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(El País, 22-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba el nuevo plan estatal que blinda las viviendas protegidas

El Gobierno ha dado luz verde este martes al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el objetivo de afrontar los problemas del sector en los próximos cuatro años. El programa, que no necesita pasar por el Congreso y cuenta con una inversión sin precedentes de 7.000 millones de euros -tres veces más que el anterior-, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros tras varios meses desde que se adelantaran sus principales líneas en septiembre de 2025. Entre sus novedades destacan la garantía de que las viviendas protegidas financiadas con fondos públicos mantendrán ese carácter de forma permanente y el incremento de las ayudas para construir vivienda pública, destinada en su mayoría al alquiler con un máximo de 900 euros mensuales. La ministra de Vivienda ha defendido que este plan responde a una demanda social creciente y busca consolidar la vivienda como un pilar fundamental del Estado del bienestar, con la intención de ofrecer soluciones duraderas y evitar que esta problemática se repita en el futuro. Aunque ya ha sido aprobado, todavía deberán firmarse acuerdos con las comunidades autónomas, por lo que su aplicación efectiva no comenzará hasta julio. El plan mantiene la financiación anunciada, con un 60% aportado por el Estado y un 40% por las comunidades autónomas. Los recursos se destinarán a tres grandes objetivos: construir nuevas viviendas, rehabilitar las existentes y garantizar el acceso a la vivienda frente a la especulación. El nuevo enfoque introduce cambios relevantes en la política pública, con mayor control, transparencia y protección del parque residencial financiado con dinero público. El Ejecutivo lo presenta como una respuesta a deficiencias históricas, recordando que en las últimas décadas muchas viviendas protegidas acabaron en el mercado libre, lo que redujo el parque público disponible. A partir de ahora, cualquier vivienda financiada con fondos estatales deberá mantener su función social de manera indefinida. También se refuerzan los controles en la asignación de viviendas mediante criterios objetivos y verificables, con el fin de evitar irregularidades. Además, el Ministerio se reserva mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de estas normas. Otro de los ejes del plan es mejorar la transparencia en el mercado del alquiler. Para ello, las comunidades autónomas deberán crear en el plazo de un año un registro de fianzas que permita conocer datos reales sobre contratos, precios, rotación de inquilinos y evolución de la oferta, con el objetivo de disponer de información fiable y reducir la opacidad. En cuanto a la gestión, se prevé un seguimiento continuo a través de un grupo de trabajo dentro del Consejo Asesor de Vivienda, que evaluará anualmente la ejecución del plan y podrá formular recomendaciones. Las medidas se estructuran en tres ámbitos principales: construcción, rehabilitación y protección. En el primero, se incrementan notablemente las ayudas para levantar vivienda pública o protegida, con subvenciones de hasta 85.000 euros por vivienda, el doble que en el plan anterior. Estas viviendas estarán orientadas sobre todo al alquiler y mantendrán su carácter protegido de forma permanente, aunque en municipios pequeños también se permitirá la venta bajo ciertas condiciones. El plan también impulsa nuevas formas de construcción más industrializadas, con incentivos adicionales, y contempla ayudas mayores en zonas con alta demanda, donde la financiación por vivienda puede superar los 100.000 euros. Para ampliar rápidamente el parque público, se destinarán fondos a la compra de viviendas ya existentes, cubriendo hasta el 70% del coste, porcentaje que aumenta en áreas tensionadas. Asimismo, se fomenta que propietarios privados cedan sus viviendas a la Administración para destinarlas a alquiler asequible, especialmente en zonas rurales. En materia de rehabilitación, se incluyen ayudas para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y el estado de los edificios, con importes que pueden superar los 20.000 euros por vivienda. También se incentiva la recuperación de viviendas vacías, siempre que se incorporen al mercado de alquiler asequible. El plan refuerza además el apoyo a colectivos vulnerables, con ayudas al alquiler para jóvenes y facilidades para la compra en municipios pequeños. También amplía la cobertura para víctimas de violencia de género y personas en situación de vulnerabilidad, garantizando soluciones habitacionales inmediatas. El calendario prevé que, tras su aprobación en abril de 2026, los acuerdos con las comunidades se cierren en primavera y la puesta en marcha efectiva tenga lugar en la segunda mitad del año. El documento final es el resultado de un proceso de diálogo con comunidades autónomas, entidades y expertos, en el que se han incorporado cientos de aportaciones. Este proceso participativo ha retrasado su aprobación respecto a los plazos inicialmente previstos, que apuntaban a finales de 2025.

