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(El Economista, 09-06-2026) | Fiscal

La economía española superará significativamente al resto de la zona euro este año, gracias a una mayor productividad laboral y una sólida posición fiscal

Pocas cuestiones económicas admiten interpretaciones completamente unánimes. Aunque existe un amplio consenso en que España lidera actualmente el crecimiento entre las grandes economías europeas, el debate surge al analizar la naturaleza de ese avance. Mientras algunos expertos sostienen que el crecimiento se apoya principalmente en la incorporación de más factores productivos, como trabajadores o capital, sin mejoras significativas en productividad o valor añadido, otros consideran que se están produciendo transformaciones estructurales que explican el mejor comportamiento de la economía española. Entre quienes defienden esta segunda visión se encuentra el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, que acaba de publicar un informe en el que destaca la fortaleza de la economía española, la mejora de la productividad y la creación de empleo de mayor calidad como factores que explican su resistencia frente a un entorno internacional complejo. Desde la recuperación posterior a la pandemia, España ha mantenido un ritmo de crecimiento superior al de la media de la eurozona y al de otras grandes economías del continente. Lo que inicialmente se interpretó como un rebote derivado de una caída más profunda durante la crisis sanitaria parece haberse consolidado como una tendencia más estable. Según las previsiones de Goldman Sachs, la economía española crecerá un 2,1% este año, una cifra que triplica el avance estimado para la zona euro, situado en el 0,7%. El informe, elaborado por Filippo Taddei, sostiene que España está demostrando una notable capacidad de adaptación en un contexto marcado por la crisis energética internacional. Entre los factores positivos destaca la reducción del desempleo hasta niveles no vistos desde 2008 y el récord alcanzado por la tasa de empleo. Además, el estudio subraya que la productividad laboral está creciendo a un ritmo superior al observado en las otras tres grandes economías de la Unión Europea: Alemania, Francia e Italia. A ello se suma la estabilidad relativa de la deuda pública española, cuyos diferenciales han mostrado una evolución más favorable que la de otros países europeos pese a las tensiones derivadas del encarecimiento de la energía y de la desaceleración económica global. Según el análisis de Goldman Sachs, la confianza de los inversores en la economía española sigue siendo elevada. La actividad económica ha mostrado un comportamiento más sólido que el de la eurozona e incluso que el de Estados Unidos durante los últimos trimestres, mientras que los mercados de deuda continúan valorando positivamente las perspectivas del país. Uno de los elementos que explica esta evolución es la gestión de los flujos migratorios. El informe considera que la llegada de trabajadores extranjeros, especialmente procedentes de América Latina, ha contribuido de forma significativa al crecimiento económico. La facilidad de integración derivada de los vínculos culturales y lingüísticos ha permitido cubrir vacantes en sectores donde existe escasez de mano de obra, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población española. No obstante, Goldman Sachs señala que el crecimiento del empleo no se está concentrando únicamente en actividades de bajo valor añadido. Los mayores avances se observan en sectores como los servicios profesionales, las finanzas y las tecnologías de la información y la comunicación. Desde 2019, el empleo en estas actividades ha aumentado más de un 20%, una evolución que prácticamente duplica la registrada en Francia e Italia. Esta transformación estaría favoreciendo también una mejora gradual de la productividad. El informe destaca igualmente la evolución de las cuentas públicas. A pesar de las medidas adoptadas para mitigar el impacto del encarecimiento del petróleo y del gas provocado por la crisis en el Estrecho de Ormuz, la situación fiscal española se ha mantenido relativamente estable. El análisis considera que la decisión de no acelerar significativamente el gasto en defensa ha contribuido a preservar la credibilidad financiera del país. Como resultado, España sería la única de las cuatro grandes economías de la Unión Europea que lograría reducir su ratio de deuda pública sobre PIB durante los próximos tres años, un factor que refuerza la confianza de los mercados en la sostenibilidad de sus finanzas públicas. Sin embargo, el informe también identifica algunos riesgos que podrían alterar este escenario favorable. Uno de ellos es la evolución del turismo, una actividad que representa una parte relevante de la economía española. Según las estimaciones recogidas en el estudio, una caída del 10% en las llegadas de turistas internacionales por vía aérea podría restar alrededor de tres décimas al crecimiento económico. Otro elemento de incertidumbre es el panorama político. Aunque el Gobierno ha conseguido mantener una senda de reducción del déficit, sigue sin haber aprobado unos Presupuestos Generales del Estado completos desde las elecciones anticipadas de 2023. Con una nueva cita electoral en el horizonte, Goldman Sachs advierte de que una prolongación de la incertidumbre política podría afectar negativamente a la confianza de los inversores y poner en cuestión parte de las expectativas favorables que actualmente acompañan a la economía española. En cualquier caso, la conclusión principal del informe es que el crecimiento de España no responde únicamente a un aumento de la población activa o del empleo, sino que también empieza a apoyarse en mejoras de productividad, una mayor presencia de sectores intensivos en conocimiento y una situación fiscal relativamente sólida, factores que podrían explicar por qué la economía española continúa destacando dentro del panorama europeo.

