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(Cinco Días, 16-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España acelera su preparación para el euro digital con una licitación de hasta 70 millones

El Banco de España ha puesto en marcha la mayor licitación pública relacionada hasta la fecha con el desarrollo del euro digital. El contrato, cuyo valor puede alcanzar los 70 millones de euros, tiene como objetivo incorporar un equipo especializado de ingenieros informáticos y arquitectos de sistemas que permita a la institución cumplir con los compromisos asumidos dentro del Eurosistema para el despliegue de esta nueva forma de dinero, cuya entrada en circulación se prevé para 2029. La licitación, publicada el pasado 10 de julio y ya abierta a la presentación de ofertas, contempla la contratación de servicios tecnológicos destinados a participar tanto en la fase de desarrollo como en el posterior mantenimiento y operación de la futura moneda digital emitida por el banco central. Se trata del sexto contrato tecnológico impulsado por el Banco de España desde 2023 en el marco del proyecto del euro digital, aunque supone un paso cualitativo respecto a los anteriores. Mientras las primeras adjudicaciones, obtenidas por empresas como Indra, Accenture o Inetum, estaban orientadas a labores de consultoría, investigación y diseño metodológico, el nuevo contrato se centra en el desarrollo e implantación efectiva de la infraestructura tecnológica. Los trabajos incluirán el desarrollo, implantación, mantenimiento y evolución de soluciones vinculadas al euro digital, así como proyectos de experimentación con monedas digitales de bancos centrales, procesamiento de datos en tiempo real, bases de datos distribuidas, interfaces gráficas y herramientas de análisis de información. El contrato tendrá una duración inicial de tres años a partir del 21 de abril de 2027, con la posibilidad de prorrogarse otros dos años. El presupuesto inicial asciende a 37,61 millones de euros, que se elevan a 45,51 millones con IVA. Si se ejecutan las prórrogas y las posibles modificaciones previstas, el importe total podría alcanzar los 70,2 millones de euros. Dada la envergadura del proyecto, el Banco de España exige una elevada capacidad económica y técnica a las empresas interesadas. Los licitadores deberán acreditar una facturación anual mínima de 21 millones de euros durante los tres últimos ejercicios y demostrar experiencia en proyectos tecnológicos de características similares, con servicios ejecutados cuyo volumen anual haya superado los 9,8 millones de euros. Paralelamente, el Banco de España ha confirmado su participación, junto con el Banco Central Europeo y otros 18 bancos centrales nacionales del Eurosistema, en el proyecto piloto del euro digital. Esta fase experimental comenzará durante el segundo semestre de 2027 y tendrá una duración aproximada de un año. Para desarrollar estas pruebas se han seleccionado 36 proveedores de servicios de pago de toda la zona euro. Entre los participantes españoles figuran una alianza liderada por Cecabank, integrada por Abanca, Ibercaja, Unicaja, Bizum y Deloitte, así como la entidad de pagos Uinku, que opera bajo la marca comercial Sipay. El inicio de estos ensayos dependerá de que concluya la tramitación legislativa del euro digital. El proyecto normativo continúa avanzando en las instituciones europeas y el Parlamento Europeo ya ha autorizado el comienzo de las negociaciones con el Consejo de la Unión Europea para aprobar el marco legal que permitirá al Banco Central Europeo emitir la versión digital del dinero en efectivo. La futura regulación abordará tres aspectos principales: el funcionamiento del euro digital, las condiciones para que los proveedores de servicios de pago de países de la UE que no pertenecen a la zona euro puedan distribuirlo y el mantenimiento del curso legal del efectivo. Posteriormente, corresponderá al Banco Central Europeo definir cuestiones operativas como el límite máximo de euros digitales que podrán mantener los ciudadanos en sus dispositivos. El euro digital no será una criptomoneda ni una stablecoin, sino dinero emitido directamente por el banco central en formato electrónico. Su finalidad es complementar el efectivo, ofreciendo una nueva alternativa de pago para ciudadanos y empresas en toda la eurozona. Uno de los principales objetivos del proyecto consiste en reforzar la autonomía europea en materia de pagos electrónicos y reducir la dependencia de infraestructuras internacionales, especialmente de compañías estadounidenses como Visa, Mastercard, Apple, Google o Samsung. Actualmente, más de dos tercios de los pagos con tarjeta realizados en la zona euro se procesan a través de redes internacionales y trece de los veinte países que utilizan el euro carecen de un sistema nacional propio de pagos. Aunque existen iniciativas europeas como Bizum en España o Wero en Alemania, Bélgica y Francia, su implantación todavía es limitada. El BCE ha insistido en que el euro digital no pretende sustituir estas plataformas de pago instantáneo, sino convivir con ellas. No obstante, su implantación obligará a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago a adaptar sus sistemas tecnológicos para integrar este nuevo instrumento dentro de su operativa habitual.