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(El Periódico, 22-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prepara un macroinforme para defender la presencia de la SEPI y de grandes empresas públicas en sectores críticos

El Gobierno pretende disponer de un análisis detallado que refleje el impacto económico y social del holding público SEPI y de las principales empresas que dependen de él. Este informe de gran alcance busca justificar el papel del grupo estatal en sectores estratégicos, evidenciando su contribución a la economía, la sociedad y el desarrollo territorial. La preparación de este estudio coincide en el tiempo con la comisión de investigación impulsada por el Partido Popular en el Senado, centrada en la actuación de SEPI en operaciones como el rescate de aerolíneas durante la pandemia, entre ellas Air Europa y Plus Ultra. El objetivo de SEPI es contar con una evaluación rigurosa que permita cuantificar de forma precisa el impacto de su actividad y respaldar con datos su función como instrumento inversor del Estado. La intención es disponer de una base técnica que permita explicar su papel en la generación de valor económico y en la fijación de población en determinadas zonas. Según la documentación oficial, el grupo público se define como una herramienta clave del Gobierno en distintos sectores, orientada a impulsar el crecimiento económico, reforzar el tejido empresarial y atender necesidades estratégicas del país. Para ello, ha puesto en marcha un proceso para contratar a una consultora que diseñe la metodología del estudio correspondiente a 2025 y elabore el informe. Además, se busca que este trabajo sirva como modelo para futuras evaluaciones, incluyendo guías, herramientas y fuentes de datos que puedan reutilizarse. El análisis se centrará en la actividad de SEPI como matriz y en las empresas en las que tiene control total o participación mayoritaria. Entre ellas figuran Navantia, Correos, Tragsa, Enusa, Ensa, Mayasa, Cetarsa, Hunosa, Mercasa o Cofivacasa. Sin embargo, quedarán fuera del estudio compañías en las que su participación es minoritaria, como Telefónica, Indra, Redeia o Enagás. La corporación, presidida por Belén Gualda, también pretende identificar los principales desafíos y áreas clave de actuación tanto de SEPI como de sus empresas participadas. El informe incluirá además un análisis del contexto geopolítico y de mercado en el que operan, especialmente relevante en un escenario internacional marcado por tensiones como la guerra en Oriente Medio. Asimismo, se evaluarán los riesgos y tendencias que pueden afectar a su contribución económica, así como los aspectos que deben reforzarse para mantener y potenciar su impacto en el futuro.

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(Cinco Días, 21-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo se dispara y las Bolsas bajan al resurgir las tensiones entre EE UU e Irán

El aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, junto con la disminución de las expectativas de un acuerdo de paz en Oriente Próximo, está llevando a los inversores a actuar con cautela. En este contexto, el precio del petróleo vuelve a subir con fuerza, acercándose a un alza del 5% y superando los 95 dólares por barril de Brent -tras haber caído un 9% el viernes-. Por su parte, el gas europeo TTF también repunta un 4%, recuperándose parcialmente del descenso previo. Los expertos de ING señalan que los mercados muestran inquietud, aunque mantienen cierta esperanza en posibles avances diplomáticos. Uno de los factores clave será la participación de Irán en las conversaciones de paz previstas, ya que su posible ausencia incrementa la incertidumbre, especialmente con el alto el fuego a punto de expirar. La situación se tensó aún más cuando Estados Unidos anunció la incautación de un carguero iraní que habría intentado sortear el bloqueo, a lo que Teherán respondió con amenazas de represalias. Además, Irán comunicó que no participará en una nueva ronda de negociaciones prevista antes de que finalice la tregua. Desde Saxo Bank advierten de que esta escalada vuelve a elevar el riesgo geopolítico, afectando no solo a la energía, sino también al crecimiento económico y a los tipos de interés. El conflicto, que ya entra en su octava semana, ha generado una grave crisis en el suministro energético mundial. Uno de los puntos críticos es el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo global. Los bloqueos en la zona han disparado los precios, aunque estos aún se mantienen por debajo de los 100 dólares por barril. La inestabilidad también se refleja en los mercados financieros. En Europa, el DAX cae un 1,5%, el FTSE 100 pierde un 0,6% y el CAC 40 retrocede un 1%. En España, el Ibex 35 baja un 1,3%, con descensos destacados en ArcelorMittal e IAG, mientras que BBVA también cae tras una rebaja de recomendación. En contraste, valores como Repsol, Endesa y Enagás registran subidas. Analistas de ATFX Global consideran que el foco sigue puesto en el estrecho de Ormuz y ven poco probable un acuerdo inmediato entre Washington y Teherán, lo que podría seguir presionando a la baja a los activos de mayor riesgo. No obstante, desde Pepperstone apuntan que, aunque predomina la cautela, los movimientos del mercado están siendo relativamente ordenados y no reflejan aún una situación de pánico. Por su parte, expertos de Bloomberg creen que el comportamiento de las bolsas asiáticas sugiere que parte del impacto económico del conflicto ya podría estar descontado por los inversores. En el mercado de divisas, el dólar se ha fortalecido hasta su nivel más alto en una semana, mientras que el euro cotiza en torno a 1,17 dólares. Entre las materias primas, el oro baja cerca de un 0,8% y la plata también retrocede. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin cae alrededor de un 1,8%, reflejando el clima general de incertidumbre.

