Noticias

(Expansión, 10-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El turismo crecerá un 2,5% este año pese a la incertidumbre por la guerra de Irán

La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, señala que la llegada de visitantes asiáticos depende en gran medida de que se mantengan operativos los principales nodos de conexión aérea en Oriente Próximo. El impacto de la guerra en Irán sobre el turismo resulta todavía incierto, justo cuando el sector se prepara para la temporada alta tras haber mantenido su crecimiento durante la pasada Semana Santa. Así lo recoge Exceltur en su último informe de perspectivas turísticas, presentado este jueves, donde se advierte de que el conflicto en Oriente Próximo está generando, sobre todo, dudas a la hora de reservar viajes. Por un lado, España podría verse beneficiada al consolidarse como un destino seguro frente a otros más cercanos a la zona del conflicto, lo que favorecería la llegada de turistas, especialmente en el segmento vacacional familiar. Asimismo, muchos españoles podrían optar este verano por viajar dentro del país. Por otro lado, el panorama también presenta riesgos. El sector turístico prevé que el aumento del coste de la energía y de otros suministros obligue a encarecer los servicios, lo que podría frenar el crecimiento. Además, el posible cierre de los centros de conexión aérea en Oriente Próximo dificultaría la llegada de turistas de larga distancia, especialmente desde Asia. Si el conflicto se prolonga, Exceltur advierte de que las consecuencias podrían ser mucho más graves y tener un impacto significativo en el turismo. Pese a este contexto, el PIB turístico aumentó un 2,1% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento podría haber sido mayor si no fuera por las interrupciones ferroviarias provocadas por el accidente de Adamuz (Córdoba), que redujeron la llegada de viajeros a varios destinos andaluces. En este sentido, Exceltur destaca la caída de las reservas hoteleras nacionales en ciudades como Córdoba (22,7%), Sevilla (14,9%) y Málaga (3,2%). Aun así, subrayan que el turismo internacional ha seguido creciendo, impulsado en parte por la mayor capacidad del aeropuerto de Málaga. De cara al conjunto del año, los empresarios del sector prevén que el PIB turístico aumente un 2,5%, ligeramente por encima de la estimación realizada por Exceltur en enero, gracias al empuje de la demanda internacional.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 10-04-2026) | Laboral

¿Tienes pensado jubilarte a los 64 años este año? El requisito de cotización que debes cumplir para no perder tu derecho

Actualmente, es posible dejar de trabajar y comenzar a percibir la pensión de jubilación antes de alcanzar la edad ordinaria fijada por la ley, siempre que se cumplan determinados requisitos. Sin embargo, para compensar el mayor tiempo durante el que se cobrará la prestación, la normativa de la Seguridad Social establece una serie de recortes sobre la base que determina la cuantía de la pensión, según explica Isabel Ramos, responsable del área laboral de Unive Abogados. Estas reducciones tienen carácter definitivo, lo que significa que adelantar la jubilación implica una disminución económica que se mantendrá durante toda la vida del pensionista. En cuanto a la edad ordinaria de jubilación, en 2026 se sitúa, con carácter general, en 66 años y 10 meses. No obstante, quienes acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización podrán jubilarse a los 65 años. Además, las personas que se encuentren a un máximo de dos años de esa edad legal podrán optar por la jubilación anticipada voluntaria, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, como señala la abogada laboralista Sheila Manzanares. Para acceder a esta modalidad, se exige un periodo mínimo de cotización de 35 años, tal y como indican desde Unive Abogados. Por otro lado, cuando la jubilación se produce por causas ajenas al trabajador, las condiciones son más flexibles. Asimismo, en determinadas profesiones consideradas de riesgo -como la minería, el personal de vuelo, los bomberos o la policía local- existen condiciones específicas, permitiendo en algunos casos acceder a la jubilación a partir de los 52 años, según apunta Isabel Ramos. La reducción de la pensión se calcula mediante la aplicación de coeficientes sobre la base reguladora por cada mes que se adelante la jubilación respecto a la edad ordinaria. De este modo, el porcentaje de recorte dependerá tanto del número de meses de adelanto como del total de años cotizados por el trabajador.

