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(Expansión, 21-05-2026) | Fiscal

Hacienda pierde 9.428 millones por el fraude en el IVA de los hogares

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima que el fraude relacionado con el IVA de los hogares asciende a 9.428 millones de euros. Esta cifra refleja la diferencia entre los ingresos que el Estado debería obtener por el consumo de las familias y la cantidad que finalmente recauda. Según el informe, esta desviación equivale a una "brecha de cumplimiento" del 13,3% y representa alrededor del 0,69% del Producto Interior Bruto (PIB) español. El estudio, elaborado por los investigadores Julio López Laborda, Carmen Marín González y Jorge Onrubia, analiza únicamente el IVA vinculado al consumo de los hogares residentes, excluyendo tanto el gasto de no residentes como el de las administraciones públicas. Para calcular la recaudación potencial, los autores emplean una metodología de microsimulación. A partir de este modelo concluyen que, en ausencia de fraude o evasión fiscal, el Estado habría debido ingresar 70.717 millones de euros por el IVA asociado al consumo final de las familias. Sin embargo, tras ajustar los datos con la Contabilidad Nacional y las actuaciones de control de la Agencia Tributaria, la recaudación efectiva neta quedó en 61.289 millones. La diferencia entre ambas cantidades constituye la denominada brecha fiscal, que mide la distancia entre la recaudación teórica y la realmente obtenida. Los 9.428 millones estimados reflejan posibles prácticas como ventas ocultas, actividad en la economía sumergida o errores en las declaraciones tributarias. El informe también destaca la relación existente entre el IVA y los Impuestos Especiales que gravan productos como el alcohol, el tabaco, los hidrocarburos o la electricidad. Dado que el IVA se calcula sobre el precio final que ya incorpora estos tributos, cualquier fraude en los Impuestos Especiales repercute automáticamente en una menor recaudación del IVA. Los investigadores aclaran que su cálculo principal parte de la hipótesis de que no existe fraude en los Impuestos Especiales. No obstante, si se asumiera también evasión en esos impuestos, la brecha del IVA se reduciría ligeramente, hasta unos 8.403 millones de euros, ya que la base imponible teórica sería menor. Las cifras de Fedea superan ampliamente las estimaciones realizadas por otras instituciones. La Comisión Europea, por ejemplo, situó para el mismo periodo la brecha total de cumplimiento del IVA en España en torno a 3.986 millones de euros, una cantidad que los autores consideran inferior a la realidad detectada mediante su sistema de microsimulación. El estudio concluye que el volumen de la brecha evidencia un importante margen de mejora en la capacidad recaudatoria del IVA. Aunque los autores recomiendan interpretar los datos con cautela debido a las limitaciones de las encuestas de presupuestos familiares, consideran que combatir esta evasión permitiría reforzar los ingresos públicos sin necesidad de aumentar los tipos impositivos. El informe diferencia además entre la brecha de cumplimiento y la brecha de política fiscal. La primera se refiere exclusivamente al fraude y es la que analiza el estudio. La segunda responde a decisiones legislativas, como la aplicación de tipos reducidos del 4% o el 10%, así como determinadas exenciones en ámbitos como la sanidad o la educación. La suma de ambas elevaría considerablemente el potencial recaudatorio del IVA, aunque abriría un debate político sobre progresividad fiscal y acceso a servicios esenciales. Por último, Fedea subraya la importancia de ajustar y "calibrar" los resultados con los datos de la Contabilidad Nacional para evitar distorsiones estadísticas, ya que la fiabilidad de la estimación depende en gran medida de la calidad del proceso de integración de la información.

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(El País, 21-05-2026) | Fiscal

El FMI alerta de que los subsidios a los combustibles y la energía pueden elevar aún más la inflación

