El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto participar el próximo 5 de octubre en la inauguración del congreso anual del Instituto de Empresa Familiar (IEF), una de las principales organizaciones que agrupan a empresarios españoles. La presencia de Sánchez se produce después de varios años marcados por una relación tensa y numerosos desencuentros entre el Ejecutivo y el tejido empresarial.
Durante su etapa al frente del Gobierno, el presidente solo ha asistido en dos ocasiones a los congresos del IEF, y ambas intervenciones estuvieron acompañadas de una notable expectación y de controversia. Los distintos presidentes de la organización, cuyo cargo tiene carácter rotatorio, han mantenido habitualmente una posición crítica con las políticas del Gobierno y han cuestionado algunos de sus principales planteamientos.
El IEF tiene un peso relevante en el ámbito empresarial español debido a la composición de su membresía. Sus integrantes son propietarios, fundadores o miembros de sucesivas generaciones de algunos de los principales grupos empresariales de carácter familiar del país, lo que convierte al instituto en un interlocutor destacado para el Ejecutivo en sus relaciones con el sector privado.
Creado en 1992, el IEF agrupa actualmente a un centenar de grandes empresas familiares. Si se incorporan las compañías representadas a través de sus asociaciones territoriales, el alcance de la organización se extiende a unas 1.800 empresas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que podría imponer nuevos aranceles a la Unión Europea e incluso restringir las relaciones comerciales con el bloque si Bruselas avanza en su propuesta de estrechar aún más los vínculos con Canadá y convertir al país norteamericano en miembro asociado de la UE. Trump ha señalado que interpretaría ese eventual acuerdo como un posible "acto hostil" hacia Estados Unidos y ha cuestionado la relación comercial con Canadá.
Las declaraciones fueron realizadas el miércoles por la noche, cuando Trump llegó a un mitin en Carolina del Norte. El mandatario condicionó su respuesta a la finalidad con la que la UE impulse el acercamiento: si considera que existe una intención negativa, aseguró que aplicaría "aranceles muy elevados" a Europa, mientras que una iniciativa planteada con buenas intenciones no tendría, según sus palabras, la misma consideración.
El acercamiento entre Canadá y la Unión Europea se produce en un contexto de creciente tensión comercial internacional provocado por la política arancelaria de la Administración estadounidense. Este verano, Estados Unidos elevó hasta el 50% los gravámenes sobre determinados productos canadienses, mientras que Canadá anunció posteriormente medidas equivalentes sobre las importaciones estadounidenses. La dependencia de Canadá del mercado exterior estadounidense es especialmente elevada, ya que alrededor del 70% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha defendido en los últimos meses una mayor cooperación entre las economías de tamaño medio para hacer frente a un escenario en el que las grandes potencias utilizan cada vez más las relaciones comerciales como instrumento de presión. En esta línea, Canadá ha intensificado esta semana sus contactos con la Unión Europea, una iniciativa que ha recibido el respaldo de Bruselas.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado elevar la relación con Canadá al máximo nivel posible y ha abierto la posibilidad de que el país se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea. Ambas partes ya mantienen una relación comercial a través del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y cooperan también en ámbitos relacionados con la seguridad y la defensa, entre ellos el programa europeo SAFE.
La nueva fórmula supondría profundizar significativamente en los vínculos económicos y comerciales entre Canadá y la UE. Desde Bruselas, el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, ha defendido que el refuerzo de la asociación con Canadá no pretende dirigirse contra ningún país, sino aumentar la capacidad de ambas partes para afrontar un entorno internacional más complejo.
Carney, por su parte, ha insistido en que el objetivo de Canadá es reforzar su capacidad de resistencia y preservar su soberanía, sus mercados y sus instituciones. El primer ministro ha defendido que su país debe mantener la libertad para decidir sus relaciones internacionales, así como sus propias políticas culturales y lingüísticas, sin quedar condicionado por las decisiones de otras potencias.
