El 6% de los inversores particulares españoles recurre a la inteligencia artificial (IA) como principal fuente de información antes de contratar un producto de inversión. Esta proporción aumenta hasta el 11% entre los integrantes de las generaciones Z y Millennials, los grupos de población más jóvenes. Así lo recoge el VIII Estudio del Observatorio Inverco, que analiza la percepción de los partícipes sobre los fondos de inversión y sus gestores. El informe, que se elabora cada dos años, incorpora en su edición de 2026 una pregunta específica sobre el uso de la inteligencia artificial como herramienta de consulta para tomar decisiones financieras.
Según Emma Cantallops, directora comercial para banca privada de Sabadell Asset Management y miembro del Observatorio Inverco, el asesoramiento profesional continúa desempeñando un papel esencial en todos los perfiles de inversores, independientemente de su edad o tolerancia al riesgo. Aunque la IA está ganando protagonismo, considera necesario combinar distintas fuentes de información para valorar adecuadamente los productos que se contratan.
La utilización de esta tecnología presenta diferencias significativas en función de la edad. Mientras que el 11% de los inversores de las generaciones Z y Millennials la emplea como referencia principal, el porcentaje desciende al 6% entre la generación X, al 1% entre los Baby Boomers y al 0% en la Silent Generation, integrada por personas mayores de 77 años.
En cambio, los inversores de más edad conceden mayor importancia al asesor personal antes de contratar un fondo de inversión. Entre los más jóvenes, el 34% también sitúa el asesoramiento profesional como su principal fuente de información, aunque comparte protagonismo con otros canales de consulta.
El Observatorio Inverco considera que la expansión de la inteligencia artificial como instrumento de apoyo a las decisiones de inversión es una evolución natural y positiva, siempre que la información utilizada proceda de fuentes fiables y pueda contrastarse. La seguridad y la confianza siguen siendo factores determinantes a la hora de elegir una entidad y decidir dónde invertir el patrimonio.
La incorporación de la IA tampoco parece haber modificado, por ahora, las características del inversor particular español respecto a las conclusiones del estudio de 2024. El perfil mayoritario continúa siendo moderado, con un patrimonio inferior a 30.000 euros en fondos de inversión y una estrategia de permanencia superior a los tres años.
La Bolsa sigue siendo el activo preferido por los partícipes, con un 31% de las preferencias, aunque ha perdido tres puntos porcentuales en los últimos dos años. Por otra parte, el 46% de los inversores canaliza su patrimonio mediante contratos de gestión discrecional o asesoramiento. Además, el 71% realizó su contratación más reciente con algún tipo de asesoramiento, si bien el 59% no abonó una cantidad específica por este servicio. Solo el 12% de los participantes en el estudio afirma haber pagado expresamente por recibir asesoramiento financiero.
La European Network for Payments (ENP), que reúne a los principales operadores europeos de pagos instantáneos y gratuitos, ha culminado su proceso de constitución con el nombramiento de William Olgiati, antiguo directivo de Amazon, como consejero delegado.
Con esta designación queda definido el equipo directivo de la nueva organización, que tendrá su sede en Madrid y estará presidida por Fernando Rodríguez Ferrer, uno de los impulsores de Bizum en España y responsable de su desarrollo internacional.
La ENP agrupa a Bancomat, Bizum, EPI/Wero, SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay, plataformas que operan en España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. En conjunto, dan cobertura a unos 130 millones de personas.
La incorporación de Olgiati coincide con el inicio de la fase operativa del proyecto, que aspira a poner en marcha los pagos transfronterizos en Europa durante el próximo año. El nuevo consejero delegado ya ha asumido sus funciones y dirigirá el desarrollo y la puesta en funcionamiento de la plataforma. Al igual que sucede con Bizum en España, la iniciativa pretende que los usuarios puedan realizar pagos en otros países europeos, tanto entre particulares como en comercios electrónicos y establecimientos físicos.
Antes de incorporarse a la ENP, Olgiati estuvo al frente del área de aceptación de pagos de Amazon en la Unión Europea y el Reino Unido, donde trabajó durante catorce años. Durante esa etapa participó en el lanzamiento de distintos métodos de pago alternativos en Europa y adquirió experiencia en la colaboración con organismos reguladores, asociaciones sectoriales y comerciantes.
El Tribunal Supremo ha reforzado la posición de los hospitales privados en sus reclamaciones a las aseguradoras por la asistencia prestada a víctimas de accidentes de tráfico. En una sentencia de la Sala de lo Civil, fechada el 8 de octubre, establece que las tarifas públicas autonómicas no pueden utilizarse automáticamente para sustituir los precios facturados por un centro privado cuando este acredita que sus importes son razonables. La resolución fija así los criterios que deben aplicarse en las reclamaciones de hospitales que no están adheridos al convenio de asistencia sanitaria por accidentes de tráfico de Unespa, actualmente en negociación.
El fallo no reconoce un nuevo derecho a establecer libremente los precios, sino que determina cómo deben justificarse ante los tribunales cuando una aseguradora considera que son excesivos. La decisión puede repercutir tanto en los costes asistenciales de las compañías como en los ingresos que obtienen los centros privados por atender a lesionados de tráfico. Según Unespa, las aseguradoras abonaron 431 millones de euros en facturas médicas de víctimas de accidentes durante 2025.
El litigio enfrenta a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza, con Línea Directa Aseguradora. El hospital abandonó el convenio de Unespa en septiembre de 2017 y comunicó las tarifas que aplicaría a partir de entonces. En 2019 atendió a una mujer herida en un accidente de circulación y reclamó a la aseguradora del vehículo responsable 29.647,71 euros por los servicios prestados.
