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(Expansión, 13-05-2026) | Fiscal

La Inspección tributaria pone la lupa sobre los neobancos y las plataformas de activos digitales

La Agencia Tributaria (AEAT) se ha marcado para este año una meta prioritaria: acabar con las barreras digitales que aún permiten esconder patrimonio en el extranjero. Según las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, el organismo prepara un importante despliegue tecnológico en el que la inteligencia artificial y la supervisión de la nueva banca digital tendrán un papel central. El mensaje de Hacienda es claro: la opacidad en el entorno digital tiene los días contados. El control ya no se limita a las cuentas tradicionales en paraísos fiscales, sino que se amplía a neobancos y plataformas de activos digitales, instrumentos que, según el plan, se utilizan cada vez más para ocultar rentas o blanquear capitales bajo una apariencia de anonimato. Entre las principales novedades del plan de 2026 figura la ofensiva contra las cuentas abiertas en entidades financieras digitales y neobancos. La Agencia Tributaria considera que muchos de estos operadores, que actúan mediante licencias de terceros o bajo regímenes de libre prestación de servicios, están sirviendo para esconder patrimonio y rentas fuera de España. Para hacer frente a esta situación, Hacienda se apoyará en la transposición de la directiva europea DAC8, que permitirá acceder de forma automática y detallada a información sobre dinero electrónico y monedas digitales emitidas por bancos centrales. El control será continuo y sistemático: el Fisco prevé disponer mensualmente de datos sobre titularidad de cuentas bancarias, así como un seguimiento exhaustivo de ingresos procedentes de TPV, tarjetas y pagos vinculados a teléfonos móviles. La intención de la Agencia Tributaria es cerrar cualquier posible vía de escape a través de plataformas digitales. Las entidades de pago y de dinero electrónico deberán facilitar información que hasta ahora quedaba en un espacio regulatorio difuso, lo que permitirá cruzar datos en tiempo real y detectar diferencias entre el nivel de gasto de un contribuyente y los ingresos declarados. La vigilancia sobre grandes patrimonios y fiscalidad internacional seguirá siendo otro de los ejes prioritarios. Hacienda endurecerá el control sobre quienes simulan residir fuera de España o en comunidades autónomas con menor carga fiscal para evitar tributar por IRPF o Patrimonio. Para ello, la AEAT recurrirá a herramientas de trazabilidad blockchain y al análisis masivo de datos mediante big data. El objetivo es desmontar estructuras de planificación fiscal agresiva y detectar sociedades instrumentales o pantalla utilizadas para desviar fondos al exterior o sufragar gastos personales con dinero opaco. También se reforzará el control sobre los activos situados fuera de España. Modelos informativos como el 721, destinado a declarar criptoactivos en el extranjero, serán esenciales para alimentar las bases de datos de Hacienda. La intención es que cualquier activo, desde inmuebles de lujo hasta carteras de criptomonedas depositadas en exchanges internacionales, quede plenamente identificado ante la Administración. El plan de control tributario para 2026 se apoya además en la capacidad de análisis de la inteligencia artificial. La Agencia Tributaria consolidará el uso de sistemas de IA para seleccionar deudores y detectar riesgos fiscales. A través del análisis posterior de la información, estos sistemas podrán identificar entramados societarios bajo un mismo control creados para vaciar patrimonios y esquivar deudas tributarias. En materia de blanqueo de capitales, la cooperación internacional se intensificará. Hacienda estrechará su colaboración con organismos como el Sepblac y Europol para seguir de cerca nuevas fórmulas de lavado de dinero que aprovechan la rapidez y alcance global de los neobancos. El control también se extenderá a sectores en expansión como el comercio electrónico y el mercado inmobiliario, considerados especialmente sensibles a la entrada de capitales de origen dudoso. Con estas medidas, España se alinea con las políticas de transparencia impulsadas por la OCDE y la Unión Europea. El nuevo plan de control tributario refleja cómo la tecnología ha dejado de ser un refugio para la opacidad y se ha convertido en una de las principales herramientas de inspección fiscal. Para los contribuyentes con bienes en el extranjero o usuarios habituales de plataformas financieras digitales, el escenario cambia de forma sustancial: Hacienda no solo dispone ya del respaldo legal para reclamar información, sino también de herramientas tecnológicas capaces de anticiparse y detectar irregularidades antes incluso de iniciar una comprobación formal. El cerco sobre los llamados paraísos digitales es cada vez más estrecho.

