La compensación a tanto alzado prevista en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, regulada en el artículo 130 de la Ley del Impuesto, no debe incluirse en el cálculo del límite anual de 250.000 euros de ingresos que determina la exclusión del método de estimación objetiva en el IRPF, conforme al artículo 31.1.3.ª de la Ley 35/2006.
La magistrada ponente, Rivera Frade, considera que estas compensaciones no constituyen ingresos derivados de la actividad económica, sino un mecanismo de naturaleza tributaria destinado a resarcir a los agricultores y ganaderos por el IVA soportado que no pueden deducirse. Su finalidad es garantizar la neutralidad del impuesto y evitar que el contribuyente asuma una carga fiscal que no le corresponde.
La resolución recuerda que el artículo 121.Uno de la Ley del IVA establece expresamente que las compensaciones a tanto alzado no forman parte del volumen de operaciones. Sin embargo, la Agencia Tributaria defendía que debían computarse como ingresos a efectos del IRPF, lo que suponía superar el límite establecido y excluir a la agricultora afectada del régimen de módulos.
La magistrada también aclara que la Orden Ministerial HAP/2430/2015 no contempló expresamente la exclusión de estas compensaciones porque reprodujo literalmente la regulación del régimen simplificado del IVA, en el que no existen este tipo de pagos compensatorios. Por tanto, entiende que esta omisión responde a un defecto de redacción y no a una decisión deliberada de perjudicar al sector agrario. En consecuencia, una interpretación de la orden ministerial no puede prevalecer sobre lo establecido en la ley.
El litigio tiene su origen en una liquidación provisional del IRPF mediante la que la Administración tributaria excluyó a una contribuyente del régimen de estimación objetiva al considerar que había superado el límite de ingresos permitido, una vez incorporadas al cálculo las compensaciones agrarias percibidas durante el ejercicio.
La reclamación presentada por la contribuyente fue inicialmente desestimada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (TEARA). Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia estimó posteriormente su recurso y anuló la liquidación. Frente a esta decisión, la Abogacía del Estado interpuso recurso de casación.
La masa salarial del Banco de España ha aumentado un 25%, impulsada por la intensa renovación de personal que se ha producido desde la llegada de José Luis Escrivá al frente de la institución, especialmente en los puestos de mayor responsabilidad. A este incremento también han contribuido la subida retributiva del 2,5% recogida en el convenio aprobado este año y el aumento de las cotizaciones sociales.
El supervisor incorporó a 74 trabajadores el pasado ejercicio, después de sumar otros 114 durante el año anterior. Una parte de estas contrataciones responde a procesos ordinarios de selección para cubrir plazas de la plantilla, mientras que otras están relacionadas con la renovación de los principales puestos directivos y la cobertura de vacantes en la estructura de mando. Según las cuentas anuales, el gasto total en salarios alcanza los 378 millones de euros.
Tras asumir el cargo de gobernador en septiembre de 2024, Escrivá acometió una reorganización de la estructura interna mediante la creación de dos áreas transversales. En el marco de esta remodelación incorporó a Mayte Ledo como directora general de Estrategia, Personas y Datos. Ledo, persona de su confianza y con la que había coincidido anteriormente en BBVA Research, se convirtió en la primera profesional ajena a la institución en acceder directamente a uno de los principales puestos directivos, al margen del propio gobernador. También fichó a Inés Calderón como directora de Comunicación, aunque posteriormente amplió sus responsabilidades y pasó a ocupar la Dirección Adjunta de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia.
A comienzos de 2025, Montse Martínez Parera regresó al Banco de España después de concluir su etapa como vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Durante aproximadamente año y medio desempeñó funciones de asesoramiento al gobernador, hasta que recientemente fue nombrada presidenta del Fondo de Garantía de Depósitos.
En paralelo a las nuevas incorporaciones, la institución ha registrado cerca de una decena de salidas relevantes de su equipo directivo durante estos dos últimos años. Una de las más destacadas fue la de Ángel Gavilán, responsable del Servicio de Estudios, que recientemente ha puesto en marcha la consultora aimTFP Inteligencia Económica junto con Víctor Ausín, antiguo director general de Política Económica del Ministerio de Economía.
También abandonó su puesto Alejandro Álvarez, director general de Servicios y responsable de las áreas de personal y contratación. A finales de 2024 presentó su dimisión Ángel Estrada, hasta entonces al frente de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución. A estas salidas se sumaron las de los subdirectores Ignacio Marín e Isabel Bueno.
Las vacantes generadas se han cubierto mediante procedimientos de selección abiertos y competitivos, en los que han podido participar tanto profesionales de la propia institución como candidatos externos. Uno de los nombramientos más relevantes fue el de David López Salido como director general del Servicio de Estudios. Antes de incorporarse al Banco de España, desempeñaba en Washington el cargo de director general adjunto de la División de Asuntos Monetarios de la Reserva Federal estadounidense. De la anterior etapa de Pablo Hernández de Cos al frente del organismo únicamente permanecen en los principales puestos de responsabilidad Mercedes Olano, Juan Ayuso y Alberto Ríos.
