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(El País, 26-10-2026) | Fiscal

El nuevo impuesto complementario a las multinacionales solo recauda 46 millones en su primer ejercicio

Los cambios introducidos en los últimos años en la fiscalidad de las grandes empresas han tenido un alcance mucho menor del que se esperaba inicialmente. El entusiasmo generado en 2021, cuando cerca de 140 países pactaron fijar un tipo mínimo del 15% para las mayores multinacionales, fue perdiendo fuerza a medida que el acuerdo político debía convertirse en legislación y surgían obstáculos para su aplicación. España es un ejemplo de estas dificultades. El impuesto complementario creado para garantizar que las grandes corporaciones tributen al menos un 15% de sus beneficios apenas había recaudado 46 millones de euros hasta agosto de 2026, pese a que las previsiones iniciales apuntaban a unos ingresos de miles de millones, calculados a partir de las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) antes de que se redujera la ambición del proyecto internacional. La iniciativa surgió para actualizar unas normas fiscales internacionales consideradas obsoletas y frenar la competencia entre países por ofrecer condiciones tributarias cada vez más favorables. El objetivo era dificultar que las grandes corporaciones trasladaran sus beneficios a territorios con una fiscalidad reducida o inexistente para disminuir los impuestos que pagan. Sin embargo, las negociaciones desarrolladas en el seno de la OCDE acabaron estancándose y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca terminó de debilitar el acuerdo. Después de varios cambios y negociaciones, el resultado ha sido un tipo mínimo del 15% para las multinacionales con una facturación superior a 750 millones de euros, dentro del denominado Pilar Dos. Su aplicación ha quedado muy por debajo de las expectativas iniciales, como reflejan los datos de 2026, primer ejercicio en el que se abona este impuesto, aunque su cálculo se basa en los resultados de 2024. Las numerosas exenciones incorporadas al sistema han reducido su alcance y, además, las multinacionales estadounidenses han quedado finalmente fuera del gravamen. El otro componente del acuerdo, conocido como Pilar Uno, pretendía redistribuir una parte de los beneficios de los mayores grupos internacionales entre los países en los que desarrollan su actividad, pero permanece paralizado. Ante la posibilidad de que las negociaciones internacionales se prolongaran, España decidió adelantarse y aprobó en 2022 un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para las empresas con una facturación superior a 20 millones de euros en territorio nacional. No obstante, el Gobierno anunció que adaptaría esta figura a las condiciones que finalmente se acordaran en el ámbito internacional. Dos años después, España incorporó a su legislación la directiva europea que establece el impuesto mínimo global impulsado por la OCDE. Este gravamen presenta diferencias respecto al impuesto mínimo nacional, ya que se calcula sobre el resultado contable, una magnitud más próxima al beneficio neto que a la base imponible fiscal, y afecta a los grupos multinacionales con una facturación global superior a 750 millones de euros. Además, se articula mediante tres modalidades complementarias. La primera es el impuesto complementario nacional, por el que las entidades de grupos nacionales o multinacionales que tributen en España a un tipo efectivo inferior al 15% deben abonar la cantidad necesaria para alcanzar ese umbral. La segunda modalidad, denominada impuesto complementario primario, obliga a la sociedad matriz de un grupo multinacional ubicada en España a pagar la diferencia cuando alguna de sus filiales extranjeras tribute por debajo del tipo mínimo establecido. La tercera, el impuesto complementario secundario, permite recaudar el impuesto pendiente correspondiente a filiales de grupos extranjeros situadas en España cuando sus beneficios no hayan soportado una tributación suficiente en el país de origen.

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(El Economista, 26-10-2026) | Fiscal

