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(Cinco Días, 15-04-2024)

La patronal bancaria AEB avisa de la “desventaja competitiva” para el sector de hacer el impuesto permanente

La Asociación Española de Banca (AEB) ha vuelto a expresar su descontento con el impuesto extraordinario impuesto por el Gobierno al sector, especialmente debido a la intención de mantenerlo a largo plazo. Alejandra Kindelán, presidenta de la patronal, ha afirmado que "seríamos el único país europeo con un impuesto permanente, lo cual sería una desventaja competitiva", haciendo hincapié en los múltiples riesgos geopolíticos que actualmente amenazan la estabilidad económica. Kindelán, quien también ha elogiado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoce que ha trasladado al Gobierno lo que no les gusta, como el tema del impuesto a la banca. "Estamos enfrentando riesgos geopolíticos, un entorno macroeconómico con un crecimiento moderado, expectativas de reducción de tipos de interés y una significativa necesidad de financiación en Europa. En nuestra opinión, no tiene sentido establecer un impuesto de este tipo de forma permanente", agregó la presidenta de la AEB, que representa a entidades como Santander, BBVA y Sabadell, entre otras. Además, respecto a la comparación con el impuesto a la banca en Italia, Kindelán fue clara: "Se trata de un impuesto que solo durará un año, por lo que no es comparable". Asimismo, vinculó este tema con la rentabilidad exigida al sector. "Lo fundamental es mantener una rentabilidad sostenible a lo largo del tiempo. Sin embargo, a los inversores les preocupa la falta de claridad en los requisitos regulatorios", criticó. Por este motivo, sostiene, algunas entidades siguen cotizando por debajo de su valor en libros a pesar de tener rendimientos cercanos a sus máximos históricos. Durante la presentación de los resultados anuales, la patronal resaltó que los bancos españoles se ubicaron entre los más rentables y eficientes de la UE en el ejercicio 2023, con un retorno sobre el patrimonio (ROE) del 12,6%, resultado de un modelo comercial basado en la captación de depósitos y la concesión de créditos. En relación con la política, Kindelán también mencionó los cambios propuestos por el Gobierno en el mercado de viviendas, un desafío nacional que debe abordarse. Aunque precisó que el problema radica en la oferta y no en la demanda ni en el acceso al crédito. También valoró otras medidas, como los avales para las hipotecas de los jóvenes, que podrían facilitar su acceso a un mercado inmobiliario caracterizado por precios elevados en comparación con su capacidad de ahorro y salario. Sin embargo, Kindelán señaló que "no existe ningún problema ni restricción en el acceso a la financiación". Respecto al relevo en el Banco de España, Kindelán elogió el trabajo del actual gobernador, Pablo Hernández de Cos, y comentó que los posibles candidatos para sucederlo son altamente cualificados. Destacó nombres como Fernando Restoy, presidente del Instituto de Estabilidad Financiera del Banco Internacional de Pagos, Ángel Ubide, asesor, Montserrat Martínez, vicepresidenta de la CNMV, Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio, Soledad Núñez, consejera del Banco de España, o José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). En relación con las negociaciones con los sindicatos, la AEB espera alcanzar un acuerdo, aunque las posturas siguen distantes. "Es importante para el sector. Estamos negociando y confío en que llegaremos a un acuerdo. Hemos celebrado nueve reuniones desde el 31 de octubre con los sindicatos y tenemos otra programada para los próximos días", afirmó Kindelán. La presión sobre la patronal bancaria es considerable, especialmente tras los acuerdos alcanzados entre los sindicatos y otras patronales del sector financiero. En la última reunión, previa a la huelga que se llevó a cabo en el sector por primera vez desde los años noventa, las diferencias seguían siendo significativas. La AEB mejoró su propuesta en un punto porcentual, con un aumento del 10% en las tablas salariales en cuatro años, mientras que los representantes de los trabajadores buscaban un incremento del 12%-13% en tres años.

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(Expansión, 15-04-2024)

El Estado no quiere que el trabajador sepa todo lo que se queda de su sueldo

La enérgica respuesta del Gobierno a través de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, por proponer que los trabajadores y no las empresas sean quienes paguen al Estado todos los conceptos que gravan sus nóminas, muestra la preocupación por el posible malestar social debido a las altas cargas que soportan los salarios en España. Las constantes subidas de las bases de cotización y del salario mínimo, junto con la falta de ajuste del IRPF ante la histórica subida de la inflación, han elevado al máximo la presión fiscal sobre el empleo. La coalición PSOE y Unidas Podemos sostiene que aquellos con mayores recursos deben hacer mayores contribuciones a las arcas públicas. Por esta razón, se han implementado tasas extraordinarias sobre los ingresos de la banca y las compañías eléctricas. Sin embargo, la mayor parte de la recaudación del Estado proviene de las contribuciones sociales y los impuestos que afectan a los trabajadores en general, no solo a los de mayores ingresos. A pesar de esto, como son las empresas las que están obligadas a realizar estos pagos a los organismos recaudadores del Estado, su impacto no es tan visible como el de los impuestos que deben pagar directamente los contribuyentes. De hecho, a diferencia de otros países de la zona euro, el 80% de las contribuciones recae sobre los empleadores y el resto sobre los asalariados. Para los trabajadores con mayores ingresos, la carga máxima representa hasta el 59,5% de su salario bruto, si se suman todos los conceptos, siendo la cuarta más alta entre los países de la OCDE. Pero incluso para el trabajador promedio en España, esta carga es significativamente mayor que la que enfrentan los trabajadores de otros países europeos con mayor poder adquisitivo: alcanza el 39,5%, cinco puntos por encima del promedio en las economías más avanzadas. Este diferencial se ha ampliado debido al aumento de las cotizaciones decretado por el actual Gobierno desde 2018. Y esto es precisamente lo que Yolanda Díaz quiere evitar que sea más evidente para los ciudadanos españoles. Es paradójico que el Gobierno mantenga una campaña publicitaria desde hace meses con el lema "No es magia, son tus impuestos" para destacar la importancia social de las contribuciones al erario público. Si bien las nóminas de los trabajadores ya incluyen la mayoría de las aportaciones obligatorias para financiar los diversos sistemas de la Seguridad Social (como contingencias comunes, desempleo, formación profesional, etc.), no reflejan todo el costo de cada trabajador para la empresa. La propuesta de la patronal de que los asalariados reciban íntegramente sus remuneraciones en bruto y luego hagan frente a los diferentes pagos a los organismos públicos haría más transparente la verdadera carga fiscal y de cotizaciones que impone el Estado. ¿Por qué un gobierno que promueve la transparencia no quiere aplicar este principio a los salarios de los españoles? La complejidad técnica no es una justificación válida. Los analistas consultados consideran que en la actualidad, con los recursos tecnológicos disponibles tanto en la Seguridad Social como en Hacienda, sería factible implementar la propuesta de Garamendi. Este cambio no solo haría más transparente la carga fiscal para cada trabajador, sino que también satisfaría la antigua demanda de las empresas de dejar de actuar como recaudadoras obligatorias del Gobierno. Esta tarea se ha vuelto cada vez más engorrosa y complicada debido a la multiplicación de los regímenes diferenciados para los trabajadores. Los representantes empresariales denuncian que las crecientes cargas sociales y el aumento del costo burocrático están reduciendo considerablemente su margen para aumentar los salarios de sus empleados, especialmente en un contexto donde la mayoría de los costos se han disparado debido a la inflación.

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