(Cinco Días, 15-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El FMI proyecta que España crecerá un 2,1% este año

El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía española crezca un 2,1% este año, lo que supone una desaceleración respecto al 2,8% registrado el año anterior. Esta moderación se atribuye, en gran parte, al fin de los fondos europeos y a la retirada progresiva de las medidas fiscales que el Gobierno puso en marcha para hacer frente a la guerra de Ucrania, la inflación y el conflicto con Irán. A medio plazo, el organismo estima que el crecimiento seguirá perdiendo fuerza hasta situarse en torno al 1,7% a partir del próximo año. En cuanto al impacto de la guerra de Irán, el FMI considera que será limitado en España, siempre que la situación no empeore significativamente. Confía en que la incipiente crisis energética no provoque una fuerte subida de precios ni una nueva espiral inflacionaria. De hecho, prevé que la inflación alcance el 3% este año y descienda al 2,1% el siguiente. El impulso al crecimiento potencial también parece debilitarse a medida que se agotan los efectos de las reformas recientes. En los últimos años, el Ejecutivo ha aprobado menos medidas estructurales, y la economía aún se beneficia de reformas anteriores, como las del mercado laboral, la energía o las pensiones. En el ámbito fiscal, el Gobierno ha logrado una importante reducción del déficit, que ha pasado del 10% durante la pandemia al 2,4% del PIB en 2025, una de las cifras más bajas en dos décadas (el Ejecutivo lo sitúa en el 2,2%). Aun así, el FMI considera que este esfuerzo se ha frenado y no espera mejoras significativas en los próximos años ante la falta de nuevas reformas. Por otro lado, la deuda pública sigue en niveles elevados. Aunque se redujo hasta el 100,4% del PIB el año pasado, el organismo anticipa que su descenso será muy gradual, sin bajar del 90% en 2031, siempre que no surjan nuevas crisis que obliguen a aumentar el gasto público. Diversas instituciones critican que el Gobierno no haya aprovechado los años de fuerte crecimiento para generar un mayor margen de maniobra ante futuras dificultades. Aunque se ha avanzado en la consolidación fiscal, consideran que aún había espacio para reforzar esa posición. La estrategia del Ejecutivo ha consistido en aprovechar el crecimiento económico para sanear las cuentas públicas, al tiempo que incrementaba el gasto tras los recortes aplicados durante la crisis financiera. En este sentido, el gasto público ha pasado de alrededor del 41% del PIB en 2018 a una media cercana al 45%, nivel que el FMI prevé que se mantenga en los próximos años. Los ingresos también han aumentado, pasando del 37% al entorno del 42% del PIB, con previsiones de alcanzar el 43% hacia el final de la década. En materia laboral, el FMI estima que en 2027 habrá cerca de 23 millones de ocupados en España. La reforma laboral de 2022 ha contribuido a esta evolución, con la creación de más de tres millones de empleos desde su aprobación. No obstante, el desempleo sigue siendo uno de los principales retos estructurales. A pesar del compromiso del Gobierno de reducir la tasa por debajo del 8%, el FMI prevé que se mantenga en torno al 10% en los próximos años. Todo ello en un contexto en el que la población podría superar los 52 millones al final de la década. Finalmente, el organismo señala como otra debilidad el bajo nivel de inversión, que apenas superará el 21% del PIB, una cifra que considera insuficiente para afrontar los desafíos relacionados con la transición energética y la transformación tecnológica.

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(Expansión, 15-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España sella 10 pactos comerciales con China: de agricultura a tecnología

