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(Expansión, 03-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los bancos españoles reclaman a bufetes y asesorías rebajas de tarifas por la IA

Los bancos españoles están empezando a replantearse el coste de los servicios que externalizan a bufetes de abogados, auditoras y consultoras a medida que la inteligencia artificial gana presencia en estas actividades. Algunas entidades están negociando una reducción de las tarifas o, alternativamente, una ampliación de los servicios recibidos cuando los proveedores utilizan herramientas de IA para mejorar su productividad. El objetivo es contener los costes en un contexto en el que el gasto tecnológico de las entidades continúa aumentando, al tiempo que se busca elevar la eficiencia. Esta estrategia todavía es incipiente en España, pero ya está más avanzada en Estados Unidos, donde grandes bancos de Wall Street como Goldman Sachs, Morgan Stanley o Citi han alcanzado acuerdos con despachos jurídicos para ajustar sus honorarios al considerar que la IA permite realizar determinadas tareas de forma más rápida. El modelo tradicional de la abogacía, basado en facturar por horas trabajadas, empieza así a verse cuestionado por las ganancias de productividad que aporta esta tecnología. En España, algunas entidades ya están trasladando estas nuevas exigencias a sus proveedores. Hay bancos que consideran que las herramientas de IA son capaces de realizar análisis preliminares o ejercicios de comparación entre entidades con un nivel similar al de técnicos y analistas. Por ello, reclaman que esa mayor productividad se traduzca en más servicios, como automatizaciones para supervisar proyectos o un mayor número de propuestas y alternativas. Cuando el proveedor no ofrece un incremento de las prestaciones, la opción que se plantea es renegociar los honorarios. La expansión de la IA también está favoreciendo que algunas entidades internalicen trabajos que hasta ahora encargaban a despachos externos, especialmente en procesos como las due diligence. Mientras los asuntos jurídicos más complejos continúan en manos de asesores externos, las tareas repetitivas o de menor valor añadido pueden pasar a realizarse dentro del propio banco con ayuda de estas herramientas. Este cambio está provocando, en determinados casos, una revisión del importe global de las facturas. De hecho, algunos clientes financieros ya incorporan en contratos vinculados a operaciones de fusiones y adquisiciones cláusulas que contemplan una reducción de los honorarios cuando el despacho utiliza inteligencia artificial durante la operación. Sin embargo, esta práctica todavía no se ha generalizado entre las entidades españolas. Otros bancos ponen el foco en el valor adicional que puede aportar la tecnología y no tanto en conseguir una rebaja de precios. Desde esta perspectiva, la IA permite mejorar la precisión de determinados análisis, ampliar la capacidad de búsqueda y aumentar el grado de especialización del servicio. Los proveedores de servicios profesionales, por su parte, defienden precisamente el argumento contrario. Algunas firmas han incrementado sus tarifas porque consideran que las inversiones realizadas en tecnología han elevado la calidad y sofisticación de sus servicios. Su posición es que los clientes ya no están pagando únicamente por horas de trabajo, sino por análisis y búsquedas apoyados en herramientas avanzadas que permiten obtener resultados más precisos y especializados.

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(El País, 03-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España apurará el plazo hasta finales de mes para pedir el último pago de los fondos europeos de recuperación