El Ayuntamiento de Valencia quiere implicar a las comunidades de propietarios en la lucha contra los pisos turísticos que operan de forma ilegal. Para ello, el consistorio prevé poner en marcha ayudas económicas destinadas a que los vecinos puedan modificar o establecer sus estatutos e incorporar la exigencia de una mayoría de tres quintos para impedir la apertura de viviendas de uso turístico en sus edificios.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado también que el Ayuntamiento ofrecerá apoyo económico para facilitar asistencia jurídica a las comunidades que decidan emprender acciones civiles contra propietarios que destinen sus viviendas a alojamientos turísticos sin contar con el consentimiento necesario. La medida pretende facilitar que los vecinos puedan defender sus derechos ante este tipo de situaciones.
Catalá ha reconocido que el uso turístico de viviendas está provocando conflictos en algunas comunidades de propietarios, especialmente cuando se instala un alojamiento turístico sin la aprobación correspondiente. La alcaldesa ha defendido que el Ayuntamiento debe proporcionar a los vecinos el máximo respaldo posible para afrontar estos casos y ha criticado la política desarrollada por el anterior gobierno municipal, que, a su juicio, permitió una expansión excesiva de este tipo de alojamientos.
La nueva ordenanza municipal impulsada por el actual equipo de gobierno establece mayores restricciones para la concesión de licencias. En los tres primeros meses de aplicación, el Ayuntamiento ha rechazado permisos correspondientes a unas 3.500 plazas de alojamiento turístico, de las que más del 70% estaban vinculadas a viviendas. Además, el consistorio asegura haber impuesto sanciones por un importe conjunto de 1,6 millones de euros y haber dictado órdenes de cese de actividad con una media anual de 449.
La alcaldesa ha situado la vivienda entre las prioridades de su mandato y ha señalado que el Ayuntamiento ya ha impulsado la construcción de 1.000 viviendas públicas, a las que se sumarán otras 390 previstas próximamente.
El mercado de la vivienda mantiene su trayectoria ascendente pese a que la actividad residencial ha mostrado cierta moderación durante los primeros meses del año. Los últimos datos del Ministerio de Vivienda, correspondientes al segundo trimestre, confirman que los precios continúan marcando máximos. Entre abril y junio, el valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre se situó en 2.355 euros, un 12,5% más que un año antes, lo que supone un incremento de 260 euros por metro cuadrado en doce meses.
Con este nuevo avance, los precios acumulan ya 15 trimestres consecutivos de crecimiento, una tendencia que comenzó a finales de 2022. Desde entonces, el precio medio ha pasado de 1.740 a 2.355 euros por metro cuadrado, lo que supone un encarecimiento acumulado de 615 euros, equivalente al 35,3%. Aunque el ritmo de subida se ha moderado respecto al primer trimestre, cuando alcanzó el 13,9% interanual, la vivienda vuelve a establecer un nuevo máximo histórico de la serie.
La evolución nacional esconde diferencias importantes entre territorios. La Comunidad Valenciana registró el mayor incremento interanual, con un 15,7%, seguida de Castilla y León, con un 15,1%, y Castilla-La Mancha, con un 14,7%. También superaron el promedio nacional Aragón y Cantabria, ambas con un 14,2%, junto con Canarias, Asturias, Murcia, Andalucía, Baleares y Madrid.
Las diferencias son igualmente notables cuando se observa el precio absoluto de la vivienda. Madrid continúa encabezando la clasificación, con 4.089,6 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares, con 3.980,8 euros, y País Vasco, con 3.102,3 euros. Cataluña también se encuentra por encima de la media nacional, con 2.752,9 euros por metro cuadrado. En el caso de las provincias, Gipuzkoa alcanza los valores más elevados, con 3.514,6 euros, seguida de Barcelona, Málaga y Bizkaia, todas ellas por encima de los 3.000 euros.
