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(Expansión, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE adopta inteligencia artificial para revolucionar su supervisión

Tras un año de ensayos, el Banco Central Europeo (BCE) ha conseguido incorporar con éxito a su actividad cotidiana diversas herramientas basadas en inteligencia artificial para reforzar la parte más compleja de su labor: la supervisión de los bancos de la zona euro. Bajo la presidencia de Christine Lagarde, la institución avanza en la revolución tecnológica, aunque insiste en que las decisiones deben permanecer siempre en manos humanas. La IA servirá como apoyo al trabajo de los supervisores, al tiempo que se vigilan los nuevos riesgos que estas tecnologías plantean. Pedro Machado, miembro del Comité de Supervisión Bancaria del BCE, señala que la supervisión del futuro no consistirá en máquinas evaluando a los bancos, sino en personas que, gracias a estas herramientas, podrán trabajar con mayor eficiencia y dedicar más tiempo a los aspectos en los que aportan un mayor valor. Los equipos encargados de la supervisión empezaron a explorar y probar sistemas de IA en 2024, dentro de la División de Tecnología e Innovación creada cuatro años antes. Aunque la investigación continúa, el BCE ya ha detallado varios ámbitos en los que la IA está siendo útil. Delphi facilita la identificación temprana de riesgos emergentes para todo el sistema bancario. Reúne indicadores de mercado e información procedente de redes sociales en un único panel digital, lo que permite comprender en tiempo real cómo evolucionan las amenazas que pueden afectar a cada entidad. Medusa funciona como un punto centralizado para los equipos que trabajan en hallazgos y medidas supervisoras. Ofrece búsquedas inteligentes, generación de informes, visualizaciones y análisis estadísticos, lo que simplifica el acceso a la documentación relevante. Con ello, los supervisores pasan de dedicar tiempo a recopilar información a centrarse en verificarla y extraer conclusiones, lo que se traduce en un uso más eficiente de recursos y un análisis más profundo. Heimdall, una de las herramientas más conocidas, agiliza las evaluaciones de idoneidad al leer los cuestionarios remitidos por los bancos, traducirlos cuando es necesario y resaltar los fragmentos más importantes. No toma decisiones, pero facilita el trabajo previo para que los especialistas puedan concentrarse en los casos que requieren mayor criterio profesional. Navi, por su parte, permite representar con claridad las relaciones de propiedad y financiación dentro de los grupos bancarios. Cuando los riesgos se transmiten a través de estructuras complejas, esta herramienta ofrece visualizaciones que superan lo que es posible mostrar en hojas de cálculo. Según el supervisor, el mayor valor de la IA es su capacidad para procesar información masiva y conectar múltiples fuentes relevantes, filtrando grandes volúmenes de texto, identificando patrones y extrayendo temas de interés. No obstante, el BCE reconoce que estas tecnologías conllevan desafíos vinculados a la precisión, la transparencia y el pensamiento crítico. Los modelos pueden producir errores convincentes, algo especialmente delicado en un ámbito donde la información debe ser totalmente fiable. También existe el riesgo de que los supervisores pierdan habilidades analíticas si dependen demasiado de la IA, por lo que se impulsa la formación continua y una cultura de revisión y contraste. A pesar de estas amenazas, Machado subraya que estas herramientas son necesarias para adaptarse a un entorno financiero cada vez más complejo. Además, recalca que el BCE seguirá explorando la IA de manera responsable y bajo estrictos controles.

(Expansión, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los países de la UE urgen fondos europeos para la crisis de vivienda

