(Cinco Días, 16-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas recomienda menos burocracia en las licencias de vivienda para poner en el mercado 650.000 pisos más al año

La escasez de vivienda a precios asequibles se ha convertido en un problema urgente en toda la Unión Europea. Según las estimaciones del Ejecutivo comunitario, Europa necesitará incorporar cada año unas 650.000 viviendas adicionales a las 1,6 millones que ya se construyen actualmente para poder cubrir las necesidades de la población. Para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda, Bruselas considera imprescindible aumentar la construcción de viviendas, haciéndolo además de forma más eficiente y sostenible. Para lograrlo, resulta clave reducir los costes de producción y agilizar la concesión de licencias. En este contexto, la Comisión Europea presentará este martes una nueva estrategia destinada a impulsar la edificación de viviendas. El plan, al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea una serie de recomendaciones para que los Estados miembros desarrollen programas que rebajen los costes y simplifiquen los trámites y permisos -incluidos los medioambientales- que hoy en día ralentizan las obras y rehabilitaciones. En 2024, la vivienda representó el 5,3% del PIB de la UE, lo que explica que el acceso a un hogar asequible sea un asunto especialmente sensible y polarizador en muchos países. No obstante, la propia estrategia reconoce que el margen de actuación de la Comisión es limitado. Las competencias en materia de vivienda recaen en los Estados miembros y, en numerosos casos, en autoridades regionales o locales -como sucede en España o Alemania-. Además, en algunos países con una gestión más centralizada, como Francia, existe reticencia a que la UE intervenga en este ámbito. La Comisión presidida por Ursula von der Leyen aborda este desafío como parte del acuerdo de investidura con los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo, y tras el impulso de países como España y del presidente del Consejo Europeo, António Costa. Fruto de ese pacto, por primera vez se creó la figura de un comisario europeo de Vivienda -cargo que ocupa el danés Dan Jørgensen, también responsable de Energía-. Dentro de sus limitadas competencias, Bruselas se comprometió a lanzar un conjunto de medidas bajo el llamado "paquete de vivienda asequible". La estrategia que debatirá el colegio de comisarios se sumará a otras iniciativas ya en marcha, como las relativas a la vivienda turística o la limitación de los alquileres de corta duración, y se prevén también ajustes en las normas de ayudas de Estado para incentivar la construcción de vivienda protegida. "El reto principal es reducir los costes para todos los agentes del sector de la construcción", señala el borrador del documento, que apuesta por una simplificación profunda de los procesos, apoyada en una mayor digitalización de toda la cadena de valor y en una menor carga administrativa. La estrategia propone avanzar hacia una mayor armonización normativa en la UE, especialmente mediante la estandarización, con el objetivo de reducir los costes derivados del cumplimiento de las reglas. Uno de los puntos clave es acortar los plazos de concesión de licencias, que en algunos países pueden alargarse hasta siete años, según fuentes comunitarias. Bruselas atribuye la crisis de la vivienda a múltiples factores, entre ellos algunos vinculados al propio sector de la construcción, una visión que no está exenta de controversia, ya que cada vez más voces reclaman priorizar el uso eficiente del parque existente y reforzar la vivienda social. Cambios en la demanda, una oferta insuficiente, el encarecimiento de los costes de edificación y las persistentes brechas de productividad han contribuido a la escasez de viviendas, apunta la Comisión. En aproximadamente un tercio de las regiones europeas, la construcción no ha sido capaz de responder al crecimiento demográfico. Todo ello se ha reflejado en una fuerte subida de los precios. Desde 2013, el coste de la vivienda ha aumentado en términos nominales más de un 60% en el conjunto de la UE, a un ritmo superior al de los ingresos, con consecuencias directas para la cohesión social y la movilidad laboral. En España, el incremento ha sido del 72%, frente al 26,6% de Francia, el 13,3% de Italia o el 51,3% de Alemania, según un informe del Consejo Europeo publicado en octubre, antes de una cumbre en la que, por primera vez, la vivienda ocupó un lugar central en la agenda. El asunto volverá a abordarse en la próxima reunión de líderes europeos en Bruselas. La estrategia identifica varias "palancas" para mejorar la competitividad del sector de la construcción. Entre ellas, destaca que reducir la burocracia y acelerar los permisos permitiría adelantar la entrega de proyectos tanto públicos como privados. En este sentido, menciona la futura Ley de Racionalización y Aceleración de las Evaluaciones Ambientales, que podría simplificar los estudios exigidos para obras y reformas y evitar duplicidades, especialmente en pequeñas modificaciones o ampliaciones, así como en la planificación y construcción de viviendas residenciales, sociales o asequibles y de las infraestructuras vinculadas a ellas. De hecho, la Comisión anima a los Estados miembros a aprovechar al máximo este marco normativo para agilizar la planificación urbanística, la zonificación y la tramitación de permisos para promociones de vivienda y equipamientos asociados. El Ejecutivo comunitario subraya también que el sector de la construcción puede actuar como un elemento clave para facilitar viviendas asequibles, sostenibles y de calidad. Mejorar la productividad, la capacidad y la competitividad del conjunto del sector permitiría aumentar la oferta de vivienda y avanzar hacia los objetivos económicos, sociales y medioambientales de la Unión. Sin embargo, reconoce que el rendimiento actual está por debajo de su potencial y que, desde 2019, la construcción es el sector industrial que más ha visto caer su productividad. En este contexto, Bruselas destaca el potencial de la construcción modular y prefabricada para incrementar rápidamente la oferta de viviendas. Al trasladar gran parte del proceso a fábricas controladas, se reducen errores, se acelera la producción y se acortan los plazos de ejecución. Estas soluciones resultan especialmente atractivas para la vivienda social y asequible, donde la rapidez, la calidad y el coste son determinantes. Además, los módulos suelen ser desmontables y reutilizables, lo que favorece la economía circular y el uso eficiente de los recursos. No obstante, la Comisión advierte de que la elevada inversión inicial necesaria para este tipo de instalaciones, junto con la incertidumbre de la demanda y la limitada cobertura de los seguros, frena su desarrollo. Para alcanzar su pleno potencial -estimado en un crecimiento anual del 4,5% en el ámbito residencial-, será necesario eliminar las barreras que todavía pesan sobre la construcción industrializada.