El encarecimiento del petróleo acaba repercutiendo en toda la economía, aunque no siempre se refleje de forma inmediata en el precio que pagan los conductores en las gasolineras. Ese es el mensaje que ha lanzado este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su última actualización sobre la crisis energética provocada por el cierre del golfo Pérsico, una zona estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo consumido a nivel mundial. El organismo insiste, como ya hizo en abril, en que las ayudas públicas para abaratar los combustibles deben utilizarse únicamente en situaciones excepcionales. A su juicio, subvencionar carburantes, como ha ocurrido en España, puede terminar teniendo un efecto contraproducente al mantener elevada la demanda en un contexto de escasez, lo que acaba presionando aún más los precios y afectando al conjunto de la economía. "El papel de la política fiscal puede ser importante, pero las medidas deben ser temporales, selectivas y adaptadas a cada situación", señala el FMI en su informe. Aunque no menciona países concretos, uno de los ejemplos más evidentes es España. Entre abril y junio, el Gobierno dejó de ingresar más de 1.000 millones de euros tras reducir el IVA de los carburantes del 21% al 10% y rebajar el impuesto especial sobre hidrocarburos, medidas aprobadas a finales de marzo para contener el precio de los combustibles. Sin embargo, el impacto sobre el precio final fue limitado y, apenas unas semanas después, el efecto de la rebaja fiscal prácticamente había desaparecido en el caso del gasóleo. Además, la Comisión Europea advirtió posteriormente a España de que la reducción del IVA incumplía la normativa comunitaria, que no permite aplicar tipos reducidos a los carburantes, aunque sí consideró válido el ajuste en el impuesto especial. Para el FMI, este caso demuestra que las medidas mal diseñadas pueden resultar muy costosas para las cuentas públicas y complicadas de revertir. Además, advierte de que pueden alimentar la inflación, deteriorar la situación fiscal de los países e incluso contribuir a elevar aún más los precios internacionales de la energía. El organismo sostiene que las subvenciones energéticas generan distorsiones en el mercado y terminan beneficiando en mayor medida a las rentas más altas, ya que son los hogares con más consumo energético los que obtienen una mayor ventaja. Lo mismo ocurre, según el Fondo, con otras medidas generalizadas como los topes de precios, que además suelen ser difíciles de retirar una vez implantadas. El FMI recuerda que estas situaciones ya se están produciendo en distintos países. Indonesia, por ejemplo, ha ampliado sus subsidios a los carburantes tras la crisis del golfo Pérsico, pese a que experiencias anteriores demostraron su escasa eficacia y generaron importantes tensiones sociales cuando el Gobierno intentó reducirlos. Argentina es otro ejemplo citado por el organismo, que atribuye parte de sus desequilibrios fiscales a décadas de subvenciones masivas a la energía, incluidas las tarifas eléctricas. El Fondo considera que este tipo de ayudas solo deberían aplicarse en circunstancias extremas, como cuando el incremento de los costes energéticos amenaza con trasladarse rápidamente al conjunto de la economía o cuando las finanzas públicas tienen capacidad suficiente para absorber el impacto. Aun así, reconoce que evaluar estas condiciones en tiempo real resulta complejo y recuerda que los controles generalizados de precios suelen tener efectos secundarios importantes. Aunque admite que no existe una fórmula universal para afrontar una crisis energética, ya que cada país presenta características diferentes según su dependencia de los combustibles fósiles o su margen presupuestario, el FMI insiste en que las primeras medidas deben dirigirse a proteger a los colectivos más vulnerables. Según el organismo, los hogares con menos ingresos destinan proporcionalmente mucho más dinero a energía y alimentación y cuentan además con menos capacidad de ahorro, por lo que son los más expuestos a una escalada de precios. Para protegerlos y evitar un aumento de la pobreza y de la tensión social, recomienda priorizar las transferencias directas y focalizadas. El Fondo también considera que las primeras respuestas para empresas y pequeños negocios deberían centrarse en medidas temporales de liquidez, como créditos avalados por el Estado, líneas de financiación o aplazamientos fiscales y de cotizaciones sociales. Estas herramientas, sostiene, son menos costosas para las arcas públicas y más fáciles de retirar que las subvenciones directas o las inyecciones de capital, que suelen generar mayores dificultades políticas y presupuestarias a largo plazo. En definitiva, el FMI defiende que cualquier respuesta frente a una crisis energética debe ser limitada en el tiempo y diseñada para evitar que las ayudas temporales se conviertan en gastos estructurales permanentes.

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(El Confidencial, 21-05-2026) | Fiscal

Los paraísos fiscales hablan chino: Pekín utiliza territorios opacos para canalizar sus inversiones