La crisis de la vivienda se ha convertido en un asunto que, desde hace meses, preocupa a toda Europa. Los desafíos son similares en las zonas más tensionadas y las instituciones comunitarias buscan acuerdos y soluciones que permitan a los Estados miembros afrontar el problema. Ayer, durante la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores -en la que participaron los ministros de Vivienda- los países de la UE expusieron sus demandas. En Bruselas, los responsables políticos reclamaron financiación y fondos europeos para combatir esta situación, además de poner el foco en cómo aumentar la oferta mediante nuevos incentivos a la construcción, sin renunciar a los objetivos medioambientales y de inclusión social. Según explicó Sophie Hæstorp Andersen, ministra danesa de Asuntos Sociales y Vivienda, la Unión Europea pide a la Comisión que presente un plan amplio de vivienda asequible que dé prioridad a la financiación, la edificación sostenible, la planificación urbana y la integración social, siempre respetando las particularidades de cada país miembro. Esta declaración constituye una señal política dirigida a la Comisión Europea, que el próximo 16 de diciembre presentará su Plan de Vivienda Asequible, con propuestas legislativas destinadas a aliviar un problema que genera un fuerte malestar entre los ciudadanos. Aunque Hungría bloqueó el consenso unánime en el Consejo, fuentes diplomáticas citadas por EXPANSIÓN sostienen que el respaldo de 26 países debería bastar para que la Comisión actúe en consecuencia. Desde 2015, los precios de la vivienda en la UE han subido de media un 60%, con aumentos superiores al 200% en algunos países. En ese mismo periodo, los salarios han crecido apenas un 20%, lo que ha mermado la capacidad de las familias para comprar una vivienda, mientras que el alquiler continúa encareciéndose. Pese a que los ministros insistieron en que la política de vivienda sigue siendo competencia nacional, también coincidieron en que la Comisión puede reforzar los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno facilitando el acceso a financiación comunitaria. España ha sido uno de los principales impulsores de este debate dentro de la UE. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, fue más allá de la petición conjunta de financiación y reclamó un plan europeo específico para la vivienda, dotado de recursos ambiciosos. Rodríguez defendió que el modelo a seguir debe ser el Next Generation EU, un paquete excepcional de fondos que ayudó a los países más afectados por la pandemia mediante subvenciones y préstamos destinados a la transición ecológica y digital. En su opinión, un uso adecuado de los recursos europeos podría servir para crear un verdadero parque público de vivienda y garantizar su protección a largo plazo. La ministra destacó que esta labor requiere la implicación de todas las administraciones -ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno de España-, pero también de las instituciones europeas, que deben ofrecer una respuesta a una crisis de alcance global. Además de pedir fondos, Rodríguez reclamó modificaciones normativas que permitan un mayor grado de intervención en el mercado, especialmente en las zonas tensionadas. Varios países buscan bases legales para poder introducir excepciones a las reglas de libre mercado de la UE, sobre todo respecto a la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros o al alquiler turístico de corta duración. La ministra subrayó que España quiere atraer inversión en vivienda, pero no con fines especulativos. Hizo un llamamiento a promotores e inversores sociales para que apuesten por construir vivienda asequible, asegurando que contarán con apoyo público en forma de ayudas y financiación.

(Expansión, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La industria de la eurozona entra en recesión lastrada por Alemania y Francia