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(Expansión, 13-05-2026) | Fiscal

Hacienda obliga a los nuevos propietarios a pagar deudas fiscales previas de la comunidad

La Dirección General de Tributos (DGT) ha fijado un nuevo criterio con importantes consecuencias para las operaciones inmobiliarias en España. El organismo considera que quien compra un inmueble y pasa a formar parte de una comunidad de propietarios responde solidariamente de las deudas tributarias de esa comunidad, incluso aunque dichas obligaciones fiscales se hubieran generado antes de la adquisición. Hasta ahora, el mercado manejaba una interpretación más protectora para el comprador. Sin embargo, la DGT sostiene que la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 42.1.b) de la Ley General Tributaria (LGT) afecta a cualquier integrante de la comunidad de propietarios, sin importar cuándo se originaron las deudas tributarias cuya derivación reclama Hacienda. El criterio tiene especial relevancia en ámbitos como el de los centros comerciales, donde las comunidades de propietarios suelen desarrollar actividades económicas, por ejemplo mediante el alquiler de zonas comunes o aparcamientos. Según explican Ricardo García-Borregón y Emma Sevajol, del área de Derecho Financiero y Tributario de Ashurst, la cuestión era clave para determinar si un comprador podía acabar asumiendo "contingencias históricas" detectadas por la Agencia Tributaria tras una inspección o procedimiento de revisión. La DGT apoya su interpretación en principios del Código Civil, al entender que formar parte de una comunidad implica asumir tanto derechos como obligaciones. De este modo, cuando se produce la sustitución de un propietario, el nuevo adquirente se incorpora a la comunidad en función de la cuota adquirida y, con ello, acepta también las cargas asociadas a esa posición. Para los especialistas de Ashurst, este cambio de criterio genera incertidumbre. Consideran discutible que se utilicen argumentos propios del ámbito civil para justificar una responsabilidad tributaria que, a su juicio, debería regirse por criterios autónomos. Además, advierten de que esta interpretación puede acarrear efectos especialmente gravosos para el comprador, situándolo en una posición de mayor vulnerabilidad incluso que quien adquiere una empresa. A diferencia de lo que sucede en las transmisiones de negocios o actividades económicas, donde el adquirente puede solicitar a Hacienda un certificado que limite o excluya su responsabilidad futura, ese mecanismo de protección no existe en el caso de las comunidades de propietarios. Esto deja al inversor expuesto a posibles deudas fiscales desconocidas y generadas por terceros antes de la compra. Con este nuevo escenario, la prudencia pasará a ser un elemento esencial en cualquier operación inmobiliaria. El criterio obligará a llevar a cabo procesos de due diligence fiscal mucho más exhaustivos sobre la comunidad de propietarios y sobre todos los ejercicios no prescritos, en lugar de limitarse únicamente al inmueble concreto objeto de adquisición. Los expertos alertan además de que esta nueva doctrina tendrá un impacto directo en la duración y el coste de las transacciones. Los compradores se verán forzados a reforzar su protección mediante cláusulas contractuales de reembolso o recurriendo a seguros de manifestaciones y garantías (W&I) para cubrir riesgos fiscales que hasta ahora no se contemplaban en este tipo de operaciones.

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(Expansión, 13-05-2026) | Fiscal

Los asesores fiscales piden al Supremo la devolución general de la tasa de basura de Madrid

La batalla judicial por la tasa municipal de basuras del Ayuntamiento de Madrid sigue escalando. Después de que el consistorio anunciara su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló el nuevo tributo y abría la puerta a devolverlo a los vecinos que lo habían reclamado, los asesores fiscales también han decidido acudir al Alto Tribunal, aunque con un objetivo distinto: lograr que la devolución alcance a todos los contribuyentes, incluso a quienes no impugnaron el pago. Así lo comunicó este martes la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, que explicó que inicialmente no tenía previsto recurrir la sentencia favorable dictada por el TSJM para evitar que se retrasaran las devoluciones correspondientes a los ciudadanos que sí habían presentado reclamaciones. Sin embargo, tras conocer el recurso planteado por el Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez-Almeida, la asociación ha optado por presentar también un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En este caso, la intención de AEDAF no pasa únicamente por confirmar la nulidad de la ordenanza municipal declarada por el tribunal madrileño, sino por conseguir que esa nulidad tenga efectos generales y obligue al consistorio a reintegrar lo cobrado a todos los vecinos afectados por la tasa, independientemente de si recurrieron o no en su momento. Hasta ahora, los tribunales se han pronunciado a favor de los contribuyentes. El pasado marzo, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nula de pleno derecho la nueva tasa por el servicio de gestión de residuos implantada en la capital. La resolución judicial consideró que el procedimiento de aprobación de la ordenanza incurrió en un defecto sustancial al omitir durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico-económico que justificaba el cálculo del tributo. En concreto, el tribunal señaló que no se incorporaron ni difundieron los anexos relativos al estudio sobre generación de residuos por actividades económicas, documentación que consideró imprescindible para evaluar y justificar el importe de la tasa. Las tasas de basuras municipales se han convertido en la fórmula escogida en España para cumplir con las exigencias de la Unión Europea en materia de financiación de la gestión de residuos. Desde finales de 2025, numerosos ayuntamientos han implantado sus propios modelos de cobro, en paralelo a tributos ya existentes como el IBI. Solo en Madrid, AEDAF estima que se presentaron alrededor de 50.000 reclamaciones contra esta nueva tasa, cuya nulidad sigue ahora pendiente de la decisión definitiva que adopte el Tribunal Supremo tras los recursos presentados tanto por el ayuntamiento como por los asesores fiscales.

