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(Expansión, 04-03-2026) | Fiscal

El laberinto fiscal del comercio en la era de la inteligencia artificial

El comercio internacional se encamina hacia un escenario sin precedentes. De acuerdo con un informe reciente de QuantumBlack, la economía mundial podría recibir un impulso de hasta 5 billones de dólares antes de 2030 gracias al llamado comercio agéntico. En este modelo emergente, los consumidores dejan de interactuar directamente con las tiendas en línea: son sus agentes de inteligencia artificial quienes buscan productos, comparan opciones, negocian condiciones y formalizan las compras en su nombre. La propuesta tecnológica resulta atractiva: una experiencia fluida en la que un asistente virtual, apoyado en sistemas avanzados como el Agent Payments Protocol (AP2), se encarga tanto de adquirir una vivienda como de gestionar la compra semanal del supermercado. Sin embargo, al simplificar la experiencia del usuario, surge un obstáculo de enorme complejidad: la normativa fiscal internacional. El principal desafío radica en la identidad tributaria. En el comercio tradicional, comprador y vendedor están claramente definidos. Pero cuando una inteligencia artificial asume el protagonismo en la transacción, la delimitación de responsabilidades se vuelve difusa. Para que estos agentes funcionen de forma realmente autónoma, a menudo procesan los pagos dentro de su propia plataforma, sin redirigir al usuario al sitio web del comerciante. En ese momento, dejan de ser simples intermediarios tecnológicos y, desde el punto de vista legal, pueden convertirse en responsables de la recaudación de impuestos al controlar el flujo de fondos o las condiciones de venta. En la Unión Europea, este supuesto activa la figura del "suministrador presunto". Las reglas del IVA aplicables a plataformas digitales establecen que, si un agente de IA interviene en la venta de bienes importados de menos de 150 euros o en servicios digitales, y participa en la autorización del pago o en la fijación de las condiciones, se entiende que existen dos operaciones: una venta inicial del proveedor al agente (exenta a efectos técnicos) y una segunda venta del agente al consumidor final. Para una start up que desarrolla agentes de compra, esto implica un reto considerable. De pronto, ya no solo crean software, sino que asumen obligaciones fiscales frente a las autoridades tributarias de los 27 Estados miembros. Si el sistema adquiere un libro digital en Francia o una suscripción en Alemania, la plataforma debe calcular el IVA correcto, recaudarlo y declararlo, asumiendo la responsabilidad ante cualquier error. En Estados Unidos, la situación es aún más compleja tras la sentencia Wayfair del Tribunal Supremo, que dio pie a la expansión de las leyes sobre "facilitadores de mercado" en la mayoría de los estados. A diferencia de la UE, donde el foco suele estar en bienes importados o servicios digitales, en EE. UU. el elemento determinante es el control del dinero. Si la aplicación de IA cobra al cliente y transfiere el importe al vendedor -aunque utilice pasarelas de pago externas-, puede considerarse que está facilitando la operación. Las implicaciones son significativas. Si el agente supera determinados umbrales de actividad económica -por ejemplo, 100.000 dólares en ventas o 200 transacciones en estados como Illinois o Nueva York- deberá registrarse y tributar allí. Un agente que opere en todo el país tendrá que adaptarse a miles de jurisdicciones fiscales -estatales, condales y municipales-, cada una con tipos impositivos y normas propias. El informe advierte además sobre el "riesgo sistémico" y la responsabilidad derivada de redes de agentes interconectados. Desde la óptica tributaria, esto plantea enormes dificultades de supervisión. Pensemos en un agente que negocia un paquete que incluye vuelo, hotel y alquiler de coche: ¿cómo se distribuye el IVA dentro de ese conjunto de servicios? Si el sistema aplica por error un tipo reducido donde no corresponde y replica esa operación miles de veces por segundo, la exposición fiscal puede alcanzar cifras millonarias antes de que intervenga un supervisor humano. Las administraciones no aceptarán como justificación un fallo del algoritmo. La llamada "caja negra" de la IA -la falta de transparencia en su proceso de decisión- entra en conflicto con las exigencias de trazabilidad de los auditores. Será imprescindible explicar por qué se aplicó un tipo impositivo concreto en cada microdecisión. Así, la explicabilidad deja de ser una cuestión técnica para convertirse en una salvaguarda esencial frente a inspecciones. Sin registros detallados y verificables, la supuesta eficiencia de la IA podría verse eclipsada por riesgos fiscales difíciles de dimensionar. El comercio agéntico parece destinado a crecer, pero su sostenibilidad dependerá de integrar el cumplimiento tributario en su propia arquitectura tecnológica. Las compañías que lideren esta transformación no solo requerirán modelos avanzados de lenguaje, sino también sistemas de inteligencia fiscal capaces de adaptarse en tiempo real a las normativas de Bruselas y Washington. Sin esta capa de cumplimiento integrada, la eficiencia prometida podría desmoronarse ante contingencias legales de gran magnitud. En definitiva, la verdadera autonomía de la inteligencia artificial exige asumir responsabilidades: un agente que puede gastar también debe estar preparado para tributar. En este nuevo entorno, la confianza del consumidor irá de la mano de un cumplimiento fiscal automatizado y casi imperceptible.

