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(Cinco Días, 01-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor sube en agosto al 2,95%, su nivel más alto desde hace dos años

El euríbor, principal referencia para las hipotecas variables en España, ha terminado agosto en el 2,95%, lo que supone su nivel más elevado desde agosto de 2024, cuando alcanzó el 3,169%. El índice ha aumentado 11 puntos básicos respecto a julio y acumula una subida de 84 puntos básicos en comparación con agosto de 2025, cuando se situó en el 2,112%. Este incremento tendrá un impacto directo en los préstamos hipotecarios que se revisen tomando como referencia el dato de agosto. Para una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% sobre el euríbor, la nueva referencia supondrá un aumento aproximado de 70,25 euros mensuales en la cuota. En términos anuales, el encarecimiento alcanzará unos 843 euros. El efecto será especialmente elevado para quienes se encuentren al comienzo de la vida del préstamo, ya que todavía tienen pendiente de amortizar una parte importante del capital. Por ello, una variación del tipo de interés tiene en estos casos una mayor repercusión sobre el importe de las cuotas. Desde iAhorro, su portavoz Laura Martínez considera que la evolución del euríbor está anticipando un posible endurecimiento de las condiciones monetarias por parte del Banco Central Europeo. Según su análisis, los mercados están reaccionando antes de que el BCE haya confirmado nuevas decisiones sobre los tipos, una circunstancia que ya comienza a trasladarse a las cuotas de las hipotecas variables. En Kelisto.es, su portavoz de Finanzas Personales, Pedro Ruiz, apunta además a la persistencia de las tensiones inflacionistas asociadas al conflicto en Oriente Próximo. A su juicio, las perspectivas han empeorado respecto a las que se manejaban hace apenas un mes, lo que reduce las posibilidades de que el euríbor pueda iniciar una bajada significativa en el corto plazo. También desde Roams, el experto en finanzas Pablo Vega considera que la atención del mercado estará centrada en la próxima reunión del BCE de septiembre. Más allá de una posible subida de 25 puntos básicos, el mercado tratará de determinar cuántos movimientos adicionales podrían producirse posteriormente. Esta expectativa será clave para establecer si el nivel del 3% se convierte en un techo temporal para el euríbor o, por el contrario, en el punto de partida de nuevas subidas. Las previsiones para el cierre de 2026 apuntan, en general, a un euríbor situado alrededor del 3%, aunque su evolución estará muy condicionada por la situación en Oriente Próximo. Si se producen avances diplomáticos que permitan recuperar progresivamente la normalidad en el estrecho de Ormuz, los precios energéticos se moderan y el BCE limita su respuesta a una subida adicional en septiembre, el índice podría terminar el ejercicio en una horquilla próxima al 2,8%-3%. Un escenario de mayor duración del conflicto, en cambio, podría llevar al euríbor hasta el 3% en diciembre e incluso acercarlo al 3,10%, según las estimaciones de HelpMyCash. En cualquier caso, las previsiones apuntan a que el índice cerrará 2026 por encima del nivel registrado en diciembre de 2025, cuando se situó en el 2,267%. Ante esta perspectiva, los expertos recomiendan a los titulares de hipotecas variables revisar su capacidad financiera para asumir cuotas calculadas con un euríbor del 3% o incluso superior. Si el incremento supone una dificultad para afrontar los pagos, una de las alternativas sería negociar con la entidad bancaria un cambio a un préstamo a tipo fijo o buscar una reducción de la cuota mediante una ampliación del plazo de amortización.

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(Expansión, 01-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de la vivienda sube un 15,6% en agosto

