• Home
  • News
  • Mercantil, civil y administrativo

News

(Cinco Días, 06-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La industria militar y aeronáutica española marca récord de facturación en 2025 con más de 18.000 millones

La industria militar, aeronáutica y espacial cerró 2025 con una facturación récord, impulsada por el incremento de la inversión en defensa tanto en España como en el conjunto de Europa. De acuerdo con el informe anual elaborado por PwC y la patronal Tedae, presentado este lunes, las empresas de estos sectores alcanzaron unos ingresos consolidados de 18.034 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,6% respecto al ejercicio anterior. La actividad aeronáutica, tanto civil como militar, concentró la mayor parte de la cifra de negocio, con 12.080 millones de euros, un 6,2% más. No obstante, el mayor crecimiento correspondió al ámbito de seguridad y defensa, que incluye una parte de la actividad aeronáutica, con un avance del 16,2%, hasta los 10.877 millones. Por su parte, el sector espacial elevó sus ingresos un 9,5%, hasta los 1.416 millones. Durante la presentación del estudio, la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, destacó que Europa ha asumido que mantener la paz y la estabilidad exige contar con una industria y una capacidad tecnológica propias, lo que se ha traducido en un aumento de la inversión en defensa. En este contexto, señaló que España, como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, ha asumido su parte de responsabilidad. Valcarce también subrayó el efecto que estas actividades tienen sobre el conjunto de la economía, especialmente por su capacidad para impulsar la reindustrialización y generar actividad en distintos territorios. El informe pone de manifiesto, sin embargo, la elevada concentración territorial de estas industrias. La Comunidad de Madrid reunió en 2025 el 53% de la facturación del conjunto de empresas analizadas, con unos ingresos de 9.501 millones de euros. Andalucía ocupó la segunda posición, con 3.135 millones, mientras que Cataluña quedó muy por debajo, con 243 millones, aproximadamente el 1% de la cifra de negocio de las compañías integradas en Tedae. La contribución de estas industrias al PIB español alcanzó los 24.425 millones de euros, un 11,4% más que un año antes, equivalente al 1,5% de la economía nacional. El empleo directo también experimentó un fuerte crecimiento, del 10,8%, hasta situarse en 83.453 trabajadores. Si se incorporan los empleos indirectos e inducidos, el volumen total se elevó un 11,5%, hasta 289.938 puestos de trabajo. Madrid concentró el 36,7% de este empleo, con 106.568 trabajadores, una cifra que representa el 2,6% del empleo total de la comunidad. Cataluña, pese a los esfuerzos para incrementar su presencia en el ámbito de la defensa y reconvertir parte de su industria de automoción hacia este sector, registró 32.448 empleos vinculados a estas actividades, apenas el 0,7% del empleo regional. Por ramas de actividad, la industria aeronáutica generó 189.026 puestos de trabajo, frente a los 180.802 asociados a defensa y seguridad y los 25.068 del sector espacial. En conjunto, estas industrias aportaron 8.107 millones de euros en ingresos fiscales durante 2025, una cantidad equivalente al 2,5% de la recaudación tributaria del país. España alcanzó el pasado año el objetivo de destinar a defensa el equivalente al 2% de su PIB, en línea con el compromiso adquirido con la OTAN. Esto supone más de 34.000 millones de euros anuales de gasto militar, según explicó Valcarce, quien defendió que este esfuerzo inversor también genera retornos en forma de empleo y mayores ingresos fiscales para el conjunto de la economía. Una de las principales vías utilizadas por el Estado para aumentar la inversión en defensa son los Programas Especiales de Modernización (PEM). El Gobierno aprobó 35 nuevos programas durante 2025 y prevé incorporar otros 15. Actualmente existen cerca de 80 programas aprobados, algunos de ellos puestos en marcha años atrás y todavía en ejecución, como el correspondiente a los vehículos blindados Dragón 8x8. En conjunto, se estima que estos programas movilizarán alrededor de 61.900 millones de euros. Entre los programas aprobados en 2025, el 60,1% de los fondos se dirigirá a proyectos liderados por Indra. Entre ellos destaca el destinado al desarrollo de una nueva artillería sobre cadenas, cuyo presupuesto plurianual asciende a 4.554 millones de euros. Solo en 2026, el Ejecutivo ha comprometido 653 millones para este proyecto. A la modernización de las fragatas F-100 de Navantia y al desarrollo del helicóptero ligero multipropósito de Airbus destinado a labores de formación se dedicarán este año otros 349 y 290 millones de euros, respectivamente.

