El Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 5.565 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado y lo ha hecho a tipos más altos en todas las referencias, salvo en el caso de las obligaciones del Estado a 15 años, donde se ha moderado la rentabilidad ofrecida a los inversores. En conjunto, la demanda en la segunda subasta de junio, tras la celebrada el pasado martes, ha superado los 13.200 millones de euros, más del doble de la emisión final. La semana se salda con 12.000 millones de deuda nueva en el mercado, después de los 6.481 millones registrados en la venta el martes pasado de letras a corto plazo. También Andalucía y Castilla y León han acudido al mercado en este arranque de junio.
En la subasta de este jueves, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 1.840,6 millones de euros en bonos del Estado a tres años a un tipo de interés marginal del 2,775%, por encima del 2,680% de la subasta anterior, con una demanda que casi ha triplicado lo adjudicado. El Tesoro ha captado además 1.581,7 millones de euros en obligaciones del Estado con una vida residual de cinco años y dos meses, con una demanda que ha superado los 4.300 millones de euros, a un tipo marginal del 2,949%, también por encima del 2,917% de la subasta previa de este papel.
En el caso de la obligaciones del Estado a 15 años ligadas a la inflación de la eurozona, el organismo ha adjudicado 592,5 millones de euros, casi la mitad de lo solicitado por los inversores, y lo ha hecho a un tipo de interés marginal del 1,577%, superando el 1,502% de la subasta anterior. Por último, el Tesoro ha colocado 1.550 millones de euros en obligaciones del Estado a 15 años, la mitad de lo demandado, con un interés marginal del 3,817%, por debajo del 3,851% de la subasta anterior de esta referencia.
El Tesoro regresará a los mercados el próximo 9 de junio, con una subasta de letras a tres y nueve meses, y cerrará las emisiones de este mes el día 18, cuando volverá a subastar bonos y obligaciones del Estado. El organismo espera unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.
En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026. De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).
La Comisión Europea ha intensificado el procedimiento de infracción abierto contra España, un expediente que ya tuvo repercusión durante la fase final de la opa lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell en junio del año pasado. Aunque la advertencia de Bruselas no se refería directamente a aquella operación, finalmente fallida a finales de 2025, sí cuestionaba la normativa española sobre fusiones y adquisiciones bancarias, al considerar que no se ha adaptado plenamente al marco comunitario. Ahora, el conflicto ha dado un paso más con el envío de una carta adicional de emplazamiento por incumplimiento del Reglamento del Mecanismo Único de Supervisión, de la Directiva sobre Requisitos de Capital y de varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La legislación española obliga actualmente a las entidades financieras que desean fusionarse a solicitar autorización previa al Gobierno, una medida implantada durante la crisis financiera por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos. Sin embargo, la normativa europea más reciente en materia de capital -destinada a incorporar los criterios de Basilea IV- establece que estas autorizaciones deben quedar en manos de los supervisores financieros, como el Banco de España o el Banco Central Europeo, y no de los Ejecutivos nacionales.
España disponía hasta el pasado 10 de enero para incorporar esta directiva al ordenamiento jurídico interno y adaptar el reparto de competencias, limitando o eliminando la capacidad del Gobierno para intervenir en este tipo de operaciones. El retraso en la transposición expone ahora al país a posibles sanciones por parte de Bruselas. La Comisión Europea ha concedido dos meses al Gobierno español para responder y corregir las deficiencias detectadas. En caso de que la respuesta no resulte satisfactoria, Bruselas podría emitir un dictamen motivado, el siguiente paso dentro del procedimiento de infracción.
El organismo comunitario recuerda que, desde la primera carta remitida el 17 de julio de 2025, ya ha entrado en vigor la Directiva 2024/1619 (CRD VI) y ha vencido el plazo para su aplicación en los Estados miembros. Por ello, la Comisión ha actualizado el análisis jurídico del expediente e incorporado las nuevas obligaciones derivadas de esta normativa entre las infracciones atribuidas a España.
Según Bruselas, la legislación española resulta incompatible con el nuevo marco europeo que regula adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales en entidades de crédito. La Comisión sostiene que esta situación refuerza las preocupaciones ya expresadas en el expediente abierto el año pasado. La institución comunitaria lleva tiempo cuestionando las restricciones que algunos países imponen cuando se producen grandes operaciones bancarias.
El enfrentamiento entre Bruselas y Madrid comenzó poco después de que BBVA lanzara su opa hostil sobre Sabadell el 9 de mayo de 2024. Dos días más tarde, un ciudadano español alertó a la Comisión de que la normativa bancaria aprobada en España en 2014 y desarrollada en 2015 podía entrar en conflicto con la regulación europea y con los tratados comunitarios. A partir de ahí, Bruselas inició contactos con el Ministerio de Economía, aunque las conversaciones no lograron acercar posturas, como evidenciaron posteriormente la carta de emplazamiento y las declaraciones del entonces ministro Carlos Cuerpo, actualmente vicepresidente del Gobierno.