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(Expansión, 21-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Lagarde anticipa que el BCE mantendrá los tipos en el 2%: "Hace falta recabar más información"

El Banco Central Europeo (BCE) busca evitar inquietar a unos mercados ya nerviosos y, por ello, intenta mostrarse lo más previsible posible. Esa actitud se refleja en el discurso pronunciado hoy por su presidenta, Christine Lagarde, durante el 75º aniversario de la Asociación de Bancos de Alemania, donde ha dejado entrever que la institución con sede en Fráncfort optará por no modificar los tipos de interés en la próxima reunión de política monetaria. Lagarde ha explicado que la combinación de incertidumbre sobre la duración del impacto económico y el alcance de sus efectos obliga a recabar más datos antes de tomar decisiones definitivas. Aunque ha subrayado que no basta con comprender la situación, sino que también hay que actuar, ha matizado que el BCE solo dará ese paso cuando disponga de la información necesaria. A pocos días de que comience el periodo de silencio previo a la reunión -durante el cual los miembros del BCE no pueden pronunciarse sobre política monetaria-, sus palabras sugieren que existe un amplio consenso en el Consejo de Gobierno para mantener sin cambios los tipos de interés, que previsiblemente seguirán en el 2%, nivel en el que se encuentran desde junio del año pasado. Por ahora, la presidenta ha señalado que el encarecimiento de la energía no ha sido suficiente como para situar directamente a la economía en un escenario adverso. En este contexto, el BCE observa dos fuerzas opuestas: por un lado, el aumento de los precios energéticos podría generar una espiral inflacionista a través de salarios y precios; por otro, la incertidumbre y la pérdida de confianza de consumidores e inversores podrían frenar la demanda y el crecimiento. Lagarde ha insistido en que la institución permanece atenta a la evolución de los acontecimientos y ha dejado abierta la posibilidad de que una subida de tipos pueda plantearse en la reunión de junio. El BCE pretende evitar actuar demasiado tarde frente a la inflación, recordando la crisis energética de 2022, pero también teme endurecer la política monetaria en exceso si el problema resulta menos persistente de lo previsto. Actualmente, el organismo trata de determinar si la economía seguirá el escenario base proyectado en marzo -con una inflación del 2,6%- o si se impondrá un escenario más negativo, con un aumento de los precios del 3,5%. Solo en este último caso sería necesaria una respuesta monetaria más contundente, aunque aún no está claro cuál de los dos escenarios es el más probable. La volatilidad del contexto global queda reflejada en la evolución reciente: a finales de marzo, el encarecimiento del petróleo apuntaba hacia el escenario adverso, mientras que tras el anuncio de un alto el fuego a comienzos de abril, la situación se situaba en un punto intermedio entre ambos escenarios. Los analistas prevén entre una y tres subidas de tipos a lo largo del año, siendo junio la fecha más probable para la primera. En esa reunión, el BCE actualizará sus previsiones macroeconómicas con nuevos datos que podrían aportar mayor claridad. Lagarde ha concluido reafirmando el compromiso del BCE con la estabilidad de precios y asegurando que la institución actuará en función de las circunstancias para devolver la inflación al objetivo del 2% a medio plazo.

