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(Cinco Días, 01-12-2025)

Luis de Guindos alerta que el aumento del gasto en defensa pone a prueba la estabilidad fiscal europea

La política fiscal europea atraviesa retos de gran calado y urgencia, donde el aumento del gasto militar se ha convertido en la principal "prioridad" para las instituciones de la UE. Así lo afirmó el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, durante el XXIV Congreso de Directivos CEDE celebrado este jueves en Zaragoza. Este nuevo foco en la seguridad supone una presión notable sobre las cuentas públicas y revela la vulnerabilidad política interna del continente. Según el exministro de Economía del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), la defensa es ahora el desafío más crítico. En su intervención señaló que en el seno de las instituciones europeas "la obsesión actual es la defensa". Este giro responde a la necesidad de abandonar el enfoque tradicional y adaptarse tanto a la amenaza que representa Rusia como a una administración estadounidense "más imprevisible". Por ello, Europa debe replantear su estrategia y "aumentar de forma considerable" su inversión en defensa. El plan propuesto es ambicioso: elevar el gasto del 2% al 3,5% del PIB. Ese incremento de 1,5 puntos porcentuales tendrá un efecto presupuestario evidente y, además, exige que el dinero se gestione "de forma adecuada". Este mayor esfuerzo en defensa entra en conflicto directo con el segundo gran reto fiscal: mantener la estabilidad. Guindos subrayó que el panorama político europeo es "complicado", lo que dificulta la toma de decisiones. "Hay gobiernos que incluso encuentran obstáculos para aprobar sus presupuestos anuales", recordó, en referencia al rechazo por parte del Congreso de los Diputados a la senda de déficit, un paso clave para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado. "Si ya es difícil aprobar un presupuesto anual, sacar adelante planes plurianuales -que Bruselas reclama a los gobiernos de la zona euro y de la UE- resulta todavía más complejo", advirtió. Pese a este escenario incierto, Guindos destacó que los mercados de deuda soberana europeos están "notablemente calmados". Los diferenciales se han estrechado, especialmente en los países más afectados por la crisis de deuda (Portugal, Grecia, Italia y España). Francia, en cambio, ha seguido una tendencia contraria, aunque sus spreads se mantienen en niveles "razonables" sin señales de volatilidad excesiva ni contagio al sector bancario o corporativo. En este clima de fragilidad, el exministro insistió en que el respeto a la separación de poderes, la protección de las minorías y la libertad de prensa son pilares imprescindibles para sostener la estabilidad política y económica, mencionando indirectamente la controversia en torno al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Guindos también abordó la cuestión de la vivienda en relación con el fuerte crecimiento poblacional que ha experimentado España, impulsado en gran parte por la inmigración. A su juicio, la llegada de población extranjera es necesaria e inevitable, dadas las tendencias demográficas tanto nacionales como europeas. Sin embargo, este modelo de crecimiento tropieza con un obstáculo clave: la falta de vivienda, un problema que también sufren otros países de la UE. El vicepresidente del BCE explicó que esta dificultad se concentra especialmente en el mercado del alquiler. Mientras que la construcción requiere largos plazos, la demanda de alquiler ha aumentado de forma abrupta. A ello se añade una regulación que, según señaló, limita la oferta disponible, lo que está disparando los precios. El encarecimiento del alquiler se ha convertido en uno de los grandes lastres de la economía española, ya que dificulta la movilidad laboral. Guindos mencionó que atraer talento a regiones como Aragón es complicado si no existe un mercado de alquiler dinámico. Por ello, subrayó que resolver el problema de la vivienda debería ser una de las máximas prioridades. Asimismo, advirtió de que el aumento poblacional debe acompañarse de mayores recursos para servicios esenciales como la educación y la sanidad, evitando respuestas cortoplacistas. Concluyó afirmando que, si España supera este bloqueo y refuerza sus servicios públicos, podrá mantener su ritmo de crecimiento.

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(Expansión, 01-12-2025)

España se queda sola en la UE al negar la exención del IVA

El rechazo del Gobierno a implantar una exención del IVA para los autónomos con menor volumen de ingresos, tal como ya ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea, coloca a los profesionales españoles en una situación desfavorable frente a sus competidores europeos. La decisión del Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, de no activar un sistema de IVA franquiciado que permita a los autónomos con baja facturación dejar de repercutir el impuesto a sus clientes convierte a España en el único Estado miembro que aún no aplica este tipo de beneficio fiscal. Este tema es especialmente relevante para el colectivo, que lleva años exigiendo que el Gobierno cumpla con la Directiva europea del IVA, cuya adaptación debía estar lista en enero de 2025, y cuyo incumplimiento podría acarrear sanciones. Por ahora, la intención del Ejecutivo parece centrarse únicamente en permitir la exención del IVA a los autónomos que vendan bienes o servicios a otros países de la UE, ajustándose a los límites de facturación fijados en cada Estado. Esta medida dejaría a España aún más aislada y a sus autónomos en una evidente "desventaja competitiva" respecto a los del resto de Europa. Así lo denuncian las asociaciones del sector, que consideran que Hacienda solo plantea "una aplicación parcial de la Directiva" y reclaman que el sistema también se aplique a las operaciones dentro del país, como ya sucede en los demás miembros de la Unión. Fuentes cercanas a la negociación con Hacienda admiten a este medio que el diálogo está actualmente detenido por parte del equipo de María Jesús Montero, a pesar del efecto que la medida podría tener en las cuentas de millones de autónomos y de que el Ministerio inicialmente se mostró dispuesto a encontrar una salida. Además del ahorro que supondría dejar de ingresar el IVA de sus ventas -aunque renunciarían a deducir el impuesto de sus gastos si se adhieren voluntariamente al sistema-, "el IVA franquiciado reduciría considerablemente la carga administrativa que soportan los autónomos, ya que dejarían de presentar trimestralmente la liquidación del impuesto", explica a este diario Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). También recuerda que estas declaraciones son con frecuencia objeto de requerimientos y comprobaciones por parte de la Agencia Tributaria. Ferrero cree que el principal motivo por el que Hacienda frena la implantación del IVA franquiciado "es económico", ya que un gran número de autónomos -alrededor de un millón, según sus cálculos- podrían acogerse a él. En cualquier caso, aclara que la adhesión sería voluntaria, pues para algunos autónomos no resultaría ventajosa la imposibilidad de deducir gastos. La negativa del Gobierno a aplicar íntegramente la normativa europea, alegando que España ya dispone de regímenes especiales que impiden adaptar por completo la Directiva, ha llevado el debate del IVA franquiciado al terreno político en las últimas semanas. En este contexto, una de las principales propuestas del Partido Popular en materia económica consiste precisamente en instaurar la exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Durante su presentación, Alberto Núñez Feijóo aseguró que esta medida supondría "un alivio fiscal, porque un autónomo no es un cajero automático del Estado". Ese umbral de facturación, defendido también por la principal asociación de autónomos del país, permitiría equiparar a España con países como Francia -que reduce el límite a 35.000 euros para quienes prestan servicios-, Irlanda o Italia. No obstante, las asociaciones recuerdan que los límites son flexibles y podrían establecerse por debajo de esa cifra, como ocurre en otros países de la Unión Europea, donde los topes varían desde los 78.848 euros en la República Checa hasta los 6.713 euros en Dinamarca.

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