El retroceso de la actividad industrial en las dos principales economías de la eurozona está empujando al conjunto del sector manufacturero hacia la contracción, a pesar de que países como España e Italia muestran una mayor capacidad de resistencia. La evolución económica del bloque continúa generando más preocupaciones que noticias positivas, principalmente por la profunda crisis que atraviesan Alemania y Francia. El comercio exterior acusa los efectos del desfavorable acuerdo arancelario con Estados Unidos, lo que se traduce en una caída del 7,1% de las exportaciones en el segundo trimestre y del 0,8% en el tercero, así como en la reducción del superávit comercial, que se ha recortado desde los 54.000 millones de euros del primer trimestre hasta poco más de 28.000 millones en el tercero. Esta debilidad en el intercambio de bienes, marcada por un entorno geopolítico y económico incierto, también golpea a la industria europea debido a la disminución continuada de nuevos pedidos, síntoma de una demanda interna y externa en retroceso. Los índices PMI de noviembre, publicados ayer por S&P Global, reflejan con claridad este deterioro. El indicador manufacturero de la eurozona descendió hasta los 49,6 puntos desde los 50 de octubre, su nivel más bajo en cinco meses, entrando de lleno en zona de contracción. Con ello se confirma el impacto que la incertidumbre global y la tensión comercial con Estados Unidos -pese al acuerdo alcanzado con la Administración Trump- están ejerciendo sobre el sector productivo europeo. Aunque la debilidad tiende a extenderse, la mayor preocupación se concentra en Alemania y Francia, que juntas representan cerca del 40% del PIB del área del euro. En otros países el sector logra mantenerse ligeramente por encima de los 50 puntos, el umbral que separa la expansión de la contracción. Entre ellos figura España, donde la industria continúa creciendo aunque a un ritmo más moderado. Aun así, la situación de las dos grandes economías pesa tanto sobre el conjunto de la eurozona que obliga al bloque a retroceder. Mientras Irlanda (52,8 puntos), Grecia (52,7), Países Bajos (51,8) y España (51,5) se mantienen en terreno expansivo, Alemania cae hasta los 48,2 puntos y Francia hasta los 47,8, en ambos casos sus peores registros en nueve meses, lo que evidencia un empeoramiento de sus perspectivas industriales. En Alemania, las encuestas empiezan a revelar un creciente desencanto empresarial con la actuación del Ejecutivo federal, acompañado de una sensación de resignación sobre la capacidad del país para recuperarse, según explicó Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank, que colabora con S&P Global en la elaboración de los PMI. Aunque recuerda que el ambicioso plan inversor previsto para Defensa e infraestructuras -que podría alcanzar el billón de euros en diez años- representa una oportunidad para reactivar la economía, lo cierto es que Alemania continúa estancada: su PIB no avanzó en el tercer trimestre tras caer un 0,2% en el segundo. En Francia, el panorama tampoco resulta alentador debido a la prolongada inestabilidad política, que está llevando a muchas empresas a aplazar decisiones de inversión. El PIB repuntó hasta el 0,5% en el tercer trimestre, dos décimas más que en el anterior, pero la falta de claridad en las políticas económicas está lastrando a su industria, que intensifica su ritmo de caída y registra un descenso del empleo por primera vez desde abril del año pasado. Con las industrias de las dos mayores economías del euro gripadas, las fábricas de España y, en menor medida, de Italia, se erigieron en noviembre en "rayos de esperanza" para el sector manufacturero del bloque de la moneda única gracias al aumento de la entrada de nuevos pedidos, lo que sugiere que "la producción seguirá expandiéndose en estos países durante los próximos meses", según el último informe de S&P Global sobre los índices PMI, correspondiente a noviembre. En el caso español, el PMI de su sector manufacturero se situó en 51,5 puntos, en terreno de expansión pero 6 décimas por debajo de los 52,1 registrados en octubre y su mínima de dos meses. Esto es, el sector manufacturero español resiste y sigue creciendo, pero a menor ritmo, con las empresas reacias a nuevas contrataciones y con bajadas de precios para espolear las ventas, lo que quiere decir que su crecimiento "se produjo en parte debido a una disminución de los márgenes de beneficios".

(El País, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La pobreza energética española se reduce, aunque un 15% de las familias tuvieron que recortar gastos básicos

