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(Cinco Días, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El plan para desarrollar las redes eléctricas en alta tensión incluye inversiones de 17.000 millones a 2030

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que la nueva planificación de la red de transporte eléctrico hasta 2030 contempla una inversión superior a los 17.000 millones de euros, lo que supondría el mayor esfuerzo inversor realizado hasta ahora en las redes eléctricas españolas. La cifra supera en un 30% la prevista inicialmente y multiplica por más de dos la contemplada en la planificación actualmente vigente. El incremento responde, según el Gobierno, al fuerte aumento de las solicitudes relacionadas con la electrificación de la economía, desde los puertos y la industria hasta las nuevas actividades productivas y el parque residencial. El Consejo de Ministros aprobó a finales de julio el real decreto que regula los planes de inversión de las redes de transporte y que eleva la inversión prevista hasta los 17.900 millones de euros. La propuesta inicial contemplaba 13.600 millones para atender las necesidades del sistema y cumplir los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, pero las 2.566 alegaciones recibidas durante el proceso de audiencia han llevado a incrementar el volumen previsto. Dentro de esta ampliación, las redes de distribución podrán contar con hasta 10.200 millones de euros adicionales, mientras que las redes de transporte de alta tensión gestionadas por Red Eléctrica dispondrán de hasta 7.700 millones más, dependiendo de la planificación definitiva que apruebe el Ejecutivo. La creciente demanda eléctrica se ha convertido en uno de los principales factores que están condicionando esta planificación. Según los datos del Ministerio, las solicitudes vinculadas al consumo representan el 41% del total, frente al 40% correspondiente a nuevos proyectos de generación y el 19% al almacenamiento. Tras el periodo de alegaciones, las posiciones de la red de transporte destinadas a atender nuevas demandas en las redes de distribución han aumentado un 52%, hasta situarse en 300, mientras que las posiciones destinadas al consumo directo en la red de transporte han crecido un 12%, hasta las 162. También se han reforzado las infraestructuras vinculadas al transporte ferroviario y la electrificación de los puertos, con un incremento del 75% y 59 posiciones previstas. El refuerzo de la red también se traducirá en un aumento de las infraestructuras físicas. El número de subestaciones contempladas se eleva un 17%, hasta 193, mientras que la longitud de las nuevas líneas eléctricas previstas aumenta un 11%, hasta alcanzar los 6.706 kilómetros. A ello se suma un incremento del 6% en las redes existentes que serán repotenciadas, hasta llegar a 8.164 kilómetros. El conjunto de actuaciones pretende responder al fuerte crecimiento de la demanda eléctrica y facilitar la incorporación de nuevas actividades industriales y servicios que requieren un mayor acceso a la red.

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(Expansión, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed desafía a Trump y sube tipos, por primera vez en tres años, al 4%

La Reserva Federal ha optado este miércoles por elevar los tipos de interés por primera vez en más de tres años, en una decisión que supone un nuevo pulso con Donald Trump, que había reclamado insistentemente una reducción del precio del dinero. Bajo la presidencia de Kevin Warsh, cercano al presidente estadounidense, el banco central ha aumentado los tipos en 25 puntos básicos, hasta situarlos en una horquilla del 3,75% al 4%, con el objetivo de contener la persistencia de la inflación. La decisión estaba ampliamente anticipada por los mercados, ya que alrededor del 90% de los inversores esperaba este movimiento, aunque contrasta con las presiones de la Casa Blanca para que la institución monetaria optara por recortar los tipos. La reunión celebrada esta semana representaba además la primera prueba relevante para Warsh desde que Trump lo situó al frente de la Reserva Federal el pasado mes de mayo, en sustitución de Jerome Powell. Su actuación estaba especialmente vigilada después de que, en las dos primeras reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto que presidió, mantuviera sin cambios los tipos. Bank of America había advertido de que esta cita podía ser determinante para su credibilidad al frente del banco central. El incremento, desde el anterior intervalo del 3,5%-3,75% hasta el 3,75%-4%, fue aprobado por unanimidad, con los 12 miembros del comité respaldando la medida. La Reserva Federal no elevaba los tipos desde julio de 2023, hace 38 meses. En la rueda de prensa posterior al encuentro, Warsh explicó que la decisión se ha adoptado teniendo en cuenta los distintos shocks y niveles de incertidumbre existentes en el escenario geopolítico, pero también la fortaleza que continúa mostrando la economía estadounidense. El presidente de la Fed defendió que mantener el foco en la estabilidad de precios puede contribuir a mejorar el comportamiento de la economía y recalcó que la inflación continúa siendo demasiado elevada y lleva demasiado tiempo por encima de los niveles deseados. La Reserva Federal señaló que la inflación sigue situada en niveles elevados y consideró que la decisión adoptada permitirá acelerar su retorno al objetivo del 2%. Al mismo tiempo, destacó que la actividad económica mantiene un ritmo de expansión sólido. Aunque la incertidumbre continúa siendo elevada, en parte por la situación geopolítica, el consumo interno mantiene su fortaleza, la productividad avanza a buen ritmo y la inversión empresarial continúa siendo consistente. El mercado laboral también presenta estabilidad, con un crecimiento del empleo que sigue en línea con el aumento de la población activa y una tasa de paro que apenas ha experimentado cambios. Las primeras señales que apuntaron a una posible subida de los tipos habían llegado del propio Warsh durante su intervención en agosto en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole. En aquella ocasión defendió que el objetivo de inflación del 2% constituye una referencia fundamental para la Reserva Federal y dejó abierta la posibilidad de actuar si la evolución de los precios no mostraba una mejora clara. Las expectativas se reforzaron posteriormente con la publicación de los datos de inflación correspondientes a agosto. El índice de precios al consumo volvió a mostrar resistencia a la moderación que se había observado durante los meses anteriores, con una tasa interanual del 3,4%, prácticamente igual a la registrada en julio, y un incremento mensual de cuatro décimas. La evolución de la energía ha añadido presión al escenario inflacionista, con el precio del petróleo por encima de los 100 dólares en un contexto de tensión entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz. En Estados Unidos, el precio de la gasolina ha superado los cuatro dólares por galón y el diésel se encuentra en niveles máximos. Incluso excluyendo el efecto de la energía y de los alimentos no elaborados, la inflación subyacente apenas se redujo una décima en agosto, hasta el 2,4%. El comportamiento del mercado laboral también ha influido en la decisión. En agosto se crearon 162.000 empleos, una cifra que triplicó las previsiones de los analistas. Trump utilizó este dato para defender la conveniencia de reducir los tipos, mientras que los mercados interpretaron la fortaleza de la contratación como un margen adicional para que la Reserva Federal endureciera su política monetaria sin generar un deterioro significativo del empleo. A este escenario se añade el encarecimiento de la financiación del Gobierno estadounidense. Los inversores han comenzado a exigir mayores rentabilidades para comprar deuda del Tesoro, en parte como protección frente al riesgo de que la inflación permanezca elevada. Como consecuencia, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años ha superado el 5%, situándose en niveles que no se alcanzaban desde 2007.

