Desde el 1 de enero de 2026, las entidades bancarias están obligadas a comunicar mensualmente a la Agencia Tributaria, sin límite mínimo de importe, las operaciones realizadas mediante Bizum por empresarios y profesionales. El abogado, economista y asesor fiscal Andrés Millán, conocido en redes sociales como @lawtips, ha publicado en Instagram varios ejemplos para aclarar qué pagos deben declararse y cuáles pueden tener consecuencias fiscales.
En una de sus publicaciones, Millán advierte de que la ausencia de comunicación a Hacienda no implica que una operación quede al margen de las obligaciones tributarias. Así, recuerda que cualquier cantidad entregada sin obligación de devolución puede considerarse una donación y quedar sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con independencia de que se haya transferido mediante Bizum o por otro procedimiento. Entre los ejemplos menciona los regalos de boda y cumpleaños. Aunque estas operaciones no se comuniquen inicialmente, podrían detectarse en caso de una inspección o si su cuantía genera alguna alerta.
Una situación diferente es la de las cantidades destinadas al mantenimiento de los hijos. Según explica el asesor fiscal, los pagos para cubrir gastos de alimentación, estudios o vivienda no tienen la consideración de donaciones, ya que forman parte de la obligación legal de alimentos que corresponde a los progenitores. Por tanto, no están sujetos al Impuesto sobre Donaciones. Esta responsabilidad aparece recogida en el artículo 154 del Código Civil, que establece el deber de los padres de velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
En cuanto a los préstamos entre particulares, Millán recomienda documentar adecuadamente la operación para acreditar que el dinero deberá devolverse y evitar que pueda interpretarse como una donación. Para ello, aconseja formalizar un contrato en el que consten la cantidad prestada, la fecha y las condiciones de devolución, realizar los movimientos a través de una entidad bancaria y presentar el documento ante la comunidad autónoma correspondiente. Aunque los préstamos están exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, su documentación permite justificar la naturaleza de la operación ante Hacienda.
El Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, modificó el Reglamento del IRPF y otras normas de gestión tributaria para reforzar el control fiscal sobre los pagos digitales y los nuevos medios de cobro. Entre sus principales novedades figura la obligación de las entidades financieras, de pago y de dinero electrónico, incluidas las extranjeras que operen en España, de facilitar a la Agencia Tributaria información mensual sobre las cuentas de pago y los cobros recibidos por empresarios y profesionales mediante tarjetas y sistemas de pago móvil como Bizum. La modificación elimina el anterior límite de 3.000 euros que condicionaba esta obligación informativa.
Además, la norma establece una nueva obligación de información anual para los emisores de tarjetas, que deberán comunicar los datos correspondientes a aquellas cuyo volumen total de operaciones supere los 25.000 euros anuales.
Hacienda exigirá tributar en el IRPF por las indemnizaciones recibidas en procesos de bajas incentivadas y prejubilaciones voluntarias cuando no exista un expediente de regulación de empleo (ERE) en curso en el momento en que se formalice el acuerdo entre la empresa y el trabajador. Así lo establece una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que unifica el criterio de la Administración tributaria y dificulta que miles de contribuyentes puedan recuperar los impuestos pagados por estas compensaciones.
El pronunciamiento tiene especial repercusión en sectores que están llevando a cabo procesos de reorganización de sus plantillas, como el bancario. En los últimos años, las entidades financieras han recurrido cada vez más a los programas colectivos de bajas voluntarias y prejubilaciones para reducir personal sin necesidad de iniciar un despido colectivo formal.
El origen del litigio se encuentra en la reclamación de un empleado de banca que se acogió voluntariamente a uno de estos programas en 2021. Posteriormente, solicitó a la Agencia Tributaria la rectificación de sus declaraciones del IRPF para recuperar las cantidades abonadas por la indemnización, al considerar que debía aplicarse la exención prevista para las compensaciones por despido. Hacienda rechazó la petición al entender que la extinción de la relación laboral se había producido por acuerdo entre las partes.
El trabajador recurrió ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, que en 2025 le dio la razón. El tribunal consideró que la adhesión a un plan colectivo de adecuación de plantilla tenía carácter involuntario y podía acogerse a la exención, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a casos como los de Banca Cívica y Banco Mare Nostrum. Ante esta interpretación, la Agencia Tributaria elevó el asunto al TEAC para que fijara un criterio común.
El tribunal central aclara que la doctrina del Supremo sobre aquellos precedentes no puede aplicarse automáticamente a cualquier programa de prejubilaciones. En esos casos, el carácter forzoso de las salidas estaba vinculado a la existencia de un despido colectivo, dentro del cual los trabajadores podían optar por alguna de las medidas negociadas para evitar la extinción directa de sus contratos. En cambio, cuando la adhesión voluntaria se produce antes de un ERE o al margen de este procedimiento, el cese se considera fruto de un acuerdo entre empresa y empleado.
El TEAC añade que la existencia de un despido colectivo no depende de cómo perciba el trabajador su salida de la empresa, sino de que se haya iniciado formalmente el procedimiento legal correspondiente, con la constitución de una comisión negociadora y la comunicación a la autoridad laboral.
Las consecuencias alcanzan tanto a quienes ya han abandonado sus puestos mediante estos programas como a quienes tienen previsto hacerlo sin que exista un ERE abierto. Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, señala que, si no hay un despido colectivo en marcha, la adhesión a un plan de prejubilación se considera una decisión voluntaria y la indemnización debe tributar en el IRPF.
La resolución afecta especialmente a los contribuyentes que mantienen reclamaciones para recuperar el impuesto pagado por estas compensaciones. Al tratarse de un criterio vinculante para la Administración tributaria, sus posibilidades de obtener una resolución favorable en vía administrativa se reducen considerablemente. No obstante, el pronunciamiento no vincula a los órganos judiciales, por lo que los afectados todavía pueden acudir a los tribunales para defender que la extinción de su contrato fue involuntaria. Según Fernández, las opciones de éxito judicial también disminuyen cuando no existía un ERE en el momento de formalizar la baja.