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(Expansión, 09-06-2026) | Laboral

La actividad emprendedora en España suma cinco años en positivo

El ecosistema emprendedor español continúa mostrando una notable vitalidad y una cultura empresarial cada vez más arraigada. Este dinamismo se refleja en el creciente interés por poner en marcha nuevas empresas y proyectos innovadores, una tendencia que se extiende tanto entre los jóvenes como entre profesionales con una larga trayectoria laboral, incluidos directivos procedentes de grandes compañías y emprendedores con experiencias previas que mantienen intacta su vocación empresarial. La intención de crear un negocio durante los próximos tres años alcanzó en 2025 el 13,8% de la población, lo que supone un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto al año anterior y encadena ya cinco ejercicios consecutivos de crecimiento. También aumentó la actividad emprendedora en fases más avanzadas. Las iniciativas de reciente creación, con menos de tres años y medio de vida, pasaron del 7,2% al 7,8%, mientras que los negocios ya consolidados crecieron del 6,8% al 7,4%. Paralelamente, la tasa de abandono de proyectos por cierre o traspaso también ha experimentado una tendencia al alza desde 2020. Aunque partía de niveles muy reducidos, con un 1,3% hace cinco años, en 2025 alcanzó el 3,7%. Lejos de interpretarse exclusivamente como una señal negativa, este fenómeno refleja en parte el elevado movimiento que caracteriza al ecosistema emprendedor. De hecho, cerca de la mitad de los empresarios que abandonan sus iniciativas aseguran que la actividad continúa funcionando bajo una nueva dirección. Además, alrededor del 7% de los negocios sigue operando tras una reconversión de su actividad, mientras que el 40,4% cesa definitivamente. Entre las principales razones que explican la salida de los emprendedores destacan la posibilidad de vender el negocio en condiciones favorables y la falta de rentabilidad de la actividad. A ello se suman otros factores como la aparición de nuevas oportunidades profesionales o las dificultades para acceder a financiación que permita sostener el crecimiento del proyecto. Estas conclusiones forman parte del informe GEM España 2025-2026, elaborado por el Observatorio del Emprendimiento de España con la colaboración de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). El estudio confirma el avance del emprendimiento en todas las etapas del proceso, desde la intención inicial de emprender hasta la consolidación de empresas con mayor recorrido. La consejera delegada de ENISA, Carolina Rodríguez, destaca que la cultura emprendedora continúa ganando peso en la sociedad y atribuye parte de esta evolución al desarrollo de políticas públicas orientadas al impulso del talento empresarial, así como a la colaboración entre administraciones y agentes privados en todo el territorio nacional. En su opinión, España se consolida como un entorno atractivo para emprender, favoreciendo la creación, el aprendizaje y el desarrollo de nuevas iniciativas. El informe también pone de manifiesto una creciente igualdad entre hombres y mujeres en materia de emprendimiento. Las diferencias son ya muy reducidas, con tasas del 8% y del 7%, respectivamente, lo que confirma una tendencia sostenida hacia el equilibrio de género en la actividad empresarial. La formación aparece igualmente como un factor determinante. A medida que aumenta el nivel educativo, crece la predisposición a emprender. Cerca del 10% de las personas con estudios universitarios manifiestan intención de crear una empresa, porcentaje que se eleva hasta el 12% entre quienes cuentan con un doctorado. En contraste, las cifras se sitúan entre el 6% y el 7% para quienes poseen niveles educativos más básicos. Asimismo, el nivel formativo de los emprendedores que lideran negocios consolidados sigue aumentando progresivamente. Uno de cada diez cuenta con estudios universitarios, lo que evidencia el elevado grado de cualificación que caracteriza al tejido innovador español. Otro aspecto destacado es la contribución de la población extranjera al emprendimiento. Durante los últimos años, la intención de crear empresas entre los inmigrantes ha llegado a multiplicar por tres la registrada entre los ciudadanos españoles, aunque esa diferencia se redujo ligeramente en 2025. El 26% de los extranjeros manifestó su intención de iniciar un negocio, frente al 12,3% de la población española. Aunque la cifra de emprendedores inmigrantes descendió respecto a ejercicios anteriores, continúa situándose claramente por encima de la media nacional. En las iniciativas empresariales más recientes, los emprendedores extranjeros alcanzaron una tasa del 13,7%, mientras que en los proyectos consolidados representaron el 5,6%. Los mayores niveles de actividad se concentran en ambos casos entre los 25 y los 44 años, si bien los porcentajes son significativamente más elevados entre la población inmigrante. Junto a estos indicadores, el estudio analiza los factores psicológicos que condicionan la decisión de emprender. El principal obstáculo continúa siendo el miedo al fracaso, una preocupación ampliamente extendida entre quienes se plantean poner en marcha un proyecto empresarial. Este temor puede adoptar múltiples formas, desde la incertidumbre sobre la capacidad para gestionar una empresa hasta las dudas sobre la aceptación del producto en el mercado o las dificultades para escalar un negocio. Pese a ello, el creciente número de iniciativas demuestra que cada vez más personas están dispuestas a asumir ese riesgo y apostar por la creación de nuevas empresas.

