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(Cinco Días, 28-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España estudia dar indicaciones a la banca para aplicar la sentencia del fraude

Parte de las entidades financieras españolas y europeas ha retrasado la devolución del dinero sustraído mediante operaciones bancarias no autorizadas, alegando que los clientes incurrieron en negligencia grave. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado esta cuestión y ha establecido que los bancos deben reembolsar las cantidades defraudadas, como máximo, al finalizar el siguiente día hábil. Posteriormente, podrán demostrar que el usuario actuó de forma negligente y reclamarle el importe si procede. El Banco de España está analizando la sentencia y ha comunicado que estudia la posibilidad de emitir instrucciones al sector para favorecer una aplicación uniforme, coherente y proporcionada de la resolución. La sentencia, dictada el pasado 15 de octubre, cuestiona la práctica de algunas entidades financieras de rechazar reclamaciones por fraude alegando una conducta negligente de sus clientes. Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), este procedimiento obliga con frecuencia a los afectados a acudir a los tribunales para recuperar su dinero, con los costes y demoras que ello supone. La resolución europea establece que el banco debe efectuar primero el reembolso y, después, si considera que el cliente ha actuado de forma negligente, acreditar esa circunstancia y reclamarle las cantidades correspondientes. Las entidades financieras sostienen que el alcance de la sentencia es limitado y se apoyan en la distinción entre operaciones de pago autorizadas y no autorizadas. La normativa española sobre servicios de pago establece que una operación se considera autorizada cuando el titular ha dado su consentimiento para ejecutarla y que, en ausencia de este, debe calificarse como no autorizada. Desde la Asociación Española de Banca (AEB) señalan que el TJUE ha resuelto un caso de una operación no autorizada y que su pronunciamiento confirma la regulación vigente para este tipo de situaciones. La patronal bancaria añade que la sentencia no altera el régimen de responsabilidad del usuario cuando incumple de forma negligente su obligación de proteger los datos de pago. Asufin considera, sin embargo, que esta distinción no justifica que se deniegue el reembolso cuando el cliente ha sido víctima de un engaño. En numerosas estafas, los delincuentes se hacen pasar por empleados bancarios, representantes de organismos públicos o privados, o incluso familiares, para conseguir que la víctima autorice una transferencia o un pago. Un ejemplo habitual es el de los mensajes fraudulentos en los que alguien suplanta la identidad de un hijo o un nieto para solicitar dinero mediante Bizum o una transferencia bancaria. Hasta ahora, el criterio del Banco de España se ha basado en la aplicación de la normativa vigente. Según su última memoria de reclamaciones, la entidad financiera debe devolver el importe de una operación no autorizada sin demora y, en todo caso, antes de que finalice el siguiente día hábil. La excepción contemplada se refiere a los casos en los que exista sospecha de fraude y esta se comunique al supervisor. La memoria también señala que corresponde al banco demostrar que la operación fue autenticada y registrada correctamente, salvo que acredite la existencia de fraude o negligencia grave por parte del usuario. Algunas entidades se habían apoyado en esta última salvedad para justificar el rechazo de reclamaciones. Sin embargo, la referencia afecta a la carga de la prueba y no al plazo para efectuar la devolución. Tras la sentencia europea, el departamento de Conducta de Entidades del Banco de España, dirigido por José Luis Escrivá, estudia sus implicaciones. El TJUE establece como única excepción al reembolso inmediato la sospecha de que el propio cliente haya cometido fraude, siempre que se comunique por escrito a la autoridad nacional competente. El asunto analizado por el tribunal europeo se originó en Polonia. Una mujer que había anunciado un artículo en una plataforma de compraventa por internet recibió un mensaje de una persona que se hizo pasar por un posible comprador. El estafador le envió un enlace a una página que imitaba la web de su banco y consiguió que introdujera sus credenciales de banca electrónica. Después, transfirió unos 700 euros a una cuenta propia. La clienta informó a la entidad al día siguiente, pero esta rechazó devolverle el dinero al considerar que había incumplido su obligación de proteger el instrumento de pago y evitar que personas no autorizadas accedieran a él. El TJUE concluyó que esa justificación no basta para denegar el reembolso. La resolución puede tener consecuencias económicas para el sector financiero, tanto por los fraudes que se produzcan en el futuro como por las reclamaciones anteriores que todavía puedan reabrirse. El volumen de las estafas en el Espacio Económico Europeo, integrado por los 27 países de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, alcanzó los 4.200 millones de euros. En España, el importe superó los 300 millones en 2024, según los últimos datos publicados por el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el Banco de España. La decisión europea refuerza así la obligación de las entidades de devolver con rapidez el dinero correspondiente a operaciones no autorizadas, sin trasladar automáticamente al cliente las consecuencias de una posible negligencia. Los bancos deberán aplicar este criterio en las reclamaciones futuras y valorar sus implicaciones en los expedientes anteriores, mientras el Banco de España estudia si resulta necesario emitir nuevas indicaciones para garantizar una aplicación homogénea de la sentencia.

