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(Expansión, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez oficializa su apoyo a De Cos en la carrera por presidir el BCE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su viaje a Estados Unidos para expresar públicamente su respaldo a la candidatura del actual director gerente del Banco de Pagos Internacionales, José Luis Escrivá, para ocupar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de Christine Lagarde. Con este pronunciamiento, Sánchez confirma la apuesta del Ejecutivo español por situar a un representante nacional al frente de la autoridad monetaria europea. "Por supuesto, tiene mi apoyo. Tiene el liderazgo, también la capacidad y el conocimiento. Sería algo muy positivo no solo para España, sino también para Europa el tener a alguien como él liderando el banco central", ha señalado el presidente del Gobierno en declaraciones a Bloomberg desde Estados Unidos. El respaldo explícito del Ejecutivo constituye un paso necesario para que la candidatura pueda avanzar en el complejo proceso de negociación entre los Estados miembros. La elección de la presidencia del BCE no depende únicamente de la trayectoria profesional y de los conocimientos técnicos de los candidatos, sino también de la capacidad de los gobiernos para reunir los apoyos necesarios en el ámbito europeo. El mandato del presidente del BCE tiene una duración de ocho años y no es renovable. Para ocupar el cargo se exige contar con reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios. No obstante, además de cumplir estos requisitos, el candidato debe superar un proceso de negociación política entre los países de la zona euro. La sucesión de Christine Lagarde ha cobrado mayor relevancia ante las informaciones que apuntan a una posible salida anticipada de la presidenta del BCE. Aunque Lagarde ha manifestado que permanecerá en el cargo hasta 2027, cuando concluye oficialmente su mandato, existen informaciones que apuntan a que podría abandonar antes la institución. En estos momentos, José Luis Escrivá aparece entre los nombres que se están barajando para ocupar el puesto, junto al neerlandés Klaas Knot y el alemán Joachim Nagel. El proceso, no obstante, todavía puede incorporar nuevos candidatos, como ha ocurrido en anteriores sucesiones de la presidencia del BCE. El Gobierno español considera especialmente relevante recuperar presencia en el Comité Ejecutivo del BCE, después de que España haya quedado sin representación en este órgano tras la salida de Luis de Guindos, vicepresidente de la institución entre 2018 y 2026. Anteriormente, José Manuel González-Páramo había formado parte del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE entre 2004 y 2012. La elección del presidente del BCE se desarrolla mediante un procedimiento que implica a distintas instituciones europeas. En primer lugar, los ministros de Economía y Finanzas de los países de la zona euro, reunidos en el Eurogrupo, presentan y valoran las candidaturas hasta alcanzar una mayoría cualificada. El candidato seleccionado debe posteriormente comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y obtener un dictamen de no oposición del Consejo de Gobierno del BCE. La decisión final corresponde al Consejo Europeo, reunido en su configuración de la zona euro, que designa al presidente del Banco Central Europeo a partir de la recomendación formulada por el Eurogrupo.

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(Expansión, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas avisa a Trump de que suspender las exportaciones de diésel a la UE "afectará negativamente" a ambos

La Comisión Europea ha expresado este jueves su preocupación ante las informaciones que apuntan a que Estados Unidos estaría estudiando suspender durante 90 días las exportaciones de diésel, incluidas las destinadas a la Unión Europea. Bruselas ha advertido de que una medida de este tipo podría perjudicar tanto a los mercados europeos como al estadounidense y ha defendido mantener la cooperación energética entre ambas partes. Un portavoz de la Comisión ha señalado que la relación energética entre la UE y Estados Unidos es actualmente estable y beneficiosa para ambas economías, por lo que cualquier interrupción podría tener efectos negativos para los dos bloques. Bruselas ha destacado además que existen contactos de alto nivel con Washington y ha reclamado que los socios mantengan consultas antes de adoptar decisiones que puedan repercutir sobre mercados compartidos. Por el momento, la Comisión asegura que no detecta problemas concretos de suministro de diésel en la Unión Europea. La portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, ha explicado que los expertos europeos están siguiendo de cerca la evolución de los mercados y de las reservas de seguridad, en coordinación con las autoridades responsables de los Estados miembros. El grupo de coordinación sobre petróleo volverá a reunirse el próximo martes, cuando los expertos de los Veintisiete analizarán nuevamente la situación y sus posibles implicaciones. Bruselas reconoce que la Unión Europea depende en buena medida de las importaciones de diésel, pero considera que esta circunstancia convierte al mercado comunitario en un destino especialmente relevante para los productores estadounidenses. De hecho, Estados Unidos representa cerca de la mitad de las compras de diésel que la Unión Europea realiza fuera de sus fronteras. Por este motivo, la Comisión considera que una eventual restricción de las exportaciones también tendría consecuencias para los intereses energéticos y comerciales estadounidenses. Bruselas ha señalado asimismo que dentro de Estados Unidos existen posiciones contrarias a una eventual prohibición de las exportaciones y que algunos sectores consideran que una medida de este tipo tendría efectos negativos. La Comisión ha destacado, en este sentido, la importancia de la relación energética entre ambas partes, que no se limita al diésel, sino que también incluye el suministro de gas natural licuado a la Unión Europea.