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(El País, 09-06-2026) | Laboral

Cómo afecta a los trabajadores el retraso de la transparencia salarial

Muchos trabajadores esperaban que la entrada en vigor de la Directiva europea 2023/970 sobre transparencia retributiva les permitiera conocer si su salario se ajusta al de otros empleados con funciones y responsabilidades equivalentes dentro de su empresa. Sin embargo, tendrán que seguir esperando. La norma debía haber sido incorporada a la legislación nacional antes del 7 de junio, pero ni España ni buena parte de los países de la Unión Europea han completado todavía ese proceso. Aunque el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha reiterado que la transposición de la directiva constituye una prioridad para combatir la brecha salarial de género, el Gobierno aún no dispone de un proyecto normativo definitivo. La intención es tramitarlo por la vía de urgencia y someterlo próximamente a consulta con los agentes sociales. Pese al retraso, España parte de una posición relativamente avanzada en materia de igualdad salarial gracias a los reales decretos 901 y 902, vigentes desde 2021, que introdujeron la obligación de disponer de registros retributivos y auditorías salariales con perspectiva de género. No obstante, la directiva europea incorpora elementos adicionales que todavía deben desarrollarse, como una definición más precisa del concepto de trabajo de igual valor, mecanismos de compensación ante diferencias salariales injustificadas y la obligación de informar sobre las bandas salariales en las ofertas de empleo. Los especialistas consideran que la demora normativa no ha frenado los esfuerzos de muchas grandes compañías por prepararse para el nuevo escenario. Algunas organizaciones ya están revisando sus políticas salariales, los criterios de promoción y los sistemas de evaluación para garantizar que las diferencias retributivas puedan justificarse mediante parámetros objetivos y transparentes. En el caso de Naturgy, la empresa lleva varios años adaptando sus procedimientos internos para reforzar la igualdad de oportunidades en ámbitos como la selección, la promoción profesional, la formación y la evaluación del desempeño. También ha impulsado programas de formación para directivos y herramientas específicas de gestión retributiva. Según la compañía, la diferencia salarial entre hombres y mujeres se ha reducido de forma significativa en los últimos años. Por su parte, ING asegura que ya facilita a sus empleados información detallada sobre su política salarial y comunica anualmente la evolución de las retribuciones fijas y variables. Además, los responsables de equipo informan a los trabajadores de su posición dentro de las bandas salariales establecidas por la entidad. La futura normativa europea supone un cambio relevante en la cultura laboral española. Tradicionalmente, hablar de salarios ha sido un asunto poco habitual dentro de las empresas, lo que ha dificultado detectar posibles desigualdades. La nueva regulación pretende favorecer una mayor transparencia y facilitar que los empleados puedan conocer y cuestionar diferencias salariales que consideren injustificadas. Los expertos señalan que las mayores dificultades suelen aparecer en los componentes variables de la remuneración y en los procesos utilizados para decidir incrementos salariales. Con la nueva normativa, las empresas deberán proporcionar más información a la representación de los trabajadores y justificar con mayor claridad los criterios aplicados. Además, se espera que aumenten las reclamaciones judiciales relacionadas con posibles discriminaciones salariales. Una de las novedades más relevantes es que, en determinados supuestos, corresponderá a la empresa demostrar que las diferencias retributivas responden a criterios objetivos y no discriminatorios. La directiva también introduce cambios en los procesos de contratación. Las empresas deberán ofrecer mayor transparencia sobre los salarios asociados a los puestos vacantes, una medida destinada a reducir las desigualdades que pueden surgir desde el momento de la incorporación al mercado laboral. Aunque esta práctica aún no está plenamente extendida, cada vez más ofertas de empleo incluyen información salarial. Los datos de InfoJobs muestran que el porcentaje de anuncios con remuneración visible ha aumentado de forma significativa en los últimos años. Además, las ofertas que detallan el salario suelen recibir un mayor número de candidaturas, lo que evidencia el interés de los trabajadores por contar con esta información desde el inicio del proceso de selección.

