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(Cinco Días, 04-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El gas se dispara otro 30% y el petróleo sigue al alza ante el aumento de la tensión en el golfo Pérsico

La confrontación entre Estados Unidos e Israel frente a Irán se está extendiendo por la región y amenaza con prolongarse sin una salida inmediata. La reacción de Teherán no pierde intensidad y ya incluye ataques contra instalaciones energéticas y rutas marítimas, lo que ha disparado el coste de la energía para operadores e inversores. En Europa, el gas natural vive una escalada especialmente brusca: tras encarecerse un 40% el lunes, este martes ha llegado a subir otro 30%. El petróleo, aunque con movimientos más moderados, también avanza con fuerza: el barril de Brent -referencia en Europa- supera los 83 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024, mientras el West Texas suma alrededor de un 7% adicional. En los últimos días, el mercado energético opera en un entorno de enorme incertidumbre sobre el suministro. La situación es compleja porque confluyen factores políticos, militares y económicos en una región clave para el equilibrio global. Como respuesta a la ofensiva de Washington y Tel Aviv, Irán ha endurecido su postura y ampliado sus objetivos hacia infraestructuras energéticas y buques. El tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico bajo influencia iraní por el que circula cerca del 20% del petróleo mundial y una parte sustancial del gas, se encuentra prácticamente paralizado ante el riesgo de ataques. La tensión ha tenido efectos inmediatos. Qatar, segundo mayor exportador mundial de gas natural licuado (GNL), ha suspendido envíos tras el cierre forzado de la terminal de Ras Laffan, la mayor del mundo y responsable de alrededor del 20% de la oferta global. También se ha interrumpido la actividad en la refinería saudí de Ras Tanura, la más grande del país, y se ha registrado un incendio en un centro de almacenamiento en Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, lo que añade más presión sobre los flujos energéticos. El lunes, el petróleo subió en torno a un 8%, mientras que los contratos de gas TTF negociados en Países Bajos -referencia para Europa- se dispararon cerca de un 40%. Este martes superan los 58 euros por megavatio hora, casi el doble que hace un mes y su nivel más alto en tres años. El temor a la escasez está obligando a economías asiáticas altamente dependientes del gas catarí, como Taiwán o Corea del Sur, a buscar suministros alternativos para garantizar la generación eléctrica, intensificando la competencia internacional. China, mayor importador mundial de crudo y gas, ha instado a todas las partes a garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, consciente de su exposición a un eventual cierre prolongado, pese a disponer de amplias reservas estratégicas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha advertido de que la ofensiva contra Irán se prolongará "un tiempo", aunque no durante años. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que su país hará "lo que sea necesario", y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha anticipado una intensificación de la campaña. En el mercado se estima que el conflicto podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque incluso ese plazo tendría consecuencias relevantes para el suministro energético. Precisamente la duración y la posible ampliación de los ataques son los principales focos de inquietud. Los analistas advierten de que, sin una desescalada rápida y con Ormuz prácticamente bloqueado, el riesgo de nuevas agresiones contra infraestructuras energéticas podría provocar interrupciones más duraderas. Aunque el petróleo cotiza en máximos desde el verano pasado, su reacción ha sido más contenida que en otras crisis geopolíticas. No ocurre lo mismo con el gas europeo, que acumula alzas superiores al 60% en apenas dos jornadas, superando incluso el repunte registrado tras la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años. El cierre de Ras Laffan supone un golpe directo al mercado del GNL, donde la capacidad de almacenamiento es limitada, lo que anticipa fuertes subidas en los precios al contado. Además, el mercado del gas partía de una posición menos protegida que el del crudo. Antes de la ofensiva, muchos operadores petroleros habían contratado coberturas mediante opciones para protegerse ante una posible escalada. En cambio, en el gas se asumía que Qatar no sería objetivo directo debido a su relación con Irán, lo que dejó al sector más expuesto. Según algunos analistas, el petróleo estaba mucho mejor preparado para un escenario de tensión que el gas, cuyos mercados no contemplaron seriamente esta posibilidad.