La pobreza energética en España ha disminuido, aunque aún quedan importantes retos por afrontar. Durante el invierno de 2024, más de 8,5 millones de personas -el 17,6% de la población- no pudieron mantener sus hogares a una temperatura adecuada. Aunque esta cifra es tres puntos inferior a la de 2023, cuando alcanzó su nivel más alto, sigue siendo elevada. Además, una de cada diez familias retrasó el pago de sus facturas energéticas, un dato "alarmante", según señala el Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España 2024, elaborado por la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas y presentado el pasado jueves. El estudio destaca que este indicador es "negativo", especialmente porque a partir de enero de 2026 finalizará la prohibición de cortar el suministro a quienes reciben el bono social. El esfuerzo económico adicional que necesitaron los hogares vulnerables para cubrir la energía necesaria y garantizar un confort térmico adecuado fue de 150 euros, 18 menos que en 2023, gracias a la bajada del precio de la electricidad. Para mejorar estos datos, Elisa Carbonell, coordinadora de proyectos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), ha reclamado "simplificar los procedimientos para que las personas puedan solicitar ayudas públicas para pagar la luz o el gas". Los responsables del informe subrayan que el bono social eléctrico está dando resultado: el riesgo se reduce a la mitad entre quienes reciben esta ayuda. Por ello, instan al Gobierno no solo a mantenerlo, sino a reformarlo para que alcance a más familias, ya que actualmente ocho de cada diez posibles beneficiarios no lo están percibiendo. Por otro lado, el número de hogares que destinan una parte "desproporcionada" de sus ingresos a la energía apenas ha disminuido. El 16,5% de la población destina más del 7,4% de sus ingresos a calefacción, algo que Efraín Centeno, director de la cátedra, considera "muy preocupante". Según indica, "los indicadores apenas muestran avances, lo que refleja que el problema está lejos de solucionarse". Carbonell también ha reclamado una mayor implicación de las administraciones para abordar una situación que afecta a un amplio número de personas. A ello se suma que el 15% de los hogares se ve obligado a recortar otros gastos esenciales -como la alimentación- para poder afrontar sus facturas energéticas. Roberto Barella, uno de los autores del informe, calificó esta realidad como "dolorosa y difícil de asumir" para una sociedad que no está abordando el problema con suficiente contundencia. Una de las aportaciones novedosas del informe es la comparación entre hogares en propiedad y en alquiler. La pobreza energética afecta al 29,9% de los inquilinos, frente al 17,6% de quienes son propietarios. Para Centeno, este dato demuestra que "la pobreza energética no está determinada únicamente por los ingresos, sino también por las características de la vivienda". A esta problemática visible se suma otra menos evidente: el 27,1% de los hogares se encuentra al borde de no poder calentar correctamente sus casas. Los autores denominan a este fenómeno "pobreza energética oculta", que, como explica Centeno, afecta a familias con pocos recursos que deben "hacer verdaderos malabarismos para mantener el hogar caliente durante el invierno". También se observan diferencias por territorios. Extremadura es la comunidad donde más personas tienen dificultades para pagar la energía (23%), mientras que en regiones como Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña, Baleares y Canarias la proporción baja al 9%.

(El País, 02-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España no va a pedir finalmente todos los créditos que tiene asignados del plan de recuperación de la Unión Europea

