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(Expansión, 21-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Economía se lanza a cambiar dos leyes para apuntalar el escudo anti-opas extranjeras

El Ministerio de Economía prepara una reforma relevante del sistema de control de las inversiones extranjeras con el objetivo declarado de precisar conceptos, agilizar los procedimientos y adaptar la normativa al actual escenario internacional. Los cambios planteados supondrían, en la práctica, un refuerzo del denominado escudo antiopas. Desde 2020, determinadas adquisiciones extranjeras en sectores considerados estratégicos requieren autorización del Gobierno. Este mecanismo ha permitido al Ejecutivo bloquear operaciones como la opa del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo o establecer condiciones a la entrada de Saudi Telecom Company en Telefónica. Solo durante 2025, un total de 144 operaciones fueron sometidas a este procedimiento de supervisión. Una de las principales novedades sería convertir en permanente el control sobre las inversiones procedentes de otros países de la Unión Europea. En la actualidad, esta exigencia tiene carácter temporal y está previsto que expire en diciembre de 2026. El Gobierno pretende extenderla inicialmente hasta finales de 2027 mientras tramita una reforma legal que elimine su fecha de caducidad. Aunque dentro de la UE existe, en principio, libertad de circulación de capitales, varios países han introducido mecanismos de control sobre las inversiones procedentes de otros Estados miembros. España ya ha utilizado este instrumento en operaciones como la opa de Magyar Vagon sobre Talgo y el intento del grupo francés Vivendi de adquirir el 29,9% de Prisa. Además, el Gobierno mantiene bajo vigilancia posibles operaciones de inversión extranjera en empresas españolas de sectores estratégicos. La reforma también contempla ampliar el catálogo de actividades consideradas estratégicas. Entre las nuevas incorporaciones figurarían los centros de datos, mientras que el sistema de control dejaría de centrarse exclusivamente en la adquisición de participaciones en empresas ya operativas. El nuevo marco también abarcaría inversiones greenfield, es decir, proyectos mediante los que se crean desde cero nuevas instalaciones o infraestructuras, tanto tecnológicas como energéticas. La inclusión de los centros de datos supondría someter a supervisión adicional parte de los grandes proyectos de inversión previstos en España para desarrollar estas infraestructuras. El sector se encuentra, además, a la espera de una regulación específica que establecerá nuevas exigencias relacionadas con la sostenibilidad de estas instalaciones. Otro de los cambios previstos afecta al procedimiento de autorización. Economía plantea dividirlo en dos etapas, de manera que las operaciones que presenten mayores riesgos o complejidad puedan pasar a una investigación más exhaustiva antes de que la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX) formule su propuesta al Consejo de Ministros. La reforma pretende también regular de forma más precisa la posibilidad de ampliar los plazos de análisis. Aunque el procedimiento de autorización tiene teóricamente una duración máxima de tres meses, en la práctica algunas operaciones han requerido más tiempo para completar su evaluación. Para introducir estos cambios, el Ministerio de Economía plantea modificar tanto la Ley 19/2003, sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, como el Real Decreto 571/2023, que regula las inversiones exteriores. El proceso se encuentra todavía en una fase inicial. Las modificaciones han sido sometidas a consulta pública para recabar las aportaciones de los sectores afectados, tras lo cual el Gobierno podrá elaborar los correspondientes proyectos normativos y comenzar su tramitación. El endurecimiento del control se produce además en un contexto de menor inversión extranjera directa. La inversión extranjera bruta en España se redujo un 20% en 2025, hasta los 34.016 millones de euros. Aunque la mayoría de las operaciones sometidas al mecanismo de control obtiene finalmente autorización, distintos análisis apuntan a que la existencia de estos procedimientos puede influir en la decisión de plantear determinadas operaciones sobre grandes compañías españolas.