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(El Periódico, 21-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Un grupo de expertos sitúa a Hernández de Cos como el candidato más cualificado para suceder a Lagarde en el BCE

El exgobernador del Banco de España y actual director gerente del Banco Internacional de Pagos, Pablo Hernández de Cos, aparece como el candidato mejor posicionado para presidir el Banco Central Europeo cuando finalice el mandato de Christine Lagarde el próximo año, según una encuesta de expertos elaborada por el think tank londinense OMFIF y adelantada por el Financial Times. De acuerdo con este sondeo, el economista español tendría una ligera ventaja frente al alemán Joachim Nagel. El panel, compuesto por 20 especialistas -entre ellos banqueros, responsables de política económica y gestores de activos-, valora especialmente a De Cos por su sólida formación en política monetaria, su capacidad de consenso, su perfil europeo y su habilidad para generar confianza internacional. Por su parte, Nagel destaca más en aspectos como el conocimiento de los mercados, el liderazgo y la gestión de crisis. En la encuesta también figuran otros posibles aspirantes, como Klaas Knot, Isabel Schnabel y François Villeroy de Galhau, quien dejará su cargo próximamente. Aunque el mandato de Lagarde concluye en octubre de 2027, las especulaciones sobre su sucesión llevan tiempo en marcha. El relevo forma parte de un proceso más amplio de renovación dentro del BCE, donde en los próximos años cambiarán varios miembros clave, incluido el economista jefe Philip Lane. Además, el actual vicepresidente Luis de Guindos dejará su puesto el 1 de junio, siendo sustituido por Boris Vujcic. El contexto político europeo podría influir en estos tiempos. Por ejemplo, la salida anticipada de Villeroy de Galhau permitirá al presidente francés Emmanuel Macron designar sucesor antes de las próximas elecciones. Incluso se ha especulado con una posible marcha anticipada de Lagarde que facilitaría acuerdos políticos entre líderes europeos, incluido el alemán Friedrich Merz. España ha mostrado abiertamente su interés en ganar peso en el BCE. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado recientemente la intención del Gobierno de lograr mayor presencia en el comité ejecutivo. La salida de De Guindos dejará a España sin representación en este órgano, lo que refuerza el respaldo a la candidatura de De Cos, apoyada públicamente por el propio vicepresidente saliente. Desde el punto de vista técnico, el actual responsable del BIS cuenta con un amplio reconocimiento tanto en el ámbito académico como en los mercados. No obstante, la elección final dependerá en gran medida de equilibrios políticos dentro de la Unión Europea. Hasta ahora, la presidencia del BCE ha estado en manos de un neerlandés, dos franceses y un italiano, pero nunca de un alemán. Alemania, que ya preside la Comisión Europea a través de Ursula von der Leyen, cuenta con dos posibles candidatos: Nagel y Schnabel, aunque esta última genera ciertas dudas por su actual cargo en el BCE. En cuanto a la orientación de política monetaria, De Cos se sitúa en una posición intermedia dentro del habitual debate entre "halcones" -más partidarios de políticas restrictivas- y "palomas" -más favorables a medidas flexibles-. Su perfil sería el de una "paloma moderada", menos estricta que la de Schnabel, Nagel o Knot, pero algo más ortodoxa que la de Villeroy de Galhau. La elección de Vujcic como vicepresidente, considerado un halcón moderado pese a proceder del sur de Europa, no ofrece demasiadas pistas sobre el rumbo que tomará el BCE en el futuro.

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(El País, 21-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Tres de cada cuatro españoles apoyan la prórroga de los alquileres