El impacto fiscal puede alcanzar importes elevados y depende de las circunstancias personales y económicas de cada contribuyente. Los cálculos de TaxDown muestran que la diferencia entre acogerse a un ERE o a un programa voluntario de prejubilación puede representar decenas de miles de euros. Así, para un trabajador con un salario anual de 40.000 euros y una indemnización de 80.000, la exención de esta última permitiría tributar únicamente por el sueldo, con una cuota estimada de 7.200 euros en Madrid y 7.900 en Barcelona. Si la salida se produce mediante un plan voluntario sin ERE, la indemnización tendría que integrarse en la declaración y la factura fiscal ascendería a unos 29.600 euros en Madrid y 31.100 en Barcelona.
La diferencia aumenta en los tramos salariales superiores. Para un empleado con una retribución anual de 70.000 euros y una indemnización de 140.000, la brecha fiscal entre ambas modalidades alcanza los 42.000 euros en Madrid y los 45.000 en Barcelona. En el caso de un directivo con un salario de 100.000 euros y una compensación de 300.000, el ahorro podría situarse en torno a los 54.000 y 61.000 euros, respectivamente. En este último supuesto, sin embargo, la exención no se aplicaría a toda la indemnización. La normativa establece un límite máximo de 180.000 euros, por lo que el importe que supere esa cantidad deberá tributar en el IRPF.
Los salarios acumulan ocho meses consecutivos creciendo por debajo de la inflación. Esta diferencia, que alcanzó los 1,8 puntos porcentuales en septiembre y octubre, está intensificando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Durante cerca de dos años, las subidas salariales acordadas en convenio superaron el incremento de los precios, lo que permitió a los trabajadores recuperar parcialmente el poder de compra perdido durante la anterior crisis inflacionista, desarrollada entre mediados de 2021 y buena parte de 2023.
Esta evolución favorable comenzó en julio de 2024, pero se interrumpió en marzo de este año, cuando el IPC volvió a situarse por encima de los incrementos retributivos. Desde entonces, la diferencia no ha dejado de crecer y la inflación acumula ya ocho meses avanzando a mayor ritmo que los salarios. El principal factor detrás de este cambio es la nueva crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Próximo, cuyos efectos se prolongan desde hace más de ocho meses.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos registrados hasta octubre alcanzó el 3,06%, apenas una centésima más que en septiembre, aunque por encima del 2,87% registrado al comienzo del ejercicio. Aunque las retribuciones han mantenido una trayectoria ascendente desde enero, sus avances han sido muy moderados, en contraste con la aceleración de los precios, cuya tasa de inflación pasó del 2,3% de enero y febrero al 4,9% en septiembre y octubre. De este modo, el IPC supera en 1,84 puntos el incremento salarial medio, una diferencia que refleja el deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Los sindicatos han relacionado la movilización con los problemas de acceso a la vivienda y la evolución de los salarios, mientras que las organizaciones empresariales consideran que responde principalmente a intereses políticos ante la proximidad de las elecciones generales. Al margen de estas diferencias, el distanciamiento entre las subidas salariales y la inflación añade tensión a la negociación colectiva. Esta situación coincide con el anuncio del Gobierno de elevar un 5,3% el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027, una propuesta que los empresarios califican de electoralista, y con las reivindicaciones sindicales de incrementos de entre el 4% y el 7% para el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, después de que el anterior concluyera su vigencia a finales de 2025.
Por el momento, los incrementos recogidos en los convenios apenas alcanzan el límite inferior de las demandas sindicales y solo afectan a una parte de los trabajadores. De los 3.162 acuerdos registrados hasta octubre con efectos económicos en 2026, únicamente 920 contemplan subidas superiores al 3%. En estos convenios, un total de 382.006 empresas han pactado con sus 3,12 millones de empleados un aumento salarial medio del 4,04%, casi un punto por encima del promedio general, aunque todavía inferior en aproximadamente un punto a la inflación.
Este grupo representa el 32,6% de los 9,57 millones de trabajadores incluidos en convenios colectivos hasta octubre. El 67,4% restante tendrá incrementos inferiores al 3%. Las subidas oscilan desde la congelación salarial, que afecta a 5.968 trabajadores, hasta el 2,96% acordado para 3,95 millones de empleados. Entre ambos extremos se encuentra el aumento del 1,98% correspondiente a otros 1,23 millones de asalariados.
Pese a las diferencias entre empresas y colectivos, la evolución muestra una tendencia moderadamente alcista. Así lo refleja el hecho de que los convenios firmados durante 2026 establezcan incrementos medios del 3,6%, frente al 2,91% de aquellos suscritos en ejercicios anteriores, pero que también tienen efectos económicos durante este año.
En un contexto de inflación elevada, algo más del 39% de los trabajadores cubiertos por convenios dispone de cláusulas de garantía salarial, un mecanismo que permite proteger sus retribuciones frente a las subidas de precios. Sin embargo, esta protección no siempre compensa las pérdidas ya acumuladas, puesto que en la mayoría de los casos no tiene carácter retroactivo. De los 3,76 millones de trabajadores amparados por estas cláusulas, 2,38 millones no cuentan con efectos retroactivos.
Por ramas de actividad, la construcción registró el mayor incremento salarial medio, con un 3,09%, seguida de los servicios, con un 3,08%, y de la industria, con un 3%. En el sector agrario, las mejoras se limitaron al 2,76%, por debajo de la media del conjunto de actividades.
La huelga general de este miércoles está marcada por las diferentes valoraciones de sindicatos y empresarios sobre su seguimiento. UGT y CC.OO. destacan el «éxito» de la convocatoria y aseguran que la participación ha superado sus previsiones, mientras que la CEOE considera que el impacto de la movilización ha sido «bajo». Ambas partes coinciden, no obstante, en que el seguimiento está siendo desigual y presenta importantes diferencias según el territorio y la actividad económica.