En la práctica, el Ejecutivo español nunca llegó a utilizar la facultad que le otorga la legislación nacional para bloquear o condicionar una fusión bancaria en el caso de la opa sobre Sabadell, aunque esa posibilidad estuvo presente desde el inicio de la operación. Finalmente no fue necesario recurrir a ella. La intervención del Gobierno se produjo a través de la normativa de competencia. Dado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevó el análisis de la operación a una fase más avanzada, el Consejo de Ministros debía validar las condiciones impuestas atendiendo al interés general. Así, el Ejecutivo obligó a BBVA a mantener durante tres años, prorrogables a cinco, la independencia societaria y de gestión de Banco Sabadell. Según explicó entonces Carlos Cuerpo, estas condiciones impedían realizar despidos colectivos vinculados a la operación y también fusionar ambas entidades.
BBVA nunca llegó a solicitar formalmente la fusión al Gobierno porque la opa terminó fracasando antes de completar ese paso, por lo que el Ejecutivo no tuvo que ejercer directamente la prerrogativa ahora cuestionada por Bruselas. Paralelamente, el banco intentó revertir las condiciones impuestas por el Gobierno mediante un recurso ante el Tribunal Supremo, aunque finalmente retiró la demanda tras el fracaso definitivo de la operación.
La gran banca española ha superado el examen del Banco Central Europeo (BCE) centrado en el riesgo geopolítico. El supervisor comunitario ha sometido este año a las entidades de la zona euro a pruebas de resistencia específicas para evaluar su exposición a tensiones internacionales y ya dispone de los resultados. Según fuentes del sector, los bancos españoles analizados -Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja- han mostrado una notable capacidad de resistencia ante este tipo de escenarios, así como ante otras observaciones del BCE consideradas de menor relevancia por las entidades. El contexto de incertidumbre global, marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones en Oriente Próximo, ha sido un elemento central del análisis.
En los últimos años, el BCE ha desarrollado sus propios test de estrés, complementarios a los que realiza habitualmente la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Mientras la EBA se centra en escenarios macroeconómicos generales como recesiones o caídas de actividad, el supervisor europeo dirigido por Christine Lagarde ha optado por pruebas más temáticas, como el impacto del cambio climático en ejercicios anteriores o, en este caso, el efecto de los riesgos geopolíticos en 2026.
El ejercicio se inició a comienzos de año, cuando el BCE pidió a 110 bancos de la zona euro que evaluaran escenarios en los que podrían llegar a perder hasta 300 puntos básicos de capital, es decir, el colchón que las entidades deben mantener para absorber pérdidas en situaciones de crisis. Se trata de los denominados test de estrés inversos, en los que son los propios bancos quienes identifican los riesgos, aplicando sus modelos internos para estimar su impacto. Posteriormente, el supervisor revisa esos análisis y formula recomendaciones sobre la gestión del riesgo, teniendo también en cuenta la liquidez y el acceso a los mercados.
Las entidades enviaron sus informes al BCE durante el primer trimestre del año. En abril recibieron un borrador con las conclusiones preliminares, al que pudieron presentar alegaciones, posteriormente evaluadas por el supervisor. La versión definitiva ha sido remitida en las últimas semanas, aunque el BCE tiene previsto publicar los resultados de forma agregada a finales de julio, sin detallar datos banco por banco.
A diferencia de los test de la EBA, que permiten comparar entidades mediante tablas públicas con resultados individuales, estos ejercicios del BCE no asignan una "nota" ni establecen rankings explícitos. En su lugar, se centran en valoraciones cualitativas sobre la forma en que cada banco gestiona el riesgo, diseña escenarios y estructura su gobernanza interna.
En el caso de la banca española, las conclusiones son, en términos generales, favorables. Las entidades destacan por su solidez, apoyadas en años de elevada rentabilidad, y por una exposición geográfica menos sensible a las zonas de conflicto. La excepción parcial es el BBVA por su presencia en Turquía, aunque su negocio principal se concentra en España y México. Santander y BBVA, además, tienen una mayor diversificación hacia América Latina, una región menos afectada por las tensiones de Ucrania o Irán.
Algunas decisiones estratégicas recientes también han jugado a favor del sector, como la desinversión del Santander en Polonia, un país fronterizo con Rusia, en paralelo a su refuerzo en mercados como Reino Unido y Estados Unidos. Aunque estos ejercicios no implican automáticamente mayores exigencias de capital, el BCE utilizará las conclusiones para orientar su supervisión futura. Las debilidades detectadas podrán influir en revisiones posteriores de requisitos y en el diálogo supervisor con cada entidad, aunque el objetivo principal es mejorar la gestión del riesgo y la capacidad de respuesta ante escenarios de tensión internacional.
