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(Cinco Días, 29-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El sector de la auditoría rompe la barrera de los 1.000 millones en facturación en 2025

El negocio de la auditoría en España atraviesa su mejor momento y ha alcanzado una dimensión sin precedentes. Por primera vez, la facturación anual del sector ha superado los 1.000 millones de euros, un récord que refleja el crecimiento sostenido de una actividad cada vez más estratégica para los mercados financieros, al reforzar la transparencia y la fiabilidad de la información económico-financiera de las empresas. De acuerdo con la Memoria Anual de Actividades 2025 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, organismo encargado de la supervisión del sector, los ingresos por servicios de auditoría rebasaron el pasado ejercicio esa cifra histórica, mientras que el número de informes emitidos superó los 75.000. Una parte significativa de este negocio procede de las grandes empresas cotizadas. Las compañías del Ibex 35 destinaron en 2025 más de 400 millones de euros a servicios de auditoría y trabajos relacionados, como verificaciones financieras y no financieras exigidas por reguladores, revisiones para organismos supervisores o la emisión de comfort letters, según las cuentas anuales consolidadas publicadas por las propias sociedades. De ese volumen total, cerca de 390 millones de euros correspondieron a honorarios del auditor principal, función que recayó mayoritariamente en las cuatro grandes firmas internacionales: PwC, EY, KPMG y Deloitte. Otros 14 millones fueron percibidos por firmas que participaron en la auditoría de filiales o prestaron servicios vinculados al proceso de revisión. Estas cifras no incluyen servicios fiscales ni otros trabajos complementarios. Según destaca el presidente del ICAC, Santiago Durán, el sector mantiene una evolución especialmente positiva, como demuestra el récord simultáneo en facturación y en número de informes emitidos. El organismo supervisor señala además que en 2025 operaban en España 3.498 auditores de cuentas en ejercicio y 1.344 sociedades de auditoría. Dentro del grupo de las denominadas big four, PwC mantiene el liderazgo en el mercado del Ibex, con aproximadamente 190 millones de euros en ingresos procedentes de las grandes cotizadas. Entre sus principales clientes destaca Banco Santander, cuyo contrato constituye el mayor encargo del mercado, con 133 millones de euros. También audita a compañías como Telefónica, Ferrovial, Repsol, CaixaBank, Bankinter, Sacyr, Acerinox y Merlin Properties. KPMG ocupa el segundo lugar en facturación dentro del Ibex, con 88 millones de euros y once mandatos de auditoría. Entre sus principales contratos figura el de Iberdrola, valorado en 28 millones de euros, además de encargarse de la revisión de Banco Sabadell, Mapfre, Acciona, Acciona Energía, IAG, Naturgy, Endesa, Unicaja, Aena y Laboratorios Rovi. Muy cerca se sitúa EY, también con once auditorías de grandes cotizadas y unos ingresos de 84 millones de euros. Su cartera incluye contratos con BBVA, cuyo encargo asciende a 33 millones, además de Inditex, Amadeus, Cellnex, Puig, Logista, Enagás, Fluidra, Redeia, ArcelorMittal y Solaria. Por su parte, Deloitte, cuyo negocio tiene mayor peso en consultoría, completa el grupo con alrededor de 28 millones de euros procedentes principalmente de auditorías para ACS, Grifols, Indra y Colonial. El ejercicio 2025 también ha estado marcado por la creciente relevancia de la información corporativa en materia de sostenibilidad. La directiva europea CSRD obliga a las grandes entidades de interés público, especialmente aquellas con más de 500 empleados, a informar sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza. No obstante, la transposición de esta normativa al ordenamiento jurídico español continúa bloqueada en el Congreso de los Diputados, lo que ha generado incertidumbre entre empresas y auditoras. Ante esta situación, el ICAC y la Comisión Nacional del Mercado de Valores emitieron un comunicado conjunto para orientar a los auditores sobre la elaboración de estos informes mientras concluye el proceso legislativo. En materia de supervisión, el ICAC intensificó notablemente su actividad durante 2025. El organismo realizó 365 actuaciones de control, frente a las 317 de 2024 y las 303 de 2023. Este aumento responde a una mayor planificación, al refuerzo de la digitalización y a una supervisión más orientada al análisis de riesgos. Entre esas actuaciones destacaron seis inspecciones específicas sobre auditores de grandes empresas, centradas en la evaluación de sus sistemas de gestión de calidad. El ICAC subraya que los auditores de entidades de interés público están sometidos a mayores exigencias debido a la relevancia sistémica de las compañías que revisan, lo que los convierte en una prioridad supervisora. La memoria también refleja un incremento en la actividad sancionadora. Durante 2025 se resolvieron 53 expedientes sancionadores, frente a 48 en 2024. Cinco concluyeron sin sanción, mientras que en el resto se detectaron incumplimientos de la normativa de auditoría. El importe total de las sanciones ascendió a 635.110,77 euros, de los cuales 521.091,77 euros correspondieron a sociedades de auditoría y socios, y 114.019 euros a auditores individuales.