LEER MÁS

(El Economista, 10-04-2026) | Laboral

Las dimisiones de trabajadores con contrato indefinido se cuadruplican y suman 336.000

Las dimisiones se han convertido en uno de los fenómenos más llamativos del mercado laboral tras la reforma laboral. Desde su aprobación, las renuncias se han disparado, pasando de 203.000 en los dos primeros meses del año a 434.000 en 2026. Este aumento se debe sobre todo a los trabajadores con contrato indefinido, cuyas dimisiones se han cuadruplicado desde 2021, al pasar de 81.000 a más de 336.000 en el inicio de 2026. No se trata solo de que haya más empleados fijos, sino de que su propensión a dejar el trabajo se ha multiplicado por tres, alcanzando niveles nunca vistos. Los datos por tipo de contrato rompen algunos tópicos: los trabajadores temporales siguen teniendo más probabilidades de dimitir que los indefinidos, lo que evidencia el peso de la precariedad. Sin embargo, el fuerte incremento de renuncias entre los fijos también refleja una realidad preocupante. Según la Seguridad Social, en 2025 se superaron por primera vez los 3 millones de dimisiones (3,07 millones). Solo en los dos primeros meses de 2026 ya se registran más de 433.000, un 114% más que en 2021. De ellas, el 77% corresponden a trabajadores indefinidos, cuyas renuncias han crecido un 318%. Aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado en los últimos años, no muestra signos de retroceso. Este comportamiento resulta llamativo en un contexto donde el empleo sigue creciendo, aunque a menor ritmo que en 2022 y 2023, y con una tasa de paro cercana al 10%. Si las dimisiones indican tensión en el mercado laboral, las empresas podrían estar teniendo dificultades para retener talento, especialmente si se analiza el perfil de quienes abandonan sus puestos. Desde la reforma laboral, los trabajadores indefinidos han pasado de representar el 39% al 77% de las dimisiones, alcanzando los 2,33 millones en 2025, un 230% más que antes de la reforma. Aunque este cambio se explica en parte por el mayor peso de los contratos fijos, sorprende el fuerte aumento de renuncias en un país donde todavía más de la mitad de los contratos siguen siendo temporales. Además, las dimisiones de indefinidos muestran una marcada estacionalidad, con picos coincidiendo con las temporadas turísticas, un patrón que antes era más propio de los temporales. Algunos expertos atribuyen este fenómeno al aumento del número total de asalariados, especialmente indefinidos. Desde diciembre de 2021, el empleo asalariado ha crecido en 2,2 millones de personas, impulsado por un incremento de 3,9 millones de trabajadores fijos (hasta 13,7 millones), que ha compensado la caída de 2,1 millones de temporales (actualmente en 1,9 millones). De este modo, los indefinidos han pasado de representar el 64% al 78% de los afiliados al Régimen General, un peso muy similar al que tienen en las dimisiones. Sin embargo, analizar solo cifras absolutas no es suficiente: también hay que tener en cuenta la incidencia, es decir, el porcentaje de dimisiones sobre el total de trabajadores. En este sentido, las dimisiones suponen el 1,3% del total de asalariados, una cifra modesta en comparación con otros países como Estados Unidos, donde alcanzan el 1,9%. No obstante, mientras allí han descendido desde los máximos de 2022, en España se han duplicado desde el 0,6% registrado tras la reforma laboral, en parte debido a la menor presencia de contratos temporales. En España, la principal causa de baja laboral sigue siendo la finalización de contratos temporales, con un 4,7% del total del empleo, aunque este porcentaje ha bajado respecto al 5,4% previo a la reforma. En paralelo, han ganado peso tanto las dimisiones como el paso a la inactividad de los fijos discontinuos, que representan el 1,7% del empleo pese a su reducido peso en el total. Más allá de estos cambios estructurales, también ha aumentado la frecuencia de las dimisiones dentro de cada tipo de contrato. Entre los temporales, la tasa ha pasado del 1,5% al 2,2%, mientras que entre los indefinidos se ha triplicado, del 0,4% en 2021 al 1,2% en 2026, el nivel más alto registrado para ese periodo. En otros colectivos, como funcionarios o cargos públicos, también se ha observado un aumento, del 0,1% al 0,3%.