El Juzgado de Primera Instancia de Ibiza reconoció al centro sanitario el derecho a cobrar 28.247,71 euros. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Baleares redujo posteriormente la cantidad a 8.275,73 euros, al considerar que el hospital no había acreditado suficientemente que sus precios se ajustaran a los del mercado. Para determinar el importe, tomó como referencia las tarifas públicas del Servicio de Salud de Baleares.
El Tribunal Supremo revoca este criterio y restablece la primera condena. La diferencia entre las cantidades reconocidas por ambas instancias asciende a 19.971,98 euros, lo que evidencia la relevancia económica que puede tener el método utilizado para determinar el importe de las facturas. La sentencia recuerda que la libertad empresarial para fijar precios no es ilimitada. Cuando no existe un importe pactado o aceptado y la aseguradora cuestiona la factura, corresponde al hospital demostrar que sus tarifas son proporcionadas. No obstante, el Supremo precisa que no es necesario acreditar un precio único o exacto, sino justificar que los importes se sitúan dentro de una horquilla de precios razonable.
Para valorar esa proporcionalidad, los tribunales deben examinar conjuntamente las pruebas aportadas y las circunstancias específicas del centro y del mercado en el que opera. En el caso analizado, la insularidad de Ibiza constituye un factor relevante, dado que puede limitar la oferta asistencial disponible. La policlínica presentó un informe económico que comparaba su rentabilidad con la de otras 14 empresas del sector sanitario y analizaba las tarifas de 62 procedimientos asistenciales de un hospital privado de Menorca. El estudio también tenía en cuenta elementos como la insularidad, la estacionalidad de la demanda, los costes de personal y las inversiones en tecnología médica. Por su parte, la aseguradora no aportó un informe pericial alternativo para cuestionar las conclusiones del análisis.
El Alto Tribunal considera que la Audiencia Provincial realizó una valoración «ilógica y arbitraria» de la prueba al descartar por separado los distintos métodos empleados en el informe, sin analizar el resultado conjunto. A partir de esa valoración, concluye que las tarifas reclamadas por el hospital no pueden considerarse excesivas ni abusivas.
La decisión podría tener repercusiones en otros litigios del sector. El despacho RocaJunyent-Riutord, que representó a la policlínica y a Juaneda Hospitales, en Menorca, afirma que esta controversia ha dado lugar a más de 2.000 demandas en los últimos nueve años. Aunque el fallo no cuestiona el convenio de Unespa, que continúa siendo un instrumento de referencia para agilizar la asistencia y ofrecer garantías económicas a hospitales y asegurados, sí establece que las facturas de los centros privados deben valorarse atendiendo a las pruebas económicas aportadas. Por tanto, las tarifas públicas no pueden imponerse como referencia automática para reducir los importes reclamados.
La Unión Europea pretende movilizar una parte del ahorro que los hogares mantienen en depósitos bancarios para dirigirlo hacia la financiación de las empresas y los mercados de capitales. Esta orientación ya estaba presente en los informes elaborados por Mario Draghi y Enrico Letta, y ha sido asumida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha impulsado medidas para conseguir que parte de los 10 billones de euros que los ciudadanos europeos mantienen en entidades financieras se destinen a inversiones productivas.
En este contexto, España ha puesto en marcha la denominada cuenta Financia Europa, un instrumento que incorpora importantes incentivos fiscales para fomentar la inversión de los particulares en los mercados europeos. La iniciativa responde a una situación en la que los hogares españoles mantienen una proporción elevada de su patrimonio financiero en depósitos y cuentas bancarias, en lugar de destinarlo a productos de inversión.
Según el informe Capital Markets Union: Key Performance Indicators, elaborado por la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME), cada español mayor de 15 años tiene invertidos aproximadamente 31.000 euros en los mercados de capitales. Esta cantidad representa un 36% menos que la media europea, situada en torno a los 48.000 euros por persona. El cálculo incluye inversiones en acciones cotizadas, bonos, fondos de inversión, seguros de vida y planes de pensiones, pero excluye el efectivo, los depósitos bancarios y las participaciones en empresas no cotizadas.
Con esta cifra, España ocupa el duodécimo puesto entre los países de la Unión Europea y queda por detrás de Alemania, Italia y Francia. También se sitúa por debajo de Austria, con unos 40.000 euros por adulto, y relativamente cerca de Finlandia, con 33.000 euros. La distancia es mucho mayor respecto a Dinamarca, Suecia y Países Bajos, donde el patrimonio invertido por persona supera los 110.000 euros. AFME atribuye buena parte de estas diferencias al mayor desarrollo de los sistemas privados de pensiones en estos países.
Frente a la limitada inversión en los mercados financieros, destaca el volumen de ahorro que los hogares españoles mantienen en productos de bajo riesgo. Según AFME, el 34% de los activos financieros de las familias está depositado en cuentas bancarias y depósitos, generalmente con rentabilidades inferiores al 1,7%, pese a la competencia que se ha producido entre las entidades para captar ahorro tras las subidas de los tipos de interés.
Este porcentaje supera al registrado en Italia, donde alcanza el 25%, y Francia, con un 28%, aunque permanece por debajo del 37% de Alemania. Los datos más recientes del Banco de España elevan el volumen total de dinero mantenido en depósitos y cuentas a unos 1,17 billones de euros. De esa cantidad, cerca de un billón corresponde a cuentas a la vista, cuya remuneración media apenas alcanza el 0,16%.
