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(Expansión, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Rey a la empresa extranjera: "No solo buscamos inversión, sino alianzas"

"No buscamos únicamente inversiones, sino colaboraciones duraderas", afirmó este lunes el rey Felipe VI ante más de setenta directivos de multinacionales de todo el mundo durante la clausura del foro Invest in Spain Summit. En un contexto de incertidumbre internacional, presentó a España como un lugar idóneo para que los proyectos se establezcan, crezcan y tengan continuidad. El monarca subrayó que el país ofrece un entorno estable para la inversión, sustentado en un marco legal sólido, una clara orientación europea y un compromiso firme con la cooperación internacional. También destacó su carácter de economía abierta, su peso como potencia turística -con cerca de 100 millones de visitantes anuales- y su papel como nexo con regiones como América, el Mediterráneo y África. Durante la jornada, celebrada en Madrid, se dieron cita más de 150 representantes de 70 grandes compañías internacionales, con especial protagonismo de empresas de Estados Unidos, principal inversor en España. Pese a las tensiones políticas entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez, las firmas estadounidenses representaron aproximadamente una cuarta parte de los asistentes. También acudieron compañías de China, Japón, Francia, Reino Unido, así como de otros países como Alemania, Argentina o Singapur. El objetivo del encuentro fue reforzar la imagen de España como destino fiable para la inversión y facilitar el contacto entre empresas e instituciones. La inauguración corrió a cargo de Pedro Sánchez en el Teatro Real, mientras que la clausura tuvo lugar en la Galería de las Colecciones Reales con la intervención del rey. A lo largo del día se celebraron unas 170 reuniones bilaterales entre empresarios y representantes de administraciones públicas. Entre los miembros del Ejecutivo, tuvo un papel destacado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anfitrión de un almuerzo con inversores. También participaron Jordi Hereu, Óscar López y Joan Groizard, además de representantes de varios ministerios. El presidente del Gobierno mantuvo asimismo reuniones con directivos como Andrew DeLeone y Antonio Logroño. En cuanto a los sectores representados, destacaron especialmente las empresas tecnológicas, junto con compañías energéticas, de movilidad sostenible, ciencias de la vida, industria química y agroalimentaria, entre otras. En su discurso, Felipe VI reconoció que el contexto actual es complejo y que resulta cada vez más difícil hacer previsiones. Recordó que el crecimiento global se ha apoyado durante décadas en un sistema basado en normas, apertura y cooperación, hoy sometido a fuertes tensiones. Ante un posible escenario más fragmentado e incierto, defendió la necesidad de preservar esos principios. Además, invitó a las empresas a seguir apostando por España y celebró que esta edición del foro transcurriera sin incidentes, a diferencia de la anterior, marcada por un apagón que interrumpió el evento poco después de su apertura.

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(Expansión, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España pide a Bruselas un plan urgente por el alza de los fertilizantes

La Comisión Europea ha recogido la propuesta y ha anunciado que el próximo 19 de mayo dará a conocer un paquete de medidas destinado a reforzar la producción de fertilizantes dentro de Europa y disminuir la dependencia del exterior. Aún está muy presente el impacto que pueden tener sobre la economía -y especialmente sobre los hogares y las empresas- factores como el encarecimiento de la energía, los problemas en las cadenas de suministro o la falta de materias primas clave. Ya se vio tras la crisis del Covid, cuando oferta y demanda tardaron en reajustarse; después con la invasión rusa de Ucrania, que lleva años afectando a Europa; y ahora con el conflicto en Irán. El cierre del estrecho de Ormuz durante los últimos dos meses ha elevado notablemente los precios del petróleo y el gas, además de dificultar el paso de recursos esenciales como los fertilizantes. Esta situación no solo agrava la crisis energética, sino que también plantea riesgos para la seguridad alimentaria mundial. A la presión inflacionaria que vuelve a asomar en la Unión Europea se suma ahora el peligro de escasez de insumos fundamentales. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, advirtió de la incertidumbre sobre la evolución de los precios, destacando el aumento del gasóleo y de los fertilizantes, lo que preocupa a los responsables europeos del sector. Por ello, instó a Bruselas a diseñar con urgencia un plan que garantice el suministro y limite los costes. Durante la reunión de ministros celebrada en Luxemburgo, Planas insistió en la necesidad de que la Comisión Europea supervise de cerca la evolución de los precios -que varían entre países- y establezca directrices para optimizar el uso de fertilizantes, además de impulsar fuentes alternativas. El objetivo es doble: evitar que los agricultores afronten mayores costes y reducir la dependencia de terceros países. Tras el encuentro, el comisario europeo de Agricultura, Christoph Hansen, confirmó que la Comisión ya trabaja en medidas de apoyo para los agricultores, tanto económicas como regulatorias. Asimismo, reiteró que el plan que se presentará en mayo buscará fomentar la producción europea, reducir la dependencia de importaciones y promover alternativas más sostenibles y asequibles. Las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz son significativas. Antes del conflicto, por esa vía transitaba el 40% de la urea y el 30% del nitrógeno -especialmente amoníaco- necesarios para la agricultura. La interrupción ha encarecido el gas natural, materia prima esencial para fabricar fertilizantes, ha elevado los costes de transporte y ha provocado retrasos en un momento clave, con la temporada de siembra ya en marcha en el hemisferio norte. Como resultado, hay menos fertilizantes disponibles y a precios más altos.