En materia retributiva, el Banco de España destaca por ofrecer los salarios medios más elevados entre los cuerpos de funcionarios de la Administración pública, por encima de los correspondientes a inspectores de Hacienda y abogados del Estado. Los directores generales, el secretario general y los directores generales adjuntos perciben una remuneración bruta anual cercana a los 180.000 euros, a la que se añaden complementos personales por disponibilidad y otros conceptos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de medidas de apoyo para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 69 personas. Durante su intervención en el foro World in Progress (WIP), organizado por el Grupo PRISA en Barcelona, Sánchez ha defendido la necesidad de recuperar cuanto antes la confianza de los usuarios en la seguridad y fiabilidad de la alta velocidad. «Nuestra obligación es recuperar la confianza quebrada en la alta velocidad cuanto antes y cueste lo que cueste», ha afirmado, tras reincorporarse a su agenda pública una vez finalizados los días de luto oficial.
El presidente ha dedicado el comienzo de su discurso a la tragedia y ha reiterado que el accidente «jamás debió haberse producido». Según ha avanzado, el paquete de medidas que aprobará el Ejecutivo se articulará en torno a cuatro líneas de actuación, siguiendo un esquema similar al aplicado a principios de año tras el incidente de Adamuz. La primera contempla ayudas para duplicar la cuantía del seguro obligatorio de accidentes; la segunda, anticipos de las indemnizaciones correspondientes a las víctimas; la tercera, una mejora de la cobertura de las prestaciones por incapacidad temporal, y la cuarta, la puesta en marcha de oficinas de atención integral para los afectados. Sánchez ha señalado que, aunque el Gobierno debe actuar en distintos ámbitos, la prioridad inmediata es prestar asistencia a las víctimas.
El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno acompañará a las familias de las 69 personas fallecidas durante el duelo y en las gestiones que deban realizar. También ha expresado sus deseos de recuperación para los 34 heridos de distinta consideración que ha dejado el siniestro. «Detrás de cada una de esas vidas hay un nombre, una amiga, una madre, una compañera de trabajo», ha recordado, antes de reiterar el compromiso del Gobierno de permanecer al lado de los afectados.
Sánchez ha vuelto a ofrecer la colaboración del Ejecutivo para esclarecer las circunstancias del accidente, una exigencia planteada por los partidos de la oposición desde que se produjo el siniestro. El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá este martes ante la Diputación Permanente del Congreso, mientras que PP y Vox reclaman que sea el propio presidente quien acuda a la Cámara. Sánchez ha garantizado que los investigadores independientes y la justicia trabajan para determinar las causas de lo ocurrido con transparencia y ha asegurado que la investigación se desarrollará de manera rigurosa y exhaustiva.
En la parte posterior de su intervención, el presidente ha defendido el papel de los servicios públicos y ha cuestionado las propuestas que plantean reducir la inversión y las prestaciones públicas. Ha destacado la labor de la sanidad, los servicios de emergencia, las fuerzas de seguridad y el conjunto de los empleados públicos, especialmente en situaciones de emergencia. En este sentido, ha recordado las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis financiera y del euro de la década pasada y ha defendido que la respuesta ante situaciones como la actual debe pasar por reforzar la inversión y proteger los servicios comunes.
Como ejemplo de la actuación de los servicios de emergencia, Sánchez ha mencionado la intervención de un guardia civil que accedió a uno de los vagones más afectados y encontró con vida a una joven, que recibió atención continuada durante la hora siguiente. El presidente ha destacado la respuesta colectiva ante la tragedia y ha señalado que la solidaridad y la colaboración entre ciudadanos y profesionales han sido fundamentales para afrontar las consecuencias del accidente.
Los sindicatos UGT y CC OO han solicitado a la Seguridad Social que estudie la posibilidad de anticipar la edad de jubilación de los trabajadores de asistencia en tierra de los aeropuertos, conocidos como personal de handling, debido a las exigencias físicas y los riesgos laborales asociados a su actividad. La petición, registrada el pasado viernes ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y sin el respaldo de la patronal, plantea la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar el retiro sin que ello suponga una penalización en la cuantía de la pensión.
La iniciativa afecta a unos 14.000 trabajadores dedicados a la manipulación y traslado de equipajes, mercancías y correo, así como a la conducción de vehículos y maquinaria de tierra y al apoyo directo a las operaciones aeroportuarias. Quedan fuera de esta solicitud otros 10.000 empleados del sector que desempeñan funciones administrativas o de atención al cliente. Las organizaciones sindicales justifican su reclamación por la elevada exigencia física de estos puestos, que requieren levantar y desplazar cargas, mantener posturas forzadas, realizar movimientos repetitivos y efectuar esfuerzos en espacios de trabajo reducidos.
Según UGT y CC OO, estas condiciones provocan una exposición continuada a riesgos ergonómicos que favorecen la aparición de lesiones musculoesqueléticas, como lumbalgias y tendinopatías, además de prolongar los periodos de incapacidad temporal y aumentar la posibilidad de desarrollar incapacidades permanentes. Las centrales también advierten de las consecuencias sobre la salud mental, especialmente entre quienes trabajan en turnos irregulares o durante la noche, con una mayor incidencia de problemas de fatiga, alteraciones del sueño, depresión y síndrome de desgaste profesional.
