(Cinco Días, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La gran industria alerta al Gobierno de paradas de sus fábricas este otoño por los altos precios de la energía

La gran industria española afronta los próximos meses con preocupación ante el fuerte incremento de los costes energéticos. Diez organizaciones empresariales que representan a algunos de los principales sectores productivos del país han trasladado al Gobierno que el encarecimiento de la electricidad, el gas y los carburantes está deteriorando su competitividad y ya está provocando paradas puntuales en determinadas instalaciones industriales. Los representantes del sector anticipan, además, un empeoramiento de la situación durante el otoño y el invierno si los precios mantienen su actual trayectoria. Anfac, Sernauto, Aspapel, Feique, AEGE, Gas Industrial, Sercobe, Oficemen, Unesid y Ascer participaron este lunes en una reunión con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, a quienes expusieron el impacto que está teniendo la crisis energética sobre la actividad manufacturera. Los representantes empresariales trasladaron que ya están detectando una reducción progresiva del consumo energético, un indicador que relacionan directamente con una menor actividad de las fábricas. La situación preocupa especialmente porque el descenso de la producción podría intensificarse durante los próximos meses si continúan aumentando los costes de electricidad, gas y combustibles. Durante el encuentro, que se prolongó aproximadamente dos horas en el Ministerio de Economía, los ministros reconocieron su preocupación por la evolución de los precios. También recordaron que las medidas de apoyo aprobadas en los anteriores reales decretos de respuesta a la crisis finalizan el próximo 30 de septiembre. El Ejecutivo todavía no ha concretado qué actuaciones adoptará posteriormente y ha señalado que las reglas europeas limitan el margen para nuevas rebajas fiscales, aunque Bruselas también reclama medidas que impulsen la reindustrialización. Las empresas industriales calculan que el precio de la electricidad podría duplicarse respecto a los niveles registrados durante el verano. Según sus estimaciones, el coste pasaría de unos 85 euros por megavatio hora a alrededor de 170 euros por MWh durante el otoño. A esta situación se suma el fuerte incremento del gas y de los carburantes, cuyos precios se encuentran en niveles que el sector no registraba desde hace varios años. El encarecimiento de la energía está llevando a algunas compañías a detener temporalmente su producción durante las franjas horarias en las que resulta más caro fabricar. Las organizaciones empresariales temen que estas paradas se generalicen y terminen derivando en una reducción de turnos y, eventualmente, en ajustes de las plantillas. A ello se añade el riesgo de una pérdida de demanda, ya que las empresas pueden verse obligadas a trasladar parte del aumento de los costes a los precios finales de sus productos. La reunión fue convocada por el propio Gobierno para conocer de primera mano la situación de los diferentes sectores industriales y comparar el escenario actual con el existente al comienzo de la crisis energética provocada por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Ejecutivo también quería evaluar el efecto de las medidas incluidas en los dos reales decretos aprobados para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra y conocer las perspectivas empresariales para los próximos meses. Los responsables económicos del Gobierno están manteniendo encuentros con los principales sectores afectados por la inestabilidad geopolítica. Además de la industria, este lunes se celebraron reuniones con representantes del sector agroalimentario. Los empresarios industriales consideran que, varios meses después del inicio del conflicto, la situación energética es incluso más complicada que al principio, mientras los mercados mantienen una elevada incertidumbre ante la evolución de las negociaciones y las distintas treguas anunciadas. El Ejecutivo aprobó durante la primavera un conjunto de medidas destinadas a amortiguar el impacto de la crisis sobre la economía española y posteriormente prorrogó parte de estas ayudas durante el verano. Sin embargo, estas medidas tienen como fecha de finalización el próximo 30 de septiembre, coincidiendo con un momento en el que la inflación se encuentra en niveles elevados, impulsada principalmente por el aumento de los costes energéticos. Una eventual prórroga de las ayudas o la aprobación de nuevos mecanismos de apoyo exigiría al Gobierno aprobar otro real decreto-ley. Posteriormente, la norma tendría que ser convalidada por el Congreso de los Diputados en el plazo máximo de 30 días. La industria reclama ahora mayor visibilidad sobre las medidas que estarán disponibles en 2027 para poder calcular sus costes y preparar con mayor certidumbre sus planes de producción e inversión. Entre sus principales peticiones figura mantener durante el próximo año la exención del 80% de los peajes eléctricos y elevar las compensaciones por los costes indirectos de CO2 desde los actuales 600 millones hasta 900 millones de euros, dentro de los límites establecidos por la normativa europea sobre ayudas de Estado. Estas medidas se suman a las ya adoptadas durante 2026. En abril, el primer paquete de apoyo recuperó la exención del 80% de los peajes eléctricos para la industria y elevó de 300 a 600 millones de euros las compensaciones vinculadas al coste del CO2. Las organizaciones industriales también apuntan a las medidas aplicadas en otros países europeos. Entre ellas citan el mecanismo aprobado en Alemania para limitar el coste de la electricidad para determinados consumidores industriales a 50 euros por MWh, como ejemplo de las distintas fórmulas que podrían estudiarse para contener el impacto de los precios energéticos sobre la industria. Los sectores con una mayor dependencia del gas reclaman, además, ayudas directas. El precio de este combustible ha pasado de situarse alrededor de los 30 euros por MWh antes de la escalada del conflicto con Irán a superar actualmente los 80 euros por MWh, según los representantes empresariales. Las advertencias de la industria sobre el impacto de los costes energéticos se han repetido en las últimas semanas. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que agrupa a nueve de los principales sectores industriales del país, ha calculado que la crisis derivada del conflicto en el Golfo Pérsico ha añadido unos 7.400 millones de euros a la factura de electricidad, gas y carburantes de los fabricantes. Ante este escenario, la organización ha reclamado medidas urgentes para proteger la actividad industrial y el empleo.

