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(Cinco Días, 16-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno autoriza la creación de la figura de economista jefe de la CNMC

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una modificación del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que introduce la figura del economista jefe, un nuevo puesto directivo con funciones transversales que dependerá directamente de la presidencia del organismo. La reforma entrará en vigor el viernes 16 de octubre de 2026 y supone una reorganización de su estructura técnica para reforzar las capacidades de análisis económico y supervisión de los mercados. La aprobación de esta medida se produce después de que el Consejo de Ministros acordara, el pasado 6 de octubre, tramitar de manera urgente el correspondiente real decreto y remitirlo al Consejo de Estado para la emisión de su dictamen. La reforma contempla la incorporación de una nueva dirección a la estructura de la CNMC, que se sumará a las unidades responsables de ámbitos como energía, telecomunicaciones y audiovisual, transporte y servicios postales, así como promoción de la competencia. El Ejecutivo justifica esta decisión por el progresivo incremento de las responsabilidades asumidas por el organismo desde su creación en 2013. Entre las nuevas tareas destaca la evaluación de las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo y el seguimiento de la eficacia de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a sus efectos. La iniciativa ha sido impulsada por el presidente de la CNMC, Juan José Ganuza, que asumió el cargo en septiembre de 2026, y cuenta con el respaldo del consejo del organismo. La creciente complejidad de los mercados, el volumen de información económica disponible y la utilización de tecnologías avanzadas han llevado al Gobierno a considerar necesario reforzar los recursos especializados del regulador. El nuevo economista jefe dispondrá de autonomía funcional y tendrá como principal responsabilidad ofrecer asesoramiento económico a los distintos órganos de la CNMC durante la tramitación y resolución de expedientes relacionados con la competencia, la regulación y la supervisión de los mercados. Entre sus competencias también se encontrarán la elaboración de metodologías de análisis comunes, el tratamiento de grandes cantidades de información económica y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la evaluación de los mercados y apoyar la toma de decisiones. Asimismo, participará en la planificación estratégica de aquellas actuaciones del organismo que puedan tener una repercusión económica significativa. Otra de sus funciones será fortalecer las relaciones de la CNMC con el ámbito académico y científico, facilitando la colaboración con universidades, instituciones de investigación y especialistas en distintas disciplinas económicas. El nombramiento y el cese de la persona que ocupe este puesto corresponderán al pleno del consejo de la CNMC, a propuesta de su presidente. Para su designación se tendrán en cuenta la formación académica y la experiencia profesional acreditada en materias económicas. La reforma también prevé la creación de una Subdirección de Inteligencia Económica, que dependerá directamente del economista jefe y tendrá un papel operativo en el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas y analíticas. Esta unidad se encargará de diseñar y utilizar herramientas de análisis cuantitativo, gestionar información procedente de bases de datos económicas y aplicar técnicas estadísticas y sistemas de inteligencia artificial a los trabajos desarrollados por el organismo. Además, colaborará con las distintas direcciones de instrucción en la identificación y el análisis de posibles prácticas contrarias a la competencia, especialmente aquellas relacionadas con acuerdos restrictivos o conductas colusorias entre empresas. La persona responsable de esta subdirección será nombrada por el consejo de la CNMC a propuesta de la presidencia, después de escuchar al economista jefe. En el proceso de selección se valorarán especialmente los conocimientos en estadística, análisis económico y tratamiento avanzado de datos. El real decreto también modifica la regulación de 2013 para reconocer expresamente la condición de personal directivo tanto al economista jefe como a la persona titular de la Subdirección de Inteligencia Económica. La tramitación de la norma ha contado con la participación de los ministerios de Economía, Comercio y Empresa; Hacienda; y Transformación Digital y Función Pública, con el respaldo del departamento de Economía, al que está adscrita la CNMC. La creación de estas nuevas responsabilidades ha suscitado algunas dudas dentro del organismo, debido a que la CNMC ya dispone de unidades dedicadas al asesoramiento y al análisis económico. Actualmente cuenta con una asesoría económica dirigida por Javier García Verdugo, profesor de Economía Aplicada, así como con una subdirección de estudios económicos integrada en el área de Promoción de la Competencia. Algunas fuentes internas cuestionan, por este motivo, la necesidad de incorporar una nueva figura directiva con atribuciones que podrían coincidir parcialmente con funciones ya existentes. La CNMC nació en 2013 de la integración de varios organismos supervisores, entre ellos la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, los reguladores de los sectores aeroportuario y postal y la antigua Comisión Nacional de la Competencia. Aunque estos organismos no contaban con una figura equivalente a la de economista jefe, la antigua Comisión Nacional de la Competencia sí disponía de una asesoría económica, que estuvo ocupada por Juan Delgado durante la presidencia de Luis Berenguer. Con esta modificación, formalizada mediante el Real Decreto 825/2026, de 14 de octubre, el Gobierno pretende reforzar la capacidad técnica de la CNMC para afrontar los nuevos desafíos regulatorios, mejorar la utilización de los datos económicos y ampliar el uso de herramientas de inteligencia artificial en la supervisión de los mercados. La norma, publicada en el BOE del 15 de octubre de 2026, entrará en vigor al día siguiente de su publicación y establece el nuevo marco organizativo para desarrollar estas funciones dentro del organismo regulador.