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(El Periódico, 16-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE confirma que la inflación en junio se mantuvo en el 3,2% a pesar de la subida del IVA de la luz

La inflación se mantuvo estable en junio. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 3,2% interanual, el mismo nivel registrado el mes anterior y todavía por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. Este resultado se produjo pese al incremento del IVA aplicado al gas y a la electricidad, que desde el 1 de junio volvió al tipo general del 21%. El principal factor que impulsó los precios fue el encarecimiento de la vivienda, cuya tasa anual alcanzó el 4,7%, más de tres puntos superior a la registrada en mayo. El INE atribuye esta evolución, principalmente, al aumento del precio de la electricidad y, en menor medida, del gas. También contribuyeron al incremento de la inflación los servicios relacionados con el ocio, la cultura y el deporte, especialmente por el encarecimiento de los paquetes turísticos. La evolución de los precios durante junio estuvo marcada por la finalización de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo. Desde el 1 de junio dejaron de aplicarse las rebajas del IVA sobre la electricidad, el gas natural, los pellets, las briquetas y la leña, así como la reducción del impuesto especial sobre la electricidad. En cambio, las ayudas fiscales sobre los carburantes continuaron vigentes. Precisamente, el comportamiento de los combustibles contribuyó a moderar la inflación. Los precios del transporte redujeron en dos puntos su crecimiento respecto al mes anterior y registraron una subida interanual del 5,1%, convirtiéndose en uno de los componentes que más ayudó a contener el incremento general del IPC. Algunos analistas consideran que la evolución de los precios energéticos seguirá condicionando la inflación en los próximos meses. Según Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano, la ruptura de la tregua en Oriente Medio podría provocar un nuevo encarecimiento del petróleo y del gas a partir de julio, mientras que la evolución del estrecho de Ormuz continuará siendo un elemento clave para determinar el comportamiento futuro de los mercados energéticos. Por su parte, la inflación de los alimentos y las bebidas no alcohólicas continuó moderándose. En junio descendió hasta el 1,9% interanual, frente al 2,2% registrado en mayo, alcanzando su nivel más bajo desde comienzos de 2025. No obstante, algunos productos mantienen importantes incrementos de precio respecto al año anterior. Los huevos registraron un aumento del 14,1%, la carne de vacuno subió un 11% y el pescado fresco y congelado acumuló un encarecimiento del 8,8% en los últimos doce meses. Los expertos destacan que la evolución de los alimentos está siendo más favorable de lo previsto, aunque persisten tensiones inflacionistas en el sector servicios. En este sentido, el Índice de Precios del Sector Servicios aumentó hasta el 2,6% durante el primer trimestre de 2026, reflejando que determinados costes siguen trasladándose a los precios finales. La inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles, descendió una décima y se situó en el 2,9%. Aunque mantiene una tendencia moderadamente descendente, continúa por encima de niveles considerados compatibles con una inflación plenamente estabilizada. Entre los factores que siguen impulsándola figura el efecto indirecto del encarecimiento de la energía sobre numerosos bienes y servicios. En comparación con otros países europeos, España continúa registrando una inflación superior a la media. Mientras el IPC alcanzó el 3,2%, Francia cerró junio con una tasa del 1,8%, Alemania con un 2,3% y el conjunto de la zona euro con un 2,8%, según los últimos datos publicados por Eurostat. Por comunidades autónomas, la mayor subida de precios correspondió a la Comunidad de Madrid, con un 3,8%, seguida de Cantabria (3,5%) y de Baleares y Canarias, ambas con una inflación del 3,4%. En el extremo opuesto se situaron Extremadura, con un 2,4%; Ceuta, con un 2,6%; y Navarra, con un 2,7%. En total, cinco comunidades y ciudades autónomas registraron una inflación superior a la media nacional. Desde el Ministerio de Economía se ha señalado que el Gobierno continuará realizando un seguimiento permanente de la evolución de los precios y mantendrá el contacto con los agentes sociales y los sectores más afectados para evaluar el impacto de la situación internacional sobre la economía española.

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(El Economista, 16-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El aval del Supremo a cortar la luz a los "okupas" excluye a caseros con inquilinos morosos

