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(Cinco Días, 02-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC investiga también prácticas anticompetitivas en la intermediación hipotecaria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha iniciado una investigación sobre posibles conductas contrarias a la competencia en el negocio de la intermediación hipotecaria, un paso preliminar que podría desembocar en la apertura de un expediente sancionador. Esta actuación llega poco después de que el organismo pusiera también el foco sobre los seis principales bancos españoles por presuntas prácticas anticompetitivas relacionadas con las hipotecas. El supervisor informó este miércoles de que los días 23 y 24 de junio realizó inspecciones en la sede de una asociación que agrupa a empresas dedicadas a la intermediación hipotecaria. La investigación se centra en determinar si pudo existir alguna recomendación colectiva, acuerdos o prácticas coordinadas entre compañías del sector para evitar la captación de empleados entre las empresas asociadas, así como posibles pactos para fijar precios y condiciones comerciales en los servicios ofrecidos. Según la CNMC, este tipo de actuaciones podrían constituir una infracción muy grave de la normativa de competencia y acarrear sanciones de hasta el 10% de la facturación total de las compañías implicadas en el ejercicio anterior. Las empresas de intermediación hipotecaria actúan como enlace entre quienes solicitan financiación y las entidades bancarias, ayudando a los clientes a encontrar las ofertas más adecuadas según su perfil financiero. La actividad de estos intermediarios de crédito inmobiliario está regulada por el Banco de España, con el objetivo de garantizar transparencia y protección para los consumidores. Esta nueva actuación refuerza la vigilancia de Competencia sobre el mercado hipotecario español. El pasado 16 de junio, la CNMC anunció otra investigación dirigida a Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco por posibles irregularidades en sus políticas comerciales de hipotecas. En ese caso, el análisis se centra en declaraciones realizadas por directivos bancarios durante presentaciones de resultados, especialmente sobre la evolución prevista de los tipos de interés en hipotecas a tipo fijo. Competencia estudia si esos mensajes pudieron facilitar que otras entidades anticiparan las estrategias comerciales de sus rivales. Desde la Asociación Española de Banca y algunas de las entidades afectadas se rechaza cualquier conducta irregular, insistiendo en que siempre han actuado conforme a la ley. La patronal bancaria también defiende que el mercado hipotecario español figura entre los más competitivos de Europa, apoyándose en el nivel medio de los tipos de interés aplicados. Ambas investigaciones coinciden además con un cambio en la cúpula de la CNMC. La presidenta del organismo, Cani Fernández, ha concluido recientemente su mandato de seis años. Para relevarla, el Gobierno ha propuesto al catedrático Juan José Ganuza Fernández, un nombramiento que aún debe recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados.

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(El País, 02-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El turismo augura otro verano de récord pese a la caída de la ocupación hotelera por la subida de precios

El sector turístico anticipa un verano de récord, tanto por la llegada de visitantes internacionales como por los resultados económicos de las empresas. Así lo destacó Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, durante la presentación del informe sectorial elaborado junto a PwC. Según señaló, la temporada estival se perfila positiva pese al contexto de incertidumbre global y a las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Próximo. El informe apunta a que, entre julio y septiembre, los vuelos programados hacia los principales destinos españoles aumentarán un 6,1%, alcanzando los 322.500. Entre los mercados emisores con mayor crecimiento destacan Reino Unido, con 49.700 vuelos y una subida del 7,7%, y Italia, con 21.800 operaciones y un incremento del 10,8%. Factores que inicialmente podían afectar a la demanda, como el encarecimiento del queroseno o la reducción de rutas de algunas aerolíneas, no han tenido por ahora un impacto significativo en las reservas. En el caso de Ryanair, la compañía ha programado 47.600 vuelos hacia España, apenas un 1,3% más que el verano anterior. Sin embargo, este crecimiento moderado se compensa con la mayor oferta de otras aerolíneas. Vueling, por ejemplo, casi igualará a Ryanair con 47.300 vuelos, tras ampliar su capacidad un 6,8%. También aumentan su presencia operadores británicos como easyJet y Jet2, que elevan su programación un 5% y un 6,5%, respectivamente. A pesar del aumento del tráfico aéreo, la ocupación hotelera prevista para la temporada alta caerá ligeramente, con un descenso de un punto porcentual respecto al verano de 2025. Esta aparente contradicción se explica porque muchos turistas podrían reducir la duración de sus estancias, en parte debido al encarecimiento de los hoteles, y también por una mayor preferencia por apartamentos turísticos. Aunque se esperan menos pernoctaciones, el sector hotelero mantiene buenas perspectivas de rentabilidad. Las previsiones apuntan a un incremento cercano al 5% tanto en las tarifas como en el beneficio por habitación disponible, uno de los indicadores clave para medir la rentabilidad del negocio hotelero. La industria atribuye este aumento al importante esfuerzo de modernización realizado en la última década, con inversiones que rondan los 8.000 millones de euros destinadas a renovar la planta hotelera. De cara al último trimestre del año, las expectativas siguen siendo positivas. Entre octubre y diciembre se prevén 263.800 vuelos hacia España, un 5,3% más que en el mismo periodo de 2025. De nuevo, sobresalen Italia, con 18.100 vuelos y un crecimiento del 15,8%, y Reino Unido, con 34.600 vuelos y una subida del 6,8%, consolidando el buen momento del turismo español.