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(El Economista, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas diseña un escudo energético con compras de gas financiadas por toda la UE ante una crisis

La Comisión Europea estudia permitir que el presupuesto comunitario se utilice para financiar un sistema de compras conjuntas de gas en caso de una crisis de suministro. El borrador del nuevo reglamento sobre seguridad energética incluye esta posibilidad entre las herramientas que Bruselas podría activar cuando se declare una alerta a escala regional o para el conjunto de la Unión. La propuesta abriría así la posibilidad de utilizar recursos europeos para responder a situaciones de tensión en el mercado gasista, aunque todavía quedan por concretar tanto el funcionamiento como la financiación del mecanismo. El alcance económico de esta iniciativa aún no está definido. El texto no determina quién asumiría la contratación del gas, quién sería el titular de los volúmenes adquiridos ni cómo se repartirían entre los países participantes tanto el suministro como los costes. Por tanto, la inclusión de esta opción en el reglamento permitiría desarrollar posteriormente el instrumento, pero no supone que exista ya una partida presupuestaria aprobada para financiar las compras. La propuesta introduce una diferencia respecto al sistema AggregateEU, puesto en marcha por la Comisión Europea después de la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. Esta plataforma permite agrupar las necesidades de gas de distintas empresas y ponerlas en contacto con posibles proveedores. Una vez identificadas las ofertas, son las propias compañías las que negocian directamente los contratos. AggregateEU facilita y coordina el proceso, pero no asume la contratación comercial ni la financiación de las operaciones. El nuevo reglamento separaría expresamente esta agregación de demanda de un mecanismo de compras conjuntas de la Unión respaldado por financiación comunitaria. De esta forma, Bruselas podría disponer de una herramienta adicional para intervenir en el mercado en situaciones excepcionales. No obstante, será el desarrollo posterior de la iniciativa el que determine si la financiación europea cubriría directamente las adquisiciones de gas, determinados costes asociados a ellas o algún otro tipo de apoyo. La puesta en marcha del mecanismo estaría condicionada a la declaración de una situación de alerta. El borrador contempla que la Comisión pueda activarla cuando se produzca un deterioro significativo del suministro a escala regional o comunitaria. También podría declararse cuando una situación de alerta en el sistema eléctrico genere un riesgo importante para la seguridad del abastecimiento de gas. Asimismo, Bruselas tendría que declarar una alerta regional o para toda la Unión cuando dos o más autoridades nacionales competentes hayan activado previamente sus respectivos mecanismos de alerta y soliciten una respuesta coordinada a escala europea. El planteamiento pretende que la intervención pueda producirse antes de alcanzar las fases más graves de una emergencia energética. Las compras conjuntas se sumarían a otras medidas previstas en el reglamento, como reducciones obligatorias de la demanda mediante mecanismos de mercado, sistemas de agregación de necesidades adaptados a la magnitud de la crisis o actuaciones extraordinarias destinadas a reforzar los niveles de almacenamiento. La Comisión tendría que realizar un seguimiento permanente de las circunstancias que hubieran motivado la declaración de alerta y poner fin a las medidas cuando dejaran de cumplirse las condiciones que justificaron su activación. El almacenamiento de gas también tendría un papel destacado dentro de la estrategia. Entre las opciones recogidas en el anexo del proyecto figuran la organización de nuevas subastas, la reducción de las tarifas de almacenamiento o la designación de un operador de último recurso que se encargue de garantizar el llenado de las instalaciones. El proyecto contempla además la posibilidad de obligar a las empresas a utilizar o mantener llenas hasta el 1 de noviembre las capacidades de almacenamiento que tengan contratadas, con el objetivo de reforzar las reservas disponibles ante posibles episodios de tensión en el suministro.