La escasa canalización del ahorro hacia los mercados financieros constituye, en cualquier caso, un problema que afecta al conjunto de Europa. AFME calcula que la inversión media de los ciudadanos europeos ha pasado de unos 46.000 euros por adulto en 2017 a aproximadamente 48.000 a comienzos de 2026. El avance resulta muy reducido en términos reales, una vez descontado el efecto de la inflación, y contrasta con Estados Unidos, donde el patrimonio financiero invertido supera los 253.000 euros por adulto.
En la Unión Europea, las pensiones y los seguros representan el 59% del ahorro invertido en los mercados de capitales. Los fondos de inversión concentran el 24%, mientras que las acciones cotizadas suponen el 11% y los bonos el 6%. Desde 2022, los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados (ETF), han sido los principales impulsores del crecimiento de estas inversiones.
El director general de AFME, Adam Farkas, considera que una parte demasiado importante del ahorro europeo permanece sin aprovechar desde el punto de vista de la financiación de la economía. La asociación representa a más de 150 entidades financieras que participan en el 90% de la deuda corporativa y soberana europea y en el 85% de las emisiones de capital cotizadas en Europa. No obstante, la organización también advierte de que no todo el dinero depositado en cuentas bancarias debe trasladarse a los mercados financieros. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta las necesidades de liquidez de cada familia, el plazo durante el que puede mantener sus ahorros y su capacidad para asumir riesgos.
El Gobierno español, a través del Ministerio de Economía dirigido por Carlos Cuerpo, ha avanzado en esta estrategia europea con la creación de la cuenta Financia Europa. Su puesta en marcha definitiva todavía está pendiente de la convalidación del real decreto ley, prevista para el 12 de noviembre, así como de la aprobación de las instrucciones de Hacienda que regularán la información que las entidades financieras deberán remitir a la Agencia Tributaria.
El principal atractivo de este instrumento reside en sus beneficios fiscales. Por un lado, permite aplazar la tributación de las plusvalías hasta que el titular retire el dinero, un tratamiento similar al que ya disfrutan los fondos de inversión. Además, cuando las aportaciones se mantienen durante más de cinco años, los primeros 10.000 euros de ganancias quedan exentos de tributación, al igual que el 20% del beneficio restante.
Para acogerse a este régimen, las inversiones deben cumplir determinadas condiciones. Las acciones tienen que corresponder a sociedades vinculadas al Espacio Económico Europeo, que comprende los Estados de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega. En el caso de los fondos, al menos el 70% de la cartera debe estar invertido en activos europeos, incluidos los bonos, mientras que un mínimo del 50% debe destinarse a renta variable y, dentro de esta, al menos un 35% a acciones europeas. Quedan excluidas las socimis, las sicav y los productos derivados. El patrimonio máximo permitido en la cuenta se establece en 150.000 euros.
Paralelamente, el Ejecutivo ha decidido ampliar las posibilidades de otro producto de ahorro que ya existía: los Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (Sialp), conocidos también como Planes Ahorro 5. Estos instrumentos permiten realizar aportaciones de hasta 5.000 euros anuales y cuentan con ventajas fiscales propias.
La nueva modalidad creada por Economía, denominada Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo Financia Europa, eleva el límite de aportación anual hasta los 10.000 euros. A diferencia de la cuenta Financia Europa, este producto exige que al menos el 30% de la inversión se destine a renta variable, frente al mínimo del 50% establecido para la cuenta de inversión. De esta manera, el Gobierno pretende ampliar las alternativas de ahorro a largo plazo y facilitar que los particulares participen en la financiación de las empresas y los mercados europeos.
La auditoría de las grandes empresas públicas estatales que no cotizan en bolsa ha perdido atractivo para las principales firmas auditoras en España. Deloitte, EY, PwC y KPMG se han distanciado progresivamente de este mercado, en el que los reducidos honorarios y el elevado riesgo reputacional no compensan frente a otras actividades, como la consultoría, que ofrecen mejores perspectivas de rentabilidad.
Adif, Agencia EFE, Correos, Ineco, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Isdefe, Loterías y Apuestas del Estado, Paradores, Renfe y RTVE son algunos de los principales ejemplos. En los últimos procedimientos de contratación para auditar sus cuentas anuales, ninguna de las cuatro grandes consultoras presentó una propuesta, por lo que estos contratos han terminado en manos de firmas de tamaño mediano.
El caso de RTVE refleja esta tendencia. EY, responsable de la auditoría de sus cuentas desde 2022, optó por no concurrir al concurso para renovar el contrato correspondiente a los ejercicios 2026, 2027 y 2028, con posibilidad de ampliarlo otros dos años. Deloitte, PwC y KPMG tampoco participaron. Finalmente, el encargo fue adjudicado a PKF Attest, única firma que presentó una oferta, por un importe de 235.665 euros.
Una situación similar se produjo en Renfe, que no recibió propuestas de ninguna de las Big Four para auditar sus cuentas de 2026, 2027 y 2028. La compañía ferroviaria tuvo que convocar dos licitaciones. La primera quedó desierta, en parte debido a unas condiciones que parecían orientadas a facilitar la participación de las grandes auditoras, como el requisito de acreditar experiencia en la revisión de sociedades de interés público con una facturación superior a 1.000 millones de euros. Después de flexibilizar los requisitos, el segundo concurso se resolvió a favor de PKF Attest por 1,03 millones de euros.