LEER MÁS

(El País, 10-04-2026) | Laboral

Cataluña vuelve a superar a Madrid en afiliados a la Seguridad Social gracias al tirón del turismo

El tirón del turismo ha vuelto a colocar a Cataluña por delante de la Comunidad de Madrid en número de afiliados a la Seguridad Social, tras tres meses en los que la región madrileña había liderado este indicador. Según los datos de marzo, Cataluña cuenta con 3.882.774 afiliados, superando en 3.354 a Madrid, que registra 3.879.420. Históricamente, Cataluña había ocupado siempre la primera posición desde que existen registros comparables (1999), pero esta tendencia se rompió en diciembre, cuando Madrid logró situarse por delante, manteniendo esa ventaja durante enero y febrero. Ahora, con el impulso del empleo ligado a la Semana Santa, Cataluña recupera momentáneamente el liderazgo. No obstante, los expertos consideran que se trata de un fenómeno puntual y que, a largo plazo, Madrid volverá a encabezar la clasificación. El economista Manuel Alejandro Hidalgo, de la Universidad Pablo de Olavide, señala que el dato de marzo responde a la estacionalidad turística. Aunque Cataluña tiene una economía diversificada, el turismo genera picos de empleo en momentos concretos como la Semana Santa, pero ese impulso no siempre se mantiene en el tiempo. En la misma línea, Javier Vázquez-Grenno, de la Universidad de Barcelona, apunta que el aumento de afiliados se concentra en zonas turísticas como Girona y Tarragona, y que podría prolongarse en verano, aunque la tendencia estructural sigue favoreciendo a Madrid. Más allá de este repunte puntual, lo relevante es cómo Madrid ha ido ganando terreno en afiliación hasta superar a Cataluña a finales de 2025, una posición que previsiblemente consolidará en el futuro. Cataluña cuenta con una población de 8,15 millones de habitantes, frente a los 7,13 millones de Madrid. Este mayor tamaño, junto con el peso histórico de su industria y turismo, ha hecho que tradicionalmente liderase tanto en afiliación como en aportación al PIB. Sin embargo, esta situación empezó a cambiar en la última década. En términos de riqueza, Madrid ya superó a Cataluña hace años. Desde 2000, cuando la economía madrileña era un 7,5% menor, fue recortando distancias hasta superarla en 2012 y nuevamente en 2017, coincidiendo con el proceso independentista. Desde entonces, Madrid se ha mantenido por delante. En 2025, según estimaciones, Cataluña aportó el 19,86% del PIB nacional, frente al 19,96% de Madrid. En afiliación, el cambio ha sido más tardío. En 1999, Cataluña tenía 2,54 millones de afiliados frente a los 2,06 de Madrid, manteniendo el liderazgo hasta diciembre de 2025, cuando Madrid la superó por primera vez. Esa ventaja continuó en enero y febrero de 2026. Según Hidalgo, este cambio se debe principalmente al dinamismo de Madrid más que a una pérdida de fuerza de Cataluña. Factores como su condición de capital, la concentración de sedes empresariales, la atracción de inversión y el desarrollo de nuevas actividades económicas impulsan la creación de empleo en la región madrileña. Además, Madrid actúa como polo de atracción de trabajadores, especialmente cualificados, procedentes de otras comunidades. Por su parte, Vázquez destaca el crecimiento estructural de Madrid, también en el ámbito turístico, pero con menor dependencia de la estacionalidad. A ello se suman ventajas como la atracción de empresas internacionales y tecnológicas, favorecidas por una fiscalidad más baja, y su apuesta por eventos y sectores que antes estaban más vinculados a Barcelona. Aun así, el hecho de que Madrid domine la tendencia de fondo no impide que Cataluña pueda recuperar puntualmente el liderazgo, especialmente en momentos de alta actividad turística. Aunque su economía no depende exclusivamente del turismo, como ocurre en Baleares o Canarias, este sector sí genera incrementos temporales de empleo que marcan la diferencia en determinados periodos.