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(El Economista, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El comercio español cae en junio y registra la segunda mayor caída de ventas de toda Europa

El comercio minorista español experimentó un retroceso en julio después de varios meses de crecimiento. Según los últimos datos de Eurostat, el volumen de ventas cayó un 0,9% respecto a junio, lo que situó a España como el segundo país de la Unión Europea con un mayor descenso entre los mercados con información disponible, solo por detrás de Alemania, donde la bajada fue del 3,4%. La evolución española fue peor que la registrada en el conjunto de la UE, donde las ventas disminuyeron un 0,4%, y en la zona euro, con un retroceso del 0,6%. El debilitamiento de las ventas coincide con el repunte de la inflación. En julio, los precios aumentaron un 3,6% interanual, cuatro décimas más que en junio, mientras que en agosto la inflación se aceleró hasta el 4,3%, su nivel más elevado desde febrero de 2023. Aunque la inflación subyacente se mantuvo en el 2,9%, el encarecimiento de los carburantes y de la vivienda está incrementando la presión sobre los presupuestos familiares y reduciendo el margen disponible para determinados gastos, especialmente los relacionados con bienes no esenciales. El comercio español ya mostraba signos de desaceleración antes de la caída registrada en julio. El volumen de ventas había aumentado únicamente un 0,5% en mayo y un 0,4% en junio. La relevancia de los últimos datos reside además en que Eurostat mide las ventas en términos de volumen, es decir, la cantidad de productos comercializados, y no el importe gastado por los consumidores. De este modo, el incremento de los precios puede estar limitando la capacidad de los hogares para aumentar el número de bienes adquiridos. El deterioro se aprecia especialmente en los productos no alimentarios. En la zona euro, el volumen de ventas de estos artículos, excluidos los carburantes, disminuyó un 1,4% mensual en julio, mientras que en el conjunto de la Unión Europea la caída fue del 1,1%. Por el contrario, las ventas de alimentos, bebidas y tabaco aumentaron un 0,4% en los países del euro y un 0,3% en el conjunto de la UE. La evolución de España también contrasta con la de otras grandes economías europeas. Además del fuerte descenso registrado en Alemania, Italia experimentó una reducción del 0,3%, mientras que Francia aumentó sus ventas minoristas un 0,9%, Países Bajos avanzó un 0,2% y Portugal mantuvo el mismo nivel que el mes anterior. Entre los mayores incrementos destacaron los de Letonia, con un 2,5%, Chipre, con un 2%, y Luxemburgo, con un 1,8%. En términos interanuales, el comportamiento del comercio minorista español también refleja un empeoramiento. El volumen de ventas en julio fue un 0,7% inferior al registrado un año antes, frente al crecimiento del 1% en la Unión Europea y del 0,6% en la zona euro. Este resultado rompe además con la evolución positiva que había mantenido España durante la primera mitad del año. Las ventas minoristas habían aumentado un 2,1% interanual en febrero, un 4,3% en marzo, un 0,3% en abril, un 1,2% en mayo y un 0,8% en junio. La caída de julio supone, por tanto, un cambio de tendencia que coincide con el repunte de la inflación y una menor capacidad de compra de los hogares.

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(Cinco Días, 23-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno estudia una intervención de los precios del gas para frenar la subida de la factura eléctrica