La solicitud final se reducirá a unos 22.000 millones de euros, lejos de los más de 83.000 millones que España tiene asignados en forma de préstamos, lo que supone pedir únicamente alrededor del 25% del total. Así lo señalan a EL PAÍS diversas fuentes comunitarias conocedoras de la última actualización del plan de recuperación que el Gobierno está perfilando y negociando con Bruselas. Este plan debe quedar completamente cerrado entre finales de agosto del próximo año y el 31 de diciembre de 2026. España, que es el país que más subvenciones ha recibido del fondo europeo y el segundo que más préstamos tiene disponibles -solo por detrás de Italia- no dejará de solicitar, sin embargo, ni un euro de los casi 80.000 millones en ayudas a fondo perdido que le corresponden. "El Gobierno está rematando una nueva adenda del plan de recuperación que se aprobará en breve en el Consejo de Ministros", afirman fuentes del Ejecutivo consultadas sobre esta decisión. Esto implica que las cifras pueden sufrir ajustes, aunque no se esperan cambios de gran calado, pues las autoridades españolas ya han transmitido sus planes a Bruselas. La renuncia a parte de los préstamos era una posibilidad que llevaba tiempo sobre la mesa. El Ministerio de Economía ha insistido durante los últimos meses en que priorizaría las subvenciones y que, en cuanto a los créditos, debía evaluar primero si habría suficiente demanda por parte del sector privado, dado que estos recursos iban a canalizarse a través del ICO y otros organismos. Otro factor que explica este movimiento es la mejora de la situación económica y la reducción del endeudamiento en los últimos años, lo que ha impulsado la calificación de la deuda española. Esta evolución ha permitido rebajar los costes de financiación, reduciendo prácticamente a cero la ventaja de acudir a los préstamos de la Comisión Europea. En los bonos a dos años, España paga en los mercados un 2,06% frente al 2,16% europeo; en los de diez años, un 3,22% frente al 3,13%. La diferencia, de apenas nueve puntos básicos, contrasta con los 33 puntos que separan a España de Italia (3,46%) o Francia (3,48%) en dicho plazo. Este buen acceso a los mercados es precisamente un argumento destacado por el Gobierno: "Gracias al buen ritmo de la economía y a la confianza de los inversores, España tiene un acceso muy favorable a la financiación, por lo que prácticamente desaparece la ventaja en costes que ofrecían los préstamos europeos". También influye que, al tratarse de créditos, cualquier cantidad solicitada se incorpora a la deuda pública. Pedir los 83.000 millones íntegros podría haber incrementado el pasivo del Estado alrededor de cuatro puntos del PIB, aunque la cifra exacta dependería de la evolución económica. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia entra en 2026 en su último año de vigencia. Para entonces, todos los países deberán haber solicitado los fondos antes del 31 de agosto y tenerlos ejecutados antes de que termine el año. El margen es cada vez más limitado. A día de hoy, se han desembolsado 231.200 millones de los 291.000 millones en subvenciones previstos en el conjunto de la UE y 145.700 millones de los 359.000 millones en préstamos. Por ello, Bruselas flexibilizó este año las condiciones para modificar los planes nacionales. En el caso español, ya han llegado más de 55.000 millones en subvenciones y cerca de 16.300 millones en préstamos. Como ocurre en el resto de Europa, los países están priorizando gastar los fondos que no deben reembolsarse. España negocia ahora con Bruselas una modificación del plan que facilite el cumplimiento de los hitos y reformas pendientes. En este contexto, el Gobierno habría comunicado su intención de reducir sustancialmente el volumen total de créditos que solicitará. El Ejecutivo español nunca tuvo claro pedir la totalidad de los préstamos. De hecho, la primera versión del plan presentada en 2021 solo contemplaba subvenciones. Fue en 2023, con la primera adenda, cuando se incluyó la petición de créditos, presentados como un "colchón de seguridad" para mantener el ritmo inversor. El fondo de recuperación se aprobó en 2020 para amortiguar el impacto económico de la pandemia y empezó a funcionar en 2021. Italia y España fueron los principales beneficiarios tanto en ayudas como en préstamos, aunque con enfoques muy distintos: Roma pidió todo el dinero disponible desde el primer momento, mientras que Madrid optó por una postura más prudente, que ha mantenido desde entonces. España no es el único país que no solicitará todos los préstamos asignados: tampoco lo harán Alemania, Países Bajos, Austria o Francia, en muchos casos por motivos similares y, en ciertos países, también por razones vinculadas a su reputación financiera.

(Cinco Días, 01-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los precios se han visto beneficiados por la bajada de la electricidad, aunque en España siguen por encima de la media de la zona euro