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(El País, 13-05-2026) | Fiscal

Trump propone suspender el impuesto sobre la gasolina para evitar una crisis política por los carburantes

La gasolina se ha convertido en uno de los principales puntos débiles políticos de Donald Trump. En Estados Unidos, el precio de los carburantes es un asunto especialmente sensible, dado que los desplazamientos laborales suelen ser largos y los vehículos tienen, por norma general, un mayor consumo que en otros países. La escalada del conflicto en Irán ha provocado un fuerte repunte del petróleo y ha tensionado los mercados energéticos, trasladando esa presión directamente a los surtidores, donde la gasolina se ha encarecido más de un 50% desde el inicio de la crisis. En este contexto, el presidente estadounidense ha anunciado su intención de proponer la suspensión temporal del impuesto federal sobre los combustibles. La iniciativa ha sido criticada por parte de la oposición demócrata, que la interpreta como una estrategia de impacto mediático para desviar la atención del encarecimiento general del coste de la vida. No obstante, algunos legisladores de ambos partidos han mostrado su disposición a estudiarla como medida de alivio para los consumidores. Trump defendió la propuesta en una entrevista con CBS, donde planteó la posibilidad de eliminar el impuesto federal a la gasolina durante un periodo limitado. Según afirmó, la medida sería temporal y se revertiría progresivamente cuando los precios se estabilizaran. Posteriormente, reiteró esta idea ante los medios en la Casa Blanca, aunque sin mencionar que su aprobación depende del Congreso, lo que complica su viabilidad política. El presidente, vinculado a la corriente conservadora MAGA (Make America Great Again), atraviesa además un momento de desgaste en las encuestas debido al impacto económico y geopolítico del conflicto en Irán. Su nivel de aprobación se sitúa por debajo del 40%, en mínimos de sus dos mandatos, a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato. El antecedente legislativo tampoco juega a favor de la iniciativa. Intentos similares, como el del expresidente Joe Biden en 2022 para suspender temporalmente el impuesto federal sobre los carburantes durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, no llegaron a prosperar. De hecho, la única reducción significativa del impuesto federal sobre combustibles en Estados Unidos se remonta a 1934. Incluso si la medida saliera adelante, su impacto sobre el precio final sería limitado. El propio Trump reconoció que se trataría de un alivio parcial, dado que el impuesto representa solo una fracción del precio final de la gasolina. El precio de los carburantes en Estados Unidos está determinado principalmente por el coste del petróleo en los mercados internacionales. Aproximadamente la mitad del precio de la gasolina corresponde al crudo, mientras que el resto se reparte entre refino, distribución, comercialización e impuestos. El impuesto federal se sitúa en torno a 18,3 centavos de dólar por galón en gasolina y 28,3 en diésel, a lo que se suman tasas estatales y locales que elevan la carga fiscal total. El problema añadido es el destino de esos ingresos, ya que financian el mantenimiento de infraestructuras viarias. Según estimaciones de centros de análisis independientes, una suspensión temporal del impuesto federal podría reducir de forma significativa la recaudación y aumentar el déficit público, además de afectar al estado de conservación de las carreteras. A ello se suma la advertencia de algunos economistas, que señalan que una bajada de impuestos no siempre se traduce en precios más bajos para el consumidor final, especialmente en contextos inflacionistas. En estos escenarios, los minoristas pueden no trasladar íntegramente las rebajas fiscales al precio de venta. Además, una reducción de impuestos podría incentivar el consumo de combustible, aumentando la demanda y ejerciendo una presión adicional al alza sobre los precios. El trasfondo de esta situación es la persistencia del conflicto en Oriente Próximo, que se ha convertido en un problema político y económico para la administración estadounidense. La expectativa inicial de una intervención militar breve ha dado paso a un escenario prolongado de inestabilidad, con efectos directos sobre los mercados energéticos. La tensión en la región ha afectado a puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte relevante del comercio mundial de petróleo y gas. Las restricciones y bloqueos en la zona, junto con las medidas de represalia entre actores internacionales, han contribuido a disparar los precios del crudo, que han pasado de niveles inferiores a 70 dólares por barril a situarse en torno a los 110 dólares en los momentos de mayor tensión.

