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(Cinco Días, 20-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La AEB reclama a Bruselas retomar la unión bancaria tras más de una década de bloqueo político

La banca española está cerrando filas ante los profundos cambios que se avecinan en el sistema financiero europeo. Tras el movimiento del banco italiano Unicredit, que ha reactivado el debate sobre las fusiones transfronterizas con su oferta sobre el alemán Commerzbank, y ha generado inquietud en las entidades del norte de Europa, la Asociación Española de Banca (AEB) ha presentado a la Comisión Europea un amplio documento con propuestas para reformar la regulación del sector. En este informe, al que han tenido acceso fuentes financieras, una de las principales demandas es reactivar el proyecto de unión bancaria, que lleva más de diez años bloqueado por las diferencias entre países del norte y del sur de Europa. La iniciativa coincide con una consulta pública lanzada por la Comisión Europea en febrero para recoger la opinión del sector financiero, en un intento de simplificar la normativa bancaria, en línea con las reformas impulsadas en Reino Unido y Estados Unidos. En este proceso, tanto los grandes bancos como las patronales del sector -la AEB y la CECA- han coordinado sus planteamientos, aunque han presentado respuestas por separado. El documento de la AEB, de más de cien páginas, analiza los retos del sector y propone diversas medidas. Entre ellas, destaca la necesidad de avanzar en la unión bancaria mediante la creación de un fondo europeo común de garantía de depósitos, que sustituya a los sistemas nacionales. También plantea facilitar la movilidad de capital y liquidez entre países y culminar el desarrollo de un mercado único de capitales. Este proyecto de unión bancaria surgió tras la crisis financiera con tres pilares fundamentales. El primero fue el establecimiento de un supervisor único, función asumida por el Banco Central Europeo a través del Mecanismo Único de Supervisión. El segundo fue la creación del mecanismo único de resolución en 2016, que establece cómo actuar ante la quiebra de un banco y evita recurrir a fondos públicos, como ocurrió en la resolución del Banco Popular en 2017. El tercer elemento, la creación de un fondo común de garantía de depósitos, es el que sigue sin concretarse debido a la oposición de algunos países del norte, que rechazan compartir riesgos con otras economías. Sin embargo, el contexto ha cambiado y ahora son los bancos del sur, tras su reestructuración, los que tienen mayor capacidad de expansión. Entidades como Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter consideran clave completar este proceso para ganar tamaño y poder competir en igualdad de condiciones con los grandes bancos internacionales, especialmente los estadounidenses. No obstante, reconocen que las reticencias políticas persistirán y que las negociaciones serán complejas, aunque ven una oportunidad para avanzar a medio y largo plazo. En este sentido, el Banco Central Europeo ya ha mostrado su apoyo a retomar el debate. Otro de los puntos centrales del documento es la regulación del capital. Aunque los bancos no cuestionan los requisitos actuales, sí critican la acumulación de exigencias por parte de distintos organismos supervisores, como el BCE, la Autoridad Bancaria Europea o los bancos centrales nacionales. Reclaman mayor claridad y estabilidad en los criterios, así como garantías de que no se incrementarán de forma continua los niveles exigidos. Asimismo, proponen mejorar la coordinación entre las múltiples autoridades implicadas -más de una veintena, según el sector- mediante un enfoque conjunto que permita una visión global de las necesidades de capital. Por último, la banca también plantea ampliar el mandato del Banco Central Europeo para que, además de velar por la estabilidad financiera, tenga en cuenta el crecimiento y la competitividad del sector, siguiendo el ejemplo del Reino Unido. También pide que la normativa se articule preferentemente mediante reglamentos -de aplicación directa- en lugar de directivas, y que se evalúe con mayor rigor el impacto de las nuevas regulaciones.