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(Expansión, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Congreso tumba la ley de "lobbies" y anula el nuevo registro de grupos de interés

El Gobierno no ha logrado reunir en el Congreso los votos necesarios para convalidar el real decreto-ley aprobado a finales de agosto, una situación que podría tener consecuencias sobre una parte del último desembolso de los fondos europeos. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 25 de agosto, incluía la regulación de los grupos de interés y pretendía garantizar el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por España ante Bruselas. La oposición de PP, Vox y Junts ha provocado que el Ejecutivo tenga que asumir el incumplimiento de este hito y revisar sus expectativas respecto al último pago de los fondos europeos, cuyo importe total asciende a 26.000 millones de euros. Aplicando de forma orientativa la metodología de la Comisión Europea para calcular las reducciones asociadas a compromisos no cumplidos, España podría afrontar una merma de hasta 1.500 millones de euros. No obstante, fuentes del Gobierno apuntan a que el impacto final podría ser inferior, ya que el mecanismo contempla ajustes en función de la relevancia del objetivo incumplido. La votación también supone que deja de estar vigente la regulación de los grupos de interés incluida en el decreto. Antes de la votación, el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, había intentado recabar apoyos parlamentarios ofreciendo revisar el texto antes de octubre y estudiar la posibilidad de excluir del registro a las organizaciones empresariales y sindicales. La propuesta no consiguió modificar la posición del Partido Popular. Su portavoz, Edurne Uriarte, defendió que rechazar el real decreto no equivalía a oponerse a una regulación de los grupos de interés y cuestionó la necesidad de aprobarla mediante un decreto-ley. El PP planteó continuar con la tramitación del proyecto de ley remitido al Congreso en 2025, cuya aprobación atribuye a la falta de iniciativa del Ejecutivo. Con el rechazo parlamentario, también queda sin efecto el registro estatal de grupos de interés que había comenzado a funcionar apenas una semana antes. La regulación obligaba a inscribirse a las entidades que mantuvieran contactos con representantes políticos o altos cargos de la Administración General del Estado. Durante los primeros días de funcionamiento habían presentado solicitudes varias compañías de relevancia, entre ellas Renault, Tesla, Enagás, Danone, Exolum, Feníe Energía y HP. La regulación de los grupos de interés ha generado posiciones enfrentadas entre los distintos sectores implicados. Las organizaciones empresariales y sindicales se han mostrado especialmente críticas con la obligación de inscribirse en el registro. Los sindicatos consideran que incluir a los agentes sociales supone no tener en cuenta las funciones de representación que tienen reconocidas constitucionalmente. Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, había anunciado que la organización empresarial interrumpiría sus contactos con el Gobierno hasta conocer el resultado de la votación. Las grandes empresas del Ibex 35 tampoco habían manifestado públicamente una oposición general al decreto, aunque el hecho de que ninguna se hubiera registrado durante su primera semana de vigencia fue interpretado como una señal de rechazo a la nueva regulación. Desde el sector profesional dedicado a las relaciones institucionales, la valoración ha sido diferente. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (Apri) considera que la derogación supone perder una oportunidad para dotar de mayor transparencia y seguridad jurídica a las relaciones entre el sector privado y las administraciones públicas. Su presidente, Carlos Parry, ha defendido la necesidad de que España disponga de una regulación estatal estable y ha reclamado que se reanude cuanto antes la negociación para alcanzar una norma con un respaldo parlamentario amplio. La asociación sostiene además que el decreto ahora derogado incorporaba buena parte de las propuestas planteadas por los grupos parlamentarios y se ajustaba a los estándares europeos. Entre sus elementos figuraban la gestión del registro por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la posibilidad de interoperabilidad con los registros de grupos de interés que ya funcionan en determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos.