LEER MÁS

(El País, 10-04-2026) | Laboral

La Seguridad Social modera el impacto del gasto en pensiones al 14% del PIB hasta 2050 tras la alarma por su elevado coste

El aumento del gasto en pensiones y su efecto sobre las cuentas públicas sigue siendo un tema delicado que enfrenta a Gobierno, oposición y expertos. Con el objetivo de asegurar la viabilidad futura del sistema, el Ejecutivo ha presentado una nueva herramienta de análisis que, según fuentes de la Seguridad Social, ofrece previsiones más precisas y fiables que las existentes hasta ahora. Este modelo, denominado INTegraSS, plantea un impacto del gasto en pensiones sobre el PIB más contenido que el estimado por otros organismos, en un contexto de creciente preocupación por su coste. La herramienta, presentada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, pretende ofrecer la estimación más realista posible con los datos actuales. Sus primeras proyecciones sitúan el gasto total en pensiones -incluyendo las contributivas, las de funcionarios y las asistenciales- en una media del 14% del PIB entre 2022 y 2050. Esta cifra es inferior a las calculadas por instituciones como la AIReF (14,4%) o la Comisión Europea (en torno al 14,6% tras ajustes). En la actualidad, el gasto se sitúa ligeramente por debajo del 13% del PIB. Para elaborar estas previsiones, el modelo utiliza un amplio conjunto de datos, que abarca desde pensiones en vigor y altas y bajas del sistema, hasta información detallada de 34 generaciones de trabajadores (nacidos entre 1938 y 1972), incluyendo variables como edad, sexo o tipo de prestación. Todo ello se combina con proyecciones macroeconómicas y demográficas, basadas en estimaciones oficiales del INE, con criterios prudentes según el Gobierno. Aunque esta herramienta permitirá anticipar decisiones y se actualizará periódicamente, sus resultados no sustituirán a los cálculos de la Comisión Europea, que seguirán siendo la referencia oficial, ni a los análisis de la AIReF, que utiliza dichas estimaciones comunitarias para evaluar el sistema. El peso del gasto en pensiones es clave para medir la sostenibilidad del sistema y condiciona el diseño de la política fiscal. La última reforma incluyó una "cláusula de cierre", que obliga a adoptar medidas si el gasto supera ciertos límites en relación con los ingresos. La AIReF es el organismo encargado de revisar esta situación cada tres años. En su última evaluación, realizada hace un año, España evitó por poco activar esta cláusula, al situarse el gasto neto en el 13,2% del PIB, apenas una décima por debajo del umbral fijado (13,3%). No obstante, el informe fue crítico, señalando deficiencias metodológicas derivadas de las indicaciones del Gobierno, y advirtiendo que sus conclusiones no permitían valorar con fiabilidad la sostenibilidad del sistema. Una de las principales discrepancias, compartida en parte por Bruselas, se centra en el tratamiento de las transferencias del Estado a la Seguridad Social, que el Gobierno contabiliza como ingresos. Ante esta situación, la Comisión Europea ha solicitado una nueva evaluación antes de junio de 2026, como parte del seguimiento vinculado a los fondos europeos. A la espera de ese nuevo informe, el Ejecutivo confía en que el sistema vuelva a superar la revisión sin necesidad de aplicar ajustes. Argumenta que el crecimiento económico y el aumento de las cotizaciones, impulsados por el empleo y el PIB, podrían compensar la eliminación de esas transferencias en el cálculo. Más allá de los resultados iniciales, el Gobierno subraya la utilidad de esta herramienta para tomar decisiones con suficiente antelación en un ámbito como el de las pensiones, donde los efectos se proyectan a largo plazo. Según Cuerpo, hasta ahora este tipo de análisis ha sido insuficiente frente al peso de las previsiones a corto plazo, lo que en ocasiones ha llevado a legislar con escasa información. Por su parte, Elma Saiz ha destacado que resultaba incoherente que, disponiendo de todos los datos del sistema público, España no contara con una herramienta propia de proyección. A partir de ahora, INTegraSS será la base para realizar estimaciones oficiales y evaluar el impacto de posibles reformas en el sistema de pensiones.