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(Expansión, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los gigantes industriales cifran en 3.000 millones el agujero posapagón

Coincidiendo con el primer aniversario del apagón, el foco ya no está en el incidente en sí, sino en sus consecuencias: los elevados costes que el sistema eléctrico está asumiendo para evitar que se repita un colapso como el del 28 de abril de 2025. Diversas patronales españolas -entre ellas Aice, Anfac, Aspapel, Feique, Fiab, Sernauto y Unesid- se han sumado a Aeléc, la asociación de las eléctricas, para exigir mayor claridad sobre estos gastos, que algunas estimaciones sitúan por encima de los 3.000 millones de euros. También reclaman mecanismos que reduzcan su impacto sobre los grandes consumidores industriales. Estas organizaciones han elaborado un documento conjunto, presentado como el Observatorio de los servicios de operación del sistema eléctrico, una iniciativa sin precedentes. Representan a compañías muy diversas, como Repsol, Moeve, BP, Seat, Citroën, Renault, Fiat, Cementos Lemona, Portland, Acerinox, ArcelorMittal o Celsa, entre muchas otras. Todas ellas respaldan las críticas que Aeléc lleva meses dirigiendo contra Red Eléctrica (REE), empresa del grupo Redeia, a la que responsabilizan no solo del apagón como operador del sistema, sino también del incremento de costes derivado de las medidas adoptadas posteriormente para reforzar la red y prevenir nuevos fallos. El conflicto gira en torno a dos cuestiones principales: cuál es el importe real de ese sobrecoste y quién debe asumirlo. REE sostiene que el refuerzo del sistema ha supuesto unos 660 millones de euros adicionales, cifra que recientemente avaló la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en el Congreso. Sin embargo, las eléctricas y las patronales -varias de ellas integradas en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española- elevan considerablemente esa cifra al incluir todos los costes operativos vinculados al refuerzo del sistema, no solo los directamente derivados del apagón. Según sus cálculos, en 2025 estos gastos alcanzaron los 3.500 millones de euros, mil millones más que el año anterior, y en lo que va de 2026 ya suman 1.800 millones. En conjunto, estiman que el impacto del posapagón ronda los 3.000 millones. Actualmente, estos costes se trasladan al precio de la electricidad como un componente variable: cuanto mayor es el consumo, mayor es el coste para el usuario. Esto hace que la gran industria soporte la mayor carga. Si se tratara de un peaje fijo, el coste se repartiría entre todos los consumidores, de forma más equitativa. Esa es precisamente la propuesta del sector industrial: no solo reclaman transparencia, sino también cambios regulatorios que permitan financiar estos costes a través de cargos fijos del sistema eléctrico, evitando así penalizar a los grandes consumidores y buscando un equilibrio entre la seguridad del suministro y la competitividad. Por su parte, las eléctricas evitan responder directamente a las críticas sobre el aumento de costes asociado al llamado "modo reforzado", que implica mantener en funcionamiento más centrales convencionales, lo que también incrementa sus propios ingresos. El aniversario del apagón ha provocado múltiples reacciones. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lamentó la falta de explicaciones un año después. El Banco de España destacó la importancia del efectivo, que siguió utilizándose durante el incidente. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió el papel de las centrales nucleares, coincidiendo con su visita a la planta de Ascó (Tarragona), como elemento clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