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(El País, 16-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez anuncia un abono transporte único de 60 euros al mes para viajar por todo el país

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que a partir del próximo mes de enero se pondrá en marcha un abono de transporte único con un coste general de 60 euros mensuales, que permitirá desplazarse por todo el país en trenes de cercanías, servicios de media distancia y autobuses de la red estatal. En el caso de los menores de 26 años, el precio se reducirá a la mitad, hasta los 30 euros al mes. Además, el jefe del Ejecutivo confirmó que las actuales bonificaciones al transporte público se mantendrán durante todo el año 2026. Durante su comparecencia para hacer balance político del año, Sánchez explicó que tanto el nuevo abono como la prórroga de los descuentos serán aprobados en el último Consejo de Ministros del año, con el objetivo de que entren en vigor en enero. Aunque la creación de este título único ya se había adelantado a comienzos de año con vistas a 2026, todavía no se habían concretado ni su precio ni su fecha definitiva de aplicación. "Se trata de una apuesta firme por la movilidad sostenible y por apoyar a la clase media y trabajadora", subrayó el presidente. La iniciativa toma como referencia el modelo alemán del Deutschlandticket, que permite utilizar todo el transporte público por 63 euros mensuales, incluyendo metros y tranvías, aunque excluye los servicios de alta velocidad. En el caso español, en una primera fase el abono cubrirá únicamente los trenes de Renfe que no sean de alta velocidad y los autobuses de largo recorrido, al tratarse de competencias estatales. No obstante, el Gobierno confía en que comunidades autónomas y ayuntamientos se adhieran al proyecto para integrar también metros, tranvías y autobuses urbanos. En este sentido, Sánchez apeló a las administraciones territoriales para que se sumen a la iniciativa y faciliten "un acceso asequible al transporte público en todo el territorio". Según explicó, alrededor de dos millones de personas se beneficiarán cada mes de un menor coste para desplazarse a su trabajo, a su domicilio o en su rutina diaria. Como ejemplo, señaló que un trabajador que se desplace a diario entre Vigo y Santiago o entre Jerez y Sevilla podría reducir su gasto mensual en transporte público en cerca de un 60%. El presidente también avanzó que se mantendrán las bonificaciones actualmente vigentes en el transporte público, aunque sin precisar aún su alcance exacto. En la actualidad, los abonos mensuales urbanos e interurbanos y los bonos de diez viajes cuentan con un descuento del 40%, financiado a partes iguales por el Estado y las comunidades o ayuntamientos. Gracias a esta rebaja, en Madrid, por ejemplo, es posible adquirir un abono mensual por 66,3 euros que cubre todos los medios de transporte de la región, incluidos metro, tranvía, autobús y cercanías. Asimismo, los descuentos actuales contemplan rebajas del 40% en los trenes de media distancia (que alcanzan el 70% para jóvenes), del 50% en los servicios Avant y del 50% en los autobuses de titularidad estatal, con descuentos que llegan al 70% para los menores de 26 años.