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(Expansión, 04-03-2026) | Fiscal

Hacienda traslada al sector empresarial un mensaje de calma legislativa y de profunda transformación en lo formal y tecnológico

En un entorno económico centrado en la estabilidad y en ofrecer mayor previsibilidad a las compañías, la dirección del Ministerio de Hacienda anticipa un panorama tributario para los próximos meses con menos cambios normativos y un decidido impulso a la seguridad jurídica apoyado en herramientas tecnológicas. Así lo expusieron la directora general de Tributos, María José Garde, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, durante una jornada sobre novedades fiscales para 2026 organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PwC. Ambos defendieron que el sistema tributario debe entenderse no solo como un mecanismo recaudatorio, sino como una palanca clave de política económica. Uno de los anuncios más destacados fue el avance en la creación de la Base Unificada de Conocimiento (BUC), un proyecto desarrollado junto a la Agencia Tributaria y los tribunales económico-administrativos. Según explicó Garde, no se trata de un simple repositorio de información, sino de una plataforma que integrará y digitalizará todo el cuerpo interpretativo de Hacienda, conectando cada artículo publicado en el BOE con las consultas vinculantes, resoluciones y criterios doctrinales relacionados. La finalidad es reducir conflictos y evitar la reiteración de consultas, facilitando respuestas claras y homogéneas tanto para los funcionarios como para los contribuyentes. Para Garde, la previsibilidad y la confianza deben ser pilares del sistema tributario, y la transparencia es la mejor vía para minimizar la incertidumbre. En el ámbito internacional, la directora general subrayó la creciente complejidad del escenario, marcada por la irrupción de la ONU en el debate sobre una futura convención fiscal global y por los avances de la OCDE en el denominado Pilar II. En este último ámbito se ha acordado un mecanismo de "Puerto Seguro" que busca proteger la competitividad de las multinacionales durante la transición hacia un tipo mínimo global. Por su parte, Jesús Gascón describió el momento actual como una etapa de "baja intensidad normativa", una pausa tras años de intensa producción legislativa, favorecida por la estabilidad económica y la evolución positiva de los ingresos públicos. El secretario de Estado también quiso aclarar dudas sobre el tratamiento fiscal de las ayudas públicas concedidas por daños derivados de catástrofes como la dana. Según explicó, no es necesario establecer exenciones específicas, ya que estas ayudas no generan una ganancia patrimonial: compensan una pérdida previa. Además, garantizó que dichas cantidades no podrán ser embargadas. En materia aduanera, Gascón destacó como uno de los logros de la presidencia española el avance en la reforma de la Unión Aduanera, a pesar de que otras iniciativas -como la fiscalidad energética o la del tabaco- siguen bloqueadas en Bruselas por la exigencia de unanimidad. La reforma aduanera supondrá, según indicó, un cambio profundo, con la creación de una Autoridad Aduanera Europea y un sistema centralizado de datos. Entre las novedades figura el operador "Trust and Check", evolución del actual Operador Económico Autorizado, que permitirá a empresas de confianza autoliquidar sus operaciones mediante acceso directo a los datos, reduciendo la intervención de los controles aduaneros tradicionales. En suma, el mensaje trasladado al tejido empresarial combina tranquilidad en el plano legislativo con una transformación significativa en el ámbito tecnológico y formal, con el objetivo de construir una relación más ágil, transparente y segura entre la Administración tributaria y los contribuyentes.

