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(Expansión, 16-09-2026) | Fiscal

Alerta en el turismo: Bruselas pone en peligro el IVA reducido

La posibilidad de elevar el IVA aplicado a la hostelería y la restauración desde el actual 10% hasta el tipo general del 21% ha reabierto el debate sobre cómo compatibilizar las necesidades de recaudación con la competitividad de uno de los principales sectores de la economía española. La propuesta planteada por la Comisión Europea busca ampliar las bases imponibles y reducir las diferencias entre tipos, pero distintos análisis, entre ellos los elaborados por el Instituto de Estudios Económicos y la Tax Foundation, advierten de que una subida de esta magnitud podría repercutir sobre la actividad, el empleo y la recaudación efectiva. El turismo tiene un peso determinante en la economía española. En 2024 generó más de 200.000 millones de euros, equivalentes al 12,6% del PIB, y sostuvo alrededor de 2,77 millones de puestos de trabajo, el 12,3% del empleo total. Además, representa una de las principales fuentes de ingresos exteriores del país, con un superávit turístico superior a los 68.400 millones de euros en la balanza de pagos. En 2025, España recibió 96,8 millones de visitantes internacionales, que realizaron un gasto superior a 134.700 millones de euros. Por ello, cualquier modificación de la fiscalidad que afecte a esta actividad puede tener consecuencias que trasciendan la recaudación obtenida directamente mediante el impuesto. Uno de los argumentos utilizados para mantener el tipo reducido es que el turismo internacional puede considerarse una exportación de servicios, aunque el consumo se produzca físicamente dentro de España. Desde esta perspectiva, aplicar un IVA inferior permitiría reducir parcialmente la desventaja frente a las exportaciones de bienes, que tributan conforme al principio de imposición en destino. En sentido contrario, quienes defienden una mayor armonización consideran que la reducción de tipos introduce distorsiones y que una base imponible más amplia permitiría simplificar el sistema tributario. La estimación de Bruselas apunta a que elevar el IVA podría proporcionar unos ingresos adicionales próximos al 0,4% del PIB, alrededor de 7.000 millones de euros anuales. Sin embargo, los análisis que cuestionan esta previsión señalan que el aumento de precios podría provocar una respuesta significativa de los consumidores. Algunos estudios sitúan la elasticidad de la demanda turística internacional hacia España en torno a -1,9, lo que refleja una elevada sensibilidad ante las variaciones de precios. Además, el encarecimiento relativo de España podría favorecer el desplazamiento de parte de la demanda hacia destinos competidores como Portugal, Italia, Grecia o Turquía. El impacto también podría trasladarse a las empresas. La restauración está formada mayoritariamente por pymes y autónomos y opera habitualmente con márgenes reducidos, por lo que asumir un incremento de once puntos de IVA sin modificar los precios podría resultar difícil para numerosos negocios. Si el aumento se trasladara al consumidor, una eventual reducción de la demanda afectaría a la facturación y podría terminar repercutiendo sobre el empleo, las cotizaciones sociales y la recaudación por IRPF, además de incrementar potencialmente el gasto público asociado a las prestaciones por desempleo. La experiencia de otros países europeos también forma parte del debate. Portugal elevó en 2012 el IVA de la restauración del 13% al 23%, una medida que posteriormente fue parcialmente revertida en 2016 después de un periodo marcado por dificultades para el sector y pérdida de empleo. Alemania, por su parte, ha mantenido un tipo reducido del 7% para los servicios de restauración. Estos precedentes alimentan la discusión sobre hasta qué punto una subida intensa de la imposición indirecta puede generar ingresos adicionales sin reducir al mismo tiempo la actividad económica que constituye su base imponible. En este contexto, la discusión sobre el IVA turístico plantea una disyuntiva entre el objetivo de incrementar la recaudación y la necesidad de preservar la posición competitiva de España como destino internacional. El resultado dependerá no solo del incremento nominal del impuesto, sino también de la capacidad de empresas y consumidores para absorberlo, de la evolución de los precios y de la respuesta de los turistas ante las alternativas disponibles en otros mercados.

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(Expansión, 16-09-2026) | Fiscal