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(El País, 16-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública baja al 103,2% del PIB en el tercer trimestre

La deuda del conjunto de las administraciones públicas marcó un nuevo máximo en el tercer trimestre del año. Por primera vez superó los 1,7 billones de euros, sumando los pasivos de la Administración central, las comunidades autónomas, los entes locales y la Seguridad Social, tras crecer un 4,5% en términos interanuales. Sin embargo, su peso relativo sobre la economía se redujo: la ratio deuda/PIB descendió hasta el 103,2% en septiembre, un punto menos que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos difundidos este lunes por el Banco de España. Este comportamiento no resulta contradictorio. Aunque la deuda aumente en términos absolutos, puede disminuir en proporción al PIB si la economía crece a un ritmo superior. Y ese es el caso de España, cuya actividad mantiene una evolución sólida, con una previsión de crecimiento cercana al 3% este año, más del doble de la media esperada para la zona euro. Esta fortaleza económica ha llevado incluso a las principales agencias de calificación a mejorar la nota de la deuda soberana española, al considerar más asumible su coste. La Administración central volvió a concentrar la mayor parte del endeudamiento en el tercer trimestre, algo habitual al ser la que asume el grueso de las obligaciones. Su deuda aumentó un 4,5% interanual y alcanzó en septiembre más de 1,57 billones de euros, lo que equivale al 94,8% del PIB, de acuerdo con el supervisor bancario. No obstante, el mayor incremento relativo se registró en la Seguridad Social. Sus compromisos financieros crecieron un 8,6% en volumen y un 7,6% en relación con el PIB respecto al año anterior, hasta situarse en 126.000 millones de euros. Este aumento responde, principalmente, a los préstamos procedentes del Estado, necesarios para cubrir el desequilibrio de sus cuentas ante la presión creciente del gasto, especialmente por el encarecimiento de las pensiones. Las comunidades autónomas, por su parte, mostraron un crecimiento más moderado de su deuda, del 1,7% hasta el tercer trimestre, con un saldo conjunto de 339.000 millones de euros, equivalente al 20,4% del PIB. Aun así, solo cinco regiones lograron mantenerse por debajo del límite del 13% que establece la ley de estabilidad presupuestaria: Navarra (9,9%), Canarias (10,8%), Madrid (11,5%), País Vasco (11,8%) y Asturias (12,6%). En el extremo opuesto se situaron las autonomías con menor financiación por habitante, como la Comunidad Valenciana (40,5%), Murcia (30,2%) y Castilla-La Mancha (28,5%). Cataluña ocupa el cuarto lugar con un 28,4%, y aunque su financiación está en la media, es la comunidad con mayor deuda en términos absolutos. En contraste, las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones y cabildos- redujeron su endeudamiento un 2,8%. Su deuda se situó en torno a los 22.000 millones de euros, lo que representa el 1,4% del PIB. Madrid es el municipio con mayor volumen de deuda, con unos 2.100 millones, mientras que Barcelona encabeza la deuda por habitante entre las grandes ciudades, con 788 euros por vecino. El Ejecutivo ha asumido con Bruselas el compromiso de rebajar la deuda pública hasta el 101,7% del PIB este año, tras cerrar el ejercicio anterior en el 101,8%. Según las previsiones incluidas en el plan fiscal de medio plazo, la ratio debería descender al 100,9% en 2026, situarse en el 100% en 2027 y bajar al 99,1% en 2028. El Gobierno confía en que esta reducción se apoye fundamentalmente en el crecimiento económico, ya que la fragmentación parlamentaria dificulta la aprobación de medidas de ajuste más ambiciosas para corregir los desequilibrios fiscales con mayor rapidez. Un ejemplo reciente de este bloqueo es el rechazo del Congreso, en dos ocasiones, a la senda de déficit, lo que complica la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. De este modo, seguirán en vigor las cuentas de 2023, las últimas aprobadas por el Ejecutivo de coalición, que volverán a prorrogarse a partir del 1 de enero.

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(Cinco Días, 15-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex se encamina a cerrar su mejor año desde 1993 con un alza superior al 46%