Según los datos facilitados por las organizaciones sindicales a media mañana, Catalunya y Andalucía registran los mayores niveles de participación, con porcentajes superiores al 80%. Los representantes de CC.OO. y UGT han señalado que la incidencia ha sido especialmente elevada en sectores como la industria y la automoción. En el extremo opuesto sitúan a Extremadura y Castilla-La Mancha, donde cifran el seguimiento en torno al 41%. Las organizaciones empresariales, por su parte, manejan estimaciones inferiores.
Al mediodía, los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, han valorado la jornada desde la plaza de Cibeles, en Madrid, y han afirmado que la respuesta de los trabajadores está siendo mejor de lo esperado. Álvarez ha asegurado que la huelga ha alcanzado los resultados previstos por los organizadores o incluso los ha superado, y ha felicitado a quienes han participado en la convocatoria. Sordo también ha calificado la movilización de «éxito» y ha destacado que, pese a las diferencias territoriales y sectoriales, ha logrado una amplia respuesta.
El secretario general de CC.OO. ha denunciado, además, lo que ha calificado de «violencia policial sin precedentes en la historia de España» contra los piquetes durante la noche en Madrid, donde los agentes habrían empleado gas pimienta. El sindicato ha anunciado que llevará estos hechos ante los tribunales.
Los sindicatos que han convocado la huelga general del 11-N consideran que las movilizaciones celebradas este miércoles constituyen solo el inicio de una estrategia de protesta que llevan preparando desde hace meses. Sus reivindicaciones se centran en las dificultades para acceder a una vivienda y en la amenaza de nuevos recortes presupuestarios en los servicios públicos. Desde Comisiones Obreras advierten de que mantendrán la movilización frente a las propuestas de las formaciones políticas que, a su juicio, supongan un retroceso en los derechos sociales.
La primera huelga general desde 2012, cuando los sindicatos llamaron a movilizarse contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), ha tenido este miércoles un seguimiento territorial "dispar", según sus propios promotores, que la han calificado de "éxito". Cataluña, Galicia, Asturias o Aragón son las regiones en las que el impacto de los paros ha sido mayor, o más visible, debido al seguimiento en el sector naval, la industria pesada, el transporte o la actividad portuaria. En Madrid o Andalucía se esperan manifestaciones multitudinarias para esta tarde, aunque condicionadas por el mal tiempo, que ha obligado a suspender las concentraciones de Cádiz y Huelva por el riesgo de la borrasca Charles.
Los sindicatos han señalado a Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla y León como las regiones con menos apoyo a las protestas, y describieron unos porcentajes de seguimiento a las 7.00 que variaron del 75% en los territorios donde las movilizaciones tuvieron más éxito al 40% allí donde convencieron a menos trabajadores de los turnos nocturnos. Posteriormente, destacaron un 84% de seguimiento en Cataluña, y cifraron en un 65% el impacto en Madrid.
Marcelo Picazo, secretario de Comunicación de CC OO, señaló durante la manifestación que varias de las fuerzas políticas que concurren a las próximas elecciones han anunciado medidas que consideran perjudiciales para la ciudadanía. Entre los posibles riesgos mencionó los ajustes en las pensiones, un eventual endurecimiento de las bajas laborales con el argumento de combatir el absentismo y el recorte de 60.000 millones de euros en el gasto público planteado por Vox a partir de una estimación del Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a la CEOE.
Por su parte, Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, calificó de éxito la huelga general y aseguró que las concentraciones de este miércoles serán las primeras de una serie de movilizaciones. Defendió que la protesta no se dirige únicamente contra un posible futuro Ejecutivo, sino contra todos los gobiernos, incluido el actual, además de contra la patronal y los propietarios que obtienen rentas del alquiler, a quienes responsabiliza de la crisis de vivienda.
Del Río reclamó un cambio profundo en las políticas de vivienda, con medidas que permitan frenar la especulación, sacar al mercado las viviendas vacías y reducir legalmente los precios del alquiler. A su juicio, las actuaciones aplicadas hasta ahora no han resuelto el problema y es necesario avanzar hacia un nuevo modelo residencial.
La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores también figura entre las principales reivindicaciones sindicales. UGT pretende trasladar a las próximas negociaciones salariales la exigencia de incrementos superiores al 4,9%, tasa de inflación registrada en octubre. Asimismo, reclama que el salario mínimo interprofesional (SMI) aumente un 7% en 2027.
Desde CC OO, Picazo denunció el bloqueo de la negociación colectiva durante 2026 y responsabilizó a las organizaciones empresariales de la falta de avances en la renovación de los convenios. Según explicó, la patronal ha evitado sentarse a negociar durante el año y podría estar retrasando las conversaciones a la espera de conocer el resultado de las próximas elecciones y la posible llegada de un Gobierno más próximo a sus planteamientos.
El portavoz sindical también respondió a las críticas por convocar una huelga general mientras el Ejecutivo se encuentra en funciones. En su opinión, la situación responde a la dificultad de un Gobierno progresista para sacar adelante determinadas medidas sociales ante la mayoría parlamentaria de derechas, que ha impedido la aprobación de iniciativas relacionadas con la vivienda y la reducción de la jornada laboral.
Los representantes sindicales consultados coincidieron en la necesidad de mantener la colaboración entre las organizaciones de clase y los movimientos sociales para dar continuidad a las protestas. CC OO considera especialmente importante coordinarse con las plataformas de vivienda, que han impulsado buena parte de las recientes movilizaciones. No obstante, Picazo subrayó que cualquier futura convocatoria de carácter laboral deberá apoyarse en sindicatos organizados, con experiencia en la movilización y capacidad para articular la acción colectiva.
Mientras, la CEOE ha ofrecido su valoración, en la que coincide en que el seguimiento varía entre sectores y territorios. A diferencia de los sindicatos, asegura que se observa un "bajo seguimiento de la huelga en la mayoría de ellos" que, en cambio, es "algo más elevado en zonas y sectores más sindicalizados". La patronal también pone énfasis en el consumo de electricidad, aunque con una interpretación distinta. Coincide en que la demanda ha llegado a ser un 10% inferior a lo habitual, pero destaca que está por debajo de la de huelgas anteriores, cuando el descenso fue superior al 14%.