Pubs, restaurantes y hoteles británicos se revuelven contra el IVA del 20%

Más de 800 representantes del sector hostelero británico han reclamado al primer ministro, Andy Burnham, una reducción del IVA del 20% al 10% y han advertido sobre el impacto que podría tener la implantación de una tasa turística del 5% sobre las estancias. Pubs, restaurantes, hoteles y empresas cerveceras denuncian que la combinación de una mayor presión fiscal, el incremento de los costes laborales y el descenso del consumo de alcohol está poniendo en dificultades a numerosos negocios, especialmente pequeñas y medianas empresas. Los firmantes de la petición sostienen que la reducción del IVA contribuiría a preservar miles de puestos de trabajo y permitiría al sector competir en mejores condiciones con otros mercados europeos que aplican tipos reducidos, como España, Francia o Italia. La presión fiscal se suma a otros costes derivados de las medidas adoptadas desde la llegada de los laboristas al Gobierno en 2024. Según los cálculos de las empresas, el incremento de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, la subida del salario mínimo y las modificaciones en materia de derechos laborales habrían elevado sus costes en unos 6.800 millones de libras, cerca de 7.950 millones de euros. La situación de los pubs refleja especialmente esta evolución. Un estudio de Barclays apunta a un descenso prolongado de este tipo de establecimientos, relacionado con el aumento de los precios y los impuestos, los cambios en los hábitos sociales y culturales, las restricciones al tabaco, las preocupaciones relacionadas con la salud y los efectos de la pandemia. El informe señala que casi una cuarta parte de los pubs han cerrado y que el consumo de cerveza por habitante se ha reducido cerca de un 30%. La preocupación empresarial se extiende también a la posible creación de un impuesto turístico equivalente al 5% del importe de las pernoctaciones. El Gobierno de Burnham defiende esta figura como una vía para proporcionar nuevos recursos a las administraciones locales, dentro de su estrategia de descentralización. Londres y otras ciudades como Mánchester, Birmingham o York han mostrado interés en aplicar una medida similar, mientras que en Escocia los municipios ya disponen de esta posibilidad. Edimburgo fue la primera ciudad en establecerla, con un tipo del 5% desde el pasado julio, y se calcula que podría generar alrededor de 60 millones de euros anuales. Aunque tanto el IVA como la eventual tasa turística son recaudados por las empresas y no constituyen directamente un coste fiscal para ellas, el sector advierte de que su traslación a los precios puede reducir la demanda. Por ello, las organizaciones empresariales reclaman también eliminar determinados recargos sobre los inmuebles y revertir el aumento de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. El Gobierno, por su parte, ha anunciado una reducción del 20% de un impuesto aplicable a determinados establecimientos, aunque las empresas consideran que su efecto será limitado. El debate se produce además en un momento de especial presión sobre las cuentas públicas británicas. Londres deberá presentar sus presupuestos el próximo 28 de octubre, en un contexto en el que el Ejecutivo tendrá que compatibilizar nuevas necesidades de gasto, entre ellas las relacionadas con Defensa y el coste de la vida, con el objetivo de avanzar en la consolidación fiscal.

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(Cinco Días, 16-09-2026) | Laboral

Las agencias de viajes quieren hacer libre uso de un tercio de la jornada laboral de sus 60.000 empleados

Las agencias de viajes han elevado la tensión en la negociación del convenio colectivo que afecta a unos 60.000 trabajadores. Tras diez meses de conversaciones sin acuerdo, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) presentó en la reunión celebrada el lunes, junto a los sindicatos Valorian, UGT y CC OO, una propuesta que ha provocado un fuerte rechazo entre las organizaciones sindicales. La principal novedad planteada por la patronal pasa por ampliar de forma sustancial la posibilidad de distribuir irregularmente la jornada laboral. En concreto, CEAV propone elevar del 10% actual, que constituye el límite establecido por el Estatuto de los Trabajadores, hasta el 33% el porcentaje de jornada que podría distribuirse de manera irregular. Para aplicar este incremento sería necesario que quedara expresamente recogido en el convenio sectorial o en un convenio de empresa. De salir adelante, las compañías podrían disponer de un margen equivalente a un tercio de la jornada anual de cada trabajador para concentrar o ampliar horarios en los periodos de mayor actividad, como el inicio de las campañas de verano e invierno o la comercialización de los viajes del Imserso. La distribución irregular de la jornada es una fórmula que ya está presente en otros ámbitos estrechamente relacionados con el turismo, especialmente en la hostelería. Desde este sector se ha defendido como un mecanismo para adaptar la organización del trabajo a las temporadas de mayor y menor actividad y facilitar, en determinados casos, la incorporación de trabajadores jóvenes al mercado laboral. Los sindicatos, sin embargo, mantienen una posición contraria tanto en la hostelería como en las agencias de viajes, al considerar que una mayor flexibilidad de este tipo puede traducirse en un incremento de la precariedad y de las cargas de trabajo. La propuesta de CEAV supone un cambio importante respecto al convenio actualmente vigente, que entró en vigor el 1 de enero de 2025 y se encuentra ahora en situación de ultraactividad mientras continúa la negociación del nuevo texto. El artículo 23.5 del convenio establece que la distribución de la jornada debe organizarse por centro de trabajo para adaptarla a las necesidades específicas de cada unidad productiva. Además, los trabajadores deben conocer sus horarios y días libres individuales, como máximo, el 28 de febrero. Cualquier modificación posterior solo puede producirse ante causas organizativas imprevistas y debidamente justificadas y debe comunicarse con la mayor antelación posible, respetando los límites legales y el derecho a la conciliación. La jornada laboral no es, en cualquier caso, el único foco de desacuerdo. Las diferencias también son importantes en materia salarial. Los sindicatos reclaman recuperar parte del poder adquisitivo perdido desde la Gran Recesión, mientras que la propuesta empresarial para los próximos años contempla incrementos inferiores a la inflación registrada recientemente, que alcanzó el 4,3% en agosto. Entre 2023 y 2025, los salarios pactados en el convenio de las agencias de viajes aumentaron un 11,25%, con incrementos del 5% en 2023, del 3,5% en 2024 y del 3% en 2025. Para los tres próximos ejercicios, la patronal plantea una subida acumulada en torno al 7,5%, equivalente a un 2,5% anual, frente al 11% que reclaman las organizaciones sindicales. Otro de los asuntos que separa a las partes es la aplicación de la cláusula de compensación y absorción. El convenio actualmente en vigor, firmado por Valorian, sindicato mayoritario en el sector y rechazado por CC OO y UGT, estableció para 2025 un incremento salarial del 3%, pero con una excepción para quienes percibieran más de 24.200 euros brutos anuales. Los trabajadores situados por debajo de ese umbral reciben íntegramente la subida, mientras que para quienes superan esa cantidad el incremento puede reducirse o incluso quedar absorbido por las mejoras salariales que ya hayan pactado individualmente con su empresa. La propuesta de la patronal modifica también los umbrales para aplicar esta cláusula durante los próximos años. En 2026 se situaría en los 24.000 euros brutos anuales, aumentaría hasta los 28.000 euros en 2027 y alcanzaría los 32.000 euros en 2028. Este planteamiento, unido a la ampliación de la distribución irregular de la jornada y a la diferencia entre las propuestas salariales, mantiene abierto el conflicto en una negociación que acumula ya diez meses sin acuerdo y que afecta a las condiciones laborales de uno de los principales colectivos profesionales vinculados a la actividad turística.