A estos factores se añaden la exposición al ruido, las vibraciones y las temperaturas extremas, así como el contacto con sustancias químicas y agentes potencialmente cancerígenos procedentes de las emisiones de los motores diésel y de queroseno. Los sindicatos consideran que el envejecimiento agrava estos riesgos, ya que reduce la fuerza, la movilidad y la capacidad de recuperación física, incrementando la frecuencia y gravedad de las bajas laborales. Por ello, sostienen que las medidas preventivas y las adaptaciones de los puestos de trabajo no son suficientes para eliminar las condiciones de penosidad, peligrosidad, toxicidad e insalubridad propias de esta actividad.
La solicitud se apoya también en los índices de incapacidad temporal y accidentes laborales del colectivo, que, según las organizaciones sindicales, superan los promedios del conjunto de la población trabajadora. El registro de la petición inicia el procedimiento administrativo que podría concluir con la concesión de coeficientes reductores, siempre que los informes técnicos y el análisis de los indicadores de siniestralidad y absentismo justifiquen el adelanto de la edad de jubilación.
La reclamación no cuenta con el apoyo de la patronal del sector, Aseata. UGT y CC OO aseguran que han intentado alcanzar un acuerdo con las empresas, pero las conversaciones no han permitido lograr una posición común. Esta falta de consenso se repite en otras actividades que también reclaman adelantar la jubilación, como la construcción y la ayuda a domicilio. Entre las principales objeciones empresariales figura el impacto económico de la medida, que implica un incremento de las cotizaciones sociales para financiar el coste del anticipo de la jubilación.
La Seguridad Social, por su parte, prefiere que las solicitudes cuenten con el respaldo conjunto de sindicatos y patronales. Es el caso de los expedientes del transporte de mercancías y de viajeros, que se encuentran entre los más avanzados. En el primero está prevista la convocatoria de una comisión de expertos para evaluar la documentación, mientras que el segundo permanece pendiente de algunos informes. En ambos sectores, el apoyo empresarial se consiguió después de que las organizaciones sindicales condicionaran la desactivación de posibles movilizaciones a la aceptación de sus reivindicaciones.
Sin embargo, la tramitación de estos expedientes acumula importantes retrasos. Aunque la normativa establece un plazo de seis meses para que la Seguridad Social responda, ha transcurrido aproximadamente un año desde su presentación sin que se haya producido una resolución. Los sindicatos denuncian que el Ministerio ha incumplido los plazos previstos, incluso teniendo en cuenta que la recepción efectiva de la documentación se produjo con posterioridad a su registro. La convocatoria electoral tampoco debería alterar los tiempos administrativos establecidos para estos procedimientos.
La demora ha elevado la tensión sindical. CC OO ha advertido de que podría convocar una huelga indefinida si el actual Gobierno o el próximo mantienen paralizada la tramitación o rechazan finalmente las solicitudes. Como primera medida, ha anunciado movilizaciones ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social entre el 11 y el 29 de noviembre. La organización insiste en que su protesta no responde a intereses partidistas, sino a la exigencia de que se cumplan los plazos legales. Por su parte, USO también ha reclamado la convocatoria de una huelga general ante el estancamiento de las negociaciones sobre la jubilación anticipada de los conductores profesionales.
Otros colectivos han conseguido acceder a los coeficientes reductores mediante la aprobación de normas específicas, sin necesidad de recurrir al nuevo procedimiento administrativo. Es el caso de los bomberos y agentes forestales, a quienes el Gobierno reconoció este derecho mediante decreto. También cuentan con sistemas de jubilación anticipada los mineros, los trabajadores del mar, determinados cuerpos de policías autonómicas y los pilotos de aviación.
Precisamente, la situación de estos últimos ha llevado a las tripulantes de cabina a reclamar un tratamiento equivalente y el reconocimiento de la jubilación anticipada mediante decreto. El Congreso ha respaldado recientemente una proposición no de ley de Sumar que insta al Gobierno a concederles este derecho. De esta forma, las reivindicaciones para adelantar la edad de retiro se extienden a nuevos sectores profesionales, mientras continúa pendiente la resolución de varios expedientes que ya llevan meses en tramitación.
El Tribunal Supremo ha establecido que un trabajador que haya recibido la indemnización legal por un despido colectivo en una empresa saliente deberá devolver íntegramente esa cantidad si la nueva adjudicataria de la contrata resulta condenada a readmitirlo por haberse declarado nulo el despido al existir una sucesión empresarial. Así lo determina una sentencia de 7 de octubre de 2026, en la que el alto tribunal unifica doctrina sobre esta cuestión.
La magistrada ponente, García-Perrote Escartín, considera que la relación laboral debe entenderse vigente de manera ininterrumpida. La sentencia fundamenta este criterio en la aplicación de las normas que regulan la sucesión de empresas y en la doctrina consolidada sobre las consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad de un despido.
El fallo señala que la obligación de readmisión impuesta a la nueva adjudicataria supone restablecer plenamente la relación laboral original, sin que exista interrupción desde la fecha en que se produjo el cese. Esta circunstancia hace desaparecer el fundamento jurídico que justificaba el pago de la indemnización, por lo que el trabajador no puede conservar una compensación económica correspondiente a una extinción contractual que finalmente ha sido declarada nula.