En la Bolsa existen ejercicios malos, otros positivos y algunos verdaderamente excepcionales. Y todo apunta a que 2025 se situará en este último grupo, al menos en lo que respecta al mercado español. El Ibex 35 no solo ha superado este viernes los 17.000 puntos, una barrera inédita hasta ahora, sino que además acumula desde enero una subida superior al 46%, lo que lo encamina a cerrar su mejor año en más de tres décadas. Únicamente la revalorización del 54% registrada en 1993 quedaría por encima. Si no ocurre un desplome inesperado en las dos semanas que quedan, 2025 será el segundo mejor año del Ibex 35 desde que nació en 1992. El ejercicio será histórico no solo por la magnitud del avance, sino porque la Bolsa española ha duplicado la rentabilidad obtenida por la mayoría de índices europeos y estadounidenses. El Mib italiano es el que más se aproxima, con un alza del 28%. A continuación aparecen el Dax alemán (22%), el FTSE británico (13%) y el Cac francés (10%). El Euro Stoxx 50 sube un 18%. En Estados Unidos, el S&P 500 apenas avanza un 3,5% y el Nasdaq ronda el 8%. En un índice con un peso tan significativo del sector financiero, las fuertes revalorizaciones de los bancos -algunos han duplicado con creces su valor- han sido determinantes. 2025 ha estado marcado por el intento fallido de opa del BBVA sobre Sabadell, por unos resultados históricos en el sector bancario y por un reparto masivo de dividendos y recompras de acciones. Desde enero, Santander avanza más del 120%, Unicaja un 115%, BBVA un 106%, CaixaBank un 95%, Bankinter un 81% y Sabadell un 78%. La mayor escalada anual, no obstante, corresponde a la industria de defensa. Indra sube un 189% en el año en que cerró la adquisición de Hispasat a Redeia. En otros sectores, Solaria repunta un 113% y ACS un 78%. Inditex, tras marcar máximos históricos, avanza un 14%. Solo siete valores del Ibex están en negativo en 2025: Cellnex encabeza las caídas con un -16%, seguida de Puig (-14%), Redeia (-10%) y Amadeus (-8%). El índice español encadenará así tres años consecutivos al alza: avanzó un 14% en 2024 y un 22,76% en 2023. En conjunto, el Ibex ha duplicado su valor en este periodo, con una subida acumulada del 106%, lo que le permitió superar a finales de octubre su máximo histórico, vigente durante 18 años. Si se añaden los dividendos, el selectivo encadena récord tras récord y en lo que va de 2025 se ha revalorizado más del 52%. Los años 1996 y 1997 también registraron fuertes avances (41% y 42%, respectivamente). En el extremo opuesto, 2008 continúa siendo el annus horribilis por excelencia, con un desplome del 39,4% tras la quiebra de Lehman Brothers, episodio que precipitó la Gran Crisis y que en España coincidió con el estallido de la burbuja inmobiliaria y, posteriormente, con la crisis del euro.

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(Expansión, 15-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda supera ya en siete capitales los precios máximos de la burbuja

El sector inmobiliario en España se encamina a cerrar un nuevo ejercicio excepcional. Si se mantiene la tendencia observada en los tres primeros trimestres del año, en 2025 podrían superarse las 700.000 operaciones de compraventa de viviendas, lo que supondría el mejor resultado desde 2007, cuando se alcanzaron las 775.000 transacciones. Este fuerte impulso, reforzado por el abaratamiento de las hipotecas a medida que las bajadas de los tipos de interés se han trasladado al mercado, ha seguido empujando los precios al alza. De este modo, el precio medio del metro cuadrado en España se situó en 2.018 euros durante el tercer trimestre, un 11,7% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de Tinsa by Accumin. No obstante, pese al incremento acumulado en los últimos cinco años, el valor medio nacional aún no ha recuperado los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria. Un análisis más detallado revela, sin embargo, que en determinadas zonas del país los precios ya han superado los récords de aquel periodo. Durante los meses de verano, hasta siete capitales de provincia rebasaron los niveles máximos de la burbuja, frente a las cuatro que lo habían hecho en el trimestre anterior. A Palma de Mallorca, Madrid, Málaga y Santa Cruz de Tenerife se sumaron Valencia, Pontevedra y Melilla. El caso más destacado es el de Palma de Mallorca, donde el precio de la vivienda supera en un 25,9% el registrado en 2007, reflejo de la fuerte presión que soporta el mercado local. Le siguen Madrid, con un 15,5% por encima de máximos; Málaga (12,7%); Santa Cruz de Tenerife (8,6%); Valencia (4,2%); Pontevedra (2,4%) y Melilla (0,1%). Otras capitales que se encuentran muy cerca de esos niveles y podrían superarlos en el corto plazo son A Coruña, Alicante, San Sebastián y Barcelona. En el extremo opuesto, todavía hay ciudades donde los precios se mantienen muy alejados de los picos de la burbuja, como Ciudad Real (-39,2%), Lleida (-35,5%), Cuenca (-34%), Castellón (-33,2%) o Jaén (-32,2%). En este escenario, Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, señala que "la elevada demanda, cercana a los máximos posteriores a la burbuja, junto con las tensiones de precios derivadas del desequilibrio entre oferta y demanda, está incrementando la rotación de la vivienda de segunda mano y favoreciendo ciertas dinámicas especulativas, aunque todavía no son predominantes". El informe también aclara que, una vez descontado el efecto de la inflación, ninguna de estas capitales alcanza realmente los máximos históricos. En términos reales, Palma de Mallorca es la ciudad que más se aproxima a su nivel más alto, aunque aún se sitúa un 9% por debajo. Pese al encarecimiento de la vivienda hasta cifras récord en algunas zonas, Gonzalo Bernardos, profesor de Economía y director del máster inmobiliario de la Universidad de Barcelona, descarta de forma tajante la existencia de una nueva burbuja inmobiliaria en el último informe de Trioteca. A su juicio, la situación actual es "muy distinta" a la de 2007, ya que el aumento de precios responde únicamente a la escasez de oferta frente a una demanda creciente, sin el exceso de crédito que caracterizó aquella etapa. "Lo que vivimos hoy es un boom inmobiliario que se prolongará durante varios años", afirma Bernardos, quien apunta a un previsible traslado masivo de jóvenes menores de 40 años desde el alquiler hacia la compra de vivienda. "Cualquiera que piense a medio y largo plazo, tenga acceso a financiación hipotecaria y actúe con sensatez, difícilmente optará por el alquiler si la renta mensual resulta más elevada que la cuota de la hipoteca", concluye.