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(La Vanguardia, 28-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Vivienda aprueba 200 millones subvenciones para promotores de alquileres asequibles en suelos públicos

El Gobierno ha aprobado una partida de 201 millones de euros en ayudas directas para promotores y constructores que desarrollen viviendas de alquiler asequible en terrenos públicos urbanizados propiedad de Casa 47. La iniciativa pretende ampliar el parque público de alquiler mediante acuerdos de colaboración entre las administraciones y el sector privado, con rentas inferiores a las del mercado y limitadas al 30% de los ingresos de la unidad familiar. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que regula estas subvenciones, con las que se prevé impulsar hasta 2.500 nuevas viviendas. Según el Ministerio de Vivienda, los fondos permitirán financiar alrededor de 30 promociones en distintas zonas de España, entre ellas Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara. Las viviendas construidas con estas ayudas mantendrán su titularidad pública y ofrecerán alquileres asequibles de forma permanente. Los contratos podrán extenderse durante un periodo de hasta 75 años, mientras que las rentas no podrán superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia que ocupe cada inmueble. El Ejecutivo defiende este sistema de colaboración público-privada como una fórmula para aumentar la oferta de vivienda protegida sin perder las condiciones de asequibilidad a largo plazo. El modelo toma como referencia experiencias como la de Viena, donde este tipo de vivienda pública tiene una presencia consolidada. El Gobierno sostiene que este planteamiento evita que la asequibilidad dependa de las condiciones que establezcan las empresas adjudicatarias y lo diferencia de otros programas, como el Plan Vive de la Comunidad de Madrid.

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(Expansión, 27-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno suaviza las exigencias de renovables a los centros de datos

El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado una nueva versión del proyecto de decreto destinado a regular los centros de datos. El texto ha generado decepción entre las empresas del sector, que confiaban en que se revisaran de forma sustancial las condiciones más controvertidas planteadas inicialmente, especialmente las impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen. Aunque el nuevo borrador incorpora algunas modificaciones que, en apariencia, reducen las exigencias, mantiene los aspectos que más preocupan a los promotores. Las empresas advierten de que estas condiciones podrían comprometer la viabilidad de futuros proyectos de centros de datos en España. Según Spain DC, la asociación que representa a las compañías promotoras de estas instalaciones, las inversiones previstas para el periodo comprendido entre 2026 y 2030 alcanzaban hasta ahora los 67.000 millones de euros. La aplicación de la nueva normativa podría poner en riesgo hasta el 90% de esa inversión, que podría trasladarse a otros mercados, como Portugal o Francia. Aunque el sector todavía no ha podido analizar en detalle el documento, conocido anoche, las primeras valoraciones de algunos de los principales promotores apuntan a que se mantienen los requisitos que resultan más complejos y costosos de cumplir. Uno de los principales puntos de fricción es la obligación de cubrir con energía renovable hasta el 80% del consumo de cada centro de datos, con la exigencia de demostrar ese cumplimiento hora a hora. Esta condición dificulta especialmente el suministro durante la noche, cuando no existe generación solar, y obliga a disponer de una capacidad renovable superior a la demanda habitual, además de instalar baterías que permitan almacenar la energía y garantizar el suministro de forma continuada. Según las empresas, estas necesidades incrementan considerablemente los costes y pueden hacer inviables numerosos proyectos. La nueva propuesta contempla una aplicación gradual de esta obligación, con un periodo transitorio de cinco años. De este modo, el porcentaje de energía renovable exigido sería del 60% hasta el 31 de diciembre de 2028 y del 70% durante los años 2029, 2030 y 2031, antes de alcanzar el objetivo general del 80%. Sin embargo, los promotores consideran que esta modificación no resuelve el problema de fondo, ya que se mantiene la obligación de acreditar la cobertura renovable en cada hora. Esto les obliga a dimensionar las instalaciones para responder a las necesidades energéticas en los momentos de menor generación, especialmente durante la noche. A esta dificultad se añade la obligación de incorporarse a un Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) para poder acogerse al régimen transitorio. Este mecanismo permite al operador del sistema desconectar automáticamente los centros de datos cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento de la red eléctrica. Las empresas advierten de que estas interrupciones podrían obligarlas a recurrir con frecuencia a grupos electrógenos alimentados por gasóleo para mantener la actividad. Además de las emisiones de CO2, estos equipos generan ruido, lo que puede ocasionar problemas en instalaciones situadas en entornos urbanos y próximas a viviendas. La remisión del proyecto al Consejo de Estado también refleja la intención del Ejecutivo de cumplir su compromiso de aprobar el decreto antes de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre. Así lo había anunciado semanas atrás el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. No obstante, el sector considera que no existe una situación en el desarrollo de los centros de datos ni en su marco regulatorio que justifique acelerar de esta manera la tramitación. Entre las modificaciones introducidas figura la elevación del umbral de consumo a partir del cual se aplicará la normativa. La nueva versión establece que afectará a los centros de datos con una demanda eléctrica de al menos 10 megavatios (MW), frente al límite inicial de 1 MW. Este cambio permitiría excluir de las restricciones a instalaciones más pequeñas, muchas de ellas orientadas a prestar servicios a pequeñas y medianas empresas. También se ha ampliado la antigüedad máxima permitida para las instalaciones renovables destinadas a suministrar energía a los centros de datos. El borrador inicial fijaba el límite en 18 meses, con el objetivo de fomentar nueva capacidad de generación renovable adicional. La nueva propuesta eleva ese plazo a 36 meses. Los promotores, sin embargo, consideran que esta flexibilización sigue siendo insuficiente. A su juicio, no debería impedirse el aprovechamiento de la energía procedente de instalaciones renovables más antiguas, especialmente cuando algunas plantas se ven obligadas a desaprovechar parte de su producción por falta de demanda.