Hacienda congela cerca de 23.000 millones de los municipios para vivienda

Los ayuntamientos acogieron favorablemente la decisión del Gobierno de permitirles destinar sus superávits y remanentes de tesorería a nuevas inversiones. Sin embargo, la puesta en práctica de esta medida está encontrando importantes obstáculos burocráticos. Según fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio de Hacienda todavía no ha establecido las normas que deben regular el uso de los aproximadamente 23.000 millones de euros acumulados por las entidades locales en remanentes de tesorería para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), entre cuyos posibles destinos destaca la construcción de vivienda social. La FEMP ha solicitado en varias ocasiones al departamento ministerial que defina un marco normativo con las condiciones y los requisitos necesarios para que los ayuntamientos puedan disponer de estos recursos. Por ahora, la Federación asegura que no ha obtenido respuesta. La convocatoria anticipada de elecciones generales ha dejado en suspenso una cuestión que considera prioritaria para los gobiernos locales, especialmente por la necesidad de ampliar la oferta de vivienda asequible. Desde la organización recuerdan que los municipios podrían contribuir a aliviar este problema si se les permite utilizar los ahorros acumulados. Ante la proximidad de las elecciones, previstas para el próximo 29 de noviembre, la Federación considera que una solución podría pasar por aprobar un real decreto-ley urgente, que tendría que convalidar la Diputación Permanente del Congreso y que, a su juicio, podría contar con el respaldo del PP. Esta vía permitiría desbloquear los fondos acumulados durante casi cinco años y destinarlos a atender necesidades sociales. La postura de los representantes municipales es clara: si las administraciones locales disponen de recursos propios, deben poder invertirlos. Los ayuntamientos han acumulado superávits cuando sus ingresos han superado los gastos y remanentes de tesorería que reflejan la liquidez disponible al cierre de cada ejercicio. La FEMP calcula que estos últimos ascienden a unos 23.000 millones de euros. La Ley de Estabilidad Presupuestaria limita la capacidad de las entidades locales para endeudarse, pero sus representantes consideran que esta restricción no debería impedirles utilizar los recursos que han conseguido ahorrar. A su juicio, no tiene sentido mantener ese dinero inmovilizado cuando existen necesidades que requieren financiación. La Federación, que representa al 95% de los gobiernos locales españoles, denuncia que la falta de respuesta de Hacienda se prolonga desde el año pasado. En 2025, la organización remitió varias solicitudes al Ministerio, dirigido entonces por María Jesús Montero, sin conseguir avances. Dos de ellas estaban relacionadas con el real decreto-ley que recogía medidas urgentes frente a los aranceles comerciales y otras dos abordaban específicamente el destino del superávit de 2024 y la posibilidad de realizar inversiones financieras sostenibles. En aquel momento, el Gobierno todavía no había autorizado el uso de los excedentes para este tipo de actuaciones. El permiso llegó finalmente en diciembre de 2025 y se extendió hasta el ejercicio 2027, incluido. Ahora, la reclamación de la FEMP se centra en establecer un procedimiento legal que permita movilizar los 23.000 millones de euros de remanentes de tesorería y concretar cómo pueden invertirse. Una parte importante de estos fondos podría destinarse a promover viviendas sociales en los municipios. Las inversiones financieramente sostenibles que pueden ejecutar las entidades locales abarcan numerosas áreas. Entre ellas figuran las redes de alcantarillado, el suministro de agua, la recogida de residuos, el alumbrado público, la modernización de los sistemas productivos, las infraestructuras de transporte, los centros educativos, la asistencia social primaria, la vivienda, los recursos hidráulicos y los servicios vinculados a la sociedad de la información. Los ayuntamientos deben comunicar a Hacienda las partidas a las que pretenden destinar el dinero y, cuando las cantidades previstas son especialmente elevadas, necesitan obtener autorización ministerial. La FEMP teme que la convocatoria electoral y el tiempo necesario para constituir un nuevo Gobierno provoquen nuevos retrasos en la ejecución de los proyectos. La preocupación es especialmente significativa en el ámbito de la vivienda, ya que la construcción de nuevas promociones requiere una planificación prolongada y unos plazos de ejecución más amplios que otras inversiones. La Federación también considera insuficiente el periodo habilitado para utilizar los recursos acumulados. Las competencias municipales en materia de vivienda incluyen la clasificación del suelo, la concesión de licencias, la gestión de terrenos públicos y la promoción y administración de viviendas protegidas de titularidad municipal. Para desarrollar estas actuaciones es necesario completar procedimientos urbanísticos y administrativos que pueden prolongarse durante años, lo que dificulta aprovechar los fondos dentro de un plazo limitado. Por este motivo, la FEMP reclama a Hacienda que amplíe y concrete las condiciones para reinvertir los superávits y los remanentes. El real decreto establece que las inversiones financiadas con el superávit obtenido en 2024, que supera los 45.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones locales, deben ejecutarse durante 2025, 2026 y 2027. Sin embargo, como la autorización se aprobó en diciembre de 2025, el periodo efectivo para realizar las actuaciones se ha reducido prácticamente a dos años. La organización municipal lleva tiempo solicitando que la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria tenga carácter indefinido. Esta norma regula el destino de los superávits y los remanentes de tesorería y permitiría canalizar los recursos hacia inversiones sin tener que depender de autorizaciones temporales vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado. Según la FEMP, tampoco ha recibido respuesta a esta petición. La mayoría de los ayuntamientos quiere aprovechar sus ahorros y los excedentes presupuestarios para impulsar la construcción de vivienda, ante las dificultades de acceso que afrontan numerosos ciudadanos. Sin embargo, la falta de un marco estable y los plazos administrativos actuales complican la puesta en marcha de nuevos proyectos. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 señala que el parque de viviendas de titularidad pública autonómica y municipal apenas suma 318.000 unidades, lo que equivale aproximadamente al 1,7% de los hogares españoles. Los expertos advierten de que el desafío no se limita a financiar la construcción de nuevas viviendas, sino que también exige disponer de los medios humanos y materiales necesarios para gestionarlas y mantenerlas a largo plazo. España se encuentra entre los países de la Unión Europea con menor proporción de vivienda pública construida. La posibilidad de utilizar los remanentes municipales podría contribuir a reducir esta carencia, siempre que las administraciones locales puedan disponer de sus recursos sin trabas adicionales. Desde la FEMP insisten en que, en lugar de prolongar los procedimientos, las autoridades deberían facilitar la inversión para que los proyectos puedan materializarse y dar respuesta a la necesidad de vivienda.

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(Expansión, 26-10-2026) | Laboral

Más de 3,6 millones de trabajadores tienen blindado el sueldo ante la escalada del IPC