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(Cinco Días, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión extranjera en España se dispara en la primera mitad del año y roza los 12.500 millones de euros

La inversión extranjera directa en España creció un 31,2% en el primer semestre de 2026, hasta alcanzar los 12.446 millones de euros, según los últimos datos del Registro de Inversiones Extranjeras. El avance estuvo impulsado especialmente por el capital procedente de Estados Unidos, que concentró el 23% del total y aumentó un 84% respecto al mismo periodo de 2025. El incremento también refleja un mayor peso de los proyectos destinados a crear o ampliar capacidad productiva. La inversión greenfield, correspondiente a nuevos proyectos, aumentó más de un 52%, mientras que las iniciativas greenfield y brownfield representaron conjuntamente el 30,5% de la inversión extranjera recibida entre enero y junio. Además, según fDi Markets, España fue el cuarto país del mundo que más proyectos de inversión extranjera captó durante los siete primeros meses del año, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido e India. Pese a la recuperación, el volumen acumulado todavía está por debajo del registrado en la primera mitad de 2024, cuando la inversión rondó los 21.500 millones de euros. Por territorios, Madrid concentró 5.635,7 millones, seguida de Cataluña, con 2.358,6 millones, y la Comunidad Valenciana, con 1.845,8 millones. Este repunte coincide con la revisión del sistema de control de las inversiones extranjeras que prepara el Gobierno. El Ministerio de Economía ha abierto una consulta pública para modificar el marco vigente y adaptar los mecanismos de supervisión a la evolución económica, tecnológica y geopolítica. Entre las propuestas figura ampliar el ámbito de control a determinados sectores, como los centros de datos, y establecer reglas específicas para determinadas inversiones greenfield. La reforma pretende también introducir un procedimiento de autorización en dos fases, precisar qué operaciones quedan sometidas a control y cuáles pueden quedar exentas y simplificar el sistema de consulta voluntaria. En paralelo, el Gobierno ha puesto en marcha el Comité de Inversiones Estratégicas, cuyo objetivo es identificar y facilitar proyectos considerados relevantes para la economía española. Ambos mecanismos responden a objetivos distintos: mientras el primero supervisa posibles riesgos asociados a determinadas inversiones extranjeras, el segundo busca agilizar iniciativas consideradas estratégicas.

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(Expansión, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prevé aprobar en octubre el real decreto que regulará los centros de datos

