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(Cinco Días, 25-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El oro cae por debajo de los 4.000 dólares la onza por primera vez desde noviembre

La leyenda popular sitúa una olla de oro al final del arcoíris, pero la realidad reciente del mercado apunta a un escenario muy distinto: el metal precioso ha sufrido una caída pronunciada tras alcanzar máximos históricos a comienzos de año. Desde finales de enero, cuando la onza superó los 5.400 dólares, el oro ha perdido en torno a una cuarta parte de su valor en apenas cinco meses. En las últimas sesiones, la corrección se ha intensificado hasta situar el precio por debajo de los 4.000 dólares por onza, nivel que no se veía desde noviembre, aunque posteriormente logró recuperar esa barrera al cierre de la jornada en Europa. En cualquier caso, se trata del mayor ajuste del oro desde la crisis financiera, un movimiento que recuerda a episodios anteriores de fuerte volatilidad en los mercados. Distintos analistas atribuyen esta evolución a la expectativa de que el metal cotice en la parte baja de su rango reciente mientras se aclara el contexto geopolítico en Oriente Medio. Al mismo tiempo, el dólar ha ganado fuerza, favorecido por su papel dominante en el comercio energético, lo que ha restado atractivo al oro. Históricamente considerado un activo refugio por su oferta limitada y su capacidad para proteger frente a la inflación y la inestabilidad financiera, el oro ha cambiado parcialmente su comportamiento en los últimos años. La entrada masiva de inversores a través de productos financieros como los ETF ha incrementado su correlación con los activos de riesgo, haciendo que su precio responda más a expectativas de rentabilidad que a su función defensiva tradicional. A este factor se suma el cambio en las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos. La inflación, situada en el 4,2%, ha reforzado las apuestas del mercado por una posible subida de tipos por parte de la Reserva Federal en los próximos meses. Este giro endurecería las condiciones financieras, lo que normalmente fortalece al dólar y reduce el atractivo del oro frente a activos como los bonos. En este contexto, varias entidades financieras han revisado a la baja sus previsiones para el metal. Bancos como Goldman Sachs o Deutsche Bank han recortado sus estimaciones para final de año, aunque todavía contemplan cierta recuperación apoyada en la demanda estructural de los bancos centrales. De hecho, las instituciones monetarias siguen siendo uno de los principales soportes del mercado. Según la World Gold Council, una parte significativa de los bancos centrales prevé aumentar sus reservas de oro, lo que introduce un elemento de estabilidad en un escenario dominado por la volatilidad financiera. Aun así, el ajuste en las previsiones refleja un cambio de sentimiento en el mercado: el oro ya no se percibe únicamente como refugio automático, sino también como un activo sensible a los ciclos de tipos de interés, el dólar y el apetito global por el riesgo.

(El Economista, 25-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno amplía los avales del ICO para comprar piso y eleva las rentas

El Gobierno ha ampliado el alcance de la Línea de Avales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinada a facilitar la compra de la primera vivienda a jóvenes y familias con menores a cargo, un instrumento que gestiona el Instituto de Crédito Oficial. La principal novedad es el aumento de los umbrales de renta que permiten acceder a esta ayuda. El objetivo de esta modificación es ajustar los límites de ingresos a la realidad del mercado inmobiliario en las distintas zonas del país. Para ello, se introduce una modulación provincial del criterio de renta, calculado en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, con el fin de adaptar la medida a los territorios donde el esfuerzo para adquirir vivienda es mayor. Como regla general, el límite se mantiene en 4,5 veces el IPREM, lo que equivale aproximadamente a 37.800 euros brutos anuales por solicitante. Sin embargo, este umbral se eleva en determinadas provincias en función del coste de la vivienda. Así, puede alcanzar hasta 5,5 veces el IPREM en provincias como Las Palmas, Navarra, Cantabria, Alicante, Cádiz, Pontevedra, Melilla, Ceuta, Valencia y Zaragoza; hasta 6,5 veces en Álava; y hasta 7,5 veces en zonas como Madrid, Barcelona, Girona, Málaga, Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Bizkaia y Gipuzkoa. En los casos en los que la vivienda sea adquirida por dos personas, la suma de los ingresos de ambos no podrá superar el límite conjunto establecido. Además, se mantienen los incrementos por cargas familiares, de forma que el umbral se eleva en 0,3 veces el IPREM por cada menor a cargo, con un incremento adicional del 70% para familias monoparentales. Otra modificación relevante es el aumento del límite de patrimonio neto permitido, que pasa de 100.000 a 150.000 euros. Esta medida se integra en el conjunto de políticas públicas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda, dentro del nuevo marco del Plan Estatal de Vivienda. La Línea de Avales está diseñada para personas con capacidad de pago suficiente para asumir una hipoteca, pero que no disponen del ahorro inicial necesario para afrontar la compra. El aval permite que la financiación bancaria pueda cubrir hasta el 80% del valor de la vivienda, ampliable hasta el 100% en determinados casos, especialmente cuando el inmueble cuenta con una calificación energética elevada. Los beneficiarios deben cumplir el requisito de edad, que en el caso de jóvenes se sitúa en un máximo de 35 años en el momento de formalizar la hipoteca, mientras que para familias con menores no existe límite de edad. El plazo para acogerse a esta línea de financiación se extiende hasta finales de 2027. Las solicitudes pueden tramitarse a través de las entidades financieras adheridas al programa, que aplican estas condiciones en colaboración con el ICO, responsable de la gestión de los avales.