El conflicto se originó cuando la empresa que prestaba inicialmente el servicio llevó a cabo un despido colectivo y abonó al trabajador la indemnización legal tras finalizar la contrata. Posteriormente, una nueva empresa obtuvo la adjudicación del servicio, pero rechazó expresamente subrogarse en los contratos de los trabajadores de la anterior adjudicataria. Ante esta negativa, el empleado afectado impugnó judicialmente su despido.
Para resolver la controversia, el Tribunal Supremo se apoya principalmente en el artículo 1895 del Código Civil, relativo al cobro de lo indebido. La Sala entiende que, ante la falta de una regulación específica en el Estatuto de los Trabajadores sobre la devolución de cantidades percibidas indebidamente en estas circunstancias, resulta aplicable de forma supletoria la normativa civil.
Asimismo, la resolución recuerda que los artículos 123.3 y 124.11 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establecen expresamente que, cuando la sentencia determina la readmisión del trabajador, este debe devolver la indemnización recibida una vez que la resolución judicial adquiere firmeza. De este modo, el Supremo confirma que la recuperación de la relación laboral por efecto de la nulidad del despido obliga también a restituir la compensación económica abonada por su extinción.
(El Economista, 03-11-2026)
El Tribunal Supremo rechaza que la empresa deba pagar atrasos si el INE corrige el PIB meses después
Las empresas no están obligadas a abonar atrasos salariales cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisa al alza meses después una cifra del PIB que ya se había utilizado para calcular una actualización retributiva. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 9 de octubre de 2026, en la que fija como criterio que las cláusulas de revisión salarial vinculadas a indicadores económicos oficiales deben aplicarse tomando como referencia el primer dato publicado por el organismo estadístico.
El alto tribunal aclara que las revisiones posteriores de esas cifras no modifican las tablas salariales que ya han sido establecidas, salvo que el convenio colectivo contemple expresamente un mecanismo de actualización retroactiva. De este modo, la publicación de nuevos datos estadísticos no genera automáticamente el derecho de los trabajadores a percibir cantidades adicionales.
La Sala de lo Social fundamenta su decisión en los principios de seguridad jurídica y estabilidad de las condiciones salariales. A su juicio, admitir que cada modificación posterior de los indicadores económicos pueda dar lugar a nuevas liquidaciones supondría mantener una incertidumbre constante sobre las retribuciones y las cantidades ya abonadas. Además, considera que la interpretación literal y sistemática de las cláusulas del convenio permite entender que la comprobación de los datos oficiales en un único momento y para una sola liquidación pone fin al procedimiento de revisión.
El Supremo también tiene en cuenta los antecedentes y la actuación de los representantes de trabajadores y empresarios. En anteriores ejercicios, cuando las revisiones estadísticas del PIB habían corregido a la baja las cifras iniciales, tampoco se había exigido a los empleados que devolvieran parte de las cantidades percibidas. Este comportamiento confirma, según la sentencia, que la intención de los negociadores era mantener como referencia el primer dato publicado. Asimismo, considera que la comisión mixta paritaria actuó dentro de sus competencias al utilizar esa cifra para determinar la revisión salarial definitiva.
El conflicto tiene su origen en una demanda colectiva presentada por la Federación de Sindicatos de Banca, Bolsa, Ahorro, Entidades de Crédito, Seguros y Oficinas y Despachos de la Confederación General del Trabajo contra las patronales del sector asegurador y los sindicatos CCOO y UGT, en relación con el convenio colectivo de seguros, reaseguros y mutuas.
El convenio establecía para 2023 una actualización salarial vinculada a la evolución de la economía. En abril de 2024, la comisión mixta determinó la revisión definitiva tomando como referencia un crecimiento inicial del PIB del 2,5% y una inflación del 3,1%, y procedió a aplicar la subida correspondiente.
Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, el INE revisó al alza el crecimiento económico de 2023, elevándolo hasta el 2,7%. A raíz de esta modificación, la organización sindical demandante reclamó un incremento adicional del 0,6%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, al considerar que la actualización del PIB debía trasladarse también a las retribuciones.
La comisión paritaria rechazó la petición y la Audiencia Nacional desestimó inicialmente la demanda. Ahora, el Tribunal Supremo confirma ese pronunciamiento y respalda la aplicación del primer dato oficial del PIB publicado por el INE, descartando que su posterior revisión genere por sí misma el derecho a percibir nuevos atrasos salariales.
La pobreza entre la población asalariada ha aumentado en España durante los últimos años, pese a la mejora general de los indicadores de riesgo de exclusión social. El número de trabajadores por cuenta ajena que no pueden afrontar gastos básicos, como mantener la vivienda a una temperatura adecuada, hacer frente a un imprevisto o pagar puntualmente el alquiler, se ha duplicado desde 2019 y supera ya el millón de personas.
