La economía española mantuvo su crecimiento durante el segundo trimestre de 2026. Según el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 0,7% entre abril y junio, una décima más que en el primer trimestre del año. En términos interanuales, la actividad económica creció un 2,7%.
El avance del PIB estuvo impulsado principalmente por la fortaleza de la demanda interna, el dinamismo de la inversión y el buen comportamiento del sector industrial, aunque el ritmo de expansión continúa moderándose respecto a los primeros compases del ejercicio.
El consumo de los hogares registró un incremento del 0,7% respecto al trimestre anterior y del 3,2% en comparación con el mismo periodo de 2025. La inversión también mantuvo una evolución positiva, con un aumento del 0,4% trimestral y del 5,1% interanual. Entre sus componentes destacaron las inversiones en productos de propiedad intelectual, que crecieron un 7,7% en tasa anual, y la construcción, con un avance del 5,2%.
El ministro de Economía y Empresa, Carlos Cuerpo, valoró los datos como una muestra de la fortaleza de la economía española. A su juicio, el crecimiento sigue sustentándose en la inversión y en el buen comportamiento de la industria, cuya evolución durante el trimestre superó la media del conjunto de la economía.
El titular de Economía también subrayó la contribución del consumo de los hogares, respaldado por la fortaleza del mercado laboral, con un mayor nivel de empleo y una mejora en su calidad. En este sentido, destacó que la creación de empleo se mantiene por encima del medio millón de puestos de trabajo en términos anuales por sexto trimestre consecutivo.
Con los datos disponibles hasta el cierre del primer semestre de 2026, el crecimiento acumulado de la economía española alcanza ya el 2,2%, una evolución que, según el Gobierno, refuerza las expectativas de cumplir la previsión oficial de crecimiento del 2,6% para el conjunto del año.
El Gobierno continúa sin reunir los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar una de las principales reformas fiscales comprometidas con la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación: la equiparación de la tributación del diésel con la de la gasolina. A falta de apenas un mes para que expire el plazo fijado para cumplir los compromisos asumidos con Bruselas, la iniciativa permanece bloqueada por la falta de consenso en el Congreso, según reconocen fuentes del Ejecutivo.
El retraso ya tuvo consecuencias económicas el pasado año. La Comisión Europea redujo en 1.100 millones de euros el quinto desembolso del fondo de recuperación destinado a España, que ascendía a 24.137 millones, al considerar incumplidos varios hitos pactados. De esa cantidad, 475 millones estaban vinculados a reformas fiscales. Aunque una parte de esos recursos ha podido recuperarse con la aprobación del sexto pago, alrededor de 200 millones siguen retenidos al no haberse aprobado la reforma del impuesto sobre el diésel. Tampoco se ha desbloqueado la financiación relacionada con la reducción de la elevada temporalidad en el empleo público, si bien el Ejecutivo ha presentado alegaciones ante las instituciones europeas sobre este asunto.
La equiparación fiscal entre el gasóleo y la gasolina no es una iniciativa nueva. El Ejecutivo ya trató de incorporarla a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, cuando disponía de una mayoría parlamentaria más sólida, pero finalmente retiró la propuesta ante el rechazo de algunos de sus socios, especialmente el PNV. En 2024 y 2025 volvió a impulsar la medida, esta vez vinculándola al cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Unión Europea, aunque nuevamente fracasó por la oposición de varios grupos que respaldan la investidura, entre ellos PNV, Podemos y Junts.
La situación política y económica actual complica aún más su aprobación. La pérdida de cohesión del bloque parlamentario que sostiene al Gobierno, unida al desgaste provocado por los casos de corrupción que afectan al PSOE, ha reducido el margen de maniobra del Ejecutivo. A ello se suma el impacto de la crisis en Oriente Próximo, que ha elevado los precios de la energía y ha impulsado la inflación, haciendo políticamente más difícil aprobar un incremento de la fiscalidad sobre los carburantes. De hecho, en lugar de elevar los denominados impuestos verdes, España ha optado temporalmente por reducir la carga fiscal sobre los combustibles para amortiguar el efecto del encarecimiento energético.
La diferencia fiscal entre el diésel y la gasolina tiene su origen en las políticas energéticas aplicadas durante las décadas de 1980 y 1990, cuando numerosos países europeos promovieron el uso del gasóleo por considerarlo un combustible más eficiente y con menores emisiones de dióxido de carbono. Además, era el carburante predominante para el transporte profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo se comprobó que los motores diésel generan mayores emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas contaminantes, lo que llevó a revisar las ventajas medioambientales que inicialmente justificaban ese tratamiento fiscal favorable. En la actualidad, la diferencia impositiva ronda los diez céntimos por litro.