(Expansión, 23-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid copa el 51% de la inversión extranjera en España, más del doble que Cataluña

Tras el fuerte retroceso registrado en 2025, la inversión extranjera en España mostró una recuperación en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 22,5% entre enero y marzo, hasta alcanzar los 6.566 millones de euros. De esa cifra, 3.367 millones se dirigieron a Madrid y 1.541 millones a Cataluña. La economía también está muy influida por la confianza, y en los últimos años el ánimo de los inversores internacionales ha oscilado notablemente debido al impacto de crisis sucesivas como la pandemia, la guerra en Ucrania o el conflicto en Oriente Próximo. Este contexto de incertidumbre ha frenado en muchos casos la toma de decisiones de inversión. En España, además, han pesado factores internos como la inestabilidad política, la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023 y el desgaste del Gobierno por diversos casos de corrupción, elementos que no favorecen la llegada de capital extranjero. Con este escenario de fondo, la inversión extranjera en España cayó más de un 19% en 2025, situándose en 32.011 millones de euros, incluyendo la financiación intragrupo. Sin embargo, el arranque de 2026 refleja una mejoría. Entre enero y marzo, la inversión extranjera bruta -sumando aportaciones de capital, patrimonio y financiación intragrupo- alcanzó los 6.566 millones de euros, según los datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio. Este repunte supone un alivio tras el mal dato del año anterior, aunque todavía será necesario observar cómo evolucionan las cifras del segundo trimestre, especialmente tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo, que ha llevado a muchas empresas a aplazar decisiones estratégicas. Madrid volvió a concentrar la mayor parte del capital extranjero invertido en España. La comunidad recibió 3.367 millones de euros en el primer trimestre, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa más del 51% del total nacional. En otras palabras, uno de cada dos euros de inversión extranjera que llegó al país tuvo como destino Madrid. La región ha consolidado durante años un entorno favorable para la actividad empresarial, apoyado en estabilidad institucional, menor presión fiscal y una reducción progresiva de trabas administrativas. La inversión captada por Madrid más que duplicó la recibida por Cataluña, aunque esta última experimentó una mejora destacable. Cataluña atrajo 1.541 millones de euros entre enero y marzo, más del doble que un año antes y equivalente a más del 23% del total nacional. Se trata de una cuota poco habitual para la comunidad, que en 2025 no alcanzó el 15% y en 2024 se situó en el 13,4%. A pesar de esta recuperación, la distancia respecto a Madrid sigue siendo considerable. Esto refleja que el deterioro de la confianza empresarial derivado del proceso independentista, especialmente desde octubre de 2017, continúa teniendo efectos prolongados. Ese mismo año, Madrid superó a Cataluña como principal economía regional del país, al tiempo que numerosas empresas trasladaron sus sedes fuera de territorio catalán. Ese movimiento, aunque con distinta intensidad según el periodo, todavía persiste. Tras cerrar 2025 con una pérdida neta de 115 empresas, debido a que salieron más compañías de las que se instalaron, Cataluña comenzó 2026 manteniendo esa tendencia negativa. Hasta marzo, registró un saldo negativo de 61 empresas, encabezando nuevamente la pérdida de tejido empresarial entre las comunidades autónomas, según el Colegio de Registradores. Después de Madrid y Cataluña, que concentraron conjuntamente cerca del 75% de toda la inversión extranjera recibida en España hasta marzo, la Comunidad Valenciana ocupó el tercer lugar con 486,8 millones de euros. Le siguieron Castilla y León, con 289,5 millones, y Andalucía, con 197,5 millones. En contraste, el País Vasco y Navarra, pese a su fuerte perfil industrial, captaron solo 69 y 24 millones respectivamente. En cuanto al origen del capital, Estados Unidos se mantuvo como el principal inversor extranjero en España pese a las tensiones políticas entre la administración de Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez, así como al impacto de la guerra arancelaria. Entre enero y marzo, llegaron desde EEUU 1.359 millones de euros, lo que equivale al 20,6% del total y supone un aumento del 60,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto confirma la fortaleza de las relaciones económicas entre ambos países, con inversiones cruzadas acumuladas que alcanzan los 213.000 millones de euros. Tras Estados Unidos, los mayores inversores fueron Reino Unido, con 1.251 millones; Francia, con 1.162 millones; y Corea del Sur, con 563 millones. Por sectores, el mayor interés inversor se concentró en telecomunicaciones e informática, que recibieron 1.265 millones de euros. A continuación se situaron el comercio mayorista y minorista, con 1.222 millones; la industria manufacturera, con 939 millones; y las actividades artísticas, deportivas y de ocio, que atrajeron 887 millones.