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(Cinco Días, 29-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El suelo en Madrid y Barcelona se encarece cerca de un 30% desde 2019 y complica el acceso a la vivienda

La escasez de suelo urbanizable con licencias para construir continúa presionando al alza los precios inmobiliarios y contribuye a que el coste de la vivienda siga aumentando. Durante el primer semestre de 2026, el precio de los solares se incrementó un 4% tanto en Madrid como en Barcelona, intensificando una tendencia alcista que se mantiene desde hace años. Según el informe de valoraciones de la consultora inmobiliaria CBRE, adelantado por CincoDías, desde 2019 el valor del suelo ha subido un 31% en Madrid y un 28% en Barcelona. Fernando Fuente, presidente de CBRE Valuation & Advisory Services, señala que el suelo sigue siendo uno de los activos más tensionados del mercado inmobiliario debido, sobre todo, a la escasez estructural de suelo finalista, es decir, aquel que ya dispone de los permisos necesarios para edificar. Esta oferta limitada, frente a una demanda sólida, está generando un desequilibrio que impulsa aumentos sostenidos en los precios de repercusión, tanto a corto como a medio plazo. A esta presión se suma el encarecimiento de los costes de construcción, que también repercute en el precio final de la vivienda. El sector constructor en España afronta importantes incrementos de costes asociados a la falta de mano de obra cualificada, el aumento salarial y el encarecimiento de materiales estratégicos, en un entorno marcado además por la incertidumbre geopolítica. Pese a ello, las promotoras han logrado trasladar buena parte de estos incrementos al comprador final. La fuerte subida del precio de la vivienda de obra nueva ha permitido absorber estos mayores costes sin frenar la revalorización del suelo. Desde CBRE prevén que esta dinámica continúe en los próximos meses, respaldada por una demanda robusta y por la persistente escasez de suelo disponible, aunque advierten de que la evolución de los costes y del entorno macroeconómico seguirá siendo determinante para la viabilidad de nuevos desarrollos. En otras zonas del país, la presión sobre el suelo es incluso mayor. La Costa del Sol lidera las subidas acumuladas con un alza del 50% desde 2019 y un incremento adicional del 5% en el primer semestre de 2026. En el área de Levante, el aumento acumulado alcanza el 26%, mientras que en el Arco Cantábrico se sitúa en el 23%; ambas regiones registran subidas del 3% en lo que va de año. Madrid, Barcelona y la Costa del Sol concentran la mayor presión por la combinación de una demanda especialmente dinámica -nacional e internacional- y una oferta de suelo aún más restringida, lo que amplifica el crecimiento de precios. En Madrid, la escasez de suelo finalista está desplazando el interés inversor hacia suelos en desarrollo con grados intermedios o avanzados de gestión. Destacan grandes ámbitos urbanísticos como Valdecarros, Ahijones, Los Cerros o Retamar de la Huerta. Además, determinados cambios regulatorios, como la revisión al alza del módulo de vivienda protegida o la normativa que facilita la transformación de usos terciarios en residenciales protegidos, están incentivando nuevas oportunidades de inversión. En Barcelona, la revalorización del suelo residencial responde principalmente a la escasez de obra nueva y a la reducción de nuevos desarrollos, en un mercado donde la demanda sigue siendo sólida. A ello se añade un marco regulatorio exigente, marcado por medidas como la reserva del 30% de vivienda protegida o los límites al precio del alquiler, factores que han condicionado el desarrollo de algunos proyectos destinados al alquiler residencial o build to rent. Este patrón también se observa en otras zonas del Levante y del Arco Cantábrico, donde la escasez de suelo y el encarecimiento de la construcción continúan impulsando el valor de los terrenos. En destinos turísticos como la Costa del Sol o Islas Baleares, el atractivo residencial y la fuerte demanda internacional siguen sosteniendo una evolución positiva del mercado, con creciente interés por productos diferenciados como las branded residences, viviendas vinculadas a servicios hoteleros o marcas de lujo. Otro segmento estrechamente relacionado con la vivienda, el de los edificios residenciales destinados al alquiler, también registra una notable revalorización: desde 2019 su valor ha aumentado un 23,4%, con un crecimiento adicional del 3,37% en lo que va de 2026. El comportamiento del mercado inmobiliario también depende de la evolución de los tipos de interés, ya que el coste del dinero influye directamente en las valoraciones de los activos. Por ello, el sector sigue con atención las decisiones del Banco Central Europeo respecto a la política monetaria. Un entorno de tipos más elevados suele ejercer presión a la baja sobre las valoraciones, al encarecer la financiación. Sin embargo, el impacto real depende de múltiples factores, como la tipología del activo o la evolución general de la economía. Además, el crecimiento actual de las rentas inmobiliarias está ayudando a amortiguar parte del posible efecto negativo derivado de mayores costes financieros, por lo que cualquier ajuste en valoraciones previsiblemente será gradual y condicionado por la evolución general del mercado.

