News

(Expansión, 30-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

De Cos, el favorito de los expertos para suceder a Lagarde

Pablo Hernández de Cos, actual director gerente del Banco de Pagos Internacionales, parte como el candidato mejor posicionado para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE). Distintas fuentes de Bruselas implicadas en el futuro proceso de elección consideran que cuenta con el perfil profesional más completo y la preparación más adecuada para asumir el cargo. Aunque reconocen que su principal rival, el neerlandés Klaas Knot, también reúne importantes cualidades y goza de un notable prestigio internacional, la mayoría se inclina por el antiguo gobernador del Banco de España. Esta percepción coincide con la opinión predominante entre los economistas. Varias encuestas realizadas durante los últimos meses por Financial Times y, más recientemente, por Bloomberg sitúan a Hernández de Cos como favorito para ocupar la presidencia de la autoridad monetaria europea. Knot, que dirigió el Banco de Países Bajos y presidió el Consejo de Estabilidad Financiera, es su principal competidor. No obstante, la solvencia técnica y la trayectoria profesional no serán los únicos factores que determinen el resultado. La designación estará condicionada por un complejo entramado de negociaciones políticas y equilibrios entre los distintos países de la Unión Europea. La elección del próximo presidente del BCE forma parte de una negociación más amplia en la que también deberán distribuirse otras responsabilidades relevantes, como la dirección de Operaciones de Mercado y el puesto de economista jefe. Las previsiones apuntan a que estos dos cargos recaerán en representantes de Francia y Alemania, respectivamente. Esta distribución podría influir en las posibilidades de Hernández de Cos, especialmente si la candidatura francesa para economista jefe termina imponiéndose. Algunos consideran que sería complicado combinar ambos perfiles, dado que el exgobernador español está considerado una figura favorable a una política monetaria más expansiva. Francia, por su parte, podría aportar un enfoque más prudente debido a las tensiones que atraviesa su mercado de deuda. Sin embargo, no existe una incompatibilidad automática entre estas posiciones, como demuestra la etapa del neerlandés Wim Duisenberg al frente del BCE, cuando el economista jefe alemán Otmar Issing mantenía una orientación más restrictiva. En el ámbito nacional, Hernández de Cos dispone de un respaldo político amplio. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, apoyan su candidatura. Aunque la posición del Ejecutivo español en determinados debates europeos, como el relativo a la política migratoria, podría haber reducido su capacidad de influencia en Bruselas, los contactos diplomáticos consideran que esta circunstancia no debería perjudicar necesariamente las opciones del candidato. La negociación decisiva tendrá lugar en la cumbre de presidentes prevista para diciembre en el Consejo Europeo, cuando España podría encontrarse con un Gobierno en funciones. Aun así, esta situación tampoco se considera un obstáculo determinante. Junto a su experiencia profesional, Hernández de Cos cuenta con otros argumentos a su favor: representa a una de las grandes economías europeas con mejor comportamiento y España todavía no ha ocupado la presidencia del BCE. La elección de Klaas Knot, en cambio, supondría conceder por segunda vez esta responsabilidad a Países Bajos, pese a tratarse de un país de menor dimensión económica.

(El País, 30-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La economía de Estados Unidos acelera en el tercer trimestre al crecer un 3,4% impulsada por la IA