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre una cuestión que hasta ahora había generado criterios dispares en los tribunales: la posibilidad de cortar los suministros de luz o agua en viviendas ocupadas ilegalmente. La resolución, dictada el 24 de junio y con ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, concluye que esta actuación no constituye un delito de coacciones cuando afecta a ocupantes sin ningún título que legitime su permanencia en el inmueble. Sin embargo, el criterio cambia cuando quien ocupa la vivienda dispone de un contrato u otro título válido, como ocurre con los inquilinos morosos. El alto tribunal establece que, en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas vacías, el propietario no incurre en un delito de coacciones si deja de pagar o corta los suministros, al entender que los ocupantes carecen de un derecho que les habilite para permanecer en el inmueble. Por el contrario, cuando la persona que reside en la vivienda cuenta con un título jurídico que le permite ocuparla, aunque incumpla sus obligaciones de pago, la interrupción de suministros puede constituir un delito de coacciones. Esta interpretación afecta especialmente a los propietarios que tienen arrendatarios morosos, ya que, pese al impago de las rentas, el contrato de arrendamiento sigue otorgando inicialmente un derecho de ocupación mientras no exista una resolución judicial que lo extinga. La sentencia toma como referencia el caso de un hombre que interrumpió el suministro eléctrico de una vivienda para forzar que su expareja, copropietaria del inmueble y en proceso de separación, abandonara la vivienda. El Tribunal Supremo considera que esta conducta constituyó un delito de coacciones porque la mujer tenía derecho a residir en el inmueble y el corte del suministro supuso un medio de presión para obligarla a abandonar la vivienda contra su voluntad. La decisión no ha sido unánime. Cuatro de los catorce magistrados que participaron en el Pleno formularon un voto particular discrepante. Los magistrados Antonio del Moral García, Eduardo de Porres Ortiz, Leopoldo Puente Segura y Javier Hernández García sostienen que la interrupción de los suministros no puede equipararse a un acto de violencia y, por tanto, no debería encajar en el delito de coacciones. En su opinión, la sentencia amplía de forma excesiva el concepto de violencia hasta el punto de incluir actuaciones que no implican fuerza física ni intimidación. Además, consideran que la extinción de un contrato de suministro no puede convertirse automáticamente en una conducta delictiva y advierten del riesgo de utilizar el delito de coacciones como una vía para sancionar cualquier comportamiento considerado reprochable. Desde el ámbito jurídico, la resolución ha generado valoraciones diversas. Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho AF Legis, considera que el fallo supone un avance importante frente al problema de la ocupación ilegal, ya que diferencia claramente entre quienes ocupan una vivienda sin ningún derecho y quienes disponen de un título legítimo para hacerlo. No obstante, la letrada discrepa del criterio mantenido por la mayoría del Tribunal Supremo respecto a los inquilinos morosos y se muestra más próxima al voto particular. En su opinión, corresponde al arrendatario asumir los costes de los suministros y el propietario no debería verse obligado a mantener esos gastos cuando el inquilino incumple sus obligaciones contractuales. Esta cuestión podría seguir generando debate jurídico mientras no se produzcan nuevos pronunciamientos que delimiten el alcance de esta doctrina.

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(Cinco Días, 15-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Congreso respalda el nombramiento de Juan José Ganuza como presidente de la CNMC con el veto de PP y Vox

La Comisión de Economía del Congreso ha dado este martes su visto bueno al nombramiento de Juan José Ganuza como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como a la incorporación de Carmen Balsa Pascual, Joan Capdevila y Marina Echebarría como nuevos consejeros del organismo, todos ellos propuestos por el Gobierno. Los nombramientos han superado el trámite parlamentario tras rechazarse los vetos presentados por el Partido Popular y Vox, que cuestionaban la independencia de los candidatos y denunciaban una creciente influencia del Ejecutivo sobre los organismos reguladores. En la votación, el dictamen obtuvo 19 votos favorables y 17 en contra. Posteriormente, los vetos tampoco prosperaron al no alcanzar la mayoría absoluta necesaria para bloquear las designaciones. Una vez superado este trámite, el Consejo de Ministros formalizará previsiblemente los nombramientos en su próxima reunión, tras lo cual los nuevos responsables tomarán posesión de sus cargos. Durante su comparecencia, Juan José Ganuza destacó que la CNMC afronta importantes desafíos en los próximos años y señaló como prioridades la supervisión de la economía digital y la inteligencia artificial, el refuerzo de la competencia en la contratación pública y una mayor vigilancia sobre las operaciones de concentración empresarial. En relación con la inteligencia artificial y los mercados digitales, defendió la necesidad de evitar posiciones dominantes que puedan limitar la competencia, apostando por una actuación coordinada con el Gobierno. Asimismo, subrayó la importancia de preservar la competencia en los procesos de contratación pública para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y consideró necesario reforzar el control de las concentraciones empresariales. El futuro presidente de la CNMC también puso de relieve el potencial de las nuevas tecnologías para mejorar la labor supervisora del organismo, especialmente mediante herramientas que permitan detectar prácticas anticompetitivas, como los cárteles. En este sentido, planteó la creación de una Unidad de Inteligencia Económica que convierta a la CNMC en un referente en el uso de tecnologías avanzadas para la defensa de la competencia. Ganuza defendió además el papel de la competencia como motor del crecimiento económico, al considerar que favorece la reducción de precios, mejora la calidad de los servicios, impulsa la innovación y contribuye a trasladar las ganancias de productividad tanto a consumidores como a trabajadores. Durante la sesión también surgió el debate sobre la estructura del regulador. El Grupo Vasco (PNV) volvió a plantear la conveniencia de recuperar una Comisión Nacional de la Energía independiente o, al menos, reforzar los recursos destinados a la supervisión del sector energético dentro de la actual CNMC, dada la creciente complejidad de este ámbito. En respuesta, Ganuza recordó que corresponde al Gobierno y al legislador decidir el modelo organizativo del organismo regulador. No obstante, manifestó que la integración de las funciones de competencia y regulación sectorial genera importantes sinergias y reduce el riesgo de captura regulatoria, aunque se mostró partidario de mantener un debate abierto sobre posibles reformas. La independencia de los futuros responsables de la CNMC fue uno de los principales puntos de confrontación política durante la comparecencia. Los representantes del PP y Vox cuestionaron la imparcialidad de los candidatos al considerar que varios de ellos mantienen vínculos con el Ejecutivo o con partidos que forman parte de su mayoría parlamentaria. En el caso de Ganuza, el Grupo Popular criticó que aceptara la propuesta de un Gobierno al que acusó de falta de credibilidad institucional. Interpelado también sobre la competencia en el mercado de la vivienda, Ganuza evitó pronunciarse sobre futuras actuaciones concretas, aunque recordó que una regulación adecuada resulta esencial para el buen funcionamiento de los mercados. Como ejemplo, señaló que la regulación hipotecaria existente durante la anterior crisis inmobiliaria presentaba importantes deficiencias. El futuro presidente defendió igualmente su independencia profesional, destacando que nunca ha militado en partidos políticos y que toda su trayectoria se ha desarrollado en el ámbito universitario, sin desempeñar actividades privadas relacionadas con el derecho de la competencia que pudieran generar conflictos de interés. Junto a Ganuza se incorporarán al Consejo de la CNMC Carmen Balsa, economista y exdirectora del gabinete de la exvicepresidenta Nadia Calviño; Joan Capdevila, veterinario y exdiputado de ERC; y Marina Echebarría, catedrática de Derecho Mercantil y primera mujer transexual en acceder a una cátedra universitaria en España. Los tres se integrarán en alguna de las dos salas del organismo -Competencia o Supervisión Regulatoria-, mientras los restantes seis consejeros continuarán ejerciendo sus funciones hasta la finalización de sus respectivos mandatos.

