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(Expansión, 03-07-2026) | Fiscal

Hacienda aflora 22.743 millones ocultos: rentas en el extranjero, facturas falsas o residencia fiscal

La Agencia Tributaria ha reforzado su ofensiva contra el fraude fiscal, logrando incrementar en un 20% la recaudación derivada de actuaciones de prevención y control. Durante el último ejercicio, Hacienda obtuvo 22.742 millones de euros vinculados a estas actuaciones -18.928 millones si se excluyen los pagos fraccionados-, consolidando la lucha contra el fraude como uno de los ejes centrales de su estrategia. De esa cifra, 11.101 millones proceden directamente de actuaciones de control sobre contribuyentes, 10.041 millones corresponden a devoluciones minoradas y otros 1.600 millones derivan de declaraciones presentadas fuera de plazo. El balance de control tributario publicado por la Agencia Tributaria refleja un endurecimiento de la vigilancia sobre multinacionales, grandes patrimonios y economía sumergida. Las investigaciones relacionadas con movimientos financieros sospechosos aumentaron un 27,7%, mientras que también se intensificó el seguimiento sobre propietarios de viviendas en alquiler y sobre deducciones aplicadas de forma incorrecta en impuestos como Sociedades, IVA o IRPF. En total, la Agencia Tributaria llevó a cabo 1,9 millones de actuaciones de comprobación, un 2,9% más que el año anterior. El crecimiento fue especialmente notable en las inspecciones dirigidas a la ocultación de actividad económica y al uso abusivo de estructuras societarias, que subieron un 21,6%, así como en el control sobre grandes empresas, multinacionales y grupos fiscales, donde el incremento alcanzó el 11,8%. Pese al volumen de regularizaciones realizadas -más de 22.000 millones de euros detectados-, la deuda pendiente de cobro con Hacienda todavía asciende a 46.607 millones de euros, aunque esta cifra supone una reducción del 7,2% respecto al ejercicio anterior. La mejora se explica principalmente por la caída del 21,3% en la deuda en periodo voluntario de pago. No obstante, de los cerca de 18.000 millones incluidos en esta categoría, Hacienda solo puede gestionar de forma efectiva alrededor del 12%, unos 2.225 millones, ya que el resto permanece bloqueado por recursos, concursos de acreedores, aplazamientos o compensaciones. En el ámbito de las actividades económicas, una de las áreas prioritarias de control, la recaudación derivada de inspecciones sobre el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y el IRPF alcanzó 1.515 millones de euros, un 6,4% más. Destacan especialmente las actuaciones dirigidas a detectar ventas ocultas, que crecieron un 25,2% y permitieron aflorar 439 millones de euros. El control sobre grandes patrimonios también se ha intensificado, especialmente en relación con rentas ocultas en el extranjero. Hacienda liquidó más de 68 millones de euros sobre 145 contribuyentes que figuraban formalmente como residentes en otros países, pero cuya residencia efectiva se encontraba en España. Además, continuó profundizando en el análisis de estructuras familiares y societarias complejas para detectar sociedades instrumentales utilizadas con fines de ocultación patrimonial. Otro foco relevante ha sido la detección de facturación falsa o irregular. La Agencia Tributaria reforzó la identificación tanto de emisores como de receptores de facturas fraudulentas, así como de redes organizadas de facturación ficticia. En 2025, estas actuaciones dieron lugar a 1.369 expedientes por un importe de 296 millones de euros, lo que representa un incremento del 35,7% respecto al ejercicio anterior. Dentro de la economía sumergida, Hacienda también ha endurecido el control sobre el uso de programas de doble uso, herramientas de facturación que permiten ocultar ingresos o manipular ventas. Esta vigilancia cobra especial relevancia ante la implantación de nuevas obligaciones derivadas de la Ley Antifraude, como el sistema Verifactu para la verificación de facturas en tiempo real. En este ámbito, se regularizaron 218 millones de euros, incluyendo sanciones, lo que supone un aumento del 56%. El mercado del alquiler continúa siendo otra de las prioridades de inspección. Los planes de asistencia y control dirigidos a propietarios que no declaran correctamente los ingresos por arrendamiento han permitido aflorar rentas por valor de 9.956 millones de euros en la última década, con una recaudación asociada de 1.220 millones. Hacienda ha intensificado progresivamente los avisos a posibles arrendadores incumplidores para mejorar el nivel de declaración voluntaria. La transformación digital del sistema financiero también ha llevado a ampliar el control sobre nuevos canales de inversión y pago. En el ámbito de las criptomonedas, la Agencia Tributaria recabó información de 34 entidades dedicadas a monedas virtuales, obteniendo datos de más de 43.000 titulares. En paralelo, el organismo amplió su vigilancia sobre los denominados neobancos, recabando información de 53 entidades sobre unas 40.000 cuentas bancarias con más de 28.000 titulares y autorizados identificados. Además, recopiló datos sobre 8.000 contratos de terminales de pago y alrededor de 900.000 tarjetas emitidas, reforzando así su capacidad para rastrear movimientos financieros y detectar posibles bolsas de fraude en el ecosistema digital.