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(El País, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España recomienda llevar entre 70 y 100 euros en efectivo para afrontar crisis como la del apagón

En una sociedad cada vez más orientada a los pagos digitales, el uso del efectivo ha ido perdiendo protagonismo en la vida cotidiana. Sin embargo, en momentos de crisis puede convertirse en un recurso esencial. Con motivo del primer aniversario del gran apagón, el Banco de España aconseja disponer en casa de entre 70 y 100 euros por persona en billetes y monedas para poder afrontar situaciones similares. El organismo subraya que el efectivo no responde a una cuestión de costumbre, sino de utilidad práctica. Durante el apagón, cuando fallaron simultáneamente la electricidad y las comunicaciones, fue el único medio de pago que siguió funcionando. Cajeros, terminales de pago y aplicaciones quedaron inoperativos. Según datos del Banco Central Europeo, los pagos con tarjeta se redujeron entre un 41% y un 42%, mientras que el comercio electrónico sufrió una caída cercana al 54%. En conjunto, el consumo descendió alrededor de un 34% ese día en España. Frente a ello, el efectivo mantuvo su operatividad. El Banco de España destaca que el dinero físico permite pagar de forma inmediata y sin depender de tecnología, electricidad o conexión a internet, lo que garantiza la autonomía de los ciudadanos en situaciones extremas. El análisis del supervisor pone de manifiesto que el sistema de pagos actual, aunque eficiente, depende de infraestructuras clave como la electricidad, las telecomunicaciones o los servidores. Si alguno de estos elementos falla, todo el sistema puede verse afectado, aunque sea de forma temporal. Esto no implica cuestionar el avance de los pagos electrónicos, que han reducido notablemente el uso del efectivo gracias a herramientas como tarjetas contactless, aplicaciones móviles o transferencias instantáneas. Pero el apagón evidenció que el dinero en metálico sigue siendo necesario. Por ello, el Banco de España recomienda mantener una pequeña reserva de efectivo en el hogar, suficiente para cubrir gastos básicos durante varios días ante posibles emergencias. Además, señala que no se puede descartar que se repitan episodios similares, por lo que conviene estar preparado. El organismo también recuerda que se están desarrollando alternativas para que algunos medios de pago electrónicos puedan funcionar sin conexión o incluso sin electricidad. En este sentido, el proyecto del euro digital contempla una modalidad offline que permitiría realizar pagos en ausencia de cobertura o suministro eléctrico. Esta recomendación no es exclusiva de España. El banco central de Suecia ya sugirió mantener en casa al menos 1.000 coronas en efectivo, una medida significativa en un país donde el uso de dinero físico es muy reducido. Asimismo, la Comisión Europea ha aconsejado a los ciudadanos disponer de recursos básicos, incluido efectivo, para subsistir durante al menos 72 horas en caso de emergencia, junto a un kit que incluya agua, alimentos, herramientas y otros suministros esenciales. Por otro lado, el contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas, ha reforzado la preocupación sobre la dependencia de sistemas de pago electrónicos controlados en gran medida por empresas extranjeras. Esto ha impulsado iniciativas como el desarrollo del euro digital por parte del Banco Central Europeo y soluciones privadas europeas de pago instantáneo, con el objetivo de reforzar la autonomía y seguridad del sistema financiero en Europa.

