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(El País, 30-03-2026)

Bruselas advierte a las capitales que tienen “menos margen fiscal” para responder que en crisis anteriores

La Comisión Europea observa cómo varios países de la UE están poniendo en marcha medidas para mitigar el encarecimiento de los combustibles provocado por el conflicto en Oriente Próximo, pero advierte de que su margen de actuación es ahora más reducido debido a crisis anteriores y al incremento del gasto en defensa. Así lo ha señalado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la reunión telemática mantenida este viernes con los ministros de Finanzas de la eurozona. El comisario también ha reconocido que el contexto económico se está deteriorando y ha alertado del riesgo de entrar en un escenario de "estanflación", caracterizado por bajo crecimiento y alta inflación. En ese caso, las estimaciones de Bruselas apuntan a una reducción del crecimiento de unas cuatro décimas respecto a las previsiones del pasado otoño, que situaban el aumento del PIB de la UE en el 1,4%. Esta caída podría ampliarse hasta seis décimas entre este año y el próximo si las tensiones en el estrecho de Ormuz se agravan y se prolongan. Dombrovskis ha subrayado que cualquier medida para proteger a la economía y a los ciudadanos debe cumplir ciertos criterios: ser selectiva, temporal, no incentivar el consumo de petróleo y gas, y estar alineada con los objetivos de descarbonización. Además, ha advertido de que estas políticas pueden tener un impacto significativo en las cuentas públicas. La preocupación de Bruselas se basa en los elevados niveles de deuda acumulados tras la crisis financiera, la pandemia y el episodio inflacionista reciente. Actualmente, la deuda pública se sitúa en torno al 82% del PIB en la UE y alcanza el 88,5% en la eurozona, con grandes diferencias entre países: Grecia supera el 150%, Italia ronda el 140%, Francia se sitúa en torno al 115% y España supera el 100%. A ello se suma que la prioridad fiscal actual pasa por el aumento del gasto en defensa -con 15 países con las reglas fiscales suspendidas por este motivo- y por las inversiones en transición digital y energética. La reunión del Eurogrupo, inicialmente prevista en Chipre, se celebró finalmente de forma telemática tras el inicio del conflicto y el lanzamiento de misiles por parte de Irán contra una base británica en la isla. Este contexto ha centrado el encuentro, que ha servido para coordinar posiciones entre los Estados miembros y la Comisión, que está preparando una guía de actuación común. Sin embargo, algunos países como España, Portugal o Grecia consideran que estas orientaciones llegan tarde, ya que ya han adoptado medidas propias; en el caso español, con un coste estimado de 5.000 millones de euros. Durante la reunión, el comisario incidió en el deterioro de las perspectivas económicas, aunque matizó que las cifras presentadas son más bien un ejercicio orientativo para medir el posible impacto del conflicto. Este escenario contrasta con el caso de España, donde el Banco de España ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento gracias al efecto de las medidas adoptadas, aunque también advierte de riesgos si la guerra se prolonga. Las previsiones de la Comisión parten de un precio del petróleo en torno a los 100 dólares en las últimas semanas. No obstante, Dombrovskis recalcó que el impacto final dependerá de la duración e intensidad del conflicto. En este contexto, la UE podría registrar un crecimiento menor y una inflación superior a la prevista inicialmente, que era del 2,1%, pudiendo incrementarse en aproximadamente un punto porcentual. La situación podría empeorar si persisten los problemas en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo y gas. En ese caso, el impacto negativo sobre la economía sería mayor, con una posible reducción adicional del crecimiento de hasta seis décimas en 2026 y 2027 respecto a las previsiones anteriores. Las nuevas previsiones oficiales de la Comisión se presentarán el 21 de mayo, aunque no se descarta que, si el conflicto continúa o se intensifica, los datos sean aún más negativos. Dombrovskis concluyó advirtiendo de que existen otros factores que podrían amplificar los efectos adversos de la crisis.

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(El Economista, 30-03-2026)

La nueva factura electrónica para pymes y autónomos arrancará el 1 de julio de 2027

El Ministerio de Economía calcula que la obligación de emitir facturas electrónicas para pymes y autónomos entrará en vigor el 1 de julio de 2027 para quienes facturen más de 8 millones de euros, y un año después, el 1 de julio de 2028, para aquellos con ingresos inferiores a esa cifra. Esta exigencia afectará a las operaciones entre empresas y profesionales dentro de España. Por ejemplo, un autónomo con un bar podrá seguir entregando tiques en papel a sus clientes particulares, pero deberá emitir facturas electrónicas cuando facture a proveedores que sean empresas. El Consejo de Ministros ya ha aprobado el real decreto que regula este sistema, aunque su aplicación efectiva dependerá de una orden ministerial de Hacienda que pondrá en marcha la solución tecnológica. Esta norma entrará en vigor un año después de su aprobación: primero para las empresas con mayor facturación y, posteriormente, para el resto. Si el objetivo es comenzar en julio de 2027, dicha orden debería aprobarse en torno a julio de este año. Según explica Èlia Urgell, responsable de producto en Wolters Kluwer Tax & Accounting España, los negocios afectados necesitarán un programa informático para emitir facturas electrónicas. Aunque se admitirán varios formatos, el más extendido será el UBL (Lenguaje Empresarial Universal), ya que será el que acepte la plataforma de la Agencia Tributaria. La solución pública que desarrollará Hacienda tendrá tres funciones principales: permitirá a pequeños negocios (con menos de 100 facturas anuales) generar facturas directamente; actuará como canal de intercambio de información entre sistemas; y servirá como archivo centralizado de todas las facturas. Muchas empresas optarán por utilizar esta plataforma pública porque cumple con todos los requisitos legales, aunque también podrán recurrir a soluciones privadas que ofrezcan servicios adicionales, como la gestión de albaranes. En este caso, deberán enviar una copia de la factura a la Agencia Tributaria con firma electrónica, mientras que en la plataforma pública bastará con identificarse mediante certificado digital. A diferencia de otras iniciativas como Verifactu, esta normativa obligará incluso a quienes actualmente utilizan herramientas básicas como Word o Excel a adoptar un software específico, ya que las facturas deberán emitirse en formato UBL. Una vez enviada la factura, el destinatario podrá consultarla desde la plataforma pública o a través de su propio sistema si está conectado. Después, deberá aceptarla o rechazarla. Si la acepta, tendrá que comunicar el pago en un plazo de cuatro días tras abonarla. Este proceso permitirá a la Administración controlar la morosidad y los plazos de pago. En el caso de plataformas privadas, también se podrán notificar pagos parciales. La implantación de la factura electrónica coincidirá en el tiempo con Verifactu, que obliga a empresas y autónomos a contar con un software que registre las facturas emitidas y, en algunos casos, las envíe automáticamente a Hacienda. Esta obligación comenzará el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio del mismo año para autónomos. Por ello, se considera clave que los programas informáticos integren ambas funcionalidades, ya que de lo contrario la gestión se complicaría, especialmente en casos de facturas rechazadas que deban ser corregidas o anuladas.

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