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(El País, 10-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La riqueza financiera de las familias marca un récord de 2,66 billones gracias al impulso de la Bolsa

La riqueza financiera de las familias españolas alcanzó un nuevo máximo histórico durante el primer trimestre del año. Según los datos publicados por el Banco de España, el patrimonio financiero neto de los hogares -resultado de restar las deudas al conjunto de activos financieros- se situó en 2,66 billones de euros, equivalente al 155,3% del PIB. Este nivel supera ampliamente la media registrada desde 2022 y refleja tanto el incremento del ahorro como la fuerte revalorización de los activos financieros. El principal motor de este crecimiento ha sido el buen comportamiento de los mercados. En los últimos doce meses, los activos financieros de las familias aumentaron en 261.000 millones de euros, impulsados especialmente por la subida de las acciones y de los fondos de inversión. Solo durante el primer trimestre, la revalorización de estos activos explicó un crecimiento del 9,1% de la riqueza financiera, mientras que las nuevas aportaciones de ahorro e inversión contribuyeron con un 3,2%. La evolución positiva se produjo en un contexto marcado por la fortaleza de los mercados bursátiles, que mantuvieron el impulso de comienzos de año pese a la incertidumbre generada por la guerra en Oriente Próximo. Aunque el conflicto provocó episodios de volatilidad, las principales bolsas internacionales lograron cerrar el semestre con sus mejores resultados desde la pandemia. No obstante, las perspectivas para los próximos meses dependerán en gran medida del comportamiento de los mercados financieros. La evolución del conflicto en Oriente Medio, las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y la incertidumbre geopolítica continúan siendo factores de riesgo que podrían afectar tanto a las bolsas como al precio de la energía. Además, una parte creciente del patrimonio familiar está vinculada a la evolución de los mercados, lo que aumenta la sensibilidad de la riqueza de los hogares ante posibles correcciones financieras. Paralelamente, las familias han mantenido un elevado ritmo de inversión. Durante el último año destinaron cerca de 100.000 millones de euros a la adquisición de activos financieros, una cifra equivalente al 5,8% del PIB y claramente superior a la media de los últimos años. Aunque los depósitos bancarios y el efectivo siguen concentrando una parte importante de ese ahorro, los fondos de inversión continúan ganando protagonismo dentro de las carteras familiares. El fortalecimiento de la posición financiera de los hogares ha coincidido con una recuperación significativa del crédito bancario. Durante el primer trimestre, la financiación concedida por las entidades financieras alcanzó el 5,1% del PIB, multiplicando por cinco el promedio registrado entre 2022 y 2025. En total, la banca otorgó nuevos préstamos por valor neto de 21.891 millones de euros entre enero y marzo. Las empresas absorbieron la mayor parte de esta financiación, con 24.348 millones de euros, mientras que las familias y las instituciones sin ánimo de lucro captaron 7.250 millones. En el caso de los hogares, la financiación recibida equivale al 1,9% del PIB, muy por encima de los niveles habituales de los últimos años, reflejando una mayor demanda de crédito para vivienda y consumo. Como consecuencia de esta recuperación de la financiación, la deuda de los hogares aumentó hasta los 728.000 millones de euros. Sin embargo, gracias al crecimiento de la economía, su peso relativo descendió hasta el 42,5% del PIB, el nivel más bajo desde finales de 1999. De forma similar, la deuda de las empresas se situó en 1,07 billones de euros, aunque su ratio sobre el PIB cayó al 62,5%, mínimos desde 2001. La mejora de los balances privados también ha reforzado la posición financiera de España frente al exterior. El Banco de España estima una capacidad de financiación de la economía de 61.000 millones de euros, equivalente al 3,5% del PIB, consolidando al país como prestamista neto frente al resto del mundo. En este resultado ha tenido un papel destacado el aumento del ahorro y de la inversión financiera realizada por los hogares españoles.