La economía de Estados Unidos aceleró su crecimiento durante el tercer trimestre, impulsada por la inversión privada, el consumo de los hogares y el gasto público, con la industria de la inteligencia artificial (IA) como uno de los principales motores. El producto interior bruto (PIB) avanzó un 3,4% en tasa anualizada entre junio y septiembre, frente al 2,2% del trimestre anterior, según los datos publicados este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA). El resultado superó las previsiones de los analistas, que esperaban una aceleración más moderada, hasta aproximadamente el 3%. La BEA atribuye este avance principalmente al incremento de la inversión, el consumo y el gasto público, aunque parte del crecimiento quedó compensado por la caída de las exportaciones. Las importaciones, que se descuentan al calcular el PIB, también aumentaron y registraron un mayor incremento que en el trimestre anterior. Los resultados reflejan la resistencia de la economía estadounidense, que ha mantenido un ritmo sólido de actividad pese a las consecuencias de la guerra con Irán, las tensiones energéticas y el deterioro de la confianza de numerosos hogares. La inflación continúa presionando el presupuesto de las familias y alcanzó el 3,7% en septiembre, por encima de lo esperado. Así, el crecimiento económico convive con un creciente malestar social por el encarecimiento del coste de la vida y las dificultades para mantener el poder adquisitivo. El precio de los carburantes ilustra esta situación. La gasolina, utilizada por la mayoría de los conductores estadounidenses, alcanza los 4,22 dólares por galón, equivalente a 3,785 litros, un 45% más que hace un año. El encarecimiento tiene un impacto especial en un país donde los desplazamientos diarios suelen cubrir grandes distancias. El diésel también registra fuertes subidas: el galón se sitúa en 6,34 dólares, un 80% más, lo que aumenta los costes de transportistas y agricultores. Pese a estas dificultades, los principales indicadores macroeconómicos mantienen una evolución favorable. El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, afirmó el miércoles que la actividad económica sigue expandiéndose a un ritmo sólido y que el gasto interno conserva su fortaleza, aunque persiste la incertidumbre derivada, entre otros factores, de la situación geopolítica. La Fed decidió mantener sin cambios los tipos de interés, en un contexto marcado por las presiones inflacionistas. La economía estadounidense ha logrado absorber el impacto de los aranceles, las tensiones energéticas relacionadas con el conflicto en Oriente Próximo y los cambios asociados a la expansión de la inteligencia artificial. El mercado laboral continúa creciendo, aunque a un ritmo más moderado, en parte por el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump. La tasa de desempleo ronda el 4,2%, un nivel históricamente bajo que se mantiene desde hace meses. Warsh destacó que la actividad del tercer trimestre habría registrado un impulso adicional gracias al consumo, cuyo crecimiento podría haber superado el 3%, y a la inversión empresarial, que avanzaría a un ritmo cercano a los dos dígitos. El gasto de capital representa una proporción históricamente elevada del PIB y, aunque la inversión tecnológica encabeza esta evolución, el aumento también se extiende a otras áreas de la economía. El presidente de la Reserva Federal vinculó parte de estas perspectivas favorables a las mejoras de productividad asociadas a la adopción de la IA. La inversión en inteligencia artificial se ha convertido en uno de los factores que explican el dinamismo económico de los últimos trimestres. Las grandes compañías tecnológicas y los laboratorios especializados están destinando importantes recursos a la adquisición de chips y al desarrollo de centros de datos, infraestructuras esenciales para entrenar y ejecutar los nuevos sistemas de IA. Este gasto impulsa la inversión empresarial y contribuye a sostener el crecimiento, aunque persiste la brecha entre los buenos resultados agregados de la economía y la percepción de muchos ciudadanos, que siguen acusando el encarecimiento de los bienes y servicios básicos.

(El Periódico, 30-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 4,9% en octubre, la misma que la registrada en septiembre

La tasa de inflación anual estimada del IPC se situó en octubre de 2026 en el 4,9%, según el indicador adelantado publicado por el INE. De confirmarse este dato, supondría que los precios mantienen el mismo ritmo de crecimiento que en septiembre, cuando la tasa también alcanzó el 4,9%. Entre los componentes que han contribuido a moderar la inflación destaca el descenso de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, más acusado que el registrado en octubre del año pasado. También han influido, aunque en menor medida, los alimentos y bebidas no alcohólicas y el vestido, cuyos precios han aumentado, pero a un ritmo inferior al de hace un año. En sentido contrario, han presionado al alza los paquetes turísticos, cuyos precios han bajado menos que en octubre de 2025, así como el gas, que ha registrado un incremento superior al del mismo periodo del año anterior. A ello se suma la evolución de los combustibles líquidos, que han encarecido sus precios frente al descenso que experimentaron hace un año. La inflación subyacente, que excluye del índice general los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene en el 3,1% en tasa anual estimada. En términos mensuales, los precios de consumo aumentaron un 0,6% en octubre respecto a septiembre, de acuerdo con el indicador adelantado. Por su parte, la tasa de variación anual estimada del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se redujo una décima, hasta el 4,9%. La inflación subyacente calculada con este indicador se situó también en el 3,1%, mientras que la variación mensual estimada del IPCA fue del 0,5%.