Sánchez propone a Xi estrechar la relación económica y firma varios acuerdos para impulsar la inversión y la cooperación empresarial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó al mandatario chino, Xi Jinping, la conveniencia de avanzar hacia una relación económica "más cercana, equilibrada y saludable". En este contexto, su cuarto viaje a China concluyó con la firma de 19 acuerdos bilaterales, diez de ellos de carácter económico, que abarcan desde la agricultura hasta la tecnología, con el objetivo de fomentar la inversión, fortalecer alianzas empresariales y reducir el déficit comercial, que supera los 42.000 millones de euros. Según explicó Sánchez, cinco de estos acuerdos permitirán ampliar la presencia de productos agroalimentarios españoles en el mercado chino; cuatro están orientados a reforzar las exportaciones y mejorar las infraestructuras y el transporte; y uno se centra en proteger las denominaciones de origen. En el ámbito agroalimentario, se han acordado medidas para ampliar las exportaciones, incorporando productos como pistachos, higos secos, proteínas porcinas y ciertos fertilizantes. También se refuerza la protección de las indicaciones geográficas y se establecen mecanismos de cooperación sanitaria, especialmente frente a la gripe aviar. Por su parte, el Ministerio de Economía firmó tres memorandos de entendimiento con las autoridades chinas para reforzar la cooperación económica, promover inversiones sostenibles y facilitar la entrada de productos y servicios españoles en China. Uno de ellos busca impulsar proyectos conjuntos entre empresas de ambos países y apoyar tecnologías vinculadas a la descarbonización, así como la transferencia de conocimiento. Otro establece un marco de intercambio de información para el desarrollo económico, y el tercero pretende mejorar el acceso al mercado chino y aumentar la visibilidad de la oferta española. Sánchez destacó que el desequilibrio comercial actual es excesivo, aunque aseguró haber encontrado disposición por parte de China para trabajar hacia un mayor equilibrio. En esta línea, ambos países acordaron crear un mecanismo de cooperación para identificar sectores con potencial exportador, organizar misiones empresariales y promover la presencia en ferias comerciales chinas. Además, se puso en marcha un Mecanismo de Diálogo Estratégico Diplomático, que servirá para reforzar la colaboración en ámbitos como la economía, la cultura y la ciencia, y que sitúa a España en un nivel de interlocución similar al de otros países europeos como Francia o Alemania. El presidente subrayó que se ha elevado el nivel de relación política con China al punto más alto en más de medio siglo, defendiendo la necesidad de una globalización más equitativa, con cadenas de suministro justas que generen riqueza y empleo en ambos países. Por último, los nueve acuerdos restantes se centran en áreas como la innovación, la ciencia, la cultura y la biodiversidad. Durante el viaje, Sánchez también mantuvo encuentros con representantes de 36 grandes empresas chinas interesadas en invertir en España en sectores estratégicos como el vehículo eléctrico, las baterías, la energía eólica, los drones y la inteligencia artificial, insistiendo en que estas inversiones deben generar empleo, aportar conocimiento y fortalecer el tejido productivo.

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(Expansión, 15-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Aprobada la regularización de inmigrantes: cuántos extranjeros podrán solicitarlo y cómo hacerlo