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(El Periódico, 02-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación de la eurozona retrocede al 2,8% en junio tras cuatro subidas consecutivas

La inflación en la eurozona se moderó en junio hasta el 2,8%, según la estimación preliminar publicada por Eurostat. Con este descenso se rompe una racha de cuatro meses consecutivos de subidas del índice de precios al consumo, en un contexto marcado por la reciente decisión del Banco Central Europeo de elevar los tipos de interés por primera vez en casi tres años. La medida respondía al repunte inflacionista registrado en los últimos meses y al temor de que las tensiones energéticas derivadas del conflicto en Oriente Próximo acabaran trasladándose al resto de la economía. El dato supone un giro respecto al comportamiento observado desde comienzos de año. Entre febrero y mayo, la inflación pasó de niveles cercanos al objetivo del 2% hasta alcanzar el 3,2%, impulsada sobre todo por el encarecimiento de la energía, provocado por las tensiones en el suministro de petróleo y gas. La principal preocupación del BCE era que ese aumento de los costes energéticos terminara filtrándose a los precios de servicios, alimentos y bienes industriales, generando nuevas presiones inflacionistas. Ante ese escenario, el banco central decidió elevar el precio del dinero en 0,25 puntos porcentuales, situando los tipos en el 2,25% y poniendo fin a un año de estabilidad monetaria. La presidenta del organismo, Christine Lagarde, defendió la decisión al considerar que actuar a tiempo era esencial para evitar que la inflación se descontrolara y resultara más difícil reconducirla hacia el objetivo marcado. La incertidumbre geopolítica sigue condicionando las perspectivas. Diversos organismos internacionales han elaborado escenarios que contemplan un recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo. En uno de sus supuestos, el BCE advirtió de que un nuevo repunte del petróleo y del gas podría llevar la inflación hasta el 6,3% en el tercer trimestre de 2027, aunque por ahora la evolución del crudo ofrece cierto alivio en los mercados. La moderación registrada en junio no elimina esos riesgos, pero sí reduce temporalmente la presión sobre la autoridad monetaria. La caída hasta el 2,8% sugiere que el repunte inflacionista de primavera podría no haber sido tan persistente como se temía. Aun así, la evolución de la energía seguirá siendo determinante para confirmar si se trata de un cambio de tendencia o simplemente de una corrección puntual. La desaceleración de los precios también se reflejó en las dos principales economías del bloque. En Francia, la inflación bajó hasta el 2%, mientras que en Alemania se situó en el 2,4%, ambos registros inferiores a los del mes anterior. Dado el peso económico de ambos países, su moderación contribuye a aliviar la presión inflacionista sobre el conjunto de la eurozona. En España, sin embargo, la evolución fue menos favorable. La inflación se mantuvo en el 3,2% en junio, según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística, encadenando tres meses consecutivos en ese nivel. Aunque se evitó un repunte mayor tras la retirada parcial de ayudas energéticas, la tasa española continúa por encima de la media europea, en línea con un crecimiento económico también superior al de la mayoría de sus socios. El encarecimiento de la electricidad y del gas, tras la subida del IVA y la recuperación del impuesto especial eléctrico, elevó la factura energética de los hogares españoles. No obstante, este impacto se vio parcialmente compensado por la bajada de los carburantes, favorecida por la caída del precio del petróleo tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Según la medición armonizada de Eurostat, España figura entre las economías con mayores presiones inflacionistas, con una tasa del 3,6%. Los mayores incrementos de precios se registraron en Lituania, con un 5,5%, y Bulgaria, con un 5,3%. En el extremo opuesto se situó Malta, donde la inflación quedó en el 1,9%. El BCE insiste en que su reciente endurecimiento monetario responde no solo al nivel actual de precios, sino también al riesgo de que la inflación se consolide. Si la moderación observada en junio se mantiene en los próximos meses, el margen para nuevas subidas de tipos podría reducirse. En cambio, si resurgen las presiones energéticas o la inflación subyacente continúa mostrando resistencia, el banco central tendrá que seguir equilibrando la lucha contra la inflación con la necesidad de no frenar aún más una economía europea que continúa mostrando signos de debilidad.