(El País, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Reserva Federal mantiene sin cambios los tipos de interés a menos de una semana de las ‘midterms’

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener los tipos de interés en el rango del 3,75% al 4% en su reunión de octubre, tal y como anticipaba la mayoría de los analistas. La decisión llega a menos de una semana de las elecciones legislativas de mitad de mandato y en un contexto marcado por el repunte de la inflación, que alcanzó el 3,7% en septiembre, y por el encarecimiento de la energía a raíz de las tensiones derivadas del conflicto con Irán. El presidente de la institución, Kevin Warsh, optó por esperar a disponer de nuevos datos económicos antes de tomar otra decisión, con la próxima reunión prevista para diciembre. Las expectativas del mercado apuntan ahora a una posible subida de los tipos en esa cita. Warsh defendió que la prioridad del banco central sigue siendo contener los precios, después de varios años de inflación por encima del objetivo oficial. También advirtió de que el encarecimiento de la energía puede extenderse a otros sectores de la economía y dificultar la vuelta a la estabilidad de precios. La reunión puso de manifiesto las diferencias existentes dentro de la Reserva Federal. Dos de sus responsables, Beth Hammack y Lisa Cook, defendieron elevar los tipos en un cuarto de punto, frente a la decisión mayoritaria de mantenerlos sin cambios. Warsh describió el debate como una discusión intensa, aunque aseguró que la política electoral no influyó en la decisión. La cautela del organismo coincide con un momento de incertidumbre política en Estados Unidos, donde el aumento del coste de la vida y las dificultades de acceso a bienes y servicios básicos están condicionando el debate público. El presidente de la Fed también anunció su intención de modificar el calendario de reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de decidir la política monetaria. Su propuesta contempla reducir de ocho a seis las reuniones anuales destinadas a votar sobre los tipos, reservando dos encuentros para debatir cuestiones generales de estrategia monetaria sin adoptar decisiones sobre el precio del dinero. El cambio se enmarca en una nueva forma de comunicación con los mercados, caracterizada por mensajes más breves y una menor orientación sobre las decisiones futuras. Esta estrategia pretende que los inversores evalúen la evolución económica a partir de sus propios análisis, en lugar de anticipar los movimientos de la Reserva Federal a través de sus comunicados. Sin embargo, la falta de indicaciones claras también puede aumentar la incertidumbre. Tiffany Wilding, economista de PIMCO, señala que los responsables monetarios han intentado moderar las expectativas de movimientos consecutivos de los tipos desde la subida de septiembre, sin que los últimos datos de inflación hayan alterado sustancialmente esa posición. Por su parte, Bret Kenwell, analista de eToro en Estados Unidos, advierte de que una mayor probabilidad de subida en diciembre podría presionar a los activos de riesgo, incluso si los tipos permanecen estables en octubre. A las tensiones inflacionistas se suma la incertidumbre sobre la evolución del empleo. La Reserva Federal debe equilibrar la necesidad de contener los precios con el riesgo de debilitar la actividad económica si mantiene una política monetaria demasiado restrictiva. El encarecimiento del petróleo y de otros productos energéticos complica esta tarea, al elevar los costes empresariales y reducir la capacidad de compra de los hogares. La inteligencia artificial constituye otro de los factores que condicionan las perspectivas económicas. La elevada inversión de las grandes tecnológicas en nuevos modelos de IA y centros de datos está impulsando la demanda de microprocesadores, componentes y materiales, lo que puede añadir presión sobre determinados precios. Al mismo tiempo, Warsh considera que la expansión de esta tecnología puede elevar la productividad a medio y largo plazo y contribuir a reducir los costes de producción. La Reserva Federal se enfrenta así a un doble desafío: controlar una inflación que sigue por encima de los niveles deseados sin frenar en exceso el crecimiento económico ni perjudicar la inversión tecnológica. La decisión de octubre aplaza ese dilema, pero no lo resuelve. La evolución de los precios, el mercado laboral y los costes energéticos será determinante para definir los próximos movimientos de la política monetaria estadounidense.

(El País, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas busca aumentar la capacidad de las refinerías europeas para frenar los precios de los combustibles