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(La Vanguardia, 21-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE corrige dos décimas a la baja, hasta el 2,6%, el crecimiento económico del año pasado

La economía española ha mostrado en los últimos años un comportamiento especialmente sólido en comparación con otras grandes economías mundiales. En 2025, el PIB llegó a crecer un 2,8% según la primera estimación, un avance notable en un contexto internacional complicado y frente al escaso dinamismo de la zona euro. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado ahora esa cifra a la baja en dos décimas, hasta situarla en el 2,6%, debido a que tanto la demanda interna como la externa tuvieron un comportamiento algo menos favorable del calculado inicialmente. Al mismo tiempo, el organismo ha corregido también los datos correspondientes a 2023 y 2024, reduciendo el primero y elevando el segundo. La economista María Jesús Fernández, investigadora sénior de Funcas, considera que los cambios no alteran de manera sustancial la fotografía de la economía española. Según explica, aunque la tasa de crecimiento de 2025 se ha reducido, la revisión al alza de 2024 hace que el nivel de PIB real al cierre de 2025 sea únicamente un 0,3% inferior al que reflejaban las estimaciones anteriores. La actualización forma parte de la revisión anual que realiza el INE sobre la Contabilidad Nacional y que afecta a los tres últimos ejercicios. De acuerdo con los nuevos datos, el crecimiento del PIB en volumen fue del 2,4% en 2023, una décima menos que en la estimación anterior, mientras que en 2024 alcanzó el 3,7%, dos décimas más. Para 2025, el avance queda finalmente situado, por ahora, en el 2,6%, frente al 2,8% comunicado el pasado marzo. Más allá de las tasas agregadas, Fernández destaca las modificaciones introducidas en algunos sectores de actividad. La construcción presenta una evolución inferior a la estimada inicialmente durante el conjunto del periodo revisado, aunque para 2025 el dato ha sido corregido al alza. En los servicios, en cambio, las ramas de información y comunicaciones y las actividades profesionales muestran un crecimiento superior al calculado anteriormente, mientras que hostelería y comercio avanzan menos de lo previsto. A juicio de la investigadora, la composición resultante refleja un mayor dinamismo de las actividades de servicios con mayor valor añadido y componente tecnológico. La revisión a la baja del crecimiento de 2025 se explica también por una menor aportación de los componentes de la demanda. La contribución de la demanda interna queda ahora en el 3,4%, una décima menos que en la estimación previa, mientras que la demanda externa resta un 0,8%, frente al -0,7% calculado anteriormente. Entre los principales cambios destaca el consumo de los hogares, uno de los motores de la economía española durante los últimos años gracias al aumento del empleo, la evolución de los salarios y el fuerte crecimiento de la población asociado a los flujos migratorios. El INE calcula ahora que el gasto de las familias aumentó un 3,1% en 2025, frente al 3,4% estimado inicialmente. Por su parte, el consumo final de las Administraciones Públicas mantiene el crecimiento del 2,4%. Las exportaciones también tuvieron un comportamiento menos favorable del previsto. Su crecimiento se revisa del 3,6% al 2,6%. No obstante, el efecto sobre la demanda exterior se ve parcialmente compensado por la actualización de las importaciones, cuyo aumento se reduce del 6,2% al 5,5%. En el caso de la inversión, la revisión es positiva. La formación bruta de capital habría aumentado un 6% en 2025, dos décimas más que en la estimación anterior. El cambio se explica fundamentalmente por el incremento del 73% en términos corrientes de la variación de existencias, un componente que recoge la evolución del valor de los bienes adquiridos por las empresas que permanecen en sus inventarios sin haber sido vendidos. Este comportamiento también se ha observado en otras grandes economías europeas, como Alemania y Francia. La revisión de 2025 supone un cambio respecto a la tendencia predominante desde la pandemia, cuando las sucesivas actualizaciones de la Contabilidad Nacional habían corregido generalmente al alza el crecimiento. En la revisión del año pasado, por ejemplo, el INE elevó en tres décimas el crecimiento de 2024, hasta el 3,5%, y también revisó al alza el dato de 2022 hasta el 6,4%, aunque redujo en dos décimas el correspondiente a 2023, hasta el 2,5%. Las modificaciones de estas cifras responden a la incorporación de nueva información estadística y a la actualización de las bases de datos utilizadas para calcular la evolución de la economía. Entre los elementos que se revisan figuran los deflactores, los intercambios comerciales, la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas y distintas encuestas, entre ellas las relativas al coste laboral y a los presupuestos familiares. Además de estas revisiones ordinarias, el INE lleva a cabo revisiones extraordinarias de la Contabilidad Nacional en cumplimiento de los compromisos europeos y de las recomendaciones internacionales. En estos procesos se vuelve a examinar el conjunto de la serie histórica de la contabilidad nacional desde 1995, con el objetivo de incorporar las mejoras metodológicas y las nuevas fuentes de información disponibles.