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(Cinco Días, 29-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La litigiosidad cae un 20,6 % en el primer trimestre por el fuerte descenso de los asuntos civiles

Lo que hace apenas unos meses el Ministerio de Justicia interpretaba como señales de mejora ya se ha consolidado: el Consejo General del Poder Judicial ha confirmado que la litigiosidad judicial descendió un 20,6% durante el primer trimestre de 2026. La caída refleja una menor presentación de demandas por parte de los ciudadanos, especialmente en la jurisdicción civil, donde el retroceso alcanza el 35,8%. Sin embargo, la interpretación de estos datos no es sencilla. Este primer trimestre ha coincidido con la implantación de los nuevos tribunales de instancia y con la entrada en vigor de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), que son obligatorios en determinados procedimientos civiles. Esto ha provocado que parte de los asuntos hayan sido inadmitidos por no cumplir con este requisito previo, lo que influye directamente en las estadísticas. Según el informe sobre la situación de los órganos judiciales publicado por el Servicio de Estadística del CGPJ, entre enero y marzo de este año se registraron un total de 1.824.951 asuntos en los tribunales españoles, lo que supone un descenso del 20,6% respecto al mismo periodo del año anterior y rompe la tendencia creciente que se venía observando en ejercicios recientes. Todas las jurisdicciones experimentaron una caída en la entrada de nuevos asuntos, siendo especialmente significativa en el ámbito civil. También se redujo la capacidad de resolución de casos, con un descenso global del 13,7%. En el ámbito penal, la reducción de nuevos asuntos fue más moderada, con una caída del 3,5%. En la jurisdicción contencioso-administrativa el descenso fue del 2,1%, mientras que en la social también se situó en el 3,5%. Tomando como referencia las series históricas trimestrales, el CGPJ ha elaborado una previsión para el conjunto de 2026 que apunta a una reducción acumulada de la litigiosidad del 7,6% al cierre del año. La jurisdicción civil se perfila como el principal termómetro para evaluar la efectividad de los MASC. Durante el primer trimestre se registraron 785.541 nuevos asuntos, un 35,8% menos que hace un año, mientras que se resolvieron 734.476 procedimientos, lo que supone una caída del 22,3%. Al finalizar marzo quedaban pendientes de tramitación 2.728.558 asuntos, un 8,1% menos que en el mismo periodo de 2025. En la jurisdicción penal se contabilizaron 856.932 nuevos casos, con un descenso del 3,5%. Los órganos judiciales resolvieron 847.127 procedimientos, un 5,7% menos, pero el volumen de asuntos pendientes aumentó un 14%, hasta situarse en 1.276.102. En el orden contencioso-administrativo ingresaron 52.944 nuevos asuntos, un 2,1% menos que un año antes. Se resolvieron 52.696 casos, con una caída del 13,2%, mientras que los asuntos en trámite apenas variaron y crecieron un 0,4%, hasta los 221.947. Por su parte, la jurisdicción social registró 129.497 nuevos procedimientos, un 3,5% menos interanual. La resolución también descendió un 7,1%, hasta los 122.880 casos, mientras que los asuntos pendientes aumentaron un 10,4%, alcanzando los 531.466. En cuanto a la tasa de litigiosidad, la media nacional se situó en 37,15 asuntos por cada 1.000 habitantes, según los datos de población del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2026. Esta cifra supone una reducción notable respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la ratio era de 47,07. Por comunidades autónomas, Canarias lideró la clasificación con una tasa de 45,01 asuntos por cada 1.000 habitantes, seguida de Asturias con 41,73 y Comunidad de Madrid con 40,59. También se situaron por encima de la media nacional Cataluña, Andalucía y Región de Murcia. Por debajo de la media quedaron territorios como Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y País Vasco, esta última con la tasa más baja de todo el país.

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(Expansión, 29-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los bancos europeos pueden volver a dormir tranquilos: sus bonos contingentes convertibles están a salvo

