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(Cinco Días, 14-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Economía reactiva el ‘sandbox’ financiero con una ventanilla permanente y más fondos

El Ministerio de Economía quiere impulsar una nueva etapa del sandbox financiero, el entorno de pruebas creado en 2021 para fomentar el desarrollo de innovaciones tecnológicas en el sector financiero antes de su llegada al mercado. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Consejo de Ministros estudiará el anteproyecto de la futura Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero, una norma que pretende reforzar este instrumento, dotarlo de mayores recursos y convertirlo en un sistema de acceso permanente. La principal novedad consistirá en sustituir el actual modelo de convocatorias periódicas por una ventanilla abierta de forma continua, lo que permitirá a las empresas presentar proyectos en cualquier momento. Además, el proceso de evaluación será más ágil, con una reducción aproximada del 30% en los plazos de tramitación, que pasarán de superar los seis meses a un máximo cercano a los cuatro meses y medio. Desde su creación, el sandbox financiero ha servido como un entorno regulado en el que empresas y supervisores pueden probar nuevas soluciones tecnológicas en condiciones controladas y con garantías para los participantes. Durante este periodo se han autorizado 117 proyectos, de los cuales más de 40 han llegado a desarrollarse en entornos reales. Las iniciativas aprobadas abarcan tecnologías como blockchain, inteligencia artificial, sistemas de identificación biométrica, herramientas para mejorar la transparencia de los mercados financieros y nuevas plataformas de negociación y liquidación, varias de las cuales ya se encuentran operando en el mercado. El Gobierno también prevé facilitar el acceso al sandbox a empresas emergentes con menor capacidad financiera mediante una nueva línea de apoyo impulsada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Según explicó Carlos Cuerpo, la experiencia acumulada desde 2021 demuestra que esta herramienta ha favorecido la innovación en un entorno seguro y ha contribuido a situar al ecosistema fintech español entre los más avanzados de Europa. Por su parte, el presidente del ICO, Manuel Illueca, anunció que el próximo 29 de julio el Consejo General del organismo estudiará una modificación de la línea ICO Crecimiento para permitir que las empresas participantes en el sandbox puedan acceder a financiación aunque no cumplan el requisito habitual de contar con al menos cuatro años de actividad. El ICO considera que el proceso de evaluación y supervisión al que se someten estas compañías dentro del sandbox ofrece suficientes garantías para sustituir ese criterio de antigüedad. Durante la presentación de las novedades, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, destacó que el organismo mantiene una vigilancia constante sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de las entidades supervisadas, ya que esta tecnología está adquiriendo un papel cada vez más relevante en sus actividades principales. San Basilio señaló que la inteligencia artificial representa al mismo tiempo una oportunidad para mejorar los servicios financieros y un ámbito que requiere una supervisión específica por parte del regulador para controlar los riesgos asociados a su utilización. En este sentido, subrayó que el sandbox financiero constituye una herramienta especialmente útil para analizar el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas y comprender mejor su funcionamiento antes de su implantación generalizada en el mercado. El presidente de la CNMV valoró positivamente el refuerzo previsto para este entorno de pruebas y consideró que las modificaciones anunciadas permitirán consolidar su papel como uno de los principales instrumentos para impulsar la innovación financiera de forma segura y bajo supervisión regulatoria.