La tasa de paro en España podría mantenerse alrededor del 10% al menos hasta 2028, pese a que la economía continúe creciendo a un ritmo próximo al 2%. Así lo advierte un nuevo informe de EY Insights, que atribuye esta resistencia del desempleo a que la creación de puestos de trabajo apenas será suficiente para absorber a las personas que se incorporen al mercado laboral. El estudio señala que el crecimiento económico español sigue dependiendo principalmente del aumento del número de trabajadores y no tanto de las mejoras de productividad.
El documento, correspondiente a la primera edición de EY Insights Forecasts, ha sido elaborado por Ángel Gavilán, exdirector general de Economía y Estadística del Banco de España, y Víctor Ausín, exdirector general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía. Sus previsiones apuntan a un crecimiento del PIB del 2,6% en 2026, del 2,2% en 2027 y del 1,9% en 2028, registros que superarían los de la mayoría de las economías europeas. Sin embargo, la tasa de desempleo apenas variaría: pasaría de una media del 10,3% este año al 10,1% en 2027 y 2028.
La explicación se encuentra en la progresiva desaceleración de la creación de empleo, que terminará creciendo prácticamente al mismo ritmo que la población activa, es decir, el conjunto de personas ocupadas y desempleadas que buscan trabajo. Según las estimaciones del informe, el número de ocupados de entre 16 y 64 años aumentará un 1,7% en 2027 y un 1,3% en 2028, mientras que la población activa de esa misma franja de edad crecerá un 1,6% y un 1,3%, respectivamente. Esta evolución contrasta con la de los últimos años, cuando el empleo avanzó a mayor velocidad que la población activa y permitió reducir progresivamente el desempleo.
El aumento de la población activa estará impulsado por dos factores. Por un lado, la inmigración, cuya evolución se proyecta de acuerdo con las previsiones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por otro, la incorporación de un mayor número de personas al mercado laboral. Esta última tendencia, que se mantiene desde finales de 2019, elevará la tasa de actividad desde el 76,2% de 2025 hasta el 77,6% en 2028. Ante este escenario, Ausín considera que la economía española conservará un crecimiento sólido, aunque sin que ello se traduzca en una reducción significativa del paro.
Gavilán y Ausín advierten de que la persistencia de un desempleo elevado resulta difícil de conciliar con las dificultades que manifiestan muchas empresas para encontrar trabajadores. Una proporción importante de compañías identifica la falta de mano de obra como uno de los principales obstáculos para desarrollar su actividad, mientras que el volumen de puestos vacantes continúa siendo elevado.
Parte de esta contradicción se explica por la evolución registrada durante el verano. En el tercer trimestre, la población activa volvió a crecer con intensidad, principalmente por la llegada de trabajadores extranjeros, mientras que la creación de empleo perdió impulso. Esta combinación mantuvo la tasa de paro en torno al 10%, una dinámica que, según las proyecciones de EY, continuará durante los próximos ejercicios.
El informe también detecta un deterioro en las posibilidades de encontrar empleo para quienes están desempleados. Durante el tercer trimestre se registraron unas 68.000 salidas del paro hacia la ocupación menos que la media observada entre 2023 y 2025. Esta pérdida de dinamismo afectó especialmente a los desempleados de nacionalidad española. Por ello, los autores consideran necesario reforzar las políticas activas de empleo y los programas de reincorporación laboral, prestando especial atención a los colectivos con mayores dificultades de inserción, entre ellos los trabajadores de más edad. Las personas mayores de 50 años representan el 30% del total de desempleados, según los datos del INE utilizados en el estudio. Gavilán destaca que, aunque la actividad económica mantiene un ritmo de crecimiento sólido, el desempleo muestra una resistencia considerable a la baja.
El otro gran desequilibrio identificado por EY se encuentra en la productividad. El crecimiento económico de España se apoya fundamentalmente en la incorporación de trabajadores, mientras que los avances en eficiencia siguen siendo limitados. Las estimaciones del informe indican que entre 2019 y 2028 la producción por hora trabajada aumentará únicamente un 3,7%, mientras que la productividad por ocupado apenas avanzará un 0,4%, a pesar de que el PIB acumulará un crecimiento del 17,5%.
Esta evolución evidencia que la economía española continúa dependiendo más de la creación de empleo que de las mejoras en la capacidad productiva. Para modificar este patrón, los autores consideran necesarias reformas estructurales que permitan impulsar la productividad y consolidar un crecimiento económico más equilibrado.
Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, identifica precisamente en este ámbito uno de los principales desafíos económicos del país: convertir el actual dinamismo en un incremento más intenso y sostenido de la productividad. Para ello, considera prioritario impulsar la inversión en capital físico e intangible, favorecer la expansión de las empresas más productivas y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización.
A esta situación se añade el incremento de los costes laborales unitarios, que desde finales de 2019 han aumentado un 29,3% en España, frente al 23,2% registrado en el conjunto de la zona euro. El informe advierte de que esta diferencia exige cautela por sus posibles repercusiones sobre la competitividad empresarial. Asimismo, prevé que las dificultades para cubrir las necesidades de personal continúen generando presiones sobre los precios de los servicios.
La persistencia del desempleo también tendrá consecuencias sobre las finanzas públicas. EY estima que el déficit público alcanzará el 2,7% del PIB tanto en 2027 como en 2028. La estabilidad de la tasa de paro limitará la contribución del ciclo económico a la mejora de las cuentas públicas, mientras que la retirada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la crisis energética no será suficiente para compensar este efecto. Por su parte, el déficit estructural se mantendrá alrededor del 3,2% del PIB, reduciendo el margen de actuación de la política fiscal ante posibles dificultades económicas futuras.