Esta misma auditora obtuvo también, a finales de 2023, el contrato para revisar las cuentas individuales y consolidadas de Ineco correspondientes a 2024. Ninguna otra firma presentó una oferta y, posteriormente, el servicio se amplió mediante una prórroga de dos años.
Grant Thornton es otra de las compañías que ha reforzado su presencia en este ámbito. La firma se encarga de auditar las cuentas individuales y consolidadas de Correos y sus filiales, después de adjudicarse el contrato para los ejercicios 2023, 2024 y 2025 en un procedimiento al que no concurrió ninguna de las cuatro grandes. Hace dos meses, el servicio se prorrogó por un año más, elevando el importe total a 689.782 euros para los cuatro ejercicios.
También se ha adjudicado los dos lotes del último concurso del Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como los correspondientes a Adif y Adif-Alta Velocidad para los ejercicios 2026, 2027 y 2028, por importes de 301.875 y 117.000 euros, respectivamente. En ninguno de estos procedimientos participaron Deloitte, EY, PwC o KPMG. A estos contratos se añade el de Loterías y Apuestas del Estado, cuyas cuentas de 2025, 2026 y 2027 han quedado bajo la responsabilidad de Grant Thornton. La adjudicación, con un valor máximo de 261.360 euros, se produjo sin que ninguna de las Big Four presentara candidatura.
Por su parte, Forvis Mazars se ocupa de auditar las cuentas de la Agencia EFE correspondientes a 2024, 2025 y 2026, por un importe de 76.230 euros. El acta de la mesa de contratación recoge que las dos propuestas recibidas procedían de firmas medianas. El mismo escenario se repitió en Ingeniería de Sistemas para la Defensa (Isdefe), cuya auditoría también corresponde a esta compañía.
Paradores completa la relación de empresas públicas que han recurrido a auditoras de tamaño intermedio. En su caso, el contrato para los ejercicios 2025, 2026 y 2027 fue adjudicado a Moore, actualmente integrada en Auren, después de un concurso en el que únicamente participaron firmas medianas. Navantia y el Grupo Tragsa representan las excepciones dentro de este panorama de escaso interés de las grandes consultoras por la auditoría del sector público empresarial. La compañía naval necesitó convocar tres concursos antes de encontrar una firma que asumiera la revisión de sus cuentas de 2024, 2025 y 2026.
La primera licitación, con un presupuesto de 1,17 millones de euros, quedó desierta. El segundo procedimiento, cuyo importe ascendía a 1,7 millones, fue finalmente abandonado tras introducirse cambios en el alcance del contrato, el presupuesto y las condiciones exigidas a las auditoras. En la tercera convocatoria, el presupuesto se redujo a 1,3 millones de euros y se excluyó la revisión de las filiales de Australia, Arabia Saudí y Reino Unido. En esta ocasión sí concurrió una de las Big Four, KPMG, aunque la adjudicación terminó recayendo en PKF Attest, de origen vasco, por 720.480 euros.
El Grupo Tragsa es, por el contrario, la única gran empresa pública de las analizadas cuya auditoría está actualmente en manos de una de las cuatro grandes firmas. KPMG resultó adjudicataria de la revisión de sus cuentas de 2026, 2027 y 2028 por 663.197 euros, tras imponerse a Deloitte en el concurso celebrado a finales de 2025.
Los bajos importes que las empresas públicas destinan a estos servicios constituyen uno de los principales motivos por los que las grandes auditoras han perdido interés en estos contratos. Fuentes del sector consultadas por EXPANSIÓN señalan que la rentabilidad de estos encargos es considerablemente inferior a la que ofrecen las auditorías de compañías privadas. En algunos casos, los honorarios son tan reducidos que apenas permiten cubrir los recursos necesarios para desarrollar el trabajo.
En varios de los procedimientos examinados, los contratos se adjudicaron por una cantidad media un 31% inferior al presupuesto inicial de licitación. A ello se suma que las administraciones suelen tomar como referencia el precio de la adjudicación anterior para fijar el importe de los siguientes concursos, lo que provoca una progresiva reducción de los honorarios hasta niveles que dificultan la prestación del servicio con los medios y el esfuerzo necesarios.
Esta situación también genera preocupación entre las auditoras medianas que sí participan en las licitaciones. Algunas de ellas cuestionan la viabilidad económica de determinados encargos y advierten de que no pueden aceptar contratos a cualquier precio ni asumir rebajas que comprometan la calidad y los recursos exigibles en una auditoría. En sus decisiones también influye la posibilidad de obtener otros trabajos complementarios, como revisiones limitadas o procedimientos acordados. A la escasa rentabilidad se añade el impacto potencial sobre la reputación de las firmas. La combinación de unos honorarios reducidos y una mayor exposición a riesgos reputacionales hace que estos contratos resulten poco atractivos para las grandes auditoras.
Por último, las incompatibilidades entre los servicios de auditoría y determinadas actividades de consultoría también condicionan su participación. Las Big Four deben valorar si les interesa asumir la auditoría de estas empresas públicas o preservar otras líneas de negocio que pueden proporcionarles mayores ingresos y una rentabilidad más elevada.
La promoción de viviendas es una actividad que requiere un elevado volumen de recursos económicos, debido principalmente al coste de los terrenos y de la ejecución de las obras. Sin embargo, ¿qué inversión sería necesaria para corregir el déficit de 750.000 viviendas estimado por el Banco de España? Según los cálculos elaborados por la consultora Atlas Real Estate Analytics para este periódico, cubrir esa carencia exigiría una inversión de entre 189.680 millones de euros, si se considera únicamente el coste de producción, y 236.000 millones, si se incorporan también los gastos financieros y el margen del promotor. Las cantidades se han estimado a partir de los precios del suelo y de la construcción en las distintas provincias. En términos relativos, representan entre el 11,2% y el 14% del PIB español de 2025.