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(El País, 09-06-2026) | Laboral

Los sindicatos piden equiparar las condiciones laborales de los bomberos forestales que se enfrentan a los incendios en España

La creciente frecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos ha llevado a UGT y CCOO a reclamar la aprobación de una ley estatal de bomberos que establezca un marco común para todo el territorio nacional. Ambas organizaciones sindicales defendieron este lunes la necesidad de una normativa básica que permita armonizar la organización, las condiciones laborales y la capacidad operativa de los servicios de emergencias, respetando al mismo tiempo las competencias autonómicas. Los sindicatos consideran que la actual regulación, vigente desde 1985, ha quedado desfasada ante los nuevos retos que plantean las emergencias asociadas al cambio climático, como los incendios de gran intensidad, las danas o las situaciones que requieren una mayor coordinación entre administraciones. En este sentido, recordaron episodios recientes como las inundaciones registradas en la Comunidad Valenciana en 2024 o los grandes incendios que afectaron al noroeste peninsular el pasado verano. Según denuncian, España dispone actualmente de más de 130 servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento con importantes diferencias en aspectos como la organización, la formación, los recursos disponibles, las condiciones laborales o los tiempos de respuesta. Por ello, reclaman a los partidos políticos y al Gobierno que alcancen un acuerdo para impulsar una regulación común que permita mejorar la eficacia de estos servicios. La reivindicación cobra especial relevancia con el inicio de la campaña de verano, en un contexto en el que las previsiones apuntan a una temporada de alto riesgo. Los sindicatos recuerdan además que en diversas comunidades autónomas continúan existiendo conflictos laborales relacionados con las condiciones de trabajo de los bomberos forestales. Aunque a finales de 2024 se aprobó el denominado Estatuto del Bombero, que introdujo mejoras profesionales relacionadas con salarios, enfermedades profesionales y complementos de peligrosidad, su aplicación ha sido desigual debido al reparto competencial entre administraciones. Por ello, UGT y CCOO consideran necesario dar un paso más mediante una ley básica de ámbito estatal. Entre las propuestas planteadas figura la creación de cuerpos autonómicos de bomberos y la integración progresiva y voluntaria de los servicios locales de menor tamaño dentro de esas estructuras regionales. El objetivo sería reducir la fragmentación actual y garantizar una prestación más homogénea y eficiente de los servicios de emergencia. Los sindicatos también reclaman que la futura norma refuerce la coordinación entre administraciones, impulse la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro del sector, regule la formación y la carrera profesional, y adapte los servicios a los nuevos riesgos derivados del cambio climático y de la evolución tecnológica. Durante la presentación de la propuesta, representantes de ambas organizaciones insistieron en la necesidad de profesionalizar y reforzar los equipos de intervención. En este sentido, mostraron su preocupación por la creciente dependencia de personal voluntario en determinadas emergencias y defendieron que la respuesta ante incendios y rescates debe descansar fundamentalmente en servicios públicos dotados de profesionales cualificados y recursos suficientes. A juicio de UGT y CCOO, la aprobación de una ley estatal permitiría mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones cada vez más complejas, garantizar estándares mínimos comunes en todo el territorio y ofrecer una mayor protección tanto a los profesionales de emergencias como a la ciudadanía.

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(El País, 09-06-2026) | Laboral

CC OO exige un salario mínimo de 1.500 euros netos para todos los trabajadores de la Administración del Estado