(Expansión, 23-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España toma posiciones como sede arbitral de litigios internacionales

España afianza progresivamente su posición como sede de arbitraje internacional, con un aumento en el número de casos y con reformas orientadas a reforzar su competitividad y transparencia. No obstante, el marco jurídico actual sigue llevando a muchos inversores a preferir jurisdicciones fuera de la Unión Europea para ejecutar laudos arbitrales contra el Estado español, según el informe Arbitration Year in Review 2025. Pese a esta evolución positiva, España aún se sitúa lejos de los principales centros arbitrales del mundo. Un estudio elaborado por Queen Mary University of London y White & Case muestra que solo el 2% de las partes eligen España como sede arbitral, frente al 34% que opta por Londres, que continúa liderando este mercado. Los litigios vinculados a las energías renovables siguen siendo el principal foco del arbitraje relacionado con España. Estas disputas tienen su origen en la eliminación retroactiva de incentivos al sector aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Como consecuencia, se han acumulado 52 reclamaciones bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía. Hasta la fecha, España ha perdido 27 de los arbitrajes iniciados, aunque en numerosos casos ha presentado recursos. Según los autores del informe -María Victoria Gómez, socia de White & Case; Francisco Mateo Pavía, vinculado a la Corte de Arbitraje del Deporte; y Pedro Aránguez, investigador de la Universidad Carlos III de Madrid- España figura entre los países con menor grado de cumplimiento en arbitrajes de inversión, con 15 laudos pendientes de pago de un total de 24, por un importe conjunto de 1.500 millones de dólares. El estudio destaca avances relevantes en la ejecución de laudos de inversión, en la evolución de la jurisprudencia española sobre arbitraje y en las iniciativas legislativas destinadas a fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La resistencia del Estado al pago de ciertos laudos suele apoyarse en la invocación de la inmunidad soberana, una postura que contrasta con la de países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia. Aunque España abandonó formalmente el Tratado sobre la Carta de la Energía el 17 de abril de 2025, una cláusula de supervivencia mantiene protegidas las inversiones previas durante veinte años más, hasta 2045. Actualmente existen 33 resoluciones desfavorables para España, cuyo valor total asciende a 2.333 millones de euros, incluyendo intereses, costas procesales y honorarios. Dentro de la Unión Europea, la ejecución de laudos continúa encontrando obstáculos por el marco legal comunitario y por la interpretación de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado. Un ejemplo es el caso del laudo de 101 millones de euros favorable a Antin, cuyo pago fue cuestionado al poder considerarse una ayuda pública incompatible con la normativa europea. Fuera de la UE, España mantiene diversos frentes judiciales abiertos. En Reino Unido, los tribunales resolvieron en octubre pasado que los derechos derivados de un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones no pueden transferirse a terceros. En Australia, la Corte Federal autorizó la ejecución de laudos por 470 millones de euros al entender que España renunció a la inmunidad soberana al ratificar el convenio del Ciadi y no puede ampararse en el derecho comunitario. También se aprecia un primer gesto de cumplimiento por parte del Estado tras el pago de 32 millones de euros en junio de 2025 a Blasket, una firma extracomunitaria para la que no resultan aplicables las restricciones europeas sobre ayudas de Estado. El informe subraya además la consolidación de Madrid como centro arbitral emergente y destaca dos casos de especial relevancia. El primero enfrenta a Cabify con Auro y gira en torno a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para aclarar el alcance del control judicial sobre laudos que afectan a normas imperativas de la UE. El segundo confirma la condena a un árbitro en el conflicto entre los herederos del sultán de Joló y Malasia, reforzando el criterio de que la independencia arbitral no permite ignorar órdenes judiciales. En paralelo, España ha impulsado reformas en la Corte Española de Arbitraje y en el Tribunal Arbitral de Barcelona, medidas que refuerzan su atractivo como sede arbitral. Además, se han introducido cambios legales que favorecen el recurso al arbitraje antes de acudir a los tribunales para resolver disputas comerciales y civiles. En el caso de la Corte Española de Arbitraje, las nuevas normas vigentes desde enero incorporan un procedimiento opcional de impugnación previa a la firmeza del laudo y un sistema acelerado que permite resolver controversias simples en un plazo de tres meses desde la demanda. Por su parte, el Tribunal Arbitral de Barcelona incorporó en 2025 la figura del árbitro de urgencia y un examen preliminar sobre la existencia y validez del convenio arbitral.