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(El Economista, 15-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Congreso da luz verde a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, así como al real decreto-ley que refuerza la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La norma contempla una aportación adicional de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027, el mayor incremento presupuestario aprobado hasta la fecha para este ámbito. La reforma de las leyes fue aprobada con 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones, mientras que el real decreto-ley de financiación recibió el respaldo de 317 diputados, con el único rechazo de Vox. Paralelamente, el Consejo de Ministros autorizó la transferencia de 904 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar el denominado nivel acordado del sistema de dependencia. Esta cantidad podría elevarse hasta los 970 millones al incluir los recursos correspondientes al País Vasco y Navarra. Con esta nueva aportación y los fondos previstos en el real decreto-ley, la financiación pública del sistema alcanzará los 5.513 millones de euros en 2026 y los 7.239 millones en 2027. El objetivo es que las comunidades autónomas dispongan de mayores recursos para reducir las listas de espera, incrementar las plantillas de profesionales y mejorar la atención y los servicios dirigidos a las personas en situación de dependencia. El modelo de financiación estatal se articula mediante dos mecanismos. El primero es el denominado nivel mínimo, consistente en una aportación fija por cada persona beneficiaria, cuya cuantía será duplicada. El segundo corresponde al nivel acordado, una financiación condicionada al cumplimiento de determinados compromisos por parte de las comunidades autónomas para garantizar que mantengan su propio esfuerzo inversor. Como novedad, la reforma incorpora un mecanismo de corresponsabilidad financiera por el que las comunidades que reduzcan su aportación al sistema verán disminuida en la misma proporción la financiación estatal. De este modo, por cada euro que una comunidad deje de destinar a la dependencia, el Estado reducirá en otro euro la transferencia correspondiente. La nueva legislación también establece que la Administración General del Estado deberá asumir, como mínimo, el 50% de la financiación del sistema de dependencia, reforzando así el compromiso estatal con este servicio público. A pesar del amplio respaldo parlamentario, algunos grupos políticos han expresado dudas sobre la sostenibilidad económica de la reforma. El Partido Popular cuestionó la ausencia de una memoria económica que detalle la financiación futura y recordó la existencia de reclamaciones por parte de las comunidades autónomas relacionadas con recursos pendientes destinados al sistema de dependencia. En el ámbito de las prestaciones, la reforma introduce importantes novedades para los beneficiarios. A partir de ahora será posible compatibilizar distintas ayudas y servicios para una misma persona, se reconoce legalmente la figura del cuidador principal y del cuidador no profesional -incluyendo a personas del entorno cercano que, sin vínculo familiar, asumen tareas de cuidado- y la teleasistencia pasa a configurarse como un derecho garantizado. Además, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la dependencia se reduce de seis a tres meses. La reforma de la Ley General de Discapacidad también incorpora cambios relevantes. Las personas con grado I de dependencia obtendrán automáticamente un reconocimiento del 33% de discapacidad, mientras que quienes tengan reconocido un grado II o III podrán acceder a un grado de discapacidad del 65%. Asimismo, la norma reconoce la accesibilidad universal como un derecho y prohíbe que las entidades aseguradoras incrementen el precio de los seguros de hogar o de salud por razón de discapacidad.