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(El País, 01-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Nuevo récord de millonarios en el mundo: el año pasado surgieron 2.600 nuevas fortunas al día

En 2025, la riqueza mundial registró su mayor crecimiento en casi diez años, impulsada por el auge de los mercados financieros y el tirón de sectores como la tecnología y la inteligencia artificial. Según el último informe global sobre riqueza elaborado por UBS, el patrimonio global medido en dólares aumentó un 10,8%, muy por encima del crecimiento de la economía mundial, que rondó el 3%. Este avance, además, consolida tres años consecutivos de expansión y acelera claramente respecto a 2023 y 2024. Uno de los hitos más llamativos del año fue el ascenso de Elon Musk, que llegó a convertirse en el primer billonario de la historia. Sin embargo, más allá de este caso simbólico, el informe revela una tendencia más estructural: la riqueza continúa concentrándose cada vez más en la parte alta de la distribución. El fuerte comportamiento bursátil, liderado por las grandes tecnológicas y el entusiasmo inversor alrededor de la inteligencia artificial, fue uno de los principales motores de esta expansión. También contribuyeron los activos no financieros, especialmente los vinculados al mercado inmobiliario. No obstante, el crecimiento fue desigual entre regiones: Europa oriental lideró el avance con un aumento del 28%, favorecida por la revalorización del euro frente al dólar, mientras que Asia-Pacífico registró una subida más moderada, del 6%. Este crecimiento benefició especialmente a las grandes fortunas. Los patrimonios superiores a cinco millones de dólares fueron los que más aumentaron, tanto en número como en valor acumulado, una tendencia especialmente marcada en China, Australia y Estados Unidos. Según explicó James Mazeau, economista de UBS, los hogares con mayores recursos participan más activamente en los mercados bursátiles, lo que amplifica sus ganancias frente a los estratos con menor patrimonio. Los datos reflejan esta evolución con claridad. El número de millonarios aumentó un 1,5% en 2025, lo que equivale a casi un millón de nuevos millonarios en un solo año -más de 2.600 al día- hasta superar los 58 millones en todo el mundo. Estados Unidos concentró casi la mitad de estos nuevos millonarios, seguido de China, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia. Además, 3.302 personas superaron el umbral de los 1.000 millones de dólares de patrimonio, un 13,1% más que el año anterior. La distribución de la riqueza también revela un cambio profundo. El porcentaje de personas con menos de 10.000 dólares de patrimonio cayó hasta el 41%, frente al 75% registrado en el año 2000. Aunque la riqueza media global sigue aumentando, la riqueza mediana retrocede en numerosos mercados, lo que evidencia una brecha creciente entre los segmentos más ricos y el resto de la población. De cara al futuro, los economistas de UBS anticipan que la gran transferencia patrimonial entre generaciones tendrá un papel decisivo en los mercados y en la economía global. También apuntan a que los gobiernos, presionados por elevados niveles de deuda pública, podrían buscar mecanismos para movilizar parte de esa riqueza privada. En términos geográficos, Norteamérica volvió a liderar en patrimonio medio por adulto, con unos 660.000 dólares, seguida de Australia y Nueva Zelanda, y de Europa occidental. Por países, Suiza se mantuvo en cabeza, con más de 910.000 dólares de riqueza media por adulto, por delante de Estados Unidos y Luxemburgo. En España, la riqueza media creció un 16% desde 2020, situándose en 306.412 dólares por adulto, unos 269.000 euros. A diferencia de otros mercados, el patrimonio de los hogares españoles sigue muy vinculado a activos no financieros, especialmente la vivienda, mientras que los activos financieros representan solo el 31% de la riqueza bruta. También aumentó el número de millonarios, con un crecimiento del 3,1%, equivalente a 32.707 personas más. Actualmente, cerca de un millón de residentes en España posee un patrimonio superior al millón de dólares, lo que representa el 2,7% de la población y concentra algo más de un tercio de la riqueza total del país.