Las empresas cuyos convenios colectivos incluyen cláusulas de garantía salarial tendrán que aplicar una subida adicional cercana al 1% para compensar el encarecimiento de los precios, en un contexto en el que la inflación media anual podría situarse en torno al 4%. El repunte de la inflación está incrementando la presión sobre los costes empresariales. A las subidas de los gastos de producción derivadas del encarecimiento de la energía y los combustibles se sumarán nuevos incrementos de los costes laborales. Entre ellos figuran la próxima actualización del salario mínimo interprofesional, que el Gobierno volverá a elevar por encima del IPC, y las revisiones salariales que se están trasladando a los convenios colectivos. En este escenario confluyen dos factores. Por una parte, los convenios firmados más recientemente contemplan incrementos salariales superiores a la media, con una subida del 3,6%. Por otra, el aumento de las cláusulas de garantía salarial obligará a numerosas empresas a compensar a sus plantillas por la evolución de los precios. Según los datos del Ministerio de Trabajo correspondientes al cierre de septiembre, 3,64 millones de asalariados cuentan con esta protección, que les permitirá recibir un incremento adicional de sus retribuciones. Este colectivo representa el 19% del total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, pero supone el 39% de los 9,32 millones de empleados cubiertos por un convenio colectivo. Además, el número de beneficiarios de estas cláusulas ha aumentado un 12,9% respecto al año anterior, con 416.039 trabajadores más. El crecimiento es especialmente significativo entre los empleados cuyas cláusulas de revisión salarial tienen efectos retroactivos. Este grupo alcanza los 1,3 millones de personas, un 39% más que en el ejercicio anterior, lo que equivale a 367.459 trabajadores adicionales. Por su parte, 2,33 millones de asalariados cuentan con garantías sin retroactividad, un 2,13% más que el año pasado, con un incremento de 48.580 personas. Por sectores, los servicios concentran el mayor número de trabajadores protegidos por estas cláusulas, con 1,57 millones, el 43,3% del total. La industria ocupa el segundo lugar, con 1,33 millones de empleados, equivalentes al 36,6%. La construcción suma 721.525 trabajadores, el 19,8%, mientras que el sector agrario apenas registra 9.265 personas protegidas, un 0,2%. La distribución cambia en función de si la revisión salarial tiene efectos retroactivos. En esta modalidad, que representa el 36% de los trabajadores amparados por cláusulas de garantía, los servicios reúnen el 22,8% del total y la industria, el 12,4%. La construcción y la agricultura tienen una presencia mucho menor, con un 0,6% y un 0,1%, respectivamente. Las cláusulas sin retroactividad son mayoritarias y protegen al 64% de los asalariados incluidos en este sistema, unos 2,33 millones de personas. En este grupo destaca la industria, que concentra el 24% del total de trabajadores con garantía salarial, seguida de los servicios, con el 20,5%, y la construcción, con el 19,2%. El peso del sector agrario vuelve a ser residual, con apenas un 0,1%. Con una subida salarial media pactada en convenio del 3% y una inflación anual que podría aproximarse al 4%, la patronal estima que las cláusulas de garantía supondrán un incremento adicional medio de alrededor de un punto porcentual. No obstante, fuentes empresariales señalan que en numerosos convenios estas revisiones están sujetas a límites, aunque reconocen que implicarán un esfuerzo económico para las compañías, que deberán compensar a sus trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo. Desde Confemetal explican que estos mecanismos permiten actualizar automáticamente las tablas salariales cuando la inflación supera los incrementos acordados, lo que garantiza una revisión adicional de las remuneraciones de cientos de miles de trabajadores. En la industria del metal, en concreto, hay 40 convenios colectivos con efectos económicos en 2026, de los cuales 25 incluyen cláusulas de garantía salarial vinculadas a la evolución de los precios. Estas disposiciones afectan a unos 870.000 trabajadores, frente a un total de 1,3 millones de empleados cubiertos por convenios colectivos en el sector. La presión inflacionista también se refleja en las condiciones pactadas en los nuevos acuerdos laborales. Los convenios firmados durante 2026 establecen una subida salarial media del 3,6%, seis décimas por encima del promedio correspondiente al conjunto de los acuerdos con efectos económicos este año. Además, numerosos convenios contemplan incrementos superiores. A finales de septiembre, un total de 866 convenios que afectan a 2,97 millones de trabajadores recogían aumentos salariales medios del 4,04%, aproximadamente un punto por encima de la media general. Estos acuerdos abarcan al 31% de los empleados cubiertos por la negociación colectiva.

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(El País, 26-10-2026) | Laboral

España sufre más muertes en el trabajo que la media de la UE y se aleja de los países más seguros

España registró en 2024 una tasa de 1,89 muertes por accidente laboral por cada 100.000 ocupados, según los últimos datos publicados por Eurostat. El indicador empeoró respecto al año anterior, cuando se situó en 1,71, y se alejó de la media de la Unión Europea, que fue de 1,65. La evolución contrasta con la de algunos de los países europeos con menor siniestralidad, como Alemania, donde la tasa descendió de 0,71 a 0,64, y Países Bajos, que pasó de 0,38 a 0,32. Estas cifras han despertado la preocupación de los sindicatos españoles, que reclaman al Gobierno que impulse la reforma de la normativa de prevención de riesgos laborales comprometida hace meses. La incidencia de los accidentes mortales en España supera la de varias de las principales economías europeas. Además de Alemania y Países Bajos, el país presenta peores resultados que Suecia, con 0,75 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, Luxemburgo y Bélgica, ambos con 0,94, y Dinamarca, con 1,02. En el extremo contrario se encuentran países como Croacia, con una tasa de 2,79; Rumanía, con 2,83, y Bulgaria, con 3,08. Francia vuelve a registrar el peor dato de la Unión Europea, con 3,61 muertes por cada 100.000 trabajadores. Una de las explicaciones habituales de los expertos en salud laboral es la composición del tejido productivo español, en el que tienen un peso relevante actividades con mayores riesgos, como la construcción, la minería y el sector agrario. Sin embargo, las cifras desglosadas por ramas de actividad muestran que esta circunstancia no explica por sí sola la diferencia con el promedio comunitario. En varios de los sectores más peligrosos, la tasa de accidentes mortales también es superior en España a la registrada en el conjunto de la UE. La minería es uno de los ejemplos más claros: en España se contabilizan 13,99 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, frente a los 8,74 de la media europea. En el suministro de energía, la tasa española alcanza los 7,5, mientras que en la UE se sitúa en 2,3. También existen diferencias significativas en el transporte, con 7,47 muertes en España frente a 4,84 en el conjunto comunitario, y en la agricultura, donde los índices son de 6,48 y 5,51, respectivamente. En la construcción, la incidencia española llega a 7,69 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, frente a los 6,13 de la UE. Este último sector preocupa especialmente a Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral de CC OO, quien advierte de que, aunque la siniestralidad está mejorando en numerosas actividades, la construcción no sigue la misma evolución. El representante sindical considera prioritario reforzar las condiciones de seguridad y salud en las obras y señala que el sector concentra a trabajadores inmigrantes que, en ocasiones, desempeñan su actividad en condiciones de escasa protección. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, entre enero y agosto fallecieron 120 trabajadores de la construcción durante su jornada laboral. La cifra representa aproximadamente un tercio de las muertes registradas, pese a que esta actividad ocupa al 7% de los afiliados a la Seguridad Social. Desde UGT, su responsable de Salud Laboral, Patricia Ruiz, también expresa su preocupación por la posición de España respecto a la media europea. La dirigente sindical reclama una normativa comunitaria que establezca requisitos mínimos más exigentes para proteger la salud de los trabajadores. Asimismo, considera que la legislación española debe adaptarse a riesgos que han ganado importancia, como el envejecimiento, el sedentarismo, la digitalización, el cambio climático y los problemas de salud mental. Para actualizar el marco normativo, Ruiz pide al Gobierno que retome la tramitación del anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales acordado en enero entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, después de dos años de negociaciones. La reforma contempla, entre otras medidas, un refuerzo de la vigilancia preventiva en las pequeñas y medianas empresas, donde se concentra una parte importante de los accidentes laborales. También incorpora actuaciones relacionadas con los efectos de la emergencia climática, el estrés laboral y las diferencias de género en materia de salud y seguridad. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han rechazado el proyecto. Los sindicatos instan al Ejecutivo a acelerar su aprobación y recuerdan que una parte de las muertes en el trabajo podría evitarse mediante mejores medidas de prevención. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en primera lectura en abril, pero la norma estaba pendiente de regresar al gabinete antes de su remisión al Parlamento. La convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes han complicado el proceso, aunque formalmente el Gobierno todavía podría recurrir a la Diputación Permanente si justifica la urgencia de la iniciativa. Sanz, que participó en la negociación del texto en representación de CC OO, critica que la reforma aún no haya llegado al poder legislativo. A su juicio, el retraso demuestra que la prevención de riesgos laborales no ocupa un lugar prioritario en la agenda del Gobierno ni del Ministerio de Trabajo. Paralelamente, avanza la propuesta de permitir la jubilación anticipada en determinadas profesiones con elevados índices de peligrosidad o mortalidad. Esta posibilidad ya existe para colectivos como los mineros, los bomberos forestales, los policías autonómicos y los trabajadores del mar. Entre los grupos que aspiran a acceder a ella destacan los camioneros, después de que la Seguridad Social reconociera en un informe la elevada mortalidad asociada a su actividad. Los sindicatos también han solicitado formalmente la jubilación anticipada para los conductores de autobús, los trabajadores de la construcción y las empleadas de ayuda a domicilio. A estos colectivos podrían sumarse próximamente los trabajadores de la limpieza de hoteles, que también prevén impulsar esta reivindicación.

