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Gabinete Asesor Fernandez, S.L. inicia sus actividades el año 1972, orientando su actividad a la asesoría de la pequeña y mediana empresa. Nuestro equipo de profesionales garantiza en todo momento un trato humano y directo que nos permite cumplir con nuestro principal objetivo que es ofrecer un servicio personalizado, ágil, completo y de calidad.

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(Expansión, 17-05-2024)

El turismo alerta de que la reducción de jornada costará 2.400 millones

La reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales, acordada en la formación del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar el año pasado, ha generado gran preocupación entre las empresas del sector turístico, un sector que, de cumplirse las excelentes previsiones para este año, representará más del 13% del PIB nacional. Ayer, Exceltur, una asociación que agrupa a más de 30 empresas y emplea al 10% de los trabajadores del sector, lanzó una voz de alarma con la presentación de un informe crítico que detalla el impacto económico de esta medida. Según el informe, el impacto asciende a casi 2.400 millones de euros. Exceltur estima que la reducción de 2,5 horas semanales por empleado tendría un coste anual de 2.348 millones de euros para las empresas del sector turístico. Además, el informe indica que el beneficio se reduciría en un 8,1% debido al incremento de los costos salariales, que aumentarían un 4,9%. Exceltur aclara que este es un cálculo conservador, ya que asume que las empresas podrían encontrar trabajadores capacitados para cubrir las horas reducidas (lo cual no ocurre en el contexto actual) y que tienen el tamaño suficiente para gestionar sus turnos con flexibilidad. Sin embargo, el 93,9% de las empresas turísticas en 2023 son micropymes, lo que dificulta dicha adaptación. Si estas condiciones no se cumplen, las empresas se verían obligadas a reducir sus horarios, disminuir la prestación de servicios y, por ende, reducir sus ventas, generando un costo mayor al calculado. Para llegar a estas cifras, Exceltur razona que en España hay 2,6 millones de empleados en el sector, de los cuales hay que restar 400.000 autónomos (que probablemente no podrán reducir su jornada), un millón de asalariados con una jornada inferior a las 37,5 horas y 200.000 personas en posiciones donde se podrían compensar las horas reducidas. Así, quedan un millón de empleados cuya reducción de horas no podría ser compensada con mayor eficiencia. La reducción de horas de trabajo para este millón de trabajadores sumaría 222 millones en un año, resultando en un coste anual de casi 2.400 millones de euros, tanto para contratar nuevos empleados como para ajustar los usos y hábitos empresariales a este nuevo modelo de jornada laboral semanal. Exceltur argumenta que, debido a la naturaleza del negocio, menos de uno de cada cuatro empleos en el sector pueden realizarse en menos tiempo con mayor eficiencia, como las labores de gerencia y servicios centrales. En cambio, la mayoría de los trabajos en el sector no permite esta flexibilidad: "La mayoría de los servicios turísticos son presenciales y requieren trabajadores para atender a los clientes en los momentos en que los disfrutan, que son parte de sus hábitos de vida. Estos horarios no son elegidos por las empresas y, por tanto, son difíciles de modificar". Este argumento de presencialidad es evidente en los trabajos que más empleo generan en el sector: cocineros y camareros (casi 850.000), conductores de transporte terrestre (unos 174.000), ayudantes de cocina (155.000) y empleados de limpieza (otros 150.000). En respuesta a esta iniciativa del Gobierno, Exceltur propone avanzar en medidas que favorezcan la flexibilidad en la organización de las jornadas de trabajo para un mejor uso del tiempo efectivo. Además, sugiere reducir los costes no salariales, especialmente las cotizaciones sociales, e introducir incentivos fiscales para la reinversión de beneficios no distribuidos en la mejora del producto en España. En enero se puso en marcha la mesa de diálogo social para debatir la reducción de la jornada laboral, liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La semana pasada, Díaz expresó su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo "antes del verano". El objetivo es que a partir del 1 de enero del próximo año se alcance el máximo de 37,5 horas semanales.

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(El País, 17-05-2024)

Díaz destaca que extenderá los derechos de la ‘ley rider’ a las plataformas de empleadas domésticas

El enfoque de la Ley Rider se extiende ahora a las empleadas del hogar y a los trabajadores de ayuda a domicilio. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció este jueves que el Ejecutivo irá "más allá" de la Ley Rider, regulando las plataformas digitales utilizadas para la contratación de empleadas del hogar y de trabajadores de ayuda a domicilio, dos actividades "profundamente feminizadas". "No hay atajos con los derechos laborales, ya sea repartiendo comida o cuidando a personas mayores. No permitiremos que los beneficios de las nuevas tecnologías sean una excusa para regresar a un modelo de derechos laborales del siglo XIX", advirtió Díaz durante su participación en la jornada Fondos Europeos IV, organizada por elDiario.es. Esta medida se enmarca en la transposición de la directiva europea sobre el trabajo en plataformas digitales, aprobada en marzo pasado. "Ahora contamos con esa directiva y continuamos con nuestro trabajo, dando un paso más en esta materia. Regularemos la transparencia algorítmica, transpondremos la directiva y lo haremos más allá del sector de reparto. Regularizaremos las plataformas que contratan a las empleadas del hogar y aquellas que canalizan la ayuda a domicilio", adelantó la ministra. "En el debate de la Ley Rider ya mencionábamos que esta medida afectaba a muchas tareas, destacando estas dos actividades profundamente feminizadas", insistió. La vicepresidenta subrayó la importancia de la directiva europea de Trabajo en las Plataformas digitales, una norma que fue difícil de aprobar y "la más complicada de conseguir". "Con esta directiva no solo nos jugábamos unas normas, sino el futuro del trabajo en Europa y, por ende, el futuro de Europa", afirmó. "Rara vez me rindo en una negociación, y en esta sobre las plataformas digitales en Europa estuve a punto de hacerlo. El diálogo fue muy intenso, principalmente porque enfrentábamos el modelo Macron, que defendía que un trabajador con una 'app' y una bicicleta era un empleador. Era literalmente imposible avanzar en Europa. Gracias al diálogo y a las alianzas, logramos una directiva que impide el recorte de derechos en Europa como se pretendía", explicó Díaz. Con esta norma, al igual que con la Ley Rider, se protegió el principio de laboralidad y se colocaron los algoritmos "al servicio de la justicia social", poniendo fin a las situaciones de abuso en forma de falsos autónomos. Según la directiva, los Estados miembros establecerán una presunción legal de empleo en sus sistemas legales, activada cuando se identifiquen hechos que indiquen control y dirección, de acuerdo con la legislación nacional y los convenios colectivos, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la UE. Además, los trabajadores de plataformas digitales, sus representantes o las autoridades nacionales podrán invocar esta presunción legal y alegar que están mal clasificados, mientras que corresponderá a la plataforma digital demostrar que no existe relación laboral. El acuerdo alcanzado con el Parlamento garantiza que los trabajadores estén debidamente informados sobre el uso de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones en cuanto a su contratación, condiciones de trabajo e ingresos, entre otros aspectos. También prohíbe el uso de sistemas automatizados de seguimiento o toma de decisiones para tratar determinados tipos de datos personales, como datos biométricos o su estado emocional o psicológico. Asimismo, se asegura la supervisión y evaluación humana de las decisiones automatizadas, incluyendo el derecho a que estas decisiones sean explicadas y revisadas.

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