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(Expansión, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed mantiene los tipos en el 3,5% y pospone posibles medidas contra la inflación

La Reserva Federal cumplió este miércoles con las expectativas del mercado y decidió mantener los tipos de interés en el rango del 3,5% al 3,75%, pese al creciente debate interno sobre la conveniencia de endurecer la política monetaria para contener las presiones inflacionistas derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La segunda reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) bajo la presidencia de Kevin Warsh, nombrado para el cargo por Donald Trump, aplaza así cualquier posible subida de tipos, al menos, hasta después del verano. No obstante, la división dentro del banco central estadounidense se hace cada vez más evidente. Si en la primera reunión presidida por Warsh la decisión de mantener los tipos fue unánime, en esta ocasión el resultado fue de nueve votos a favor y tres en contra. Los gobernadores Beth M. Hammack, de la Reserva Federal de Cleveland; Neel Kashkari, de Minneapolis; y Lorie K. Logan, de Dallas, defendieron un incremento inmediato de un cuarto de punto en los tipos de interés. La mayoría del Comité justificó su decisión señalando que la economía estadounidense continúa creciendo con solidez pese a la incertidumbre provocada por la situación en Oriente Medio. La Fed destacó el buen comportamiento de la inversión empresarial, el avance de la productividad y la fortaleza del mercado laboral, razones por las que optó por mantener sin cambios el precio del dinero por quinta reunión consecutiva este año. Aun así, la institución reconoció que la inflación sigue situándose por encima del objetivo del 2%, una circunstancia que atribuye parcialmente a los problemas de oferta y al encarecimiento de algunos sectores, especialmente el energético. En su comunicado, el organismo reiteró únicamente su compromiso de preservar la estabilidad de precios, sin ofrecer señales claras sobre futuras decisiones. Durante la rueda de prensa posterior, Kevin Warsh defendió la prudencia del banco central y aseguró que la elevada inflación acumulada durante más de cinco años no puede corregirse en apenas unas semanas. También afirmó que la Reserva Federal actuará cuando lo considere necesario y recordó que el objetivo de inflación sigue siendo exclusivamente del 2%, sin margen para modificar esa referencia. El presidente de la Fed explicó además que vigilará de cerca la evolución de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense, cuyo comportamiento calificó como uno de los más relevantes de las dos últimas décadas. Al mismo tiempo, destacó la fortaleza de la inversión empresarial, especialmente en los sectores tecnológico y de inteligencia artificial, donde el gasto en capital ha aumentado alrededor de un 20% en el último año, sentando las bases para un mayor crecimiento económico. Aunque la mayoría de los analistas daba por descontado que la Reserva Federal mantendría los tipos sin cambios, en los últimos días había cobrado fuerza la posibilidad de una subida inmediata debido al repunte de las tensiones geopolíticas y su impacto sobre los precios de la energía. Quienes defendían la continuidad de la política monetaria destacaban la resistencia del empleo y la moderación de la inflación en junio, cuando el IPC descendió hasta el 3,5% desde el 4,2% registrado en mayo, coincidiendo con el alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán. Sin embargo, cerca de un tercio de los expertos contemplaba la posibilidad de una subida de tipos como respuesta a una inflación que lleva cinco años por encima del objetivo de la Reserva Federal. Esa expectativa se apoyaba también en las recientes declaraciones de Warsh ante el Congreso, donde aseguró que el banco central no permitirá que la inflación elevada se convierta en permanente. Las presiones para endurecer la política monetaria se intensificaron tras el recrudecimiento del conflicto en torno al estrecho de Ormuz y los ataques hutíes contra petroleros saudíes en el mar Rojo, factores que impulsaron nuevamente el precio del petróleo y elevaron el coste de la gasolina por encima de los cuatro dólares por galón. La incertidumbre que rodeó esta reunión también estuvo condicionada por el cambio de estrategia comunicativa impulsado por Warsh desde su llegada al cargo. El nuevo presidente ha eliminado la denominada orientación prospectiva o forward guidance, con la que la Reserva Federal anticipaba al mercado sus futuros movimientos sobre los tipos de interés. Con esta decisión pretende reducir la influencia que esas previsiones ejercían sobre empresas e inversores. La combinación de esa nueva estrategia de comunicación y el aumento de las tensiones geopolíticas, tras los recientes ataques iraníes contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo, provocó que Wall Street afrontara la jornada con pérdidas antes de conocerse la decisión de la Reserva Federal.