El Consejo de Ministros ha aprobado un procedimiento extraordinario para regularizar a inmigrantes en situación irregular sin haberlo pactado con la Unión Europea ni someterlo al Congreso. Los sindicatos policiales alertan de una posible saturación en las oficinas a partir del lunes y advierten del riesgo de un "efecto llamada". Tras varios retrasos y después de introducir algunos cambios sugeridos por el Consejo de Estado, el Ejecutivo ha dado luz verde al Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería. Esta norma permitirá iniciar un proceso excepcional de regularización. Desde mañana podrá solicitarse el permiso de residencia y trabajo -con una duración inicial de un año- por vía telemática, mientras que las citas presenciales comenzarán a gestionarse desde el lunes 20 de abril. El plazo para presentar solicitudes finalizará el 30 de junio, y la Administración dispondrá de tres meses para resolverlas, un margen que, según la Policía Nacional, podría provocar un colapso en las oficinas de Extranjería y Fronteras. Podrán acogerse a esta medida los inmigrantes que acrediten, mediante documentación, haber residido en España al menos cinco meses y encontrarse en el país antes del 1 de enero. Además, deberán cumplir alguna de estas condiciones: haber trabajado legalmente, tener cargas familiares (como hijos menores o dependientes), o encontrarse en situación de vulnerabilidad. El texto definitivo incorpora algunas recomendaciones del Consejo de Estado, como una mayor protección para menores -que recibirán permisos de cinco años- y la exigencia de no tener antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público, la seguridad o la salud. La iniciativa ha generado una fuerte reacción política. La portavoz del Gobierno y ministra Elma Saiz defendió que la medida refuerza los derechos y mejora el país. En cambio, la oposición critica que no se haya tramitado en el Parlamento. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la califica de irresponsable e insostenible, mientras que Vox anuncia un recurso ante el Tribunal Supremo. También la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedirá la suspensión cautelar de la medida hasta que se resuelva su legalidad. A nivel europeo, la regularización tampoco ha sido consensuada. Aunque desde Bruselas se reconoce que estas decisiones competen a los Estados, se insiste en que deben evitarse efectos negativos sobre la seguridad y el control migratorio en el espacio común. Entre los argumentos del presidente Pedro Sánchez figura la necesidad de incorporar más trabajadores al sistema para hacer frente al envejecimiento de la población y al aumento del gasto en pensiones. En este sentido, desde el ámbito empresarial valoran positivamente la medida ante la falta de mano de obra en diversos sectores, aunque muestran dudas sobre su aplicación práctica y critican la ausencia de debate parlamentario. Expertos en pensiones consideran que la regularización podría aumentar temporalmente el número de cotizantes, pero advierten de que su impacto sería limitado a largo plazo. Por su parte, los sindicatos policiales insisten en los riesgos operativos: temen una sobrecarga inmediata de los servicios, dificultades para comprobar antecedentes y la posibilidad de que la medida incentive la inmigración irregular, al ser utilizada por redes criminales como reclamo. El alcance final de la regularización es incierto. Las estimaciones apuntan a que cerca de 490.000 personas podrían acogerse, aunque otras proyecciones elevan la cifra hasta casi 840.000, dependiendo de los criterios utilizados.

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(El Periódico, 15-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE eleva la inflación de marzo al 3,4% por la subida de los combustibles

El encarecimiento del coste de la vida en marzo fue mayor de lo que se había estimado inicialmente. Las familias están asumiendo, de forma indirecta, el impacto de los últimos conflictos internacionales, y la guerra en Irán -donde el petróleo se ha convertido en un elemento clave- no ha sido una excepción. Su efecto sobre los precios ha sido rápido, especialmente en los carburantes, lo que ha impulsado la inflación hasta el 3,4%, según el dato definitivo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una décima más que la cifra adelantada y el nivel más alto desde junio de 2024. Aunque ya se preveía un repunte de la inflación esta primavera, debido en parte al efecto comparativo tras la caída de los precios de la electricidad el año anterior, el inicio del conflicto ha intensificado esta tendencia. El aumento de los precios de la gasolina y, sobre todo, del diésel ha sido determinante. De hecho, la subida del IPC respecto a febrero -cuando se situó en el 2,3%- supera el punto porcentual, siendo la mayor desde junio de 2022. Sin la rebaja fiscal aplicada por el Gobierno a partir del 22 de marzo, el incremento habría sido aún mayor. Aunque esta medida solo estuvo vigente durante una parte del mes, su impacto será más visible en los próximos meses. El Ejecutivo calcula que reducirá la inflación entre ocho décimas y un punto durante abril, mayo y junio, con el objetivo de evitar que el encarecimiento derivado del conflicto se traslade de forma duradera a los precios y al poder adquisitivo. El comportamiento de los carburantes ha sido desigual: la gasolina subió un 4,8%, mientras que el diésel se encareció un 17,9%. Esta diferencia se explica porque Europa produce suficiente gasolina, pero depende del exterior para cubrir su demanda de gasóleo. En cuanto a la electricidad, aunque el desarrollo de las energías renovables ha amortiguado el impacto del gas, las tarifas aumentaron un 4,3% en comparación anual. Por otro lado, los alimentos y bebidas no alcohólicas ofrecieron un respiro, al moderar su crecimiento del 3,2% al 2,7%, tras varios meses al alza. Esto sugiere que, por ahora, no se está produciendo un traslado generalizado del encarecimiento energético al resto de precios, aunque algunos productos siguen registrando subidas importantes, como los huevos o las legumbres. En términos mensuales, los precios crecieron un 1,2%, mientras que la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos- se situó en el 2,9%, ligeramente por encima del mes anterior. España continúa registrando una inflación superior a la media de la zona euro, y esta diferencia se amplió en marzo: mientras los precios en el conjunto europeo aumentaron un 2,5%, el incremento en España fue notablemente mayor, lo que puede afectar negativamente a la competitividad empresarial. De cara al futuro, el Banco de España advierte que, en un escenario adverso con un conflicto prolongado y precios energéticos elevados, la inflación podría alcanzar el 5,9% este año y mantenerse en el 3,2% el siguiente. No obstante, los avances en las negociaciones de paz han generado cierto optimismo en los mercados, con la bolsa estadounidense recuperando niveles previos al conflicto y el precio del petróleo por debajo de los 100 dólares. Aun así, la incertidumbre sigue siendo elevada.