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(El País, 26-10-2026) | Laboral

La industria pone coto a completar el salario a los trabajadores de baja

La negociación entre el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales para reformar la gestión de las bajas laborales ha quedado suspendida tras el adelanto electoral. Mientras tanto, el aumento continuado de la incapacidad temporal ha llevado a distintos sectores a adoptar medidas propias. Es el caso de la industria del metal, cuyos convenios provinciales están introduciendo restricciones a los complementos salariales que reciben los trabajadores durante los periodos de baja médica. Aunque esta tendencia también se observa en otras actividades, la dimensión de la negociación colectiva del metal, que comprende alrededor de 220.000 empresas y más de dos millones de trabajadores, convierte al sector en un referente para analizar las medidas destinadas a contener el absentismo laboral. Los convenios colectivos del metal están limitando especialmente los complementos por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, es decir, de enfermedades o accidentes no laborales. Según un estudio de Confemetal correspondiente al periodo 2021-2024, cada día faltan al trabajo por esta causa más de 140.000 personas de los 2,7 millones de ocupados del sector. El coste de estas ausencias aumentó más de un 90% durante el periodo analizado, hasta acercarse a los 2.900 millones de euros en 2024. Asimismo, el número de procesos de baja iniciados pasó de 17 por cada 1.000 trabajadores en 2021 a 31 en 2024, un incremento del 83%. Ante esta evolución, la negociación colectiva está incorporando fórmulas para reducir las compensaciones salariales que las empresas abonan durante las bajas médicas, sobre todo cuando se deben a enfermedades comunes. La legislación establece que la prestación por incapacidad temporal no cubre inicialmente la totalidad del salario. En estos casos, el trabajador no percibe prestación durante los tres primeros días; recibe el 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo día, y el 75% a partir del día 21. Cuando la baja se debe a un accidente laboral o a una enfermedad profesional, la prestación asciende al 75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja. Tradicionalmente, muchos convenios colectivos de distintos sectores han establecido complementos empresariales para elevar estas prestaciones hasta el 100% del salario. Sin embargo, los acuerdos del metal están limitando progresivamente estas mejoras. El análisis de Confemetal sobre los convenios de 2025, que incluye también acuerdos con efectos en 2026, muestra que numerosos pactos restringen el complemento hasta el salario íntegro a periodos de entre 100 y 200 días. Para ello, algunos reducen el porcentaje que debe aportar la empresa, mientras que otros retrasan el momento a partir del cual se aplica la compensación. Las condiciones varían según la provincia. En Burgos, el convenio del metal contempla el pago del 60% del salario durante los tres primeros días de baja y retrasa el complemento hasta el 100% hasta que se supera el día 30. En Castellón, la obligación empresarial de completar el salario desaparece a partir del día 70 de incapacidad temporal. En Ourense, el trabajador percibe el 60% del salario durante los tres primeros días de la primera baja anual por enfermedad común y no alcanza el 100% hasta que transcurren nueve meses de incapacidad temporal. También existen convenios que reducen los complementos cuando se repiten las bajas a lo largo del mismo año. En Málaga, por ejemplo, se abona un complemento equivalente al 50% durante los tres primeros días de enfermedad común en las dos primeras bajas anuales, pero esta mejora deja de aplicarse a partir de la tercera. En Segovia, el complemento se limita al 75% durante los primeros quince días desde la segunda baja registrada en el mismo año natural. Estas medidas forman parte de un conjunto más amplio de mecanismos incluidos en la negociación colectiva para contener las ausencias laborales. Entre ellos figuran los complementos o premios de asistencia, diseñados para incentivar la presencia efectiva de los trabajadores en sus puestos. No obstante, varias sentencias del Tribunal Supremo dictadas en 2025 y 2026 han acotado las condiciones en las que pueden aplicarse estos incentivos. La legalidad de los complementos de asistencia depende de las ausencias que se tengan en cuenta para calcularlos. Según fuentes empresariales del sector, los convenios pueden vincular estas mejoras a factores como la puntualidad, la ausencia de faltas injustificadas, la disponibilidad o el cumplimiento de objetivos de presencia efectiva. Sin embargo, la doctrina del alto tribunal establece que estos incentivos no pueden penalizar determinadas ausencias protegidas legalmente. Entre ellas se encuentran las bajas por incapacidad temporal, tanto si derivan de contingencias profesionales como de enfermedades comunes, así como las ausencias relacionadas con permisos de conciliación, cuidados o maternidad. De este modo, las empresas pueden recurrir a incentivos para reducir el absentismo, pero deben hacerlo respetando los derechos laborales reconocidos por la normativa.