El precio de la vivienda de segunda mano en España aumentó un 0,4% en agosto respecto al mes anterior y acumuló una subida interanual del 15,6%, hasta alcanzar los 3.166 euros por metro cuadrado, según los datos publicados por Fotocasa. Con este nuevo avance anual, el mercado residencial encadena ya 70 meses consecutivos de incrementos, desde noviembre de 2020. El encarecimiento registrado en el último año supone que una vivienda de 80 metros cuadrados haya pasado de tener un precio medio de 219.020 euros a situarse en 253.270 euros en agosto de 2026, lo que representa un aumento del 15,6%. Fotocasa señala que, pese a que la vivienda continúa encareciéndose a tasas muy elevadas, agosto ha registrado el incremento interanual más moderado del año. La evolución apunta a una paulatina pérdida de intensidad en las subidas, después de varios meses en los que los aumentos llegaron a superar el 20%. Desde mayo, la tendencia ha sido de moderación progresiva hasta el 15,6% actual. La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, advierte de que esta desaceleración no implica que los precios estén bajando, sino que avanzan a un ritmo menor. A su juicio, el mercado sigue sometido a una fuerte presión debido a la elevada demanda y a la escasez de oferta disponible, por lo que todavía no puede hablarse de una normalización de los precios. Todas las comunidades autónomas registraron incrementos interanuales durante agosto. En 13 de ellas, las subidas superaron el 10%. Murcia encabezó los aumentos con un 28,8%, seguida de Cantabria, con un 18,5%; Comunidad Valenciana, con un 17,1%; Navarra, con un 17%; La Rioja, con un 15,9%; Asturias, con un 14,4%; País Vasco, con un 14,3%; Castilla-La Mancha, con un 13,7%; Castilla y León, con un 13,1%; Galicia, con un 12,7%; Cataluña, con un 12%; Aragón, con un 11%, y Andalucía, con un 10,9%. El resto de comunidades también registraron avances, aunque de menor intensidad. Madrid elevó sus precios un 9,9%, Extremadura un 8,8%, Canarias un 7,5% y Baleares un 5,3%. En términos de precio por metro cuadrado, Baleares y Madrid se mantienen como las comunidades más caras, con 5.443 y 5.431 euros, respectivamente. A continuación aparecen País Vasco, con 4.045 euros; Cataluña, con 3.485; Canarias, con 3.375; Andalucía, con 2.958; Comunidad Valenciana, con 2.866; Cantabria, con 2.792; Navarra, con 2.439; Asturias, con 2.427; Galicia, con 2.299; Murcia, con 2.209; La Rioja, con 2.011 euros. En el extremo contrario se encuentran Extremadura, con un precio medio de 1.380 euros por metro cuadrado; Castilla-La Mancha, con 1.436; Castilla y León, con 1.840, y Aragón, con 1.986 euros. Por provincias, el precio de la vivienda aumentó en 48 de las 50 analizadas, lo que supone el 96% del total. Doce provincias registraron incrementos superiores al 15%. Murcia volvió a liderar la clasificación, con un 28,8%, seguida de León, con un 25,7%; Ávila, con un 23,9%; Ciudad Real, con un 19,4%; Guipúzcoa, con un 19,1%; Cantabria, con un 18,5%; Almería, con un 18,4%; Navarra, con un 17%; Valencia, con un 16,5%; A Coruña, con un 16,2%; La Rioja, con un 15,9%, y Lleida, con un 15,4%. Las únicas provincias que registraron descensos fueron Soria, con una caída del 0,1%, y Teruel, con un retroceso del 0,3%. En cuanto al precio, Baleares y Madrid son las únicas provincias que superan los 5.000 euros por metro cuadrado. Baleares encabeza la clasificación, con 5.343 euros, seguida de Madrid, con 5.331; Guipúzcoa, con 4.894, y Málaga, con 4.631 euros. En el lado opuesto, Jaén presenta el precio más bajo, con 1.149 euros por metro cuadrado, seguida de Ciudad Real, con 1.150 euros. En las 50 capitales de provincia analizadas también se produjo un aumento interanual de los precios durante agosto. Siete de ellas registraron incrementos superiores al 15%: León, con un 26,7%; Zamora, con un 21,3%; Ciudad Real, con un 20,2%; Salamanca, con un 19%; Soria, con un 18,3%; Jaén, con un 16,2%, y Ourense, con un 15,3%. Quince capitales de provincia superaron los 3.000 euros por metro cuadrado. San Sebastián se situó a la cabeza, con 7.141 euros, seguida de Madrid, con 6.624; Barcelona, con 5.375, y Palma de Mallorca, con 5.250 euros. Después aparecen Málaga, con 4.387 euros; Bilbao, con 4.226; Valencia, con 3.655; A Coruña, con 3.525; Cádiz, con 3.446; Pamplona, con 3.343; Vitoria, con 3.270; Santander, con 3.194; Girona, con 3.128; Las Palmas de Gran Canaria, con 3.087, y Alicante, con 3.004 euros por metro cuadrado. Zamora, con un precio medio de 1.681 euros por metro cuadrado, fue la capital de provincia más económica.

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(El País, 01-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España dispara las compras de gas ruso a pocos meses del veto definitivo de Europa