(Expansión, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Condenan a un abogado por utilizar jurisprudencia falsa generada por IA

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa de 840 euros a un abogado por presentar un recurso que incluía citas textuales de supuestas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que, en realidad, nunca existieron y habían sido generadas por un sistema de inteligencia artificial. La Sala de lo Penal considera que la actuación del letrado no puede calificarse como un simple error involuntario, sino que constituye una grave falta de diligencia profesional. Según los magistrados, su conducta supone un incumplimiento del deber de buena fe procesal y una falta de respeto hacia el tribunal encargado de resolver el recurso. En la resolución, el TSJC recuerda que los profesionales del Derecho ya deberían conocer el riesgo de las denominadas "alucinaciones" de la inteligencia artificial, es decir, la generación de información falsa o inexistente presentada como si fuera verídica. El tribunal también destaca que el abogado no reconoció el error ni presentó disculpas, por lo que considera insuficiente una mera advertencia o apercibimiento. Para fijar la cuantía de la sanción, la Sala optó por un criterio que califica de objetivo y con carácter ejemplarizante. En concreto, tomó como referencia el coste aproximado de una suscripción anual a una herramienta de inteligencia artificial especializada en el ámbito jurídico, cuyo uso, a juicio del tribunal, probablemente habría evitado la inclusión de referencias jurisprudenciales inexistentes. La sentencia señala que este tipo de aplicaciones profesionales puede contratarse desde unos 70 euros al mes, por lo que estableció una multa equivalente a doce meses de suscripción, es decir, 840 euros. No se trata del primer episodio de estas características en Canarias. En febrero, la misma Sala ya sancionó con 420 euros a otro abogado que había incorporado en un recurso hasta 48 resoluciones judiciales falsas, presuntamente generadas mediante inteligencia artificial.

(El Economista, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno confía a la IA los órganos de contratación y las mesas de adjudicación

El Gobierno pretende reforzar los mecanismos de prevención de la corrupción mediante el anteproyecto de Ley de Integridad Pública, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros en segunda lectura. La iniciativa, cuyo recorrido parlamentario dependerá de la obtención de apoyos suficientes en las Cortes, apuesta por la digitalización completa de la gestión del gasto público y por la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles irregularidades en tiempo real, al tiempo que endurece las medidas para perseguir los delitos y recuperar los fondos públicos desviados. La norma contempla que los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial supervisen de forma automatizada la posible existencia de conflictos de interés dentro de la Administración General del Estado. Para ello, establece la digitalización obligatoria de todos los expedientes y documentos relacionados con el gasto público, desde su registro contable inicial hasta la autorización definitiva del pago. Con el fin de facilitar este control, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) elaborará un catálogo único y estandarizado con la documentación que deberá integrar cada expediente. A partir de ese modelo común, los sistemas informáticos incorporarán controles automáticos capaces de detectar errores formales, inconsistencias o defectos documentales, bloqueando aquellos expedientes que no cumplan los requisitos antes de que puedan generar un desembolso de fondos públicos. Toda la información recopilada se integrará en una base de datos centralizada sobre el gasto del Estado. Sobre este repositorio se aplicarán tecnologías de análisis masivo de datos y algoritmos avanzados para elaborar mapas de riesgo y detectar patrones anómalos. El sistema toma como referencia el modelo desarrollado con la herramienta MINERVA, utilizada para supervisar la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En materia de contratación pública, la inteligencia artificial analizará la actuación de los órganos de contratación, de las mesas encargadas de valorar las ofertas y de los responsables de las adjudicaciones. En el ámbito de las subvenciones, el control alcanzará tanto a los órganos concedentes como a las comisiones de evaluación. La supervisión automatizada también se extenderá a los procesos de selección de personal, oposiciones y actuaciones relacionadas con la ordenación del territorio. Como requisito obligatorio, todas las personas que participen en estos procedimientos deberán firmar una Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI). La IGAE asumirá el análisis automatizado en los expedientes de contratación y subvenciones, mientras que las Inspecciones de Servicios de cada ministerio serán las encargadas de supervisar los procedimientos relacionados con los recursos humanos. El anteproyecto establece igualmente límites al uso de la inteligencia artificial para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. Los algoritmos no podrán adoptar decisiones ni determinar responsabilidades administrativas o penales, funciones que seguirán correspondiendo exclusivamente a las autoridades competentes. Su utilización quedará restringida a la detección de riesgos, la identificación de patrones sospechosos y la emisión de alertas preventivas. Además, las herramientas tecnológicas que emplee la futura Agencia Independiente de Integridad Pública deberán someterse a auditorías periódicas, garantizar la trazabilidad de sus decisiones, respetar la normativa de protección de datos y mantener en todo momento la supervisión humana. El texto también incorpora medidas para reforzar el control sobre la externalización y privatización de servicios públicos esenciales. En estos casos será obligatorio evaluar previamente los riesgos asociados a la gestión privada de recursos públicos con el objetivo de incrementar la transparencia y prevenir posibles irregularidades en la contratación. En el ámbito societario, la futura ley plantea aumentar la transparencia empresarial mediante la inscripción obligatoria en una sección específica del Registro Mercantil de todas las participaciones sociales, con independencia de su porcentaje. Asimismo, cualquier transmisión o gravamen sobre dichas participaciones deberá quedar registrado electrónicamente. Con esta medida se busca mejorar la identificación de la titularidad real de las empresas y reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales.