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(El País, 04-03-2026) | Fiscal

El Gobierno abre la puerta a desplegar ayudas fiscales si la crisis de Irán se agrava

El Gobierno ha llamado a la cautela ante el agravamiento del conflicto en Irán, aunque al mismo tiempo ha dejado claro que activará medidas fiscales si la crisis en Oriente Próximo se intensifica. El principal temor es que se repita un escenario inflacionario similar al de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, cuando fue necesario aprobar amplios paquetes de ayudas para amortiguar el impacto del encarecimiento de los precios sobre hogares y empresas. La atención se centra especialmente en la energía. Los precios han comenzado a repuntar con fuerza debido a que la tensión afecta a una zona clave para el suministro mundial: el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo global y una parte significativa del gas transportado por mar. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró en TVE que, si la situación termina perjudicando a la economía española, el Ejecutivo está listo para reaccionar con las herramientas necesarias, como ya hizo en 2022. No obstante, desde su departamento se insiste en que todavía es pronto para concretar medidas de apoyo a familias o empresas y se apela a la serenidad mientras evoluciona el conflicto. En la misma línea, fuentes de Hacienda señalan que aún no se están diseñando iniciativas específicas, aunque subrayan que, de adoptarse un plan de respuesta, incluiría previsiblemente un componente tributario. En 2022, la guerra en Ucrania desencadenó una grave crisis de materias primas -energéticas, agrícolas y minerales- que evidenció la dependencia estratégica europea y provocó una inflación inédita en décadas. En España, los precios llegaron a superar el 10%; el gas rebasó los 300 euros por megavatio hora y la electricidad alcanzó picos superiores a los 400 euros/MWh en el mercado mayorista. Para paliar ese escenario, el Ejecutivo aprobó distintos paquetes anticrisis que, solo en ese ejercicio, movilizaron 22.000 millones de euros. Entre las medidas figuraron límites a la actualización de los alquileres, refuerzos del ingreso mínimo vital y, sobre todo, actuaciones en el ámbito energético y fiscal. Se redujo el IVA de la electricidad y de determinados alimentos básicos, se rebajó el impuesto especial sobre la electricidad, se suspendió el gravamen a la generación eléctrica y se aprobaron bonificaciones a los carburantes y ayudas al transporte. Precisamente, las principales asociaciones del transporte por carretera ya han solicitado al Gobierno que tenga preparado un plan de apoyo por si la situación empeora. El Ejecutivo asegura que está siguiendo de cerca la evolución de los precios de la luz y los combustibles, así como su posible repercusión en el transporte, la logística y, en consecuencia, en el sector alimentario. La ministra de Inclusión y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó tras el Consejo de Ministros que la exposición directa de España al conflicto es reducida, aunque pidió prudencia ante la incertidumbre internacional y advirtió de que el impacto dependerá en gran medida de la duración de la crisis. El ministro de Agricultura, Luis Planas, coincidió en que aún es prematuro medir el alcance real de la volatilidad energética, aunque reconoció que ya se han producido subidas relevantes. Tanto Saiz como Planas subrayaron que la diversificación del mix energético y de los proveedores de crudo y gas sitúa a España en una posición más sólida que en crisis anteriores. Aun así, cualquier encarecimiento de la energía termina trasladándose a la cadena agroalimentaria, especialmente a través del coste de fertilizantes y transporte. El Gobierno, recalcaron, mantiene un seguimiento constante de la situación para evaluar en tiempo real el posible impacto sobre consumidores, industrias y empresas, con el fin de activar ayudas si fuera necesario. Planas insistió en que las decisiones se adoptarán en función de cómo evolucionen los acontecimientos en los próximos días. En lo que respecta a los alimentos, el ministro descartó por ahora intervenir los precios, como proponen algunos socios del Ejecutivo, al no apreciarse todavía efectos directos. En cualquier caso, defendió que el Gobierno ya ha demostrado en crisis recientes su capacidad de reacción, una idea que también respaldó Saiz al afirmar que España está mejor preparada para afrontar escenarios de inestabilidad. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó que, si la coyuntura lo exige, se adoptarán medidas para proteger a los trabajadores. Recordó que en crisis anteriores se activaron instrumentos como la prohibición de despidos vinculados a la situación excepcional, condiciones reforzadas para los ERTE o el Mecanismo RED, pensado para hacer frente a dificultades empresariales o sectoriales. Según señaló, si el conflicto termina teniendo consecuencias económicas y sociales, el Ejecutivo actuará para mitigar su impacto sobre la ciudadanía.

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(ABC, 04-03-2026) | Fiscal

Hacienda propone a Inés Olóndriz, alto cargo del ministerio, para presidir la Autoridad Fiscal