Los paraísos fiscales existen desde hace siglos, prácticamente desde el nacimiento de las primeras civilizaciones. Sin embargo, su gran expansión llegó a mediados del siglo XX, impulsada por fenómenos como la descolonización -que dio lugar a nuevos territorios desvinculados de las antiguas potencias-, la globalización y el desarrollo tecnológico, que facilitaron las transacciones internacionales fuera de los sistemas fiscales tradicionales. También hubo motivaciones políticas. Suiza, por ejemplo, instauró hace casi un siglo el secreto bancario como fórmula para sostener económicamente su neutralidad. El resultado ha sido la creación de una enorme red financiera ligada a la vertiente más agresiva del capitalismo global. Paradójicamente, uno de los países que más ha aprovechado este sistema es China, pese a definirse formalmente como una economía socialista. Pekín ha convertido los territorios de baja tributación en una pieza clave de su estrategia internacional de inversión. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER, por sus siglas en inglés) revela que el 37,7% de las inversiones chinas en el exterior se canalizan a través de intermediarios ubicados en paraísos fiscales o jurisdicciones con fiscalidad reducida. Según los autores del informe, estas operaciones pasan por al menos un intermediario radicado en este tipo de territorios, lo que dificulta enormemente su rastreo y hace que las estadísticas tradicionales de inversión extranjera directa no reflejen la dimensión real de la presencia china en el exterior. La magnitud de esta estrategia es relevante si se tiene en cuenta que China, incluyendo Hong Kong y Macao, es ya el segundo mayor inversor mundial, con alrededor de 3,3 billones de dólares invertidos fuera de sus fronteras, solo por detrás de Estados Unidos. Esa cifra equivale aproximadamente al doble del PIB español y representa cerca del 3% de los activos corporativos globales. Además, las inversiones de las compañías chinas crecen a un ritmo medio anual del 20%. El peso de China en determinados paraísos fiscales es especialmente elevado. Las empresas chinas controlan activos equivalentes al 58% del total corporativo en las Islas Caimán, al 40,6% en Bermudas y al 15% en las Islas Vírgenes Británicas. Según el estudio, estos datos muestran el papel central que desempeñan los centros financieros offshore dentro de la estructura internacional de propiedad empresarial china. También destacan las posiciones en Portugal y Singapur, considerados puntos estratégicos de entrada hacia la Unión Europea y los mercados financieros asiáticos. Si se analiza el volumen de inversión, las Islas Caimán aparecen como el principal destino del capital chino, con 424.000 millones de dólares invertidos entre 2012 y 2021. Reino Unido ocupa el segundo lugar con 380.000 millones, seguido por Australia, Singapur y Bermudas. El informe considera que esta distribución refleja tanto el uso intensivo de estructuras offshore como la preferencia de China por invertir en economías desarrolladas. La expansión china se concentra especialmente en sectores considerados estratégicos y de alto contenido tecnológico. Las inversiones más relevantes se dirigen a la industria manufacturera y a actividades científicas y profesionales, mientras que cerca del 80% de esas operaciones tienen como destino Europa y América del Norte. El estudio también observa que las empresas estatales chinas priorizan la adquisición de compañías con elevada inversión en investigación y desarrollo. Tras las compras, las empresas aumentan su capital y el gasto en I+D, aunque este esfuerzo no se traduce necesariamente en una mayor producción de patentes ni en mejoras de rentabilidad. De hecho, el informe detecta un ligero deterioro en la rentabilidad de los activos tras las adquisiciones, lo que sugiere que el objetivo principal no sería obtener beneficios inmediatos, sino asegurar el acceso a tecnología y capacidades industriales estratégicas a largo plazo. Los analistas sí detectan efectos indirectos positivos para las matrices chinas, que terminan incrementando su capacidad de innovación y registro de patentes gracias al conocimiento adquirido en los países avanzados donde realizan las inversiones. La estrategia internacional de Pekín tomó especial impulso a partir de 2015, con el objetivo de reforzar diez sectores tecnológicos prioritarios y elevar la competitividad industrial del país. Europa y Norteamérica concentran actualmente la mayor parte de las inversiones chinas, mientras que Asia apenas representa el 15% de sus activos exteriores. En cambio, el peso de África, Oceanía y Sudamérica dentro de la estrategia inversora china se ha reducido significativamente en los últimos años. La investigación se basa en datos de Moody's Orbis, una base de información empresarial que recoge datos de más de 400 millones de compañías en 212 economías. El análisis abarca el periodo comprendido entre 2012 y 2021, una década marcada por el fuerte crecimiento de la presencia global de las empresas chinas. Según el estudio, los activos controlados por accionistas chinos en el extranjero crecieron desde 551.000 millones de dólares en 2012 hasta 2,5 billones en 2021. Si se suman Hong Kong y Macao, la llamada Gran China alcanzó los 4,27 billones de dólares en activos exteriores al cierre del periodo analizado. Aun así, Estados Unidos sigue manteniendo una posición claramente superior, con inversiones internacionales que aumentaron desde 10 billones hasta 18,2 billones de dólares durante esos mismos años.

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(Expansión, 21-05-2026) | Laboral