(La Vanguardia, 23-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España rozará la plena ocupación este verano pese a la subida de precios

España se encamina hacia un nuevo verano récord en turismo, con niveles de ocupación muy elevados y los precios más altos registrados hasta ahora. Factores como el conflicto en Irán, la percepción de España como un destino seguro, la volatilidad en el precio de los vuelos o incluso fenómenos puntuales como el eclipse están influyendo en la demanda. Actualmente, una escapada de ida y vuelta entre Barcelona y Ámsterdam para dos adultos y dos niños, incluyendo una maleta facturada y tres noches en un hotel de cuatro estrellas céntrico, ronda los 2.050 euros. Por su parte, una estancia de tres noches en un hotel de cuatro estrellas en primera línea de playa en Tossa de Mar, con media pensión, alcanza los 2.300 euros. Las previsiones del sector apuntan a un aumento de precios de entre el 4% y el 6%, acompañado de tasas de ocupación superiores al 85%, con picos que en algunos destinos superarán el 90%. Respecto al conflicto en Oriente Medio, el sector turístico mantiene una actitud prudente, aunque reconoce que España se está beneficiando al consolidarse como una alternativa segura frente a destinos más inestables. Un informe de Oxford Economics prevé que España atraerá demanda adicional en 2026, ya que muchos viajeros optarán por destinos europeos más cercanos. El dinamismo turístico también se refleja en el mercado inmobiliario hotelero. Según Oxford Economics, los hoteles en España ofrecerán una rentabilidad media anual del 7,1% durante los próximos cinco años, situándose como el segundo segmento inmobiliario más rentable, solo por detrás del comercio minorista. Además, el valor de los activos hoteleros ha crecido un 26% en los últimos cinco años, incluyendo una subida del 7,1% en el último ejercicio. Las operaciones hoteleras ya representan el 22% de las transacciones de inmuebles comerciales en España, con un interés creciente por establecimientos de servicio completo. Barcelona destaca especialmente en este contexto. Tras una recuperación más lenta por la presión social contra la masificación turística, Oxford Economics estima que las pernoctaciones en la ciudad aumentarán un 10,1% este año, lo que permitiría recuperar plenamente la actividad prepandemia a finales de 2026. Desde Hesperia World calculan cerrar julio y agosto con un incremento de ingresos cercano al 7%. Sus reservas actuales ya reflejan un crecimiento aproximado del 3% en julio y del 5% en agosto respecto al verano anterior. Iberostar señala que las reservas en Europa avanzan a doble dígito y que España lidera el crecimiento con un 12%, especialmente en Islas Baleares y Islas Canarias. Por su parte, Paradores observa una fuerte demanda hacia el norte de España y prevé ocupaciones superiores al 85%, en línea con 2025. Sercotel estima una ocupación media nacional cercana al 90%, con reservas ya situadas en torno al 88% para los meses centrales del verano. En destinos como Barcelona o el eje Marbella-Málaga, prevé picos de hasta el 95%. También Eurostars Hotel Company anticipa ocupaciones superiores al 90% en islas y zonas costeras, impulsadas por una fuerte concentración de demanda en agosto y el buen ritmo de reservas anticipadas. Barceló Hotel Group maneja objetivos de ocupación superiores al 92% en Islas Baleares y del 87% en Islas Canarias. No obstante, reconoce que el margen para aumentar el número de clientes es limitado, por lo que el crecimiento vendrá principalmente por el aumento de tarifas, favorecido por las inversiones en modernización. Desde Meliá Hotels International también esperan que el crecimiento dependa más de los precios que de la ocupación. Prevén subidas tarifarias de un dígito alto y detectan una mayor preferencia por el régimen de todo incluido. RIU Hotels & Resorts ya informa de un incremento cercano al 5% en su tarifa media, vinculado a mejoras en calidad y servicio. Finalmente, Minor Hotels prevé mantener niveles de ocupación similares a los de 2025, confiando en que el principal motor de ingresos sea el encarecimiento del precio medio por habitación.

(Cinco Días, 22-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca y el BCE confrontan sus modelos para la simplificación de la normativa financiera