La Comisión Europea ha iniciado conversaciones con las empresas del sector del refino para estudiar cómo aumentar la capacidad de las refinerías europeas y reducir la exposición de ciudadanos y empresas a las subidas de los precios energéticos. Aunque la transición hacia fuentes de energía más limpias y económicas exige reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles, la prolongación de la guerra en Ucrania y el conflicto entre Estados Unidos e Irán han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del suministro energético europeo. El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, y el responsable de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, han inaugurado en Bruselas una primera ronda de contactos con representantes de las refinerías y de la OTAN. Uno de los objetivos es garantizar un suministro suficiente y asequible de combustibles, así como asegurar la movilidad de las fuerzas militares en caso de emergencia. Las conversaciones continuarán a nivel técnico y está previsto que los responsables vuelvan a reunirse a comienzos de 2027 para evaluar los avances. La iniciativa llega en un momento de fuerte tensión en los mercados energéticos. El precio del gas natural en Europa se aproximó el miércoles a los 100 euros por megavatio-hora, un nivel que no se alcanzaba desde 2022. En el mercado de futuros neerlandés, el coste subió más de un 3%, hasta los 99,50 euros por megavatio-hora, impulsado por la incertidumbre en Oriente Próximo y las informaciones sobre la posible reanudación de los ataques estadounidenses contra Irán tras las elecciones de medio mandato de la próxima semana. El diálogo con las refinerías forma parte de las actuaciones planteadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de la última cumbre de líderes comunitarios. Los Veintisiete reclamaron una respuesta coordinada y urgente ante el encarecimiento de la energía, con medidas específicas y temporales que tengan en cuenta las particularidades de cada Estado miembro y preserven el funcionamiento del mercado único. Entre las opciones consideradas figuran la optimización de la capacidad de refino y el aplazamiento hasta 2028 de determinadas obligaciones sobre las emisiones de metano aplicables a los importadores de petróleo, gas y carbón. Por ahora, Bruselas no ha concretado qué medidas se pondrán en marcha para incrementar la producción. Jorgensen ha explicado que el sector ha presentado propuestas que deberán ser examinadas, aunque ha insistido en la necesidad de actuar con rapidez. La Agencia Internacional de la Energía ha advertido de que el mercado mundial del gasóleo continuará sometido a una elevada presión durante buena parte de 2027. El comisario ha alertado de que el próximo invierno será complicado tanto para los hogares como para la economía europea. Actualmente, las refinerías de la Unión Europea cubren alrededor del 70% de la demanda de combustible para aviación y el 85% del consumo de gasóleo. Sin embargo, la capacidad industrial se ha reducido durante las últimas dos décadas: aproximadamente una cuarta parte de las refinerías europeas han cerrado y la capacidad de refino del continente ha disminuido en torno a un 10%. A esta evolución se suma el aumento de las desinversiones en el sector. Para Jorgensen, la crisis actual debe servir para revisar esta tendencia y reforzar la autonomía energética europea. El comisario considera necesario disponer de una capacidad de refino suficiente y flexible que permita responder a las alteraciones del mercado internacional y reducir la exposición a futuras interrupciones del suministro. Las conversaciones iniciadas en Bruselas pretenden identificar las posibilidades de aumentar la producción y mejorar el aprovechamiento de las instalaciones existentes. El proyecto, no obstante, plantea un difícil equilibrio entre las necesidades inmediatas y los compromisos medioambientales de la Unión Europea. Mientras Bruselas estudia cómo ampliar la capacidad para procesar combustibles fósiles, mantiene sus objetivos de reducción progresiva de emisiones y la meta de alcanzar la neutralidad climática en 2050. La reducción de la capacidad de refino en los últimos años se enmarca, precisamente, en el proceso de transformación del modelo energético europeo. El comisario ha reconocido que es necesario conciliar ambas prioridades. A largo plazo, la estrategia comunitaria pasa por abandonar la dependencia de los combustibles fósiles, pero, en la actualidad, millones de ciudadanos siguen utilizando vehículos de combustión y sistemas de calefacción basados en gas y combustibles líquidos. Además, las necesidades de defensa hacen que los ejércitos europeos continúen dependiendo de estos suministros. La Comisión quiere aprovechar el diálogo con las refinerías para elaborar una hoja de ruta que permita modernizar la industria y adaptarla a los objetivos climáticos sin comprometer la seguridad energética. Entre las posibilidades que se estudiarán figura el impulso de la producción de biocarburantes y combustibles sintéticos, con el fin de facilitar la transformación del sector y reducir progresivamente su impacto ambiental. Jorgensen también ha señalado que los beneficios que está obteniendo actualmente la industria del refino pueden contribuir a financiar esa transformación. Según ha explicado, cuando remita la crisis podría producirse un exceso de oferta mundial de los productos que las refinerías fabrican en la actualidad. Por ello, Bruselas considera importante aprovechar el periodo de elevada demanda y rentabilidad para impulsar inversiones que permitan avanzar hacia un modelo energético menos dependiente de los combustibles fósiles.