La inflación ofreció un pequeño alivio en noviembre, con una bajada de una décima que la situó en el 3%, según el avance publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la primera vez desde mayo -seis meses atrás- que se observa una moderación, y todo apunta a que en diciembre podría repetirse la tendencia gracias al llamado efecto base, ya que la comparación con el fuerte repunte registrado hace un año resulta ahora más favorable. Este contexto abre la posibilidad de una cierta normalización de los precios, aunque ese escenario sigue siendo frágil, especialmente ante posibles giros en el panorama internacional, como un hipotético acuerdo de paz en Ucrania, cuya probabilidad parece haberse reducido recientemente. El principal factor que explica la contención de la inflación en noviembre es el descenso del precio de la electricidad. También contribuyen, aunque en menor medida, los precios de ocio y cultura, que bajan pero menos que hace un año. En cambio, los alimentos y las bebidas no alcohólicas continúan presionando al alza. En términos mensuales, la inflación general avanzó dos décimas. Por su parte, la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos- repuntó hasta el 2,6%, una décima más que en octubre. Este repunte de la subyacente es precisamente lo que más preocupa a Ángel Talavera, economista jefe para Europa en Oxford Economics. Según afirma, la cifra general se ajusta a lo previsto, pero la tendencia creciente de la subyacente le genera inquietud. Considera que habrá que esperar al informe detallado del INE, que se publicará en dos semanas, aunque todo indica que los precios de los servicios siguen siendo elevados e incluso aumentando. La estadística de noviembre tenía especial relevancia porque permite fijar la subida de las pensiones para 2026, que finalmente será del 2,7%. Este porcentaje se obtiene a partir de la media del IPC entre diciembre del año anterior y noviembre del actual. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, advierte de que atraviesa un periodo de "cierta tensión" en la evolución de los precios. Señala que la persistencia de una inflación elevada en los servicios y en los alimentos no elaborados responde a problemas de oferta causados por fenómenos meteorológicos, la expansión de la gripe aviar y cambios estructurales en los patrones de consumo de grandes economías asiáticas como China e India, cuya creciente clase media está aumentando la demanda de productos como café, cereales y otros alimentos. A pesar de que la brecha se ha reducido ligeramente, los precios en España siguen por encima de la media de la eurozona, donde la inflación se sitúa en torno al 2,1%, prácticamente ya en el objetivo marcado por el Banco Central Europeo. Entre los factores que están contribuyendo a contener los precios en Europa destacan la caída del petróleo -un 15% más barato que hace un año y un 5% menos que hace un mes- y la fortaleza del euro, que se ha apreciado un 10% frente al dólar respecto a 2024, lo que abarata las importaciones. España avanza más lentamente en la desinflación que otros países del euro. A la dificultad de moderar los precios de la cesta de la compra se suma el encarecimiento del gasóleo, que ha subido un 7% desde junio y está a punto de costar más que la gasolina, según el Boletín Petrolero de la UE. Además, el sólido crecimiento económico -que rozará el 3% en 2025- junto con el aumento poblacional -España podría llegar a los 50 millones de habitantes a finales de 2026- está impulsando la demanda interna, lo que dificulta frenar los precios. Para diciembre, Torres prevé que la inflación caiga al 2,8% gracias al efecto base de la energía y de los alimentos frescos. No obstante, para 2026 espera que la inflación media se mantenga en torno al 2,7%, lejos del ansiado 2% considerado ideal por los bancos centrales, lo que supondría una estabilización de los precios en niveles algo superiores a los deseados.

(Expansión, 01-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El déficit público baja en septiembre al 1,12% del PIB

El déficit conjunto de las administraciones públicas -sin incluir a los ayuntamientos- se situó en septiembre en el 1,12% del PIB, por debajo del 1,53% registrado en el mismo mes del año anterior. En términos absolutos, alcanzó los 18.817 millones de euros, lo que supone una reducción del 22,7%. A raíz de las intensas inundaciones provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, las cuentas públicas han incorporado un gasto extraordinario estimado en 4.050 millones de euros, equivalente al 0,24% del PIB. Esta cifra incluye 1.924 millones destinados a las entidades locales mediante transferencias finalistas. Si se excluyen los costes derivados de la DANA, el déficit de las Administraciones Públicas -sin contar la Administración local- a finales de septiembre de 2025 sería de 14.767 millones de euros, un 39,3% inferior al registrado en el mismo periodo de 2024. Hacienda también ha difundido los datos de ejecución presupuestaria correspondientes exclusivamente al Estado hasta octubre. Según estas cifras, el déficit estatal -calculado según el criterio de contabilidad nacional- asciende a 22.582 millones de euros, un 17% menos que en los diez primeros meses de 2024. En relación con el PIB, este déficit equivale al 1,34%, lo que supone 0,37 puntos menos que el porcentaje registrado un año antes (1,71%).