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(El Confidencial, 13-5-2026) | Fiscal

El Supremo limita a Hacienda para reclamar deudas a directivos de empresas quebradas

La Agencia Tributaria acaba de recibir un importante revés judicial por parte del Tribunal Supremo. El alto tribunal ha cuestionado el sistema utilizado por Hacienda en las derivaciones de responsabilidad, el mecanismo mediante el cual intenta recuperar deudas tributarias de empresas insolventes reclamándolas posteriormente a administradores, socios o familiares vinculados a esas compañías. Este procedimiento, que consiste en exigir el pago a personas físicas relacionadas con sociedades que mantienen deudas fiscales, ha ganado peso en los últimos años. De hecho, en 2024 se alcanzó un máximo histórico de 40.580 expedientes de derivación de responsabilidad, según las cifras más recientes. La cuestión tiene una enorme relevancia para Hacienda, ya que la deuda tributaria en fase ejecutiva -aquella cuyo periodo voluntario de pago ya ha vencido- ascendía a 25.920 millones de euros al cierre de 2024, un 4,2% más que el año anterior. Esta cantidad equivale aproximadamente al 1,6% del PIB y, aunque se trata de ingresos reconocidos por la Administración, no computa como déficit público pese a que no existe garantía de cobro. En los últimos años, el Supremo ha ido limitando distintos aspectos de la actuación de Hacienda en este ámbito, especialmente en cuestiones relacionadas con la carga de la prueba o el orden en el que deben reclamarse las responsabilidades a deudores principales y subsidiarios. Ahora, el tribunal añade un nuevo límite relacionado con los plazos de actuación de la Agencia Tributaria. La sentencia más reciente reduce de forma considerable el margen temporal del que dispone Hacienda para iniciar estos procedimientos. Hasta ahora, la Agencia Tributaria entendía que el plazo de prescripción de cuatro años comenzaba cuando declaraba formalmente fallido al deudor principal, algo que en muchos casos retrasaba hasta el auto judicial de conclusión del concurso de acreedores. Sin embargo, los concursos pueden prolongarse durante años -especialmente los derivados de la crisis inmobiliaria iniciada en 2008- mientras que el informe provisional del administrador concursal suele emitirse mucho antes y ya refleja, en muchos casos, la insuficiencia patrimonial de la empresa para afrontar sus deudas. Numerosos expertos fiscalistas sostenían desde hace tiempo que el cómputo del plazo debía iniciarse precisamente desde ese primer informe concursal y no desde el cierre definitivo del concurso. El Supremo ha respaldado ahora esa interpretación en una sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidida por José Navarro Sanchís. El fallo establece que el denominado "dies a quo" -el momento a partir del cual empieza a contar el plazo de prescripción- no puede situarse en la fecha en que Hacienda declara fallido al deudor, sino en el instante en que la Administración tuvo conocimiento de la insolvencia patrimonial de la empresa a través del informe provisional del administrador concursal. La resolución considera que, una vez constatada esa situación de insolvencia, Hacienda debía haber actuado de manera inmediata para iniciar el procedimiento de derivación de responsabilidad frente a los posibles responsables subsidiarios. El caso se originó en Valencia y fue defendido por Alberto Giménez Ruiz, del despacho Varona Legal & Numbers. El procedimiento judicial se prolongó durante siete años después de que tanto el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia como el Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazaran inicialmente la reclamación planteada. Finalmente, el Supremo estimó el recurso de casación y fijó doctrina jurisprudencial sobre esta cuestión. Según explica Giménez Ruiz, la sentencia obligará tanto a los tribunales inferiores como a la propia Agencia Tributaria a modificar el criterio aplicado hasta ahora en los procedimientos de derivación de responsabilidad vinculados a concursos de acreedores.

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(Expansión, 13-05-2026) | Laboral