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(El País, 21-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España sitúa su deuda pública por debajo del 100% del PIB por primera vez desde la pandemia

La deuda pública española se situó en julio por debajo del 100% del PIB por primera vez desde los meses anteriores a la pandemia. Según los datos publicados por el Banco de España, el endeudamiento del conjunto de las Administraciones Públicas equivalía al 99,9% del PIB, una décima por debajo del valor de toda la producción económica anual del país. Se trata de un nivel que no se alcanzaba desde febrero de 2020. En términos interanuales, la ratio ha descendido 2,4 puntos porcentuales, mientras que frente a junio de este mismo año la reducción ha sido de 1,6 puntos. El descenso de la ratio no implica que España haya reducido la cantidad de deuda acumulada. De hecho, el pasivo público alcanzó en julio los 1,744 billones de euros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto al mismo mes del año anterior, aunque el importe es aproximadamente un 1% inferior al registrado en junio. La mejora se explica, por tanto, porque la deuda ha perdido peso en relación con el tamaño de la economía. Esta relación entre el endeudamiento y el PIB es uno de los principales indicadores utilizados para valorar la situación de las finanzas públicas y permite comparar la evolución del endeudamiento tanto entre distintos momentos como entre países. El 99,9% registrado en julio constituye una fotografía puntual y no garantiza que la ratio vaya a mantenerse por debajo del 100% durante los próximos meses. Tanto el volumen de deuda como el PIB utilizado para calcular el indicador varían de forma continua, por lo que el porcentaje puede experimentar nuevas oscilaciones. Durante la crisis provocada por la pandemia, el peso de la deuda sobre el PIB aumentó con rapidez y alcanzó su máximo en marzo de 2021, cuando llegó a superar el 124%. A partir de entonces comenzó una trayectoria descendente que ha permitido reducir progresivamente la ratio, aunque no había vuelto a situarse por debajo del 100% hasta los datos correspondientes al pasado julio. Por administraciones, el Estado concentra la mayor parte del endeudamiento. Su deuda alcanzó los 1,589 billones de euros en julio, una cifra equivalente al 91% del PIB y un 4,2% superior a la de un año antes. Las comunidades autónomas acumulaban 349.000 millones, aproximadamente el 20% del PIB, mientras que la Seguridad Social registraba una deuda de 136.000 millones, equivalente al 7,8%. Las corporaciones locales, por su parte, mantenían obligaciones por unos 22.000 millones, el 1,2% del PIB. Las cifras correspondientes a cada nivel de la Administración no pueden sumarse directamente para obtener el endeudamiento total. Esto se debe a que existen operaciones financieras entre las propias Administraciones. Por ejemplo, cuando el Estado concede financiación a una comunidad autónoma, esa cantidad figura simultáneamente como un activo del Estado y como una deuda de la comunidad. Para calcular la deuda del conjunto del sector público se consolidan estas posiciones y se eliminan las operaciones internas, evitando así contabilizar dos veces una misma deuda. La evolución interanual también presenta diferencias significativas según el nivel administrativo. La deuda estatal aumentó un 4,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el endeudamiento de las comunidades autónomas creció un 2,7%. La Seguridad Social registró un incremento mayor, del 7,9%. En sentido contrario, las corporaciones locales redujeron sus obligaciones un 7,9% y el resto de unidades de la Administración Central disminuyeron su endeudamiento un 10,5%.

