(Expansión, 27-11-2025)
La OCDE solicita rebajar la presión fiscal sobre el trabajo y a elevar IVA e impuestos verdes
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) instó ayer a España a emprender nuevas reformas con el fin de contener el creciente gasto en pensiones y avanzar hacia un "reequilibrio" fiscal que elimine distorsiones y permita afrontar las presiones presupuestarias que se avecinan. Estas recomendaciones se suman a otras que el organismo trasladó al Gobierno, como impulsar el crecimiento de las pymes, agilizar la liberación de suelo para mitigar la falta de vivienda, reforzar las políticas anticorrupción, moderar el ritmo de incremento del salario mínimo y acelerar los avances en descarbonización. Las conclusiones del más reciente análisis económico de la OCDE sobre España fueron expuestas ayer en la sede del Ministerio de Economía por su secretario general, Mathias Cormann, acompañado del ministro Carlos Cuerpo. En este estudio, el organismo se suma a otras instituciones que han revisado al alza sus previsiones de crecimiento para la economía española, situándolas en el 2,9% para 2025 y el 2,2% para 2026, cifras idénticas a las estimadas por el propio Gobierno, tal como recalcó Cuerpo. El informe también reconoce el sólido comportamiento del PIB español, que encabeza el crecimiento entre las economías desarrolladas en 2024 y 2025, y anticipa que continuará mostrando fortaleza pese al previsible enfriamiento económico. No obstante, el documento también advierte sobre algunos de los desafíos más relevantes para el futuro económico del país. Entre ellos destaca el impacto del envejecimiento poblacional, que incrementará significativamente el gasto en pensiones, sanidad y dependencia hasta representar un 25% del PIB en 2050, así como los costes vinculados a la adaptación al cambio climático y a los compromisos internacionales en materia de defensa. "Las finanzas públicas españolas han mejorado, con una reducción de la deuda desde 2021, aunque todavía se mantiene en niveles elevados. En los próximos años, las presiones fiscales aumentarán por el envejecimiento y el mayor coste de las pensiones, además de los gastos climáticos y en defensa", señala el estudio. Añade además que "para afrontar estos retos sin perjudicar el crecimiento económico, es imprescindible mantener una política fiscal creíble a medio plazo y, al mismo tiempo, generar margen para inversiones que lo impulsen, acompañadas de medidas que favorezcan el crecimiento potencial". El informe recuerda que tanto el déficit como la deuda se han reducido desde los máximos de la pandemia hasta situarse en 2024 en el 3,2% y el 101,8% del PIB, respectivamente. Sin embargo, advierte de que "la deuda pública podría volver a aumentar si no se acometen reformas". Para revertir esta tendencia, considera necesario atajar el incremento del gasto en pensiones, eliminar gastos ineficientes y mejorar la capacidad recaudatoria. La OCDE también recomienda a España modificar la estructura de su sistema fiscal para dar más peso a los impuestos que generan menos distorsiones económicas. Recuerda que en 2023 los ingresos tributarios alcanzaron el 37,3% del PIB, por encima del promedio del 33,9% del organismo, debido principalmente al elevado peso de los impuestos sobre el trabajo -que pueden desalentar la creación de empleo- y a una menor recaudación por consumo en comparación con otros países. Por ello, anima a abordar una reforma fiscal integral que redistribuya la carga impositiva y aumente los ingresos necesarios para financiar el gasto futuro. Entre las posibles medidas, el estudio menciona la armonización al alza del IVA y la reducción de exenciones, igualar la tributación del diésel con la de la gasolina -compromiso asumido con la UE pero todavía bloqueado en el Parlamento-, y reforzar los impuestos energéticos y sobre los vehículos, al tiempo que se aligera la carga fiscal a los hogares con bajos ingresos. Asimismo, la OCDE subraya la necesidad de mejorar la productividad, para lo cual considera fundamental facilitar el crecimiento empresarial, reducir trabas regulatorias y ampliar el acceso a la financiación. También reclama un mayor esfuerzo inversor en descarbonización para acelerar la transición energética. El informe dedica un apartado al notable aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), que desde 2018 hasta 2025 habrá crecido un 60,9%, situándose en 1.184 euros mensuales. Aunque reconoce que este avance ha permitido proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, advierte de que su evolución supera a la inflación y, si continúa a este ritmo, podría generar efectos adversos sobre el empleo. Pese a ello, el ministro Carlos Cuerpo defendió que, "dada la buena evolución económica", cabe esperar que el SMI mantenga un crecimiento sólido en los próximos años. Cabe recordar que los sindicatos CCOO y UGT reclaman un aumento del 7,5% para 2026, hasta 1.273 euros, asumiendo que entonces el SMI pasará a tributar por IRPF (tributación que en 2025 se evitó mediante una deducción).
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