En Madrid se ha escenificado este viernes un intenso choque dialéctico entre la banca española y los reguladores europeos a cuenta de uno de los debates más relevantes del sector financiero: la simplificación de la regulación bancaria que impulsa Banco Central Europeo en Unión Europea. De un lado se situaron las principales entidades financieras españolas, representadas por la Asociación Española de Banca y CECA; del otro, los supervisores, encabezados por el BCE y el Banco de España. La postura del sector la expuso la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, durante unas jornadas organizadas junto a CECA y Unacc. Defendió que Europa necesita impulsar el crecimiento y la inversión, y subrayó que la banca será clave para lograrlo. En ese sentido, reclamó mayor certidumbre en los requisitos de capital, un equilibrio entre estabilidad financiera y competitividad, y avances decididos en la unión bancaria. Según sus cálculos, culminar este proceso podría generar hasta 2 billones de euros en nuevo crédito en Europa, de los cuales 250.000 millones corresponderían a España. Este mensaje fue reforzado por tres de los principales dirigentes bancarios del país: el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi; el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila; y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Torres destacó el papel de los bancos como pieza fundamental para canalizar inversión y mejorar la competitividad, mientras que Grisi señaló la falta de crecimiento como el principal problema europeo y pidió soluciones más ágiles, en lugar de esperar al largo proceso legislativo de Bruselas. Uno de los asuntos centrales del debate fue la fragmentación del mercado financiero europeo y la necesidad de completar la unión bancaria. Gortázar insistió en que este objetivo no pasa únicamente por crear un fondo común europeo de garantía de depósitos, sino también por armonizar otras normas clave, como las mercantiles, fiscales o de insolvencias. Además, defendió una mayor integración de los dos pilares ya existentes de la unión bancaria: la supervisión única y los mecanismos de resolución. Aun así, mantuvo una visión relativamente optimista y señaló que el principal obstáculo actual es la rentabilidad, derivada de la falta de un mercado verdaderamente integrado. La necesidad de profundizar en el mercado único europeo fue uno de los escasos puntos de consenso entre bancos y supervisores. Entre los participantes destacó Frank Elderson, quien coincidió en que el déficit de competitividad europeo está estrechamente ligado a la fragmentación del mercado. En su opinión, la respuesta pasa por más integración, tanto en la unión bancaria como en la unión de los mercados de capitales, algo que también beneficiaría al crecimiento de las entidades financieras. Sin embargo, el consenso desapareció al abordar el alcance de la simplificación regulatoria. Elderson respaldó la idea de simplificar normas, pero marcó distancia respecto a cualquier intento de desregulación. Advirtió de que reducir exigencias podría debilitar la resiliencia del sistema bancario. A su juicio, el objetivo no debe ser rebajar el capital exigido a las entidades, sino diseñar marcos más transparentes y previsibles para fijar esos requerimientos. En una línea parecida se expresó José Manuel Campa, quien recordó que los bancos mantienen niveles de capital 4,8 puntos por encima de lo exigido por los supervisores. Se preguntó por qué ocurre esto y sugirió dos explicaciones: por un lado, la escasa previsibilidad de los requisitos regulatorios, que empuja a las entidades a operar con colchones adicionales; por otro, la posibilidad de que parte de ese capital no se esté destinando a inversiones suficientemente rentables. Tanto Campa como Fernando Restoy rechazaron además una de las principales reivindicaciones del sector: que el BCE incorpore la competitividad como segundo objetivo, junto a su mandato prioritario de preservar la estabilidad financiera.

(Expansión, 22-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 6.000 millones para producción eléctrica

El Gobierno prevé aprobar mañana, en el Consejo de Ministros, un nuevo sistema de ayudas de gran volumen destinado a numerosas instalaciones de generación eléctrica vinculadas a grandes industrias. Se trata de la cogeneración, una actividad que afecta a más de un centenar de grandes compañías industriales, entre ellas Azucarera, Atlantic Copper, Borges, BP, Canal de Isabel II, Cargill, Covestro, Dow, Moeve, Repsol, Saica, SEAT, Solvay, Torraspapel y Unilever, entre otras. Con este nuevo mecanismo, el sector podría recibir ayudas superiores a 6.000 millones de euros, desbloqueando uno de los principales problemas que afrontan actualmente tanto la industria como el sector energético en España. Las plantas de cogeneración son instalaciones que aprovechan el calor residual generado en determinados procesos industriales -como los de la industria petroquímica, siderúrgica, papelera o cerámica- para producir electricidad, que posteriormente se inyecta a la red a cambio de una retribución regulada fijada por el Gobierno. En sus mejores años, esta remuneración llegó a acercarse a los 1.000 millones de euros anuales. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas instalaciones han agotado su vida útil regulatoria y han dejado de percibir estas ayudas. Actualmente, se estima que más de la mitad de las más de 600 plantas de cogeneración existentes en España permanecen paradas al haber perdido el acceso a incentivos, una situación que está generando serias dificultades en numerosas empresas. La patronal del sector, Acogen, llevaba años reclamando un nuevo marco regulatorio y retributivo que permitiera reactivar tanto las instalaciones como la inversión. Para obtener el visto bueno de Bruselas y evitar conflictos con la normativa sobre ayudas de Estado, el Ejecutivo ha rediseñado el sistema incorporando un modelo de subastas. A través de este mecanismo, las empresas podrán competir para acceder al nuevo régimen de ayudas. El Consejo de Ministros aprobará el real decreto que servirá de base legal al nuevo sistema, al que seguirán las órdenes ministeriales necesarias para su puesta en marcha. El plan contempla dos subastas: una en 2026 y otra en 2027, con el objetivo de adjudicar hasta 1.200 megavatios (MW) de potencia, repartidos en 600 MW en cada convocatoria. Podrán optar a estas subastas las compañías que renueven sus instalaciones con plantas de alta eficiencia capaces de operar con gas natural o, por primera vez, biomasa, y preparadas para utilizar al menos un 10% de hidrógeno renovable. Las plantas alimentadas con gas tendrán una vida útil regulatoria de 12 años, mientras que las de biomasa contarán con 20 años. Durante ese periodo recibirán una retribución anual determinada por el resultado de las subastas. El coste de estas ayudas, que recaerá sobre el sistema eléctrico y, por tanto, será asumido por los consumidores, se estima entre 414 y 582 millones de euros al año para el conjunto de los 1.200 MW adjudicados. No obstante, esta cifra representa un máximo, ya que el importe final podría reducirse en función de los descuentos obtenidos en las subastas y de las horas reales de funcionamiento de las plantas. Aun así, considerando la duración de las ayudas, los ingresos acumulados para las empresas podrían superar los 6.000 millones de euros, una cantidad que no obtendrían sin este nuevo esquema de apoyo público.