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(El Confidencial, 26-10-2026) | Laboral

CEOE rectifica y no impugnará finalmente la huelga general por la vivienda antes del 11 de noviembre

La CEOE ha decidido finalmente no recurrir antes de su celebración la huelga general por la vivienda convocada por los sindicatos para el próximo 11 de noviembre, pese a que su presidente, Antonio Garamendi, había anunciado que impugnaría el paro al considerar que tiene un carácter electoral y no laboral. La organización empresarial no descarta, sin embargo, emprender acciones judiciales una vez celebrada la movilización. La patronal asegura que seguirá de cerca el desarrollo de la huelga y que tomará las medidas oportunas en función de lo que suceda. También recuerda que debe garantizarse el derecho al trabajo y el cumplimiento de los servicios mínimos, y manifiesta su confianza en que la jornada transcurra de manera pacífica y cívica. La decisión contrasta con las declaraciones realizadas el lunes por Garamendi, quien cuestionó la legitimidad de la convocatoria. El presidente de la CEOE sostuvo que, coincidiendo con la proximidad de las elecciones generales, España afronta por primera vez una huelga de carácter electoral. A su juicio, la movilización no es el camino adecuado para abordar el problema de la vivienda y cuestionó que se responsabilice a las empresas y a los autónomos de la falta de oferta residencial, cuando el sector de la construcción reclama diálogo para encontrar soluciones. Los sindicatos, por su parte, ya habían puesto en duda que la patronal tuviera argumentos jurídicos suficientes para impugnar la convocatoria. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó hace dos semanas que no existían motivos legales para calificar el paro de político y recordó que nunca se había declarado ilegal una huelga por ese motivo. En la misma línea, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, anticipó que la CEOE no recurriría la convocatoria porque no tendría fundamento para hacerlo. Sordo calificó la controversia de absurda y recordó que en España se han convocado desde los años setenta y ochenta huelgas que no respondían exclusivamente a reivindicaciones laborales, incluidas movilizaciones sindicales contra los asesinatos de ETA. Los sindicatos justifican la huelga con dos objetivos principales: reclamar medidas que permitan hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna e impulsar el poder adquisitivo de los salarios. En este segundo ámbito, critican a la patronal por no aceptar la negociación de un pacto nacional de convenios que permita ordenar la negociación colectiva. La convocatoria se produce en un contexto de aumento de la conflictividad laboral, con un repunte de las huelgas en empresas y sectores. Las organizaciones sindicales relacionan esta evolución con la ausencia de un acuerdo estatal sobre negociación colectiva. Además, denuncian que una parte importante de las horas extraordinarias realizadas no se remunera -en torno a la mitad, según el INE- y sostienen que los márgenes empresariales, que consideran históricamente elevados, ofrecen capacidad para mejorar los salarios. Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT), de orientación anarcosindicalista, ha registrado una convocatoria de huelga propia, diferenciada de la presentada por las centrales mayoritarias.

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(El Economista, 26-10-2026) | Laboral

El teletrabajo no exprime su potencial: 3,4 millones de empleados podrían hacerlo, pero siguen en la oficina