El esfuerzo inversor que supondría alcanzar ese objetivo equivale a multiplicar entre 4,8 y 6,1 veces los aproximadamente 39.000 millones de euros que el sector inmobiliario destina anualmente a la promoción residencial, según los datos de KPMG. Por su parte, las Administraciones públicas dedican actualmente a las políticas de vivienda alrededor del 0,7% del PIB, unos 11.000 millones de euros, de acuerdo con las cifras de Eurostat correspondientes a 2024.
La estimación de las 750.000 viviendas pendientes de construir procede del Informe Anual de 2025 del Banco de España, publicado el pasado mes de junio. En él, el organismo supervisor cuantificó el déficit residencial acumulado entre 2021 y 2025. Ignacio Ezquiaga, investigador especializado en vivienda de Funcas, considera que esta cifra se ha convertido en una referencia compartida por el sector, aunque entiende que podría quedarse corta. A su juicio, el cálculo es conservador porque toma como referencia las actuales tasas de emancipación juvenil, que se encuentran condicionadas precisamente por las dificultades para acceder a una vivienda. Además, tampoco contempla la demanda correspondiente a las segundas residencias.
El análisis de Atlas contempla una vivienda de tamaño medio de 105 metros cuadrados, incluidas las zonas comunes. Su coste de producción presenta diferencias muy importantes en función de la provincia. En Madrid, por ejemplo, alcanzarían aproximadamente los 375.000 euros, de los cuales 196.430 corresponderían al terreno. En cambio, en territorios donde el suelo tiene un precio considerablemente inferior, como Valencia, el coste medio se situaría cerca de los 191.000 euros.
Para calcular el volumen de inversión necesario, la consultora ha distribuido el déficit residencial entre las distintas provincias y ha aplicado a cada territorio sus respectivos costes de suelo y construcción. Más de la mitad de las viviendas que faltan, concretamente el 52%, se concentran en seis provincias: Madrid, con 133.807 unidades; Barcelona, con 91.454; Valencia, con 65.847; Alicante, con 52.548; Murcia, con 32.356, y Sevilla, con 24.018. El estudio no incluye, entre otros conceptos, el IVA ni los gastos de urbanización.
Madrid y Barcelona destacan especialmente por la dimensión de sus necesidades residenciales. Ambas provincias acumulan alrededor del 30% del déficit nacional, pero, debido al elevado precio del suelo y de la construcción, concentrarían el 42% de la inversión total necesaria para corregirlo. En Madrid, el capital requerido se estima en 50.270 millones de euros para cubrir la falta de 133.807 viviendas. Barcelona necesitaría otros 29.543 millones para hacer frente a un déficit de 91.454 inmuebles.
Entre las demás provincias con mayores necesidades figuran Valencia, con una inversión estimada de 12.561 millones de euros; Alicante, con 10.166 millones; Baleares, con 6.875 millones; Málaga, con 6.121 millones; Murcia, con 5.882 millones; Tarragona, con 5.193 millones; Sevilla, con 4.590 millones, y Zaragoza, con 3.592 millones.
Estas cifras se conocen en un contexto en el que las dificultades para acceder a una vivienda han adquirido una dimensión que responsables políticos y organizaciones sociales califican ya de emergencia habitacional. El desahucio de Maricarmen Abascal el pasado septiembre, que falleció sin haber podido regresar a su domicilio, intensificó la presión sobre el Gobierno y propició la presentación de dos reales decretos en materia de vivienda. Sin embargo, ambas iniciativas fueron rechazadas por el Congreso de los Diputados, un desenlace que contribuyó al adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. El Ejecutivo tiene previsto presentar próximamente modificaciones de ambas normas para que puedan ser debatidas en la Diputación Permanente de la Cámara.
Alejandro Bermúdez, director de Atlas Real Estate Analytics, advierte de que el problema no se limita a las 750.000 viviendas que faltan según el cálculo del Banco de España. A ese déficit acumulado entre 2021 y 2025 habría que añadir cada año otras 150.000 viviendas para responder a la formación de nuevos hogares y al crecimiento de la población, especialmente en las grandes ciudades. Por tanto, considera que el reto consiste no solo en recuperar el terreno perdido, sino también en construir por encima de los niveles actuales para atender la demanda que continúa generándose.
El responsable de Atlas recuerda que la capacidad productiva del sector inmobiliario quedó muy debilitada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria durante la primera década de este siglo. Esta limitación se refleja en las cifras de construcción: el pasado año se terminaron en España alrededor de 105.000 viviendas, de las que apenas unas 13.000 tenían algún tipo de protección pública.
En opinión de Bermúdez, incrementar la construcción residencial constituye la principal vía para reducir el desequilibrio entre oferta y demanda. Las grandes ciudades apenas disponen de alternativas suficientes, como la incorporación de viviendas vacías al mercado, mientras que la rehabilitación tampoco permite resolver por sí sola el problema, puesto que buena parte de las actuaciones se llevan a cabo sobre edificios que ya están habitados.