El Ministerio de Hacienda ha optado por proponer a Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, para relevar a Cristina Herrero al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Si obtiene el respaldo del Congreso -ya que el nombramiento exige el apoyo mayoritario de la Cámara baja- se convertirá en la tercera persona en presidir el organismo encargado de supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Desde el departamento que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, subrayan que Olóndriz cuenta con reconocimiento tanto en el ámbito público como en el privado y que reúne ampliamente los requisitos técnicos para el puesto. La ley establece que la propuesta corresponde al ministerio, aunque su designación llega en un contexto delicado marcado por el debate sobre la autonomía de la institución. La Airef ha advertido en varias ocasiones de que la solicitud del Ejecutivo para elaborar un nuevo análisis sobre la viabilidad del sistema de pensiones, fijando por decreto el contenido y los plazos del informe, pone en cuestión su independencia. Así lo expresó recientemente Herrero, cuyo mandato de seis años -no renovable- concluye este martes. Al igual que su predecesora, Olóndriz acumula una extensa trayectoria en la Administración, aunque no procede de la propia Airef y actualmente ocupa un cargo de carácter político. Herrero, antes de asumir la presidencia, fue durante seis años directora de Análisis Presupuestario del organismo, bajo la etapa de José Luis Escrivá, quien posteriormente fue ministro y hoy es gobernador del Banco de España. Olóndriz es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, posee un Executive Master en Administraciones Públicas por Esade y cuenta con la certificación de analista financiero (CFA) otorgada por la federación europea EFFAS. Funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Barcelona desde 1990, ha desarrollado su carrera tanto en el sector público como en el privado. Antes de su actual responsabilidad en Hacienda, donde ha participado en la gestión de ayudas durante la pandemia, en la propuesta de condonación de deuda autonómica y en el diseño de la reforma del sistema de financiación, trabajó entre 2011 y 2020 como analista sénior en S&P Global Ratings, especializada en finanzas públicas soberanas y regionales en España y Reino Unido. Desde Hacienda destacan su perfil técnico y su conocimiento detallado de los distintos niveles de la Administración -estatal, autonómica y local- como avales para liderar la Airef. La candidatura no será formalizada en el Consejo de Ministros de este martes, sino en una fecha posterior aún sin concretar. Para prosperar, necesitará mayoría absoluta en el Congreso; de no alcanzarse, bastaría con mayoría simple en el Senado.

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(Expansión, 04-03-2026) | Laboral

Febrero se salda con casi 3.600 parados más y suma 97.000 cotizantes al sistema

El desempleo aumentó en febrero en 3.584 personas respecto a enero (+0,1%), lo que supone el mayor repunte en este mes desde 2021. El incremento se explica principalmente por el comportamiento del sector servicios y del colectivo sin empleo anterior, integrado en su mayoría por jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral. A pesar de esta subida, la Seguridad Social registró un crecimiento de 97.004 afiliados de media, alcanzando los 21.670.636 ocupados, la cifra más alta para un mes de febrero. Los datos han sido difundidos por los Ministerios de Trabajo e Inclusión. En contraste con lo ocurrido este año, en febrero de 2025 y 2024 el paro descendió en 5.994 y 7.452 personas, respectivamente; en 2023 aumentó en 2.618 desempleados y en 2022 cayó en 11.394. Con todo, el total de personas inscritas en las oficinas del SEPE se situó en 2.442.646, el nivel más bajo para un mes de febrero en los últimos 18 años. Desde 1996, el paro ha subido en febrero en 14 ocasiones y ha bajado en 17. El mayor incremento se produjo en 2009, con 154.000 desempleados más, mientras que la mayor caída tuvo lugar en 1998, con 23.843 parados menos. Si se eliminan los efectos estacionales, el desempleo descendió en 3.718 personas. En términos interanuales, el paro se redujo en 150.803 personas, un 5,8% menos que hace un año. Por sectores, además del colectivo sin empleo anterior -que sumó 6.263 desempleados más (+2,8%)-, también aumentó el paro en los servicios, con 1.158 personas más (+0,06%). En cambio, descendió en la construcción (-2.140, un 1,2% menos), en la industria (-1.122, un 0,6% menos) y en la agricultura (-575, un 0,8% menos). Territorialmente, el desempleo bajó en seis comunidades autónomas y subió en once. Los mayores incrementos se registraron en Madrid (+3.694), Cataluña (+2.039) y Castilla-La Mancha (+1.070). Por el contrario, las mayores caídas se produjeron en Andalucía (-2.629), País Vasco (-1.146) y Comunidad Valenciana (-1.102). A nivel provincial, el paro descendió en 21 provincias -con Cádiz, Vizcaya y Baleares a la cabeza- y aumentó en 31, destacando Madrid, Barcelona y Zaragoza. Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, atribuyeron el ligero repunte a la incorporación de nuevos demandantes al mercado laboral. En su valoración, subrayaron que las cifras siguen siendo "claramente positivas", con 150.000 parados menos que hace un año, un peso de la contratación indefinida superior al 44% y una tasa de cobertura cercana al 82%. En paralelo, la afiliación a la Seguridad Social creció en febrero en 97.004 personas de media, recuperando parte del retroceso habitual de comienzos de año. Es el tercer mayor aumento en este mes desde 2007, aunque el más moderado desde 2023. En el último año, el sistema ha sumado 474.482 cotizantes, lo que supone un crecimiento del 2,2%. En términos desestacionalizados, la afiliación aumentó en 45.220 personas (+0,2%), hasta un máximo histórico de 21.930.359 cotizantes. El Régimen General, que concentra la mayoría de los trabajadores, incorporó 88.529 afiliados medios (+0,5%), hasta los 18,19 millones. Destacaron educación, con 30.142 nuevos ocupados (+2,3%); hostelería, con 22.932 (+1,6%); y construcción, con 17.478 (+1,7%). El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sumó 7.868 afiliados (+0,2%), hasta 3.414.614. Entre las actividades con descensos figuraron el comercio mayorista (-13.500 afiliados), las actividades sanitarias (-9.500), el Sistema Especial Agrario (-3.692) y el Sistema del Hogar (-2.761). Por comunidades autónomas, el empleo aumentó en 15 regiones, con Cataluña (+23.564), Baleares (+13.539) y Madrid (+12.806) a la cabeza. Solo se registraron retrocesos en Castilla-La Mancha (-1.657) y Extremadura (-775). Desde febrero de 2021, el mercado laboral ha ganado 4.716.953 ocupados con contrato indefinido y ha reducido en 1.900.668 los afiliados con contrato temporal, consolidando el peso del empleo estable.