El 75% de las empresas no consigue el talento que necesita

Los perfiles técnicos y altamente especializados siguen atravesando un momento especialmente favorable en el mercado laboral. El informe Future of Jobs 2025 del World Economic Forum revela que cerca del 75% de las empresas en el mundo reconoce tener problemas para encontrar profesionales adecuados para determinados puestos. En España, el escenario no es distinto. El Instituto Nacional de Estadística calcula que existen alrededor de 150.000 vacantes sin cubrir, muchas de ellas vinculadas a sectores técnicos, industriales y servicios especializados. Sin embargo, empresas de selección y organizaciones empresariales consideran que esta cifra se queda corta, ya que únicamente contabiliza las ofertas activas en el momento de la encuesta. Entidades como CEOE, Adecco o Randstad elevan el déficit real por encima de las 200.000 e incluso 250.000 plazas que permanecen vacías o que terminan ocupadas por candidatos que no reúnen las competencias requeridas. El último estudio de ManpowerGroup sobre escasez de talento apunta además que el 78% de las compañías españolas tiene dificultades para encontrar profesionales adecuados, el porcentaje más alto registrado en los últimos quince años. Esta falta de trabajadores especializados convive, paradójicamente, con una de las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea, situada en el 10,83% de la población activa al cierre del primer trimestre de 2026. El ámbito tecnológico es uno de los ejemplos más claros de este desajuste. Datos de Catenon y Hays estiman en unas 120.000 las vacantes sin cubrir en el sector digital, especialmente en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y servicios cloud. El avance de la tecnología supera la capacidad de las universidades para formar nuevos profesionales al ritmo que exige el mercado. Un caso especialmente significativo es el de los especialistas SAP. Un estudio de Experis, elaborado junto a SAP y la Asociación de Usuarios SAP España (Ausape), calcula que el próximo año harán falta unos 45.000 profesionales vinculados a esta tecnología, una demanda imposible de satisfacer con la oferta actual de candidatos. En apenas dos años, la necesidad de estos perfiles ha crecido un 23%. Además, se estima que España requerirá cerca de 26.000 consultores SAP certificados hasta 2027, lo que obligaría a formar unos 8.000 profesionales anuales para reducir el déficit. La expansión de la inteligencia artificial también está acelerando la demanda de trabajadores especializados. Según Randstad, España se sitúa entre los países con mayor peso de ofertas laborales que requieren conocimientos de IA. Durante el primer trimestre de este año, los empleos relacionados con esta tecnología representaron el 0,27% de todas las ofertas publicadas, un porcentaje muy superior al de Alemania (0,09%) o Francia (0,04%) y nueve veces mayor que el registrado hace cinco años. España sobresale especialmente en dos sectores. En atención al cliente, las ofertas vinculadas a inteligencia artificial alcanzan el 3,9%, triplicando la media global del 1,2%. En marketing, la demanda de habilidades relacionadas con IA creció hasta el 6% en 2025, el mayor incremento registrado a escala mundial. No obstante, el auge de la inteligencia artificial está ampliando aún más la distancia entre las vacantes disponibles y el talento existente. Randstad advierte de las dificultades que afronta España para implantar tecnologías de IA por la escasez de especialistas. Un ejemplo son los entrenadores de inteligencia artificial, cuyas vacantes tardan ya una media de 64 días en cubrirse, frente a los 30 días del año pasado. Otros perfiles especialmente complicados de encontrar son los gerentes de IA, con 54 días de espera media, y los arquitectos de IA, con 53 días. La escasez también se refleja en la tasa de vacantes sin cubrir. En el caso de los arquitectos de IA, el 17,9% de los puestos sigue desierto, mientras que en los ingenieros de machine learning el porcentaje alcanza el 10,7%. El informe de ManpowerGroup sitúa entre los perfiles más difíciles de encontrar a los profesionales con conocimientos prácticos en inteligencia artificial y manejo de herramientas basadas en esta tecnología (34%), así como a expertos en desarrollo de aplicaciones y modelos de IA (33%). También persiste la falta de ingenieros y especialistas en tecnologías de la información y análisis de datos tradicionales, excluyendo la inteligencia artificial. Pese al protagonismo creciente de la tecnología, las empresas también buscan cada vez más habilidades humanas difíciles de automatizar. Randstad destaca que, a medida que la digitalización asume tareas repetitivas, gana valor el talento capaz de aportar criterio, supervisión y capacidad de análisis. A nivel global, la demanda de inteligencia emocional ha crecido un 173%, la creatividad un 168% y la capacidad de resolución de problemas un 35%. Otro de los grandes desafíos pendientes afecta a la Formación Profesional. Adecco señala que el 40% de las ofertas de empleo ya se dirige a titulados de FP, aunque el número de graduados sigue siendo insuficiente. Existe una importante falta de especialistas en mantenimiento industrial, soldadura, electromecánica o refrigeración. Además, persiste un cierto estigma social hacia estos trabajos, pese a que en muchos casos ofrecen salarios superiores a los de numerosos titulados universitarios. A esta situación se suma el problema del relevo generacional. Un estudio de la Fundación CaixaBank Dualiza y Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad advierte de que España tendrá dificultades para cubrir alrededor de un millón y medio de empleos hasta 2035. Por cada diez trabajadores que se jubilen en la industria, sólo habrá siete jóvenes preparados para sustituirlos. El envejecimiento de la población agrava aún más el problema, ya que abandonan el mercado más profesionales cualificados de los que se incorporan, especialmente en sectores como la sanidad y la educación, según Randstad. Además, Catenon alerta de que España está perdiendo talento cualificado hacia otros países europeos. Ingenieros, enfermeros y otros especialistas emigran atraídos por salarios en Alemania o Países Bajos que superan entre un 30% y un 40% los ofrecidos en España, lo que intensifica todavía más la escasez de profesionales.

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(Expansión, 21-05-2026) | Laboral

La Audiencia Nacional fija que los festivos que caigan en sábado deben ser recuperados

La Audiencia Nacional ha determinado que los festivos que coincidan con el descanso semanal fijado en sábado deben compensarse con un día adicional de descanso. La decisión responde al conflicto colectivo planteado en relación con el convenio del sector de los centros de atención al cliente o "contact center". Con esta resolución, la Audiencia Nacional da la razón a los sindicatos USO, CGT, UGT y CCOO, que presentaron distintas demandas contra la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX). A estas acciones judiciales también se sumaron CIG, CSIF y STC. La sentencia, emitida por la sala de lo social de la Audiencia Nacional el pasado 19 de mayo, considera contraria a derecho la práctica habitual de muchas empresas del sector, que no compensaban los festivos nacionales, autonómicos o locales cuando coincidían con un sábado y éste ya figuraba como día de descanso semanal en jornadas de lunes a viernes o de lunes a sábado. El fallo reconoce además que los días festivos no pueden quedar anulados o absorbidos por el descanso semanal. Por ello, establece la obligación de las empresas de conceder un día extra de descanso efectivo cuando ambos coincidan. El sindicato USO ha destacado en un comunicado que esta decisión judicial, que considera aplicable más allá del sector de "contact center", consolida la doctrina que impide a las empresas hacer desaparecer festivos mediante la organización de los cuadrantes laborales. La secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO, Sara García, ha defendido que los catorce festivos anuales deben disfrutarse íntegramente por todos los trabajadores, independientemente de su horario habitual. Según ha señalado, la nueva resolución aclara definitivamente las dudas generadas por sentencias anteriores y extiende este derecho a toda la plantilla, evitando solapamientos o recortes en los días festivos. El Tribunal Supremo ya había abordado esta cuestión en una sentencia del 30 de abril de 2025, en la que fijó criterios sobre la coincidencia entre descanso semanal y festivos laborales, aunque sin pronunciarse expresamente sobre los sábados. En aquella resolución, el Supremo estableció que los trabajadores con jornadas distribuidas de lunes a domingo y con descanso semanal fijo entre lunes y viernes tienen derecho a una compensación cuando ese descanso coincide con un festivo, pudiendo disfrutar de otro día libre en sustitución de la fiesta perdida.