El Gobierno tiene previsto aprobar en octubre el real decreto que establecerá el nuevo marco regulatorio para los centros de datos, una norma que ha suscitado un elevado número de críticas dentro del sector y que el Ejecutivo considera necesaria para ordenar el crecimiento de las infraestructuras tecnológicas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial. La regulación se encuentra actualmente en fase de estudio de las alegaciones presentadas después de que el trámite de audiencia pública finalizara el pasado 10 de septiembre. El calendario para su aprobación está incluido en el plan IA360, presentado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una hoja de ruta para los próximos doce meses. El documento contempla medidas relacionadas con el refuerzo de las infraestructuras digitales, la incorporación de la inteligencia artificial a empresas y puestos de trabajo, la mejora de la ciberseguridad, la gobernanza de esta tecnología y el establecimiento de un marco de diálogo con sindicatos y organizaciones empresariales. El proyecto normativo afronta una importante oposición por parte de la industria, que ha presentado centenares de alegaciones durante el proceso de consulta. SpainDC, la patronal del sector de los centros de datos, sostiene que la aprobación del decreto en su redacción actual podría poner en riesgo entre el 80% y el 90% de las inversiones previstas en el sector hasta 2030, estimadas en unos 67.000 millones de euros. La asociación también advierte de que España podría acabar contando con uno de los marcos regulatorios más restrictivos de la Unión Europea. El Gobierno, por su parte, señala que las peticiones de acceso a la red eléctrica vinculadas a centros de datos ya superan ampliamente los 2,5 gigavatios de demanda que estima necesarios para 2030. Según el Ejecutivo, satisfacer todas las solicitudes planteadas supondría acometer importantes inversiones en la red eléctrica cuyo coste acabaría repercutiendo en el conjunto de los consumidores. La futura regulación estará también vinculada al proyecto de gigafactoría de inteligencia artificial por el que compite España a escala europea. Según el plan IA360, la instalación se diseñará desde el principio para cumplir las exigencias contempladas en el nuevo decreto y servirá como proyecto de referencia para la aplicación del marco regulatorio. El documento gubernamental da por prevista la llegada a España de una de estas grandes instalaciones de computación para inteligencia artificial. No obstante, la convocatoria europea para seleccionar los proyectos continúa abierta hasta el 12 de noviembre y la Comisión Europea no tiene previsto comunicar las adjudicaciones hasta comienzos de 2027. El Ejecutivo sitúa en febrero de ese año el inicio de las obras y calcula que la infraestructura podría comenzar a operar en 2028. La inversión público-privada asociada al proyecto alcanzaría los 5.000 millones de euros, de los que 719 millones corresponderían a financiación pública. La instalación aspira a convertirse en uno de los principales centros de computación para inteligencia artificial del sur de Europa, con 100.000 aceleradores operativos entre 2028 y 2029. El plan también prevé reforzar las funciones de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que contará con un nuevo Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial. Este organismo tendrá entre sus cometidos la evaluación de modelos avanzados, el desarrollo de herramientas de supervisión y la coordinación de actuaciones frente a los riesgos relacionados con esta tecnología. El Gobierno pretende poner en marcha su núcleo técnico inicial antes de terminar 2026 y que actúe como representante español ante los organismos internacionales especializados en seguridad de la IA. En materia de ciberseguridad, el Ejecutivo plantea nuevas medidas para hacer frente a las amenazas asociadas al uso de inteligencia artificial. Entre las primeras actuaciones figura un proyecto piloto de escudo cibercuántico con el sector financiero, cuyo lanzamiento está previsto para octubre. También se pretende acelerar la adopción de sistemas de criptografía poscuántica mediante nuevas actuaciones y la aprobación de un real decreto que establezca un marco común para esta transición en las Administraciones Públicas y en los sectores sometidos a regulación en materia de ciberseguridad. Otro de los ejes del plan será el diálogo con los agentes sociales. Sánchez ha anunciado que en octubre convocará a sindicatos y organizaciones empresariales para abordar un contrato social sobre la inteligencia artificial, centrado en las consecuencias que tendrá esta tecnología sobre el empleo, la economía y la sociedad. La iniciativa se desarrollará a través de mesas sectoriales relacionadas, entre otros ámbitos, con la educación, el mercado laboral, el sistema financiero y la cultura. El Gobierno también prevé crear un observatorio permanente para seguir la evolución del impacto de la IA sobre el empleo y orientar futuras medidas de formación y adaptación normativa. El Ejecutivo prepara asimismo una nueva Ley de Scale-Up para favorecer el crecimiento de las empresas de nueva creación una vez superada la primera etapa de desarrollo. La norma, que se presentará previsiblemente este otoño, pretende continuar las medidas introducidas por la Ley de Startups y centrarse en compañías que se encuentran entre los cinco y diez años de actividad. El Gobierno plantea además ampliar el actual límite de siete años aplicable a las empresas de base científica o deeptech, debido a que este tipo de proyectos requieren normalmente periodos más largos para alcanzar su madurez. Entre los objetivos fijados figura duplicar la tasa de empresas que consiguen escalar y alcanzar las 50 empresas unicornio en España en 2030. En el ámbito educativo, el plan contempla incorporar la inteligencia artificial al currículo de la educación secundaria y de la formación profesional, además de establecer programas específicos de formación en esta materia para el profesorado. El calendario previsto sitúa la presentación de estas iniciativas y su negociación con las comunidades autónomas durante el primer trimestre de 2027.