Así lo refleja la Encuesta de Condiciones de Vida, utilizada por Eurostat para medir la pobreza en los países de la Unión Europea. Esta estadística identifica como situación de carencia material y social severa aquella en la que una persona no puede permitirse al menos siete de los trece gastos considerados básicos, entre ellos consumir carne o pescado cada dos días, renovar la ropa deteriorada o mantener encuentros sociales al menos una vez al mes. En 2019, esta situación afectaba a 591.000 asalariados, el 3,6% del total. En 2025, la cifra ha ascendido a 1,25 millones, equivalente al 6,9%. En el conjunto de la Unión Europea, el indicador apenas ha variado durante el mismo periodo, al pasar del 3,3% al 3,7%.
La carencia material severa constituye uno de los tres factores que determinan el riesgo de pobreza o exclusión social, junto con disponer de unos ingresos familiares inferiores al 60% de la renta mediana y residir en un hogar con una intensidad laboral muy baja. Estos tres elementos conforman la tasa AROPE, utilizada por las instituciones europeas para evaluar la situación social de los Estados miembros. Entre los trabajadores asalariados españoles, este indicador ha pasado del 12,7% en 2015 al 14,8% en 2025, su nivel más elevado desde que existen registros, después de aumentar casi un punto en el último ejercicio. La evolución contrasta con la del conjunto de la población de entre 18 y 64 años, cuya tasa ha descendido del 31,3% al 25,5%.
En términos absolutos, los trabajadores asalariados en riesgo de pobreza o exclusión social alcanzan los 2,69 millones, unos 928.000 más que en 2015. El incremento responde tanto al aumento del número de personas ocupadas por cuenta ajena como al empeoramiento de su situación relativa. Si la tasa se hubiera mantenido en el 12,7% registrado hace una década, el crecimiento del colectivo habría sido de aproximadamente 550.000 personas. Los 380.000 restantes se explican por el aumento del porcentaje de asalariados afectados.
La evolución de los tres componentes de la tasa AROPE muestra que el deterioro no se debe principalmente a una caída de los ingresos respecto al umbral de pobreza. De hecho, el porcentaje de asalariados que viven en hogares con rentas inferiores al 60% de la mediana ha disminuido del 11,4% en 2019 al 9,6% actual. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores que sufren carencia material severa dispone de ingresos superiores a ese límite. Las estimaciones realizadas a partir de los datos de Eurostat sitúan entre 870.000 y 950.000 el número de asalariados en esta situación, lo que representa entre el 70% y el 75% del total. En 2019, esa proporción se encontraba entre el 36% y el 50%.
Esta aparente contradicción se explica por la diferente metodología de ambos indicadores. El umbral de pobreza se calcula tomando como referencia el 60% de la renta mediana, por lo que aumenta cuando crecen los ingresos generales de la población, aunque los hogares con menos recursos no experimenten una mejora equivalente de su capacidad adquisitiva. La carencia material, por el contrario, refleja directamente la posibilidad de afrontar determinados gastos teniendo en cuenta los precios vigentes en cada momento.
Un fenómeno similar se produjo durante la crisis financiera, cuando la caída generalizada de las rentas redujo también el umbral de pobreza. Como consecuencia, el porcentaje de asalariados con ingresos inferiores a ese límite llegó a bajar hasta el 8,3% en 2013, en pleno proceso de destrucción de empleo, y no volvió a aumentar hasta el año siguiente.
El encarecimiento del coste de la vida aparece como uno de los principales factores que explican el aumento de las dificultades económicas de los trabajadores. El primer deterioro significativo se produjo en 2020, durante la pandemia, cuando la proporción de asalariados que no podían cubrir los gastos básicos alcanzó el 5,5%. Posteriormente, la fuerte inflación de 2022 volvió a elevar el indicador, que llegó al 6,8% en 2023. Desde entonces se ha mantenido en una horquilla de entre el 6,5% y el 6,9%. No obstante, los datos disponibles no permiten determinar con exactitud qué parte del incremento responde al encarecimiento de los precios ni identificar cuáles son los gastos que estos hogares han dejado de poder asumir.
La evolución española también contrasta con la de otros países europeos. En 2015, España ocupaba la decimocuarta posición de la Unión Europea en carencia material severa entre los asalariados y registraba una tasa inferior a la media comunitaria, que entonces se situaba en el 5,1%. Una década después, ha pasado a ocupar el tercer puesto, únicamente por detrás de Grecia, con un 9,2%, y Bulgaria, con un 8,2%. La proporción española prácticamente duplica la media europea.
En cambio, Italia y Portugal han conseguido reducir considerablemente sus niveles de carencia entre los trabajadores. La tasa italiana ha descendido del 7,7% al 3,1%, mientras que la portuguesa ha pasado del 6,4% al 2,2%. Entre las principales economías europeas, Alemania también ha registrado un empeoramiento desde 2019, al elevarse su indicador del 1,2% al 3,6%, aunque permanece muy por debajo del español. Francia presenta una tasa del 3,9%.
El precio del petróleo ha cerrado por debajo de los 105 dólares por barril después de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, haya autorizado al Gobierno del país a iniciar conversaciones para tratar de poner fin a la guerra. A este movimiento se suma la disposición de Donald Trump a mantener abierta la vía diplomática, después de trasladar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su preferencia por continuar las negociaciones antes de ordenar nuevos ataques.