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(El Economista, 03-07-2026) | Fiscal

Hacienda devuelve 6.400 millones a tres millones de mutualistas, con una media de 2.070 euros

La Agencia Tributaria ha cuantificado por primera vez el impacto fiscal de las devoluciones del IRPF a pensionistas que realizaron aportaciones a las antiguas mutualidades laborales. Según los datos publicados, 3,08 millones de mutualistas -o sus herederos- se beneficiaron durante 2024 de esta corrección tributaria, aplicada en la campaña de la Renta finalizada recientemente. El importe total de las deducciones aplicadas alcanzó los 6.400 millones de euros, lo que supone una rebaja media de aproximadamente 2.072 euros por beneficiario. En la mayoría de los casos, esta reducción del impuesto se tradujo en devoluciones directas por parte de Hacienda. Por niveles de renta, el grupo más numeroso de beneficiarios corresponde a pensionistas con ingresos anuales de entre 30.000 y 60.000 euros, con 981.507 personas acogidas a esta deducción. A continuación se sitúan quienes perciben entre 21.000 y 30.000 euros al año, con 701.480 beneficiarios. También se beneficiaron 475.963 pensionistas con rentas comprendidas entre 12.000 y 21.000 euros anuales, mientras que alrededor de 808.000 personas tenían ingresos inferiores a 12.000 euros al año. En los tramos de renta más elevados, 101.517 pensionistas con ingresos superiores a 60.000 euros pudieron aplicar esta ventaja fiscal. Entre ellos, incluso 1.504 beneficiarios declararon rentas superiores a 600.000 euros anuales. El origen de estas devoluciones se encuentra en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo. En una sentencia dictada en febrero de 2023, el Alto Tribunal reconoció el derecho de quienes realizaron aportaciones a mutualidades laborales entre 1967 y 1978 a reducir en el IRPF el 25% de la parte de su pensión generada con esas cotizaciones. Posteriormente, en abril de 2024, el Supremo amplió este criterio y estableció que las aportaciones realizadas antes de 1967 podían beneficiarse de una exención aún mayor, permitiendo deducir hasta el 100% de la pensión correspondiente a ese periodo. Estas resoluciones judiciales abrieron la puerta a devoluciones masivas por parte de Hacienda, al reconocer que parte de esas aportaciones históricas ya tributaron en su momento y no debían volver a someterse plenamente al impuesto sobre la renta. Según la Agencia Tributaria, el grueso del proceso de regularización y devolución ya está prácticamente concluido. Solo permanecen pendientes aquellos expedientes vinculados a procedimientos judiciales aún sin resolver o casos en los que persisten dificultades para verificar la documentación y los datos históricos necesarios para calcular correctamente las devoluciones.

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(Expansión, 03-07-2026) | Laboral