Seis años después de la pandemia, el teletrabajo sigue en niveles elevados en España, pese a los esfuerzos de numerosas empresas por recuperar la actividad presencial, una decisión que en algunos casos ha provocado huelgas. Sin embargo, las cifras récord esconden una importante desigualdad en el acceso a esta modalidad. Un estudio de UGT señala que hay más trabajadores que podrían desempeñar sus funciones a distancia, pero continúan acudiendo a la oficina, que empleados que ya teletrabajan. Además, las mayores dificultades para acceder a esta opción se concentran entre quienes cuentan con menos capacidad para negociar sus condiciones laborales. El informe, elaborado a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que el 14,8% de los ocupados ha trabajado a distancia, lo que representa aproximadamente 3,16 millones de personas. A ellos se suman otros 3,44 millones de trabajadores, equivalentes al 16,1% del total, que afirman que sus empleos permitirían el teletrabajo, aunque todavía no lo han utilizado. En conjunto, el potencial de esta modalidad alcanza al 30,9% de los ocupados, pero solo se aprovecha el 47,9% de las posibilidades existentes. Entre quienes podrían trabajar a distancia, más de 875.000 personas tendrían la opción de desarrollar todas sus funciones desde casa, pero no lo hacen ningún día. El estudio, elaborado por el Servicio de Estudios de UGT y firmado por José Varela, responsable de IA y Digitalización del sindicato, destaca que este margen de crecimiento contrasta con la satisfacción de quienes ya teletrabajan. Estos trabajadores valoran la experiencia con una puntuación media de 8,9 sobre 10. Más de la mitad le otorga la máxima nota, mientras que únicamente el 2% la califica negativamente. En el ámbito empresarial, sin embargo, predomina un modelo que combina la asistencia a la oficina con el trabajo a distancia o que permite teletrabajar solo de manera ocasional. Según los datos del INE recogidos en el informe, el 37,4% de las empresas ofrece esta posibilidad, pero solo el 20% de sus empleados la utiliza de forma habitual. La media de trabajo remoto se sitúa en 2,4 días semanales. Las diferencias en el acceso al teletrabajo también se aprecian al comparar las distintas ocupaciones, los tipos de contrato y las jornadas laborales. El informe revela que los profesionales científicos e intelectuales y los directivos son los colectivos que más aprovechan las posibilidades de trabajar a distancia, con porcentajes del 55% y el 54,3%, respectivamente. A continuación figuran los técnicos y profesionales de nivel medio, con un 45,5%. En el caso del personal administrativo, las oportunidades están mucho menos aprovechadas. Un 10,7% podría trabajar íntegramente desde casa y otro 22,7% tendría la posibilidad de hacerlo parcialmente. Sin embargo, solo el 17,6% de estos empleados teletrabaja, lo que supone que utilizan el 34,5% de su potencial, la proporción más baja entre los grupos analizados. Estos datos evidencian una brecha entre los puestos directivos y los de menor responsabilidad, con una diferencia cercana a los veinte puntos porcentuales en el aprovechamiento del teletrabajo. Según el análisis, los profesionales con mayor responsabilidad disponen de más margen para negociar individualmente condiciones laborales flexibles, mientras que otros trabajadores tienen menos capacidad para conseguirlas. Por sectores, los especialistas en tecnologías de la información encabezan la clasificación. El 60,1% ya teletrabaja y otro 22,8% podría hacerlo, de manera que aprovechan el 72,5% de las posibilidades existentes en su ámbito profesional. La modalidad contractual también influye de forma significativa. Los trabajadores con contrato indefinido utilizan el 47,8% de su potencial de teletrabajo, frente al 31,2% de quienes tienen contratos temporales. Entre estos últimos, solo el 5,4% trabaja a distancia, pese a que otro 11,9% podría hacerlo. La jornada laboral también marca diferencias: los empleados a tiempo completo aprovechan la mitad de sus posibilidades, mientras que entre quienes trabajan a tiempo parcial el porcentaje se reduce al 28,8%. La desigualdad se reproduce, por tanto, entre los trabajadores más integrados en las organizaciones y aquellos que cuentan con una posición menos consolidada. Los contratos indefinidos y una mayor vinculación con la empresa parecen facilitar el acceso a condiciones laborales más favorables, mientras que los empleados temporales y a tiempo parcial encuentran más dificultades para aprovechar las opciones de trabajo remoto. El potencial desaprovechado también ayuda a explicar por qué el teletrabajo puede mantenerse en máximos históricos en España y, al mismo tiempo, perder posiciones respecto a otros países europeos. En 2019, el 8,3% de los ocupados españoles trabajaba a distancia, frente al 14,4% de la media de la Unión Europea. España ocupaba entonces el puesto 21 entre 33 países. En 2025, la distancia con la media comunitaria ha aumentado hasta los 7,3 puntos porcentuales y el país ha descendido al puesto 22. El peso de actividades que requieren presencia física, como la hostelería, el comercio y otros servicios, suele señalarse como una de las principales razones de esta diferencia. Sin embargo, los datos sobre las posibilidades de teletrabajo apuntan a que este factor no explica por sí solo el retraso. Aunque el 69,1% de los ocupados asegura que su trabajo no permite desarrollar las tareas a distancia, aprovechar el potencial restante sería suficiente para situar a España por encima de la media europea. UGT recuerda, además, que Portugal y Malta, dos países con una importante dependencia del turismo, superan a España en cinco y once puntos porcentuales, respectivamente, lo que refuerza la idea de que la estructura productiva no constituye el único factor determinante. El sindicato atribuye parte de las dificultades para extender el teletrabajo a la persistencia de una cultura empresarial que prioriza la presencia física y el control de los empleados. No obstante, la encuesta del INE no identifica las razones concretas por las que quienes podrían trabajar a distancia no lo hacen. Entre ellas también pueden encontrarse las preferencias individuales o la naturaleza de determinados puestos, que solo permiten realizar de forma remota una parte de las tareas. El caso de los trabajadores autónomos ofrece otra perspectiva, ya que no están sujetos a las mismas restricciones organizativas que los asalariados. Aun así, este colectivo aprovecha el 53,6% de su potencial de teletrabajo, una proporción similar a la de los empleados con contrato indefinido. Ante esta situación, UGT defiende que la negociación colectiva debe desempeñar un papel fundamental para garantizar que los trabajadores que puedan y quieran acogerse al teletrabajo tengan acceso a esta opción. Los datos del Ministerio de Trabajo incluidos en el informe muestran que los convenios colectivos con cláusulas específicas sobre trabajo a distancia han aumentado de 54 en 2017 a 265 en 2025. Estos acuerdos representan el 20,5% del total y afectan a 1,23 millones de trabajadores. El sindicato reclama que el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) incorpore el teletrabajo como una materia de negociación obligatoria, con el objetivo de ampliar su implantación y reducir las diferencias entre colectivos profesionales. Su propuesta busca que el acceso a esta modalidad no dependa exclusivamente de la capacidad individual de cada empleado para negociar con la empresa, sino que cuente con criterios más homogéneos y garantías recogidas en los acuerdos colectivos.

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(El Economista, 26-10-2026) | Laboral

El Gobierno amplía los supuestos para congelar las cuotas a autónomos que cobren prestaciones