A escasas horas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el Partido Republicano han encontrado un inesperado alivio en la evolución del conflicto. Irán ha planteado la posibilidad de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días y recuperar las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz, siempre que Washington acepte una serie de condiciones que Teherán considera razonables. El anuncio ha tenido un efecto inmediato en los mercados energéticos, donde el crudo ha llegado a retroceder un 7,63%, hasta situarse en 104,77 dólares por barril.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, ha señalado que la iniciativa depende ahora de la respuesta estadounidense. Según ha explicado, si Washington acepta las demandas de Irán, el plan podría ponerse en marcha en apenas 48 horas, lo que permitiría restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz y abrir una nueva etapa de negociaciones. No obstante, ha insistido en que la decisión final corresponde a Estados Unidos.
Entre las principales exigencias de Teherán figura el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y embarcaciones, así como que cualquier acuerdo contemple el final de las hostilidades en todos los escenarios del conflicto. Esta última condición incluye Líbano, donde Israel mantiene enfrentamientos con Hezbolá, organización aliada de Irán. El Gobierno iraní también reclama la liberación de activos financieros bloqueados en otros países, el fin de las sanciones que afectan a sus exportaciones petroleras y a otros sectores económicos, y el reconocimiento de su control compartido con Omán sobre el estrecho de Ormuz. Esta última pretensión permitiría introducir tasas al tránsito marítimo, una posibilidad contraria al derecho internacional que Teherán justifica como una compensación por los servicios de seguridad prestados a las navieras.
Los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán se han intensificado durante las últimas semanas con el objetivo de encontrar una salida al conflicto. En este contexto, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, habría enviado recientemente una comunicación al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, para favorecer la reanudación del diálogo. La caída del petróleo se ha acelerado después de que la agencia iraní IRNA informara de que Jameneí había autorizado al Ejecutivo civil a negociar el final de la guerra.
La Administración Trump parece mostrar, por el momento, una mayor disposición a explorar una solución diplomática antes de emprender nuevas operaciones militares. El presidente estadounidense ha mantenido una conversación con Netanyahu para trasladarle su preferencia por dar margen a las negociaciones. En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha asegurado que Trump todavía no ha adoptado una decisión definitiva y que apuesta por la vía diplomática. Aunque ha defendido la capacidad militar estadounidense para responder si fuera necesario, ha dejado claro que la prioridad es alcanzar una solución pacífica.
Irán también ha movido ficha en el ámbito diplomático con el envío de una delegación a Doha durante el pasado fin de semana. Catar está desempeñando un papel de intermediación y facilitando el intercambio de mensajes entre ambos países. Sin embargo, los avances en las conversaciones conviven con un discurso todavía beligerante por parte de Trump, que el domingo volvió a amenazar con nuevos ataques contra Irán durante un acto en Iowa. El presidente habría abordado también con Netanyahu la posibilidad de reanudar los bombardeos, aunque habría pedido al dirigente israelí que mantenga la contención mientras se comprueba si las negociaciones pueden prosperar.
Pese al fuerte descenso registrado durante la jornada, el petróleo continúa cotizando muy por encima de los niveles anteriores a la última escalada del conflicto, iniciada en agosto. La incertidumbre sobre el futuro de la guerra y, especialmente, las exigencias iraníes respecto al control del estrecho de Ormuz siguen alimentando la preocupación de los mercados. El gas natural europeo también ha experimentado un retroceso significativo: el contrato TTF holandés ha caído un 9,6%, hasta los 94 euros por megavatio hora, aunque todavía duplica ampliamente los precios registrados en junio, cuando se produjo la reapertura del paso marítimo.
Un eventual acuerdo tendría importantes consecuencias para el mercado energético internacional, ya que por el estrecho de Ormuz circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Su cierre ha contribuido a impulsar la cotización del crudo, que acumula una subida del 74% en lo que va de año, a pesar de la corrección de los últimos días. La interrupción del tráfico marítimo y el temor a nuevas restricciones en el suministro han mantenido los precios bajo una fuerte presión.
No obstante, desde Julius Baer consideran que la recuperación de las exportaciones petroleras de los países del golfo Pérsico hasta niveles similares a los anteriores al inicio de la guerra debilita los argumentos que justifican unas cotizaciones tan elevadas. Su director de Inversiones, Yves Bonzon, apunta que, si la situación geopolítica se estabiliza, el barril podría volver a situarse por debajo de los 100 dólares y acercarse progresivamente a una horquilla de entre 80 y 90 dólares. Por su parte, Tim Waterer, analista jefe de KCM Trade, considera que las expectativas de avances diplomáticos y la ausencia de una nueva escalada militar durante el fin de semana han reducido, al menos temporalmente, la presión alcista sobre los precios.
La actividad de la industria manufacturera de la zona euro continuó creciendo en octubre, aunque perdió ligeramente impulso respecto al mes anterior. El índice PMI del sector se situó en 52,7 puntos, frente a los 52,9 registrados en septiembre, lo que supone su nivel más bajo de los últimos dos meses, según los datos publicados por S&P Global. Pese a esta moderación, el indicador permaneció por noveno mes consecutivo por encima de los 50 puntos, umbral que marca la diferencia entre expansión y contracción económica.