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(El Economista, 01-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo plantea frenar la regularización masiva de migrantes por infringir las normas de la UE

El Tribunal Supremo estudia la posibilidad de paralizar temporalmente el proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determine si la medida es compatible con el derecho comunitario. El alto tribunal ha solicitado a las partes implicadas en el procedimiento -entre ellas las comunidades autónomas de Comunidad Valenciana y Aragón- que presenten en un plazo de cinco días sus argumentos sobre la conveniencia de elevar una cuestión prejudicial al tribunal europeo. La principal duda jurídica radica en si la regularización masiva aprobada por España podría vulnerar la normativa de la Unión Europea, que exige coordinación entre los Estados miembros en materia de migración y asilo. El proceso de regularización podría beneficiar a entre 900.000 y 1,65 millones de personas en situación administrativa irregular en España, permitiéndoles acceder a permisos de residencia y trabajo. El Supremo teme que una medida de tal magnitud, adoptada de forma unilateral, pueda afectar al equilibrio de la política migratoria común europea. Entre las cuestiones que el tribunal valora trasladar al TJUE destaca, en primer lugar, la Disposición Adicional 20 del real decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esta disposición contempla conceder autorización de residencia a solicitantes de asilo, dejando sin efecto órdenes previas de expulsión o devolución, incluso cuando dichas decisiones hayan sido respaldadas judicialmente. El Supremo recuerda que el reglamento europeo sobre migración y asilo, en vigor desde junio, reconoce a quienes solicitan protección internacional el derecho a permanecer en el país mientras se resuelve su expediente. Sin embargo, esa permanencia no implica automáticamente un permiso de residencia ni la libre circulación dentro de la Unión. Por ello, cuestiona si la regulación española podría entrar en conflicto con la normativa comunitaria. La segunda cuestión se centra en la Disposición Adicional 21, que prevé otorgar residencia temporal a extranjeros que hubieran llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y permanezcan en situación irregular, aunque no hayan solicitado asilo. El tribunal plantea si esta medida contradice la Directiva de Retorno de la UE, que obliga a los Estados a iniciar procedimientos de retorno frente a nacionales de terceros países en situación irregular. Además, el Supremo quiere aclarar si España puede adoptar unilateralmente una regularización de gran escala sin coordinación previa con las instituciones europeas ni con el resto de Estados miembros. Según la normativa comunitaria, las decisiones migratorias deben adoptarse bajo principios de cooperación, solidaridad y reparto equilibrado de responsabilidades. Otro de los interrogantes planteados se refiere a la posible libre circulación dentro del espacio Espacio Schengen. El tribunal cuestiona si una norma reglamentaria nacional puede facilitar indirectamente que estas personas accedan a movilidad dentro de Schengen sin una coordinación formal con los demás países europeos. Si finalmente se eleva la cuestión prejudicial al TJUE, el proceso de regularización podría quedar suspendido hasta que el tribunal europeo emita una interpretación vinculante del derecho comunitario. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno defiende la legalidad de la norma y asegura que fue redactada respetando plenamente el marco jurídico europeo. Fuentes ministeriales subrayan además que el permiso previsto por la regularización tendría validez únicamente en territorio español, sin conferir automáticamente derechos de residencia en otros Estados miembros. El ministerio, en coordinación con la Abogacía del Estado, trabaja ya en sus alegaciones jurídicas, que serán remitidas al Supremo antes del plazo fijado. Tras analizar estas respuestas, el tribunal decidirá si remite formalmente las cuestiones al TJUE. De producirse, la intervención del tribunal europeo serviría para despejar las dudas legales antes de que el Supremo resuelva definitivamente sobre el fondo del asunto.

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(Expansión, 30-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El déficit público de España cae al 0,26% del PIB hasta abril

