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(Expansión, 15-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

EEUU amenaza con imponer un arancel de 200.000 dólares a cada buque español y restringir las exportaciones de aceite

Estados Unidos amenaza con imponer nuevas represalias comerciales contra España por la decisión del Gobierno español de impedir que los barcos que transporten armas a Israel hagan escala en sus puertos. La Administración de Donald Trump contempla aplicar una tasa de 200.000 dólares (unos 180.000 euros) por cada viaje de un buque con bandera española, así como limitar la entrada en el mercado estadounidense de determinados productos españoles, entre ellos el aceite. La propuesta ha sido planteada este miércoles por la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC), que ha concluido una investigación iniciada en diciembre de 2024. Según este organismo, España ha generado condiciones desfavorables para los buques estadounidenses al restringir el acceso a sus puertos. Como respuesta, plantea adoptar medidas correctivas que incluyen tanto el cobro de tasas a los barcos españoles como la imposición de restricciones a las importaciones procedentes de España. La investigación tenía como objetivo determinar si las decisiones del Ejecutivo español perjudicaban al transporte marítimo vinculado al comercio exterior estadounidense. Entre las medidas examinadas figura la prohibición de entrada en los puertos españoles a determinados buques, incluidos aquellos que transportan mercancías en el marco del Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima de Estados Unidos (MARAD). El veto español se produjo en el contexto de la oposición del Gobierno a los bombardeos sobre Gaza y buscaba impedir que los barcos que transportaran armamento destinado a Israel pudieran utilizar los puertos nacionales para realizar escalas. Tras casi dos años de pesquisas, la FMC sostiene que ha encontrado pruebas de que España denegó el acceso a sus instalaciones portuarias a buques con bandera estadounidense, lo que, a su juicio, ha perjudicado las condiciones del transporte marítimo internacional. El organismo considera que estas restricciones afectan a la eficiencia y fiabilidad de las cadenas de suministro, dificultan las exportaciones estadounidenses y pueden comprometer tanto las necesidades de seguridad nacional como el desarrollo de la marina mercante del país. Para responder a esta situación, la Comisión propone dos tipos de represalias. La primera consiste en establecer una tasa de 200.000 dólares por cada viaje de los buques con bandera española. La segunda contempla limitar las importaciones de determinados bienes procedentes de España. Entre las categorías señaladas figuran los productos de perfumería y cosmética, los aceites y las grasas, la cerámica, los artículos de piedra, el azúcar y los productos de confitería. La presentación formal de estas propuestas sitúa a Washington un paso más cerca de aplicar las sanciones comerciales, aunque todavía no supone su entrada en vigor. Antes de tomar una decisión definitiva, las autoridades estadounidenses permitirán que España presente sus argumentos y estudiarán posibles alternativas para resolver el conflicto. La amenaza llega en plena precampaña de las elecciones generales anticipadas convocadas por Pedro Sánchez para finales de noviembre y podría intensificar el debate político sobre la actuación del Ejecutivo en el ámbito internacional. Las discrepancias entre Sánchez y Trump se han sucedido desde el regreso del presidente estadounidense a la Casa Blanca. La negativa española a elevar el gasto en Defensa y a permitir el uso de sus bases militares para las operaciones estadounidenses contra Irán ha provocado nuevas advertencias de Washington, que ha llegado a plantear la posibilidad de imponer sanciones comerciales severas e incluso interrumpir las relaciones comerciales con España. Hasta ahora, la pertenencia de España a la Unión Europea y la política comercial común han constituido una protección frente a posibles medidas unilaterales dirigidas específicamente contra el país. Sin embargo, la investigación de la FMC podría proporcionar a la Administración Trump un argumento para justificar la adopción de represalias comerciales selectivas contra España. Ante la contundencia de las represalias comerciales que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa, el Gobierno español se limitó a anticipar ayer que continúa "analizando las conclusiones del informe publicado por la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos, así como las posibles implicaciones de las medidas planteadas". "España defenderá sus intereses y los de sus empresas, en coordinación con la Comisión Europea y los Estados miembros, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión que se enmarca en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos", aseveran fuentes gubernamentales, en alusión al marco comercial bilateral que rige entre ambas potencias.