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles en Bruselas que España solicitará a finales de septiembre el séptimo y último desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ejecutivo apurará de esta forma el calendario establecido por la Unión Europea para que los Estados miembros reclamen los fondos pendientes, cuyo plazo finaliza el 30 de septiembre. La solicitud tendrá un importe cercano a los 26.000 millones de euros, de los que 21.462 millones corresponderán a transferencias no reembolsables y otros 4.400 millones a préstamos en condiciones favorables. Para que la Comisión Europea dé luz verde a este último pago, España tendrá que acreditar el cumplimiento de 148 hitos y objetivos cuyo plazo de ejecución concluyó el pasado 31 de agosto. A partir de esa fecha ya no es posible añadir nuevas actuaciones al programa, por lo que el trabajo del Gobierno se centra ahora en reunir la documentación necesaria y elaborar la certificación que Bruselas deberá analizar. La Comisión determinará entonces si España ha cumplido los compromisos y qué cantidad concreta corresponde desembolsar, ya que podrá aplicar recortes si aprecia incumplimientos parciales de las reformas previstas. El plazo para efectuar las transferencias se extiende hasta el 31 de diciembre, fecha límite fijada por el calendario europeo. Este séptimo tramo pondrá punto final a un programa que ha supuesto una inyección extraordinaria de recursos comunitarios para España. Hasta ahora, el país ha recibido unos 78.000 millones de euros a través de seis desembolsos: alrededor de 61.000 millones en ayudas a fondo perdido y más de 17.000 millones en préstamos que deberán ser devueltos. Si Bruselas considera satisfechos todos los requisitos del último tramo, España habrá captado más de 100.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes de que finalice 2026. El programa comenzó a gestarse en julio de 2020, aunque su puesta en marcha formal se produjo en la primavera de 2021, como respuesta europea a la crisis económica provocada por la pandemia. Durante estos años, la utilización de los fondos ha evolucionado de forma desigual en función del tipo de financiación. Mientras las subvenciones han avanzado a un ritmo elevado, la utilización de los créditos europeos ha quedado muy por debajo de las expectativas iniciales. En 2023, el Gobierno preveía solicitar más de 80.000 millones de euros en préstamos europeos. Finalmente, la cifra se situará en torno a los 21.500 millones, lo que implica dejar sin utilizar aproximadamente el 75% del volumen de crédito que estaba disponible. La principal razón es la menor demanda de estos recursos. El Tesoro ha podido financiarse en los mercados en condiciones competitivas, reduciendo así el atractivo de los préstamos comunitarios, mientras que las empresas han mostrado un interés limitado debido, entre otros factores, a los trámites administrativos asociados a estas líneas de financiación. Las dificultades para sacar adelante determinados compromisos también han estado condicionadas por la situación parlamentaria. Uno de los ejemplos más significativos es la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, una medida pactada con Bruselas que el Gobierno ya ha reconocido que no podrá cumplir en los términos inicialmente previstos. En esta fase final, las conversaciones con la Comisión Europea están centradas en el cierre del programa. El Ministerio de Economía trabaja además en simplificar los procedimientos de comprobación de los últimos hitos y objetivos para agilizar el análisis de los expedientes y evitar que el elevado volumen de documentación pendiente termine retrasando el desembolso. El impacto económico del Plan de Recuperación continúa siendo objeto de discusión. El Gobierno defiende que los fondos europeos han contribuido de manera relevante al crecimiento de la economía española. Esta tesis cuenta también con el respaldo de organismos de análisis como Funcas, que estima que los recursos europeos explicaron entre el 10% y el 14% del crecimiento medio anual del PIB registrado entre 2021 y 2025. Las críticas se concentran principalmente en la gestión del programa y en el grado de participación de los distintos agentes. Algunos analistas y el principal partido de la oposición han cuestionado que las comunidades autónomas y el tejido empresarial hayan tenido un papel suficientemente relevante en la ejecución de las inversiones financiadas con estos recursos. La principal incertidumbre se trasladará ahora a 2027, cuando desaparezca esta fuente extraordinaria de financiación europea. El Ejecutivo teme que el final del programa pueda provocar una pérdida de ritmo en la inversión precisamente cuando España deberá volver a ajustarse plenamente a las reglas fiscales europeas. Estas normas limitarán el crecimiento del gasto público y obligarán a reducir progresivamente tanto el déficit como la deuda. A este escenario se añade un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, especialmente por la guerra en Oriente Próximo y la ausencia de perspectivas claras de una solución a corto plazo. Para tratar de mantener el impulso inversor una vez finalizado el programa europeo, el Gobierno ha puesto en marcha España Crece, un fondo de coinversión público-privada gestionado por el Instituto de Crédito Oficial. El instrumento dispondrá inicialmente de 10.500 millones de euros procedentes de los recursos sobrantes del Plan de Recuperación y pretende movilizar hasta 120.000 millones de euros durante la próxima década mediante la participación conjunta de inversores públicos y privados, tanto nacionales como internacionales.