La escalada militar en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz han provocado cambios importantes en las rutas de suministro de gas hacia España. Ante las dificultades para recibir cargamentos procedentes del golfo Pérsico, los operadores han incrementado sus compras a Rusia, pese a que el gas ruso está sujeto a las sanciones de la Unión Europea y quedará completamente vetado a partir de 2027. Según los últimos datos de CORES, las importaciones españolas de gas natural ruso crecieron un 42% durante el primer semestre de 2026, hasta alcanzar los 37.172 GWh. El incremento de las compras a Rusia ha servido para compensar parcialmente la reducción de otros suministros, especialmente los procedentes de Qatar. La interrupción del tránsito de buques metaneros por Ormuz ha impedido nuevas entregas desde el emirato desde el comienzo de la crisis, hasta el punto de que las importaciones españolas de gas catarí cayeron un 100% en el acumulado de los seis primeros meses del año. En cambio, Rusia ha podido mantener sus envíos mediante rutas árticas que no dependen de este estratégico paso marítimo. El cambio resulta especialmente significativo si se compara con la situación de 2025. Durante el primer semestre del año pasado, España recibió 26.208 GWh de gas ruso y posteriormente las compras llegaron a reducirse más de un 70% interanual. La tendencia parecía apuntar hacia una progresiva disminución de la dependencia energética de Moscú, en línea con la política de sanciones europea por la guerra de Ucrania. Sin embargo, el conflicto en Oriente Próximo ha modificado esta evolución y la ausencia de suficientes cargamentos alternativos de gas natural licuado a corto plazo ha llevado a las comercializadoras a recurrir nuevamente al suministro ruso. El repunte fue especialmente intenso en junio, cuando las importaciones de gas ruso aumentaron un 68% respecto al mismo mes de 2025, hasta situarse en unos 5.500 GWh. Rusia se convirtió así en el segundo proveedor de España durante ese mes, con algo más del 20% del total, aunque todavía por detrás de Argelia, que aportó aproximadamente el 40%. Esta evolución evidencia cómo los operadores están adaptando sus compras ante la interrupción de los suministros procedentes del golfo Pérsico y priorizando a aquellos proveedores capaces de utilizar rutas alternativas a Ormuz. Una parte importante del aumento registrado en el conjunto del semestre se explica por las compras realizadas en marzo. Ese mes España recibió 9.807 GWh de gas ruso, el mayor volumen mensual de toda la serie histórica. La incertidumbre generada por el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán llevó a las empresas a asegurarse suministros ante el temor a nuevas interrupciones y a un encarecimiento de la energía. Además, marzo fue el último mes completo en el que podían realizarse determinadas operaciones en el mercado spot antes de la entrada en vigor de nuevas restricciones europeas. En mayo se produjo otro importante envío, de más de 8.700 GWh, vinculado a contratos de largo plazo. Entre ambos meses concentraron aproximadamente la mitad de todo el gas ruso adquirido por España durante el semestre. Desde Sedigas consideran que este incremento no contradice las sanciones europeas, ya que el calendario establecido por la UE todavía permitía durante los primeros meses de 2026 determinadas compras vinculadas a contratos anteriores a junio de 2025. Los contratos de suministro de GNL a largo plazo suscritos antes de esa fecha también pueden continuar ejecutándose hasta el 1 de enero de 2027. Según la patronal, esta situación explica que los flujos asociados a compromisos previamente adquiridos se hayan mantenido e incluso incrementado antes de que finalicen los plazos establecidos por la normativa europea. A pesar del mayor protagonismo ruso, Argelia y Estados Unidos siguen siendo los principales suministradores del mercado español. Las compras a Estados Unidos han retrocedido un 6% en lo que va de año, hasta los 55.790 GWh, debido en buena medida al desvío temporal de cargamentos hacia mercados asiáticos donde los precios son más atractivos. Aun así, el país norteamericano mantiene una cuota cercana al 27% del suministro nacional. Argelia continúa encabezando el suministro español, con 64.230 GWh aportados entre enero y junio a través del gasoducto Medgaz, prácticamente el doble del volumen procedente de Rusia. En el conjunto del semestre, el gas ruso representó el 19,7% de las importaciones, mientras que Argelia alcanzó el 34% y Estados Unidos el 29,1%. Sedigas subraya además que, tomando un horizonte temporal más amplio, el peso del gas ruso no ha experimentado un aumento tan acusado: su participación media durante los últimos cinco años fue del 14,5%, frente al 14,4% registrado en los últimos doce meses. Los datos de Enagás también apuntan a que el repunte de las compras rusas podría tener un carácter temporal. El peso de Rusia sobre el total de las importaciones pasó del 20% hasta junio al 18% hasta julio. Durante julio, los operadores adquirieron a Moscú 2.088 GWh, el volumen mensual más bajo del año y una cantidad similar a la registrada en 2025. España afronta esta situación con unas reservas energéticas relativamente elevadas. En junio disponía de más de 15.300 kilotoneladas de petróleo, un 4% más que un año antes, volumen suficiente, en teoría, para cubrir 101 días de consumo sin nuevas entradas. Esta cifra supera el mínimo de 90 días establecido por la Agencia Internacional de la Energía y ofrece margen para buscar proveedores alternativos y reorganizar las importaciones en caso de nuevas perturbaciones. En el caso del gas, los almacenamientos subterráneos españoles también presentaban a mitad de año un nivel de ocupación superior al 70%, lo que proporciona un margen de seguridad ante eventuales problemas de suministro. La principal preocupación se encuentra, por tanto, en los precios. El Brent ha registrado fuertes fluctuaciones durante el primer semestre y llegó a superar los 100 dólares por barril en mayo. El encarecimiento se ha trasladado al coste de las importaciones españolas: en junio, el precio del crudo adquirido por España, incluido transporte y seguro, alcanzó los 85,33 euros por barril, un 46% más que un año antes. Sedigas no prevé problemas de abastecimiento físico, gracias a la capacidad española de regasificación y almacenamiento y a la diversificación de proveedores, que permite obtener gas de entre 12 y 15 países diferentes cada año. El principal riesgo se encuentra en el mercado internacional de GNL, donde una mayor competencia por los cargamentos puede elevar los precios o provocar que los buques se dirijan hacia destinos con una mayor rentabilidad. Esta presión podría terminar repercutiendo tanto en la industria como en los consumidores españoles.

