(Expansión, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La guerra costará 8.000 millones del PIB a la economía española

Los analistas prevén que el crecimiento económico se reduzca entre 0,2 y 0,5 puntos porcentuales, hasta quedar en torno al 2,2%, mientras que la mayoría de empresarios y directivos anticipa un incremento de entre medio punto y un punto en otras variables como la inflación. El consenso de especialistas da por hecho que, incluso en el escenario más favorable -con una resolución rápida del conflicto en Irán-, las economías mundiales sufrirán las consecuencias del encarecimiento de la energía y los combustibles, lo que impulsará al alza la inflación. Así lo refleja el informe de PwC, que reúne la opinión de expertos, empresarios y directivos, quienes estiman que la guerra podría prolongarse alrededor de dos meses y restar entre 0,2 y 0,5 puntos al crecimiento de la economía española este año. En términos económicos, esto supone una pérdida de entre 3.200 y 8.000 millones de euros. En concreto, el 55% de los expertos considera que el PIB disminuirá su ritmo de crecimiento en ese rango de entre 0,2 y 0,5 puntos. Un 22% se muestra más optimista y cree que la caída será inferior a 0,2 puntos. Por el contrario, un 17% prevé un impacto mayor, con una reducción de entre 0,5 y 1 punto porcentual, lo que situaría el crecimiento en una horquilla de entre el 1,7% y el 1,2%. Antes del inicio del conflicto, las previsiones eran más favorables: una parte significativa de los directivos estimaba que el PIB crecería entre el 2% y el 2,2%, mientras que otro grupo importante lo situaba entre el 2,2% y el 2,4%. Incluso un 14% confiaba en superar ese último nivel. En promedio, las estimaciones apuntaban a un crecimiento del 2,24% en 2026, en línea con otras previsiones cercanas al 2,2%. Este recorte en las expectativas se explica principalmente por la presión al alza de los precios. El encarecimiento del petróleo, el gas y otras materias primas está impulsando la inflación, y algunos expertos ya contemplan el riesgo de estanflación, un escenario caracterizado por bajo crecimiento y precios elevados. En cuanto a la evolución de los precios, el 43% de los encuestados cree que la inflación aumentará entre 0,5 y 1 punto porcentual respecto a lo previsto anteriormente. Un 28% estima que el incremento será menor de 0,5 puntos, mientras que un 26% considera que superará el punto porcentual. Estas diferencias reflejan una mayor disparidad de opiniones que en el caso del crecimiento económico, aunque existe consenso en que la situación no seguirá igual que antes de la guerra. Respecto a la duración del conflicto, la mayoría de los expertos sitúa su desarrollo entre tres semanas y dos meses, lo que prolongaría la incertidumbre en los mercados energéticos hasta finales de abril. Sin embargo, un 43% cree que podría alargarse más allá de ese periodo, acercándose al verano. En ese caso, advierten, el impacto sobre la economía mundial sería mucho más severo y obligaría a los gobiernos a aplicar medidas de apoyo fiscal de gran envergadura, con el consiguiente aumento del déficit. Otro factor clave será la respuesta de los bancos centrales en materia de tipos de interés. Actualmente, la facilidad de depósito del Banco Central Europeo se sitúa en el 2,5%. Antes del conflicto, la mayoría de los expertos esperaba que bajara hasta un rango de entre el 1,5% y el 2% a finales de año. Sin embargo, tras el estallido de la guerra, el 50% considera que los tipos se mantendrán entre el 2% y el 2,5%. Un 19% prevé incluso subidas, situándolos entre el 2,5% y el 3%, mientras que un 16% cree que podrían descender hasta entre el 1,5% y el 2%. En conjunto, predomina una visión de impacto económico moderado, aunque la elevada incertidumbre sobre la duración del conflicto genera una gran dispersión en las previsiones de crecimiento, inflación y tipos de interés.