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(Expansión, 14-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump anuncia un peaje del 20% por cruzar Ormuz y dispara el petróleo sobre los 83 dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a situar la política internacional en clave económica al anunciar este lunes que pretende responder al nuevo bloqueo del estrecho de Ormuz imponiendo un peaje del 20% a los buques que transiten por esa ruta marítima. El anuncio coincidió con un nuevo repunte de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que pone en riesgo el alto el fuego alcanzado entre ambos países, incrementando la incertidumbre internacional, la volatilidad en los mercados y una nueva subida del precio del petróleo, que volvió a superar los 80 dólares por barril. Trump aseguró que Estados Unidos asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", bloqueando únicamente a los barcos vinculados con Irán y garantizando la libre circulación del resto de embarcaciones. Como contraprestación por esa labor de protección, planteó cobrar un importe equivalente al 20% del valor de la carga transportada por cada buque que utilice el paso bajo su protección. A través de su red social Truth, el mandatario afirmó que el estrecho permanecerá abierto "con o sin Irán" y explicó que el bloqueo afectará exclusivamente a barcos iraníes, a los que se dirijan hacia ese país o a sus socios comerciales. El resto de naciones, según indicó, podrán seguir utilizando la ruta con normalidad. Trump justificó el cobro del peaje alegando que servirá para cubrir los costes derivados de garantizar la seguridad en una de las zonas más conflictivas del planeta. Además, aseguró que la medida comenzará a aplicarse de forma inmediata, lo que supondría instaurar un sistema de pago para atravesar un corredor marítimo por el que, hasta hace unos meses, circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas que se comercia en el mundo. El tránsito por Ormuz se desarrollaba con normalidad hasta finales de febrero, cuando una operación militar coordinada entre Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní desencadenó una respuesta de Teherán contra países aliados en el Golfo Pérsico y provocó el cierre de este enclave estratégico. En las últimas semanas, el alto el fuego había permitido una recuperación gradual del tráfico marítimo, lo que había contribuido a reducir la tensión en los mercados internacionales. Sin embargo, el recrudecimiento de las hostilidades ha vuelto a sembrar preocupación entre los inversores. Las diferencias entre Washington y Teherán derivaron durante el fin de semana en nuevos ataques, entre ellos el lanzamiento de un dron iraní contra un buque con bandera chipriota, incidente tras el cual continúa desaparecido un marinero de nacionalidad india. Aunque Irán reivindicó nuevamente el cierre del estrecho y el tráfico volvió a verse afectado, Trump insistió durante el fin de semana en que la vía marítima seguía operativa y este lunes dio un paso más al proponer que Estados Unidos gestione el paso y cobre por su utilización. En una entrevista concedida a Fox News, el presidente adelantó que su país actuará con firmeza frente a Irán, garantizará la seguridad del estrecho y podría asumir su administración, insistiendo en que Estados Unidos debe recibir una compensación económica por esa misión. El dirigente estadounidense defendió que los principales beneficiarios de la reapertura de Ormuz son países con importantes recursos económicos y sostuvo que no resulta razonable que Estados Unidos asuma gratuitamente los costes y riesgos de esa protección, especialmente cuando implica poner en peligro a su personal. Las declaraciones de Trump y el deterioro de la situación en Oriente Próximo tuvieron un reflejo inmediato en los mercados financieros y, sobre todo, en el precio del crudo. El barril de Brent llegó a superar los 83 dólares tras registrar una subida superior al 9%, frente a los 72 dólares con los que comenzó el mes y los cerca de 60 dólares de principios de año. En Estados Unidos, el petróleo West Texas también avanzó más de un 8%, situándose por encima de los 77 dólares por barril. El encarecimiento del petróleo amenaza con aumentar las presiones inflacionistas en Estados Unidos, un factor especialmente delicado para Trump ante la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre y el impacto que la inflación tiene sobre su respaldo político. La propuesta de imponer un peaje para cruzar el estrecho provocó además críticas en el ámbito internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, defendió la necesidad de preservar la libertad de navegación en Ormuz, mientras que la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, reclamó que el paso permanezca abierto y libre de cualquier tipo de tasa o peaje. Por su parte, Irán mantiene que el futuro acuerdo de paz le otorgará el control del estrecho y ya había trasladado a Omán su intención de establecer su propio sistema de cobro por el tránsito marítimo.

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(Expansión, 14-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bizum llega a los comercios físicos

Bizum da un nuevo paso en su evolución con el lanzamiento de Bizum Pay, su cartera digital para realizar pagos en establecimientos físicos mediante tecnología NFC. La nueva aplicación estará disponible desde este martes, 14 de julio, en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, ofreciendo una alternativa a las tarjetas tradicionales y a las billeteras digitales de las grandes compañías tecnológicas. La plataforma prevé que la adopción del nuevo servicio crezca progresivamente conforme las entidades financieras completen su integración. Su objetivo es que la mayoría de los cerca de 32 millones de usuarios actuales de Bizum puedan utilizar esta funcionalidad antes de que finalice el año. En paralelo, el despliegue entre los comercios avanza a buen ritmo. Bizum Pay ya puede utilizarse en aproximadamente un millón de terminales de punto de venta (TPV), lo que representa alrededor del 60% de los dispositivos instalados en establecimientos y negocios de España. La compañía ha reforzado el desarrollo de esta solución en respuesta al aumento del uso de los pagos digitales frente al efectivo. El servicio comenzó a implantarse de forma limitada el pasado 18 de mayo, tanto entre clientes como en comercios, aunque su lanzamiento general se retrasó unas semanas para completar los procesos de integración y certificación con las redes de pago de Visa y Mastercard. El funcionamiento de Bizum Pay es similar al de otras soluciones de pago sin contacto. Utiliza tecnología NFC, que permite efectuar compras acercando el teléfono móvil al terminal de pago del establecimiento. Para utilizar el servicio, el usuario deberá descargar la aplicación y vincularla a su cuenta bancaria mediante su número de teléfono o los datos de su entidad. También podrá incorporar tarjetas de pago, de forma similar a las actuales billeteras digitales. En cualquier caso, será necesario que su banco haya habilitado esta nueva funcionalidad. Una vez configurada la aplicación, bastará con aproximar el teléfono móvil al TPV para completar la operación. El importe se transferirá de forma inmediata entre cuentas bancarias, reduciendo la necesidad de intermediarios y permitiendo a los comercios disminuir los costes asociados a determinadas comisiones. El director general de Bizum, Ángel Nigorra, destaca que la llegada de Bizum Pay supone un hito para el sistema financiero español, al materializar un proyecto impulsado conjuntamente por el sector bancario. Con esta incorporación, España contará con la primera solución europea que permite realizar pagos presenciales directamente desde una cuenta bancaria mediante tecnología NFC, además de ofrecer la posibilidad de utilizar tarjetas integradas en la aplicación.