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(El Economista, 20-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El PIB per cápita se estanca y se sitúa un 30% por debajo del promedio europeo

España terminó 2025 consolidándose, un año más, como la economía con mayor crecimiento del PIB dentro de Europa. Sin embargo, este avance apenas se traduce en una mejora equivalente de la riqueza por habitante, que muestra un claro estancamiento. Así lo indican los últimos datos de Eurostat, que sitúan el PIB per cápita en 28.320 euros, lo que supone un aumento cercano al 1% respecto a 2024. Con ello, España permanece unos 30 puntos por debajo de la media de la Unión Monetaria. A pesar del crecimiento económico, el país sigue sin acercarse a los niveles de las principales economías de la eurozona. Italia es la referencia más próxima, aunque todavía se encuentra a casi 5.000 euros por persona de distancia al cierre de 2025. La brecha es mayor respecto a Francia, cuyo PIB per cápita supera los 38.000 euros, y aún más con Alemania, que alcanza los 43.210 euros. En este último caso, aunque la economía alemana ha retrocedido ligeramente desde los 44.230 euros registrados en 2022 tras la pandemia, la distancia con España apenas se ha reducido. Esto contrasta con las previsiones de principios de la década pasada, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a plantear la posibilidad de converger con Alemania en este indicador. Uno de los factores que explican el estancamiento de la riqueza por habitante es que, aunque el PIB crece, la población lo hace a un ritmo similar o incluso mayor. Dado el bajo nivel de natalidad, este aumento se debe principalmente a la llegada de inmigrantes. De hecho, en 2025 España destacó como el principal destino migratorio dentro de la Unión Europea, con cifras comparables a las de países como Turquía. A esto se suma el impacto de una recaudación fiscal récord, que superó los 320.000 millones de euros, impulsada en gran medida por el IRPF. El fuerte rendimiento de este impuesto está relacionado, entre otros factores, con la falta de actualización de sus tramos conforme a la inflación en los últimos años, algo especialmente perjudicial tras el repunte de precios derivado de la guerra en Ucrania en 2022 y, más recientemente, del conflicto en Oriente Próximo. Expertos del think tank Bruegel señalan que pueden existir múltiples causas, pero apuntan especialmente a la baja productividad como uno de los principales problemas de la economía española. Resulta significativo que este indicador incluso haya descendido en periodos de crecimiento del PIB. Desde el Instituto de Estudios Económicos, su director general, Gregorio Izquierdo, subraya que una parte importante del crecimiento reciente -con una previsión del 3% para 2025- se diluye al repartirse entre un mayor número de personas y trabajadores, sin que aumente de forma relevante el valor añadido generado por cada uno. En definitiva, el problema de la productividad vuelve a situarse en el centro del debate, ya que su evolución ha sido paralela a la del PIB per cápita, mostrando ambos un estancamiento en los últimos años. El catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, José E. Boscá, califica este comportamiento como "decepcionante" y lo considera uno de los problemas estructurales de la economía española. Según un estudio elaborado por Fedea, BBVA Research y la Fundación Rafael del Pino, desde 2019 la productividad por hora trabajada ha crecido menos de un 3%, apenas unas décimas al año, mientras que el PIB por trabajador sigue cerca de los niveles previos a la pandemia. El informe concluye que este estancamiento se debe, en gran medida, a que el número de trabajadores ha aumentado más que el total de horas trabajadas, lo que mantiene la productividad por ocupado en niveles similares a los de hace casi seis años.

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(La Vanguardia, 20-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Competencia abre 14 expedientes sancionadores en su investigación del apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto varios expedientes sancionadores al detectar posibles incumplimientos en el marco de la investigación sobre el apagón del 28 de abril de 2025, según ha comunicado este viernes. Aunque la identidad de las empresas afectadas se hará pública tras el cierre de los mercados, fuentes del sector señalan que entre las principales implicadas figuran Red Eléctrica e Iberdrola, esta última por la gestión de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en Badajoz. En total, podrían haberse iniciado entre una docena y catorce expedientes. El organismo regulador ha actuado dentro del plazo máximo que establece la Ley del Sector Eléctrico, que obliga a iniciar este tipo de procedimientos antes de que transcurra un año desde el incidente, con un margen límite de diez días previos a esa fecha. Este anuncio se produce pocos días antes del inicio en el Congreso de una nueva comisión de investigación sobre el apagón -tras el cierre de la del Senado-, que comenzará el lunes con la comparecencia de representantes del sector eléctrico. Al día siguiente está prevista la intervención de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, quien podría aportar nuevos detalles. En su informe, el regulador señala que el apagón tuvo un origen "multifactorial", resultado de una sucesión de acontecimientos que fueron desestabilizando el sistema hasta provocar un colapso por sobretensión. Además, indica que durante la investigación se han detectado indicios de posibles incumplimientos de la normativa durante periodos prolongados, que habrían influido en el funcionamiento del sistema eléctrico, aunque no necesariamente constituyan la causa directa del incidente. La CNMC subraya que la apertura de estos expedientes no implica una conclusión definitiva, ya que el proceso puede prolongarse entre nueve y dieciocho meses, dependiendo de la gravedad de las posibles infracciones. Durante este tiempo, las empresas podrán presentar alegaciones y pruebas en su defensa. El apagón, ocurrido hace ahora un año, ha obligado a reforzar la operativa del sistema eléctrico, con un coste acumulado de 666 millones de euros hasta marzo, según datos de Red Eléctrica. Las investigaciones realizadas tanto a nivel europeo como nacional no han señalado responsables claros, lo que ha generado un cruce de reproches entre los distintos actores implicados. En este contexto, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, llegó a señalar tanto a las compañías eléctricas como al propio regulador. Por su parte, las conclusiones de la comisión del Senado reparten responsabilidades entre Red Eléctrica, las empresas del sector y la propia CNMC, a la que se atribuye retraso en autorizar que las energías renovables participen en el control de la tensión del sistema, un factor considerado clave en el origen del apagón.