Estos resultados se compararán con los del test de estrés de la EBA del verano pasado, que también incorporó el componente geopolítico. En aquel ejercicio, la banca española volvió a situarse entre las más resistentes de Europa. Bajo un escenario adverso de recesión, aumento del desempleo, caída de la vivienda y alta volatilidad financiera, las entidades españolas consumieron una media de 180 puntos básicos de capital, por debajo de los 304 de la media de la zona euro y mejor posicionadas que bancos franceses o alemanes, con solo Italia mostrando un comportamiento ligeramente superior entre las grandes economías. Por entidades, Bankinter fue la que mejor resistiría el impacto, con una reducción de capital de 55 puntos básicos, seguida por Caixabank (162) y Santander (173). En el extremo opuesto se situarían Banco Sabadell (281), Unicaja (259) y BBVA (186).
Lo hace con la finalidad de afrontar "las reformas estructurales que exige el actual contexto de transformación global". El Círculo de Empresarios, creado en 1977, sostiene en un comunicado difundido este viernes que "la ausencia prolongada de unos Presupuestos Generales del Estado, junto a la polarización política y el deterioro institucional, reduce la capacidad real de gobernar", dificultando así "la adopción de las decisiones que necesita España".
La organización empresarial subraya que fenómenos como "la revolución tecnológica, los cambios geopolíticos, la transición energética, la competencia internacional y la presión demográfica" están modificando simultáneamente las bases de la prosperidad, la seguridad y el peso internacional de los países. A su juicio, responder a estos desafíos exige que España proyecte una posición sólida y creíble en un escenario internacional cada vez más exigente y en una Europa que avanza sin esperar a los Estados rezagados.
El think tank considera que el país "no dispone actualmente del respaldo suficiente para impulsar" estas transformaciones y defiende que, cuando esa situación se produce, resulta necesario "renovar el ejercicio democrático mediante la elección de representantes por parte de los ciudadanos". Según añade, este mecanismo forma parte del funcionamiento normal de la democracia constitucional y permite recuperar legitimidad política y dotar al Ejecutivo de la fortaleza necesaria para afrontar el contexto actual, alejándose de intereses coyunturales.
Asimismo, el Círculo reclama reforzar la autonomía estratégica del país mediante actuaciones en ámbitos como la educación, el capital humano, la energía, la productividad, el mercado laboral, la unidad de mercado, la innovación, el tamaño empresarial, el ahorro, la inversión y la mejora de la eficiencia administrativa e institucional. En ausencia de estas reformas, advierte, España podría afrontar el nuevo escenario histórico con estructuras y dinámicas propias de una etapa ya superada.
La entidad también alerta de que el "bloqueo parlamentario" deteriora la seguridad jurídica, genera incertidumbre entre los agentes económicos y transmite una imagen de inestabilidad, factores que considera incompatibles con el papel que España debería desempeñar en una Unión Europea que demanda una integración económica y política cada vez mayor.
Por ello, el Círculo de Empresarios sostiene que el principal desafío pasa por alcanzar una mayoría política suficiente para acometer estas reformas, ya que, según indica, no pueden desarrollarse sobre apoyos parlamentarios frágiles ni improvisarse. En este sentido, recalca la necesidad de estabilidad institucional, continuidad y capacidad para mantener decisiones complejas más allá de los ciclos políticos, pensando en las futuras generaciones.
La actividad del sector privado español volvió a crecer de forma moderada en mayo después de haberse contraído en abril, pese al fuerte aumento de los costes empresariales. Así lo refleja el índice PMI compuesto elaborado por S&P Global Market Intelligence, que avanzó hasta los 50,2 puntos frente a los 48,7 registrados el mes anterior.
Durante mayo, los nuevos pedidos permanecieron prácticamente estancados, aunque las compañías continuaron reforzando sus plantillas a un ritmo sólido. Además, la confianza empresarial mejoró y alcanzó su nivel más elevado de los últimos tres meses. En paralelo, los costes de compra experimentaron el mayor incremento desde noviembre de 2022, mientras que la subida de los precios cobrados por las empresas se moderó hasta situarse en mínimos de tres meses.
Por sectores, el PMI de servicios repuntó hasta los 50,1 puntos desde los 47,9 de abril, mientras que el indicador manufacturero descendió ligeramente, pasando de 51,7 a 51,2 puntos. Paul Smith, economista de S&P Global Market Intelligence, destacó que la estabilización de la demanda y de la actividad tras las caídas de abril supone una señal positiva y alimenta la expectativa de que la desaceleración económica en España sea moderada. No obstante, advirtió de que la situación de fondo sigue mostrando debilidad.
