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Gabinete Asesor Fernandez, S.L. inicia sus actividades el año 1972, orientando su actividad a la asesoría de la pequeña y mediana empresa. Nuestro equipo de profesionales garantiza en todo momento un trato humano y directo que nos permite cumplir con nuestro principal objetivo que es ofrecer un servicio personalizado, ágil, completo y de calidad.

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  • Intervención en situaciones de ajustes laborales y financieras, (ERE,s , Concurso de Acreedores).
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(Expansión, 05-01-2026)

Cuarenta países contra la evasión fiscal de las "criptos"

La entrada en vigor de una nueva normativa este jueves en el Reino Unido y en más de cuarenta países hará más difícil que los inversores en criptoactivos oculten sus beneficios a las autoridades fiscales internacionales. Desde el 1 de enero, las principales plataformas de compraventa de criptomonedas están obligadas a recopilar información detallada sobre las operaciones realizadas por clientes residentes en el Reino Unido. Estos datos incluyen, entre otros, el importe de adquisición, el valor de venta de los activos y las plusvalías obtenidas. Asimismo, las plataformas deberán comunicar a la Agencia Tributaria y de Aduanas británica la residencia fiscal de los usuarios. El Reino Unido forma parte del primer grupo de 48 países que han comenzado a aplicar este conjunto de normas globales elaboradas por la OCDE, conocido como Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF). De acuerdo con este sistema, a partir de 2027 el Reino Unido compartirá de manera automática la información recabada sobre operaciones con criptoactivos con otras administraciones tributarias, entre ellas las de los países de la Unión Europea, las Islas del Canal, Brasil, las Islas Caimán y Sudáfrica. Expertos del despacho Price Bailey señalan que estas medidas marcan un punto de inflexión para quienes creían que podían invertir en criptomonedas y obtener beneficios sin ser detectados por las autoridades fiscales. Los inversores en criptoactivos que residan en jurisdicciones adheridas al acuerdo, como el Reino Unido, deben tener presente que sus datos serán intercambiados de forma periódica entre administraciones tributarias y valorar cuidadosamente si están cumpliendo correctamente con sus obligaciones fiscales. En total, 75 países han asumido el compromiso de aplicar el marco CARF. Importantes centros de actividad cripto como Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Singapur y Suiza comenzarán a aplicar estas normas en 2027 y a intercambiar información en 2028. Por su parte, Estados Unidos las adoptará en 2028 y empezará a compartir datos en 2029. En este contexto, se recomienda a los particulares llevar un control exhaustivo de todas sus operaciones y declarar y abonar los impuestos correspondientes en su declaración anual. A efectos fiscales, no solo se consideran transmisiones la venta de criptomonedas, sino también el intercambio de un criptoactivo por otro, el pago de bienes o servicios con estos activos o la donación de tokens a terceros, salvo que el destinatario sea el cónyuge o la pareja de hecho.

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(Expansión, 05-01-2026)

Hacienda arranca el año con más de 600 millones todavía pendientes de devolver a casi 400.000 contribuyentes

Aunque a finales de diciembre se había satisfecho el 95,5% de las devoluciones solicitadas, la Agencia Tributaria mantiene todavía sin abonar un 4,5% del importe total reclamado por los contribuyentes en la última campaña del Impuesto sobre la Renta. Una vez concluido el ejercicio fiscal y cerrada la Campaña de la Renta 2024, Hacienda ha presentado el balance de su gestión. Pese a subrayar la rapidez en la tramitación de los pagos, los datos muestran que, a 30 de diciembre, permanecían pendientes de devolución más de 614 millones de euros. De acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda, de los 13.708 millones de euros solicitados por los ciudadanos durante la campaña, se habían devuelto 13.094 millones. La diferencia, 614,2 millones de euros, seguía sin haberse transferido al cierre del año. La demora afecta a un volumen relevante de declaraciones. De las cerca de 16 millones de solicitudes de devolución presentadas, concretamente 15.999.889, la Agencia Tributaria había efectuado el pago en 15.611.682 casos. En consecuencia, 388.207 contribuyentes iniciaron 2026 sin haber recibido su dinero, lo que equivale al 2,5% del total. Por lo general, estas situaciones corresponden a expedientes que requieren verificaciones adicionales, presentan inconsistencias en la información o están sometidos a revisiones más detalladas por parte de la administración. Una parte de estos retrasos se explica por la política de control y prevención de errores del organismo. Más de 47.000 contribuyentes optaron por presentar declaraciones rectificativas tras recibir avisos o comunicaciones de Hacienda alertando sobre posibles fallos u omisiones. Estas correcciones voluntarias, destinadas a evitar comprobaciones posteriores, intereses de demora o sanciones, suelen implicar una revisión completa del expediente, lo que puede prolongar los plazos para efectuar la devolución. Este remanente pendiente se produce en un contexto de cifras históricas. La Campaña de la Renta 2024 finalizó con 24.720.691 declaraciones presentadas, un 2,44% más que el año anterior. Cerca de siete millones tuvieron resultado a ingresar, lo que supone un aumento del 12% respecto al ejercicio previo y generó unos ingresos para el Estado cercanos a los 20.800 millones de euros. Para los casi 400.000 contribuyentes que siguen a la espera, el hecho de superar el 31 de diciembre activa automáticamente el derecho a una compensación. La normativa tributaria establece un plazo máximo de seis meses desde la finalización de la campaña para realizar la devolución. Una vez superado ese límite, la Administración incurre en demora y debe abonar intereses, que se suman a la cantidad pendiente sin que el ciudadano tenga que presentar ninguna solicitud adicional. Estos intereses se calculan en función de los días de retraso, desde el 1 de enero hasta la fecha en que se ordena el pago. No obstante, que un expediente continúe abierto en estas fechas suele indicar que está siendo objeto de comprobaciones más exhaustivas. La Agencia Tributaria acostumbra a suspender el pago cuando detecta discrepancias, como deducciones autonómicas aplicadas de forma incorrecta o diferencias en las ganancias patrimoniales, lo que puede dar lugar a requerimientos de información o a una liquidación complementaria que modifique el importe final a devolver.

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