En el otro extremo se encuentran Extremadura, con 996,6 euros por metro cuadrado, Castilla-La Mancha, con 1.215,4 euros, y Castilla y León, con 1.349,6 euros. Andalucía y la Comunidad Valenciana se sitúan en torno a los 2.000 euros, mientras que Navarra, Asturias, Aragón, Galicia, La Rioja y Murcia presentan valores intermedios. El comportamiento territorial refleja la distinta intensidad de la demanda y la presión existente en los principales mercados económicos y turísticos.
El aumento de los precios también está alcanzando a la vivienda protegida, aunque con una intensidad considerablemente menor. Durante el segundo trimestre, el precio medio se situó en 1.247 euros por metro cuadrado, un 5% más que un año antes. Si se compara con el nivel registrado 15 trimestres atrás, el incremento acumulado es del 9,7%, equivalente a 111 euros por metro cuadrado.
La evolución de la vivienda protegida presenta, además, una trayectoria alcista más reciente que la del mercado libre. Según los datos del Ministerio, las subidas consecutivas comenzaron en el tercer trimestre de 2024, por lo que se aproximan ya a dos años de crecimiento ininterrumpido.
Por comunidades, Baleares registró el mayor aumento interanual del precio de la vivienda protegida, con un 9,5%, seguida del País Vasco, con un 8,6%, Madrid, con un 6,7%, y Cataluña y Asturias, ambas con un 6,3%. También se produjeron incrementos superiores a la media nacional en Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León. En cambio, La Rioja, Cantabria y Murcia presentaron los avances más reducidos.
Madrid volvió a situarse como la comunidad con la vivienda protegida más cara, con un promedio de 1.558 euros por metro cuadrado. En el extremo contrario se encuentra Extremadura, donde el precio medio se situó en 792 euros. Los datos muestran así que la presión sobre el mercado residencial no se limita a la vivienda libre, aunque su impacto sobre los precios protegidos sigue siendo más contenido.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que la nueva planificación de la red de transporte eléctrico hasta 2030 contempla una inversión superior a los 17.000 millones de euros, lo que supondría el mayor esfuerzo inversor realizado hasta ahora en las redes eléctricas españolas. La cifra supera en un 30% la prevista inicialmente y multiplica por más de dos la contemplada en la planificación actualmente vigente. El incremento responde, según el Gobierno, al fuerte aumento de las solicitudes relacionadas con la electrificación de la economía, desde los puertos y la industria hasta las nuevas actividades productivas y el parque residencial.
El Consejo de Ministros aprobó a finales de julio el real decreto que regula los planes de inversión de las redes de transporte y que eleva la inversión prevista hasta los 17.900 millones de euros. La propuesta inicial contemplaba 13.600 millones para atender las necesidades del sistema y cumplir los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, pero las 2.566 alegaciones recibidas durante el proceso de audiencia han llevado a incrementar el volumen previsto. Dentro de esta ampliación, las redes de distribución podrán contar con hasta 10.200 millones de euros adicionales, mientras que las redes de transporte de alta tensión gestionadas por Red Eléctrica dispondrán de hasta 7.700 millones más, dependiendo de la planificación definitiva que apruebe el Ejecutivo.
La creciente demanda eléctrica se ha convertido en uno de los principales factores que están condicionando esta planificación. Según los datos del Ministerio, las solicitudes vinculadas al consumo representan el 41% del total, frente al 40% correspondiente a nuevos proyectos de generación y el 19% al almacenamiento. Tras el periodo de alegaciones, las posiciones de la red de transporte destinadas a atender nuevas demandas en las redes de distribución han aumentado un 52%, hasta situarse en 300, mientras que las posiciones destinadas al consumo directo en la red de transporte han crecido un 12%, hasta las 162. También se han reforzado las infraestructuras vinculadas al transporte ferroviario y la electrificación de los puertos, con un incremento del 75% y 59 posiciones previstas.