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(Expansión, 15-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Huevos, café, carne de vacuno y chocolate disparan sus precios en lo que va de año

Huevos, café, carne de vacuno, chocolate y cacao encabezan la lista de los alimentos que más han encarecido su precio en España entre enero y noviembre de este año, con incrementos que en todos los casos superan el 10%. Según los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press, los huevos han subido un 30% en los once primeros meses del año. El café registra un aumento del 17%, el chocolate acumula un alza del 13,3%, la carne de vacuno es un 15,6% más cara y el cacao y el chocolate en polvo han incrementado su precio un 12,4%. Otros alimentos que también han experimentado subidas relevantes, aunque ya por debajo de los dos dígitos, son las frutas frescas o refrigeradas (+9,1%), los frutos secos (+6,8%), el pescado congelado (+7%), los despojos comestibles (+7%), la mantequilla (+5,1%) y la leche entera (+5,1%). En el lado contrario, los mayores descensos de precios en lo que va de año se han producido en el aceite de oliva, que se ha abaratado un 32,3%, seguido del azúcar (-5,3%), las patatas (-2,6%) y los alimentos infantiles (-1,8%). Si se observa la evolución interanual, de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, los huevos vuelven a liderar las subidas, con un incremento del 30,2%. A continuación se sitúan la carne de vacuno (+18%), el café (+17,3%), otros aceites comestibles (+17%), el chocolate (+14,5%) y el cacao (+12,4%). En el caso del café, el aumento de precios está vinculado a condiciones meteorológicas adversas, como sequías y heladas en los principales países productores, que han reducido las cosechas. A ello se suman los problemas logísticos derivados de los conflictos geopolíticos, que han encarecido el transporte y la distribución, así como el incremento de la demanda, especialmente en mercados emergentes como China. El precio del chocolate, aunque sigue siendo notablemente más alto que hace un año (+14,5%), ha moderado su ritmo de crecimiento, después de haber registrado durante este ejercicio aumentos interanuales cercanos al 25%. En su último informe, la Organización Internacional del Cacao señala que la evolución de los precios ha estado condicionada por la menor llegada de producto a los puertos de Costa de Marfil y por una demanda débil. La entidad destaca que en el tercer trimestre de 2025 las moliendas cayeron con más intensidad en Asia, mientras que en Europa y América del Norte el comportamiento fue desigual. No obstante, la organización advierte de que, a medida que avanza la campaña, factores como la normativa europea que prohíbe la comercialización en la UE de productos asociados a la deforestación -entre ellos café, cacao, soja y aceite de palma-, junto con las condiciones climáticas y los efectos estacionales, podrían alterar el equilibrio entre oferta y demanda y repercutir en los precios. La ICCO prevé para la temporada 2025/26 un superávit mundial de cacao, impulsado por una mayor producción y una demanda que todavía tarda en recuperarse tras las fuertes subidas de precios. En cuanto a los huevos, su encarecimiento en España se viene produciendo desde comienzos de año y, a partir de marzo, las subidas han pasado a ser de dos dígitos. Hasta noviembre, este producto acumula nueve meses consecutivos con incrementos interanuales superiores al 10%. Solo en noviembre, el precio de los huevos aumentó un 6,8% respecto al mes anterior. Según el INE, en el último año los alimentos que más han reducido su precio han sido el aceite de oliva (-38,1%), el azúcar (-7,5%), las patatas (-3%) y la pizza (-1,7%). En el caso del aceite de oliva, en términos mensuales (noviembre frente a octubre) se encareció un 2,6%, encadenando su segundo aumento mensual consecutivo. Desde enero de 2021, el precio de este producto acumula un incremento del 57,7%. En conjunto, los precios han aumentado en España un 2,6% en los once primeros meses del año. Casi siete décimas de este avance se explican por el encarecimiento de hoteles, cafés y restaurantes, mientras que la vivienda -sin contar la compra de vivienda- aporta alrededor de seis décimas y los alimentos, algo más de medio punto.

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(El Periódico, 15-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Primera caída de la inflación en seis meses por el abaratamiento de la electricidad

Los más optimistas pueden interpretar la situación como un punto de inflexión: el inicio de un proceso, lento pero constante, hacia una completa normalización de los precios. Los más escépticos, en cambio, apuntarán a la distancia respecto a la eurozona, a la acumulación de años de encarecimientos que pesan sobre las familias y a los modestos avances logrados en 2025 para contener un aumento del coste de la vida que sigue reduciendo el poder adquisitivo de quienes no ven crecer sus salarios al mismo ritmo. Ambas lecturas pueden ser válidas, pero más allá de interpretaciones, el dato objetivo indica que la inflación se situó en noviembre en el 3% interanual, una décima menos que en octubre, según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística, que mantiene su estimación preliminar. La mejora en los precios de la electricidad ha sido determinante para este ligero respiro, mientras que han tirado al alza los alimentos y bebidas no alcohólicas, los carburantes y los paquetes turísticos. La inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos- ofrece un panorama menos favorable: sube hasta el 2,6%, una décima más que en octubre. La cifra publicada este viernes fija definitivamente la revalorización de las pensiones contributivas para 2026 en un 2,7%, y mantiene a España un punto por encima de la inflación armonizada de la eurozona. Esta diferencia podría restar competitividad al tejido empresarial si no se reduce. A corto plazo, no obstante, el efecto base juega a favor, ya que los precios subieron en diciembre del año pasado y en los primeros meses de 2025, lo que facilitará tasas más bajas al comparar. Aun así, los precios llevan 13 meses sin caer por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, aunque están lejos ya del máximo de la crisis inflacionaria reciente, cuando superaron el 10%. "Si este diferencial se mantiene durante demasiado tiempo, puede afectar a la competitividad frente a nuestros socios del euro y también influir en las cuentas públicas, dado que algunas partidas -como ciertos salarios y las pensiones- están vinculadas a la inflación", señala Judith Arnal, investigadora del Real Instituto Elcano y CEPS. Para Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners, la diferencia actual con Europa tenderá a desaparecer. "Creo que esa brecha se reducirá y no supondrá un freno estructural a nuestra competitividad. Si miramos la inflación subyacente, la distancia es de solo dos décimas. En la inflación general hay elementos puntuales, como el precio de la electricidad influido por la política tras el apagón, que desaparecerán el próximo año", explica. Entre los datos del INE destacan algunos productos particulares: los huevos siguen disparados, con un incremento superior al 30% respecto a noviembre de 2024; la carne de vacuno sube un 18% y el café un 17,3%. En sentido contrario, el aceite de oliva se abarata un 38,1%, aunque este descenso no basta para compensar el encarecimiento global de la cesta de la compra, cuya inflación repuntó cuatro décimas hasta el 2,8%. Por territorios, Madrid encabeza la lista con la inflación más alta (3,7%), seguida de Ceuta (3,5%) y la Comunidad Valenciana (3,4%). Las regiones menos afectadas son Canarias (2,3%), La Rioja (2,4%) y Murcia (2,5%). El economista Javier Santacruz cree que todavía no hay razones para alarmarse, aunque reconoce que en este final de año la inflación está evolucionando peor de lo esperado. "Es lo que en inglés llaman una inflación 'sticky', pegajosa. Las presiones inflacionistas están ahí, aunque por ahora no son preocupantes. España suele anticipar estas tendencias. Ya ocurrió cuando los precios empezaron a subir y también fue de las primeras economías en contenerlos cuando la situación comenzó a mejorar", apunta.

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(Cinco Días, 12-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE propone simplificar las normas bancarias con un rediseño de los colchones de capital

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha mostrado su apoyo a las propuestas del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Simplificación, encabezado por el español Luis de Guindos. Dichas recomendaciones plantean modificar el diseño de los requisitos de capital de las entidades financieras y reforzar la proporcionalidad normativa, extendiendo a un mayor número de bancos el régimen actualmente reservado a las entidades más pequeñas. El informe, difundido este jueves por el supervisor europeo, incluye 17 sugerencias destinadas a simplificar la regulación, la supervisión y la información exigida al sector. El BCE trasladará estas propuestas a la Comisión Europea, que prepara un análisis global del sistema bancario que verá la luz en 2026. "El objetivo es contar con un marco más simple, sin comprometer la fortaleza del sistema bancario europeo y garantizando que las autoridades microprudenciales, macroprudenciales y de resolución continúen cumpliendo su función", señala el BCE. Además, insiste en la necesidad de culminar la unión bancaria y la unión de mercados de capitales, con el fin de reducir la fragmentación entre países y mejorar la eficiencia financiera. El organismo resalta también la importancia de avanzar en la armonización y la integración financiera dentro de Europa, recordando que la cooperación internacional es clave y que todas las jurisdicciones deben aplicar Basilea III de forma completa y coherente. Durante la presentación, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, subrayó que las recomendaciones requieren cambios legislativos en la UE para poder aplicarse, lo cual supera las competencias del banco central. No obstante, estas propuestas servirán como contribución al informe que prepara la Comisión sobre la competitividad del sector bancario europeo. Entre las sugerencias más relevantes figura la idea de simplificar los requisitos de capital reduciendo los distintos niveles de colchones a solo dos: uno estructural y otro liberable para momentos de tensión. También se plantea recortar de cuatro a dos los componentes de la ratio de apalancamiento: un mínimo del 3% y un único colchón, que podría ser nulo para bancos pequeños. La recomendación P2G, que orienta a las entidades sobre el capital adicional necesario para afrontar escenarios adversos, permanecería independiente del colchón liberable. El BCE considera que la variedad actual de elementos de capital en la normativa europea puede dificultar la transparencia y generar incertidumbre, ya que complica la valoración del marco regulatorio y del margen de capital de que disponen los bancos. En contraste, países como Reino Unido o Estados Unidos operan con menos capas regulatorias. Aun así, De Guindos recalcó que el objetivo es "mantener el mismo nivel de solidez mediante un sistema más simple", y que "no se deben reducir los colchones de capital ni de liquidez". "No vamos a debilitar las exigencias de capital de la banca europea", afirmó De Guindos, quien sostuvo que esta fortaleza ha sido una ventaja para la UE, que no sufrió crisis como la de la banca regional estadounidense o el colapso de Credit Suisse. "Los niveles actuales de capital no restringen la capacidad de la banca europea para conceder crédito", aseguró. En la misma línea, el BCE propone reforzar la capacidad del capital adicional de nivel 1 (AT1) para absorber pérdidas en condiciones normales, en consonancia con Basilea y sin comprometer la estabilidad. Alternativamente, podrían suprimirse ciertos instrumentos distintos del capital dentro de la estructura de fondos propios, siempre que se garantice el cumplimiento de Basilea y la neutralidad del capital. Por otro lado, el Consejo de Gobierno aboga por "incrementar de forma notable la proporcionalidad de las normas", extendiendo el régimen simplificado a un número mayor de entidades y ajustando las obligaciones de forma prudente y armonizada. En este sentido, recuerda que la UE decidió aplicar Basilea a todos los bancos para crear un marco uniforme, introduciendo ciertas excepciones de proporcionalidad, pero admite que la aplicación tan amplia de estas normas puede haber generado una complejidad innecesaria. Por ello, plantea que los bancos más pequeños se beneficien de un régimen regulatorio específico, más claro y menos oneroso, basado en el sistema actual pero con una proporcionalidad mucho mayor.

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(Expansión, 12-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Más de la mitad de las empresas medianas subirá precios en 2026

La OCDE ya había alertado a comienzos de mes de que los efectos de la guerra comercial impulsada por la Administración Trump aún no se habían manifestado por completo y de que la oleada provocada por esta inédita ofensiva arancelaria acabará generando un aumento progresivo de los precios, lo que "reducirá el crecimiento del consumo de los hogares y la inversión empresarial". España tampoco queda al margen de este escenario, un aviso que se ve reforzado por las señales lanzadas por las propias compañías nacionales: más de la mitad de las empresas medianas prevé subir sus precios de venta en 2026. Así lo indica la última edición del International Business Report (IBR) de Grant Thornton, que analiza las preocupaciones y previsiones del middle market tanto a nivel global como en España. En concreto, el informe -basado en 400 entrevistas a directivos españoles durante el tercer trimestre- refleja que el 56% de las empresas medianas (con entre 50 y 3.000 empleados) se verá obligada a encarecer sus productos en 2026 para compensar el aumento del coste de la energía y de las materias primas. Durante la primera mitad del año, muchas compañías internacionales recurrieron a sus márgenes o adelantaron exportaciones para amortiguar el impacto inicial de los aranceles. Sin embargo, el comercio mundial, alterado por la estrategia de Trump, ha ido perdiendo fuerza, y los márgenes ya no pueden absorber indefinidamente esos costes. El resultado será un incremento de precios y una mayor presión inflacionaria. En España, la inflación de noviembre se situó en el 3%, casi un punto por encima del promedio de la eurozona, lo que resta competitividad al sector exterior español. Tampoco se espera una mejora a corto plazo. De hecho, las previsiones de subida de precios entre las empresas medianas españolas han alcanzado "un máximo histórico", según el informe. Estas expectativas han aumentado siete puntos entre el segundo y el tercer trimestre, superando tanto la media de la UE (50%) como la global (53%). Las principales razones que explican estas futuras subidas son el encarecimiento de las materias primas, que preocupa al 49% de los directivos (nueve puntos más en solo un trimestre), y los mayores costes logísticos, señalados por el 43%. En este contexto, marcado por crecientes tensiones geopolíticas, el clima empresarial no mejora. Aunque el 59% de los directivos aún confía en que la economía española repunte en 2026, es el nivel de optimismo más bajo desde 2023. En un año, este indicador se ha desplomado diez puntos, a diferencia de Europa -donde sube ligeramente hasta el 61%- y del promedio global, que llega al 76%, impulsado por el hecho de que la guerra comercial, aunque inédita en décadas, no está siendo tan destructiva como se temía. Pese a ello, las exportaciones españolas se han frenado: entre enero y septiembre solo crecieron un 0,5%, y las ventas a Estados Unidos cayeron un 7,4%, con un desplome del 30% en agosto. La previsión de nuevos aumentos de precios llega acompañada de mayores tensiones salariales, en un contexto en el que los sindicatos buscan evitar pérdidas de poder adquisitivo. El IBR recoge datos de un estudio reciente de Randstad que anticipa una subida salarial media del 5% en 2026, impulsada por la inflación y la escasez de mano de obra. En los convenios registrados hasta noviembre, los salarios pactados han aumentado un 3,49%, y en los firmados este año, un 4,15%. La falta de personal cualificado preocupa ya al 46% de las medianas empresas, un problema que se extiende por todo el tejido empresarial español. Aun así, el 48% espera aumentar sus plantillas y asume que deberá elevar los sueldos por encima de la inflación. Además de los costes crecientes y la escasez de talento, las compañías del middle market identifican otras trabas para su crecimiento: la incertidumbre económica (54%), las tensiones geopolíticas (49%) y el exceso de regulación y burocracia (47,8%). En este sentido, el 42% reclama una mayor agilidad administrativa, el 40,4% pide reducir la carga fiscal y el 35,3% aboga por una bajada de las cotizaciones sociales.