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(El Economista, 16-09-2026) | Laboral

Las empresas tendrán que concretar los periodos de inactividad de los fijos discontinuos al contratarlos

Las empresas tendrán que asumir nuevas exigencias en materia laboral a partir del 5 de octubre, cuando hayan transcurrido 20 días desde la publicación del real decreto sobre condiciones laborales. La norma, recogida en el BOE este martes, una semana después de su aprobación, incorpora las medidas que ya había anunciado el Ministerio de Trabajo, como la obligación de informar a los trabajadores sobre determinados aspectos de su relación laboral y sobre el uso de algoritmos en la gestión de recursos humanos. Pero también introduce otras obligaciones menos conocidas, entre ellas la de comunicar a los trabajadores fijos discontinuos los periodos en los que está previsto que desarrollen su actividad y aquellos en los que permanecerán inactivos, o al menos una estimación de ambos. El reglamento establece que las empresas deberán facilitar por escrito la información esencial relacionada con el empleo, incluyendo las fechas de inicio y finalización del contrato, las funciones que desempeñará el trabajador, su categoría profesional, los complementos salariales previstos y la forma en que se organiza y distribuye el tiempo de trabajo. En el caso de los fijos discontinuos, la regulación incorpora expresamente la obligación de informar sobre los periodos de actividad e inactividad previstos. Se trata de trabajadores con contrato indefinido que desarrollan su actividad de manera intermitente y cuyo calendario laboral puede depender de las necesidades de cada empresa o sector. El alcance de esta nueva exigencia genera distintas interpretaciones entre los especialistas. Omar Molina, director de Augusta Abogados, entiende que supone un cambio respecto al marco vigente, ya que las empresas deberán trasladar individualmente por escrito una previsión sobre los periodos de actividad e inactividad. Según explica, hasta ahora el Estatuto de los Trabajadores regulaba fundamentalmente el sistema de llamamientos y la información que debía proporcionarse a los representantes de los trabajadores, pero no establecía esta obligación individual en los mismos términos. Desde MAIO Legal, sin embargo, Ángela Toro, responsable del área Laboral en Madrid, considera que el real decreto no introduce necesariamente una obligación completamente nueva, sino que refuerza y concreta lo que ya establecía la normativa. A su juicio, lo fundamental es que el trabajador disponga de una previsión razonable sobre los momentos en los que prestará servicios y aquellos en los que permanecerá inactivo, previsión que podrá establecerse mediante criterios que permitan determinar esos periodos. El nivel de precisión exigible dependerá en buena medida de las características de cada actividad y de lo establecido en los convenios colectivos. Hay sectores en los que resulta relativamente sencillo anticipar las épocas de mayor actividad, mientras que en otros la evolución de la carga de trabajo dificulta establecer un calendario con antelación. Esta situación puede ser especialmente relevante en empresas subcontratistas que utilizan trabajadores fijos discontinuos y cuya actividad está condicionada por el volumen de trabajo de una empresa principal. En ámbitos como la hostelería o la automoción, los convenios y los acuerdos alcanzados entre empresas y representantes de los trabajadores pueden desempeñar un papel importante para concretar estos periodos. Los cambios afectan también al contenido que deberá figurar en los nuevos contratos de trabajo. Las empresas tendrán que detallar cuestiones como el salario base, los complementos salariales y, cuando su importe sea variable, los criterios utilizados para determinarlo, además de la jornada y los horarios diarios, semanales y anuales. La regulación pretende evitar asimismo referencias genéricas al convenio colectivo aplicable, de modo que deberá identificarse el convenio correspondiente, así como el artículo que resulte de aplicación y su periodo de vigencia. No será necesario revisar de oficio todos los contratos que ya estén en vigor para adaptarlos a las nuevas exigencias. Estas obligaciones deberán incorporarse a los contratos de las nuevas incorporaciones. No obstante, los trabajadores que ya formen parte de la plantilla podrán solicitar la información que no tengan a su disposición y la empresa dispondrá de un plazo máximo de 30 días para facilitarla por escrito. Por tanto, aunque la norma no obliga a las compañías a remitir de forma generalizada toda la información a los trabajadores actuales, la falta de entrega de los datos cuando sean solicitados puede tener consecuencias para la empresa, especialmente en caso de conflicto judicial.