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(El Confidencial, 14-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo caza por primera vez a un abogado que se inventó las sentencias de su defensa

El Tribunal Supremo ha detectado por primera vez en una de sus salas un escrito procesal que contiene referencias jurídicas aparentemente generadas por inteligencia artificial y que no se corresponden con el contenido real de las resoluciones judiciales citadas. La sentencia, dictada el 29 de junio, recoge este hecho y deja constancia de que varias de las citas utilizadas por la defensa no guardaban relación con los pronunciamientos atribuidos al Alto Tribunal. Según la resolución, el escrito presentado por el abogado de la parte recurrida incluía nueve referencias a sentencias y autos cuyos textos no coincidían, ni de forma literal ni sustancial, con los fragmentos reproducidos en el recurso. Tras comparar las citas con las resoluciones originales, los magistrados concluyeron que los argumentos atribuidos a esas decisiones judiciales no figuraban en ellas. El caso tiene su origen en un litigio relacionado con el pago de intereses de demora derivados de facturas abonadas fuera de plazo. La entidad financiera BFF Finance reclamaba a la Junta de Castilla-La Mancha algo más de 15.000 euros por el retraso en el pago de contratos sanitarios. Durante la tramitación del recurso de casación fue cuando el Tribunal Supremo detectó las supuestas irregularidades en el escrito de oposición presentado por la representación de la entidad financiera. Ante las dudas surgidas, la Sala requirió al abogado para que identificara de forma precisa todas las resoluciones citadas, indicando el número del recurso correspondiente y la base de datos o repositorio jurídico del que habían sido obtenidas. El letrado atendió el requerimiento al día siguiente, pero la comprobación realizada por el tribunal confirmó que las resoluciones invocadas no contenían los razonamientos que se les atribuían y que algunas de ellas, incluso, resultaban difíciles de localizar. Aunque la sentencia evita mencionar expresamente el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, los magistrados dejan constancia de que las referencias incorporadas al escrito carecen de correspondencia con el contenido auténtico de la jurisprudencia citada. El Tribunal Supremo decidió no imponer directamente una sanción al abogado, pero acordó remitir el asunto al Consejo General de la Abogacía para que valore si procede iniciar un expediente disciplinario y determinar, en su caso, la posible responsabilidad profesional del letrado. Este episodio ha generado un amplio debate dentro del ámbito jurídico sobre el uso de la inteligencia artificial en la elaboración de escritos procesales. Diversos profesionales del sector advierten de que cada vez es más frecuente encontrar documentos parcialmente redactados mediante herramientas automatizadas, con problemas de coherencia, razonamientos repetitivos o referencias jurídicas inexactas e incluso inexistentes. Más allá de la cuestión procesal, el resultado del litigio tampoco fue favorable para la entidad representada por el abogado. El Tribunal Supremo dio la razón a la Junta de Castilla-La Mancha en los dos aspectos objeto del recurso. Por una parte, estableció que corresponde al acreedor acreditar la fecha efectiva en la que recibió el pago de las facturas cuando reclama intereses de demora. Por otra, concluyó que la reclamación exclusiva de esos intereses no interrumpe el plazo de prescripción para reclamar los costes de cobro si estos no se solicitan expresamente. Como consecuencia, el Alto Tribunal revocó la resolución que había reconocido parcialmente las pretensiones de la entidad financiera. Aunque se trata del primer caso de estas características que llega al Tribunal Supremo, no es el único precedente registrado en España. En 2024, el Tribunal Constitucional ya apercibió a un abogado por incluir en una demanda referencias a diecinueve sentencias inexistentes, mientras que, en febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias impuso una multa de 420 euros a otro letrado tras detectar 48 citas falsas generadas mediante una herramienta de inteligencia artificial de uso general.

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(Cinco Días, 13-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España se convierte en destino predilecto de los fondos soberanos

España se ha afianzado como uno de los destinos preferentes para la inversión de los fondos soberanos internacionales. Entre julio de 2024 y diciembre de 2025, estos vehículos de inversión, controlados por distintos Estados, destinaron cerca de 7.000 millones de euros a la economía española a través de 18 operaciones, situando al país como el sexto mayor receptor de este tipo de capital a nivel mundial y el segundo dentro de la Unión Europea, únicamente por detrás de Alemania, según un informe elaborado por el Centro para la Gobernanza del Cambio de IE University en colaboración con ICEX-Invest in Spain. Las inversiones se han concentrado en sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico, como las energías renovables, las infraestructuras digitales, la educación superior, las residencias de estudiantes y el desarrollo tecnológico. Entre los principales inversores destacan los fondos soberanos de Abu Dabi, como Mubadala y su filial Masdar, el fondo soberano de Noruega y el fondo singapurense GIC. Según explica Javier Capapé, director del Centro de Fondos Soberanos de IE University, España reúne varios factores que la convierten en un destino atractivo para este tipo de inversores, entre ellos la estabilidad institucional y regulatoria, un mercado con suficiente dimensión para absorber grandes inversiones y una especialización creciente en sectores alineados con las estrategias de largo plazo de estos fondos. La transición energética continúa siendo el principal foco de inversión. Mubadala protagonizó algunas de las operaciones de mayor volumen del periodo, entre ellas la adquisición de la totalidad de Saeta Yield, filial de ACS, por 1.256 millones de euros en septiembre de 2025. A ello se suma la compra del 50% de EGPE Solar por 850 millones de euros en 2024 y la posterior ampliación de esa participación mediante una nueva inversión de 184 millones de euros durante 2025. La infraestructura digital constituye otro de los grandes ámbitos de interés. En agosto de 2025, el fondo GIC adquirió el 25% de PremiumFiber en una operación valorada en 1.750 millones de euros, una de las mayores registradas en el periodo analizado. Asimismo, la compra del operador de centros de datos Nabiax por aproximadamente 1.000 millones de euros refleja el creciente atractivo de los activos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial y al incremento de la capacidad de almacenamiento de datos. La diversificación de las inversiones también alcanza otros sectores. En el ámbito educativo, Mubadala adquirió un 25% de la Universidad Alfonso X el Sabio por 625 millones de euros, la mayor operación realizada hasta la fecha en el sector universitario español por un fondo soberano. Las residencias para estudiantes se consolidan igualmente como un activo de creciente interés. GIC invirtió 460 millones de euros en la plataforma EQT Moraval, mientras que el fondo soberano de Noruega adquirió el 40% de AXA Lifestyle Housing por 240 millones de euros. La combinación de ingresos estables y el aumento del número de estudiantes internacionales explica el atractivo de este segmento inmobiliario. Pese a estas operaciones, el mayor inversor soberano presente en España sigue siendo Norges Bank Investment Management (NBIM), entidad que gestiona el fondo soberano de Noruega. Su cartera en España ronda los 25.000 millones de dólares, distribuidos principalmente entre participaciones en empresas cotizadas, deuda pública y corporativa, así como inversiones inmobiliarias y proyectos de energías renovables. Aproximadamente el 60% de sus activos españoles se concentra en Bolsa, un 37% en bonos y el resto en inversiones inmobiliarias y energéticas. En los últimos años, el papel de los fondos soberanos ha evolucionado significativamente. Más allá de actuar como simples inversores financieros, se han convertido en socios estratégicos capaces de impulsar grandes proyectos mediante inversiones de largo plazo. Esta transformación responde a la necesidad de movilizar recursos hacia ámbitos como la transición energética, la digitalización, las infraestructuras críticas y el fortalecimiento de la autonomía económica. El crecimiento de estos vehículos también explica su creciente protagonismo en la economía mundial. En la actualidad gestionan más de 15 billones de dólares en activos, con una fuerte concentración en países de Asia-Pacífico y Oriente Medio, origen de buena parte del capital que llega a España. Paralelamente, España ha puesto en marcha instrumentos públicos para favorecer la llegada de inversión institucional, como el fondo España Crece, concebido para impulsar proyectos estratégicos mediante fórmulas de coinversión con capital privado. Este tipo de iniciativas ha contribuido a reforzar el posicionamiento del país como uno de los principales destinos europeos para los grandes inversores internacionales. Las perspectivas apuntan a que esta tendencia continuará en los próximos años. La expansión de la inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas infraestructuras digitales, la transición energética y el refuerzo de la capacidad industrial europea seguirán generando oportunidades para atraer capital soberano. Según Javier Capapé, entre junio de 2024 y junio de 2025 los fondos soberanos llevaron a cabo 391 operaciones de inversión directa en todo el mundo, por un importe superior a los 400.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 91% respecto al periodo anterior. El experto destaca que el mercado muestra una clara evolución hacia un menor número de operaciones, pero de mayor tamaño, reflejando una estrategia orientada a incrementar la influencia y el impacto transformador de estas inversiones. Entre las operaciones internacionales más relevantes destacan el respaldo del fondo saudí PIF a la adquisición de Electronic Arts, la financiación de Anthropic por parte del fondo catarí QIA y GIC, la reorganización de TikTok en Estados Unidos con el apoyo del fondo emiratí MGX -impulsado por Mubadala- y diversas inversiones en infraestructuras energéticas europeas lideradas por los fondos soberanos de Noruega y Singapur.

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(Expansión, 13-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno esquiva los daños del apagón y deja que decidan los jueces

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, descarta por el momento que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) asuma el pago de las indemnizaciones derivadas del gran apagón, una posibilidad que habían planteado algunas de las principales compañías eléctricas, como Iberdrola y Endesa, para hacer frente a las reclamaciones por los daños ocasionados. El CCS, organismo adscrito al Ministerio de Economía, actúa de forma complementaria al seguro privado y cubre determinados daños provocados por acontecimientos extraordinarios. Sin embargo, para que intervenga es necesario que el Gobierno declare previamente que el suceso constituye un caso de fuerza mayor, tal y como ocurrió con las inundaciones provocadas por la dana de 2024. Este organismo financia su actividad mediante las aportaciones incluidas en las primas de seguros y con el rendimiento de sus inversiones. Tras la dana, sus reservas ascendían a unos 10.000 millones de euros. La propuesta defendida por algunas eléctricas y aseguradoras pretende evitar una larga batalla judicial para determinar qué empresas fueron responsables del apagón y quién debe asumir el coste de las indemnizaciones. De lo contrario, las reclamaciones podrían prolongarse durante años y tramitarse en numerosos juzgados con criterios distintos. Más de un año después del apagón registrado el 28 de abril de 2025, todavía no existe una resolución que determine oficialmente las responsabilidades. Los informes técnicos elaborados hasta la fecha apuntan a una combinación de factores, pero ninguno identifica de forma concluyente a un responsable, por lo que previsiblemente serán los tribunales quienes deban resolver la cuestión. El Ministerio de Economía sostiene que, en las circunstancias actuales, no existen motivos para calificar el apagón como un supuesto de fuerza mayor. Además, ha elaborado un informe jurídico en el que defiende que este tipo de incidentes queda fuera de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros. Según ese análisis, la legislación limita la actuación del CCS a determinados acontecimientos extraordinarios expresamente previstos, entre ellos fenómenos naturales como inundaciones, terremotos, maremotos o vientos excepcionales, así como ciertos hechos de origen humano, como actos terroristas, motines o disturbios. El Ministerio recuerda que el sistema español de riesgos extraordinarios se basa en la naturaleza del hecho que provoca el daño y que su ámbito de actuación está definido de forma estricta por la normativa. En consecuencia, la declaración de un suceso como fuerza mayor no implica automáticamente que quede cubierto por el Consorcio si ese riesgo no figura entre los previstos por la ley. Asimismo, para que el CCS pueda indemnizar es imprescindible que el afectado disponga de una póliza de seguro privada que incluya el recargo destinado a financiar la cobertura de riesgos extraordinarios y que dicho recargo haya sido abonado e ingresado en el propio organismo. El informe también recuerda que el Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios excluye expresamente los daños ocasionados por interrupciones en el suministro de electricidad, gas u otros fluidos, incluso cuando el origen del incidente pudiera estar relacionado con un acontecimiento extraordinario cubierto por el sistema. Esta exclusión responde al funcionamiento del modelo asegurador, ya que el Consorcio únicamente cubre los riesgos para los que se ha pagado previamente el correspondiente recargo, sin posibilidad de ampliar posteriormente la cobertura a supuestos no contemplados. Por último, el Ministerio subraya que el Consorcio de Compensación de Seguros no constituye un fondo general de solidaridad pública destinado a reparar cualquier perjuicio económico. En este sentido, recuerda que muchas pólizas multirriesgo comercializadas por las aseguradoras privadas pueden incluir coberturas específicas frente a pérdidas derivadas de cortes del suministro eléctrico, por lo que recomienda a los afectados revisar las condiciones de sus seguros para comprobar si cuentan con esa protección.

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(El Economista, 13-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo mejora el plazo para reclamar en los divorcios lo pagado de más de hipoteca

El Tribunal Supremo ha fijado un nuevo criterio sobre las reclamaciones entre excónyuges por el pago de préstamos hipotecarios, facilitando que uno de los miembros de la pareja pueda recuperar las cantidades que haya abonado de más durante el matrimonio. La sentencia establece que el plazo de prescripción para reclamar estos importes no comienza con cada uno de los pagos realizados, sino desde que se produce la disolución del matrimonio o, en su caso, desde la separación de hecho definitiva. A partir de ese momento, la persona perjudicada dispone de cinco años para ejercer la correspondiente acción judicial. El caso analizado corresponde a un matrimonio casado en régimen de separación de bienes que era titular de una hipoteca al 50%. No obstante, entre los años 2009 y 2016, y posteriormente entre 2018 y 2020, fue la esposa quien asumió en exclusiva el pago de las cuotas del préstamo. La convivencia terminó de forma definitiva en junio de 2018 y el divorcio quedó formalizado mediante sentencia en marzo de 2020. En marzo de 2021, la mujer interpuso una demanda contra su exmarido para reclamar 22.797 euros, cantidad correspondiente a la parte de la hipoteca que, según sostenía, había abonado en exceso. En una primera resolución, el juzgado estimó parcialmente la demanda al considerar prescritas las cantidades satisfechas entre 2009 y 2016, aunque reconoció el derecho a recuperar las abonadas entre 2018 y 2020, fijando una indemnización de 3.580 euros. Posteriormente, la Audiencia Provincial revocó parcialmente ese criterio y entendió que el plazo de prescripción debía computarse desde la fecha del divorcio, dando así la razón a la demandante. El exmarido recurrió ante el Tribunal Supremo, que finalmente desestimó su recurso. El Alto Tribunal precisó que no existía controversia sobre la obligación de ambos de asumir la hipoteca por partes iguales ni sobre la aplicación del plazo general de prescripción de cinco años previsto en el Código Civil. La cuestión a resolver era únicamente el momento en el que ese plazo debía comenzar a contarse. La sentencia recuerda que el artículo 1969 del Código Civil establece que el plazo de prescripción empieza cuando la acción puede ejercitarse. Asimismo, señala que, con independencia del régimen económico matrimonial, los cónyuges tienen el deber de contribuir a las necesidades familiares y que quien haya empleado recursos propios para atenderlas tiene derecho a ser reembolsado conforme al régimen aplicable. El Supremo considera que el matrimonio genera una serie de vínculos personales y patrimoniales que condicionan el ejercicio de las acciones entre los cónyuges. Mientras la convivencia continúa y el proyecto común permanece vigente, no resulta razonable exigir que uno de ellos reclame judicialmente al otro las cantidades satisfechas en beneficio de ambos. Por ello, el Alto Tribunal concluye que el plazo de prescripción no puede empezar a computarse mientras subsista la convivencia matrimonial, sino únicamente desde la disolución del matrimonio o desde la separación de hecho definitiva, momento en el que desaparece esa comunidad de intereses. Aplicando este criterio al caso concreto, la sentencia determina que la demanda presentada en marzo de 2021 se interpuso dentro del plazo legal, ya que no habían transcurrido cinco años desde la separación definitiva producida en junio de 2018. En consecuencia, el Tribunal Supremo confirma el derecho de la demandante a recuperar los 22.797 euros que abonó en exceso por la hipoteca compartida.

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(El País, 10-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La riqueza financiera de las familias marca un récord de 2,66 billones gracias al impulso de la Bolsa

La riqueza financiera de las familias españolas alcanzó un nuevo máximo histórico durante el primer trimestre del año. Según los datos publicados por el Banco de España, el patrimonio financiero neto de los hogares -resultado de restar las deudas al conjunto de activos financieros- se situó en 2,66 billones de euros, equivalente al 155,3% del PIB. Este nivel supera ampliamente la media registrada desde 2022 y refleja tanto el incremento del ahorro como la fuerte revalorización de los activos financieros. El principal motor de este crecimiento ha sido el buen comportamiento de los mercados. En los últimos doce meses, los activos financieros de las familias aumentaron en 261.000 millones de euros, impulsados especialmente por la subida de las acciones y de los fondos de inversión. Solo durante el primer trimestre, la revalorización de estos activos explicó un crecimiento del 9,1% de la riqueza financiera, mientras que las nuevas aportaciones de ahorro e inversión contribuyeron con un 3,2%. La evolución positiva se produjo en un contexto marcado por la fortaleza de los mercados bursátiles, que mantuvieron el impulso de comienzos de año pese a la incertidumbre generada por la guerra en Oriente Próximo. Aunque el conflicto provocó episodios de volatilidad, las principales bolsas internacionales lograron cerrar el semestre con sus mejores resultados desde la pandemia. No obstante, las perspectivas para los próximos meses dependerán en gran medida del comportamiento de los mercados financieros. La evolución del conflicto en Oriente Medio, las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y la incertidumbre geopolítica continúan siendo factores de riesgo que podrían afectar tanto a las bolsas como al precio de la energía. Además, una parte creciente del patrimonio familiar está vinculada a la evolución de los mercados, lo que aumenta la sensibilidad de la riqueza de los hogares ante posibles correcciones financieras. Paralelamente, las familias han mantenido un elevado ritmo de inversión. Durante el último año destinaron cerca de 100.000 millones de euros a la adquisición de activos financieros, una cifra equivalente al 5,8% del PIB y claramente superior a la media de los últimos años. Aunque los depósitos bancarios y el efectivo siguen concentrando una parte importante de ese ahorro, los fondos de inversión continúan ganando protagonismo dentro de las carteras familiares. El fortalecimiento de la posición financiera de los hogares ha coincidido con una recuperación significativa del crédito bancario. Durante el primer trimestre, la financiación concedida por las entidades financieras alcanzó el 5,1% del PIB, multiplicando por cinco el promedio registrado entre 2022 y 2025. En total, la banca otorgó nuevos préstamos por valor neto de 21.891 millones de euros entre enero y marzo. Las empresas absorbieron la mayor parte de esta financiación, con 24.348 millones de euros, mientras que las familias y las instituciones sin ánimo de lucro captaron 7.250 millones. En el caso de los hogares, la financiación recibida equivale al 1,9% del PIB, muy por encima de los niveles habituales de los últimos años, reflejando una mayor demanda de crédito para vivienda y consumo. Como consecuencia de esta recuperación de la financiación, la deuda de los hogares aumentó hasta los 728.000 millones de euros. Sin embargo, gracias al crecimiento de la economía, su peso relativo descendió hasta el 42,5% del PIB, el nivel más bajo desde finales de 1999. De forma similar, la deuda de las empresas se situó en 1,07 billones de euros, aunque su ratio sobre el PIB cayó al 62,5%, mínimos desde 2001. La mejora de los balances privados también ha reforzado la posición financiera de España frente al exterior. El Banco de España estima una capacidad de financiación de la economía de 61.000 millones de euros, equivalente al 3,5% del PIB, consolidando al país como prestamista neto frente al resto del mundo. En este resultado ha tenido un papel destacado el aumento del ahorro y de la inversión financiera realizada por los hogares españoles.

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(El Economista, 10-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España plantea a un Eurogrupo dividido un ahorro de 25.000 millones emitiendo Eurobonos

España ha vuelto a poner sobre la mesa la creación de un sistema de eurobonos, defendiendo que la iniciativa beneficiaría al conjunto de la Unión Europea al reforzar el papel internacional del euro y mejorar la eficiencia de la financiación comunitaria. El Ministerio de Economía ha distribuido entre sus homólogos europeos una propuesta que plantea un modelo de emisión conjunta de deuda capaz de generar un activo financiero considerado seguro por los mercados, sin incrementar el endeudamiento agregado de los Estados miembros. La iniciativa recupera un debate que durante años encontró la oposición de los países denominados "frugales", principalmente del norte de Europa. Sin embargo, el contexto actual es diferente, ya que las instituciones comunitarias comparten el objetivo de fortalecer la posición internacional del euro en un escenario marcado por la incertidumbre sobre el liderazgo del dólar tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió que la propuesta no supone una mutualización de la deuda como las planteadas en el pasado, sino un mecanismo destinado a hacer más eficiente la emisión de deuda pública y a reducir la fragmentación financiera dentro de la Unión. Según el Gobierno, se trata de una iniciativa que puede ser asumida por todos los socios europeos al perseguir un interés común. El plan contempla emisiones conjuntas por valor de unos 850.000 millones de euros anuales. Sumadas a los 750.000 millones de euros emitidos por la Unión Europea durante la pandemia, permitirían alcanzar en cinco años un volumen cercano a los cinco billones de euros en circulación, considerado por diversos economistas como el tamaño mínimo necesario para consolidar un auténtico activo europeo libre de riesgo. Pese a ello, la propuesta sigue encontrando una fuerte resistencia entre algunos Estados miembros. Países Bajos reiteró su rechazo, calificando el debate de recurrente y descartando nuevamente la emisión conjunta de deuda. Finlandia también expresó su oposición, al considerar que esta fórmula no constituye una solución adecuada. El propio presidente del Eurogrupo reconoció que, aunque el asunto forma parte de las discusiones actuales, todavía no existe consenso entre los países de la zona euro. El Ministerio de Economía sostiene que este modelo permitiría reducir significativamente los costes de financiación de los Estados miembros. Según sus cálculos, el ahorro en intereses podría alcanzar los 5.000 millones de euros anuales desde el inicio del programa y elevarse progresivamente hasta unos 25.000 millones de euros al año una vez completado el periodo de implantación de cinco años. Estas estimaciones parten de la hipótesis de que la Comisión Europea pueda financiarse en condiciones similares a las de Alemania, considerada la referencia de menor riesgo dentro de la eurozona. Actualmente, la deuda emitida por la Unión Europea soporta costes de financiación superiores, debido principalmente al menor volumen de bonos disponibles y a la limitada liquidez que perciben los inversores. La propuesta fue presentada oficialmente durante la reunión del Eurogrupo celebrada en Bruselas, aunque el documento ya había sido distribuido previamente entre los distintos ministros de Economía para facilitar su análisis antes del encuentro. Con el objetivo de disipar las reticencias de algunos socios, España insiste en que el sistema no supondría un incremento del endeudamiento conjunto de la Unión. La idea consiste en que los Estados transfieran una parte de sus programas nacionales de emisión a la Comisión Europea, que actuaría como emisor centralizado de esos títulos en los mercados financieros. Posteriormente, la Comisión canalizaría los recursos obtenidos mediante préstamos a los propios Estados miembros, utilizando esos compromisos de devolución como garantía de las emisiones. Este mecanismo, denominado provisionalmente Mecanismo Soberano Europeo (European Sovereign Facility, ESF), estaría reservado a los países que cumplan las normas fiscales europeas. Además, el proyecto prevé establecer un sistema de compensación para aquellos Estados que actualmente pueden financiarse a tipos de interés inferiores a los que obtendría inicialmente la Comisión Europea. De este modo, se evitaría que esos países asumieran un mayor coste de financiación mientras el nuevo sistema alcanza la suficiente dimensión y liquidez para consolidarse en los mercados.