(El Periódico, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación repunta hasta el 3,5% en julio por los combustibles y la electricidad

La inflación volvió a acelerar su crecimiento en julio y alcanzó el 3,5% interanual, tres décimas más que el 3,2% registrado en junio, según el avance publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). También aumentó la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía y los alimentos, al situarse en el 3%, una décima por encima del dato del mes anterior. Ambos indicadores permanecen claramente por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE). La evolución de los precios continúa muy condicionada por las tensiones en los mercados energéticos derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán y de las alteraciones en el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico por el que circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas. Este contexto ha mantenido la presión sobre los costes energéticos y, en consecuencia, sobre la inflación. Para hacer frente al impacto económico de la crisis, el Gobierno aprobó en marzo un primer paquete de medidas extraordinarias que fue revisado en julio. El nuevo esquema prevé una retirada progresiva de las ayudas durante el verano, aunque incorpora una cláusula que permite mantenerlas o reforzarlas si se producen nuevos repuntes de la inflación. Esta salvaguarda responde a la incertidumbre que sigue rodeando la evolución del conflicto y a su posible repercusión sobre los mercados energéticos. Aunque en junio Washington y Teherán alcanzaron un alto el fuego, la reanudación de las hostilidades pocas semanas después volvió a incrementar la volatilidad de los precios del petróleo y del gas. El Ejecutivo sostiene que el plan de respuesta está contribuyendo a limitar el impacto de la crisis sobre la economía doméstica. Según sus estimaciones, las medidas adoptadas han reducido la inflación en aproximadamente un punto porcentual de media durante los últimos meses, amortiguando más del 60% del incremento de los precios provocado por la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

(Expansión, 29-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba la mayor inversión de la historia en redes de luz