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO ha convocado para este martes una concentración frente al Ministerio de Hacienda en Madrid con una demanda central: establecer un salario mínimo de 1.500 euros netos mensuales para todos los trabajadores de la Administración General del Estado. Se trata de una reivindicación inédita en el ámbito de la función pública estatal, aunque habitual en otros sectores a través de la negociación colectiva. Según ha explicado la secretaria general del área de la Administración General del Estado en FSC-CC OO, Montserrat Gómez, esta medida estaría dirigida principalmente a las categorías inferiores, especialmente al grupo C2, e incluiría tanto a funcionarios de carrera como a personal laboral. El sindicato estima que alrededor del 15% de los empleados públicos percibe actualmente salarios próximos al salario mínimo interprofesional previsto para 2026, situado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Gómez ha vinculado esta propuesta con las dificultades de cobertura de vacantes en la Administración, señalando que cerca de un 30% de las plazas quedan sin cubrir porque muchos aspirantes que aprueban los procesos selectivos renuncian a incorporarse debido a la insuficiencia salarial, especialmente en grandes ciudades donde el coste de la vida y de la vivienda es más elevado, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao. El sindicato no ha concretado el impacto exacto en términos brutos de esta subida, ya que dependería de los distintos complementos salariales, pero plantea que la financiación podría articularse mediante partidas destinadas al personal laboral o a través de complementos específicos en el caso del personal funcionario. Esta reivindicación salarial se plantea de forma independiente a otras demandas sindicales ya en negociación, como el desarrollo de la carrera profesional, la evaluación del desempeño o la regulación del teletrabajo, compromisos que el Gobierno aún no ha implementado de forma efectiva. La protesta de CC OO no será la única movilización de la semana en el ámbito de la función pública. Este lunes, el sindicato CSIF ha convocado una huelga en la Agencia Tributaria, con un seguimiento que, según la organización, ha sido mayoritario pese al establecimiento de servicios mínimos del 100% durante la campaña de la renta. El paro habría tenido especial incidencia entre los cuerpos generales, los servicios de inspección, la vigilancia aduanera y el personal de recaudación. A estas acciones se sumarán nuevas movilizaciones por parte de UGT y CSIF esta semana, en protesta por el estancamiento de las negociaciones del V Convenio Único del personal laboral de la Administración del Estado, que afecta a más de 38.000 trabajadores de la administración central.

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(El País, 09-06-2026) | Laboral

El Ministerio de Seguridad Social da un paso clave en el proceso para anticipar la jubilación de los empleados del transporte de mercancías

La UGT ha informado en una nota de prensa de que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) ha concluido ya el informe de morbilidad y mortalidad del sector, un documento clave dentro del procedimiento para permitir el anticipo de la jubilación en actividades con alta siniestralidad. Este informe llega más tarde de lo previsto en la normativa que regula este mecanismo, lo que había generado malestar en el sindicato, hasta el punto de que había convocado una huelga como medida de presión. Tras confirmarse su finalización y recibir el compromiso de que el proceso continuará, UGT ha decidido desconvocar el paro. Según explica la organización sindical, el Ministerio de Seguridad Social ha remitido una comunicación oficial en la que certifica que la DGOSS ya ha terminado el informe relativo al transporte de mercancías por carretera. Además, prevé que el documento correspondiente al transporte de viajeros quede listo en los próximos días. Este avance no implica todavía la concesión de coeficientes reductores -el mecanismo que permite que cada año trabajado compute como más tiempo a efectos de jubilación-, pero sí supone un paso importante dentro del procedimiento administrativo. La medida forma parte del acuerdo alcanzado en 2024 entre Gobierno, sindicatos y patronal para habilitar la jubilación anticipada en sectores con elevada siniestralidad, a cambio de un aumento de cotizaciones. Aunque el decreto que regula este sistema se aprobó en mayo de 2025, el desarrollo del procedimiento ha acumulado retrasos, tanto en la constitución de la comisión encargada de evaluarlo como en la elaboración de los informes técnicos necesarios. Las organizaciones del transporte, tanto patronales como sindicales, presentaron sus solicitudes hace más de siete meses, pese a que el plazo previsto era de seis. El Ministerio ha trasladado que los expedientes seguirán su tramitación aunque se hayan superado los tiempos inicialmente fijados y que se espera que todo el proceso pueda cerrarse en otoño. El procedimiento contempla, tras el informe de la DGOSS, la elaboración de nuevos dictámenes por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros organismos, aunque estos informes no son vinculantes. A partir de ahí, la comisión de evaluación dispone de un mes para emitir una recomendación, que posteriormente será elevada al Ministerio de Seguridad Social, responsable de la decisión final. Desde el departamento ministerial se insiste en que se trata de un procedimiento nuevo, fruto del diálogo social, y que el expediente del transporte de mercancías es el más avanzado de todos los abiertos. Según los datos disponibles, en 2025 fallecieron 93 trabajadores en el sector del transporte, lo que lo sitúa como el segundo con mayor siniestralidad laboral en España, solo por detrás de la construcción, que registró 164 fallecimientos. Ambos sectores han reclamado la aplicación de este sistema de jubilación anticipada, aunque en el caso de la construcción la patronal no respalda la petición. La Seguridad Social sostiene que la complejidad del primer informe ha contribuido a los retrasos, pero asegura que los plazos se agilizarán en futuras tramitaciones. Mientras tanto, el proceso continúa su curso a la espera de los siguientes informes técnicos y de la decisión final del ministerio.