Tras tres años de debate sobre una posible reforma de los llamados CoCos o bonos AT1, motivado por las dudas que surgieron tras el colapso de Credit Suisse, la Autoridad Bancaria Europea ha concluido que lo más prudente es mantener estos instrumentos sin cambios. El organismo considera que modificar su diseño implicaría riesgos demasiado elevados. Aunque reconoce que presentan ciertas limitaciones, estima que una reforma tendría consecuencias más graves, entre ellas un déficit de capital de 20.200 millones de euros para la banca europea y 56 entidades con niveles de solvencia inferiores a los exigidos por la regulación. Según el supervisor europeo, no hay alternativas simples para redefinir el papel de los CoCos, ya que cualquier modificación generaría efectos significativos y desproporcionados capaces de alterar el funcionamiento de un mercado de bonos que, en la Unión Europea, está ya plenamente consolidado. La EBA ha evaluado distintas opciones, desde su eliminación total hasta una reforma parcial o una retirada progresiva. El objetivo era corregir problemas asociados a estos instrumentos, como la incertidumbre sobre el momento exacto en que se activan o la complejidad de sus mecanismos de absorción de pérdidas. Sin embargo, ninguna de las alternativas analizadas ha resultado satisfactoria, según su informe sobre la simplificación de la regulación bancaria europea. La opción más drástica sería suprimir por completo los CoCos. En ese escenario, los bancos tendrían que sustituirlos por capital de máxima calidad (CET1), cubriendo hasta el 1,5% de sus activos ponderados por riesgo dentro del Pilar 1 y hasta el 18,75% de los requerimientos del Pilar 2, específicos de cada entidad. Además, esta medida también afectaría negativamente a sus ratios de apalancamiento. La EBA concluye que esta solución generaría más problemas de los que resolvería. El déficit de capital sería muy elevado y afectaría especialmente a las grandes entidades europeas. De los siete bancos considerados sistémicos dentro de la Unión Europea -Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank, Crédit Agricole, ING, BPCE y Société Générale-, cuatro quedarían por debajo de los requisitos regulatorios y necesitarían captar 16.600 millones de euros para recuperar su posición, lo que representaría el 82% del déficit total. El supervisor también advierte de que la desaparición de los CoCos pondría en riesgo un mercado europeo maduro, en el que estos instrumentos se han consolidado como una fuente estable de financiación para absorber pérdidas y como una clase de activo altamente estandarizada, respaldada por inversores especializados. Una retirada progresiva produciría efectos similares, aunque con más margen temporal para amortiguar el impacto. Tampoco han convencido a la EBA las propuestas orientadas a rediseñar estos instrumentos. Entre las medidas estudiadas figuraban ampliar a diez años la primera fecha obligatoria de rescate, elevar el umbral de capital que activa su conversión, exigir que esta se realizara siempre en acciones o modificar el sistema de pago de cupones. Ninguna de estas alternativas fue considerada adecuada, en parte porque algunas chocaban directamente con las normas de Comité de Basilea. La decisión de mantener el marco actual pone fin en Europa a un debate global abierto hace tres años. La incapacidad de los CoCos para frenar la crisis de Credit Suisse -precisamente una de las funciones para las que fueron diseñados-, sumada al hecho de que asumieran pérdidas antes que los accionistas durante su rescate y venta a UBS, colocó estos instrumentos bajo intenso escrutinio. Los reguladores internacionales trataron de redefinir su función para convertirlos en una herramienta eficaz para sostener a un banco en crisis, en lugar de limitarse a abaratar su resolución. Sin embargo, la EBA considera que cualquier reforma introduciría riesgos adicionales para el sector y para los mercados financieros. Hasta ahora, solo Australia ha optado por una decisión radical. Su regulador decidió, tras la caída de Credit Suisse, eliminar gradualmente los CoCos. El proceso de retirada de los bonos AT1 de la banca australiana comenzará el 1 de enero de 2027.

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(El País, 29-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El plazo de solicitudes para la regularización de inmigrantes concluye este martes