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(Expansión, 18-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez ofrece la paz a los empresarios y acudirá a su gran cumbre en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto participar el próximo 5 de octubre en la inauguración del congreso anual del Instituto de Empresa Familiar (IEF), una de las principales organizaciones que agrupan a empresarios españoles. La presencia de Sánchez se produce después de varios años marcados por una relación tensa y numerosos desencuentros entre el Ejecutivo y el tejido empresarial. Durante su etapa al frente del Gobierno, el presidente solo ha asistido en dos ocasiones a los congresos del IEF, y ambas intervenciones estuvieron acompañadas de una notable expectación y de controversia. Los distintos presidentes de la organización, cuyo cargo tiene carácter rotatorio, han mantenido habitualmente una posición crítica con las políticas del Gobierno y han cuestionado algunos de sus principales planteamientos. El IEF tiene un peso relevante en el ámbito empresarial español debido a la composición de su membresía. Sus integrantes son propietarios, fundadores o miembros de sucesivas generaciones de algunos de los principales grupos empresariales de carácter familiar del país, lo que convierte al instituto en un interlocutor destacado para el Ejecutivo en sus relaciones con el sector privado. Creado en 1992, el IEF agrupa actualmente a un centenar de grandes empresas familiares. Si se incorporan las compañías representadas a través de sus asociaciones territoriales, el alcance de la organización se extiende a unas 1.800 empresas.

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(Expansión, 18-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump ve un "acto hostil" en la alianza UE-Canadá y amenaza con "severos aranceles" a Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que podría imponer nuevos aranceles a la Unión Europea e incluso restringir las relaciones comerciales con el bloque si Bruselas avanza en su propuesta de estrechar aún más los vínculos con Canadá y convertir al país norteamericano en miembro asociado de la UE. Trump ha señalado que interpretaría ese eventual acuerdo como un posible "acto hostil" hacia Estados Unidos y ha cuestionado la relación comercial con Canadá. Las declaraciones fueron realizadas el miércoles por la noche, cuando Trump llegó a un mitin en Carolina del Norte. El mandatario condicionó su respuesta a la finalidad con la que la UE impulse el acercamiento: si considera que existe una intención negativa, aseguró que aplicaría "aranceles muy elevados" a Europa, mientras que una iniciativa planteada con buenas intenciones no tendría, según sus palabras, la misma consideración. El acercamiento entre Canadá y la Unión Europea se produce en un contexto de creciente tensión comercial internacional provocado por la política arancelaria de la Administración estadounidense. Este verano, Estados Unidos elevó hasta el 50% los gravámenes sobre determinados productos canadienses, mientras que Canadá anunció posteriormente medidas equivalentes sobre las importaciones estadounidenses. La dependencia de Canadá del mercado exterior estadounidense es especialmente elevada, ya que alrededor del 70% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha defendido en los últimos meses una mayor cooperación entre las economías de tamaño medio para hacer frente a un escenario en el que las grandes potencias utilizan cada vez más las relaciones comerciales como instrumento de presión. En esta línea, Canadá ha intensificado esta semana sus contactos con la Unión Europea, una iniciativa que ha recibido el respaldo de Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado elevar la relación con Canadá al máximo nivel posible y ha abierto la posibilidad de que el país se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea. Ambas partes ya mantienen una relación comercial a través del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y cooperan también en ámbitos relacionados con la seguridad y la defensa, entre ellos el programa europeo SAFE. La nueva fórmula supondría profundizar significativamente en los vínculos económicos y comerciales entre Canadá y la UE. Desde Bruselas, el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, ha defendido que el refuerzo de la asociación con Canadá no pretende dirigirse contra ningún país, sino aumentar la capacidad de ambas partes para afrontar un entorno internacional más complejo. Carney, por su parte, ha insistido en que el objetivo de Canadá es reforzar su capacidad de resistencia y preservar su soberanía, sus mercados y sus instituciones. El primer ministro ha defendido que su país debe mantener la libertad para decidir sus relaciones internacionales, así como sus propias políticas culturales y lingüísticas, sin quedar condicionado por las decisiones de otras potencias.