El "síndrome del papeleo" cuesta 5.500 euros por empleado en España

La burocracia tiene un coste económico, emocional y también competitivo para las empresas. En España, el tiempo perdido en tareas administrativas supone un impacto de unos 5.500 euros anuales por empleado, según un informe de Factorial. Las compañías están cada vez más digitalizadas, pero eso no implica necesariamente que sean más eficientes. En muchas organizaciones, el problema ya no es la falta de tecnología, sino el exceso de fricción interna. El estudio de Factorial, elaborado a partir del análisis de más de 16.000 empresas, calcula que las compañías españolas destinan miles de euros por trabajador a labores administrativas que consumen tiempo productivo. En una empresa de 100 empleados, el coste anual de estas ineficiencias puede superar los 550.000 euros, no por grandes errores estratégicos, sino por dedicar personal cualificado a validar procesos, rellenar formularios, perseguir aprobaciones o revisar datos. El fenómeno refleja que muchas empresas han confundido digitalización con eficiencia operativa. El papel ha desaparecido, pero sus dinámicas siguen presentes en formularios digitales, cadenas de aprobaciones, hojas compartidas y plataformas desconectadas entre sí. Todo ello alimenta lo que se conoce como retrabajo o "work about work", término utilizado por Asana. Según su informe Anatomy of Work, cerca del 60% del tiempo de los trabajadores del conocimiento se consume en coordinación, reuniones, búsquedas de información o duplicidades, en lugar de dedicarse a las funciones especializadas para las que fueron contratados. Microsoft llega a conclusiones similares en su Work Trend Index. A partir del análisis de la actividad en Microsoft 365, la compañía detecta que el empleado medio dedica el 57% de su jornada a comunicarse mediante correos, reuniones o chats, mientras solo el 43% se emplea en crear contenido o desarrollar trabajo productivo. Microsoft define esta situación como "deuda digital": una acumulación constante de mensajes, reuniones, datos y notificaciones que supera la capacidad humana para procesarlos y limita el tiempo disponible para pensar, innovar o tomar decisiones. Los mandos intermedios son uno de los colectivos más afectados. Según Factorial, el 46% de los managers en España dedica más de cinco horas semanales a tareas administrativas alejadas de sus responsabilidades principales. Además, el 75% considera que esa carga genera errores y retrasos, mientras que el 70% afirma que les impide centrarse en labores clave como la estrategia, el liderazgo o la toma de decisiones. La burocracia, por tanto, no solo consume recursos, sino que desplaza la función directiva hacia tareas operativas de bajo valor añadido. La consultora McKinsey & Company también ha alertado sobre este fenómeno. En uno de sus análisis sobre los mandos intermedios, describe a este perfil como un recurso esencial dentro de las organizaciones, pero sometido a una creciente sobrecarga entre las exigencias de la dirección y las necesidades de los equipos. Cuando estos profesionales terminan convertidos en gestores de reportes y coordinadores administrativos, las empresas desaprovechan una de sus principales palancas de ejecución. El impacto no es únicamente económico. La burocracia también pasa factura a nivel psicológico. Factorial señala que el 45% de los directivos intermedios ve invadido su tiempo personal al menos una vez por semana debido a estas tareas; el 65% reconoce haber perdido horas de descanso o tiempo libre y el 48% identifica esta carga administrativa como origen de estrés o ansiedad. Todo ello repercute además en la retención del talento. El 67% de los managers afirma haber pensado en abandonar su puesto debido a procesos internos excesivamente manuales o desorganizados, y un 22% asegura haberlo hecho ya en algún momento. Este deterioro conecta con una tendencia global: la caída del compromiso laboral. Según el informe State of the Global Workplace 2026 de Gallup, únicamente el 20% de los trabajadores del mundo estaba realmente comprometido con su empleo en 2025. La consultora estima que esta falta de engagement provocó pérdidas de productividad valoradas en unos 10 billones de dólares para la economía mundial. Gallup atribuye buena parte del problema al desgaste de los propios managers y al deterioro de su experiencia laboral. La situación se intensifica además con la denominada "gran aplanación corporativa". En busca de estructuras más ágiles y eficientes, muchas grandes compañías y empresas tecnológicas han reducido niveles jerárquicos y ampliado el tamaño de los equipos bajo supervisión de cada directivo. De ahí surge la figura de los llamados "megamanagers", responsables de más personas y más funciones que nunca. Según Gallup, en mercados como Estados Unidos el número medio de subordinados directos por manager pasó de 8,2 en 2013 a 12,1 en 2025, frente a los 10,9 registrados apenas un año antes, en 2024.

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(El País, 13-05-2026) | Laboral

El Supremo cierra la puerta a hacer fijos a los empleados públicos que encadenen contratos temporales sin aprobar una oposición

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha hecho pública este martes una sentencia en la que rechaza que los empleados públicos que hayan sufrido un uso abusivo de contratos temporales pasen automáticamente a ser trabajadores fijos como compensación por esa situación. El alto tribunal considera que la utilización de contratos temporales por parte de las administraciones públicas sin haber superado previamente un proceso de acceso basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad no puede desembocar en la adquisición directa de la condición de fijo. Según explica la resolución, permitirlo supondría vulnerar tanto la Constitución Española como el Estatuto Básico del Empleado Público, además de perjudicar el derecho del resto de ciudadanos a acceder al empleo público en igualdad de condiciones. No obstante, el Supremo sí contempla una excepción. La sentencia admite la posibilidad de reconocer la condición de fijo a aquellos trabajadores que hayan participado en un proceso selectivo para obtener una plaza estable, hayan aprobado las pruebas y demostrado su capacidad, pero no lograran plaza únicamente porque el número de aspirantes aprobados superaba las vacantes ofertadas. Para ello, además, debe haberse producido posteriormente una sucesión abusiva de contratos temporales. El tribunal señala que esta decisión se adopta en línea con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que el propio Supremo había planteado dudas sobre si la normativa española ofrecía mecanismos suficientes para sancionar el abuso de temporalidad en el empleo público. En su respuesta del pasado 14 de abril, la justicia europea cuestionó la eficacia de las principales medidas existentes en España para reparar estos abusos. Entre ellas citó las indemnizaciones al finalizar la relación laboral, los procesos de estabilización abiertos a todos los aspirantes y la figura del trabajador indefinido no fijo, al considerar que ninguna de estas fórmulas parece suficiente para sancionar adecuadamente el abuso ni para corregir plenamente el incumplimiento de la normativa europea. El TJUE dejaba así abierta la posibilidad de aplicar medidas más contundentes, como la conversión de trabajadores temporales en fijos, el incremento de las indemnizaciones o la puesta en marcha de procedimientos específicos de estabilización. Frente a ello, el Supremo sostiene ahora que las medidas adecuadas para prevenir y reparar el abuso de la temporalidad y garantizar el cumplimiento de la normativa europea pasan por el pago de indemnizaciones calculadas conforme a los criterios fijados por el TJUE y por trasladar los casos acreditados de abuso a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que inicie los correspondientes procedimientos sancionadores.

