(El Economista, 10-11-2026)
Los sindicatos ultiman una huelga en la Agencia Tributaria para el nuevo Gobierno
Los sindicatos han comenzado a definir su estrategia ante la posibilidad de que el PP se imponga en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A la convocatoria de una huelga general para mañana, a dos días del comienzo de la campaña electoral y con el respaldo de miembros del actual Gobierno, se añade ahora la decisión de las centrales de aplazar las movilizaciones en un organismo público fundamental, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la intención de retomarlas ante el próximo Ejecutivo. UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) han decidido cancelar la huelga de 24 horas que estaba prevista para el pasado 28 de octubre. Además, las tres organizaciones han acordado suspender temporalmente, según un comunicado conjunto, todas las protestas y jornadas de paro anunciadas para las semanas siguientes, sin establecer por el momento un nuevo calendario. No obstante, han precisado que esta decisión no implica dar por terminado el conflicto ni abandonar las reivindicaciones que lo originaron. En la práctica, los sindicatos han optado por mantener las movilizaciones en suspenso hasta disponer de interlocutores en el Gobierno con plena capacidad para negociar y adoptar decisiones. Esta justificación ha generado malestar entre algunos profesionales de la AEAT, que cuestionan la posible politización de un conflicto que, inicialmente, respondía a demandas estrictamente laborales, según fuentes conocedoras de la situación. Entre las críticas planteadas se encuentra la contradicción que supone aplazar las protestas hasta la llegada de un nuevo ministro de Hacienda, cuando las reclamaciones tienen su origen en las condiciones laborales establecidas durante la etapa de María Jesús Montero y que, según denuncian, tampoco han sido modificadas por su sucesor, Arcadi España. Los trabajadores cuestionan por qué se traslada la responsabilidad al próximo Ejecutivo en lugar de mantener las movilizaciones frente al actual Gobierno. Las centrales sindicales fundamentan sus demandas en la recuperación de derechos, el desarrollo de la carrera profesional y la mejora de las condiciones retributivas. Sin embargo, entre los inspectores de Hacienda existe la percepción de que estas reivindicaciones han pasado a un segundo plano y de que las organizaciones sindicales están adoptando un papel más próximo al de actores políticos ante la posibilidad de que las elecciones desemboquen en un Gobierno de coalición entre el PP y Vox. El malestar también se alimenta de la diferente respuesta sindical ante la huelga general convocada para mañana. UGT y CCOO mantienen este paro, que será el primero de estas características en más de una década, y que se presenta como una protesta frente a la crisis de la vivienda y en respaldo a las movilizaciones surgidas tras el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid. Algunos trabajadores de la Agencia Tributaria consideran que la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre también debería haber dejado al actual Gobierno sin interlocutores con capacidad para negociar medidas en materia de vivienda. Sin embargo, los sindicatos han mantenido la huelga general, una decisión que, a su juicio, resulta difícil de conciliar con los argumentos utilizados para aplazar las protestas en la AEAT. Desde que se anunció la convocatoria del paro general, las organizaciones sindicales han recibido críticas por el supuesto carácter político de la protesta y por su orientación favorable al Ejecutivo y contraria a la oposición. Estas interpretaciones se han visto reforzadas por las muestras de apoyo expresadas por miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. También se ha cuestionado el peso secundario que las reivindicaciones laborales tuvieron inicialmente en la convocatoria de la huelga. Las referencias a la necesidad de mejorar los salarios para hacer frente al coste de los alquileres y las hipotecas se incorporaron posteriormente, una modificación que, según las críticas, buscaba reforzar la justificación legal de la protesta. El conflicto laboral dentro de la Agencia Tributaria, en cualquier caso, viene de antes de la actual coyuntura política y del adelanto electoral anunciado para finales de noviembre. La tensión se remonta a las reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo y las retribuciones del personal del organismo. Durante la pasada primavera, los trabajadores de la AEAT llegaron incluso a plantear la posibilidad de paralizar la campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. El origen de sus protestas se encuentra en el incumplimiento que denuncian del acuerdo firmado en 2024 para mejorar sus condiciones salariales, cuando María Jesús Montero dirigía el Ministerio de Hacienda y ocupaba también la Vicepresidencia Primera del Gobierno. Entre los asuntos pendientes figuran las dificultades para progresar profesionalmente dentro de la estructura de la Agencia Tributaria y la asignación de responsabilidades adicionales a determinados empleados sin una compensación económica proporcional. A estas reclamaciones se suman las demandas específicas del personal de Aduanas, que desarrolla su actividad en entornos con elevados riesgos para su seguridad. A estas cuestiones laborales se añaden otros motivos de discrepancia entre los trabajadores de la AEAT y el Ministerio de Hacienda, algunos de ellos relacionados con las decisiones adoptadas al comienzo de la actual legislatura. Uno de los principales focos de controversia ha sido el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana para impulsar un modelo de financiación singular para Cataluña, que contempla el desarrollo de un sistema de concierto fiscal propio. La posibilidad de reforzar la Agencia Tributaria catalana mediante la transferencia de competencias recaudatorias ha generado una fuerte oposición entre los inspectores de Hacienda, que consideran que este planteamiento podría debilitar la estructura y las funciones de la Agencia Tributaria estatal. El rechazo de este colectivo a la eventual fragmentación del sistema tributario y a la transferencia de competencias a la Administración catalana ha sido una constante durante los últimos cuatro años.
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