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(El Economista, 09-06-2026) | Laboral

El Supremo revisará si los interinos contratados antes de 2021 tienen derecho a una indemnización por cese

El Tribunal Supremo ha decidido reabrir el debate sobre los derechos de los empleados públicos interinos afectados por situaciones de temporalidad abusiva. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estudiará si aquellos trabajadores contratados antes de la entrada en vigor de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada en 2021, pueden acceder a una indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de doce mensualidades. La decisión llega después de que el alto tribunal haya admitido a trámite un nuevo recurso relacionado con esta cuestión, que se suma a otro ya aceptado en septiembre del año pasado. Hasta ahora, la doctrina del Supremo había sido clara: los interinos que sufrieron una utilización abusiva de contratos temporales y cuya relación laboral se inició antes del 30 de diciembre de 2021 no tenían derecho a percibir una indemnización al finalizar su vínculo laboral, incluso cuando el cese se hubiera producido con posterioridad a la entrada en vigor de la norma. La legislación aprobada en 2021 introdujo una compensación económica para determinados empleados temporales del sector público cuando sus plazas sean ocupadas por funcionarios que hayan superado los correspondientes procesos selectivos. Sin embargo, la aplicación práctica de este derecho y su alcance continúan generando controversia jurídica. La cuestión adquiere especial relevancia porque afecta a miles de trabajadores que han permanecido durante años en situación de interinidad mediante sucesivos nombramientos temporales. Además, el debate se ha intensificado tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 14 de abril, en el que consideró insuficiente el sistema español de compensaciones para estos empleados. Según el tribunal europeo, las medidas previstas actualmente no garantizan una reparación efectiva, ya que no alcanzan a todos los afectados ni contemplan adecuadamente los daños ocasionados por el abuso de la temporalidad. Por otro lado, la Sala de lo Social del propio Tribunal Supremo ya abordó una cuestión similar en una sentencia dictada el 12 de mayo, aunque referida a empleados públicos sujetos al Estatuto de los Trabajadores. En esa resolución estableció que únicamente podrán adquirir la condición de indefinidos aquellos trabajadores que hubieran superado un proceso selectivo sin obtener plaza, mientras que el resto tendrá derecho a ser compensado económicamente por los perjuicios sufridos y, en su caso, también por el despido. No obstante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, competente para resolver los asuntos relativos a los funcionarios e interinos regulados por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), todavía no ha fijado un criterio definitivo sobre las indemnizaciones que corresponden en los supuestos de abuso de la contratación temporal. La futura resolución será especialmente relevante para determinar si la normativa española se ajusta plenamente a las exigencias del derecho europeo y para aclarar el alcance de las compensaciones económicas que podrían reclamar miles de interinos afectados por años de temporalidad continuada en las administraciones públicas.

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(Cinco Días, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda subió un 12,9% en el primer trimestre, el mayor ritmo desde comienzos de 2007