(La Vanguardia, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno decreta tres días de duelo por el siniestro de Urda

El nuevo accidente ferroviario registrado este miércoles en la provincia de Toledo, con al menos 68 fallecidos, ha provocado una fuerte conmoción política y ha dejado en suspenso la precampaña electoral del 29 de noviembre. El siniestro se produce apenas nueve meses después del ocurrido en Adamuz (Córdoba), que causó 46 víctimas mortales, en el mismo corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La tragedia abre interrogantes sobre la seguridad ferroviaria y sitúa al ministro de Transportes, Óscar Puente, bajo una creciente presión política, mientras se esperan los resultados de la investigación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que España no puede asumir dos accidentes graves de alta velocidad en un mismo año. Desde el lugar del siniestro, ha asegurado que se investigarán todas las posibles causas y que, si se detectan negligencias o fallos en los sistemas de seguridad, se exigirán responsabilidades. Entre las hipótesis que se barajan figuran un posible error humano en el centro de control de Adif en Atocha y un fallo informático en el sistema de seguridad que habría desencadenado el accidente. Sánchez ha señalado que, aunque los dos accidentes ferroviarios registrados este año tienen causas distintas, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para reforzar la seguridad y recuperar la confianza de los usuarios en la alta velocidad. Tras conocer lo ocurrido, el jefe del Ejecutivo ha suspendido su agenda y ha mantenido contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También ha informado al rey Felipe VI y se ha desplazado al puesto de mando de Urda acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Gobierno ha anunciado tres días de luto oficial, desde este jueves hasta el sábado 31 de octubre, durante los cuales se suspenderán también los actos de precampaña. Sánchez ha insistido en que las prioridades inmediatas son atender a las víctimas y a sus familiares, así como esclarecer las circunstancias del siniestro. La determinación de las causas será clave para establecer posteriormente las posibles responsabilidades políticas. Óscar Puente, que se ha desplazado al centro de control de Adif en Atocha, ha calificado el accidente de difícil explicación y ha apuntado a una posible decisión equivocada del operador que autorizó la reanudación de la marcha de un tren de Renfe que terminó colisionando con otro de Iryo, que permanecía detenido. El ministro ha considerado inexplicable que se diera esa autorización en las circunstancias que se investigan, aunque ha evitado adelantar conclusiones definitivas. Por el momento, Puente ha descartado presentar su dimisión y ha afirmado que su prioridad es esclarecer lo ocurrido y contribuir a resolver la situación. Sin embargo, dentro de la dirección del PSOE hay dirigentes que consideran que debería asumir responsabilidades políticas una vez que se conozcan los hechos. La posibilidad de su salida del Gobierno añade presión al Ejecutivo en vísperas de la cita electoral del 29 de noviembre. La oposición ha reclamado explicaciones al Gobierno, aunque las formaciones han adoptado posiciones diferentes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido su agenda y ha regresado a Madrid. Por ahora, ha evitado exigir responsabilidades políticas concretas, pero ha anunciado que reclamará información sobre el gasto destinado al sistema ferroviario, en un contexto marcado por las críticas sobre el mantenimiento de la red y las incidencias registradas en los últimos meses. Vox, por su parte, ha sido la formación que ha mantenido sus actos de precampaña. El partido ha celebrado una protesta en la plaza de Cibeles, en Madrid, en la que se han reclamado las dimisiones de Sánchez y Puente. Su presidente, Santiago Abascal, ha expresado su indignación por la tragedia y ha lanzado duras acusaciones contra el Ejecutivo. El accidente ha alterado así el escenario político a pocas semanas de las elecciones. Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno centra sus esfuerzos en la atención a las víctimas y en determinar qué falló en la circulación ferroviaria. El alcance de las responsabilidades y las consecuencias para el ministro de Transportes dependerán de las conclusiones que se obtengan sobre las causas del siniestro.

(El Economista, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Justicia frena los testamentos que usan la mejora para beneficiar al cónyuge frente a los hijos