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(El Periódico, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España se propone regular el uso de la IA y su impacto laboral: las claves del plan del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de reforzar la regulación de la inteligencia artificial y ha anunciado que el Ejecutivo convocará en octubre a los agentes sociales con el objetivo de impulsar un gran acuerdo de país sobre el impacto y el desarrollo de esta tecnología. Durante la presentación del plan IA360 para promover un despliegue responsable de la inteligencia artificial, Sánchez ha advertido de los riesgos de dejar la evolución de esta tecnología en manos de la autorregulación de las grandes empresas del sector. A su juicio, una IA "desregulada, opaca y en estampida", además concentrada en un reducido número de compañías, constituye "el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia". El presidente también ha cuestionado las estrategias de las grandes tecnológicas para reforzar su posición en el mercado y ha acusado a los denominados "tecnoligarcas" de intentar establecer barreras de entrada con el propósito de consolidar situaciones de monopolio u oligopolio. En este contexto, ha rechazado que los gobiernos deban confiar exclusivamente en los compromisos voluntarios de las compañías que lideran el desarrollo de la IA. Sánchez ha anunciado que el Gobierno reunirá el próximo mes de octubre a los agentes sociales para avanzar hacia un "nuevo contrato social" en torno a la inteligencia artificial. El objetivo, ha explicado, es alcanzar "un acuerdo de país" que permita ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos ante las transformaciones económicas, laborales y sociales que puede provocar la expansión de esta tecnología. En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que "la autorregulación no funciona" y ha defendido que la inteligencia artificial debe desarrollarse bajo criterios de supervisión y trazabilidad. Sánchez ha apostado por una IA "responsable con perspectiva humanista" ante unos riesgos que, según ha señalado, son cada vez más evidentes cuando esta tecnología se desarrolla sin los controles adecuados. El plan IA360 presentado por el Gobierno establece una hoja de ruta para los próximos doce meses y contempla distintas líneas de actuación. Entre ellas figuran el refuerzo de las infraestructuras tecnológicas, el impulso de la adopción de la inteligencia artificial entre empresas y trabajadores, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la creación de mecanismos de gobernanza destinados a acompañar y supervisar el desarrollo de esta tecnología.

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(La Vanguardia, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los europeos tienen 10 billones congelados: el 80% de hogares no tiene acciones ni fondos

Los hogares europeos mantienen una elevada capacidad de ahorro, pero destinan una parte muy reducida de ese dinero a la inversión y, cuando lo hacen, con frecuencia optan por activos situados fuera de Europa. El 80% de las familias de la zona euro no tiene acciones cotizadas ni participaciones en fondos de inversión. Cerca de 10 billones de euros permanecen así en cuentas bancarias y depósitos con una rentabilidad muy reducida o prácticamente inexistente, según un estudio reciente de cinco economistas del Banco Central Europeo (BCE), dirigido por Laura Parisi. El informe, titulado 'Why Europeans save differently - and how to put those savings to work', analiza los hábitos financieros de los hogares europeos a partir de una amplia encuesta. Sus conclusiones dibujan un perfil de ahorrador especialmente conservador, condicionado por el temor a asumir riesgos, un conocimiento limitado de los mercados financieros y una menor confianza en las alternativas de inversión. La vivienda continúa siendo el principal destino del patrimonio de las familias europeas. Más del 60% de los hogares concentra la mayor parte de su riqueza en activos inmobiliarios, principalmente en la vivienda habitual. Al mismo tiempo, una de cada cuatro familias mantiene su dinero en cuentas corrientes o depósitos de baja remuneración. En cambio, solo el 4% destina una parte significativa de su patrimonio a acciones, bonos o fondos de inversión. La diferencia respecto a Estados Unidos resulta especialmente significativa. Mientras la tasa de ahorro de los hogares europeos se sitúa en niveles elevados, en Estados Unidos no alcanza el 50%. Además, entre los hogares con mayor patrimonio, alrededor del 65% posee acciones, fondos o bonos, frente al 45% registrado en Europa. Los economistas del BCE consideran que esta menor participación de las familias de la zona euro en los mercados de capitales no responde únicamente a su capacidad económica. También intervienen los hábitos financieros, la oferta de productos disponibles y las diferencias entre las estructuras institucionales de ambos lados del Atlántico. El estudio destaca, además, que una mayor movilización del ahorro podría contribuir tanto a la economía europea como al patrimonio de los propios hogares. Según los autores, canalizar estos recursos hacia los mercados de capitales puede favorecer la financiación de la innovación, la productividad y el crecimiento a largo plazo, al tiempo que permitiría a las familias obtener una mayor rentabilidad y acumular patrimonio con el paso del tiempo. Esta cuestión también tiene una dimensión estratégica para la Unión Europea. La Comisión Europea ha planteado en distintas ocasiones la necesidad de conseguir que una mayor parte del ahorro generado en Europa se canalice hacia empresas y proyectos europeos, en lugar de terminar financiando mercados de otras regiones, especialmente Estados Unidos, que concentra una parte muy elevada de la capitalización bursátil mundial. El BCE apunta que la menor inversión de los hogares europeos tiene varias causas. El riesgo percibido aparece como el principal freno a la entrada en acciones y fondos de renta variable, al que se añaden la falta de conocimientos financieros y la limitada confianza en los mercados. Los propios autores subrayan que las diferencias de participación tampoco pueden explicarse únicamente por la renta disponible. Josep Soler, director general del Institut d'Estudis Financers (IEF) y delegado ejecutivo de EFPA España, considera que el actual contexto geopolítico refuerza el interés europeo por conseguir que el ahorro se quede dentro de la Unión y contribuya a financiar su economía. Para ello, plantea la posibilidad de introducir incentivos fiscales al ahorro y la inversión, aunque reconoce que los Estados miembros muestran reticencias ante medidas que puedan reducir sus ingresos tributarios. Soler también apunta a la necesidad de mejorar la oferta de inversión. A su juicio, Europa necesita empresas de mayor dimensión que puedan resultar atractivas para los inversores, junto con mercados más transparentes que permitan comparar productos y alternativas con mayor facilidad y eficiencia. El reto para Europa pasa, por tanto, por conseguir que una mayor parte del ahorro de sus ciudadanos abandone las cuentas bancarias y encuentre vías para financiar la actividad empresarial y el crecimiento. La cuestión de fondo es hasta qué punto el modelo europeo de ahorro puede aproximarse al estadounidense y qué cambios serían necesarios para conseguirlo.

