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Gabinete Asesor Fernandez S.L was founded in 1972 and it started focusing its activity on small and medium companies. We are a team of professionals that guarantee along the process a personal and direct treatment that allows us to reach our main goal which is to offer a complete service that is individualized, swift and of high quality.

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  • Intervention in financial and labor settlements (Dismissal Programs, Creditor’s Meetings).
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(Expansión, 13-01-2025)

La CNMC publica hoy el informe sobre el cumplimiento de los bancos del "impuestazo"

El tiempo es un elemento crucial, tanto de forma positiva como negativa, especialmente cuando se trata de evaluar el impacto de las decisiones tomadas o de verificar el cumplimiento de las normativas. Sin embargo, con frecuencia, estas constataciones llegan en un momento en el que su relevancia práctica ha disminuido considerablemente. Hoy, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presenta el informe solicitado por el Gobierno en julio de 2023 para determinar si los bancos han cumplido con la prohibición de trasladar a los clientes el coste del gravamen extraordinario impuesto a las principales entidades. Este gravamen, inicialmente aprobado para los años 2022 y 2023 y ampliado posteriormente a 2024, se ha transformado recientemente para aplicarse durante otros tres años (2024, 2025 y 2026), modificando tanto sus condiciones como las entidades afectadas. La solicitud formal a la CNMC para analizar si los bancos cumplían con la normativa llegó en julio de 2023. Desde entonces, la Comisión ha tardado aproximadamente un año y medio en completar su evaluación y emitir el informe correspondiente. Es llamativo que la publicación de este análisis coincida justo con el final de la prohibición para que los bancos repercutan estos costes a sus clientes. A partir de ahora, el nuevo impuesto podrá ser tratado como un coste adicional, al igual que otros impuestos y tasas que enfrentan las entidades financieras. Esto evidencia una discrepancia entre la decisión gubernamental de proteger a los clientes y la capacidad real de supervisión para garantizar su cumplimiento. Un obstáculo importante fue el acceso a los datos bancarios. Aunque la normativa establecía que el Banco de España debía colaborar con la CNMC, la información necesaria está bajo la jurisdicción del Banco Central Europeo (BCE) debido a la creación del Eurosistema. Esta situación dificultó la obtención de los datos, ya que el BCE mantiene estricta confidencialidad sobre la información de las entidades que supervisa. Finalmente, se llegó a un acuerdo que permitía consultar los datos sin copiarlos ni sacarlos del ámbito del BCE, lo que implicó un proceso más lento y restringido. El informe de la CNMC no ofrece conclusiones definitivas. No se puede afirmar categóricamente que los bancos hayan incumplido la normativa, pero tampoco se descarta. La falta de tensiones en los balances durante los años 2023 y 2024, junto con la elevada liquidez del sistema financiero español, ha contribuido a esta ambigüedad. Según los últimos datos disponibles, en septiembre de 2023, la ratio de cobertura de liquidez del sistema bancario español era del 181%, muy por encima del mínimo regulatorio del 100%. Por el lado del crédito (activo), los datos muestran que las entidades no han trasladado el coste del gravamen a los deudores. Durante estos años, el endeudamiento de empresas y familias se ha mantenido estable, lo que ha llevado a los bancos a limitar el aumento del coste de los créditos para mantener su competitividad. En septiembre de 2023, la deuda total de empresas y familias alcanzaba los 1,7 billones de euros, un 109% del PIB, cinco puntos menos que el año anterior. Aunque los controles establecidos por el Gobierno son positivos, su eficacia queda en entredicho cuando los resultados se conocen una vez que las normativas han perdido vigencia. Esto evidencia la necesidad de diseñar mecanismos de supervisión más ágiles y oportunos.

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(Expansión, 13-01-2025)

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP reducirán al 4% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales a los jóvenes que adquieran una vivienda

El Partido Popular (PP) ha planteado diez medidas relacionadas con la vivienda que serán implementadas por las comunidades autónomas bajo su gestión, como respuesta a lo que consideran una falta de acción del Gobierno frente a la actual emergencia habitacional. Sin embargo, el Ejecutivo ha advertido que este plan del PP podría llevar al país a una situación similar a la burbuja inmobiliaria de 2008, que tuvo graves consecuencias económicas para España. Entre las medidas anunciadas, las comunidades autónomas gobernadas por el PP reducirán al 4% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para facilitar a los jóvenes la compra de su vivienda habitual. Este compromiso fue incluido en la "Declaración de Asturias", un acuerdo alcanzado durante un encuentro privado entre los líderes autonómicos del PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, celebrado el pasado fin de semana. Feijóo presentó esta iniciativa públicamente en un acto en Oviedo como parte de un decálogo de propuestas en materia de vivienda. Dicho decálogo incluye, además, una apuesta por una nueva Ley del Suelo, la derogación de la actual Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, la reducción de impuestos, el aumento de suelo disponible para construcción, y mayores incentivos al alquiler. "Con un gran esfuerzo y compromiso por parte de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, reduciremos el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para ayudar a los jóvenes a adquirir una vivienda con más respaldo por parte de la administración pública", afirmó Feijóo. No obstante, reconoció que esta medida tendrá implicaciones en los ingresos de las arcas autonómicas. En su intervención, Feijóo explicó que esta rebaja está dirigida a "jóvenes menores de 40 años", aunque el documento oficial de la declaración se limita a mencionar a "jóvenes" sin especificar un rango de edad. Cada comunidad autónoma establecerá los límites de renta y precio de la vivienda para aplicar esta medida. El plan también incluye una reducción del impuesto sobre la transmisión de viviendas protegidas, aunque no se detalla el porcentaje. Entre las iniciativas se encuentran: la simplificación de trámites burocráticos, la promoción de suelo público para construir viviendas protegidas, garantizar alquileres asequibles a un precio un 30% inferior al del mercado, y la extensión hasta los 40 años de las líneas públicas de avales hipotecarios. Además, el PP propone fomentar el alquiler mediante seguros de impago y multirriesgo, así como ayudas para reformar viviendas que se encuentren desocupadas y se destinen al alquiler. Feijóo destacó el trabajo de su partido en el diseño de estas propuestas, en contraste con lo que calificó como la falta de acción del Gobierno, al que acusó de estar centrado en intereses partidistas y no en las necesidades de los ciudadanos. El colectivo prioritario al que van dirigidas estas medidas incluye familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, y municipios afectados por la despoblación, así como cascos históricos y zonas rurales. "España atraviesa una situación crítica en materia de vivienda. Las familias, especialmente los jóvenes, enfrentan precios inaccesibles, salarios bajos y el mayor paro juvenil de Europa. Los propietarios sufren la ocupación de sus viviendas y los promotores enfrentan numerosas trabas administrativas para construir nuevas viviendas. Si no se construyen más, los precios seguirán subiendo", concluyó Feijóo.

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