El Tribunal Supremo ha determinado que un testador no puede imponer una sustitución fideicomisaria sobre el tercio de mejora de la herencia a favor de su cónyuge viudo, aunque establezca que los bienes deberán conservarse para transmitirlos posteriormente a sus hijos. La sentencia, de 7 de octubre de 2026, establece que tanto el fiduciario como el fideicomisario deben ser descendientes del causante cuando la sustitución afecta a este tercio de la herencia. El magistrado ponente, Seoane Spiegelberg, considera que esta disposición testamentaria vulnera la intangibilidad cualitativa de la legítima estricta y de la legítima larga de los herederos forzosos. Por este motivo, el alto tribunal desestima el recurso de casación presentado por la viuda y confirma la nulidad de las operaciones de partición de la herencia realizadas por el contador partidor. El litigio tiene su origen en un testamento otorgado en 2017 por un hombre casado en segundas nupcias bajo el régimen de separación de bienes y con tres hijos de un matrimonio anterior. La defensa de la viuda sostuvo ante el Supremo que la disposición no infringía los artículos 782, 813 y 824 del Código Civil. A su juicio, la prohibición de establecer sustituciones sobre el tercio de mejora debía interpretarse atendiendo a quién recibiría finalmente los bienes, es decir, los hijos designados como fideicomisarios, y no a la identidad de la fiduciaria. También argumentó que su posición era equiparable a la protección que la ley reconoce al cónyuge viudo mediante el usufructo del tercio de mejora, conforme al artículo 834 del Código Civil. El testador había legado a su esposa el tercio de libre disposición, atribuido la legítima estricta a una de sus hijas y nombrado herederos universales del resto a sus otros dos hijos, ambos varones. Asimismo, estableció una sustitución fideicomisaria sobre determinados porcentajes de fincas e inmuebles, designando a su viuda como heredera fiduciaria, con la obligación de conservar los bienes, y a sus dos hijos como fideicomisarios. Al formalizarse la partición de la herencia, cuyo caudal neto ascendía a 1,8 millones de euros, el contador partidor agotó el tercio de libre disposición mediante legados en metálico, saldos bancarios y atribuciones de bienes en pleno dominio a la viuda. Por otra parte, la cuota correspondiente a la titularidad fiduciaria de los inmuebles, valorada en 77.000 euros, se imputó al tercio de mejora. Los dos hijos nombrados herederos universales demandaron a la viuda para solicitar la rescisión de la partición por lesión y la reducción de los legados inoficiosos. Argumentaron que la carga impuesta sobre los inmuebles reducía indebidamente sus derechos hereditarios al impedirles disponer plenamente de esos bienes hasta el fallecimiento de la fiduciaria. El Tribunal Supremo distingue entre el usufructuario y el heredero fiduciario. Mientras que el primero dispone de un derecho real sobre bienes ajenos, el segundo adquiere el pleno dominio de los bienes hereditarios, con la posibilidad de disfrutarlos y ejercer las facultades propias de la propiedad, aunque tenga la obligación de conservarlos y restituirlos posteriormente. Por ello, el fiduciario es un sucesor a título gratuito que obtiene un beneficio directo de la disposición testamentaria. La Sala fundamenta su decisión en el artículo 782 del Código Civil, que prohíbe imponer sustituciones fideicomisarias sobre la legítima y limita las que recaen sobre el tercio de mejora a favor de descendientes. A ello se suma el artículo 824, que impide establecer gravámenes sobre dicho tercio si no se hacen en beneficio de los legitimarios o de sus descendientes. Dado que el cónyuge viudo no es descendiente del causante, atribuirle la titularidad fiduciaria de bienes pertenecientes al tercio de mejora limita la disponibilidad de esa parte de la herencia por los herederos forzosos hasta el fallecimiento de la esposa. Esta restricción vulnera, según el tribunal, el principio de intangibilidad cualitativa de la legítima recogido en el artículo 813 del Código Civil. La sentencia descarta asimismo que la disposición pueda ampararse en una cautela sociniana, destinada a proteger al cónyuge viudo, ni en el artículo 831 del Código Civil, relativo a la delegación de la facultad de mejorar. El testamento no atribuía expresamente facultades distributivas de este tipo y, además, los hijos implicados no eran descendientes comunes del matrimonio. En consecuencia, el Supremo confirma la nulidad de la partición hereditaria elaborada por el contador partidor y condena a la viuda al pago de las costas procesales, además de declarar perdido el depósito constituido para recurrir.

(El Economista, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas moviliza casi 12.000 millones para crear un cuerpo de 30.000 agentes de fronteras