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(El País, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Competencia entra en la batalla de los centros de datos en plena ofensiva del sector contra el Gobierno

La autoridad de competencia prepara su entrada en el conflicto generado por las nuevas exigencias que el Gobierno plantea para los centros de datos en España, una regulación que ha provocado una fuerte reacción entre las grandes empresas tecnológicas, entre ellas Amazon, Microsoft y Google. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ultima un informe sobre el proyecto de real decreto que el Ejecutivo tramita desde finales de agosto, después de haber recabado las aportaciones de algunos de los principales sectores afectados. El regulador está recopilando las observaciones realizadas en el Consejo Consultivo de Electricidad, en el que participan expertos de la CNMC, representantes de las administraciones, agentes del sector eléctrico y miembros de la sociedad civil. Concluido el plazo para presentar aportaciones el 15 de septiembre, la CNMC deberá elaborar un informe sobre la norma. Aunque sus conclusiones no tendrán carácter vinculante para el Gobierno, el documento constituye uno de los trámites preceptivos de la tramitación y será una de las primeras actuaciones relevantes del nuevo presidente de la CNMC, Juan José Ganuza. Uno de los principales puntos de fricción se encuentra en el reparto de competencias sobre el acceso y la conexión a la red eléctrica. Desde el sector de los centros de datos consideran que el proyecto atribuye al Ministerio competencias que corresponderían a la CNMC como organismo regulador independiente. SpainDC, asociación que representa a las principales empresas tecnológicas, ha planteado esta cuestión en sus alegaciones y cuestiona que el Ministerio intervenga en materias relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética que, a su juicio, están legalmente atribuidas a la Comisión. El debate competencial tampoco es nuevo. Expertos jurídicos consultados consideran que existe una zona de solapamiento entre las atribuciones del Ministerio y las de la CNMC en las materias contempladas en el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico. El Consejo de Estado, por su parte, ha mantenido en anteriores ocasiones una interpretación que concede un peso relevante a las competencias del Ministerio, aunque dentro de la CNMC también existen posiciones favorables a una interpretación más amplia de las funciones de la Comisión. La cuestión adquiere especial importancia porque afecta directamente a la política energética y a la ordenación del acceso a unas redes eléctricas cada vez más demandadas. Al mismo tiempo, distintos sectores industriales han presentado alegaciones contra el proyecto de real decreto por el impacto que podría tener el crecimiento de los centros de datos sobre la disponibilidad y el coste de la electricidad. Industrias como la metalurgia, la automoción, la química o la fabricación de azulejos reclaman que se preserve su acceso a la red frente a la creciente demanda asociada a la inteligencia artificial y advierten del riesgo de pérdida de competitividad si los centros de datos concentran una parte significativa de la capacidad disponible. Los propios operadores de centros de datos rechazan estas críticas y consideran que las nuevas condiciones suponen un trato diferencial. Entre las principales obligaciones planteadas por el Gobierno figura que estas instalaciones cubran con energías renovables el 80% de su consumo y que puedan acreditar ese suministro hora a hora. SpainDC y algunas empresas del sector consideran que este requisito presenta importantes dificultades técnicas y económicas, especialmente porque limita la posibilidad de compensar el consumo nocturno exclusivamente con generación fotovoltaica. La asociación sostiene que los proyectos previstos durante los próximos cuatro años supondrán alrededor de 3 GW de potencia, equivalente, según sus cálculos, al 0,8% del consumo eléctrico nacional. Sus representantes defienden que los centros de datos deben ser considerados un consumidor más y comparan su demanda con la de otros sectores electrointensivos que no están sometidos a obligaciones similares. El Gobierno, por su parte, ha mantenido la necesidad de garantizar que el despliegue de estas infraestructuras no termine trasladando costes adicionales al conjunto de los consumidores. La tramitación del real decreto ha recibido más de 600 alegaciones y el Ejecutivo ha mostrado disposición a estudiar modificaciones en algunos de los requisitos más exigentes. Sin embargo, mantiene por ahora el objetivo de que los centros de datos cubran el 80% de su consumo mediante energías renovables y puedan demostrarlo con carácter horario. El desacuerdo ha llevado ya a varios desarrolladores a plantearse la paralización de proyectos si la regulación se aprueba sin cambios y SpainDC advierte de posibles reclamaciones económicas, al considerar que están en juego inversiones cercanas a los 67.000 millones de euros hasta 2030. Las grandes compañías tecnológicas están intensificando mientras tanto sus actuaciones ante las distintas instituciones implicadas en la tramitación. La asociación que representa a empresas como Amazon, Microsoft y Google ha trasladado sus alegaciones al Consejo de Estado, que deberá pronunciarse antes de que el proyecto llegue al Consejo de Ministros, y también ha hecho llegar sus planteamientos a la nueva dirección de la CNMC. El conflicto queda así abierto en varios frentes, desde el reparto de competencias regulatorias hasta el acceso a la red y las condiciones energéticas que deberán asumir los centros de datos en España.