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(Expansión, 21-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Economía se lanza a cambiar dos leyes para apuntalar el escudo anti-opas extranjeras

El Ministerio de Economía prepara una reforma relevante del sistema de control de las inversiones extranjeras con el objetivo declarado de precisar conceptos, agilizar los procedimientos y adaptar la normativa al actual escenario internacional. Los cambios planteados supondrían, en la práctica, un refuerzo del denominado escudo antiopas. Desde 2020, determinadas adquisiciones extranjeras en sectores considerados estratégicos requieren autorización del Gobierno. Este mecanismo ha permitido al Ejecutivo bloquear operaciones como la opa del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo o establecer condiciones a la entrada de Saudi Telecom Company en Telefónica. Solo durante 2025, un total de 144 operaciones fueron sometidas a este procedimiento de supervisión. Una de las principales novedades sería convertir en permanente el control sobre las inversiones procedentes de otros países de la Unión Europea. En la actualidad, esta exigencia tiene carácter temporal y está previsto que expire en diciembre de 2026. El Gobierno pretende extenderla inicialmente hasta finales de 2027 mientras tramita una reforma legal que elimine su fecha de caducidad. Aunque dentro de la UE existe, en principio, libertad de circulación de capitales, varios países han introducido mecanismos de control sobre las inversiones procedentes de otros Estados miembros. España ya ha utilizado este instrumento en operaciones como la opa de Magyar Vagon sobre Talgo y el intento del grupo francés Vivendi de adquirir el 29,9% de Prisa. Además, el Gobierno mantiene bajo vigilancia posibles operaciones de inversión extranjera en empresas españolas de sectores estratégicos. La reforma también contempla ampliar el catálogo de actividades consideradas estratégicas. Entre las nuevas incorporaciones figurarían los centros de datos, mientras que el sistema de control dejaría de centrarse exclusivamente en la adquisición de participaciones en empresas ya operativas. El nuevo marco también abarcaría inversiones greenfield, es decir, proyectos mediante los que se crean desde cero nuevas instalaciones o infraestructuras, tanto tecnológicas como energéticas. La inclusión de los centros de datos supondría someter a supervisión adicional parte de los grandes proyectos de inversión previstos en España para desarrollar estas infraestructuras. El sector se encuentra, además, a la espera de una regulación específica que establecerá nuevas exigencias relacionadas con la sostenibilidad de estas instalaciones. Otro de los cambios previstos afecta al procedimiento de autorización. Economía plantea dividirlo en dos etapas, de manera que las operaciones que presenten mayores riesgos o complejidad puedan pasar a una investigación más exhaustiva antes de que la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX) formule su propuesta al Consejo de Ministros. La reforma pretende también regular de forma más precisa la posibilidad de ampliar los plazos de análisis. Aunque el procedimiento de autorización tiene teóricamente una duración máxima de tres meses, en la práctica algunas operaciones han requerido más tiempo para completar su evaluación. Para introducir estos cambios, el Ministerio de Economía plantea modificar tanto la Ley 19/2003, sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, como el Real Decreto 571/2023, que regula las inversiones exteriores. El proceso se encuentra todavía en una fase inicial. Las modificaciones han sido sometidas a consulta pública para recabar las aportaciones de los sectores afectados, tras lo cual el Gobierno podrá elaborar los correspondientes proyectos normativos y comenzar su tramitación. El endurecimiento del control se produce además en un contexto de menor inversión extranjera directa. La inversión extranjera bruta en España se redujo un 20% en 2025, hasta los 34.016 millones de euros. Aunque la mayoría de las operaciones sometidas al mecanismo de control obtiene finalmente autorización, distintos análisis apuntan a que la existencia de estos procedimientos puede influir en la decisión de plantear determinadas operaciones sobre grandes compañías españolas.