La escasez de viviendas disponibles ha situado la necesidad de incrementar la construcción residencial como una de las principales soluciones compartidas por el sector inmobiliario. Sin embargo, aunque existe un diagnóstico bastante claro sobre el problema, llevar a cabo las medidas necesarias sigue encontrando obstáculos desde las primeras fases del proceso. La complejidad administrativa que rodea a la gestión del suelo, desde su adjudicación hasta el inicio y la finalización de las obras, está frenando la actividad de promotoras y constructoras e impidiendo aumentar el ritmo de edificación. Para intentar superar estas dificultades, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado este jueves un informe con propuestas dirigidas a simplificar y coordinar la normativa, flexibilizar el planeamiento urbanístico y reducir los plazos de construcción.
El documento, de 262 páginas, reúne numerosas demandas que los distintos agentes del mercado inmobiliario vienen planteando desde hace tiempo. Entre las principales reivindicaciones figuran una mayor coordinación entre las Administraciones públicas -Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos- y las empresas responsables de desarrollar los proyectos, así como la revisión de determinados aspectos de la regulación urbanística que ralentizan la puesta en marcha de nuevas promociones.
Durante la presentación del estudio, celebrada en Madrid en el marco de una jornada dedicada a la modernización del urbanismo y la transformación del suelo residencial, el presidente de la CNMC, Juan José Ganuza, destacó la importancia de la vivienda como elemento esencial del Estado del bienestar y defendió que la institución debe implicarse en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan al conjunto de la sociedad.
Una de las propuestas más relevantes del informe consiste en considerar que todos los terrenos que no estén sometidos a algún régimen de protección puedan ser potencialmente urbanizables. Esta medida, ampliamente reclamada por el sector, permitiría ampliar la disponibilidad de suelo para construir viviendas, en un contexto en el que este recurso es limitado por naturaleza, aunque todavía existen terrenos cuyo potencial urbanístico no se ha desarrollado. La CNMC también propone evolucionar hacia un planeamiento menos rígido y detallado en la asignación de usos, de manera que los terrenos puedan adaptarse con mayor facilidad a las necesidades de vivienda.
El organismo plantea, asimismo, una reforma profunda del funcionamiento administrativo del urbanismo, mediante la reducción del número de instrumentos de planificación, documentos y procedimientos exigidos. En materia de licencias, considera necesario evitar que los errores técnicos o documentales cometidos durante la tramitación puedan provocar automáticamente la nulidad total del planeamiento. También propone extender el uso de las declaraciones responsables como alternativa para agilizar determinados procedimientos.
Con este sistema, los promotores y constructores asumirían la responsabilidad de acreditar que sus actuaciones cumplen la normativa, sin necesidad de esperar a una comprobación administrativa previa. La medida permitiría reducir la carga de trabajo de las Administraciones, especialmente de los ayuntamientos, aunque también supondría prescindir de algunos controles que actualmente se realizan antes de iniciar las actuaciones. Se trata de una reivindicación que la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) vienen defendiendo desde hace más de cinco años. Ambas organizaciones consideran que este mecanismo ayudaría a eliminar los retrasos que se producen en la concesión de licencias, cuyos plazos pueden prolongarse habitualmente entre 12 y 18 meses. Algunas comunidades autónomas y corporaciones locales ya han comenzado a implantar fórmulas de este tipo, dado que concentran buena parte de las competencias en materia de vivienda y urbanismo.
La CNMC considera que la mejora de los procedimientos administrativos debe ir acompañada de una transformación de la coordinación entre las distintas Administraciones. Para ello, propone establecer una ventanilla única digital que agrupe los informes sectoriales que actualmente elaboran diferentes organismos en distintas etapas del procedimiento. El objetivo es facilitar el intercambio de información, eliminar trámites repetidos y aplicar el principio de aportar la documentación una sola vez, evitando que las empresas tengan que presentar reiteradamente los mismos documentos ante distintas entidades públicas.
Otro de los problemas que aborda el informe es la inseguridad jurídica derivada de la posibilidad de que un defecto formal termine invalidando años de trabajo en materia de planificación urbanística. Entre las medidas planteadas se encuentra permitir la corrección de errores técnicos, limitar la denominada nulidad en cascada, que provoca que la anulación de un plan general pueda afectar también a otros instrumentos de ordenación relacionados, y establecer mecanismos que permitan subsanar deficiencias sin tener que comenzar de nuevo procedimientos que, en ocasiones, se prolongan durante más de diez años. Una reforma en esta misma línea ya figuraba en el proyecto de modificación de la ley del suelo impulsado por el Gobierno, que finalmente no obtuvo el respaldo parlamentario necesario.
El estudio también apuesta por incorporar la inteligencia artificial a la gestión urbanística para automatizar determinadas tareas y acelerar las comprobaciones administrativas. Como ejemplo, recoge una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que permite verificar automáticamente si los proyectos urbanísticos se ajustan a la normativa vigente. A juicio de la CNMC, este tipo de soluciones tecnológicas podría acortar los tiempos de resolución y reducir la presión de trabajo sobre los servicios técnicos municipales.
La reforma de la ley del suelo que regula actualmente buena parte del sistema urbanístico continúa paralizada por la falta de consenso entre las fuerzas políticas. Aunque en los últimos años se han producido hasta cuatro intentos de modificarla, ninguno ha conseguido prosperar. El más reciente tuvo lugar en septiembre, cuando el Ejecutivo incorporó la reforma a un real decreto ley que incluía otras medidas relacionadas con la vivienda. Finalmente, decidió retirarlo para intentar reunir los apoyos parlamentarios necesarios que permitieran sacar adelante el resto de las iniciativas.
Tanto el PSOE, que en 2025 impulsó una propuesta junto con el PNV, como el Partido Popular han defendido la necesidad de introducir cambios en esta normativa. Los populares promovieron su propia iniciativa a través del Senado en abril de este año y posteriormente la registraron en el Congreso. Sin embargo, ninguna de las propuestas ha logrado reunir los apoyos suficientes para su aprobación.
El Gobierno ya había intentado sacar adelante su reforma durante esta legislatura, cuando la llevó al Congreso en mayo de 2024. El Ejecutivo confiaba entonces en obtener el respaldo necesario, en parte porque el contenido coincidía en algunos aspectos con una iniciativa presentada por el PP en el Senado. No obstante, un cambio de posición del principal partido de la oposición hizo prever una derrota parlamentaria, por lo que el Gobierno optó finalmente por retirar el texto antes de someterlo a votación.
Los mercados bursátiles internacionales atraviesan una jornada de fuertes caídas ante el temor de que las contundentes victorias electorales de los demócratas en Estados Unidos puedan frenar el crecimiento de las inversiones en inteligencia artificial (IA) y poner en cuestión las perspectivas de uno de los principales motores de las bolsas durante el último año.
Las principales plazas europeas anticipan una apertura negativa este viernes. Los futuros del Euro Stoxx 600 y del FTSE 100 británico retrocedían alrededor de un 1%, después de que Wall Street registrara durante la sesión anterior pérdidas superiores a los tres billones de dólares en capitalización bursátil. La presión vendedora también se extendió por los mercados asiáticos. El Nikkei 225 japonés, con una elevada exposición al sector tecnológico, cedió un 6%, mientras que en Corea del Sur las autoridades llegaron a suspender la negociación durante 20 minutos después de que el Kospi se desplomara un 8,5%.
En paralelo, el precio del petróleo volvió a situarse por encima de los 100 dólares por barril. Los inversores también están pendientes de las posibles consecuencias políticas de los resultados electorales estadounidenses y de si el avance demócrata puede favorecer un escenario que permita poner fin al conflicto en Oriente Medio.
En Wall Street, el Nasdaq 100 terminó el jueves con un retroceso del 6,4%, lastrado especialmente por las compañías de semiconductores, que habían protagonizado buena parte de las subidas bursátiles durante el año. Por su parte, el S&P 500 perdió un 4,4%, en una sesión en la que las ventas dejaron de concentrarse exclusivamente en las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y se extendieron a otros sectores de la economía. Pese a la intensidad de las pérdidas, los indicadores de futuros apuntan a una posible estabilización de los mercados estadounidenses durante la jornada de hoy, con ligeros avances previstos tanto para el Nasdaq 100 como para el S&P 500.
La reacción inicial de los inversores a los resultados electorales del martes había sido positiva. La denominada «ola azul», que permitió a los demócratas hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso y lograr importantes victorias en distintos cargos estatales, generó inicialmente expectativas favorables en los mercados. Sin embargo, ese optimismo se ha debilitado ante las dudas sobre las consecuencias que el nuevo escenario político puede tener para el desarrollo de la inteligencia artificial.
La preocupación se centra especialmente en las posiciones contrarias a la construcción de nuevos centros de datos defendidas durante la campaña por numerosos candidatos demócratas que han resultado elegidos. Los inversores temen que una mayor oposición política y regulatoria pueda limitar la expansión de estas infraestructuras y reducir el volumen de inversiones previsto por las grandes compañías tecnológicas.
En este contexto, Charles-Henry Monchau, director de inversiones del banco privado suizo Syz Group, advierte de que el resultado electoral ha incrementado el temor entre los inversores a que el máximo ciclo de gasto de capital destinado a la inteligencia artificial ya se haya alcanzado. Esta incertidumbre amenaza con alterar las expectativas de crecimiento de las empresas que han liderado las subidas bursátiles al calor del auge de esta tecnología.
Pablo Hernández de Cos, actual director gerente del Banco de Pagos Internacionales (BIS), fue el encargado de clausurar la primera jornada de la Conferencia de Mercados Monetarios celebrada en Fráncfort, en un momento especialmente relevante para el futuro del Banco Central Europeo (BCE), ya que está a punto de abrirse oficialmente el proceso para elegir al sucesor de Christine Lagarde al frente de la institución.
El economista español participó como invitado destacado en uno de los principales encuentros técnicos que organiza anualmente la autoridad monetaria europea y que reúne a especialistas, analistas y expertos internacionales. Antes de su intervención, centrada en el tamaño de los balances de los bancos centrales, la directora general de Operaciones de Mercado del BCE, Imène Rahmouni-Rousseau, destacó su trayectoria y sus estrechos vínculos con la institución, a la que perteneció durante tres años como asesor de José Manuel González-Páramo.
Rahmouni-Rousseau recordó que Hernández de Cos mantiene numerosas relaciones profesionales y personales dentro del BCE y subrayó el papel relevante que desempeñó durante su etapa como gobernador del Banco de España en el Consejo de Gobierno de la autoridad monetaria. También definió su trayectoria como un ejemplo de experiencia en la elaboración de políticas económicas y monetarias en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
El encuentro se produce justo antes de que los países miembros del euro deban presentar sus candidatos para la renovación de la presidencia del BCE. Hernández de Cos figura, junto al neerlandés Klaas Knot, entre los principales aspirantes a suceder a Christine Lagarde. El Ministerio de Economía confirmó que España respaldará la candidatura del antiguo gobernador del Banco de España, que deberá presentarse dentro del plazo establecido, antes de las 17.00 horas de hoy.