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(El País, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump amenaza con “cortar el comercio” si la UE se asocia con Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a elevar la tensión comercial con la Unión Europea al advertir de que podría imponer "elevados aranceles" al bloque si la UE avanza en sus planes para reforzar su relación con Canadá. El mandatario estadounidense incluso planteó la posibilidad de llegar a interrumpir el comercio con Europa en determinados ámbitos. Trump realizó estas declaraciones ante los periodistas después de aterrizar en Charlotte, Carolina del Norte, donde tenía previsto participar en un mitin. Como en anteriores ocasiones, lanzó la advertencia sin concretar qué medidas adoptaría ni cuáles serían las condiciones que podrían desencadenarlas, en un contexto marcado ya por las tensiones comerciales entre Estados Unidos, Europa y Canadá. Las palabras del presidente estadounidense se produjeron pocas horas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara su intención de estrechar los vínculos con Canadá y planteara la posibilidad de que el país norteamericano se convierta en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea. La iniciativa responde también al interés expresado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, por establecer una relación específica con la UE. Canadá busca reforzar sus alianzas internacionales en un momento de creciente presión comercial por parte de Estados Unidos, mientras Trump ha formulado en distintas ocasiones propuestas que cuestionan incluso la relación política tradicional entre ambos países vecinos. "Canadá ha sido un socio comercial pésimo", afirmó Trump ante los medios de comunicación. El presidente estadounidense señaló que, si interpreta el acercamiento entre Canadá y la UE como un "acto hostil", podría responder con aranceles muy elevados contra Europa o incluso limitar el comercio con el bloque en diferentes sectores. Al mismo tiempo, matizó que no tendría por qué adoptar esas medidas si considera que la iniciativa europea responde a buenas intenciones. La cuestión ocupará previsiblemente un lugar destacado este jueves, cuando Carney intervenga ante el pleno del Parlamento Europeo en una comparecencia extraordinaria. Su visita se produce un día después de que Von der Leyen defendiera ante la Eurocámara la posibilidad de trabajar conjuntamente para facilitar que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión. La aproximación entre Ottawa y Bruselas se enmarca en un escenario internacional que Carney ya describió en febrero, durante el Foro de Davos, como una etapa de ruptura del orden mundial. El primer ministro canadiense advirtió entonces de que las relaciones entre las grandes potencias estaban entrando en una fase más imprevisible y defendió la necesidad de que las potencias medias, entre ellas Canadá, desarrollen una mayor capacidad para influir en la configuración del nuevo orden internacional. Carney sostuvo en aquella intervención que países como Canadá no deben considerarse impotentes ante estos cambios y que pueden contribuir a construir un marco internacional basado, entre otros principios, en los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

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(El Economista, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El ahorro aparcado en el banco tiene un coste: los europeos pierden 2,4 billones por no invertir