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(Expansión, 27-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La AEPD no puede exigir intereses por sanciones suspendidas por un juez

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no puede exigir el pago de intereses de demora por el periodo durante el cual una sanción permanece suspendida cautelarmente por decisión judicial. Así lo ha determinado la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que ha estimado el recurso presentado por la empresa Meydis frente al intento del organismo de cobrar un importe adicional por este concepto. El procedimiento se inició a raíz de varias multas impuestas por la AEPD a la compañía. Tras recurrir las sanciones ante los tribunales, Meydis obtuvo la suspensión cautelar de su ejecución y cobro por parte de la Audiencia Nacional. Pese a ello, el organismo dictó posteriormente una resolución para liquidar los intereses de demora correspondientes a todo el tiempo en que las multas habían permanecido paralizadas por orden judicial. En su sentencia, los magistrados señalan que los intereses de demora tienen como finalidad compensar las consecuencias de no disponer de unas cantidades cuyo pago resulta exigible. Sin embargo, consideran que este fundamento desaparece cuando la ejecución de la sanción ha quedado suspendida cautelarmente. Al no ser exigible la deuda durante ese periodo, tampoco procede reclamar intereses por el mismo. La resolución también descarta que la AEPD pueda recurrir a la normativa tributaria para justificar el cobro, puesto que las multas en materia de protección de datos tienen naturaleza sancionadora y no fiscal. Los jueces subrayan que no existe una disposición legal que contemple el devengo de intereses durante la suspensión cautelar de estas sanciones, por lo que su exigencia vulneraría el principio de legalidad y la interpretación restrictiva que debe aplicarse en el ámbito del derecho sancionador. La Audiencia Nacional advierte, además, de que aceptar el criterio defendido por el organismo limitaría la efectividad de las medidas cautelares acordadas por los tribunales. El cobro de intereses durante el periodo de suspensión supondría un perjuicio adicional para quienes han obtenido esa protección judicial y podría desincentivar la presentación de recursos contra las sanciones administrativas. En consecuencia, el tribunal ha estimado el recurso de Meydis, representada legalmente por Ernesto José Muñoz, de Picón & Asociados, con la colaboración de Ignacio Arráez, socio fundador y responsable del área de derecho fiscal de Maio Legal. La sentencia anula íntegramente la liquidación de intereses e impone las costas a la AEPD, que todavía puede recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo.

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(El País, 27-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La compra de vivienda vuelve a crecer en agosto, pero acumula una caída anual del 2,3%