(Expansión, 01-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro encara las últimas subastas de 2025 con el 98% de la financiación ya captada

El Tesoro Público llevará a cabo esta semana las dos primeras emisiones del mes de diciembre, acercándose al cierre del ejercicio con cerca del 98% (97,7%) de su objetivo de financiación a medio y largo plazo para 2025 ya cubierto. En la operación del pasado 20 de noviembre, el organismo logró colocar 4.291 millones de euros en obligaciones a siete, diez y treinta años, registrándose un incremento de los intereses en los dos primeros plazos. De acuerdo con el calendario oficial, el martes 2 de diciembre se realizará una subasta de Letras a seis y doce meses. En la última emisión de este tipo, celebrada el 4 de noviembre, las Letras a seis meses se adjudicaron con un rendimiento marginal superior al de la subasta previa, del 1,962%, mientras que las de doce meses ofrecieron un retorno ligeramente menor, del 2,003%. Después de la subasta del martes, el jueves el Tesoro volverá a los mercados con una emisión de bonos y obligaciones del Estado. Concretamente, colocará bonos a cinco años, obligaciones con una vida residual de once años y ocho meses, y obligaciones a diez años ligadas a la inflación, según informa la agencia Efe. Además, está programada para el día 9 una subasta de Letras a tres y nueve meses. Por otro lado, la emisión prevista para el 11 de diciembre -destinada también a bonos y obligaciones- ha sido cancelada, según ha comunicado el Tesoro.

(El País, 01-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor sube en noviembre por cuarto mes consecutivo y pone en peligro el alivio a las hipotecas

Revisar la cuenta bancaria puede ofrecer sorpresas agradables. En los últimos meses, muchos titulares de hipotecas han visto cómo las cuotas mensuales se reducían, dejando más margen económico en sus hogares y restando ingresos a los bancos. Sin embargo, esta situación podría tener los días contados: el euríbor cerró noviembre en el 2,217%, encadenando cuatro meses consecutivos de subidas. Este nivel es el más alto desde marzo y deja al índice en un final de año lleno de incertidumbre, ya que no parece que el Banco Central Europeo vaya a retomar pronto las bajadas de tipos observadas en 2024 y en la primera mitad de 2025. Con la inflación controlada -en torno al 2,1% en la zona euro- y con la previsión de que no habrá grandes sobresaltos en los precios, el BCE mantiene los tipos en el 2%, un nivel considerado neutro, que no impulsa ni ralentiza la actividad económica. El mantenimiento de los tipos ha perjudicado al euríbor, porque hace unos meses se daba por hecho que el organismo europeo aplicaría al menos un recorte más -algunos incluso preveían dos, hasta el 1,5%- antes de optar por la estabilidad. La situación ha empezado a notarse: en octubre, las hipotecas con revisión semestral se encarecieron por primera vez en casi dos años. Quienes actualizan su hipoteca anualmente probablemente no sentirán ese impacto hasta la primavera, siempre que no haya cambios bruscos. De momento, en noviembre, una hipoteca media en España -unos 145.673 euros a 25 años, según el INE- todavía disfruta de un ahorro cercano a los 32 euros mensuales, unos 385 euros al año. Según el comparador HelpMyCash, la reciente subida del euríbor ya está afectando a quienes buscan financiación para comprar vivienda. Las entidades no prevén nuevos recortes de tipos, por lo que no tienen motivos para abaratar sus préstamos; incluso algunas ya están elevando los intereses para mejorar sus márgenes, sobre todo los bancos con mayor cuota de mercado. De acuerdo con sus datos, al menos siete entidades han aumentado los tipos de sus hipotecas desde mediados del verano: Banco Santander, BBVA, Bankinter, COINC, Cajasiete, Unicaja e ING. El alza se aprecia sobre todo en las hipotecas a tipo fijo. Pese a ello, la firma de préstamos no se ha resentido. En septiembre se suscribieron 46.120 hipotecas, la cifra más alta del año y un 12% más que en el mismo mes de 2024. Entre enero y septiembre se acumulan 367.715 operaciones, 64.852 más que en el mismo periodo del año anterior. Todo esto ocurre mientras los precios de la vivienda continúan subiendo: el importe medio por hipoteca alcanzó los 171.612 euros en septiembre, un 14,1% más que hace un año. La nota positiva es que, aunque el euríbor ha repuntado durante los últimos cuatro meses, la subida ha sido moderada, apenas dos décimas respecto a los mínimos de mayo, cuando rozó el 2%. Esto ha limitado el impacto en la economía doméstica. Como señala Pablo Vega, experto hipotecario de Roams, el índice se está moviendo en un rango estrecho, lo que reduce la volatilidad y aporta mayor estabilidad a las familias con hipotecas variables.