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(Cinco Días, 14-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La producción de petróleo de los países de la OPEP sufre un desplome récord en marzo

La crisis provocada por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha generado un fuerte impacto en la producción mundial de petróleo, afectando especialmente a la principal región productora del planeta y disparando los precios del crudo. Según el informe mensual de marzo de la OPEP, la producción de sus países miembros sufrió una caída sin precedentes de 7,88 millones de barriles diarios, situándose en 20,79 millones. Se trata del mayor descenso registrado desde que existen datos, incluso superior al desplome vivido en 2020 durante la pandemia. El conflicto ha bloqueado la capacidad de exportación de los países del golfo Pérsico, que no pueden transportar su petróleo a través del estrecho de Ormuz. Esto ha saturado sus sistemas de almacenamiento y ha provocado una paralización de la producción en marzo, agravada además por ataques a infraestructuras energéticas en la zona. Como consecuencia, el precio del barril de Brent ha superado los 100 dólares. La Agencia Internacional de la Energía estima que más de 70 instalaciones energéticas en Oriente Próximo han resultado dañadas, y que más de un tercio presentan daños graves. Los recortes de producción han afectado a países clave como Irak, Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. La magnitud de la caída coincide con las previsiones que ya había adelantado la Agencia Internacional de la Energía, que estimaba una reducción cercana a los ocho millones de barriles diarios. Este organismo, que califica la situación como la mayor disrupción energética de la historia, analizará en detalle la respuesta global de los productores en su informe correspondiente. Por países, Irak registró el mayor descenso, pasando de 4,19 millones de barriles diarios en febrero a 1,63 millones en marzo. Arabia Saudí también redujo notablemente su producción, con un recorte de 2,31 millones hasta los 7,8 millones diarios. Emiratos Árabes Unidos experimentó igualmente una fuerte caída, mientras que Irán logró mantener en mayor medida sus exportaciones gracias al control del estrecho, con un descenso más moderado. Dentro de la OPEP, solo Nigeria y Venezuela lograron aumentar ligeramente su producción. En cuanto a los países aliados agrupados en la OPEP+, el crecimiento fue mínimo. Destaca el aumento en Kazajistán, mientras que Rusia mantuvo prácticamente estable su nivel de producción, incluso tras la flexibilización de algunas restricciones por parte de Estados Unidos. En paralelo, la OPEP ha revisado a la baja sus previsiones de demanda de petróleo para el segundo trimestre, reduciéndolas en 500.000 barriles diarios. Esta estimación está condicionada por las dificultades de exportación en el golfo Pérsico y la incertidumbre sobre la evolución del conflicto. La escasez de energía ya empieza a notarse en algunas economías asiáticas y podría extenderse a nivel global. El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transitan unos 20 millones de barriles diarios entre crudo y derivados, está generando un shock energético de gran magnitud. Esta situación amenaza con elevar la inflación en todo el mundo y ya está provocando problemas de suministro, especialmente en Asia, la región más dependiente de los recursos energéticos de Oriente Próximo. Además, parte de la capacidad de refino en la zona se encuentra paralizada o funcionando por debajo de su nivel habitual. A pesar de este contexto, la OPEP prevé que la demanda global de petróleo aumente ligeramente en el conjunto del año, con un crecimiento del 1,38%. Sin embargo, el segundo trimestre será el periodo de menor consumo, debido a la debilidad temporal provocada por la situación actual. El organismo confía en que esta caída se compense en la segunda mitad del año si se estabiliza el escenario internacional.