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(Expansión, 18-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ayuntamiento de Valencia pagará los abogados a los vecinos que denuncien pisos turísticos

El Ayuntamiento de Valencia quiere implicar a las comunidades de propietarios en la lucha contra los pisos turísticos que operan de forma ilegal. Para ello, el consistorio prevé poner en marcha ayudas económicas destinadas a que los vecinos puedan modificar o establecer sus estatutos e incorporar la exigencia de una mayoría de tres quintos para impedir la apertura de viviendas de uso turístico en sus edificios. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado también que el Ayuntamiento ofrecerá apoyo económico para facilitar asistencia jurídica a las comunidades que decidan emprender acciones civiles contra propietarios que destinen sus viviendas a alojamientos turísticos sin contar con el consentimiento necesario. La medida pretende facilitar que los vecinos puedan defender sus derechos ante este tipo de situaciones. Catalá ha reconocido que el uso turístico de viviendas está provocando conflictos en algunas comunidades de propietarios, especialmente cuando se instala un alojamiento turístico sin la aprobación correspondiente. La alcaldesa ha defendido que el Ayuntamiento debe proporcionar a los vecinos el máximo respaldo posible para afrontar estos casos y ha criticado la política desarrollada por el anterior gobierno municipal, que, a su juicio, permitió una expansión excesiva de este tipo de alojamientos. La nueva ordenanza municipal impulsada por el actual equipo de gobierno establece mayores restricciones para la concesión de licencias. En los tres primeros meses de aplicación, el Ayuntamiento ha rechazado permisos correspondientes a unas 3.500 plazas de alojamiento turístico, de las que más del 70% estaban vinculadas a viviendas. Además, el consistorio asegura haber impuesto sanciones por un importe conjunto de 1,6 millones de euros y haber dictado órdenes de cese de actividad con una media anual de 449. La alcaldesa ha situado la vivienda entre las prioridades de su mandato y ha señalado que el Ayuntamiento ya ha impulsado la construcción de 1.000 viviendas públicas, a las que se sumarán otras 390 previstas próximamente.

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(El País, 18-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de la vivienda alcanza un nuevo récord con 2.355 euros el metro cuadrado

El mercado de la vivienda mantiene su trayectoria ascendente pese a que la actividad residencial ha mostrado cierta moderación durante los primeros meses del año. Los últimos datos del Ministerio de Vivienda, correspondientes al segundo trimestre, confirman que los precios continúan marcando máximos. Entre abril y junio, el valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre se situó en 2.355 euros, un 12,5% más que un año antes, lo que supone un incremento de 260 euros por metro cuadrado en doce meses. Con este nuevo avance, los precios acumulan ya 15 trimestres consecutivos de crecimiento, una tendencia que comenzó a finales de 2022. Desde entonces, el precio medio ha pasado de 1.740 a 2.355 euros por metro cuadrado, lo que supone un encarecimiento acumulado de 615 euros, equivalente al 35,3%. Aunque el ritmo de subida se ha moderado respecto al primer trimestre, cuando alcanzó el 13,9% interanual, la vivienda vuelve a establecer un nuevo máximo histórico de la serie. La evolución nacional esconde diferencias importantes entre territorios. La Comunidad Valenciana registró el mayor incremento interanual, con un 15,7%, seguida de Castilla y León, con un 15,1%, y Castilla-La Mancha, con un 14,7%. También superaron el promedio nacional Aragón y Cantabria, ambas con un 14,2%, junto con Canarias, Asturias, Murcia, Andalucía, Baleares y Madrid. Las diferencias son igualmente notables cuando se observa el precio absoluto de la vivienda. Madrid continúa encabezando la clasificación, con 4.089,6 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares, con 3.980,8 euros, y País Vasco, con 3.102,3 euros. Cataluña también se encuentra por encima de la media nacional, con 2.752,9 euros por metro cuadrado. En el caso de las provincias, Gipuzkoa alcanza los valores más elevados, con 3.514,6 euros, seguida de Barcelona, Málaga y Bizkaia, todas ellas por encima de los 3.000 euros. En el otro extremo se encuentran Extremadura, con 996,6 euros por metro cuadrado, Castilla-La Mancha, con 1.215,4 euros, y Castilla y León, con 1.349,6 euros. Andalucía y la Comunidad Valenciana se sitúan en torno a los 2.000 euros, mientras que Navarra, Asturias, Aragón, Galicia, La Rioja y Murcia presentan valores intermedios. El comportamiento territorial refleja la distinta intensidad de la demanda y la presión existente en los principales mercados económicos y turísticos. El aumento de los precios también está alcanzando a la vivienda protegida, aunque con una intensidad considerablemente menor. Durante el segundo trimestre, el precio medio se situó en 1.247 euros por metro cuadrado, un 5% más que un año antes. Si se compara con el nivel registrado 15 trimestres atrás, el incremento acumulado es del 9,7%, equivalente a 111 euros por metro cuadrado. La evolución de la vivienda protegida presenta, además, una trayectoria alcista más reciente que la del mercado libre. Según los datos del Ministerio, las subidas consecutivas comenzaron en el tercer trimestre de 2024, por lo que se aproximan ya a dos años de crecimiento ininterrumpido. Por comunidades, Baleares registró el mayor aumento interanual del precio de la vivienda protegida, con un 9,5%, seguida del País Vasco, con un 8,6%, Madrid, con un 6,7%, y Cataluña y Asturias, ambas con un 6,3%. También se produjeron incrementos superiores a la media nacional en Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León. En cambio, La Rioja, Cantabria y Murcia presentaron los avances más reducidos. Madrid volvió a situarse como la comunidad con la vivienda protegida más cara, con un promedio de 1.558 euros por metro cuadrado. En el extremo contrario se encuentra Extremadura, donde el precio medio se situó en 792 euros. Los datos muestran así que la presión sobre el mercado residencial no se limita a la vivienda libre, aunque su impacto sobre los precios protegidos sigue siendo más contenido.