Una parte importante de los europeos continúa manteniendo sus ahorros en efectivo o en depósitos bancarios, al considerar que esta opción les garantiza disponer del dinero en cualquier momento. Sin embargo, esta estrategia también implica asumir el impacto de la inflación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Según un análisis de JP Morgan Asset Management, el coste de mantener el ahorro sin invertir desde 2020 podría ascender a 2,4 billones de euros. La estimación parte de los 2,8 billones de euros que los hogares europeos han acumulado en ahorro desde el inicio de la pandemia. Si ese dinero se hubiera destinado a acciones de compañías de todo el mundo y hubiera obtenido una rentabilidad equivalente a la registrada por el MSCI World, superior al 11% anualizado durante este periodo, el patrimonio podría haber alcanzado unos 5,4 billones de euros. En cambio, al permanecer principalmente en depósitos, su rentabilidad habría sido prácticamente nula, contribuyendo a elevar el volumen de dinero depositado en los bancos europeos hasta los 12,4 billones de euros. Este elevado peso del ahorro conservador explica parte del interés de las instituciones comunitarias por facilitar que los ciudadanos europeos canalicen una mayor proporción de sus recursos hacia la inversión. La Comisión Europea pretende impulsar instrumentos como las cuentas de inversión para trasladar parte de ese capital hacia las empresas y la economía productiva. La encuesta realizada por JP Morgan AM entre 17.000 hogares de Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España y Suecia apunta a que la falta de conocimientos financieros constituye uno de los factores que explican esta escasa participación en los mercados. El 27% de los encuestados afirma que mantiene la mayor parte de sus ahorros en efectivo, mientras que un 43% reconoce que no sabe cómo invertir o que ni siquiera se plantea hacerlo. El estudio también refleja determinadas percepciones sobre la rentabilidad de los productos financieros. Un 18% de los participantes considera que los activos líquidos pueden ofrecer una mayor rentabilidad a largo plazo, mientras que únicamente el 25% asegura disponer de un plan de ahorro definido. En España, este último porcentaje se reduce al 20%. Entre quienes sí han optado por invertir, las acciones y otros valores son los activos más habituales, presentes en el 20% de los casos, mientras que un 15% ha destinado sus recursos al mercado inmobiliario. Los planes de pensiones tienen una presencia menor, ya que solo el 10% de los encuestados dispone de uno. Esta situación está relacionada también con la ausencia de sistemas obligatorios de adscripción a planes de pensiones de empleo en buena parte de los países europeos. Las expectativas sobre las pensiones públicas también condicionan las decisiones de ahorro. El 30% de los participantes considera que los gobiernos podrán asumir el coste de las pensiones cuando llegue el momento de su jubilación, pese a las dificultades presupuestarias y los elevados niveles de deuda que afrontan numerosos Estados. Esta confianza es especialmente significativa en países como España, Italia y Francia. En paralelo, más de la mitad de los encuestados cree que podrá conservar su nivel de vida una vez jubilado. En España, esa proporción alcanza el 60%. Estos datos reflejan la confianza existente entre una parte relevante de los hogares en que las prestaciones públicas permitirán mantener unos ingresos suficientes durante la jubilación. JP Morgan AM plantea como una de las posibles vías para reforzar el ahorro a largo plazo la extensión de los sistemas de pensiones de empleo mediante fórmulas de adscripción automática, acompañada de una mejora de la educación financiera. En este último caso, la gestora señala que se trata de un proceso cuyos resultados solo pueden materializarse de forma gradual. La encuesta muestra además diferencias generacionales en las preferencias de inversión. Entre los menores de 35 años, los criptoactivos han adquirido una presencia destacada: un 10% de los participantes de este grupo de edad señala que las criptomonedas constituyen su principal producto de inversión.

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(Expansión, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

En vilo la ley de "lobbies" que pone en riesgo hasta 1.500 millones de fondos europeos

El Congreso de los Diputados afronta hoy la votación del real decreto-ley aprobado por el Gobierno en agosto para regular la actividad de los grupos de interés o lobbies. La iniciativa llega a la Cámara Baja sin contar con el respaldo de los sindicatos ni de la patronal, mientras Junts ha anticipado su voto en contra y el Partido Popular todavía mantiene abierta su posición. Entre tanto, más de 250 entidades, entre ellas asociaciones sectoriales, organizaciones profesionales, colectivos de consumidores y grandes compañías, ya se han incorporado al nuevo registro de grupos de interés. La votación resulta especialmente relevante para el último desembolso de los fondos europeos, ya que el decreto forma parte de los compromisos asumidos por España ante Bruselas. Si la norma no supera hoy el trámite de convalidación, España podría ver reducido el importe del último pago hasta en 1.500 millones de euros, según la metodología orientativa de la Comisión Europea para calcular las consecuencias económicas de los hitos incumplidos. No obstante, fuentes del Gobierno señalan que la cantidad final podría ser inferior en función de los ajustes previstos por el propio mecanismo europeo. El Ejecutivo aprobó el decreto el pasado 25 de agosto con el objetivo de cumplir los compromisos pendientes antes de solicitar el último desembolso, que se situaría en torno a los 26.000 millones de euros. Economía dispone hasta el 30 de septiembre para justificar el cumplimiento de los hitos y presentar la solicitud. Si finalmente el Congreso rechaza la regulación, el Gobierno tendría que modificar esa petición y podría optar a una cantidad máxima inferior, que llegaría hasta los 24.500 millones de euros. La Comisión Europea debería posteriormente evaluar la solicitud y efectuar el pago antes del 31 de diciembre, fecha en la que concluye el Plan de Recuperación puesto en marcha tras la pandemia. La propuesta también ha generado un fuerte rechazo entre los agentes sociales. UGT y CCOO consideran que incluir a las organizaciones sindicales en el registro, como condición para mantener reuniones con representantes políticos y altos cargos de la Administración, no tiene en cuenta las funciones representativas y constitucionales que desempeñan. Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, también ha cuestionado que la principal organización empresarial del país quede sometida a esta regulación y anunció la suspensión de las comunicaciones con el Gobierno hasta conocer el resultado de la votación parlamentaria. Desde el ámbito profesional del lobby, en cambio, la valoración del decreto es diferente. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales considera que el nuevo texto introduce mejoras respecto al proyecto de ley anterior. Entre ellas destaca la atribución de las funciones de supervisión y control a una autoridad independiente, que recaerían en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como la posibilidad de conectar el registro estatal con los existentes en comunidades autónomas y ayuntamientos. El sector considera especialmente importante esta interoperabilidad para evitar la proliferación de registros desconectados entre sí y una mayor carga burocrática. La regulación incorpora además buena parte de las propuestas planteadas durante la tramitación parlamentaria anterior y, según los profesionales del sector, se ajusta a los estándares europeos. El resultado de la votación determinará, por tanto, tanto el futuro inmediato del marco regulador de los grupos de interés como el cumplimiento de uno de los compromisos vinculados al cierre del Plan de Recuperación y al último desembolso de fondos europeos.