La Comisión Europea ha presentado un paquete legislativo que fija el objetivo de alcanzar un cuerpo permanente de 30.000 agentes después de 2027. Para ello, se prevé crear la Reserva Europea de Fronteras y Retornos, integrada por 17.000 efectivos procedentes de las administraciones nacionales. El marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034 contempla una dotación de 11.888 millones de euros. El paquete incluye dos propuestas de reglamento destinadas a reforzar la capacidad operativa de Frontex y a establecer un sistema informático común para los 27 Estados miembros. La iniciativa busca actualizar la normativa europea relativa al control de las fronteras exteriores y a la gestión de los procedimientos de retorno. La primera propuesta, identificada como COM(2026) 1030, plantea una refundición del reglamento de Frontex para convertir a la agencia en el principal instrumento operativo del Sistema Europeo Común de Retornos. Entre las nuevas competencias previstas figura la posibilidad de adquirir equipamiento técnico propio y organizar compras conjuntas. También se contempla la creación de un Centro de Coordinación de Retornos encargado de planificar las operaciones de retorno voluntario y forzoso. Además, Frontex podrá prestar asistencia en terceros países mediante acuerdos de estatuto y gestionar el Centro de Vigilancia en línea como informador de confianza en el marco del Reglamento de Servicios Digitales. La propuesta incorpora igualmente una Oficina de Apoyo en materia de Visados y una Oficina SIRENE interna. La segunda iniciativa, registrada como COM (2026) 1037, regula la digitalización de los expedientes relacionados con el retorno, la readmisión y la reintegración. Para ello, establece una arquitectura técnica descentralizada denominada columna vertebral digital común. Cada Estado miembro contará con un sistema nacional RECAMAS, conectado con los demás países a través de un portal de comunicación desarrollado por la agencia eu-LISA. La infraestructura se completará con el sistema iRCMS, destinado a la gestión de la readmisión, y el sistema RIAT, centrado en la reintegración. Cada expediente dispondrá de un identificador único que permitirá realizar su seguimiento en tiempo real. El proyecto prevé automatizar la apertura de expedientes cuando finalice el periodo de estancia legal, así como la emisión de decisiones de retorno y la utilización de inteligencia artificial. El plazo general de conservación de los datos será de diez años. La supervisión del programa recaerá en una Junta de Gestión formada por diez representantes de la Comisión Europea, Frontex y eu-LISA. La implantación completa del sistema está prevista para 2034.

(Cinco Días, 28-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España estudia dar indicaciones a la banca para aplicar la sentencia del fraude

Parte de las entidades financieras españolas y europeas ha retrasado la devolución del dinero sustraído mediante operaciones bancarias no autorizadas, alegando que los clientes incurrieron en negligencia grave. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado esta cuestión y ha establecido que los bancos deben reembolsar las cantidades defraudadas, como máximo, al finalizar el siguiente día hábil. Posteriormente, podrán demostrar que el usuario actuó de forma negligente y reclamarle el importe si procede. El Banco de España está analizando la sentencia y ha comunicado que estudia la posibilidad de emitir instrucciones al sector para favorecer una aplicación uniforme, coherente y proporcionada de la resolución. La sentencia, dictada el pasado 15 de octubre, cuestiona la práctica de algunas entidades financieras de rechazar reclamaciones por fraude alegando una conducta negligente de sus clientes. Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), este procedimiento obliga con frecuencia a los afectados a acudir a los tribunales para recuperar su dinero, con los costes y demoras que ello supone. La resolución europea establece que el banco debe efectuar primero el reembolso y, después, si considera que el cliente ha actuado de forma negligente, acreditar esa circunstancia y reclamarle las cantidades correspondientes. Las entidades financieras sostienen que el alcance de la sentencia es limitado y se apoyan en la distinción entre operaciones de pago autorizadas y no autorizadas. La normativa española sobre servicios de pago establece que una operación se considera autorizada cuando el titular ha dado su consentimiento para ejecutarla y que, en ausencia de este, debe calificarse como no autorizada. Desde la Asociación Española de Banca (AEB) señalan que el TJUE ha resuelto un caso de una operación no autorizada y que su pronunciamiento confirma la regulación vigente para este tipo de situaciones. La patronal bancaria añade que la sentencia no altera el régimen de responsabilidad del usuario cuando incumple de forma negligente su obligación de proteger los datos de pago. Asufin considera, sin embargo, que esta distinción no justifica que se deniegue el reembolso cuando el cliente ha sido víctima de un engaño. En numerosas estafas, los delincuentes se hacen pasar por empleados bancarios, representantes de organismos públicos o privados, o incluso familiares, para conseguir que la víctima autorice una transferencia o un pago. Un ejemplo habitual es el de los mensajes fraudulentos en los que alguien suplanta la identidad de un hijo o un nieto para solicitar dinero mediante Bizum o una transferencia bancaria. Hasta ahora, el criterio del Banco de España se ha basado en la aplicación de la normativa vigente. Según su última memoria de reclamaciones, la entidad financiera debe devolver el importe de una operación no autorizada sin demora y, en todo caso, antes de que finalice el siguiente día hábil. La excepción contemplada se refiere a los casos en los que exista sospecha de fraude y esta se comunique al supervisor. La memoria también señala que corresponde al banco demostrar que la operación fue autenticada y registrada correctamente, salvo que acredite la existencia de fraude o negligencia grave por parte del usuario. Algunas entidades se habían apoyado en esta última salvedad para justificar el rechazo de reclamaciones. Sin embargo, la referencia afecta a la carga de la prueba y no al plazo para efectuar la devolución. Tras la sentencia europea, el departamento de Conducta de Entidades del Banco de España, dirigido por José Luis Escrivá, estudia sus implicaciones. El TJUE establece como única excepción al reembolso inmediato la sospecha de que el propio cliente haya cometido fraude, siempre que se comunique por escrito a la autoridad nacional competente. El asunto analizado por el tribunal europeo se originó en Polonia. Una mujer que había anunciado un artículo en una plataforma de compraventa por internet recibió un mensaje de una persona que se hizo pasar por un posible comprador. El estafador le envió un enlace a una página que imitaba la web de su banco y consiguió que introdujera sus credenciales de banca electrónica. Después, transfirió unos 700 euros a una cuenta propia. La clienta informó a la entidad al día siguiente, pero esta rechazó devolverle el dinero al considerar que había incumplido su obligación de proteger el instrumento de pago y evitar que personas no autorizadas accedieran a él. El TJUE concluyó que esa justificación no basta para denegar el reembolso. La resolución puede tener consecuencias económicas para el sector financiero, tanto por los fraudes que se produzcan en el futuro como por las reclamaciones anteriores que todavía puedan reabrirse. El volumen de las estafas en el Espacio Económico Europeo, integrado por los 27 países de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, alcanzó los 4.200 millones de euros. En España, el importe superó los 300 millones en 2024, según los últimos datos publicados por el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el Banco de España. La decisión europea refuerza así la obligación de las entidades de devolver con rapidez el dinero correspondiente a operaciones no autorizadas, sin trasladar automáticamente al cliente las consecuencias de una posible negligencia. Los bancos deberán aplicar este criterio en las reclamaciones futuras y valorar sus implicaciones en los expedientes anteriores, mientras el Banco de España estudia si resulta necesario emitir nuevas indicaciones para garantizar una aplicación homogénea de la sentencia.