Los gigantes empresariales recortan 430.000 empleos en lo que va de año

Empresas como Volkswagen, UPS, Oracle, Nissan, Amazon, Nestlé, Estée Lauder, BAT o Meta están llevando a cabo importantes reducciones de plantilla como respuesta a un entorno marcado por la incertidumbre económica, el debilitamiento del consumo y la aceleración de los cambios tecnológicos. Entre los casos más destacados figura Volkswagen, que prepara un ajuste sin precedentes de 100.000 empleos, equivalente al 15% de su fuerza laboral, duplicando la previsión inicial de 50.000 despidos en Alemania. La caída de las ventas en Europa y la creciente presión de los fabricantes chinos explican esta decisión. Desde comienzos de año, cerca de un centenar de multinacionales han comunicado planes para eliminar al menos 430.000 puestos de trabajo. A la volatilidad económica global se suman las tensiones geopolíticas derivadas de conflictos como los de Oriente Próximo y Ucrania, así como el encarecimiento de materias primas, la inflación y las fricciones comerciales, factores que están debilitando el consumo. En este contexto, la inteligencia artificial ha emergido como un elemento adicional de transformación. La automatización de procesos, especialmente en áreas como el análisis de datos, la programación o la atención al cliente, está impulsando profundas reestructuraciones, sobre todo en el sector tecnológico. Esta industria concentra 164.000 de los 430.000 despidos anunciados a escala mundial. Oracle anunció en marzo la salida de 30.000 trabajadores dentro de una reorganización orientada a reforzar su posición en el desarrollo de IA. Por su parte, Amazon comunicó en enero la supresión de otros 16.000 empleos, que se añaden a los 14.000 recortes de 2025, con el objetivo de reducir burocracia y concentrar recursos en áreas estratégicas. Dell ya ha eliminado 11.000 puestos, alrededor del 10% de su plantilla, en el marco de un plan de ajuste centrado en contener costes y reforzar su negocio de servidores vinculados a la IA. A su vez, Meta inició en mayo una reducción global de 8.000 empleos, además de reubicar a otros 7.000 trabajadores para simplificar su estructura y reforzar su inversión en inteligencia artificial. También Alphabet (Google) prepara una nueva ronda de despidos en áreas como ciberseguridad, inteligencia de amenazas y servicios en la nube. Aunque no ha detallado cifras, analistas estiman que podrían verse afectados entre 1.500 y 3.000 empleados. Desde 2023, la compañía ya ha reducido unos 15.000 puestos. Según la plataforma TrueUp, las tecnológicas acumulan 163.930 despidos en 2026, lo que supone una media de 901 empleos eliminados al día, frente a los 674 diarios registrados en 2025. El deterioro del entorno macroeconómico y geopolítico está presionando los resultados empresariales y obligando a las compañías a aplicar planes de reducción de costes para recuperar rentabilidad. Aunque los ajustes afectan a numerosos sectores, destacan especialmente automoción, consumo, logística y finanzas. La industria automovilística suma cerca de 128.000 empleos destruidos en el primer semestre. Además de Volkswagen, otros fabricantes también están recortando plantilla. Renault prevé 2.400 despidos y estudia reducir entre un 15% y un 20% su plantilla de ingenieros en dos años. General Motors ha anunciado unos 1.900 recortes, mientras que Nissan planea prescindir de 20.000 empleados hasta 2027. Stellantis afronta una reestructuración relevante para adaptar su estrategia de electrificación al descenso de ventas. En abril anunció la reducción del 40% de la plantilla de ingeniería de Opel en Alemania, unos 650 puestos, para orientar parte de su actividad hacia la IA y el desarrollo de baterías. Incluso Aston Martin confirmó un recorte del 20% de su personal tras el fuerte incremento de sus pérdidas. La crisis también afecta a los fabricantes de componentes, que han destruido 104.000 empleos en Europa en los dos últimos años, en medio de una transición tecnológica más compleja de lo esperado. En mayo, Michelin lanzó un plan de bajas voluntarias que podría afectar a 1.500 trabajadores en Francia. En el sector del consumo, los despidos superan los 40.000 desde enero. Nestlé suprimirá alrededor de 16.000 puestos, cerca del 6% de su plantilla, por la caída de ventas y su apuesta por automatización e IA. Estée Lauder endureció su ajuste y elevará los despidos a entre 9.000 y 10.000 empleados. Otras compañías afectadas por la debilidad del consumo incluyen a Heineken, Zalando, Nike, Target, Claire's y Asda. Por su parte, BAT prevé eliminar 9.000 empleos dentro de su estrategia de reducción de costes y transición hacia productos sin humo. Disney también contempla 1.000 despidos, mientras que la cadena hotelera y de restauración Whitbread prevé recortar 3.800 empleos. El transporte y la logística también atraviesan un proceso de ajuste. UPS reducirá hasta 30.000 puestos y cerrará 24 instalaciones, tras renegociar su relación con Amazon. Asimismo, DB Cargo eliminará 5.000 empleos, mientras que Kuehne+Nagel recortará 2.000 y Maersk, unos 1.000. El sector financiero tampoco escapa a esta tendencia y acumula cerca de 20.000 salidas. Entre los ajustes más relevantes figuran los 8.000 puestos de Standard Chartered, además de los recortes anunciados por Commerzbank, Morgan Stanley y Citi. También las aseguradoras Helvetia, Ageas y ERGO han puesto en marcha planes de reducción de plantilla.

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(Expansión, 03-07-2026) | Laboral

Más de 1,17 millones de extranjeros se acogen a la regularización, el doble de lo previsto por el Gobierno

El proceso extraordinario de regularización de extranjeros en España ha superado ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno. Según el primer balance oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre el 16 de abril y el 30 de junio se registraron 1.174.978 solicitudes, una cifra que más que duplica la estimación inicial de unas 500.000 personas potencialmente beneficiarias. De todas las solicitudes recibidas, el 52% ya ha sido admitido a trámite, lo que supone que alrededor de 608.000 personas cuentan ya con una autorización provisional de residencia y trabajo en España. Este permiso preliminar les permite incorporarse al mercado laboral mientras continúa la tramitación administrativa de sus expedientes. Por comunidades autónomas, Cataluña lidera el número de solicitudes con más de 253.000 expedientes, seguida de Comunidad de Madrid con 202.000, Comunidad Valenciana con 167.000 y Andalucía con 161.000. En cuanto al origen de los solicitantes, el 67% procede de América Central y América del Sur. Colombia concentra el mayor volumen, con el 26% del total de solicitudes. Le siguen Marruecos con un 13,4%, Venezuela con un 11,7% y Perú con un 8,8%. También destacan Honduras, Paraguay y Argelia entre las nacionalidades con mayor representación. La ministra Elma Saiz ha valorado positivamente estos primeros resultados, calificando el proceso como un éxito y como un hito relevante dentro de la política migratoria española. Para acogerse a esta regularización, los solicitantes debían acreditar tres requisitos principales: haber entrado y permanecido de forma continuada en España antes del 1 de enero de 2026, carecer de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen y, en el caso de quienes hubieran solicitado asilo, renunciar al procedimiento de protección internacional una vez concedida la autorización de residencia. El impacto del proceso ya se refleja en el mercado laboral. Actualmente, 159.097 personas con autorización provisional figuran dadas de alta en la Seguridad Social. El sector con mayor absorción de trabajadores regularizados es la hostelería, con 38.776 afiliados, equivalente al 24,4% del total. Le siguen el comercio, las actividades administrativas y auxiliares, y la construcción. Otros sectores con una presencia significativa de estos trabajadores son la agricultura, el transporte y la industria manufacturera. También aparecen, aunque con menor peso, los servicios sanitarios, los servicios sociales y el empleo doméstico, lo que muestra una integración laboral especialmente intensa en actividades con alta demanda de mano de obra. Sin embargo, el cierre del proceso ha coincidido con un frente judicial abierto en el Tribunal Supremo, que ha planteado dudas sobre la compatibilidad de esta regularización con el derecho de la Unión Europea. El Gobierno deberá presentar alegaciones tras los recursos interpuestos por los gobiernos autonómicos de Aragón y Comunidad Valenciana. Uno de los principales puntos de controversia afecta a la concesión de residencia temporal por arraigo a personas que solicitaron asilo antes del 1 de enero de 2026, incluso cuando su petición fue denegada o existían procedimientos de devolución en marcha. El Supremo cuestiona si esta medida entra en conflicto con la normativa europea de protección internacional, que diferencia entre el derecho de permanencia provisional durante la tramitación del asilo y la concesión formal de un permiso de residencia. La segunda objeción se centra en la regularización de inmigrantes en situación irregular presentes en España antes de la fecha límite, lo que conlleva el archivo automático de expedientes de expulsión. El Alto Tribunal analiza si esta disposición puede chocar con la Directiva de Retorno de la Unión Europea de 2008, al considerar que podría suponer una suspensión generalizada de órdenes de retorno sin la evaluación individual que exige la legislación comunitaria. En consecuencia, aunque el proceso de regularización ha tenido una acogida masiva y ya está generando efectos visibles en el empleo y la afiliación, su consolidación definitiva dependerá también del examen jurídico que realicen los tribunales y de su encaje dentro del marco normativo europeo.