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(Cinco Días, 13-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro eleva la rentabilidad de la deuda y paga más del 2,5% por las letras a nueve meses

El Tesoro Público ha vuelto a incrementar la rentabilidad ofrecida en las emisiones de letras en un escenario marcado por la cautela de los bancos centrales y por la previsión de que los tipos de interés permanezcan elevados durante más tiempo. En la subasta celebrada este martes de letras a tres y nueve meses, el organismo colocó algo más de 2.512 millones de euros, situándose en la parte baja de su rango habitual de financiación. En el caso de las letras a tres meses, el Tesoro adjudicó 826,85 millones de euros con un interés marginal del 2,163%, por encima del 2,123% registrado en la anterior subasta de abril. La demanda volvió a superar ampliamente la oferta, ya que las solicitudes alcanzaron los 2.487,67 millones de euros, prácticamente el triple de lo finalmente emitido. La mayor parte de la colocación correspondió a las letras a nueve meses, donde se captaron 1.685,71 millones de euros. La rentabilidad escaló hasta el 2,521%, frente al 2,471% de la puja anterior. Las peticiones de los inversores ascendieron a 4.135,89 millones, más del doble del importe adjudicado. La semana pasada, el Tesoro ya había constatado esta tendencia alcista en la emisión de letras a seis y doce meses, con las que logró captar 6.463 millones de euros. En aquella operación, el interés de las letras a un año repuntó hasta el 2,651%, el nivel más elevado desde septiembre de 2024, mientras que la rentabilidad de las letras a seis meses apenas varió y quedó en el 2,389%. El aumento de las rentabilidades de la deuda pública refleja tanto la persistencia de las tensiones inflacionistas como las expectativas del mercado sobre la futura política monetaria del Banco Central Europeo. Ante la posibilidad de que los tipos de interés sigan elevados o incluso vuelvan a subir, los inversores reclaman mayores retornos para prestar dinero a corto plazo. Al mismo tiempo, la elevada demanda registrada en las subastas demuestra que las letras del Tesoro continúan siendo uno de los productos preferidos por los ahorradores españoles de perfil conservador, pese a que las rentabilidades actuales se sitúan por debajo de los máximos alcanzados en 2023. De cara a 2026, el Tesoro prevé unas necesidades netas de financiación de 55.000 millones de euros, la misma cifra contemplada el año anterior. De ese total, 50.000 millones procederán de emisiones de deuda a medio y largo plazo, mientras que los 5.000 millones restantes corresponderán a letras del Tesoro. Según el Ministerio de Economía, la estrategia de financiación seguirá apoyándose en la fortaleza de la economía española y en el mantenimiento de una política fiscal prudente.

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(Cinco Días, 13-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El ecosistema español de ‘start-ups’ tecnológicas supera los 125.000 millones