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(Expansión, 14-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez: "Necesitamos que China se abra para que Europa no se cierre"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvo que China debe asumir un papel más activo en la promoción de la paz en conflictos como el de Irán, contribuir a la estabilidad en un contexto internacional marcado por tensiones y avanzar en su apertura económica. Durante su cuarto viaje oficial a Pekín, Sánchez subrayó que China está destinada a desempeñar un rol clave en el escenario global. En este sentido, instó al país asiático a consolidarse como una potencia estabilizadora frente a las turbulencias geopolíticas, a implicarse de forma decidida en la resolución de conflictos -especialmente en Oriente Próximo- y a reforzar su integración económica como socio estratégico tanto de la Unión Europea como de España, en un momento de fricciones inéditas con Estados Unidos. Asimismo, advirtió de que el actual desequilibrio comercial resulta insostenible y defendió la necesidad de que China se abra más para evitar que Europa adopte posturas más proteccionistas. En una intervención ante estudiantes y académicos de la Universidad de Tsinghua, el presidente español pidió corregir los desajustes comerciales para construir una economía global más equitativa y beneficiosa para todos. Según datos recientes, el déficit comercial de la UE con China alcanzó cifras récord en 2025, con un incremento significativo también en el caso español, donde este desequilibrio representa una parte muy relevante del déficit total exterior. Sánchez defendió que Europa y China están llamadas a colaborar estrechamente, recordando el peso económico de la Unión Europea a nivel mundial. En esta línea, abogó por impulsar un modelo económico más justo y equilibrado, frente a tendencias aislacionistas que, a su juicio, generan tensiones sociales. El jefe del Ejecutivo español planteó una relación bilateral basada en el respeto mutuo, que permita cooperar cuando sea posible, competir cuando sea necesario y gestionar las discrepancias de forma constructiva. También señaló que España se aproxima a China con pragmatismo y responsabilidad, sin ocultar las diferencias existentes. Además, rechazó la idea de que fortalecer vínculos con China implique debilitar otras alianzas tradicionales, en una alusión implícita a Estados Unidos, y advirtió de que esa visión limita las oportunidades de futuro. Por otro lado, Sánchez apostó por reforzar el multilateralismo, incluyendo una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que lo haga más representativo y democrático. También pidió mayor implicación de las grandes potencias en desafíos globales como el cambio climático, el desarrollo ético de la inteligencia artificial, el control nuclear y la lucha contra la pobreza. En materia internacional, reclamó a China un compromiso más firme con el derecho internacional y la resolución de conflictos en distintas regiones, destacando escenarios como Líbano, Irán, Gaza, Cisjordania y Ucrania. Tras su intervención académica, el presidente visitó la sede de Xiaomi, donde se reunió con su director ejecutivo, Lei Jun. Allí destacó el potencial de España como centro estratégico en Europa para infraestructuras digitales, inteligencia artificial y proyectos industriales, animando a reforzar la cooperación empresarial entre ambos países. También conoció de primera mano innovaciones de la compañía en ámbitos como los vehículos eléctricos, los hogares inteligentes y las baterías. En el marco de su visita, Sánchez tiene previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, así como con el primer ministro, Li Qiang, con quienes abordará acuerdos bilaterales y encuentros con inversores y empresas.

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(El País, 14-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno acelera la implantación de renovables en España para contener la crisis energética mundial