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(El Confidencial, 20-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España revela que solo un grupo de edad tiene más ingresos ahora que hace 22 años

La Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España revela que, en 2024, los ingresos de los hogares han logrado superar el récord previo que se remontaba a 2002. Es decir, han sido necesarios más de veinte años para recuperar aquel nivel. En concreto, la renta mediana por hogar alcanzó los 36.100 euros (con una media de 46.300 euros), lo que supone un incremento del 1,6% respecto a comienzos de siglo. No obstante, esta mejora no se ha producido de forma uniforme, sino que varía claramente según la edad. La brecha generacional vuelve a ser determinante: los únicos hogares que han superado ampliamente los niveles de renta de 2002 son aquellos encabezados por personas mayores de 65 años. El resto de grupos sigue por debajo. Para este análisis se utilizan medianas, ya que reflejan mejor la realidad al evitar el sesgo de las rentas más altas. Los jóvenes son los más perjudicados en este periodo. Los hogares cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años registran ingresos un 17% inferiores a los de 2002, lo que equivale a unos 6.500 euros menos al año. También el grupo de entre 45 y 54 años se encuentra un 15% por debajo de los niveles de entonces. A partir de los 55 años la caída es menor, en torno al 4%, aunque sigue siendo negativa. La recuperación solo se observa claramente entre los jubilados: los hogares de entre 65 y 74 años tienen hoy un 37% más de renta que a principios de siglo, mientras que en los mayores de 75 años el aumento alcanza el 50%. Además, hay factores que matizan estos datos, especialmente en los extremos de edad. En el caso de los jóvenes, la estadística se basa en hogares y no en individuos, lo que excluye a quienes aún viven con sus padres, un grupo cada vez más numeroso (más del 60% de los menores de 30 años). Esto implica que los datos reflejan principalmente a los jóvenes que han podido independizarse, generalmente en mejor situación económica, por lo que la realidad global podría ser aún más desfavorable. Por el contrario, entre los mayores de 65 años aumenta el número de hogares unipersonales debido a la mayor esperanza de vida, lo que sugiere que la renta por persona podría haber crecido incluso más que la renta por hogar. El deterioro económico de los jóvenes se intensificó tras la crisis financiera, que disparó el desempleo y redujo los salarios, prolongando una situación adversa durante más de una década. Mientras tanto, las políticas públicas han priorizado la protección de las pensiones, contribuyendo a mejorar progresivamente los ingresos de los mayores. Esto ha ampliado la desigualdad entre generaciones, una brecha que resulta aún más evidente si se analiza la riqueza. En este sentido, la revalorización de los activos -especialmente en los mercados financieros e inmobiliarios- ha beneficiado principalmente a quienes ya contaban con patrimonio, ampliando aún más la distancia entre generaciones. Los datos muestran que la riqueza neta de los hogares con menores de 35 años ha caído de más de 77.000 euros a principios de siglo a menos de 23.000 euros en 2024 (en términos constantes), lo que supone un desplome del 71%. En cambio, los hogares de mayores de 75 años han visto crecer su patrimonio un 81%, pasando de 118.000 a más de 214.000 euros. La diferencia es aún más clara si se compara directamente: a comienzos de siglo, los mayores de 75 años tenían un patrimonio un 52% superior al de los jóvenes. En 2024, esa distancia se ha multiplicado, hasta ser nueve veces mayor.