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(Cinco Días, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El plan para desarrollar las redes eléctricas en alta tensión incluye inversiones de 17.000 millones a 2030

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que la nueva planificación de la red de transporte eléctrico hasta 2030 contempla una inversión superior a los 17.000 millones de euros, lo que supondría el mayor esfuerzo inversor realizado hasta ahora en las redes eléctricas españolas. La cifra supera en un 30% la prevista inicialmente y multiplica por más de dos la contemplada en la planificación actualmente vigente. El incremento responde, según el Gobierno, al fuerte aumento de las solicitudes relacionadas con la electrificación de la economía, desde los puertos y la industria hasta las nuevas actividades productivas y el parque residencial. El Consejo de Ministros aprobó a finales de julio el real decreto que regula los planes de inversión de las redes de transporte y que eleva la inversión prevista hasta los 17.900 millones de euros. La propuesta inicial contemplaba 13.600 millones para atender las necesidades del sistema y cumplir los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, pero las 2.566 alegaciones recibidas durante el proceso de audiencia han llevado a incrementar el volumen previsto. Dentro de esta ampliación, las redes de distribución podrán contar con hasta 10.200 millones de euros adicionales, mientras que las redes de transporte de alta tensión gestionadas por Red Eléctrica dispondrán de hasta 7.700 millones más, dependiendo de la planificación definitiva que apruebe el Ejecutivo. La creciente demanda eléctrica se ha convertido en uno de los principales factores que están condicionando esta planificación. Según los datos del Ministerio, las solicitudes vinculadas al consumo representan el 41% del total, frente al 40% correspondiente a nuevos proyectos de generación y el 19% al almacenamiento. Tras el periodo de alegaciones, las posiciones de la red de transporte destinadas a atender nuevas demandas en las redes de distribución han aumentado un 52%, hasta situarse en 300, mientras que las posiciones destinadas al consumo directo en la red de transporte han crecido un 12%, hasta las 162. También se han reforzado las infraestructuras vinculadas al transporte ferroviario y la electrificación de los puertos, con un incremento del 75% y 59 posiciones previstas. El refuerzo de la red también se traducirá en un aumento de las infraestructuras físicas. El número de subestaciones contempladas se eleva un 17%, hasta 193, mientras que la longitud de las nuevas líneas eléctricas previstas aumenta un 11%, hasta alcanzar los 6.706 kilómetros. A ello se suma un incremento del 6% en las redes existentes que serán repotenciadas, hasta llegar a 8.164 kilómetros. El conjunto de actuaciones pretende responder al fuerte crecimiento de la demanda eléctrica y facilitar la incorporación de nuevas actividades industriales y servicios que requieren un mayor acceso a la red.