El Gobierno ha ampliado los supuestos en los que las cuotas de los autónomos quedarán protegidas frente a las regularizaciones de la Seguridad Social cuando perciban determinadas prestaciones. A partir del 1 de enero de 2027, las bases de cotización correspondientes a ciertos periodos en los que los trabajadores por cuenta propia reciban ayudas por el cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, así como por patologías vinculadas a la menopausia o lesiones derivadas de la violencia de género, tendrán carácter definitivo. De esta forma, se evitarán posteriores ajustes en las cuotas correspondientes a esos periodos. La medida está recogida en el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, que introduce mejoras en distintas prestaciones. La modificación se enmarca en el sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, por el que la Seguridad Social revisa anualmente las aportaciones realizadas una vez dispone de los rendimientos definitivos de cada trabajador. Durante el ejercicio, cada autónomo selecciona una base de cotización provisional de acuerdo con la previsión de ingresos que espera obtener. Una vez cerrado el año, la Seguridad Social contrasta esa información con los datos fiscales facilitados por la Agencia Tributaria. Si las cotizaciones abonadas fueron inferiores a las que correspondían según los rendimientos reales, el trabajador debe ingresar la diferencia. En cambio, si pagó más de lo debido, la Tesorería General de la Seguridad Social le devuelve el importe correspondiente. Este procedimiento contempla algunas excepciones cuando el autónomo ha percibido determinadas prestaciones. En esos casos, las bases de cotización de los meses afectados quedan fijadas y no pueden modificarse durante la regularización posterior. La protección también se extiende a los periodos utilizados para calcular la base correspondiente a la prestación. Este mecanismo funciona desde 2022 y establece periodos de referencia distintos según el tipo de ayuda recibida. En el caso de la incapacidad temporal, se toma como referencia el mes anterior al inicio de la baja, mientras que para la prestación por cese de actividad se tienen en cuenta los últimos 12 meses, entre otros supuestos. Hasta ahora, esta garantía se aplicaba a los periodos vinculados a la incapacidad temporal, el riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, el nacimiento y cuidado de menores, y el cese de actividad. Con la nueva regulación, el Gobierno amplía los supuestos protegidos para incluir otras situaciones en las que los autónomos perciben prestaciones de la Seguridad Social. El colectivo mantiene un crecimiento moderado en los últimos años. El número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) aumentó un 6,7% en seis años, al pasar de 3,26 millones en septiembre de 2020 a 3,48 millones en el mismo mes de 2026. Esta evolución refleja las dificultades para impulsar el emprendimiento y garantizar el relevo generacional, especialmente en sectores tradicionales. Al mismo tiempo, las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia continúan aportando recursos crecientes al sistema público. Entre enero y agosto de 2026, los autónomos contribuyeron a las arcas de la Seguridad Social con 8.405 millones de euros, un 8,75% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando la recaudación ascendió a 7.729 millones. El real decreto-ley incorpora otras modificaciones en materia de protección social. Desde su entrada en vigor, las personas que convivían de forma estable con su pareja y tenían hijos en común, pero quedaron excluidas de la pensión de viudedad por no estar casadas ni inscritas como pareja de hecho, disponen de un año para volver a solicitar la prestación. La norma también mejora la protección económica por orfandad en aquellos casos en los que la madre haya fallecido como consecuencia de la violencia de género. Asimismo, contempla mejoras en las pensiones extraordinarias reconocidas a las víctimas de actos terroristas. El siguiente trámite será la convalidación de la norma por la Diputación Permanente del Congreso. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que el texto cuenta con «consenso social y político» y ha expresado su confianza en que pueda superar este procedimiento sin dificultades.

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(Cinco Días, 26-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los expertos prevén una oleada de reclamaciones de los clientes a los bancos por las ciberestafas

Las ciberestafas se han convertido en un nuevo foco de conflicto entre la banca española y sus clientes, después de las controversias por las participaciones preferentes, las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que aclara cómo deben actuar las entidades ante las operaciones de pago no autorizadas, ha abierto la puerta a nuevas reclamaciones y podría tener un importante impacto económico para el sector. Asociaciones como la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya han puesto en marcha iniciativas para reclamar la devolución del dinero. Mientras tanto, las quejas por fraude presentadas ante el Banco de España han aumentado este año y la patronal bancaria AEB sostiene que el fallo europeo apenas modifica la normativa española vigente. La principal novedad de la resolución del tribunal con sede en Luxemburgo es que obliga a los bancos a reembolsar en un plazo de 24 horas el importe de las operaciones no autorizadas, sin que puedan aplazar la devolución alegando la posible negligencia del cliente. Los especialistas consultados aclaran que la sentencia no cambia el reparto de responsabilidades entre la entidad y el usuario, sino el orden en que deben abordarse. Hasta ahora, los bancos podían utilizar la conducta del cliente como argumento para retrasar o denegar el reintegro, una cuestión que, en caso de conflicto, puede acabar resolviéndose ante los tribunales. El cambio afecta, por tanto, a quién debe iniciar el procedimiento judicial para determinar las responsabilidades. La abogada especializada en ciberfraude Vanesa Fernández considera que el elemento diferencial es el orden en el que se produce la devolución. A su juicio, las entidades tendrán que valorar si les resulta conveniente acudir a los tribunales para reclamar posteriormente el dinero y demostrar que el usuario incurrió en negligencia. La estrategia de los bancos también dependerá de la disposición de los afectados a emprender acciones judiciales. Por su parte, Diego Zapatero, abogado y socio responsable del área de phishing de Asoban Abogados, prevé un aumento de los litigios, ya que numerosos afectados cuyos expedientes estaban paralizados o habían sido rechazados por sus entidades han retomado las reclamaciones. A estos casos se suman los procedimientos de los últimos cinco años que todavía no hayan prescrito. Desde la Asociación Española de Banca (AEB) defienden que la sentencia europea se refiere a operaciones realizadas sin autorización del cliente y confirma, en esencia, las obligaciones que ya recoge la legislación vigente. La patronal, que representa a entidades como Santander, BBVA y Sabadell, sostiene que la resolución no altera la responsabilidad de los usuarios que incumplan por negligencia sus obligaciones de proteger los datos y credenciales bancarios. En los supuestos en que se acredite una negligencia grave, considera que las pérdidas derivadas de las operaciones no autorizadas deberán ser asumidas por el cliente. Sin embargo, Carol Rodríguez, directora de Regulación Financiera de finReg360, cree que la resolución refuerza la posición de los consumidores cuyas reclamaciones todavía no se han resuelto mediante una sentencia firme. Las entidades se enfrentan a una situación más compleja, dado que les corresponde demostrar que las operaciones fueron correctamente autenticadas y registradas y, cuando proceda, que existió fraude o negligencia grave por parte del usuario. La experta recuerda que el plazo general para reclamar judicialmente es de cinco años, sin perjuicio de los plazos específicos para comunicar las operaciones no autorizadas. La normativa actual tiene, no obstante, un horizonte temporal limitado. Fuentes del sector financiero apuntan a que el marco cambiará previsiblemente en el verano de 2028, con la entrada en vigor de un nuevo reglamento europeo sobre servicios de pago. Según fuentes jurídicas, la propuesta de la Comisión Europea no reduce las garantías actuales ni contradice la sentencia del TJUE, sino que amplía su alcance al incluir el reembolso de determinados fraudes basados en la suplantación de empleados bancarios, que hasta ahora se consideran operaciones autorizadas. En el Reino Unido, la devolución del dinero en fraudes relacionados con pagos autorizados es obligatoria desde octubre de 2024, con un límite de 85.000 libras por caso, cerca de 100.000 euros. Las asociaciones de consumidores ya están intensificando sus actuaciones. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, sostiene que hasta ahora buena parte del coste de los ciberfraudes recaía sobre los ciudadanos. A su entender, las entidades financieras deben reforzar también sus exigencias de responsabilidad a las plataformas tecnológicas y las compañías de telecomunicaciones, cuyos servicios pueden intervenir en el desarrollo de estas estafas. La asociación prevé remitir requerimientos masivos a los bancos para reclamar el reintegro inicial del dinero en todos los expedientes que mantiene abiertos, tanto en la fase extrajudicial como en la judicial. La OCU afirma que las entidades rechazan el 60% de las reclamaciones por fraude que recibe y que el argumento más habitual es la supuesta negligencia grave del cliente. Los datos del Banco Central Europeo (BCE) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) reflejan la dimensión económica del problema. En España, las pérdidas por fraude bancario ascendieron a 318 millones de euros en 2024, de los que los usuarios asumieron cerca de dos tercios. En el conjunto de Europa, las pérdidas soportadas por los clientes alcanzaron los 2.500 millones de euros, frente a un volumen total de fraude de 4.200 millones. Tanto Asufin como la OCU han solicitado que las entidades devuelvan el dinero de forma automática. La OCU ya planteó esta exigencia en marzo, después de conocerse las conclusiones del abogado general del TJUE sobre el caso, y ha reiterado su petición tras la publicación de la sentencia, reclamando el reembolso íntegro e inmediato de las cantidades sustraídas. La resolución también puede influir en la gestión de las quejas por parte de los servicios de atención al cliente de los bancos y en los criterios aplicados por el Banco de España. Según Rodríguez, los afectados podrán invocar el nuevo pronunciamiento europeo ante el servicio de reclamaciones del supervisor, lo que podría complicar la posición de las entidades financieras. En su última memoria de reclamaciones, el Banco de España señala que corresponde a la entidad demostrar que una operación no autorizada fue correctamente autenticada y registrada. No obstante, contempla una excepción cuando el banco acredita que el usuario actuó de forma fraudulenta o incurrió en negligencia grave, argumento que las entidades han utilizado para rechazar reclamaciones. A la luz de la sentencia europea, se espera que el supervisor revise los criterios que aplica a este tipo de casos.