El Gobierno estudia distintas fórmulas para contener el impacto de la escalada de los precios energéticos y no descarta intervenir en el mercado mayorista de la electricidad, ante el riesgo de que el encarecimiento del gas natural vuelva a trasladarse con fuerza al precio de la luz. Entre las opciones que se están analizando figura la recuperación de la denominada excepción ibérica, el mecanismo que España puso en marcha durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania y que permitió limitar temporalmente el precio del gas utilizado para generar electricidad. El funcionamiento actual del mercado eléctrico hace que, cuando desaparece la producción solar, las centrales de ciclo combinado de gas puedan convertirse en las instalaciones que fijan el precio marginal. Ese valor se aplica posteriormente al resto de tecnologías que participan en el mercado, incluidas la nuclear, la hidráulica y las renovables. Desde el sector energético advierten, no obstante, de que recuperar un límite al precio del gas tendría efectos diferentes a los de la crisis anterior. Las renovables representan ahora alrededor de la mitad de la generación eléctrica, el doble que el gas, y durante las horas de mayor producción solar llegan a registrar precios cero o negativos. Por ello, sus ingresos también se benefician cuando las centrales de gas son las que marcan el precio. Además, una nueva intervención podría entrar en conflicto con el funcionamiento del mercado marginalista europeo. Las eventuales medidas se incorporarían a la revisión del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio aprobado el pasado marzo. Algunas de las actuaciones incluidas entonces vencen este mes y otras lo harán a finales de año. En aquella ocasión, el Ejecutivo optó por no modificar directamente el funcionamiento del mercado eléctrico y recurrió principalmente a medidas fiscales, entre ellas la reducción temporal del IVA de la electricidad y la rebaja de los peajes para la industria electrointensiva. Ahora, las previsiones de cara al invierno han elevado la preocupación, con escenarios que sitúan el gas en torno a los 105 euros por MWh y la electricidad cerca de los 189 euros por MWh. El Ministerio de Economía ha confirmado que mantiene conversaciones con empresas del sector energético, especialmente con compañías petroleras y gasistas, ante la posibilidad de adoptar nuevas medidas. Desde Transición Ecológica también reconocen que será necesario actuar, aunque todavía no han concretado qué instrumentos podrían utilizarse. Entre las alternativas que presentan una aplicación más sencilla se encuentran una nueva reducción del IVA de la electricidad o utilizar los ingresos obtenidos por los derechos de emisión de CO2 para financiar parte de los peajes y cargos incluidos en la factura. También podría revisarse la tarifa regulada del gas, la TUR, que afronta una importante subida en la revisión trimestral de octubre. La excepción ibérica estableció durante un año un precio máximo de 50 euros por MWh para el gas destinado a la generación eléctrica. La medida redujo los ingresos que obtenían las tecnologías inframarginales, como las nucleares, las hidráulicas y determinadas renovables, aunque las centrales de gas continuaron recuperando sus costes reales mediante una compensación abonada por los consumidores a través de las comercializadoras. El mecanismo fue considerado una ayuda de Estado y tuvo que contar con la autorización europea. España también había aprobado en 2021 una minoración de los ingresos extraordinarios obtenidos por determinadas instalaciones inframarginales como consecuencia del elevado precio del gas, una medida que no tuvo la consideración de ayuda de Estado y que fue cuestionada por las grandes compañías eléctricas. La situación actual también presenta diferencias respecto a la crisis energética de 2022. En aquel momento, España llegó a registrar los precios mayoristas más elevados de Europa y el PVPC, al estar directamente vinculado al mercado mayorista, trasladaba con rapidez esas subidas a millones de hogares. Aquella situación contribuyó al impulso de una reforma del mercado eléctrico europeo, aunque no llegó a modificar el principio marginalista que defendían los países del norte frente a las propuestas de los Estados del sur. Ahora, pese al fuerte incremento registrado en España, otros grandes mercados europeos como Italia, Francia y Alemania han alcanzado precios todavía superiores en determinados momentos. En paralelo, España respalda la posibilidad de recuperar un gravamen sobre las compañías energéticas que permita captar parte de los ingresos extraordinarios generados por la crisis de Ormuz y evitar que terminen trasladándose a los consumidores mediante una mayor inflación. La Unión Europea dispone además de un mecanismo de emergencia energética que podría permitir a los Estados subvencionar las facturas de hogares y pequeñas empresas en determinadas circunstancias. Esta posibilidad se incorporó a la normativa europea tras la crisis provocada por la reducción del suministro de gas ruso. Sin embargo, la activación exige que la Comisión Europea declare formalmente la situación de emergencia y se alcancen unos umbrales especialmente elevados. Entre ellos se contempla que el precio de la electricidad supere 2,5 veces la media registrada durante los cinco años anteriores o que rebase los 180 euros por MWh y exista una previsión de que esos niveles se mantengan durante los seis meses siguientes.

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(Expansión, 23-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las exportaciones españolas tocan techo, pero el déficit de la balanza se dispara