LEER MÁS

(Expansión, 10-04-2026) | Laboral

Yolanda Díaz, sobre el plan de control de bajas laborales anunciado por Rueda: "Es ilegal"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha afirmado que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional el plan anunciado por la Xunta por considerar que invade competencias estatales. La propuesta de control de las bajas laborales presentada por Alfonso Rueda, basada en reforzar el papel de las mutuas y crear unidades especializadas para tratar las dolencias más comunes, ha provocado una reacción firme por parte del Ejecutivo central. La ministra de Trabajo la ha calificado directamente de "ilegal". Durante su intervención en la clausura del proyecto itinerante "Formación en Ruta", impulsado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y la Fundación Laboral de la Construcción, Yolanda Díaz respondió a los medios insistiendo en que la iniciativa no se ajusta a la legalidad. Además, advirtió de que, si la Xunta de Galicia la desarrolla en los términos anunciados, el Gobierno la impugnará ante el Constitucional por extralimitarse en sus competencias. Según Díaz, la medida cuestiona tanto la labor de los profesionales sanitarios públicos como la propia gestión del sistema sanitario, además de abrir la puerta a su privatización. También recalcó que la gestión de las bajas laborales corresponde exclusivamente a los médicos. Por su parte, la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, defendió que existe una "responsabilidad social" de atender a las personas enfermas, aunque subrayó que Galicia se encuentra entre las comunidades con mayor número de bajas laborales. En este sentido, aseguró que el plan se plantea con voluntad de diálogo con sindicatos y otros agentes implicados. Desde la oposición, el principal grupo parlamentario reclamó al presidente gallego una disculpa por lo que consideran un trato injusto hacia los trabajadores, a los que acusan de presentar como defraudadores. La viceportavoz nacionalista Olalla Rodil pidió reforzar la sanidad pública en lugar de estigmatizar a los trabajadores o permitir que las mutuas obtengan beneficios de un derecho laboral. En una línea similar, el líder de los socialistas gallegos, Xosé Ramón Besteiro, señaló que la duración de las bajas laborales está relacionada con la saturación del sistema sanitario.

LEER MÁS

(La Razón, 10-04-2026) | Fiscal

La OCDE critica el abuso del Gobierno con la subida de cotizaciones y reclama eliminar "gradualmente" prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo"