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(El País, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno zanja el pulso entre Aena y las aerolíneas con tarifas casi congeladas hasta 2031

El Consejo de Ministros ha recortado de forma sustancial la propuesta tarifaria planteada por Aena para el periodo 2027-2031 con la aprobación del tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III). El nuevo marco contempla un incremento de las tarifas aeroportuarias de apenas tres céntimos de euro por ejercicio, equivalente a un 0,33% anual y un 1,65% acumulado durante los cinco años. La decisión se sitúa muy lejos de la propuesta inicial del gestor aeroportuario, que defendía una subida anual del 3,82%, unos 43 céntimos por pasajero, y también de la posición de las aerolíneas, que reclamaban una reducción del 4,9%. La resolución del Gobierno se aproxima más a la recomendación formulada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que había planteado una rebaja anual del 0,59%, aunque tampoco coincide con las pretensiones del sector aéreo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido que el acuerdo permitirá a España disponer de aeropuertos más competitivos. Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha valorado positivamente que el Ejecutivo haya moderado las pretensiones de Aena, aunque considera insuficiente el resultado al quedar todavía lejos de la reducción de tarifas que reclamaba el sector. El resultado supone, en la práctica, cinco años de casi congelación de las tarifas aeroportuarias pese al fuerte crecimiento previsto del tráfico. La red de Aena pasará de atender 321 millones de pasajeros en 2025 a una previsión de 358 millones en 2031. Con la decisión del Gobierno termina además un intenso enfrentamiento entre el gestor aeroportuario y las compañías aéreas en torno al impacto de las tarifas sobre sus respectivas cuentas de resultados. La diferencia entre lo que Aena pretendía ingresar y lo que las aerolíneas estaban dispuestas a pagar llegó a alcanzar los 5.000 millones de euros durante el conjunto del quinquenio. Actualmente, el Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ) se sitúa en 11,02 euros de media, frente a los 10,35 euros de 2025, lo que supuso entonces un incremento del 6,44%. Sobre esa cantidad se aplicarán ahora las subidas aprobadas para el nuevo periodo regulatorio. Donde el DORA III mantiene intactas las grandes cifras es en el capítulo inversor. Aena prevé destinar 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031 a la modernización y ampliación de su red aeroportuaria. De esta cantidad, 9.991 millones se dirigirán a los activos regulados o aeronáuticos, con actuaciones destinadas principalmente a ampliar la capacidad de las terminales, mejorar las operaciones y reforzar la seguridad. Los otros 3.000 millones se invertirán en las actividades comerciales y no reguladas del gestor aeroportuario. El volumen de inversión irá creciendo progresivamente a lo largo del quinquenio. Aena destinará 1.266 millones de euros en 2027, 1.774 millones en 2028 y 2.059 millones en 2029. El esfuerzo aumentará hasta los 2.397 millones en 2030 y alcanzará los 2.501 millones en 2031. Según ha destacado Óscar Puente, se trata de uno de los mayores procesos de transformación de la red aeroportuaria española y responde a la necesidad de adaptar las infraestructuras a un crecimiento sostenido de la demanda durante las próximas décadas. Dentro de la inversión regulada, los edificios terminales concentrarán la mayor partida, con cerca de 2.851 millones de euros, mientras que otros 937 millones se destinarán al campo de vuelos. La seguridad contará con 1.650 millones, mientras que alrededor de 660 millones se dedicarán a mejorar la intermodalidad, avanzar en la descarbonización y reforzar la sostenibilidad de la red. Además, se invertirán 400 millones en los sistemas de transporte de equipajes. A estas partidas se suman otros 3.240 millones destinados al mantenimiento y conservación de las instalaciones aeroportuarias. La mejora de la calidad de las infraestructuras también ocupa un lugar relevante en el nuevo DORA. El 19% de la inversión regulada, unos 1.859 millones de euros, se orientará a mejorar los espacios aeroportuarios y la experiencia de los pasajeros. El objetivo es agilizar los procesos de embarque, optimizar los controles de seguridad y pasaportes y mejorar tanto la accesibilidad como los flujos de viajeros dentro de las instalaciones. Las previsiones de tráfico del DORA III también reflejan la fuerte expansión que está experimentando la red aeroportuaria. Frente a los 321 millones de pasajeros registrados en 2025, el Gobierno espera alcanzar los 358 millones en 2031. La estimación de Aena era algo más prudente, con 346 millones de viajeros al término del quinquenio, mientras que la CNMC consideró esa previsión demasiado conservadora y elevó su cálculo hasta los 366 millones. Los datos más recientes apuntan además a que el crecimiento del tráfico continúa por encima de las previsiones. Durante los siete primeros meses de 2026, Aena gestionó 190 millones de pasajeros en España, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior, pese al contexto de inestabilidad geopolítica. En agosto, la red volvió a marcar un récord histórico, con 34,9 millones de viajeros atendidos en un solo mes. Un comportamiento que refuerza la necesidad de las inversiones previstas y sitúa a la capacidad de las infraestructuras aeroportuarias como uno de los principales retos para los próximos años.

