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(Expansión, 16-03-2026)

La excesiva fiscalidad de las plusvalías paraliza operaciones

Un informe legal encargado por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) advierte de que la normativa vigente sobre ganancias y pérdidas patrimoniales presenta deficiencias importantes que afectan negativamente a la inversión empresarial. Desde el ámbito empresarial se defiende que una fiscalidad moderada y equilibrada favorece la inversión, impulsa la creación de riqueza y empleo y dinamiza la actividad económica, lo que a su vez amplía la base de contribuyentes y aumenta la recaudación pública. Por el contrario, una presión fiscal excesiva tiene el efecto opuesto: reduce la inversión, perjudica la competitividad y limita el crecimiento potencial de la economía. En España, la presión fiscal ha aumentado durante los gobiernos de Pedro Sánchez a un ritmo tres veces superior al de la media de la OCDE: 2,3 puntos del PIB entre 2018 y 2024, frente al 0,7% registrado en los países industrializados. Esto ha incrementado la carga tributaria para ciudadanos y empresas. No solo por la introducción de nuevos gravámenes -como los impuestos a bancos y energéticas, el impuesto a las grandes fortunas o el aumento de las cotizaciones sociales-, sino también por el endurecimiento progresivo del tratamiento fiscal de otras figuras, entre ellas las ganancias patrimoniales. Según la AMEF, la elevada tributación sobre estas ganancias está bloqueando numerosas operaciones empresariales, por lo que consideran urgente reformar el régimen aplicable en el IRPF. Antonio Barderas, director de la asociación, sostiene que cuando los impuestos son razonables la economía se mueve y la recaudación aumenta, pero si la carga fiscal resulta desproporcionada -como, a su juicio, ocurre actualmente con las plusvalías- la actividad económica se contrae y la Administración termina recaudando menos. El estudio jurídico elaborado por César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, concluye que la regulación actual presenta problemas estructurales que influyen negativamente en las decisiones de inversión. Entre otras cuestiones, señala que dificulta el relevo generacional en las empresas familiares al penalizar la transmisión de negocios entre padres e hijos. Uno de los problemas detectados es la superposición de impuestos. Las ganancias patrimoniales gravadas en el IRPF pueden coincidir con otros tributos, como el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) -la conocida plusvalía municipal- o con impuestos que gravan incrementos patrimoniales a título gratuito, como Sucesiones y Donaciones. Esto genera situaciones de doble imposición, que aunque se atenúan parcialmente mediante deducciones o exenciones, siguen existiendo. Otro aspecto criticado es que el sistema español grava no solo las ganancias reales, sino también las nominales. Al no tener en cuenta la inflación al calcular la plusvalía, puede ocurrir que el valor de un bien haya aumentado nominalmente pero no en términos reales. El informe recuerda que el Tribunal Constitucional ha señalado en distintas sentencias sobre la plusvalía municipal que solo pueden gravarse incrementos de valor reales y no ficticios, llegando a declarar inconstitucional en 2017 el impuesto en los casos en que no existiera un aumento efectivo del valor. A ello se suma la tributación de ganancias no materializadas, como sucede en determinadas transmisiones gratuitas entre vivos. Desde la AMEF sostienen que el incremento de valor de un bien debería tributar únicamente cuando se produce una venta y el propietario obtiene efectivamente un beneficio económico. Es decir, si no hay una cantidad percibida, no debería exigirse tributación por plusvalía. Por ello, una de las principales propuestas del informe consiste en eliminar la tributación de las ganancias patrimoniales en las donaciones. Actualmente, el donante debe pagar impuestos aunque no obtenga ningún ingreso, y además no puede compensar posibles pérdidas. La asociación considera que esta situación constituye una asimetría injusta. Otra de las medidas planteadas es establecer un tipo único del 18% para las ganancias patrimoniales dentro de las rentas del ahorro, en lugar de los cinco tramos actuales que van del 19% al 30%, con el objetivo de reducir la excesiva progresividad aplicada a las ganancias de capital de largo plazo. Asimismo, el informe propone introducir coeficientes de actualización que ajusten el valor de los bienes a la inflación para garantizar que solo se grave la ganancia real. También plantea limitar la tributación a las plusvalías generadas dentro de un periodo determinado entre la adquisición y la venta del bien, como ocurre en otros países europeos. Por ejemplo, en Alemania existe un tratamiento específico para la transmisión de inmuebles y en Italia el impuesto solo se aplica si la venta se produce dentro de los cinco años posteriores a la compra. El documento también analiza el llamado impuesto de salida o exit tax, que se aplica a contribuyentes que han residido en España al menos diez de los últimos quince años y que trasladan su residencia fiscal a otro país teniendo participaciones empresariales relevantes (superiores a 4 millones de euros o que representen más del 25% de una empresa valorada en más de un millón). En estos casos, el contribuyente debe tributar por las plusvalías latentes, aunque no haya vendido sus participaciones. El informe considera que esta medida, diseñada para evitar la elusión fiscal, no tiene en cuenta las circunstancias concretas del traslado ni el sistema fiscal del país de destino, por lo que la califica de desproporcionada al presuponer fraude simplemente por cambiar de residencia. Además, el análisis sostiene que, en algunos aspectos, este impuesto podría vulnerar libertades fundamentales de la Unión Europea, como la libre circulación de personas y capitales o la libertad de establecimiento. Por todo ello, la AMEF reclama la eliminación del exit tax dentro de una reforma más amplia del régimen de tributación de las ganancias patrimoniales.