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(El Economista, 16-09-2026) | Laboral

La subida de las pensiones por el IPC rozará el 3,5% en 2027 y sumará 8.000 millones al gasto

La inflación ha vuelto a superar el 4% en España, algo que no ocurría desde hace más de tres años, como confirmó el INE con el dato correspondiente a agosto. Las previsiones para los próximos meses apuntan a que la presión sobre los precios continuará, principalmente por la evolución de los combustibles y de la energía, lo que podría situar la revalorización de las pensiones públicas al comienzo de 2027 cerca del 3,5%. Los principales centros de estudios coinciden en señalar al petróleo y los carburantes como uno de los principales factores que marcarán la evolución del IPC durante la última parte del año. Funcas contempla una moderación del precio del crudo si las tensiones internacionales no se intensifican, aunque prevé que la inflación pueda alcanzar el 4,9% en septiembre y mantenerse por encima del 4% durante los meses siguientes, cerrando 2026 con una media del 3,6%. BBVA Research también estima una aceleración del IPC hasta el 4,8% en septiembre, impulsada por el componente energético, cuyo aumento interanual podría superar el 20%. Además, advierte de que el encarecimiento del transporte y de los costes de producción podría trasladarse a los precios de los alimentos. La evolución del IPC entre septiembre y noviembre será especialmente relevante para determinar cuánto subirán las pensiones en 2027. Desde la reforma de 2021, la actualización anual de estas prestaciones está vinculada a la inflación media registrada durante los doce meses anteriores a diciembre. De este modo, la Seguridad Social tomará como referencia los datos comprendidos entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Con un IPC del 4,8% en septiembre y tasas superiores al 4% en octubre y noviembre, las estimaciones apuntan a una revalorización próxima al 3,4%. Esta actualización supondría un incremento significativo del gasto de la Seguridad Social. El investigador de Fedea Miguel Ángel García calcula que cada punto adicional de revalorización supone unos 2.300 millones de euros, por lo que una subida cercana al 3,5% podría elevar el coste de las pensiones en aproximadamente 8.050 millones de euros durante 2027. La cifra final, no obstante, dependerá de cómo evolucione el precio del petróleo y de la situación del transporte marítimo en Oriente Medio durante los próximos meses. El servicio de estudios del Consejo General de Economistas contempla una inflación media anual de entre el 3,6% y el 3,8%, con un IPC en diciembre situado entre el 4,5% y el 5,7%. En marzo, el Banco de España ya había advertido de que una prolongación del conflicto durante todo el ejercicio podría llevar la inflación hasta el 5,9%. Las previsiones, sin embargo, presentan diferencias importantes. Ceprede considera que los precios comenzarán a moderarse progresivamente y sitúa tanto la inflación de diciembre como la media anual en el 3,3%. CaixaBank Research calcula que el ejercicio terminará con un IPC del 3,2%, mientras que ING espera una mejora en septiembre, aunque mantiene una previsión del 4% para el último trimestre, lo que elevaría la media de 2026 hasta el 3,5%. Parte de esta moderación se explica por el efecto de comparación interanual, ya que los precios energéticos ya registraban niveles elevados en el último trimestre de 2025. En cualquier caso, las distintas estimaciones sitúan la inflación de cierre de año por encima del objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo. La evolución de los precios tendrá así una doble repercusión: por un lado, condicionará el poder adquisitivo de los hogares y, por otro, incrementará el coste de mantener actualizado el sistema público de pensiones. La presión sobre estas cuentas ya es elevada. La AIReF estimó que el gasto en pensiones crecería un 5,9% durante 2026, con la revalorización vinculada al IPC como uno de los principales factores detrás del aumento, junto con el crecimiento del número de beneficiarios. En agosto, la Seguridad Social abonó alrededor de 10,5 millones de pensiones. Durante los siete primeros meses de 2026, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinó 109.847 millones de euros al pago de pensiones, un 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cantidad representa ya el 68,8% del presupuesto previsto para las pensiones contributivas en el conjunto del ejercicio. Las prestaciones de jubilación concentraron el 73,8% del gasto, con unos 81.100 millones de euros, mientras que las pensiones de viudedad supusieron 16.637 millones y las de incapacidad, 10.595 millones.

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(El Economista, 16-09-2026) | Laboral

La UE tumba las barreras al empleo: los títulos se reconocerán en cinco semanas con una cartera digital