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(El Economista, 21-05-2026) | Laboral

La Comisión Europea avala el uso que hizo el Gobierno de los fondos Next Gent para pagar las pensiones y zanja las dudas del Tribunal de Cuentas

La Comisión Europea ha respaldado la gestión realizada por España de los fondos NextGenerationEU y ha defendido que las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas no ponen en duda la legalidad del uso de los recursos europeos. Según fuentes comunitarias, Bruselas ha remitido una carta a los eurodiputados Andreas Schwab y Daniel Freund en la que aclara que las cuestiones señaladas afectan, en todo caso, al cumplimiento de procedimientos recogidos en la normativa presupuestaria española, pero no al marco regulador europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La respuesta cuenta con el respaldo de los comisarios Raffaele Fitto, Valdis Dombrovskis y Piotr Serafin y llega después de que ambos parlamentarios solicitaran explicaciones sobre determinadas operaciones presupuestarias relacionadas con los fondos europeos desplegados tras la pandemia. La Comisión admite que el Tribunal de Cuentas apuntó que algunas transferencias deberían haber contado con una justificación jurídica más detallada, aunque insiste en que se trata de un asunto vinculado al control y la rendición de cuentas internos de España. La semana pasada, el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, ya avanzó que estos recursos podían emplearse de manera temporal para atender otras necesidades presupuestarias. Desde Bruselas recuerdan además que el sistema de pagos del fondo europeo de recuperación no funciona mediante la financiación directa de gastos concretos, sino a través del cumplimiento de hitos y objetivos acordados previamente con cada Estado miembro. En este contexto, la Comisión asegura que todas las solicitudes de desembolso presentadas por España fueron examinadas de forma exhaustiva y transparente, verificando previamente el cumplimiento de los compromisos pactados antes de autorizar cada pago. Fuentes comunitarias destacan también que la carta incorpora una precisión con relevancia política: el plan español de recuperación no contempla ningún objetivo ni condición que permita utilizar fondos europeos para financiar el gasto en pensiones. Bruselas recuerda que este tipo de desembolsos no puede cubrirse con recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, rechazando así que el dinero europeo se haya destinado a esa finalidad. Pese a ello, la Comisión reconoce que persisten inquietudes sobre la transparencia en torno a los beneficiarios finales de los fondos europeos. En este sentido, asegura haber tomado nota de las preocupaciones planteadas y explica que sus propuestas para el próximo marco financiero plurianual obligarán a los Estados miembros a recopilar y publicar información detallada sobre beneficiarios, adjudicatarios, contratistas y subcontratistas mediante un portal único de acceso presupuestario. El Ejecutivo comunitario concluye señalando que seguirá promoviendo mayores niveles de transparencia en sus relaciones con los Estados miembros y se muestra dispuesto a ofrecer nuevas aclaraciones dentro de los diálogos habituales sobre recuperación y resiliencia. Además, deja abierta la posibilidad de celebrar una reunión técnica con los eurodiputados si éstos lo consideran oportuno.

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(Cinco Días, 21-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca española urge al BCE a desarrollar el euro digital mayorista