Las empresas españolas mantienen el pulso de su actividad exterior pese al contexto de incertidumbre comercial y geopolítica provocado por el conflicto en Irán y las dificultades en el estrecho de Ormuz. Entre enero y julio, las exportaciones alcanzaron los 236.587,4 millones de euros, la cifra más elevada registrada hasta ahora en este periodo y un 2,2% superior a la del mismo intervalo del año anterior. Los datos proceden del último informe de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, que también refleja un notable incremento del déficit comercial. En los siete primeros meses del año, el saldo negativo de la balanza comercial aumentó un 30,5% interanual y superó los 38.000 millones de euros, un nivel que solo encuentra un precedente cercano en 2022, cuando el déficit se aproximó a los 42.000 millones. El aumento responde en buena medida al avance de las importaciones, que crecieron un 5,3%, hasta situarse por encima de los 274.590 millones de euros. El encarecimiento de la energía derivado de la situación en Oriente Próximo está detrás de buena parte de este deterioro. Entre enero y julio, las importaciones de productos energéticos aumentaron un 13,6% respecto al mismo periodo del año anterior, de manera que ya representan el 13,5% del conjunto de las compras españolas en el exterior, un punto porcentual más que un año antes. El incremento del coste energético está ampliando así la diferencia entre lo que España vende y lo que necesita adquirir fuera. Las exportaciones energéticas también registraron un fuerte crecimiento, del 28% en los siete primeros meses del año. No obstante, su peso dentro del conjunto de las ventas exteriores es mucho menor que el de las importaciones de energía, por lo que este avance no permite compensar el incremento de la factura energética. Las materias primas también experimentaron una evolución positiva en las exportaciones, aunque los principales sectores exportadores presentaron resultados menos favorables. Las ventas exteriores de alimentación, bebidas y tabaco retrocedieron un 1,9%, mientras que las correspondientes a productos químicos descendieron un 8,7% durante el periodo. Por mercados de destino, Estados Unidos y China registraron incrementos similares y fueron los grandes mercados que más aumentaron sus compras a España, con avances del 14,6% y del 14%, respectivamente. Pese a ello, la Unión Europea continúa concentrando la mayor parte de las exportaciones españolas. Entre enero y julio recibió productos por valor de 147.674,6 millones de euros, el 62,4% del total. Dentro de la Unión Europea destaca especialmente Portugal, cuyas compras a empresas españolas aumentaron un 9,1% en el periodo y superaron los 21.360 millones de euros. En sentido contrario, las exportaciones dirigidas a Reino Unido disminuyeron un 4,2%. En el apartado de las importaciones destaca especialmente China. Las compras españolas procedentes del gigante asiático se aproximaron a los 31.500 millones de euros entre enero y julio, pese al complejo escenario internacional generado por el conflicto en Oriente Próximo. Precisamente esta región ha experimentado uno de los mayores retrocesos en los intercambios comerciales con España desde el inicio de la guerra a finales de febrero. Las exportaciones españolas hacia Oriente Próximo disminuyeron un 14,8% en los siete primeros meses del año, con una caída especialmente significativa de las ventas dirigidas a Emiratos Árabes Unidos. Las importaciones procedentes de la región también se redujeron, aunque en menor medida, un 9,3%. El aumento de las compras a Arabia Saudí, que crecieron un 18,8%, contribuyó a modificar el saldo comercial de España con el conjunto de Oriente Próximo. El superávit se situó en 162,5 millones de euros hasta julio, frente a los 504 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

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(Expansión, 23-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez se alinea en el frente de la ONU a favor de regular la IA mientras Trump rechaza frenarla

La distancia entre Pedro Sánchez y Donald Trump volvió a hacerse patente durante la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente del Gobierno español no asistió a la tradicional recepción ofrecida por el mandatario estadounidense a los líderes internacionales reunidos en Nueva York, una ausencia que el Ejecutivo justificó por motivos de agenda. Al mismo tiempo, Sánchez defendió ante la ONU la necesidad de establecer reglas comunes para controlar los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial, una posición que contrasta con la apuesta de Trump por impulsar esta tecnología sin que la regulación frene su evolución. Las relaciones entre ambos dirigentes ya atraviesan un periodo de tensión debido a distintos desencuentros. Trump ha cuestionado en reiteradas ocasiones el nivel de gasto militar de España y ha criticado la negativa del Gobierno español a permitir el uso de sus bases para determinadas operaciones militares estadounidenses. A estas diferencias se han añadido sus declaraciones sobre la situación migratoria en Ceuta y las advertencias de Washington sobre posibles medidas comerciales contra la Unión Europea. Sánchez participó en la sesión inaugural de la Asamblea General, en la que también intervino Trump, aunque finalmente no acudió a la recepción organizada por el presidente estadounidense. Desde Moncloa explicaron que la invitación había llegado cuando la agenda del viaje ya estaba cerrada y que el jefe del Ejecutivo tenía programada una intensa actividad de reuniones y encuentros bilaterales. Entre sus compromisos figuraban reuniones con representantes de Reino Unido, Líbano, Namibia y Panamá, además de encuentros con el gobernador de California y con el máximo responsable de Apple. Uno de los principales actos de la agenda de Sánchez estuvo relacionado con la protección de los menores frente a los riesgos de la inteligencia artificial. En un foro impulsado junto a Francia, Kenia y Australia, el presidente español defendió una respuesta internacional que permita establecer reglas para el desarrollo de esta tecnología y situó la protección de los derechos de la infancia como una de las prioridades de la agenda digital. Sánchez reclamó una alianza global que garantice los derechos digitales y una inteligencia artificial desarrollada bajo principios comunes. El planteamiento español contrasta con el defendido por Trump durante su intervención ante la Asamblea General. El presidente estadounidense reivindicó el liderazgo de su país en el desarrollo de la inteligencia artificial y sostuvo que no debe frenarse una tecnología que, a su juicio, tendrá un impacto comparable o superior al de la Revolución Industrial o internet. Trump también planteó sustituir la denominación de inteligencia artificial por la de "superinteligencia" y defendió mantener el ritmo de desarrollo tecnológico frente a los riesgos de que otros países, especialmente China, puedan tomar ventaja. La regulación de la IA también ocupó un lugar destacado en el discurso de António Guterres ante la Asamblea General. El secretario general de Naciones Unidas reclamó un marco internacional para gestionar los riesgos de esta tecnología y defendió que los gobiernos asuman un papel activo en su supervisión. Guterres advirtió de la concentración de poder asociada a la inteligencia artificial y de la velocidad con la que avanza, y apostó por mecanismos de control y supervisión independiente. El secretario general de la ONU puso especialmente el foco en la necesidad de evitar que el desarrollo tecnológico avance sin mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y control público. En su último discurso ante la Asamblea General antes de finalizar su mandato, defendió una cooperación internacional que permita gestionar los riesgos de la inteligencia artificial y evitar usos que puedan comprometer derechos fundamentales o generar nuevas amenazas.