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(Cinco Días, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC aprueba un plan para evitar el agotamiento de la numeración telefónica

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio este jueves su visto bueno a dos iniciativas del Ministerio para la Transformación Digital destinadas a modificar la gestión de la numeración telefónica y evitar su saturación. Estas medidas pretenden aliviar la presión sobre las líneas fijas en zonas con alta demanda y ordenar el crecimiento de los servicios máquina a máquina (M2M). Una de las decisiones principales consiste en suprimir la numeración geográfica vinculada a servicios nómadas, debido a su escasa utilización. Estos números, que suman millones de recursos disponibles, pasarán a destinarse al servicio fijo convencional. Según la CNMC, esta reasignación ayudará a cubrir la demanda en provincias donde el agotamiento de numeración es inminente. Este tipo de numeración permitía disponer de números con prefijos provinciales, como 91 o 93, asociados a servicios de telefonía por internet, lo que ofrecía movilidad al usuario sin necesidad de una conexión física fija. Sin embargo, su uso estaba condicionado a que el titular acreditara una dirección real en la provincia correspondiente, lo que permitía mantener una imagen de proximidad pese a operar de forma remota. El plan contempla un periodo de seis meses para que operadores y usuarios adapten sus servicios. Además, se reforzará el control exigiendo que los titulares acrediten su vinculación con la zona geográfica del número asignado. En relación con los dispositivos conectados, se ha fijado julio de 2026 como fecha límite para que los nuevos servicios M2M utilicen exclusivamente numeración de 13 dígitos que comienza por 59. El objetivo es preservar los números móviles tradicionales de nueve cifras, cuyo uso por parte de estos dispositivos se irá eliminando progresivamente hasta desaparecer en 2031. Las líneas M2M se emplean en sistemas automatizados con poca intervención humana, como máquinas expendedoras, alarmas o terminales de pago. Aunque existe un rango específico para ellas, su uso ha sido reducido, ya que muchas utilizan numeración móvil convencional, lo que ha contribuido a su saturación. La CNMC también ha planteado ajustes técnicos para definir con mayor precisión qué operadores podrán acceder a estos rangos y ha recomendado excluir el sistema de emergencia vehicular eCall de esta categoría. A su juicio, estas medidas permitirán garantizar la capacidad necesaria para el desarrollo de nuevas tecnologías y el crecimiento del entorno digital. El organismo destaca que estas reformas responden a la necesidad de optimizar recursos limitados. Al liberar numeración geográfica poco utilizada, se incrementa la disponibilidad sin necesidad de ampliar los rangos actuales. Por su parte, los servicios nómadas que no requieran vinculación territorial seguirán utilizando el rango específico 51. La introducción del rango 59 para el internet de las cosas responde al aumento de dispositivos conectados, como vehículos o sistemas de medición remota. El uso de numeración móvil para estos fines estaba reduciendo la disponibilidad de líneas para usuarios particulares, por lo que la nueva numeración de 13 cifras permitirá absorber el crecimiento previsto en los próximos años. Asimismo, la CNMC ha instado al Ministerio a simplificar la normativa eliminando referencias desactualizadas y unificando criterios, con el fin de ofrecer mayor seguridad jurídica a operadores y empresas tecnológicas. Por último, el organismo supervisará directamente la aplicación de estas medidas para asegurar que se cumplen los plazos establecidos y que el sistema de numeración puede adaptarse al crecimiento del ecosistema digital sin generar problemas de disponibilidad en ninguna región.

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(Expansión, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas relajará las normas sobre fusiones para facilitar gigantes europeos