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido actuar ante las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo. Según fuentes cercanas, el organismo prepara el lanzamiento de cuatro consultas públicas con el fin de establecer un marco normativo que impulse con mayor rapidez el desarrollo de energías renovables y del biometano. Con ello, el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, busca desarrollar el Real Decreto-ley 7/2026 aprobado en marzo en el Congreso, orientado a mitigar los efectos de la crisis internacional. El objetivo principal del Gobierno es responder a la situación geopolítica actual y reducir cuanto antes la dependencia de los combustibles fósiles importados, cuyo precio se ha disparado tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Estas consultas, que se prevé activar de inmediato, pretenden definir un sistema que permita aumentar el peso de las energías limpias en España, procurando además que su implantación beneficie a las comunidades locales. Una de las iniciativas clave gira en torno a la creación de las denominadas Zonas de Aceleración de Renovables, que abarcan terrenos degradados o con usos industriales previos, como minas, canteras o vertederos. Estas áreas se consideran especialmente adecuadas para instalar infraestructuras renovables, ya que su impacto ambiental es menor y, en muchos casos, cuentan con mejores condiciones para la conexión a la red o el almacenamiento energético. A través de un nuevo real decreto, el Ejecutivo pretende facilitar a las comunidades autónomas herramientas para identificar estas zonas y establecer criterios claros de selección. Esta medida también responde a compromisos europeos, al incorporar a la normativa nacional una directiva reciente en materia energética. Además, se prevé aprobar varias órdenes ministeriales que establecerán estándares de calidad social y territorial para los proyectos de energías verdes. Aquellas iniciativas que aporten beneficios adicionales a su entorno -como empleo, participación ciudadana o medidas contra la pobreza energética- podrán obtener ventajas, como un acceso preferente a la red eléctrica o mejores condiciones en futuras subastas. En paralelo, otra de las consultas públicas busca extender estos criterios al desarrollo del biometano. Este recurso energético, con capacidad para sustituir hasta un 10% del consumo de gas fósil en España, podría avanzar con mayor rapidez si se reducen los obstáculos sociales que han frenado algunos proyectos. Todas estas medidas forman parte de la estrategia para hacer frente al encarecimiento de la energía, que ya se refleja en la inflación y podría intensificarse en los próximos meses. Aunque España no sufre problemas de suministro, sí está acusando el aumento de precios de combustibles como el gasóleo o el queroseno, lo que repercute negativamente en la economía. El Ejecutivo apuesta por acelerar la electrificación y sustituir fuentes energéticas más costosas, reforzando así la independencia energética del país. Las consultas públicas estarán abiertas durante varias semanas para recoger aportaciones de distintos sectores. Estas iniciativas se suman a otras ya impulsadas antes del conflicto, como el desarrollo de energías renovables marinas, con proyectos de parques eólicos flotantes en aguas españolas. El avance en energías limpias en los últimos años se considera ahora una ventaja frente a otros países más dependientes del exterior. En un contexto internacional cada vez más incierto, marcado por tensiones geopolíticas y dificultades en procesos de paz, el Gobierno español refuerza su apuesta por la transición energética. Las energías renovables no solo se plantean como una solución medioambiental, sino también como una herramienta clave para garantizar la autonomía estratégica y la estabilidad económica del país.

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(El Periódico, 14-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE eleva la inflación de marzo al 3,4% por la subida de los combustibles

El coste de la vida subió en marzo más de lo que se había estimado inicialmente. Los hogares están asumiendo el impacto indirecto de los últimos conflictos internacionales, y la guerra en Irán -donde el petróleo se ha convertido en un elemento clave- ha tenido un efecto inmediato en los precios. Este encarecimiento se ha reflejado especialmente en los carburantes, elevando la inflación hasta el 3,4%, según el dato definitivo publicado por el Instituto Nacional de Estadística, una décima por encima de la estimación anterior y el nivel más alto desde junio de 2024. Aunque ya se preveía un repunte de la inflación en primavera debido al efecto comparativo con la bajada de la electricidad en 2025, el estallido del conflicto ha intensificado esta tendencia. El encarecimiento de la gasolina y el diésel ha sido determinante, provocando una subida de más de un punto respecto a febrero, cuando la inflación se situó en el 2,3%. Se trata del mayor incremento mensual desde mediados de 2022. Este aumento habría sido aún mayor sin la reducción de impuestos aprobada por el Gobierno, que entró en vigor el 22 de marzo. Aunque su impacto en ese mes fue limitado, al aplicarse solo durante los últimos días, se espera que tenga un efecto más notable en los meses siguientes, reduciendo la inflación entre ocho décimas y un punto durante el segundo trimestre. Por su parte, el Banco de España advierte de que, en un escenario adverso en el que el conflicto se prolongue y los precios de la energía sigan al alza, la inflación podría alcanzar el 5,9% este año y mantenerse en torno al 3,2% en el siguiente. No obstante, las recientes conversaciones para una posible solución diplomática han generado cierto optimismo en los mercados financieros. De hecho, el índice S&P 500 ya ha recuperado niveles previos al conflicto, anticipando un posible acuerdo cercano, aunque la incertidumbre sigue siendo elevada.