Las cuentas públicas españolas reflejan una mejora del déficit en los primeros meses de 2026, aunque parte de esta evolución está condicionada por el menor impacto del gasto extraordinario asociado a la dana de 2024. El conjunto de las administraciones públicas, excluyendo la Administración local, cerró abril con un déficit de 4.637 millones de euros, un 33,4% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra equivale al 0,26% del PIB, frente al 0,41% contabilizado en abril de 2025. Entre enero y abril de 2026, el gasto extraordinario vinculado a las inundaciones provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), fenómeno meteorológico extremo que afectó a varias zonas de España entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 2024, ascendió a 183 millones de euros. En el mismo periodo de 2025, este desembolso había alcanzado los 2.620 millones. Si se excluye en ambos ejercicios el efecto de este gasto excepcional, la lectura cambia. El déficit agregado de las administraciones públicas sin contar las entidades locales habría alcanzado los 4.454 millones de euros hasta abril, lo que supone un incremento del 2,7% respecto a los 4.338 millones del mismo periodo del año anterior. Por su parte, el Estado presentó un deterioro de sus cuentas hasta mayo. El déficit estatal en términos de contabilidad nacional se situó en 14.177 millones de euros, un 31,3% más que en mayo de 2025, cuando se contabilizaron 10.801 millones. En relación con el PIB, este saldo negativo representa el 0,80%, por encima del 0,64% registrado un año antes. Al descontar el coste de los intereses de la deuda se obtiene el denominado saldo primario, indicador que permite medir el equilibrio presupuestario sin el peso del endeudamiento acumulado. En este caso, el Estado registró hasta mayo de 2026 un superávit primario de 1.571 millones de euros, equivalente al 0,09% del PIB. No obstante, esta cifra es un 53,4% inferior a la obtenida en el mismo periodo de 2025, cuando el superávit primario alcanzó los 3.373 millones, es decir, el 0,20% del PIB. Durante los cinco primeros meses del año, el gasto extraordinario del Estado vinculado a la dana fue de 82 millones de euros. De esa cantidad, 36 millones correspondieron a transferencias a organismos públicos y 3 millones a transferencias dirigidas a la Administración local. En el mismo periodo del año anterior, este gasto había sido muy superior, con 2.183 millones de euros, de los cuales 1.783 millones se destinaron a las entidades locales. Asimismo, se han conocido los primeros datos de ejecución presupuestaria de 2026 correspondientes a las corporaciones locales, referidos al primer trimestre del año. Las entidades locales registraron un déficit de 2.058 millones de euros, equivalente al 0,12% del PIB. Con la incorporación de estos datos, el déficit conjunto del total de las administraciones públicas durante el primer trimestre se situó en el 0,36% del PIB, ligeramente por debajo del 0,38% observado en marzo de 2025. Esta evolución responde a un crecimiento de los ingresos del 7,4%, ligeramente superior al incremento del gasto, que avanzó un 7,2%.

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(Expansión, 30-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Lagarde: "Podemos subir tipos sin preocuparnos de desatar tensión financiera"

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, inauguró una nueva edición del Foro de Bancos Centrales de Sintra, considerado el equivalente europeo de Jackson Hole Economic Symposium, trasladando un mensaje de confianza sobre la posición actual del organismo pese a las presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Medio. La dirigente defendió la conveniencia de aplicar ajustes graduales en los tipos de interés, adaptados a la evolución de cada perturbación económica, y dejó entrever que herramientas extraordinarias, como los programas de compra de deuda, han perdido protagonismo. La máxima responsable del BCE considera que la institución se mueve en un entorno más favorable que en el pasado. A su juicio, el banco central puede recurrir a subidas de tipos para contener la inflación sin el riesgo de desencadenar episodios de inestabilidad financiera, una preocupación que durante años condicionó de forma decisiva la política monetaria europea. Durante su intervención en la apertura del encuentro, celebrado por decimotercer año consecutivo en el resort Penha Longa de Sintra, en Portugal, Lagarde subrayó que el endurecimiento monetario ya no tiene por qué convertirse en un factor adicional de tensión para los mercados financieros. El contraste con 2011 es significativo. Entonces, bajo la presidencia de Jean-Claude Trichet, una ligera subida de tipos contribuyó a intensificar la crisis de deuda soberana en Europa, en un contexto de fuerte presión sobre las primas de riesgo. Ahora, según Lagarde, el BCE dispone de margen suficiente para utilizar los tipos de interés como principal herramienta de actuación, sin depender tanto de la evolución de los diferenciales de la deuda. Esa confianza se apoya también en la experiencia reciente. Durante el episodio inflacionario provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania, el BCE elevó los tipos hasta el 4%, un máximo histórico. Ante un nuevo repunte de precios, los mercados asumen que la autoridad monetaria está dispuesta a actuar con firmeza para preservar la estabilidad de precios. Lagarde señaló además que una mayor claridad sobre la reacción del BCE en distintos escenarios permite que los mercados anticipen parte del ajuste, facilitando así decisiones más sólidas por parte de la institución. La presidenta atribuyó esta mayor capacidad de maniobra al fortalecimiento de la arquitectura financiera europea. Destacó que tanto la supervisión bancaria común como el marco de resolución han reforzado la solidez del sector bancario. A ello se suma la evolución de los instrumentos fiscales europeos, desde el Mecanismo Europeo de Estabilidad hasta los fondos Next Generation EU y otros mecanismos de financiación conjunta. Según Lagarde, esta mayor resiliencia reduce la necesidad de aplicar respuestas monetarias excepcionales. Aunque reconoce que seguirán produciéndose shocks que alteren la inflación, considera que su impacto sobre la economía es ahora más limitado. En este contexto, sostuvo que ya no resulta imprescindible recurrir a medidas no convencionales. Aunque el BCE mantiene esas herramientas disponibles, la prioridad pasa por estabilizar la inflación utilizando los tipos oficiales como instrumento central. Esa visión coincide con la percepción predominante dentro del Consejo de Gobierno del BCE, donde cada vez se considera menos probable una vuelta a los grandes programas de compra de deuda que marcaron la etapa de Mario Draghi y los primeros años de Lagarde. Además, el BCE parece haber dejado atrás otra herramienta habitual de etapas anteriores: la forward guidance, es decir, la comunicación explícita sobre futuras decisiones de política monetaria. Para Lagarde, este tipo de compromisos pierde eficacia en entornos de elevada incertidumbre económica y geopolítica. En su lugar, apuesta por una comunicación basada en escenarios, explicando cómo podría reaccionar el BCE según evolucionen los datos macroeconómicos y permitiendo que sean los inversores quienes valoren cuál de esos escenarios resulta más probable. Por ello, Lagarde evitó adelantar pistas sobre la reunión de julio en Fráncfort, limitándose a reiterar que las decisiones seguirán dependiendo de los datos y se adoptarán reunión a reunión.