La Comisión Europea está revisando las reglas de competencia que utiliza para aprobar o bloquear fusiones, con el objetivo de facilitar la creación de grandes empresas europeas capaces de competir a nivel global. Europa busca reforzar su peso internacional y ha asumido que no podrá reducir la distancia en innovación respecto a Estados Unidos y China sin permitir que sus compañías alcancen una escala suficiente para afrontar las fuertes inversiones necesarias para mantenerse competitivas. En este contexto, el Ejecutivo comunitario está actualizando las directrices que guían a los funcionarios al evaluar operaciones empresariales. Hasta ahora, Bruselas se ha centrado principalmente en el impacto que la concentración podía tener sobre los precios, lo que, aunque no ha impedido la mayoría de las fusiones, sí ha frenado algunas de las más ambiciosas. Sin embargo, el actual escenario geopolítico, las tensiones con aliados tradicionales y la competencia tecnológica global han llevado a la Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, a replantearse un marco normativo que lleva dos décadas en vigor. Como señaló Teresa Ribera, hasta ahora el análisis se ha limitado a los efectos en los precios a corto plazo -generalmente en un horizonte de tres años-, pero se plantea ampliar ese enfoque para valorar también beneficios y riesgos en un periodo más largo. De aplicarse, este cambio supondría una de las reformas más profundas en materia de competencia desde los años 2000, cuando se puso el foco en el impacto de las fusiones sobre los consumidores. Aunque el objetivo principal sigue siendo evitar distorsiones en el mercado interior, la Comisión reconoce que su evaluación debe adaptarse a nuevas realidades. En un borrador adelantado por Financial Times, se destaca que no solo los precios bajos benefician a los consumidores, sino también la innovación y el tamaño empresarial, que pueden mejorar el acceso a recursos clave y reforzar las cadenas de suministro. Aunque estos factores ya se consideran, las empresas llevan tiempo denunciando que han tenido un peso secundario frente al análisis del poder de fijación de precios. El nuevo enfoque reconoce que el crecimiento empresarial para competir a escala global puede favorecer la competencia y aportar beneficios a la Unión Europea, aunque el texto aún puede modificarse antes de su publicación definitiva. No obstante, Teresa Ribera ha subrayado que no se trata de permitir fusiones sin control, aunque defiende que las nuevas normas podrían situarse entre las más avanzadas del mundo. Algunos expertos consideran que no sería necesario un cambio radical en la regulación, sino más bien un ajuste en la forma de evaluar las operaciones, dando mayor importancia a la innovación y a las necesidades de inversión, además de la competencia interna. Por su parte, las empresas reclaman mayor seguridad jurídica. Este debate es especialmente relevante en sectores como las telecomunicaciones, donde los precios han caído en los últimos años. Compañías como Telefónica llevan tiempo solicitando mayor flexibilidad para crecer mediante adquisiciones. Hasta ahora, Bruselas ha sido más favorable a las fusiones entre empresas de distintos países, pero mantiene cautela ante las operaciones dentro de un mismo mercado nacional, al considerar que pueden reducir la competencia. Sin embargo, las compañías argumentan que es precisamente en el ámbito nacional donde se generan más sinergias y ahorros de costes, lo que a su vez puede impulsar la inversión.

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(Expansión, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España cae en el índice de países más atractivos para la inversión extranjera

Según una encuesta de la consultora Kearney, el alto nivel de deuda pública, el desempleo estructural y las restricciones del Gobierno a las inversiones extranjeras están reduciendo el atractivo de España para los directivos de grandes multinacionales. De acuerdo con estos ejecutivos, el país pierde posiciones como destino de inversión internacional debido a factores como el endeudamiento, la persistencia del paro y las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para limitar la entrada de capital extranjero en sectores estratégicos. Como consecuencia, España ha descendido del puesto 11 al 15 en el último índice global de confianza para la inversión extranjera elaborado por Kearney. El informe se basa en una encuesta realizada en enero de 2026 a más de 500 altos directivos, por lo que aún no recoge el impacto de acontecimientos recientes como el conflicto con Irán o el encarecimiento del petróleo, aunque ya se percibía una creciente preocupación por el contexto geopolítico. Este retroceso prolonga la tendencia negativa iniciada en 2023, cuando España ocupaba la octava posición en el ranking, lo que supone una caída de siete puestos en tres años. Entre los factores que, según el informe, condicionan el interés inversor destacan la elevada deuda pública -que alcanzó el 103% del PIB a finales de 2025- y la tasa de desempleo estructural, la más alta de la Unión Europea. También influye la extensión hasta finales de 2026 del sistema de control de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, que incrementa las exigencias regulatorias. Este mecanismo, que obliga a obtener autorización previa para determinadas adquisiciones, ha permitido al Ejecutivo bloquear la compra de Talgo por parte de una empresa húngara y establecer condiciones a la entrada de Saudi Telecom en Telefónica. El control es permanente para inversores de fuera de la Unión Europea y se ha prorrogado temporalmente para los comunitarios. Según Kearney, esta medida busca proteger sectores clave como la tecnología o las infraestructuras críticas, reforzando la seguridad económica, aunque añade más requisitos administrativos. En cuanto al empleo, la consultora reconoce una mejora en la tasa de paro, aunque sigue siendo la más elevada del bloque comunitario. Los datos oficiales reflejan esta pérdida de atractivo: la inversión extranjera directa en España cayó un 22% en 2025, hasta los 30.764 millones de euros, según cifras de la Secretaría de Estado de Comercio. Aun así, los directivos identifican oportunidades en sectores como las energías renovables y el transporte de mercancías. España destaca en la transición energética y ha recibido un volumen significativo de inversión en logística, superior al de otras grandes economías europeas. Entre los principales motivos para invertir en el país, los encuestados señalan la calidad de las infraestructuras, el crecimiento económico y la cualificación de la fuerza laboral, factores mencionados por el 27% de los participantes. En la clasificación de Kearney, España queda por detrás de países como Singapur, Arabia Saudí, Corea del Sur y Suiza. Italia también registra un descenso notable, pasando del octavo al decimotercer puesto. Por su parte, Estados Unidos mantiene el liderazgo, impulsado por su fortaleza tecnológica y la solidez de su economía, aunque las expectativas económicas a tres años han empeorado respecto al año anterior. Tras Estados Unidos se sitúan Canadá, Japón y China.