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(La Vanguardia, 21-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE corrige dos décimas a la baja, hasta el 2,6%, el crecimiento económico del año pasado

La economía española ha mostrado en los últimos años un comportamiento especialmente sólido en comparación con otras grandes economías mundiales. En 2025, el PIB llegó a crecer un 2,8% según la primera estimación, un avance notable en un contexto internacional complicado y frente al escaso dinamismo de la zona euro. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado ahora esa cifra a la baja en dos décimas, hasta situarla en el 2,6%, debido a que tanto la demanda interna como la externa tuvieron un comportamiento algo menos favorable del calculado inicialmente. Al mismo tiempo, el organismo ha corregido también los datos correspondientes a 2023 y 2024, reduciendo el primero y elevando el segundo. La economista María Jesús Fernández, investigadora sénior de Funcas, considera que los cambios no alteran de manera sustancial la fotografía de la economía española. Según explica, aunque la tasa de crecimiento de 2025 se ha reducido, la revisión al alza de 2024 hace que el nivel de PIB real al cierre de 2025 sea únicamente un 0,3% inferior al que reflejaban las estimaciones anteriores. La actualización forma parte de la revisión anual que realiza el INE sobre la Contabilidad Nacional y que afecta a los tres últimos ejercicios. De acuerdo con los nuevos datos, el crecimiento del PIB en volumen fue del 2,4% en 2023, una décima menos que en la estimación anterior, mientras que en 2024 alcanzó el 3,7%, dos décimas más. Para 2025, el avance queda finalmente situado, por ahora, en el 2,6%, frente al 2,8% comunicado el pasado marzo. Más allá de las tasas agregadas, Fernández destaca las modificaciones introducidas en algunos sectores de actividad. La construcción presenta una evolución inferior a la estimada inicialmente durante el conjunto del periodo revisado, aunque para 2025 el dato ha sido corregido al alza. En los servicios, en cambio, las ramas de información y comunicaciones y las actividades profesionales muestran un crecimiento superior al calculado anteriormente, mientras que hostelería y comercio avanzan menos de lo previsto. A juicio de la investigadora, la composición resultante refleja un mayor dinamismo de las actividades de servicios con mayor valor añadido y componente tecnológico. La revisión a la baja del crecimiento de 2025 se explica también por una menor aportación de los componentes de la demanda. La contribución de la demanda interna queda ahora en el 3,4%, una décima menos que en la estimación previa, mientras que la demanda externa resta un 0,8%, frente al -0,7% calculado anteriormente. Entre los principales cambios destaca el consumo de los hogares, uno de los motores de la economía española durante los últimos años gracias al aumento del empleo, la evolución de los salarios y el fuerte crecimiento de la población asociado a los flujos migratorios. El INE calcula ahora que el gasto de las familias aumentó un 3,1% en 2025, frente al 3,4% estimado inicialmente. Por su parte, el consumo final de las Administraciones Públicas mantiene el crecimiento del 2,4%. Las exportaciones también tuvieron un comportamiento menos favorable del previsto. Su crecimiento se revisa del 3,6% al 2,6%. No obstante, el efecto sobre la demanda exterior se ve parcialmente compensado por la actualización de las importaciones, cuyo aumento se reduce del 6,2% al 5,5%. En el caso de la inversión, la revisión es positiva. La formación bruta de capital habría aumentado un 6% en 2025, dos décimas más que en la estimación anterior. El cambio se explica fundamentalmente por el incremento del 73% en términos corrientes de la variación de existencias, un componente que recoge la evolución del valor de los bienes adquiridos por las empresas que permanecen en sus inventarios sin haber sido vendidos. Este comportamiento también se ha observado en otras grandes economías europeas, como Alemania y Francia. La revisión de 2025 supone un cambio respecto a la tendencia predominante desde la pandemia, cuando las sucesivas actualizaciones de la Contabilidad Nacional habían corregido generalmente al alza el crecimiento. En la revisión del año pasado, por ejemplo, el INE elevó en tres décimas el crecimiento de 2024, hasta el 3,5%, y también revisó al alza el dato de 2022 hasta el 6,4%, aunque redujo en dos décimas el correspondiente a 2023, hasta el 2,5%. Las modificaciones de estas cifras responden a la incorporación de nueva información estadística y a la actualización de las bases de datos utilizadas para calcular la evolución de la economía. Entre los elementos que se revisan figuran los deflactores, los intercambios comerciales, la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas y distintas encuestas, entre ellas las relativas al coste laboral y a los presupuestos familiares. Además de estas revisiones ordinarias, el INE lleva a cabo revisiones extraordinarias de la Contabilidad Nacional en cumplimiento de los compromisos europeos y de las recomendaciones internacionales. En estos procesos se vuelve a examinar el conjunto de la serie histórica de la contabilidad nacional desde 1995, con el objetivo de incorporar las mejoras metodológicas y las nuevas fuentes de información disponibles.