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(La Vanguardia, 26-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno ordena retirar 8.300 anuncios de pisos turísticos por incumplir el decreto Maricarmen

El Ministerio de Consumo ha requerido a dos portales inmobiliarios, cuyos nombres no ha hecho públicos, que retiren 8.318 anuncios de alojamientos anunciados como alquileres de temporada por considerar que podrían incumplir la nueva normativa de vivienda, conocida como decreto Maricarmen. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy justifica esta petición porque los alojamientos permiten realizar reservas por periodos inferiores a 31 días. De acuerdo con el nuevo marco legal, estas viviendas deben clasificarse como pisos turísticos, con independencia de que ofrezcan o no servicios propios de un establecimiento hotelero, y quedan sujetas al IVA del 10%. La mayor parte de los anuncios afectados corresponde a viviendas situadas en la Comunidad de Madrid, con un total de 6.772 publicaciones. De ellas, el 96% se encuentra en la capital. La Dirección General de Consumo considera que presentar estos alojamientos como alquileres de temporada podría constituir una práctica de comunicación comercial engañosa y, por tanto, una infracción del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Para exigir la retirada de los anuncios, el Ministerio ha recurrido a los mecanismos de notificación contemplados en el Reglamento de Servicios Digitales. Consumo sostiene que, una vez informadas de los posibles incumplimientos, las plataformas adquieren una responsabilidad directa sobre los contenidos publicados y podrían enfrentarse a la apertura de un expediente si no eliminan o bloquean las ofertas señaladas. Las nuevas exigencias suponen un desafío para los portales inmobiliarios, ya que podrían obligarles a revisar y retirar todas las publicaciones que no se ajusten a la normativa. La medida se suma a otras disposiciones del decreto que afectan directamente a su actividad, tanto por la delimitación de las categorías de alquiler turístico y de temporada como por las nuevas obligaciones relativas a la publicidad de viviendas en alquiler. El texto establece que los anuncios deben respetar los principios de veracidad y transparencia. Entre los datos que deberán incluir figura, al menos, el índice de referencia del precio del alquiler, conocido como Serpavi, y la renta del último contrato de arrendamiento vigente durante los cinco años anteriores. Estas obligaciones podrían reducir el número de viviendas anunciadas en plataformas como Idealista, Fotocasa o Pisos.com. Los propietarios que no cumplan la normativa o que oferten inmuebles por encima de los límites de renta establecidos en las zonas tensionadas podrían optar por retirar sus anuncios antes que publicar la información exigida, como el precio de referencia o la renta del contrato anterior. Esta situación tendría consecuencias para el volumen de publicaciones y el negocio de los portales. La actuación contra los anuncios de alquiler de temporada se enmarca en una estrategia más amplia de inspecciones y sanciones impulsada por el Ministerio de Consumo contra las plataformas inmobiliarias y las empresas del sector. no de los casos más destacados es la sanción de 64 millones de euros impuesta a Airbnb por publicar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa. La actuación llevó a la retirada de más de 65.000 anuncios de la plataforma. Por su parte, Booking eliminó más de 4.000 publicaciones después de recibir un requerimiento oficial del departamento dirigido por Bustinduy. Consumo también sancionó a la inmobiliaria Alquiler Seguro con una multa de 3,6 millones de euros por prácticas consideradas abusivas contra los inquilinos. La resolución identificó seis infracciones muy graves y una grave. Además, el Ministerio mantiene abierto un expediente contra otra gran inmobiliaria por presuntas prácticas similares.

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