Cuatro décadas después de que la Unión Europea planteara la creación del mercado único, la circulación de capitales, mercancías y servicios entre los Estados miembros está ampliamente consolidada. Sin embargo, la movilidad de los trabajadores continúa encontrando importantes obstáculos, especialmente por las diferencias administrativas y en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Para tratar de reducir estas barreras, la Comisión Europea ha planteado un nuevo paquete legislativo que contempla la digitalización de títulos y documentos relacionados con la Seguridad Social y la reducción de los plazos para reconocer determinadas cualificaciones profesionales. La iniciativa pretende facilitar que los trabajadores puedan acreditar sus derechos de Seguridad Social y asistencia sanitaria cuando se desplazan entre países, al tiempo que busca garantizar que sus títulos y competencias sean comprensibles y puedan reconocerse formalmente en aquellos Estados donde la profesión esté regulada. La Comisión considera que la simplificación de estos procedimientos también facilitará a las empresas la contratación de profesionales de otros países y la prestación de servicios transfronterizos, mientras que las administraciones nacionales dispondrán de mecanismos de cooperación más eficaces para proteger los derechos laborales y combatir posibles fraudes. Uno de los elementos centrales de la propuesta es la creación de un sistema digital que permita acreditar los derechos de Seguridad Social durante los desplazamientos dentro de la UE. En este entorno se integrarían documentos como el certificado A1, que permite acreditar qué legislación de Seguridad Social resulta aplicable a un trabajador desplazado, o la Tarjeta Sanitaria Europea, cuya expedición la Comisión pretende agilizar hasta situarla en un plazo de 24 horas. Bruselas calcula que el conjunto de estas medidas podría generar unos beneficios económicos de 6.000 millones de euros hasta 2040, principalmente gracias a la reducción de los tiempos necesarios para reconocer cualificaciones y a la posibilidad de verificar documentación en tiempo real. La Comisión parte de un nivel de movilidad laboral todavía reducido: en 2024, alrededor de 10 millones de personas en edad de trabajar residían en otro Estado miembro, apenas el 3,9% de la población europea en edad laboral. Al mismo tiempo, un 18% de las personas consultadas manifiesta disposición a trasladarse a otro país. La simplificación de los trámites pasa también por transformar el modo en que se gestionan los títulos académicos y profesionales. La propuesta contempla que las titulaciones, desde los estudios de secundaria hasta los doctorados, puedan emitirse en formato digital y almacenarse en una cartera digital de identidad. El sistema podría incluir títulos obtenidos durante los diez años anteriores a la entrada en vigor de la nueva normativa. La Comisión Europea prevé que esta cartera esté disponible para los ciudadanos a finales de 2026 y que permita reunir, además de las titulaciones, documentos como la Tarjeta Sanitaria Europea, el certificado A1 y otros justificantes relacionados con la Seguridad Social. El paquete también pretende acelerar el reconocimiento de cualificaciones obtenidas fuera de la Unión Europea. Actualmente, estos procedimientos pueden prolongarse una media de 14 meses, mientras que la propuesta plantea reducir el plazo hasta aproximadamente cuatro meses y rebajar a la mitad los costes administrativos que soportan las empresas. Para determinadas profesiones con elevada demanda, el proceso podría simplificarse todavía más. Médicos, enfermeros, dentistas, matronas, veterinarios, farmacéuticos y arquitectos podrían beneficiarse de un reconocimiento automático cuando sus títulos procedan de programas previamente acreditados y cumplan los estándares mínimos establecidos a escala europea. La reforma contempla asimismo una ampliación de las competencias de la Autoridad Laboral Europea. Bruselas plantea que este organismo pueda proponer inspecciones, acceder a determinadas bases de datos europeas y ampliar su ámbito de actuación para proteger también a trabajadores extracomunitarios que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad. La experiencia de las inspecciones transfronterizas realizadas hasta ahora muestra el alcance de estos mecanismos: en 2021 se llevaron a cabo 347 actuaciones sobre cerca de 25.000 trabajadores, en las que se detectaron, entre otras irregularidades, impagos o pagos insuficientes de salarios y situaciones de empleo no declarado. El objetivo de la Comisión Europea es reducir así uno de los principales obstáculos que todavía limitan la movilidad laboral dentro del mercado único: la complejidad de los procedimientos administrativos. La digitalización de documentos, la agilización del reconocimiento de títulos y una mayor coordinación entre las administraciones pretenden facilitar que los profesionales puedan trasladarse entre Estados miembros y que las empresas puedan acceder con mayor facilidad al talento disponible en otros mercados europeos.

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(Expansión, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

En vilo la ley de "lobbies" que pone en riesgo hasta 1.500 millones de fondos europeos

El Congreso de los Diputados afronta hoy la votación del real decreto-ley aprobado por el Gobierno en agosto para regular la actividad de los grupos de interés o lobbies. La iniciativa llega a la Cámara Baja sin contar con el respaldo de los sindicatos ni de la patronal, mientras Junts ha anticipado su voto en contra y el Partido Popular todavía mantiene abierta su posición. Entre tanto, más de 250 entidades, entre ellas asociaciones sectoriales, organizaciones profesionales, colectivos de consumidores y grandes compañías, ya se han incorporado al nuevo registro de grupos de interés. La votación resulta especialmente relevante para el último desembolso de los fondos europeos, ya que el decreto forma parte de los compromisos asumidos por España ante Bruselas. Si la norma no supera hoy el trámite de convalidación, España podría ver reducido el importe del último pago hasta en 1.500 millones de euros, según la metodología orientativa de la Comisión Europea para calcular las consecuencias económicas de los hitos incumplidos. No obstante, fuentes del Gobierno señalan que la cantidad final podría ser inferior en función de los ajustes previstos por el propio mecanismo europeo. El Ejecutivo aprobó el decreto el pasado 25 de agosto con el objetivo de cumplir los compromisos pendientes antes de solicitar el último desembolso, que se situaría en torno a los 26.000 millones de euros. Economía dispone hasta el 30 de septiembre para justificar el cumplimiento de los hitos y presentar la solicitud. Si finalmente el Congreso rechaza la regulación, el Gobierno tendría que modificar esa petición y podría optar a una cantidad máxima inferior, que llegaría hasta los 24.500 millones de euros. La Comisión Europea debería posteriormente evaluar la solicitud y efectuar el pago antes del 31 de diciembre, fecha en la que concluye el Plan de Recuperación puesto en marcha tras la pandemia. La propuesta también ha generado un fuerte rechazo entre los agentes sociales. UGT y CCOO consideran que incluir a las organizaciones sindicales en el registro, como condición para mantener reuniones con representantes políticos y altos cargos de la Administración, no tiene en cuenta las funciones representativas y constitucionales que desempeñan. Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, también ha cuestionado que la principal organización empresarial del país quede sometida a esta regulación y anunció la suspensión de las comunicaciones con el Gobierno hasta conocer el resultado de la votación parlamentaria. Desde el ámbito profesional del lobby, en cambio, la valoración del decreto es diferente. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales considera que el nuevo texto introduce mejoras respecto al proyecto de ley anterior. Entre ellas destaca la atribución de las funciones de supervisión y control a una autoridad independiente, que recaerían en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como la posibilidad de conectar el registro estatal con los existentes en comunidades autónomas y ayuntamientos. El sector considera especialmente importante esta interoperabilidad para evitar la proliferación de registros desconectados entre sí y una mayor carga burocrática. La regulación incorpora además buena parte de las propuestas planteadas durante la tramitación parlamentaria anterior y, según los profesionales del sector, se ajusta a los estándares europeos. El resultado de la votación determinará, por tanto, tanto el futuro inmediato del marco regulador de los grupos de interés como el cumplimiento de uno de los compromisos vinculados al cierre del Plan de Recuperación y al último desembolso de fondos europeos.