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(El País, 12-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La prórroga de la moratoria antidesahucios queda pendiente de Junts tras el apoyo de los demás socios de investidura

Junts se ha convertido en el último obstáculo para sacar adelante la prórroga de la moratoria antidesahucios dirigida a inquilinos vulnerables. Este miércoles, diversas plataformas sociales mantuvieron reuniones con todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, excepto con la formación independentista. Según estas organizaciones, el resto de los grupos se muestran "favorables" a renovar la medida, de la que dependen más de 60.000 familias vulnerables. Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), confirma esta disposición, aunque señala que el Gobierno aún no ha fijado una fecha para aprobarla. En cualquier caso, debe hacerse antes del 31 de diciembre, cuando expira la moratoria. Respecto a Junts -que rompió relaciones con el Ejecutivo en octubre-, la PAH explica que su ausencia se debió a problemas de agenda, pero que la formación se ha comprometido a reunirse próximamente. Durante el encuentro, las organizaciones participantes -PAH, Confederación Intersindical, CC OO, Federación de Consumidores y Usuarios, Centro de Asesoría y Estudios Sociales, Amnistía Internacional y UGT- reclamaron que la moratoria deje de vincularse a situaciones excepcionales como la covid o la guerra de Ucrania. Su propuesta es que pase a ser un mecanismo permanente para evitar renovaciones continuas. También pidieron a PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria que amplíen los criterios de acceso para incluir a nuevos colectivos vulnerables, aunque de momento no han recibido respuesta. Las plataformas están elaborando un texto con estas modificaciones para entregarlo cuanto antes a los grupos parlamentarios. Morote insiste en que, si la prórroga no se aprueba antes del 1 de enero de 2026, se generará un "vacío legal" que permitirá a algunos jueces reactivar desahucios de familias vulnerables desde el primer mes del año. Por ello, exigen que el Ejecutivo apruebe el decreto ley "lo antes posible". Una vez publicado en el BOE, entraría en vigor de inmediato, aunque luego tendría que ser ratificado por el Congreso en un plazo máximo de un mes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya aseguró hace unas semanas que presentaría antes de final de año la actualización de varias medidas del escudo social, incluida la prohibición de desahuciar a hogares vulnerables. Este mecanismo no protege a cualquier inquilino. Solo cubre a familias vulnerables para las que las Administraciones no hayan podido garantizar una alternativa habitacional. Incluye casos como víctimas de violencia de género, hogares con menores o personas dependientes, siempre que la vivienda pertenezca a un gran tenedor (propietario con más de 10 inmuebles residenciales). En última instancia, la decisión recae en el juez. La moratoria fue aprobada durante la pandemia y ha sido extendida varias veces. La última prórroga se acordó el 23 de diciembre del año pasado y fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2025. Las organizaciones aseguran que ha frenado alrededor de 60.000 desahucios de familias vulnerables y que, si decae, se generará -en palabras de Morote- "una crisis habitacional más grave que en los peores años de la Gran Recesión". Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), donde se integran pequeños propietarios y grandes fondos como Blackstone, opinan justo lo contrario. Afirman que prolongar la moratoria aumentaría la inseguridad jurídica, perjudicaría el derecho de propiedad y reduciría aún más la oferta de viviendas de alquiler. Un estudio del Observatori DESCA, publicado hace un año, indica que solo en el 2% de los desahucios se facilita un realojo temporal, y que únicamente en el 3% se ofrece una vivienda social, pese a que las Administraciones están obligadas a proporcionar alternativas habitacionales o, si procede, compensar a los propietarios afectados.

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