El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, el real decreto que establece el marco regulador de los planes de inversión en las redes de transporte y distribución de electricidad en España. Con esta medida, el Ejecutivo autoriza una inversión adicional de 17.900 millones de euros en estas infraestructuras hasta 2030. Según las previsiones del ministerio, si se suman estas partidas a las inversiones ordinarias ya previstas, el volumen total destinado a las redes eléctricas podría superar los 35.000 millones de euros antes de que finalice la década. La actividad de las redes eléctricas en España, cuyos ingresos proceden de los peajes incluidos en la factura de la luz, está sometida a regulación para evitar un crecimiento descontrolado de las inversiones. Las principales compañías del sector, como Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, responsables de las redes de distribución, junto con Redeia, esperaban desde hacía meses la aprobación de esta norma. El sector venía alertando de que la red eléctrica actual presenta un elevado nivel de saturación, lo que dificulta la conexión de nuevos proyectos, entre ellos los centros de datos. Hasta ahora, la inversión anual financiada mediante los peajes eléctricos estaba limitada al 0,065% del PIB para las redes de transporte y al 0,13% del PIB para las de distribución. El Gobierno ha decidido flexibilizar temporalmente estos límites al considerar que resultaban insuficientes para atender las necesidades derivadas de la transición energética y del elevado número de solicitudes de acceso a la red. Con este cambio, el Ejecutivo prevé aumentar progresivamente el volumen de inversión hasta 2030 para facilitar el desarrollo de los proyectos previstos. En el caso de la distribución, podrán destinarse hasta 10.200 millones de euros adicionales, repartidos entre 1.020 millones en 2027, 2.550 millones en 2028, 3.060 millones en 2029 y 3.570 millones en 2030. Por su parte, las inversiones adicionales en la red de transporte, gestionada por Red Eléctrica, ascenderán a un máximo de 7.700 millones de euros, distribuidos en 700 millones en 2027, 1.850 millones en 2028, 2.300 millones en 2029 y 2.850 millones en 2030.

(La Vanguardia, 29-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña prorroga por un año el tope de alquileres y actualiza los municipios afectados

La Generalitat de Cataluña ha prorrogado un año más, hasta 2028, la declaración de zona de mercado residencial tensionado y ha actualizado el listado de municipios afectados. La medida mantiene la regulación en 118 localidades que continúan cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley de Vivienda, mientras que 22 municipios salen del régimen de limitación de alquileres al haber mejorado sus indicadores de accesibilidad. Entre ellos figuran Reus, Lleida, Granollers y Mollet del Vallès. Al mismo tiempo, el Govern ha aprobado una nueva declaración que incorpora 53 municipios que hasta ahora no estaban considerados como zonas tensionadas, pero que actualmente cumplen las condiciones exigidas para aplicar el control de rentas. Con esta ampliación, el número total de municipios con limitación del precio del alquiler asciende a 271, donde reside aproximadamente el 90% de la población catalana. La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha defendido que la evolución del mercado demuestra la eficacia de la medida para contener el incremento de los alquileres y mejorar el acceso a la vivienda. Según el Ejecutivo catalán, la regulación ha contribuido a moderar la evolución de los precios en las zonas afectadas. De acuerdo con la normativa estatal, la declaración de zona tensionada tiene una vigencia de tres años y puede renovarse anualmente siempre que se mantengan determinadas circunstancias, como que los hogares destinen más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda y suministros o que los alquileres hayan aumentado en los últimos cinco años más de tres puntos porcentuales por encima del IPC. Los últimos datos de la Agència de l'Habitatge muestran que entre el primer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2026 los alquileres descendieron un 1,3% en las zonas reguladas, mientras que la inflación en Cataluña aumentó un 5,3%. En contraste, en los municipios sin limitación de rentas los precios del alquiler crecieron un 9,5%. No obstante, la Generalitat reconoce que persisten las dificultades de acceso a la vivienda y la escasez de oferta en el mercado del alquiler. La ampliación aprobada incorpora principalmente municipios de las comarcas de Girona, con 16 nuevas localidades, seguidas de Cataluña Central (9), Camp de Tarragona (7), Barcelona y Penedès (6 cada una), Alt Pirineu i Aran y Lleida (4 respectivamente) y Terres de l'Ebre (1). En las zonas declaradas tensionadas, los nuevos contratos de alquiler no podrán superar el importe del último contrato vigente en los cinco años anteriores, una vez aplicada la actualización correspondiente. Además, cuando el propietario sea un gran tenedor -persona física o jurídica con cinco o más inmuebles urbanos situados en estas zonas-, el precio del alquiler deberá ajustarse también al índice oficial de referencia de precios.