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(El País, 03-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez convocará a patronal y sindicatos para un pacto nacional sobre inteligencia artificial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto convocar en las próximas semanas a las organizaciones empresariales y sindicales para abrir una negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo tripartito sobre inteligencia artificial. Así lo anunció este miércoles el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la clausura en Santander del 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic. El Ejecutivo quiere integrar este acuerdo en un pacto nacional que establezca las bases para la implantación de la inteligencia artificial en el tejido productivo español. La iniciativa pretende aprovechar el potencial económico de estas tecnologías y, al mismo tiempo, reducir los riesgos asociados a su incorporación en los diferentes sectores de actividad. La negociación entre Gobierno, empresarios y sindicatos será el eje central del proyecto. Posteriormente, está previsto ampliar el diálogo a expertos y representantes de la sociedad civil, así como de sectores como la industria, la sanidad y la educación. Según Cuerpo, incorporar el diálogo social a la estrategia de desarrollo de la inteligencia artificial permitirá garantizar que las ganancias derivadas del aumento de la productividad se repartan de forma equilibrada. El ministro ha explicado que el futuro acuerdo abordará cuestiones regulatorias, laborales, financieras y de infraestructuras con el propósito de orientar la transición tecnológica. El Ejecutivo pretende situar la seguridad de los ciudadanos "en el centro del proceso" y asegurar que los beneficios generados por la inteligencia artificial se distribuyan "de manera justa entre la ciudadanía". En materia de gobernanza digital, Cuerpo ha advertido de que la evolución hacia un escenario económico favorable dependerá, entre otros factores, de "quién va a controlar esta tecnología" y de "quién va a ser capaz de capturar las ganancias" asociadas a su desarrollo. A su juicio, las decisiones relacionadas con la inteligencia artificial son "decisiones de país" que requieren, además, una estrategia coordinada en el ámbito europeo. Por otro lado, el ministro de Economía no ha confirmado que el Consejo de Ministros vaya a aprobar durante septiembre el nuevo registro horario. Cuerpo ha señalado que el Gobierno tramitará la norma "cuanto antes" y ha explicado que el Ministerio está introduciendo modificaciones en el proyecto impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de las observaciones formuladas por el Consejo de Estado. El Ejecutivo considera esta regulación una pieza "clave" para hacer efectiva la reducción de la jornada laboral. La incertidumbre sobre su aprobación mantiene, no obstante, la presión de los sindicatos CCOO y UGT, que han advertido de que podrían romper el diálogo social si la norma no sale adelante este mes.

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(El Economista, 03-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo fija los límites para anular un juicio por la mala defensa de un abogado de oficio

El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada el 29 de julio de 2026, establece los criterios que deben concurrir para que la pasividad, negligencia o los errores cometidos por un abogado de oficio puedan considerarse una vulneración efectiva del derecho de defensa y, en consecuencia, justificar la nulidad de un juicio penal. La resolución, de la que es ponente el magistrado Del Moral García, señala que no es suficiente con la mera designación formal de un abogado de oficio, sino que este debe desarrollar una actuación razonablemente efectiva. No obstante, advierte de que las deficiencias en la defensa deben ser especialmente evidentes para que los tribunales puedan intervenir. El Supremo destaca que el control judicial sobre la actuación de los abogados de oficio debe ejercerse de forma muy restrictiva, con el objetivo de preservar la independencia de la abogacía y evitar que los jueces interfieran en las decisiones estratégicas adoptadas por los profesionales. En este sentido, la sentencia analiza la doctrina de la defensa ineficaz, una materia para la que el ordenamiento español no establece un criterio regulatorio concreto y que, por ello, ha sido desarrollada fundamentalmente a través de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para determinar cuándo una defensa puede considerarse constitucionalmente inadecuada, la Sala recurre al denominado estándar Strickland, desarrollado por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1984 y utilizado como referencia para valorar la eficacia de la asistencia letrada. Este criterio exige acreditar dos circunstancias. Por un lado, que la actuación del abogado se apartó de los estándares objetivos de razonabilidad profesional y, por otro, que esa deficiencia tuvo una incidencia relevante en el procedimiento, de manera que, de no haberse producido, existía una probabilidad razonable de que el resultado hubiera sido sustancialmente distinto y más favorable para el acusado. La sentencia también advierte de que los tribunales no deben realizar una revisión retrospectiva excesivamente rigurosa de las decisiones adoptadas por los abogados. Un control de estas características podría limitar su libertad para diseñar la estrategia de defensa y favorecer actuaciones excesivamente conservadoras. Por ello, el Supremo parte de una fuerte presunción de que la actuación profesional se ajusta a los estándares exigibles y reclama una especial deferencia hacia las decisiones técnicas adoptadas por los letrados. Esta protección de la independencia profesional, sin embargo, no significa que cualquier actuación pueda considerarse suficiente. El Supremo recuerda que la defensa letrada no puede convertirse en una mera formalidad carente de contenido. Existen supuestos de inactividad absoluta e injustificada que pueden afectar directamente al derecho de defensa, como no aportar pruebas esenciales que estaban disponibles, no haber mantenido ningún contacto previo con el acusado, desconocer de forma manifiesta las circunstancias de la causa o no acudir a actuaciones procesales fundamentales. Cuando estas deficiencias resultan evidentes y existe una relación causal directa entre ellas y el resultado condenatorio, los tribunales tienen el deber de actuar para evitar una situación de indefensión y garantizar que el acusado disfrute de un proceso justo. La clave, por tanto, se encuentra en distinguir entre las decisiones estratégicas propias de la autonomía profesional del abogado y aquellas omisiones graves y manifiestas que privan al acusado de una defensa efectiva.

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(Cinco Días, 02-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC urge a las empresas a registrar sus alias a 15 días del bloqueo de SMS comerciales

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido este martes a empresas y organizaciones que registren sus alias comerciales antes del 15 de septiembre de 2026 para evitar que las compañías de telecomunicaciones bloqueen la identificación de sus mensajes SMS, MMS y RCS. El objetivo de esta medida es comprobar que los remitentes son legítimos y reforzar la lucha contra las estafas basadas en la suplantación de identidad. Las entidades disponen así de apenas 15 días para completar el proceso antes de que comience a aplicarse el nuevo sistema de filtrado. Según fuentes del sector, las grandes empresas de servicios, compañías energéticas, bancos, aseguradoras y operadores de telecomunicaciones ya han registrado mayoritariamente sus denominaciones en el registro habilitado para ello. La situación es diferente entre las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, donde el grado de inscripción es mucho menor. Entre las razones apuntadas figuran el desconocimiento de las nuevas obligaciones y las dificultades para gestionar adecuadamente sus canales de comunicación. La regulación alcanza a todas las entidades que utilizan identificadores alfanuméricos para enviar comunicaciones informativas o transaccionales a sus clientes, como nombres comerciales, denominaciones sociales o dominios de internet, en lugar de una numeración telefónica convencional. Entre los colectivos afectados se encuentran comercios, empresas de transporte, proveedores de servicios sanitarios y organismos de la Administración pública, que deberán realizar el trámite si quieren seguir mostrando su identidad comercial en los dispositivos de los destinatarios. Desde el 15 de septiembre, las operadoras bloquearán los SMS, MMS y RCS enviados mediante alias que no figuren en el Registro de Alias de la CNMC. También deberán impedir la llegada de mensajes identificados procedentes de operadores que no estén registrados en el sistema. Las empresas que no hayan completado el trámite podrán seguir comunicándose electrónicamente con sus clientes, pero sus mensajes se enviarán utilizando únicamente una numeración telefónica convencional y dejarán de mostrar el alias corporativo. El nuevo procedimiento administrativo tiene su origen en la Orden Ministerial aprobada el pasado 12 de febrero y en la Circular de la CNMC de 18 de marzo. Ambas disposiciones establecen las condiciones técnicas, los formatos y los mecanismos necesarios para vincular los identificadores alfanuméricos con sus respectivos remitentes dentro del Plan Antiestafas impulsado por el Gobierno. De esta manera, los operadores pueden comprobar que la identidad que aparece en pantalla pertenece realmente a la compañía responsable de la comunicación. El regulador también ha recomendado a las entidades que hayan recibido comunicaciones oficiales solicitando su inscripción que respondan con suficiente antelación para evitar posibles interrupciones en sus comunicaciones comerciales o informativas. En cualquier caso, las empresas que no completen el registro antes del 15 de septiembre podrán realizarlo posteriormente y recuperar así la posibilidad de enviar mensajes utilizando sus identificadores corporativos.

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(Cinco Días, 02-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las letras mejoran su interés con las alzas en los bonos y pagan el 2,846% a doce meses

Las expectativas de una posible subida de los tipos de interés por parte del BCE en su reunión de la próxima semana, ante la persistencia de la inflación, junto con el repunte generalizado de las rentabilidades de la deuda soberana y la preocupación creciente por la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, han elevado el coste de financiación del Tesoro español en la última subasta de letras a seis y doce meses. En las letras a doce meses, el Tesoro ha tenido que ofrecer un interés marginal del 2,846%, frente al 2,679% registrado en la subasta de agosto, lo que supone la rentabilidad más elevada desde septiembre de 2024 En el caso de las letras a seis meses, el rendimiento ha aumentado hasta el 2,641%, frente al 2,512% del mes anterior, situándose también en su nivel más alto desde diciembre de 2024. En este contexto, las letras vuelven a ganar atractivo entre los ahorradores más conservadores, aunque la rentabilidad que ofrecen sigue sin compensar completamente la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación En agosto, el aumento de los precios se ha acelerado hasta el 4,3%, impulsado principalmente por el encarecimiento de los carburantes Aun así, en un escenario de elevada volatilidad en los mercados de deuda, estos productos mantienen su condición de refugio para quienes buscan una rentabilidad relativamente segura. Los vencimientos más cortos de la deuda pública están menos expuestos a las fluctuaciones del mercado y, por ello, han sufrido en menor medida el incremento de las rentabilidades que se está produciendo en la renta fija, que se corresponde con una caída de los precios de los bonos Mientras las obligaciones a plazos más largos están registrando fuertes aumentos de sus rendimientos, hasta alcanzar en algunos casos niveles no vistos en décadas, la presión es considerablemente menor en los vencimientos más próximos Esta situación está contribuyendo a recuperar el interés de los inversores por las letras del Tesoro. En la última subasta, el Tesoro ha colocado 4.400 millones de euros en letras a doce meses, después de recibir solicitudes por un importe de 6.695,5 millones Entre las peticiones recibidas, 964 millones de euros procedieron de inversores particulares, una cifra similar a la del mes anterior que confirma el peso que estos productos mantienen dentro del ahorro más conservador El tipo marginal se situó finalmente en el 2,846%, frente al 2,679% anterior. Por su parte, en las letras a seis meses se adjudicaron 2.095,76 millones de euros, con una demanda que alcanzó 1,8 veces el importe ofrecido Los pequeños ahorradores solicitaron 706,77 millones de euros en este tramo El interés marginal quedó establecido en el 2,64%, por encima del 2,512% registrado en la subasta precedente.

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(El País, 02-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación en la eurozona se eleva al 3,3% en agosto impulsada por la energía

El encarecimiento de la energía, en un escenario geopolítico que lejos de apuntar a una solución amenaza con prolongar la guerra en Oriente Próximo, vuelve a ejercer presión sobre la inflación de la eurozona. El índice de precios aumentó hasta el 3,3% en agosto, desde el 2,9% registrado en julio, de acuerdo con la primera estimación publicada este martes por Eurostat. Con este nuevo repunte, la inflación acumula ya seis meses consecutivos por encima del objetivo del 2% establecido a medio plazo por el Banco Central Europeo (BCE). Febrero fue el último mes en el que se situó por debajo de ese umbral, antes de que el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán y el posterior bloqueo del estrecho de Ormuz dispararan los costes energéticos. Desde entonces, el aumento de los precios de la energía ha seguido trasladándose al coste de vida. El petróleo y el gas vuelven a explicar buena parte de este incremento. Según los datos de la oficina estadística comunitaria, si la estimación inicial se confirma, los precios de la energía habrían aumentado un 14,3% interanual en agosto, lo que supondría su mayor subida del año y un fuerte acelerón frente al incremento del 10,3% registrado en julio. La evolución del resto de componentes resulta mucho más contenida. Los servicios encarecieron sus precios un 3%, mientras que los alimentos y los bienes industriales no energéticos registraron aumentos del 1,2%. La escalada de los precios está estrechamente vinculada a las dificultades de suministro provocadas por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que antes del conflicto transitaba alrededor del 20% de los hidrocarburos y fertilizantes utilizados en todo el mundo. Durante los seis meses de guerra, la interrupción de esta vía marítima ha añadido una notable presión al mercado petrolero. El Brent, referencia para Europa, llegó a superar los 100 dólares por barril en julio y actualmente continúa por encima de los 90 dólares después de la reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. A ello se suma que la producción de Oriente Próximo se encontraba en julio 8,3 millones de barriles diarios por debajo de los niveles anteriores a la guerra y que las reservas mundiales observadas se han reducido en 410 millones de barriles desde el inicio del conflicto, según los últimos datos de la Agencia Internacional de la Energía. El repunte de los precios se produce además cuando el BCE se prepara para elevar por segunda vez este año los tipos de interés. La reunión que la institución celebrará la próxima semana apunta a una nueva subida de un cuarto de punto, hasta el 2,5%, después del incremento aplicado en junio, el primero en casi tres años. Con esta estrategia, el organismo pretende frenar la presión inflacionista derivada de la crisis energética y evitar que el aumento de los costes termine extendiéndose al conjunto de la economía. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha advertido en varias ocasiones de que una prolongación de la guerra en Oriente Próximo podría mantener la inflación en niveles elevados durante más tiempo de lo previsto y obligar a la institución a adoptar nuevas medidas. Los mercados ya dan prácticamente por descontada la subida de septiembre y comienzan a contemplar nuevos incrementos si continúan los problemas de suministro. No obstante, los primeros datos de Eurostat ofrecen también un elemento de alivio, ya que las presiones inflacionistas subyacentes siguen siendo relativamente moderadas. Al excluir la energía y los alimentos frescos, los precios aumentaron un 2,1%, lo que indica que, por ahora, el encarecimiento energético no está generando efectos de segunda ronda suficientemente intensos como para provocar una espiral inflacionista y forzar al BCE a endurecer todavía más su política monetaria. La crisis energética también está teniendo consecuencias sobre el comercio exterior europeo. El encarecimiento de los hidrocarburos llevó a la Unión Europea a registrar en el segundo trimestre un déficit comercial de 21.800 millones de euros, el primero de los Veintisiete desde el mismo periodo de 2023. Al mismo tiempo, la incertidumbre económica y geopolítica está llevando a los hogares europeos a adoptar una posición más conservadora y aumentar sus reservas de ahorro. La tasa de ahorro de las familias de la eurozona supera ya el 14%, según Eurostat. España se encuentra entre los países de la eurozona donde la presión sobre los precios es mayor. La inflación armonizada, utilizada por Eurostat para comparar la evolución de los precios entre los distintos Estados miembros, alcanzó el 4,5% en agosto, frente al 3,9% de julio. Con esta tasa, España se sitúa como la cuarta economía de la eurozona con mayor inflación, únicamente por detrás de Lituania, Chipre y Bulgaria. El comportamiento de las principales economías europeas es considerablemente más moderado. Alemania registró en agosto una tasa del 2,9%, apenas una décima superior a la del mes anterior, mientras que Francia cerró el mes con una inflación del 2,7%. Italia y Portugal, dos de los países que habitualmente sirven de referencia para comparar la evolución de la economía española, también presentan incrementos de precios inferiores, aunque en ambos casos superan el 3%. En España, el dato del Instituto Nacional de Estadística situó el IPC de agosto en el 4,3%, ligeramente por debajo de la tasa armonizada calculada por Eurostat. El resultado supone un incremento de siete décimas respecto a julio y sitúa la inflación en su nivel más elevado desde febrero de 2023. Parte de esta aceleración estaría relacionada con las medidas adoptadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis energética, que habrían retrasado la repercusión de determinados costes sobre el índice general. De este modo, una parte de la inflación que no se había trasladado a los precios en los meses anteriores estaría aflorando ahora.

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(La Vanguardia, 02-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Julio marca un nuevo récord en llegada de turistas y el gasto se dispara un 11%

España recibió en julio 11,5 millones de turistas internacionales, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior, mientras que el gasto realizado por estos visitantes alcanzó los 18.218 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 10,9%, según los datos publicados por el INE. Se trata del mayor número de llegadas registrado en un solo mes desde que existen estadísticas, superando el anterior récord, alcanzado en agosto de 2025 con 11,2 millones de visitantes. El gasto turístico también marcó un máximo histórico. La fortaleza mostrada por el sector durante julio refuerza las expectativas de que España pueda superar por primera vez los 100 millones de turistas extranjeros a lo largo de 2026. En los siete primeros meses del año, España acumuló 58,1 millones de visitantes internacionales, un 4,6% más que en el mismo periodo de 2025. El gasto asociado a estos viajes ascendió a 82.054 millones de euros, con un crecimiento del 7,8%. Si esta evolución se mantiene durante los últimos cinco meses, las llegadas podrían situarse por encima de los 101 millones al cierre del ejercicio y el desembolso de los turistas extranjeros podría superar los 145.000 millones de euros. Los datos de julio suponen además una recuperación respecto a la pérdida de ritmo experimentada por el turismo en junio. El comienzo de la temporada alta había generado cierta preocupación después de que, por primera vez, mayo registrara más llegadas de turistas internacionales que junio. Sin embargo, el avance cercano al 5% registrado en julio vuelve a apuntar a una temporada de verano sólida. Las previsiones de la cadena hotelera Riu para agosto mantienen esta tendencia, con ocupaciones superiores al 90% de media durante los meses estivales en sus destinos españoles. El Reino Unido volvió a ser el principal país de origen de los visitantes extranjeros. En julio aportó 2,2 millones de turistas, el 19,1% del total, después de aumentar sus llegadas un 5,6% respecto al mismo mes de 2025. Francia y Alemania también recuperaron terreno después de los descensos registrados en junio. Ambos mercados incrementaron sus visitas un 2,3% en julio. Desde Francia llegaron 1,58 millones de turistas, equivalentes al 13,7% del total, mientras que Alemania aportó 1,2 millones, el 10,4%. El mercado alemán, sin embargo, continúa mostrando una evolución más débil en el acumulado del año, con un descenso del 0,5% entre enero y julio. Esta situación explica en buena medida el escaso crecimiento de las llegadas a Baleares, una comunidad especialmente dependiente de los visitantes procedentes de Alemania. Aun así, las islas fueron el destino más visitado en julio, con 2,56 millones de turistas, aunque apenas avanzaron un 0,1%. Cataluña ocupó la segunda posición, con 2,37 millones de visitantes y un crecimiento del 0,8%, mientras que Andalucía se situó en tercer lugar después de recibir 1,68 millones de turistas, un 9,5% más que un año antes. La Comunidad Valenciana también registró un comportamiento especialmente positivo y alcanzó en julio un máximo histórico, con 1,63 millones de visitantes. En el conjunto de los siete primeros meses, Cataluña lideró la llegada de turistas internacionales, con 11,9 millones, seguida de Baleares, con 9,2 millones, y Canarias y Andalucía, ambas con alrededor de 9 millones. La Comunidad Valenciana acumuló 7,7 millones de visitantes, mientras que Madrid recibió 5,8 millones. La evolución registrada en julio permite anticipar una temporada alta favorable durante agosto y septiembre. Las previsiones de Turespaña apuntaban a un aumento del 6% de las llegadas durante los cuatro meses de temporada alta, entre junio y septiembre, hasta alcanzar los 43 millones de turistas. En junio y julio ya se contabilizaron 21,2 millones de visitantes, un 3,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Incluso en un escenario extremadamente conservador, en el que las llegadas no aumentaran durante agosto y septiembre, el periodo estival cerraría con unos 42,2 millones de turistas. Las perspectivas del sector hotelero también respaldan esta previsión. José Luque, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, señaló que los establecimientos de la provincia terminaron agosto con una ocupación media del 92,85%, ligeramente por encima del 92,15% registrado en agosto de 2025. Para septiembre, las previsiones apuntan a una ocupación del 88,58%, lo que confirma la fortaleza de la demanda turística al menos durante el tramo final de la temporada alta.

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(Cinco Días, 01-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor sube en agosto al 2,95%, su nivel más alto desde hace dos años

El euríbor, principal referencia para las hipotecas variables en España, ha terminado agosto en el 2,95%, lo que supone su nivel más elevado desde agosto de 2024, cuando alcanzó el 3,169%. El índice ha aumentado 11 puntos básicos respecto a julio y acumula una subida de 84 puntos básicos en comparación con agosto de 2025, cuando se situó en el 2,112%. Este incremento tendrá un impacto directo en los préstamos hipotecarios que se revisen tomando como referencia el dato de agosto. Para una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% sobre el euríbor, la nueva referencia supondrá un aumento aproximado de 70,25 euros mensuales en la cuota. En términos anuales, el encarecimiento alcanzará unos 843 euros. El efecto será especialmente elevado para quienes se encuentren al comienzo de la vida del préstamo, ya que todavía tienen pendiente de amortizar una parte importante del capital. Por ello, una variación del tipo de interés tiene en estos casos una mayor repercusión sobre el importe de las cuotas. Desde iAhorro, su portavoz Laura Martínez considera que la evolución del euríbor está anticipando un posible endurecimiento de las condiciones monetarias por parte del Banco Central Europeo. Según su análisis, los mercados están reaccionando antes de que el BCE haya confirmado nuevas decisiones sobre los tipos, una circunstancia que ya comienza a trasladarse a las cuotas de las hipotecas variables. En Kelisto.es, su portavoz de Finanzas Personales, Pedro Ruiz, apunta además a la persistencia de las tensiones inflacionistas asociadas al conflicto en Oriente Próximo. A su juicio, las perspectivas han empeorado respecto a las que se manejaban hace apenas un mes, lo que reduce las posibilidades de que el euríbor pueda iniciar una bajada significativa en el corto plazo. También desde Roams, el experto en finanzas Pablo Vega considera que la atención del mercado estará centrada en la próxima reunión del BCE de septiembre. Más allá de una posible subida de 25 puntos básicos, el mercado tratará de determinar cuántos movimientos adicionales podrían producirse posteriormente. Esta expectativa será clave para establecer si el nivel del 3% se convierte en un techo temporal para el euríbor o, por el contrario, en el punto de partida de nuevas subidas. Las previsiones para el cierre de 2026 apuntan, en general, a un euríbor situado alrededor del 3%, aunque su evolución estará muy condicionada por la situación en Oriente Próximo. Si se producen avances diplomáticos que permitan recuperar progresivamente la normalidad en el estrecho de Ormuz, los precios energéticos se moderan y el BCE limita su respuesta a una subida adicional en septiembre, el índice podría terminar el ejercicio en una horquilla próxima al 2,8%-3%. Un escenario de mayor duración del conflicto, en cambio, podría llevar al euríbor hasta el 3% en diciembre e incluso acercarlo al 3,10%, según las estimaciones de HelpMyCash. En cualquier caso, las previsiones apuntan a que el índice cerrará 2026 por encima del nivel registrado en diciembre de 2025, cuando se situó en el 2,267%. Ante esta perspectiva, los expertos recomiendan a los titulares de hipotecas variables revisar su capacidad financiera para asumir cuotas calculadas con un euríbor del 3% o incluso superior. Si el incremento supone una dificultad para afrontar los pagos, una de las alternativas sería negociar con la entidad bancaria un cambio a un préstamo a tipo fijo o buscar una reducción de la cuota mediante una ampliación del plazo de amortización.

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(Expansión, 01-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de la vivienda sube un 15,6% en agosto

El precio de la vivienda de segunda mano en España aumentó un 0,4% en agosto respecto al mes anterior y acumuló una subida interanual del 15,6%, hasta alcanzar los 3.166 euros por metro cuadrado, según los datos publicados por Fotocasa. Con este nuevo avance anual, el mercado residencial encadena ya 70 meses consecutivos de incrementos, desde noviembre de 2020. El encarecimiento registrado en el último año supone que una vivienda de 80 metros cuadrados haya pasado de tener un precio medio de 219.020 euros a situarse en 253.270 euros en agosto de 2026, lo que representa un aumento del 15,6%. Fotocasa señala que, pese a que la vivienda continúa encareciéndose a tasas muy elevadas, agosto ha registrado el incremento interanual más moderado del año. La evolución apunta a una paulatina pérdida de intensidad en las subidas, después de varios meses en los que los aumentos llegaron a superar el 20%. Desde mayo, la tendencia ha sido de moderación progresiva hasta el 15,6% actual. La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, advierte de que esta desaceleración no implica que los precios estén bajando, sino que avanzan a un ritmo menor. A su juicio, el mercado sigue sometido a una fuerte presión debido a la elevada demanda y a la escasez de oferta disponible, por lo que todavía no puede hablarse de una normalización de los precios. Todas las comunidades autónomas registraron incrementos interanuales durante agosto. En 13 de ellas, las subidas superaron el 10%. Murcia encabezó los aumentos con un 28,8%, seguida de Cantabria, con un 18,5%; Comunidad Valenciana, con un 17,1%; Navarra, con un 17%; La Rioja, con un 15,9%; Asturias, con un 14,4%; País Vasco, con un 14,3%; Castilla-La Mancha, con un 13,7%; Castilla y León, con un 13,1%; Galicia, con un 12,7%; Cataluña, con un 12%; Aragón, con un 11%, y Andalucía, con un 10,9%. El resto de comunidades también registraron avances, aunque de menor intensidad. Madrid elevó sus precios un 9,9%, Extremadura un 8,8%, Canarias un 7,5% y Baleares un 5,3%. En términos de precio por metro cuadrado, Baleares y Madrid se mantienen como las comunidades más caras, con 5.443 y 5.431 euros, respectivamente. A continuación aparecen País Vasco, con 4.045 euros; Cataluña, con 3.485; Canarias, con 3.375; Andalucía, con 2.958; Comunidad Valenciana, con 2.866; Cantabria, con 2.792; Navarra, con 2.439; Asturias, con 2.427; Galicia, con 2.299; Murcia, con 2.209; La Rioja, con 2.011 euros. En el extremo contrario se encuentran Extremadura, con un precio medio de 1.380 euros por metro cuadrado; Castilla-La Mancha, con 1.436; Castilla y León, con 1.840, y Aragón, con 1.986 euros. Por provincias, el precio de la vivienda aumentó en 48 de las 50 analizadas, lo que supone el 96% del total. Doce provincias registraron incrementos superiores al 15%. Murcia volvió a liderar la clasificación, con un 28,8%, seguida de León, con un 25,7%; Ávila, con un 23,9%; Ciudad Real, con un 19,4%; Guipúzcoa, con un 19,1%; Cantabria, con un 18,5%; Almería, con un 18,4%; Navarra, con un 17%; Valencia, con un 16,5%; A Coruña, con un 16,2%; La Rioja, con un 15,9%, y Lleida, con un 15,4%. Las únicas provincias que registraron descensos fueron Soria, con una caída del 0,1%, y Teruel, con un retroceso del 0,3%. En cuanto al precio, Baleares y Madrid son las únicas provincias que superan los 5.000 euros por metro cuadrado. Baleares encabeza la clasificación, con 5.343 euros, seguida de Madrid, con 5.331; Guipúzcoa, con 4.894, y Málaga, con 4.631 euros. En el lado opuesto, Jaén presenta el precio más bajo, con 1.149 euros por metro cuadrado, seguida de Ciudad Real, con 1.150 euros. En las 50 capitales de provincia analizadas también se produjo un aumento interanual de los precios durante agosto. Siete de ellas registraron incrementos superiores al 15%: León, con un 26,7%; Zamora, con un 21,3%; Ciudad Real, con un 20,2%; Salamanca, con un 19%; Soria, con un 18,3%; Jaén, con un 16,2%, y Ourense, con un 15,3%. Quince capitales de provincia superaron los 3.000 euros por metro cuadrado. San Sebastián se situó a la cabeza, con 7.141 euros, seguida de Madrid, con 6.624; Barcelona, con 5.375, y Palma de Mallorca, con 5.250 euros. Después aparecen Málaga, con 4.387 euros; Bilbao, con 4.226; Valencia, con 3.655; A Coruña, con 3.525; Cádiz, con 3.446; Pamplona, con 3.343; Vitoria, con 3.270; Santander, con 3.194; Girona, con 3.128; Las Palmas de Gran Canaria, con 3.087, y Alicante, con 3.004 euros por metro cuadrado. Zamora, con un precio medio de 1.681 euros por metro cuadrado, fue la capital de provincia más económica.

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