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(Expansión, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El decreto de prórroga de alquileres forzado por Sumar lleva visos de decaer en un mes

El Gobierno de coalición integrado por PSOE y Sumar vivió el viernes una fuerte crisis interna cuando el socio minoritario se negó a participar en el Consejo de Ministros hasta lograr que se incorporaran medidas sobre vivienda dentro del plan para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán. Esta negativa provocó un retraso de más de dos horas en el inicio de la reunión, prevista para las 09:30, y terminó con la aprobación de un segundo real decreto centrado en la congelación de los alquileres, aunque con pocas probabilidades de ser convalidado por el Parlamento, lo que implicaría su caída en el plazo de un mes. Por un lado, el Ejecutivo aprobó el paquete principal de 80 medidas, con una dotación de 5.000 millones de euros para responder a la crisis en Oriente Próximo. Este plan se someterá a votación la próxima semana mediante un trámite urgente y, en principio, cuenta con opciones de salir adelante. De hecho, tanto el Partido Popular como Junts -que junto a Vox han rechazado anteriormente otros decretos del Gobierno- mostraron disposición a apoyarlo al considerar que incluye rebajas fiscales similares a las que venían defendiendo. El segundo decreto contempla la ampliación automática durante dos años de los contratos de alquiler que finalicen en 2026 y 2027, además de fijar un límite del 2% a las subidas anuales de las rentas. El propio presidente, Pedro Sánchez, restó relevancia al conflicto interno, aunque admitió que esta segunda norma no cuenta, por ahora, con los apoyos necesarios para ser aprobada en el Congreso. Aunque entrará en vigor tras su publicación en el BOE, previsiblemente perderá efecto en un mes si no logra la convalidación parlamentaria. Por el momento, el Partido Popular ya ha anunciado su rechazo frontal, calificando la situación como un "chantaje" por parte de Sumar, mientras que otras formaciones como Junts y el PNV no han fijado aún una posición clara. La reacción del ámbito empresarial también ha sido muy crítica. Las organizaciones CEOE y Cepyme expresaron su oposición a estas medidas, al considerar que imponen restricciones injustificadas sobre el mercado del alquiler, afectan al derecho a la propiedad privada y generan inseguridad jurídica. Según las patronales, este tipo de intervenciones, incluidas dentro de un paquete extraordinario ligado a la crisis energética, desincentivan la oferta de vivienda, frenan la inversión y pueden agravar las dificultades de acceso en lugar de resolverlas. Además, atribuyen la aprobación del decreto a una presión política dentro del propio Gobierno. Desde Sumar, sin embargo, defendieron la medida. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que su prioridad era proteger a la ciudadanía frente al principal problema actual, la vivienda, y destacó que se negoció hasta el último momento para lograrlo. Según sus estimaciones, la iniciativa beneficiará a unos 2,7 millones de personas. Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, calificó el decreto como muy positivo y afirmó que el Gobierno sale reforzado tras este episodio.

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(Expansión, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El FMI pide a España quitar el tope a los alquileres ante la caída de oferta

El Fondo Monetario Internacional ha finalizado su revisión periódica de la economía española en el marco del Artículo IV. En el informe publicado este viernes, advierte de la conveniencia de acelerar el ajuste de las cuentas públicas, especialmente ante el incremento previsto del gasto en pensiones en los próximos años. En sus conclusiones, elaboradas por Romain Duval, el organismo también alude al impacto de la guerra en Irán sobre los precios energéticos, poco después de que el Gobierno anunciara un paquete de medidas para hacer frente a esta situación. A su juicio, las rebajas fiscales destinadas a amortiguar el encarecimiento de la energía deben ser temporales, estar bien dirigidas y evitar alterar el funcionamiento de los precios. A pesar del contexto internacional, el FMI considera que la economía española mantendrá un crecimiento sólido tanto este año como el siguiente. No obstante, ha revisado ligeramente a la baja sus previsiones: sitúa el avance del PIB en el 2,1% para este año, dos décimas menos que su estimación anterior, y en el 1,8% para 2027, una décima menos. En cuanto a la inflación, prevé que alcance el 3% este año, impulsada por el encarecimiento de la energía y los suministros tras el cierre del estrecho de Ormuz, y que se modere hasta el 2,2% el próximo. El organismo no descarta un escenario más negativo si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga. Según Duval, se parte de la idea de que el impacto será temporal, pero si se convierte en permanente, las consecuencias serían más severas, con un mayor deterioro del crecimiento y un aumento más intenso de los precios. En materia fiscal, el informe insiste en la necesidad de acelerar la reducción del déficit para disponer de mayor margen de maniobra ante el aumento del gasto asociado al envejecimiento de la población. El FMI estima que el déficit del sistema de pensiones se estabilizará por encima del 2% del PIB en 2031, aunque podría incrementarse aún más en las décadas posteriores. Además, señala que España afronta uno de los mayores aumentos previstos en gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración dentro de la Unión Europea, con un incremento cercano a cuatro puntos del PIB entre 2030 y 2050. Respecto a la financiación autonómica y las recientes medidas de alivio de deuda para las comunidades autónomas, el organismo subraya que un mayor flujo de recursos desde el Estado debe ir acompañado de planes creíbles de ajuste fiscal y de una reforma de las reglas que limite de forma estricta el crecimiento del gasto, en línea con la normativa europea. También advierte de que estas decisiones implicarán, previsiblemente, subidas de impuestos o recortes de gasto a nivel estatal. En el ámbito de la vivienda, el FMI reconoce la existencia de un problema de escasez de oferta y considera que se requieren medidas más contundentes. En su opinión, sería prioritario impulsar el desarrollo urbanístico, poner a disposición más suelo para edificar y agilizar los trámites administrativos, además de facilitar el acceso a la financiación. Por último, el informe aborda la productividad, señalando diversos obstáculos que afectan a las empresas, como la falta de capital humano suficiente, las dificultades de financiación, la carga burocrática y la complejidad de los incentivos fiscales a la innovación. Según el organismo, avanzar en reformas que reduzcan estos problemas podría elevar el crecimiento anual de la productividad en torno a un cuarto de punto porcentual.