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez varias recomendaciones centradas en reducir la carga fiscal sobre el trabajo, apostar por impuestos menos distorsionadores, simplificar de forma notable la burocracia y revisar progresivamente determinadas prestaciones para reforzar los incentivos al empleo. En concreto, el organismo sugiere rebajar los gravámenes laborales, al considerar que frenan la creación y búsqueda de empleo, y compensarlo con un mayor peso de figuras como el IVA -eliminando algunas exenciones- y una reorganización de los impuestos medioambientales. Estas propuestas se recogen en el informe "Fundamentos para el Crecimiento y la Competitividad", donde se analiza la situación de España y se plantean reformas para impulsar la productividad. El documento señala que, aunque la diferencia del PIB per cápita respecto a la media de la OCDE se ha reducido tras la pandemia hasta situarse en torno al 30% en 2024, sigue siendo elevada. Para acortarla, considera necesario mejorar la productividad, abordar el envejecimiento demográfico y avanzar hacia un mercado laboral más flexible, un tejido empresarial más dinámico y una mayor inversión en investigación y desarrollo. También propone reforzar la formación, especialmente para jóvenes que abandonan los estudios y adultos que necesitan mejorar sus competencias. El informe es especialmente crítico con el sistema fiscal español. Subraya que la carga impositiva sobre el trabajo es elevada, en parte por el aumento de las cotizaciones, y advierte de que algunas prestaciones sociales pueden reducir los incentivos para trabajar o buscar empleo, especialmente entre personas con bajos ingresos. Asimismo, cuestiona las exenciones y tipos reducidos del IVA, al considerar que disminuyen la base imponible y afectan a la eficiencia del sistema. Según la OCDE, el modelo tributario presenta carencias que perjudican tanto a la productividad como a la recaudación, ya que grava en exceso el trabajo y mantiene tipos efectivos elevados debido a la combinación de impuestos y retirada rápida de ayudas. Esto, a su juicio, desincentiva la actividad laboral, sobre todo en colectivos con menores ingresos o en hogares con más de un perceptor. También advierte de que el sistema favorece la financiación mediante deuda frente al capital, lo que puede frenar la inversión y la innovación. En el ámbito educativo, el organismo también muestra preocupación por las altas tasas de repetición y abandono escolar temprano, así como por el escaso peso de la Formación Profesional. Recomienda mejorar la detección temprana de estudiantes en riesgo, ofrecer itinerarios formativos más flexibles, facilitar segundas oportunidades y reforzar la formación continua de adultos. Además, señala desajustes entre las cualificaciones y las necesidades del mercado laboral, así como debilidades en los servicios de empleo, que deberían modernizarse mediante más digitalización, recursos humanos y colaboración con el sector privado. Respecto a la regulación, la OCDE considera que existe un exceso de cargas administrativas para empresas y ciudadanos, y propone simplificar los trámites mediante una ventanilla única digital. También sugiere mejorar el acceso de las pymes a financiación, fomentar su conexión con los mercados de capitales y potenciar su digitalización, incluyendo el uso de inteligencia artificial, servicios en la nube y análisis de datos. Por último, el informe alerta sobre el aumento de los costes económicos asociados a los desastres climáticos. Aunque reconoce que la estrategia de adaptación de España está bien orientada, advierte de una aplicación desigual según el territorio y de una inversión insuficiente en prevención. Por ello, recomienda reforzar las infraestructuras, mejorar la coordinación entre administraciones, agilizar los permisos y aumentar la inversión en redes energéticas, incluidas las interconexiones, para hacer frente a los retos del suministro y la transición energética.

LEER MÁS

(El Confidencial, 10-04-2026) | Fiscal

Hacienda advierte que suprimir la tasa de basuras veta el acceso a fondos europeos

Las dificultades surgidas en la aplicación de la tasa de basuras, evidenciadas tras recientes sentencias judiciales, han reactivado el debate sobre su posible eliminación. El municipio de Alcorcón, con más de 175.000 habitantes y gobernado por una coalición liderada por el PSOE junto a Más Madrid y Ganar Alcorcón, ha sido uno de los primeros en plantear abiertamente esta opción, estudiando incluso suspender o suprimir el impuesto, aunque el contexto legal lo complica. Desde el Ministerio de Hacienda recuerdan que su implantación es obligatoria y advierten de que incumplirla podría acarrear sanciones y la pérdida de acceso a fondos europeos. Tras un año en vigor, el impuesto ha generado numerosos problemas para las administraciones, con miles de reclamaciones -solo en Madrid se han registrado 130.000- y varias resoluciones judiciales en contra, como en León o en la capital, donde se declaró nulo por completo. No obstante, estos fallos se basan en aspectos formales y no cuestionan directamente el fondo del tributo, por lo que no justifican su retirada en otros municipios. Hacienda se remite al marco normativo elaborado antes de la entrada en vigor de la tasa, en el que se advierte de que su eliminación podría derivar en sanciones de la Unión Europea por incumplir los objetivos en materia de gestión de residuos. En ese caso, las multas recaerían sobre las administraciones responsables, incluidas las entidades locales que no apliquen correctamente el sistema. Además, el incumplimiento de esta obligación podría impedir a los ayuntamientos acceder a fondos europeos, como los del programa Next Generation, al tratarse de un requisito vinculado a la financiación comunitaria. En Madrid y León, los tribunales han anulado el impuesto por defectos en su aplicación. En el caso de la capital, se consideró que los ciudadanos no tuvieron acceso suficiente a la información necesaria para entender y recurrir la tasa, especialmente en lo relativo a su cálculo, que combina una parte fija basada en el valor catastral y otra variable ligada a la generación de residuos. En León, la anulación se debió a la falta de justificación y proporcionalidad en los criterios utilizados para determinar la cuota. Ambos ayuntamientos han anunciado que estudian recurrir estas decisiones. Estas resoluciones han influido en la postura de Alcorcón. Su alcaldesa, Candelaria Testa, anunció a finales de marzo que había pedido a su equipo analizar la viabilidad de suspender el impuesto, con el objetivo de reducir la presión fiscal sobre vecinos y comercios, además de aportar mayor seguridad jurídica. El rechazo a esta tasa no es nuevo ni aislado. El año anterior, varios municipios mostraron su oposición, calificando el impuesto de injusto y excesivo, e incluso amenazaron con no aplicarlo. Algunos gobiernos locales responsabilizaron al Ejecutivo central y señalaron que la normativa europea no obligaba expresamente a implantar este tipo de tributo. Leganés, gobernado por el Partido Popular, encabezó este movimiento, mientras que Vox también lo utilizó como eje de su discurso político a nivel nacional, llegando a afirmar que había conseguido retrasar su aplicación. Sin embargo, desde los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, impulsores de la medida a través de la ley de 2022, se reiteró que no existe margen para aplazar ni suspender su entrada en vigor.