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(El País, 21-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España sitúa su deuda pública por debajo del 100% del PIB por primera vez desde la pandemia

La deuda pública española se situó en julio por debajo del 100% del PIB por primera vez desde los meses anteriores a la pandemia. Según los datos publicados por el Banco de España, el endeudamiento del conjunto de las Administraciones Públicas equivalía al 99,9% del PIB, una décima por debajo del valor de toda la producción económica anual del país. Se trata de un nivel que no se alcanzaba desde febrero de 2020. En términos interanuales, la ratio ha descendido 2,4 puntos porcentuales, mientras que frente a junio de este mismo año la reducción ha sido de 1,6 puntos. El descenso de la ratio no implica que España haya reducido la cantidad de deuda acumulada. De hecho, el pasivo público alcanzó en julio los 1,744 billones de euros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto al mismo mes del año anterior, aunque el importe es aproximadamente un 1% inferior al registrado en junio. La mejora se explica, por tanto, porque la deuda ha perdido peso en relación con el tamaño de la economía. Esta relación entre el endeudamiento y el PIB es uno de los principales indicadores utilizados para valorar la situación de las finanzas públicas y permite comparar la evolución del endeudamiento tanto entre distintos momentos como entre países. El 99,9% registrado en julio constituye una fotografía puntual y no garantiza que la ratio vaya a mantenerse por debajo del 100% durante los próximos meses. Tanto el volumen de deuda como el PIB utilizado para calcular el indicador varían de forma continua, por lo que el porcentaje puede experimentar nuevas oscilaciones. Durante la crisis provocada por la pandemia, el peso de la deuda sobre el PIB aumentó con rapidez y alcanzó su máximo en marzo de 2021, cuando llegó a superar el 124%. A partir de entonces comenzó una trayectoria descendente que ha permitido reducir progresivamente la ratio, aunque no había vuelto a situarse por debajo del 100% hasta los datos correspondientes al pasado julio. Por administraciones, el Estado concentra la mayor parte del endeudamiento. Su deuda alcanzó los 1,589 billones de euros en julio, una cifra equivalente al 91% del PIB y un 4,2% superior a la de un año antes. Las comunidades autónomas acumulaban 349.000 millones, aproximadamente el 20% del PIB, mientras que la Seguridad Social registraba una deuda de 136.000 millones, equivalente al 7,8%. Las corporaciones locales, por su parte, mantenían obligaciones por unos 22.000 millones, el 1,2% del PIB. Las cifras correspondientes a cada nivel de la Administración no pueden sumarse directamente para obtener el endeudamiento total. Esto se debe a que existen operaciones financieras entre las propias Administraciones. Por ejemplo, cuando el Estado concede financiación a una comunidad autónoma, esa cantidad figura simultáneamente como un activo del Estado y como una deuda de la comunidad. Para calcular la deuda del conjunto del sector público se consolidan estas posiciones y se eliminan las operaciones internas, evitando así contabilizar dos veces una misma deuda. La evolución interanual también presenta diferencias significativas según el nivel administrativo. La deuda estatal aumentó un 4,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el endeudamiento de las comunidades autónomas creció un 2,7%. La Seguridad Social registró un incremento mayor, del 7,9%. En sentido contrario, las corporaciones locales redujeron sus obligaciones un 7,9% y el resto de unidades de la Administración Central disminuyeron su endeudamiento un 10,5%.