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(Cinco Días, 14-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Economía reactiva el ‘sandbox’ financiero con una ventanilla permanente y más fondos

El Ministerio de Economía quiere impulsar una nueva etapa del sandbox financiero, el entorno de pruebas creado en 2021 para fomentar el desarrollo de innovaciones tecnológicas en el sector financiero antes de su llegada al mercado. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Consejo de Ministros estudiará el anteproyecto de la futura Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero, una norma que pretende reforzar este instrumento, dotarlo de mayores recursos y convertirlo en un sistema de acceso permanente. La principal novedad consistirá en sustituir el actual modelo de convocatorias periódicas por una ventanilla abierta de forma continua, lo que permitirá a las empresas presentar proyectos en cualquier momento. Además, el proceso de evaluación será más ágil, con una reducción aproximada del 30% en los plazos de tramitación, que pasarán de superar los seis meses a un máximo cercano a los cuatro meses y medio. Desde su creación, el sandbox financiero ha servido como un entorno regulado en el que empresas y supervisores pueden probar nuevas soluciones tecnológicas en condiciones controladas y con garantías para los participantes. Durante este periodo se han autorizado 117 proyectos, de los cuales más de 40 han llegado a desarrollarse en entornos reales. Las iniciativas aprobadas abarcan tecnologías como blockchain, inteligencia artificial, sistemas de identificación biométrica, herramientas para mejorar la transparencia de los mercados financieros y nuevas plataformas de negociación y liquidación, varias de las cuales ya se encuentran operando en el mercado. El Gobierno también prevé facilitar el acceso al sandbox a empresas emergentes con menor capacidad financiera mediante una nueva línea de apoyo impulsada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Según explicó Carlos Cuerpo, la experiencia acumulada desde 2021 demuestra que esta herramienta ha favorecido la innovación en un entorno seguro y ha contribuido a situar al ecosistema fintech español entre los más avanzados de Europa. Por su parte, el presidente del ICO, Manuel Illueca, anunció que el próximo 29 de julio el Consejo General del organismo estudiará una modificación de la línea ICO Crecimiento para permitir que las empresas participantes en el sandbox puedan acceder a financiación aunque no cumplan el requisito habitual de contar con al menos cuatro años de actividad. El ICO considera que el proceso de evaluación y supervisión al que se someten estas compañías dentro del sandbox ofrece suficientes garantías para sustituir ese criterio de antigüedad. Durante la presentación de las novedades, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, destacó que el organismo mantiene una vigilancia constante sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de las entidades supervisadas, ya que esta tecnología está adquiriendo un papel cada vez más relevante en sus actividades principales. San Basilio señaló que la inteligencia artificial representa al mismo tiempo una oportunidad para mejorar los servicios financieros y un ámbito que requiere una supervisión específica por parte del regulador para controlar los riesgos asociados a su utilización. En este sentido, subrayó que el sandbox financiero constituye una herramienta especialmente útil para analizar el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas y comprender mejor su funcionamiento antes de su implantación generalizada en el mercado. El presidente de la CNMV valoró positivamente el refuerzo previsto para este entorno de pruebas y consideró que las modificaciones anunciadas permitirán consolidar su papel como uno de los principales instrumentos para impulsar la innovación financiera de forma segura y bajo supervisión regulatoria.