READ MORE

(Expansión, 06-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La abogacía pide reforzar la seguridad jurídica y la calidad regulatoria

Los continuos cambios legislativos y la creciente complejidad del marco regulatorio han situado la seguridad jurídica entre las principales preocupaciones de las empresas españolas. El próximo Gobierno tendrá entre sus principales desafíos la creación de un entorno normativo estable y previsible que permita fortalecer la confianza de las compañías y de los inversores. Para Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, alcanzar este objetivo requiere contar con unas reglas "claras, estables y previsibles", además de reforzar la fortaleza y la independencia de las instituciones. Una opinión compartida por Eduardo Soler Tappa, socio director de Herbert Smith Freehills Kramer en España, quien considera necesario avanzar hacia un marco regulatorio competitivo que reduzca la carga administrativa y favorezca la inversión, especialmente en sectores estratégicos como la energía, las infraestructuras y la economía digital. José María Michavila, exministro de Justicia y socio cofundador de Michavila Acebes Abogados, vincula la seguridad jurídica con el cumplimiento de la Constitución y reclama recuperar la cultura del consenso. A su juicio, es necesario que la actividad legislativa vuelva a apoyarse en el Parlamento y se reduzca el recurso al real decreto-ley, de manera que las normas sirvan para solucionar problemas y no para alimentar la confrontación política. Desde el ámbito jurídico también se reclama una mayor estabilidad legislativa y un uso más limitado de los reales decretos-leyes. Cristina Camarero, socia directora de Ontier, advierte de que la incertidumbre normativa tiene efectos directos sobre empresas y ciudadanos, al traducirse en litigios que podrían evitarse y en decisiones de inversión que terminan aplazándose. En su opinión, unas normas consensuadas y con vocación de permanencia son fundamentales para garantizar seguridad jurídica. Otro de los desafíos será completar la adaptación de la legislación española a las exigencias procedentes de la Unión Europea. Javier Fontcuberta, consejero delegado de Cuatrecasas, considera que la transposición de las directivas comunitarias pendientes y la puesta en marcha de nuevas reformas serán determinantes para avanzar en los objetivos de la Brújula de la Competitividad, especialmente en ámbitos como la innovación, la transición energética, la autonomía estratégica europea y la seguridad jurídica. España mantiene actualmente 101 directivas pendientes de transponer, de las que 50 ya han superado el plazo establecido. Ignacio Hornedo, socio director de A&O Shearman, apunta además a sectores como la eficiencia energética, la inteligencia artificial, los servicios financieros y las infraestructuras como áreas en las que esta adaptación tendrá especial relevancia. Considera que España dispone de una posición sólida para continuar atrayendo inversión extranjera, aunque para aprovecharla será necesario garantizar un marco jurídico estable, previsible y basado en el respeto al Estado de derecho. Entre las cuestiones que también deberá abordar el próximo Gobierno destaca el acceso a la vivienda. Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca, considera prioritario impulsar la construcción de viviendas dirigidas especialmente a los jóvenes y a las personas con menos recursos. Para ello, reclama condiciones que permitan atraer a los inversores, con garantías para la propiedad y la seguridad jurídica, además de una simplificación de los procedimientos administrativos. A su juicio, las medidas imprevisibles o de carácter confiscatorio pueden contribuir a reducir todavía más la oferta disponible. Rosa Vidal, socia directora de Broseta, coincide en la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda mediante instrumentos de financiación adecuados, una mayor colaboración entre las administraciones y el sector privado y una mayor disponibilidad de suelo, junto con medidas de liberalización que permitan incrementar la oferta. La inmigración y el reto demográfico también ocuparán un lugar destacado en la próxima legislatura. Pérez-Llorca defiende una inmigración ordenada y vinculada a las necesidades de la economía española, ante la dificultad para mantener el sistema con las actuales tasas de natalidad. En su opinión, el objetivo debe ser atraer perfiles que contribuyan a elevar la productividad y combinar el crecimiento demográfico con un incremento de la inversión y de la productividad. Para ello, vuelve a considerar esencial disponer de un marco jurídico que facilite la llegada de capital privado. En materia de Defensa y Seguridad, el nuevo Ejecutivo tendrá que afrontar los compromisos adquiridos por España, especialmente los relacionados con las inversiones y las capacidades que exige la OTAN, según señala Rosa Vidal. En el ámbito laboral, Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy, sitúa entre las prioridades el refuerzo de las políticas activas de empleo para favorecer un mercado laboral más dinámico mediante la formación y una mejor adaptación a las necesidades de las empresas. En el terreno normativo, plantea simplificar y actualizar la legislación para adaptarla a los cambios económicos y sociales, así como conceder un mayor protagonismo a la negociación colectiva y reducir el peso de la regulación legal y reglamentaria cuando esta no resulte necesaria para garantizar el equilibrio entre trabajadores y empresas. Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, reclama además recuperar la integración de Trabajo y Seguridad Social en un único ministerio, al considerar negativa la experiencia de su separación. También pide abordar el absentismo como una cuestión de Estado y defiende que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social puedan participar en la tramitación de las altas en los procesos de incapacidad temporal, siempre con las correspondientes garantías para los trabajadores. Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), su decano, Eugenio Ribón, reclama que el colectivo profesional tenga una mayor participación en la elaboración de las normas. Considera que los abogados, por su contacto diario con la aplicación de la legislación, pueden detectar anticipadamente problemas, contribuir a mejorar las leyes y favorecer una regulación más eficaz y una mejor Administración de Justicia. Precisamente, el funcionamiento de la Justicia figura también entre las preocupaciones del sector. Michavila reclama preservar la independencia judicial y la neutralidad de los órganos e instituciones del Estado, además de garantizar la aprobación anual de los Presupuestos Generales del Estado. También plantea una reforma de la legislación electoral para evitar, en su opinión, situaciones en las que un Gobierno pueda depender del apoyo de formaciones minoritarias tras unas elecciones.