En España existe un acuerdo casi generalizado en que el precio del alquiler es demasiado alto. La falta de viviendas disponibles lleva tiempo generando una fuerte competencia por encontrar casa, especialmente en las grandes ciudades, lo que ha dado más margen a los propietarios para fijar precios elevados. Hasta ahora, ninguna medida ha conseguido frenar esta situación. Uno de los intentos más recientes ha sido el decreto impulsado por Sumar, que propone alargar hasta dos años los contratos que finalicen antes de finales de 2027 y limitar al 2% la actualización de las rentas. Sin embargo, esta iniciativa tiene difícil recorrido en el Congreso debido al rechazo de Junts per Catalunya. Aun así, antes de que se vote, Sumar encargó un estudio a Ateneo del Dato para conocer la opinión de la ciudadanía. Los resultados, publicados este lunes, indican que tres de cada cuatro personas apoyan la prórroga de los alquileres, mientras que más del 90% considera que los precios actuales son "altos" o "muy altos". La encuesta, promovida por Estrella Galán, señala además que cerca de la mitad de los encuestados se plantearía cambiar su voto si el partido al que apoya se opone a esta medida. Este posicionamiento es especialmente fuerte entre votantes de izquierdas -más del 70% en el caso de Sumar y más del 60% en el PSOE-, aunque también aparece entre electores del Partido Popular (32%) y de Vox (alrededor del 36%). El estudio se realizó entre el 10 y el 16 de abril con una muestra de 2.200 personas. Desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado el 21 de marzo, se abrió un plazo de 30 días para lograr su convalidación parlamentaria. No obstante, todo apunta a que no superará este trámite, ya que Junts mantiene una oposición firme. Mientras tanto, el debate sigue abierto. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha optado por apurar al máximo los plazos para intentar recabar apoyos antes de la votación. Además, desde sectores de la izquierda se ha animado a los inquilinos a solicitar la prórroga de sus contratos mediante burofax antes de que el Congreso decida sobre la norma. Tanto Sumar como organizaciones en defensa de la vivienda aseguran que ya se han producido miles de solicitudes, aunque algunos despachos de abogados prevén posibles conflictos legales. Según la encuesta, dos de cada tres personas creen que, sin esta prórroga, los alquileres subirían al finalizar los contratos: un 29% prevé aumentos importantes y un 37,8% incrementos moderados. Un 8,4% piensa incluso que muchos contratos no se renovarían, mientras que solo un 18,6% considera que los precios se mantendrían estables. Por otro lado, un informe del Observatorio del Alquiler señala que los precios crecieron un 5,9% en 2025, menos que el 11,3% registrado en 2024, en parte porque los inquilinos han llegado a un límite en su capacidad de pago. Aun así, esta moderación no supone un alivio real, ya que los alquileres siguen subiendo más rápido que los salarios. El impacto de esta situación es evidente: un 48,6% de los encuestados afirma que ellos mismos o personas cercanas han tenido que cambiar de vivienda en los últimos años debido al encarecimiento del alquiler o a la finalización del contrato sin renovación.

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(ABC, 21-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España y el "efecto refugio": recibió un 6% más de viajeros internacionales en marzo

En un contexto en el que Oriente Próximo se ha convertido en un foco de gran tensión y con la posibilidad de que el conflicto se prolongue -algo que, según los analistas, podría afectar al crecimiento mundial en mayor o menor medida dependiendo de su duración y de los problemas en rutas clave como el estrecho de Ormuz-, el turismo español está aprovechando su imagen de destino seguro para los viajeros internacionales. De hecho, Exceltur estimó recientemente que el desvío de turistas desde esa región podría generar hasta 4.239 millones de euros adicionales, siempre que la guerra sea breve, limitada geográficamente y termine con una estabilidad razonable. Aunque todavía es complicado cuantificar con precisión este efecto "refugio", los datos apuntan a una evolución positiva. España cerró marzo, el primer mes del conflicto, con un notable incremento en la llegada de pasajeros internacionales por vía aérea. En ese mes, el país recibió 8,6 millones de viajeros extranjeros, lo que supone un aumento del 6,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras de Turespaña basadas en datos de Aena. En el conjunto del primer trimestre, las llegadas rozaron los 22,4 millones de pasajeros internacionales, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2025, es decir, unos 1,2 millones adicionales. Además, el dato de marzo sugiere una cierta aceleración en el crecimiento, coincidiendo con el momento de mayor intensidad de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en Irán. El año pasado, unos 181 millones de turistas eligieron destinos del Mediterráneo Oriental, pero la actual inestabilidad pone en riesgo esa preferencia, ya que muchos viajeros -especialmente europeos- podrían optar por alternativas más seguras. En marzo, el 85,7% de los pasajeros que llegaron a España procedían de Europa, lo que supone un incremento del 7,3%, mientras que los provenientes de América crecieron un 7,6% y representaron el 9,5% del total. Sin embargo, la guerra también está teniendo efectos negativos en ciertos mercados. Destaca la fuerte caída de los viajeros procedentes de Asia, que descendieron un 36,3% y apenas representaron el 1,7% del total. Asimismo, se redujeron las llegadas desde países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos y Catar, así como desde Israel, en gran medida debido a la situación bélica y a las tensiones en la región. En cuanto a los principales mercados emisores, la mayoría mostró una evolución positiva en marzo. Reino Unido lideró el crecimiento con un aumento del 10,9%, alcanzando los 1,78 millones de pasajeros (el 20,8% del total). Alemania, tras un inicio de año más débil, recuperó impulso con un crecimiento del 3,2% hasta 1,1 millones, impulsado sobre todo por destinos como Baleares y Andalucía, aunque cayó en otros como Canarias, Madrid o País Vasco. Italia también registró un incremento del 5%, con cerca de 897.000 viajeros, concentrados principalmente en Cataluña y Madrid. Por su parte, Países Bajos apenas creció un 0,6%, mientras que Francia fue la excepción entre los grandes mercados, con una caída del 1,4% y unos 575.600 turistas, aunque con comportamientos desiguales según las regiones. Esta debilidad del mercado francés abre interrogantes sobre si se trata de un caso puntual o de una tendencia más amplia. Organismos internacionales como la OCDE y el FMI han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para Europa en 2026 debido al impacto del conflicto en Irán y a sus efectos inflacionistas. En la misma línea, la firma Lazard advirtió recientemente de que, incluso con una desescalada rápida, el deterioro económico ya es inevitable en cierta medida. La incógnita ahora es cómo afectará este contexto a la demanda turística en los próximos meses, especialmente con la temporada de verano próxima. Por el momento, España continúa ampliando su base de mercados emisores: los países no tradicionales aumentaron un 6% en marzo, superando los 2,23 millones de viajeros, con un crecimiento destacado de llegadas desde China, Corea del Sur y Brasil.

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(El Economista, 21-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Garamendi pide no enfrentarse con Estados Unidos ante la dependencia energética y el interés empresarial en esta potencia mundial

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera que no es acertado que España mantenga una postura de confrontación con Estados Unidos, teniendo en cuenta la dependencia energética y los intereses empresariales vinculados a ese país. Durante un encuentro organizado por el grupo vasco del Club de Roma en la Sociedad Bilbaína, advirtió de que "no es el momento de desafiar a EEUU". Asimismo, señaló como problemático que España no esté actuando en sintonía con sus socios europeos y haya optado por una posición más independiente. Garamendi explicó que el multilateralismo ha perdido fuerza durante la administración de Donald Trump, a quien acusó de centrarse en los asuntos internos y de abandonar el liderazgo basado en valores democráticos. En este escenario internacional, subrayó que Europa es una de las grandes perjudicadas. Retomando una idea del diplomático Javier Solana, indicó que, aunque ya no existe la división entre bloques comunista y capitalista, sí persiste una separación entre países que representan la libertad y otros que no, lo que obliga a posicionarse con claridad. No obstante, matizó que las discrepancias con el actual liderazgo estadounidense no deben traducirse en una ruptura con el país. Afirmó que, aunque Trump no actúe de la manera adecuada, eso no convierte a Estados Unidos en un enemigo, sino que sigue siendo un socio estratégico clave para España. En este sentido, recordó que Estados Unidos es uno de los principales destinos de inversión española, con más de 80.000 millones de euros. También advirtió de que, a los efectos de los aranceles, se suma ahora el impacto de la guerra, que calificó de inaceptable, señalando que se están produciendo excesos similares a los vividos en el conflicto de Gaza. Ante este contexto, defendió que España debería coordinarse más estrechamente con Europa y actuar de forma conjunta. A su juicio, uno de los problemas es que se están mezclando intereses políticos internos, como campañas electorales, con decisiones que deberían responder a una estrategia económica común a nivel europeo. Garamendi también destacó la dependencia energética respecto a Estados Unidos: actualmente, el 20% del petróleo y cerca del 40% del gas que consume España provienen de ese país, especialmente tras sustituir importaciones que antes llegaban desde Rusia. Por ello, insistió en que no es momento de tensar las relaciones. En relación con la guerra, alertó no solo del impacto en los precios, sino también de los riesgos para el suministro. Criticó que, mientras la Unión Europea estudia cómo afrontar posibles problemas de abastecimiento, en España se esté planteando el cierre de la central nuclear de Almaraz. Además, mostró su preocupación por el distanciamiento con Israel, recordando la importancia de este país como socio. El dirigente empresarial subrayó que Europa depende en gran medida de tecnología estadounidense e israelí. También recordó que Estados Unidos es el principal inversor en España, con más de 120.000 millones de euros y alrededor de 600.000 empleos directos, lo que, a su juicio, demuestra la relevancia de mantener una relación sólida. Insistió en que es necesario diferenciar entre la opinión sobre un líder político y la relación con su país. En cuanto a la situación económica, reconoció que España ha crecido por encima de la media europea, pero rechazó que la desigualdad se deba a las empresas o a los salarios. En su opinión, el problema radica en el papel del Estado, al que acusó de concentrar demasiados recursos y de tener una fuerte presión recaudatoria. Señaló que, pese a un aumento de la recaudación superior a 50.000 millones el pasado año, el Estado incrementó su deuda en 80.000 millones, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad futura, especialmente en escenarios de menor crecimiento. Por último, defendió la importancia de la gestión pública eficiente y de la propiedad privada. Criticó que se responsabilice a los propietarios de viviendas de la falta de oferta, cuando, a su juicio, el problema es la falta de políticas de inversión adecuadas. En este sentido, pidió cautela frente a un exceso de intervencionismo y reclamó decisiones más acertadas desde el ámbito gubernamental.

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(Cinco Días, 20-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La AEB reclama a Bruselas retomar la unión bancaria tras más de una década de bloqueo político

La banca española está cerrando filas ante los profundos cambios que se avecinan en el sistema financiero europeo. Tras el movimiento del banco italiano Unicredit, que ha reactivado el debate sobre las fusiones transfronterizas con su oferta sobre el alemán Commerzbank, y ha generado inquietud en las entidades del norte de Europa, la Asociación Española de Banca (AEB) ha presentado a la Comisión Europea un amplio documento con propuestas para reformar la regulación del sector. En este informe, al que han tenido acceso fuentes financieras, una de las principales demandas es reactivar el proyecto de unión bancaria, que lleva más de diez años bloqueado por las diferencias entre países del norte y del sur de Europa. La iniciativa coincide con una consulta pública lanzada por la Comisión Europea en febrero para recoger la opinión del sector financiero, en un intento de simplificar la normativa bancaria, en línea con las reformas impulsadas en Reino Unido y Estados Unidos. En este proceso, tanto los grandes bancos como las patronales del sector -la AEB y la CECA- han coordinado sus planteamientos, aunque han presentado respuestas por separado. El documento de la AEB, de más de cien páginas, analiza los retos del sector y propone diversas medidas. Entre ellas, destaca la necesidad de avanzar en la unión bancaria mediante la creación de un fondo europeo común de garantía de depósitos, que sustituya a los sistemas nacionales. También plantea facilitar la movilidad de capital y liquidez entre países y culminar el desarrollo de un mercado único de capitales. Este proyecto de unión bancaria surgió tras la crisis financiera con tres pilares fundamentales. El primero fue el establecimiento de un supervisor único, función asumida por el Banco Central Europeo a través del Mecanismo Único de Supervisión. El segundo fue la creación del mecanismo único de resolución en 2016, que establece cómo actuar ante la quiebra de un banco y evita recurrir a fondos públicos, como ocurrió en la resolución del Banco Popular en 2017. El tercer elemento, la creación de un fondo común de garantía de depósitos, es el que sigue sin concretarse debido a la oposición de algunos países del norte, que rechazan compartir riesgos con otras economías. Sin embargo, el contexto ha cambiado y ahora son los bancos del sur, tras su reestructuración, los que tienen mayor capacidad de expansión. Entidades como Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter consideran clave completar este proceso para ganar tamaño y poder competir en igualdad de condiciones con los grandes bancos internacionales, especialmente los estadounidenses. No obstante, reconocen que las reticencias políticas persistirán y que las negociaciones serán complejas, aunque ven una oportunidad para avanzar a medio y largo plazo. En este sentido, el Banco Central Europeo ya ha mostrado su apoyo a retomar el debate. Otro de los puntos centrales del documento es la regulación del capital. Aunque los bancos no cuestionan los requisitos actuales, sí critican la acumulación de exigencias por parte de distintos organismos supervisores, como el BCE, la Autoridad Bancaria Europea o los bancos centrales nacionales. Reclaman mayor claridad y estabilidad en los criterios, así como garantías de que no se incrementarán de forma continua los niveles exigidos. Asimismo, proponen mejorar la coordinación entre las múltiples autoridades implicadas -más de una veintena, según el sector- mediante un enfoque conjunto que permita una visión global de las necesidades de capital. Por último, la banca también plantea ampliar el mandato del Banco Central Europeo para que, además de velar por la estabilidad financiera, tenga en cuenta el crecimiento y la competitividad del sector, siguiendo el ejemplo del Reino Unido. También pide que la normativa se articule preferentemente mediante reglamentos -de aplicación directa- en lugar de directivas, y que se evalúe con mayor rigor el impacto de las nuevas regulaciones.