(El Economista, 10-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España plantea a un Eurogrupo dividido un ahorro de 25.000 millones emitiendo Eurobonos

España ha vuelto a poner sobre la mesa la creación de un sistema de eurobonos, defendiendo que la iniciativa beneficiaría al conjunto de la Unión Europea al reforzar el papel internacional del euro y mejorar la eficiencia de la financiación comunitaria. El Ministerio de Economía ha distribuido entre sus homólogos europeos una propuesta que plantea un modelo de emisión conjunta de deuda capaz de generar un activo financiero considerado seguro por los mercados, sin incrementar el endeudamiento agregado de los Estados miembros. La iniciativa recupera un debate que durante años encontró la oposición de los países denominados "frugales", principalmente del norte de Europa. Sin embargo, el contexto actual es diferente, ya que las instituciones comunitarias comparten el objetivo de fortalecer la posición internacional del euro en un escenario marcado por la incertidumbre sobre el liderazgo del dólar tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió que la propuesta no supone una mutualización de la deuda como las planteadas en el pasado, sino un mecanismo destinado a hacer más eficiente la emisión de deuda pública y a reducir la fragmentación financiera dentro de la Unión. Según el Gobierno, se trata de una iniciativa que puede ser asumida por todos los socios europeos al perseguir un interés común. El plan contempla emisiones conjuntas por valor de unos 850.000 millones de euros anuales. Sumadas a los 750.000 millones de euros emitidos por la Unión Europea durante la pandemia, permitirían alcanzar en cinco años un volumen cercano a los cinco billones de euros en circulación, considerado por diversos economistas como el tamaño mínimo necesario para consolidar un auténtico activo europeo libre de riesgo. Pese a ello, la propuesta sigue encontrando una fuerte resistencia entre algunos Estados miembros. Países Bajos reiteró su rechazo, calificando el debate de recurrente y descartando nuevamente la emisión conjunta de deuda. Finlandia también expresó su oposición, al considerar que esta fórmula no constituye una solución adecuada. El propio presidente del Eurogrupo reconoció que, aunque el asunto forma parte de las discusiones actuales, todavía no existe consenso entre los países de la zona euro. El Ministerio de Economía sostiene que este modelo permitiría reducir significativamente los costes de financiación de los Estados miembros. Según sus cálculos, el ahorro en intereses podría alcanzar los 5.000 millones de euros anuales desde el inicio del programa y elevarse progresivamente hasta unos 25.000 millones de euros al año una vez completado el periodo de implantación de cinco años. Estas estimaciones parten de la hipótesis de que la Comisión Europea pueda financiarse en condiciones similares a las de Alemania, considerada la referencia de menor riesgo dentro de la eurozona. Actualmente, la deuda emitida por la Unión Europea soporta costes de financiación superiores, debido principalmente al menor volumen de bonos disponibles y a la limitada liquidez que perciben los inversores. La propuesta fue presentada oficialmente durante la reunión del Eurogrupo celebrada en Bruselas, aunque el documento ya había sido distribuido previamente entre los distintos ministros de Economía para facilitar su análisis antes del encuentro. Con el objetivo de disipar las reticencias de algunos socios, España insiste en que el sistema no supondría un incremento del endeudamiento conjunto de la Unión. La idea consiste en que los Estados transfieran una parte de sus programas nacionales de emisión a la Comisión Europea, que actuaría como emisor centralizado de esos títulos en los mercados financieros. Posteriormente, la Comisión canalizaría los recursos obtenidos mediante préstamos a los propios Estados miembros, utilizando esos compromisos de devolución como garantía de las emisiones. Este mecanismo, denominado provisionalmente Mecanismo Soberano Europeo (European Sovereign Facility, ESF), estaría reservado a los países que cumplan las normas fiscales europeas. Además, el proyecto prevé establecer un sistema de compensación para aquellos Estados que actualmente pueden financiarse a tipos de interés inferiores a los que obtendría inicialmente la Comisión Europea. De este modo, se evitaría que esos países asumieran un mayor coste de financiación mientras el nuevo sistema alcanza la suficiente dimensión y liquidez para consolidarse en los mercados.

(El Economista, 10-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Eurocámara da luz verde para la negociación final con los países sobre el euro digital