READ MORE

(El País, 06-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Consejo de Ministros aprobará unos decretos de vivienda similares a los que cayeron para que los vote la Diputación Permanente

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana nuevos decretos en materia de vivienda, similares pero no idénticos a los que fueron rechazados por el Congreso el pasado viernes. El Gobierno continúa trabajando en la redacción definitiva y pretende que las nuevas medidas puedan ser convalidadas por la Diputación Permanente, donde Junts no tendría capacidad para bloquearlas. Si el PNV mantiene su respaldo, podría salir adelante el denominado "decreto Maricarmen", que establece la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, mientras que el segundo decreto, que plantea una mayor duración de los contratos de alquiler, tendría más dificultades. El Ejecutivo descarta recuperar exactamente los mismos textos, ya que fueron rechazados por el Pleno del Congreso y su posterior convalidación por un órgano de menor tamaño podría plantear dudas jurídicas. Por ello, estudia introducir modificaciones que permitan presentar nuevas versiones, aunque esto obligaría también a renegociar su contenido con los distintos grupos parlamentarios. Una de las principales incógnitas es cómo recuperar las medidas incluidas en los decretos que decayeron tras la votación parlamentaria. La Moncloa analiza las distintas alternativas jurídicas para mantener el mayor número posible de disposiciones, especialmente las relacionadas con el escudo frente a los desahucios, que contaba con el respaldo previo del PNV, Coalición Canaria y Junts, según el Ejecutivo. El adelanto electoral tampoco impediría al Gobierno aprobar nuevamente estas medidas, ya que hasta la celebración de las elecciones el Ejecutivo mantendría todas sus competencias. Sin embargo, con las Cortes disueltas, la convalidación de los decretos correspondería a la Diputación Permanente en lugar del Pleno. Este cambio facilitaría las opciones del Gobierno, ya que el voto de Junts dejaría de ser determinante. La Diputación Permanente está formada por 69 miembros y requiere 35 votos para alcanzar la mayoría absoluta. El PSOE cuenta con 25 representantes y Sumar con otros seis, por lo que necesitarían cuatro apoyos adicionales. El respaldo de EH Bildu, ERC, Podemos y PNV sería suficiente para aprobar el primer decreto, todos ellos grupos que ya votaron a favor de esta iniciativa en el Congreso. En cambio, el segundo decreto no tendría los apoyos necesarios si el PNV mantiene su rechazo.

READ MORE

(El Economista, 06-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El adelanto electoral deja en el aire las ayudas al carburante, los descuentos al transporte y la Ley de Movilidad