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(Expansión, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed desafía a Trump y sube tipos, por primera vez en tres años, al 4%

La Reserva Federal ha optado este miércoles por elevar los tipos de interés por primera vez en más de tres años, en una decisión que supone un nuevo pulso con Donald Trump, que había reclamado insistentemente una reducción del precio del dinero. Bajo la presidencia de Kevin Warsh, cercano al presidente estadounidense, el banco central ha aumentado los tipos en 25 puntos básicos, hasta situarlos en una horquilla del 3,75% al 4%, con el objetivo de contener la persistencia de la inflación. La decisión estaba ampliamente anticipada por los mercados, ya que alrededor del 90% de los inversores esperaba este movimiento, aunque contrasta con las presiones de la Casa Blanca para que la institución monetaria optara por recortar los tipos. La reunión celebrada esta semana representaba además la primera prueba relevante para Warsh desde que Trump lo situó al frente de la Reserva Federal el pasado mes de mayo, en sustitución de Jerome Powell. Su actuación estaba especialmente vigilada después de que, en las dos primeras reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto que presidió, mantuviera sin cambios los tipos. Bank of America había advertido de que esta cita podía ser determinante para su credibilidad al frente del banco central. El incremento, desde el anterior intervalo del 3,5%-3,75% hasta el 3,75%-4%, fue aprobado por unanimidad, con los 12 miembros del comité respaldando la medida. La Reserva Federal no elevaba los tipos desde julio de 2023, hace 38 meses. En la rueda de prensa posterior al encuentro, Warsh explicó que la decisión se ha adoptado teniendo en cuenta los distintos shocks y niveles de incertidumbre existentes en el escenario geopolítico, pero también la fortaleza que continúa mostrando la economía estadounidense. El presidente de la Fed defendió que mantener el foco en la estabilidad de precios puede contribuir a mejorar el comportamiento de la economía y recalcó que la inflación continúa siendo demasiado elevada y lleva demasiado tiempo por encima de los niveles deseados. La Reserva Federal señaló que la inflación sigue situada en niveles elevados y consideró que la decisión adoptada permitirá acelerar su retorno al objetivo del 2%. Al mismo tiempo, destacó que la actividad económica mantiene un ritmo de expansión sólido. Aunque la incertidumbre continúa siendo elevada, en parte por la situación geopolítica, el consumo interno mantiene su fortaleza, la productividad avanza a buen ritmo y la inversión empresarial continúa siendo consistente. El mercado laboral también presenta estabilidad, con un crecimiento del empleo que sigue en línea con el aumento de la población activa y una tasa de paro que apenas ha experimentado cambios. Las primeras señales que apuntaron a una posible subida de los tipos habían llegado del propio Warsh durante su intervención en agosto en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole. En aquella ocasión defendió que el objetivo de inflación del 2% constituye una referencia fundamental para la Reserva Federal y dejó abierta la posibilidad de actuar si la evolución de los precios no mostraba una mejora clara. Las expectativas se reforzaron posteriormente con la publicación de los datos de inflación correspondientes a agosto. El índice de precios al consumo volvió a mostrar resistencia a la moderación que se había observado durante los meses anteriores, con una tasa interanual del 3,4%, prácticamente igual a la registrada en julio, y un incremento mensual de cuatro décimas. La evolución de la energía ha añadido presión al escenario inflacionista, con el precio del petróleo por encima de los 100 dólares en un contexto de tensión entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz. En Estados Unidos, el precio de la gasolina ha superado los cuatro dólares por galón y el diésel se encuentra en niveles máximos. Incluso excluyendo el efecto de la energía y de los alimentos no elaborados, la inflación subyacente apenas se redujo una décima en agosto, hasta el 2,4%. El comportamiento del mercado laboral también ha influido en la decisión. En agosto se crearon 162.000 empleos, una cifra que triplicó las previsiones de los analistas. Trump utilizó este dato para defender la conveniencia de reducir los tipos, mientras que los mercados interpretaron la fortaleza de la contratación como un margen adicional para que la Reserva Federal endureciera su política monetaria sin generar un deterioro significativo del empleo. A este escenario se añade el encarecimiento de la financiación del Gobierno estadounidense. Los inversores han comenzado a exigir mayores rentabilidades para comprar deuda del Tesoro, en parte como protección frente al riesgo de que la inflación permanezca elevada. Como consecuencia, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años ha superado el 5%, situándose en niveles que no se alcanzaban desde 2007.