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(El País, 04-03-2026) | Laboral

El Consejo de Ministros envía al Parlamento el estatuto del becario

Cubrir los gastos de transporte y manutención de los estudiantes sin salario, acotar las prácticas que no formen parte del plan de estudios y endurecer las sanciones a las empresas que incumplan la normativa. Esos son los ejes centrales del llamado estatuto del becario, cuyo anteproyecto de ley ha recibido este martes la segunda aprobación del Consejo de Ministros, después de una primera lectura en noviembre. El texto deberá ahora afrontar su tramitación en el Congreso, donde sus posibilidades de prosperar son reducidas. A la oposición previsible de PP, Vox y Junts -que ya rechazaron la reducción de jornada- se suman las reservas de algunos aliados habituales del Ejecutivo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha definido la iniciativa como "la reforma laboral para la juventud" y ha subrayado que busca erradicar la figura del falso becario, a la que considera una anomalía que precariza el mercado laboral. El objetivo, según ha explicado, es proteger a los jóvenes y poner fin a situaciones abusivas. El estatuto fue pactado en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO, poco antes de las elecciones generales. Sin embargo, además del rechazo de las patronales y de los rectores universitarios, el texto también encontró resistencias dentro del propio Gobierno. Desde Moncloa y el área económica se calificó entonces de inmaduro y necesitado de mayor desarrollo técnico. Aquella discrepancia pública supuso un hecho inédito en el seno del Ejecutivo. La falta de consenso interno, el calendario electoral y la prioridad de otras reformas, como la reducción de la jornada laboral, ralentizaron la tramitación, lo que generó malestar sindical. Finalmente, en noviembre del año pasado el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto en primera vuelta, prácticamente sin modificaciones respecto al texto inicial. El PSOE nunca detalló públicamente qué motivó su cambio de postura. La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido la oportunidad de la norma al destacar que ya son más de dos millones los jóvenes que han cotizado por prácticas formativas no remuneradas desde el 1 de enero de 2024. Entre ambas lecturas del anteproyecto se conoció el informe del Consejo Económico y Social, que cuestionó la falta de datos para evaluar el impacto económico de la medida y advirtió de que no contempla apoyos específicos para pequeñas y medianas empresas. El texto fija un máximo de 480 horas para las prácticas extracurriculares -la mitad de lo permitido actualmente-, modalidad en la que se concentran más irregularidades al no estar directamente vinculada a la formación académica. También establece sanciones que pueden alcanzar los 225.000 euros en los casos más graves y obliga a las empresas a asumir determinados gastos del estudiante, como el transporte. Esta compensación no se aplicará a quienes perciban una nómina, ya que se entiende que la retribución cubre esos costes. No obstante, la norma no impone la obligación de pagar un salario a todos los becarios, una demanda reiterada por sectores de la izquierda política y sindical que finalmente no se incorporó al acuerdo. El futuro parlamentario del estatuto es incierto. PP, Vox y Junts suman mayoría absoluta y previsiblemente votarán en contra. Yolanda Díaz ha apelado directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, instándole a posicionarse del lado de los jóvenes. Desde la dirección popular se mantiene que solo respaldarán reformas laborales que cuenten con el aval de todos los agentes sociales, no únicamente de los sindicatos, como ocurre en este caso. Además, formaciones que habitualmente apoyan al Ejecutivo, como ERC, EH Bildu o el PNV, han expresado reparos. ERC insiste en la necesidad de que las prácticas sean obligatoriamente remuneradas, aspecto ausente en el texto actual. El BNG, por su parte, considera positiva la regulación de la figura del becario como herramienta contra la precariedad, aunque prefiere esperar al resultado definitivo del trámite parlamentario.