(Expansión, 22-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las aseguradoras son reticentes a dar cobertura al uso de la IA

La inteligencia artificial está irrumpiendo en el sector asegurador con un efecto doble. Por un lado, como sucede en muchos sectores, obliga a las compañías a adaptarse de forma continua y a destinar importantes recursos para mantenerse competitivas en un entorno de cambio constante. Por otro, el seguro se enfrenta a un desafío adicional: gestionar un riesgo completamente nuevo, del que no existen datos históricos suficientes para calcular coberturas o fijar precios con precisión. Además, se trata de un riesgo cuyas posibles consecuencias y alcance siguen siendo difíciles de prever. Según Eduardo Dávila, presidente y consejero delegado de Sabseg Group, uno de los grandes debates dentro del sector es determinar si ciertos riesgos vinculados a la IA podrían llegar a ser, en parte o incluso por completo, imposibles de asegurar. Algunas grandes aseguradoras, como AIG, Great American Insurance Group y W. R. Berkley, ya han planteado la posibilidad de excluir determinados riesgos asociados a chatbots y agentes de IA en pólizas para grandes empresas, ante el temor de enfrentarse a reclamaciones millonarias por daños. Estas dudas surgen en un contexto en el que se multiplican los errores de alto impacto relacionados con la inteligencia artificial. Un ejemplo es el caso de Wolf River Electric, una empresa de energía solar que demandó a Google por difamación y reclamó al menos 110 millones de dólares después de que su función AI Overview afirmara erróneamente que la compañía estaba siendo demandada por el fiscal general de Minnesota. También un tribunal obligó a Air Canada a respetar un descuento inexistente que había sido ofrecido por su chatbot de atención al cliente. En otro caso, la firma de ingeniería británica Arup perdió 25 millones de dólares tras una estafa en la que delincuentes emplearon una réplica digital de un alto directivo para ordenar transferencias bancarias durante una videollamada. Para reducir este tipo de situaciones, las aseguradoras están imponiendo a sus clientes requisitos más estrictos antes de formalizar pólizas, exigiendo controles operativos rigurosos, supervisión humana efectiva y protocolos sólidos de verificación. José María Elguero, director de líneas financieras del bróker de seguros MDS Group, señala que, aunque actualmente la oferta de seguros específicos para IA sigue siendo limitada tanto en coberturas como en capital asegurado, es probable que en menos de dos años este tipo de seguros se normalice en las empresas españolas, a medida que el sector comprenda mejor la magnitud del riesgo y sus implicaciones. Ante las dificultades actuales, también se estudian alternativas como la emisión de bonos similares a los bonos catastróficos, utilizados para cubrir desastres naturales. Dávila recuerda que cuando surge un riesgo nuevo -como ocurrió con la aviación, la energía nuclear, internet o la ciberseguridad- inicialmente parece imposible asegurarlo, pero con el tiempo se desarrollan estándares, datos y mecanismos de reparto del riesgo que permiten hacerlo viable. La clave, añade, está en determinar si la IA representa un riesgo aislado y específico para cada empresa o si, por el contrario, constituye un riesgo sistémico que afecte de forma generalizada. En este último caso, sería previsible una implicación mucho mayor de gobiernos y reaseguradoras. Por ahora, la realidad es que las empresas no pueden asumir que sus pólizas cubrirán por completo los riesgos derivados de la inteligencia artificial, y una cobertura parcial deja abierta la posibilidad de afrontar pérdidas extremas.