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(El País, 23-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las perspectivas de crecimiento global mejoran pese a las dudas sobre el impacto de la IA

Aunque la economía mundial continúa marcada por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas, las perspectivas para el próximo año han mejorado. Más de la mitad de los economistas jefes consultados por el Foro Económico Mundial considera que la economía global podría estabilizarse en 2027, frente al escenario mucho más pesimista que predominaba hace tres meses. Sin embargo, esta mejora convive con varios riesgos: la inflación seguirá presionando sobre los salarios reales, el margen fiscal de los Gobiernos será cada vez menor y persisten dudas sobre la evolución de la inversión y la productividad vinculadas a la inteligencia artificial. La IA aparece como uno de los principales motivos para el optimismo. El 97% de los economistas encuestados espera que su adopción continúe aumentando durante el próximo año y alrededor de siete de cada diez prevé que genere importantes incrementos de productividad. Según las previsiones recogidas en el estudio, estas mejoras deberían extenderse progresivamente a todos los sectores durante los próximos tres años, con las tecnologías de la información y las comunicaciones digitales entre las primeras actividades en beneficiarse. Al mismo tiempo, el desarrollo de la IA plantea importantes interrogantes. Cerca de ocho de cada diez expertos considera que la expansión de los centros de datos contribuirá al crecimiento económico mundial, pero más de la mitad no espera que estas inversiones generen una cantidad significativa de empleo. Además, existe una preocupación creciente por el impacto que tendrá su elevado consumo de electricidad y agua sobre las comunidades en las que se instalen, así como por una posible reacción social contra estos proyectos. También persisten las dudas acerca de si el actual ritmo de inversión en inteligencia artificial puede mantenerse o si existe un riesgo de sobreinversión que desemboque en una corrección significativa. El Chief Economists' Outlook se publica con carácter trimestral a partir de las opiniones de economistas del sector público y privado. Los datos de esta edición proceden de entrevistas realizadas entre el 4 y el 20 de agosto y serán presentados durante las Reuniones sobre el Impacto del Desarrollo Sostenible 2026 del Foro Económico Mundial, que se celebran esta semana en Nueva York. La percepción sobre la evolución de la economía ha mejorado, pero los expertos siguen observando numerosos factores de riesgo. El 97% identifica los conflictos geopolíticos como una de las principales fuentes de incertidumbre para los próximos doce meses y el 58% anticipa posibles correcciones en los precios de los activos. A ello se suma el progresivo agotamiento de la capacidad de los Gobiernos para utilizar estímulos fiscales como herramienta frente a las crisis. Menos de un tercio de los encuestados considera que este respaldo presupuestario se mantendrá durante el próximo año. La economía mundial afronta así un escenario condicionado por una sucesión de perturbaciones que se han acumulado durante los últimos años. A los efectos de la pandemia se añadieron la guerra de Ucrania y su impacto sobre los mercados energéticos y la inflación, las tensiones comerciales impulsadas desde Estados Unidos y la creciente confrontación geopolítica. A estos factores se han sumado posteriormente el conflicto con Irán y la carrera internacional por el liderazgo en inteligencia artificial, configurando un entorno caracterizado por una mayor fragmentación y una elevada incertidumbre. Esta situación también se refleja en las previsiones de los economistas. La mayoría espera que continúe aumentando la fragmentación de la economía mundial y cerca de la mitad anticipa un incremento de las barreras comerciales tanto en Estados Unidos como en Europa. En materia de crecimiento, las previsiones apuntan a que Europa seguirá mostrando un comportamiento más débil que otras grandes regiones, mientras que India, el Sudeste Asiático, Asia Central y Estados Unidos presentan unas perspectivas más favorables. En el caso de China, los expertos esperan un crecimiento moderado, aunque consideran que el país podría reducir con rapidez la distancia que todavía mantiene con Estados Unidos en el desarrollo de la inteligencia artificial. La fragmentación económica y el aumento de las barreras comerciales también tendrán consecuencias sobre los consumidores. Los economistas consultados prevén un encarecimiento de distintos componentes del coste de vida, especialmente los alimentos, la electricidad y el transporte. En la mayoría de las regiones, además, el repunte de los precios irá acompañado de una pérdida de poder adquisitivo, con la excepción de las previsiones para India y el Sudeste Asiático. Ante esta situación, los expertos anticipan nuevas actuaciones de los Gobiernos para tratar de contener el impacto sobre los hogares. Entre las respuestas contempladas figuran principalmente las reducciones fiscales aplicadas a bienes y servicios básicos, junto con ayudas directas al consumo, medidas que concentran el 54% de las preferencias expresadas en la encuesta, así como distintas fórmulas de control o limitación de precios.

