(Expansión, 17-10-2025)
Hacienda salva la tramitación contrarreloj del embargo de "criptos"
El Congreso ha rechazado el veto presentado por Vox y ha dado luz verde a la tramitación de la directiva europea DAC8, que el Gobierno debe incorporar al ordenamiento español antes de que finalice el año para evitar una sanción. Esta normativa permitirá, entre otras cosas, el embargo de criptomonedas por deudas con Hacienda. Con esta decisión, el Ministerio de Hacienda avanza en su objetivo de regular los embargos de criptoactivos y, al mismo tiempo, se aleja de la posibilidad de que España reciba una nueva multa de la Unión Europea. El Ejecutivo logró el respaldo de la mayoría del Congreso para bloquear la propuesta de Vox y continuar con la transposición de la directiva DAC8, que contempla la posibilidad de incautar criptomonedas a los contribuyentes morosos. Evitar que la iniciativa fuera devuelta al Gobierno era fundamental, ya que el plazo para adaptarse a la normativa europea expira el 31 de diciembre. El texto legislativo reforma la Ley General Tributaria y otras leyes fiscales -como las que regulan el IRPF o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones- para incorporar la octava modificación de la Directiva de Cooperación Administrativa (DAC8) de la UE. Aunque Bruselas ha dado hasta 2026 para aplicar la directiva, el Ejecutivo español ha acelerado su tramitación. El anteproyecto fue aprobado en primera instancia en septiembre de 2024, pero no se remitió al Congreso hasta junio de 2025. Ayer, la Cámara Baja decidió continuar con su tramitación tras rechazar la enmienda a la totalidad de Vox, que fue derrotada con 176 votos del bloque gubernamental, 136 abstenciones del PP y 32 votos favorables del partido de Abascal. Vox presentó su enmienda como una medida "preventiva", alegando que no querían ser "cómplices de un Gobierno corrupto" que podría aprovechar la ley para introducir "enmiendas espurias" destinadas a mantenerse en el poder ante la falta de Presupuestos. El PP expresó también sus recelos, temiendo que el Ejecutivo utilice el proyecto como vía para incluir nuevas medidas fiscales de cara a 2026. Por su parte, Sumar, socio minoritario del Gobierno, ya ha anunciado su intención de utilizar la norma para proponer un aumento de la tributación sobre los criptoactivos. Aun así, el PP reconoció que el texto es "relativamente inocuo" en términos de carga fiscal, aunque sí supone un paso importante para reforzar la capacidad de control de la Agencia Tributaria sobre los activos digitales. Entre las novedades, la ley sustituye el término "moneda virtual" por "criptoactivo", una definición más amplia que además los declara expresamente embargables. También incluye otros bienes y derechos depositados en entidades de pago o de dinero electrónico, con el fin de evitar que los deudores utilicen estos instrumentos para eludir embargos. Asimismo, se establecen nuevas obligaciones de información para los proveedores de servicios de criptoactivos, intermediarios, custodios y titulares, tanto residentes como no residentes en España. El propósito general es unificar el tratamiento fiscal y el intercambio de información sobre criptoactivos entre los Estados miembros, en línea con el nuevo marco de transparencia impulsado por la OCDE. Según la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta ley permitirá "cumplir los compromisos internacionales en materia de transparencia fiscal" y dotará a la Agencia Tributaria de "mejores herramientas para obtener información relevante sobre criptoactivos", reforzando así la lucha contra el fraude mediante la modernización del sistema tributario y el control de activos hasta ahora difíciles de rastrear. El texto también incorpora la doctrina del Tribunal Supremo de 2023 sobre la prescripción tributaria, que distingue entre la declaración de una responsabilidad fiscal y la exigencia efectiva de su pago.
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