LEER MÁS

(El Economista, 10-04-2026) | Fiscal

Hacienda valida las salidas del sistema de facturación de grandes firmas de los empresarios que huyeron de Verifactu

La Agencia Tributaria ha explicado en una nota informativa que las renuncias extraordinarias de empresas al sistema de facturación de grandes compañías son completamente válidas. En diciembre, Hacienda abrió un plazo excepcional para que estos empresarios pudieran abandonar el Suministro Inmediato de Información (SII) hasta el 31 de enero, medida incluida en un Real Decreto-ley aprobado el 23 de diciembre que posteriormente fue rechazado por el Congreso. Más adelante, se estableció un nuevo plazo, hasta el 16 de febrero, a través de otro Real Decreto-ley del 3 de febrero, que también fue tumbado por la Cámara Baja. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE) había señalado que, al no prosperar estas normas, las salidas del SII realizadas hasta el 16 de febrero carecían de validez, lo que implicaría que las empresas seguían obligadas a permanecer en este sistema de gestión del IVA. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha aclarado ahora que dichas renuncias sí tienen validez. El SII es obligatorio para empresas con una facturación superior a seis millones de euros y exige llevar los libros de registro del IVA de forma electrónica a través de la sede de Hacienda, aunque también puede ser utilizado de manera voluntaria por otras compañías. En los últimos meses de 2025, muchas empresas optaron por incorporarse al SII para evitar tener que adquirir el nuevo software exigido por el sistema Verifactu, que obliga a generar y conservar registros de facturación. No obstante, la decisión del Gobierno de aplazar la entrada en vigor de Verifactu hasta 2027 dejó a estas compañías dentro del SII, ya que el periodo ordinario para abandonarlo finaliza en noviembre. Para facilitar su salida, el Ejecutivo incluyó en el decreto de diciembre -que también contemplaba la revalorización de las pensiones- un plazo extraordinario de renuncia hasta el 31 de enero. Esta norma fue rechazada en el Congreso debido, entre otros motivos, a la inclusión de la prórroga de medidas antidesahucios. Posteriormente, se aprobó un segundo decreto que confirmaba la validez de las renuncias realizadas hasta enero y ampliaba el plazo hasta el 16 de febrero, pero también fue rechazado por la Cámara Baja por motivos similares. Expertos fiscales advierten de que validar disposiciones que no han sido aprobadas por el Congreso puede generar problemas jurídicos y democráticos. No obstante, matizan que, en este caso, se trata de una cuestión reglamentaria -relativa al reglamento del IVA y no a la ley del impuesto-, por lo que las medidas pudieron tener efectos mientras estuvieron vigentes. Este escenario contrasta con el de los límites de facturación para tributar por módulos, ya que en ese caso sí se modificaba la ley del IRPF. Aun así, la Agencia Tributaria defendió en una nota anterior que esos cambios eran válidos al estar en vigor en el momento en que se devenga el impuesto. En definitiva, aunque no es la vía más adecuada, los expertos consideran que mantener la validez de las salidas del SII no vulnera el principio de legalidad tributaria.