Uno de los grandes debates que actualmente atraviesan el sistema financiero europeo gira en torno a los medios de pago y a la necesidad de reforzar la autonomía tecnológica y monetaria de la Unión Europea. La creciente tensión geopolítica ha llevado a Bruselas y al sector bancario a acelerar proyectos destinados a reducir la dependencia de actores extranjeros, especialmente estadounidenses, que dominan buena parte de las infraestructuras de pago utilizadas en Europa y también amenazan con liderar las finanzas digitales del futuro gracias al auge de las stablecoins vinculadas al dólar. En este contexto, la banca española está reclamando al Banco Central Europeo (BCE) que acelere el desarrollo del euro digital mayorista, una herramienta pensada para facilitar la liquidación de grandes operaciones financieras entre bancos mediante tecnología blockchain y mercados tokenizados. Las principales entidades financieras internacionales ya han comenzado a operar con redes basadas en blockchain. Durante una jornada organizada por el Real Instituto Elcano sobre el euro digital, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, explicó que esta tecnología permite realizar pagos instantáneos y programables, operar las 24 horas del día y ejecutar liquidaciones simultáneas sin intermediarios. Según señaló, cada vez más empresas utilizan estas soluciones, especialmente en pagos internacionales, porque el dinero está evolucionando hacia formatos digitales basados en blockchain. Sin embargo, Europa parte con desventaja frente a Estados Unidos. El mercado de stablecoins mueve actualmente unos 320.000 millones de dólares y cerca del 98% de esos activos están denominados en dólares estadounidenses, mientras que las referencias en euros apenas representan un 0,2% del total. Ante esta situación, el sector financiero europeo considera prioritario desarrollar primero la infraestructura tecnológica necesaria. Mientras que los sistemas tradicionales funcionan sobre bases de datos centralizadas, la blockchain opera mediante redes descentralizadas que permiten compartir y sincronizar información de forma segura a través de algoritmos criptográficos. Por ello, la banca europea colabora con el BCE en la construcción de la infraestructura que permitirá ejecutar grandes transacciones financieras mediante redes blockchain. El proyecto se desarrolla en varias fases. La primera, denominada Pontes, busca conectar plataformas basadas en tecnología de registro distribuido con el sistema Target del Eurosistema, encargado de procesar pagos en euros en tiempo real. La segunda fase, conocida como Appia, plantea una transformación más profunda de la infraestructura del banco central para integrarla plenamente en tecnología blockchain. Además de la infraestructura, este nuevo ecosistema requiere un activo digital de liquidación. El BCE prevé lanzar el euro tokenizado durante el segundo semestre de 2026, una solución que considera más segura y escalable. Paralelamente, varias entidades agrupadas en el consorcio Qivalis trabajan en una stablecoin privada respaldada en euros que podría llegar al mercado en los próximos meses. Los bancos también avanzan en la tokenización de depósitos como otra fórmula de dinero digital. La preocupación europea no se limita únicamente a las grandes operaciones financieras. Bruselas también ha intensificado en el último año su apuesta por crear un sistema de pagos minoristas europeo que reduzca la dependencia de proveedores estadounidenses como Visa y Mastercard. La inestabilidad geopolítica y la transformación del escenario internacional han reforzado el interés de las instituciones comunitarias por proteger la soberanía monetaria y tecnológica europea. En este terreno, la principal apuesta pública es el euro digital minorista impulsado por el BCE, distinto del euro digital mayorista porque estaría orientado a pagos cotidianos entre particulares y comercios, tanto físicos como online, dentro de la eurozona. El organismo defiende que esta herramienta reforzaría la independencia europea en materia de pagos. No obstante, el proyecto ha generado reservas dentro de la gran banca europea, que cuestiona los costes de implantación y teme posibles efectos sobre los depósitos bancarios tradicionales, incluso aunque el BCE limite la cantidad de euros digitales que cada ciudadano pueda mantener. Por ello, mientras colaboran con el BCE en el diseño del euro digital, las entidades financieras también impulsan soluciones privadas propias. En España, el éxito de Bizum, utilizado ya por más de 31 millones de personas, ha favorecido acuerdos con otros sistemas europeos para ampliar la interoperabilidad entre plataformas. Actualmente ya es posible realizar transferencias instantáneas entre España, Italia y Portugal, y está previsto que entre finales de 2026 y comienzos de 2027 se incorporen Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia y varios países nórdicos, alcanzando potencialmente a unos 135 millones de usuarios en 13 países. Desde el sector financiero se insiste en que el euro digital debería complementar, y no sustituir, a las soluciones privadas europeas. Según esta visión, el sistema público tendría sentido especialmente para situaciones en las que no exista conexión a internet o para garantizar alternativas equivalentes al efectivo, aunque no debería convertirse en la vía principal de pagos debido a los riesgos que podría generar para el sistema bancario.

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(Expansión, 21-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España y Canadá firman una alianza tecnológica en Inteligencia Artificial