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(El Periódico, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El mercado inmobiliario español sufre un déficit superior a las 730.000 viviendas desde 2021

Sumando tanto vivienda libre como protegida, en España solo se han finalizado unas 474.000 viviendas en los últimos años, una cifra claramente insuficiente si se compara con el crecimiento demográfico, ya que en ese mismo periodo se han formado alrededor de 1,2 millones de nuevos hogares. Esta combinación de fuerte demanda, oferta limitada y poco flexible, junto con grandes diferencias entre territorios, está generando tensiones en el mercado inmobiliario, agravadas además por la incertidumbre económica derivada del conflicto en Oriente Próximo. Durante el último año, la compraventa de viviendas alcanzó niveles que no se veían desde antes de la crisis financiera, con más de 714.000 operaciones, lo que supone un aumento del 11,5%, tras el crecimiento ya registrado el año anterior. Sin embargo, la escasez estructural de vivienda, especialmente en provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia -donde se concentra cerca de la mitad del déficit de obra nueva- seguirá siendo el principal factor que presione los precios en el futuro, según el análisis de CaixaBank. El informe también señala que el incremento de nuevas construcciones no siempre se produce en las zonas donde más se necesita. Aunque en 2025 los visados de obra nueva crecieron un 11,8%, este avance es menor que el del año anterior. Además, existe una relación inversa entre las zonas con mayor déficit de vivienda y el número de nuevas promociones: en provincias como Tarragona, Castellón o Murcia, los nuevos proyectos apenas cubren una pequeña parte de la demanda pendiente, mientras que en otras como Sevilla, Navarra, Córdoba o Asturias la actividad constructora es más intensa. Este desequilibrio se explica por factores locales como la falta de suelo disponible, las limitaciones regulatorias, los costes o la capacidad administrativa, que dificultan aumentar la oferta precisamente en los mercados más tensionados. Si esta situación no cambia, el déficit seguirá creciendo en las zonas más afectadas. El elevado nivel de precios está reduciendo la capacidad de compra de muchas familias, especialmente de los jóvenes y de quienes tienen menos recursos. Según el Banco de España, el porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal descendió hasta el 70,6% en 2024, el nivel más bajo en años recientes. Aun así, la riqueza neta de los hogares aumentó moderadamente y el endeudamiento se redujo, en gran parte por la disminución de deuda y el mayor peso de los activos financieros, más que por un aumento significativo del patrimonio total. De cara a los próximos años, se prevé que los precios de la vivienda sigan subiendo en 2026 y 2027, aunque a un ritmo más moderado y con diferencias importantes según la zona. Se esperan mayores incrementos en áreas donde la demanda había sido más débil, mientras que en los mercados más activos podrían observarse señales de desaceleración. El dinamismo reciente se explica por factores como el crecimiento de la población, la mejora de los ingresos, la fortaleza del empleo y unas condiciones financieras favorables. No obstante, la evolución del mercado también dependerá del contexto internacional. El conflicto en Irán ha incrementado la incertidumbre y podría afectar a la economía a través de tres vías principales: el aumento de la inflación -que podría situarse en torno al 3%-, la caída de la demanda externa y un posible endurecimiento de las condiciones financieras si suben los tipos de interés. De hecho, el euríbor ya ha mostrado repuntes recientes, y los mercados anticipan varias subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo en 2026. Si este endurecimiento monetario se confirma, su impacto sería más visible en 2027. Los tipos de interés influyen directamente en el comportamiento de los hogares. Por ejemplo, a finales de 2025, las familias con hipotecas variables vieron reducir sus cuotas mensuales, lo que les permitió aumentar ligeramente su consumo. En cambio, en periodos anteriores de subidas del euríbor, el gasto se redujo. Esto demuestra cómo las decisiones de política monetaria afectan de forma tangible a la economía doméstica, especialmente en un país donde muchas hipotecas están ligadas a tipos variables.

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(La Vanguardia, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La mitad de los jóvenes de 26 a 34 años que vive con sus padres lo hace porque no puede pagar una vivienda

Casi la mitad de los jóvenes de entre 26 y 34 años que aún vive con sus padres -un 47,3%- señala que lo hace porque no puede asumir el coste de comprar o alquilar una vivienda. Es el motivo más habitual que explican, según los datos sobre acceso a la vivienda de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE publicados este lunes. Además, un 23,6% afirma que ni siquiera se ha planteado independizarse, mientras que solo un 1,9% reconoce que podría permitírselo, pero prefiere seguir viviendo en el hogar familiar. Estos datos vuelven a poner de relieve las dificultades de los jóvenes para acceder a un mercado inmobiliario marcado por la escasez de oferta y el elevado nivel de precios. Si se observa el conjunto de la población joven, el 67,1% de las personas entre 18 y 34 años seguía residiendo con sus progenitores en 2025, lo que equivale a unos 6,26 millones. En este grupo, uno de cada tres no dispone de recursos suficientes para alquilar o comprar una vivienda. Otro indicador de estas dificultades es la existencia de demanda no satisfecha: un 7,6% de las personas mayores de 16 años buscó vivienda activamente durante el último año sin llegar a mudarse. En la mayoría de los casos -casi siete de cada diez- el principal obstáculo fue el alto precio. Este problema se acentúa especialmente en zonas con mercados más caros, como Baleares o Madrid.