El ecosistema tecnológico de España continúa avanzando hacia una etapa de mayor consolidación y vuelve a marcar máximos de valoración impulsado, entre otros factores, por el auge de la inteligencia artificial. Según el informe Spain Tech Ecosystem Report 2026, elaborado por Dealroom.co junto a BBVA Spark, Endeavor, Enisa, GoHub Ventures, Kfund, SpainCap y Wayra, el valor agregado de las start-ups españolas alcanzó los 125.000 millones de euros en 2025, un 14% más que el año anterior, cuando se situó en 109.000 millones. La cifra supone además multiplicar por 2,3 el tamaño del sector respecto a 2020 y consolida a España como el octavo ecosistema tecnológico más relevante de Europa. El informe destaca que el país figura entre los mercados europeos con mayor ritmo de crecimiento y con compañías tecnológicas que ya superan de forma sostenida los 100.000 millones de euros de valoración conjunta. Casi la mitad del valor total procede de empresas fundadas durante la última década y más de la mitad corresponde a compañías privadas, lo que, según el estudio, refleja la existencia de un importante potencial de crecimiento todavía no materializado. Durante 2025, las start-ups españolas captaron 3.100 millones de euros en operaciones de venture capital, un 63% más que en 2024. Se trata del tercer mejor ejercicio histórico, únicamente por detrás de los años 2021 y 2022, marcados por el fuerte impulso inversor posterior a la pandemia. Entre las mayores operaciones del año sobresalen los 189 millones obtenidos por Multiverse Computing en una ronda Serie B; los 182 millones logrados por Perk en Serie E; y los 180 millones captados por Auro Travel en una ronda late-stage. El informe considera que estas operaciones reflejan la creciente diversidad sectorial del ecosistema español, con presencia destacada de tecnologías cuánticas, turismo y movilidad autónoma. El estudio señala además que Perk, Factorial y Fever ya han alcanzado la categoría de unicornio, reservada para compañías valoradas en más de 1.000 millones de euros. Otras empresas como Multiverse Computing, Quibim, Biorce, PLD Space, Xoople e Impress se sitúan en valoraciones de entre 200 y 1.000 millones. Las fases iniciales de inversión, con rondas de hasta 15 millones de euros, y las conocidas como breakout, entre 15 y 100 millones, registraron uno de sus mejores ejercicios. Sin embargo, el informe advierte de que las rondas superiores a 100 millones continúan siendo el gran desafío para acompañar el crecimiento de los proyectos más ambiciosos. Uno de los elementos más destacados del informe es el avance de la inteligencia artificial. Cerca del 20% de las start-ups creadas en España desde 2021 están especializadas en IA, más del doble del peso que tenía este ámbito durante la década anterior. Desde 2020, el ecosistema español vinculado a la inteligencia artificial ha multiplicado su tamaño por 3,7, uno de los mayores crecimientos relativos de Europa entre los países con ecosistemas superiores a 10.000 millones de euros. La IA ya representa el 12% del valor total del ecosistema tecnológico español, frente al 7% de hace apenas unos años. Además, las empresas españolas de este ámbito han captado 3.300 millones de euros desde 2020, situando a España como el sexto país europeo por volumen de inversión en IA y el cuarto por número de operaciones. Más allá de la inteligencia artificial, el informe identifica otros sectores en expansión. La salud lidera el número de start-ups en etapas tempranas; el Deep Tech domina las rondas intermedias; y el software empresarial o SaaS concentra las operaciones de mayor tamaño. El área de Climate Tech sigue figurando entre los segmentos más dinámicos, mientras que las tecnologías de uso dual, defensa y robótica emergen como nuevos focos de crecimiento ligados al contexto geopolítico y a la apuesta europea por la soberanía tecnológica. En materia de desinversiones, 2025 cerró con 44 operaciones de salida o exits, la tercera mejor cifra histórica tras las registradas en 2021 y 2022. Entre las transacciones más destacadas aparecen las adquisiciones de vLex, Wallapop y Onum. Actualmente, España cuenta con más de 3.300 compañías respaldadas por capital riesgo, de las que 257 son consideradas breakouts, 48 ya operan como scale-ups y 40 han alcanzado ingresos superiores a 100 millones de dólares o valoraciones de más de 1.000 millones. El ecosistema español atrajo en 2025 a 616 inversores únicos. Los fondos de venture capital concentraron el 43% de toda la inversión, por delante de corporaciones, business angels y grupos privados. Además, España se sitúa como el cuarto país europeo con mayor peso del capital nacional en las rondas iniciales desde 2022. Durante 2025, la inversión doméstica representó el 55% del volumen total invertido, lo que refleja un fortalecimiento progresivo de la base inversora local junto al creciente interés internacional. El informe también subraya el efecto tractor del talento generado por compañías de éxito. Exempleados de empresas como Glovo, Cabify o Job&Talent están impulsando una nueva generación de fundadores con experiencia operativa y mayor capacidad de escalado, algo que el estudio considera una señal clara de la madurez alcanzada por el ecosistema. Las universidades y centros de investigación también están ganando protagonismo. España cuenta ya con más de 360 spin-offs respaldadas por venture capital, valoradas conjuntamente en 10.500 millones de dólares, cuatro veces más que en 2019. En 2025, estas compañías captaron además más de 500 millones de dólares, un récord histórico. Entre las instituciones más activas destacan la Universidad Politécnica de Madrid, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidad del País Vasco, el CSIC, el BIST y ICREA. Por ciudades, Barcelona alcanzó una valoración de ecosistema de 51.800 millones de euros y atrajo 1.100 millones de inversión en 2025, encadenando tres años consecutivos por encima de los 1.000 millones captados. Madrid se aproxima ya a los 48.100 millones de valoración y recibió 1.200 millones en inversión, firmando también su tercer mejor ejercicio histórico. Ambas ciudades superan los 1.000 euros de inversión per cápita acumulada desde 2020.

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(El Economista, 13-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno proyecta 40.000 millones para reforzar las infraestructuras

