, de forma similar a las actuales billeteras digitales. En cualquier caso, será necesario que su banco haya habilitado esta nueva funcionalidad. Una vez configurada la aplicación, bastará con aproximar el teléfono móvil al TPV para completar la operación. El importe se transferirá de forma inmediata entre cuentas bancarias, reduciendo la necesidad de intermediarios y permitiendo a los comercios disminuir los costes asociados a determinadas comisiones. El director general de Bizum, Ángel Nigorra, destaca que la llegada de Bizum Pay supone un hito para el sistema financiero español, al materializar un proyecto impulsado conjuntamente por el sector bancario. Con esta incorporación, España contará con la primera solución europea que permite realizar pagos presenciales directamente desde una cuenta bancaria mediante tecnología NFC, además de ofrecer la posibilidad de utilizar tarjetas integradas en la aplicación.

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