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(El Mundo, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Junts asegura que no apoyará el decreto de la prórroga de los alquileres

El grupo de Junts per Catalunya en el Congreso ha reiterado que no respaldará el decreto que plantea ampliar durante dos años los contratos de alquiler y fijar en un 2% el límite de actualización de las rentas, una medida que se votará este martes en la Cámara Baja. Fuentes de la formación trasladaron esta postura después de que el ministro Pablo Bustinduy afirmara que veía factible alcanzar un entendimiento con el partido liderado por Carles Puigdemont. En una entrevista en TVE, el ministro explicó que ese posible acuerdo pasaría por asumir algunas condiciones planteadas por Junts, como la implantación del IVA franquiciado para autónomos, una cuestión que atribuyó al PSOE. Bustinduy también se mostró dispuesto a estudiar incentivos fiscales para los propietarios, una demanda de la formación catalana. Aunque reconoció que dentro de Sumar no existe consenso sobre este punto, consideró que podría valorarse si se garantiza la prórroga de los contratos. A pesar de estas declaraciones, Junts mantiene su rechazo. Según sus fuentes, el decreto que se vota no puede modificarse, por lo que no lo apoyarán, aunque no han precisado si optarán por el voto en contra o la abstención. Desde el partido interpretan, no obstante, que las palabras del ministro evidencian que Sumar ha comprendido sus planteamientos y estaría dispuesto a aplicarlos. En ese contexto, trasladan la presión al PSOE, cuestionando si aceptará negociar o seguirá impulsando sus iniciativas sin contar con una mayoría suficiente. Asimismo, plantean si el Gobierno será el responsable de bloquear medidas que, a su juicio, beneficiarían tanto a inquilinos como a pequeños propietarios. Pese a ello, niegan que existan negociaciones en curso: aseguran que el Ejecutivo ya conoce sus condiciones y que no hay conversaciones abiertas. La tensión entre ambas partes viene de atrás. En la última sesión de control, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, endureció su discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con quien la formación rompió relaciones por supuestos incumplimientos de los acuerdos de investidura. Durante su intervención, incluso cuestionó por qué el presidente no convoca elecciones y criticó que no se haya aprobado el IVA franquiciado para autónomos.

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(Cinco Días, 27-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La firma de hipotecas registró en febrero el volumen más elevado de operaciones para este mes en 15 años

Aunque el mercado inmobiliario da señales de cierta moderación, con un menor número de compraventas en el inicio de este año respecto a 2025, la actividad no se ha detenido y continúa impulsando la firma de hipotecas. En febrero, los préstamos destinados a la compra de vivienda aumentaron un 11% en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando las 45.563 operaciones. Esto supone 6.371 más que hace un año y 6.233 por encima de las registradas en enero. Se trata, además, del dato más alto para un mes de febrero en los últimos 15 años. Según las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística, este repunte en las hipotecas contrasta con un arranque más moderado en las compraventas. Entre enero y febrero se cerraron 117.178 operaciones, lo que representa una caída del 2,76% respecto al mismo periodo de 2025. Sin embargo, los créditos hipotecarios para adquirir vivienda crecieron más de un 10%, pasando de 77.082 a 84.893. Expertos del sector explican que este comportamiento no es contradictorio, sino que responde a un cambio en el perfil de los compradores. Los inversores y hogares con mayor capacidad de ahorro, que anteriormente adquirían viviendas sin necesidad de financiación, están reduciendo su presencia en el mercado. En cambio, se mantienen aquellos compradores que dependen del crédito, lo que explica que disminuyan las operaciones totales pero aumenten las hipotecas. En términos diarios, febrero dejó cifras poco habituales, con más de 2.100 hipotecas firmadas cada día, muy por encima del ritmo registrado en enero. Además, no solo crece el número de operaciones, sino también su cuantía, lo que indica un mayor volumen de financiación. Este incremento en la actividad hipotecaria -el más elevado desde 2011- viene acompañado de un aumento del importe medio de los préstamos, que se situó en 173.280 euros, un 11% más que un año antes. Por su parte, el tipo de interés medio bajó hasta el 2,88%, ligeramente inferior al del mismo periodo de 2025. La política monetaria del Banco Central Europeo sigue influyendo en el mercado, manteniendo contenidos los costes de financiación. En este contexto, las hipotecas a tipo fijo continúan predominando claramente sobre las variables, representando el 61% del total frente al 39%. Las primeras se firmaron con un interés medio del 2,78%, mientras que las segundas alcanzaron el 3,03%.