(Cinco Días, 28-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España es el país de la UE en el que más se han encarecido los hoteles

El sector hotelero en España no muestra intención de frenar la fuerte subida de precios que lleva acumulando durante los últimos tres años. Hasta octubre, las tarifas medias han aumentado un 5,5%, el mayor incremento de toda la Unión Europea, según un informe de la consultora británica STR presentado hoy en la Conferencia Anual de Inversión Hotelera organizada por Cushman & Wakefield. Este crecimiento contrasta con las caídas observadas en dos mercados competidores clave -Francia y Alemania- donde los precios han retrocedido un 2,3% y un 2%, respectivamente, así como con la práctica estabilidad registrada en Reino Unido (1%) e Italia (1,7%). Así, el precio medio por noche en España se situó en 177 euros, por encima de Alemania (122 euros) y Reino Unido (152 euros), aunque todavía por debajo de Francia (183 euros), Italia (246 euros) o Grecia (298 euros). Esa diferencia respecto a otros destinos europeos es el principal argumento de las grandes cadenas para justificar nuevas subidas, incluso en un contexto en el que la ocupación y las pernoctaciones han dejado de crecer. "Aún hay margen para elevar las tarifas hoteleras en España. Si comparamos Marbella con la Costa Azul, la diferencia sigue siendo grande; lo mismo ocurre entre Ibiza y Santorini o Mikonos. Incluso en algunas zonas de Mallorca los precios son solo un tercio de los de la Costa Amalfitana", recordaba recientemente Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá. Durante la presentación del informe, Alexander Robinson, director regional de STR, destacó el buen comportamiento de la ocupación en España, que ya supera los niveles previos a la pandemia. Ciudades como Málaga, Valencia o Alicante han alcanzado tasas medias del 85%. "La fortaleza de la demanda ha permitido que la tarifa media diaria continúe al alza en casi todos los destinos españoles, salvo en Valencia y Barcelona, donde se aprecia un leve retroceso que podría anticipar una futura moderación. Los precios aún pueden incrementarse, pero de manera más contenida", señaló. El encarecimiento de las tarifas se ha trasladado a los beneficios y ha mantenido elevado el interés inversor. En los nueve primeros meses del año, la inversión hotelera en España ya superó la registrada durante todo 2025 (2.900 millones de euros). "Y eso, pese a que no se han cerrado ventas de hoteles de cinco estrellas en Madrid o Barcelona", subrayaron Daniel Caballero y Víctor López-Peña, especialistas de Cushman & Wakefield. Entre las operaciones más destacadas figuran la venta del complejo Marenostrum en Tenerife por 430 millones de euros y la adquisición de una cartera de nueve hoteles de Silken por 250 millones. Clara López, directora de desarrollo del grupo Hotusa -empresa que adquirió dicha cartera-, afirmó que no esperan cambios en la demanda ni en los precios de cara a 2026. Tras amortizar de forma anticipada un préstamo de 241 millones concedido por la SEPI, la compañía ha intensificado su expansión en Estados Unidos, incorporando tres nuevos establecimientos (dos en propiedad y uno en alquiler), con lo que su portfolio en ese país asciende a seis hoteles: dos en Miami y uno en Nueva York, Chicago, Boston y Washington. Los inversores comparten esa visión optimista. Cristóbal de Castro, socio director de Quest Capital, anticipó que 2026 será tan positivo como 2025: "El crecimiento del turismo y los viajes es imparable". Por su parte, Miguel Casas, responsable de Hospitality en el fondo suizo Stoneweg, destacó que los ingresos por habitación disponible -el principal indicador de rentabilidad del sector- continúan aumentando a doble dígito en España, algo que no sucede en países como Italia, donde el crecimiento es débil, o Portugal, donde se ha estancado.

El BCE adopta inteligencia artificial para revolucionar su supervisión

Los países de la UE urgen fondos europeos para la crisis de vivienda

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