En contraste, la actividad del conjunto de la eurozona continuó deteriorándose. El PMI compuesto, que engloba los sectores manufacturero y de servicios, bajó en mayo hasta los 48,5 puntos desde los 48,8 de abril, su nivel más bajo en un año y medio. En concreto, el PMI de servicios de la zona euro se situó en 47,7 puntos, una décima por encima del mes anterior aunque todavía en terreno contractivo, mientras que el indicador manufacturero redujo su expansión al pasar de 52,2 a 51,6 puntos.
Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, señaló que el descenso de la actividad empresarial por segundo mes consecutivo aumenta la posibilidad de que la economía de la eurozona entre en contracción durante el segundo trimestre. Según sus cálculos, los datos del PMI apuntan a una caída trimestral del PIB del 0,2%, salvo que se produzca una mejora significativa en junio.
El experto también alertó del aumento de las presiones inflacionistas, que podrían acercar la inflación al 4% en los próximos meses, complicando la situación para el Banco Central Europeo. En su opinión, el BCE intentará demostrar rapidez para evitar que la inflación se afiance, aunque al mismo tiempo deberá valorar el riesgo de elevar los tipos de interés en un contexto de enfriamiento económico y posible recesión. Williamson añadió que, aunque una subida de tipos podría entenderse como una medida preventiva, resultará más complicado justificar nuevos incrementos si la economía sigue perdiendo fuerza.
La economía mundial se encamina hacia una desaceleración que podría llevar a varios países a entrar en recesión o situarse muy cerca de ella, según las nuevas previsiones publicadas este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el escenario más negativo contemplado por el organismo, marcado por una prolongación de la guerra con Irán y un bloqueo del estrecho de Ormuz hasta bien avanzado 2027, el crecimiento del PIB global se reduciría al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027. Aunque estas cifras puedan parecer razonables para algunas economías desarrolladas acostumbradas a ritmos modestos, se sitúan claramente por debajo de la tendencia habitual de la economía mundial, que en lo que va de siglo ha superado con frecuencia el 3% anual salvo en episodios excepcionales como la crisis financiera o la pandemia.
El escenario central que maneja la OCDE es menos severo y parte de la hipótesis de que los precios de la energía comiencen a moderarse a partir de mediados de este año, algo que solo se contempla en caso de alcanzarse una paz estable. Bajo ese supuesto, la economía global crecería un 2,8% en 2026 y un 3,1% en 2027. La diferencia entre ambos escenarios supone una pérdida acumulada de cerca de dos puntos de PIB mundial en dos años, equivalente a más de dos billones de euros, una cantidad superior al valor anual de todos los bienes y servicios producidos por España.
La enorme volatilidad del contexto geopolítico está obligando a organismos internacionales y servicios de análisis a trabajar con distintos escenarios para evitar que las previsiones queden rápidamente desfasadas. La OCDE refleja esa incertidumbre de forma explícita: los términos "incierto" e "incertidumbre" aparecen 140 veces a lo largo de las casi 300 páginas del informe.
El impacto económico no será homogéneo. La OCDE identifica como principales perjudicados a Asia, por su fuerte dependencia energética de Oriente Próximo, y a los países del golfo Pérsico, afectados tanto por el bloqueo del estrecho de Ormuz como por los elevados costes de reconstrucción de infraestructuras energéticas dañadas. No obstante, el organismo advierte de que Europa y Norteamérica tampoco quedarán al margen. El aumento de la inflación, los problemas de suministro, el endurecimiento de las condiciones financieras y el deterioro de la confianza podrían frenar notablemente la actividad económica en ambas regiones.
Entre los datos más relevantes destaca la desaceleración prevista para China e India. En el caso chino, el crecimiento se situaría en el 4,5% este año y en el 4,3% el próximo, por debajo del 5% registrado recientemente y muy lejos de las tasas medias cercanas al 7% de la década anterior a la pandemia.
La OCDE advierte además de que las economías emergentes importadoras de materias primas serán especialmente vulnerables, ya que tienen menos capacidad para asegurar suministros energéticos o proteger a hogares y empresas mediante ayudas públicas. Son países sin recursos energéticos propios y con un margen fiscal limitado para aplicar medidas de apoyo similares a las adoptadas en España.
El informe dibuja además un posible círculo vicioso: la guerra impulsaría la inflación, lo que llevaría a los bancos centrales a mantener o elevar los tipos de interés, encareciendo la financiación y debilitando la inversión y el consumo. Según las previsiones de la OCDE, la inversión empresarial podría caer cerca de un 5% en la segunda mitad de 2027 respecto a un escenario de perturbación temporal.