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(El País, 03-07-2026) | Laboral

España gana 128.500 empleos en junio y eleva el récord de afiliación hasta los 22,47 millones

España ha alcanzado un nuevo máximo histórico de empleo al registrar 22,47 millones de afiliados a la Seguridad Social durante el mes de junio. Se trata del nivel más elevado de toda la serie estadística, impulsado por una creación de empleo especialmente intensa: entre mayo y junio se sumaron 128.500 nuevos puestos de trabajo, una cifra muy superior a la del mismo periodo del año pasado. Excluyendo el impacto excepcional de la pandemia, es el mayor aumento registrado en un mes de junio en las últimas dos décadas. Junio suele ser tradicionalmente el mejor mes para el mercado laboral español, ya que el sector turístico refuerza plantillas de cara a la campaña de verano y buena parte de las actividades económicas mantienen elevados niveles de contratación. En esta ocasión, el máximo diario de afiliación se alcanzó el 18 de junio, cuando se superaron los 22,57 millones de cotizantes, mientras que la media mensual quedó en 22,47 millones. El crecimiento del empleo ha sido notablemente superior al observado en ejercicios recientes. La creación de 128.500 puestos supera ampliamente la de 2025, 2024 y 2023, consolidando una aceleración del mercado laboral que ya se venía observando en meses anteriores. En términos interanuales, el empleo aumentó en 605.200 afiliados respecto a junio del año pasado, también por encima del ritmo de crecimiento registrado en ejercicios previos. Uno de los factores más destacados del mes ha sido el peso del empleo extranjero. Los trabajadores de otras nacionalidades aportaron 86.600 nuevos empleos, lo que representa alrededor del 67% de toda la creación neta de empleo en junio. Esta contribución multiplica por más de tres la registrada hace un año y eleva el número total de afiliados extranjeros hasta los 3,44 millones, equivalentes al 15,3% del total de trabajadores afiliados. El empleo extranjero mantiene además un fuerte crecimiento interanual, con un avance del 11,3%, lo que supone 350.200 afiliaciones más en comparación con el año anterior. Este protagonismo se ha intensificado en paralelo al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno. Por primera vez, la Seguridad Social ha cuantificado el impacto de dicha regularización en el empleo: a 30 de junio, 159.100 trabajadores extranjeros regularizados ya se habían incorporado al mercado laboral. Los sectores que más mano de obra regularizada han absorbido son la hostelería, el comercio, las actividades administrativas y la construcción. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, considera aún prematuro extraer conclusiones definitivas sobre el efecto del proceso en el desempleo, aunque sostiene que su impacto en el paro registrado es muy reducido y que la mayoría de las personas regularizadas están incorporándose directamente al empleo. Por sectores, los mayores incrementos de afiliación en junio se produjeron en comercio y hostelería, impulsados por el inicio de la temporada estival. En sentido contrario, la educación volvió a sufrir el efecto estacional del cierre del curso escolar y perdió 59.500 empleos. También descendió el empleo agrario, con una caída de 26.800 afiliados en el sistema especial agrario. En el análisis territorial, la evolución mensual muestra fuertes contrastes. Huelva registró el mayor retroceso, afectada por el final de campañas agrícolas, mientras que Illes Balears lideró el crecimiento gracias al fuerte impulso turístico. Si se amplía la perspectiva a los últimos doce meses, los sectores con mejor comportamiento han sido sanidad y construcción. El aumento del empleo sanitario refleja el envejecimiento de la población y la creciente demanda asistencial, mientras que el auge en construcción está vinculado a las tensiones existentes en el mercado de la vivienda. La Seguridad Social también destaca nuevos máximos históricos de empleo tanto femenino como masculino. El número de mujeres afiliadas alcanzó los 10,62 millones, mientras que los hombres afiliados sumaron 11,84 millones. Asimismo, los trabajadores autónomos continúan en niveles récord, acercándose a los 3,5 millones. El contrapunto lo ofrece el paro registrado. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el desempleo cayó en junio en 28.700 personas, una reducción sensiblemente inferior a la de los últimos años. Sin contar el efecto distorsionador de 2020, hay que remontarse a 2008 para encontrar un dato de junio menos favorable. En términos interanuales, el paro registrado se redujo en 114.000 personas, por debajo de las caídas observadas en ejercicios anteriores. Aun así, el total de desempleados baja hasta los 2,29 millones, el nivel más bajo desde febrero de 2008. Pese a la mejora acumulada en el empleo, España continúa presentando una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea. La tasa de paro se sitúa en el 10,3%, solo superada por Finlandia, y claramente por encima de la media comunitaria, situada en torno al 6%. Entre los datos positivos del paro, destaca la evolución del desempleo femenino, que bajó en más de 15.800 personas y se situó en 1,39 millones, por debajo de la barrera de 1,4 millones por primera vez desde 2008. También el paro juvenil continúa mejorando: entre los menores de 25 años descendió en más de 5.000 personas, situándose en 159.800 jóvenes, el nivel más bajo de toda la serie histórica.