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(El País, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros el plan estatal de vivienda dotado con 7.000 millones de euros

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció este jueves que su departamento llevará al próximo Consejo de Ministros la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con una inversión histórica de 7.000 millones de euros. Esta decisión llega tras varios meses de diálogo con distintas administraciones, especialmente con las comunidades autónomas, que han realizado aportaciones desde la presentación inicial del plan en septiembre de 2025. El objetivo principal de este programa para los próximos años es hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda que afectan a miles de ciudadanos, mediante el refuerzo del parque público. Para ello, el nuevo plan triplica los recursos respecto a ediciones anteriores, con el propósito de consolidar la vivienda pública como una solución estructural. La aprobación definitiva se producirá con cierto retraso respecto a los plazos previstos inicialmente, ya que el ministerio contemplaba sacarlo adelante antes de finalizar 2025. En cuanto a la financiación, el Estado asumirá el 60% del presupuesto, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Una de las condiciones destacadas es que las viviendas construidas bajo este plan mantendrán de forma permanente su carácter protegido. El reparto de los fondos establece que un 40% se destinará a la construcción o adquisición de vivienda protegida, mientras que un 30% se dedicará a la rehabilitación, con especial atención a la eficiencia energética, la accesibilidad y la regeneración urbana. El objetivo es mejorar y actualizar el parque ya existente. Además, se incrementarán las ayudas en casos de rehabilitación en zonas con valor patrimonial o cuando se trate de viviendas vacías que se incorporen al mercado de alquiler asequible. El 30% restante se orientará a facilitar la emancipación de los jóvenes, mediante ayudas al alquiler, programas de alquiler con opción a compra de hasta 30.000 euros para viviendas protegidas de carácter permanente, y subvenciones de más de 10.800 euros para la adquisición de vivienda en municipios con riesgo de despoblación. Rodríguez hizo este anuncio durante unas jornadas sobre el medio rural celebradas en Pozuelo de Calatrava, donde también detalló medidas específicas para estas zonas. Entre ellas, ayudas de hasta 8.000 euros para intervenciones estructurales y hasta 20.500 euros para actuaciones de rehabilitación energética. Además, se prevén subvenciones de hasta 85.000 euros destinadas a la construcción de vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, que podrán destinarse también a la venta.

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(El País, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El límite del 2% a las subidas de los alquileres ahorrará hasta 658 euros a los inquilinos

