(Expansión, 13-01-2026)
Las CCAA en bloque, salvo Cataluña, cargan contra el plan de financiación
El Ministerio de Hacienda afronta mañana un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que dará a conocer su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica sin someterla a votación y con el rechazo unánime de todas las comunidades, excepto Cataluña. Uno de los principales obstáculos a la hora de diseñar un modelo de financiación autonómica es conciliar intereses territoriales profundamente divergentes, condicionados por factores como la dispersión poblacional, la orografía, el envejecimiento demográfico o la insularidad. El nuevo esquema presentado por el Gobierno central el pasado viernes ha logrado algo poco habitual: un amplio consenso entre las comunidades autónomas, pero en contra de la propuesta. Solo el Ejecutivo catalán ha respaldado de forma explícita el planteamiento del Ministerio de Hacienda. El resto de gobiernos regionales, con independencia de su signo político, han criticado tanto el contenido como el procedimiento de un modelo que califican de poco transparente, injusto y diseñado a medida de la Generalitat para satisfacer a los partidos independentistas catalanes. Las posiciones expresadas en los últimos días anticipan un debate especialmente áspero en el CPFF y reducen aún más las ya limitadas posibilidades de que la reforma salga adelante. Once años después de que caducara el sistema anterior, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa una solución que respeta la multilateralidad y que no genera perdedores, ya que -según aseguró- todas las comunidades salen beneficiadas. Sin embargo, su llamamiento a respaldar la propuesta no convenció a los gobiernos autonómicos, que recordaron que el diseño fue pactado previamente con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una reunión en La Moncloa. Sánchez insistió en pedir a las fuerzas políticas, especialmente a aquellas con responsabilidades autonómicas, que aparquen la confrontación partidista y piensen en los ciudadanos y en la mejora de la financiación de los servicios públicos, que absorben entre el 60% y el 70% de los presupuestos regionales. En una comparecencia conjunta con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, subrayó además que el contexto económico actual permite aumentar los recursos destinados a las comunidades, dado el crecimiento de la economía española. El eje central de la propuesta, que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el viernes y detallará mañana ante las comunidades, consiste en incrementar de forma generalizada los fondos autonómicos. El Estado elevaría en 21.000 millones de euros la financiación total, hasta alcanzar los 224.507 millones, principalmente mediante un aumento de la recaudación cedida: del 50% al 55% en el IRPF y del 50% al 56,5% en el IVA. Posteriormente, los recursos se distribuirían en función de variables como el gasto sanitario, educativo y social, la despoblación o la insularidad, incorporando mecanismos de ajuste entre comunidades y aportaciones adicionales del Estado, así como fondos específicos vinculados a la actividad de las pymes, las competencias transferidas o los riesgos climáticos. Pese a ello, el resultado no satisface ni siquiera a la comunidad que más recursos adicionales recibiría en términos absolutos: Andalucía, que obtendría 4.846 millones más. La consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España (PP), denunció que cuando el PSOE pacta con los independentistas, Andalucía y el conjunto de España salen perjudicados, y calificó de engañoso afirmar que la región sea la gran beneficiada. Aunque lo sea por su tamaño poblacional, sostuvo que el nuevo modelo no corrige el problema de la infrafinanciación y que, lejos de reducirse, se amplían los desequilibrios, aumentando la distancia entre Andalucía y Cataluña. Cataluña sería la segunda comunidad más beneficiada, con 4.686 millones adicionales. Su presidente, el socialista Salvador Illa, ha sido el único dirigente autonómico que ha defendido abiertamente la propuesta, calificándola de justa. El rechazo también se ha hecho patente en la Comunidad Valenciana, tercera en el ranking de fondos adicionales, con 3.669 millones más. Su presidente, Juanfran Pérez Llorca (PP), lamentó que una comunidad históricamente mal financiada siga sin ver resuelto su problema y criticó que la reforma se haya negociado con un partido independentista que no gobierna ninguna autonomía, en lugar de hacerlo con todos los presidentes regionales. Madrid encabeza el frente más duro contra el modelo. La consejera madrileña de Economía, Rocío Albert (PP), anunció que la Comunidad utilizará todas las vías legales disponibles para frenar su aplicación. En la misma línea, otros ejecutivos autonómicos del PP, como Aragón, Murcia, Baleares o Castilla y León, han advertido de que recurrirán al Tribunal Constitucional si se aprueba una reforma que favorezca de forma especial a Cataluña. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, adelantó que el próximo domingo presentará en Aragón, que celebrará elecciones el 8 de febrero, una propuesta alternativa de financiación autonómica que también abordará el problema del acceso a la vivienda. La iniciativa de Montero ha generado incluso críticas dentro del propio PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, llegó a afirmar que sería preferible convocar elecciones anticipadas antes de permitir que avance lo que calificó como un atropello de esta magnitud. También la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado expresó su oposición frontal a la cesión de competencias tributarias prevista en la reforma. Desde el ámbito empresarial, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendió que cualquier cambio en el sistema de financiación autonómica debería surgir de un gran acuerdo nacional, fruto de un debate amplio entre ciudadanos y territorios, y no de un pacto entre un partido y el Gobierno. Desde Zaragoza, según recogió Europa Press, cuestionó además la capacidad del Estado para asumir un aumento de 21.000 millones en un contexto de crecientes necesidades de gasto, como el de Defensa. Ante las críticas generalizadas, la portavoz del PSOE, Emma López, recordó que resulta imposible satisfacer a todas las partes, incluso cuando el modelo tampoco convence plenamente a sectores del independentismo catalán, donde Junts lo ha descalificado como un simple "café para todos".
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