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(El País, 04-12-2025)

El Gobierno aprueba nuevas ayudas a la compra de eléctricos de 400 millones en su hoja de ruta con 25 medidas para el automóvil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este miércoles la nueva estrategia global para el sector del automóvil, tras un año de negociaciones intensas entre la industria -representada por Anfac- y el Ministerio de Industria y Turismo. Este plan, bautizado como Plan Auto 2030, reúne 25 medidas destinadas a guiar la transición hacia el vehículo eléctrico, asegurar el empleo en los próximos años y atraer inversiones tanto en la fabricación de automóviles como en baterías y en el procesamiento de materias primas críticas como el litio, un ámbito hoy dominado casi por completo por China, que controla cerca del 90% del mercado. La intención conjunta del Gobierno y del sector es movilizar alrededor de 30.000 millones de euros en cinco años, de los cuales el Estado aportaría en torno al 16%. Este ambicioso proyecto -sin precedentes en Europa- llega acompañado de un nuevo sistema de incentivos para la compra de coches eléctricos, que reemplazará al Moves y que llevará por nombre Plan Auto+. Contará con un presupuesto de 400 millones de euros y será gestionado directamente por la Administración central, siguiendo el modelo del Plan Reinicia Auto+ aplicado en la Comunidad Valenciana para los afectados por la dana del pasado año. Un cambio relevante es que las comunidades autónomas dejarán de gestionar estas ayudas, algo que ocurría con el Moves y que provocaba retrasos de hasta año y medio en la tramitación, frente al tiempo mucho más ágil registrado en el plan valenciano. "Hemos escuchado las demandas del sector y queremos asegurar mayor rapidez. Lo aprendido con la dana nos ha servido para mejorar", afirmó Sánchez, instando a acelerar el despliegue del coche eléctrico. Aunque estas mejoras son bien recibidas, la industria insiste en que lo realmente necesario es un cambio fiscal que permita que el sistema de ayudas se autofinancie en el futuro. Además, el Plan Auto 2030 contempla el desarrollo de un plan nacional de infraestructura de recarga, que incluirá el lanzamiento del Moves Corredores en 2025, dotado con 300 millones de euros para instalaciones en tramos de carretera con menor cobertura. Más allá de los incentivos al consumidor, la estrategia incorpora iniciativas de gran alcance, como un programa de autonomía estratégica del sector, orientado a atraer proyectos de fábricas de baterías, componentes y nuevos centros de producción de vehículos. Una de las empresas que se baraja como posible inversora es la china BYD, que estudia instalar en España su segunda planta en la UE tras la de Hungría. Para reforzar esta apuesta, el Gobierno continuará con los Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, financiados hasta ahora con los fondos europeos Next Generation. En 2025 se convocará una nueva línea de ayudas por 580 millones. El Ejecutivo quiere también captar inversión en investigación y desarrollo para que España deje de desempeñar un rol meramente ensamblador y genere más valor. "Queremos atraer inversión extranjera que aporte conocimiento y propiedad intelectual. Debemos aprender de quienes van por delante", señaló Josep Maria Recasens, presidente de Anfac y máximo responsable de Renault en España. El plan prevé, además, la creación de un sello "made in Spain" para impulsar la llegada de nuevos fabricantes, incluidas marcas chinas, que actualmente deben afrontar aranceles por importar vehículos desde Asia. Con estas y otras iniciativas, el objetivo es que España alcance una producción anual de 2,7 millones de vehículos -por encima de los 2,37 millones de 2023-, aunque este incremento no se traducirá en más empleo, ya que la fabricación de coches eléctricos requiere menos mano de obra que la de combustión. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó que este plan aporta "estabilidad y confianza" en plena transformación del sector y recordó que esta hoja de ruta responde a un mandato directo del presidente. Recasens, por su parte, subrayó que se trata de un proyecto que combina planificación, regulación e incentivos, "algo que Europa suele hacer por separado". El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, enfatizó que la producción nacional pasará del 12% de vehículos electrificados en 2023 al 100% en 2035, una transformación que describió como "total y definitiva", en la que el automóvil del futuro será "un móvil con ruedas", lo que refuerza la importancia del desarrollo de software. El propósito de la iniciativa conjunta entre Anfac y el Ejecutivo es no solo conservar, sino aumentar el valor añadido del sector, que actualmente ronda los 85.000 millones de euros anuales. Si no se actúa, las estimaciones apuntan a que podría reducirse hasta los 78.000 millones. Para supervisar la evolución del plan, Administración y sector se reunirán anualmente. La meta final es mantener a España como segundo mayor productor de automóviles de Europa -solo por detrás de Alemania- y conservar su posición entre el octavo y noveno puesto mundial, una clasificación que disputa año tras año con Brasil.

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(El Confidencial, 04-12-2025)

El Supremo intervendrá para zanjar el caos de los honorarios de los colegios de abogados

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han vuelto a poner bajo la lupa las sanciones impuestas a varios colegios de abogados por publicar orientaciones sobre honorarios. Si en 2024 el debate giraba en torno a si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tenía autoridad para castigar estas prácticas, ahora las resoluciones derivadas del caso Bankia han dado un salto y están generando decisiones muy diferentes. Barcelona pierde su recurso, A Coruña lo gana y Valencia abre una nueva incógnita que el Supremo tendrá que resolver. En pocas semanas, la Audiencia Nacional ha ratificado la sanción al Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por mantener baremos con tarifas mínimas, mientras que ha revocado la multa impuesta al Colegio de A Coruña (ICACOR) al no quedar demostrado que difundiera el baremo gallego. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo ha decidido estudiar el recurso del Colegio de Abogados de Valencia para aclarar si la nueva Ley de Derecho de Defensa permite a los colegios publicar orientaciones que sirvan para calcular honorarios a efectos de costas, una cuestión que podría tensionar su doctrina reciente. Estas tres decisiones han agitado el panorama judicial y obligan al Supremo a precisar qué tipo de criterios pueden difundir hoy los colegios como simples orientaciones y cuándo esos documentos se convierten en recomendaciones colectivas de precios prohibidas por la normativa de competencia. Todo este proceso se remonta a la denuncia que Bankia presentó hace diez años, en la que señalaba que varios colegios usaban tablas con escalas, porcentajes y mínimos para fijar honorarios en miles de pleitos relacionados con su salida a bolsa. A raíz de aquello, la CNMC impuso multas por 1,47 millones de euros a nueve colegios. La Audiencia anuló parte de esas sanciones al considerar que la competencia debía recaer en las autoridades autonómicas, pero el Tribunal Supremo cerró ese debate en abril de 2024 al determinar que la CNMC sí puede intervenir cuando la conducta tiene impacto más allá de una comunidad autónoma y en un contexto de colegiación única que permite trabajar en todo el país. Tras esa aclaración, la Audiencia Nacional ha tenido que revisar varias de sus decisiones, y este otoño el asunto ha entrado en un punto crítico. La sentencia sobre el ICAB es la más contundente. En su resolución del 4 de noviembre, la Audiencia concluye que el colegio aprobó documentos con precios concretos y reglas que operaban como tarifas mínimas, algo que la ley prohíbe por constituir una recomendación colectiva. El tribunal subraya que el ICAB establecía "cuatro escalas" aplicables según la base de cálculo y que incluía una regla que funcionaba como mínimo de percepción. Para los asuntos sin cuantía determinada, además, fijaba como referencia general los 30.000 euros, cifra que la Audiencia considera un "precio mínimo" claramente anticompetitivo. El ICAB, que ya pagó la sanción en 2018 y ha recurrido el fallo, intentó apoyarse en la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa, que autoriza a los colegios a publicar criterios orientativos a efectos de costas. La Audiencia, sin embargo, descartó este argumento, aunque es muy posible que el asunto llegue al Supremo. El caso de A Coruña es justo lo contrario. En la sentencia del 6 de noviembre, la Audiencia reconoce que el baremo del Consejo Gallego contenía elementos que podrían haber sido problemáticos, pero subraya que no se acreditó que fuera el Colegio de A Coruña quien lo difundió. El documento estaba accesible en la web del Colegio de Vigo, no en la suya. Además, A Coruña había emitido circulares en el pasado dejando claro que los dictámenes debían basarse en el examen individual de cada asunto. Incluso editoriales jurídicas declararon que no recibían esos baremos del colegio coruñés, sino que los localizaban en internet por su cuenta. Ante esta falta de pruebas, la multa queda anulada. El Tribunal Supremo, por su parte, ha dado un paso relevante al admitir el recurso del Colegio de Valencia para interpretar el artículo 6.2.e) de la nueva Ley de Derecho de Defensa, que permite elaborar criterios orientativos para calcular los honorarios a efectos de costas. El Alto Tribunal reconoce que esta disposición podría entrar en colisión con su postura actual, que desde 2023 veta cualquier orientación que incluya cifras o reglas detalladas. Por ese motivo, considera necesario aclarar el alcance de la norma. La decisión abre un escenario completamente nuevo: si el Supremo entiende que la ley flexibiliza el marco, los colegios podrían recuperar cierto margen para publicar referencias numéricas; si mantiene la línea actual, la restricción quedará aún más firme. Barcelona, A Coruña y Valencia son tres ejemplos de un mismo conflicto, que enfrenta la naturaleza de los criterios orientativos, las exigencias de prueba para sancionar y el impacto de la normativa aprobada en 2024. Además, aún queda por resolverse el caso del Colegio de Ávila, y en febrero la Audiencia Nacional ya anuló la sanción al Colegio de Abogacía de Vizcaya -de 125.000 euros- por una razón distinta: no porque la CNMC careciera de competencia, sino porque el expediente no acreditó que el colegio hubiera difundido los baremos del Consejo Vasco.

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