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(El País, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno zanja el pulso entre Aena y las aerolíneas con tarifas casi congeladas hasta 2031

El Consejo de Ministros ha recortado de forma sustancial la propuesta tarifaria planteada por Aena para el periodo 2027-2031 con la aprobación del tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III). El nuevo marco contempla un incremento de las tarifas aeroportuarias de apenas tres céntimos de euro por ejercicio, equivalente a un 0,33% anual y un 1,65% acumulado durante los cinco años. La decisión se sitúa muy lejos de la propuesta inicial del gestor aeroportuario, que defendía una subida anual del 3,82%, unos 43 céntimos por pasajero, y también de la posición de las aerolíneas, que reclamaban una reducción del 4,9%. La resolución del Gobierno se aproxima más a la recomendación formulada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que había planteado una rebaja anual del 0,59%, aunque tampoco coincide con las pretensiones del sector aéreo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido que el acuerdo permitirá a España disponer de aeropuertos más competitivos. Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha valorado positivamente que el Ejecutivo haya moderado las pretensiones de Aena, aunque considera insuficiente el resultado al quedar todavía lejos de la reducción de tarifas que reclamaba el sector. El resultado supone, en la práctica, cinco años de casi congelación de las tarifas aeroportuarias pese al fuerte crecimiento previsto del tráfico. La red de Aena pasará de atender 321 millones de pasajeros en 2025 a una previsión de 358 millones en 2031. Con la decisión del Gobierno termina además un intenso enfrentamiento entre el gestor aeroportuario y las compañías aéreas en torno al impacto de las tarifas sobre sus respectivas cuentas de resultados. La diferencia entre lo que Aena pretendía ingresar y lo que las aerolíneas estaban dispuestas a pagar llegó a alcanzar los 5.000 millones de euros durante el conjunto del quinquenio. Actualmente, el Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ) se sitúa en 11,02 euros de media, frente a los 10,35 euros de 2025, lo que supuso entonces un incremento del 6,44%. Sobre esa cantidad se aplicarán ahora las subidas aprobadas para el nuevo periodo regulatorio. Donde el DORA III mantiene intactas las grandes cifras es en el capítulo inversor. Aena prevé destinar 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031 a la modernización y ampliación de su red aeroportuaria. De esta cantidad, 9.991 millones se dirigirán a los activos regulados o aeronáuticos, con actuaciones destinadas principalmente a ampliar la capacidad de las terminales, mejorar las operaciones y reforzar la seguridad. Los otros 3.000 millones se invertirán en las actividades comerciales y no reguladas del gestor aeroportuario. El volumen de inversión irá creciendo progresivamente a lo largo del quinquenio. Aena destinará 1.266 millones de euros en 2027, 1.774 millones en 2028 y 2.059 millones en 2029. El esfuerzo aumentará hasta los 2.397 millones en 2030 y alcanzará los 2.501 millones en 2031. Según ha destacado Óscar Puente, se trata de uno de los mayores procesos de transformación de la red aeroportuaria española y responde a la necesidad de adaptar las infraestructuras a un crecimiento sostenido de la demanda durante las próximas décadas. Dentro de la inversión regulada, los edificios terminales concentrarán la mayor partida, con cerca de 2.851 millones de euros, mientras que otros 937 millones se destinarán al campo de vuelos. La seguridad contará con 1.650 millones, mientras que alrededor de 660 millones se dedicarán a mejorar la intermodalidad, avanzar en la descarbonización y reforzar la sostenibilidad de la red. Además, se invertirán 400 millones en los sistemas de transporte de equipajes. A estas partidas se suman otros 3.240 millones destinados al mantenimiento y conservación de las instalaciones aeroportuarias. La mejora de la calidad de las infraestructuras también ocupa un lugar relevante en el nuevo DORA. El 19% de la inversión regulada, unos 1.859 millones de euros, se orientará a mejorar los espacios aeroportuarios y la experiencia de los pasajeros. El objetivo es agilizar los procesos de embarque, optimizar los controles de seguridad y pasaportes y mejorar tanto la accesibilidad como los flujos de viajeros dentro de las instalaciones. Las previsiones de tráfico del DORA III también reflejan la fuerte expansión que está experimentando la red aeroportuaria. Frente a los 321 millones de pasajeros registrados en 2025, el Gobierno espera alcanzar los 358 millones en 2031. La estimación de Aena era algo más prudente, con 346 millones de viajeros al término del quinquenio, mientras que la CNMC consideró esa previsión demasiado conservadora y elevó su cálculo hasta los 366 millones. Los datos más recientes apuntan además a que el crecimiento del tráfico continúa por encima de las previsiones. Durante los siete primeros meses de 2026, Aena gestionó 190 millones de pasajeros en España, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior, pese al contexto de inestabilidad geopolítica. En agosto, la red volvió a marcar un récord histórico, con 34,9 millones de viajeros atendidos en un solo mes. Un comportamiento que refuerza la necesidad de las inversiones previstas y sitúa a la capacidad de las infraestructuras aeroportuarias como uno de los principales retos para los próximos años.