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(Cinco Días, 31-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La gran banca pulveriza sus propios récords y gana un 18% más en el primer semestre del año

La banca española ha cerrado el primer semestre de 2026 con los mejores resultados de su historia. Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter obtuvieron un beneficio conjunto de 19.803 millones de euros, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior, superando el récord que ya habían alcanzado en la primera mitad de 2025. La sucesión de resultados históricos comenzó en 2022, cuando el Banco Central Europeo (BCE) inició el ciclo de subidas de los tipos de interés tras años de política monetaria expansiva. Ese cambio permitió a las entidades mejorar significativamente la rentabilidad del crédito y elevar sus beneficios. Posteriormente, cuando los tipos descendieron temporalmente, los bancos compensaron la menor rentabilidad financiera con un mayor volumen de préstamos y un incremento de los ingresos por comisiones. El nuevo aumento de los tipos de interés por parte del BCE ha reforzado esta tendencia. Las entidades han logrado combinar un mayor crecimiento del crédito con una mejora de la rentabilidad de sus productos, lo que ha impulsado el margen de intereses -la diferencia entre los ingresos por préstamos y el coste de los depósitos- un 9,5%, hasta alcanzar los 46.200 millones de euros. Las comisiones también mantuvieron una evolución positiva, con un incremento del 10%, hasta los 15.278 millones, mientras que el margen bruto avanzó un 8%. Santander volvió a liderar el sector por volumen de beneficios, al obtener 8.973 millones de euros, un 31% más que un año antes. No obstante, este resultado incorpora ingresos extraordinarios derivados de la venta de su negocio en Polonia a Ertse Bank, que aportó 1.895 millones de euros, así como un impacto de 250 millones por los costes de reestructuración asociados a la adquisición de TSB, hasta entonces propiedad de Sabadell. Descontando estos efectos, el beneficio recurrente ascendió a 7.328 millones, un 14% superior al registrado en el mismo periodo de 2025. BBVA ocupó la segunda posición con un beneficio superior a los 6.000 millones de euros, tras crecer un 11% interanual. La entidad destacó por el fuerte incremento de su margen de intereses, del 18%, impulsado por la evolución del negocio en España y, especialmente, por la aportación de su filial en México, que continúa siendo su principal fuente de resultados. Además, junto con Bankinter, figura entre los bancos con mayor rentabilidad del sistema financiero español. CaixaBank obtuvo un beneficio un 8% superior al del primer semestre del año pasado. Su margen de intereses aumentó un 2% y los ingresos por comisiones un 7,4%. Sin embargo, la presentación de sus resultados fue recibida con escepticismo por el mercado, ya que la entidad mantuvo sin cambios sus previsiones para el cierre del ejercicio, lo que provocó una caída cercana al 7% de su cotización bursátil. Por su parte, Sabadell atraviesa una fase de transición tras culminar el proceso derivado de la opa hostil lanzada por BBVA y resuelta el pasado otoño. El nuevo consejero delegado, Marc Armengol, confía en que el banco recupere impulso en los próximos trimestres gracias a una mejora de los ingresos. Hasta el momento, el beneficio se mantiene prácticamente estable respecto al primer semestre de 2025, teniendo en cuenta la aportación de TSB hasta su venta en abril. Además, el margen de intereses retrocedió un 2%, las comisiones permanecieron sin cambios y el margen bruto descendió un 2,8%, lo que convierte a Sabadell en la única gran entidad que no ha alcanzado un beneficio récord y que presenta caídas en las principales magnitudes de su cuenta de resultados.

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(El País, 31-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El fin de las ayudas a los carburantes amenaza con elevar hasta un punto la inflación en otoño