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(El País, 16-03-2026)

Cuerpo avanza que habrá medidas fiscales para el campo y el transporte sin concretar cuándo se aprobarán

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció este jueves que el Gobierno está preparando un conjunto de medidas para reducir el impacto que la crisis bélica en Oriente Próximo está teniendo en la economía de los ciudadanos. Por ahora, ha adelantado que el Ejecutivo prevé aprobar "en los próximos días y con la mayor rapidez posible" diversas iniciativas de carácter fiscal. En una primera fase, estas se centrarán en los sectores agrario y del transporte por carretera, los más afectados por el aumento del precio de los carburantes provocado por la escalada del conflicto en Irán. Además, insistió en que las ayudas serán muy específicas, ya que el Gobierno considera que, por el momento, la crisis no está afectando de forma generalizada ni a la economía ni al empleo. Entre otras posibles medidas sociales, el Ejecutivo también analiza fórmulas que funcionaron tras la invasión rusa de Ucrania, como impedir el corte de suministros básicos a familias vulnerables o aplicar rebajas fiscales en la factura de la electricidad. Cuerpo realizó estas declaraciones después de reunirse, junto con otros ministros del área económica, con los principales representantes sindicales y empresariales. En ese encuentro compartió con ellos el esquema inicial de las medidas que se están estudiando. No obstante, más allá de mencionar instrumentos fiscales, el ministro no detalló aún las acciones concretas. Sí descartó, en cambio, la posibilidad de repetir la bonificación generalizada a los combustibles que se aplicó tras la guerra de Ucrania -el descuento de 20 céntimos por litro que estuvo vigente durante gran parte de 2022-. Según explicó, se trata de una medida que "no resulta especialmente recomendable", recordando además que fue muy criticada en su momento, algo que el Gobierno tiene ahora en cuenta. De hecho, poco antes los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, también cuestionaron aquellas ayudas al combustible aprobadas tras la guerra en Ucrania. A su juicio, beneficiaron más a los márgenes empresariales que a los consumidores. En este contexto, el ministro anunció que el Gobierno está reforzando la supervisión sobre las compañías petroleras y las estaciones de servicio mediante herramientas de inteligencia artificial y el intercambio diario de datos. El objetivo es evitar comportamientos irregulares en la forma en que el aumento del precio del petróleo se traslada al coste final en las gasolineras. Asimismo, se vigilará que si el precio del crudo baja o se estabiliza, esa reducción llegue también al consumidor. Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el precio del barril de Brent ha pasado de situarse cerca de los 60 dólares a aproximarse a los 120. Sin embargo, el impacto final para el consumidor depende también de las cotizaciones internacionales de los combustibles refinados. Por ahora, el resultado ha sido una subida aproximada del 10% en la gasolina y de alrededor del 20% en el diésel. El ministro tampoco precisó si las medidas se aprobarán mediante un único real decreto o varios, ni la fecha exacta de su aprobación, aunque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había indicado horas antes que las ayudas podrían aprobarse el próximo martes en el Consejo de Ministros. En cuanto a otras iniciativas, Cuerpo sugirió que el