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(Expansión, 30-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La tensión geopolítica gana peso en las auditorías de 2025

La creciente incertidumbre internacional está teniendo un impacto cada vez más visible en las cuentas de las grandes empresas españolas. Así lo refleja el último informe Cuestiones clave de auditoría 2025, elaborado por KPMG, que muestra un aumento notable de las menciones a riesgos geopolíticos en los informes de auditoría de las compañías del IBEX 35. Estas referencias han pasado del 6% en 2024 al 14% en 2025, evidenciando una mayor preocupación por el contexto internacional. Este incremento solo encuentra un antecedente similar en 2022, coincidiendo con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Según el análisis, este repunte responde a un entorno marcado por la fragmentación económica global, el aumento de las tensiones comerciales y la persistencia de conflictos internacionales, factores que se han intensificado tanto en 2025 como en los primeros meses de 2026. David Hernanz, responsable del área de Auditoría de KPMG en España, señala que la atención de los auditores se centra cada vez más en riesgos vinculados a la incertidumbre geopolítica o al cambio climático, dado que ambos pueden afectar de forma directa al rendimiento financiero de las compañías. El estudio también pone de relieve que se ha frenado la tendencia descendente registrada en años anteriores en el número de cuestiones clave de auditoría. Durante 2025, los informes de las grandes cotizadas mantuvieron un total de 94 cuestiones clave, la misma cifra que el año anterior, con una media estable de 2,69 observaciones por informe. Según Hernanz, estas cuestiones suelen concentrarse en áreas que exigen estimaciones complejas, juicios contables relevantes o el análisis de operaciones extraordinarias, especialmente cuando existen cambios significativos en el entorno económico que modifican el mapa de riesgos. Más allá de los factores geopolíticos, los principales focos de atención de los auditores fueron el reconocimiento de ingresos, presente en el 49% de los informes; la recuperación del fondo de comercio, con un 43%; y la valoración y recuperabilidad de activos no corrientes, señalada en el 23% de los casos. Por sectores, los servicios financieros y los seguros continúan encabezando la lista de actividades con mayor número de cuestiones clave, con una media de 3,4 por informe. Les siguen las compañías de materiales básicos e industria, con una media de 3, y las empresas de tecnología y telecomunicaciones, con 2,8. Sin embargo, los mayores aumentos en el número de observaciones se registraron en los sectores inmobiliario, tecnológico y energético, reflejando una mayor exposición a cambios regulatorios, financieros y de mercado. Entre las novedades de 2025 también destaca un ligero aumento de las cuestiones relacionadas con provisiones, contingencias y litigios, que aparecieron en dos informes de auditoría. Si se amplía el análisis al conjunto de empresas cotizadas, incluyendo el Mercado Continuo, se observa que la media de cuestiones clave aumentó por primera vez desde 2018, hasta alcanzar 2,25 observaciones por informe. Sobresalen especialmente los incrementos detectados en compañías de productos farmacéuticos, biotecnología y servicios inmobiliarios. En total, el 72% de las 266 cuestiones clave identificadas en los informes se concentraron en cinco grandes áreas: reconocimiento de ingresos, recuperabilidad del fondo de comercio, recuperación de activos por impuesto diferido, valoración de activos no corrientes y provisiones ligadas a contingencias o litigios. Además, los auditores detectaron ocho casos de incertidumbre material y emitieron dos informes con salvedades, lo que refleja un entorno empresarial en el que la vigilancia sobre los riesgos financieros y operativos sigue ganando relevancia.