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(Expansión, 04-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump amenaza a España con un embargo comercial: "Es un aliado terrible"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reprochado a España su negativa a respaldar la operación militar estadounidense en Irán. "España no tiene nada que nos interese. Es un país estupendo, pero un mal aliado. No queremos saber nada de ellos", afirmó. Su malestar ha llegado hasta el punto de amenazar con "romper todo el comercio con España" e incluso plantear al secretario del Tesoro, Scott Bessent, la opción de aplicar un embargo. Estas declaraciones se producen después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechazara autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para la intervención de Washington contra Teherán. Como consecuencia, varias aeronaves estadounidenses han abandonado territorio español. El Gobierno justificó su postura en la defensa de la legalidad internacional y en el cumplimiento estricto de los acuerdos bilaterales entre ambos países. Frente a las advertencias del mandatario estadounidense, fuentes del Ejecutivo español subrayan que España cumple con sus compromisos en el marco de la OTAN y de la política de defensa europea. Además, señalan que cualquier revisión de la relación bilateral debe respetar tanto el derecho internacional como los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y Estados Unidos. En el plano económico, los intercambios comerciales entre ambos países ya se han visto afectados por la política arancelaria impulsada por Trump. En 2025, las exportaciones españolas a Estados Unidos descendieron un 8%, aunque el volumen total del comercio bilateral -sumando exportaciones e importaciones- superó los 46.890 millones de euros, lo que refleja la magnitud de los intereses en juego. La balanza comercial es claramente favorable a Estados Unidos. En 2025, España vendió al mercado estadounidense productos por valor de 16.716 millones de euros, mientras que importó bienes por 30.174 millones, lo que elevó el déficit comercial español a 13.458 millones, un 34% más que el año anterior. España exporta principalmente bienes de equipo, semimanufacturas -sobre todo derivados químicos, además de acero, hierro, papel o materiales de construcción- y productos agroalimentarios como el aceite de oliva y el vino. Por su parte, importa sobre todo productos energéticos (alrededor del 35% del total), junto a productos químicos y bienes de equipo, especialmente material de transporte y motores. En medio de una política exterior marcada por la incertidumbre y por los continuos cambios en los plazos del conflicto, Estados Unidos ha solicitado apoyo a sus aliados europeos para utilizar sus bases militares. El Reino Unido ha dado luz verde al uso de sus instalaciones para operaciones defensivas y ataques contra misiles o infraestructuras iraníes, especialmente después de que Teherán atacara una base británica en Chipre, en lo que supuso el primer ataque en suelo europeo. El primer ministro, Keir Starmer, ha enmarcado la decisión en una acción de "defensa colectiva" ante la escalada de tensión. Entre las instalaciones autorizadas figuran RAF Fairford y la base conjunta de Diego García, en el océano Índico. Francia y Alemania también han expresado su disposición a proteger a sus aliados si así se solicita, y han anunciado preparativos para posibles actuaciones defensivas frente a ataques iraníes. Londres, París y Berlín han emitido una declaración conjunta en la que condenan las acciones de Irán contra países vecinos, incluido Chipre, y advierten de que adoptarán medidas "necesarias y proporcionadas" para neutralizar su capacidad de lanzamiento de misiles si persisten las agresiones. Portugal, por su parte, ha autorizado el uso de la base de Lajes, en las Azores, aunque con limitaciones y exclusivamente para misiones defensivas. Italia, que también alberga presencia militar estadounidense, ha apostado por coordinar cualquier decisión en el marco de la Unión Europea y actuar dentro de la OTAN.

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(Expansión, 04-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno da por hecho que España contará con una de las primeras gigafactorías europeas de IA

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmó en el Mobile World Congress que España dispondrá de una de las primeras gigafactorías europeas. Defendió que la propuesta presentada es sólida, cuenta con un respaldo empresarial significativo y aseguró que el país estará entre los seleccionados para acoger una de estas grandes infraestructuras de computación avanzada destinadas al desarrollo de la inteligencia artificial. López explicó que el Ejecutivo mantiene un diálogo continuo con la Comisión Europea y expresó su confianza en que hacia el verano se conozcan avances sobre la elección de las sedes. Insistió en que España formará parte del grupo inicial de países que albergarán estas instalaciones estratégicas. Actualmente, España compite con más de 75 proyectos europeos para optar a una de las cuatro primeras gigafactorías que Bruselas prevé adjudicar este año. Las infraestructuras seleccionadas deberán estar en funcionamiento entre 2027 y 2028, con una inversión estimada por ubicación de entre 3.000 y 5.000 millones de euros. La candidatura española plantea un modelo con varias sedes: una principal en Móra la Nova (Tarragona) y otra en San Fernando de Henares (Madrid). El proyecto se estructura mediante un consorcio público-privado en el que participará la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), también conocida como Sepi Digital, que previsiblemente asumirá alrededor del 30% del capital y será el accionista de referencia. Entre las compañías que ya han confirmado su participación figuran Telefónica, MasOrange, ACS, Nvidia, Submer y Multiverse Computing. Además, el Gobierno estudia la posible incorporación de un fondo soberano internacional, como el Public Investment Fund de Arabia Saudí, la Qatar Investment Authority o Mubadala Investment Company. Por otro lado, el ministro anunció una dotación de 100 millones de euros para apoyar a empresas españolas que desarrollen iniciativas vinculadas a la soberanía digital europea junto a socios de otros Estados miembros. El anuncio se produjo durante un encuentro con el ministro alemán Karsten Wildberger en el marco del MWC. Esta medida se integra en el IPCEI de Inteligencia Artificial (IPCEI-AI), un Proyecto Importante de Interés Común Europeo liderado por Alemania y orientado a impulsar proyectos estratégicos y de alto impacto en el ámbito de la IA. Finalmente, López mostró su respaldo a la petición de las operadoras de telecomunicaciones para que Bruselas impulse un entorno regulatorio que facilite procesos de consolidación empresarial. Según señaló, el sector necesita ganar dimensión para afrontar las elevadas inversiones que exige el mercado actual, una demanda que, a su juicio, está cobrando fuerza en el conjunto de Europa.

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(El País, 04-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación en la zona euro cierra febrero en el 1,9% con la incógnita del impacto del conflicto en Oriente Próximo

La inflación en la eurozona aumentó ligeramente en febrero hasta el 1,9%, dos décimas por encima del dato de enero, según las cifras difundidas por Eurostat, la oficina estadística comunitaria. Aun así, el nivel de precios se mantenía contenido hasta el cierre del mes. Sin embargo, el panorama dio un giro brusco el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán y este respondió, avivando la tensión en una zona estratégica para el suministro energético mundial. Del golfo Pérsico procede aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el planeta. En los últimos años, la moderación de la inflación en la zona euro ha estado muy vinculada al abaratamiento de la energía. De hecho, en febrero los precios energéticos restaron un 3,2% al índice general. No obstante, la escalada bélica ha alterado por completo ese contexto: el estrecho de Ormuz, paso esencial para la salida del crudo y el gas de Oriente Próximo, ha quedado bloqueado por el conflicto, disparando las cotizaciones. El GNL, que el viernes se negociaba en torno a 32 euros por megavatio hora, superaba este martes los 56 euros. El barril de Brent, referencia europea, también ha repuntado con fuerza, pasando de unos 70 dólares a cerca de 83 en pocos días. El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, ha advertido de que el efecto sobre la inflación dependerá de la duración y la intensidad de la crisis en el golfo Pérsico. Según explicó en una entrevista concedida al Financial Times, un encarecimiento de la energía presiona al alza los precios a corto plazo y perjudica la actividad económica, aunque el impacto a medio plazo variará en función de cómo evolucione el conflicto. Como es habitual, el BCE ha señalado que sigue la situación con atención, dando a entender que aún es prematuro adoptar decisiones. En la misma línea, Bert Colijn, economista de ING Research, apunta que si la crisis se limita a unas semanas, la inflación podría situarse alrededor del 2%. En cambio, si la interrupción del suministro energético se prolonga, el efecto sería mayor y reabriría la incertidumbre sobre la estabilidad de los precios, que hasta ahora se mantenía cercana al objetivo del BCE. Mientras se evalúan estas posibles consecuencias, los datos de febrero muestran un leve repunte respecto al mínimo del 1,7% registrado en enero. También la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos- avanzó una décima, hasta el 2,4%. Este comportamiento, unido a una actividad económica algo más dinámica de lo previsto a comienzos de 2025 pese a las tensiones comerciales anunciadas, llevó al BCE a considerar que la situación estaba bajo control. Por países, el repunte se explica sobre todo por Francia, cuya inflación armonizada pasó del 0,4% al 1,1% en un mes. Italia también registró un incremento significativo, del 1% al 1,6%. En España, el alza fue más moderada, de una décima, hasta el 2,5%. Alemania, en cambio, contribuyó a compensar estas subidas al reducir su tasa del 2,1% al 2%.

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(El Economista, 04-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a revisar los costes del reparto de butano

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Disa Gas en su recurso contra la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica por no haber impulsado la revisión normativa prevista en la Disposición Adicional 33ª.2 de la Ley del Sector de Hidrocarburos. Esta norma establece que, "en todo caso, cada cinco años", deben revisarse las condiciones de la obligación de suministro domiciliario de GLP envasado, es decir, la tradicional bombona de butano. La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) considera que el plazo para llevar a cabo esa revisión expiró el 10 de marzo de 2020 y que la falta de actuación por parte de la Administración vulnera la ley. En consecuencia, la sentencia ordena al Gobierno que, en un máximo de seis meses desde la notificación, elabore, tramite y apruebe la disposición general correspondiente conforme al artículo 26 de la Ley del Gobierno. Además, impone las costas procesales a la Administración. El conflicto gira en torno al régimen de intervención pública sobre el GLP envasado en bombonas de entre 8 y 20 kilos, un producto de uso doméstico ampliamente extendido. La normativa permite imponer al operador mayorista con mayor cuota en cada territorio la obligación de suministro a domicilio, bajo un sistema de precios máximos regulados. El Supremo recuerda que la Orden IET/389/2015 desarrolla esta obligación y fija la metodología automática para calcular los precios máximos y los costes de comercialización -incluida la entrega a domicilio-, con particularidades específicas en el caso de Canarias. Para el tribunal, el precio máximo constituye un elemento esencial del servicio. Por ello, si no se revisa en el plazo legal la norma que lo regula, se incumple el mandato legislativo. Además, la Sala advierte de que la falta de actualización periódica pone en cuestión la legitimidad del sistema vigente. Si los precios no reflejan los costes reales, la intervención puede volverse desproporcionada y derivar en una restricción injustificada de la libertad de empresa y del mercado interior, en línea con la doctrina europea que exige que las medidas de control de precios en sectores liberalizados sean proporcionadas, temporales y debidamente justificadas. No obstante, el tribunal aclara que su función se limita a exigir que se cumpla la obligación de aprobar la norma y a fijar un plazo para ello. No puede, en cambio, determinar el contenido concreto que deberá tener el nuevo reglamento, ya que esa potestad corresponde al Gobierno. Uno de los aspectos más relevantes del fallo es su alcance temporal. El Supremo admite que la disposición que se apruebe para corregir la inactividad tenga efectos desde el 11 de marzo de 2020, fecha en que venció el plazo de cinco años para la revisión. Eso sí, precisa que dicha retroactividad deberá aplicarse respetando el marco normativo vigente en cada periodo afectado. Disa Gas, que en Canarias es el operador mayorista obligado a suministrar GLP a precio regulado, argumentó que habían transcurrido más de cinco años desde la entrada en vigor de la Orden IET/389/2015 sin que se hubiera efectuado la revisión legalmente exigida, pese a haber realizado requerimientos formales y mantenido reuniones con el Ministerio. Sostuvo que los precios máximos no cubrían los costes reales del servicio en el archipiélago, debido a factores como la doble insularidad, la logística, el transporte o el almacenamiento. Aportó además un informe pericial de Kroll Advisory que cifraba pérdidas de 6,8 millones de euros en 2020, 5,9 millones en 2021 y 3,9 millones en 2022. En su demanda, la compañía solicitaba que la revisión incorporara los costes efectivos del suministro en Canarias y aplicara los principios de suficiencia tarifaria y rentabilidad razonable, con efectos retroactivos desde marzo de 2020. Subsidiariamente, reclamaba una indemnización por responsabilidad patrimonial en caso de no reconocerse esa retroactividad. Al aceptar el efecto retroactivo en los términos señalados, el Supremo centra su decisión en obligar a la Administración a dictar la norma y fijar su vigencia temporal, sin pronunciarse sobre una eventual compensación económica. Por su parte, la Abogacía del Estado defendió que no existía omisión reglamentaria, al considerar que la Administración había cumplido con la disposición adicional mediante resoluciones periódicas que actualizan el listado de operadores obligados y revisan los precios. También sostuvo que la revisión quinquenal no implicaba necesariamente aprobar una nueva norma si no se daban ciertas circunstancias, como una elevada concentración empresarial. Sin embargo, el tribunal interpreta que el mandato legal de revisar "en todo caso, cada cinco años" es inequívoco y aprecia una inactividad contraria al ordenamiento. Con esta resolución, el Supremo obliga al Gobierno a reabrir, con un calendario definido, el debate regulatorio sobre el suministro domiciliario de GLP y el sistema de fijación de precios máximos, una cuestión de especial impacto económico y social, especialmente en territorios insulares como Canarias.

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(Cinco Días, 03-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE estudia lanzar una plataforma para proporcionar liquidez a los inversores de capital riesgo

Las tensiones de liquidez que atraviesa el sector del capital riesgo han llegado al máximo nivel político en la Unión Europea. La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para abordar la escasez de liquidez que afecta a los fondos que invierten en empresas no cotizadas y que está dificultando la captación de nuevos recursos. En su comunicado subraya que disponer de vías de salida es esencial, ya que los inversores necesitan materializar rendimientos para poder comprometer capital en nuevas operaciones. El problema lleva meses sobrevolando el mercado y alimenta un círculo vicioso: las desinversiones no se cierran por la falta de valoraciones atractivas; sin ventas, los partícipes no recuperan su dinero; y, sin liquidez, no pueden aportar fondos a nuevos vehículos. Según un informe de Forvis Mazars, el 69% de las gestoras ha optado por prolongar la duración de sus fondos. Además, 2025 cerró como el peor año en nueve ejercicios a escala mundial en captación, con 407.600 millones de dólares (375.000 millones de euros), de acuerdo con datos de KPMG. En España, la vida media de los fondos se sitúa en 5,6 años, la segunda cifra más alta de la serie histórica, según SpainCap. La institución que preside Ursula von der Leyen ha reconocido que el flujo de capital hacia el tejido empresarial europeo a través del private equity -considerado una de las palancas para impulsar el crecimiento- se enfrenta a un obstáculo clave: la falta de liquidez. La Comisión advierte de que los inversores pueden mostrarse reticentes a comprometer recursos en compañías privadas si temen quedar atrapados sin mecanismos claros para desinvertir. Entre las posibles soluciones, Bruselas plantea la creación de una plataforma de negociación intermitente. La idea es diseñar un sistema híbrido, a medio camino entre la opacidad de las empresas privadas y las exigencias de una salida a Bolsa. Este mecanismo incluiría ventanas temporales de negociación, subastas periódicas y herramientas de control de la volatilidad, con un nivel de información inferior al de una oferta pública de venta (OPV). El sector teme especialmente la exposición de información estratégica. Por ello, la propuesta contempla que las compañías puedan restringir el acceso a determinados inversores -por ejemplo, competidores directos o entidades con intereses en empresas rivales- y conservar el derecho de admisión sobre su accionariado, algo que no sucede en los mercados bursátiles tradicionales. El objetivo sería lograr transparencia suficiente para valorar adecuadamente la empresa sin comprometer su ventaja competitiva. La plataforma estaría orientada principalmente a inversores institucionales, como fondos de pensiones, aseguradoras y fondos de capital riesgo. También se prevé la participación de grandes patrimonios (HNW), con activos líquidos superiores al millón de euros, e incluso de empleados de las propias compañías, que podrían vender sus participaciones. Mientras tanto, las operaciones de desinversión que sí se materializan son de gran tamaño. Un ejemplo reciente es la venta de Urbaser por parte de Platinum el 12 de febrero, con relevantes plusvalías. Paralelamente, proliferan fórmulas alternativas para generar liquidez, como los dividend recap -distribución de dividendos financiados con mayor endeudamiento de la participada- o los fondos de continuación, mediante los cuales una gestora transfiere activos entre vehículos propios. La nueva plataforma no solo serviría para desbloquear inversiones actualmente estancadas, sino también como vía adicional para captar capital fresco. Según el borrador, permitiría a las empresas privadas emitir nuevas acciones a través de subastas cerradas, con mayor eficiencia que una colocación privada tradicional. El documento permanecerá abierto a aportaciones hasta el 27 de abril. En España, el capital riesgo movilizó el pasado año 6.400 millones de euros en inversión y dispone de cerca de 8.000 millones en recursos pendientes de invertir, según SpainCap. Desde 2022, el Gobierno autoriza a particulares a destinar un mínimo de 10.000 euros a estos productos, siempre que no superen el 10% de su patrimonio financiero y cuenten con asesoramiento. No obstante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre los riesgos de comercializar estos instrumentos entre perfiles no adecuados, recordando que la iliquidez es inherente a este tipo de inversiones y que no están pensadas para el público general.

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(Expansión, 03-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE tendrá que subir tipos si la guerra se alarga

El Banco Central Europeo (BCE) empieza a asumir que los grandes sobresaltos geopolíticos pueden alterar sus planes de política monetaria. Ya sucedió con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, volvió a repetirse años después con la ofensiva arancelaria impulsada por Donald Trump y ahora resurge el riesgo ante la posibilidad de que la tensión en Oriente Medio desemboque en otra crisis energética. El verdadero impacto económico dependerá de cómo el encarecimiento del petróleo y del gas natural termine influyendo en la inflación de la eurozona, el indicador clave que guía las decisiones del BCE en materia de estabilidad de precios. Con los datos disponibles al cierre de la sesión de hoy, la institución que dirige Christine Lagarde se encamina casi con total seguridad a revisar al alza sus previsiones de inflación en las proyecciones macroeconómicas que presentará el 19 de marzo, durante su próxima reunión. En su actualización de diciembre, el BCE contemplaba un precio del gas natural de 29,6 euros y del petróleo de 62,5 dólares para este año. Sin embargo, ambos valores han quedado ampliamente superados en las últimas jornadas. Además, el plazo para cerrar las nuevas estimaciones concluye mañana miércoles, lo que deja muy poco margen para que esta tendencia se modifique. Fuentes próximas a la entidad con sede en Fráncfort apuntan que, ante la elevada incertidumbre generada por el conflicto, el BCE podría optar por elaborar distintos escenarios en sus previsiones, tal como hizo tras el inicio de la guerra en Ucrania. De este modo, evitaría quedar excesivamente condicionado en su política monetaria por acontecimientos cuyo desenlace resulta imprevisible. En cualquier caso, el BCE dispone de cierto margen para adoptar una postura prudente y observar cómo evolucionan los acontecimientos en Oriente Medio. Con una inflación situada en el 1,7% en la zona euro, el organismo se encuentra actualmente por debajo de su objetivo de estabilidad de precios, aunque ya se preveía un repunte incluso antes de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El nuevo contexto podría desvanecer las expectativas de futuras bajadas de tipos de interés, pero por ahora no parece reabrir el debate sobre una subida inmediata. Algunos miembros del Consejo de Gobierno, como el gobernador del Banco de Bélgica, Pierre Wunsch, defienden la necesidad de evitar decisiones precipitadas y sostienen que el BCE debe mirar más allá de repuntes puntuales de la inflación. Según diversos analistas, no será tanto la magnitud del encarecimiento energético como su duración lo que determine si el BCE se ve obligado a endurecer nuevamente su política monetaria. Solo si el shock externo persiste en el tiempo, la institución tendría que recurrir a condiciones financieras más restrictivas para frenar la inflación, como ya hizo en episodios anteriores.

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(El País, 03-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio del petróleo y el gas se disparan

La escalada en el Golfo Pérsico derivada de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como la respuesta de Teherán, está provocando un fuerte encarecimiento del petróleo y, especialmente, del gas natural ante el temor a cortes en el suministro. El principal indicador europeo del gas, el contrato TTF negociado en Países Bajos, se ha disparado más de un 40% tras el cierre de la planta de gas natural licuado de Ras Laffan, en Qatar, después de un ataque con drones iraníes. Este país es el segundo mayor exportador mundial de GNL y uno de los principales proveedores de la Unión Europea, solo por detrás de EE. UU. Horas antes también se había detenido la producción en la gran refinería saudí de Ras Tanura, igualmente atacada, lo que empujó el precio del crudo Brent un 9%, hasta los 79 dólares por barril. A estas incidencias se suma la paralización de facto del tráfico por el estrecho de Ormuz, ruta clave por la que han dejado de transitar superpetroleros y buques metaneros. La extensión del conflicto por la región ha intensificado el temor a una interrupción relevante del suministro global, ya que el Golfo Pérsico es la principal zona productora de hidrocarburos del planeta y por ese paso marítimo circula aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas licuado. Cada día atraviesan el estrecho unos 14,5 millones de barriles de crudo, la mayoría con destino a Asia. También se han encarecido los productos refinados, con subidas cercanas al 20% en los futuros del diésel. Aunque el paso marítimo -un corredor estrecho entre Omán e Irán- no ha sido bloqueado físicamente, muchas navieras y transportistas han suspendido sus operaciones por seguridad. Según Reuters, unos 150 buques permanecen detenidos en la zona. Irán ha denunciado ataques a tres petroleros de EE. UU. y Reino Unido, mientras que Washington ha recomendado a los barcos comerciales evitar navegar por el estrecho y las aguas circundantes. Analistas de Goldman Sachs señalan que el tráfico está "gravemente alterado", aunque por ahora no se han confirmado daños en infraestructuras clave de producción o exportación. En el mercado del gas, la situación supone el mayor impacto desde la invasión rusa de Ucrania. Aunque Asia absorbe la mayor parte del GNL procedente de Oriente Medio, cualquier interrupción obliga a competir por suministros alternativos, lo que presiona al alza los precios en todo el mundo, incluida Europa. La incertidumbre sobre la duración del conflicto y el futuro político iraní añade volatilidad. Expertos de Rystad Energy advierten de que la interrupción del paso por Ormuz impide que unos 15 millones de barriles diarios lleguen a los mercados, lo que podría impulsar aún más los precios si no hay señales de distensión. Algunas previsiones sitúan el barril entre 85 y 90 dólares, mientras que Morgan Stanley ha elevado su estimación para el Brent a 80 dólares en el segundo trimestre. La alianza OPEP+ acordó aumentar ligeramente la producción en abril, pero gran parte de ese petróleo también depende de rutas que atraviesan el Golfo. Irán produce unos 3,3 millones de barriles diarios -alrededor del 3% mundial- y además está sujeto a sanciones. Cualquier incidente adicional alimenta el nerviosismo: la petrolera Saudi Aramco, por ejemplo, ha detenido parcialmente operaciones en Ras Tanura tras el impacto de restos de drones. Algunos analistas comparan la situación con el embargo petrolero de los años setenta, que triplicó los precios. En términos actuales, superar los 90 dólares por barril resulta plausible, y la barrera de los 100 dólares ya no parece inalcanzable si persisten los riesgos de suministro. El principal foco de preocupación es la estabilidad interna de Irán, cuarto productor mundial, debido a la complejidad de su sistema político y al peso de la Guardia Revolucionaria. Los mercados temen que el conflicto se prolongue si no hay voluntad de negociación. Por ahora, muchos expertos contemplan un escenario de escalada limitada -similar a episodios recientes entre Israel e Irán-, aunque no descartan un shock global si el estrecho de Ormuz permaneciera cerrado durante mucho tiempo, lo que podría encarecer el crudo hasta 50 dólares adicionales por barril. La evolución dependerá en gran medida de la rapidez con la que se restablezca el tráfico marítimo y del alcance de las represalias iraníes. Aunque no se prevé una guerra larga, tampoco una resolución inmediata. El expresidente Donald Trump ha afirmado que EE. UU. continuará las operaciones "hasta cumplir todos los objetivos", estimando que podrían prolongarse varias semanas. En el escenario base de algunas entidades financieras, el Brent se mantendría entre 80 y 90 dólares a corto plazo, aunque una desescalada diplomática o la reapertura rápida de las rutas marítimas aliviarían la presión. De lo contrario, los precios del petróleo probablemente se estabilizarán en niveles elevados durante más tiempo.