(La Vanguardia, 28-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Vivienda aprueba 200 millones subvenciones para promotores de alquileres asequibles en suelos públicos

El Gobierno ha aprobado una partida de 201 millones de euros en ayudas directas para promotores y constructores que desarrollen viviendas de alquiler asequible en terrenos públicos urbanizados propiedad de Casa 47. La iniciativa pretende ampliar el parque público de alquiler mediante acuerdos de colaboración entre las administraciones y el sector privado, con rentas inferiores a las del mercado y limitadas al 30% de los ingresos de la unidad familiar. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que regula estas subvenciones, con las que se prevé impulsar hasta 2.500 nuevas viviendas. Según el Ministerio de Vivienda, los fondos permitirán financiar alrededor de 30 promociones en distintas zonas de España, entre ellas Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara. Las viviendas construidas con estas ayudas mantendrán su titularidad pública y ofrecerán alquileres asequibles de forma permanente. Los contratos podrán extenderse durante un periodo de hasta 75 años, mientras que las rentas no podrán superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia que ocupe cada inmueble. El Ejecutivo defiende este sistema de colaboración público-privada como una fórmula para aumentar la oferta de vivienda protegida sin perder las condiciones de asequibilidad a largo plazo. El modelo toma como referencia experiencias como la de Viena, donde este tipo de vivienda pública tiene una presencia consolidada. El Gobierno sostiene que este planteamiento evita que la asequibilidad dependa de las condiciones que establezcan las empresas adjudicatarias y lo diferencia de otros programas, como el Plan Vive de la Comunidad de Madrid.

De Cos, el favorito de los expertos para suceder a Lagarde

La economía de Estados Unidos acelera en el tercer trimestre al crecer un 3,4% impulsada por la IA

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 4,9% en octubre, la misma que la registrada en septiembre

La Reserva Federal mantiene sin cambios los tipos de interés a menos de una semana de las ‘midterms’

Bruselas busca aumentar la capacidad de las refinerías europeas para frenar los precios de los combustibles

El Gobierno decreta tres días de duelo por el siniestro de Urda

La Justicia frena los testamentos que usan la mejora para beneficiar al cónyuge frente a los hijos

Bruselas moviliza casi 12.000 millones para crear un cuerpo de 30.000 agentes de fronteras

El Banco de España estudia dar indicaciones a la banca para aplicar la sentencia del fraude

Vivienda aprueba 200 millones subvenciones para promotores de alquileres asequibles en suelos públicos

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?