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(El Confidencial, 30-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El IPC se estabilizó en el 3,2% en junio: baja la gasolina pero sube la luz por el fin del IVA reducido

La inflación en España continúa instalada por encima del 3% pese al abaratamiento de los carburantes. La principal razón es la retirada gradual de las ayudas fiscales que el Gobierno puso en marcha al inicio del conflicto en Oriente Medio, lo que está neutralizando el efecto positivo de la bajada del precio de la gasolina y el gasóleo en las estaciones de servicio. En junio, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 3,2% en tasa interanual, el mismo nivel registrado en mayo y dos décimas por debajo del máximo alcanzado en marzo, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística. Aunque la tasa general apenas varía, sí cambia la composición de las presiones inflacionistas. El principal cambio se observa en la energía. Mientras los combustibles han reducido su aportación a la inflación gracias al descenso del petróleo, la electricidad y el gas han ganado protagonismo tras el fin de las rebajas fiscales aplicadas hasta mayo. Desde el 1 de junio, la finalización de los tipos reducidos del IVA ha encarecido de nuevo estos suministros. Como consecuencia, la inflación energética subió hasta el 6,7%, frente al 5,9% de mayo, acercándose a los niveles máximos observados en marzo, cuando alcanzó el 7,3%. Aunque el dato adelantado del INE no ofrece todavía el detalle completo por productos, sí confirma que electricidad y gas están impulsando al alza el índice general, mientras que los carburantes ejercen un efecto moderador. El Gobierno presentará además un nuevo decreto de medidas antiinflación para sustituir al paquete vigente, que expira de forma inminente. La intención es ajustar el esquema de ayudas a la nueva situación energética. Una de las señales más positivas llega desde la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos-, que descendió una décima hasta el 2,9%. Este descenso indica que el encarecimiento energético todavía no se está trasladando de forma intensa al resto de bienes y servicios. Esto sugiere que muchas empresas consideran transitorio el actual shock de costes y, por ahora, están absorbiendo parte del incremento mediante una reducción de márgenes. También se moderó la inflación alimentaria. Los alimentos no elaborados registraron un aumento interanual del 2,6%, mientras que el conjunto de alimentos y bebidas se situó en el 2,1%, su nivel más bajo desde 2011. Esta evolución alivia parcialmente la presión sobre los hogares, especialmente en productos básicos. Los servicios también mostraron una ligera moderación, con una inflación del 3,9%, dos décimas menos que en mayo. Sin embargo, este componente continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. Su crecimiento casi duplica el objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo, lo que refleja que persisten importantes tensiones inflacionistas en sectores como hostelería, turismo, ocio o transporte. De hecho, el mayor desafío inflacionario para la economía española ya no está tanto en la energía como en los servicios, donde la desinflación avanza con mucha más lentitud y los precios siguen aumentando a ritmos similares a los observados durante el pico de la crisis derivada de la guerra en Ucrania. En contraste, los bienes industriales no energéticos continúan actuando como elemento de contención. La intensa competencia internacional, especialmente desde China y otros países asiáticos, está limitando la capacidad de las empresas para trasladar a precios el aumento de sus costes de producción. En conjunto, la inflación de estos bienes industriales se situó en junio en apenas el 0,9%, contribuyendo a frenar el avance del IPC general. Sin embargo, esta moderación también refleja la presión creciente sobre la industria española, que debe equilibrar costes al alza con precios muy contenidos para mantener su competitividad frente a la competencia exterior.