La inteligencia artificial tampoco escaparía al impacto económico. El encarecimiento de la energía elevaría el coste de funcionamiento de los centros de datos y complicaría el acceso a componentes estratégicos utilizados en los sistemas de IA. Además, la escasez de materias primas como el helio, esencial para la fabricación de microchips avanzados, podría ralentizar el desarrollo del sector. Todo ello reduciría tanto la capacidad como los incentivos para seguir invirtiendo en inteligencia artificial, especialmente en las economías que actualmente dependen del impulso de esta industria.
En el caso de España, la OCDE mejora ligeramente sus previsiones de crecimiento respecto al informe de marzo. El organismo calcula ahora que el PIB avanzará un 2,2% en 2026, una décima más que en la estimación anterior y en línea con las previsiones del Gobierno. El crecimiento español seguiría muy por encima del previsto para Alemania, Francia o Italia. Para 2027 mantiene la previsión en el 1,7%.
La economía española continúa mostrando una mayor capacidad de resistencia frente al deterioro internacional y es la única gran economía de la eurozona que mejora sus perspectivas. La OCDE considera que el crecimiento seguirá apoyado principalmente en la demanda interna, gracias al dinamismo del empleo, al consumo privado y a las inversiones vinculadas a los fondos europeos. En cambio, se muestra menos optimista sobre el sector exterior, ya que el incremento de las importaciones asociado al crecimiento interno no será compensado plenamente por la demanda internacional.
Respecto a la inflación, el organismo prevé que España mantenga tasas relativamente elevadas durante los próximos años. El IPC armonizado alcanzaría el 3,3% en 2026 y el 2,9% en 2027, aún por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo, aunque por debajo de la media del G-20. La OCDE destaca que desde finales de febrero han aumentado de forma notable los precios del petróleo, el gas, los derivados energéticos y fertilizantes como la urea.
Las rebajas fiscales destinadas a amortiguar el impacto energético ayudarán a contener parcialmente el golpe sobre los hogares, aunque la OCDE, al igual que el FMI, considera preferible que esas ayudas estén focalizadas en los colectivos más vulnerables y tengan carácter temporal, para limitar su impacto sobre las cuentas públicas.
Pese al incremento del gasto derivado de estas medidas, el organismo prevé que la deuda pública española continúe reduciéndose gracias al crecimiento económico. La ratio de deuda bajaría al 98,5% del PIB en 2026 y al 97,3% en 2027. También se espera una mejora adicional del mercado laboral, con una tasa de paro por debajo del 10% el próximo año.
Aunque las perspectivas para España son relativamente favorables en comparación con las de otras grandes economías, la OCDE insiste en que el país debería aprovechar el actual ciclo de crecimiento para reforzar su margen fiscal y prepararse para futuros shocks y para el envejecimiento de la población, un fenómeno que incrementará la presión sobre el gasto en sanidad y pensiones. Además, considera necesario impulsar reformas orientadas a elevar la productividad de la economía.
Las tensiones inflacionistas continúan marcando el comportamiento de los mercados y siguen lejos de disiparse. El esperado acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permitiría normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz sigue sin concretarse y, conforme se prolonga el conflicto, aumenta la presión sobre los precios de la energía. El encarecimiento del petróleo y del gas vuelve a alimentar el temor a que el impacto termine extendiéndose al conjunto de la economía, lo que refuerza las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. En este escenario, el Tesoro español mantiene un ritmo sólido de financiación y ha inaugurado junio con una colocación de 6.481,63 millones de euros en letras a seis y doce meses, apenas una semana después de realizar la tercera emisión sindicada del año.
Las perspectivas de tipos más elevados y de una inflación persistente están impulsando las rentabilidades ofrecidas por la deuda pública, especialmente atractivas para los perfiles más conservadores interesados en preservar capital con un riesgo limitado. En las letras a seis meses, la rentabilidad marginal alcanzó el 2,398%, el nivel más elevado desde enero de 2025.
A estas rentabilidades se suma la percepción positiva sobre la economía española, considerada una de las más dinámicas de la eurozona, lo que continúa favoreciendo el interés por la deuda soberana nacional. La demanda conjunta de ambas referencias ascendió a 12.297,45 millones de euros, casi el doble de la oferta disponible, en línea con el comportamiento observado en las subastas celebradas durante el año.
El interés inversor es amplio, aunque el freno en la caída de las rentabilidades, iniciado tras las primeras bajadas de tipos, ha vuelto a atraer especialmente a los pequeños ahorradores hacia las letras del Tesoro. Las peticiones no competitivas, protagonizadas en gran medida por inversores minoristas, alcanzaron los 2.727,8 millones de euros. Aunque la deuda soberana se ha visto penalizada desde el estallido del conflicto bélico, los plazos más cortos siguen percibiéndose como activos relativamente estables y menos volátiles. Además, el menor tiempo de inmovilización del dinero y la ausencia de vinculaciones típicas de algunos productos bancarios siguen reforzando su atractivo entre quienes buscan rentabilidad adicional con bajo riesgo. No obstante, los rendimientos siguen situándose por debajo de la inflación, que alcanzó el 3,2% el mes pasado.