La reforma forma parte de los compromisos adquiridos por España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, creado para impulsar la recuperación económica tras la pandemia mediante un amplio programa de inversiones y reformas. España, junto con Italia, ha sido uno de los principales beneficiarios de este instrumento, con una asignación superior a los 160.000 millones de euros entre transferencias y préstamos. No obstante, la ejecución de este volumen de recursos ha resultado especialmente compleja debido a los ajustados plazos establecidos por las instituciones europeas.
El calendario comunitario fija el 31 de agosto como fecha límite para completar las reformas e inversiones comprometidas y el 30 de septiembre como plazo máximo para solicitar los fondos pendientes. Ante las dificultades de ejecución, varios Estados miembros han renunciado a parte de las ayudas previstas, mientras que la Comisión Europea ha introducido cierta flexibilidad para facilitar la adaptación de los planes nacionales y acelerar los desembolsos.
España también ha recurrido a esa flexibilidad. El Gobierno decidió renunciar al 75% de los préstamos inicialmente asignados y ha modificado en varias ocasiones los hitos y objetivos del Plan de Recuperación para facilitar su cumplimiento. La principal revisión llegó en 2023 mediante una amplia adenda que reprogramó buena parte de las actuaciones pendientes, seguida de nuevas modificaciones destinadas a simplificar la gestión y asegurar la recepción de los fondos europeos.
La última actualización fue aprobada esta semana por el Consejo de Ministros y está orientada a facilitar el cobro del séptimo y último desembolso del mecanismo, valorado en torno a 25.000 millones de euros. La nueva adenda revisa la redacción de 121 hitos y objetivos, además de 101 medidas, con el propósito de simplificar los procesos de verificación y certificación exigidos por la Comisión Europea. Desde el Gobierno señalan que varias reformas continúan siendo objeto de negociación con Bruselas para desbloquear los recursos pendientes, aunque será finalmente la Comisión Europea quien deba decidir si acepta las modificaciones planteadas y autoriza los pagos restantes.
El Valor de Referencia que determina la Dirección General del Catastro volvió a incrementarse en 2026 y, en numerosos casos, ya supera el precio que determinados inmuebles alcanzarían realmente en el mercado. Esta situación puede provocar que quienes reciben una vivienda por herencia deban liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tomando como base imponible un importe superior al valor real del inmueble, salvo que acrediten lo contrario mediante una tasación oficial o un informe pericial. Cuando estas pruebas prosperan, la carga tributaria puede reducirse hasta en un 20%.
Según explica Joana Marín Fonseca, directora del Bufete Marín Fonseca, el Valor de Referencia constituye una presunción legal que no siempre refleja el valor efectivo de una vivienda. Su cálculo se basa en el análisis de operaciones de compraventa de inmuebles similares situados en la misma zona, aplicando criterios estadísticos que, en muchos casos, no tienen en cuenta las características específicas de cada propiedad ni las condiciones en las que se encuentra.
La constitucionalidad de este sistema fue avalada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 13/2026, que rechazó la cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto al principio de capacidad económica recogido en la Constitución. El alto tribunal consideró que el mecanismo persigue aproximarse al precio más probable de transmisión y contribuir a reducir la litigiosidad. No obstante, también recordó que los contribuyentes conservan el derecho a impugnar el valor asignado, tanto en vía administrativa como, si fuera necesario, ante los tribunales.
La normativa presume que el Valor de Referencia es correcto, de modo que corresponde al contribuyente demostrar que el valor de mercado del inmueble es inferior. Esta inversión de la carga de la prueba obliga al heredero que discrepe de la valoración catastral a aportar pruebas suficientes para justificar su pretensión. En caso contrario, la Administración tributaria autonómica puede regularizar la autoliquidación y exigir el pago de la diferencia junto con los intereses de demora.
Para solicitar la rectificación, el interesado debe presentar una reclamación ante la administración tributaria competente, acompañada de una tasación homologada o de un informe pericial que determine el valor real del inmueble en la fecha del fallecimiento del causante. Todos los costes derivados de este procedimiento, incluidos los honorarios de los peritos y de los profesionales que intervengan en la defensa del expediente, corren a cargo del heredero. El éxito de la reclamación dependerá de la solidez de las pruebas aportadas, por lo que resulta recomendable contar con asesoramiento especializado.
En Cataluña, la Agencia Tributaria autonómica no puede modificar por sí sola el Valor de Referencia. Una vez presentada la reclamación, debe remitir el informe a la Dirección General del Catastro, organismo competente para emitir un dictamen vinculante sobre la valoración. Solo si este organismo rectifica el valor inicialmente asignado, la Administración autonómica procederá a devolver el exceso abonado junto con los intereses correspondientes. Si la reclamación es desestimada, el contribuyente aún podrá acudir al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña.