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(Cinco Días, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La gran industria alerta al Gobierno de paradas de sus fábricas este otoño por los altos precios de la energía

La gran industria española afronta los próximos meses con preocupación ante el fuerte incremento de los costes energéticos. Diez organizaciones empresariales que representan a algunos de los principales sectores productivos del país han trasladado al Gobierno que el encarecimiento de la electricidad, el gas y los carburantes está deteriorando su competitividad y ya está provocando paradas puntuales en determinadas instalaciones industriales. Los representantes del sector anticipan, además, un empeoramiento de la situación durante el otoño y el invierno si los precios mantienen su actual trayectoria. Anfac, Sernauto, Aspapel, Feique, AEGE, Gas Industrial, Sercobe, Oficemen, Unesid y Ascer participaron este lunes en una reunión con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, a quienes expusieron el impacto que está teniendo la crisis energética sobre la actividad manufacturera. Los representantes empresariales trasladaron que ya están detectando una reducción progresiva del consumo energético, un indicador que relacionan directamente con una menor actividad de las fábricas. La situación preocupa especialmente porque el descenso de la producción podría intensificarse durante los próximos meses si continúan aumentando los costes de electricidad, gas y combustibles. Durante el encuentro, que se prolongó aproximadamente dos horas en el Ministerio de Economía, los ministros reconocieron su preocupación por la evolución de los precios. También recordaron que las medidas de apoyo aprobadas en los anteriores reales decretos de respuesta a la crisis finalizan el próximo 30 de septiembre. El Ejecutivo todavía no ha concretado qué actuaciones adoptará posteriormente y ha señalado que las reglas europeas limitan el margen para nuevas rebajas fiscales, aunque Bruselas también reclama medidas que impulsen la reindustrialización. Las empresas industriales calculan que el precio de la electricidad podría duplicarse respecto a los niveles registrados durante el verano. Según sus estimaciones, el coste pasaría de unos 85 euros por megavatio hora a alrededor de 170 euros por MWh durante el otoño. A esta situación se suma el fuerte incremento del gas y de los carburantes, cuyos precios se encuentran en niveles que el sector no registraba desde hace varios años. El encarecimiento de la energía está llevando a algunas compañías a detener temporalmente su producción durante las franjas horarias en las que resulta más caro fabricar. Las organizaciones empresariales temen que estas paradas se generalicen y terminen derivando en una reducción de turnos y, eventualmente, en ajustes de las plantillas. A ello se añade el riesgo de una pérdida de demanda, ya que las empresas pueden verse obligadas a trasladar parte del aumento de los costes a los precios finales de sus productos. La reunión fue convocada por el propio Gobierno para conocer de primera mano la situación de los diferentes sectores industriales y comparar el escenario actual con el existente al comienzo de la crisis energética provocada por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Ejecutivo también quería evaluar el efecto de las medidas incluidas en los dos reales decretos aprobados para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra y conocer las perspectivas empresariales para los próximos meses. Los responsables económicos del Gobierno están manteniendo encuentros con los principales sectores afectados por la inestabilidad geopolítica. Además de la industria, este lunes se celebraron reuniones con representantes del sector agroalimentario. Los empresarios industriales consideran que, varios meses después del inicio del conflicto, la situación energética es incluso más complicada que al principio, mientras los mercados mantienen una elevada incertidumbre ante la evolución de las negociaciones y las distintas treguas anunciadas. El Ejecutivo aprobó durante la primavera un conjunto de medidas destinadas a amortiguar el impacto de la crisis sobre la economía española y posteriormente prorrogó parte de estas ayudas durante el verano. Sin embargo, estas medidas tienen como fecha de finalización el próximo 30 de septiembre, coincidiendo con un momento en el que la inflación se encuentra en niveles elevados, impulsada principalmente por el aumento de los costes energéticos. Una eventual prórroga de las ayudas o la aprobación de nuevos mecanismos de apoyo exigiría al Gobierno aprobar otro real decreto-ley. Posteriormente, la norma tendría que ser convalidada por el Congreso de los Diputados en el plazo máximo de 30 días. La industria reclama ahora mayor visibilidad sobre las medidas que estarán disponibles en 2027 para poder calcular sus costes y preparar con mayor certidumbre sus planes de producción e inversión. Entre sus principales peticiones figura mantener durante el próximo año la exención del 80% de los peajes eléctricos y elevar las compensaciones por los costes indirectos de CO2 desde los actuales 600 millones hasta 900 millones de euros, dentro de los límites establecidos por la normativa europea sobre ayudas de Estado. Estas medidas se suman a las ya adoptadas durante 2026. En abril, el primer paquete de apoyo recuperó la exención del 80% de los peajes eléctricos para la industria y elevó de 300 a 600 millones de euros las compensaciones vinculadas al coste del CO2. Las organizaciones industriales también apuntan a las medidas aplicadas en otros países europeos. Entre ellas citan el mecanismo aprobado en Alemania para limitar el coste de la electricidad para determinados consumidores industriales a 50 euros por MWh, como ejemplo de las distintas fórmulas que podrían estudiarse para contener el impacto de los precios energéticos sobre la industria. Los sectores con una mayor dependencia del gas reclaman, además, ayudas directas. El precio de este combustible ha pasado de situarse alrededor de los 30 euros por MWh antes de la escalada del conflicto con Irán a superar actualmente los 80 euros por MWh, según los representantes empresariales. Las advertencias de la industria sobre el impacto de los costes energéticos se han repetido en las últimas semanas. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que agrupa a nueve de los principales sectores industriales del país, ha calculado que la crisis derivada del conflicto en el Golfo Pérsico ha añadido unos 7.400 millones de euros a la factura de electricidad, gas y carburantes de los fabricantes. Ante este escenario, la organización ha reclamado medidas urgentes para proteger la actividad industrial y el empleo.