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(Expansión, 18-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez ofrece la paz a los empresarios y acudirá a su gran cumbre en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto participar el próximo 5 de octubre en la inauguración del congreso anual del Instituto de Empresa Familiar (IEF), una de las principales organizaciones que agrupan a empresarios españoles. La presencia de Sánchez se produce después de varios años marcados por una relación tensa y numerosos desencuentros entre el Ejecutivo y el tejido empresarial. Durante su etapa al frente del Gobierno, el presidente solo ha asistido en dos ocasiones a los congresos del IEF, y ambas intervenciones estuvieron acompañadas de una notable expectación y de controversia. Los distintos presidentes de la organización, cuyo cargo tiene carácter rotatorio, han mantenido habitualmente una posición crítica con las políticas del Gobierno y han cuestionado algunos de sus principales planteamientos. El IEF tiene un peso relevante en el ámbito empresarial español debido a la composición de su membresía. Sus integrantes son propietarios, fundadores o miembros de sucesivas generaciones de algunos de los principales grupos empresariales de carácter familiar del país, lo que convierte al instituto en un interlocutor destacado para el Ejecutivo en sus relaciones con el sector privado. Creado en 1992, el IEF agrupa actualmente a un centenar de grandes empresas familiares. Si se incorporan las compañías representadas a través de sus asociaciones territoriales, el alcance de la organización se extiende a unas 1.800 empresas.

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(Expansión, 18-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump ve un "acto hostil" en la alianza UE-Canadá y amenaza con "severos aranceles" a Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que podría imponer nuevos aranceles a la Unión Europea e incluso restringir las relaciones comerciales con el bloque si Bruselas avanza en su propuesta de estrechar aún más los vínculos con Canadá y convertir al país norteamericano en miembro asociado de la UE. Trump ha señalado que interpretaría ese eventual acuerdo como un posible "acto hostil" hacia Estados Unidos y ha cuestionado la relación comercial con Canadá. Las declaraciones fueron realizadas el miércoles por la noche, cuando Trump llegó a un mitin en Carolina del Norte. El mandatario condicionó su respuesta a la finalidad con la que la UE impulse el acercamiento: si considera que existe una intención negativa, aseguró que aplicaría "aranceles muy elevados" a Europa, mientras que una iniciativa planteada con buenas intenciones no tendría, según sus palabras, la misma consideración. El acercamiento entre Canadá y la Unión Europea se produce en un contexto de creciente tensión comercial internacional provocado por la política arancelaria de la Administración estadounidense. Este verano, Estados Unidos elevó hasta el 50% los gravámenes sobre determinados productos canadienses, mientras que Canadá anunció posteriormente medidas equivalentes sobre las importaciones estadounidenses. La dependencia de Canadá del mercado exterior estadounidense es especialmente elevada, ya que alrededor del 70% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha defendido en los últimos meses una mayor cooperación entre las economías de tamaño medio para hacer frente a un escenario en el que las grandes potencias utilizan cada vez más las relaciones comerciales como instrumento de presión. En esta línea, Canadá ha intensificado esta semana sus contactos con la Unión Europea, una iniciativa que ha recibido el respaldo de Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado elevar la relación con Canadá al máximo nivel posible y ha abierto la posibilidad de que el país se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea. Ambas partes ya mantienen una relación comercial a través del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y cooperan también en ámbitos relacionados con la seguridad y la defensa, entre ellos el programa europeo SAFE. La nueva fórmula supondría profundizar significativamente en los vínculos económicos y comerciales entre Canadá y la UE. Desde Bruselas, el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, ha defendido que el refuerzo de la asociación con Canadá no pretende dirigirse contra ningún país, sino aumentar la capacidad de ambas partes para afrontar un entorno internacional más complejo. Carney, por su parte, ha insistido en que el objetivo de Canadá es reforzar su capacidad de resistencia y preservar su soberanía, sus mercados y sus instituciones. El primer ministro ha defendido que su país debe mantener la libertad para decidir sus relaciones internacionales, así como sus propias políticas culturales y lingüísticas, sin quedar condicionado por las decisiones de otras potencias.

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