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(Expansión, 15-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE abre la puerta a no acordar este año el presupuesto común

El principal objetivo del Consejo Europeo pierde fuerza. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea comienzan a asumir que será complicado cerrar un acuerdo sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 antes de que finalice el año. Las diferencias entre los países son demasiado profundas para resolverlas en los pocos meses que quedan, pese a los esfuerzos de Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, por organizar hasta cuatro cumbres con el propósito de acercar posiciones. El grupo de los países frugales, integrado por Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia, reclama reducir los dos billones de euros planteados por la Comisión Europea. En el extremo opuesto, los Amigos de la Cohesión, entre los que se encuentran España y otros 16 Estados miembros, defienden un presupuesto ambicioso que permita afrontar los principales desafíos de la UE, como recuperar la competitividad y reforzar las capacidades de defensa del bloque. La posibilidad de introducir nuevos impuestos europeos para reducir las aportaciones nacionales al presupuesto común tampoco ha servido para acercar posturas. Según fuentes diplomáticas, las conversaciones sobre estos nuevos recursos propios están todavía en una fase muy inicial y las propuestas necesitan una revisión más profunda, por lo que apenas ocuparán espacio en la próxima reunión. Las dificultades para cumplir el calendario previsto se reflejan en el borrador de las conclusiones de la cumbre del Consejo Europeo que se celebrará mañana y pasado en Bruselas, con la participación de los líderes de los Veintisiete. Según el documento al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, ahora se considera conveniente alcanzar un pacto antes de que termine el año, con el fin de disponer del tiempo necesario para desarrollar los aspectos técnicos que permitirán ponerlo en práctica. En versiones anteriores del texto, diciembre figuraba expresamente como el plazo objetivo para cerrar las negociaciones. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, expresó ayer una posición compartida por otros dirigentes europeos al advertir de que su país no respaldará un acuerdo que no resulte favorable. A su juicio, el calendario no debe anteponerse al contenido del pacto. La necesidad de aprobar los presupuestos por unanimidad añade complejidad a las negociaciones y obliga a los Estados miembros a buscar un delicado equilibrio entre sus intereses. Aunque los líderes no parecen dispuestos a sacrificar sus posiciones por cumplir una fecha concreta, existe preocupación por las consecuencias de un posible retraso. Las próximas elecciones en Francia figuran entre los principales motivos de inquietud, especialmente ante la posibilidad de una victoria de Marine Le Pen. La dirigente francesa ha defendido, a diferencia de Emmanuel Macron, una reducción significativa de las contribuciones de su país al presupuesto comunitario, con prioridad para los intereses nacionales frente a los objetivos de modernización de la Unión Europea. Un cambio de Gobierno en París podría complicar aún más unas negociaciones que ya avanzan con grandes dificultades.

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(El Economista, 15-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España lidera la subida del precio de los alimentos en la Unión Europea pese a los esfuerzos de los súper

España se encuentra entre los países europeos que registran un mayor encarecimiento de los alimentos. Según los últimos datos interanuales de Eurostat correspondientes a agosto, los precios de los productos alimentarios aumentaron un 2,3%, una cifra que únicamente supera Chipre, con una subida del 3,8%. La evolución de los precios en España contrasta con la observada en las principales economías de la Unión Europea, donde los incrementos han sido considerablemente más moderados. Tanto Francia como Italia registraron en agosto una subida del 1,1%, mientras que en Alemania el avance se limitó al 0,2%. En otros países europeos, los precios de los alimentos incluso experimentaron descensos. En Bélgica permanecieron sin cambios, mientras que en Países Bajos disminuyeron un 1% y en Dinamarca también se registró una caída. Suecia destacó por presentar la mayor reducción, con un descenso interanual del 6,2%. Estas diferencias reflejan que los consumidores españoles continúan soportando una presión inflacionista sobre la cesta de la compra superior a la de buena parte de sus vecinos europeos. Además, la tendencia se ha intensificado en septiembre, cuando el precio de los alimentos aumentó un 2,7%, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ante este escenario, las cadenas de supermercados están intentando moderar el impacto del encarecimiento sobre los consumidores mediante ajustes en sus márgenes comerciales, mejoras de eficiencia y la absorción de una parte de los costes adicionales. No obstante, las empresas del sector advierten de que su capacidad para mantener estas medidas es limitada, especialmente si continúan aumentando los gastos relacionados con el transporte, la energía y el suministro de productos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pidió recientemente a las empresas del sector que realizaran un esfuerzo para evitar nuevas subidas de precios. Sin embargo, la persistencia de las tensiones sobre los costes podría provocar que una parte de estos incrementos termine trasladándose al consumidor final. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ha advertido de que el sector acumula sobrecostes superiores a los 130 millones de euros como consecuencia del encarecimiento energético y de los combustibles relacionado con el conflicto en Oriente Próximo. Según los cálculos de la patronal, estos gastos adicionales representan entre 20 y 25 millones de euros mensuales y afectan principalmente a tres conceptos. Los servicios de ajuste eléctrico han experimentado un incremento del 53% en el último año, el precio del gasóleo ha aumentado un 35,5% y las materias primas destinadas a la fabricación de envases de plástico se han encarecido un 25%. Pese a estas dificultades, Asedas destaca que el incremento del precio de los alimentos en septiembre se situó más de dos puntos por debajo de la inflación general, que alcanzó el 4,9%. La organización considera que la competencia entre establecimientos, la diversidad de formatos comerciales y la amplitud de la oferta permiten a los consumidores disponer de distintas alternativas para afrontar el aumento de precios. La asociación también señala que los diferentes factores que intervienen en la formación de los precios alimentarios no evolucionan al mismo ritmo. A las variaciones de los costes energéticos, logísticos y de producción se añaden las particularidades estacionales de las campañas agrícolas, que pueden influir en el comportamiento de determinados productos. En este contexto, la patronal de los supermercados sostiene que la cadena de distribución está realizando un esfuerzo de contención, como refleja la evolución relativamente moderada de los precios de los alimentos desde marzo, pese al escenario de inflación generalizada. Por su parte, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) considera insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno para compensar las consecuencias económicas del encarecimiento energético provocado por la prolongación del conflicto en el Golfo. La organización empresarial reclama la puesta en marcha de ayudas directas que permitan reducir la presión sobre los costes de producción y distribución y evitar que las dificultades económicas terminen afectando a la actividad de las industrias alimentarias. Asimismo, FIAB defiende la necesidad de facilitar a las empresas instrumentos adicionales de financiación, líneas de avales y mecanismos de liquidez. A su juicio, el incremento de la incertidumbre y de los riesgos empresariales está dificultando el acceso al crédito en condiciones adecuadas, lo que hace necesario reforzar las medidas de apoyo al tejido productivo. De este modo, tanto la distribución como la industria alimentaria coinciden en advertir de las dificultades que plantea mantener la contención de los precios si persisten las tensiones energéticas y logísticas. El principal desafío será evitar que el aumento de los costes empresariales acabe repercutiendo con mayor intensidad en la cesta de la compra de los hogares españoles.

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(Cinco Días, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro paga los tipos más altos en dos años por las letras a tres y nueve meses

El mercado de deuda vuelve a estar bajo presión por el repunte de la inflación, las expectativas de unos tipos de interés elevados durante más tiempo y el deterioro de las finanzas públicas. Estos factores han impulsado las rentabilidades de los bonos hasta niveles que no se veían desde hace dos décadas y han elevado las primas de riesgo. Pese a este escenario de incertidumbre, el Tesoro español continúa cubriendo sus necesidades de financiación con normalidad. Una semana después del anuncio del adelanto electoral y pocas horas después de que el FMI revisara al alza sus previsiones de crecimiento para España, el organismo dirigido por Paula Conthe ha colocado 2.133,9 millones de euros en letras a tres y nueve meses, ofreciendo los intereses más altos de los últimos dos años. La tensión que afecta a los mercados de renta fija, con Francia como principal foco de preocupación en Europa, no ha reducido de forma significativa el apetito por la deuda española. Aunque los inversores exigen una mayor rentabilidad para prestar dinero, el dinamismo de la economía y la confianza en las cuentas públicas siguen favoreciendo las emisiones del Tesoro. La demanda ha alcanzado los 4.729,18 millones de euros, más del doble del importe finalmente adjudicado, lo que refleja el interés de los compradores a pesar del endurecimiento de las condiciones financieras. La mayor parte de la emisión, 1.382,22 millones de euros, se ha adjudicado en letras a nueve meses, cuya rentabilidad marginal ha subido del 2,783% al 2,968%, el nivel más elevado desde septiembre de 2024. Los 751,69 millones restantes corresponden a letras a tres meses, cuyo interés ha aumentado del 2,464% al 2,645%, su máximo desde noviembre de 2024. El repunte de las presiones inflacionistas ha reforzado las expectativas de que los tipos de interés permanezcan elevados durante más tiempo. Esta perspectiva ha vuelto a impulsar las rentabilidades de la deuda, especialmente en los vencimientos más cortos, que reaccionan con mayor rapidez a los cambios en la política monetaria. El aumento de los rendimientos también ha devuelto protagonismo a las letras del Tesoro entre los pequeños ahorradores, atraídos por la seguridad de estos activos y por unos intereses superiores a los registrados durante los últimos años. Sin embargo, su remuneración continúa siendo insuficiente para compensar la subida de los precios: frente a una inflación interanual del 4,9% en septiembre, las letras ofrecen rendimientos que apenas superan la mitad de esa tasa. El interés de los particulares en la subasta de este martes ha sido, no obstante, más moderado que el registrado la semana anterior en la emisión de letras a seis y doce meses, plazos que suelen atraer a un mayor número de inversores minoristas. Las solicitudes no competitivas, vinculadas principalmente a los ahorradores particulares, han sumado 347,57 millones de euros. Pese a esta moderación, las letras mantienen su atractivo entre las familias, cuyas tenencias alcanzaban los 22.081 millones de euros a finales de julio. Tras varios años de tipos próximos a cero, el regreso de la inflación ha cambiado las condiciones de financiación de los Estados. El aumento de las rentabilidades exigidas por los mercados ha mejorado el atractivo de la deuda pública para los inversores, pero también ha elevado la preocupación por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Francia es uno de los ejemplos más claros de este cambio de percepción. Su prima de riesgo ha aumentado hasta situarse en torno a los 140 puntos básicos, máximos desde la crisis del euro, ante las dudas sobre la capacidad del país para corregir sus desequilibrios presupuestarios. La atención de los mercados se centra ahora en el debate parlamentario de los presupuestos franceses para 2027, que comienza este martes. Los analistas anticipan una tramitación complicada y consideran difícil que el Gobierno consiga los apoyos necesarios para aprobar las cuentas. La proximidad de las elecciones presidenciales añade presión al escenario político, ya que los partidos tienen pocos incentivos para moderar sus posiciones. Si no se adoptan medidas de contención del gasto y de reducción del déficit, la prima de riesgo francesa podría permanecer en niveles elevados. Por el momento, el consenso de los mercados no prevé una crisis de deuda similar a la que afectó a la zona euro durante la pasada década. Sin embargo, las dificultades de Francia ya están repercutiendo en otros países europeos. Las primas de riesgo de España e Italia han subido hasta situarse alrededor de los 62 y los 107 puntos básicos, respectivamente, aunque todavía se encuentran lejos de los niveles registrados durante la anterior crisis soberana. Aunque los mercados cuentan ahora con mayor capacidad para absorber episodios de incertidumbre política y geopolítica, la evolución de los diferenciales de deuda sigue siendo motivo de preocupación. El Fondo Monetario Internacional mantiene bajo vigilancia estos indicadores y ha advertido de que el deterioro de las finanzas públicas, unido a una inflación elevada, podría desencadenar aumentos bruscos de las primas de riesgo y convertirse en una amenaza para la estabilidad financiera.

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(Expansión, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La creación de empresas sube un 5,7% en su mejor agosto en 19 años

La creación de sociedades mercantiles aumentó un 5,7% en agosto respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar las 7.526 nuevas empresas, la cifra más elevada para este mes desde 2007, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este avance, la constitución de empresas acumula tres meses consecutivos de crecimiento, tras las subidas del 1,7% en junio y del 2,2% en julio. El capital suscrito para constituir las nuevas sociedades alcanzó los 456,4 millones de euros, un 92,8% más que en agosto del año anterior. Por su parte, el capital medio suscrito se situó en 60.644 euros, lo que representa un incremento interanual del 82,3%. En cuanto a las disoluciones, durante agosto desaparecieron 1.315 sociedades mercantiles, un 2,8% más que en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a una media de 42 empresas al día. De ellas, 1.079 cerraron voluntariamente, un 2,3% más que un año antes; 148 se disolvieron como consecuencia de una fusión, con un aumento del 2,1%, y las 88 restantes lo hicieron por otras causas, un 11,4% más. Por sectores, el 20,4% de las empresas constituidas en agosto pertenecía a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, mientras que el comercio concentró el 15,5%. Entre las sociedades disueltas, el comercio representó el 18,5% del total y las actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, el 14,4%. Por otra parte, el número de sociedades que ampliaron capital descendió un 5,8% interanual, hasta las 1.913 empresas. El importe suscrito en estas operaciones superó los 1.235,7 millones de euros, un 26,5% menos que en agosto de 2025. El capital medio de las ampliaciones se situó en 645.955 euros, con una reducción del 22%. En comparación con julio, la constitución de empresas cayó un 32,5% en agosto, mientras que las disoluciones disminuyeron un 27,5%. No obstante, en el acumulado de los ocho primeros meses del año, la creación de sociedades aumentó un 8,5% y las disoluciones crecieron un 6,8%. Por comunidades autónomas, la creación de empresas aumentó en 14 territorios y disminuyó en otros tres respecto a agosto de 2025. Cantabria registró el mayor incremento, con un 68%, seguida de Asturias, con un 46,8%; Murcia, con un 34,5%; La Rioja, con un 27,3%, y Extremadura, con un 26,6%. En el lado contrario, Navarra experimentó un descenso del 13,2%, Baleares retrocedió un 7,2% y Catalunya registró una caída del 1,1%.

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(El País, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno modifica por la vía de urgencia los estatutos del ICO para adaptarlos al fondo España Crece

El Gobierno ha puesto en marcha por la vía de urgencia la modificación de los estatutos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para adaptar su estructura y funcionamiento al fondo España Crece. La propuesta, promovida por el Ministerio de Economía y aprobada por el órgano de gobierno de la entidad, se ha sometido este martes a audiencia pública y reemplazará la normativa vigente desde 1999. El objetivo es adecuar el organismo a las necesidades de este programa, que dispone de una dotación de 13.691 millones de euros: 10.891 millones proceden de una ampliación de capital y los 2.800 millones restantes, de transferencias no reembolsables para financiar el componente concesional de determinadas operaciones. El Ejecutivo presenta España Crece como un fondo soberano, aunque se trata de un vehículo financiero concebido para prolongar el impulso inversor del plan de recuperación europeo, cuyo periodo de ejecución finalizó el 31 de agosto de 2026. El programa se integra en la adenda de simplificación del plan, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de 2025, y pretende mantener la inversión pública mediante un sistema de financiación estable y sin una fecha límite predeterminada. Para ello, el ICO conservará su condición de entidad pública empresarial, entidad de crédito y Agencia Financiera del Estado, pero dispondrá de una estructura específica para administrar los nuevos fondos y dirigirlos hacia proyectos estratégicos. Uno de los cambios centrales consiste en dividir la actividad financiera del organismo en dos carteras contables diferenciadas. La de Financiación Promocional reunirá las operaciones destinadas a corregir deficiencias del mercado y atraer financiación privada hacia sectores prioritarios. La de Financiación Transversal, por su parte, englobará el resto de las operaciones, activos y compromisos del ICO, como complemento a la oferta de crédito privada. Aunque ambas seguirán formando parte del balance de la institución, sus recursos y resultados se contabilizarán por separado. De este modo, las pérdidas de una cartera no podrán cargarse a los fondos propios asignados a la otra. La separación busca reforzar la transparencia en el uso del capital público y delimitar los riesgos de cada actividad. Los nuevos estatutos también definen con mayor precisión la función del ICO en la política de inversión pública y amplían el margen de actuación de la cartera promocional. Entre los ámbitos prioritarios figuran las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y las compañías en expansión, así como las inversiones en capital riesgo y capital paciente, orientadas a captar recursos privados para iniciativas que requieren financiación a largo plazo. También se dará prioridad a tecnologías estratégicas y emergentes, como la inteligencia artificial, la computación cuántica, los semiconductores, la ciberseguridad y la biotecnología. A estas áreas se suman las tecnologías de doble uso, la reindustrialización, la transición energética, la gestión del agua y la vivienda asequible. Las actuaciones de carácter promocional deberán canalizarse a través de programas o líneas específicas con criterios objetivos para evitar alteraciones de la competencia. La reforma facultará asimismo al ICO para adquirir participaciones minoritarias directas en empresas no financieras, sin llegar a controlar su gestión, con el fin de respaldar proyectos considerados estratégicos, incluidos los relacionados con la vivienda. En cuanto a la gobernanza, se mantiene el Consejo Rector, compuesto por diez vocales -cuatro independientes y seis representantes de la Administración-, y se incorpora una nueva Comisión de Financiación Promocional. El texto reorganiza además los procedimientos de contratación mediante la creación de un comité colegiado. Se mantienen tanto la garantía del Estado para captar financiación como la prohibición de aceptar depósitos del público. Cada una de las dos carteras deberá cumplir de manera independiente los requisitos bancarios de solvencia y liquidez. El ICO continuará bajo la supervisión del Banco de España y el control de los organismos fiscalizadores, y deberá respetar los principios de subsidiariedad y adicionalidad, mantener el equilibrio financiero y ajustarse a la normativa europea sobre ayudas de Estado.

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(La Vanguardia, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los consumidores avisan a Cuerpo y Escrivá que el euro digital protege menos del fraude

Tres organizaciones de defensa de los consumidores financieros han advertido al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, de que el proyecto de euro digital impulsado por la Unión Europea no contempla, por ahora, un sistema de protección frente al fraude equiparable al de otros medios de pago privados. La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la organización europea de consumidores BEUC han alertado del riesgo de que un diseño inadecuado de esta nueva forma de dinero público deje a los usuarios sin garantías suficientes de reembolso en caso de fraude. Las entidades consideran que, si no se incorpora esta protección, el euro digital podría quedar limitado principalmente a los pagos entre particulares y tener dificultades para extenderse a las operaciones comerciales. Las asociaciones también han trasladado sus preocupaciones al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. La advertencia se produce en una fase decisiva de las negociaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo para definir las características de la nueva moneda. Según las organizaciones, el proyecto no incluye un mecanismo de devolución del dinero en caso de fraude comparable al que ofrecen las tarjetas de crédito y otros sistemas privados, lo que supondría un nivel de protección inferior para los consumidores. Las asociaciones cuestionan especialmente la posición del Consejo Europeo, ya que consideran que traslada a los usuarios una parte excesiva de las pérdidas derivadas de operaciones fraudulentas o de conflictos con terceros, como sucede al comprar por internet. Según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y del Banco Central Europeo (BCE) citados por las entidades, los consumidores soportan actualmente alrededor del 35% de las pérdidas por fraude en los pagos con tarjeta. En el caso del euro digital, la aplicación de las normas de la Directiva de Servicios de Pago dejaría fuera determinadas reclamaciones comerciales relacionadas con productos defectuosos, pedidos que nunca llegan a su destino o fraudes vinculados a las compras. A juicio de las organizaciones, esta limitación reduciría la utilidad práctica de la nueva moneda y podría dificultar que los ciudadanos la adoptaran como alternativa habitual para sus transacciones. Las entidades también alertan de un posible perjuicio para la imagen del proyecto europeo si los usuarios perciben que el euro digital ofrece menos garantías que los sistemas de pago ya existentes. Esta situación podría debilitar su capacidad para competir con redes internacionales como Visa y Mastercard, precisamente cuando las instituciones comunitarias y el BCE defienden la necesidad de desarrollar una infraestructura de pagos propia que refuerce la autonomía financiera de Europa. La posibilidad de establecer un mecanismo de reembolso constituye uno de los principales puntos de discusión en la configuración de la moneda digital. El Parlamento Europeo ya ha planteado en el artículo 27 del reglamento del euro digital una protección de los usuarios equiparable a la que ofrecen los sistemas internacionales de tarjetas. Las asociaciones reclaman que esta garantía se incorpore al diseño definitivo para asegurar que la nueva forma de dinero público resulte competitiva y genere confianza entre los consumidores.

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(El Mundo, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprobará 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de dos reales decretos para crear 700 nuevas plazas de jueces y fiscales en 2027. De ellas, 500 corresponderán a la carrera judicial, lo que permitirá ampliar la planta judicial un 7,8%, mientras que las 200 restantes se incorporarán al Ministerio Fiscal, cuya plantilla aumentará un 6,6%. La medida da continuidad a la política de refuerzo de los efectivos judiciales y fiscales impulsada por el Gobierno y forma parte del proceso de transformación de la Justicia promovido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta estrategia combina cambios procesales y organizativos con la digitalización para mejorar la capacidad de respuesta del servicio público ante las necesidades actuales y futuras. De las 500 nuevas plazas judiciales, 172 se destinarán a la jurisdicción civil, con 102 para los tribunales de instancia y 70 para las audiencias provinciales. La jurisdicción social contará con 109 nuevos puestos y la penal, con 69. Además, se crearán 87 plazas para reforzar órganos mixtos de audiencias provinciales y tribunales de instancia en provincias y localidades de menor tamaño, junto con otras 42 de adscripción territorial, que podrán trasladarse en función de la evolución de las cargas de trabajo. El plan incluye también 11 plazas para las secciones de Violencia sobre la Mujer y seis para las especializadas en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. En el caso de la violencia machista, el Gobierno destaca el avance de la especialización durante la legislatura, con un incremento del 55,4% de las plazas, que han pasado de 121 a 188. Por primera vez, se crearán ocho plazas para presidencias liberadas de tribunales de instancia, destinadas exclusivamente a coordinar la organización de estos órganos, unificar criterios y mejorar su funcionamiento. Este modelo, implantado ya en las principales ciudades españolas, se extenderá a Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid. Asimismo, la Audiencia Nacional incorporará cuatro nuevas plazas. Por comunidades autónomas, Andalucía y Catalunya recibirán 94 plazas judiciales cada una, seguidas de Madrid, con 74, y la Comunitat Valenciana, con 53. La distribución responde a las necesidades de refuerzo identificadas en cada territorio. Las 200 nuevas plazas fiscales se repartirán entre las comunidades autónomas y los órganos centrales. Catalunya contará con 47 nuevos fiscales, un aumento del 9,9% de su plantilla, mientras que Andalucía incorporará 31, con un crecimiento del 5,6%, y Madrid sumará 26, un 6,9% más. En términos porcentuales, Canarias registrará el mayor incremento, con 13 nuevas plazas, que elevarán sus efectivos un 8,9%. La asignación de los nuevos puestos se ha realizado atendiendo a criterios como la carga de trabajo, el volumen de litigios y la población. El Ministerio trasladará la propuesta al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de Justicia para recabar sus observaciones y propuestas.

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(El Economista, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El FMI alerta del gran riesgo: los países se quedan sin munición para afrontar la próxima crisis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que el elevado endeudamiento público y la persistencia de los déficits presupuestarios están aumentando la vulnerabilidad de los mercados financieros internacionales ante posibles subidas de los tipos de interés. El organismo ya anticipó en su Monitor Fiscal de abril que la deuda pública mundial alcanzaría el 100% del PIB en 2030, un nivel que no se registra desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Además, prevé que el déficit global se sitúe en el 3,3% del PIB este año. En su último informe sobre estabilidad financiera, el FMI alerta de que el endeudamiento acumulado, las presiones inflacionistas y las crecientes necesidades de financiación de los gobiernos pueden desencadenar episodios de inestabilidad en los mercados de deuda soberana. La situación resulta especialmente delicada porque los Estados disponen de un margen fiscal limitado y las políticas monetarias tienen menos capacidad de respuesta que en crisis anteriores. Según el organismo, los riesgos asociados a la elevada deuda y a su refinanciación siguen sin resolverse, lo que aumenta la posibilidad de que las rentabilidades de los bonos experimenten subidas bruscas. Los expertos del FMI Era Dabla-Norris y Rodrigo Valdés explican que, cuando el endeudamiento público ya es elevado, el aumento de los tipos de interés agrava tanto el déficit presupuestario como el volumen de deuda. Entre los factores que están impulsando al alza los rendimientos de los bonos de las economías avanzadas figuran el encarecimiento del petróleo, la persistencia de la inflación, las mayores necesidades de inversión y las expectativas de crecimiento futuro relacionadas con la inteligencia artificial. Esta presión ya se refleja en los mercados. Entre febrero y septiembre, la rentabilidad media de los bonos públicos a diez años de los países del G7 aumentó más de un punto porcentual, hasta alcanzar su nivel más elevado en dos décadas. El encarecimiento de la financiación coincide con un periodo en el que los gobiernos deben hacer frente a importantes obligaciones acumuladas. El FMI calcula que el coste medio de financiación de los países de renta alta pasará del 2,3% registrado en 2021 al 3,7% en 2031. El aumento de los intereses de la deuda supone una carga cada vez mayor para las cuentas públicas y reduce los recursos disponibles para otras políticas. Según los expertos del organismo, esta situación limita la capacidad de los gobiernos para financiar inversiones públicas y mantener el gasto social, al tener que destinar una proporción creciente de sus ingresos al pago de los compromisos financieros. El FMI también alerta de que la evolución del déficit mundial no es compatible con la estabilización de la deuda. Aunque prevé que se sitúe en el 3,3% del PIB global este año, considera que debería reducirse al 2,6% para estabilizar la ratio de endeudamiento. La diferencia entre ambas cifras es de siete décimas del PIB mundial. Además, dado que la deuda continuará aumentando, el organismo considera necesario aplicar ajustes adicionales de magnitud similar en los próximos ejercicios. La consolidación fiscal, sin embargo, deberá llevarse a cabo en un contexto de crecientes necesidades de gasto. Los gobiernos afrontan presiones para incrementar la inversión en defensa y seguridad energética, además de asumir los costes derivados del envejecimiento de la población y el aumento de los pagos por intereses. Esta combinación dificulta la reducción de los déficits y obliga a establecer prioridades presupuestarias. Ante este escenario, el FMI insta a los países a mejorar su saldo primario -la diferencia entre ingresos y gastos públicos antes del pago de intereses- para contener el crecimiento de la deuda y evitar que alcance niveles insostenibles. El organismo también advierte de que aplazar las medidas de ajuste puede agravar las dificultades futuras y obligar a aplicar correcciones más severas.

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(Expansión, 13-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa encara el invierno con las reservas de gas bajo mínimos y los precios en máximos

Las reservas de gas de Europa se encuentran al 73% de su capacidad, unos 15 puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos cinco años. La situación genera preocupación ante la llegada del invierno, especialmente por las dificultades para recibir suministros a través del estrecho de Ormuz. A esta incertidumbre se suma el encarecimiento del combustible: el precio de referencia del gas europeo alcanza los 80,4 euros por megavatio-hora, el doble que en junio y su nivel más alto desde el invierno de 2022. Desde el inicio de la guerra de Ucrania y la interrupción del suministro ruso, la política energética europea se ha centrado en garantizar las reservas suficientes para afrontar los meses de mayor consumo sin tener que recurrir a cortes de calefacción o interrupciones de la actividad industrial. Para ello, Bruselas estableció como objetivo alcanzar el 90% de almacenamiento antes del 1 de noviembre. Sin embargo, este año la meta parece más difícil de cumplir, ya que los inventarios se encuentran en su nivel más bajo para estas fechas desde 2011. Las temperaturas más frías registradas durante octubre en distintas zonas del continente también están impulsando la demanda, lo que dificulta seguir acumulando reservas. La preocupación aumenta porque Europa consume habitualmente, entre noviembre y marzo, una cantidad de gas equivalente a aproximadamente la mitad de la capacidad total de sus almacenes. Partir de unos niveles inferiores a los habituales reduce el margen disponible para afrontar episodios de frío intenso. Además, el almacenamiento está distribuido de manera desigual entre los países. Polonia cuenta con reservas equivalentes al 99,1% de su capacidad, seguida de Italia, con el 88,3%; Francia, con el 86,1%, y España, con el 76,3%. En cambio, Alemania, Países Bajos y varios países de Europa oriental apenas superan el 50%, lo que aumenta el riesgo de dificultades de suministro en determinadas regiones. La distribución desigual del gas almacenado supone un desafío añadido para la seguridad energética europea. Las limitaciones de las infraestructuras dificultan trasladar el combustible desde los países mejor abastecidos hacia aquellos que disponen de menos reservas. En particular, algunos gasoductos que transportaban gas ruso hacia Europa central no están preparados para funcionar en sentido inverso. Por tanto, el volumen conjunto de las reservas no garantiza que todos los Estados miembros puedan cubrir sus necesidades durante el invierno. El encarecimiento del gas agrava el escenario. El contrato de referencia TTF, negociado en el mercado neerlandés, se sitúa en 80,4 euros por megavatio-hora, aproximadamente el doble que en junio. Si las dificultades de tránsito por el estrecho de Ormuz se prolongan, Europa podría tener que afrontar simultáneamente problemas de abastecimiento y unos costes energéticos más elevados, con consecuencias para los hogares y las empresas. Ante esta situación, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que reduzcan el consumo de gas y electricidad durante el invierno. A finales de septiembre, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, advirtió en una carta a los Gobiernos de que los niveles de almacenamiento eran excepcionalmente bajos y alertó de una crisis de precios vinculada a las dificultades de suministro. Bruselas plantea recuperar medidas similares a las aplicadas durante la crisis energética de 2022, cuando el gas llegó a superar los 300 euros por megavatio-hora. Entre las recomendaciones figuran reducir el consumo eléctrico durante las horas punta, trasladar parte de la demanda a las horas de menor consumo mediante contadores inteligentes y tarifas variables, limitar la calefacción en los edificios públicos, restringir los sistemas de calefacción exterior y apagar durante la noche el alumbrado no esencial. Por el momento, se trata de propuestas dirigidas a los Estados miembros, sin cuotas obligatorias de ahorro ni plazos concretos para cada país. El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero considera que Europa debería reducir su demanda energética un 7% durante el invierno para afrontar la temporada con mayores garantías. Según este organismo independiente, intentar compensar la falta de reservas mediante importaciones adicionales, en lugar de moderar el consumo, resultaría especialmente costoso, dado que los precios se encuentran muy por encima de los registrados en años anteriores. El escenario plantea tres riesgos principales. El más grave, aunque menos probable, sería la necesidad de interrumpir el suministro a los consumidores domésticos, incluida la calefacción. Un segundo riesgo, considerado más probable, sería la reducción del consumo industrial, con efectos negativos sobre la producción, el empleo y las exportaciones. En España, Red Eléctrica ya ha recurrido diez veces en lo que va de año a interrupciones del suministro para consumidores industriales acogidos a mecanismos de desconexión, con el objetivo de preservar la estabilidad de la red. El tercer riesgo es que la escasez de reservas y las dificultades de abastecimiento mantengan la presión alcista sobre los precios a medida que avance el invierno. El encarecimiento de la energía también amenaza la competitividad de la industria europea y puede trasladarse progresivamente al precio de los bienes y servicios. Los bienes industriales no energéticos de la zona euro ya han registrado una aceleración de cuatro décimas entre junio y septiembre, hasta el 11%, una evolución que podría intensificarse si persisten las tensiones energéticas. Esta presión inflacionista añadiría dificultades al Banco Central Europeo, al aumentar el riesgo de nuevas subidas de los tipos de interés, lo que podría frenar la inversión y limitar el crecimiento económico.

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