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(El Economista, 04-03-2026) | Laboral

Trabajo pisa el acelerador para aplicar la directiva que acabará con el secreto salarial en las empresas españolas

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha manifestado su intención de incorporar "lo antes posible" la directiva europea sobre transparencia salarial, cuyo objetivo es eliminar el secretismo en torno a los sueldos para combatir la discriminación retributiva. El plazo fijado por la Unión Europea para que los Estados adapten esta norma concluye el próximo 7 de junio, aunque no está garantizado que España llegue a tiempo. Aun así, el departamento prevé abrir de inmediato el diálogo con sindicatos y organizaciones empresariales para consensuar un texto que pueda publicarse sin demora en el Boletín Oficial del Estado. Así lo señaló el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante la presentación de los datos de paro y afiliación, en vísperas del 8 de marzo. Subrayó que se trata de una regulación clave en cuya negociación el Ejecutivo español ha participado activamente en el ámbito europeo. La directiva 2023/970 establece que las empresas deberán facilitar a cualquier trabajador que lo solicite información sobre cómo se sitúa su salario en comparación con el de sus compañeros y corregir las diferencias que no estén sustentadas en criterios objetivos y neutros, los cuales deberán constar por escrito. Además, será obligatorio incluir la horquilla salarial en las ofertas de empleo, algo que actualmente solo aparece en alrededor del 18% de las vacantes publicadas en España. La normativa también suprime las cláusulas contractuales que impiden a los empleados divulgar su sueldo y prohíbe preguntar a los candidatos por sus retribuciones anteriores. Con ello, Bruselas pretende reforzar la posición negociadora de los trabajadores, especialmente de las mujeres, a quienes considera más perjudicadas por prácticas salariales opacas. Asimismo, las compañías deberán publicar periódicamente datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. La frecuencia dependerá del tamaño de la plantilla: anualmente en empresas con más de 250 empleados y cada tres años en aquellas con entre 100 y 249 trabajadores. Según Pérez Rey, esta directiva completa el marco normativo ya existente en España en materia de planes de igualdad y transparencia retributiva, y constituye un paso decisivo para cerrar la brecha salarial de género. Aunque destacó que la diferencia se ha reducido en los últimos años, insistió en que cualquier desigualdad resulta inaceptable. La norma no modifica directamente los convenios colectivos, pero sí limita la discrecionalidad de las empresas a la hora de ofrecer salarios distintos fuera de las referencias establecidas, obligándolas a justificar adecuadamente cualquier mejora individual. Esto podría reducir su margen para competir por talento si no fundamentan bien sus propuestas, un aspecto que podría generar reticencias en el ámbito empresarial. No obstante, el secretario de Estado no adelantó detalles concretos sobre el contenido final de la transposición. Si la adaptación española reproduce fielmente el texto europeo, las empresas que incumplan estas obligaciones no podrán contratar con las administraciones públicas. Aunque la legislación nacional ya excluye de la contratación pública a compañías que carecen de planes de igualdad, la nueva regulación amplía el alcance a todas las medidas vinculadas al principio de "igual salario por igual trabajo", más allá de la cuestión estrictamente de género. Además, al tratarse de una directiva comunitaria, contará con respaldo europeo y será de aplicación en todos los Estados miembros.

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(Cinco Días, 04-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El gas se dispara otro 30% y el petróleo sigue al alza ante el aumento de la tensión en el golfo Pérsico