La mayor parte de la emisión correspondió a las letras a doce meses, con un importe adjudicado de 4.500 millones de euros. Su rentabilidad marginal quedó en el 2,567%, todavía en niveles considerados atractivos, aunque por debajo del 2,651% registrado en la subasta anterior, celebrada cuando los mercados comenzaron a anticipar posibles subidas de tipos del Banco Central Europeo en un contexto de petróleo próximo a los 110 dólares por barril.
Aunque el precio del crudo sigue generando inquietud, las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticando a Israel por incumplir el alto el fuego, han alimentado de nuevo las expectativas de una posible resolución próxima del conflicto. En este contexto, la demanda de los pequeños inversores para las letras a doce meses aumentó en más de 500 millones de euros, hasta alcanzar los 1.648,67 millones, superando incluso las cifras registradas a comienzos de 2024, cuando las rentabilidades rondaban el 4% y los tipos oficiales del BCE se situaban en el 4,5%.
Por su parte, las letras a seis meses absorbieron los 1.981,63 millones restantes. La rentabilidad marginal subió de forma más moderada que en las dos subastas anteriores, hasta el 2,398%, máximos desde enero de 2025. La demanda minorista superó los 1.079 millones, ligeramente por debajo de los 1.277 millones registrados en la emisión precedente.
La próxima prueba para el Tesoro llegará este jueves, cuando acudirá de nuevo al mercado con emisiones de deuda a medio y largo plazo. El organismo prevé captar entre 4.750 y 6.250 millones de euros mediante bonos a tres años y obligaciones a cinco y quince años, además de deuda vinculada a la inflación.
En un entorno condicionado por la incertidumbre geopolítica y la persistencia de las presiones inflacionistas, el Tesoro continuará poniendo a prueba el apetito de los inversores, en un momento en el que la relación entre rentabilidad y riesgo adquiere una relevancia creciente. La evolución del conflicto y su efecto sobre los mercados energéticos seguirán siendo determinantes para el comportamiento de los tipos de interés y de la inversión en los próximos meses.
España, Francia e Italia consideran necesario limitar el alcance de actuación del Banco Central Europeo (BCE) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para favorecer la competitividad de la banca europea. Así lo recogen en un documento conjunto, al que ha accedido EXPANSIÓN, con el que buscan coordinar una posición común de cara a la próxima reforma del marco bancario europeo.
Los tres países alertan de que las entidades financieras de la Unión Europea están soportando una creciente "inflación regulatoria", una expresión utilizada desde hace tiempo por el sector para denunciar la acumulación de normas y exigencias técnicas que, según sostienen, exceden lo establecido por la legislación comunitaria.
En el informe, España, Francia e Italia subrayan que una parte cada vez más amplia de la regulación procede de los desarrollos técnicos de la EBA -conocidos como normas de nivel 2-, así como de las orientaciones y recomendaciones supervisoras del BCE, encuadradas en el denominado nivel 3.
Para frenar este aumento de requisitos, los tres países reclaman que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE asuman un papel más activo en la supervisión de los estándares técnicos elaborados por la EBA. Además, piden evaluaciones de impacto más completas antes y después de desarrollar la normativa bancaria, teniendo en cuenta factores como la acumulación de cargas regulatorias y la comparación con otros mercados internacionales. El documento también plantea que esos análisis puedan ser elaborados por expertos independientes o académicos especializados en el sector financiero.
Respecto al BCE y sus directrices supervisoras, aunque estas no son legalmente vinculantes, los países advierten de que en la práctica pueden actuar como regulaciones encubiertas, difíciles de interpretar, costosas de aplicar y susceptibles de generar diferencias de criterio. A su juicio, esta situación incrementa la inseguridad jurídica y añade exigencias que van más allá de lo previsto inicialmente.
Los ministros de España, Francia e Italia defienden que los supervisores deban justificar que sus recomendaciones se limitan estrictamente a lo necesario para controlar riesgos y preservar la estabilidad financiera. Asimismo, consideran que debería ser obligatorio abrir procesos de consulta antes de imponer modificaciones en las prácticas corporativas de los bancos.
Entre las propuestas incluidas en el texto figura también la creación de una Junta Europea de Estabilidad Financiera y Competitividad, concebida como un órgano asesor independiente encargado de emitir recomendaciones no vinculantes al Consejo de Supervisión del BCE y a la Junta Única de Resolución (JUR), con el fin de garantizar una visión más amplia sobre el impacto de las decisiones regulatorias en el sector bancario.