Seguir la evolución del mercado inmobiliario a través de los distintos indicadores estadísticos genera una sensación cada vez más familiar. La crisis de acceso a la vivienda continúa agravándose y los datos vuelven a reflejar una tendencia de encarecimiento sostenido que parece lejos de corregirse. La última referencia publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma esta dinámica: el precio de la vivienda aumentó un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del mismo ritmo de crecimiento registrado en el último trimestre de 2025 y del mayor incremento observado desde principios de 2007, cuando la subida alcanzó el 13,1%. La comparación con los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria resulta inevitable, aunque las circunstancias actuales son muy diferentes. En 2007, el mercado estaba impulsado por una abundante concesión de crédito, una intensa actividad constructora y una oferta creciente. En cambio, el actual aumento de los precios se produce en un contexto caracterizado por una producción insuficiente de viviendas, una demanda elevada alimentada por factores demográficos y laborales y unos tipos de interés que, aunque han permanecido relativamente contenidos, podrían comenzar una nueva fase de incrementos por parte del Banco Central Europeo. La coincidencia en la intensidad de las subidas pone de manifiesto la magnitud del problema actual, aunque las causas sean distintas a las de hace casi dos décadas y respondan a desequilibrios estructurales más que a un ciclo especulativo tradicional. El encarecimiento fue generalizado durante los primeros meses del año, si bien se observaron diferencias según el tipo de inmueble. La vivienda nueva moderó su crecimiento hasta el 9,1% interanual, mientras que el mercado de segunda mano concentró las mayores presiones, con un aumento del 13,5%, por encima de la media nacional. Estos resultados coinciden prácticamente con los datos publicados recientemente por el Ministerio de Vivienda sobre el valor medio del metro cuadrado. Entre enero y marzo de 2026, el precio medio alcanzó los 2.315,7 euros por metro cuadrado, un 13,9% más que un año antes, apenas un punto porcentual por encima del incremento registrado por el índice del INE. No obstante, ambas estadísticas responden a metodologías distintas. El indicador del Ministerio de Vivienda refleja el precio medio de las compraventas formalizadas y ofrece una referencia directa del importe pagado por los inmuebles, aunque puede verse influido por el tipo de viviendas que se venden en cada momento. Por su parte, el Índice de Precios de Vivienda del INE mide la evolución de los precios corrigiendo las diferencias de calidad entre los inmuebles, lo que permite comparar viviendas equivalentes y aislar el verdadero incremento del mercado. Desde el punto de vista territorial, las mayores subidas se registraron en Aragón y la Región de Murcia, donde los precios aumentaron un 15,6% en comparación con el primer trimestre del año anterior. Les siguieron Castilla y León y Ceuta, con incrementos del 14,9%. En el otro extremo se situaron Canarias, con una subida del 10,7%, así como Cataluña y Navarra, ambas con un aumento del 10,5%, y el País Vasco, con un 10,3%. Pese a presentar las menores variaciones, todas estas comunidades registraron igualmente crecimientos de dos dígitos. La principal conclusión que dejan los datos es que la presión sobre el mercado residencial se ha extendido de forma prácticamente uniforme por todo el territorio nacional. Las diferencias regionales persisten, pero el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en un fenómeno generalizado que afecta a todas las comunidades autónomas y continúa dificultando el acceso a la vivienda para una parte creciente de la población.

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(Expansión, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de las hipotecas toca máximos de 14 meses

El encarecimiento de las hipotecas comienza a reflejar el impacto de la guerra en Oriente Próximo y la subida del euríbor, aunque la actividad del mercado sigue manteniéndose en niveles elevados. El tipo de interés medio de las nuevas hipotecas destinadas a la compra de vivienda se situó en abril en el 2,80%, su nivel más alto desde febrero de 2025, según los datos más recientes del Banco de España. Este repunte supone volver a registros de hace más de un año, después de que en marzo el coste medio permaneciera estable en el 2,75%. En aquel momento, las entidades financieras optaron por mantener sin cambios las condiciones de sus préstamos al considerar que el conflicto tendría una duración limitada. Sin embargo, la prolongación de la guerra y las nuevas previsiones sobre los tipos de interés en la eurozona, reflejadas en la evolución del euríbor a doce meses, han llevado a la banca a revisar su estrategia. Los mercados prevén que el Banco Central Europeo (BCE) apruebe este jueves una primera subida de los tipos oficiales hasta el 2,25%. El euríbor, además, apunta a que podrían producirse nuevos incrementos. Tras registrar tres avances consecutivos entre marzo y mayo y alcanzar máximos no vistos desde septiembre de 2024, el índice volvió a subir ligeramente en junio hasta el 2,81%. Esta evolución obliga a las entidades a ajustar al alza sus ofertas hipotecarias para preservar su rentabilidad. A falta de conocer nuevos datos oficiales, los analistas consideran que la subida del tipo medio hipotecario observada en abril también se prolongó durante mayo y, si la situación geopolítica no mejora, podría mantenerse en junio. Aun así, los préstamos más competitivos continúan ofreciendo condiciones relativamente favorables. En abril se formalizaron nuevas hipotecas por valor de 7.275 millones de euros. Aunque la cifra es inferior a los 7.856 millones registrados en marzo, el mejor dato mensual del año, sigue mostrando una actividad sólida pese a que el conflicto ya había comenzado. Entre enero y abril, las entidades concedieron financiación hipotecaria por 27.665 millones de euros, un 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Estos datos apuntan a que la nueva producción hipotecaria podría volver a superar en 2026 los 80.000 millones de euros alcanzados en 2025. Se trata de unos niveles de actividad que no se observaban desde 2008, año en que estalló la burbuja inmobiliaria y la concesión de hipotecas alcanzó los 87.082 millones de euros. No obstante, los expertos advierten de que este crecimiento de la financiación se desarrolla en un contexto de desaceleración de las compraventas de vivienda, una tendencia que previsiblemente acabará afectando al volumen de nuevos préstamos. De acuerdo con la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores, las compraventas de viviendas descendieron un 3,2% en abril respecto al mismo mes del año anterior, hasta unas 52.500 operaciones. Con ello, encadenan ya cuatro meses consecutivos de retrocesos. Esta evolución está estrechamente relacionada con el continuo aumento de los precios. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la vivienda libre se encareció un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, igualando la tasa registrada en el último trimestre de 2025. Se trata del mayor incremento interanual desde el primer trimestre de 2007.