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(El Confidencial, 03-07-2026) | Laboral

Trabajo espera aprobar el nuevo registro horario en algún Consejo de Ministros previo a las vacaciones

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado que el Ministerio continúa ultimando los aspectos técnicos de la reforma del registro horario y confía en que pueda ser aprobada en alguno de los Consejos de Ministros previos al parón estival. Durante la rueda de prensa de valoración de los datos de paro de junio, explicó que el texto se está ajustando tras las observaciones recibidas para garantizar su solidez jurídica. Pérez Rey subrayó que, después del informe emitido por el Consejo de Estado, el departamento trabaja en perfeccionar la norma con el objetivo de dotarla de la máxima seguridad legal posible. Aun así, insistió en que el compromiso del Gobierno con esta reforma sigue siendo firme. La reforma del registro horario busca reforzar el control de la jornada laboral, dificultar manipulaciones en el cómputo de horas trabajadas y permitir a la Inspección de Trabajo realizar verificaciones remotas. Inicialmente, esta medida formaba parte del paquete normativo vinculado a la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales impulsada por el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz. Sin embargo, el proyecto encontró obstáculos tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado emitido a finales de marzo. Aunque sus informes no suelen ser vinculantes, este órgano consultivo expresó importantes objeciones a la propuesta. Entre las principales críticas, el Consejo de Estado cuestionó la falta de adaptación sectorial del nuevo sistema de control horario y advirtió del incremento de cargas administrativas que podría generar, especialmente para pequeñas y medianas empresas. También mostró reservas sobre la decisión de tramitar la reforma mediante real decreto en lugar de hacerlo a través de una norma con rango de ley. Además, el dictamen recogió reparos planteados por el Ministerio de Economía y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que habían mostrado discrepancias respecto a algunos elementos del proyecto. En paralelo, Pérez Rey fue preguntado por otra reforma impulsada por Trabajo: la modificación de las reglas de absorción y compensación del salario mínimo interprofesional. Sobre este asunto, indicó que el proceso normativo sigue su curso. El secretario de Estado recordó que la tramitación legislativa dentro del Gobierno suele ser compleja y prolongada, ya que requiere informes de distintos ministerios y organismos consultivos, entre ellos el Consejo Económico y Social y el propio Consejo de Estado. Pese a estos plazos, reafirmó que el Ministerio mantiene su compromiso tanto con la reforma del registro horario como con la actualización de las reglas vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional, asegurando que ambos cambios continúan avanzando dentro de los cauces administrativos necesarios para su aprobación lo antes posible.

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(El Economista, 03-07-2026) | Laboral

Alivio para las empresas en transparencia salarial: los candidatos seguirán yendo "a ciegas" a la entrevista