El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes cierra este martes el plazo para presentar solicitudes. La última cifra oficial disponible, a mediados de junio, situaba en unas 900.000 las peticiones registradas, de las que 360.000 ya habían sido admitidas a trámite, lo que da derecho a un permiso provisional de residencia y trabajo. A partir de ahí, la Administración dispone de tres meses para resolver cada expediente, aunque muchos ya han recibido una aprobación definitiva. No se conoce todavía cuántos han sido aceptados en firme ni si existen rechazos. El Ministerio de Migraciones prevé ofrecer esta semana nuevos datos sobre un procedimiento que arrancó el 15 de abril y que ha superado ampliamente el objetivo inicial del Gobierno, que esperaba aflorar el trabajo irregular de medio millón de personas y reconocerles los derechos vinculados a su situación legal. Ese medio millón se ha quedado corto. A falta de los filtros y comprobaciones pertinentes, las solicitudes ya rondan los 1,3 millones, según los datos acumulados en la plataforma Mercurio, donde se van registrando las peticiones de todo el país, tanto las presentadas por despachos de abogados, ONG y sindicatos como las tramitadas por personas con certificado digital propio, algo menos habitual entre la población extranjera en situación irregular, salvo en el caso de quienes cuentan con protección por asilo humanitario. Por ahora, el Gobierno no confirma cifras y remite a los datos que hará públicos próximamente. La estimación coincide en parte con previsiones previas de Funcas, que habló de unas 840.000 personas en situación irregular, y con un informe de la Policía Nacional que calculaba que el proceso podría afectar a alrededor de 1,35 millones de personas. CEAR, una de las organizaciones más activas en el apoyo a esta regularización, afirmaba el lunes 15 de junio que ya se habían presentado un millón de solicitudes y que la cifra seguía creciendo. Según fuentes de la Administración del Estado, el recuento que arroja la aplicación de Extranjería es fiable, ya que cada expediente queda numerado de forma correlativa a medida que entra en el sistema. "La población irregular es difícil de medir, pero la propia policía, que dispone de mejores datos, ya apuntó que superarían los 1,3 millones", explica María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas. "Esos son los posibles candidatos, aunque otra cosa será después qué criterios se apliquen para admitir o rechazar las solicitudes. Habrá margen de discrecionalidad por parte del personal encargado, en función de las instrucciones que reciba", añade. También advierte de que parte de las solicitudes podrían estar basadas en documentación falsa, como ocurre en cualquier proceso de este tipo. "Las cifras altas no nos sorprenden, pero sí existe incertidumbre sobre el resultado final", afirma. La regularización nació de una iniciativa legislativa popular impulsada en 2024, que reunió más de 700.000 firmas y contó con el respaldo de cientos de entidades sociales, sindicatos, organizaciones empresariales y la Iglesia católica, con una implicación destacada de Cáritas. En un primer momento, el Partido Popular expresó su apoyo, aunque desde la aprobación del decreto -que no ha pasado por el Parlamento- ha pasado a criticar con dureza la medida, en términos muy similares a los utilizados por Vox. La izquierda, en cambio, ha mantenido una posición unida en torno al proyecto, fraguado tras un acuerdo entre el Gobierno y Podemos. En los últimos días, no obstante, Sumar, socio del Ejecutivo, ha reclamado ampliar el plazo de regularización, alegando que hay miles de personas atrapadas en trámites burocráticos y pagando centenares de euros en procesos fraudulentos. Así lo ha denunciado su portavoz adjunta en el Congreso, Aina Vidal, quien también ha criticado el cobro de cantidades irregulares en consulados españoles sin que Exteriores haya ofrecido una solución. Además, ha reprochado a Interior que siga ejecutando deportaciones de personas que estaban a punto de presentar su solicitud. La carrera por conseguir la documentación ha sido intensa. Las personas que entraron en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditan al menos cinco meses consecutivos de permanencia han tenido que reunir en poco tiempo todos los documentos necesarios para acogerse al proceso. Pronto se saturaron las oficinas de servicios sociales por la demanda de certificados de vulnerabilidad económica y social. Quienes no podían acreditar esa condición también podían acceder al procedimiento si demostraban tener hijos a cargo o un compromiso de contratación. Con todo, el trámite más lento ha sido la obtención del certificado de antecedentes penales en los países de origen, que en muchos casos ha tardado semanas o meses y sigue pendiente para numerosas personas. La solicitud puede presentarse incluso sin ese certificado, siempre que se acredite que ya se ha pedido y no ha sido posible obtenerlo. En ese supuesto, el Gobierno puede solicitarlo por vía diplomática y se abre un plazo de tres meses para su aportación. Muchos solicitantes han preferido esperar a reunir toda la documentación antes de presentar la petición, pero, ante el cierre inminente del plazo, otros han optado por registrar la solicitud con el compromiso de aportar después los antecedentes, algo que el procedimiento permite. Sin ese documento, el expediente no podrá resolverse favorablemente. Durante estas semanas, un amplio dispositivo de abogados, ONG y algunos sindicatos, como CC OO, ha estado volcado en sacar adelante la documentación. Todo el proceso se canaliza a través de la Plataforma Mercurio, dependiente del Ministerio de Política Territorial, del que también dependen las oficinas de extranjería. Es esa herramienta digital la que registra cada solicitud y devuelve un correo confirmando la inscripción y asignando un número, que en los últimos días no ha dejado de aumentar. Este periódico ha podido comprobar ese recuento con despachos de Madrid, Barcelona, Granada y Galicia, y el volumen que ofrece el sistema encaja con un proceso plenamente activo que ya supera los 1,3 millones de posibles beneficiarios.

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(El País, 29-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El plan anticrisis del Gobierno sostiene la inflación en el 3,2% en junio por tercer mes consecutivo

La economía española ha conseguido en junio evitar el esperado repunte de la inflación tras el final de varias ayudas energéticas, apoyada además por un factor externo inesperado en el ámbito internacional. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha mantenido en el 3,2%, repitiendo por tercer mes consecutivo el mismo nivel registrado en abril y mayo. La estabilidad de los precios responde a la combinación de dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, se ha producido un encarecimiento de la energía asociado a la retirada de determinadas medidas fiscales el 1 de junio; por otro, ha influido la caída del precio del petróleo, vinculada a la distensión en torno a la reapertura del estrecho de Ormuz, tras meses de tensión geopolítica en Oriente Próximo. El principal factor inflacionista del mes ha sido el aumento de la factura de la electricidad y el gas, que ha absorbido el efecto de la subida de impuestos. El IVA de la electricidad, el gas natural y otros combustibles ha regresado al tipo general del 21% en España, tras haber permanecido en el 10% como parte del paquete anticrisis. A esto se suma la recuperación del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que ha pasado del 0,5% al 5,11%. Según estimaciones del sector, este ajuste supone un incremento medio cercano a 10 euros mensuales en la factura de la luz para un hogar tipo en mercado libre, mientras que en el mercado regulado el impacto sería incluso mayor. En sentido contrario, el mercado de carburantes ha actuado como elemento de contención. El precio del petróleo Brent ha descendido hasta niveles cercanos a los 72-75 dólares por barril, muy por debajo de los picos alcanzados en momentos de máxima tensión en Oriente Medio. Esta corrección ha permitido abaratar los combustibles en las gasolineras, compensando parcialmente el encarecimiento de la energía eléctrica y el gas. El Instituto Complutense de Análisis Económico estima que la inflación energética se mantendrá relativamente estable en términos interanuales. No obstante, señala que dentro del mes se ha producido un fuerte aumento del precio de la electricidad, con un avance intermensual del 16,7%, explicado casi en su totalidad por la retirada de bonificaciones fiscales. Este efecto ha sido contrarrestado por la caída de los carburantes, con descensos del 7,6% en el gasóleo y del 4,4% en la gasolina. El economista jefe para Europa de Oxford Economics, Ángel Talavera, destaca que junio se ha caracterizado por la coexistencia de dinámicas opuestas en los precios. Sin embargo, advierte de que la estabilidad actual es frágil, ya que sigue condicionada por una elevada incertidumbre geopolítica. En este sentido, los analistas internacionales alertan de que nuevas interrupciones en las rutas marítimas de suministro o episodios de tensión en el estrecho de Ormuz podrían volver a elevar el precio del petróleo, con efectos inmediatos sobre los costes energéticos y las previsiones de inflación para la segunda mitad del año.

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(Cinco Días, 26-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE confirma que la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año gracias al dinamismo del consumo

La economía española ha vuelto a demostrar solidez en el arranque del año pese a un contexto internacional complejo. Según los datos definitivos de Contabilidad Nacional publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 0,6% entre enero y marzo, lo que supone una desaceleración de dos décimas respecto al cierre del año anterior, aunque mantiene un avance interanual del 2,7%. Aunque el Ministerio de Economía destaca que España sigue liderando el crecimiento entre las grandes economías de la eurozona, varios analistas señalan que la composición de ese avance presenta ciertas debilidades, al apoyarse en exceso en el consumo interno mientras la inversión y el sector exterior muestran señales de enfriamiento. La demanda interna fue el principal motor de la actividad en este primer trimestre, aportando 0,5 puntos al crecimiento trimestral y 3,5 puntos en términos interanuales. Dentro de ella, el consumo de los hogares avanzó un 0,6%, tres décimas menos que en el trimestre previo, aunque sigue siendo el gran sostén de la economía gracias al buen comportamiento del empleo. Por su parte, el gasto de las Administraciones Públicas aumentó un 0,5%, superando incluso las previsiones iniciales. El principal foco de preocupación está en la inversión, que prácticamente se estancó al crecer apenas un 0,1%, muy por debajo del 1,7% registrado en el trimestre anterior. Esta fuerte ralentización refleja la prudencia del tejido empresarial ante la incertidumbre generada por el conflicto en Irán. Economistas como Miguel Cardoso consideran que esta evolución evidencia una estructura de crecimiento menos saludable, al perder peso factores clave para el desarrollo a largo plazo. La inversión en bienes de equipo y maquinaria solo avanzó un 0,5%, cuatro décimas menos que en el trimestre previo, mientras que la construcción permaneció completamente estancada. Aunque en términos interanuales la inversión aún acumula un crecimiento del 5,8%, la brusca frenada trimestral apunta a un deterioro en las expectativas empresariales. El sector exterior tampoco ofreció señales positivas. Las exportaciones de bienes y servicios retrocedieron un 0,6% respecto al trimestre anterior, con una caída del 2% en las ventas de mercancías al exterior, afectadas por disrupciones en las cadenas de suministro. La aportación positiva del sector exterior al PIB, de apenas 0,1 puntos, se explica únicamente porque las importaciones descendieron aún más, un 1%. Según Cardoso, esta mejora aparente no responde a un aumento de la competitividad, sino a la menor demanda de insumos por parte de una industria que ha reducido actividad. Por su parte, Raymond Torres apunta que las exportaciones podrían haber sufrido un deterioro mayor de no haberse producido un adelanto de pedidos por parte de muchas empresas, que incrementaron existencias por temor a mayores interrupciones logísticas. Este efecto preventivo podría provocar una mayor debilidad en el segundo trimestre, una vez desaparezca. Desde el lado de la oferta, la economía avanza a diferentes ritmos según sectores. Los servicios continúan liderando el crecimiento con un avance del 0,8%, impulsados por comercio, transporte y hostelería. La industria manufacturera creció un modesto 0,3%, mientras que agricultura y pesca registraron un rebote del 3,3% tras meses de estancamiento. En términos interanuales, los servicios mantienen el mayor dinamismo con un crecimiento del 3,4%, seguidos de la industria con un 1,6%, mientras que el sector primario aún presenta una caída anual del 3,3%. El mercado laboral sigue actuando como uno de los grandes pilares de resistencia. Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 2,8% interanual, manteniendo el mismo ritmo del trimestre anterior. Además, la remuneración de los asalariados creció un 7,2%, impulsada tanto por la creación de empleo como por el aumento del salario medio por puesto, que subió un 3,8%, contribuyendo a sostener el poder adquisitivo. Sin embargo, la inflación continúa siendo uno de los principales riesgos. Con una inflación subyacente situada en el 3% en mayo, persiste la preocupación por una posible pérdida de competitividad que termine afectando a las exportaciones. A ello se suma la presión derivada del encarecimiento energético y de la volatilidad internacional. Pese a estos riesgos, las perspectivas a corto plazo siguen siendo razonablemente favorables. Los indicadores de actividad de junio apuntan a que la economía mantiene una trayectoria positiva. Cardoso estima que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre podría situarse entre el 0,6% y el 0,7%, lo que reforzaría la idea de que España continúa mostrando una capacidad notable para absorber perturbaciones externas.

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(Expansión, 26-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La EBA pide a la banca que mejore la calidad de los datos que aporta

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha puesto el foco en los procesos de reporte de las entidades financieras y reclama una mejora en la calidad de la información remitida, tras identificar discrepancias extendidas entre más de 2.700 bancos analizados. En un informe reciente, el supervisor evalúa la coherencia de las categorías empleadas por los bancos para informar sobre sus exposiciones crediticias y concluye que una misma contraparte puede ser clasificada de manera diferente según la entidad que reporte los datos. La normativa actual deja cierto margen de interpretación a la hora de categorizar las exposiciones de crédito, y además existen compañías con estructuras societarias complejas que dificultan encajarlas de forma clara en un único sector. Fuentes del sector financiero citan como ejemplo la financiación de empresas públicas como Redeia o Indra, cuya actividad puede analizarse desde enfoques distintos. Dependiendo del criterio aplicado, pueden clasificarse como compañías energéticas, entidades vinculadas al sector público o incluso dentro de otros segmentos específicos. Esta diversidad de criterios explica gran parte de las diferencias detectadas por la EBA al comparar información procedente de distintas entidades. El análisis del supervisor se basa en 19.003 contrapartes reportadas por más de un banco, con exposiciones agregadas superiores a 10,5 billones de euros. Según la EBA, las inconsistencias afectan al 65% del volumen examinado en entidades de 28 países europeos, lo que evidencia que se trata de una problemática generalizada y no de casos aislados. En determinados casos, corregir las categorías utilizadas en los reportes podría modificar los indicadores prudenciales de algunas entidades. La EBA apunta, por ejemplo, que 571 bancos deberían recalcular su ratio total de capital. Aun así, fuentes financieras consideran que el efecto global sobre la estabilidad del sistema sería reducido y que no supone un riesgo sistémico. En muchos casos, las discrepancias responden a diferencias en los criterios de clasificación y no a una infravaloración real del riesgo. Por ello, eventuales ajustes tendrían mayor relevancia para mejorar la uniformidad estadística y supervisora que para alterar de forma sustancial la solvencia de las entidades. Las fuentes consultadas descartan, además, que los bancos estén aprovechando deliberadamente estas ambigüedades para rebajar sus exigencias de capital. Más bien, consideran que la regulación vigente contiene zonas grises que permiten interpretaciones distintas. De hecho, los supervisores -especialmente el Banco Central Europeo- realizan inspecciones periódicas a las entidades y suelen detectar áreas susceptibles de mejora. Cuando se identifican deficiencias en el reporting, estas suelen traducirse en requerimientos adicionales de capital de carácter limitado, cuyo principal objetivo es impulsar mejoras en los sistemas de información. La EBA sostiene que avanzar hacia un sistema más homogéneo contribuiría a reforzar la fiabilidad de la información regulatoria y facilitaría tanto el trabajo de las entidades como el de los supervisores. Entre sus propuestas destacan la creación de listas de referencia comunes para determinadas contrapartes, una mayor alineación de las categorías con las utilizadas por Eurostat y, en general, un control supervisor más exhaustivo sobre las clasificaciones aplicadas por los bancos. Estas medidas implican mayores inversiones en sistemas de reporting con el fin de fortalecer los controles internos. El supervisor ya está exigiendo a las entidades mayor rapidez y precisión en la información que reportan. La EBA subraya en su informe que la calidad de los datos debe convertirse en una prioridad estratégica tanto para bancos como para reguladores. El organismo defiende que disponer de información fiable es indispensable para realizar análisis sólidos, diseñar políticas eficaces y ejercer una supervisión adecuada, situando así la integridad de los datos en el centro de la agenda regulatoria europea. Esta exigencia de mayor precisión no contradice el proceso de simplificación normativa que las entidades llevan tiempo reclamando. En los últimos años, los bancos han intensificado sus demandas en este sentido, mientras el BCE y Comisión Europea parecen cada vez más conscientes de la necesidad de agilizar procesos y reducir cargas regulatorias para mejorar la competitividad del sector bancario. Por su parte, el Banco de España ya ha recortado en un 34% el volumen de información financiera exigido a las entidades y aspira a alcanzar una reducción acumulada del 50%. Además, este mismo mes ha abierto una consulta pública sobre esta cuestión.

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(El País, 26-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda devora ya un tercio del presupuesto de los hogares

El peso de la vivienda en la economía doméstica de los hogares españoles continúa aumentando y se consolida como el principal gasto familiar. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística confirman una tendencia que muchas familias ya perciben en su día a día: disponer de una vivienda y asumir sus costes asociados consume una parte cada vez mayor del presupuesto anual. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2025, los gastos relacionados con la vivienda -incluyendo alquiler o hipoteca, suministros energéticos, agua y mantenimiento- representan ya el 33,2% del gasto total medio de los hogares. Esto supone un desembolso anual de 11.665 euros, 636 euros más que el año anterior, lo que equivale a un incremento del 5,8%, el mayor aumento entre todas las partidas de gasto tanto en términos absolutos como relativos. La presión de la vivienda no es un fenómeno reciente. Desde 2016, el gasto medio en esta partida ha pasado de 8.737 a 11.665 euros anuales, lo que supone un incremento acumulado del 33,5%. Este aumento supera incluso la inflación acumulada en el mismo periodo, señal de que el encarecimiento de la vivienda y de sus costes fijos avanza a un ritmo superior al de otros bienes y servicios. Si se excluyen los años marcados por la pandemia, cuando el gasto en ocio y restauración cayó de forma extraordinaria y alteró las proporciones del presupuesto familiar, el peso actual de la vivienda es el más elevado de toda la serie histórica. Ni siquiera durante la burbuja inmobiliaria alcanzó una proporción tan alta dentro del gasto total de los hogares. El impacto es especialmente severo en las familias con menores ingresos. Para el 20% de los hogares con menos renta, los costes de vivienda absorben el 41,9% del presupuesto, muy por encima del umbral del 35% que el Banco de España considera límite de esfuerzo financiero razonable y también por encima del 30% que la legislación de vivienda identifica como nivel de asequibilidad. En contraste, el 20% con mayores ingresos destina a la vivienda un 28,9%, casi trece puntos menos. Tras la vivienda, las partidas que más recursos consumen son alimentación y bebidas no alcohólicas, con un 16% del gasto, y transporte, con un 11,5%. En conjunto, estos tres grandes capítulos absorben más del 60% del presupuesto medio familiar, lo que reduce la capacidad de ahorro y limita el gasto en otras actividades. En los hogares económicamente más vulnerables, esta presión resulta aún mayor: vivienda, alimentación y transporte llegan a representar el 68% de sus ingresos. Esto deja un margen mucho menor para gastos relacionados con ocio, cultura o deporte, así como para restauración y turismo, partidas donde las diferencias entre rentas altas y bajas son especialmente visibles. En términos globales, el gasto medio por hogar en España alcanzó los 35.101 euros en 2025, un 3,1% más que el año anterior. Por persona, el desembolso medio se situó en 14.066 euros anuales, aproximadamente 1.172 euros al mes. Por comunidades autónomas, los mayores niveles de gasto por habitante se registraron en el País Vasco y la Comunidad de Madrid, mientras que Andalucía, Extremadura y Región de Murcia registraron los niveles más bajos. La encuesta también refleja cambios en los hábitos de consumo. El gasto en bebidas alcohólicas y tabaco cayó un 3,4%, el mayor descenso entre todas las categorías, en línea con cambios generacionales hacia hábitos más saludables. También retrocedió el gasto en restaurantes y alojamiento, con una caída del 2,7%, en un contexto de fuerte encarecimiento de la hostelería y de los precios hoteleros, lo que parece estar afectando especialmente al consumidor nacional.

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(El Economista, 26-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno limita a 700 euros al día el gasto total en juego "online" y prohíbe hipotecar la vivienda

La Administración va a reforzar el control sobre los depósitos que los usuarios mantienen en distintas plataformas de juego y apuestas online, con el objetivo de fijar límites al dinero que pueden gastar diariamente, semanalmente y mensualmente. En concreto, los jugadores no podrán disponer de más de 700 euros al día sumando todas sus cuentas en los diferentes operadores, ni superar los 1.750 euros semanales o los 3.300 euros en un periodo de cuatro semanas. Además, a partir de la entrada en vigor de la medida, quedará prohibido utilizar la vivienda habitual en España como garantía hipotecaria para seguir jugando o para cubrir deudas relacionadas con el juego. Esta modificación ha sido aprobada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. La reforma introduce un nuevo sistema de supervisión que amplía el control: ya no se limita a los fondos depositados en cada operador de forma individual, sino que abarca el conjunto de plataformas en las que cada usuario tenga cuenta, con el fin de limitar de forma más efectiva el gasto total en juego. La medida comenzará a aplicarse el 25 de marzo de 2027, aunque antes se desarrollará una fase de pruebas de seis meses a partir del 25 de septiembre de 2026. Durante ese periodo, operadores, usuarios y autoridades deberán adaptar sus sistemas al nuevo modelo de control. El objetivo declarado de esta regulación es reforzar la protección de los consumidores y promover un entorno de juego más seguro. Según se expone en la norma, una parte relevante de los jugadores utiliza varias plataformas a la vez, y un porcentaje reducido de usuarios concentra la mayor parte de las pérdidas en este tipo de actividades. No obstante, se prevé cierta flexibilidad, ya que los usuarios podrán solicitar incrementos de los límites de gasto establecidos. Estas solicitudes se harán efectivas tras un plazo de tres días, aunque solo podrán realizarse si han pasado al menos tres meses desde la última petición de aumento. La reforma también actualiza las garantías económicas exigidas a los operadores para obtener la primera licencia, que pasan de 2 a 2,6 millones de euros. Transcurridos dos años, el importe asociado al conjunto de licencias se ajustará a 1,3 millones, frente al millón exigido anteriormente.

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