El refuerzo de la red también se traducirá en un aumento de las infraestructuras físicas. El número de subestaciones contempladas se eleva un 17%, hasta 193, mientras que la longitud de las nuevas líneas eléctricas previstas aumenta un 11%, hasta alcanzar los 6.706 kilómetros. A ello se suma un incremento del 6% en las redes existentes que serán repotenciadas, hasta llegar a 8.164 kilómetros. El conjunto de actuaciones pretende responder al fuerte crecimiento de la demanda eléctrica y facilitar la incorporación de nuevas actividades industriales y servicios que requieren un mayor acceso a la red.
La Reserva Federal ha optado este miércoles por elevar los tipos de interés por primera vez en más de tres años, en una decisión que supone un nuevo pulso con Donald Trump, que había reclamado insistentemente una reducción del precio del dinero. Bajo la presidencia de Kevin Warsh, cercano al presidente estadounidense, el banco central ha aumentado los tipos en 25 puntos básicos, hasta situarlos en una horquilla del 3,75% al 4%, con el objetivo de contener la persistencia de la inflación. La decisión estaba ampliamente anticipada por los mercados, ya que alrededor del 90% de los inversores esperaba este movimiento, aunque contrasta con las presiones de la Casa Blanca para que la institución monetaria optara por recortar los tipos.
La reunión celebrada esta semana representaba además la primera prueba relevante para Warsh desde que Trump lo situó al frente de la Reserva Federal el pasado mes de mayo, en sustitución de Jerome Powell. Su actuación estaba especialmente vigilada después de que, en las dos primeras reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto que presidió, mantuviera sin cambios los tipos. Bank of America había advertido de que esta cita podía ser determinante para su credibilidad al frente del banco central.
El incremento, desde el anterior intervalo del 3,5%-3,75% hasta el 3,75%-4%, fue aprobado por unanimidad, con los 12 miembros del comité respaldando la medida. La Reserva Federal no elevaba los tipos desde julio de 2023, hace 38 meses.
En la rueda de prensa posterior al encuentro, Warsh explicó que la decisión se ha adoptado teniendo en cuenta los distintos shocks y niveles de incertidumbre existentes en el escenario geopolítico, pero también la fortaleza que continúa mostrando la economía estadounidense. El presidente de la Fed defendió que mantener el foco en la estabilidad de precios puede contribuir a mejorar el comportamiento de la economía y recalcó que la inflación continúa siendo demasiado elevada y lleva demasiado tiempo por encima de los niveles deseados.
La Reserva Federal señaló que la inflación sigue situada en niveles elevados y consideró que la decisión adoptada permitirá acelerar su retorno al objetivo del 2%. Al mismo tiempo, destacó que la actividad económica mantiene un ritmo de expansión sólido. Aunque la incertidumbre continúa siendo elevada, en parte por la situación geopolítica, el consumo interno mantiene su fortaleza, la productividad avanza a buen ritmo y la inversión empresarial continúa siendo consistente. El mercado laboral también presenta estabilidad, con un crecimiento del empleo que sigue en línea con el aumento de la población activa y una tasa de paro que apenas ha experimentado cambios.
Las primeras señales que apuntaron a una posible subida de los tipos habían llegado del propio Warsh durante su intervención en agosto en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole. En aquella ocasión defendió que el objetivo de inflación del 2% constituye una referencia fundamental para la Reserva Federal y dejó abierta la posibilidad de actuar si la evolución de los precios no mostraba una mejora clara.
Las expectativas se reforzaron posteriormente con la publicación de los datos de inflación correspondientes a agosto. El índice de precios al consumo volvió a mostrar resistencia a la moderación que se había observado durante los meses anteriores, con una tasa interanual del 3,4%, prácticamente igual a la registrada en julio, y un incremento mensual de cuatro décimas.
La evolución de la energía ha añadido presión al escenario inflacionista, con el precio del petróleo por encima de los 100 dólares en un contexto de tensión entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz. En Estados Unidos, el precio de la gasolina ha superado los cuatro dólares por galón y el diésel se encuentra en niveles máximos. Incluso excluyendo el efecto de la energía y de los alimentos no elaborados, la inflación subyacente apenas se redujo una décima en agosto, hasta el 2,4%.