La futura normativa española sobre transparencia salarial, diseñada para adaptar la Directiva europea 2023/970, no introducirá por ahora cambios relevantes en los procesos de selección laboral. El borrador presentado por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales no contempla la obligación de informar sobre la retribución de un puesto antes de la entrevista, ni exige que el salario figure en las ofertas de empleo. Esto implica que los candidatos continuarán participando en muchos procesos de selección sin conocer de antemano el rango salarial ofrecido. En un mercado laboral donde solo una pequeña parte de las vacantes publicadas incluye referencias al sueldo, esta ausencia mantiene un importante desequilibrio informativo en favor de las empresas durante la negociación contractual. Además, el texto tampoco prohíbe que los reclutadores pregunten a los aspirantes cuánto cobraban en su empleo anterior, una práctica que puede condicionar la negociación salarial futura y perpetuar diferencias retributivas previas. La decisión contrasta con el espíritu de la directiva europea, aprobada en 2023 con el objetivo de reforzar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y reducir la brecha salarial de género. Dentro del marco comunitario, facilitar información salarial desde fases tempranas del proceso de contratación se consideraba una herramienta clave para reducir desigualdades estructurales. Sin embargo, en España el foco parece haberse desplazado hacia el refuerzo de derechos de los trabajadores ya incorporados en plantilla más que hacia la transparencia previa a la contratación. En este sentido, la nueva regulación consolida y amplía obligaciones que en buena parte ya existían desde 2020. Entre ellas figura el derecho de los empleados a acceder a información comparativa sobre salarios dentro de la empresa, así como la obligación empresarial de aplicar criterios objetivos, neutros y transparentes tanto en la fijación de retribuciones como en promociones y ascensos. Uno de los cambios más significativos afecta al denominado secreto salarial. El borrador anula las cláusulas contractuales que impidan a un trabajador comunicar o comentar su salario con otros compañeros. Esta medida refuerza la capacidad de detectar posibles discriminaciones internas, aunque no altera sustancialmente el desequilibrio de poder en la negociación previa a la contratación. Al mismo tiempo, la protección de datos salariales de terceros se endurece. Los trabajadores podrán conocer salarios medios o referencias retributivas dentro de la organización, pero esa información deberá facilitarse de manera que no permita identificar individualmente a otros empleados. El propio Gobierno reconoce que el texto actual constituye solo una transposición parcial de la directiva europea. Parte de los elementos más ambiciosos requerirán reformas legales adicionales que, previsiblemente, deberán negociarse en una norma posterior. La incertidumbre política, no obstante, plantea dudas sobre si esas reformas llegarán a materializarse en el corto plazo. Entre las ausencias más destacadas figura el régimen sancionador previsto por la directiva comunitaria para los casos en los que exista una brecha salarial injustificada superior al 5%. El borrador español ni siquiera menciona este umbral, ni incorpora mecanismos automáticos de auditoría salarial obligatoria cuando se supere ese límite. Esta omisión resulta especialmente relevante porque la normativa española vigente contempla márgenes mucho más amplios antes de activar obligaciones correctoras. De haberse incorporado el estándar europeo del 5%, numerosas empresas habrían tenido que revisar de forma profunda sus políticas retributivas, incluyendo complementos salariales, pluses y sistemas de incentivos. Tampoco se abordan otros aspectos jurídicos de calado, como la reducción de los plazos de prescripción para reclamaciones por discriminación salarial o la exención de costas judiciales para trabajadores que litiguen con fundamentos razonables aunque finalmente pierdan el procedimiento. En conjunto, la propuesta del Gobierno mejora ciertos mecanismos de transparencia interna, pero deja sin abordar algunos de los instrumentos más transformadores previstos por la normativa europea. Como consecuencia, la capacidad real de la nueva regulación para alterar el equilibrio negociador entre empresas y trabajadores, especialmente durante la contratación, parece por ahora limitada.

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(El Economista, 03-07-2026) | Laboral

Eliminar el déficit de pensiones obliga a incorporar 685.800 trabajadores más al año

Pese a que España atraviesa un periodo récord en términos de empleo y afiliación a la Seguridad Social, el sistema público de pensiones continúa mostrando un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos. El aumento del número de cotizantes no ha sido suficiente para compensar el fuerte crecimiento del gasto en prestaciones contributivas, especialmente en un contexto de envejecimiento demográfico y jubilación progresiva de la generación del baby boom. Según un informe elaborado por Foment del Treball, la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales y Opina 360, el sistema necesitaría incorporar 685.786 trabajadores adicionales para equilibrar sus cuentas. Esta cifra refleja la magnitud del desafío al que se enfrenta el modelo de pensiones español. En 2025, la Seguridad Social recaudó 176.918 millones de euros en cotizaciones sociales procedentes de trabajadores y empresas. Sin embargo, el gasto destinado al pago de pensiones contributivas alcanzó los 182.526 millones, lo que generó un déficit de 5.608 millones de euros. La mayor parte de este gasto corresponde a las pensiones de jubilación, que absorben más del 75% del presupuesto total. En concreto, estas prestaciones supusieron un desembolso de 138.817 millones de euros durante 2025. A continuación se sitúan las pensiones de viudedad, con 26.110 millones, y las prestaciones por incapacidad permanente, que representaron 15.206 millones. Para cerrar el déficit únicamente mediante nuevas cotizaciones, cada uno de esos casi 686.000 nuevos trabajadores tendría que aportar de media unos 8.177 euros anuales al sistema. Esta cifra contrasta con el gasto medio por pensionista, que ronda los 19.483 euros al año, más del doble de la aportación media individual de un cotizante. El desequilibrio no es un fenómeno reciente. Hasta comienzos de la pasada década, la Seguridad Social todavía registraba superávits, como los 9.789 millones de 2010 o los 5.778 millones de 2011. Sin embargo, la situación cambió en 2012, cuando la crisis económica provocó una caída del empleo y, con ella, de los ingresos por cotizaciones. Ese año se registró por primera vez un déficit de 2.445 millones. Desde entonces, el sistema acumula catorce ejercicios consecutivos en números rojos. El punto más crítico llegó en 2020, durante la pandemia de la COVID-19 pandemic, cuando el déficit alcanzó los 11.970 millones de euros, el mayor de la última década. En los últimos años, tanto los ingresos como el gasto han crecido con intensidad. Entre 2020 y 2025, la recaudación por cotizaciones aumentó un 47,5%, mientras que el gasto en pensiones lo hizo un 38,35%. Aunque los ingresos han crecido a mayor ritmo porcentual, el incremento del gasto continúa presionando las cuentas debido a la revalorización anual de las pensiones y a la entrada de nuevos jubilados con bases reguladoras más elevadas. El empleo, por su parte, ha mantenido una evolución muy positiva. España superó los 20,3 millones de afiliados en 2022, alcanzó 20,8 millones en 2023, rebasó los 21,3 millones en 2024 y cerró 2025 con 21,8 millones de cotizantes. Durante el primer semestre de 2026, el país añadió más de 621.000 nuevos afiliados, superando por primera vez los 22,4 millones. Aun así, los expertos advierten de que este crecimiento sigue sin bastar. Para cubrir completamente el déficit actual, el número de afiliados debería haber aumentado alrededor de un 3,45% en un solo año, una tasa superior a la observada recientemente. Este desequilibrio fue precisamente uno de los motivos que impulsaron las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2021 y 2023 bajo el mandato de José Luis Escrivá. Estas reformas buscaron reforzar los ingresos mediante medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y el aumento progresivo de las bases máximas de cotización. Sin embargo, estas reformas también han incrementado las obligaciones de gasto, al vincular la actualización anual de las pensiones al IPC y reforzar determinadas prestaciones sociales. Como consecuencia, el Estado sigue necesitando transferir cada año miles de millones de euros desde los Presupuestos Generales para sostener financieramente el sistema. Además de estas transferencias, el Gobierno continúa concediendo préstamos a la Seguridad Social para cubrir parte de sus obligaciones, una práctica que recientemente ha sido cuestionada por el Tribunal de Cuentas, al considerar que puede distorsionar la imagen real de sostenibilidad financiera del sistema. En conjunto, el reto de las pensiones sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales de la economía española a medio y largo plazo.

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(Cinco Días, 03-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex conquista nuevos máximos: 19.600 puntos

Los inversores están reorganizando sus carteras de cara a la segunda mitad del año. A las puertas del verano, una etapa habitualmente marcada por menor volumen de negociación y mayor volatilidad, los mercados reciben con optimismo la caída de los precios del petróleo. A la espera de los datos de empleo en Estados Unidos y de las señales de los bancos centrales desde el foro de Sintra, las Bolsas europeas mantienen una tendencia positiva. En este contexto, el IBEX 35 encabeza las subidas y se aproxima a nuevos máximos de cierre tras avanzar alrededor de un 1% y superar los 19.600 puntos. El comienzo del tercer trimestre viene acompañado de movimientos de rotación en la renta variable estadounidense. La mejora de algunos indicadores macroeconómicos, la menor tensión geopolítica y el alivio en los precios energéticos han contribuido a reforzar el apetito por el riesgo. La Bolsa española sigue la senda alcista del resto de mercados europeos, aunque con mayor intensidad. El DAX y el CAC 40 registran avances moderados, mientras el Euro Stoxx 50 también se mantiene en terreno positivo. Uno de los principales factores de apoyo para los mercados es la moderación del precio del crudo. El barril de Brent retrocede y vuelve a acercarse a la zona de los 70 dólares, niveles previos al reciente conflicto en Oriente Próximo. Este descenso se produce en paralelo al avance de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y a la progresiva normalización del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético global. El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado optimista respecto al desarrollo de las negociaciones con Teherán y considera que se están produciendo avances en cuestiones sensibles, especialmente en materia de desnuclearización. Aun así, persisten riesgos importantes. La tregua reciente mostró su fragilidad tras el ataque iraní a un buque comercial, episodio que volvió a poner de relieve la importancia estratégica del estrecho de Ormuz y la capacidad de Irán para tensionar el suministro energético. Pese a estos episodios, la continuidad del flujo marítimo ha contribuido a aliviar la presión sobre la oferta de petróleo y a reducir temores inflacionistas. Esta caída del crudo supone además un factor favorable para los bancos centrales, ya que facilita el proceso de desinflación. Desde la Reserva Federal se ha reconocido que las expectativas de inflación han mejorado en las últimas semanas, aunque la evolución del mercado laboral seguirá siendo decisiva para determinar los próximos movimientos en política monetaria. Los inversores centran ahora su atención en los datos de empleo estadounidenses, que podrían redefinir las expectativas sobre los tipos de interés. Una creación de empleo especialmente sólida podría reforzar la idea de que la Fed mantendrá durante más tiempo una política monetaria restrictiva, sobre todo si la moderación de la inflación pierde fuerza. Con el riesgo geopolítico parcialmente contenido y una mayor calma en el frente monetario, resurgen las dudas sobre las valoraciones del sector tecnológico, en especial en torno a la inteligencia artificial. Durante los momentos de mayor incertidumbre internacional, las grandes tecnológicas actuaron como refugio para el capital. Ahora, con un entorno macroeconómico más estable, vuelve el debate sobre si el entusiasmo por la IA ya está plenamente incorporado en los precios de mercado. A medida que aumentan las dudas sobre la capacidad del sector para rentabilizar las enormes inversiones asociadas a la inteligencia artificial, muchos gestores están reduciendo exposición a compañías de semiconductores y buscando oportunidades en sectores más ligados al ciclo económico. La rotación ya no responde solo a identificar a los líderes tecnológicos, sino también a localizar empresas favorecidas por un entorno de crecimiento más sólido y tipos menos restrictivos. Este reajuste está generando movimientos intensos en distintos mercados. Un ejemplo destacado es el KOSPI, que ha sufrido una fuerte corrección debido al castigo sobre los fabricantes de chips. Al mismo tiempo, los futuros estadounidenses anticipan una apertura mixta, con mayor debilidad en el sector tecnológico y mejor comportamiento de sectores industriales y tradicionales. El creciente nerviosismo alrededor de los fabricantes de semiconductores ha reavivado el debate sobre una posible burbuja en el segmento vinculado a la IA. Analistas de JPMorgan advierten sobre la fuerte divergencia entre la evolución bursátil de las empresas de chips y la de los grandes grupos tecnológicos que financian el desarrollo de la inteligencia artificial. Según la entidad, mantener esa brecha durante mucho tiempo podría generar correcciones técnicas relevantes. Tras dos años en los que la inteligencia artificial ha sido uno de los principales motores de las ganancias bursátiles, la gran incógnita para el mercado ya no es únicamente quién liderará la revolución tecnológica, sino si los beneficios futuros serán suficientes para justificar unas valoraciones que han crecido a un ritmo claramente superior al de los resultados empresariales.