El real decreto que permite a los inquilinos cuyos contratos de alquiler finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 solicitar una prórroga de dos años mediante el envío de un burofax a sus propietarios será sometido a votación el próximo 28 de abril. Además de esta medida extraordinaria, la norma, en vigor desde el 22 de marzo, incluye un límite del 2% en la actualización anual de las rentas. En el contexto actual, marcado por el repunte de la inflación derivado de la guerra en Irán, este tope podría traducirse en un ahorro acumulado de hasta 658 euros en dos años para los inquilinos, según un informe elaborado por Sumar. El principal objetivo de esta normativa, aprobada hace unas semanas por el Gobierno, es prolongar las condiciones actuales de los contratos de alquiler durante dos años como parte de un paquete de medidas para mitigar el impacto económico del conflicto. En un primer momento, el Ministerio de Consumo estimó que cerca de un millón de hogares podrían beneficiarse de esta prórroga, dado que muchos contratos firmados durante la pandemia están próximos a su vencimiento, teniendo en cuenta que suelen tener una duración de cinco años. No obstante, esta cifra es orientativa, ya que no contempla situaciones como contratos que se rescindieron antes de tiempo o aquellos firmados con grandes propietarios, cuya duración puede ser de siete años y, por tanto, quedarían fuera del ámbito de aplicación de la norma. El análisis de Sumar se centra en el efecto económico de limitar las subidas al 2%, tomando como referencia los contratos vigentes cuya actualización depende del IPC, a diferencia de los nuevos acuerdos regulados por el índice de referencia de arrendamientos. A partir de las previsiones del Banco de España para 2026 y 2027, el informe calcula distintos escenarios de ahorro. En un contexto desfavorable, con una inflación del 3,9% en 2026 y del 2% en 2027, el alquiler medio podría alcanzar los 623 euros mensuales el primer año y acercarse a los 636 euros el segundo. Con el límite del 2%, el ahorro sería de unos 11 euros al mes en 2026 y cerca de 12 euros en 2027, lo que sumaría unos 276 euros en total. Si la inflación fuese algo más moderada, con un 3% en 2026 y un 2,5% en 2027, el ahorro acumulado rondaría los 182,5 euros. En cambio, en un escenario más negativo, con incrementos del 5,9% y del 3,2% respectivamente, el beneficio para los inquilinos podría alcanzar los 658 euros. El informe también destaca que estos ahorros serían mayores en las zonas donde el mercado del alquiler está más tensionado. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el límite del 2% supondría un ahorro de 364, 240 o hasta 867 euros según el escenario. En Cataluña, las cifras serían de 331, 219 y 790 euros, respectivamente. Desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado, Sumar ha intentado negociar apoyos con los partidos contrarios a su validación. Por el momento, la medida no cuenta con respaldo suficiente en el Parlamento, ya que PP, Vox, UPN y Junts han manifestado su rechazo, lo que podría llevar a su derogación. Aun así, el Gobierno ha señalado que, incluso si la norma no prospera, los inquilinos que hayan solicitado la prórroga durante su vigencia podrían mantener ese derecho. Sin embargo, esta interpretación no está exenta de dudas jurídicas.

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(El Confidencial, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación de la eurozona salta a máximos desde 2024 por la guerra de Irán

La inflación interanual en la zona euro alcanzó el 2,6% en marzo, lo que supone un aumento de siete décimas respecto al 1,9% registrado en febrero y una décima más de lo previsto inicialmente. Se trata del mayor repunte del coste de la vida en la región desde julio de 2024, impulsado principalmente por el encarecimiento de la energía tras el inicio de la guerra en Irán, según los datos revisados de Eurostat. Este incremento de siete décimas coincide con uno de los mayores saltos recientes de los precios, comparable al registrado en octubre de 2022, cuando el conflicto en Ucrania provocó una fuerte subida de los combustibles. En el conjunto de la Unión Europea, la inflación también se aceleró, situándose en el 2,8% en marzo frente al 2,1% del mes anterior, lo que supone el mayor aumento entre los Veintisiete desde enero de 2025. Los datos reflejan que este repunte está directamente relacionado con el impacto del conflicto en Oriente Próximo y las tensiones en el estrecho de Ormuz, que han elevado el precio de la energía un 5,1% interanual, frente a la caída del 3,1% registrada en febrero. Por su parte, los alimentos frescos subieron un 4,2%, ligeramente por debajo del mes anterior. En cuanto a otros componentes, los bienes industriales no energéticos aumentaron un 0,5% interanual, dos décimas menos que en febrero, mientras que los servicios registraron un encarecimiento del 3,2%, también inferior al 3,4% del mes previo. Si se excluye la energía, la inflación se situó en el 2,3%, una décima menos que en febrero. La inflación subyacente, que además elimina del cálculo los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco, también se redujo ligeramente, quedando en el 2,3%. En España, la inflación armonizada subió hasta el 3,4% interanual en marzo, lo que supone una diferencia de ocho décimas por encima de la media de la zona euro. Por países, las tasas más bajas se registraron en Dinamarca (1%) y en República Checa, Chipre y Suecia (1,5% en todos los casos), mientras que los mayores incrementos de precios se observaron en Rumanía (9%), Croacia (4,6%) y Lituania (4,4%).

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