El adelanto de las elecciones generales deja sobre la mesa numerosos asuntos pendientes en el Ministerio de Transportes, especialmente en materia de ayudas al sector y de desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible. La convocatoria electoral no supone la paralización automática de la actividad del departamento, por lo que obras, licitaciones y determinados procedimientos administrativos continuarán su curso. Sin embargo, quedan en una situación de mayor incertidumbre aquellas decisiones que requieren nuevas normas, respaldo presupuestario o una definición política. Además, el calendario añade presión, ya que varias medidas relevantes para el sector tienen su fecha de vencimiento en diciembre o al cierre del ejercicio. Una de las principales incógnitas es qué sucederá con las ayudas al transporte a partir del 1 de enero de 2027. El actual sistema de bonificaciones y apoyo al combustible está prorrogado hasta el 31 de diciembre y las empresas reclaman conocer cuanto antes si se mantendrá. El sector advierte de que la retirada de estas ayudas podría trasladar parte del incremento de costes a los usuarios, en un contexto todavía marcado por la inflación. La incertidumbre afecta tanto al transporte por carretera como a los trenes de viajeros de Renfe que circulan por líneas sin electrificar y al transporte ferroviario de mercancías, que tiene pendiente la nueva convocatoria de eco-incentivos y las compensaciones a los operadores por las perturbaciones ocasionadas por las obras de Adif. También está en juego la continuidad de las bonificaciones al transporte público. El actual sistema contempla descuentos en los abonos recurrentes de los servicios urbanos e interurbanos, Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional, además de reducciones en Avant y en los servicios estatales de autobús. Aunque estas medidas están contempladas en la previsible prórroga presupuestaria, será necesario resolver su continuidad antes de que finalice el año. El sector teme que una decisión tardía provoque problemas de financiación o eleve las tarifas para los usuarios, que podrían asumir incrementos de hasta el 50% si los descuentos no se mantienen. La situación cobra especial relevancia en un momento en el que los precios de los carburantes siguen elevados. La Ley de Movilidad Sostenible constituye otro de los grandes asuntos pendientes. La norma entró en vigor en diciembre de 2025, pero todavía necesita un amplio desarrollo reglamentario, especialmente para poner en funcionamiento el sistema de gobernanza de la movilidad. Entre sus elementos figuran el Foro Territorial de Movilidad Sostenible y el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, concebidos para coordinar la actuación del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De este desarrollo depende también el avance del Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS), que Transportes ha sometido recientemente a información pública y que deberá servir de referencia para que las administraciones planifiquen y gestionen el transporte. La propia ley establece además varios plazos que difícilmente podrán cumplirse con el actual calendario político. Antes del 5 de diciembre debía desarrollarse la regulación sobre el acceso de las plataformas de venta de billetes a la oferta de los operadores de transporte, así como los mecanismos de supervisión y resolución de conflictos de la CNMC. Se trata de una normativa relevante para el denominado ticketing multimodal. También permanecen pendientes otros desarrollos relacionados con el Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal, el sandbox de innovación, los planes de movilidad sostenible al trabajo y el Espacio de Datos Integrado de Movilidad. Ese mismo 5 de diciembre concluye el plazo previsto para establecer una metodología común de cálculo de las emisiones contaminantes generadas por el transporte aéreo y marítimo. Vinculado al sistema de ayudas se encuentra también el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO). Aunque el fondo ya está contemplado en la legislación, su puesta en funcionamiento efectiva requiere que los Presupuestos Generales del Estado incorporen su primer presupuesto de explotación y de capital. Sin unas nuevas cuentas públicas y sin el desarrollo de sus bases reguladoras, el instrumento no podrá desplegar plenamente las ayudas previstas para el transporte público y los proyectos de movilidad sostenible. En el transporte por carretera, el adelanto electoral deja igualmente en suspenso varias reformas reclamadas por el sector. Entre ellas figura la jubilación anticipada de los conductores profesionales, cuya tramitación estaba pendiente de culminar. También queda en una situación incierta el proyecto del Ministerio de Trabajo para establecer un segundo registro horario adicional al tacógrafo. A ello se suma la interrupción de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley destinado a consolidar la cláusula de indexación del precio de los carburantes, inicialmente aprobada mediante el Real Decreto-ley 9/2026. Los transportistas autónomos afrontan además una cuestión de carácter fiscal que requiere una solución antes de que termine el año: la aprobación de una norma con rango de ley que garantice la continuidad del régimen de módulos durante 2027. El sector también tiene pendientes cuestiones relacionadas con el marco europeo del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y con la incorporación de conductores procedentes de terceros países que cumplan los requisitos de cualificación y seguridad. A estos asuntos se añaden otros de mayor recorrido, como el futuro modelo de financiación y conservación de la red viaria y las ayudas destinadas al abandono de la actividad. En el ámbito ferroviario, además de las ayudas pendientes, queda por completar una reforma normativa de gran alcance. Transportes debe desarrollar el nuevo Reglamento del Sector Ferroviario, que sustituirá al vigente desde 2004 y que continúa siendo el principal desarrollo reglamentario del sector pese a que la Ley 39/2003 que le dio origen fue reemplazada por la Ley 38/2015. El nuevo texto deberá adaptar la regulación a los cambios legislativos y a las exigencias europeas de los últimos años. También queda por definir el futuro modelo de liberalización de los servicios ferroviarios considerados Obligaciones de Servicio Público, que afectan directamente a Cercanías, Media Distancia y Avant actualmente operados por Renfe y que podrían quedar abiertos a otros operadores. La situación es diferente en el sector aéreo, que afronta el cambio político con buena parte de sus principales tareas completadas. La aprobación del tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) ha fijado el marco de inversiones de Aena para el periodo 2027-2031, por lo que el adelanto electoral no altera, en principio, su planificación económica. Sí queda paralizada la tramitación parlamentaria de la proposición de ley impulsada desde Baleares para ampliar la capacidad de decisión de las instituciones autonómicas sobre los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca. Junto a esta cuestión permanecen otros desarrollos de menor alcance, como las metodologías para evaluar las inversiones en carreteras, la coordinación entre el transporte por carretera y el ferrocarril o la planificación de carriles reservados para el transporte público y para vehículos de alta ocupación o de cero emisiones.