La escalada del conflicto en Oriente Próximo comienza a reflejarse en la evolución de los precios en España. El Índice de Precios de Consumo (IPC) avanzó hasta el 3,5% en julio, tres décimas más que en junio, según el dato adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El repunte coincide con el inicio de la retirada progresiva de las ayudas fiscales a los carburantes y constituye un primer indicio del efecto que tendrá la desaparición de estas medidas sobre la inflación en los próximos meses. La mayoría de los analistas coincide en que el índice continuará aumentando cuando las bonificaciones se eliminen por completo, aunque persisten las dudas sobre la magnitud del impacto y el momento en que se producirá. La reciente convalidación del Real Decreto-ley 18/2026 mantiene las rebajas fiscales durante el verano, pero deja al Gobierno condicionado por una situación internacional que escapa a su control. El calendario diseñado por el Ejecutivo contempla una reducción gradual de las ayudas, que pasan de 15 céntimos por litro en julio a 10 céntimos en agosto y cinco en septiembre, con su desaparición prevista para octubre. Sin embargo, este plan se elaboró bajo la premisa de que la tensión geopolítica disminuiría durante el verano y permitiría una estabilización de los mercados energéticos, un escenario que, por ahora, no se ha materializado. La incertidumbre se ha intensificado por la evolución del mercado del petróleo. Algunas previsiones, como las de Goldman Sachs, contemplan que el barril de Brent pueda acercarse a los 120 dólares durante los próximos meses. Ante este panorama, el Ejecutivo deberá decidir entre mantener el calendario previsto para retirar las ayudas, asumiendo un mayor impacto sobre la inflación, o prolongarlas si la presión sobre los precios de la energía continúa aumentando. A ello se suma el encarecimiento del gas natural en Europa, que durante julio alcanzó sus niveles más elevados desde el inicio de la guerra en Irán, mientras que el petróleo volvió a situarse en torno a los 100 dólares por barril. Esta evolución abre la puerta a una posible prórroga de las medidas fiscales si las tensiones energéticas persisten más allá del verano. Mientras tanto, distintas estimaciones sitúan el incremento adicional de la inflación en torno a medio punto porcentual para octubre, incluso en un escenario relativamente favorable. Según cálculos del director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo Llanes, el IPC correspondiente a junio habría superado el 4% si las rebajas fiscales no hubieran estado vigentes. La intensidad del repunte dependerá, en gran medida, del peso que tienen los combustibles en la cesta de consumo. Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas (CGE), recuerda que carburantes y combustibles representan aproximadamente el 5% del índice general de precios. En su opinión, la desaparición total de las ayudas podría añadir alrededor de ocho décimas a la inflación si el resto de factores permaneciera estable, ya que las bonificaciones llegaron a reducir el precio en los surtidores entre un 15% y un 17%. Funcas maneja una previsión similar y calcula que la retirada completa de los incentivos fiscales aportaría entre ocho y nueve décimas adicionales al IPC, aunque una parte de ese efecto ya comenzó a materializarse con los cambios introducidos en junio y julio. De cara al otoño, la entidad estima que el impacto pendiente rondará las cinco décimas. Además del efecto directo sobre los carburantes, advierte de que el aumento de los costes energéticos terminará trasladándose progresivamente al conjunto de la economía, encareciendo la producción, la distribución y numerosos servicios. La fundación considera que este proceso persistirá incluso si la situación geopolítica mejora, ya que la transmisión de los mayores costes energéticos al tejido productivo suele producirse con retraso. A ello se añade una inflación subyacente que continúa mostrando una elevada resistencia, especialmente en el sector servicios. Como consecuencia, Funcas ha revisado al alza su previsión sobre el deflactor del consumo de los hogares para 2026, situándolo en una media del 3,2%, ocho décimas por encima de las estimaciones realizadas antes del estallido de la crisis en Oriente Próximo. BBVA Research también advierte del riesgo de que las presiones inflacionistas se extiendan a otros ámbitos de la economía. La entidad destaca que la inflación de los servicios permanece en el 3,9% y señala factores adicionales, como la escasez de capacidad en determinados sectores o el encarecimiento de la vivienda, que dificultan una moderación rápida de los precios. Asimismo, la fortaleza del mercado laboral y la reducción del desempleo podrían favorecer nuevas subidas salariales que acabarían trasladándose, al menos parcialmente, al consumidor. No todos los análisis apuntan al mismo impacto. Rafael Salas, del ICAE, estima que el incremento pendiente de la inflación durante el otoño será más moderado y rondará las cuatro décimas. En cualquier caso, coincide en que la evolución dependerá de la trayectoria que sigan el petróleo y los costes del refino en los mercados internacionales, el principal foco de incertidumbre en estos momentos. La tensión geopolítica continúa alimentando esa incertidumbre. Los recientes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra petroleros en el mar Rojo han reforzado el riesgo sobre una ruta de exportación clave para el suministro mundial de crudo, alternativa al estrecho de Ormuz, por la que circulan alrededor de cuatro millones de barriles diarios. Ante este escenario, el decreto convalidado por el Congreso incorpora un mecanismo de protección que permitiría restablecer automáticamente una bonificación de 20 céntimos por litro si el Instituto Nacional de Estadística certifica un incremento superior al 15% interanual en el precio de los carburantes. No obstante, la activación de esta medida dependerá tanto de la evolución del mercado energético internacional como del cumplimiento de las condiciones fijadas en la normativa.

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(El País, 31-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas pone en marcha el proceso para elegir la gigafactoría de IA a la que opta España