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, ha puesto en marcha una nueva etapa inversora destinada a modernizar las principales infraestructuras del país y responder al aumento de la movilidad previsto para la próxima década, impulsado por el crecimiento demográfico. Entre los proyectos ya anunciados en ferrocarriles, aeropuertos, puertos y carreteras, la inversión comprometida supera los 40.000 millones de euros, con el objetivo de ampliar capacidades, modernizar sistemas tecnológicos, avanzar en sostenibilidad y reforzar la conectividad logística. La mayor parte de este esfuerzo económico se concentrará en el ferrocarril y la red aeroportuaria, aunque también se han activado programas relevantes para adaptar puertos y carreteras al incremento del tráfico de pasajeros y mercancías. El ámbito ferroviario absorberá la principal partida presupuestaria. El Ministerio trabaja actualmente en un nuevo convenio de financiación para Adif y Adif Alta Velocidad, con el que se prevé movilizar cerca de 20.000 millones de euros durante los próximos cinco años. El acuerdo, negociado con el Ministerio de Hacienda, dará continuidad al elevado ritmo inversor de los últimos ejercicios y pondrá el foco especialmente en la red convencional, las Cercanías y el transporte ferroviario de mercancías, mientras la expansión de la alta velocidad entra en una fase más madura. Este cambio de orientación ya se dejó notar en 2025, cuando por primera vez la inversión destinada a la red convencional superó a la de alta velocidad. La infraestructura tradicional concentró el 53% del gasto frente al 47% asignado a la red AVE, en línea con la estrategia de reforzar la movilidad cotidiana y mejorar unas Cercanías que superan los 600 millones de viajeros al año. Según datos de Adif, la inversión total en la Red Ferroviaria de Interés General se ha triplicado desde 2017, mientras que el gasto dedicado a la red convencional se ha multiplicado por siete. Además, el gestor ferroviario prevé elevar progresivamente las partidas de mantenimiento hasta alcanzar los 1.800 millones de euros anuales al final de la década, frente a los cerca de 700 millones que se destinaban en 2011. El programa ferroviario incluye actuaciones repartidas por distintos corredores estratégicos del país. Entre las obras ya en marcha destacan la Y vasca, el corredor Murcia-Almería, el tramo Burgos-Vitoria, la variante de Loja, las duplicaciones entre Palencia y León y entre Antequera y Granada, además de proyectos vinculados a corredores europeos y conexiones ferroviarias de mercancías con puertos. También avanzarán las ampliaciones y remodelaciones de grandes estaciones ferroviarias. Infraestructuras como Madrid-Chamartín, Puerta de Atocha, Barcelona-Sants, Barcelona-La Sagrera, Valencia, Sevilla, San Sebastián o Murcia afrontan proyectos para aumentar capacidad, absorber el crecimiento del tráfico y adaptarse a un escenario de mayor competencia entre operadores ferroviarios. En paralelo, el Ministerio pretende impulsar las autopistas ferroviarias y elevar el peso del tren en el transporte de mercancías. Actualmente existen más de veinte itinerarios proyectados en ancho ibérico y otros tres en ancho estándar, con varios corredores ya operativos y otros todavía en fase de obras. El segundo gran bloque inversor corresponde a los aeropuertos. Aena presentó en febrero el DORA III, el documento regulatorio que organizará las inversiones aeroportuarias entre 2027 y 2031, con un presupuesto global de 12.888 millones de euros. Se trata del mayor plan inversor de la historia del gestor aeroportuario y estará centrado en ampliar capacidad y modernizar terminales ante el fuerte crecimiento previsto del tráfico aéreo. Las previsiones del sector apuntan a que la red de Aena podría superar los 400 millones de pasajeros anuales en 2031, frente a los 320,6 millones contabilizados en 2025. Las aerolíneas calculan un crecimiento medio del 3,6% anual durante el próximo lustro, lo que obligará a reforzar infraestructuras que ya funcionan cerca de su límite durante los meses de mayor actividad turística. Los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat concentrarán más de la mitad de la inversión prevista. En el caso de Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Aena destinará unos 3.220 millones de euros para ampliar las terminales T4 y T4S, construir un nuevo procesador para las terminales T1, T2 y T3 y reorganizar áreas operativas y de embarque. El objetivo es elevar su capacidad desde los 70 hasta los 90 millones de pasajeros anuales. Por su parte, Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat contará con inversiones cercanas a los 3.200 millones de euros. El plan contempla la futura ampliación de la pista próxima al mar, una nueva terminal satélite y la remodelación de las terminales existentes. Sin embargo, salvo la reforma de estas últimas, el resto de actuaciones no comenzará antes de 2032 debido a la necesidad de completar trámites administrativos y medioambientales, lo que podría ralentizar el crecimiento aéreo de Barcelona frente a otros grandes hubs europeos. La estrategia aeroportuaria también prestará especial atención a destinos turísticos. Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández recibirá inversiones de 619 millones de euros para ampliar cerca de un 30% su terminal y construir un nuevo dique para vuelos no Schengen. Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol contará con 571 millones destinados a ampliar el edificio terminal y reforzar las zonas operativas, mientras que Aeropuerto de Palma de Mallorca movilizará otros 410 millones. Las Islas Canarias concentrarán igualmente una parte significativa del esfuerzo inversor. Los aeropuertos del archipiélago recibirán más de 1.500 millones de euros hasta 2031, con proyectos de ampliación en Tenerife Norte y Lanzarote, además de mejoras operativas y de capacidad en otras instalaciones. El programa aeroportuario incluirá también inversiones en digitalización, nuevos sistemas de seguridad y control fronterizo, ampliación de zonas de embarque y actuaciones de eficiencia energética. Buena parte de estas obras estarán vinculadas a la implantación del sistema europeo de control fronterizo Entry/Exit System (EES), que obligará a reorganizar los flujos de pasajeros Schengen y no Schengen en numerosos aeropuertos españoles.

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