La producción industrial también mantuvo su evolución positiva, aunque a un ritmo más lento. Su indicador descendió hasta los 52,8 puntos, frente a los 53,6 del mes anterior, y alcanzó su registro más bajo en cuatro meses. El avance de la actividad al comienzo del cuarto trimestre se produjo en un contexto de menor crecimiento de los nuevos pedidos y de mayores dificultades en las cadenas de suministro.
A pesar de estos condicionantes, las empresas manufactureras continuaron aumentando sus plantillas y elevaron sus compras al ritmo más intenso desde mayo de 2022. También se produjo una importante acumulación de existencias de materias primas, que alcanzó su nivel más elevado en casi cuatro años. Esta evolución responde, en parte, al empeoramiento de los plazos de entrega de los proveedores y al encarecimiento de los materiales, cuya inflación alcanzó su máximo de los últimos cinco meses.
La recuperación industrial se extendió a seis de los ocho países de la zona euro incluidos en el estudio. Todos ellos registraron niveles de crecimiento que superaron sus respectivos promedios históricos. Francia e Italia fueron las únicas excepciones, ya que sus sectores manufactureros volvieron a mostrar signos de deterioro. En el caso francés, la incertidumbre política interna continúa agravando las dificultades que atraviesan las empresas industriales.
El economista jefe de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, considera que los últimos resultados confirman la continuidad de la mejor etapa de crecimiento de la industria manufacturera de la zona euro en más de cuatro años. La expansión que se mantiene desde febrero refleja, a su juicio, la capacidad de resistencia de un sector que ha tenido que afrontar numerosos obstáculos, entre ellos los aranceles comerciales, las tensiones en Oriente Medio, el encarecimiento de los costes y los problemas de abastecimiento.
No obstante, Williamson advierte de que la persistencia de las presiones sobre los precios podría añadir dificultades a las empresas, al incrementar la presión sobre el Banco Central Europeo para que continúe elevando los tipos de interés durante los próximos meses. Esta perspectiva introduce un nuevo factor de incertidumbre para la industria, que todavía debe consolidar su recuperación en un entorno marcado por el aumento de los costes y las dificultades logísticas.
Las matriculaciones de turismos nuevos en España mantienen una evolución positiva, en contraste con el comportamiento de la producción de las fábricas nacionales. Según los datos publicados por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores y reparadores (Ganvam), las ventas de coches alcanzaron en octubre las 98.487 unidades, un 1,8% más que en el mismo mes de 2025. Se trata del mejor resultado para un mes de octubre desde 2007 y supone encadenar cinco meses consecutivos de crecimiento interanual.
El avance del mercado se explica, principalmente, por el impulso de los vehículos electrificados y el aumento de las entregas de las marcas chinas. Los coches eléctricos puros y los híbridos enchufables representaron conjuntamente el 31,5% de las matriculaciones de octubre, con un incremento del 43,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre las marcas con mejores resultados destaca BYD, el mayor fabricante mundial de vehículos enchufables, que ocupó la quinta posición en el mercado mensual. Su modelo Atto 2 fue el tercer coche más vendido, con 1.911 unidades, por detrás del Dacia Sandero, con 3.284, y el Toyota Corolla, con 2.143. MG también mantiene una presencia destacada: su modelo ZS fue el cuarto más matriculado en octubre, con 1.781 unidades, y ocupa la quinta posición en el acumulado del año.
Entre enero y octubre se vendieron en España 1,01 millones de turismos, un 6,2% más que durante los diez primeros meses de 2025. Con estos resultados, el sector confía en superar los 1,2 millones de unidades al cierre del ejercicio, aunque el mercado todavía no ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia. Anfac ha calificado octubre de mes histórico y ha destacado que las ventas estuvieron cerca de alcanzar las 100.000 unidades, pese a contar con dos días hábiles menos que en octubre del año pasado, debido a que la festividad del 12 de octubre cayó en domingo y no se trasladó al lunes en las comunidades autónomas con mayor volumen de matriculaciones.
Por canales de comercialización, las compras de particulares y empresas concentran la mayor parte de las ventas. Los particulares adquirieron 470.966 vehículos, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las empresas sumaron 349.681 unidades, con un crecimiento del 4,2%. El canal de alquiladores registró el mayor incremento porcentual, del 8%, aunque su volumen fue más reducido, con 189.898 matriculaciones.
Las asociaciones también han destacado la evolución de las emisiones de los vehículos nuevos. En octubre, las emisiones medias de CO2 se situaron en 91,8 gramos por kilómetro, un 8,5% menos que en el mismo mes de 2025. En el conjunto de los diez primeros meses del año, la media descendió hasta los 99,3 gramos por kilómetro, situándose por primera vez por debajo de los 100 gramos. Este resultado está vinculado al crecimiento de los vehículos enchufables, que han contado con el respaldo de las ayudas del Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros y vigente hasta el próximo 31 de diciembre.
No obstante, las patronales advierten de que los fondos disponibles podrían agotarse durante noviembre y reclaman una ampliación de la dotación y la continuidad del programa en 2027. Faconauto considera necesario conocer con antelación si se mantendrán los incentivos para evitar que se pierda el impulso conseguido en el mercado de vehículos electrificados. Ganvam, por su parte, pide que estas ayudas tengan continuidad y no queden condicionadas por los calendarios electorales.