La inmigración, que ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico y del empleo en los últimos años, también aparece entre los factores de incertidumbre del escenario previsto por EY. Los autores señalan que no está garantizado que la llegada de trabajadores extranjeros mantenga la misma intensidad durante los próximos ejercicios. Su contribución dependerá tanto de la capacidad para facilitar su integración laboral y social como de la disponibilidad de infraestructuras, servicios públicos y vivienda suficientes para atender el aumento de población. En este último ámbito, el informe advierte de que durante 2027 y 2028 seguirá ampliándose el desequilibrio entre la creación de nuevos hogares y la construcción de viviendas, ya que se prevé que el número de hogares aumente por encima de la oferta residencial.
La Comunidad de Madrid prepara una nueva línea de subvenciones para 2027 destinada a facilitar la conciliación familiar y laboral. El Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, concederá ayudas de hasta 4.000 euros a las familias que contraten personal empleado del hogar. Para financiar este programa, el Consejo de Gobierno ha autorizado un presupuesto de 2,3 millones de euros.
El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que podrán beneficiarse de estas ayudas las familias que tengan a su cargo hijos menores de 12 años, o menores de 18 cuando tengan alguna discapacidad, así como personas dependientes que convivan en el mismo domicilio.
La gestión del programa corresponderá a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Las subvenciones cubrirán las cotizaciones a la Seguridad Social abonadas por el empleador durante el año natural anterior al de presentación de la solicitud. La cuantía dependerá de los ingresos por miembro de la unidad familiar. Así, podrá alcanzar el 100% de las cuotas cuando la renta per cápita sea inferior a 20.000 euros, límite que se eleva a 30.000 euros para las familias monoparentales.
La convocatoria permitirá acceder a las ayudas tanto por la contratación de personal con contratos temporales como indefinidos, incluidos los fijos discontinuos. También se admitirán jornadas completas y parciales. Además, podrán subvencionarse los gastos correspondientes a una única persona empleada del hogar o a varias contrataciones sucesivas realizadas durante el periodo de referencia.
Como requisito general, la relación laboral y el correspondiente alta en la Seguridad Social deberán haberse mantenido durante un mínimo de 58 días naturales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio anterior a la solicitud. No será necesario que ese periodo se haya desarrollado de manera continuada.
Las subvenciones se otorgarán mediante concesión directa, siguiendo el orden de presentación en el registro electrónico de la Comunidad de Madrid. Para ello, las solicitudes deberán estar debidamente cumplimentadas y acompañadas de toda la documentación requerida. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2027, a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid
La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta de Ley de Equidad Digital, una iniciativa destinada a reforzar la protección de los consumidores frente a las prácticas comerciales engañosas y los diseños digitales que fomentan un uso compulsivo de los servicios en línea. La normativa plantea prohibir los denominados dark patterns o patrones oscuros, facilitar la cancelación de suscripciones, exigir que los precios finales se muestren desde el inicio de la compra y limitar determinadas prácticas en los videojuegos dirigidas a menores. También contempla que Bruselas pueda investigar directamente a las empresas y sancionarlas con multas de hasta el 6% de su facturación mundial.
El comisario de Protección de los Consumidores, Michael McGrath, ha defendido que las tarifas ocultas y las técnicas de marketing manipuladoras pueden limitar la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas. Según ha explicado, las actuales normas de protección se diseñaron antes de la expansión del comercio electrónico y necesitan adaptarse a las nuevas prácticas digitales.
La propuesta amplía el catálogo de prácticas comerciales prohibidas en cualquier circunstancia. Entre ellas figuran los mensajes engañosos que anuncian que solo queda una unidad de un producto o que otros usuarios están interesados en adquirirlo, así como los avisos que buscan generar culpabilidad cuando un consumidor rechaza una oferta, como «nos entristece que te vayas». También se prohíbe añadir automáticamente productos adicionales a la cesta de la compra.
Las empresas que comercializan suscripciones digitales deberán establecer procedimientos sencillos para darse de baja e informar claramente de las condiciones antes de las renovaciones automáticas. Además, tendrán que obtener el consentimiento expreso del usuario antes de transformar una prueba gratuita en un servicio de pago.
Otra de las medidas permitirá a los consumidores desactivar determinadas funciones diseñadas para prolongar su permanencia en las plataformas, como la reproducción automática de vídeos o las notificaciones que no estén relacionadas con su actividad en el servicio. Estas disposiciones se aplicarán a usuarios de todas las edades y complementarán las medidas específicas de protección de menores contempladas en la Ley de Infancia, presentada el pasado 17 de septiembre, y en la Ley de Servicios Digitales (DSA).
En el ámbito de los videojuegos y las aplicaciones, la Comisión plantea que las compras realizadas mediante monedas virtuales indiquen su equivalencia en dinero real. En el caso de los menores, estas divisas digitales deberán estar desactivadas por defecto. Asimismo, se propone prohibir para este colectivo las cajas de recompensa (loot boxes) y los mecanismos de pago para obtener ventajas o avanzar en el juego (pay-to-win).
La iniciativa también establece nuevas obligaciones para los influencers, que deberán identificar de forma clara las promociones por las que reciben una remuneración. No podrán anunciar productos cuya publicidad sea ilegal y las marcas y agencias tendrán que comprobar que cumplen estas exigencias.
En materia de comercio electrónico, los vendedores estarán obligados a mostrar desde el primer momento el precio total de los productos y servicios, incluidos impuestos, tasas y otros cargos. De este modo, se pretende eliminar el denominado drip pricing, una práctica que consiste en incorporar costes adicionales a medida que avanza el proceso de compra. En las colas virtuales, además, deberá informarse de la evolución del precio en tiempo real y del importe máximo que puede alcanzar. Para las entradas de espectáculos culturales y eventos deportivos con precios dinámicos, también habrá que comunicar el número de localidades disponibles y el precio máximo.
La comisaria de Soberanía Digital, Henna Virkkunen, ha señalado que estas medidas buscan mejorar la transparencia para los consumidores y garantizar condiciones de competencia homogéneas para las empresas en toda la Unión Europea. Según las estimaciones de la Comisión, la aplicación de las nuevas disposiciones podría generar un ahorro de hasta 13.700 millones de euros anuales para los consumidores europeos, al reducir las pérdidas económicas asociadas a prácticas comerciales abusivas.
Junto a la propuesta de Reglamento de Equidad Digital, Bruselas plantea modificar las normas de cooperación entre las autoridades nacionales de protección de los consumidores para reforzar la investigación de infracciones de gran alcance. La Comisión podría intervenir directamente en aquellos casos que afecten a consumidores de al menos dos tercios de los Estados miembros y que representen también a dos tercios de la población de la UE. Esta capacidad se limitaría a las investigaciones sobre empresas que no sean pequeñas o medianas.
Las propuestas deberán negociarse ahora en el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su aprobación definitiva. Por tanto, las nuevas obligaciones todavía no están en vigor y su aplicación dependerá del resultado del proceso legislativo.
El escudo contable que el Gobierno aprobó en 2020 para proteger a las empresas de las consecuencias económicas de la pandemia finalizará el próximo 31 de diciembre, salvo que se apruebe una nueva prórroga. A partir de esa fecha, las sociedades deberán volver a computar las pérdidas de 2020 y 2021 para determinar si incurren en causa de disolución. Los economistas contables del Consejo General de Economistas de España estiman que unas 80.000 empresas podrían verse afectadas por el fin de esta protección. Aunque los expertos advierten de que aflorarán problemas patrimoniales en numerosas compañías, no esperan una oleada de cierres y disoluciones.
La continuidad de la medida exigiría aprobar un real decreto ley y someterlo a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso. Por el momento, el Ministerio de Economía no ha aclarado si prepara una nueva ampliación. La suspensión de la causa de disolución por pérdidas se aprobó en abril de 2020 y se convirtió en ley en septiembre de ese mismo año. Su finalidad era ofrecer a las empresas un margen adicional para reestructurar su deuda, obtener liquidez y compensar los resultados negativos mediante la recuperación de su actividad, el acceso al crédito o las ayudas públicas. Esta medida era independiente de la moratoria concursal, que suspendió temporalmente la obligación de solicitar el concurso de acreedores y que dejó de estar vigente en junio de 2022.
La moratoria contable se fue prorrogando mediante distintos reales decretos leyes aprobados para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y de crisis posteriores, como la guerra de Ucrania, la crisis energética y las tensiones arancelarias. Sin embargo, el Congreso rechazó tres de estas normas, en enero de 2025, enero de 2026 y febrero de este año. El Ejecutivo volvió a recuperar la protección mediante otras disposiciones, la última aprobada en marzo de 2026, cuya vigencia concluye a finales de este ejercicio. La medida únicamente permite excluir del cálculo de la causa de disolución las pérdidas correspondientes a 2020 y 2021, pero no las generadas en ejercicios posteriores.
La Ley de Sociedades de Capital establece que una compañía debe disolverse cuando las pérdidas reducen su patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, salvo que se adopten medidas para corregir el desequilibrio, como una ampliación o reducción de capital, o que proceda solicitar el concurso de acreedores. Según las estimaciones de los economistas contables, basadas en datos del Banco de España y de la Encuesta de Población Activa, la moratoria protege a cerca de 80.000 sociedades y entre 600.000 y 800.000 puestos de trabajo.
Los sectores con mayor exposición al fin de la medida son el turismo, la hostelería, el ocio, el transporte y el comercio, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Jordi Santamaría, socio del área Legal de Grant Thornton en Barcelona, advierte de que las compañías más vulnerables son aquellas que acumulan pérdidas, presentan una rentabilidad reducida, mantienen elevados niveles de endeudamiento y tienen dificultades para atender sus gastos financieros. A este grupo se suman otros ámbitos con problemas de valoración, como la restauración, el sector cárnico, el vino y su industria auxiliar, las clínicas dentales y las energías renovables.
Davinia Sánchez, socia directora de Kepler-Karst, recuerda que recuperar el volumen de ventas previo a la pandemia no implica necesariamente haber reconstruido el patrimonio empresarial. Por ello, considera que el problema no se limita a las grandes compañías rescatadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), sino que afecta también a las pymes, que disponen de menos capacidad para obtener nuevos recursos propios.
Uno de los focos de preocupación son las empresas que todavía mantienen créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Si no se amplía la moratoria, las sociedades con patrimonio negativo y préstamos pendientes tendrán que afrontar la situación a partir de enero. Según los últimos datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el saldo vivo de las líneas de financiación habilitadas para hacer frente a la crisis de la covid rondaba los 24.000 millones de euros en diciembre de 2025.
Los expertos advierten de que las empresas suelen recurrir demasiado tarde a los fondos especializados en reestructuración, cuando las condiciones para sus propietarios son menos favorables. Además, señalan que este tipo de operaciones se ha ralentizado en España y que las transacciones que llegan al mercado son cada vez de menor tamaño.
La situación de las grandes compañías rescatadas también refleja las dificultades para recuperar la solvencia. Las cuentas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sepi, muestran que había provisionado 425 millones de euros de los más de 1.000 millones que tenía pendientes de recuperar, lo que representa un 42%. El fondo registró unas pérdidas de 139,7 millones en el ejercicio, después de dotar 260,3 millones por deterioro. Hasta septiembre, la Sepi había recuperado 1.775 millones, el 66% de la financiación concedida.
Entre los casos más recientes figura Vivanta, la red de clínicas dentales que recibió 40 millones de euros del fondo y cuya refinanciación fue aprobada en abril. Pese a ello, la compañía entró en concurso de acreedores en septiembre y posteriormente cerró todas sus clínicas a la espera de una decisión de Bruselas. También han recurrido a mecanismos de reestructuración Duro Felguera, Imasa y Vicinay, mientras que Losán solicitó la homologación de su plan en mayo.
Duro Felguera constituye uno de los ejemplos de dependencia de la moratoria contable. Tras homologar su plan de reestructuración en junio, la compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que mantenía un patrimonio neto individual negativo a junio de 2026. Sin embargo, el cómputo de los préstamos participativos y la exclusión de las pérdidas de 2020 y 2021 le permitían evitar la causa de disolución. Una situación similar afecta a Tubos Reunidos, que también se acogió a la moratoria, aunque entró en concurso de acreedores en mayo y su sociedad matriz inició la fase de liquidación en octubre.
La posibilidad de aprobar una nueva prórroga para 2027 está condicionada por la situación política. La disolución de las Cortes, la confrontación entre PSOE y PP y el adelanto electoral al 29 de noviembre dificultan la tramitación de una nueva norma. Aunque una ampliación resulta jurídicamente posible, los expertos recomiendan que las empresas afectadas la contemplen como una posibilidad, pero no como una medida garantizada, y planifiquen sus decisiones financieras sin dar por segura su aprobación.
El Gobierno puede recurrir a un real decreto ley si justifica su extraordinaria y urgente necesidad, aunque su capacidad para hacerlo se verá más limitada cuando entre en funciones el 30 de noviembre. La norma tendría que ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso.
Los especialistas consultados no prevén que el fin de la moratoria provoque una sucesión de disoluciones automáticas. Entre enero y octubre se registraron alrededor de 25.000 disoluciones empresariales, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los concursos de acreedores superaron los 5.300, con un descenso del 3,4%, según Informa D&B.
Los expertos consideran que las empresas viables deberían haber dispuesto de tiempo suficiente para recuperar las pérdidas puntuales ocasionadas por la pandemia. Para aquellas que todavía presentan dificultades, existen distintas alternativas, como recapitalizaciones, reducciones de capital, operaciones acordeón, aportaciones de socios, préstamos participativos o procesos de reestructuración.
Desde Kepler-Karst advierten, no obstante, de que mantener indefinidamente esta excepción podría retrasar decisiones necesarias y trasladar los riesgos a los acreedores. La viabilidad de las compañías dependerá, en buena medida, de su capacidad para captar nuevos recursos y anticiparse al vencimiento de la moratoria, en lugar de esperar hasta el último momento para negociar con socios y acreedores.
Los dos decretos ley sobre vivienda aprobados por el Gobierno se someten este jueves a votación en la Diputación Permanente del Congreso para decidir sobre su convalidación, un día después de la huelga general convocada para denunciar el encarecimiento de la vivienda y en la víspera del inicio de la campaña electoral, previsto para las cero horas del viernes 13. El Ejecutivo impulsó estas medidas tras las movilizaciones provocadas por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años residente en Madrid.
Ambas normas entraron en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque, de acuerdo con la Constitución, deben ser sometidas a convalidación parlamentaria en un plazo máximo de treinta días. Debido a la disolución de las Cortes por el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, corresponde ahora a la Diputación Permanente, el único órgano parlamentario que permanece operativo, decidir si mantiene o deroga los dos textos.
El Gobierno optó por dividir el paquete de medidas en dos decretos ley ante las dificultades para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar todas las disposiciones. El primero reúne un conjunto amplio de actuaciones destinadas a intervenir en el mercado del alquiler y contener el encarecimiento de la vivienda. El segundo incorpora modificaciones adicionales, entre ellas la obligación de indemnizar al inquilino cuando el propietario decida poner fin al contrato de arrendamiento, así como la introducción de prórrogas automáticas. A principios de octubre, el Ejecutivo ya intentó sacar adelante ambas normas, pero se encontró con el rechazo del PP, Vox, Junts y UPN, que sumaron 178 votos en contra de los dos decretos. A estos grupos se añadieron el PNV y Coalición Canaria en la votación del segundo texto, relativo a las indemnizaciones a los inquilinos.
El fracaso parlamentario de aquellas iniciativas precedió al adelanto electoral del 29 de noviembre. Tras la disolución de las Cortes, el Gobierno volvió a aprobar los decretos con algunas modificaciones para que no fueran idénticos a los anteriores. Ahora, su convalidación depende de la Diputación Permanente, donde la distribución de los escaños ofrece un escenario diferente. Este órgano está integrado por 69 diputados: 34 corresponden al bloque de izquierdas, formado por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos; otros 34 pertenecen al PP, Vox y Junts. El voto decisivo corresponde al PNV, que cuenta con un representante y ya ha anunciado que respaldará el decreto que concentra la mayor parte de las medidas, pero rechazará el segundo, tal como hizo en la anterior votación. Si se confirma este escenario, estas serán las principales novedades del decreto de vivienda que cuenta con el respaldo anunciado del PNV:
Los inquilinos cuyos contratos de alquiler finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga extraordinaria de dos años. Esta extensión no se aplicará automáticamente, sino que deberá pedirla el arrendatario al propietario. Para acogerse a ella, tendrá que estar al corriente del pago de la renta y haber cumplido esta obligación durante los ocho meses anteriores.
En materia de actualización de las rentas, se establecen limitaciones hasta el 31 de diciembre de 2027. Cuando el precio del alquiler supere el máximo fijado por el índice de referencia del Ministerio de Vivienda, el propietario no podrá aplicar nuevas actualizaciones. Si la renta se encuentra por debajo de ese límite, el incremento quedará restringido a un máximo del 2%.
Los alquileres por habitaciones también quedarán sujetos a regulación. La suma de las cantidades cobradas por cada habitación no podrá superar el importe que correspondería al alquiler de la vivienda completa mediante un único contrato. Otra de las medidas contempla la suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que carezcan de una alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030 cuando el arrendador sea una empresa del sector inmobiliario. Si el propietario no pertenece a este ámbito empresarial, la suspensión deberá revisarse cada doce meses y tendrá una duración máxima de tres años.
En los procedimientos de desahucio por impago, el inquilino podrá detener el proceso judicial si satisface las cantidades pendientes. Cuando se acredite una situación de vulnerabilidad económica, la comunidad autónoma deberá proporcionar una alternativa habitacional adecuada. Si no puede hacerlo, tendrá que abonar al propietario o consignar judicialmente las cantidades reclamadas y devengadas, además de las costas procesales correspondientes. La Administración General del Estado compensará a las comunidades autónomas por estos desembolsos.
El decreto también introduce restricciones a determinadas operaciones de compraventa de viviendas hasta el 31 de diciembre de 2030. Se prohíbe adquirir inmuebles por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado cuando el comprador sea una entidad, tenga o no personalidad jurídica. La limitación alcanza asimismo a las personas jurídicas que tengan la consideración de grandes tenedores, es decir, aquellas que posean más de diez viviendas o cinco o más inmuebles en zonas declaradas de mercado residencial tensionado.
En el ámbito fiscal, los propietarios que no sean grandes tenedores podrán beneficiarse de bonificaciones si reducen más de un 5% la renta respecto al contrato anterior. Para los arrendatarios, se contempla una deducción del 10% en el IRPF sobre las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual, siempre que sus ingresos anuales sean inferiores a 33.007,20 euros.
Por otra parte, los alquileres de viviendas destinadas a uso turístico pasarán a tributar al tipo del 10% de IVA a partir del 1 de diciembre de 2026. La normativa también permitirá a los ayuntamientos de municipios situados en zonas de mercado residencial tensionado establecer un recargo de hasta el 50% en el IBI para estos inmuebles.
El segundo decreto ley, que no cuenta con el respaldo anunciado del PNV, incorpora medidas adicionales sobre la duración de los contratos de arrendamiento. Entre ellas figura la renovación automática de los alquileres para facilitar su continuidad y evitar que queden sujetos a una finalización ordinaria. También establece que el propietario deberá indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente, como mínimo, a doce mensualidades de renta si decide resolver el contrato sin una causa justificada.
La propuesta permite al arrendador optar por no renovar el contrato sin necesidad de alegar un motivo concreto, siempre que abone la compensación correspondiente. Su importe será de al menos doce mensualidades y se calculará tomando como referencia el sistema estatal de precios del alquiler.
El programa estatal Auto+, destinado a incentivar la compra de vehículos electrificados, se acerca a su agotamiento debido al ritmo de solicitudes y a la progresiva reducción de los fondos disponibles. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo, la semana pasada se habían registrado peticiones por valor de 305,6 millones de euros correspondientes a particulares y de 38,58 millones por parte de empresas y autónomos. Dado que las dotaciones iniciales ascienden a 350 y 50 millones, respectivamente, fuentes del sector calculan que el presupuesto podría agotarse durante la semana de las elecciones generales, previstas para el próximo 29 de noviembre.
De cumplirse estas previsiones, las ayudas finalizarían aproximadamente un mes antes de la fecha establecida en el BOE, que fija el 31 de diciembre como límite del programa. Ese mismo día también concluye la vigencia de la deducción en el IRPF de hasta 3.000 euros por la adquisición de vehículos electrificados.
Tomando como referencia el gasto medio por expediente, situado en 3.165 euros para los particulares, las fuentes consultadas estiman que todavía habría margen para atender algo más de 14.000 solicitudes. No obstante, esta cantidad ya sería inferior, puesto que durante la última semana se han seguido registrando nuevas peticiones. En el caso de empresas y autónomos, el importe medio por expediente alcanza los 4.297 euros, por lo que quedarían fondos para unas 2.658 solicitudes adicionales, aunque también se trata de una estimación basada en datos anteriores.
Desde el Ministerio de Industria consideran que Auto+ ha sido un programa exitoso, pese al retraso en su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que no llegó hasta julio. Además, su duración está superando las previsiones iniciales del sector, que a principios de año esperaba que las ayudas se agotaran en verano. Esta estimación tenía en cuenta la experiencia del anterior plan Moves, cuyo presupuesto tuvo que duplicarse el pasado ejercicio para poder atender toda la demanda.
En Industria dan por hecho que, si tras las elecciones del 29 de noviembre no se produce un cambio de Gobierno, los incentivos a la compra de vehículos eléctricos seguirán formando parte de las medidas previstas para los próximos años dentro del Plan España Auto 2030, la estrategia industrial y de apoyo económico al automóvil acordada entre el Ejecutivo y el sector. Sin embargo, los fabricantes y distribuidores temen que un cambio de Gobierno pueda provocar un periodo de hasta seis meses sin ayudas. En caso de prorrogarse, consideran necesario que los nuevos incentivos tengan carácter retroactivo para cubrir las compras realizadas durante el tiempo que transcurra hasta la aprobación de los siguientes fondos. También existe incertidumbre sobre el papel que podría desempeñar Vox, contrario a la transición ecológica, en un eventual Ejecutivo del PP, que necesitaría su apoyo para gobernar según los sondeos.
La patronal de concesionarios Faconauto reclamó, durante la presentación de las matriculaciones de octubre, que se aclare cuanto antes si las ayudas al vehículo electrificado continuarán en 2027. La organización considera necesario garantizar su continuidad para mantener el impulso que han dado al mercado. En la misma línea se pronunciaron Ganvam, que representa a vendedores y reparadores, y Anfac, la asociación de fabricantes. Ganvam advirtió de que los incentivos deben mantenerse al margen de los calendarios electorales, ya que la incertidumbre administrativa puede acabar condicionando las decisiones de compra.
Si el programa Auto+ continúa en los próximos ejercicios, también deberá adaptarse a los criterios de contenido local que establezca la Unión Europea en la futura Ley de Aceleración Industrial (IAA), actualmente en negociación entre los Veintisiete. En su configuración actual, el plan permite subvencionar vehículos eléctricos fabricados fuera de la UE, incluidos los procedentes de China. La nueva normativa comunitaria pretende limitar esta posibilidad con el objetivo de proteger a la industria automovilística europea.
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