El comportamiento del mercado laboral también ha influido en la decisión. En agosto se crearon 162.000 empleos, una cifra que triplicó las previsiones de los analistas. Trump utilizó este dato para defender la conveniencia de reducir los tipos, mientras que los mercados interpretaron la fortaleza de la contratación como un margen adicional para que la Reserva Federal endureciera su política monetaria sin generar un deterioro significativo del empleo.
A este escenario se añade el encarecimiento de la financiación del Gobierno estadounidense. Los inversores han comenzado a exigir mayores rentabilidades para comprar deuda del Tesoro, en parte como protección frente al riesgo de que la inflación permanezca elevada. Como consecuencia, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años ha superado el 5%, situándose en niveles que no se alcanzaban desde 2007.
El Gobierno no ha logrado reunir en el Congreso los votos necesarios para convalidar el real decreto-ley aprobado a finales de agosto, una situación que podría tener consecuencias sobre una parte del último desembolso de los fondos europeos. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 25 de agosto, incluía la regulación de los grupos de interés y pretendía garantizar el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por España ante Bruselas.
La oposición de PP, Vox y Junts ha provocado que el Ejecutivo tenga que asumir el incumplimiento de este hito y revisar sus expectativas respecto al último pago de los fondos europeos, cuyo importe total asciende a 26.000 millones de euros. Aplicando de forma orientativa la metodología de la Comisión Europea para calcular las reducciones asociadas a compromisos no cumplidos, España podría afrontar una merma de hasta 1.500 millones de euros. No obstante, fuentes del Gobierno apuntan a que el impacto final podría ser inferior, ya que el mecanismo contempla ajustes en función de la relevancia del objetivo incumplido.
La votación también supone que deja de estar vigente la regulación de los grupos de interés incluida en el decreto. Antes de la votación, el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, había intentado recabar apoyos parlamentarios ofreciendo revisar el texto antes de octubre y estudiar la posibilidad de excluir del registro a las organizaciones empresariales y sindicales.
La propuesta no consiguió modificar la posición del Partido Popular. Su portavoz, Edurne Uriarte, defendió que rechazar el real decreto no equivalía a oponerse a una regulación de los grupos de interés y cuestionó la necesidad de aprobarla mediante un decreto-ley. El PP planteó continuar con la tramitación del proyecto de ley remitido al Congreso en 2025, cuya aprobación atribuye a la falta de iniciativa del Ejecutivo.
Con el rechazo parlamentario, también queda sin efecto el registro estatal de grupos de interés que había comenzado a funcionar apenas una semana antes. La regulación obligaba a inscribirse a las entidades que mantuvieran contactos con representantes políticos o altos cargos de la Administración General del Estado. Durante los primeros días de funcionamiento habían presentado solicitudes varias compañías de relevancia, entre ellas Renault, Tesla, Enagás, Danone, Exolum, Feníe Energía y HP.
La regulación de los grupos de interés ha generado posiciones enfrentadas entre los distintos sectores implicados. Las organizaciones empresariales y sindicales se han mostrado especialmente críticas con la obligación de inscribirse en el registro. Los sindicatos consideran que incluir a los agentes sociales supone no tener en cuenta las funciones de representación que tienen reconocidas constitucionalmente. Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, había anunciado que la organización empresarial interrumpiría sus contactos con el Gobierno hasta conocer el resultado de la votación.
Las grandes empresas del Ibex 35 tampoco habían manifestado públicamente una oposición general al decreto, aunque el hecho de que ninguna se hubiera registrado durante su primera semana de vigencia fue interpretado como una señal de rechazo a la nueva regulación.
Desde el sector profesional dedicado a las relaciones institucionales, la valoración ha sido diferente. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (Apri) considera que la derogación supone perder una oportunidad para dotar de mayor transparencia y seguridad jurídica a las relaciones entre el sector privado y las administraciones públicas. Su presidente, Carlos Parry, ha defendido la necesidad de que España disponga de una regulación estatal estable y ha reclamado que se reanude cuanto antes la negociación para alcanzar una norma con un respaldo parlamentario amplio.