(Cinco Días, 28-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex toca máximos históricos impulsado por la corrección del precio del petróleo

La decisión de Estados Unidos e Irán de suspender temporalmente las hostilidades ha sido recibida con optimismo por los mercados financieros, que en las últimas semanas mostraban una creciente preocupación por el impacto que el encarecimiento del petróleo podría tener sobre la inflación mundial. La relajación de las tensiones en Oriente Próximo ha provocado una fuerte caída del precio del crudo, impulsando al mismo tiempo a las bolsas y favoreciendo una recuperación de la deuda pública. El barril de Brent registra un descenso superior al 8% y cotiza en torno a los 88 dólares, después de haber alcanzado recientemente los 100 dólares por barril. Esta corrección ha reducido la presión sobre los mercados de renta fija y ha favorecido el avance de la renta variable, permitiendo al Ibex 35 marcar nuevos máximos históricos. Tras trece días de enfrentamientos, Washington y Teherán han optado por dar una oportunidad a la vía diplomática. El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, anunció que el presidente Donald Trump ha decidido conceder un margen a las negociaciones antes de valorar una posible reanudación de las operaciones militares. Los analistas de ING consideran que se trata de una primera señal de desescalada, aunque advierten de que todavía es pronto para normalizar completamente el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz mientras no exista la certeza de que el alto el fuego será duradero. A ello se suma la persistencia de la tensión en el mar Rojo, donde los hutíes aseguran haber atacado varios objetivos en Arabia Saudí. Los expertos de Deutsche Bank mantienen que el principal foco de riesgo continúa concentrado en el mercado energético y en el transporte marítimo, ya que tanto el estrecho de Ormuz como el mar Rojo siguen operando bajo una elevada incertidumbre. En la misma línea, UBS Global Wealth Management no descarta que el petróleo vuelva a acercarse a los máximos del año si el conflicto se intensifica nuevamente, especialmente en caso de que se produzcan ataques contra infraestructuras energéticas. No obstante, UBS considera que ambas partes tienen incentivos económicos para restablecer progresivamente la normalidad en las rutas marítimas. Una interrupción prolongada del suministro elevaría el coste de la energía para los consumidores estadounidenses, mientras que una caída sostenida de las exportaciones de crudo dificultaría la financiación de la economía iraní y la provisión de bienes básicos para su población. La mejora del contexto geopolítico ha impulsado a los mercados bursátiles. Los futuros de Wall Street anticipan avances cercanos al 1% y las principales bolsas europeas registran subidas similares. En España, el Ibex 35 avanza alrededor de un 1,5% y supera temporalmente los 19.852 puntos, estableciendo un nuevo máximo histórico. Desde que recuperó los niveles previos a la crisis financiera a finales del pasado año, el índice español acumula una revalorización cercana al 40% en los últimos doce meses y se aproxima al umbral de los 20.000 puntos. Dentro del selectivo español destacan las subidas de Indra y Banco Santander, mientras que Repsol registra descensos como consecuencia del retroceso del precio del petróleo. La moderación del crudo también reduce las expectativas de un repunte adicional de la inflación, aunque los inversores permanecen atentos a las próximas decisiones de los bancos centrales. El mercado da prácticamente por hecho que la Reserva Federal mantendrá sin cambios los tipos de interés en su próxima reunión, aunque analizará con detalle el mensaje de su presidente, Kevin Warsh, en busca de señales sobre el calendario de futuros recortes. Pese al alivio registrado en las últimas sesiones, algunos analistas mantienen la cautela. Ronald Temple, estratega jefe de mercados de Lazard, considera que el riesgo de nuevas subidas del precio de la energía sigue siendo elevado debido al menor nivel de reservas estratégicas y a la limitada capacidad de China para compensar nuevas interrupciones del suministro internacional de petróleo. La mejora del sentimiento inversor también se ha reflejado en los mercados de deuda. La rentabilidad del bono estadounidense a diez años ha descendido hasta el 4,63%, tras haber superado recientemente el 4,7%, mientras que el rendimiento del bono español con vencimiento en 2036 se ha moderado hasta el 3,58%. Durante los próximos días, la atención de los mercados se centrará también en los datos de inflación y empleo que se publiquen en Estados Unidos, así como en los resultados trimestrales de grandes compañías tecnológicas como Microsoft, Apple, Amazon y Meta, que servirán para evaluar si las elevadas inversiones en inteligencia artificial siguen respaldando las valoraciones del sector. En este contexto, Bank of America considera que la reciente corrección sufrida por las empresas vinculadas a la inteligencia artificial podría estar próxima a concluir, aunque recomienda una mayor selección de valores ante un entorno que continúa expuesto a riesgos macroeconómicos, especialmente si se produjera un nuevo repunte del petróleo o un endurecimiento inesperado de la política monetaria.