El mercado de la vivienda mantuvo su fortaleza en agosto, con un total de 49.319 compraventas, un 3,4% más que en el mismo mes de 2025. No obstante, las operaciones descendieron un 19,7% respecto a julio, una caída habitual durante el periodo estival. Pese a esta moderación mensual, el sector continúa registrando niveles elevados de actividad, incluso en un contexto marcado por el encarecimiento de los inmuebles y las dificultades de acceso a la vivienda. Entre enero y agosto se contabilizaron 458.200 compraventas, un 2,3% menos que en los ocho primeros meses del año anterior, lo que supone 10.894 operaciones menos. Este retroceso moderado se produce después de un ejercicio excepcional, en el que las transacciones alcanzaron cifras que no se registraban desde los años anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria. Los datos de 2026 siguen reflejando, por tanto, una demanda sólida, aunque con menor dinamismo que en el ejercicio precedente. La actividad hipotecaria también mantuvo una evolución positiva en términos interanuales. En agosto se formalizaron 33.841 préstamos para la adquisición de vivienda, un 2,3% más que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, frente a julio, la firma de hipotecas retrocedió un 22%, en línea con la desaceleración estacional de las operaciones inmobiliarias durante las vacaciones de verano, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La evolución del mercado fue desigual entre comunidades autónomas. Extremadura encabezó los incrementos de las compraventas, con un avance interanual del 32,1%, hasta las 1.152 operaciones. También destacaron Cantabria, con un crecimiento del 21,7%, y la Región de Murcia, con un 12,6%. Aragón registró un aumento del 11,2%, mientras que Asturias y Cataluña anotaron avances del 10,4% y el 10,3%, respectivamente. Cataluña contabilizó 8.407 compraventas y la Comunidad Valenciana, 7.571, con incrementos del 10,3% y el 5,7%. En el País Vasco, las operaciones aumentaron un 4,8%, hasta las 1.917, mientras que Andalucía registró 9.427 transacciones, un 0,7% más que un año antes. En el extremo contrario, La Rioja experimentó el mayor descenso, con una caída del 19%, seguida de Castilla-La Mancha, con un retroceso del 9,4%, y Castilla y León, con una disminución del 7,1%. En la Comunidad de Madrid se formalizaron 5.119 compraventas, un 2,6% menos que en agosto de 2025. El encarecimiento de la financiación solicitada constituye otro de los rasgos destacados de la evolución del mercado. El importe medio de las hipotecas sobre viviendas alcanzó en agosto los 181.285 euros, un 7,7% más que un año antes, lo que representa unos 13.000 euros adicionales. En comparación con julio, el incremento fue del 0,3%. Estas cifras reflejan que los compradores necesitan recurrir a préstamos de mayor cuantía, en un escenario en el que el aumento de los precios inmobiliarios eleva el esfuerzo económico necesario para adquirir una vivienda. Por territorios, Extremadura volvió a destacar por el crecimiento de la financiación hipotecaria, con un aumento interanual del 41,8% en el número de préstamos formalizados. Navarra registró un avance del 23,2%, mientras que la Comunidad Valenciana experimentó un incremento del 11,8%. En Cataluña, las hipotecas aumentaron un 9,1%, hasta alcanzar las 6.248 operaciones. En conjunto, los datos de agosto muestran que el mercado inmobiliario español continúa manteniendo un elevado volumen de actividad, pese a la moderación registrada en el acumulado anual. El crecimiento de las compraventas y de las hipotecas en términos interanuales confirma la resistencia de la demanda, aunque el aumento de los importes financiados y las dificultades para acceder a una vivienda siguen condicionando la evolución del sector.

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(Cinco Días, 26-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los expertos prevén una oleada de reclamaciones de los clientes a los bancos por las ciberestafas

Las ciberestafas se han convertido en un nuevo foco de conflicto entre la banca española y sus clientes, después de las controversias por las participaciones preferentes, las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que aclara cómo deben actuar las entidades ante las operaciones de pago no autorizadas, ha abierto la puerta a nuevas reclamaciones y podría tener un importante impacto económico para el sector. Asociaciones como la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya han puesto en marcha iniciativas para reclamar la devolución del dinero. Mientras tanto, las quejas por fraude presentadas ante el Banco de España han aumentado este año y la patronal bancaria AEB sostiene que el fallo europeo apenas modifica la normativa española vigente. La principal novedad de la resolución del tribunal con sede en Luxemburgo es que obliga a los bancos a reembolsar en un plazo de 24 horas el importe de las operaciones no autorizadas, sin que puedan aplazar la devolución alegando la posible negligencia del cliente. Los especialistas consultados aclaran que la sentencia no cambia el reparto de responsabilidades entre la entidad y el usuario, sino el orden en que deben abordarse. Hasta ahora, los bancos podían utilizar la conducta del cliente como argumento para retrasar o denegar el reintegro, una cuestión que, en caso de conflicto, puede acabar resolviéndose ante los tribunales. El cambio afecta, por tanto, a quién debe iniciar el procedimiento judicial para determinar las responsabilidades. La abogada especializada en ciberfraude Vanesa Fernández considera que el elemento diferencial es el orden en el que se produce la devolución. A su juicio, las entidades tendrán que valorar si les resulta conveniente acudir a los tribunales para reclamar posteriormente el dinero y demostrar que el usuario incurrió en negligencia. La estrategia de los bancos también dependerá de la disposición de los afectados a emprender acciones judiciales. Por su parte, Diego Zapatero, abogado y socio responsable del área de phishing de Asoban Abogados, prevé un aumento de los litigios, ya que numerosos afectados cuyos expedientes estaban paralizados o habían sido rechazados por sus entidades han retomado las reclamaciones. A estos casos se suman los procedimientos de los últimos cinco años que todavía no hayan prescrito. Desde la Asociación Española de Banca (AEB) defienden que la sentencia europea se refiere a operaciones realizadas sin autorización del cliente y confirma, en esencia, las obligaciones que ya recoge la legislación vigente. La patronal, que representa a entidades como Santander, BBVA y Sabadell, sostiene que la resolución no altera la responsabilidad de los usuarios que incumplan por negligencia sus obligaciones de proteger los datos y credenciales bancarios. En los supuestos en que se acredite una negligencia grave, considera que las pérdidas derivadas de las operaciones no autorizadas deberán ser asumidas por el cliente. Sin embargo, Carol Rodríguez, directora de Regulación Financiera de finReg360, cree que la resolución refuerza la posición de los consumidores cuyas reclamaciones todavía no se han resuelto mediante una sentencia firme. Las entidades se enfrentan a una situación más compleja, dado que les corresponde demostrar que las operaciones fueron correctamente autenticadas y registradas y, cuando proceda, que existió fraude o negligencia grave por parte del usuario. La experta recuerda que el plazo general para reclamar judicialmente es de cinco años, sin perjuicio de los plazos específicos para comunicar las operaciones no autorizadas. La normativa actual tiene, no obstante, un horizonte temporal limitado. Fuentes del sector financiero apuntan a que el marco cambiará previsiblemente en el verano de 2028, con la entrada en vigor de un nuevo reglamento europeo sobre servicios de pago. Según fuentes jurídicas, la propuesta de la Comisión Europea no reduce las garantías actuales ni contradice la sentencia del TJUE, sino que amplía su alcance al incluir el reembolso de determinados fraudes basados en la suplantación de empleados bancarios, que hasta ahora se consideran operaciones autorizadas. En el Reino Unido, la devolución del dinero en fraudes relacionados con pagos autorizados es obligatoria desde octubre de 2024, con un límite de 85.000 libras por caso, cerca de 100.000 euros. Las asociaciones de consumidores ya están intensificando sus actuaciones. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, sostiene que hasta ahora buena parte del coste de los ciberfraudes recaía sobre los ciudadanos. A su entender, las entidades financieras deben reforzar también sus exigencias de responsabilidad a las plataformas tecnológicas y las compañías de telecomunicaciones, cuyos servicios pueden intervenir en el desarrollo de estas estafas. La asociación prevé remitir requerimientos masivos a los bancos para reclamar el reintegro inicial del dinero en todos los expedientes que mantiene abiertos, tanto en la fase extrajudicial como en la judicial. La OCU afirma que las entidades rechazan el 60% de las reclamaciones por fraude que recibe y que el argumento más habitual es la supuesta negligencia grave del cliente. Los datos del Banco Central Europeo (BCE) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) reflejan la dimensión económica del problema. En España, las pérdidas por fraude bancario ascendieron a 318 millones de euros en 2024, de los que los usuarios asumieron cerca de dos tercios. En el conjunto de Europa, las pérdidas soportadas por los clientes alcanzaron los 2.500 millones de euros, frente a un volumen total de fraude de 4.200 millones. Tanto Asufin como la OCU han solicitado que las entidades devuelvan el dinero de forma automática. La OCU ya planteó esta exigencia en marzo, después de conocerse las conclusiones del abogado general del TJUE sobre el caso, y ha reiterado su petición tras la publicación de la sentencia, reclamando el reembolso íntegro e inmediato de las cantidades sustraídas. La resolución también puede influir en la gestión de las quejas por parte de los servicios de atención al cliente de los bancos y en los criterios aplicados por el Banco de España. Según Rodríguez, los afectados podrán invocar el nuevo pronunciamiento europeo ante el servicio de reclamaciones del supervisor, lo que podría complicar la posición de las entidades financieras. En su última memoria de reclamaciones, el Banco de España señala que corresponde a la entidad demostrar que una operación no autorizada fue correctamente autenticada y registrada. No obstante, contempla una excepción cuando el banco acredita que el usuario actuó de forma fraudulenta o incurrió en negligencia grave, argumento que las entidades han utilizado para rechazar reclamaciones. A la luz de la sentencia europea, se espera que el supervisor revise los criterios que aplica a este tipo de casos.

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(La Vanguardia, 26-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno ordena retirar 8.300 anuncios de pisos turísticos por incumplir el decreto Maricarmen

El Ministerio de Consumo ha requerido a dos portales inmobiliarios, cuyos nombres no ha hecho públicos, que retiren 8.318 anuncios de alojamientos anunciados como alquileres de temporada por considerar que podrían incumplir la nueva normativa de vivienda, conocida como decreto Maricarmen. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy justifica esta petición porque los alojamientos permiten realizar reservas por periodos inferiores a 31 días. De acuerdo con el nuevo marco legal, estas viviendas deben clasificarse como pisos turísticos, con independencia de que ofrezcan o no servicios propios de un establecimiento hotelero, y quedan sujetas al IVA del 10%. La mayor parte de los anuncios afectados corresponde a viviendas situadas en la Comunidad de Madrid, con un total de 6.772 publicaciones. De ellas, el 96% se encuentra en la capital. La Dirección General de Consumo considera que presentar estos alojamientos como alquileres de temporada podría constituir una práctica de comunicación comercial engañosa y, por tanto, una infracción del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Para exigir la retirada de los anuncios, el Ministerio ha recurrido a los mecanismos de notificación contemplados en el Reglamento de Servicios Digitales. Consumo sostiene que, una vez informadas de los posibles incumplimientos, las plataformas adquieren una responsabilidad directa sobre los contenidos publicados y podrían enfrentarse a la apertura de un expediente si no eliminan o bloquean las ofertas señaladas. Las nuevas exigencias suponen un desafío para los portales inmobiliarios, ya que podrían obligarles a revisar y retirar todas las publicaciones que no se ajusten a la normativa. La medida se suma a otras disposiciones del decreto que afectan directamente a su actividad, tanto por la delimitación de las categorías de alquiler turístico y de temporada como por las nuevas obligaciones relativas a la publicidad de viviendas en alquiler. El texto establece que los anuncios deben respetar los principios de veracidad y transparencia. Entre los datos que deberán incluir figura, al menos, el índice de referencia del precio del alquiler, conocido como Serpavi, y la renta del último contrato de arrendamiento vigente durante los cinco años anteriores. Estas obligaciones podrían reducir el número de viviendas anunciadas en plataformas como Idealista, Fotocasa o Pisos.com. Los propietarios que no cumplan la normativa o que oferten inmuebles por encima de los límites de renta establecidos en las zonas tensionadas podrían optar por retirar sus anuncios antes que publicar la información exigida, como el precio de referencia o la renta del contrato anterior. Esta situación tendría consecuencias para el volumen de publicaciones y el negocio de los portales. La actuación contra los anuncios de alquiler de temporada se enmarca en una estrategia más amplia de inspecciones y sanciones impulsada por el Ministerio de Consumo contra las plataformas inmobiliarias y las empresas del sector. no de los casos más destacados es la sanción de 64 millones de euros impuesta a Airbnb por publicar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa. La actuación llevó a la retirada de más de 65.000 anuncios de la plataforma. Por su parte, Booking eliminó más de 4.000 publicaciones después de recibir un requerimiento oficial del departamento dirigido por Bustinduy. Consumo también sancionó a la inmobiliaria Alquiler Seguro con una multa de 3,6 millones de euros por prácticas consideradas abusivas contra los inquilinos. La resolución identificó seis infracciones muy graves y una grave. Además, el Ministerio mantiene abierto un expediente contra otra gran inmobiliaria por presuntas prácticas similares.

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(Cinco Días, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo marca máximos desde mayo ante el riesgo de nuevos ataques en el Golfo Pérsico

El precio del petróleo brent ha superado los 112 dólares por barril, su nivel más alto desde principios de mayo, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Aunque el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz se está recuperando hasta aproximarse a los niveles anteriores a la guerra, el temor a nuevos ataques contra instalaciones energéticas mantiene la presión sobre las cotizaciones. La preocupación por una posible escalada también se refleja en la decisión de Estados Unidos de ordenar la salida de parte del personal y de los familiares de trabajadores de sus embajadas en el reino. Según informa The New York Times, los ejércitos estadounidense e israelí están preparando planes para atacar Irán después de las elecciones de este fin de semana. La operación contemplaría posibles objetivos relacionados con infraestructuras energéticas y arsenales de drones y misiles. A esta situación se suma un ataque con drones contra el yacimiento petrolífero de Shaybah, propiedad de Saudi Aramco, en el que murieron dos personas, aunque la actividad de las instalaciones no se vio interrumpida. La compañía ha evacuado sus principales instalaciones como medida de precaución. El brent, referencia internacional para los precios del petróleo, acumula una subida superior al 80% en lo que va de año. La guerra entre Estados Unidos e Irán, que se aproxima a su noveno mes sin perspectivas claras de resolución, ha alterado los flujos energéticos procedentes del golfo Pérsico y ha elevado la percepción de riesgo en los mercados internacionales. Sin embargo, los datos más recientes apuntan a una recuperación de las exportaciones. Según la agencia Kpler, los envíos de petróleo desde la región alcanzaron los 24 millones de barriles diarios la semana pasada, una cifra incluso superior a la media registrada antes del inicio del conflicto. Por su parte, The Wall Street Journal sitúa el tránsito por el estrecho de Ormuz en torno al 82% de sus niveles habituales anteriores a la guerra. Las flotas petroleras privadas y las controladas por los países del Golfo están adoptando distintas estrategias para reducir su exposición a posibles ataques iraníes. Los analistas consideran que la principal explicación de los elevados precios no es tanto la falta de suministro como el temor a un deterioro de la situación en los próximos días. Al negociarse el petróleo mediante contratos de futuros, las expectativas sobre la evolución del conflicto influyen de forma decisiva en las cotizaciones. Rebecca Babin, operadora sénior de energía de CIBC Private Wealth Group, señala que la continuidad de las operaciones militares y el riesgo de que la escalada se reanude después de las elecciones están estableciendo un suelo para los precios. Esta incertidumbre dificulta que el mercado consolide nuevas subidas, pero también limita las ventas, ante la falta de confianza en que la situación vaya a mejorar a corto plazo. Kuwait es uno de los productores de la región que ha conseguido recuperar sus exportaciones de crudo hasta niveles similares a los anteriores a la guerra entre Estados Unidos e Irán, según explicó el consejero delegado de la petrolera estatal kuwaití, Sheikh Nawaf Al-Sabah. No obstante, el país sigue encontrando mayores dificultades para comercializar productos refinados, como el diésel y el combustible de aviación, debido a los riesgos que persisten en la zona. La tensión también se ha trasladado al tráfico marítimo. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán aseguró haber atacado a cuatro petroleros a los que calificó de «infractores» mientras realizaban operaciones de transbordo de cargamentos en el norte del golfo Pérsico. La información fue difundida por la cadena Press TV a través de la red social X, sin que se precisara cuándo se produjeron los incidentes. Teherán advirtió, además, de que podría ampliar el alcance del conflicto si continúan los tránsitos por el estrecho de Ormuz que considera ilegales. Estas amenazas mantienen la incertidumbre sobre la seguridad de una de las principales rutas mundiales para el transporte de hidrocarburos y contribuyen a sostener la prima de riesgo incorporada al precio del petróleo.

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(El País, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los multipropietarios suben el alquiler casi el doble que los caseros con un solo piso

La desigualdad en el mercado del alquiler en España no depende únicamente de la ubicación o las características de las viviendas, sino también del tipo de propietario. Entre 2019 y 2023, los caseros con cinco o más inmuebles arrendados incrementaron sus rentas un 13,5% de media, casi el doble que los propietarios de una sola vivienda, que aplicaron una subida del 7,2%. Así lo recoge un estudio de EsadeEcPol elaborado a partir de los datos de Hacienda correspondientes a más de 780.000 alquileres declarados por personas físicas en España. El análisis identifica una relación entre el número de viviendas en propiedad y el aumento de los precios. Cuantos más inmuebles tiene un arrendador, mayores son, en promedio, los incrementos que aplica. Durante el periodo estudiado, quienes alquilaban una sola vivienda elevaron las rentas un 7,2%, frente al 8,2% de los propietarios de dos inmuebles y al 9,8% de los que tenían tres. En el caso de quienes disponían de cuatro viviendas, la subida alcanzó el 9,5%, mientras que entre los propietarios de cinco o más llegó al 13,5%. Esta evolución ha ampliado la diferencia entre los precios fijados por los pequeños caseros y los multipropietarios. En 2019, la distancia entre ambos grupos era del 2,4%, pero cuatro años después se había triplicado. Las diferencias resultan especialmente visibles cuando se firma un nuevo contrato, ya sea porque cambia el inquilino o porque vence el acuerdo anterior. En estas circunstancias, los propietarios de una sola vivienda aumentaron el alquiler un 3,8% de media, mientras que quienes tenían varios inmuebles lo hicieron un 5,2%. En un piso con una renta mensual de 800 euros, estas subidas supondrían un incremento de 30 euros en el primer caso y de 41,60 euros en el segundo. Para comprobar si esta diferencia podía deberse a factores como la superficie, la antigüedad del edificio o la ubicación, los investigadores compararon viviendas con características similares situadas en un mismo barrio. La conclusión se mantuvo: los multipropietarios aplicaban mayores incrementos incluso cuando los inmuebles eran equivalentes. Jorge Galindo, responsable de la investigación, analizó también la evolución de unos 196.000 pisos a lo largo del tiempo y observó que las subidas podían ser hasta cuatro puntos porcentuales superiores cuando la vivienda pertenecía a un propietario con varios inmuebles. El estudio descarta, además, que el fenómeno se explique por el control de determinados mercados locales. Si los grandes propietarios pudieran imponer precios más elevados por concentrar numerosas viviendas en una misma zona, cabría esperar que sus alquileres fueran más caros allí donde acumulan más inmuebles. Sin embargo, los resultados muestran lo contrario: quienes concentran sus propiedades en un mismo barrio cobran, de media, casi un 4% menos que otros caseros. En cambio, los propietarios que distribuyen sus viviendas entre distintas ciudades o comunidades autónomas suelen fijar rentas casi un 3% superiores. Los investigadores atribuyen parte de estas diferencias al comportamiento y a los objetivos de cada tipo de arrendador. Los pequeños propietarios suelen priorizar la continuidad de los ingresos y la permanencia de un inquilino de confianza. En muchos casos, la vivienda procede de una herencia o fue anteriormente el hogar familiar, por lo que no siempre se contempla como una inversión financiera. La situación cambia cuando el propietario dispone de una cartera de inmuebles adquiridos expresamente para obtener rentabilidad. Al repartir el riesgo de impago entre varias viviendas, estos arrendadores pueden asumir con mayor facilidad la rotación de inquilinos y dar más importancia al rendimiento económico de cada propiedad. No obstante, el informe advierte de que los multipropietarios no explican por sí solos el encarecimiento del alquiler en los últimos años. Su comportamiento representa aproximadamente el 18% del incremento registrado entre 2019 y 2023 en la muestra analizada: 1,6 puntos porcentuales de una subida media de 8,8 puntos. El resto se relaciona con la revalorización general de las viviendas en un mercado marcado por el desequilibrio entre una demanda elevada y una oferta insuficiente. A partir de estos resultados, EsadeEcPol cuestiona la capacidad de la Ley estatal de vivienda para abordar las diferencias de comportamiento entre los propietarios, en particular mediante la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los alquileres. La norma se aprobó en mayo de 2023 y las primeras áreas con precios regulados comenzaron a aplicarse en Cataluña en marzo de 2024, de modo que sus efectos quedan fuera del periodo analizado. El estudio considera que la regulación no tiene suficientemente en cuenta las distintas estrategias de los arrendadores y advierte de que una congelación obligatoria de las rentas podría reducir la oferta disponible y generar inseguridad jurídica, lo que llevaría a algunos propietarios a retirar sus viviendas del mercado. Como alternativa para contener las subidas sin desincentivar el alquiler, el informe plantea ofrecer ventajas fiscales en el IRPF a los propietarios que acepten renovar los contratos con incrementos moderados. También propone establecer garantías públicas o seguros de impago automáticos para reducir el riesgo que perciben los arrendadores y favorecer que mantengan sus viviendas en el mercado.