La asociación sostiene además que el decreto ahora derogado incorporaba buena parte de las propuestas planteadas por los grupos parlamentarios y se ajustaba a los estándares europeos. Entre sus elementos figuraban la gestión del registro por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la posibilidad de interoperabilidad con los registros de grupos de interés que ya funcionan en determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos.
La autoridad de competencia prepara su entrada en el conflicto generado por las nuevas exigencias que el Gobierno plantea para los centros de datos en España, una regulación que ha provocado una fuerte reacción entre las grandes empresas tecnológicas, entre ellas Amazon, Microsoft y Google. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ultima un informe sobre el proyecto de real decreto que el Ejecutivo tramita desde finales de agosto, después de haber recabado las aportaciones de algunos de los principales sectores afectados.
El regulador está recopilando las observaciones realizadas en el Consejo Consultivo de Electricidad, en el que participan expertos de la CNMC, representantes de las administraciones, agentes del sector eléctrico y miembros de la sociedad civil. Concluido el plazo para presentar aportaciones el 15 de septiembre, la CNMC deberá elaborar un informe sobre la norma. Aunque sus conclusiones no tendrán carácter vinculante para el Gobierno, el documento constituye uno de los trámites preceptivos de la tramitación y será una de las primeras actuaciones relevantes del nuevo presidente de la CNMC, Juan José Ganuza.
Uno de los principales puntos de fricción se encuentra en el reparto de competencias sobre el acceso y la conexión a la red eléctrica. Desde el sector de los centros de datos consideran que el proyecto atribuye al Ministerio competencias que corresponderían a la CNMC como organismo regulador independiente. SpainDC, asociación que representa a las principales empresas tecnológicas, ha planteado esta cuestión en sus alegaciones y cuestiona que el Ministerio intervenga en materias relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética que, a su juicio, están legalmente atribuidas a la Comisión.
El debate competencial tampoco es nuevo. Expertos jurídicos consultados consideran que existe una zona de solapamiento entre las atribuciones del Ministerio y las de la CNMC en las materias contempladas en el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico. El Consejo de Estado, por su parte, ha mantenido en anteriores ocasiones una interpretación que concede un peso relevante a las competencias del Ministerio, aunque dentro de la CNMC también existen posiciones favorables a una interpretación más amplia de las funciones de la Comisión. La cuestión adquiere especial importancia porque afecta directamente a la política energética y a la ordenación del acceso a unas redes eléctricas cada vez más demandadas.
Al mismo tiempo, distintos sectores industriales han presentado alegaciones contra el proyecto de real decreto por el impacto que podría tener el crecimiento de los centros de datos sobre la disponibilidad y el coste de la electricidad. Industrias como la metalurgia, la automoción, la química o la fabricación de azulejos reclaman que se preserve su acceso a la red frente a la creciente demanda asociada a la inteligencia artificial y advierten del riesgo de pérdida de competitividad si los centros de datos concentran una parte significativa de la capacidad disponible.
Los propios operadores de centros de datos rechazan estas críticas y consideran que las nuevas condiciones suponen un trato diferencial. Entre las principales obligaciones planteadas por el Gobierno figura que estas instalaciones cubran con energías renovables el 80% de su consumo y que puedan acreditar ese suministro hora a hora. SpainDC y algunas empresas del sector consideran que este requisito presenta importantes dificultades técnicas y económicas, especialmente porque limita la posibilidad de compensar el consumo nocturno exclusivamente con generación fotovoltaica.