(Expansión, 28-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno crea una autoridad para unificar el control del blanqueo de capitales

El Consejo de Ministros celebrará hoy su última reunión antes del parón estival y, además de aprobar un paquete de medidas para hacer frente a los incendios, tiene previsto dar luz verde al anteproyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales. La principal novedad de esta reforma será la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), un organismo que concentrará las funciones de supervisión, inspección y sanción en materia de lucha contra el blanqueo de capitales en España. La iniciativa actualiza el marco normativo vigente desde 2010 y adapta la legislación española al nuevo paquete europeo de prevención del blanqueo aprobado en 2024. Entre sus principales novedades figura la ampliación del número de sujetos obligados a cumplir estas normas, incorporando a proveedores de servicios de criptoactivos, plataformas de financiación participativa y clubes y agentes del fútbol profesional. La nueva ANIFI asumirá las funciones de unidad de inteligencia financiera, supervisión, inspección, potestad sancionadora y aplicación de las sanciones financieras internacionales. Asimismo, ejercerá competencias que hasta ahora no estaban atribuidas a ningún organismo, como la supervisión de las medidas destinadas a prevenir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, será el interlocutor único de España ante la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA). La autoridad quedará integrada en la estructura del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una decisión que, según fuentes gubernamentales, permitirá aprovechar la organización y los recursos ya existentes. Al frente del FROB ha sido propuesta recientemente Carla Díaz Álvarez de Toledo, actual directora general del Tesoro y Política Financiera. La ANIFI contará inicialmente con una plantilla aproximada de 250 profesionales, procedentes del propio FROB, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y del Tesoro. En cuanto a su financiación, dispondrá de un presupuesto anual cercano a los 50 millones de euros, que se sufragará mediante una nueva tasa aplicable a los sujetos obligados que operan bajo autorización administrativa, principalmente entidades financieras y operadores del sector del juego. De este modo, el organismo no dependerá directamente de los Presupuestos Generales del Estado. La reforma constituye una revisión más amplia del sistema de prevención del blanqueo que la prevista en anteriores proyectos normativos y se desarrolla de forma paralela al proyecto de Ley de Integridad Pública. Con ello, el Gobierno pretende aproximar la legislación española a los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de fijar las recomendaciones internacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Uno de los cambios más relevantes del anteproyecto es la incorporación expresa de los criptoactivos al ámbito de actuación de las autoridades de prevención del blanqueo. A partir de la nueva normativa, los proveedores de servicios relacionados con estos activos digitales estarán sometidos a las mismas obligaciones de control que otros operadores financieros, en respuesta al creciente uso de nuevas tecnologías y a la sofisticación de las redes delictivas. Además, la ley reforzará las obligaciones de transparencia sobre la titularidad real de empresas y entidades, ampliando las facultades de inspección y sanción del Registro Central correspondiente. También endurecerá los requisitos de idoneidad para los sujetos obligados, impidiendo que personas condenadas por delitos de blanqueo de capitales puedan dirigir o gestionar este tipo de entidades. Por último, el anteproyecto incrementará los controles sobre los movimientos de dinero en efectivo, reforzando las herramientas de prevención del fraude fiscal y de lucha contra el blanqueo de capitales, en línea con las últimas reformas impulsadas tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea.