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(Cinco Días, 16-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La justicia europea obliga a la banca a devolver el dinero de las ciberestafas aunque el cliente haya sido negligente

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado las obligaciones de las entidades financieras cuando sus clientes son víctimas de fraudes bancarios. En una sentencia dictada el 15 de octubre de 2026, el tribunal establece que los bancos deben devolver de forma inmediata el dinero sustraído mediante operaciones no autorizadas, aunque consideren que el afectado ha actuado con negligencia grave. La resolución refuerza la protección de los usuarios de servicios financieros frente a las estafas digitales, especialmente aquellas relacionadas con la suplantación de identidad o phishing, una modalidad de fraude en la que los delincuentes consiguen acceder a información bancaria mediante páginas web, mensajes o comunicaciones falsas. Según el TJUE, las entidades no pueden rechazar inicialmente el reintegro de las cantidades sustraídas basándose únicamente en que el cliente no protegió adecuadamente sus claves de acceso. La normativa europea sobre servicios de pago obliga a efectuar primero la devolución y permite investigar posteriormente las circunstancias en las que se produjo el fraude. En concreto, el banco debe restituir el importe de la operación no autorizada sin demora y, como máximo, al finalizar el siguiente día hábil desde que detecte la operación o reciba la correspondiente notificación, siempre que el usuario haya comunicado los hechos sin retrasos injustificados. La única excepción que permite suspender este reembolso inmediato se produce cuando la entidad dispone de motivos razonables para sospechar que el propio cliente ha participado fraudulentamente en la operación. En ese supuesto, deberá trasladar por escrito sus sospechas a la autoridad nacional competente. El tribunal distingue así entre la obligación inicial de devolver el dinero y la responsabilidad definitiva por las pérdidas económicas ocasionadas. Una vez realizado el reintegro, la entidad financiera podrá reclamar al cliente las cantidades devueltas si consigue acreditar que este incumplió deliberadamente o por negligencia grave sus obligaciones de seguridad, especialmente las relacionadas con la protección de sus credenciales bancarias. La carga de demostrar esa conducta corresponde al banco, que no puede considerar automáticamente que existe negligencia grave por el simple hecho de que el usuario haya facilitado información personal o haya sido engañado por los delincuentes.  El pronunciamiento europeo tiene su origen en un litigio planteado ante la justicia polaca por una mujer que sufrió una estafa mientras intentaba vender un producto a través de una plataforma de comercio electrónico. Un supuesto comprador contactó con ella y le facilitó un enlace que aparentaba proceder de la propia plataforma para confirmar la compraventa. Al acceder, la víctima fue redirigida a una página que imitaba la de su banco, donde introdujo sus datos de acceso. Los estafadores utilizaron posteriormente esa información para realizar una transferencia no autorizada de aproximadamente 700 euros a una cuenta bajo su control. La afectada comunicó lo sucedido a su entidad financiera al día siguiente. Sin embargo, el banco rechazó devolverle el dinero al considerar que había incumplido su deber de proteger las claves personales de seguridad. Ante esta negativa, el asunto llegó a los tribunales polacos, que solicitaron al TJUE una interpretación de la normativa europea para determinar si la posible negligencia grave del cliente permitía a la entidad eludir su obligación de reembolso inmediato. La justicia europea ha concluido que esa circunstancia no justifica la negativa inicial del banco, aunque deja abierta la posibilidad de exigir posteriormente responsabilidades al usuario si se demuestra que actuó con negligencia grave o incumplió deliberadamente sus obligaciones. La sentencia tiene especial relevancia para España, donde las controversias sobre la responsabilidad de las entidades financieras en operaciones fraudulentas han dado lugar a numerosas reclamaciones judiciales. La legislación española sobre servicios de pago ya contempla la devolución de las operaciones no autorizadas, aunque las entidades pueden invocar determinadas circunstancias para cuestionar su responsabilidad, entre ellas la negligencia grave del cliente o el retraso injustificado en la comunicación del fraude. En este ámbito, el Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre las obligaciones de seguridad de las entidades bancarias, especialmente en una sentencia de 9 de abril de 2025 relacionada con operaciones realizadas mediante suplantación de identidad. La nueva interpretación del TJUE aporta mayor claridad sobre el procedimiento que deben seguir los bancos ante este tipo de reclamaciones, al establecer que la investigación de una posible negligencia del usuario no puede utilizarse, por sí sola, para retrasar la devolución inicial del dinero. El fallo también llega en un contexto de creciente preocupación por la ciberdelincuencia y por el aumento de las estafas realizadas a través de medios digitales. Según los datos del Ministerio del Interior correspondientes al primer semestre de 2026, la ciberdelincuencia representa el 20,2% del total de infracciones penales registradas en España. Dentro de esta categoría, las estafas informáticas concentran el 87,3% de los delitos. Ante esta situación, las principales entidades financieras españolas han reforzado sus sistemas de detección y prevención del fraude, incorporando controles de seguridad y desarrollando campañas informativas destinadas a concienciar a los clientes sobre los riesgos asociados al uso de los servicios bancarios digitales. En diciembre de 2025, el Ministerio de Economía, la Asociación Española de Banca (AEB) y CECA impulsaron la denominada Brigada Antifraude, una iniciativa de colaboración orientada a mejorar la prevención de los delitos financieros digitales y fortalecer la ciberseguridad. La sentencia del TJUE supone un nuevo respaldo a los derechos de los usuarios que sufren operaciones bancarias no autorizadas, al establecer que las entidades financieras deben atender prioritariamente la devolución de los fondos y resolver posteriormente las posibles responsabilidades. No obstante, el pronunciamiento no implica que los clientes queden exentos de cumplir sus obligaciones de seguridad. Si el banco demuestra que existió una actuación deliberada o una negligencia grave que contribuyó a provocar las pérdidas, podrá reclamar su importe por las vías correspondientes. Con esta interpretación, el tribunal europeo busca garantizar una mayor protección de los consumidores y establecer un criterio común para las entidades financieras de los Estados miembros de la Unión Europea.

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(La Vanguardia, 16-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España liberará otros 4,4 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo

España llevará a cabo durante el mes de octubre una segunda fase de liberación de reservas estratégicas de petróleo, con la puesta en el mercado de 4,4 millones de barriles adicionales. Esta actuación forma parte del compromiso adquirido el pasado mes de marzo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para hacer frente a las consecuencias de la crisis en Oriente Próximo sobre los mercados energéticos. La medida consiste en aumentar la disponibilidad de crudo y productos petrolíferos mediante la utilización de las reservas que los países mantienen almacenadas para situaciones excepcionales. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la evolución de los mercados internacionales ha llevado a los miembros de la AIE a acelerar la liberación de las cantidades que todavía permanecían pendientes. El 17 de marzo, el Consejo de Ministros autorizó, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, la movilización de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo. Esta cantidad constituye la aportación española al acuerdo alcanzado por los países integrantes de la AIE, que contempla la liberación conjunta de 400 millones de barriles durante un periodo de 90 días para reducir el impacto energético de la guerra en Irán y del conflicto en Oriente Próximo. En España, las existencias destinadas a esta operación proceden de las reservas almacenadas por las empresas del sector petrolero, incluidas distribuidoras y operadores. De los 11,5 millones de barriles inicialmente comprometidos, aproximadamente 2,2 millones corresponden a gasolina, nueve millones a destilados medios, entre los que se encuentran los gasóleos de automoción y los querosenos utilizados en aviación, y cerca de 297.000 barriles a fuelóleos. El Gobierno acordó realizar esta liberación de forma escalonada, adaptando cada fase a la evolución del conflicto y a las necesidades del mercado. La primera operación permitió incorporar una cantidad equivalente a cuatro días de consumo nacional, aproximadamente 3,75 millones de barriles. Con la nueva liberación prevista para octubre, se añadirán otros 4,4 millones de barriles al mercado. Una vez completada esta segunda fase, quedarán pendientes algo más de tres millones de barriles de la cantidad total comprometida por España. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica señalan que la decisión sobre estas reservas restantes dependerá de un seguimiento continuo de la situación internacional y de las necesidades de suministro. Otros países miembros de la Agencia Internacional de la Energía también han optado por distribuir la liberación de sus reservas en varias etapas, ajustando las cantidades a las condiciones del mercado y a la evolución de los acontecimientos. Con esta actuación coordinada, los países participantes pretenden incrementar temporalmente la oferta de productos petrolíferos y contribuir a moderar las tensiones sobre los precios de los carburantes provocadas por el conflicto en Oriente Próximo, especialmente tras la intervención de Estados Unidos e Israel en la región.

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(Expansión, 15-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

EEUU amenaza con imponer un arancel de 200.000 dólares a cada buque español y restringir las exportaciones de aceite

Estados Unidos amenaza con imponer nuevas represalias comerciales contra España por la decisión del Gobierno español de impedir que los barcos que transporten armas a Israel hagan escala en sus puertos. La Administración de Donald Trump contempla aplicar una tasa de 200.000 dólares (unos 180.000 euros) por cada viaje de un buque con bandera española, así como limitar la entrada en el mercado estadounidense de determinados productos españoles, entre ellos el aceite. La propuesta ha sido planteada este miércoles por la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC), que ha concluido una investigación iniciada en diciembre de 2024. Según este organismo, España ha generado condiciones desfavorables para los buques estadounidenses al restringir el acceso a sus puertos. Como respuesta, plantea adoptar medidas correctivas que incluyen tanto el cobro de tasas a los barcos españoles como la imposición de restricciones a las importaciones procedentes de España. La investigación tenía como objetivo determinar si las decisiones del Ejecutivo español perjudicaban al transporte marítimo vinculado al comercio exterior estadounidense. Entre las medidas examinadas figura la prohibición de entrada en los puertos españoles a determinados buques, incluidos aquellos que transportan mercancías en el marco del Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima de Estados Unidos (MARAD). El veto español se produjo en el contexto de la oposición del Gobierno a los bombardeos sobre Gaza y buscaba impedir que los barcos que transportaran armamento destinado a Israel pudieran utilizar los puertos nacionales para realizar escalas. Tras casi dos años de pesquisas, la FMC sostiene que ha encontrado pruebas de que España denegó el acceso a sus instalaciones portuarias a buques con bandera estadounidense, lo que, a su juicio, ha perjudicado las condiciones del transporte marítimo internacional. El organismo considera que estas restricciones afectan a la eficiencia y fiabilidad de las cadenas de suministro, dificultan las exportaciones estadounidenses y pueden comprometer tanto las necesidades de seguridad nacional como el desarrollo de la marina mercante del país. Para responder a esta situación, la Comisión propone dos tipos de represalias. La primera consiste en establecer una tasa de 200.000 dólares por cada viaje de los buques con bandera española. La segunda contempla limitar las importaciones de determinados bienes procedentes de España. Entre las categorías señaladas figuran los productos de perfumería y cosmética, los aceites y las grasas, la cerámica, los artículos de piedra, el azúcar y los productos de confitería. La presentación formal de estas propuestas sitúa a Washington un paso más cerca de aplicar las sanciones comerciales, aunque todavía no supone su entrada en vigor. Antes de tomar una decisión definitiva, las autoridades estadounidenses permitirán que España presente sus argumentos y estudiarán posibles alternativas para resolver el conflicto. La amenaza llega en plena precampaña de las elecciones generales anticipadas convocadas por Pedro Sánchez para finales de noviembre y podría intensificar el debate político sobre la actuación del Ejecutivo en el ámbito internacional. Las discrepancias entre Sánchez y Trump se han sucedido desde el regreso del presidente estadounidense a la Casa Blanca. La negativa española a elevar el gasto en Defensa y a permitir el uso de sus bases militares para las operaciones estadounidenses contra Irán ha provocado nuevas advertencias de Washington, que ha llegado a plantear la posibilidad de imponer sanciones comerciales severas e incluso interrumpir las relaciones comerciales con España. Hasta ahora, la pertenencia de España a la Unión Europea y la política comercial común han constituido una protección frente a posibles medidas unilaterales dirigidas específicamente contra el país. Sin embargo, la investigación de la FMC podría proporcionar a la Administración Trump un argumento para justificar la adopción de represalias comerciales selectivas contra España. Ante la contundencia de las represalias comerciales que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa, el Gobierno español se limitó a anticipar ayer que continúa "analizando las conclusiones del informe publicado por la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos, así como las posibles implicaciones de las medidas planteadas". "España defenderá sus intereses y los de sus empresas, en coordinación con la Comisión Europea y los Estados miembros, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión que se enmarca en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos", aseveran fuentes gubernamentales, en alusión al marco comercial bilateral que rige entre ambas potencias.

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(Expansión, 15-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE abre la puerta a no acordar este año el presupuesto común

El principal objetivo del Consejo Europeo pierde fuerza. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea comienzan a asumir que será complicado cerrar un acuerdo sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 antes de que finalice el año. Las diferencias entre los países son demasiado profundas para resolverlas en los pocos meses que quedan, pese a los esfuerzos de Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, por organizar hasta cuatro cumbres con el propósito de acercar posiciones. El grupo de los países frugales, integrado por Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia, reclama reducir los dos billones de euros planteados por la Comisión Europea. En el extremo opuesto, los Amigos de la Cohesión, entre los que se encuentran España y otros 16 Estados miembros, defienden un presupuesto ambicioso que permita afrontar los principales desafíos de la UE, como recuperar la competitividad y reforzar las capacidades de defensa del bloque. La posibilidad de introducir nuevos impuestos europeos para reducir las aportaciones nacionales al presupuesto común tampoco ha servido para acercar posturas. Según fuentes diplomáticas, las conversaciones sobre estos nuevos recursos propios están todavía en una fase muy inicial y las propuestas necesitan una revisión más profunda, por lo que apenas ocuparán espacio en la próxima reunión. Las dificultades para cumplir el calendario previsto se reflejan en el borrador de las conclusiones de la cumbre del Consejo Europeo que se celebrará mañana y pasado en Bruselas, con la participación de los líderes de los Veintisiete. Según el documento al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, ahora se considera conveniente alcanzar un pacto antes de que termine el año, con el fin de disponer del tiempo necesario para desarrollar los aspectos técnicos que permitirán ponerlo en práctica. En versiones anteriores del texto, diciembre figuraba expresamente como el plazo objetivo para cerrar las negociaciones. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, expresó ayer una posición compartida por otros dirigentes europeos al advertir de que su país no respaldará un acuerdo que no resulte favorable. A su juicio, el calendario no debe anteponerse al contenido del pacto. La necesidad de aprobar los presupuestos por unanimidad añade complejidad a las negociaciones y obliga a los Estados miembros a buscar un delicado equilibrio entre sus intereses. Aunque los líderes no parecen dispuestos a sacrificar sus posiciones por cumplir una fecha concreta, existe preocupación por las consecuencias de un posible retraso. Las próximas elecciones en Francia figuran entre los principales motivos de inquietud, especialmente ante la posibilidad de una victoria de Marine Le Pen. La dirigente francesa ha defendido, a diferencia de Emmanuel Macron, una reducción significativa de las contribuciones de su país al presupuesto comunitario, con prioridad para los intereses nacionales frente a los objetivos de modernización de la Unión Europea. Un cambio de Gobierno en París podría complicar aún más unas negociaciones que ya avanzan con grandes dificultades.