(El País, 22-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Competencia investiga si las entidades bancarias se pusieron de acuerdo a través de sus declaraciones públicas para encarecer los préstamos inmobiliarios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha irrumpido en el debate sobre el mercado hipotecario español al abrir una investigación preliminar sobre las declaraciones públicas realizadas por los principales bancos cotizados. En un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda, el comportamiento de las entidades en la concesión de hipotecas está siendo observado no solo por supervisores como el Banco Central Europeo y el Banco de España, sino también ahora por Competencia. El foco de la CNMC está en determinar si los mensajes lanzados por los máximos responsables de bancos del Ibex -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- pudieron trasladar al mercado señales excesivamente precisas sobre su política comercial futura. La legislación de competencia prohíbe tanto los acuerdos explícitos para fijar precios como las coordinaciones tácitas que puedan reducir la competencia efectiva. Uno de los bancos más críticos con la evolución del mercado hipotecario ha sido Bankinter. Su consejera delegada, Gloria Ortiz, lleva meses alertando de que la guerra de precios estaba erosionando la rentabilidad del negocio. En enero elevó el tono al cuestionar la lógica de conceder hipotecas por debajo del 2%, niveles incluso inferiores al euríbor y a los tipos del mercado interbancario. Llegó además a mencionar el riesgo de una posible burbuja. Poco después, los datos del primer trimestre reflejaron una caída del 40% en la producción hipotecaria de la entidad. BBVA también mostró preocupación, aunque con un discurso más matizado. Su presidente, Carlos Torres Vila, descartó la existencia de una burbuja inmobiliaria y atribuyó la subida del precio de la vivienda a la falta de oferta. Por su parte, el consejero delegado, Onur Genç, reconoció pérdida de cuota de mercado y señaló que, en determinados casos, resultaba más rentable invertir en deuda soberana que conceder hipotecas a los precios vigentes. También ha cambiado el discurso en Santander. Su consejero delegado, Héctor Grisi, fue uno de los primeros en detectar señales de enfriamiento en la guerra hipotecaria. Aun así, la entidad incrementó un 44% su volumen de hipotecas en España a comienzos de año. Mientras tanto, CaixaBank, líder del mercado nacional, defendió que su estrategia no era especialmente agresiva y que su prioridad seguía siendo preservar cuota de mercado. En la práctica, las declaraciones de los banqueros han coincidido con un ajuste gradual en la política comercial del sector. Tras una etapa marcada por una intensa competencia en precios, los bancos han comenzado a endurecer ligeramente sus condiciones y a seleccionar con más rigor a los clientes. Según los datos del Banco Central Europeo, el tipo medio de las hipotecas en España alcanzó el 2,8% en abril, su nivel más alto desde marzo del año anterior. Aun así, la subida ha sido moderada: el mínimo reciente se registró en diciembre de 2025, cuando el tipo medio bajó al 2,61%. La comparación entre las ofertas comerciales actuales y las de septiembre de 2025 refleja incrementos de entre 0,3 y 0,6 puntos porcentuales en las hipotecas a tipo fijo, especialmente en entidades como Santander, BBVA, Bankinter y Unicaja. Aunque los precios publicados son orientativos y el coste final depende del perfil financiero del cliente y de su vinculación con la entidad, estos movimientos muestran una clara tendencia al alza. Ricard Garriga, consejero delegado de Trioteca, señala que más que una subida abrupta de tipos, lo que se observa es una mayor exigencia en solvencia, estabilidad laboral y capacidad de ahorro. En la misma línea, Pablo Vega, experto del comparador hipotecario Roams, considera que la competencia sigue existiendo, aunque ya no se libra mediante una guerra abierta de precios. El contexto macroeconómico también explica parte del cambio. La incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y el repunte de la inflación ha llevado al Banco Central Europeo a elevar los tipos desde el 2% hasta el 2,25%. En paralelo, el euríbor ha pasado del 2,081% en junio de 2025 al 2,809% actual, encareciendo especialmente las hipotecas variables. Pese a ello, España continúa siendo uno de los países con hipotecas más baratas de la eurozona. Con un tipo medio del 2,8%, ocupa el tercer puesto entre los mercados más baratos, solo por detrás de Malta y Bulgaria. La media europea se sitúa en el 3,43%, mientras que economías comparables como Francia, Italia, Países Bajos o Alemania registran niveles claramente superiores. La diferencia tiene un impacto directo sobre el coste final para el cliente. Una hipoteca de 200.000 euros a 30 años al tipo medio español del 2,8% supone pagar cerca de 95.850 euros en intereses. En Alemania, con un tipo medio del 3,84%, esa misma operación elevaría el coste financiero a unos 137.130 euros, aproximadamente un 43% más. Este menor precio explica también la menor rentabilidad del negocio hipotecario en España frente a otros países. Según los analistas de Jefferies, los bancos han compensado parcialmente esa presión mediante ingresos adicionales procedentes de seguros, gestión patrimonial y productos vinculados. La investigación de la CNMC podrá prolongarse hasta 24 meses. En teoría, si se acreditara una conducta similar a un cártel, la multa podría alcanzar el 10% de la facturación global de cada grupo bancario. No obstante, los analistas consideran que ese escenario extremo es poco probable y prevén un desenlace relativamente benigno, con escasas probabilidades de sanciones significativas.