(El País, 28-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno pospone la aprobación del real decreto de vivienda para después del verano ante la falta de apoyos

El Gobierno ha decidido aplazar hasta después del verano la aprobación del nuevo real decreto de vivienda, una de las principales iniciativas con las que pretendía cerrar el curso político. La norma no será abordada en el Consejo de Ministros de este martes al constatar el Ejecutivo que no dispone de los apoyos suficientes para garantizar su convalidación en el Congreso, debido a las diferencias existentes entre los partidos que respaldaron la investidura. La semana pasada, Sumar anunció que había alcanzado un acuerdo con el PSOE sobre el contenido del decreto, concebido para dar respuesta a la crisis de acceso a la vivienda, uno de los problemas que más preocupa actualmente a la ciudadanía. Entre las medidas previstas figuraba la posibilidad de prorrogar y congelar el precio de los alquileres durante dos años, siempre que el inquilino lo solicitara antes del 30 de junio de 2028. Sin embargo, la reacción de formaciones como Podemos y Junts evidenció que el consenso parlamentario estaba lejos de alcanzarse. El Ejecutivo había confiado en que este decreto se convirtiera en el principal cierre de su agenda social antes del parón estival, en un contexto marcado por el impacto político de diversos frentes judiciales relacionados con el PSOE. No era el primer intento de sacar adelante estas medidas, ya que una propuesta similar, que incluía la prórroga extraordinaria de los alquileres y constituía una de las principales reivindicaciones de Sumar, fue rechazada el pasado mes de abril con los votos de Junts, PP y Vox. Con el objetivo de aumentar las posibilidades de aprobación, el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, había ampliado el contenido del decreto e incorporado medidas destinadas a atraer el respaldo de grupos como PNV, Junts, ERC, EH Bildu y Podemos. Entre las novedades figuraba la incorporación de algunas propuestas defendidas por el PNV, como equiparar el régimen del alquiler de habitaciones al de la vivienda habitual, estableciendo contratos de entre cinco y siete años y limitaciones al precio en las zonas declaradas tensionadas. El principal punto de fricción seguía siendo la prórroga extraordinaria de los alquileres. Para facilitar un acuerdo, el Gobierno había añadido un paquete de incentivos fiscales dirigido a los propietarios que mantuvieran o redujeran el precio de la renta al renovar los contratos, una medida que respondía a las demandas de Junts, aunque no satisfacía las exigencias de Podemos. La formación morada condicionó cualquier negociación a la retirada de los artículos que modifican la Ley del Suelo, al considerar que esa reforma no debía incluirse en el decreto. En sentido contrario, el PNV defendía que dicha modificación era imprescindible para dotar de mayor seguridad jurídica al urbanismo, agilizar la tramitación de los planeamientos y evitar bloqueos administrativos. Además, reclamaba que el texto regulara el alquiler de temporada y garantizara el respeto a las competencias de las comunidades autónomas. La dificultad para conciliar estas posiciones ha llevado finalmente al Ejecutivo a retrasar la aprobación del decreto, con el objetivo de ganar tiempo para negociar con los distintos grupos parlamentarios y evitar una nueva derrota legislativa al comienzo del próximo y último curso de la legislatura.

(El Economista, 28-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa podría quitar la prohibición total a las stablecoins y permitir a los usuarios obtener intereses por usarlas