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(Cinco Días, 13-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El nuevo bloqueo de Ormuz dispara el petróleo un 7% y supera los 100 dólares

Las expectativas de que los mercados continúen con su recuperación empiezan a debilitarse. Poco después de que Estados Unidos e Irán dieran por suspendidas sus conversaciones por falta de acuerdo, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a sorprender con uno de sus anuncios inesperados: aseguró que impedirá el paso de cualquier buque que intente atravesar el estrecho de Ormuz. El fin de las negociaciones amenaza con generar nuevas turbulencias en los mercados y aumentar el interés por activos considerados seguros. Tras el breve alivio que supuso el alto el fuego del miércoles, el precio del petróleo vuelve a tensionarse. Después de caer un 12,7% en la semana, el barril de brent -referencia en Europa- repunta más de un 7% al inicio de la sesión y vuelve a situarse en torno a los 100 dólares, lo que enfría la posibilidad de que las bolsas regresen rápidamente a los niveles previos al conflicto. Al cierre del viernes, el Ibex 35 se encontraba aproximadamente un 1,5% por debajo de esos niveles, mientras que el S&P 500 apenas registraba una diferencia cercana al 1%. A pesar del respiro reciente, el petróleo sigue cotizando alrededor de un 30% por encima de los precios anteriores a la guerra, lo que mantiene la presión inflacionista y supone un riesgo para el crecimiento económico. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ya ha advertido de que no se producirá un retorno sencillo a la situación anterior, y el organismo publicará próximamente nuevas previsiones que incorporarán el impacto del conflicto. Aunque el tráfico en el estrecho de Ormuz aún no había recuperado completamente su actividad habitual, Irán permitía el paso de barcos a cambio de importantes tarifas, favoreciendo especialmente a países aliados como China. Al mismo tiempo, Estados Unidos había tolerado ciertas exportaciones de crudo iraní e incluso suavizado sanciones para evitar tensiones mayores. Una ruptura de este frágil equilibrio podría afectar gravemente al mercado energético, reavivar los temores a problemas de suministro y elevar también el precio del gas, intensificando de nuevo la inflación. En las últimas semanas, los inversores han comprobado cómo la evolución de las bolsas, la deuda y las divisas depende en gran medida del comportamiento del petróleo: cuando el crudo sube con fuerza, los mercados financieros tienden a caer, y cuando baja, recuperan algo de estabilidad. Aunque hacer previsiones sigue siendo complicado, tanto los analistas como la reciente evolución de los mercados apuntaban a que, tarde o temprano, podría alcanzarse algún tipo de acuerdo. Por ello, los gestores recomiendan prudencia y evitar reaccionar de forma impulsiva ante los titulares. Según expertos de Macroyield, Estados Unidos mantiene incentivos importantes para cerrar un acuerdo. Trump, que durante el mandato de Joe Biden criticó el aumento de la inflación, se enfrenta ahora al encarecimiento de los combustibles. Aunque el país es exportador neto de energía, no está exento de los efectos de las tensiones en la oferta. De hecho, el impacto del conflicto ya empieza a notarse en la economía: en marzo, la inflación interanual subió al 3,3%, su nivel más alto en dos años, aunque la inflación subyacente creció menos de lo previsto. Los analistas advierten de que el aumento de precios afecta especialmente a los consumidores estadounidenses y podría tener consecuencias políticas para Trump, cuya popularidad podría verse resentida en un contexto marcado por las próximas elecciones de mitad de mandato y por ciertas tensiones dentro de su propia base de apoyo. El principal riesgo es que una inflación persistente obligue a los hogares a reducir el consumo y a las empresas a frenar sus inversiones, lo que derivaría en un menor crecimiento económico y peores resultados empresariales, un escenario negativo para los mercados bursátiles. Una caída del precio del petróleo se consideraba clave para consolidar la recuperación, como ocurrió anteriormente tras una tregua comercial que impulsó las bolsas globales. Sin embargo, la experiencia reciente indica que los inversores ajustarán rápidamente sus posiciones en función de la credibilidad de las nuevas amenazas. Si estas se perciben como reales, podría producirse una caída en la renta variable y un aumento en la rentabilidad de la deuda, impulsados por mayores expectativas de inflación y tipos de interés. Por ahora, algunos analistas, como los de ING, consideran que la Reserva Federal no tendría motivos inmediatos para modificar los tipos de interés, confiando en que la inflación sea temporal, dado el menor dinamismo de la demanda y la menor capacidad de las empresas para trasladar subidas de precios en comparación con 2022.