(Expansión, 19-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas plantea la reforma bancaria más ambiciosa de las reglas postcrisis

La Comisión Europea está preparando un paquete de medidas para reforzar la competitividad del sector bancario europeo en un contexto marcado por las elevadas necesidades de financiación de la economía. En el último borrador al que ha accedido EXPANSIÓN ya se perfilan los ejes principales de una reforma que aspira a convertirse en uno de los mayores cambios regulatorios desde la crisis financiera. El Ejecutivo comunitario prevé presentar oficialmente este documento el próximo 15 de julio. Después se abrirá un periodo de consultas para recoger aportaciones y terminar de dar forma a una propuesta legislativa que podría ver la luz en el primer trimestre de 2027. Aunque aún falta tiempo para su aprobación, el borrador ya adelanta modificaciones profundas en la normativa bancaria europea. La agenda de reformas se estructura en tres grandes áreas: favorecer una mayor integración del mercado, simplificar los requisitos prudenciales y de resolución, e incorporar un enfoque más orientado a la competitividad dentro de la supervisión. La Comisión considera que, aunque la banca europea ha recuperado niveles históricos de rentabilidad, sigue actuando principalmente como un mecanismo de contención frente a crisis en lugar de desempeñar un papel impulsor del crecimiento económico. Por ello, sostiene que la resiliencia no debe seguir siendo el único objetivo estratégico. El sector bancario ha recibido el documento con sorpresa, destacando el alcance de la iniciativa y el elevado número de disposiciones legislativas que Bruselas plantea revisar. En cuanto a la integración del mercado, la Comisión propone modificar las reglas actuales para facilitar una mayor coordinación entre bancos con presencia en varios países. Una de las principales novedades sería permitir que los requisitos de capital y liquidez se cumplan a nivel de la entidad matriz en los grupos transfronterizos. Este cambio supondría eliminar la obligación de mantener colchones de capital y liquidez separados en cada filial, una de las principales demandas de la banca. A cambio, la matriz asumiría la obligación legal de transferir recursos a sus filiales cuando fuera necesario. Con esta medida, Bruselas espera liberar una cantidad significativa de recursos que podrían destinarse a financiar la economía real, especialmente en ámbitos como la transición ecológica, la digitalización y el refuerzo de la defensa europea. Según las estimaciones manejadas, solo en liquidez podrían movilizarse alrededor de 230.000 millones de euros. Para compensar la reducción de colchones nacionales, la Comisión estudia mecanismos de protección adicionales que generen confianza entre las autoridades de cada país. Aunque el instrumento ideal sería un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, la falta de consenso político ha llevado a explorar alternativas, como redefinir el papel de los fondos nacionales en situaciones de quiebra transfronteriza. Además, Bruselas también quiere avanzar en la armonización de normas ajenas al ámbito puramente bancario, como la protección del consumidor y los estándares digitales. El segundo bloque de la reforma se centra en los requisitos regulatorios y los colchones anticrisis. En este terreno, la Comisión parece alinearse parcialmente con las demandas del sector, al estudiar fórmulas para hacer más transparentes y previsibles las exigencias regulatorias. Siguiendo propuestas ya planteadas por el Banco Central Europeo, Bruselas contempla simplificar los distintos componentes del colchón de capital para crear un único colchón liberable capaz de cubrir riesgos tanto cíclicos como estructurales. El objetivo es evitar duplicidades entre requerimientos de distintas autoridades que encarecen innecesariamente la carga regulatoria. También se estudia armonizar los criterios de los recursos exigidos para absorción de pérdidas (MREL) con los estándares aplicables a los grandes bancos sistémicos globales (TLAC). La intención no es reducir la solvencia, sino eliminar solapamientos regulatorios que resten competitividad. Asimismo, la Comisión analizará si es posible reducir la frecuencia de revisión de los planes de resolución bancaria o simplificar sus procedimientos de aprobación, lo que permitiría disminuir costes operativos. Respecto a la aplicación de los estándares internacionales de Basilea, la Unión Europea mantiene su compromiso, aunque quiere tener en cuenta las particularidades del sistema bancario europeo. Con ello pretende evitar desventajas competitivas frente a economías como Estados Unidos, donde la implantación de estas normas podría ser parcial o más lenta. Bruselas también plantea reglas más flexibles para entidades pequeñas y de estructura sencilla, al considerar que presentan riesgos limitados para la estabilidad del sistema financiero. En materia de supervisión, la Comisión no llega a proponer que la competitividad se convierta formalmente en un segundo mandato para los supervisores junto a la estabilidad financiera. Sin embargo, sí insta a la Autoridad Bancaria Europea y al Banco Central Europeo a desarrollar una cultura supervisora que valore también la aportación de la banca al crecimiento económico de la Unión Europea. Bruselas advierte además contra una supervisión basada en una tolerancia cero al riesgo, al considerar que ese enfoque puede frenar la financiación empresarial y la inversión. Por último, la Comisión reclama una mayor coordinación entre supervisores y una visión más integrada para reducir la carga burocrática asociada al reporte de datos regulatorios, un coste que ya supera los 11.000 millones de euros. Con una mayor armonización entre autoridades, Bruselas confía en recortar hasta la mitad esas obligaciones administrativas para el sector bancario.

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