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(Expansión, 03-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas se compromete con la banca a luchar contra la injerencia política en fusiones

La Comisión Europea ha enviado una señal de respaldo al sector bancario en un momento clave para las operaciones corporativas dentro de la Unión Europea. Según el borrador del informe de competitividad que presentará el 17 de julio, Bruselas advierte que utilizará todos los instrumentos a su alcance para actuar frente a posibles vulneraciones del derecho comunitario, especialmente en el ámbito de fusiones y adquisiciones. Este posicionamiento llega en un contexto marcado por varios conflictos entre grandes entidades financieras y gobiernos nacionales. Actualmente, la Comisión mantiene abiertos expedientes contra España e Italia por las trabas impuestas a la opa de BBVA sobre Banco Sabadell y a la compra de Banco BPM por parte de UniCredit. Además, el caso más delicado es el intento de UniCredit, dirigido por Andrea Orcel, de hacerse con Commerzbank, una operación que ha generado una fuerte resistencia política en Alemania. Bruselas considera que, aunque existen barreras regulatorias, muchas entidades también han sido conservadoras a la hora de aprovechar mecanismos ya disponibles para expandirse más allá de sus fronteras, ya sea mediante sucursales o prestación de servicios transfronterizos. No obstante, subraya que la presión política y supervisora ha limitado en muchos casos la capacidad de los bancos para tomar decisiones estratégicas con plena autonomía. La Comisión está revisando sus criterios de control de concentraciones para adaptarlos a una economía cada vez más digital, globalizada y geopolíticamente compleja. En este proceso reconoce que la intervención política puede distorsionar el mercado e impedir que los bancos crezcan hasta alcanzar una escala competitiva suficiente. Uno de los principales problemas detectados es que muchas entidades europeas no han logrado el tamaño necesario para competir con los grandes bancos estadounidenses, especialmente en áreas de alta rentabilidad como la banca corporativa y de inversión. Aunque tras años de consolidación los bancos europeos son relevantes dentro de sus mercados nacionales, siguen siendo pequeños si se comparan con el conjunto de la economía de la Unión Europea o con la dimensión de la Unión Bancaria. La fragmentación del mercado financiero europeo sigue siendo elevada. Según los datos manejados por Bruselas, solo un 16% de los préstamos dentro de la UE presenta un componente verdaderamente transfronterizo. Esta falta de integración, según la Comisión, encarece la financiación para hogares y empresas, que terminan pagando más por el crédito de lo que pagarían en un mercado plenamente integrado. La institución comunitaria también quiere endurecer su respuesta frente a las injerencias políticas de los Estados miembros cuando estas excedan sus competencias. Sin embargo, reconoce que sus herramientas actuales tienen un problema importante: la lentitud. Los procedimientos de infracción suelen prolongarse durante años, lo que reduce su eficacia, ya que cuando se alcanza una resolución, las operaciones empresariales afectadas suelen haber fracasado o perdido viabilidad. Para corregir esta debilidad, la Comisión presentó a finales de abril una propuesta de reforma de estos procedimientos. El plan contempla sanciones económicas más contundentes y, sobre todo, una reducción sustancial de los plazos entre la detección de una infracción y la imposición de multas respaldadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre las novedades destaca el uso de herramientas de inteligencia artificial para analizar de forma más rápida si la legislación nacional se ajusta al marco normativo europeo. Además, Bruselas limitará las prórrogas que hasta ahora podían solicitar los Estados durante la tramitación de los expedientes, restringiendo su concesión y evaluando el historial previo de cada país. La Comisión también adoptará una actitud más proactiva en la vigilancia del cumplimiento de las normas sobre libre circulación de trabajadores, bienes, servicios y capitales. Si detecta obstáculos injustificados en estos ámbitos -incluidas interferencias políticas en operaciones de fusión bancaria-, podrá activar procedimientos acelerados para intervenir con mayor rapidez.

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