READ MORE

(Cinco Días, 05-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación en la zona euro sube hasta el 3,8%, el máximo nivel en los últimos tres años

La inflación vuelve a ganar fuerza en la zona euro y alcanzó el 3,8% en septiembre, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía. Según los datos publicados por Eurostat, se trata de la tasa más elevada de los últimos tres años y supone un notable incremento frente al 3,2% registrado en agosto. El contexto, sin embargo, es diferente al de entonces: mientras hace tres años los precios comenzaban a moderarse después del fuerte repunte provocado por la invasión rusa de Ucrania, ahora vuelven a subir como consecuencia de las tensiones en Oriente Próximo y del impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz sobre los mercados energéticos. La energía vuelve a situarse en el centro del repunte inflacionista. En la anterior crisis, el principal problema fue la reducción del suministro de gas procedente de Rusia, hasta entonces uno de los grandes proveedores de Europa. En la situación actual, el aumento de los precios responde sobre todo al encarecimiento del petróleo y al riesgo de que el conflicto en Oriente Próximo termine afectando al suministro de determinados combustibles. El desglose de los datos de Eurostat muestra que, por el momento, el repunte está concentrado fundamentalmente en los productos energéticos, cuyos precios han aumentado un 18,8% en el último año. El resto de componentes registra incrementos mucho más moderados. Los servicios, que constituyen el grupo de mayor peso y suelen reaccionar con cierto retraso a las variaciones energéticas, suben un 3,2%, mientras que los bienes industriales no energéticos apenas aumentan un 1,1%. Esta evolución permite explicar que la inflación subyacente se mantenga en el 2,2%. Este indicador excluye los componentes más volátiles de la cesta de consumo, principalmente la energía y determinados alimentos, y ofrece una imagen más estable de la evolución de los precios. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señaló recientemente ante el Parlamento Europeo que la institución mantiene su previsión de que la inflación termine situándose en torno al 2% a medio y largo plazo. Al mismo tiempo, reconoció que el impacto de los acontecimientos derivados del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha sido relevante y que el BCE debe tenerlo en cuenta a la hora de tomar sus decisiones de política monetaria. Por ahora, el organismo considera que la presión inflacionista sigue siendo relativamente contenida porque el incremento de los precios todavía no se ha trasladado de forma significativa a los salarios. Esta situación perjudica a los trabajadores al reducir su capacidad adquisitiva, pero también limita el riesgo de que se produzcan efectos de segunda ronda. Si las empresas no trasladan a sus precios unos costes laborales más elevados, se reduce la posibilidad de que se genere una nueva espiral de incrementos de precios. Pese a esta moderación, un nuevo repunte de la inflación podría llevar al BCE a endurecer nuevamente su política monetaria en los próximos meses. En la mayoría de los países de la zona euro, la inflación armonizada ya supera el 3%. Malta y Finlandia son las principales excepciones, mientras que Lituania registra la tasa más elevada, con un 6,1%. España se encuentra entre los países de la zona euro con una inflación superior al 5%, junto a economías como Luxemburgo, Chipre, Grecia y Bulgaria.

READ MORE

(Expansión, 05-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez inaugura el Congreso de la Empresa Familiar al que regresa después de ocho años

Pedro Sánchez inaugurará este lunes el XXIX Congreso del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), en lo que supondrá su regreso al encuentro empresarial ocho años después de su última participación, en 2018. El presidente del Gobierno intervendrá a las 9:30 horas, después de que durante el fin de semana haya analizado la situación política tras el rechazo del Congreso de los Diputados a los dos reales decretos relacionados con vivienda. Desde Moncloa señalaron el viernes que Sánchez estaría atento a la respuesta ciudadana durante el fin de semana antes de decidir si adelanta las elecciones generales. En la apertura del Congreso, que tendrá lugar en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, Sánchez estará acompañado por Eloi Planes, presidente del IEF y de Fluidra, que asumió el cargo el pasado mes de mayo. La inauguración estará precedida este domingo por una recepción oficial en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, Verónica García. Tras la intervención del presidente del Gobierno está prevista la participación del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que mantendrá una conversación con Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera y antiguo presidente del IEF. El Rey no participará en esta edición debido a que las fechas del Congreso coinciden con el viaje de Estado que realizará a Finlandia a partir de este lunes. El encuentro empresarial se celebrará durante los días 5 y 6 de octubre y reunirá a más de 700 participantes, entre representantes institucionales, empresarios y expertos. Entre los ponentes figuran el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo; el consejero delegado del Santander, Héctor Grisi; el consejero delegado de Ingka Group, propietario de Ikea, y el exvicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos. La inteligencia artificial será uno de los principales asuntos de debate durante el Congreso. El IEF abordará su incorporación a los modelos de negocio y su impacto en la sociedad, mientras que la jornada del lunes concluirá con una intervención de Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google. También se analizará la denominada soberanía tecnológica en una conversación entre Emilio Gayo y José Luis Blanco, director general ejecutivo del IEF, dentro de un programa que pretende abordar los principales retos a los que se enfrentan actualmente las empresas familiares y la economía española.

READ MORE

(El País, 05-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cuerpo asegura que España agota “en plazo” el plan de recuperación europeo a falta de que Bruselas lo audite

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha actualizado los datos relativos a la ejecución del Plan de Recuperación Europeo, cuyo periodo de aplicación finalizó el pasado 31 de agosto y del que todavía queda pendiente el desembolso correspondiente a la última solicitud presentada por España a finales de septiembre. Según explicó en sede parlamentaria, hasta el 31 de agosto las distintas administraciones habían asignado 79.854 millones de euros y se habían abonado alrededor de 96.000 millones a los beneficiarios, de acuerdo con la información de la Intervención General de la Administración del Estado. Además, las convocatorias ya resueltas alcanzaban los 72.030 millones de euros, una cifra que representa más del 90% de los recursos previstos en el programa. El Gobierno queda ahora a la espera de que la Comisión Europea revise y valide los gastos acreditados y autorice la última petición de fondos, que asciende a 25.861 millones de euros, principalmente en forma de transferencias. Cuerpo ha destacado que las diferentes fases del programa se han ido completando dentro de los plazos establecidos y ha señalado que la recta final exige un esfuerzo adicional por parte de la Administración. La documentación remitida deberá someterse ahora a una revisión detallada por parte de las autoridades europeas para comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos. La séptima y última solicitud de pago comprende la evaluación de 148 hitos y objetivos, aproximadamente un 30% del total fijado para España. En conjunto, el volumen de transferencias asociado al plan alcanza los 101.300 millones de euros. En caso de que Bruselas valide íntegramente la documentación presentada, España habría completado la totalidad de los objetivos vinculados a las transferencias del programa. No obstante, en anteriores solicitudes ya se han producido discrepancias con la Comisión Europea, especialmente en relación con determinados compromisos asociados a reformas legislativas que finalmente no obtuvieron suficiente respaldo parlamentario. Por lo que respecta a los préstamos incluidos en el Plan de Recuperación, el grado de ejecución alcanza aproximadamente el 98%, con un total de 11.532 millones de euros. El programa contemplaba inicialmente una cantidad de financiación mediante créditos similar a la prevista para las subvenciones. Sin embargo, el Gobierno decidió finalmente renunciar a una parte importante de estos préstamos, argumentando que existía una menor demanda del sector privado y que las empresas y administraciones podían acceder a otras fuentes de financiación en condiciones favorables sin quedar sujetas a las obligaciones específicas del mecanismo europeo. Esta decisión ha generado críticas tanto entre algunos socios del Ejecutivo como entre los grupos de la oposición, que cuestionan que España haya renunciado a una parte significativa de los recursos inicialmente disponibles. El calendario previsto establece que la Comisión Europea podría emitir una evaluación preliminar hacia mediados de noviembre. Posteriormente, el expediente deberá pasar por el Consejo antes de que pueda efectuarse el desembolso, que el Gobierno confía en recibir antes del 31 de diciembre. Durante su intervención, Cuerpo también puso el acento en el efecto transformador que, a juicio del Ejecutivo, ha tenido el Plan de Recuperación sobre la economía española. El programa ha supuesto una de las mayores iniciativas de inversión impulsadas hasta ahora por la Unión Europea y ha canalizado recursos hacia numerosos sectores y proyectos. Según los análisis económicos citados por el vicepresidente, el potencial de crecimiento de la economía española a medio y largo plazo habría aumentado respecto a la situación existente antes de la llegada de los fondos europeos. El Gobierno también destaca el avance registrado por España en su proceso de convergencia económica con otros países de la Unión durante los últimos años, así como los cambios observados en el mercado laboral. Entre ellos figura un aumento del peso de los empleos relacionados con actividades tecnológicas, científicas y de mayor cualificación. Otro de los aspectos señalados ha sido el alcance del programa entre el tejido empresarial. Según datos del Banco de España citados por Cuerpo, aproximadamente una de cada cinco empresas españolas habría solicitado algún tipo de financiación procedente de estos fondos. Pese a estos resultados, el despliegue del plan también ha recibido críticas. Algunos especialistas consideran que la capacidad para movilizar inversión privada ha sido inferior a la inicialmente prevista y señalan que una parte importante de los recursos se ha concentrado en proyectos basados en fórmulas de coinversión. También se ha cuestionado que la participación de las comunidades autónomas haya sido menor de lo esperado en determinadas fases del programa. El final del plazo oficial de ejecución no implica, sin embargo, la desaparición inmediata de todos los recursos asociados al plan. Una parte de los fondos se ha destinado a un vehículo de inversión gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, que contará con 13.300 millones de euros y que pretende utilizar estos recursos como base para atraer financiación adicional. Entre las principales áreas de actuación previstas figura el impulso de proyectos destinados a aumentar la oferta de vivienda asequible. El objetivo es movilizar hasta 23.000 millones de euros mediante distintas fórmulas de financiación e inversión canalizadas a través del ICO.