La confrontación entre Estados Unidos e Israel frente a Irán se está extendiendo por la región y amenaza con prolongarse sin una salida inmediata. La reacción de Teherán no pierde intensidad y ya incluye ataques contra instalaciones energéticas y rutas marítimas, lo que ha disparado el coste de la energía para operadores e inversores. En Europa, el gas natural vive una escalada especialmente brusca: tras encarecerse un 40% el lunes, este martes ha llegado a subir otro 30%. El petróleo, aunque con movimientos más moderados, también avanza con fuerza: el barril de Brent -referencia en Europa- supera los 83 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024, mientras el West Texas suma alrededor de un 7% adicional. En los últimos días, el mercado energético opera en un entorno de enorme incertidumbre sobre el suministro. La situación es compleja porque confluyen factores políticos, militares y económicos en una región clave para el equilibrio global. Como respuesta a la ofensiva de Washington y Tel Aviv, Irán ha endurecido su postura y ampliado sus objetivos hacia infraestructuras energéticas y buques. El tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico bajo influencia iraní por el que circula cerca del 20% del petróleo mundial y una parte sustancial del gas, se encuentra prácticamente paralizado ante el riesgo de ataques. La tensión ha tenido efectos inmediatos. Qatar, segundo mayor exportador mundial de gas natural licuado (GNL), ha suspendido envíos tras el cierre forzado de la terminal de Ras Laffan, la mayor del mundo y responsable de alrededor del 20% de la oferta global. También se ha interrumpido la actividad en la refinería saudí de Ras Tanura, la más grande del país, y se ha registrado un incendio en un centro de almacenamiento en Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, lo que añade más presión sobre los flujos energéticos. El lunes, el petróleo subió en torno a un 8%, mientras que los contratos de gas TTF negociados en Países Bajos -referencia para Europa- se dispararon cerca de un 40%. Este martes superan los 58 euros por megavatio hora, casi el doble que hace un mes y su nivel más alto en tres años. El temor a la escasez está obligando a economías asiáticas altamente dependientes del gas catarí, como Taiwán o Corea del Sur, a buscar suministros alternativos para garantizar la generación eléctrica, intensificando la competencia internacional. China, mayor importador mundial de crudo y gas, ha instado a todas las partes a garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, consciente de su exposición a un eventual cierre prolongado, pese a disponer de amplias reservas estratégicas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha advertido de que la ofensiva contra Irán se prolongará "un tiempo", aunque no durante años. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que su país hará "lo que sea necesario", y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha anticipado una intensificación de la campaña. En el mercado se estima que el conflicto podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque incluso ese plazo tendría consecuencias relevantes para el suministro energético. Precisamente la duración y la posible ampliación de los ataques son los principales focos de inquietud. Los analistas advierten de que, sin una desescalada rápida y con Ormuz prácticamente bloqueado, el riesgo de nuevas agresiones contra infraestructuras energéticas podría provocar interrupciones más duraderas. Aunque el petróleo cotiza en máximos desde el verano pasado, su reacción ha sido más contenida que en otras crisis geopolíticas. No ocurre lo mismo con el gas europeo, que acumula alzas superiores al 60% en apenas dos jornadas, superando incluso el repunte registrado tras la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años. El cierre de Ras Laffan supone un golpe directo al mercado del GNL, donde la capacidad de almacenamiento es limitada, lo que anticipa fuertes subidas en los precios al contado. Además, el mercado del gas partía de una posición menos protegida que el del crudo. Antes de la ofensiva, muchos operadores petroleros habían contratado coberturas mediante opciones para protegerse ante una posible escalada. En cambio, en el gas se asumía que Qatar no sería objetivo directo debido a su relación con Irán, lo que dejó al sector más expuesto. Según algunos analistas, el petróleo estaba mucho mejor preparado para un escenario de tensión que el gas, cuyos mercados no contemplaron seriamente esta posibilidad.

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(Expansión, 04-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump amenaza a España con un embargo comercial: "Es un aliado terrible"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reprochado a España su negativa a respaldar la operación militar estadounidense en Irán. "España no tiene nada que nos interese. Es un país estupendo, pero un mal aliado. No queremos saber nada de ellos", afirmó. Su malestar ha llegado hasta el punto de amenazar con "romper todo el comercio con España" e incluso plantear al secretario del Tesoro, Scott Bessent, la opción de aplicar un embargo. Estas declaraciones se producen después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechazara autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para la intervención de Washington contra Teherán. Como consecuencia, varias aeronaves estadounidenses han abandonado territorio español. El Gobierno justificó su postura en la defensa de la legalidad internacional y en el cumplimiento estricto de los acuerdos bilaterales entre ambos países. Frente a las advertencias del mandatario estadounidense, fuentes del Ejecutivo español subrayan que España cumple con sus compromisos en el marco de la OTAN y de la política de defensa europea. Además, señalan que cualquier revisión de la relación bilateral debe respetar tanto el derecho internacional como los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y Estados Unidos. En el plano económico, los intercambios comerciales entre ambos países ya se han visto afectados por la política arancelaria impulsada por Trump. En 2025, las exportaciones españolas a Estados Unidos descendieron un 8%, aunque el volumen total del comercio bilateral -sumando exportaciones e importaciones- superó los 46.890 millones de euros, lo que refleja la magnitud de los intereses en juego. La balanza comercial es claramente favorable a Estados Unidos. En 2025, España vendió al mercado estadounidense productos por valor de 16.716 millones de euros, mientras que importó bienes por 30.174 millones, lo que elevó el déficit comercial español a 13.458 millones, un 34% más que el año anterior. España exporta principalmente bienes de equipo, semimanufacturas -sobre todo derivados químicos, además de acero, hierro, papel o materiales de construcción- y productos agroalimentarios como el aceite de oliva y el vino. Por su parte, importa sobre todo productos energéticos (alrededor del 35% del total), junto a productos químicos y bienes de equipo, especialmente material de transporte y motores. En medio de una política exterior marcada por la incertidumbre y por los continuos cambios en los plazos del conflicto, Estados Unidos ha solicitado apoyo a sus aliados europeos para utilizar sus bases militares. El Reino Unido ha dado luz verde al uso de sus instalaciones para operaciones defensivas y ataques contra misiles o infraestructuras iraníes, especialmente después de que Teherán atacara una base británica en Chipre, en lo que supuso el primer ataque en suelo europeo. El primer ministro, Keir Starmer, ha enmarcado la decisión en una acción de "defensa colectiva" ante la escalada de tensión. Entre las instalaciones autorizadas figuran RAF Fairford y la base conjunta de Diego García, en el océano Índico. Francia y Alemania también han expresado su disposición a proteger a sus aliados si así se solicita, y han anunciado preparativos para posibles actuaciones defensivas frente a ataques iraníes. Londres, París y Berlín han emitido una declaración conjunta en la que condenan las acciones de Irán contra países vecinos, incluido Chipre, y advierten de que adoptarán medidas "necesarias y proporcionadas" para neutralizar su capacidad de lanzamiento de misiles si persisten las agresiones. Portugal, por su parte, ha autorizado el uso de la base de Lajes, en las Azores, aunque con limitaciones y exclusivamente para misiones defensivas. Italia, que también alberga presencia militar estadounidense, ha apostado por coordinar cualquier decisión en el marco de la Unión Europea y actuar dentro de la OTAN.

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El Gobierno da por hecho que España contará con una de las primeras gigafactorías europeas de IA

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmó en el Mobile World Congress que España dispondrá de una de las primeras gigafactorías europeas. Defendió que la propuesta presentada es sólida, cuenta con un respaldo empresarial significativo y aseguró que el país estará entre los seleccionados para acoger una de estas grandes infraestructuras de computación avanzada destinadas al desarrollo de la inteligencia artificial. López explicó que el Ejecutivo mantiene un diálogo continuo con la Comisión Europea y expresó su confianza en que hacia el verano se conozcan avances sobre la elección de las sedes. Insistió en que España formará parte del grupo inicial de países que albergarán estas instalaciones estratégicas. Actualmente, España compite con más de 75 proyectos europeos para optar a una de las cuatro primeras gigafactorías que Bruselas prevé adjudicar este año. Las infraestructuras seleccionadas deberán estar en funcionamiento entre 2027 y 2028, con una inversión estimada por ubicación de entre 3.000 y 5.000 millones de euros. La candidatura española plantea un modelo con varias sedes: una principal en Móra la Nova (Tarragona) y otra en San Fernando de Henares (Madrid). El proyecto se estructura mediante un consorcio público-privado en el que participará la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), también conocida como Sepi Digital, que previsiblemente asumirá alrededor del 30% del capital y será el accionista de referencia. Entre las compañías que ya han confirmado su participación figuran Telefónica, MasOrange, ACS, Nvidia, Submer y Multiverse Computing. Además, el Gobierno estudia la posible incorporación de un fondo soberano internacional, como el Public Investment Fund de Arabia Saudí, la Qatar Investment Authority o Mubadala Investment Company. Por otro lado, el ministro anunció una dotación de 100 millones de euros para apoyar a empresas españolas que desarrollen iniciativas vinculadas a la soberanía digital europea junto a socios de otros Estados miembros. El anuncio se produjo durante un encuentro con el ministro alemán Karsten Wildberger en el marco del MWC. Esta medida se integra en el IPCEI de Inteligencia Artificial (IPCEI-AI), un Proyecto Importante de Interés Común Europeo liderado por Alemania y orientado a impulsar proyectos estratégicos y de alto impacto en el ámbito de la IA. Finalmente, López mostró su respaldo a la petición de las operadoras de telecomunicaciones para que Bruselas impulse un entorno regulatorio que facilite procesos de consolidación empresarial. Según señaló, el sector necesita ganar dimensión para afrontar las elevadas inversiones que exige el mercado actual, una demanda que, a su juicio, está cobrando fuerza en el conjunto de Europa.

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