La visita oficial del Rey Felipe VI y del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a Canadá, acompañados por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha servido para reforzar la cooperación entre ambos países en ámbitos como la inversión, la digitalización y las infraestructuras. El viaje culminó con un acuerdo bilateral en inteligencia artificial y varios pactos empresariales entre compañías españolas y canadienses, entre ellas Indra, Multiverse Computing, Cohere y Coveo. Durante un foro empresarial celebrado en Toronto, Felipe VI destacó la importancia de fortalecer las alianzas internacionales en un contexto marcado por la incertidumbre global. El monarca defendió que, en un escenario de "aguas turbulentas", los socios fiables son esenciales para garantizar estabilidad y confianza, y aseguró que Canadá puede contar con España como aliado estratégico. En el marco de la visita, ambos gobiernos firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) destinado a impulsar la colaboración en inteligencia artificial. El Ministerio de Economía calificó el acuerdo como una nueva etapa en las relaciones bilaterales y subrayó que sitúa a España y Canadá entre los referentes de la cooperación tecnológica internacional. Tras la firma del acuerdo junto al ministro canadiense de Inteligencia Artificial e Innovación Digital, Evan Solomon, Carlos Cuerpo afirmó que la inteligencia artificial será decisiva para la competitividad y la soberanía económica de las próximas décadas, y defendió que democracias como España y Canadá están llamadas a liderar un modelo de desarrollo tecnológico sustentado en la confianza, la seguridad y el beneficio mutuo. El memorando contempla el intercambio de capacidades técnicas, conocimientos y experiencia entre ambos países, respetando la soberanía nacional, la privacidad y los derechos de propiedad intelectual. La cooperación se centrará especialmente en el despliegue de soluciones de inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas, la mejora de la productividad industrial y la modernización de los servicios públicos. Entre las metas del acuerdo figuran el fortalecimiento de la capacidad de computación, el acceso a infraestructuras digitales sostenibles, el impulso del uso de la IA en empresas y administraciones, la formación de profesionales especializados y la promoción de proyectos conjuntos entre gobiernos y compañías privadas. Por su parte, el ministro canadiense de IA destacó que este tipo de alianzas internacionales resulta clave para garantizar un desarrollo seguro y responsable de la inteligencia artificial, alineando la innovación tecnológica con valores compartidos y generando oportunidades económicas duraderas para ambos países. La cooperación institucional abrió además la puerta a varios acuerdos empresariales. Indra y la firma vasca de computación cuántica Multiverse Computing suscribieron alianzas con la empresa canadiense Cohere, especializada en inteligencia artificial empresarial. Asimismo, Multiverse firmó un segundo acuerdo con Coveo, compañía canadiense centrada en soluciones de software. Todos estos pactos buscan desarrollar proyectos conjuntos en el ámbito tecnológico. La firma de estos acuerdos tuvo lugar durante un encuentro empresarial organizado por el Business Council canadiense en el Mars Discovery District de Toronto, al que asistieron más de 175 representantes de empresas españolas y canadienses. La cita fue el principal acto de una visita que supone el primer viaje oficial del Rey a Canadá y la tercera visita de Carlos Cuerpo al país en apenas año y medio. La agenda también incluyó reuniones con inversores y encuentros institucionales con autoridades canadienses. El objetivo es aprovechar el interés compartido de ambos países por diversificar relaciones económicas y reducir la dependencia de Estados Unidos, especialmente tras las tensiones comerciales derivadas de la política arancelaria impulsada por Donald Trump. Desde el Ministerio de Economía destacan que las exportaciones españolas de bienes a Canadá han crecido más de un 60% en la última década y superaron los 2.200 millones de euros en 2025. No obstante, reconocen que el peso de Canadá sigue siendo reducido dentro del comercio exterior español, ya que representa apenas el 0,67% de las ventas internacionales de España. Además del refuerzo de los intercambios comerciales, España aspira a atraer una mayor inversión canadiense. Actualmente, el stock de inversión procedente de Canadá alcanza los 12.857 millones de euros y sostiene alrededor de 30.000 puestos de trabajo.

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(El País, 21-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Vuelven los depósitos al 3%: la banca reabre la guerra por el ahorro sin vinculaciones ni ataduras

La banca española vuelve a apostar por los depósitos como herramienta para atraer ahorro. Tras varios meses de escasa oferta y menor rentabilidad en estos productos, las entidades financieras han comenzado a relanzar depósitos con intereses situados entre el 2,5% y el 3% a un año, además de reducir las exigencias de vinculación que se habían generalizado en el sector. Este cambio supone un giro respecto a la estrategia comercial seguida hasta ahora por los bancos. Durante los últimos meses, marcados por la estabilidad de los tipos de interés y la previsión de futuras bajadas por parte del Banco Central Europeo (BCE), las entidades habían ido rebajando progresivamente la remuneración del ahorro. En su lugar, impulsaban fórmulas alternativas como cuentas remuneradas sujetas a múltiples condiciones, depósitos mixtos o productos a plazos muy cortos -incluso de apenas un mes- que ofrecían rentabilidades elevadas, entre el 3% y el 4% TAE, aunque con un atractivo real limitado por su corta duración. Ahora, el contexto económico ha cambiado. La incertidumbre macroeconómica y las tensiones energéticas derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz, en plena escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, han alterado las expectativas sobre la política monetaria europea. Si hace unos meses el mercado descontaba nuevas bajadas de tipos, ahora algunos analistas contemplan posibles subidas ante el riesgo de una inflación más persistente. En este escenario, los bancos han recuperado el interés por captar liquidez a través de depósitos a plazo, especialmente en productos de mayor duración. Entre las ofertas más agresivas destaca el neobanco alemán Trade Republic, que remunera al 3% el saldo en cuenta de nuevos clientes sin establecer límite máximo. Así, un usuario con 10.000 euros depositados podría obtener algo más de 300 euros brutos en un año. También sobresale Renault Bank, habitual entre las entidades con mejores remuneraciones al ahorro, que ofrece un depósito al 3,03% TAE a tres años de plazo, reflejando que el sector prevé un entorno de tipos más elevados a medio plazo. Por su parte, Volkswagen Bank comercializa depósitos al 2,8% TAE a seis y doce meses sin requisitos adicionales. Self Bank ha lanzado igualmente un depósito al 2,75% TAE a doce meses, sin condiciones de vinculación. En este caso, el importe mínimo es de 6.000 euros y el máximo de 50.000, con la ventaja añadida de que los intereses se abonan trimestralmente y no al vencimiento. A su vez, el banco italiano BFF Bank ofrece un 2,63% a través de su Cuenta Facto, también sin exigir productos adicionales. En un nivel ligeramente inferior se sitúa Banca March, que comercializa el depósito Avantio a un año con una rentabilidad del 2,5% TAE, para importes de entre 30.000 y 300.000 euros. En paralelo, Bankinter ha elevado recientemente hasta el 2,5% TAE la remuneración de su cuenta digital destinada a nuevos clientes. Otro caso singular es el de B100, cuya propuesta puede alcanzar hasta el 3% de rentabilidad, aunque vinculada al cumplimiento de objetivos relacionados con hábitos saludables registrados en su aplicación, como la actividad física diaria. A diferencia de otras entidades, no exige contratar productos de inversión adicionales. En contraste, algunas entidades mantienen esquemas más complejos para acceder a las mayores remuneraciones. Deutsche Bank, por ejemplo, ofrece un depósito que puede llegar al 3,25% TAE, aunque condicionado a varios requisitos: domiciliar una nómina o pensión de al menos 2.000 euros, utilizar la tarjeta de crédito con un gasto anual mínimo y realizar inversiones en fondos seleccionados por la entidad. Sin cumplir esas condiciones, la rentabilidad inicial se queda en el 2,25%. Los depósitos y las cuentas remuneradas siguen siendo, junto a las letras del Tesoro, los productos favoritos de los ahorradores españoles para obtener rendimiento por su dinero. Sin embargo, incluso con esta mejora de las ofertas, muchas rentabilidades continúan sin superar la inflación. Según el Banco de España, los hogares mantienen más de 1,1 billones de euros en cuentas y depósitos, mientras que la remuneración media de estos productos se situó en marzo en el 1,75%, por debajo de la inflación registrada en abril, que alcanzó el 3,2%. Esto implica que buena parte del ahorro sigue perdiendo poder adquisitivo en términos reales.