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(El País, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La investigación europea del apagón apunta a fallos de Red Eléctrica, las empresas y los reguladores en España

El gran apagón que afectó a la península Ibérica el 28 de abril del año pasado fue consecuencia de una combinación de factores que coincidieron en un mismo momento. Según la investigación europea elaborada por un grupo de expertos de Entso-e, la asociación que reúne a los operadores de redes eléctricas del continente, se produjo una serie de fallos encadenados en distintos niveles del sistema: desde compañías eléctricas y centrales de generación hasta instalaciones renovables y el propio operador del sistema, junto a un marco regulatorio inadecuado. Todo ello desembocó en una caída del suministro calificada como inédita. La principal conclusión es que se trató de un problema de carácter sistémico que llevó al sistema eléctrico a un punto crítico del que no pudo recuperarse a tiempo. Incluso el proceso de reposición del suministro, que duró 16 horas y había sido valorado positivamente en un primer momento, presenta aspectos mejorables según el informe. Pocos días después del incidente, Entso-e puso en marcha un grupo de trabajo para analizar lo ocurrido. Tras un informe preliminar en octubre en el que ya se señalaba la falta de información por parte de algunas empresas, ahora se ha presentado el documento definitivo, que incluye 22 recomendaciones para evitar que se repita una situación similar. Los expertos subrayan que su objetivo no era señalar culpables, sino identificar las causas del fallo. El análisis detecta deficiencias en la gestión del sistema por parte de Red Eléctrica, especialmente en el control de la tensión, donde algunos procesos clave se realizaban de forma manual, lo que ralentizaba la toma de decisiones. Además, no existía un seguimiento en tiempo real de la potencia reactiva aportada por las centrales, un elemento esencial para mantener la estabilidad del sistema, lo que dificultó anticipar el riesgo cuando la tensión se acercó a niveles peligrosos. También se señala a las grandes compañías eléctricas, ya que varios generadores convencionales no aportaron la potencia reactiva necesaria en los momentos críticos, quedándose por debajo de lo requerido por el operador. En cuanto a las energías renovables, el informe apunta que su funcionamiento con un factor de potencia fijo limitó su capacidad de respuesta ante cambios en la tensión. A esto se sumó que numerosas instalaciones se desconectaron automáticamente antes de alcanzar los límites permitidos, lo que agravó la inestabilidad justo antes del apagón. El documento también identifica problemas en el marco regulatorio. En España, el rango de tensión permitido en la red de alta tensión es más amplio que en otros países europeos, lo que reduce el margen de seguridad entre el funcionamiento normal y el punto en el que se activan las desconexiones automáticas. Además, se detecta la ausencia de incentivos y sanciones que obliguen a las centrales a cumplir con ciertos requisitos de comportamiento dinámico. Otro factor que contribuyó al incidente fue el autoconsumo. Durante las oscilaciones de tensión, numerosas pequeñas instalaciones solares se desconectaron de forma automática, provocando un efecto en cadena que incrementó la inestabilidad del sistema. Los expertos también critican la dificultad para acceder a datos clave durante la investigación, una limitación que ya habían señalado en su informe preliminar. El documento final incluye recomendaciones agrupadas en cinco áreas: control de la tensión, gestión de oscilaciones, desconexiones, planes de contingencia y recuperación del sistema. Tras la publicación del informe, Red Eléctrica ha defendido su actuación, asegurando que el apagón fue resultado de múltiples factores y que no puede atribuirse a un único responsable. La compañía sostiene que ya en su informe anterior aportó pruebas de que actuó conforme a la normativa en todo momento, antes, durante y después del incidente.

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(El Confidencial, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE anticipa una recesión e inflación al 6% si la guerra en Oriente Medio se enquista

El precio del petróleo llegó a alcanzar el jueves los 119 dólares por barril, impulsado por el ataque al yacimiento de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar. A este factor se suma el riesgo de que el conflicto se prolongue y el temor a daños en infraestructuras energéticas clave, lo que ha generado un escenario más negativo del que anticipaban los mercados hace apenas unos días. El Banco Central Europeo ha reaccionado a esta situación revisando sus previsiones económicas. Aunque su escenario principal apunta a una futura moderación de los precios, ha incorporado dos supuestos alternativos que reflejan los riesgos actuales. En el más adverso, se contempla que el barril de Brent llegue a los 140 dólares y que descienda lentamente a lo largo de los próximos años, situándose en torno a los 100 dólares a finales de 2028, lo que implicaría una crisis energética intensa y prolongada. Bajo este supuesto, la economía europea podría entrar en recesión en el corto plazo, acompañada de un fuerte repunte de la inflación. Este planteamiento evidencia que el impacto económico del encarecimiento energético no es progresivo, sino que se intensifica cuanto más se alarga el conflicto. En ese escenario más negativo, la eurozona registraría caídas del PIB en los próximos trimestres, con descensos del 0,3% y del 0,1%, lo que confirma que la crisis actual podría derivar en una contracción económica. No obstante, este no es el escenario central del BCE, que prevé que la economía siga creciendo, aunque a un ritmo más lento, con avances mínimos en algunos periodos. El encarecimiento del petróleo también tendría consecuencias importantes sobre los precios. La inflación, que antes de la guerra rondaba el 1,9%, podría superar el 6% a comienzos de 2027. En paralelo, los costes energéticos para los hogares se dispararían, con incrementos superiores al 25%, y no empezarían a moderarse hasta mediados de ese mismo año. Frente a este panorama, el escenario base del BCE es más optimista. Parte de la idea de que el conflicto será breve y que el suministro energético se normalizará relativamente rápido. En ese caso, el repunte de la inflación sería limitado, alcanzando su máximo en el segundo trimestre y situándose ligeramente por encima del 3%. Además, el BCE considera que este aumento de los precios no se trasladaría al resto de la economía, ya que no afectaría a la inflación subyacente. Esto implica que las empresas absorberían el incremento de costes reduciendo sus márgenes, en lugar de trasladarlo a los consumidores. En conjunto, la institución mantiene por ahora la expectativa de que el impacto de la crisis se concentre en el ámbito energético y sea limitado en el tiempo, lo que explica que no tenga prisa por endurecer su política monetaria. Sin embargo, la posibilidad de escenarios más negativos ha incrementado la inquietud en los mercados. Actualmente, los inversores anticipan entre dos y tres subidas de los tipos de interés por parte del BCE antes de otoño. Aunque su presidenta, Christine Lagarde, ha dejado claro que se intentará evitar un endurecimiento si no es imprescindible, también ha subrayado que el organismo actuará si las expectativas de inflación comienzan a desviarse.

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(Expansión, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE deja los tipos en el 2%, pero promete ser "ágil" ante el "elevado impacto en la inflación" por Irán

El banco central ha optado por mantener sin variaciones los tipos de interés en esta nueva reunión, aunque ha elevado de forma notable sus previsiones de inflación para este año -en siete décimas- y ha reiterado su compromiso de actuar con contundencia para contenerla. El Banco Central Europeo (BCE) mantiene así su postura prudente. Ha decidido dejar el precio del dinero en el 2%, nivel en el que se sitúa desde junio del año pasado, aunque no descarta movimientos en el corto plazo. La decisión, adoptada por unanimidad bajo la presidencia de Christine Lagarde, responde a la necesidad de analizar con mayor detenimiento el impacto del nuevo encarecimiento energético que atraviesa la Unión Europea, provocado nuevamente por tensiones geopolíticas. El conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han impulsado al alza los precios del gas y del petróleo, lo que podría presionar la inflación en la zona euro por encima del objetivo del BCE. La institución reconoce que esta situación incrementa la incertidumbre, al generar riesgos de mayor inflación y menor crecimiento económico. De hecho, prevé un efecto significativo a corto plazo en los precios debido al aumento del coste de la energía. De cara al medio plazo, el BCE señala que todo dependerá de factores como la duración e intensidad del conflicto y de cómo el encarecimiento energético se traslade a los precios de consumo y a la actividad económica. Ante este escenario incierto, ha elaborado distintos supuestos en sus previsiones, sin que ninguno resulte especialmente tranquilizador. En su escenario central, el organismo estima que la inflación alcanzará el 2,6% en 2026, lo que supone una revisión al alza respecto a cálculos anteriores. Posteriormente, se moderaría hasta situarse cerca del 2% en 2027 y 2028. En cuanto al crecimiento, prevé tasas moderadas: un 0,9% en 2026, un 1,3% en 2027 y un 1,4% en 2028, lo que implica una ligera rebaja, aunque sin anticipar una recesión. Estas previsiones parten de la hipótesis de que el precio del petróleo rondará los 90 dólares por barril y que el gas natural alcanzará unos 50 euros por megavatio/hora en el segundo trimestre de 2026, para después estabilizarse. Sin embargo, este escenario dependerá en gran medida de la evolución del conflicto. En este contexto, aumentan las expectativas de que el BCE intervenga. Los mercados ya anticipan posibles subidas de tipos, algo que también se refleja en sus proyecciones. Lagarde ha subrayado que el Consejo de Gobierno actúa con serenidad, pero también con determinación, dejando claro que están preparados para ajustar la política monetaria si es necesario. La presidenta insistió en que el objetivo es asegurar que la inflación vuelva al entorno del 2% a medio plazo, lo que ha reforzado la idea de que podría haber una subida de tipos en próximas reuniones, incluso en la de abril. Aun así, el BCE insiste en que tomará decisiones en función de la evolución de los datos y no seguirá una hoja de ruta fija. La urgencia de reaccionar con rapidez se explica porque este nuevo episodio inflacionario llega poco tiempo después del anterior, provocado por la guerra en Ucrania, cuando la inflación superó el 10% y obligó a subir los tipos hasta el 4%. Lagarde advierte además de que tanto empresas como trabajadores aún recuerdan ese episodio, lo que podría acelerar reacciones como subidas salariales o de precios. Este comportamiento podría desencadenar efectos indirectos que alimenten aún más la inflación en el corto plazo. La enorme incertidumbre derivada de la guerra de Irán ha llevado al BCE a publicar sus proyecciones macroeconómicas contemplando diversos escenarios. El más adverso resulta especialmente lesivo para las perspectivas económicas de la zona euro, con una inflación que escala al 4,6% este mismo año y que se mantiene en el tiempo elevándose al 4,8% en 2027. Esta situación está marcada por un impacto mayor en el suministro de energía con una interrupción del hasta un 60% del suministro de petróleo y gas natural por el estrecho de Ormuz. 

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(Expansión, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El FMI alerta de "perturbaciones significativas" en la economía mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una desaceleración de la economía mundial y ha adelantado que reducirá sus previsiones de crecimiento para 2026 como consecuencia del aumento de las tensiones bélicas en Oriente Próximo. El organismo, dirigido por Kristalina Georgieva, alertó de que ya se están produciendo "alteraciones relevantes" en la economía global, con un menor dinamismo económico acompañado de un repunte de la inflación. El FMI pone el acento en los efectos de un posible shock energético prolongado, marcado por el fuerte encarecimiento del petróleo y las dificultades en las rutas comerciales, lo que podría afectar de forma significativa al equilibrio económico mundial en los próximos meses. El bloqueo del tránsito de crudo y gas en el estrecho de Ormuz, junto con los daños en infraestructuras energéticas en el golfo Pérsico, está generando tensiones en los mercados y provocando una subida notable de los precios, según el organismo. El alza del petróleo se presenta como el principal canal de impacto. De acuerdo con sus estimaciones, un incremento sostenido del 10% en el precio del crudo podría elevar la inflación global en unas cuatro décimas y reducir el crecimiento económico mundial entre una y dos décimas. El barril de Brent ha superado los 100 dólares tras encarecerse cerca de un 50% en el último mes. El principal riesgo es que esta subida de precios se mantenga en el tiempo. Tal y como explicó la directora de Comunicación del FMI, Julie Kozack, las consecuencias dependerán de la duración y la intensidad del conflicto. En este contexto, adelantó que el organismo revisará a la baja sus previsiones en el próximo informe de Perspectivas Económicas Globales, previsto para abril. Cabe recordar que en enero el FMI había mejorado ligeramente su previsión de crecimiento mundial para 2026, situándola en el 3,3%, aunque ya advertía de riesgos a la baja asociados a tensiones geopolíticas y comerciales, ahora agravadas por la guerra en Irán. La combinación de energía más cara, problemas logísticos y una mayor incertidumbre internacional está complicando el panorama para gobiernos y bancos centrales. Instituciones como el Banco Mundial o la Agencia Internacional de la Energía han advertido recientemente de que un cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría derivar en una crisis energética de gran alcance, con efectos en cadena sobre la industria, el transporte y el consumo. Además del petróleo, el conflicto también está afectando a otros mercados clave. El FMI advierte de que el encarecimiento de materias primas, junto con las interrupciones en el transporte marítimo y en el suministro de fertilizantes, podría trasladarse rápidamente a los precios de los alimentos. Este impacto sería especialmente grave en países emergentes y en desarrollo, donde el gasto en productos básicos es mayor y el margen fiscal más reducido. La inestabilidad también se refleja en los mercados financieros. Según Kozack, ha aumentado la volatilidad tanto en economías avanzadas -como Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea- como en mercados emergentes. En este contexto, el alza del petróleo y el temor a un endurecimiento de las condiciones financieras están elevando el riesgo en distintos activos, mientras los inversores buscan refugio en valores considerados más seguros, como el oro o la deuda pública estadounidense, aunque sin garantías en un entorno tan incierto. El FMI subraya que este nuevo shock llega en un momento especialmente delicado para los bancos centrales. Tras meses intentando controlar la inflación, un nuevo repunte energético podría obligar a mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo, lo que frenaría aún más la actividad. Instituciones como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra se enfrentan así a un escenario de "estanflación moderada", caracterizado por bajo crecimiento y presiones inflacionistas persistentes, que podría condicionar sus decisiones de política monetaria en los próximos meses.

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(Cinco Días, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio del gas se dispara un 24% y el petróleo alcanza los 116 dólares ante los ataques de Irán a instalaciones energéticas

Más de dos semanas después del estallido de la guerra en Irán, el conflicto ha entrado en una etapa más grave, marcada por ataques continuados contra infraestructuras energéticas que están impulsando con fuerza los precios del petróleo y el gas, aumentando así su impacto económico. Tras los bombardeos israelíes sobre un importante yacimiento gasista iraní, Teherán respondió atacando el miércoles la terminal de gas de Ras Laffan -la mayor del mundo- y, al día siguiente, instalaciones petroleras saudíes en el mar Rojo, un punto clave para la exportación de crudo del reino. Como consecuencia, el precio del gas natural se ha disparado un 24% en la jornada y ya duplica su valor desde el inicio de la guerra, reavivando en Europa el recuerdo de la crisis energética provocada por el conflicto en Ucrania. La planta de Ras Laffan, responsable de cerca de una quinta parte del suministro mundial de gas natural licuado, sufrió importantes daños tras varios ataques que provocaron grandes incendios, según Qatar Energy. Aunque la instalación ya estaba paralizada por las dificultades para que los buques atraviesen el estrecho de Ormuz, los desperfectos añaden incertidumbre sobre cuándo podrá recuperarse la producción. Analistas como los de ING advierten de que el problema ya no es solo la reapertura del tráfico marítimo, sino también el tiempo necesario para reparar las instalaciones dañadas, algo que aún se desconoce. Por otro lado, Irán también lanzó drones contra el complejo petrolero saudí de Yanbu, en la costa del mar Rojo, lo que provocó un repunte inmediato del precio del crudo. Este enclave resulta estratégico, ya que permite a Arabia Saudí mantener sus exportaciones gracias a un oleoducto que conecta con los yacimientos del golfo Pérsico. Aunque su capacidad es limitada, puede canalizar alrededor de cinco millones de barriles diarios, siendo un punto clave para los clientes de la petrolera estatal Aramco. Los expertos consideran que estos ataques suponen un salto cualitativo en la gravedad del conflicto. Según Norbert Rücker, de Julius Baer, el riesgo de interrupciones prolongadas del suministro aumenta cuando los daños afectan directamente a las instalaciones productivas y no solo al transporte. En los próximos días, añade, se podrá evaluar mejor si el mundo se enfrenta a una crisis energética más intensa y duradera. Otros analistas, como Susan Sakmar o Arne Lohmann Rasmussen, advierten de que el suministro de gas podría verse afectado durante meses o incluso años, situando este episodio como un posible punto de inflexión comparable -o incluso superior- al sabotaje del Nord Stream. El encarecimiento del gas llega además en un momento delicado para Europa, que, tras un invierno más frío de lo habitual, necesita reponer unas reservas estratégicas por debajo de la media. Al mismo tiempo, países asiáticos, grandes compradores del gas qatarí, tendrán que acudir al mercado internacional para compensar la pérdida de suministro, presionando aún más los precios. En el plano político, el presidente Donald Trump ha pedido el cese de los ataques contra infraestructuras energéticas. A través de su red Truth, aseguró que Estados Unidos no tenía conocimiento previo del ataque israelí al yacimiento de South Pars y afirmó que no se repetirán acciones contra ese enclave. No obstante, advirtió de que Washington podría intervenir de forma contundente si los activos energéticos de Qatar vuelven a ser objetivo. Además, dejó abierta la posibilidad de atacar la isla iraní de Kharg, principal punto de exportación de crudo del país. La escalada no se limita a estos ataques. Arabia Saudí ha interceptado misiles sobre Riad y drones dirigidos contra instalaciones energéticas en el este del país, mientras que dos refinerías en Kuwait han sido alcanzadas. También Emiratos Árabes Unidos ha suspendido operaciones en su planta de gas de Habshan tras incidentes similares, aunque Baréin ha negado daños en sus infraestructuras. Según expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la tensión en el estrecho de Ormuz impide una resolución rápida del conflicto, y cualquier medida adicional para presionar a Irán podría elevar aún más los precios de la energía. En paralelo, para contener el encarecimiento, Trump ha suspendido temporalmente la Ley Jones, con el objetivo de abaratar el transporte de petróleo y gas en Estados Unidos. Además, el vicepresidente JD Vance y otros altos cargos tienen previsto reunirse con representantes del sector energético para analizar la situación.

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(Cinco Días, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El diésel sube un 29% y la gasolina un 16% en España desde el ataque de Estados Unidos a Irán

El ritmo al que están subiendo los precios de los combustibles debido a la guerra en Oriente Próximo supera incluso al registrado durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022. Y, salvo que la situación en Irán se resuelva de forma rápida, todo apunta a que esta tendencia alcista continuará en las próximas semanas. Actualmente, el precio medio de la gasolina en España se sitúa en 1,709 euros por litro, mientras que el diésel alcanza los 1,837 euros, según el último Boletín Petrolero de la UE, con datos recogidos hasta el lunes. Al tratarse de medias, existen estaciones donde los precios son más altos o más bajos. Esto supone que la gasolina cuesta un 16% más que antes del inicio de los ataques sobre Teherán, y el diésel un 29% más. Estos incrementos superan los registrados en las primeras semanas de la guerra en Ucrania, cuando los precios subieron un 12% y un 20%, respectivamente. A pesar de ello, en términos absolutos, los carburantes aún no han alcanzado los máximos de 2022, cuando en junio la gasolina llegó a 2,141 euros por litro y el diésel a 2,100 euros. Sin embargo, no se descarta que se superen esos niveles, especialmente porque en la actual crisis el petróleo está teniendo un mayor peso en los mercados que el gas natural, aunque ambos hayan subido con fuerza. El barril de crudo ha superado los 110 dólares debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán -una vía clave por la que pasa cerca del 20% del petróleo mundial- y a los ataques sobre infraestructuras energéticas. Medidas como la liberación de reservas estratégicas han evitado, por ahora, subidas aún mayores. No obstante, los expertos coinciden en que cuanto más se prolongue el conflicto, mayor será la presión sobre los precios y, en consecuencia, sobre la inflación. En España, el precio de la gasolina alcanza niveles no vistos desde octubre de 2023, en un contexto marcado también por los recortes de producción de Arabia Saudí y Rusia. En el caso del diésel, hay que remontarse a noviembre de 2022 para encontrar cifras más elevadas. Tradicionalmente, el diésel ha sido más barato que la gasolina, pero esa diferencia ha desaparecido en la actual coyuntura, ya que Europa tiene capacidad excedentaria para producir gasolina, pero depende de importaciones para cubrir su demanda de gasóleo. El encarecimiento es generalizado en toda la Unión Europea, donde los precios medios son superiores a los españoles: 1,838 euros por litro en gasolina y 1,949 en diésel. España se sitúa en una posición intermedia: en 11 países la gasolina es más cara y en 15 más barata. Países Bajos registra el precio más alto (2,262 euros por litro), mientras que Bulgaria presenta el más bajo (1,331 euros). En el caso del diésel, hay 14 países donde el coste es mayor que en España. Con estos precios, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta alrededor de 94 euros en un vehículo de gasolina y algo más de 101 euros en uno diésel. Según el Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), el impacto de estos combustibles en la inflación de marzo será significativo: el diésel aportará 0,57 puntos al IPC y la gasolina 0,32. Si a esto se suma el encarecimiento de la electricidad, que añadirá otros 0,21 puntos, el efecto conjunto sobre la inflación será de aproximadamente 1,1 puntos adicionales en marzo, a falta de considerar otros factores como el comportamiento de los alimentos, cuyos precios siguen mostrando resistencia a bajar. El dato oficial del IPC será publicado por el Instituto Nacional de Estadística el próximo 27 de marzo.

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(El Periódico, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Eurocámara da el primer paso para aprobar el acuerdo comercial con EEUU

La comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo de Turnberry, el pacto alcanzado en julio de 2025 entre la Comisión Europea y Estados Unidos, por el que la UE aceptaría aranceles generales del 15% sin responder con medidas similares, a cambio de que ese porcentaje actúe como límite máximo para las exportaciones europeas. La tramitación del acuerdo se había paralizado tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia, pero esta semana ha vuelto a activarse. El texto ha salido adelante con 29 votos a favor, 9 en contra y una abstención, y ahora deberá someterse a votación en el Pleno del Parlamento el próximo 26 de marzo. Este paso forma parte del proceso de ratificación, que aún no ha concluido. Una vez reciba el respaldo del Pleno, el acuerdo deberá seguir el procedimiento legislativo europeo habitual y negociarse con el Consejo, donde están representados los Estados miembros. El presidente de la comisión INTA, el eurodiputado socialista alemán Bernd Lange, ha señalado que el documento busca aportar estabilidad y equilibrio, subrayando que el Parlamento quiere mantener el control del proceso y tener la última palabra en su aplicación. El texto también incorpora una advertencia ante posibles presiones comerciales de Estados Unidos. Los eurodiputados han dejado claro que consideran inaceptable la imposición de aranceles como respuesta a decisiones de política exterior de la UE o de sus países miembros, como ocurrió durante la crisis de Groenlandia o en recientes tensiones con España. En este sentido, han reforzado la cláusula de suspensión: si se aplicaran nuevos aranceles, el Parlamento podría paralizar de inmediato la tramitación de las ventajas comerciales previstas para productos estadounidenses. Además, los legisladores europeos han introducido como condición que Washington reduzca los aranceles sobre productos europeos con bajo contenido en acero o aluminio, pasando del 50% actual al 15% establecido en el acuerdo. Sin embargo, persiste una fuerte desconfianza hacia la administración estadounidense, ya que muchos eurodiputados dudan de que se respete el espíritu del pacto. Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha instado a avanzar en la ratificación. Tras un revés judicial que anuló la base legal de los aranceles estadounidenses, Trump volvió a imponerlos recurriendo a otra vía legal que permite aplicar gravámenes temporales, fijándolos en el 10%, aunque posteriormente ha amenazado con elevarlos hasta el 15%. Ante esta posibilidad, el Parlamento Europeo advierte de que un aumento de este tipo podría llevar a un nuevo bloqueo del proceso de aprobación del acuerdo.

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