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(El País, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública en la UE sube a su máximo nivel desde la pandemia

La deuda pública de la Unión Europea continúa aumentando, aunque lo hace de forma gradual y sin cambios significativos en su tendencia. Durante el primer semestre del año, el volumen de deuda de los Veintisiete alcanzó el equivalente al 82,9% del producto interior bruto (PIB), mientras que en la eurozona se situó en el 88,8%, según los datos publicados este miércoles por Eurostat. Se trata de los niveles más elevados desde que se retiraron definitivamente buena parte de las medidas de apoyo económico aprobadas durante la pandemia de la covid-19. El incremento de la deuda llega en un contexto poco favorable para las finanzas públicas, ya que los mercados exigen mayores rendimientos a los Estados para adquirir sus bonos. Francia se encuentra entre los países más afectados por esta situación, debido a unos desequilibrios presupuestarios persistentes y al crecimiento continuado de su endeudamiento. Su déficit supera el 5% del PIB y la deuda pública alcanza el 119%, de acuerdo con las cifras de Eurostat. Esta situación se refleja en la prima de riesgo francesa, que mide la diferencia entre la rentabilidad de sus bonos a diez años y la de los títulos alemanes del mismo plazo. Este miércoles, el indicador se acercó a los 160 puntos básicos y contribuyó a elevar también las primas de otros países con elevados niveles de deuda, como Italia y Grecia, que rondan los 140 puntos. España, pese a compartir la tendencia general de aumento del endeudamiento europeo, ha resistido mejor las turbulencias vinculadas a Francia. La deuda pública española mantiene una trayectoria descendente y se situó en el 101,4% del PIB durante el segundo trimestre. La mayoría de las previsiones apuntan a que en 2026 podría bajar del umbral del 100%. La evolución de los tipos de interés tampoco facilita la reducción de la deuda. Las recientes decisiones del Banco Central Europeo, adoptadas en respuesta a las presiones inflacionistas, han endurecido las condiciones de financiación. Aunque el objetivo es contener el crecimiento de los precios, el encarecimiento del crédito también eleva el coste de las nuevas emisiones de bonos, tanto para los Estados como para las empresas. El aumento del endeudamiento, sin embargo, ya no afecta únicamente a los países que generan mayores dudas entre los inversores. Tras la pandemia, la proporción de deuda sobre el PIB comenzó a reducirse en el conjunto de la Unión Europea, una tendencia que ni siquiera se interrumpió con la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. No obstante, aquel conflicto desencadenó una transformación del escenario geopolítico internacional que se ha intensificado con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde entonces, numerosos países europeos han incrementado sus presupuestos de defensa y, en varios casos, han recurrido a un mayor endeudamiento para financiar ese esfuerzo. Esta evolución resulta especialmente visible en los Estados más próximos a Rusia. Polonia, que tradicionalmente ha mantenido un compromiso con la disciplina fiscal, ha visto aumentar su deuda pública pese al fuerte crecimiento de su economía. A comienzos de 2023, el endeudamiento equivalía al 48,8% del PIB; tres años y medio después, la proporción había subido al 64,5%. Actualmente, el país es el miembro de la OTAN que destina una mayor proporción de su economía a defensa y seguridad, con un gasto que se aproxima al 5% del PIB. Una trayectoria similar, aunque con cifras diferentes, se observa en Estonia, Letonia y Lituania, las tres repúblicas bálticas, así como en Rumanía. Alemania también figura entre los países que han aumentado su endeudamiento, aunque en su caso el fenómeno responde a una combinación de factores. Al incremento del gasto militar se suma la crisis económica que atraviesa la principal potencia europea desde el final de la pandemia, agravada por la creciente competencia de China en los sectores de alta tecnología.

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