El director general de Anfac, José López-Tafall, ha recordado que la cuota de mercado de los vehículos electrificados en Europa todavía supera en diez puntos porcentuales a la española. Aunque considera que el mercado nacional avanza a buen ritmo, señala que existe margen para acelerar la transición y aproximarse a los niveles de penetración de los principales países europeos.
En el ranking de fabricantes, Toyota mantiene el liderazgo del mercado español, con 88.247 unidades vendidas en lo que va de año, gracias, entre otros factores, a su apuesta por los híbridos no enchufables. Volkswagen ocupa la segunda posición, con 65.280 matriculaciones, seguida de Renault, con 57.770. Por modelos, el Dacia Sandero encabeza la clasificación, con 29.210 unidades, por delante del Seat Ibiza, con 23.664, y el Toyota Corolla, con 21.400.
Por último, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros aumentaron un 2,1% en octubre y acumulan un crecimiento del 5,4% en los diez primeros meses del año, hasta alcanzar las 163.171 unidades. En cambio, las ventas de vehículos industriales y autobuses descendieron un 10,1% durante octubre, aunque mantienen un balance positivo en el acumulado de 2026, con un avance del 8% y un total de 31.183 unidades.
La economía española avanzó un 0,6% en el tercer trimestre de 2026, una décima menos que en los tres meses anteriores, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En comparación con el mismo periodo del año pasado, el producto interior bruto (PIB) aumentó un 2,7%, una décima más que en el trimestre precedente. Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) ya anticipaban cierta moderación de la actividad, que se reflejó también en el repunte de la tasa de paro, de nuevo por encima del 10%.
Pese a esta ligera desaceleración trimestral, los datos confirman la resistencia de la economía española. El crecimiento continúa apoyándose fundamentalmente en el consumo y la demanda interna, mientras que la aportación del sector exterior es mucho más limitada. Se trata de un cambio respecto a la etapa inicial de recuperación de la crisis financiera, que tocó fondo en 2013, cuando las exportaciones desempeñaron un papel protagonista. Aunque las ventas al exterior siguen aumentando, a un ritmo moderado del 1,3%, el principal impulso procede ahora del gasto dentro del país.
Los analistas de CaixaBank Research atribuyen la fortaleza del consumo de los hogares, por un lado, a la confianza en la capacidad de crecimiento de la economía pese a las tensiones geopolíticas y, por otro, al colchón que proporciona la elevada tasa de ahorro familiar para afrontar el impacto de la inflación.
El servicio de estudios de BBVA considera que el resultado está en línea con sus previsiones y respalda su estimación de un crecimiento anual del 2,6%. Aunque la composición de la actividad coincide en términos generales con lo esperado, destaca el comportamiento de algunos componentes, especialmente la construcción y las exportaciones. Las ventas de bienes al exterior crecieron un 1,1%, frente al estancamiento que anticipaba BBVA, mientras que las exportaciones de servicios avanzaron un 1,5%, dos décimas más de lo previsto. Las desviaciones negativas de la demanda interna fueron, por su parte, poco significativas.
Uno de los elementos más destacados del trimestre fue el repunte del gasto público, que aumentó un 0,9% respecto al periodo de primavera. Este avance coincide con el último tramo de ejecución del Plan de Recuperación Europeo, cuyo plazo de culminación estaba fijado para el 1 de septiembre. El verano supuso así un impulso para acelerar la utilización de los fondos vinculados a este programa.
Por sectores, la industria mantuvo un crecimiento trimestral del 0,7%, mientras que la construcción permaneció estancada, con una variación del 0%. Este comportamiento contrasta con la evolución de la inversión inmobiliaria y residencial, que registró un avance del 1% durante el verano, por encima de los resultados más moderados de los trimestres anteriores. Aun así, la inversión continúa mostrando cierto retraso y limita el potencial de crecimiento de la economía.
Los datos del PIB coincidieron con la publicación de la inflación de octubre, que se mantuvo en el 4,9%, impulsada por el encarecimiento de los combustibles. Los precios ya habían mostrado una tendencia ascendente durante el verano, hasta superar el 3% en agosto. La persistencia de tasas de inflación elevadas podría reducir la capacidad de gasto de los hogares en la recta final del año y restar fuerza al consumo.
En términos interanuales, la hostelería y el comercio registraron un comportamiento favorable durante el verano, con un crecimiento del 3%, superior al del conjunto de la economía, aunque su ritmo se moderó respecto a los trimestres anteriores. El impulso de las actividades relacionadas con la información y de los servicios científicos contribuyó a mantener la fortaleza del sector terciario, que avanzó un 2,9% interanual. Esta tasa se repite por tercer trimestre consecutivo. Los servicios representan cerca del 70% del PIB español.
El Gobierno mantiene su previsión de crecimiento anual del 2,6%, en línea con las estimaciones del consenso de analistas. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), España se situará entre las grandes economías desarrolladas con mayor crecimiento en 2026. Para 2027 se espera una moderación de la actividad, aunque la mayoría de los servicios de estudios prevén que el avance económico se mantenga por encima del 2%, pese al escenario de incertidumbre.
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