Los plazos de resolución pueden prolongarse considerablemente. La primera reclamación administrativa suele resolverse en un periodo comprendido entre seis meses y un año, en ocasiones mediante silencio administrativo, mientras que el recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo puede demorarse entre 18 y 30 meses adicionales. En consecuencia, el procedimiento completo puede extenderse durante cerca de dos años, tiempo durante el cual el heredero debe haber abonado previamente el impuesto antes de conocer si tiene derecho a recuperar parte de lo pagado.
Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al primer trimestre de 2026, muestran que el precio de la vivienda en Cataluña aumentó un 10,5% en términos interanuales, el menor incremento registrado entre todas las comunidades autónomas. Esta evolución pone de manifiesto que la diferencia entre el Valor de Referencia y el precio real de mercado puede variar significativamente según el municipio y las características concretas de cada inmueble, lo que limita la precisión de un sistema basado en valores medios.
Las mayores discrepancias suelen producirse en viviendas antiguas, deterioradas o que presentan deficiencias de conservación. El modelo estadístico utilizado por el Catastro no incorpora de forma individualizada aspectos como el estado de mantenimiento, la orientación, las reformas pendientes o determinados defectos constructivos, factores que pueden reducir de forma notable el valor de mercado de una vivienda.
Una situación similar puede darse en municipios pequeños o zonas rurales con escaso número de operaciones inmobiliarias, donde existen menos referencias de mercado para elaborar las valoraciones estadísticas. En estos casos resulta más probable que el Valor de Referencia supere el precio real del inmueble, circunstancia que puede justificar su impugnación.
La experiencia de los tribunales demuestra que las reclamaciones respaldadas por informes periciales detallados tienen mayores posibilidades de prosperar. Cuando el perito acredita mediante documentación técnica, fotografías, planos u otras pruebas objetivas que el inmueble presenta características no contempladas por el Catastro, los órganos judiciales suelen reconocer un valor de mercado inferior y ordenar la devolución del exceso tributario abonado, junto con los correspondientes intereses.
Con la actualización anual del Valor de Referencia y la evolución desigual del mercado inmobiliario según cada territorio, es previsible que aumente el número de contribuyentes que recurran a tasaciones e informes periciales para adecuar la tributación de las herencias al valor real de los bienes recibidos.
Los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y de Trabajo y Economía Social finalizaron 2025 sin ejecutar una parte importante de los recursos presupuestarios que tenían asignados. De acuerdo con los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el departamento encabezado por Diana Morant dejó sin utilizar el 33,94% de su presupuesto, mientras que el dirigido por Yolanda Díaz no ejecutó el 25,8% de los fondos disponibles.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dispuso en 2025 de un presupuesto de 7.090 millones de euros, lo que representó un incremento del 11,3% respecto a los 6.367 millones consignados en 2024. Del total asignado, ejecutó 4.684 millones, frente a los 3.934 millones gastados el año anterior.
La mayor parte de los recursos de este ministerio se destina a impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación mediante la financiación de proyectos científicos, la contratación de personal investigador, el desarrollo de infraestructuras de I+D y programas orientados a facilitar la transferencia de conocimiento y tecnología al tejido empresarial.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social contó con un presupuesto de 858 millones de euros en 2025, un 23% inferior al del ejercicio anterior, cuando ascendía a 1.120 millones. La ejecución alcanzó los 636,4 millones, por debajo de los 787,3 millones utilizados en 2024.
Los fondos gestionados por este departamento financian algunas de las principales políticas laborales del Estado, entre ellas la protección por desempleo, las políticas activas de empleo, la Inspección de Trabajo, la prevención de riesgos laborales, la negociación colectiva, los mecanismos de mediación y arbitraje en conflictos laborales, las actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, el impulso de la economía social y el funcionamiento del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
En conjunto, los 22 ministerios que integran el Gobierno ejecutaron el 84% de sus presupuestos durante 2025, un porcentaje inferior al 88,2% registrado en 2024. Esto supone que el 16% de los créditos disponibles quedó sin utilizar. Los recursos presupuestarios ascendieron a 199.396 millones de euros, de los que finalmente se ejecutaron 167.486 millones.
Si se analiza el grado de ejecución por departamentos, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa fue el que presentó el menor nivel de utilización de sus recursos. De un presupuesto de 15.964 millones de euros, únicamente ejecutó el 31,5%. Le siguió el Ministerio de Hacienda, que entonces dirigía María Jesús Montero y actualmente encabeza Arcadi España García, con una ejecución del 51,9% sobre una dotación de 17.768 millones. Tras ambos se situaron el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el de Juventud, que dejó sin ejecutar el 27,8% de su presupuesto, y el de Trabajo y Economía Social.
En el extremo opuesto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fue el departamento con mayor grado de ejecución presupuestaria al utilizar el 99,5% de los 55.100 millones de euros de los que disponía. La práctica totalidad de estos recursos se destinó al pago de pensiones contributivas, especialmente las de jubilación.
También destacaron por su elevado nivel de ejecución el Ministerio de Defensa, que dejó sin utilizar únicamente el 1,7% de un presupuesto de 19.131 millones de euros; el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con una ejecución del 98,3%; el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones Institucionales, que alcanzó el 97,1%; y el Ministerio de Igualdad, que ejecutó el 96% de sus créditos.
Otros departamentos también registraron elevados niveles de utilización de sus recursos. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ejecutó el 95,8% de un presupuesto de 4.781 millones de euros, mientras que el Ministerio de Sanidad alcanzó una ejecución del 84,6% sobre una dotación de 1.460 millones, inferior a los 1.717 millones con los que contó el año anterior.
Los datos reflejan que la menor ejecución presupuestaria no puede atribuirse exclusivamente a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. En ejercicios anteriores también se trabajó con cuentas prorrogadas y, sin embargo, el grado de ejecución fue superior. La prórroga presupuestaria implica que cada ministerio mantiene la dotación correspondiente a las últimas cuentas aprobadas, en este caso las de 2023, que fueron las últimas respaldadas por las Cortes Generales.
Por tanto, que una parte de los créditos presupuestarios quede sin utilizar responde a la capacidad de gestión y al ritmo de ejecución de cada departamento, y no al hecho de operar con unos presupuestos prorrogados.
Asimismo, una menor ejecución del gasto no supone automáticamente una reducción del déficit público. Los créditos que no llegan a utilizarse no constituyen un ahorro efectivo por sí mismos, ya que el déficit se determina por la diferencia entre los ingresos obtenidos y el gasto realmente ejecutado durante el ejercicio.
A partir del próximo 28 de agosto entrará en vigor una de las reformas más relevantes de los últimos años en materia de jubilación flexible. La nueva regulación permitirá que determinados pensionistas que decidan reincorporarse al mercado laboral mediante un empleo a tiempo parcial puedan percibir un complemento de hasta el 25% sobre la parte de la pensión compatible con su actividad profesional.
La medida se recoge en el Real Decreto 416/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que desarrolla el nuevo marco normativo de la jubilación flexible y modifica las condiciones de compatibilidad entre el cobro de la pensión y el desempeño de una actividad laboral. El objetivo de la reforma es favorecer el retorno voluntario al empleo de las personas jubiladas mediante incentivos económicos.
El complemento no estará disponible para todos los pensionistas. Solo podrán beneficiarse quienes accedan a la modalidad de jubilación flexible e inicien una actividad laboral por primera vez una vez transcurridos, al menos, seis meses desde el reconocimiento de la pensión de jubilación.
La cuantía del incentivo dependerá del porcentaje de jornada que se realice. Quienes trabajen entre el 55% y el 80% de la jornada equivalente a tiempo completo podrán incrementar en un 25% la parte de la pensión compatible con el empleo. En cambio, cuando la jornada parcial se sitúe entre el 33% y menos del 55%, el complemento será del 15%.
Hasta ahora, la jubilación flexible suponía únicamente una reducción proporcional de la pensión en función del tiempo trabajado. Con la nueva normativa, el Gobierno incorpora un incentivo adicional con el propósito de hacer más atractiva esta modalidad para quienes deseen regresar al mercado laboral sin renunciar completamente a su prestación.
La reforma también amplía el margen de jornada compatible con esta modalidad de jubilación. A partir de su entrada en vigor, será posible trabajar entre el 33% y el 80% de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, ofreciendo una mayor flexibilidad para planificar una reincorporación progresiva a la actividad laboral.
Otra de las novedades es que, por primera vez, determinados trabajadores autónomos podrán acceder a la jubilación flexible, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la norma. Entre ellos figura la obligación de no haber estado dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante los tres años anteriores al hecho causante de la jubilación.
Esta modificación forma parte de la estrategia del Gobierno para fomentar el empleo sénior y favorecer la permanencia voluntaria de los trabajadores de mayor edad en el mercado laboral, en un contexto marcado por el envejecimiento progresivo de la población y la necesidad de adaptar el sistema público de pensiones a esta realidad demográfica.
En los últimos años, el Ejecutivo ha impulsado distintas medidas destinadas a incentivar el retraso de la jubilación y a facilitar la compatibilidad entre pensión y trabajo. El Real Decreto 416/2026 da un paso más en esa dirección al incorporar un complemento económico específico para quienes opten por volver a trabajar a tiempo parcial una vez jubilados.
Con la entrada en vigor de la norma el próximo 28 de agosto, los pensionistas que reúnan todos los requisitos podrán acogerse al nuevo régimen. No obstante, el incremento del 15% o del 25% no se aplicará de forma generalizada, sino que dependerá de la modalidad de jubilación elegida, del tiempo transcurrido desde el acceso a la pensión y del porcentaje de jornada desarrollado durante la compatibilidad entre trabajo y prestación.
La banca española ha cerrado el primer semestre de 2026 con los mejores resultados de su historia. Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter obtuvieron un beneficio conjunto de 19.803 millones de euros, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior, superando el récord que ya habían alcanzado en la primera mitad de 2025.
La sucesión de resultados históricos comenzó en 2022, cuando el Banco Central Europeo (BCE) inició el ciclo de subidas de los tipos de interés tras años de política monetaria expansiva. Ese cambio permitió a las entidades mejorar significativamente la rentabilidad del crédito y elevar sus beneficios. Posteriormente, cuando los tipos descendieron temporalmente, los bancos compensaron la menor rentabilidad financiera con un mayor volumen de préstamos y un incremento de los ingresos por comisiones.
El nuevo aumento de los tipos de interés por parte del BCE ha reforzado esta tendencia. Las entidades han logrado combinar un mayor crecimiento del crédito con una mejora de la rentabilidad de sus productos, lo que ha impulsado el margen de intereses -la diferencia entre los ingresos por préstamos y el coste de los depósitos- un 9,5%, hasta alcanzar los 46.200 millones de euros. Las comisiones también mantuvieron una evolución positiva, con un incremento del 10%, hasta los 15.278 millones, mientras que el margen bruto avanzó un 8%.
Santander volvió a liderar el sector por volumen de beneficios, al obtener 8.973 millones de euros, un 31% más que un año antes. No obstante, este resultado incorpora ingresos extraordinarios derivados de la venta de su negocio en Polonia a Ertse Bank, que aportó 1.895 millones de euros, así como un impacto de 250 millones por los costes de reestructuración asociados a la adquisición de TSB, hasta entonces propiedad de Sabadell. Descontando estos efectos, el beneficio recurrente ascendió a 7.328 millones, un 14% superior al registrado en el mismo periodo de 2025.
BBVA ocupó la segunda posición con un beneficio superior a los 6.000 millones de euros, tras crecer un 11% interanual. La entidad destacó por el fuerte incremento de su margen de intereses, del 18%, impulsado por la evolución del negocio en España y, especialmente, por la aportación de su filial en México, que continúa siendo su principal fuente de resultados. Además, junto con Bankinter, figura entre los bancos con mayor rentabilidad del sistema financiero español.
CaixaBank obtuvo un beneficio un 8% superior al del primer semestre del año pasado. Su margen de intereses aumentó un 2% y los ingresos por comisiones un 7,4%. Sin embargo, la presentación de sus resultados fue recibida con escepticismo por el mercado, ya que la entidad mantuvo sin cambios sus previsiones para el cierre del ejercicio, lo que provocó una caída cercana al 7% de su cotización bursátil.
Por su parte, Sabadell atraviesa una fase de transición tras culminar el proceso derivado de la opa hostil lanzada por BBVA y resuelta el pasado otoño. El nuevo consejero delegado, Marc Armengol, confía en que el banco recupere impulso en los próximos trimestres gracias a una mejora de los ingresos. Hasta el momento, el beneficio se mantiene prácticamente estable respecto al primer semestre de 2025, teniendo en cuenta la aportación de TSB hasta su venta en abril. Además, el margen de intereses retrocedió un 2%, las comisiones permanecieron sin cambios y el margen bruto descendió un 2,8%, lo que convierte a Sabadell en la única gran entidad que no ha alcanzado un beneficio récord y que presenta caídas en las principales magnitudes de su cuenta de resultados.
La escalada del conflicto en Oriente Próximo comienza a reflejarse en la evolución de los precios en España. El Índice de Precios de Consumo (IPC) avanzó hasta el 3,5% en julio, tres décimas más que en junio, según el dato adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El repunte coincide con el inicio de la retirada progresiva de las ayudas fiscales a los carburantes y constituye un primer indicio del efecto que tendrá la desaparición de estas medidas sobre la inflación en los próximos meses. La mayoría de los analistas coincide en que el índice continuará aumentando cuando las bonificaciones se eliminen por completo, aunque persisten las dudas sobre la magnitud del impacto y el momento en que se producirá.
La reciente convalidación del Real Decreto-ley 18/2026 mantiene las rebajas fiscales durante el verano, pero deja al Gobierno condicionado por una situación internacional que escapa a su control. El calendario diseñado por el Ejecutivo contempla una reducción gradual de las ayudas, que pasan de 15 céntimos por litro en julio a 10 céntimos en agosto y cinco en septiembre, con su desaparición prevista para octubre. Sin embargo, este plan se elaboró bajo la premisa de que la tensión geopolítica disminuiría durante el verano y permitiría una estabilización de los mercados energéticos, un escenario que, por ahora, no se ha materializado.
La incertidumbre se ha intensificado por la evolución del mercado del petróleo. Algunas previsiones, como las de Goldman Sachs, contemplan que el barril de Brent pueda acercarse a los 120 dólares durante los próximos meses. Ante este panorama, el Ejecutivo deberá decidir entre mantener el calendario previsto para retirar las ayudas, asumiendo un mayor impacto sobre la inflación, o prolongarlas si la presión sobre los precios de la energía continúa aumentando.
A ello se suma el encarecimiento del gas natural en Europa, que durante julio alcanzó sus niveles más elevados desde el inicio de la guerra en Irán, mientras que el petróleo volvió a situarse en torno a los 100 dólares por barril. Esta evolución abre la puerta a una posible prórroga de las medidas fiscales si las tensiones energéticas persisten más allá del verano. Mientras tanto, distintas estimaciones sitúan el incremento adicional de la inflación en torno a medio punto porcentual para octubre, incluso en un escenario relativamente favorable. Según cálculos del director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo Llanes, el IPC correspondiente a junio habría superado el 4% si las rebajas fiscales no hubieran estado vigentes.
La intensidad del repunte dependerá, en gran medida, del peso que tienen los combustibles en la cesta de consumo. Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas (CGE), recuerda que carburantes y combustibles representan aproximadamente el 5% del índice general de precios. En su opinión, la desaparición total de las ayudas podría añadir alrededor de ocho décimas a la inflación si el resto de factores permaneciera estable, ya que las bonificaciones llegaron a reducir el precio en los surtidores entre un 15% y un 17%.
Funcas maneja una previsión similar y calcula que la retirada completa de los incentivos fiscales aportaría entre ocho y nueve décimas adicionales al IPC, aunque una parte de ese efecto ya comenzó a materializarse con los cambios introducidos en junio y julio. De cara al otoño, la entidad estima que el impacto pendiente rondará las cinco décimas. Además del efecto directo sobre los carburantes, advierte de que el aumento de los costes energéticos terminará trasladándose progresivamente al conjunto de la economía, encareciendo la producción, la distribución y numerosos servicios.
La fundación considera que este proceso persistirá incluso si la situación geopolítica mejora, ya que la transmisión de los mayores costes energéticos al tejido productivo suele producirse con retraso. A ello se añade una inflación subyacente que continúa mostrando una elevada resistencia, especialmente en el sector servicios. Como consecuencia, Funcas ha revisado al alza su previsión sobre el deflactor del consumo de los hogares para 2026, situándolo en una media del 3,2%, ocho décimas por encima de las estimaciones realizadas antes del estallido de la crisis en Oriente Próximo.
BBVA Research también advierte del riesgo de que las presiones inflacionistas se extiendan a otros ámbitos de la economía. La entidad destaca que la inflación de los servicios permanece en el 3,9% y señala factores adicionales, como la escasez de capacidad en determinados sectores o el encarecimiento de la vivienda, que dificultan una moderación rápida de los precios. Asimismo, la fortaleza del mercado laboral y la reducción del desempleo podrían favorecer nuevas subidas salariales que acabarían trasladándose, al menos parcialmente, al consumidor.
No todos los análisis apuntan al mismo impacto. Rafael Salas, del ICAE, estima que el incremento pendiente de la inflación durante el otoño será más moderado y rondará las cuatro décimas. En cualquier caso, coincide en que la evolución dependerá de la trayectoria que sigan el petróleo y los costes del refino en los mercados internacionales, el principal foco de incertidumbre en estos momentos.
La tensión geopolítica continúa alimentando esa incertidumbre. Los recientes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra petroleros en el mar Rojo han reforzado el riesgo sobre una ruta de exportación clave para el suministro mundial de crudo, alternativa al estrecho de Ormuz, por la que circulan alrededor de cuatro millones de barriles diarios.
Ante este escenario, el decreto convalidado por el Congreso incorpora un mecanismo de protección que permitiría restablecer automáticamente una bonificación de 20 céntimos por litro si el Instituto Nacional de Estadística certifica un incremento superior al 15% interanual en el precio de los carburantes. No obstante, la activación de esta medida dependerá tanto de la evolución del mercado energético internacional como del cumplimiento de las condiciones fijadas en la normativa.
La Comisión Europea ha puesto en marcha el proceso de licitación para seleccionar las siete primeras gigafactorías de inteligencia artificial (IA) que se construirán en la Unión Europea. La iniciativa contempla una movilización de hasta 30.000 millones de euros, de los que alrededor de 5.000 millones procederán de fondos comunitarios, en buena parte vinculados al próximo marco financiero plurianual (2028-2034), y otros 5.000 millones serán aportados por los Estados miembros que alberguen los proyectos. Los 20.000 millones restantes deberán ser financiados por inversión privada.
España figura entre los países candidatos con un proyecto respaldado por Portugal y concebido con una doble implantación: la sede principal se localizaría en Móra la Nova (Tarragona), mientras que otra parte de la infraestructura se desarrollaría en San Fernando de Henares (Madrid).
La creación de estas gigafactorías forma parte de la estrategia comunitaria para reforzar la competitividad europea en inteligencia artificial y reducir la distancia que separa a la Unión Europea de Estados Unidos y China, líderes mundiales en este ámbito. Uno de los principales obstáculos identificados por Bruselas es el menor volumen de inversión. Un informe reciente de la OCDE refleja que, durante 2025, cerca del 75% del capital riesgo destinado a empresas de inteligencia artificial se concentró en Estados Unidos, con unos 170.000 millones de euros, mientras que la Unión Europea captó únicamente alrededor del 6%, equivalente a unos 14.000 millones de euros.
El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 12 de noviembre y la Comisión Europea prevé anunciar los proyectos seleccionados a comienzos de 2027. Desde las administraciones españolas se ha reiterado la confianza en las posibilidades de la candidatura nacional. El consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, defendió que la propuesta aspira a convertir las Terres de l'Ebre en un referente europeo en inteligencia artificial gracias a la colaboración entre el Gobierno de España y la Generalitat.
Para respaldar esta iniciativa, el Ejecutivo español aprobó hace unas semanas una aportación pública de 719 millones de euros. El proyecto cuenta además con el compromiso inversor de Banco Santander, ACS y Telefónica, que asumirían conjuntamente el 47% del capital, con una participación idéntica del 15,67% para cada compañía. A ellas se suma Multiverse Computing, que aportará otro 4%. La participación pública se articulará a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controlará el 48% del capital, mientras que la Generalitat dispondrá del 1% restante.
La inversión prevista para el desarrollo de la gigafactoría asciende a 5.000 millones de euros y se ejecutará en dos fases. La primera requerirá una capacidad eléctrica de 50 megavatios, ya garantizada, mientras que la segunda elevará esa demanda hasta los 125 megavatios. La instalación principal se ubicará en Móra la Nova, una localidad tarraconense situada junto al río Ebro. Sus promotores sostienen que la elección responde a criterios técnicos y estratégicos, y no únicamente a su ubicación geográfica. Además, estiman que el complejo podría generar alrededor de 2.000 puestos de trabajo y aseguran que el proyecto podría desarrollarse incluso si finalmente no obtiene financiación europea.
La competencia será elevada. Francia concurrirá con el consorcio AION, que prevé una inversión cercana a los 9.000 millones de euros. Alemania también presentará candidatura, mientras que Polonia y Lituania optarán conjuntamente a albergar otra de las instalaciones. No obstante, el listado definitivo de aspirantes no se conocerá hasta el cierre del plazo de inscripción en noviembre.
La Comisión Europea estima que los proyectos seleccionados deberán entrar en funcionamiento aproximadamente un año y medio después de su adjudicación, lo que sitúa su puesta en marcha hacia mediados de 2028.
Estas gigafactorías estarán especializadas en el desarrollo de semiconductores de última generación, procesadores avanzados, plataformas de inteligencia artificial, infraestructuras de computación en la nube y grandes centros de datos. Para garantizar el suministro de componentes estratégicos, la Unión Europea ya ha firmado cartas de intenciones con fabricantes tecnológicos como Nvidia, AMD y Qualcomm.
La viabilidad de las futuras instalaciones estará respaldada por la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC), que se comprometerá a contratar capacidad de procesamiento en estas infraestructuras junto a 18 Estados miembros, entre ellos España. EuroHPC es el organismo público-privado responsable de coordinar la red europea de supercomputación, de la que ya forma parte el Barcelona Supercomputing Center, uno de los principales centros de cálculo avanzado del continente.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha iniciado el trámite de consulta pública para modificar el Real Decreto que regula el arancel de los Registradores de la Propiedad. La propuesta pretende actualizar el sistema de tarifas aplicable a las notas simples y a los servicios de información continuada prestados por vía telemática, adaptándolo a la realidad tecnológica y económica actual.
La normativa vigente fue aprobada en 1989, cuando la publicidad registral se gestionaba principalmente de forma presencial, en papel o mediante comunicaciones por correo y fax. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 11/2023 eliminó el uso del fax para el envío de información registral, salvo en aquellos casos en los que existan problemas técnicos que impidan utilizar otros medios.
La iniciativa llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en una sentencia dictada el 26 de mayo, anulara el cobro de 12,03 euros por una nota simple con información continuada al considerar que ese importe carecía de cobertura normativa. El tribunal concluyó que el precio aplicable debía limitarse a 3,01 euros.
Según explica el Ministerio, los servicios de información registral continuada requieren actualmente infraestructuras tecnológicas avanzadas, sistemas seguros de comunicación y elevados niveles de ciberseguridad, lo que implica unos costes muy superiores a los existentes cuando se aprobó el arancel vigente.
Aunque la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública había consolidado una doctrina administrativa que admitía determinadas tarifas para los servicios telemáticos -como una minutación global de 12 euros para las notas que sustituyen al antiguo fax y de 9,02 euros para la publicidad instrumental del Servicio de Índices-, estos importes nunca llegaron a incorporarse de forma expresa en la regulación arancelaria.
Para sustituir el sistema de envío por fax, el Colegio de Registradores implantó un procedimiento digital a través de su Sede Electrónica, que permite solicitar y obtener de forma inmediata información sobre la titularidad y las cargas de los inmuebles, con plena trazabilidad de las consultas realizadas.
Con esta reforma, el Gobierno pretende incorporar al marco normativo la doctrina administrativa existente para reforzar la seguridad jurídica de ciudadanos y profesionales, garantizar la financiación de las inversiones tecnológicas necesarias y asegurar la sostenibilidad económica del servicio registral. Asimismo, la modificación busca adaptar el modelo registral español al proceso de digitalización promovido por la Unión Europea. El periodo de consulta pública permanecerá abierto hasta el próximo 5 de agosto de 2026.
A las puertas de la gran operación salida de agosto, que volverá a registrar un volumen récord de desplazamientos por carretera, el encarecimiento de los carburantes ha neutralizado prácticamente las rebajas fiscales temporales aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo.
La reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán el pasado 8 de julio ha provocado un nuevo repunte del precio del petróleo, que ya se refleja en el coste de los combustibles. Como consecuencia, el descuento de 15 céntimos por litro vigente durante julio ha quedado prácticamente absorbido por el incremento de los precios, que alcanzan su nivel más alto desde abril, cuando seguían en vigor una bonificación de 20 céntimos por litro y una reducción del IVA sobre los carburantes.
Los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico muestran que el precio medio de la gasolina de 95 octanos pasó de 1,53 euros por litro el 8 de julio a 1,65 euros el día 28, lo que supone un aumento de 12 céntimos, equivalente al 7,8%, en apenas veinte días. En el caso del gasóleo A, el incremento fue aún mayor, con una subida de 22 céntimos por litro, un 14,3%, superando incluso el descuento fiscal vigente.
La situación podría agravarse a partir del 1 de agosto, cuando la bonificación en el Impuesto sobre Hidrocarburos está prevista que se reduzca de 15 a 10 céntimos por litro. Todo ello mientras continúan los enfrentamientos en torno al estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro mundial de petróleo, que mantiene la presión sobre los mercados energéticos.
El segundo paquete de ayudas frente a la crisis en Oriente Próximo fue aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio, en un momento en que todavía estaba vigente el alto el fuego entre Washington y Teherán. El Ministerio de Economía diseñó entonces un calendario de reducción progresiva de las ayudas a los carburantes, con el objetivo de eliminarlas por completo en octubre, al considerar que la incertidumbre y los precios comenzaban a estabilizarse.
Sin embargo, el escenario cambió pocos días después. El 8 de julio, coincidiendo con la cumbre de la OTAN, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el fin de la tregua y la reanudación de las operaciones militares, así como nuevas restricciones en el estrecho de Ormuz, lo que volvió a disparar el precio del crudo.
El decreto aprobado por el Gobierno contempla una cláusula que permite restablecer una bonificación de 20 céntimos por litro si los precios de los carburantes vuelven a dispararse debido a la evolución del conflicto. No obstante, pese al encarecimiento registrado en las últimas semanas, el Ejecutivo mantiene la cautela antes de activar esa posibilidad.
Según fuentes gubernamentales, el Ministerio de Economía esperará al menos hasta el 13 de agosto, fecha en la que se conocerá el dato definitivo de inflación correspondiente a julio. Ese indicador servirá para evaluar si las medidas actuales siguen siendo suficientes o resulta necesario ampliar nuevamente el descuento sobre los combustibles. En caso de hacerlo, el Gobierno podría aplicar la modificación directamente, sin necesidad de tramitar una nueva aprobación parlamentaria.
No obstante, la evolución del mercado energético sigue siendo muy incierta y dependerá de cómo evolucionen las tensiones en Oriente Próximo. Una nueva escalada podría impulsar aún más los precios, mientras que un eventual acuerdo de alto el fuego favorecería una moderación del coste del petróleo y de los carburantes.
El encarecimiento también afecta al gasóleo B, utilizado en el sector agrícola. Entre el 8 y el 28 de julio su precio medio aumentó de 1,32 a 1,50 euros por litro, un incremento de 18 céntimos, equivalente al 13,6%. Aunque este combustible mantiene una bonificación de 20 céntimos por litro hasta octubre, la subida de precios ha absorbido prácticamente la totalidad de esa ayuda, y el decreto actualmente en vigor no contempla la posibilidad de incrementarla durante los próximos meses.
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