La regulación europea de los criptoactivos podría experimentar un cambio relevante en los próximos años en relación con las stablecoins. La Comisión Europea ha iniciado una consulta pública dirigida al sector para revisar el marco normativo vigente y estudia la posibilidad de flexibilizar la actual prohibición de ofrecer remuneraciones a los usuarios de este tipo de activos digitales. Entre las opciones que se analizan figura un modelo similar al que se está desarrollando en Estados Unidos, basado en recompensar el uso de las stablecoins sin equipararlas a los depósitos bancarios. El principal reto para los reguladores consiste en encontrar un equilibrio entre fomentar el uso de las monedas estables como medio de pago y evitar que se conviertan en un producto de ahorro o inversión. Con ese objetivo, la Comisión ha incluido en la consulta, compuesta por 86 preguntas, una específica sobre la conveniencia de modificar la prohibición que actualmente impide ofrecer intereses u otras formas equivalentes de remuneración a los titulares de estos activos. Dentro de la normativa europea, las stablecoins se consideran "tokens de dinero electrónico" (EMTs), es decir, representaciones digitales de monedas oficiales como el euro o el dólar. Debido a esta doble naturaleza, están sujetas tanto al reglamento MiCA, que regula los criptoactivos, como a la directiva PSD2 sobre servicios de pago y dinero electrónico. Esta última establece que el dinero electrónico no puede generar intereses, lo que limita actualmente las posibilidades de remuneración de las stablecoins. Diversos representantes del sector consideran que esta restricción dificulta la innovación y reduce la competitividad europea frente a otras jurisdicciones. Además de servir como medio de pago, las stablecoins tienen aplicaciones en la liquidación de operaciones, la gestión de tesorería y las finanzas descentralizadas (DeFi). La imposibilidad de ofrecer incentivos económicos disminuye su atractivo frente a soluciones disponibles fuera de la Unión Europea y favorece que muchos usuarios recurran a protocolos descentralizados donde sí existen mecanismos de recompensa. Otro de los objetivos de la Comisión es impulsar el desarrollo de stablecoins denominadas en euros para reducir el dominio actual de las emitidas en dólares. En la actualidad, alrededor del 99,9 % del mercado mundial de monedas estables está vinculado a la divisa estadounidense, con productos como USDT, de Tether, o USDC, de Circle, mientras que las alternativas en euros continúan teniendo una presencia muy reducida. Los especialistas del sector insisten, no obstante, en que cualquier modificación normativa debe preservar la naturaleza de las stablecoins como instrumento de pago. Por ello, consideran que las posibles recompensas deberían ser limitadas, transparentes y vinculadas al uso efectivo del activo, sin poner en riesgo el derecho de reembolso al valor nominal ni incentivar que estos productos sean adquiridos principalmente como una inversión financiera. En Estados Unidos se está debatiendo una solución en esa línea. La propuesta que cuenta con un amplio consenso permitiría que los emisores ofrecieran incentivos a los usuarios por utilizar las stablecoins en operaciones de pago, pero no por mantenerlas simplemente en cartera como si fueran un depósito remunerado. Este enfoque es visto por parte de la industria europea como una referencia que podría adaptarse al mercado comunitario. Las propuestas plantean que puedan autorizarse beneficios comerciales o programas de fidelización ligados al uso de las stablecoins, siempre que no impliquen una rentabilidad garantizada ni dependan de estrategias de inversión de las reservas que respaldan estos activos, preservando así su estabilidad y su función como medio de pago. La consulta pública de la Comisión Europea permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Las aportaciones recibidas servirán de base para la revisión del reglamento MiCA, prevista entre 2028 y 2029, y podrían dar lugar a un marco regulatorio más flexible para las stablecoins, tanto para las empresas emisoras como para los usuarios. Esta tendencia no es exclusiva de la Unión Europea. El Reino Unido también estudia una reforma de su regulación para favorecer la utilización de stablecoins denominadas en libras esterlinas como instrumento de pago. Su propuesta contempla igualmente la posibilidad de permitir recompensas vinculadas al uso de estos activos, manteniendo la prohibición de que se conviertan en un producto de ahorro o inversión.

La Fed mantiene los tipos en el 3,5% y pospone posibles medidas contra la inflación

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El Gobierno aprueba la mayor inversión de la historia en redes de luz

Cataluña prorroga por un año el tope de alquileres y actualiza los municipios afectados

El Ibex toca máximos históricos impulsado por la corrección del precio del petróleo

El Gobierno crea una autoridad para unificar el control del blanqueo de capitales

El Gobierno pospone la aprobación del real decreto de vivienda para después del verano ante la falta de apoyos

Europa podría quitar la prohibición total a las stablecoins y permitir a los usuarios obtener intereses por usarlas

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