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(El Economista, 20-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El PIB per cápita se estanca y se sitúa un 30% por debajo del promedio europeo

España terminó 2025 consolidándose, un año más, como la economía con mayor crecimiento del PIB dentro de Europa. Sin embargo, este avance apenas se traduce en una mejora equivalente de la riqueza por habitante, que muestra un claro estancamiento. Así lo indican los últimos datos de Eurostat, que sitúan el PIB per cápita en 28.320 euros, lo que supone un aumento cercano al 1% respecto a 2024. Con ello, España permanece unos 30 puntos por debajo de la media de la Unión Monetaria. A pesar del crecimiento económico, el país sigue sin acercarse a los niveles de las principales economías de la eurozona. Italia es la referencia más próxima, aunque todavía se encuentra a casi 5.000 euros por persona de distancia al cierre de 2025. La brecha es mayor respecto a Francia, cuyo PIB per cápita supera los 38.000 euros, y aún más con Alemania, que alcanza los 43.210 euros. En este último caso, aunque la economía alemana ha retrocedido ligeramente desde los 44.230 euros registrados en 2022 tras la pandemia, la distancia con España apenas se ha reducido. Esto contrasta con las previsiones de principios de la década pasada, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a plantear la posibilidad de converger con Alemania en este indicador. Uno de los factores que explican el estancamiento de la riqueza por habitante es que, aunque el PIB crece, la población lo hace a un ritmo similar o incluso mayor. Dado el bajo nivel de natalidad, este aumento se debe principalmente a la llegada de inmigrantes. De hecho, en 2025 España destacó como el principal destino migratorio dentro de la Unión Europea, con cifras comparables a las de países como Turquía. A esto se suma el impacto de una recaudación fiscal récord, que superó los 320.000 millones de euros, impulsada en gran medida por el IRPF. El fuerte rendimiento de este impuesto está relacionado, entre otros factores, con la falta de actualización de sus tramos conforme a la inflación en los últimos años, algo especialmente perjudicial tras el repunte de precios derivado de la guerra en Ucrania en 2022 y, más recientemente, del conflicto en Oriente Próximo. Expertos del think tank Bruegel señalan que pueden existir múltiples causas, pero apuntan especialmente a la baja productividad como uno de los principales problemas de la economía española. Resulta significativo que este indicador incluso haya descendido en periodos de crecimiento del PIB. Desde el Instituto de Estudios Económicos, su director general, Gregorio Izquierdo, subraya que una parte importante del crecimiento reciente -con una previsión del 3% para 2025- se diluye al repartirse entre un mayor número de personas y trabajadores, sin que aumente de forma relevante el valor añadido generado por cada uno. En definitiva, el problema de la productividad vuelve a situarse en el centro del debate, ya que su evolución ha sido paralela a la del PIB per cápita, mostrando ambos un estancamiento en los últimos años. El catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, José E. Boscá, califica este comportamiento como "decepcionante" y lo considera uno de los problemas estructurales de la economía española. Según un estudio elaborado por Fedea, BBVA Research y la Fundación Rafael del Pino, desde 2019 la productividad por hora trabajada ha crecido menos de un 3%, apenas unas décimas al año, mientras que el PIB por trabajador sigue cerca de los niveles previos a la pandemia. El informe concluye que este estancamiento se debe, en gran medida, a que el número de trabajadores ha aumentado más que el total de horas trabajadas, lo que mantiene la productividad por ocupado en niveles similares a los de hace casi seis años.

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