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(El Economista, 10-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Eurocámara da luz verde para la negociación final con los países sobre el euro digital

El Parlamento Europeo ha aprobado su posición sobre la futura regulación del euro digital, un paso que permitirá iniciar la próxima semana las negociaciones con el Consejo de la Unión Europea para acordar el texto definitivo de la normativa. El objetivo de esta iniciativa es reforzar la autonomía estratégica de Europa en materia de pagos electrónicos y reducir la dependencia de infraestructuras y proveedores tecnológicos de terceros países. La regulación establecerá el marco jurídico necesario para que el Banco Central Europeo pueda emitir el euro digital si finalmente adopta esa decisión. La nueva moneda tendría como finalidad complementar el dinero en efectivo y los sistemas privados de pago ya existentes, ofreciendo un medio de pago digital respaldado directamente por el banco central y gestionado íntegramente bajo el marco institucional europeo. Durante la presentación del acuerdo, el eurodiputado Fernando Navarrete, responsable del expediente en la Eurocámara, defendió que el actual sistema europeo de pagos depende en exceso de proveedores, infraestructuras y estándares ubicados fuera de la Unión Europea, una situación que, a su juicio, supone un riesgo geopolítico. Según explicó, el euro digital ofrecerá a los ciudadanos una alternativa gobernada por la legislación europea y supervisada por las instituciones comunitarias. El texto aprobado contempla que el euro digital pueda utilizarse tanto con conexión a internet como sin ella. La modalidad "offline" permitirá realizar pagos directamente entre dispositivos móviles sin necesidad de acceder a la red ni de utilizar una infraestructura central para validar la operación. Este sistema ofrecerá un nivel de privacidad equivalente al del dinero en efectivo, ya que las transacciones no dejarán registro. Por su parte, la modalidad "online" estará vinculada a una cuenta bancaria y permitirá incorporar funcionalidades adicionales. Las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago podrán integrarla en sus propias aplicaciones o facilitar el acceso a la plataforma específica que desarrollará el Banco Central Europeo. La protección de la privacidad ha sido uno de los aspectos más debatidos durante la tramitación de la norma. El acuerdo prevé que las operaciones estén anonimizadas, de forma que el Banco Central Europeo no pueda identificar a los usuarios que realicen los pagos. La distribución del euro digital recaerá en los bancos y en otros proveedores de servicios de pago, que lo ofrecerán a los clientes que deseen utilizarlo. Asimismo, los comercios y empresas deberán aceptar este nuevo medio de pago, salvo en determinados supuestos previstos por la legislación. Para los ciudadanos, las funciones básicas del euro digital serán gratuitas, aunque las entidades podrán cobrar por servicios adicionales. En el caso de los comercios, continuarán abonando las comisiones correspondientes a las entidades financieras, de manera similar a lo que ocurre actualmente con los pagos mediante tarjeta. La utilización de la modalidad sin conexión será gratuita tanto para consumidores como para establecimientos. Con el fin de preservar la estabilidad financiera, la futura normativa contempla la fijación de un límite máximo de euros digitales que podrá mantener cada usuario. El propósito es evitar que una transferencia masiva de depósitos bancarios hacia esta nueva forma de dinero provoque tensiones de liquidez en el sistema financiero. La cuantía concreta será determinada por el Banco Central Europeo atendiendo a diversos criterios técnicos. La propuesta también ha encontrado oposición política. Los grupos de Conservadores y Reformistas Europeos, Patriotas por Europa y Europa de las Naciones Soberanas cuestionaron el proyecto al considerar que podría limitar la libertad financiera de los ciudadanos, incrementar los costes y favorecer una excesiva centralización del sistema de pagos. Pese a esas críticas, la iniciativa fue aprobada por el Pleno del Parlamento Europeo con 416 votos a favor, 169 en contra y 22 abstenciones. Las negociaciones con los Estados miembros comenzarán el próximo lunes con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de que finalice el año. Si el proceso culmina con éxito y el Banco Central Europeo decide poner en marcha el proyecto, las primeras emisiones del euro digital podrían comenzar en 2029, tras un periodo previo de pruebas piloto.

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