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(Expansión, 14-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump anuncia un peaje del 20% por cruzar Ormuz y dispara el petróleo sobre los 83 dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a situar la política internacional en clave económica al anunciar este lunes que pretende responder al nuevo bloqueo del estrecho de Ormuz imponiendo un peaje del 20% a los buques que transiten por esa ruta marítima. El anuncio coincidió con un nuevo repunte de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que pone en riesgo el alto el fuego alcanzado entre ambos países, incrementando la incertidumbre internacional, la volatilidad en los mercados y una nueva subida del precio del petróleo, que volvió a superar los 80 dólares por barril. Trump aseguró que Estados Unidos asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", bloqueando únicamente a los barcos vinculados con Irán y garantizando la libre circulación del resto de embarcaciones. Como contraprestación por esa labor de protección, planteó cobrar un importe equivalente al 20% del valor de la carga transportada por cada buque que utilice el paso bajo su protección. A través de su red social Truth, el mandatario afirmó que el estrecho permanecerá abierto "con o sin Irán" y explicó que el bloqueo afectará exclusivamente a barcos iraníes, a los que se dirijan hacia ese país o a sus socios comerciales. El resto de naciones, según indicó, podrán seguir utilizando la ruta con normalidad. Trump justificó el cobro del peaje alegando que servirá para cubrir los costes derivados de garantizar la seguridad en una de las zonas más conflictivas del planeta. Además, aseguró que la medida comenzará a aplicarse de forma inmediata, lo que supondría instaurar un sistema de pago para atravesar un corredor marítimo por el que, hasta hace unos meses, circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas que se comercia en el mundo. El tránsito por Ormuz se desarrollaba con normalidad hasta finales de febrero, cuando una operación militar coordinada entre Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní desencadenó una respuesta de Teherán contra países aliados en el Golfo Pérsico y provocó el cierre de este enclave estratégico. En las últimas semanas, el alto el fuego había permitido una recuperación gradual del tráfico marítimo, lo que había contribuido a reducir la tensión en los mercados internacionales. Sin embargo, el recrudecimiento de las hostilidades ha vuelto a sembrar preocupación entre los inversores. Las diferencias entre Washington y Teherán derivaron durante el fin de semana en nuevos ataques, entre ellos el lanzamiento de un dron iraní contra un buque con bandera chipriota, incidente tras el cual continúa desaparecido un marinero de nacionalidad india. Aunque Irán reivindicó nuevamente el cierre del estrecho y el tráfico volvió a verse afectado, Trump insistió durante el fin de semana en que la vía marítima seguía operativa y este lunes dio un paso más al proponer que Estados Unidos gestione el paso y cobre por su utilización. En una entrevista concedida a Fox News, el presidente adelantó que su país actuará con firmeza frente a Irán, garantizará la seguridad del estrecho y podría asumir su administración, insistiendo en que Estados Unidos debe recibir una compensación económica por esa misión. El dirigente estadounidense defendió que los principales beneficiarios de la reapertura de Ormuz son países con importantes recursos económicos y sostuvo que no resulta razonable que Estados Unidos asuma gratuitamente los costes y riesgos de esa protección, especialmente cuando implica poner en peligro a su personal. Las declaraciones de Trump y el deterioro de la situación en Oriente Próximo tuvieron un reflejo inmediato en los mercados financieros y, sobre todo, en el precio del crudo. El barril de Brent llegó a superar los 83 dólares tras registrar una subida superior al 9%, frente a los 72 dólares con los que comenzó el mes y los cerca de 60 dólares de principios de año. En Estados Unidos, el petróleo West Texas también avanzó más de un 8%, situándose por encima de los 77 dólares por barril. El encarecimiento del petróleo amenaza con aumentar las presiones inflacionistas en Estados Unidos, un factor especialmente delicado para Trump ante la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre y el impacto que la inflación tiene sobre su respaldo político. La propuesta de imponer un peaje para cruzar el estrecho provocó además críticas en el ámbito internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, defendió la necesidad de preservar la libertad de navegación en Ormuz, mientras que la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, reclamó que el paso permanezca abierto y libre de cualquier tipo de tasa o peaje. Por su parte, Irán mantiene que el futuro acuerdo de paz le otorgará el control del estrecho y ya había trasladado a Omán su intención de establecer su propio sistema de cobro por el tránsito marítimo.

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(Expansión, 14-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bizum llega a los comercios físicos

Bizum da un nuevo paso en su evolución con el lanzamiento de Bizum Pay, su cartera digital para realizar pagos en establecimientos físicos mediante tecnología NFC. La nueva aplicación estará disponible desde este martes, 14 de julio, en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, ofreciendo una alternativa a las tarjetas tradicionales y a las billeteras digitales de las grandes compañías tecnológicas. La plataforma prevé que la adopción del nuevo servicio crezca progresivamente conforme las entidades financieras completen su integración. Su objetivo es que la mayoría de los cerca de 32 millones de usuarios actuales de Bizum puedan utilizar esta funcionalidad antes de que finalice el año. En paralelo, el despliegue entre los comercios avanza a buen ritmo. Bizum Pay ya puede utilizarse en aproximadamente un millón de terminales de punto de venta (TPV), lo que representa alrededor del 60% de los dispositivos instalados en establecimientos y negocios de España. La compañía ha reforzado el desarrollo de esta solución en respuesta al aumento del uso de los pagos digitales frente al efectivo. El servicio comenzó a implantarse de forma limitada el pasado 18 de mayo, tanto entre clientes como en comercios, aunque su lanzamiento general se retrasó unas semanas para completar los procesos de integración y certificación con las redes de pago de Visa y Mastercard. El funcionamiento de Bizum Pay es similar al de otras soluciones de pago sin contacto. Utiliza tecnología NFC, que permite efectuar compras acercando el teléfono móvil al terminal de pago del establecimiento. Para utilizar el servicio, el usuario deberá descargar la aplicación y vincularla a su cuenta bancaria mediante su número de teléfono o los datos de su entidad. También podrá incorporar tarjetas de pago, de forma similar a las actuales billeteras digitales. En cualquier caso, será necesario que su banco haya habilitado esta nueva funcionalidad. Una vez configurada la aplicación, bastará con aproximar el teléfono móvil al TPV para completar la operación. El importe se transferirá de forma inmediata entre cuentas bancarias, reduciendo la necesidad de intermediarios y permitiendo a los comercios disminuir los costes asociados a determinadas comisiones. El director general de Bizum, Ángel Nigorra, destaca que la llegada de Bizum Pay supone un hito para el sistema financiero español, al materializar un proyecto impulsado conjuntamente por el sector bancario. Con esta incorporación, España contará con la primera solución europea que permite realizar pagos presenciales directamente desde una cuenta bancaria mediante tecnología NFC, además de ofrecer la posibilidad de utilizar tarjetas integradas en la aplicación.