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(Cinco Días, 29-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El sector de la auditoría rompe la barrera de los 1.000 millones en facturación en 2025

El negocio de la auditoría en España atraviesa su mejor momento y ha alcanzado una dimensión sin precedentes. Por primera vez, la facturación anual del sector ha superado los 1.000 millones de euros, un récord que refleja el crecimiento sostenido de una actividad cada vez más estratégica para los mercados financieros, al reforzar la transparencia y la fiabilidad de la información económico-financiera de las empresas. De acuerdo con la Memoria Anual de Actividades 2025 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, organismo encargado de la supervisión del sector, los ingresos por servicios de auditoría rebasaron el pasado ejercicio esa cifra histórica, mientras que el número de informes emitidos superó los 75.000. Una parte significativa de este negocio procede de las grandes empresas cotizadas. Las compañías del Ibex 35 destinaron en 2025 más de 400 millones de euros a servicios de auditoría y trabajos relacionados, como verificaciones financieras y no financieras exigidas por reguladores, revisiones para organismos supervisores o la emisión de comfort letters, según las cuentas anuales consolidadas publicadas por las propias sociedades. De ese volumen total, cerca de 390 millones de euros correspondieron a honorarios del auditor principal, función que recayó mayoritariamente en las cuatro grandes firmas internacionales: PwC, EY, KPMG y Deloitte. Otros 14 millones fueron percibidos por firmas que participaron en la auditoría de filiales o prestaron servicios vinculados al proceso de revisión. Estas cifras no incluyen servicios fiscales ni otros trabajos complementarios. Según destaca el presidente del ICAC, Santiago Durán, el sector mantiene una evolución especialmente positiva, como demuestra el récord simultáneo en facturación y en número de informes emitidos. El organismo supervisor señala además que en 2025 operaban en España 3.498 auditores de cuentas en ejercicio y 1.344 sociedades de auditoría. Dentro del grupo de las denominadas big four, PwC mantiene el liderazgo en el mercado del Ibex, con aproximadamente 190 millones de euros en ingresos procedentes de las grandes cotizadas. Entre sus principales clientes destaca Banco Santander, cuyo contrato constituye el mayor encargo del mercado, con 133 millones de euros. También audita a compañías como Telefónica, Ferrovial, Repsol, CaixaBank, Bankinter, Sacyr, Acerinox y Merlin Properties. KPMG ocupa el segundo lugar en facturación dentro del Ibex, con 88 millones de euros y once mandatos de auditoría. Entre sus principales contratos figura el de Iberdrola, valorado en 28 millones de euros, además de encargarse de la revisión de Banco Sabadell, Mapfre, Acciona, Acciona Energía, IAG, Naturgy, Endesa, Unicaja, Aena y Laboratorios Rovi. Muy cerca se sitúa EY, también con once auditorías de grandes cotizadas y unos ingresos de 84 millones de euros. Su cartera incluye contratos con BBVA, cuyo encargo asciende a 33 millones, además de Inditex, Amadeus, Cellnex, Puig, Logista, Enagás, Fluidra, Redeia, ArcelorMittal y Solaria. Por su parte, Deloitte, cuyo negocio tiene mayor peso en consultoría, completa el grupo con alrededor de 28 millones de euros procedentes principalmente de auditorías para ACS, Grifols, Indra y Colonial. El ejercicio 2025 también ha estado marcado por la creciente relevancia de la información corporativa en materia de sostenibilidad. La directiva europea CSRD obliga a las grandes entidades de interés público, especialmente aquellas con más de 500 empleados, a informar sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza. No obstante, la transposición de esta normativa al ordenamiento jurídico español continúa bloqueada en el Congreso de los Diputados, lo que ha generado incertidumbre entre empresas y auditoras. Ante esta situación, el ICAC y la Comisión Nacional del Mercado de Valores emitieron un comunicado conjunto para orientar a los auditores sobre la elaboración de estos informes mientras concluye el proceso legislativo. En materia de supervisión, el ICAC intensificó notablemente su actividad durante 2025. El organismo realizó 365 actuaciones de control, frente a las 317 de 2024 y las 303 de 2023. Este aumento responde a una mayor planificación, al refuerzo de la digitalización y a una supervisión más orientada al análisis de riesgos. Entre esas actuaciones destacaron seis inspecciones específicas sobre auditores de grandes empresas, centradas en la evaluación de sus sistemas de gestión de calidad. El ICAC subraya que los auditores de entidades de interés público están sometidos a mayores exigencias debido a la relevancia sistémica de las compañías que revisan, lo que los convierte en una prioridad supervisora. La memoria también refleja un incremento en la actividad sancionadora. Durante 2025 se resolvieron 53 expedientes sancionadores, frente a 48 en 2024. Cinco concluyeron sin sanción, mientras que en el resto se detectaron incumplimientos de la normativa de auditoría. El importe total de las sanciones ascendió a 635.110,77 euros, de los cuales 521.091,77 euros correspondieron a sociedades de auditoría y socios, y 114.019 euros a auditores individuales.

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