La asociación sostiene que los proyectos previstos durante los próximos cuatro años supondrán alrededor de 3 GW de potencia, equivalente, según sus cálculos, al 0,8% del consumo eléctrico nacional. Sus representantes defienden que los centros de datos deben ser considerados un consumidor más y comparan su demanda con la de otros sectores electrointensivos que no están sometidos a obligaciones similares. El Gobierno, por su parte, ha mantenido la necesidad de garantizar que el despliegue de estas infraestructuras no termine trasladando costes adicionales al conjunto de los consumidores.
La tramitación del real decreto ha recibido más de 600 alegaciones y el Ejecutivo ha mostrado disposición a estudiar modificaciones en algunos de los requisitos más exigentes. Sin embargo, mantiene por ahora el objetivo de que los centros de datos cubran el 80% de su consumo mediante energías renovables y puedan demostrarlo con carácter horario. El desacuerdo ha llevado ya a varios desarrolladores a plantearse la paralización de proyectos si la regulación se aprueba sin cambios y SpainDC advierte de posibles reclamaciones económicas, al considerar que están en juego inversiones cercanas a los 67.000 millones de euros hasta 2030.
Las grandes compañías tecnológicas están intensificando mientras tanto sus actuaciones ante las distintas instituciones implicadas en la tramitación. La asociación que representa a empresas como Amazon, Microsoft y Google ha trasladado sus alegaciones al Consejo de Estado, que deberá pronunciarse antes de que el proyecto llegue al Consejo de Ministros, y también ha hecho llegar sus planteamientos a la nueva dirección de la CNMC. El conflicto queda así abierto en varios frentes, desde el reparto de competencias regulatorias hasta el acceso a la red y las condiciones energéticas que deberán asumir los centros de datos en España.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a elevar la tensión comercial con la Unión Europea al advertir de que podría imponer "elevados aranceles" al bloque si la UE avanza en sus planes para reforzar su relación con Canadá. El mandatario estadounidense incluso planteó la posibilidad de llegar a interrumpir el comercio con Europa en determinados ámbitos.
Trump realizó estas declaraciones ante los periodistas después de aterrizar en Charlotte, Carolina del Norte, donde tenía previsto participar en un mitin. Como en anteriores ocasiones, lanzó la advertencia sin concretar qué medidas adoptaría ni cuáles serían las condiciones que podrían desencadenarlas, en un contexto marcado ya por las tensiones comerciales entre Estados Unidos, Europa y Canadá.
Las palabras del presidente estadounidense se produjeron pocas horas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara su intención de estrechar los vínculos con Canadá y planteara la posibilidad de que el país norteamericano se convierta en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea.
La iniciativa responde también al interés expresado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, por establecer una relación específica con la UE. Canadá busca reforzar sus alianzas internacionales en un momento de creciente presión comercial por parte de Estados Unidos, mientras Trump ha formulado en distintas ocasiones propuestas que cuestionan incluso la relación política tradicional entre ambos países vecinos.
"Canadá ha sido un socio comercial pésimo", afirmó Trump ante los medios de comunicación. El presidente estadounidense señaló que, si interpreta el acercamiento entre Canadá y la UE como un "acto hostil", podría responder con aranceles muy elevados contra Europa o incluso limitar el comercio con el bloque en diferentes sectores. Al mismo tiempo, matizó que no tendría por qué adoptar esas medidas si considera que la iniciativa europea responde a buenas intenciones.
La cuestión ocupará previsiblemente un lugar destacado este jueves, cuando Carney intervenga ante el pleno del Parlamento Europeo en una comparecencia extraordinaria. Su visita se produce un día después de que Von der Leyen defendiera ante la Eurocámara la posibilidad de trabajar conjuntamente para facilitar que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión.
La aproximación entre Ottawa y Bruselas se enmarca en un escenario internacional que Carney ya describió en febrero, durante el Foro de Davos, como una etapa de ruptura del orden mundial. El primer ministro canadiense advirtió entonces de que las relaciones entre las grandes potencias estaban entrando en una fase más imprevisible y defendió la necesidad de que las potencias medias, entre ellas Canadá, desarrollen una mayor capacidad para influir en la configuración del nuevo orden internacional.
Carney sostuvo en aquella intervención que países como Canadá no deben considerarse impotentes ante estos cambios y que pueden contribuir a construir un marco internacional basado, entre otros principios, en los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados.
Una parte importante de los europeos continúa manteniendo sus ahorros en efectivo o en depósitos bancarios, al considerar que esta opción les garantiza disponer del dinero en cualquier momento. Sin embargo, esta estrategia también implica asumir el impacto de la inflación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Según un análisis de JP Morgan Asset Management, el coste de mantener el ahorro sin invertir desde 2020 podría ascender a 2,4 billones de euros.
La estimación parte de los 2,8 billones de euros que los hogares europeos han acumulado en ahorro desde el inicio de la pandemia. Si ese dinero se hubiera destinado a acciones de compañías de todo el mundo y hubiera obtenido una rentabilidad equivalente a la registrada por el MSCI World, superior al 11% anualizado durante este periodo, el patrimonio podría haber alcanzado unos 5,4 billones de euros. En cambio, al permanecer principalmente en depósitos, su rentabilidad habría sido prácticamente nula, contribuyendo a elevar el volumen de dinero depositado en los bancos europeos hasta los 12,4 billones de euros.
Este elevado peso del ahorro conservador explica parte del interés de las instituciones comunitarias por facilitar que los ciudadanos europeos canalicen una mayor proporción de sus recursos hacia la inversión. La Comisión Europea pretende impulsar instrumentos como las cuentas de inversión para trasladar parte de ese capital hacia las empresas y la economía productiva.
La encuesta realizada por JP Morgan AM entre 17.000 hogares de Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España y Suecia apunta a que la falta de conocimientos financieros constituye uno de los factores que explican esta escasa participación en los mercados. El 27% de los encuestados afirma que mantiene la mayor parte de sus ahorros en efectivo, mientras que un 43% reconoce que no sabe cómo invertir o que ni siquiera se plantea hacerlo.
El estudio también refleja determinadas percepciones sobre la rentabilidad de los productos financieros. Un 18% de los participantes considera que los activos líquidos pueden ofrecer una mayor rentabilidad a largo plazo, mientras que únicamente el 25% asegura disponer de un plan de ahorro definido. En España, este último porcentaje se reduce al 20%.
Entre quienes sí han optado por invertir, las acciones y otros valores son los activos más habituales, presentes en el 20% de los casos, mientras que un 15% ha destinado sus recursos al mercado inmobiliario. Los planes de pensiones tienen una presencia menor, ya que solo el 10% de los encuestados dispone de uno. Esta situación está relacionada también con la ausencia de sistemas obligatorios de adscripción a planes de pensiones de empleo en buena parte de los países europeos.
Las expectativas sobre las pensiones públicas también condicionan las decisiones de ahorro. El 30% de los participantes considera que los gobiernos podrán asumir el coste de las pensiones cuando llegue el momento de su jubilación, pese a las dificultades presupuestarias y los elevados niveles de deuda que afrontan numerosos Estados. Esta confianza es especialmente significativa en países como España, Italia y Francia.
En paralelo, más de la mitad de los encuestados cree que podrá conservar su nivel de vida una vez jubilado. En España, esa proporción alcanza el 60%. Estos datos reflejan la confianza existente entre una parte relevante de los hogares en que las prestaciones públicas permitirán mantener unos ingresos suficientes durante la jubilación.
JP Morgan AM plantea como una de las posibles vías para reforzar el ahorro a largo plazo la extensión de los sistemas de pensiones de empleo mediante fórmulas de adscripción automática, acompañada de una mejora de la educación financiera. En este último caso, la gestora señala que se trata de un proceso cuyos resultados solo pueden materializarse de forma gradual.
La encuesta muestra además diferencias generacionales en las preferencias de inversión. Entre los menores de 35 años, los criptoactivos han adquirido una presencia destacada: un 10% de los participantes de este grupo de edad señala que las criptomonedas constituyen su principal producto de inversión.
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