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(Expansión, 09-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los ayuntamientos piden al Gobierno desbloquear 23.000 millones para vivienda

La aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros que deberán financiar conjuntamente el Estado y las comunidades autónomas durante los próximos cinco años, ha sido recibida con reservas por numerosos actores del sector. Aunque el programa busca ampliar la oferta de vivienda protegida, impulsar la rehabilitación del parque residencial y reforzar las ayudas al alquiler y a la compra para los jóvenes, persisten las dudas sobre su capacidad para responder a un problema estructural que sigue agravándose. La insuficiencia de recursos y la pretensión de que las autonomías asuman el 40% de la financiación alimentan el escepticismo, especialmente en un contexto en el que el déficit de viviendas podría aproximarse al millón de unidades este mismo año. Ante esta situación, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que agrupa a ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, remitió una carta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana poco después de la aprobación del plan. En ella reclamaba la posibilidad de utilizar cerca de 23.000 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería acumulados durante los últimos ejercicios para desarrollar políticas de vivienda. Según su secretario general, Luis Martínez-Sicluna, el nuevo plan supone un avance respecto a los anteriores, pero continúa siendo insuficiente para afrontar la magnitud del desafío. Esta cantidad se añadiría a los 45.000 millones de euros de superávit correspondientes a 2024 cuyo uso autorizó el Gobierno para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), entre las que se incluyen actuaciones destinadas a aliviar las tensiones del mercado inmobiliario. Sin embargo, desde la FEMP consideran que el plazo fijado para ejecutar estos recursos, hasta 2027, resulta demasiado limitado para desarrollar proyectos residenciales de cierta envergadura. Por ello, solicitan una regulación más flexible que permita ejecutar estas inversiones en horizontes temporales más amplios. A su juicio, levantar una promoción de viviendas requiere plazos superiores a uno o dos años para poder materializar adecuadamente los fondos disponibles. La federación recuerda además que las entidades locales presentan una situación financiera especialmente sólida, con la mayoría de los ayuntamientos cerrando sus cuentas con superávit. Esta circunstancia, sostienen, convierte al ámbito municipal en un actor clave para impulsar la construcción de vivienda pública y aumentar la oferta residencial. Con el objetivo de acelerar estos procesos, la FEMP ha elaborado una guía de recomendaciones dirigida a las administraciones locales para agilizar los procedimientos urbanísticos y reducir los tiempos de tramitación. El documento identifica varios factores que están ralentizando la concesión de licencias, llegando en algunos casos a prolongar los plazos hasta dos años. Entre ellos figuran la presentación de documentación incompleta por parte de los promotores, los retrasos en la emisión de informes sectoriales por otras administraciones, la falta de criterios homogéneos entre los técnicos municipales y un nivel insuficiente de digitalización de los procedimientos. Para corregir estas deficiencias, la guía apuesta por reforzar la formación y especialización de los técnicos municipales con el fin de homogeneizar criterios y aportar mayor seguridad jurídica a los promotores. También propone avanzar hacia una gestión completamente digital de los expedientes, incorporando sistemas automatizados de validación documental y herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar errores de forma anticipada, permitiendo que los funcionarios concentren su trabajo en tareas de mayor complejidad técnica y jurídica. Entre las medidas planteadas destaca la implantación de una licencia básica que permita iniciar determinadas actuaciones constructivas a partir de un proyecto preliminar que cumpla los requisitos esenciales. De esta manera, las obras podrían comenzar mientras continúa la tramitación del proyecto definitivo. Como referencia, la FEMP señala la experiencia de Zaragoza, donde existe una modalidad de autorización rápida que permite ejecutar trabajos previos, como movimientos de tierras o cimentaciones, en un plazo de apenas 24 horas. La propuesta también contempla cambios en la organización interna de los ayuntamientos. Entre ellos figura la creación de un responsable de expediente encargado de coordinar todas las áreas implicadas en cada promoción para evitar bloqueos administrativos. Asimismo, plantea la constitución de comisiones técnicas con capacidad para emitir directrices vinculantes que unifiquen la interpretación de la normativa y reduzcan la discrecionalidad en la toma de decisiones. Por último, la federación considera conveniente establecer incentivos vinculados a la productividad de los técnicos municipales, de forma que parte de sus complementos salariales dependa del volumen de informes y expedientes tramitados, con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa y acelerar la puesta en marcha de nuevas promociones residenciales.

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