(Expansión, 25-03-2026)
Luz verde al decreto que obliga a pymes y autónomos a la factura electrónica
El Gobierno calcula que la orden ministerial que definirá los detalles técnicos de la futura Solución Pública de Factura Electrónica, desarrollada por la Agencia Tributaria, verá la luz antes del verano, según indicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. A partir de ese momento comenzará el plazo para su aplicación obligatoria: un año para las empresas con una facturación superior a 8 millones de euros y dos años para aquellas que no lleguen a esa cifra. Tras un largo proceso, el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este martes el real decreto que regula la implantación de la factura electrónica obligatoria para empresarios y profesionales. Con ello, se fija un calendario más concreto para su puesta en marcha, prevista también antes del verano. Esa será la fecha aproximada en la que el Ministerio de Hacienda publicará la orden que establecerá los aspectos técnicos de esta solución pública, lo que activará los plazos de adaptación: un periodo transitorio de un año para quienes superen los 8 millones de euros de facturación anual y de dos años para quienes se sitúen por debajo de ese límite. "Esperamos, según nuestras previsiones, que esta orden ministerial y la solución pública comiencen su desarrollo antes del verano", señaló Carlos Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Si se cumplen estos plazos, las empresas con mayor volumen de ingresos deberán adaptarse antes del verano de 2027, mientras que el resto tendrá de margen hasta el verano de 2028. El inicio de estos plazos coincidirá con la publicación de la orden de Hacienda relativa a la plataforma pública, que será gratuita y de uso opcional. No obstante, las empresas podrán seguir utilizando plataformas privadas de facturación ya existentes, siempre que cumplan con la obligación de interoperar entre sí, tal y como establece el nuevo real decreto. El objetivo principal de esta normativa es fomentar la digitalización y automatización de los procesos de facturación, con la intención de reducir costes y acortar los plazos de pago. Según el ministro, uno de los principales problemas que frenan el crecimiento empresarial es la falta de liquidez. Esta situación se debe, en gran medida, a los retrasos en los pagos a proveedores, que rondan los 80 días, superando tanto a otros países como el límite legal de 60 días. Además, este problema es más acusado en las grandes empresas: menos del 20% de sus facturas se abonan dentro del plazo, frente al 50% en el caso de las microempresas.
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