La Comisión Europea ha puesto en marcha el proceso de licitación para seleccionar las siete primeras gigafactorías de inteligencia artificial (IA) que se construirán en la Unión Europea. La iniciativa contempla una movilización de hasta 30.000 millones de euros, de los que alrededor de 5.000 millones procederán de fondos comunitarios, en buena parte vinculados al próximo marco financiero plurianual (2028-2034), y otros 5.000 millones serán aportados por los Estados miembros que alberguen los proyectos. Los 20.000 millones restantes deberán ser financiados por inversión privada. España figura entre los países candidatos con un proyecto respaldado por Portugal y concebido con una doble implantación: la sede principal se localizaría en Móra la Nova (Tarragona), mientras que otra parte de la infraestructura se desarrollaría en San Fernando de Henares (Madrid). La creación de estas gigafactorías forma parte de la estrategia comunitaria para reforzar la competitividad europea en inteligencia artificial y reducir la distancia que separa a la Unión Europea de Estados Unidos y China, líderes mundiales en este ámbito. Uno de los principales obstáculos identificados por Bruselas es el menor volumen de inversión. Un informe reciente de la OCDE refleja que, durante 2025, cerca del 75% del capital riesgo destinado a empresas de inteligencia artificial se concentró en Estados Unidos, con unos 170.000 millones de euros, mientras que la Unión Europea captó únicamente alrededor del 6%, equivalente a unos 14.000 millones de euros. El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 12 de noviembre y la Comisión Europea prevé anunciar los proyectos seleccionados a comienzos de 2027. Desde las administraciones españolas se ha reiterado la confianza en las posibilidades de la candidatura nacional. El consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, defendió que la propuesta aspira a convertir las Terres de l'Ebre en un referente europeo en inteligencia artificial gracias a la colaboración entre el Gobierno de España y la Generalitat. Para respaldar esta iniciativa, el Ejecutivo español aprobó hace unas semanas una aportación pública de 719 millones de euros. El proyecto cuenta además con el compromiso inversor de Banco Santander, ACS y Telefónica, que asumirían conjuntamente el 47% del capital, con una participación idéntica del 15,67% para cada compañía. A ellas se suma Multiverse Computing, que aportará otro 4%. La participación pública se articulará a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controlará el 48% del capital, mientras que la Generalitat dispondrá del 1% restante. La inversión prevista para el desarrollo de la gigafactoría asciende a 5.000 millones de euros y se ejecutará en dos fases. La primera requerirá una capacidad eléctrica de 50 megavatios, ya garantizada, mientras que la segunda elevará esa demanda hasta los 125 megavatios. La instalación principal se ubicará en Móra la Nova, una localidad tarraconense situada junto al río Ebro. Sus promotores sostienen que la elección responde a criterios técnicos y estratégicos, y no únicamente a su ubicación geográfica. Además, estiman que el complejo podría generar alrededor de 2.000 puestos de trabajo y aseguran que el proyecto podría desarrollarse incluso si finalmente no obtiene financiación europea. La competencia será elevada. Francia concurrirá con el consorcio AION, que prevé una inversión cercana a los 9.000 millones de euros. Alemania también presentará candidatura, mientras que Polonia y Lituania optarán conjuntamente a albergar otra de las instalaciones. No obstante, el listado definitivo de aspirantes no se conocerá hasta el cierre del plazo de inscripción en noviembre. La Comisión Europea estima que los proyectos seleccionados deberán entrar en funcionamiento aproximadamente un año y medio después de su adjudicación, lo que sitúa su puesta en marcha hacia mediados de 2028. Estas gigafactorías estarán especializadas en el desarrollo de semiconductores de última generación, procesadores avanzados, plataformas de inteligencia artificial, infraestructuras de computación en la nube y grandes centros de datos. Para garantizar el suministro de componentes estratégicos, la Unión Europea ya ha firmado cartas de intenciones con fabricantes tecnológicos como Nvidia, AMD y Qualcomm. La viabilidad de las futuras instalaciones estará respaldada por la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC), que se comprometerá a contratar capacidad de procesamiento en estas infraestructuras junto a 18 Estados miembros, entre ellos España. EuroHPC es el organismo público-privado responsable de coordinar la red europea de supercomputación, de la que ya forma parte el Barcelona Supercomputing Center, uno de los principales centros de cálculo avanzado del continente.

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(El Economista, 31-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Justicia abre el trámite de consultas para el futuro arancel de los Registros de la Propiedad

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha iniciado el trámite de consulta pública para modificar el Real Decreto que regula el arancel de los Registradores de la Propiedad. La propuesta pretende actualizar el sistema de tarifas aplicable a las notas simples y a los servicios de información continuada prestados por vía telemática, adaptándolo a la realidad tecnológica y económica actual. La normativa vigente fue aprobada en 1989, cuando la publicidad registral se gestionaba principalmente de forma presencial, en papel o mediante comunicaciones por correo y fax. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 11/2023 eliminó el uso del fax para el envío de información registral, salvo en aquellos casos en los que existan problemas técnicos que impidan utilizar otros medios. La iniciativa llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en una sentencia dictada el 26 de mayo, anulara el cobro de 12,03 euros por una nota simple con información continuada al considerar que ese importe carecía de cobertura normativa. El tribunal concluyó que el precio aplicable debía limitarse a 3,01 euros. Según explica el Ministerio, los servicios de información registral continuada requieren actualmente infraestructuras tecnológicas avanzadas, sistemas seguros de comunicación y elevados niveles de ciberseguridad, lo que implica unos costes muy superiores a los existentes cuando se aprobó el arancel vigente. Aunque la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública había consolidado una doctrina administrativa que admitía determinadas tarifas para los servicios telemáticos -como una minutación global de 12 euros para las notas que sustituyen al antiguo fax y de 9,02 euros para la publicidad instrumental del Servicio de Índices-, estos importes nunca llegaron a incorporarse de forma expresa en la regulación arancelaria. Para sustituir el sistema de envío por fax, el Colegio de Registradores implantó un procedimiento digital a través de su Sede Electrónica, que permite solicitar y obtener de forma inmediata información sobre la titularidad y las cargas de los inmuebles, con plena trazabilidad de las consultas realizadas. Con esta reforma, el Gobierno pretende incorporar al marco normativo la doctrina administrativa existente para reforzar la seguridad jurídica de ciudadanos y profesionales, garantizar la financiación de las inversiones tecnológicas necesarias y asegurar la sostenibilidad económica del servicio registral. Asimismo, la modificación busca adaptar el modelo registral español al proceso de digitalización promovido por la Unión Europea. El periodo de consulta pública permanecerá abierto hasta el próximo 5 de agosto de 2026.