Además, España, Francia e Italia abogan por reconocer expresamente en la legislación el derecho de las entidades financieras a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las directrices generales de los supervisores, reforzando así el control judicial sobre las autoridades bancarias. Aunque actualmente el TJUE ya permite impugnar determinadas decisiones del BCE, esta vía apenas se utiliza dentro de la UE.
"El uso de directrices y expectativas supervisoras puede contribuir a la convergencia, pero no debería derivar en un sistema paralelo de obligaciones", señalan los tres países, que consideran que el exceso de complejidad regulatoria genera costes innecesarios, resta seguridad jurídica, incrementa las cargas de cumplimiento y limita recursos que podrían destinarse a la financiación y la innovación.
Por el momento, tanto el BCE como la EBA han evitado pronunciarse sobre este documento, ya que se trata de una propuesta aún en fase de elaboración y que no ha sido difundida oficialmente.
El Consejo de Ministros aprobó este martes una aportación de 260 millones de euros para Casa 47 con el objetivo de impulsar 22 nuevos proyectos residenciales repartidos por distintas comunidades autónomas. Estas actuaciones contemplan la construcción de 1.629 viviendas asequibles, según informó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
La financiación se canaliza mediante una nueva adenda al convenio firmado entre el ministerio encabezado por Isabel Rodríguez y la entidad pública. Con esta nueva inyección económica, el volumen total de recursos destinados por el Estado a la promoción de vivienda asequible asciende ya a 2.080 millones de euros. En total, el programa acumula 68 proyectos activos y más de 3.000 viviendas previstas, con la intención de aumentar la oferta residencial y contribuir a aliviar los problemas de acceso a la vivienda.
Desde el ministerio destacan que esta nueva tanda de ayudas refuerza una de las principales líneas de actuación de Casa 47, organismo presentado a finales del pasado año para liderar la promoción pública de vivienda. Desde entonces, el Ejecutivo ha ido ampliando progresivamente su capacidad financiera para desarrollar proyectos en todo el territorio nacional.
De las 68 actuaciones actualmente en marcha, 44 corresponden a proyectos de construcción residencial, con una previsión de 3.266 viviendas, mientras que las 24 restantes se centran en la urbanización de suelos con capacidad potencial para levantar hasta 22.000 viviendas adicionales, según fuentes ministeriales.
Los 22 proyectos aprobados este martes se distribuyen entre distintos municipios de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia. Entre las localidades beneficiadas figuran Gines, Granada, Roquetas de Mar, Gijón, Puerto del Rosario, Ávila, León, Valladolid, Talavera de la Reina, Girona, Roda de Barà, Santa Coloma de Gramenet, Castellón, Alicante, Ibi, Badajoz, Cáceres, A Coruña, Carballo, Lugo, Logroño y Murcia.
El Ejecutivo subraya además que estas promociones se complementarán con la rehabilitación y puesta en uso de 40.000 viviendas procedentes de la Sareb y de otros organismos públicos, que se irán incorporando al mercado una vez reúnan las condiciones adecuadas de habitabilidad.
Por otra parte, la ministra llevó también al Consejo de Ministros el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas para distribuir los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. Según explicó Rodríguez, las autonomías dispondrán desde julio de un primer desembolso de 800 millones para iniciar sus proyectos residenciales. El modelo de financiación establece que el Estado asumirá el 60% del coste, mientras que las comunidades aportarán el 40% restante.
En paralelo, continúa desarrollándose la convocatoria piloto para adjudicar 171 viviendas, mientras se prepara una nueva fase que incluirá más de 600 inmuebles adicionales, que estarán disponibles a través del portal del inquilino. Asimismo, Casa 47 avanza en su primera oferta pública de adquisición de viviendas, con una inversión prevista de 100 millones de euros destinada a incorporar inmuebles procedentes de particulares y fondos de inversión.
Desde el Ministerio de Vivienda consideran que Casa 47 constituye un elemento esencial en el cambio de enfoque de las políticas públicas de vivienda, al tratar de corregir una de las principales debilidades históricas de España respecto a otros países europeos: la escasez de parque público residencial capaz de influir en el mercado privado.
Las viviendas gestionadas por este organismo estarán destinadas al alquiler asequible, con rentas que no superen el 30% de los ingresos de los inquilinos, y contarán con contratos de larga duración que podrán extenderse hasta 75 años.
Madrid y Cataluña, los dos grandes mercados inmobiliarios del país, ya superan los 10.000 euros de deuda media vinculada a los impagos en el alquiler residencial. Madrid ha rebasado recientemente ese umbral y cerró 2025 con una morosidad media de 10.420 euros, según la Radiografía del alquiler en Madrid elaborada por el Observatorio del Alquiler. Aun así, Cataluña continúa encabezando la clasificación nacional, con una deuda media de 11.619 euros.