Ejecutivo valora recuperar la prohibición de cortar suministros básicos -electricidad, agua y gas- a los consumidores vulnerables incluso cuando existan impagos. Esta medida se aplicó en 2021 y se prorrogó en el marco del denominado escudo social vinculado a la pandemia y a la guerra de Ucrania, aunque parte de ese paquete fue recientemente rechazado en el Congreso. Por otra parte, el titular de Economía descartó aplicar rebajas fiscales generalizadas como la propuesta esta semana por Juan Roig, quien planteó reducir al 0% el IVA de los alimentos. Cuerpo reiteró que las decisiones serán proporcionales al impacto real de la crisis en la economía y en cada sector, y subrayó que las medidas se diseñarán con flexibilidad para adaptarse a la evolución del conflicto. Además, señaló que, a diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, el Gobierno no ha detectado por ahora aumentos de precios en la distribución alimentaria. En ese sentido, las medidas dirigidas al transporte buscan evitar que el incremento de costes se traslade a la cadena logística y, finalmente, a los supermercados. Aun así, el ministro anticipó que es probable que la inflación registre un repunte en marzo y abril. La duración del conflicto será determinante para saber si ese aumento del índice de precios al consumo se prolonga más allá de esos meses. Si ocurriera, explicó, el Banco Central Europeo podría verse obligado a valorar una subida de los tipos de interés, lo que implicaría, por ejemplo, un encarecimiento de las hipotecas. No obstante, insistió en que actualmente no se contempla ese escenario. Del mismo modo, rechazó implícitamente la propuesta de los ministros de Sumar de congelar los precios y condiciones de los alquileres, al considerar que cualquier medida debe ser proporcional a la magnitud de la crisis. Según subrayó, el impacto económico actual está muy lejos del provocado por la guerra de Ucrania. También señaló que Comisión Europea no considera por ahora necesario activar la denominada cláusula de escape que permitiría a los Estados incumplir temporalmente las reglas fiscales. En cambio, Cuerpo valoró positivamente otras decisiones adoptadas durante la crisis inflacionista de 2022 y 2023, como las reducciones temporales del IVA de la electricidad, que pasó del 21% al 10% y posteriormente al 5%. Aun así, quiso mostrarse prudente y recalcó que los efectos de la guerra con Irán todavía no han afectado de forma generalizada a la economía española, en parte gracias a los avances del país en transición energética y en inversiones en infraestructuras y energías renovables. Asimismo, coincidió con los líderes de Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores en que el conflicto en Oriente Próximo tampoco ha tenido, por el momento, impacto en el mercado laboral. Según explicó, los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran que el empleo sigue evolucionando con normalidad. Gobierno y sindicatos también comparten que, si en algún momento el empleo o la actividad económica se vieran afectados, siguen disponibles herramientas como los ERTE y el mecanismo RED para que las empresas puedan utilizarlos como alternativa a los despidos. Sin embargo, los representantes sindicales indicaron que en la reunión el Gobierno no confirmó que el primer paquete de medidas incluya la prohibición de despidos objetivos relacionados con esta nueva crisis, algo que había insinuado previamente Yolanda Díaz.

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