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(Cinco Días, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión extranjera en España se dispara en la primera mitad del año y roza los 12.500 millones de euros

La inversión extranjera directa en España creció un 31,2% en el primer semestre de 2026, hasta alcanzar los 12.446 millones de euros, según los últimos datos del Registro de Inversiones Extranjeras. El avance estuvo impulsado especialmente por el capital procedente de Estados Unidos, que concentró el 23% del total y aumentó un 84% respecto al mismo periodo de 2025. El incremento también refleja un mayor peso de los proyectos destinados a crear o ampliar capacidad productiva. La inversión greenfield, correspondiente a nuevos proyectos, aumentó más de un 52%, mientras que las iniciativas greenfield y brownfield representaron conjuntamente el 30,5% de la inversión extranjera recibida entre enero y junio. Además, según fDi Markets, España fue el cuarto país del mundo que más proyectos de inversión extranjera captó durante los siete primeros meses del año, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido e India. Pese a la recuperación, el volumen acumulado todavía está por debajo del registrado en la primera mitad de 2024, cuando la inversión rondó los 21.500 millones de euros. Por territorios, Madrid concentró 5.635,7 millones, seguida de Cataluña, con 2.358,6 millones, y la Comunidad Valenciana, con 1.845,8 millones. Este repunte coincide con la revisión del sistema de control de las inversiones extranjeras que prepara el Gobierno. El Ministerio de Economía ha abierto una consulta pública para modificar el marco vigente y adaptar los mecanismos de supervisión a la evolución económica, tecnológica y geopolítica. Entre las propuestas figura ampliar el ámbito de control a determinados sectores, como los centros de datos, y establecer reglas específicas para determinadas inversiones greenfield. La reforma pretende también introducir un procedimiento de autorización en dos fases, precisar qué operaciones quedan sometidas a control y cuáles pueden quedar exentas y simplificar el sistema de consulta voluntaria. En paralelo, el Gobierno ha puesto en marcha el Comité de Inversiones Estratégicas, cuyo objetivo es identificar y facilitar proyectos considerados relevantes para la economía española. Ambos mecanismos responden a objetivos distintos: mientras el primero supervisa posibles riesgos asociados a determinadas inversiones extranjeras, el segundo busca agilizar iniciativas consideradas estratégicas.

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