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(El País, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno limita el poder de las comunidades para conseguir subvenciones

La consideración de "inversión estratégica" que el Gobierno concederá a determinados proyectos de interés público tendrá consecuencias también sobre el acceso a las ayudas públicas. El texto que regula el Comité de Inversiones Estratégicas, aprobado por el Consejo de Ministros, establece una vía acelerada para tramitar las iniciativas consideradas prioritarias e incorpora una novedad respecto a los borradores anteriores: los proyectos que obtengan este reconocimiento tendrán prioridad en la tramitación de los incentivos regionales. Esta modificación refuerza el papel del Estado frente a las comunidades autónomas, que hasta ahora contaban con mayor capacidad para impulsar proyectos de interés territorial. Los incentivos regionales son ayudas gestionadas por el Ministerio de Hacienda destinadas a favorecer inversiones en territorios que, conforme a los criterios de la Unión Europea, necesitan un apoyo adicional para aproximarse a la media económica comunitaria. Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra quedan fuera de este sistema al superar los umbrales establecidos. Estas ayudas suelen contar con financiación europea procedente de los fondos de cohesión y las comunidades autónomas intervienen de forma relevante en su concesión, ya que presentan las solicitudes y aportan parte de los recursos necesarios para financiar los proyectos. Aunque las condiciones para acceder a estos incentivos están reguladas, su ámbito de aplicación es amplio e incluye actividades como la hostelería. La intención del Gobierno es que, a partir de ahora, las iniciativas respaldadas mediante este mecanismo estén también alineadas con las prioridades fijadas a escala estatal. El nuevo requisito introduce así un filtro adicional que puede reducir el margen de las comunidades para promover proyectos que consideren relevantes desde una perspectiva territorial. Aquellas iniciativas que no cuenten con el respaldo estatal podrían encontrar mayores dificultades para completar la financiación necesaria y, en algunos casos, podrían quedar comprometidas. El Ejecutivo plantea esta modificación como una manera de orientar los recursos públicos hacia proyectos considerados de mayor interés para el conjunto del país. En la práctica, supone añadir una nueva fase de valoración que puede limitar el acceso de determinadas iniciativas a las ayudas y reducir la capacidad autonómica para respaldar proyectos vinculados a necesidades locales. Es el caso, por ejemplo, de determinadas inversiones hoteleras, que pueden tener dificultades para encajar en los criterios que previsiblemente aplicará el Comité de Inversiones Estratégicas, más orientados hacia ámbitos como la descarbonización, la digitalización o la generación de empleo. Entre los proyectos que recibieron incentivos regionales el pasado mes de julio figuran algunas inversiones turísticas de gran dimensión. Una de ellas corresponde a un nuevo hotel de Lopesan en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, que prevé generar 552 puestos de trabajo y ha obtenido cerca de 50 millones de euros de ayuda pública. También aparece el Apart Hotel Arona, en Tenerife, al que se han concedido 1,1 millones de euros pese a que la previsión de creación de empleo se limita a cuatro puestos. El Ministerio de Hacienda forma parte, además, del órgano encargado de dirigir el Comité de Inversiones Estratégicas, que estará integrado en la Oficina Económica dependiente directamente de Presidencia del Gobierno. El organismo estará copresidido por La Moncloa y el Ministerio de Economía. De este modo, cuando Hacienda participe en la gestión de los incentivos regionales, deberá tener en cuenta la nueva clasificación estatal de los proyectos y la prioridad que el Ejecutivo pretende conceder a las iniciativas que dispongan de la declaración de inversión estratégica. El nuevo reconocimiento comenzará a concederse cuando entre en funcionamiento la página web a través de la cual se presentarán las solicitudes. Todavía está pendiente de concretarse parte de su desarrollo reglamentario, entre ella la publicación de los criterios y baremos que determinarán la puntuación necesaria para obtener la declaración. A diferencia de los incentivos regionales, esta calificación no supone por sí misma la concesión de fondos públicos. Su principal efecto consiste en proporcionar un tratamiento administrativo preferente al proyecto ante las distintas Administraciones y acelerar la obtención de las autorizaciones necesarias. Entre las ventajas previstas destaca el acceso prioritario a la red eléctrica, una cuestión especialmente relevante para proyectos de nueva generación económica, como los centros de datos o las grandes fábricas vinculadas a nuevas tecnologías, en un contexto en el que la capacidad de la red se encuentra sometida a una elevada presión. No obstante, todavía no está definido con precisión cómo se materializará esa prioridad en la práctica. Varias comunidades autónomas disponen ya de mecanismos similares para identificar y acelerar proyectos considerados estratégicos. Esta condición puede facilitar tanto la movilización de financiación pública como la llegada de capital privado, al ofrecer a los inversores una mayor previsibilidad sobre los procedimientos administrativos y los plazos de autorización. Además, permite coordinar a las diferentes Administraciones implicadas alrededor de una misma iniciativa y proporcionar mayor seguridad jurídica al proyecto. El modelo español toma como referencia experiencias desarrolladas en otros países, especialmente el programa Choose France, impulsado por el Gobierno francés para atraer inversión extranjera y presentado como una herramienta de éxito para captar capital. El contexto institucional francés, sin embargo, presenta diferencias relevantes respecto al español, entre ellas un mayor peso del poder central y una estructura territorial con menor protagonismo de las administraciones regionales. Los proyectos que aspiren a obtener la consideración de estratégicos podrán estar promovidos tanto por capital nacional como extranjero. Entre los sectores que muestran mayor interés se encuentran los centros de datos, especialmente por las ventajas que esta declaración puede proporcionar a la hora de garantizar el acceso a recursos esenciales como la electricidad y el agua. El Gobierno asegura que existe una elevada demanda para obtener esta consideración y que las empresas interesadas están esperando para acceder al nuevo procedimiento. Por su parte, fuentes financieras que participan en operaciones de inversión en España señalan que una parte significativa del capital pendiente de materializar procede de inversores chinos.             