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(El Economista, 21-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El CGPJ critica al Gobierno que suprima la inscripción del traspaso de participaciones ante notario

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido su informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública impulsado por el Ministerio de Hacienda para reforzar la lucha contra la corrupción, y en él expresa importantes reservas, especialmente respecto a la eliminación de la obligación de formalizar ante notario la transmisión de participaciones empresariales. El texto del anteproyecto plantea que estos traspasos puedan realizarse mediante documento privado entre las partes, en lugar de elevarse a escritura pública, quedando su eficacia condicionada a su posterior inscripción en el Registro Mercantil, lo que les otorgaría validez frente a la sociedad y terceros. Sin embargo, el CGPJ subraya que la intervención notarial en este tipo de operaciones cumple una función esencial de control, ya que permite verificar la identidad de los intervinientes, su capacidad legal, la legitimación de sus representantes, la validez del consentimiento y la legalidad del negocio, además de dejar constancia de los medios de pago. Añade también que esta información se incorpora al Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado, una base de datos accesible para las administraciones públicas y de gran utilidad en la investigación de delitos económicos. El órgano judicial advierte de que la reforma sustituiría este control previo notarial por un control registral posterior, con un alcance diferente y menos intenso al realizado de forma presencial ante notario. En este sentido, recuerda que la eficacia del sistema actual ha sido reconocida en evaluaciones internacionales, como el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2014, que lo considera una buena práctica en la prevención del fraude y el blanqueo de capitales. Por ello, el CGPJ recomienda reconsiderar la supresión del requisito de que las transmisiones de participaciones sociales deban formalizarse en documento público, defendiendo incluso la posibilidad de que convivan ambas fórmulas: la escritura pública y el documento privado. Además, el informe también cuestiona el nuevo sistema de sanciones previsto para las empresas implicadas en casos de corrupción, especialmente en lo relativo al cálculo de las multas máximas. Según el CGPJ, la metodología propuesta no se ajusta a los criterios establecidos en la Directiva europea sobre lucha contra la corrupción, que se está incorporando a través de esta norma. Dicha directiva establece que las sanciones por delitos como cohecho, soborno o malversación deben alcanzar, en su nivel máximo, al menos el 5% del volumen de negocio mundial de la empresa o un mínimo de 40 millones de euros. Para otros delitos como el tráfico de influencias o la obstrucción a la justicia, fija un 3% del volumen de negocio o 24 millones. El anteproyecto, por su parte, amplía el periodo de cálculo de las sanciones diarias de cinco a diez años y elimina el límite previo de 5.000 euros por día, sustituyéndolo por el mayor de estos importes: el 50% de los ingresos del ejercicio en el que se cometió el delito o en el que se obtuvo el beneficio, o bien 20.000 euros diarios. El CGPJ advierte de que esta nueva fórmula eleva las sanciones máximas de los 9 millones actuales hasta los 72 millones de euros, y considera que este sistema no se ajusta plenamente al modelo de determinación exigido por la normativa europea. El Consejo de Ministros aprobó este anteproyecto en primera vuelta el pasado febrero, aunque deberá volver a pasar por el Ejecutivo para su aprobación definitiva tras recibir los informes preceptivos, entre ellos el del CGPJ, que tiene carácter consultivo y no vinculante. Posteriormente, la norma será enviada al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.

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