Durante la presentación, la representante del BCE puso en valor la combinación de experiencia institucional y conocimiento técnico del candidato español, destacando su recorrido por diferentes organismos y responsabilidades dentro del sistema financiero internacional.
La conversación también dejó espacio para una referencia distendida a la pugna por la presidencia del organismo. Al ser preguntado por su artista favorito, Hernández de Cos mencionó al pintor neerlandés Johannes Vermeer, una elección que permitió introducir un guiño a la nacionalidad de su principal rival. El economista destacó con humor las buenas relaciones históricas entre españoles y neerlandeses y la admiración mutua entre ambos países, una cordialidad que, según señaló, también resulta oportuna en el actual proceso de renovación de la cúpula del BCE.
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha descartado que exista intención de cerrar la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, después de que el anterior titular de Transportes, Óscar Puente, planteara esa posibilidad. En una entrevista concedida a La Séptima, Cuerpo ha insistido en que no hay ningún plan para interrumpir el servicio y ha señalado que la prioridad del Ejecutivo es restablecer la confianza de los usuarios y garantizar la seguridad de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía.
El ministro ha explicado que las actuaciones para recuperar la infraestructura afectada por el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), que causó 69 víctimas mortales, comenzarán cuando la jueza autorice a Adif a iniciar los trabajos. El siniestro provocó la dimisión de Óscar Puente como ministro este martes, así como su renuncia a formar parte de las candidaturas socialistas para las elecciones del próximo 29 de noviembre.
Sobre la salida de su antecesor, Cuerpo ha considerado que fue una decisión acertada, aunque difícil, al entender que respondió a la voluntad de asumir responsabilidades por lo sucedido. A su juicio, los ciudadanos deben exigir a sus representantes políticos que respondan ante situaciones de esta gravedad. También ha explicado que el antiguo responsable de Adif comunicó el miércoles su decisión de poner el cargo a disposición del Ministerio, al considerar que no podía eludir su responsabilidad después de dos accidentes ferroviarios con víctimas mortales.
En relación con las movilizaciones del sector ferroviario, el ministro ha aclarado que la reunión mantenida el jueves con los sindicatos no tenía como finalidad desconvocar la huelga, sino garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los representantes de los trabajadores tras el accidente de Adamuz, ocurrido en enero y en el que fallecieron 46 personas.
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) mantiene, pese a este encuentro, los paros previstos para los días 10 y 12 de noviembre. La organización sindical calificó la reunión, en la que participó su secretario general, Diego Martín, como una primera toma de contacto en la que no se registraron avances sobre sus reivindicaciones. Los maquinistas esperan que en el próximo encuentro, previsto para este viernes, se produzcan avances en los siete compromisos que todavía están pendientes con Adif. Entre las medidas que consideran ya materializadas destacan el refuerzo de las plantillas y el aumento de las inversiones. Por el contrario, Semaf sí ha decidido cancelar las jornadas de huelga que tenía convocadas en Ouigo para este viernes y para los días 9 de noviembre y 4 y 8 de diciembre.
Cuerpo también ha confirmado que mantendrá el contacto con las asociaciones de víctimas de los accidentes ferroviarios. Este viernes tiene previsto reunirse con los afectados por el siniestro de Adamuz y ha asegurado que seguirá escuchando al resto de colectivos para atender sus demandas y contribuir a reducir el daño causado. Asimismo, ha confirmado su asistencia al funeral de las víctimas de Urda, aunque pueda recibir abucheos o críticas, al considerar que forma parte de sus responsabilidades como representante público.
En cuanto a la situación de la red ferroviaria, el ministro ha señalado que existe un problema de descapitalización derivado de años de inversiones insuficientes, que no han permitido compensar el deterioro progresivo de las infraestructuras. Cuerpo ha situado el origen de esta situación en el periodo comprendido entre 2012 y 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha defendido que las futuras inversiones deberán cubrir tanto el aumento de la utilización de la red como el desgaste acumulado.
Para abordar estas necesidades, ha garantizado que habrá financiación suficiente y ha anunciado que el volumen de inversión previsto aumentará un 50% respecto al realizado durante los últimos años. En el ámbito político, el vicepresidente primero ha defendido que su estrategia no pasa por recurrir a descalificaciones ni entrar en provocaciones, sino por explicar las diferencias entre los distintos modelos de gobierno. De cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, considera fundamental que el debate se centre en las propuestas dirigidas a los ciudadanos que todavía no han decidido su voto, especialmente en materias como las infraestructuras, la sanidad, la educación, el empleo y el mantenimiento del Estado del bienestar.
Cuerpo se ha mostrado optimista sobre las perspectivas electorales del PSOE, aunque ha reconocido que el accidente ha podido reducir el entusiasmo de parte del electorado progresista. No obstante, asegura percibir muestras de apoyo en sus contactos con los ciudadanos y ha reiterado que el Gobierno seguirá adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación. También ha defendido que el Ejecutivo mantiene una hoja de ruta definida, al margen de las posibles repercusiones del siniestro en los sondeos electorales.
Por último, preguntado por las declaraciones de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, sobre un supuesto acuerdo para financiar sus defensas y entregar un millón de euros a cambio de información destinada a perjudicar a Pedro Sánchez, Cuerpo ha reconocido que estas informaciones le generan preocupación. Sin embargo, ha evitado calificarlas de guerra sucia contra el Gobierno y ha dejado en manos de los tribunales la valoración de los hechos, al considerar que no puede emitir un juicio sin disponer de pruebas suficientes.
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