READ MORE

(La Vanguardia, 05-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Miles de personas vuelven a manifestarse por la vivienda en varias ciudades tras la no aprobación de los dos reales decretos

Las movilizaciones por la vivienda han continuado este domingo en distintas ciudades españolas, entre ellas Bilbao, Oviedo, Almería, Badajoz, Salamanca y Cuenca, después de las protestas celebradas el día anterior. Las convocatorias, impulsadas por organizaciones de inquilinos, reclaman medidas frente al encarecimiento de la vivienda y mantienen sobre la mesa la posibilidad de promover una huelga general. Las principales reivindicaciones se centran en una mayor estabilidad de los contratos de alquiler, la reducción de las rentas, el incremento del parque público de vivienda, medidas frente a los grandes fondos inmobiliarios y una mayor protección ante los desahucios. Durante las concentraciones se han repetido también mensajes críticos con las políticas desarrolladas hasta ahora en materia de vivienda. En Salamanca, la manifestación reunió a unas 2.000 personas según las estimaciones policiales y se desarrolló sin incidentes. En Badajoz participaron alrededor de 500 personas pese a la lluvia, mientras que en Bilbao, Oviedo y Almería las concentraciones volvieron a incorporar llamamientos a continuar e intensificar las movilizaciones. Las protestas se han extendido además a otras ciudades como Logroño, Murcia, Teruel, Córdoba y Ourense, mientras que en Pontevedra está prevista una nueva convocatoria. Paralelamente, se mantienen diferentes acampadas relacionadas con estas reivindicaciones, entre ellas las de Valencia y Madrid. En la Puerta del Sol de Madrid, la acampada alcanzaba ya una semana de duración, mientras que en Valencia cientos de personas habían instalado tiendas en las inmediaciones del Ayuntamiento. Estas acciones pretenden mantener la presión social sobre un problema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas, especialmente por el aumento de los precios de compraventa y alquiler y la insuficiencia de la oferta en determinadas zonas. Las movilizaciones se producen además tras el rechazo parlamentario de los dos reales decretos-ley impulsados por el Gobierno en materia de vivienda. La caída de estas normas ha incrementado la tensión política y social alrededor del mercado residencial y ha reforzado las convocatorias de los colectivos de inquilinos, que reclaman nuevas medidas para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda.

READ MORE

(El Periódico, 05-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez convoca Consejo de Ministros para disolver el Gobierno y convocar elecciones el 29 de noviembre

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha decidido disolver las Cortes y convocar elecciones para el próximo 29 de noviembre. "Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente (...) Debemos movilizarnos y que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista" "Por eso, tras informar al Jefe del Estado he decidido disolver las Cortes y convocar elecciones el domingo 29 de noviembre". Sánchez agradeció la "generosidad" de otras fuerzas parlamentarias que han construido "acuerdos en beneficio de la mayoría social". "Sé que en parte de esa mayoría social hay insatisfacción, que les indigna cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos, sé que nosotros también hemos cometido errores y no hemos hecho todo lo que nos proponíamos, quedan muchas injusticias". También aseguró que España ha "duplicado" la ayuda a la cooperación internacional. "Todo eso ha convertido a España en un referente mundial de paz, feminismo y prosperidad y cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales de un gobierno democrático en nuestro país". "Hemos aprobado medidas viviendas para el derecho a la vivienda (...) Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y al tiempo nos hemos esforzado por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y el resto de la humanidad, apoyando a Ucrania, la UE y la ONU en sus momentos más oscuros, denunciando a genocidas cuando otros callaban". Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para hoy para disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones el día 29 de noviembre. Aprovechó su aparición para repasar estos 3 años al frente del Gobierno de coalición. "España se ha convertido en la economía que más crece y más empleo crea de toda la UE", "los niveles de desigualdad y pobreza han caído al mínimo (...) Hemos logrado ampliar becas, permisos maternidad, ayudas a dependencia y cartera servicios del Sistema de Salud, y una modernización de nuestra industria (...) Hemos acelerado uno de los principales problemas, el escaso desarrollo de la transformación energética". También recalcó que su Gobierno "ha transferido a los gobiernos autonómicos más recursos que nunca para invertir en sanidad, educación, construir vivienda, y ellos han comprado áticos y privatizado hospitales". "Hace más de tres años las urnas y el Congreso decidieron volver a apostar por un gobierno de coalición progresista para que España siguiera avanzando por la senda de la ambición y la justicia social, lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado afrontar emergencias inéditas". "Hemos tenido que trabajar también con un Congreso muy bronco (...) Hemos tenido que afrontarlos con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática, sin ningún sentido de Estado". El presidente ha pedido a la ciudadanía elegir entre una "coalición ultraderechista" o un parlamento con mayoría progresista para "seguir avanzando".