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(El Confidencial, 14-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo caza por primera vez a un abogado que se inventó las sentencias de su defensa

El Tribunal Supremo ha detectado por primera vez en una de sus salas un escrito procesal que contiene referencias jurídicas aparentemente generadas por inteligencia artificial y que no se corresponden con el contenido real de las resoluciones judiciales citadas. La sentencia, dictada el 29 de junio, recoge este hecho y deja constancia de que varias de las citas utilizadas por la defensa no guardaban relación con los pronunciamientos atribuidos al Alto Tribunal. Según la resolución, el escrito presentado por el abogado de la parte recurrida incluía nueve referencias a sentencias y autos cuyos textos no coincidían, ni de forma literal ni sustancial, con los fragmentos reproducidos en el recurso. Tras comparar las citas con las resoluciones originales, los magistrados concluyeron que los argumentos atribuidos a esas decisiones judiciales no figuraban en ellas. El caso tiene su origen en un litigio relacionado con el pago de intereses de demora derivados de facturas abonadas fuera de plazo. La entidad financiera BFF Finance reclamaba a la Junta de Castilla-La Mancha algo más de 15.000 euros por el retraso en el pago de contratos sanitarios. Durante la tramitación del recurso de casación fue cuando el Tribunal Supremo detectó las supuestas irregularidades en el escrito de oposición presentado por la representación de la entidad financiera. Ante las dudas surgidas, la Sala requirió al abogado para que identificara de forma precisa todas las resoluciones citadas, indicando el número del recurso correspondiente y la base de datos o repositorio jurídico del que habían sido obtenidas. El letrado atendió el requerimiento al día siguiente, pero la comprobación realizada por el tribunal confirmó que las resoluciones invocadas no contenían los razonamientos que se les atribuían y que algunas de ellas, incluso, resultaban difíciles de localizar. Aunque la sentencia evita mencionar expresamente el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, los magistrados dejan constancia de que las referencias incorporadas al escrito carecen de correspondencia con el contenido auténtico de la jurisprudencia citada. El Tribunal Supremo decidió no imponer directamente una sanción al abogado, pero acordó remitir el asunto al Consejo General de la Abogacía para que valore si procede iniciar un expediente disciplinario y determinar, en su caso, la posible responsabilidad profesional del letrado. Este episodio ha generado un amplio debate dentro del ámbito jurídico sobre el uso de la inteligencia artificial en la elaboración de escritos procesales. Diversos profesionales del sector advierten de que cada vez es más frecuente encontrar documentos parcialmente redactados mediante herramientas automatizadas, con problemas de coherencia, razonamientos repetitivos o referencias jurídicas inexactas e incluso inexistentes. Más allá de la cuestión procesal, el resultado del litigio tampoco fue favorable para la entidad representada por el abogado. El Tribunal Supremo dio la razón a la Junta de Castilla-La Mancha en los dos aspectos objeto del recurso. Por una parte, estableció que corresponde al acreedor acreditar la fecha efectiva en la que recibió el pago de las facturas cuando reclama intereses de demora. Por otra, concluyó que la reclamación exclusiva de esos intereses no interrumpe el plazo de prescripción para reclamar los costes de cobro si estos no se solicitan expresamente. Como consecuencia, el Alto Tribunal revocó la resolución que había reconocido parcialmente las pretensiones de la entidad financiera. Aunque se trata del primer caso de estas características que llega al Tribunal Supremo, no es el único precedente registrado en España. En 2024, el Tribunal Constitucional ya apercibió a un abogado por incluir en una demanda referencias a diecinueve sentencias inexistentes, mientras que, en febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias impuso una multa de 420 euros a otro letrado tras detectar 48 citas falsas generadas mediante una herramienta de inteligencia artificial de uso general.

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(Cinco Días, 13-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España se convierte en destino predilecto de los fondos soberanos

España se ha afianzado como uno de los destinos preferentes para la inversión de los fondos soberanos internacionales. Entre julio de 2024 y diciembre de 2025, estos vehículos de inversión, controlados por distintos Estados, destinaron cerca de 7.000 millones de euros a la economía española a través de 18 operaciones, situando al país como el sexto mayor receptor de este tipo de capital a nivel mundial y el segundo dentro de la Unión Europea, únicamente por detrás de Alemania, según un informe elaborado por el Centro para la Gobernanza del Cambio de IE University en colaboración con ICEX-Invest in Spain. Las inversiones se han concentrado en sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico, como las energías renovables, las infraestructuras digitales, la educación superior, las residencias de estudiantes y el desarrollo tecnológico. Entre los principales inversores destacan los fondos soberanos de Abu Dabi, como Mubadala y su filial Masdar, el fondo soberano de Noruega y el fondo singapurense GIC. Según explica Javier Capapé, director del Centro de Fondos Soberanos de IE University, España reúne varios factores que la convierten en un destino atractivo para este tipo de inversores, entre ellos la estabilidad institucional y regulatoria, un mercado con suficiente dimensión para absorber grandes inversiones y una especialización creciente en sectores alineados con las estrategias de largo plazo de estos fondos. La transición energética continúa siendo el principal foco de inversión. Mubadala protagonizó algunas de las operaciones de mayor volumen del periodo, entre ellas la adquisición de la totalidad de Saeta Yield, filial de ACS, por 1.256 millones de euros en septiembre de 2025. A ello se suma la compra del 50% de EGPE Solar por 850 millones de euros en 2024 y la posterior ampliación de esa participación mediante una nueva inversión de 184 millones de euros durante 2025. La infraestructura digital constituye otro de los grandes ámbitos de interés. En agosto de 2025, el fondo GIC adquirió el 25% de PremiumFiber en una operación valorada en 1.750 millones de euros, una de las mayores registradas en el periodo analizado. Asimismo, la compra del operador de centros de datos Nabiax por aproximadamente 1.000 millones de euros refleja el creciente atractivo de los activos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial y al incremento de la capacidad de almacenamiento de datos. La diversificación de las inversiones también alcanza otros sectores. En el ámbito educativo, Mubadala adquirió un 25% de la Universidad Alfonso X el Sabio por 625 millones de euros, la mayor operación realizada hasta la fecha en el sector universitario español por un fondo soberano. Las residencias para estudiantes se consolidan igualmente como un activo de creciente interés. GIC invirtió 460 millones de euros en la plataforma EQT Moraval, mientras que el fondo soberano de Noruega adquirió el 40% de AXA Lifestyle Housing por 240 millones de euros. La combinación de ingresos estables y el aumento del número de estudiantes internacionales explica el atractivo de este segmento inmobiliario. Pese a estas operaciones, el mayor inversor soberano presente en España sigue siendo Norges Bank Investment Management (NBIM), entidad que gestiona el fondo soberano de Noruega. Su cartera en España ronda los 25.000 millones de dólares, distribuidos principalmente entre participaciones en empresas cotizadas, deuda pública y corporativa, así como inversiones inmobiliarias y proyectos de energías renovables. Aproximadamente el 60% de sus activos españoles se concentra en Bolsa, un 37% en bonos y el resto en inversiones inmobiliarias y energéticas. En los últimos años, el papel de los fondos soberanos ha evolucionado significativamente. Más allá de actuar como simples inversores financieros, se han convertido en socios estratégicos capaces de impulsar grandes proyectos mediante inversiones de largo plazo. Esta transformación responde a la necesidad de movilizar recursos hacia ámbitos como la transición energética, la digitalización, las infraestructuras críticas y el fortalecimiento de la autonomía económica. El crecimiento de estos vehículos también explica su creciente protagonismo en la economía mundial. En la actualidad gestionan más de 15 billones de dólares en activos, con una fuerte concentración en países de Asia-Pacífico y Oriente Medio, origen de buena parte del capital que llega a España. Paralelamente, España ha puesto en marcha instrumentos públicos para favorecer la llegada de inversión institucional, como el fondo España Crece, concebido para impulsar proyectos estratégicos mediante fórmulas de coinversión con capital privado. Este tipo de iniciativas ha contribuido a reforzar el posicionamiento del país como uno de los principales destinos europeos para los grandes inversores internacionales. Las perspectivas apuntan a que esta tendencia continuará en los próximos años. La expansión de la inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas infraestructuras digitales, la transición energética y el refuerzo de la capacidad industrial europea seguirán generando oportunidades para atraer capital soberano. Según Javier Capapé, entre junio de 2024 y junio de 2025 los fondos soberanos llevaron a cabo 391 operaciones de inversión directa en todo el mundo, por un importe superior a los 400.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 91% respecto al periodo anterior. El experto destaca que el mercado muestra una clara evolución hacia un menor número de operaciones, pero de mayor tamaño, reflejando una estrategia orientada a incrementar la influencia y el impacto transformador de estas inversiones. Entre las operaciones internacionales más relevantes destacan el respaldo del fondo saudí PIF a la adquisición de Electronic Arts, la financiación de Anthropic por parte del fondo catarí QIA y GIC, la reorganización de TikTok en Estados Unidos con el apoyo del fondo emiratí MGX -impulsado por Mubadala- y diversas inversiones en infraestructuras energéticas europeas lideradas por los fondos soberanos de Noruega y Singapur.

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