El estudio alerta de que los impagos se están consolidando como uno de los principales riesgos del mercado del alquiler madrileño, en un escenario caracterizado por la falta de oferta, una demanda en máximos históricos y un encarecimiento continuado de las rentas. En Cataluña, además, la morosidad sigue aumentando a ritmos superiores al 4% anual y alcanza importes equivalentes a más de siete mensualidades de alquiler.
En el caso de Madrid, el incremento de la deuda por impagos alcanza el 18% respecto a 2024, situando a la comunidad como el sexto territorio español donde más crece este fenómeno. El Observatorio atribuye este deterioro a la pérdida de capacidad económica de los hogares y al elevado esfuerzo financiero que supone acceder a una vivienda de alquiler en la región.
Actualmente, los madrileños destinan de media el 36% de sus ingresos netos al pago de la vivienda arrendada, claramente por encima del límite del 30% que los expertos consideran recomendable. Aunque este porcentaje es ligeramente inferior al 38% registrado un año antes, el informe sostiene que la reducción no responde a una mejora salarial, sino a que muchas familias están alcanzando su límite de capacidad de pago.
La situación financiera de los potenciales inquilinos también preocupa. Según un informe del Departamento de Riesgo de Alquiler Seguro al que ha tenido acceso elEconomista.es, el 56% de los hogares que buscan vivienda en alquiler en Madrid presenta algún nivel de riesgo de impago. Dentro de ese grupo, un 25% se encuentra en una situación de riesgo muy elevado y, además, un 9% acumula incidencias en registros de morosidad y solvencia, lo que representa el escenario más delicado.
Este aumento de la deuda coincide con un fuerte incremento de los precios del alquiler. La renta media en Madrid ha pasado de 1.156 euros mensuales en 2019 a 1.606 euros en el primer trimestre de 2026. La subida acumulada, cercana al 40% en siete años, ha tensionado las economías familiares en un contexto en el que los salarios no han evolucionado al mismo ritmo. El informe destaca que la deuda media acumulada equivale ya a entre seis y siete meses de alquiler, lo que incrementa la percepción de riesgo entre los propietarios y afecta directamente a la oferta disponible.
El Observatorio señala que la evolución de la morosidad influye de forma decisiva en la decisión de muchos propietarios de mantener o retirar viviendas del mercado del alquiler de larga duración. Parte de ellos opta por destinar los inmuebles a otros usos o incluso mantenerlos vacíos por temor a sufrir impagos.
El estudio recuerda además que el mercado español del alquiler está dominado por pequeños propietarios particulares, que representan el 93,4% del total. En muchos casos, se trata de ahorradores que dependen de esos ingresos para complementar salarios o pensiones. La combinación de impagos crecientes, precios récord y escasez de oferta está reforzando así el desequilibrio estructural del mercado madrileño. Mientras la demanda continúa disparada, con 118 personas interesadas por cada vivienda disponible en apenas diez días, la oferta sigue lejos de recuperar los niveles anteriores a la pandemia.
El informe advierte de que la situación podría agravarse en los próximos años debido al crecimiento demográfico previsto para la región. Las estimaciones del INE apuntan a que Madrid incorporará cerca de 576.000 nuevos hogares hasta 2039, lo que aumentará todavía más la presión sobre un parque de vivienda ya insuficiente.
La tensión del mercado ya no se limita a la capital ni a las zonas tradicionalmente más exclusivas. La presión se está desplazando hacia el sur metropolitano, donde municipios como Getafe, Parla, Móstoles y Leganés se han convertido en algunos de los puntos más saturados de la comunidad. Getafe encabeza la clasificación con 133 interesados compitiendo por cada vivienda disponible en apenas diez días, seguido de Parla y Móstoles con 132, y Leganés con 126.
El indicador utilizado por el informe refleja el fuerte desequilibrio existente entre oferta y demanda. Los expertos consideran que un mercado equilibrado debería registrar alrededor de 15 interesados por vivienda, mientras que Madrid multiplica ya casi por ocho esa referencia. Incluso la capital, con 106 interesados por inmueble, presenta niveles de presión inferiores a varios municipios periféricos.
El fenómeno evidencia cómo muchas familias están abandonando las zonas más caras y trasladando la demanda hacia localidades tradicionalmente más asequibles. Sin embargo, el sur de Madrid tampoco dispone de suficiente oferta para absorber ese incremento de población, lo que está provocando nuevas subidas de precios. En municipios como Móstoles, Leganés, Pinto o Valdemoro, el alquiler medio mensual ronda ya los 1.130 euros.
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