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(La Vanguardia, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE confirma el 4,3% de inflación en agosto con perspectivas de que septiembre será peor

Agosto ha confirmado el deterioro de la evolución de los precios y todo apunta a que septiembre podría ser todavía más complicado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que la inflación se situó el pasado mes en el 4,3%, siete décimas por encima de julio y en su nivel más elevado desde febrero de 2023. El repunte responde principalmente al encarecimiento de los carburantes, al progresivo descenso de las ayudas y a un efecto base, ya que en agosto del año pasado los precios de los combustibles habían registrado una bajada. A este escenario se suma ahora la creciente tensión en los mercados energéticos. El cierre del oleoducto utilizado por Arabia Saudí como alternativa al estrecho de Ormuz ha contribuido a elevar el precio del petróleo y el barril de Brent ya supera los 100 dólares. Las perspectivas para septiembre, por tanto, son poco favorables. De hecho, el BCE ya advirtió la semana pasada, al acompañar su subida de tipos, de que las presiones inflacionistas podrían mantenerse durante más tiempo del deseado y alejar la vuelta al objetivo del 2%, que podría no producirse hasta 2027. El dato de agosto confirma así la cifra adelantada por el INE hace dos semanas y refleja cómo el impacto de la guerra de Irán sobre los precios se ha intensificado con mayor rapidez de la prevista. La inflación pasó de situarse ligeramente por encima del 3% entre abril y junio al 3,6% en julio y, finalmente, al 4,3% en agosto. Para septiembre, Funcas estima que la tasa podría acercarse al 5%, mientras que sitúa la media anual en el 3,6%, siempre condicionada a que la evolución del conflicto permita una cierta moderación de los precios energéticos y, especialmente, del petróleo. "Hay unas tensiones inflacionistas estructurales importantes ahora agudizadas por los precios energéticos", señala María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas. La evolución de los carburantes refleja con claridad esta presión. El precio del gasóleo aumentó un 30,3% en agosto, mientras que la gasolina lo hizo un 16,9%, incrementos sensiblemente superiores a los registrados en julio. Precisamente, el repunte de los precios observado durante julio llevó a incrementar desde el 1 de septiembre la bonificación aplicada al diésel hasta los 20 céntimos por litro, mientras que el descuento para la gasolina se mantiene en cinco céntimos. Sin embargo, la intensidad de las nuevas subidas pone en duda que estas medidas sean suficientes para contener el impacto sobre los precios. En este contexto, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno "no dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante las subidas" de los precios. La cuestión ahora es si esta declaración se traducirá en una prolongación de las rebajas fiscales sobre los carburantes, cuyo vencimiento está previsto para este mes. El fuerte repunte de la inflación aumenta la probabilidad de que el Ejecutivo busque alguna fórmula para mantenerlas, aunque deberá valorar también el coste que estas medidas suponen para las arcas públicas. La presión de los precios también comienza a apreciarse en la alimentación. La inflación de los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentó hasta el 2,3%, su tasa más elevada desde abril, después de haberse mantenido por debajo del 2% durante los dos meses anteriores. Entre los productos que más se encarecieron destacan las legumbres, con una subida del 15,9%; los huevos, con un 12,5%; y el pescado fresco y congelado, con un 7,8%. El principal elemento positivo del dato de agosto se encuentra en la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos. Esta tasa se redujo una décima, hasta el 2,9%, lo que podría indicar que el fuerte encarecimiento de los productos energéticos todavía no se ha trasladado de forma generalizada al conjunto de la economía. Sin embargo, la persistencia de las tensiones energéticas y el escenario previsto para los próximos meses hacen pensar que ese impacto podría terminar trasladándose al resto de precios.

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