READ MORE

(Cinco Días, 02-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sorpresa y buenas sensaciones en la industria financiera ante un producto que esperaba desde hace meses

La publicación en el BOE de las denominadas cuentas Financia Europa ha sido bien recibida por bancos, aseguradoras, gestoras de activos y distintos organismos vinculados a los mercados financieros. Se trata de un nuevo instrumento con ventajas fiscales destinado a fomentar que los particulares inviertan en acciones y otros activos relacionados con empresas y mercados de la Unión Europea. La iniciativa se viene desarrollando desde hace aproximadamente dos años y tiene su origen en las propuestas formuladas en el informe elaborado por Mario Draghi sobre la competitividad europea. Entre sus planteamientos figuraba la necesidad de impulsar los mercados de capitales de la Unión y favorecer que una mayor parte del ahorro de los ciudadanos europeos se destine a financiar empresas del propio continente. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha participado activamente en el desarrollo de esta propuesta. En junio de 2025 presentó, junto con representantes de otros cinco países, la iniciativa Finance Europe, que posteriormente ha terminado incorporándose al ordenamiento español a través de un real decreto-ley que todavía debe ser convalidado por el Congreso. La inclusión de estas cuentas dentro del paquete normativo sobre vivienda no había sido anticipada por buena parte del sector financiero. Algunas entidades consideraban incluso que la medida tendría dificultades para aprobarse durante la actual legislatura. Su futura aplicación dependerá ahora de la convalidación parlamentaria de la norma y del posterior desarrollo reglamentario mediante la correspondiente orden ministerial. Una vez completados estos trámites, las entidades financieras podrán comenzar a diseñar y comercializar productos acogidos al régimen Financia Europa. Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores se considera que este instrumento puede contribuir a dinamizar los mercados de capitales y facilitar el acceso de los pequeños inversores a productos vinculados a la inversión europea. Entre sus características destaca una estructura relativamente sencilla y la incorporación de incentivos fiscales dirigidos especialmente a inversiones mantenidas a medio y largo plazo. Las cuentas permitirán realizar inversiones de hasta 150.000 euros en acciones de compañías europeas cotizadas y en determinados fondos de inversión con una exposición significativa a los mercados europeos. Una de sus principales ventajas será que las operaciones de compra y venta realizadas dentro de la propia cuenta no generarán tributación inmediata. Además, cuando la inversión permanezca durante un periodo mínimo de cinco años, los primeros 10.000 euros de las ganancias obtenidas en el momento de la venta quedarán exentos de tributación. El objetivo de este tratamiento fiscal es favorecer una mayor permanencia de las inversiones y orientar el ahorro particular hacia empresas y activos europeos. La regulación incorpora también una modalidad aseguradora denominada Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo Financia Europa. En este caso, los particulares podrán realizar aportaciones de hasta 10.000 euros anuales, frente al límite de 5.000 euros previsto actualmente para este tipo de productos. Si la inversión se mantiene durante al menos cinco años, las plusvalías generadas quedarán exentas de tributación. A diferencia de la cuenta de inversión, esta modalidad ofrece al ahorrador una menor capacidad para decidir directamente sobre los activos concretos en los que se invierte, ya que la gestión se articula a través de productos aseguradores de ahorro. Una vez que el decreto sea convalidado y el Ministerio de Economía apruebe las disposiciones necesarias para su desarrollo, las entidades financieras y aseguradoras podrán comenzar a estructurar su oferta bajo el sello Financia Europa. También deberán concretarse los fondos de inversión que podrán incorporarse a estas cuentas. La CNMV dispondrá de un plazo de cuatro meses para elaborar una relación de los productos que cumplan los requisitos establecidos. Entre esas condiciones figura que los fondos mantengan como mínimo un 50% de su patrimonio invertido en Bolsa y que al menos un 70% de su cartera se encuentre colocado en activos de la Unión Europea, tanto de renta variable como de renta fija. En la práctica, un inversor que quiera adquirir acciones de sociedades cotizadas españolas o europeas podrá hacerlo dentro de una cuenta Financia Europa siempre que la entidad financiera con la que opere haya habilitado previamente este servicio. De este modo, las operaciones realizadas podrán beneficiarse del tratamiento fiscal previsto por la nueva normativa. La gestión de estas cuentas podrá ser realizada por entidades de crédito, agencias y sociedades de valores y empresas de asesoramiento financiero habilitadas para ello. La normativa establece además determinadas limitaciones sobre el dinero que permanezca sin invertir. En la cuenta operativa utilizada para realizar las compras y ventas de activos no podrán mantenerse más de 1.500 euros en efectivo. Con esta restricción se pretende que la mayor parte de los fondos depositados se destinen efectivamente a inversiones y contribuyan a canalizar ahorro hacia la financiación de la economía europea.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF