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(Cinco Días, 01-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas reclama a los Estados miembros medidas para ahorrar combustible

La crisis energética global derivada del conflicto en Oriente Próximo está afectando sobre todo al precio y al abastecimiento del petróleo. En este contexto, la Comisión Europea ha instado a los países miembros a considerar medidas orientadas al ahorro de combustibles y a evitar aquellas que puedan fomentar su consumo. Así lo recoge una carta enviada el lunes por el comisario de Energía, Dan Jorgensen, a los Estados miembros, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento se remitió justo antes de la reunión informal celebrada por videoconferencia entre Jorgensen y los ministros de Energía, en la que analizaron la situación tras el bloqueo del estrecho de Ormuz y el conflicto en Irán. Aunque la misiva hace referencia general al ahorro energético, también alude a las recomendaciones publicadas el 18 de marzo por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Entre ellas se incluyen propuestas como reducir los límites de velocidad en al menos 10 km/h, fomentar el uso del transporte público, impulsar el teletrabajo o priorizar los trenes de alta velocidad y los servicios nocturnos frente a los vuelos. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Bruselas y varios países han subrayado que esta crisis es distinta de la causada por la invasión rusa de Ucrania. En aquel momento, el principal problema fue la escasez de gas natural, dado que Rusia era el principal proveedor. Ahora, el foco está en el petróleo, no tanto por una falta de suministro, sino por el fuerte incremento de los precios. El barril de Brent, referencia en Europa, ha superado los 119 dólares, más de un 60% por encima de su valor previo al inicio de los ataques en Irán. Jorgensen ha insistido en que el suministro energético en la Unión Europea está garantizado, aunque advierte de la necesidad de prepararse ante posibles alteraciones prolongadas en el comercio internacional de energía. Así, la petición de Bruselas no responde al temor de desabastecimiento, sino a la intención de reducir la demanda para aliviar la presión en los mercados, tensionados por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado consumidos a nivel mundial. Esta estrategia también se alinea con propuestas recientes como la reducción del nivel obligatorio de reservas de gas del 90% al 80% para noviembre, con el objetivo de disminuir las compras y relajar los mercados. A ello se suma la liberación de parte de las reservas estratégicas de crudo de los países de la AIE. En su carta, Jorgensen pide a los gobiernos que eviten adoptar medidas que incrementen el consumo, como las rebajas fiscales sobre los combustibles, ya que podrían incentivar su uso al abaratar los precios. Tanto él como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han señalado que la fiscalidad energética puede diseñarse para promover la electrificación y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, algunos países, como España, Portugal o Grecia, han optado por reducir los impuestos sobre gasolinas y diésel. La Comisión también sugiere limitar la libre circulación de productos petrolíferos y desincentivar la actividad de las refinerías dentro de la UE. Además, insta a los Estados a considerar los efectos transfronterizos de sus decisiones y a coordinarse con países vecinos. Un ejemplo de ello se observa en la frontera entre España y Portugal, donde las diferencias fiscales han generado un flujo de conductores que cruzan para repostar más barato. Aunque los líderes europeos pidieron a la Comisión un conjunto de medidas coordinadas para hacer frente a esta crisis, varios países ya han actuado por su cuenta, en ocasiones sin seguir las directrices comunitarias. Desde Bruselas se insiste en evitar políticas que estimulen el consumo y en priorizar ayudas selectivas, además de vigilar el impacto de estas decisiones en las finanzas públicas.

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(Cinco Días, 01-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio del petróleo roza los 120 dólares y marca récord desde junio de 2022

El conflicto en Oriente Próximo cumple su primer mes sin señales de que se reabra el estrecho de Ormuz, mientras el precio del petróleo alcanza niveles no vistos desde junio de 2022 y se acerca a los máximos de 2008. Este martes, el barril de Brent -referencia en Europa- ha subido un 5% y ronda los 120 dólares. En lo que va de mes, acumula un incremento superior al 60%, el mayor de su historia, situándose en cifras similares a las registradas al inicio de la guerra en Ucrania. Según el Wall Street Journal, el presidente de Estados Unidos habría comunicado a su equipo su disposición a dar por finalizada la operación militar, incluso si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado. A esto se suman las declaraciones de Donald Trump dirigidas a países como Reino Unido y Francia, que han evitado implicarse en acciones contra Irán. A través de Truth Social, instó a Londres a priorizar compras a Estados Unidos y a intervenir directamente en el estrecho. Además, advirtió de que EE. UU. dejaría de respaldar a sus aliados si estos no actúan por su cuenta, asegurando que Irán ya ha quedado prácticamente neutralizado. Pese a la tensión y al encarecimiento del crudo, los mercados han reaccionado con cierto optimismo. La percepción de que el conflicto podría no agravarse ha permitido a las Bolsas europeas cerrar la jornada con subidas cercanas al 0,5%, mientras que en Estados Unidos los índices avanzan más del 2% a media sesión. Según Salman Ahmed, responsable global de macro y estrategia en Fidelity International, la situación actual refleja una escalada desordenada, aunque parcialmente anticipada. A su juicio, no se trata de un descontrol total, sino de un proceso con señales claras y cierto grado de gestión, aunque persisten riesgos de errores de cálculo. También destaca que la falta de ataques generalizados a infraestructuras clave indica que todavía existe cierto nivel de contención. La guerra ha cambiado radicalmente el panorama para los inversores. Tras un periodo en el que predominaba el optimismo -impulsado por bajadas de tipos de interés y expectativas de estímulos fiscales-, ahora se enfrentan a un entorno más incierto. La combinación de inflación elevada y bajo crecimiento está provocando ajustes en los mercados, poniendo fin a la tendencia alcista de los últimos meses. Las Bolsas europeas cierran marzo con su peor resultado desde junio de 2022. Índices como el CAC 40 francés o el Euro Stoxx 50 registran caídas cercanas al 9%, las más pronunciadas desde el inicio de la pandemia. La deuda tampoco ha actuado como refugio, mientras que el euro pierde valor frente al dólar. El encarecimiento de la energía, denominada en dólares, ha reforzado la moneda estadounidense, que firma su mejor comportamiento frente al euro desde julio de 2025. La divisa europea cae un 2% en el mes y se sitúa en torno a 1,15 dólares, lejos de los 1,20 alcanzados a finales de enero. El Ibex 35 también acusa el impacto. Tras un comienzo de año sólido, impulsado por el sector bancario, el índice rompe su racha positiva: pierde un 7,14% en marzo, su mayor descenso desde junio de 2022, y pone fin a ocho meses consecutivos de subidas. En pocas semanas, el mercado ha pasado de celebrar resultados empresariales a temer una posible recesión, en un contexto que recuerda al de hace varios años, cuando los bancos centrales trataban de frenar la inflación. El conflicto añade aún más incertidumbre a un escenario ya complejo. Los gestores se enfrentan a una falta de visibilidad, mientras analistas y organismos internacionales revisan sus previsiones. Lo que inicialmente parecía una intervención rápida en Irán se ha transformado en una guerra sin una resolución clara a corto plazo, con el riesgo de interrupciones en el suministro energético como principal preocupación. Según Sebastian Paris Horvitz, de LBP AM, la volatilidad en el discurso político estadounidense y la falta de coherencia podrían terminar afectando negativamente a la confianza de los mercados.

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(Cinco Días, 01-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE da paso a las ‘stablecoins’ en euros para impulsar la autonomía europea en pagos

El Banco Central Europeo está impulsando iniciativas para que los países de la eurozona ganen autonomía en los sistemas de pago. En un contexto internacional cada vez más inestable y fragmentado, las instituciones europeas buscan reducir su dependencia de proveedores estadounidenses como Visa y Mastercard. En esta línea, el miembro del comité ejecutivo del BCE, Piero Cipollone, afirmó recientemente que Europa debe tomar el control de su propio futuro. Para ello, el organismo plantea una estrategia que incluye el desarrollo de un mercado tokenizado en la región, la creación de soluciones europeas para pagos mayoristas, el apoyo a iniciativas privadas paneuropeas y la mejora de las operaciones transfronterizas. Entre las herramientas previstas destacan el euro digital, los depósitos tokenizados y también las stablecoins vinculadas al euro y reguladas bajo el marco MiCA. Más allá del euro digital, pensado para el uso cotidiano, el BCE propone modernizar profundamente la infraestructura financiera que gestiona grandes volúmenes de transacciones. A través de proyectos como Pontes y Appia, pretende establecer un sistema de pagos mayoristas basado en tecnología de registro distribuido (DLT), que permita a grandes empresas realizar operaciones de forma casi inmediata mediante dinero tokenizado emitido por el banco central. En este nuevo entorno, el euro actuaría como referencia principal, facilitando la interoperabilidad entre distintos activos tokenizados y favoreciendo la integración del mercado. No obstante, el BCE considera que este modelo debe complementarse con soluciones privadas, como los depósitos tokenizados -aún en fase inicial- y las stablecoins. El organismo subraya que desarrollar un ecosistema europeo sólido de activos de liquidación tokenizados, denominados en euros y apoyados en infraestructuras propias, es clave para reforzar tanto la soberanía como la estabilidad financiera. Además, estos instrumentos podrían aumentar la presencia internacional del euro al responder a necesidades globales donde otras alternativas no resultan tan adecuadas. En este contexto, el BCE reconoce el papel potencial de las stablecoins en euros que cumplan con la regulación europea. Ya existen iniciativas en marcha, como la impulsada por el consorcio bancario Quivalis, en el que participan entidades como CaixaBank, ING o BBVA, con previsión de lanzamiento en 2026. Por su parte, el Banco Santander estudia emitir una stablecoin vinculada a varias monedas internacionales junto a grandes bancos como Citi o Goldman Sachs. El BCE admite que estas monedas digitales pueden aportar ventajas en determinados usos, especialmente en pagos internacionales, gracias a características como la automatización, la rapidez en la liquidación o su alcance global. Sin embargo, mantiene una postura prudente respecto a sus posibles riesgos. Incluso las stablecoins reguladas pueden presentar problemas como desviaciones en su valor respecto a la moneda de referencia, limitaciones técnicas, fragmentación del mercado o impactos sobre el sistema bancario. De hecho, la institución ha advertido en varias ocasiones de los riesgos asociados a su expansión, especialmente por la posibilidad de que los usuarios trasladen sus ahorros desde depósitos bancarios tradicionales hacia estos activos digitales. Esto podría reducir la capacidad de los bancos para conceder crédito, obligándolos a buscar nuevas fuentes de financiación y alterando la estructura de los depósitos. Por todo ello, el BCE ha decidido incorporar las stablecoins a su estrategia, pero manteniendo un seguimiento estrecho de su evolución. Aunque este mercado ya supera los 300.000 millones de dólares a nivel global -principalmente en monedas vinculadas al dólar-, el organismo deja claro que su posición podría adaptarse en función de cómo evolucionen tanto el mercado como la regulación en el futuro.

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(El País, 01-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación en la zona euro escala hasta el 2,5% en marzo por el encarecimiento de los combustibles

La inflación en la zona euro experimentó un notable repunte en marzo, situándose en el 2,5%, lo que supone un aumento de seis décimas en solo un mes. Para encontrar una subida similar hay que remontarse a octubre de 2022, según los datos de Eurostat. Al igual que entonces, el origen del encarecimiento está vinculado a un conflicto bélico y su impacto en la energía: en aquel momento fue la invasión de Ucrania por Rusia y el encarecimiento del gas; ahora es la guerra en Oriente Próximo la que ha elevado el precio del petróleo. Esta situación vuelve a presionar al Banco Central Europeo, que ya ha advertido de que podría subir los tipos de interés si la inflación se aleja de su objetivo del 2%. El incremento ya se intuía tras conocerse los datos de algunas de las principales economías del euro. En España, la inflación subió un punto, hasta el 3,3%; en Alemania, aumentó ocho décimas, hasta el 2,8%; y en Francia, también ocho décimas, alcanzando el 1,9%. Aunque en países como Lituania o Luxemburgo los aumentos han sido incluso mayores, su impacto en el conjunto de la eurozona es más limitado. Antes de la publicación de estas cifras, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya había señalado que la institución está preparada para actuar ante el repunte de los precios. En un discurso reciente, subrayó que las decisiones sobre los tipos de interés dependen de la evolución de los datos. En este sentido, indicó que una inflación por encima del 2%, aunque no sea persistente, podría justificar un endurecimiento moderado de la política monetaria, lo que apunta a posibles subidas del precio del dinero. No obstante, el BCE contempla distintos escenarios. Si la inflación se mantiene de forma significativa y prolongada por encima del objetivo, la respuesta podría ser más contundente, según advirtió Lagarde. A la vista de los últimos datos, la incertidumbre sobre la duración del conflicto y las previsiones de los analistas, todo apunta a que el BCE podría actuar en los próximos meses. Antes del estallido de la guerra, la propia Lagarde consideraba que la economía de la zona euro estaba en una posición sólida, pero ese escenario ha cambiado. Diversos servicios de estudios prevén que la inflación supere el 3% en breve. Tanto Goldman Sachs como el propio BCE manejan estimaciones en esa línea, con previsiones de un IPC medio del 3,1% en el segundo trimestre. Los expertos advierten de que las expectativas de inflación se sitúan en niveles comparables a los de principios de los años noventa o a los de 2022. Además, cuanto más se prolongue la crisis, mayor será el riesgo de que el aumento de precios se extienda a más sectores. Ese es precisamente uno de los principales temores: que el encarecimiento de la energía se traslade al resto de la economía, afectando a bienes y servicios como alimentos, bebidas o transporte. Para evitarlo, algunos gobiernos han optado por reducir los impuestos sobre los carburantes, tratando de contener el impacto. Sin embargo, si la subida se generaliza, será más difícil y lento reducir la inflación. El análisis detallado muestra que el principal factor detrás del repunte ha sido la energía, impulsada por el aumento del precio del petróleo y su efecto en los combustibles. Tras varios meses de descensos -en febrero, por ejemplo, los precios energéticos habían caído un 3,1% interanual-, en marzo registraron un aumento del 4,9%. En cambio, el resto de componentes ha evolucionado con mayor moderación. Los servicios subieron un 3,2%, dos décimas menos que el mes anterior, mientras que la inflación subyacente, que excluye elementos más volátiles como la energía o ciertos alimentos, se situó en el 2,3%, ligeramente por debajo del dato de febrero.

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(El País, 01-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo anula las hipotecas multidivisa por abusivas y faltas de transparencia

El Tribunal Supremo ha asestado un duro revés a uno de los productos financieros más controvertidos de los últimos años. En una reciente sentencia, ha declarado nulas las hipotecas multidivisa comercializadas por Barclays -posteriormente asumidas por CaixaBank tras la adquisición de su negocio minorista en 2014- al considerarlas abusivas y carentes de transparencia, debido a que no se informó adecuadamente a los clientes sobre los riesgos que implicaban. Como consecuencia, se ordena eliminar la cláusula multidivisa en estos contratos y convertirlos a euros, lo que supone un respiro para numerosos afectados. Esta decisión llega tras un largo proceso judicial impulsado por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que presentó una demanda colectiva hace casi diez años, liderada por la abogada María José Lunas. La asociación aún mantiene abiertos procedimientos similares contra productos de Bankinter y del antiguo Banco Popular, ahora en manos de Santander. Aunque no es la primera vez que los tribunales cuestionan estas hipotecas, la sentencia refuerza la idea de que se comercializaron sin explicar correctamente sus riesgos. Las hipotecas multidivisa eran préstamos complejos, referenciados a monedas extranjeras como el yen japonés o el franco suizo, pese a que los clientes operaban en euros. Se popularizaron entre 2006 y 2009 como una opción aparentemente más económica, en un contexto en el que el euríbor rondaba el 5%. La clave de su atractivo residía en los bajos tipos de interés de países como Japón o Suiza, lo que permitía cuotas iniciales más reducidas. Sin embargo, muchas entidades no explicaron adecuadamente el riesgo de tipo de cambio. Esto implicaba que la deuda no solo dependía del interés, sino también de la evolución de la divisa. Si el euro se debilitaba frente a esas monedas, como ocurrió tras la crisis, los clientes veían cómo aumentaban tanto sus cuotas mensuales como el capital pendiente, incluso después de años pagando. Esta situación llevó a miles de familias a escenarios muy complicados, llegando a deber más dinero del que habían solicitado inicialmente. Por ejemplo, un préstamo de 200.000 euros podía transformarse en una deuda superior a 240.000 únicamente por la evolución de la divisa, generando una oleada de reclamaciones. El Supremo considera probado que Barclays no proporcionó información suficiente para que un consumidor medio entendiera el funcionamiento real del producto. Según la sentencia, no se explicó correctamente el impacto que podía tener la variación del tipo de cambio, lo que impidió a los clientes comparar esta oferta con una hipoteca convencional en euros. El tribunal insiste en que no basta con conocer que las divisas fluctúan, sino que es esencial comprender que esas variaciones pueden disparar la deuda y las cuotas hasta niveles difíciles de asumir. Por ello, concluye que la falta de transparencia genera un desequilibrio grave en perjuicio del consumidor y vulnera el principio de buena fe. La resolución obliga a sustituir todas las referencias a monedas extranjeras por euros en los contratos afectados, eliminando definitivamente el carácter multidivisa. Para muchas familias que no reclamaron en su momento, esta conversión supone salir de un producto que les había generado importantes dificultades económicas. No obstante, la sentencia no contempla la devolución automática de los importes pagados de más, ya que esta cuestión no formaba parte del procedimiento. Para recuperar ese dinero, los afectados deberán iniciar demandas individuales en las que se recalculen sus hipotecas como si siempre hubieran estado referenciadas en euros. Fuentes jurídicas señalan que el alcance de la sentencia se limita a las hipotecas originadas en Barclays, una cartera concreta y relativamente reducida. CaixaBank será la encargada de aplicar el fallo, no por haber comercializado estos productos, sino por haber asumido los contratos. También se apunta que una parte relevante de estos préstamos está vinculada al yen, una divisa que desde 2024 ha evolucionado de forma favorable para algunos clientes, lo que podría hacer que no todos estén interesados en aplicar esta resolución. No existen cifras exactas sobre el número de afectados, aunque en 2015 se estimaba que varias entidades comercializaron este tipo de hipotecas por un volumen superior a 4.700 millones de euros. Barclays figuraba entre las principales. Desde Asufin valoran positivamente la anulación de la cláusula y la conversión a euros, pero critican que los clientes tengan que reclamar de forma individual para recuperar el dinero pagado de más. Consideran que lo deseable sería una solución colectiva que evitara este proceso.

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(Expansión, 31-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bizum permitirá pagar en comercios físicos con el móvil a partir de mayo

La conocida aplicación de envío de dinero apuesta por ofrecer pagos rápidos, sencillos y sin fricciones, incluso sin conexión a Internet, además de comisiones más bajas que las de Visa y Mastercard. Bizum, la herramienta impulsada por la banca española, está a punto de dar un paso importante en su evolución. A partir de mayo, sus 30 millones de usuarios podrán pagar sus compras en cualquier tienda o gran superficie directamente desde el móvil, según fuentes del sector financiero. Este tipo de pagos comerciales es donde realmente se concentra el mayor volumen de transacciones, más allá de los envíos entre particulares. La experiencia será muy similar a la de Apple Pay o Google Pay, manteniendo altos estándares de seguridad. Los pagos se realizarán de forma contactless mediante tecnología NFC, acercando el móvil al terminal de pago, sin necesidad de introducir PIN. Para utilizarlo, bastará con descargar la app de Bizum, aunque algunos bancos también estudian integrar esta función en sus propias aplicaciones. Estará disponible tanto en dispositivos iOS como Android. Una de las diferencias clave frente a Visa y Mastercard es que los comercios recibirán el dinero de forma inmediata, ya que se trata de transferencias directas entre cuentas. En cambio, con las tarjetas tradicionales suele haber un retraso en la liquidación, dependiendo del contrato. A diferencia de los envíos entre particulares, que son gratuitos, Bizum sí cobrará a los comercios por este servicio. Aun así, fuentes cercanas indican que las tarifas serán más bajas que las de las grandes redes de tarjetas, lo que podría obligar a estas a reducir sus comisiones, al menos para grandes clientes, con el fin de mantenerlos. Cada entidad bancaria definirá su estrategia comercial tras Semana Santa. En general, las grandes cadenas como Mercadona o El Corte Inglés podrán negociar mejores condiciones, como ya ocurre con Visa y Mastercard. Según el Banco de España, los pequeños comercios llegan a pagar entre tres y cuatro veces más que las grandes empresas por aceptar pagos con tarjeta, alcanzando en algunos casos hasta el 1% del importe de la compra. Si Bizum convence a los comercios tanto por su funcionamiento como por sus costes, el uso de tarjetas de crédito y débito podría reducirse notablemente. Aun así, es poco probable que desaparezcan por completo, especialmente en zonas turísticas donde los visitantes suelen pagar con tarjeta. El nuevo sistema, denominado Bizum Pay, funcionará como una cartera digital donde también se podrán añadir entradas u otras tarjetas, como las de fidelización. Otra ventaja destacada es que Bizum puede procesar pagos incluso sin conexión a Internet, algo que no ofrecen las redes tradicionales. En el ámbito del comercio electrónico, Bizum ya tiene presencia desde hace tiempo y ha ido ampliando acuerdos con grandes empresas. Por ejemplo, permite pagar billetes en la web de Renfe, donde aparece como alternativa a la tarjeta, puntos o PayPal. Además, cuenta con acuerdos con compañías como Air Europa, El Corte Inglés, Aliexpress o MediaMarkt, y también está disponible como método de pago en Amazon, algo poco habitual para empresas no estadounidenses. El año pasado, Bizum gestionó 105 millones de operaciones en comercio electrónico, lo que equivale a una media diaria de 289.000 transacciones.

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(Expansión, 31-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Industria y alimentos, en jaque por el alza de plásticos, aluminio o fertilizantes

La intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán supera ya el mes de duración y no muestra señales claras de terminar pronto. Esto ocurre pese a las declaraciones de Donald Trump, a menudo ambiguas y contradictorias, que aseguran que el conflicto está prácticamente resuelto, mientras deja entrever la posibilidad de ocupar militarmente la isla de Jarg, epicentro de la industria petrolera iraní, lo que podría intensificar y prolongar aún más la guerra. Lo evidente es que el conflicto ha desestabilizado profundamente Oriente Próximo, se intensifica con el paso de los días y ya está generando consecuencias muy graves. El bloqueo del estrecho de Ormuz está afectando de forma directa al suministro global de petróleo y gas, elevando notablemente sus precios (un 44% en el caso del crudo y un 85% en el gas en apenas un mes). Además, esta situación está desencadenando un efecto en cadena en la industria. El fuerte encarecimiento de la energía ha provocado, a su vez, una subida acelerada de materias primas clave para la producción industrial, como plásticos, azufre o aluminio. También está impactando en los fertilizantes, fundamentales para la agricultura. Organismos internacionales como el FMI, la ONU o Coface alertan de esta situación. Esta última entidad señala que el riesgo en el crédito comercial ha aumentado considerablemente debido al impacto del conflicto en toda la cadena productiva. El incremento del precio del petróleo y el gas repercute en múltiples sectores, generando un "efecto contagio" en industrias como la minería, la aviación o la manufactura, siendo especialmente afectados los productos petroquímicos y el aluminio. Por ejemplo, la nafta -derivada del petróleo y utilizada en la fabricación de plásticos y disolventes- ha superado los 1.000 dólares por tonelada en Singapur, lo que supone un aumento de más del 60% desde el inicio de la ofensiva. El azufre, esencial para procesos como la extracción de cobre y níquel (clave en baterías), también ha subido un 25% en un mes, poniendo en riesgo a grandes productores como Chile, la República Democrática del Congo o Indonesia. El aluminio, que ya venía encareciéndose en el último año, ha acelerado aún más su subida. A todo ello se suma un problema especialmente preocupante: el aumento del precio de los fertilizantes, con consecuencias directas sobre la alimentación global. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitaba un tercio de los fertilizantes transportados por mar, coincide además con la temporada de siembra en el hemisferio norte. Esto amenaza la producción agrícola, reduce los rendimientos y presiona al alza los precios de los alimentos, según advierte el FMI, que también destaca las interrupciones en las cadenas de suministro de insumos clave. Aunque el impacto es global, no afectará a todas las regiones por igual. El FMI señala que Oriente Próximo, África, Asia-Pacífico y América Latina serán las zonas más vulnerables al encarecimiento de alimentos y fertilizantes, así como a condiciones financieras más estrictas. Los países más pobres, en particular, podrían enfrentar graves problemas de seguridad alimentaria y necesitar ayuda internacional. Este análisis coincide con el de la UNCTAD, que advierte de que el aumento de los costes energéticos, de fertilizantes y del transporte pone en riesgo tanto la producción como el suministro de alimentos, además de elevar sus precios. A la interrupción del comercio global provocada por el bloqueo de Ormuz se suma que una parte importante de los fertilizantes se produce en el Golfo, región directamente afectada por la guerra. Según Coface, esta zona concentra cerca del 19% de las exportaciones mundiales de fertilizantes nitrogenados y el 36% de la producción de urea. No obstante, el factor más determinante es el encarecimiento del gas natural, que representa hasta el 80% del coste de producción de estos fertilizantes. Por ahora, el impacto se ha centrado en productores de cereales en Estados Unidos, pero si la situación se prolonga, países como Brasil, India o incluso Europa podrían verse más afectados. De momento, las buenas cosechas y las reservas de grano están amortiguando el impacto en los precios de los alimentos, pero todo dependerá de cuánto se alargue el conflicto.

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(Cinco Días, 31-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Parlamento Europeo llega a un acuerdo sobre el euro digital y despeja su avance regulatorio

El primer obstáculo para avanzar en la regulación del euro digital ha quedado superado. Este desbloqueo ha sido posible gracias al cambio de postura del eurodiputado español Fernando Navarrete, responsable de coordinar la propuesta legislativa en el Parlamento Europeo. Inicialmente, el representante del Partido Popular Europeo condicionaba el desarrollo del proyecto del Banco Central Europeo (BCE) a que existiera antes una alternativa privada a nivel europeo, similar a un "Bizum" continental. Sin embargo, tras varias reuniones a puerta cerrada con el BCE, la Comisión Europea y otros eurodiputados, terminó cediendo. El último borrador del texto ya contempla el desarrollo completo del euro digital, tanto en su versión online como offline. Este acuerdo llega tras meses de negociaciones intensas. En un primer momento, Navarrete defendía una versión limitada del euro digital, en la que los pagos online -instantáneos en comercios, por internet o entre particulares- solo se desarrollarían si fallaban las soluciones privadas. En cambio, sí respaldaba la modalidad offline, pensada como alternativa al efectivo en situaciones sin conexión. No obstante, técnicos del BCE le trasladaron recientemente que una versión exclusivamente offline -y además con algunas características que él proponía, como pagos a distancia- no era viable ni desde el punto de vista técnico ni económico. Además, en reuniones con otros ponentes del Parlamento, Navarrete perdió apoyos suficientes para mantener su planteamiento inicial, lo que le llevó a modificar su propuesta y permitir que el proyecto avance con todas sus funcionalidades. Desde el inicio del debate, el eurodiputado se había mostrado crítico con el euro digital, defendiendo que debería ser una solución de respaldo y no prioritaria frente a alternativas privadas europeas. Su principal preocupación radica en el posible impacto sobre la estabilidad financiera, ya que teme que, en momentos de crisis, los ciudadanos retiren sus depósitos bancarios para convertirlos en euros digitales. Esta visión coincide con la del sector bancario, que ha mostrado reticencias hacia el proyecto. Las entidades financieras temen que el euro digital reduzca su rentabilidad y provoque salidas de depósitos. Como respuesta, la gran banca europea ha impulsado el desarrollo de una plataforma de pagos paneuropea, similar a Bizum, que conecte las distintas soluciones nacionales y compita con gigantes estadounidenses como Visa y Mastercard. El objetivo es lanzar transferencias internacionales entre particulares este mismo año y habilitar pagos en comercios en 2027. Precisamente ese año está previsto que el BCE inicie la fase piloto del euro digital, con la intención de ponerlo en circulación en 2029. Para cumplir este calendario, es clave que la legislación se apruebe durante este año, con la vista puesta en una votación en mayo, aunque algunas fuentes consideran que estos plazos podrían retrasarse. Pese al avance que supone el cambio de postura de Navarrete, aún quedan aspectos clave por resolver. Entre ellos, el límite de euros digitales que podrá acumular cada ciudadano y el sistema de compensación para los bancos, que serán los encargados de distribuir y gestionar su uso. Este último punto es especialmente delicado debido a las diferencias entre los grupos políticos. Desde el BCE, se insiste en la urgencia de avanzar en la regulación. Así lo destacó Piero Cipollone, miembro de su Comité Ejecutivo, quien subrayó la necesidad de contar con un marco legal cuanto antes. El contexto geopolítico y la dependencia de proveedores de pago estadounidenses han reforzado la voluntad europea de ganar autonomía en este ámbito. Mientras tanto, el desarrollo técnico del proyecto continúa, y el BCE prevé presentar antes del verano los estándares que regirán el euro digital, lo que también facilitará el desarrollo de soluciones privadas compatibles.

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(El País, 31-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los Gobiernos y bancos centrales del G-7 tomarán “las medidas necesarias” para estabilizar el mercado energético

Los ministros de Finanzas y Energía del G-7, junto con los bancos centrales de sus países miembros -Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia-, advirtieron este lunes que están preparados para tomar las medidas que sean necesarias con el fin de garantizar la estabilidad de los precios y reforzar la solidez del mercado energético ante el encarecimiento del petróleo provocado por la crisis en Oriente Próximo. Los responsables económicos de estas siete grandes economías se reunieron por videoconferencia para analizar las consecuencias globales del conflicto. Se trata del tercer encuentro desde el inicio de la guerra en Irán, aunque en esta ocasión también participaron los bancos centrales. La reunión fue impulsada por Francia, que ostenta la presidencia del grupo, y contó además con la presencia de representantes de la Agencia Internacional de la Energía, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Según fuentes del Ministerio de Economía francés, se trató de un encuentro excepcional tanto por la gravedad de la situación como por el elevado número de participantes. Tras más de dos horas y media de debate, no se anunciaron medidas concretas, pero sí se insistió en la necesidad de actuar de forma coordinada para proteger la estabilidad del mercado energético y reducir el impacto de la crisis tanto en la economía global como en los consumidores. En el comunicado final, los bancos centrales subrayaron que sus decisiones seguirán guiándose por la evolución de los datos económicos, y no por factores políticos, y que vigilarán de cerca cómo las tensiones en los precios de la energía influyen en la inflación. Desde el Gobierno francés destacan la importancia de su participación en un contexto marcado por la incertidumbre. Ya el pasado 9 de marzo, el ministro francés de Economía, Roland Lescure, había señalado que el G-7 estaba dispuesto a recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo si fuera necesario, aunque entonces consideró que no era el momento de hacerlo. El cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave entre Irán y Omán por la que transita una parte esencial del suministro mundial de petróleo y gas, ha provocado un fuerte aumento de los precios del crudo. Este escenario ha generado una de las mayores tensiones recientes en el mercado energético, según la Agencia Internacional de la Energía. Ante el temor a una escasez, el precio del barril ha superado los 100 dólares por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania, ya que por este paso circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Hace dos semanas, la Agencia Internacional de la Energía acordó liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas con el objetivo de calmar a los mercados y contener la escalada de precios. Se trata de una medida excepcional, adoptada en contadas ocasiones, que según fuentes francesas ha contribuido a estabilizar la situación. En su declaración, el G-7 respalda todas las acciones necesarias para asegurar el suministro de petróleo y gas, y contempla también medidas para gestionar la demanda en función de las circunstancias de cada país, con el fin de aliviar la presión sobre los mercados. Asimismo, pide a los Estados que eviten imponer restricciones injustificadas a la exportación de hidrocarburos.

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(El País, 31-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España ganó 234 millones en 2025 tras dos años sin beneficios

El Banco de España cerró 2025 con beneficios tras dos años en los que no logró resultados positivos. No obstante, estas ganancias se deben a las provisiones realizadas por la propia institución, que ascendieron a 541 millones de euros y permitieron evitar pérdidas de 307 millones. Gracias a ello, el resultado final fue de 234 millones, cantidad que se transferirá íntegramente al Tesoro Público. Desde 2023, cuando por primera vez no obtuvo beneficios, el organismo se enfrenta al mismo problema que otros bancos centrales: paga más por los depósitos de las entidades financieras de lo que ingresa por los activos de deuda que mantiene. En ese año tuvo que destinar 6.612 millones en provisiones para evitar pérdidas, cifra que aumentó a 7.549 millones en 2024. Aun así, contaba con suficientes reservas acumuladas en ejercicios anteriores -que alcanzaban los 33.000 millones en 2022- para absorber ese impacto. En 2025 también fue necesario recurrir a provisiones, aunque en menor medida. Según el supervisor, esto se explica por la reducción de los gastos por intereses asociados a los depósitos bancarios, debido tanto a la menor liquidez como a la caída de los tipos aplicados. En concreto, estos costes se redujeron en 3.588 millones, pasando de -8.036 millones a -4.448 millones, gracias a que el tipo medio bajó del 3,45% en 2024 al 2,07% en 2025 y a que las entidades depositaron menos excedentes. La bajada de los tipos oficiales iniciada por el Banco Central Europeo en junio de 2024, que se prolongó durante un año hasta situarlos del 4% al 2%, ha sido clave para mejorar la situación financiera del Banco de España. Según la institución, este cambio permitió recuperar márgenes positivos y volver a obtener beneficios. En cuanto a otros aspectos de las cuentas, los gastos de personal aumentaron en 25 millones, hasta alcanzar los 378 millones, mientras que los costes de producción de billetes descendieron de 68 a 61 millones. Por el lado de los ingresos, la cartera propia en euros y en divisas generó 3.038 millones, procedentes principalmente de activos de renta fija en distintas monedas, como dólares estadounidenses, libras esterlinas, dólares canadienses y renminbis. Además, las operaciones de intercambio de divisas aportaron 166 millones en intereses, especialmente en transacciones con yenes frente al dólar. También destaca la evolución del valor de las reservas de oro. Aunque el Banco de España mantiene más de nueve millones de onzas, igual que el año anterior, su valor aumentó en 10.484 millones de euros debido a la subida del precio del oro en los mercados. Al cierre de 2025, estas reservas estaban valoradas en 33.219 millones de euros, aunque esa cifra sería aún mayor con los precios actuales, que se acercan a los 4.000 euros por onza.

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