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(Expansión, 13-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez busca anclar la relación comercial con China

El presidente del Gobierno se desplaza a China en un contexto marcado por las crecientes fricciones con Estados Unidos, agravadas por el conflicto en Irán, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para las empresas españolas, captar inversiones y reducir un desequilibrio comercial que ronda los 40.000 millones de euros. En un escenario internacional cada vez más tenso -con diferencias entre Europa y Estados Unidos por cuestiones como la política arancelaria o la guerra en Ucrania- España dirige su atención hacia Asia. En este contexto, Pedro Sánchez emprende su cuarto viaje al país asiático, el primero con carácter de visita oficial, con la intención de reforzar los lazos económicos con China. Su agenda, que se extiende hasta el miércoles, incluye encuentros con autoridades, empresarios e inversores, centrados especialmente en ámbitos como la tecnología, la industria y el sector agroalimentario. Según fuentes del Ejecutivo, los principales objetivos son consolidar las relaciones comerciales con China en el nuevo contexto global, atraer capital al mercado español y empezar a corregir el importante déficit comercial existente. Aunque Sánchez ya había destacado anteriormente la relevancia de China como socio estratégico, esta visita adquiere un mayor rango diplomático. Incluye incluso la presencia de su esposa, Begoña Gómez, invitada por las autoridades chinas, y un banquete oficial ofrecido por el presidente Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo. Tras su llegada a Pekín, el presidente inicia su agenda con una intervención en la Universidad Tsinghua y visitas a instituciones científicas y tecnológicas, como la Academia China de las Ciencias y la sede de Xiaomi, donde se reunirá con su fundador. El núcleo político del viaje tendrá lugar al día siguiente, con un encuentro bilateral entre Sánchez y Xi Jinping, seguido de un almuerzo oficial. Además, se incorporará a la delegación el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y se celebrarán reuniones con altos cargos del país, como el presidente del comité permanente de la Asamblea Popular Nacional y el primer ministro. Está previsto que durante estos encuentros se firmen acuerdos en ámbitos como la educación, la tecnología y los intercambios culturales. Uno de los puntos clave del viaje será la búsqueda de inversión china. El Gobierno destaca el crecimiento reciente de estas inversiones en España, pero aspira a incrementarlas mediante proyectos que impulsen el empleo, refuercen el tejido productivo y favorezcan la innovación. La agenda también incluye reuniones con grandes empresas chinas, especialmente en sectores estratégicos como el automóvil, la energía o las infraestructuras, así como con compañías españolas ya presentes en el país asiático, con el objetivo de facilitar su acceso al mercado chino y abrir nuevas oportunidades, especialmente para el sector agrario y tecnológico. Asimismo, el Ejecutivo español defenderá los intereses europeos en cuestiones como las importaciones subvencionadas o las dificultades de acceso al mercado chino, así como la protección de la propiedad intelectual. En términos comerciales, el desequilibrio entre ambos países es notable: España exportó a China cerca de 8.000 millones de euros en 2025, frente a más de 50.000 millones en importaciones, lo que genera un déficit superior a los 42.000 millones. Reducir esta brecha es uno de los principales objetivos que persigue el presidente con este viaje.

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