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(Expansión, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed mantiene los tipos en el 3,5% y pospone posibles medidas contra la inflación

La Reserva Federal cumplió este miércoles con las expectativas del mercado y decidió mantener los tipos de interés en el rango del 3,5% al 3,75%, pese al creciente debate interno sobre la conveniencia de endurecer la política monetaria para contener las presiones inflacionistas derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La segunda reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) bajo la presidencia de Kevin Warsh, nombrado para el cargo por Donald Trump, aplaza así cualquier posible subida de tipos, al menos, hasta después del verano. No obstante, la división dentro del banco central estadounidense se hace cada vez más evidente. Si en la primera reunión presidida por Warsh la decisión de mantener los tipos fue unánime, en esta ocasión el resultado fue de nueve votos a favor y tres en contra. Los gobernadores Beth M. Hammack, de la Reserva Federal de Cleveland; Neel Kashkari, de Minneapolis; y Lorie K. Logan, de Dallas, defendieron un incremento inmediato de un cuarto de punto en los tipos de interés. La mayoría del Comité justificó su decisión señalando que la economía estadounidense continúa creciendo con solidez pese a la incertidumbre provocada por la situación en Oriente Medio. La Fed destacó el buen comportamiento de la inversión empresarial, el avance de la productividad y la fortaleza del mercado laboral, razones por las que optó por mantener sin cambios el precio del dinero por quinta reunión consecutiva este año. Aun así, la institución reconoció que la inflación sigue situándose por encima del objetivo del 2%, una circunstancia que atribuye parcialmente a los problemas de oferta y al encarecimiento de algunos sectores, especialmente el energético. En su comunicado, el organismo reiteró únicamente su compromiso de preservar la estabilidad de precios, sin ofrecer señales claras sobre futuras decisiones. Durante la rueda de prensa posterior, Kevin Warsh defendió la prudencia del banco central y aseguró que la elevada inflación acumulada durante más de cinco años no puede corregirse en apenas unas semanas. También afirmó que la Reserva Federal actuará cuando lo considere necesario y recordó que el objetivo de inflación sigue siendo exclusivamente del 2%, sin margen para modificar esa referencia. El presidente de la Fed explicó además que vigilará de cerca la evolución de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense, cuyo comportamiento calificó como uno de los más relevantes de las dos últimas décadas. Al mismo tiempo, destacó la fortaleza de la inversión empresarial, especialmente en los sectores tecnológico y de inteligencia artificial, donde el gasto en capital ha aumentado alrededor de un 20% en el último año, sentando las bases para un mayor crecimiento económico. Aunque la mayoría de los analistas daba por descontado que la Reserva Federal mantendría los tipos sin cambios, en los últimos días había cobrado fuerza la posibilidad de una subida inmediata debido al repunte de las tensiones geopolíticas y su impacto sobre los precios de la energía. Quienes defendían la continuidad de la política monetaria destacaban la resistencia del empleo y la moderación de la inflación en junio, cuando el IPC descendió hasta el 3,5% desde el 4,2% registrado en mayo, coincidiendo con el alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán. Sin embargo, cerca de un tercio de los expertos contemplaba la posibilidad de una subida de tipos como respuesta a una inflación que lleva cinco años por encima del objetivo de la Reserva Federal. Esa expectativa se apoyaba también en las recientes declaraciones de Warsh ante el Congreso, donde aseguró que el banco central no permitirá que la inflación elevada se convierta en permanente. Las presiones para endurecer la política monetaria se intensificaron tras el recrudecimiento del conflicto en torno al estrecho de Ormuz y los ataques hutíes contra petroleros saudíes en el mar Rojo, factores que impulsaron nuevamente el precio del petróleo y elevaron el coste de la gasolina por encima de los cuatro dólares por galón. La incertidumbre que rodeó esta reunión también estuvo condicionada por el cambio de estrategia comunicativa impulsado por Warsh desde su llegada al cargo. El nuevo presidente ha eliminado la denominada orientación prospectiva o forward guidance, con la que la Reserva Federal anticipaba al mercado sus futuros movimientos sobre los tipos de interés. Con esta decisión pretende reducir la influencia que esas previsiones ejercían sobre empresas e inversores. La combinación de esa nueva estrategia de comunicación y el aumento de las tensiones geopolíticas, tras los recientes ataques iraníes contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo, provocó que Wall Street afrontara la jornada con pérdidas antes de conocerse la decisión de la Reserva Federal.

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(Expansión, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Condenan a un abogado por utilizar jurisprudencia falsa generada por IA

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa de 840 euros a un abogado por presentar un recurso que incluía citas textuales de supuestas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que, en realidad, nunca existieron y habían sido generadas por un sistema de inteligencia artificial. La Sala de lo Penal considera que la actuación del letrado no puede calificarse como un simple error involuntario, sino que constituye una grave falta de diligencia profesional. Según los magistrados, su conducta supone un incumplimiento del deber de buena fe procesal y una falta de respeto hacia el tribunal encargado de resolver el recurso. En la resolución, el TSJC recuerda que los profesionales del Derecho ya deberían conocer el riesgo de las denominadas "alucinaciones" de la inteligencia artificial, es decir, la generación de información falsa o inexistente presentada como si fuera verídica. El tribunal también destaca que el abogado no reconoció el error ni presentó disculpas, por lo que considera insuficiente una mera advertencia o apercibimiento. Para fijar la cuantía de la sanción, la Sala optó por un criterio que califica de objetivo y con carácter ejemplarizante. En concreto, tomó como referencia el coste aproximado de una suscripción anual a una herramienta de inteligencia artificial especializada en el ámbito jurídico, cuyo uso, a juicio del tribunal, probablemente habría evitado la inclusión de referencias jurisprudenciales inexistentes. La sentencia señala que este tipo de aplicaciones profesionales puede contratarse desde unos 70 euros al mes, por lo que estableció una multa equivalente a doce meses de suscripción, es decir, 840 euros. No se trata del primer episodio de estas características en Canarias. En febrero, la misma Sala ya sancionó con 420 euros a otro abogado que había incorporado en un recurso hasta 48 resoluciones judiciales falsas, presuntamente generadas mediante inteligencia artificial.

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(El Economista, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno confía a la IA los órganos de contratación y las mesas de adjudicación

El Gobierno pretende reforzar los mecanismos de prevención de la corrupción mediante el anteproyecto de Ley de Integridad Pública, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros en segunda lectura. La iniciativa, cuyo recorrido parlamentario dependerá de la obtención de apoyos suficientes en las Cortes, apuesta por la digitalización completa de la gestión del gasto público y por la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles irregularidades en tiempo real, al tiempo que endurece las medidas para perseguir los delitos y recuperar los fondos públicos desviados. La norma contempla que los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial supervisen de forma automatizada la posible existencia de conflictos de interés dentro de la Administración General del Estado. Para ello, establece la digitalización obligatoria de todos los expedientes y documentos relacionados con el gasto público, desde su registro contable inicial hasta la autorización definitiva del pago. Con el fin de facilitar este control, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) elaborará un catálogo único y estandarizado con la documentación que deberá integrar cada expediente. A partir de ese modelo común, los sistemas informáticos incorporarán controles automáticos capaces de detectar errores formales, inconsistencias o defectos documentales, bloqueando aquellos expedientes que no cumplan los requisitos antes de que puedan generar un desembolso de fondos públicos. Toda la información recopilada se integrará en una base de datos centralizada sobre el gasto del Estado. Sobre este repositorio se aplicarán tecnologías de análisis masivo de datos y algoritmos avanzados para elaborar mapas de riesgo y detectar patrones anómalos. El sistema toma como referencia el modelo desarrollado con la herramienta MINERVA, utilizada para supervisar la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En materia de contratación pública, la inteligencia artificial analizará la actuación de los órganos de contratación, de las mesas encargadas de valorar las ofertas y de los responsables de las adjudicaciones. En el ámbito de las subvenciones, el control alcanzará tanto a los órganos concedentes como a las comisiones de evaluación. La supervisión automatizada también se extenderá a los procesos de selección de personal, oposiciones y actuaciones relacionadas con la ordenación del territorio. Como requisito obligatorio, todas las personas que participen en estos procedimientos deberán firmar una Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI). La IGAE asumirá el análisis automatizado en los expedientes de contratación y subvenciones, mientras que las Inspecciones de Servicios de cada ministerio serán las encargadas de supervisar los procedimientos relacionados con los recursos humanos. El anteproyecto establece igualmente límites al uso de la inteligencia artificial para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. Los algoritmos no podrán adoptar decisiones ni determinar responsabilidades administrativas o penales, funciones que seguirán correspondiendo exclusivamente a las autoridades competentes. Su utilización quedará restringida a la detección de riesgos, la identificación de patrones sospechosos y la emisión de alertas preventivas. Además, las herramientas tecnológicas que emplee la futura Agencia Independiente de Integridad Pública deberán someterse a auditorías periódicas, garantizar la trazabilidad de sus decisiones, respetar la normativa de protección de datos y mantener en todo momento la supervisión humana. El texto también incorpora medidas para reforzar el control sobre la externalización y privatización de servicios públicos esenciales. En estos casos será obligatorio evaluar previamente los riesgos asociados a la gestión privada de recursos públicos con el objetivo de incrementar la transparencia y prevenir posibles irregularidades en la contratación. En el ámbito societario, la futura ley plantea aumentar la transparencia empresarial mediante la inscripción obligatoria en una sección específica del Registro Mercantil de todas las participaciones sociales, con independencia de su porcentaje. Asimismo, cualquier transmisión o gravamen sobre dichas participaciones deberá quedar registrado electrónicamente. Con esta medida se busca mejorar la identificación de la titularidad real de las empresas y reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales.

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