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(Expansión, 17-07-2024)

El Supremo impide aprovechar el registro para interrogar y exige a los jueces justificar el acceso a los datos informáticos

El Tribunal Supremo (TS) ha puesto importantes limitaciones a los registros de la Inspección de Hacienda en domicilios y empresas. Esta semana, el Tribunal ha publicado dos sentencias que refuerzan la jurisprudencia que los magistrados han venido consolidando en los últimos años para proteger los derechos de los contribuyentes en estas situaciones. Por un lado, el Supremo prohíbe que los inspectores y funcionarios realicen interrogatorios a los responsables de las empresas o a los propios contribuyentes durante el registro. Además, en otro fallo, establece que el acceso a los ordenadores y equipos informáticos en el domicilio o sede de la empresa debe estar justificado "de manera específica" en la orden de entrada. Con estas dos sentencias, el Tribunal profundiza en la defensa de las garantías durante los registros. El Supremo prohíbe los interrogatorios realizados por los funcionarios de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central a los empleados de una empresa durante un registro. "Lo que determina la ilegalidad de una actuación como esta no es que haya habido comunicación verbal con las personas en el domicilio de la entidad inspeccionada", explica el fallo. "Es evidente que los funcionarios que realizan un registro domiciliario pueden hablar con quienes se encuentren allí, entre otras razones porque pueden necesitar su ayuda para realizar correctamente las operaciones necesarias (abrir ordenadores, localizar archivos, etc.). Y es también claro que cualquier información que, en el curso de un registro domiciliario, los empleados de una empresa transmitan voluntariamente -sin intimidación ni engaño- puede ser legítimamente utilizada", añade. Sin embargo, los magistrados aclaran que "es muy distinto someter a un interrogatorio formal a cada uno de los directivos y empleados de la entidad inspeccionada durante un registro domiciliario, como ocurrió en este caso". Subrayan además que "el interrogatorio de investigados o testigos es una actuación diferente del registro domiciliario y, por ello, no es jurídicamente aceptable considerarlo y practicarlo como una mera incidencia del registro". La sentencia concluye que "el modo de operar de la Administración tributaria en este caso constituye una actuación sorpresiva, cuyo único objetivo imaginable es realizar el interrogatorio en una atmósfera intimidatoria para facilitar la obtención de la información buscada; algo que debilita las posibilidades de defensa de quien está siendo inspeccionado". Por otra parte, otro fallo del Tribunal exige a los jueces que autoricen los registros la máxima diligencia al permitir el acceso a los ordenadores, equipos informáticos y servidores. "El acceso a la información contenida en equipos o repositorios informáticos de datos en un domicilio protegido constitucionalmente, o accesibles desde este, requiere que la orden que autoriza la entrada justifique específicamente el acceso a esa información, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales del artículo 18 de la Constitución", establece la nueva doctrina del Supremo. A estos efectos, los magistrados consideran que debe ponderarse la necesidad y proporcionalidad del acceso a dichos datos, su naturaleza, la afección a la actividad empresarial o profesional de los equipos o servidores que los contengan, así como los derechos de su titular, según sea una persona física o jurídica. Así, se distingue entre personas y empresas. "No es lo mismo autorizar el acceso y volcado de información contenida en equipos informáticos de un individuo que de una persona jurídica. Tampoco es lo mismo acceder a dichos equipos cuando están afectos a una actividad empresarial o profesional que cuando no lo están". El Tribunal Supremo concluye que "el derecho a la intimidad del artículo 18.1 de la Constitución no es aplicable a las personas jurídicas del mismo modo que se aplica a las personas físicas, y en una autorización de entrada en domicilio protegido constitucionalmente, solicitada por la Administración tributaria, el examen de la documentación, sea cual sea su soporte, solo debe tener como objetivo informaciones o datos de trascendencia tributaria, ajenos a la esfera de la intimidad o privacidad". Entre los puntos de fricción entre la Administración y los tribunales destacan, por un lado, las entradas y registros en los domicilios protegidos constitucionalmente y el acceso a los dispositivos móviles, y por otro, la comunicación del inicio del procedimiento de inspección. "A menudo nos encontramos con que la Inspección entra en una empresa y obtiene más información de la autorizada. Los inspectores no pueden entrar en un domicilio con fines prospectivos y los jueces están frenando esto. Además, ahora hay mucha controversia respecto a los dispositivos electrónicos y cómo se custodian y analizan dichas pruebas", explica Eduardo de Urbano, of counsel de Kepler-Karst y magistrado en excedencia. "El Supremo está introduciendo una doctrina muy interesante diferenciando entre deuda y fraude", añade.

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(Expansión, 17-07-2024)

El impacto de la reforma fiscal internacional en las empresas supone más costes que recaudación

Las empresas solicitan que sus esfuerzos en el ámbito del cumplimiento normativo se traduzcan en una mayor seguridad jurídica, aunque siguen esperando la transposición de la normativa a la legislación española antes de que termine 2024. La reforma fiscal internacional de la OCDE, implementada a través de los sistemas conocidos como Pilar I y Pilar II, representa un gran desafío de adaptación para las empresas españolas, que aún esperan que el legislador incorpore los detalles de la reforma al ordenamiento jurídico. El Pilar I se centra en redistribuir los beneficios empresariales hacia las jurisdicciones de mercado, mientras que el Pilar II consiste en un conjunto de reglas destinadas a asegurar que las multinacionales tributen globalmente a un tipo mínimo del 15%. Esta es la respuesta de la OCDE a la deslocalización y la nueva economía digital, que ha sido analizada por tres destacados fiscalistas españoles en el OBSERVATORIO FISCAL EXPANSIÓN, patrocinado por Santander. Su primera sesión, titulada "OCDE: El nuevo paradigma en la fiscalidad de las multinacionales", ya ha tenido lugar. "En el caso de Iberdrola, que es una empresa industrial, la deslocalización fiscal es imposible", señala Begoña García-Rozado, directora global de Fiscalidad de Iberdrola. "Es posible que la aplicación de esta norma genere muchos casos de doble imposición, y la mejor forma de eliminar la doble imposición es prevenirla, más que añadir soluciones a posteriori", añade. Los posibles efectos de estas novedades, especialmente del Pilar II, en términos de seguridad jurídica preocupan a los grupos multinacionales. Esta necesidad de adaptación ocupará a las empresas "a medio plazo, entre los próximos cinco y siete años", puntualiza David Vilches, counsel de Uría Menéndez. A partir de entonces, "se convertirá en una obligación que asumiremos, aunque posiblemente el beneficio económico que genere no compensará el coste de cumplimiento que implica para las empresas". Javier González Carcedo, socio de PwC Tax & Legal, destaca que "se habla mucho del Pilar II como un cambio de paradigma, cuando en realidad es solo un instrumento para aumentar la tributación mundial". Sin embargo, aclara que "el Pilar I sí representa un cambio de paradigma, porque durante muchos años se ha sostenido que se debía tributar donde se genera valor, mientras que ahora se dice que se debe tributar donde la empresa tenga mercado". En cuanto al Pilar II, Begoña García-Rozado subraya que "en Iberdrola no esperamos repercusiones sustanciales en términos de un mayor pago de impuestos". Aun así, advierte que "hay cuestiones que nos preocupan, especialmente dos: las obligaciones fiscales y los incentivos fiscales legítimos". En el primer aspecto, coincide en que "estos nuevos paradigmas fiscales generan muchas obligaciones formales, que suelen tener un coste considerablemente superior a lo que, previsiblemente, se va a conseguir desde el punto de vista recaudatorio". Así, García-Rozado aclara que el Pilar II requiere un sistema de cálculo diferente, y toma como base un sistema contable que no existe desde el punto de vista jurídico, lo que "está obligando a las grandes empresas a generar los datos con una metodología diferente a la actual". Para la responsable de Iberdrola, la cuestión de los incentivos también es crucial, como en el caso del I+D+i o los incentivos a las energías renovables diseñados para fomentar la economía sostenible, la electrificación y la transición energética. "Dependiendo de cómo estén estructurados esos incentivos, pueden verse afectados por el tipo mínimo. Los países deben reestructurar sus sistemas de incentivos cuanto antes", considera García-Rozado. Para que las distintas jurisdicciones tengan las mismas reglas del juego, David Vilches plantea que "la cuestión clave son los créditos fiscales". Por ejemplo, menciona que países como Irlanda están modificando su marco normativo para hacer que su política de ingresos fiscales sea compatible con el Pilar II. El counsel de Uría Menéndez considera que "tal y como están planteados los créditos fiscales hoy, difícilmente serían compatibles con el Pilar II de la OCDE. Esto puede generar problemas de inversión y competitividad". Dada la novedad de estos conceptos y las diversas interpretaciones que pueden surgir, Vilches subraya que las Administraciones Públicas "seguramente adoptarán un enfoque colaborativo y flexible, tratando de comprender las situaciones de las empresas". A largo plazo, Javier González Carcedo destaca que "hay una transformación profunda que quedará en el sistema fiscal: el mercado como factor generador de gravamen". De este modo, los grupos empresariales deberán adaptarse al cambio de paradigma que implica esta transformación.

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