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(La Vanguardia, 03-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Solo el 5% del petróleo y el 2% del gas que consume España pasan por el estrecho de Ormuz

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha querido trasladar tranquilidad este lunes al señalar que solo alrededor del 5 % del petróleo y el 2 % del gas que consume España procede de rutas que cruzan el estratégico estrecho de Ormuz, una vía que acapara atención internacional tras las amenazas iraníes de cerrarla en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, conflicto que ya ha causado más de 600 víctimas, incluidas 555 en Irán, según datos de la Media Luna Roja. Aagesen, cuyo departamento defiende que el suministro energético del país está bien diversificado, ha subrayado que esta situación pone de manifiesto "la vulnerabilidad que supone la dependencia energética exterior" y refuerza la apuesta de España y de la Unión Europea por reducir esa dependencia. Para ello, ha abogado por acelerar el descenso del uso de combustibles fósiles importados, sustituirlos por energías renovables autóctonas y avanzar en la electrificación de la economía. La ministra también ha señalado que el Gobierno está en constante coordinación con sus socios europeos y con la Agencia Internacional de la Energía para monitorizar la evolución de los mercados y adoptar medidas si fuese necesario. Este contexto de tensión ha influido en los mercados energéticos: el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, ha subido más del 7 % hasta superar los 78 dólares por unidad, y las acciones de empresas como Repsol han avanzado en Bolsa.

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(El Periódico, 03-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Foment del Treball estudia llevar al TC el límite a las compras de viviendas de la Generalitat de Cataluña

Foment del Treball endurece su postura en el debate sobre la vivienda. La patronal catalana estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad o impulsar una cuestión de inconstitucionalidad contra la última regulación acordada entre el Govern y En Comú Podem para restringir la compra de viviendas por parte de grandes propietarios. Así lo expresó este lunes el presidente de la organización, Josep Sánchez Llibre, durante la asamblea anual de la entidad. El dirigente calificó el acuerdo como una "socialización de la propiedad privada" y lo consideró un ataque a este derecho, asegurando que se trata de una medida incompatible con el modelo de sociedad actual. La nueva norma establece que quienes posean cinco o más viviendas solo podrán adquirir otra si es para destinarla a residencia habitual o para alquilarla, siempre respetando los límites fijados a los precios del alquiler. El sector inmobiliario ya mostró su rechazo cuando se anunció la iniciativa, y el propio Sánchez Llibre llegó a definirla como "filocomunista". Desde la patronal sostienen que el problema de acceso a la vivienda se debe principalmente a la falta de oferta y a la escasa construcción de obra nueva en un contexto de aumento demográfico. A su juicio, la ausencia de suelo disponible, la lentitud en la concesión de licencias y la inseguridad jurídica para invertir conducen inevitablemente a la actual situación. El presidente de Foment también reprochó a las administraciones la falta de planificación y de ejecución de proyectos destinados a incrementar la oferta residencial, lo que calificó como un fracaso de las políticas públicas. En su opinión, no es aceptable intentar corregir esa situación señalando a los propietarios como responsables subsidiarios o utilizándolos como chivos expiatorios de errores ajenos. Más allá del ámbito de la vivienda, Sánchez Llibre reiteró las reivindicaciones tradicionales de la patronal, como la necesidad de reducir el déficit de inversión en infraestructuras en Cataluña y mejorar la capacidad de transporte eléctrico en la región. En el terreno fiscal, insistió en que la comunidad soporta una presión impositiva excesiva y volvió a reclamar la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y una reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Finalmente, defendió el papel del empresario frente a quienes, según afirmó, cuestionan la iniciativa privada. Subrayó que el empresario no es un privilegiado, sino quien asume riesgos, invierte, innova, genera empleo y contribuye de forma decisiva al sostenimiento del Estado del bienestar mediante el pago de impuestos.

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