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(El Economista, 15-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España lidera la subida del precio de los alimentos en la Unión Europea pese a los esfuerzos de los súper

España se encuentra entre los países europeos que registran un mayor encarecimiento de los alimentos. Según los últimos datos interanuales de Eurostat correspondientes a agosto, los precios de los productos alimentarios aumentaron un 2,3%, una cifra que únicamente supera Chipre, con una subida del 3,8%. La evolución de los precios en España contrasta con la observada en las principales economías de la Unión Europea, donde los incrementos han sido considerablemente más moderados. Tanto Francia como Italia registraron en agosto una subida del 1,1%, mientras que en Alemania el avance se limitó al 0,2%. En otros países europeos, los precios de los alimentos incluso experimentaron descensos. En Bélgica permanecieron sin cambios, mientras que en Países Bajos disminuyeron un 1% y en Dinamarca también se registró una caída. Suecia destacó por presentar la mayor reducción, con un descenso interanual del 6,2%. Estas diferencias reflejan que los consumidores españoles continúan soportando una presión inflacionista sobre la cesta de la compra superior a la de buena parte de sus vecinos europeos. Además, la tendencia se ha intensificado en septiembre, cuando el precio de los alimentos aumentó un 2,7%, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ante este escenario, las cadenas de supermercados están intentando moderar el impacto del encarecimiento sobre los consumidores mediante ajustes en sus márgenes comerciales, mejoras de eficiencia y la absorción de una parte de los costes adicionales. No obstante, las empresas del sector advierten de que su capacidad para mantener estas medidas es limitada, especialmente si continúan aumentando los gastos relacionados con el transporte, la energía y el suministro de productos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pidió recientemente a las empresas del sector que realizaran un esfuerzo para evitar nuevas subidas de precios. Sin embargo, la persistencia de las tensiones sobre los costes podría provocar que una parte de estos incrementos termine trasladándose al consumidor final. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ha advertido de que el sector acumula sobrecostes superiores a los 130 millones de euros como consecuencia del encarecimiento energético y de los combustibles relacionado con el conflicto en Oriente Próximo. Según los cálculos de la patronal, estos gastos adicionales representan entre 20 y 25 millones de euros mensuales y afectan principalmente a tres conceptos. Los servicios de ajuste eléctrico han experimentado un incremento del 53% en el último año, el precio del gasóleo ha aumentado un 35,5% y las materias primas destinadas a la fabricación de envases de plástico se han encarecido un 25%. Pese a estas dificultades, Asedas destaca que el incremento del precio de los alimentos en septiembre se situó más de dos puntos por debajo de la inflación general, que alcanzó el 4,9%. La organización considera que la competencia entre establecimientos, la diversidad de formatos comerciales y la amplitud de la oferta permiten a los consumidores disponer de distintas alternativas para afrontar el aumento de precios. La asociación también señala que los diferentes factores que intervienen en la formación de los precios alimentarios no evolucionan al mismo ritmo. A las variaciones de los costes energéticos, logísticos y de producción se añaden las particularidades estacionales de las campañas agrícolas, que pueden influir en el comportamiento de determinados productos. En este contexto, la patronal de los supermercados sostiene que la cadena de distribución está realizando un esfuerzo de contención, como refleja la evolución relativamente moderada de los precios de los alimentos desde marzo, pese al escenario de inflación generalizada. Por su parte, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) considera insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno para compensar las consecuencias económicas del encarecimiento energético provocado por la prolongación del conflicto en el Golfo. La organización empresarial reclama la puesta en marcha de ayudas directas que permitan reducir la presión sobre los costes de producción y distribución y evitar que las dificultades económicas terminen afectando a la actividad de las industrias alimentarias. Asimismo, FIAB defiende la necesidad de facilitar a las empresas instrumentos adicionales de financiación, líneas de avales y mecanismos de liquidez. A su juicio, el incremento de la incertidumbre y de los riesgos empresariales está dificultando el acceso al crédito en condiciones adecuadas, lo que hace necesario reforzar las medidas de apoyo al tejido productivo. De este modo, tanto la distribución como la industria alimentaria coinciden en advertir de las dificultades que plantea mantener la contención de los precios si persisten las tensiones energéticas y logísticas. El principal desafío será evitar que el aumento de los costes empresariales acabe repercutiendo con mayor intensidad en la cesta de la compra de los hogares españoles.

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(Cinco Días, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro paga los tipos más altos en dos años por las letras a tres y nueve meses

El mercado de deuda vuelve a estar bajo presión por el repunte de la inflación, las expectativas de unos tipos de interés elevados durante más tiempo y el deterioro de las finanzas públicas. Estos factores han impulsado las rentabilidades de los bonos hasta niveles que no se veían desde hace dos décadas y han elevado las primas de riesgo. Pese a este escenario de incertidumbre, el Tesoro español continúa cubriendo sus necesidades de financiación con normalidad. Una semana después del anuncio del adelanto electoral y pocas horas después de que el FMI revisara al alza sus previsiones de crecimiento para España, el organismo dirigido por Paula Conthe ha colocado 2.133,9 millones de euros en letras a tres y nueve meses, ofreciendo los intereses más altos de los últimos dos años. La tensión que afecta a los mercados de renta fija, con Francia como principal foco de preocupación en Europa, no ha reducido de forma significativa el apetito por la deuda española. Aunque los inversores exigen una mayor rentabilidad para prestar dinero, el dinamismo de la economía y la confianza en las cuentas públicas siguen favoreciendo las emisiones del Tesoro. La demanda ha alcanzado los 4.729,18 millones de euros, más del doble del importe finalmente adjudicado, lo que refleja el interés de los compradores a pesar del endurecimiento de las condiciones financieras. La mayor parte de la emisión, 1.382,22 millones de euros, se ha adjudicado en letras a nueve meses, cuya rentabilidad marginal ha subido del 2,783% al 2,968%, el nivel más elevado desde septiembre de 2024. Los 751,69 millones restantes corresponden a letras a tres meses, cuyo interés ha aumentado del 2,464% al 2,645%, su máximo desde noviembre de 2024. El repunte de las presiones inflacionistas ha reforzado las expectativas de que los tipos de interés permanezcan elevados durante más tiempo. Esta perspectiva ha vuelto a impulsar las rentabilidades de la deuda, especialmente en los vencimientos más cortos, que reaccionan con mayor rapidez a los cambios en la política monetaria. El aumento de los rendimientos también ha devuelto protagonismo a las letras del Tesoro entre los pequeños ahorradores, atraídos por la seguridad de estos activos y por unos intereses superiores a los registrados durante los últimos años. Sin embargo, su remuneración continúa siendo insuficiente para compensar la subida de los precios: frente a una inflación interanual del 4,9% en septiembre, las letras ofrecen rendimientos que apenas superan la mitad de esa tasa. El interés de los particulares en la subasta de este martes ha sido, no obstante, más moderado que el registrado la semana anterior en la emisión de letras a seis y doce meses, plazos que suelen atraer a un mayor número de inversores minoristas. Las solicitudes no competitivas, vinculadas principalmente a los ahorradores particulares, han sumado 347,57 millones de euros. Pese a esta moderación, las letras mantienen su atractivo entre las familias, cuyas tenencias alcanzaban los 22.081 millones de euros a finales de julio. Tras varios años de tipos próximos a cero, el regreso de la inflación ha cambiado las condiciones de financiación de los Estados. El aumento de las rentabilidades exigidas por los mercados ha mejorado el atractivo de la deuda pública para los inversores, pero también ha elevado la preocupación por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Francia es uno de los ejemplos más claros de este cambio de percepción. Su prima de riesgo ha aumentado hasta situarse en torno a los 140 puntos básicos, máximos desde la crisis del euro, ante las dudas sobre la capacidad del país para corregir sus desequilibrios presupuestarios. La atención de los mercados se centra ahora en el debate parlamentario de los presupuestos franceses para 2027, que comienza este martes. Los analistas anticipan una tramitación complicada y consideran difícil que el Gobierno consiga los apoyos necesarios para aprobar las cuentas. La proximidad de las elecciones presidenciales añade presión al escenario político, ya que los partidos tienen pocos incentivos para moderar sus posiciones. Si no se adoptan medidas de contención del gasto y de reducción del déficit, la prima de riesgo francesa podría permanecer en niveles elevados. Por el momento, el consenso de los mercados no prevé una crisis de deuda similar a la que afectó a la zona euro durante la pasada década. Sin embargo, las dificultades de Francia ya están repercutiendo en otros países europeos. Las primas de riesgo de España e Italia han subido hasta situarse alrededor de los 62 y los 107 puntos básicos, respectivamente, aunque todavía se encuentran lejos de los niveles registrados durante la anterior crisis soberana. Aunque los mercados cuentan ahora con mayor capacidad para absorber episodios de incertidumbre política y geopolítica, la evolución de los diferenciales de deuda sigue siendo motivo de preocupación. El Fondo Monetario Internacional mantiene bajo vigilancia estos indicadores y ha advertido de que el deterioro de las finanzas públicas, unido a una inflación elevada, podría desencadenar aumentos bruscos de las primas de riesgo y convertirse en una amenaza para la estabilidad financiera.

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(Expansión, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La creación de empresas sube un 5,7% en su mejor agosto en 19 años

La creación de sociedades mercantiles aumentó un 5,7% en agosto respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar las 7.526 nuevas empresas, la cifra más elevada para este mes desde 2007, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este avance, la constitución de empresas acumula tres meses consecutivos de crecimiento, tras las subidas del 1,7% en junio y del 2,2% en julio. El capital suscrito para constituir las nuevas sociedades alcanzó los 456,4 millones de euros, un 92,8% más que en agosto del año anterior. Por su parte, el capital medio suscrito se situó en 60.644 euros, lo que representa un incremento interanual del 82,3%. En cuanto a las disoluciones, durante agosto desaparecieron 1.315 sociedades mercantiles, un 2,8% más que en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a una media de 42 empresas al día. De ellas, 1.079 cerraron voluntariamente, un 2,3% más que un año antes; 148 se disolvieron como consecuencia de una fusión, con un aumento del 2,1%, y las 88 restantes lo hicieron por otras causas, un 11,4% más. Por sectores, el 20,4% de las empresas constituidas en agosto pertenecía a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, mientras que el comercio concentró el 15,5%. Entre las sociedades disueltas, el comercio representó el 18,5% del total y las actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, el 14,4%. Por otra parte, el número de sociedades que ampliaron capital descendió un 5,8% interanual, hasta las 1.913 empresas. El importe suscrito en estas operaciones superó los 1.235,7 millones de euros, un 26,5% menos que en agosto de 2025. El capital medio de las ampliaciones se situó en 645.955 euros, con una reducción del 22%. En comparación con julio, la constitución de empresas cayó un 32,5% en agosto, mientras que las disoluciones disminuyeron un 27,5%. No obstante, en el acumulado de los ocho primeros meses del año, la creación de sociedades aumentó un 8,5% y las disoluciones crecieron un 6,8%. Por comunidades autónomas, la creación de empresas aumentó en 14 territorios y disminuyó en otros tres respecto a agosto de 2025. Cantabria registró el mayor incremento, con un 68%, seguida de Asturias, con un 46,8%; Murcia, con un 34,5%; La Rioja, con un 27,3%, y Extremadura, con un 26,6%. En el lado contrario, Navarra experimentó un descenso del 13,2%, Baleares retrocedió un 7,2% y Catalunya registró una caída del 1,1%.

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(El País, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno modifica por la vía de urgencia los estatutos del ICO para adaptarlos al fondo España Crece

El Gobierno ha puesto en marcha por la vía de urgencia la modificación de los estatutos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para adaptar su estructura y funcionamiento al fondo España Crece. La propuesta, promovida por el Ministerio de Economía y aprobada por el órgano de gobierno de la entidad, se ha sometido este martes a audiencia pública y reemplazará la normativa vigente desde 1999. El objetivo es adecuar el organismo a las necesidades de este programa, que dispone de una dotación de 13.691 millones de euros: 10.891 millones proceden de una ampliación de capital y los 2.800 millones restantes, de transferencias no reembolsables para financiar el componente concesional de determinadas operaciones. El Ejecutivo presenta España Crece como un fondo soberano, aunque se trata de un vehículo financiero concebido para prolongar el impulso inversor del plan de recuperación europeo, cuyo periodo de ejecución finalizó el 31 de agosto de 2026. El programa se integra en la adenda de simplificación del plan, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de 2025, y pretende mantener la inversión pública mediante un sistema de financiación estable y sin una fecha límite predeterminada. Para ello, el ICO conservará su condición de entidad pública empresarial, entidad de crédito y Agencia Financiera del Estado, pero dispondrá de una estructura específica para administrar los nuevos fondos y dirigirlos hacia proyectos estratégicos. Uno de los cambios centrales consiste en dividir la actividad financiera del organismo en dos carteras contables diferenciadas. La de Financiación Promocional reunirá las operaciones destinadas a corregir deficiencias del mercado y atraer financiación privada hacia sectores prioritarios. La de Financiación Transversal, por su parte, englobará el resto de las operaciones, activos y compromisos del ICO, como complemento a la oferta de crédito privada. Aunque ambas seguirán formando parte del balance de la institución, sus recursos y resultados se contabilizarán por separado. De este modo, las pérdidas de una cartera no podrán cargarse a los fondos propios asignados a la otra. La separación busca reforzar la transparencia en el uso del capital público y delimitar los riesgos de cada actividad. Los nuevos estatutos también definen con mayor precisión la función del ICO en la política de inversión pública y amplían el margen de actuación de la cartera promocional. Entre los ámbitos prioritarios figuran las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y las compañías en expansión, así como las inversiones en capital riesgo y capital paciente, orientadas a captar recursos privados para iniciativas que requieren financiación a largo plazo. También se dará prioridad a tecnologías estratégicas y emergentes, como la inteligencia artificial, la computación cuántica, los semiconductores, la ciberseguridad y la biotecnología. A estas áreas se suman las tecnologías de doble uso, la reindustrialización, la transición energética, la gestión del agua y la vivienda asequible. Las actuaciones de carácter promocional deberán canalizarse a través de programas o líneas específicas con criterios objetivos para evitar alteraciones de la competencia. La reforma facultará asimismo al ICO para adquirir participaciones minoritarias directas en empresas no financieras, sin llegar a controlar su gestión, con el fin de respaldar proyectos considerados estratégicos, incluidos los relacionados con la vivienda. En cuanto a la gobernanza, se mantiene el Consejo Rector, compuesto por diez vocales -cuatro independientes y seis representantes de la Administración-, y se incorpora una nueva Comisión de Financiación Promocional. El texto reorganiza además los procedimientos de contratación mediante la creación de un comité colegiado. Se mantienen tanto la garantía del Estado para captar financiación como la prohibición de aceptar depósitos del público. Cada una de las dos carteras deberá cumplir de manera independiente los requisitos bancarios de solvencia y liquidez. El ICO continuará bajo la supervisión del Banco de España y el control de los organismos fiscalizadores, y deberá respetar los principios de subsidiariedad y adicionalidad, mantener el equilibrio financiero y ajustarse a la normativa europea sobre ayudas de Estado.

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(La Vanguardia, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los consumidores avisan a Cuerpo y Escrivá que el euro digital protege menos del fraude

Tres organizaciones de defensa de los consumidores financieros han advertido al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, de que el proyecto de euro digital impulsado por la Unión Europea no contempla, por ahora, un sistema de protección frente al fraude equiparable al de otros medios de pago privados. La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la organización europea de consumidores BEUC han alertado del riesgo de que un diseño inadecuado de esta nueva forma de dinero público deje a los usuarios sin garantías suficientes de reembolso en caso de fraude. Las entidades consideran que, si no se incorpora esta protección, el euro digital podría quedar limitado principalmente a los pagos entre particulares y tener dificultades para extenderse a las operaciones comerciales. Las asociaciones también han trasladado sus preocupaciones al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. La advertencia se produce en una fase decisiva de las negociaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo para definir las características de la nueva moneda. Según las organizaciones, el proyecto no incluye un mecanismo de devolución del dinero en caso de fraude comparable al que ofrecen las tarjetas de crédito y otros sistemas privados, lo que supondría un nivel de protección inferior para los consumidores. Las asociaciones cuestionan especialmente la posición del Consejo Europeo, ya que consideran que traslada a los usuarios una parte excesiva de las pérdidas derivadas de operaciones fraudulentas o de conflictos con terceros, como sucede al comprar por internet. Según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y del Banco Central Europeo (BCE) citados por las entidades, los consumidores soportan actualmente alrededor del 35% de las pérdidas por fraude en los pagos con tarjeta. En el caso del euro digital, la aplicación de las normas de la Directiva de Servicios de Pago dejaría fuera determinadas reclamaciones comerciales relacionadas con productos defectuosos, pedidos que nunca llegan a su destino o fraudes vinculados a las compras. A juicio de las organizaciones, esta limitación reduciría la utilidad práctica de la nueva moneda y podría dificultar que los ciudadanos la adoptaran como alternativa habitual para sus transacciones. Las entidades también alertan de un posible perjuicio para la imagen del proyecto europeo si los usuarios perciben que el euro digital ofrece menos garantías que los sistemas de pago ya existentes. Esta situación podría debilitar su capacidad para competir con redes internacionales como Visa y Mastercard, precisamente cuando las instituciones comunitarias y el BCE defienden la necesidad de desarrollar una infraestructura de pagos propia que refuerce la autonomía financiera de Europa. La posibilidad de establecer un mecanismo de reembolso constituye uno de los principales puntos de discusión en la configuración de la moneda digital. El Parlamento Europeo ya ha planteado en el artículo 27 del reglamento del euro digital una protección de los usuarios equiparable a la que ofrecen los sistemas internacionales de tarjetas. Las asociaciones reclaman que esta garantía se incorpore al diseño definitivo para asegurar que la nueva forma de dinero público resulte competitiva y genere confianza entre los consumidores.

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