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(Expansión, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Congreso tumba la ley de "lobbies" y anula el nuevo registro de grupos de interés

El Gobierno no ha logrado reunir en el Congreso los votos necesarios para convalidar el real decreto-ley aprobado a finales de agosto, una situación que podría tener consecuencias sobre una parte del último desembolso de los fondos europeos. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 25 de agosto, incluía la regulación de los grupos de interés y pretendía garantizar el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por España ante Bruselas. La oposición de PP, Vox y Junts ha provocado que el Ejecutivo tenga que asumir el incumplimiento de este hito y revisar sus expectativas respecto al último pago de los fondos europeos, cuyo importe total asciende a 26.000 millones de euros. Aplicando de forma orientativa la metodología de la Comisión Europea para calcular las reducciones asociadas a compromisos no cumplidos, España podría afrontar una merma de hasta 1.500 millones de euros. No obstante, fuentes del Gobierno apuntan a que el impacto final podría ser inferior, ya que el mecanismo contempla ajustes en función de la relevancia del objetivo incumplido. La votación también supone que deja de estar vigente la regulación de los grupos de interés incluida en el decreto. Antes de la votación, el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, había intentado recabar apoyos parlamentarios ofreciendo revisar el texto antes de octubre y estudiar la posibilidad de excluir del registro a las organizaciones empresariales y sindicales. La propuesta no consiguió modificar la posición del Partido Popular. Su portavoz, Edurne Uriarte, defendió que rechazar el real decreto no equivalía a oponerse a una regulación de los grupos de interés y cuestionó la necesidad de aprobarla mediante un decreto-ley. El PP planteó continuar con la tramitación del proyecto de ley remitido al Congreso en 2025, cuya aprobación atribuye a la falta de iniciativa del Ejecutivo. Con el rechazo parlamentario, también queda sin efecto el registro estatal de grupos de interés que había comenzado a funcionar apenas una semana antes. La regulación obligaba a inscribirse a las entidades que mantuvieran contactos con representantes políticos o altos cargos de la Administración General del Estado. Durante los primeros días de funcionamiento habían presentado solicitudes varias compañías de relevancia, entre ellas Renault, Tesla, Enagás, Danone, Exolum, Feníe Energía y HP. La regulación de los grupos de interés ha generado posiciones enfrentadas entre los distintos sectores implicados. Las organizaciones empresariales y sindicales se han mostrado especialmente críticas con la obligación de inscribirse en el registro. Los sindicatos consideran que incluir a los agentes sociales supone no tener en cuenta las funciones de representación que tienen reconocidas constitucionalmente. Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, había anunciado que la organización empresarial interrumpiría sus contactos con el Gobierno hasta conocer el resultado de la votación. Las grandes empresas del Ibex 35 tampoco habían manifestado públicamente una oposición general al decreto, aunque el hecho de que ninguna se hubiera registrado durante su primera semana de vigencia fue interpretado como una señal de rechazo a la nueva regulación. Desde el sector profesional dedicado a las relaciones institucionales, la valoración ha sido diferente. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (Apri) considera que la derogación supone perder una oportunidad para dotar de mayor transparencia y seguridad jurídica a las relaciones entre el sector privado y las administraciones públicas. Su presidente, Carlos Parry, ha defendido la necesidad de que España disponga de una regulación estatal estable y ha reclamado que se reanude cuanto antes la negociación para alcanzar una norma con un respaldo parlamentario amplio. La asociación sostiene además que el decreto ahora derogado incorporaba buena parte de las propuestas planteadas por los grupos parlamentarios y se ajustaba a los estándares europeos. Entre sus elementos figuraban la gestión del registro por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la posibilidad de interoperabilidad con los registros de grupos de interés que ya funcionan en determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos.

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