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(El País, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno limita el poder de las comunidades para conseguir subvenciones

La consideración de "inversión estratégica" que el Gobierno concederá a determinados proyectos de interés público tendrá consecuencias también sobre el acceso a las ayudas públicas. El texto que regula el Comité de Inversiones Estratégicas, aprobado por el Consejo de Ministros, establece una vía acelerada para tramitar las iniciativas consideradas prioritarias e incorpora una novedad respecto a los borradores anteriores: los proyectos que obtengan este reconocimiento tendrán prioridad en la tramitación de los incentivos regionales. Esta modificación refuerza el papel del Estado frente a las comunidades autónomas, que hasta ahora contaban con mayor capacidad para impulsar proyectos de interés territorial. Los incentivos regionales son ayudas gestionadas por el Ministerio de Hacienda destinadas a favorecer inversiones en territorios que, conforme a los criterios de la Unión Europea, necesitan un apoyo adicional para aproximarse a la media económica comunitaria. Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra quedan fuera de este sistema al superar los umbrales establecidos. Estas ayudas suelen contar con financiación europea procedente de los fondos de cohesión y las comunidades autónomas intervienen de forma relevante en su concesión, ya que presentan las solicitudes y aportan parte de los recursos necesarios para financiar los proyectos. Aunque las condiciones para acceder a estos incentivos están reguladas, su ámbito de aplicación es amplio e incluye actividades como la hostelería. La intención del Gobierno es que, a partir de ahora, las iniciativas respaldadas mediante este mecanismo estén también alineadas con las prioridades fijadas a escala estatal. El nuevo requisito introduce así un filtro adicional que puede reducir el margen de las comunidades para promover proyectos que consideren relevantes desde una perspectiva territorial. Aquellas iniciativas que no cuenten con el respaldo estatal podrían encontrar mayores dificultades para completar la financiación necesaria y, en algunos casos, podrían quedar comprometidas. El Ejecutivo plantea esta modificación como una manera de orientar los recursos públicos hacia proyectos considerados de mayor interés para el conjunto del país. En la práctica, supone añadir una nueva fase de valoración que puede limitar el acceso de determinadas iniciativas a las ayudas y reducir la capacidad autonómica para respaldar proyectos vinculados a necesidades locales. Es el caso, por ejemplo, de determinadas inversiones hoteleras, que pueden tener dificultades para encajar en los criterios que previsiblemente aplicará el Comité de Inversiones Estratégicas, más orientados hacia ámbitos como la descarbonización, la digitalización o la generación de empleo. Entre los proyectos que recibieron incentivos regionales el pasado mes de julio figuran algunas inversiones turísticas de gran dimensión. Una de ellas corresponde a un nuevo hotel de Lopesan en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, que prevé generar 552 puestos de trabajo y ha obtenido cerca de 50 millones de euros de ayuda pública. También aparece el Apart Hotel Arona, en Tenerife, al que se han concedido 1,1 millones de euros pese a que la previsión de creación de empleo se limita a cuatro puestos. El Ministerio de Hacienda forma parte, además, del órgano encargado de dirigir el Comité de Inversiones Estratégicas, que estará integrado en la Oficina Económica dependiente directamente de Presidencia del Gobierno. El organismo estará copresidido por La Moncloa y el Ministerio de Economía. De este modo, cuando Hacienda participe en la gestión de los incentivos regionales, deberá tener en cuenta la nueva clasificación estatal de los proyectos y la prioridad que el Ejecutivo pretende conceder a las iniciativas que dispongan de la declaración de inversión estratégica. El nuevo reconocimiento comenzará a concederse cuando entre en funcionamiento la página web a través de la cual se presentarán las solicitudes. Todavía está pendiente de concretarse parte de su desarrollo reglamentario, entre ella la publicación de los criterios y baremos que determinarán la puntuación necesaria para obtener la declaración. A diferencia de los incentivos regionales, esta calificación no supone por sí misma la concesión de fondos públicos. Su principal efecto consiste en proporcionar un tratamiento administrativo preferente al proyecto ante las distintas Administraciones y acelerar la obtención de las autorizaciones necesarias. Entre las ventajas previstas destaca el acceso prioritario a la red eléctrica, una cuestión especialmente relevante para proyectos de nueva generación económica, como los centros de datos o las grandes fábricas vinculadas a nuevas tecnologías, en un contexto en el que la capacidad de la red se encuentra sometida a una elevada presión. No obstante, todavía no está definido con precisión cómo se materializará esa prioridad en la práctica. Varias comunidades autónomas disponen ya de mecanismos similares para identificar y acelerar proyectos considerados estratégicos. Esta condición puede facilitar tanto la movilización de financiación pública como la llegada de capital privado, al ofrecer a los inversores una mayor previsibilidad sobre los procedimientos administrativos y los plazos de autorización. Además, permite coordinar a las diferentes Administraciones implicadas alrededor de una misma iniciativa y proporcionar mayor seguridad jurídica al proyecto. El modelo español toma como referencia experiencias desarrolladas en otros países, especialmente el programa Choose France, impulsado por el Gobierno francés para atraer inversión extranjera y presentado como una herramienta de éxito para captar capital. El contexto institucional francés, sin embargo, presenta diferencias relevantes respecto al español, entre ellas un mayor peso del poder central y una estructura territorial con menor protagonismo de las administraciones regionales. Los proyectos que aspiren a obtener la consideración de estratégicos podrán estar promovidos tanto por capital nacional como extranjero. Entre los sectores que muestran mayor interés se encuentran los centros de datos, especialmente por las ventajas que esta declaración puede proporcionar a la hora de garantizar el acceso a recursos esenciales como la electricidad y el agua. El Gobierno asegura que existe una elevada demanda para obtener esta consideración y que las empresas interesadas están esperando para acceder al nuevo procedimiento. Por su parte, fuentes financieras que participan en operaciones de inversión en España señalan que una parte significativa del capital pendiente de materializar procede de inversores chinos.             