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(Expansión, 27-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno exige 10.000 millones de fianza a los "data center" por la luz

Todos los proyectos de centros de datos (CPD o data centers) que soliciten acceso a la red eléctrica, así como aquellos que ya cuentan con ese permiso pero todavía no lo utilizan, deberán abonar importantes cantidades en concepto de garantía para asegurar su punto de conexión. Según las estimaciones del Gobierno, esta fianza se sitúa en torno a 160 euros por kilovatio (kW) -es decir, 160.000 euros por megavatio- si la construcción del proyecto se prolonga durante cinco años, algo que actualmente ocurre en la mayoría de los casos. Habitualmente, un centro de datos de tamaño medio ronda los 50 MW, lo que implica que una instalación estándar podría llegar a pagar unos ocho millones de euros en fianzas a lo largo de ese periodo. Este importe se abonaría en pagos mensuales y, una vez que la instalación entre en funcionamiento y se conecte a la red, se recuperaría progresivamente mediante descuentos en los peajes asociados a dicha conexión. Con esta medida, el Ejecutivo pretende disuadir a los proyectos que no tienen una intención real de desarrollarse y que responden más bien a fines especulativos. En el contexto actual, marcado por la saturación de la red eléctrica en España, los permisos de acceso se han convertido en el recurso más valioso tanto para los centros de datos como para cualquier iniciativa con alto consumo energético. El crecimiento de proyectos de centros de datos ha alcanzado niveles muy elevados, generando además una situación caótica: por un lado, existen permisos ya concedidos que no se están aprovechando, y por otro, se acumulan numerosas solicitudes para obtener nuevos puntos de conexión. La suma de ambas cifras resulta desproporcionada y sigue aumentando rápidamente. A finales de 2024, había unos 70.000 MW en proyectos que solicitaban acceso a la red de alta tensión -gestionada por Redeia- y a las redes de baja y media tensión, administradas por Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Tomando este dato como referencia, las fianzas que el Gobierno podría exigir superarían los 10.000 millones de euros. Además, los centros de datos compiten con otros tipos de proyectos por el acceso a la red, lo que agrava aún más la situación. Según explicó recientemente Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, existen más de 90.000 MW con permisos concedidos que no se están utilizando de manera eficiente. Por su parte, datos internos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -que incluyen tanto permisos otorgados como solicitudes en trámite- elevan esta cifra hasta los 170.000 MW, superando la capacidad total de generación eléctrica actual en España. El Gobierno busca realizar una doble selección: primero, distinguir qué parte de esa capacidad corresponde a centros de datos y cuál a otros usos, como desarrollos urbanísticos, polígonos industriales o infraestructuras compartidas; y después, filtrar los proyectos de centros de datos menos sólidos. La fianza se aplicará únicamente a este tipo de instalaciones y aumentará si pasa el tiempo sin que se conecten a la red. Esta medida se introdujo hace un mes dentro de un decreto de medidas anticrisis que, además de incluir rebajas fiscales para mitigar el impacto del encarecimiento de los combustibles por la guerra del Golfo, incorpora cambios relevantes en el acceso a la red eléctrica. En la práctica, el decreto parece orientado a contener el auge de los centros de datos, un sector que no cuenta con el respaldo pleno del Gobierno. De hecho, el propio texto del decreto señala que cerca del 90% de la capacidad de acceso a la red ha sido asignada a promotores que aún no la utilizan de forma efectiva. Por ello, se establece el pago de una "prestación por reserva de capacidad de acceso", exigible desde la obtención del permiso hasta el inicio de la actividad. En otras palabras, se trata de una fianza obligatoria tanto para nuevos proyectos como para aquellos que ya disponen de licencia pero no han comenzado a operar, con pagos mensuales hasta que la instalación esté construida y conectada a la red.