El Parlamento Europeo ha aprobado su posición sobre la futura regulación del euro digital, un paso que permitirá iniciar la próxima semana las negociaciones con el Consejo de la Unión Europea para acordar el texto definitivo de la normativa. El objetivo de esta iniciativa es reforzar la autonomía estratégica de Europa en materia de pagos electrónicos y reducir la dependencia de infraestructuras y proveedores tecnológicos de terceros países. La regulación establecerá el marco jurídico necesario para que el Banco Central Europeo pueda emitir el euro digital si finalmente adopta esa decisión. La nueva moneda tendría como finalidad complementar el dinero en efectivo y los sistemas privados de pago ya existentes, ofreciendo un medio de pago digital respaldado directamente por el banco central y gestionado íntegramente bajo el marco institucional europeo. Durante la presentación del acuerdo, el eurodiputado Fernando Navarrete, responsable del expediente en la Eurocámara, defendió que el actual sistema europeo de pagos depende en exceso de proveedores, infraestructuras y estándares ubicados fuera de la Unión Europea, una situación que, a su juicio, supone un riesgo geopolítico. Según explicó, el euro digital ofrecerá a los ciudadanos una alternativa gobernada por la legislación europea y supervisada por las instituciones comunitarias. El texto aprobado contempla que el euro digital pueda utilizarse tanto con conexión a internet como sin ella. La modalidad "offline" permitirá realizar pagos directamente entre dispositivos móviles sin necesidad de acceder a la red ni de utilizar una infraestructura central para validar la operación. Este sistema ofrecerá un nivel de privacidad equivalente al del dinero en efectivo, ya que las transacciones no dejarán registro. Por su parte, la modalidad "online" estará vinculada a una cuenta bancaria y permitirá incorporar funcionalidades adicionales. Las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago podrán integrarla en sus propias aplicaciones o facilitar el acceso a la plataforma específica que desarrollará el Banco Central Europeo. La protección de la privacidad ha sido uno de los aspectos más debatidos durante la tramitación de la norma. El acuerdo prevé que las operaciones estén anonimizadas, de forma que el Banco Central Europeo no pueda identificar a los usuarios que realicen los pagos. La distribución del euro digital recaerá en los bancos y en otros proveedores de servicios de pago, que lo ofrecerán a los clientes que deseen utilizarlo. Asimismo, los comercios y empresas deberán aceptar este nuevo medio de pago, salvo en determinados supuestos previstos por la legislación. Para los ciudadanos, las funciones básicas del euro digital serán gratuitas, aunque las entidades podrán cobrar por servicios adicionales. En el caso de los comercios, continuarán abonando las comisiones correspondientes a las entidades financieras, de manera similar a lo que ocurre actualmente con los pagos mediante tarjeta. La utilización de la modalidad sin conexión será gratuita tanto para consumidores como para establecimientos. Con el fin de preservar la estabilidad financiera, la futura normativa contempla la fijación de un límite máximo de euros digitales que podrá mantener cada usuario. El propósito es evitar que una transferencia masiva de depósitos bancarios hacia esta nueva forma de dinero provoque tensiones de liquidez en el sistema financiero. La cuantía concreta será determinada por el Banco Central Europeo atendiendo a diversos criterios técnicos. La propuesta también ha encontrado oposición política. Los grupos de Conservadores y Reformistas Europeos, Patriotas por Europa y Europa de las Naciones Soberanas cuestionaron el proyecto al considerar que podría limitar la libertad financiera de los ciudadanos, incrementar los costes y favorecer una excesiva centralización del sistema de pagos. Pese a esas críticas, la iniciativa fue aprobada por el Pleno del Parlamento Europeo con 416 votos a favor, 169 en contra y 22 abstenciones. Las negociaciones con los Estados miembros comenzarán el próximo lunes con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de que finalice el año. Si el proceso culmina con éxito y el Banco Central Europeo decide poner en marcha el proyecto, las primeras emisiones del euro digital podrían comenzar en 2029, tras un periodo previo de pruebas piloto.

(Cinco Días, 08-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE pide a la banca un plan de acción antes del 31 de octubre ante la amenaza de Mythos

El Banco Central Europeo (BCE) ha advertido a las principales entidades financieras de la eurozona sobre los nuevos riesgos de ciberseguridad derivados del desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial, especialmente aquellos con capacidad para localizar y explotar vulnerabilidades en sistemas informáticos. Entre ellos, el supervisor cita expresamente el modelo Mythos, desarrollado por Anthropic, y ha solicitado a los bancos que presenten antes del 31 de octubre un plan de actuación para hacer frente a este escenario. La petición se ha trasladado mediante una carta dirigida a los máximos responsables de las entidades, un formato conocido como Dear CEO, reservado para cuestiones consideradas de especial relevancia por el supervisor europeo. Se trata de un mecanismo que el BCE utiliza de forma excepcional para trasladar asuntos estratégicos que deben ser analizados al máximo nivel de gobierno de los bancos, incluidos sus consejos de administración. Actualmente, las entidades trabajan junto a sus equipos de supervisión en la elaboración de esos planes, que deberán contemplar medidas tanto inmediatas como de largo alcance. Entre las actuaciones prioritarias, el BCE reclama acelerar la detección y corrección de vulnerabilidades en el software, reforzar las capacidades de monitorización mediante herramientas de inteligencia artificial, verificar los estándares de seguridad de los proveedores tecnológicos y fortalecer los mecanismos de protección frente a posibles ciberataques. A más largo plazo, el supervisor europeo insta a las entidades a modernizar sus infraestructuras tecnológicas, sustituir sistemas obsoletos y mejorar su capacidad de recuperación ante incidentes mediante planes de continuidad del negocio y una mayor cooperación e intercambio de información dentro del sector financiero. La carta culmina varios meses de contactos entre el BCE y los principales bancos europeos, durante los cuales el organismo ha analizado las medidas de protección que las entidades ya tienen implantadas y su grado de preparación frente a los riesgos asociados a las nuevas herramientas de inteligencia artificial. La preocupación del supervisor se centra en que modelos como Mythos, al igual que otros sistemas de IA generativa desarrollados por distintas compañías tecnológicas, son capaces de identificar en muy poco tiempo fallos de programación que anteriormente requerían largos procesos de análisis. Estas capacidades pueden convertirse en una herramienta muy valiosa para reforzar la seguridad de los sistemas bancarios, pero también podrían ser utilizadas con fines maliciosos para localizar vulnerabilidades y facilitar ciberataques de gran impacto. Por este motivo, el BCE considera prioritario que las entidades revisen si los recursos humanos y económicos destinados a tecnología y ciberseguridad son suficientes para afrontar este nuevo contexto. Asimismo, recomienda intensificar la formación especializada de las plantillas, revisar la seguridad de la cadena de suministro tecnológica y reforzar los controles sobre los proveedores externos. El supervisor también reclama que los bancos aceleren los procesos de identificación y corrección de vulnerabilidades, aprovechando incluso las propias herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles fallos antes de que puedan ser explotados. Además, pide inventariar todos los activos tecnológicos, incluidos los gestionados por terceros, reducir la exposición de los sistemas accesibles desde internet y reforzar la protección de los entornos alojados en la nube. Una vez recibidos los planes de actuación, el Banco Central Europeo llevará a cabo un análisis conjunto para identificar las principales tendencias, evaluar el grado de preparación del sector y detectar posibles áreas de mejora. El organismo prevé compartir posteriormente las conclusiones con las entidades y no descarta mantener nuevas reuniones con los responsables tecnológicos de los bancos para supervisar la implantación de las medidas propuestas.

(Cinco Días, 08-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro paga el 2,4% por las letras a seis meses, el tipo más alto desde enero de 2025

La evolución del precio del petróleo y las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo vuelven a condicionar las expectativas de inflación y la política monetaria. Tras el fuerte descenso registrado por el barril de Brent durante junio, favorecido por la mejora de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, los recientes acontecimientos en torno a Omán han devuelto la incertidumbre a los mercados. Como consecuencia, el crudo ha retomado la senda alcista, las rentabilidades de la deuda han repuntado y los inversores han reducido las expectativas de nuevos recortes de los tipos de interés. En este contexto, el Tesoro Público ha captado 5.617 millones de euros en una nueva subasta de letras a corto plazo, con una demanda que volvió a superar ampliamente la oferta. Las solicitudes de compra alcanzaron los 10.142,7 millones de euros, prácticamente el doble del importe finalmente adjudicado, lo que pone de manifiesto el interés de los inversores por la deuda española. La mayor parte de la emisión correspondió a letras con vencimiento a doce meses, por un importe de 4.040,97 millones de euros. Su rentabilidad se redujo ligeramente hasta el 2,523%, cuatro puntos básicos menos que en la subasta anterior, aunque continúa por encima del 2,5%. Este descenso se produce tras varias emisiones marcadas por el incremento de los rendimientos provocado por el aumento de las expectativas de inflación derivadas del encarecimiento de la energía. Las letras a seis meses, por el contrario, registraron un ligero aumento de la rentabilidad. El Tesoro adjudicó 1.576 millones de euros a un interés del 2,409%, frente al 2,398% de la emisión precedente, alcanzando así el nivel más elevado desde comienzos de 2025. La evolución refleja la cautela de los mercados ante la posibilidad de que las tensiones geopolíticas mantengan la presión sobre los precios de la energía y retrasen futuras bajadas de los tipos oficiales. A pesar de que las rentabilidades actuales se sitúan muy por debajo de los máximos registrados durante el ciclo de endurecimiento monetario impulsado por los bancos centrales para combatir la inflación, las letras del Tesoro continúan siendo una alternativa atractiva para los pequeños ahorradores por su combinación de seguridad y rentabilidad. No obstante, la demanda minorista descendió respecto a la subasta anterior. Las peticiones no competitivas alcanzaron 1.108 millones de euros en las letras a doce meses y 796 millones en las de seis meses, una reducción que también suele estar condicionada por el calendario estival, periodo en el que las familias destinan una mayor parte de sus recursos al consumo. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dejó entrever recientemente que el ajuste monetario realizado el mes pasado podría ser suficiente si la inflación continúa moderándose. Sin embargo, la evolución del conflicto en Oriente Próximo mantiene la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los precios y, por tanto, sobre las próximas decisiones del BCE en materia de tipos de interés. Pese a este escenario, la deuda pública española sigue contando con un elevado respaldo por parte de los mercados. Las buenas perspectivas de crecimiento económico y la mejora gradual de las cuentas públicas permiten al Tesoro afrontar el segundo semestre con una posición financiera sólida. En esta línea, la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) ha revisado al alza su previsión de crecimiento para 2025 hasta el 2,5%, apenas unos días después de que el propio Gobierno mejorara sus estimaciones macroeconómicas. Más allá de la favorable evolución de la economía, uno de los principales retos del Ejecutivo continúa siendo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que serían los primeros de la actual legislatura. El crecimiento económico y la contención del déficit han contribuido a reducir el peso de la deuda pública sobre el PIB, y el objetivo del Tesoro es situar este indicador por debajo del 100% al cierre de 2026, un nivel que España no alcanza desde antes de la pandemia.

(Expansión, 08-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El nuevo Código de Buen Gobierno de las cotizadas de la CNMV incluirá la IA

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha anunciado que la próxima actualización del Código de Buen Gobierno para las sociedades cotizadas incorporará referencias específicas al uso de la Inteligencia Artificial (IA), una cuestión que el supervisor considera cada vez más relevante. Durante su participación en el Foro de Gobierno Corporativo y del Consejo, organizado por KPMG, AON y El Mundo, San Basilio explicó que el objetivo es que el nuevo texto no se limite a recoger las prácticas ya consolidadas, sino que también aborde los retos emergentes que afectan a las empresas cotizadas, entre ellos la aplicación de la IA. Para elaborar esta revisión, la CNMV ha constituido un grupo de trabajo en el que participan representantes de diferentes ámbitos del mercado de valores, como emisores, inversores y organismos públicos. Según detalló, durante los primeros meses del año ya se han analizado diversas propuestas de mejora y el proceso continuará con nuevas reuniones para avanzar en la redacción del documento. El responsable del organismo precisó que el grupo estudiará en los próximos días un primer borrador y confía en disponer de una nueva versión del texto en septiembre. Posteriormente, se recabará la opinión de otros participantes del mercado, se realizarán los ajustes necesarios y se abrirá un proceso de consulta pública con la intención de aprobar el nuevo Código de Buen Gobierno de cara a 2027. San Basilio también recordó que España forma parte, desde el pasado año, del grupo integrado por los nueve principales mercados europeos con mayor número de empresas cotizadas. Este foro permite compartir experiencias y analizar la evolución de los códigos de gobierno corporativo, un ámbito en el que, según señaló, se aprecia una creciente armonización entre los distintos países. En paralelo, las autoridades europeas de supervisión financiera -Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), Autoridad Bancaria Europea (EBA) y Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA)- han respaldado la advertencia de la Junta Europea de Riesgo Sistémico sobre los riesgos de ciberseguridad asociados al desarrollo y utilización de modelos de inteligencia artificial.

(Cinco Días, 07-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El barril ‘brent’ se mantiene por debajo de los 72 dólares después de que el cártel pacte un aumento de 188.000 barriles en la cuota de producción

El mercado del petróleo ha iniciado la semana con una evolución estable, consolidando las caídas registradas en los últimos días y situando las cotizaciones por debajo de los niveles alcanzados antes del conflicto entre Irán y Estados Unidos. La normalización del tránsito de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz y la decisión de la OPEP+ de seguir aumentando la producción han contribuido a aliviar la presión sobre los precios. En este contexto, el barril de Brent se mantiene ligeramente por encima de los 72 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotiza en torno a los 69 dólares. La recuperación del tráfico marítimo de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz durante el fin de semana ha reforzado la percepción de que el suministro internacional vuelve progresivamente a la normalidad, después de que algunos buques modificaran su ruta en los momentos de mayor tensión. A este escenario se suma el acuerdo alcanzado por varios miembros de la OPEP+, encabezados por Arabia Saudí y Rusia, para incrementar nuevamente su producción a partir del próximo mes. El grupo ha aprobado un aumento de 188.000 barriles diarios dentro del proceso gradual de eliminación de los recortes aplicados en años anteriores. Aunque parte de ese incremento aún no se ha materializado, la decisión refleja la intención de los principales productores de seguir elevando la oferta conforme se estabiliza el mercado. Los analistas consideran que los países productores afectados por el conflicto están recuperando progresivamente su capacidad de extracción y exportación, aunque descartan, por el momento, un exceso de oferta que provoque un desplome acusado de las cotizaciones. Durante el segundo trimestre del año, el Brent acumuló un descenso cercano al 30%, favorecido por el acuerdo provisional alcanzado entre Washington y Teherán, que permitió reabrir parcialmente el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz. Tras esa corrección, algunas entidades financieras consideran que el petróleo aún podría abaratarse más durante la segunda mitad del año, con previsiones que sitúan el barril en torno a los 60 dólares antes de finalizar 2026. Otros expertos mantienen una visión más prudente. Aunque reconocen que el transporte marítimo está recuperándose de forma gradual, advierten de que las exportaciones todavía permanecen por debajo de los niveles anteriores al conflicto y que persisten limitaciones logísticas. Además, la necesidad de reconstruir las reservas estratégicas y comerciales de crudo podría seguir sosteniendo la demanda durante los próximos meses, favoreciendo una estabilización de los precios en una horquilla de entre 75 y 80 dólares por barril. En el mercado de futuros comienzan a observarse señales de una mayor disponibilidad de petróleo a corto plazo. Tanto el Brent como el crudo de referencia de Dubái presentan actualmente una estructura de contango, en la que los contratos con vencimientos más lejanos cotizan por encima de los de entrega inmediata, un comportamiento que suele asociarse a un mercado bien abastecido. Mientras tanto, los grandes productores del golfo Pérsico continúan incrementando sus exportaciones. Arabia Saudí ha recuperado prácticamente los volúmenes previos al conflicto gracias a la normalización del paso de sus petroleros por Ormuz, mientras que Emiratos Árabes Unidos también ha restablecido buena parte de sus envíos internacionales. El mercado permanecerá atento esta semana a la publicación de los precios oficiales de venta fijados por los principales exportadores de la región, después de que Arabia Saudí redujera para julio la prima aplicada a su principal referencia de crudo destinada al mercado asiático, en un movimiento orientado a reforzar su competitividad y favorecer un mayor suministro mundial.

(Expansión, 07-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sareb encarga vaciar sus 3.000 viviendas okupadas

La Sareb deberá transferir de forma progresiva cerca de 40.000 viviendas y unos 2.400 suelos a Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda y Suelo impulsada por el Gobierno para reforzar el parque público de vivienda asequible. Este traspaso, que se realizará sin contraprestación económica, responde al mandato del Ejecutivo y supone un importante desafío para la sociedad, que mantiene una deuda de 27.500 millones de euros y verá limitada su capacidad para reducir ese pasivo. Además, el Gobierno prevé culminar la liquidación de Sareb en noviembre de 2027. Las plataformas inmobiliarias Aliseda-Anticipa y Servihabitat, adjudicatarias del último contrato de gestión de Sareb, serán las encargadas de preparar los inmuebles antes de su cesión a Casa 47. Entre sus principales cometidos figura recuperar alrededor de 3.000 viviendas ocupadas ilegalmente, priorizando acuerdos extrajudiciales para evitar procesos en los tribunales, donde los desalojos pueden prolongarse durante varios años, especialmente cuando afectan a edificios completos. Además de gestionar la desocupación de los inmuebles, ambas compañías recibirán una compensación por las obras de acondicionamiento necesarias para que las viviendas puedan ser habitadas una vez pasen a manos de Casa 47, ya que muchas de ellas presentan un notable deterioro tras años de abandono. Los dos servicers también percibirán comisiones por la comercialización de los activos que permanecerán dentro del patrimonio de Sareb. Se estima que la sociedad conservará unas 5.800 viviendas, la mayoría situadas en municipios de menos de 5.000 habitantes, a las que se suman unas 12.000 más vinculadas a préstamos impagados y cuya recuperación dependerá de los procedimientos judiciales en curso. Desde su creación hace trece años, Sareb ha acumulado pérdidas por valor de 12.766 millones de euros, unos resultados negativos que desde 2022 computan como déficit público. Aunque el objetivo es liquidar la sociedad en 2027, podrá seguir operando mientras mantenga activos pendientes de vender o de ceder a las administraciones públicas. Entre ellos figuran miles de suelos, naves industriales y locales comerciales repartidos por distintos puntos del país. Cuando se constituyó la entidad, su primera presidenta, Belén Romana, defendió que el proyecto generaría una rentabilidad anual cercana al 14% para los accionistas. Sin embargo, esa previsión nunca llegó a cumplirse y bancos y aseguradoras, principales inversores, han provisionado completamente su participación al considerar perdida la inversión. En estos trece años, Sareb ha vendido cerca de 71.000 viviendas procedentes de las antiguas cajas de ahorro rescatadas con fondos públicos. El precio medio de las operaciones se sitúa en torno a los 105.000 euros por inmueble y la comercialización se realiza principalmente a través de portales inmobiliarios especializados.

(La Vanguardia, 07-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España recibirá un gasto récord de los turistas en verano, hasta los 64.000 millones, un 10% más

España afronta la temporada alta del turismo con perspectivas de volver a batir récords. El Ministerio de Industria y Turismo estima que entre los meses de junio y septiembre llegarán al país 43 millones de turistas internacionales, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el gasto realizado por estos visitantes alcanzará los 64.000 millones de euros, lo que supondría un incremento del 10%. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado que estas previsiones reflejan la fortaleza del sector pese a la incertidumbre geopolítica internacional. Además, ha subrayado que el crecimiento del gasto turístico continúa siendo superior al aumento del número de visitantes, una tendencia que considera especialmente positiva por su mayor impacto sobre la economía. Si estas estimaciones se cumplen, España podría haber recibido alrededor de 80 millones de turistas extranjeros antes de finalizar septiembre, una cifra sin precedentes para esas fechas y que dejaría al país en disposición de cerrar el año con un nuevo máximo histórico de visitantes internacionales. Las nuevas previsiones mejoran las realizadas por el Ministerio durante la pasada primavera, cuando la situación en Oriente Próximo y la incertidumbre sobre la evolución del precio de la energía generaban mayores dudas sobre la evolución de la demanda turística. Según Hereu, el sector ha vuelto a demostrar una notable capacidad de adaptación frente a un contexto internacional complejo, como ya ocurrió durante la pandemia o tras el inicio de la guerra en Ucrania. El ministro también ha destacado la evolución del empleo vinculado al turismo. Actualmente, el sector supera los tres millones de afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un incremento interanual del 3,2%. Además, ha señalado la mejora de la estabilidad laboral, con una reducción significativa de la temporalidad respecto a años anteriores. Otro de los aspectos positivos señalados por el Gobierno es la creciente diversificación geográfica del turismo. Las previsiones apuntan a que los destinos del interior peninsular y las comunidades de la denominada España Verde registrarán un crecimiento superior al de las seis comunidades autónomas tradicionalmente más turísticas. Asimismo, se espera un buen comportamiento de modalidades como el turismo rural, los campings y los establecimientos hoteleros. El Ministerio también observa una mayor presencia de reservas realizadas a última hora, una tendencia que ya se detectó durante los meses de abril y mayo y que podría elevar aún más las cifras previstas para la temporada estival si se mantiene durante el verano. En los cinco primeros meses del año, España recibió 36,8 millones de turistas internacionales, un volumen superior al registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. El gasto asociado a esos viajes ascendió a 50.257 millones de euros, con un crecimiento significativamente superior al de las llegadas, lo que confirma la mayor capacidad de gasto de los visitantes. Para el Gobierno, estos datos consolidan la fortaleza del modelo turístico español y respaldan la estrategia orientada a diversificar los destinos, reducir la estacionalidad y fomentar un turismo de mayor valor añadido. Según el Ministerio, la evolución registrada en los primeros meses del año demuestra la elevada capacidad de resistencia del sector frente a las incertidumbres económicas y geopolíticas internacionales.

(Cinco Días, 06-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC acaba con las dudas sobre el fin de la numeración telefónica en España

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha descartado riesgos de escasez de líneas telefónicas en España tras la publicación de su informe anual de 2025 sobre el estado de la numeración. El regulador concluye que todas las provincias españolas mantienen actualmente una disponibilidad suficiente de recursos, con más de un centenar de bloques de numeración libres en cada territorio. Esta situación se explica por una gestión más eficiente de los recursos numéricos, apoyada en la asignación optimizada de bloques de 1.000 números y en cambios regulatorios orientados a liberar capacidad adicional. Gracias a estas medidas, el sistema mantiene un margen suficiente para absorber el crecimiento de nuevos servicios de telecomunicaciones. En términos de utilización, la eficiencia global de la numeración geográfica fija se situó en el 43% respecto al total de recursos asignados. En el caso de la numeración móvil convencional, el nivel de aprovechamiento alcanzó el 79%, reflejando una utilización significativamente más intensiva. Durante el ejercicio analizado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia gestionó 194 expedientes relacionados con el Registro de numeración y revisó la documentación técnica aportada por 144 operadores autorizados en el mercado español. En el segmento de subasignación de numeración fija, donde operan revendedores autorizados, el mercado cerró con 33 operadores registrados y 1.066 revendedores activos. El volumen total declarado ascendió a 4,07 millones de números, de los cuales el 99% corresponde a numeración geográfica tradicional. La numeración subasignada aumentó un 5% interanual hasta situarse en 2,25 millones de números, mientras que el volumen de líneas efectivamente en uso creció un 6%. En este segmento, la eficiencia supera el 89% en la mayoría de servicios, aunque desciende al 83% en numeración asociada a tarifas especiales. Pese a la buena situación general, la CNMC mantendrá una vigilancia reforzada sobre algunas provincias con menor margen de disponibilidad, entre ellas Cádiz, Murcia, Zaragoza, A Coruña y Baleares. Uno de los cambios regulatorios más relevantes será la eliminación definitiva de la numeración nómada geográfica, una reforma respaldada tras analizar las propuestas del Ministerio para la Transformación Digital. Esta medida permitirá liberar líneas adicionales en prefijos provinciales sin necesidad de ampliar a corto plazo los rangos numéricos existentes. La nueva normativa exige que quienes utilicen numeración geográfica acrediten una vinculación física real con la provincia correspondiente, ya sea mediante domicilio, sede social o presencia efectiva. Se ha establecido un periodo transitorio de seis meses para que operadores y clientes adapten sus servicios. Los servicios nómadas que no requieran vinculación territorial seguirán utilizando exclusivamente el rango específico 51. En el ámbito del Internet de las Cosas (IoT), la CNMC también ha introducido cambios importantes en la numeración de dispositivos conectados. Desde el 1 de julio de 2026, todas las nuevas altas de servicios máquina a máquina (M2M) deberán emplear numeración de 13 dígitos iniciada por el prefijo 590. Además, el 1 de enero de 2031 se establece como fecha límite para que todos los servicios automatizados que aún operan con numeración móvil convencional de nueve cifras completen su migración al nuevo formato. Estos servicios M2M incluyen dispositivos con escasa o nula intervención humana, como terminales de punto de venta, sistemas de alarma, contadores inteligentes o soluciones de telemetría. La introducción de numeración de 13 dígitos busca preservar los rangos tradicionales de nueve cifras para usuarios particulares y evitar su agotamiento. El regulador también ha adoptado medidas orientadas a combatir el spam telefónico. Entre ellas destaca la creación del prefijo 400, diseñado para identificar de forma clara las llamadas comerciales antes de que el usuario descuelgue. La asignación de este nuevo bloque a las operadoras ya ha comenzado, y la CNMC mantendrá un control directo sobre su distribución y subasignación. Con ello se busca mejorar la trazabilidad de las llamadas comerciales y evitar cuellos de botella o usos abusivos dentro de la infraestructura digital de telecomunicaciones.

La riqueza financiera de las familias marca un récord de 2,66 billones gracias al impulso de la Bolsa

España plantea a un Eurogrupo dividido un ahorro de 25.000 millones emitiendo Eurobonos

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El nuevo Código de Buen Gobierno de las cotizadas de la CNMV incluirá la IA

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