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(La Vanguardia, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE confirma el 4,3% de inflación en agosto con perspectivas de que septiembre será peor

Agosto ha confirmado el deterioro de la evolución de los precios y todo apunta a que septiembre podría ser todavía más complicado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que la inflación se situó el pasado mes en el 4,3%, siete décimas por encima de julio y en su nivel más elevado desde febrero de 2023. El repunte responde principalmente al encarecimiento de los carburantes, al progresivo descenso de las ayudas y a un efecto base, ya que en agosto del año pasado los precios de los combustibles habían registrado una bajada. A este escenario se suma ahora la creciente tensión en los mercados energéticos. El cierre del oleoducto utilizado por Arabia Saudí como alternativa al estrecho de Ormuz ha contribuido a elevar el precio del petróleo y el barril de Brent ya supera los 100 dólares. Las perspectivas para septiembre, por tanto, son poco favorables. De hecho, el BCE ya advirtió la semana pasada, al acompañar su subida de tipos, de que las presiones inflacionistas podrían mantenerse durante más tiempo del deseado y alejar la vuelta al objetivo del 2%, que podría no producirse hasta 2027. El dato de agosto confirma así la cifra adelantada por el INE hace dos semanas y refleja cómo el impacto de la guerra de Irán sobre los precios se ha intensificado con mayor rapidez de la prevista. La inflación pasó de situarse ligeramente por encima del 3% entre abril y junio al 3,6% en julio y, finalmente, al 4,3% en agosto. Para septiembre, Funcas estima que la tasa podría acercarse al 5%, mientras que sitúa la media anual en el 3,6%, siempre condicionada a que la evolución del conflicto permita una cierta moderación de los precios energéticos y, especialmente, del petróleo. "Hay unas tensiones inflacionistas estructurales importantes ahora agudizadas por los precios energéticos", señala María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas. La evolución de los carburantes refleja con claridad esta presión. El precio del gasóleo aumentó un 30,3% en agosto, mientras que la gasolina lo hizo un 16,9%, incrementos sensiblemente superiores a los registrados en julio. Precisamente, el repunte de los precios observado durante julio llevó a incrementar desde el 1 de septiembre la bonificación aplicada al diésel hasta los 20 céntimos por litro, mientras que el descuento para la gasolina se mantiene en cinco céntimos. Sin embargo, la intensidad de las nuevas subidas pone en duda que estas medidas sean suficientes para contener el impacto sobre los precios. En este contexto, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno "no dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante las subidas" de los precios. La cuestión ahora es si esta declaración se traducirá en una prolongación de las rebajas fiscales sobre los carburantes, cuyo vencimiento está previsto para este mes. El fuerte repunte de la inflación aumenta la probabilidad de que el Ejecutivo busque alguna fórmula para mantenerlas, aunque deberá valorar también el coste que estas medidas suponen para las arcas públicas. La presión de los precios también comienza a apreciarse en la alimentación. La inflación de los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentó hasta el 2,3%, su tasa más elevada desde abril, después de haberse mantenido por debajo del 2% durante los dos meses anteriores. Entre los productos que más se encarecieron destacan las legumbres, con una subida del 15,9%; los huevos, con un 12,5%; y el pescado fresco y congelado, con un 7,8%. El principal elemento positivo del dato de agosto se encuentra en la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos. Esta tasa se redujo una décima, hasta el 2,9%, lo que podría indicar que el fuerte encarecimiento de los productos energéticos todavía no se ha trasladado de forma generalizada al conjunto de la economía. Sin embargo, la persistencia de las tensiones energéticas y el escenario previsto para los próximos meses hacen pensar que ese impacto podría terminar trasladándose al resto de precios.

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