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(Expansión, 27-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España busca captar más de 4.500 millones en una cumbre con multinacionales

El Gobierno volverá a desplegar una estrategia de atracción para grandes multinacionales con el objetivo de fomentar nuevas inversiones en España durante la segunda edición del Invest in Spain Summit, que se celebrará este lunes en Madrid. En esta cita participarán alrededor de 75 grandes empresas internacionales procedentes de unos veinte países, con especial protagonismo de compañías tecnológicas y de origen estadounidense, que representan aproximadamente una cuarta parte del total. Con ello, el Ejecutivo busca que los intereses económicos contribuyan a suavizar las tensiones políticas existentes con la Administración Trump. El encuentro, impulsado por la vicepresidencia primera y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, liderado por Carlos Cuerpo, será inaugurado a media mañana por el presidente Pedro Sánchez en el Teatro Real. A lo largo del día, los asistentes mantendrán reuniones con representantes de nueve ministerios y diversas comunidades autónomas. La jornada concluirá en la Galería de las Colecciones Reales con la intervención del Rey Felipe VI, en torno a las siete de la tarde. En ese intervalo de unas nueve horas, el Ejecutivo aspira a generar oportunidades que permitan movilizar más de 4.500 millones de euros en inversión extranjera, superando así los resultados de la edición anterior. Las empresas participantes ya cuentan con presencia en España susceptible de ampliarse o contemplan nuevos proyectos que el Gobierno intenta materializar, destacando las ventajas del país en sectores estratégicos. Entre los directivos invitados sobresalen especialmente los vinculados al ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, que constituyen el grupo más numeroso, con 18 compañías confirmadas. También asistirán 10 empresas energéticas, principalmente interesadas en energías renovables; nueve del ámbito de la movilidad sostenible; otras nueve del sector de ciencias de la vida, como salud y biotecnología; siete de bienes de equipo; seis de la industria química; cinco del sector agroalimentario; cuatro del aeroespacial; dos del audiovisual; dos de logística y una del sector financiero. El Ejecutivo ha optado por no hacer públicos los nombres de las compañías participantes, argumentando que la discreción es clave para el éxito del foro. No obstante, sí ha indicado que el mayor número de asistentes procede de Estados Unidos, algo que desde el Ministerio de Economía interpretan como muestra de la solidez de las relaciones económicas entre ambos países, a pesar de los desencuentros políticos recientes entre Sánchez y Trump. Actualmente, unas 4.000 empresas estadounidenses operan en España, donde el pasado año invirtieron alrededor de 10.000 millones de euros, acumulando un volumen total de inversión de 125.000 millones. A su vez, Estados Unidos sigue siendo el principal destino exterior para las empresas españolas. En total, el grupo de participantes incluye 19 compañías estadounidenses, ocho chinas, siete japonesas, cinco francesas y cuatro británicas, además de empresas de países como Alemania, Argentina, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, México, Noruega, Países Bajos, Suiza o Singapur, entre otros. Durante el evento se celebrarán unas 170 reuniones bilaterales entre empresas y representantes institucionales, además de un almuerzo de trabajo con el ministro Carlos Cuerpo. Participarán responsables de distintos ministerios, entre ellos Economía, Transición Ecológica, Industria, Transformación Digital, así como Defensa, Sanidad, Transporte, Hacienda y Vivienda. También se ha invitado a los consejeros autonómicos de Economía, algunos de los cuales acudirán al encuentro. El objetivo del Gobierno es superar los resultados de la primera edición que, aunque quedó marcada por el gran apagón que afectó a toda la península ibérica el 28 de abril de 2025, logró compromisos de inversión por valor de 4.400 millones de euros y la creación de unos 4.500 puestos de trabajo.

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