LEER MÁS

(El Economista, 10-04-2026) | Fiscal

Los ciudadanos pagarán más de 1.000 euros de diferencia en el IRPF según su comunidad autónoma

Con el inicio de la campaña de la Renta, las diferencias en la carga fiscal entre ciudadanos se hacen más evidentes según la comunidad autónoma en la que residan. Para contribuyentes con ingresos bajos y medios, entre 20.000 y 45.000 euros anuales, la variación en el IRPF puede superar los 1.000 euros, situándose Cataluña como la región más cara y el País Vasco como la más favorable para estos niveles de renta. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas publicó recientemente un informe sobre la fiscalidad autonómica en 2026, en el que se ejemplifica esta desigualdad tomando como referencia a un contribuyente tipo: soltero, menor de 65 años, sin hijos y con ingresos únicamente procedentes del trabajo. Según el estudio, una persona que percibe 20.000 euros anuales -aunque no esté obligada a presentar la declaración- paga de media 1.772 euros en IRPF mediante retenciones, salvo en Navarra, donde abona unos 1.200 euros, y en el País Vasco, donde no paga este impuesto en ese nivel de renta. Si los ingresos ascienden a 30.000 euros, la diferencia entre territorios es de unos 463 euros: en Cataluña se pagarían 4.958 euros, frente a los 4.495 euros del País Vasco. Para quienes ganan 45.000 euros, la brecha aumenta hasta superar los 1.000 euros, con 9.689 euros en Cataluña frente a 8.626 en el País Vasco. En niveles de renta más altos, como 70.000 euros anuales, Extremadura es la comunidad con mayor carga fiscal (19.365 euros), mientras que el País Vasco vuelve a ser la más baja (17.446 euros), con una diferencia cercana a los 2.000 euros. En el caso de los salarios más elevados, entre 110.000 y 600.000 euros, Madrid se posiciona como la región con menor presión fiscal, mientras que la Comunidad Valenciana es la más gravosa. Por ejemplo, un contribuyente con ingresos de 600.000 euros pagaría unos 251.049 euros en Madrid, frente a 297.152 euros en la Comunidad Valenciana, lo que supone una diferencia de más de 46.000 euros. Estas diferencias se explican porque las comunidades autónomas gestionan el 50% del IRPF y pueden modificar aspectos como los tipos impositivos o los mínimos personales y familiares, es decir, la parte del salario que queda exenta por cubrir necesidades básicas. El tipo mínimo estatal es del 9,5%, aunque algunas comunidades lo reducen. Mientras cinco regiones lo mantienen, otras lo sitúan entre el 9% y el 8%, lo que reduce la carga fiscal total en las rentas más bajas. En este sentido, La Rioja y Extremadura presentan algunos de los tipos más reducidos, aunque Navarra destaca con un tipo mínimo conjunto del 13%. En el extremo contrario, el País Vasco aplica el tipo mínimo más alto para rentas bajas, con un 23%, seguido de varias comunidades que alcanzan el 19%. En cuanto al tipo máximo, que afecta a las rentas más altas, parte del 24,5% estatal y, sumado al autonómico, puede llegar hasta el 54% en la Comunidad Valenciana, frente al 45% en Madrid. Como novedad, Asturias y Cataluña han reducido recientemente sus tipos mínimos. Además, varias comunidades han incrementado los mínimos personales y familiares -la parte exenta del impuesto- por encima de los niveles estatales, entre ellas Andalucía, Galicia, Madrid o la Comunidad Valenciana, lo que también influye en el resultado final del impuesto.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF