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(Expansión, 13-01-2026) | Fiscal

Las CCAA en bloque, salvo Cataluña, cargan contra el plan de financiación

El Ministerio de Hacienda afronta mañana un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que dará a conocer su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica sin someterla a votación y con el rechazo unánime de todas las comunidades, excepto Cataluña. Uno de los principales obstáculos a la hora de diseñar un modelo de financiación autonómica es conciliar intereses territoriales profundamente divergentes, condicionados por factores como la dispersión poblacional, la orografía, el envejecimiento demográfico o la insularidad. El nuevo esquema presentado por el Gobierno central el pasado viernes ha logrado algo poco habitual: un amplio consenso entre las comunidades autónomas, pero en contra de la propuesta. Solo el Ejecutivo catalán ha respaldado de forma explícita el planteamiento del Ministerio de Hacienda. El resto de gobiernos regionales, con independencia de su signo político, han criticado tanto el contenido como el procedimiento de un modelo que califican de poco transparente, injusto y diseñado a medida de la Generalitat para satisfacer a los partidos independentistas catalanes. Las posiciones expresadas en los últimos días anticipan un debate especialmente áspero en el CPFF y reducen aún más las ya limitadas posibilidades de que la reforma salga adelante. Once años después de que caducara el sistema anterior, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa una solución que respeta la multilateralidad y que no genera perdedores, ya que -según aseguró- todas las comunidades salen beneficiadas. Sin embargo, su llamamiento a respaldar la propuesta no convenció a los gobiernos autonómicos, que recordaron que el diseño fue pactado previamente con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una reunión en La Moncloa. Sánchez insistió en pedir a las fuerzas políticas, especialmente a aquellas con responsabilidades autonómicas, que aparquen la confrontación partidista y piensen en los ciudadanos y en la mejora de la financiación de los servicios públicos, que absorben entre el 60% y el 70% de los presupuestos regionales. En una comparecencia conjunta con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, subrayó además que el contexto económico actual permite aumentar los recursos destinados a las comunidades, dado el crecimiento de la economía española. El eje central de la propuesta, que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el viernes y detallará mañana ante las comunidades, consiste en incrementar de forma generalizada los fondos autonómicos. El Estado elevaría en 21.000 millones de euros la financiación total, hasta alcanzar los 224.507 millones, principalmente mediante un aumento de la recaudación cedida: del 50% al 55% en el IRPF y del 50% al 56,5% en el IVA. Posteriormente, los recursos se distribuirían en función de variables como el gasto sanitario, educativo y social, la despoblación o la insularidad, incorporando mecanismos de ajuste entre comunidades y aportaciones adicionales del Estado, así como fondos específicos vinculados a la actividad de las pymes, las competencias transferidas o los riesgos climáticos. Pese a ello, el resultado no satisface ni siquiera a la comunidad que más recursos adicionales recibiría en términos absolutos: Andalucía, que obtendría 4.846 millones más. La consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España (PP), denunció que cuando el PSOE pacta con los independentistas, Andalucía y el conjunto de España salen perjudicados, y calificó de engañoso afirmar que la región sea la gran beneficiada. Aunque lo sea por su tamaño poblacional, sostuvo que el nuevo modelo no corrige el problema de la infrafinanciación y que, lejos de reducirse, se amplían los desequilibrios, aumentando la distancia entre Andalucía y Cataluña. Cataluña sería la segunda comunidad más beneficiada, con 4.686 millones adicionales. Su presidente, el socialista Salvador Illa, ha sido el único dirigente autonómico que ha defendido abiertamente la propuesta, calificándola de justa. El rechazo también se ha hecho patente en la Comunidad Valenciana, tercera en el ranking de fondos adicionales, con 3.669 millones más. Su presidente, Juanfran Pérez Llorca (PP), lamentó que una comunidad históricamente mal financiada siga sin ver resuelto su problema y criticó que la reforma se haya negociado con un partido independentista que no gobierna ninguna autonomía, en lugar de hacerlo con todos los presidentes regionales. Madrid encabeza el frente más duro contra el modelo. La consejera madrileña de Economía, Rocío Albert (PP), anunció que la Comunidad utilizará todas las vías legales disponibles para frenar su aplicación. En la misma línea, otros ejecutivos autonómicos del PP, como Aragón, Murcia, Baleares o Castilla y León, han advertido de que recurrirán al Tribunal Constitucional si se aprueba una reforma que favorezca de forma especial a Cataluña. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, adelantó que el próximo domingo presentará en Aragón, que celebrará elecciones el 8 de febrero, una propuesta alternativa de financiación autonómica que también abordará el problema del acceso a la vivienda. La iniciativa de Montero ha generado incluso críticas dentro del propio PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, llegó a afirmar que sería preferible convocar elecciones anticipadas antes de permitir que avance lo que calificó como un atropello de esta magnitud. También la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado expresó su oposición frontal a la cesión de competencias tributarias prevista en la reforma. Desde el ámbito empresarial, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendió que cualquier cambio en el sistema de financiación autonómica debería surgir de un gran acuerdo nacional, fruto de un debate amplio entre ciudadanos y territorios, y no de un pacto entre un partido y el Gobierno. Desde Zaragoza, según recogió Europa Press, cuestionó además la capacidad del Estado para asumir un aumento de 21.000 millones en un contexto de crecientes necesidades de gasto, como el de Defensa. Ante las críticas generalizadas, la portavoz del PSOE, Emma López, recordó que resulta imposible satisfacer a todas las partes, incluso cuando el modelo tampoco convence plenamente a sectores del independentismo catalán, donde Junts lo ha descalificado como un simple "café para todos".

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(Expansión, 13-01-2026) | Fiscal

Fedea denuncia fondos "ad hoc" para Cataluña en la financiación regional propuesta por Hacienda

La propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por el Ministerio de Hacienda mejora la situación de las comunidades tradicionalmente infrafinanciadas -Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía-, pero al mismo tiempo otorga un trato especialmente favorable a otra región que no sufre ese problema: Cataluña. Esta es una de las principales conclusiones que expone a EXPANSIÓN Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y uno de los expertos más reconocidos en España en materia de financiación territorial. "Está garantizado que ninguna comunidad va a ver reducidos sus recursos", señala De la Fuente, quien considera que el planteamiento inicial del modelo es "razonable". No obstante, advierte de que posteriormente se incorporan una serie de correcciones "hechas a medida" que acaban favoreciendo de forma específica a determinados territorios. El ejemplo más claro, afirma, es Cataluña, que se convierte en la gran beneficiada de fondos creados ex profeso, como los vinculados al clima o el mecanismo que le permite retener parte del IVA generado por sus pymes, una medida que califica de "escandalosa" porque supone que Cataluña reciba hasta ocho veces más que Madrid. Al margen del sistema de reparto, De la Fuente también pone en duda la decisión del Gobierno de incrementar en 21.000 millones de euros los recursos destinados a las comunidades autónomas. A su juicio, esta medida resulta poco acertada en un contexto marcado por el aumento de las necesidades de gasto en ámbitos como la Defensa, las pensiones o el compromiso de continuar reduciendo el déficit público.

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(El País, 13-01-2026) | Fiscal

Sánchez anuncia bonificaciones del 100% del IRPF a los propietarios de viviendas que mantengan el precio en la renovación de sus alquileres

El Ejecutivo busca mantener el impulso en las políticas para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes un nuevo conjunto de iniciativas orientadas a aliviar la presión sobre el mercado del alquiler. Entre las principales propuestas figura una deducción del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos de sus inquilinos sin incrementar el precio del alquiler, así como la regulación de los arrendamientos por habitaciones, de modo que la suma de estas rentas no pueda superar el importe que correspondería al alquiler de la vivienda en su totalidad. Sánchez defendió esta línea de actuación asegurando que se respaldará a quienes facilitan un acceso digno a la vivienda y se pondrán límites a las prácticas especulativas. Las medidas anunciadas se incorporarán a un real decreto-ley cuya aprobación está prevista para las próximas semanas. Según explicó el presidente, el objetivo es intervenir en el mercado del alquiler mediante actuaciones urgentes y de alcance significativo, de las que podrían beneficiarse en torno a tres millones de hogares que viven de alquiler en España, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Vivienda. La iniciativa con mayor capacidad de incidencia es la bonificación fiscal completa en el IRPF para los arrendadores que mantengan el precio del alquiler al renovar los contratos. Con esta fórmula, el Gobierno considera que todas las partes salen favorecidas: los inquilinos conservan su vivienda sin afrontar subidas, los propietarios evitan la búsqueda de nuevos arrendatarios y mantienen sus ingresos, y la administración cumple su función de destinar recursos públicos al bienestar social. Desde el entorno del Ejecutivo señalan que esta compensación fiscal sustituye al posible aumento del alquiler, por lo que no supone una merma económica para los caseros. Según estimaciones del propio Gobierno, alrededor de 600.000 contratos de alquiler finalizarán a lo largo de 2026. En cuanto al control de irregularidades, la Ley de Vivienda de 2023 establece que en las zonas declaradas tensionadas las subidas del alquiler deben ajustarse al Índice de Referencia de Alquiler de Vivienda y que los precios, especialmente en el caso de grandes tenedores y nuevos contratos, se sitúen dentro de los márgenes fijados por el Índice de Referencia de Precios de Alquiler. No obstante, esta normativa dejaba fuera los alquileres de temporada y los arrendamientos por habitaciones. Para cerrar ese vacío, el nuevo real decreto-ley establecerá que el importe total de las habitaciones no pueda superar el alquiler de la vivienda completa y que, en las áreas tensionadas, se apliquen también los mecanismos de control de rentas previstos en la ley. Asimismo, el Gobierno pretende endurecer las condiciones de los alquileres de temporada para dificultar su uso fraudulento, como sucede en contratos de hasta 11 meses que eluden la regulación ordinaria. Aunque no se han detallado aún las medidas concretas, el presidente adelantó que se fijará un régimen sancionador para quienes incumplan la normativa estatal sobre alquileres de corta duración. Sánchez criticó que este tipo de contratos generen inestabilidad entre los inquilinos y denunció la creciente conversión de viviendas completas en alquileres por habitaciones con el único fin de aumentar las rentas. El anuncio de este paquete de medidas tuvo lugar durante el acto de inicio de la demolición de los primeros edificios del antiguo acuartelamiento de Campamento, en Madrid, donde arrancan las obras del Nuevo Barrio de Campamento. Se trata, según el Ministerio de Vivienda, del proyecto más relevante que afrontará en sus primeros años la nueva Entidad Estatal de Vivienda, Casa 47. En una superficie de 211 hectáreas se levantarán 10.700 viviendas asequibles, tanto en régimen de alquiler como de compra, todas ellas con protección permanente. Desde el ministerio explican que la finalidad es crear un barrio concebido como un espacio de convivencia y calidad de vida en el suroeste de la capital, con viviendas a precios accesibles que mejoren las condiciones de quienes las habiten y, al mismo tiempo, contribuyan a reducir la tensión en uno de los mercados inmobiliarios más complicados del país.

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(El Economista, 13-01-2026) | Fiscal

El PP bajará el IVA del 10% al 4% a los jóvenes que compren vivienda nueva

El Partido Popular presentó este lunes un conjunto de iniciativas destinadas a hacer frente a la falta de vivienda en España y a las dificultades de acceso, especialmente entre los jóvenes. Entre las principales medidas figuran la puesta en uso de suelo público para promover alquileres con precios hasta un 30% inferiores a los del mercado, la reducción del IVA del 10% al 4% en la compra de vivienda nueva para jóvenes y distintas ventajas fiscales en el IRPF dirigidas también a este colectivo. Dentro de las propuestas más innovadoras del plan estratégico de vivienda, anunciado tras la reunión del Comité de Dirección celebrada en Barcelona, destaca la idea de vincular el reparto de fondos del sistema de financiación autonómica al esfuerzo de las comunidades en la construcción de nuevas viviendas. Un planteamiento similar se aplicaría a los ayuntamientos que destinen sus superávits presupuestarios a impulsar la edificación residencial. Otra de las medidas, ya avanzada anteriormente por el PP, pasa por reducir los trámites administrativos en la construcción mediante la implantación del llamado "silencio positivo", de modo que si la Administración no responde en un plazo de tres meses, la licencia de obra se conceda de forma automática. El plan también contempla recuperar la Ley del Suelo, recientemente descartada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el objetivo de aportar mayor seguridad jurídica a los desarrollos urbanísticos. A ello se suman iniciativas para acelerar los procesos de regeneración urbana y recortar los plazos de ejecución de las promociones, reduciendo el tiempo medio de construcción de diez a cuatro años. Asimismo, el PP propone reforzar la colaboración entre el sector público y el privado y endurecer las sanciones contra la ocupación ilegal de viviendas, estableciendo procedimientos de desalojo en un plazo máximo de 24 horas. Para hacer frente a la escasez de mano de obra en la construcción, el partido apuesta por programas de formación específicos y por fomentar la innovación en el sector. La mayor parte del plan estratégico se centra en promover el acceso a la vivienda en propiedad. En este sentido, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, subrayó que la vivienda en propiedad ha sido históricamente un indicador de bienestar y prosperidad, y recordó que en los últimos años el porcentaje de propietarios ha disminuido en todos los tramos de edad por debajo de los 65 años.

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(El Economista, 13-01-2026) | Fiscal

Montero encarecerá 520 millones al año las herencias si quita las bonificaciones del impuesto de Sucesiones

El Gobierno central ha intensificado su ofensiva contra las bonificaciones fiscales que aplican las comunidades autónomas en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, especialmente en aquellas gobernadas por el Partido Popular. En este contexto, vuelve a ganar peso la posibilidad de implantar un nuevo impuesto estatal que, en la práctica, dejaría sin efecto estas rebajas fiscales y elevaría la carga tributaria sobre herencias y donaciones. De materializarse esta medida, los contribuyentes pasarían a pagar hasta 520 millones de euros adicionales cada año por los bienes y derechos que reciben de sus familiares más cercanos. Esta cantidad supondría un aumento del 16% en la recaudación conjunta de las comunidades autónomas por este tributo, que alcanzaría los 3.650 millones de euros anuales, frente a los 3.130 millones ingresados en 2024, último ejercicio con datos completos disponibles. En los últimos años, ocho comunidades han reducido prácticamente a cero el impuesto de Sucesiones y Donaciones al aplicar bonificaciones del 99% en las transmisiones entre familiares directos, como padres, hijos y cónyuges. Madrid, además, ha ampliado estas ventajas fiscales a otros grados de parentesco, como hermanos, tíos y sobrinos. Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana cuentan actualmente con exenciones del 99% en las herencias, lo que equivale, en la práctica, a suprimir el impuesto. A ello se suma que otras once comunidades han exonerado en los últimos ejercicios las donaciones de dinero de padres a hijos destinadas a la compra de la primera vivienda, ante las dificultades de acceso al ahorro necesarias para adquirir un inmueble. Como consecuencia de estas políticas fiscales, la recaudación por Sucesiones y Donaciones en las ocho comunidades que aplican las mayores bonificaciones se ha reducido en conjunto en unos 520 millones de euros desde su implantación hasta finales de 2024. En el caso de Andalucía, la bonificación del 99% entre familiares directos entró en vigor en abril de 2019 y ha provocado una caída de la recaudación del 22,7%, al pasar de 299 millones de euros en 2018 a 231 millones en 2024. Madrid, que ya tenía eliminado el impuesto para padres, hijos y cónyuges, introdujo en enero de 2023 una bonificación del 25% para herencias y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, porcentaje que se elevó al 50% en 2025. Esta medida redujo los ingresos por el impuesto de 662 millones en 2022 a 546 millones en 2024, un descenso del 17,5%. Castilla y León aprobó a mediados de 2021 una bonificación del 99%, aunque en su caso la recaudación pasó de 200 millones de euros en 2020 a 210 millones en 2024. Murcia inició las rebajas en este impuesto en 2015 y las amplió en 2018, lo que ha llevado a que sus ingresos por este concepto se redujeran de 96 millones a 37 millones entre entonces y 2024, una caída del 61,4%. La Comunidad Valenciana eliminó el tributo en mayo de 2023, lo que supuso un cambio drástico en sus cuentas: de recaudar 370 millones en 2022 pasó a ingresar 127 millones en 2024. Baleares, Canarias y Extremadura también suprimieron el impuesto en 2023, y un año después recaudaban en conjunto 43 millones menos. Desde el Ministerio de Hacienda, la vicepresidenta primera y ministra María Jesús Montero explicó la pasada semana, durante la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica, que el objetivo del Ejecutivo es frenar el denominado dumping fiscal entre comunidades, siguiendo el precedente del impuesto a las grandes fortunas. La estrategia pasaría por neutralizar las bonificaciones autonómicas en tributos cedidos al 100%, como Sucesiones y Donaciones o el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, mediante la creación de un gravamen estatal que obligue a tributar a tipos más elevados por herencias, donaciones entre familiares directos o la compra de viviendas. El impuesto a las grandes fortunas se aprobó en diciembre de 2022 con la finalidad de contrarrestar las exenciones autonómicas en el impuesto sobre el Patrimonio. Durante el primer año, los contribuyentes pagaron el gravamen autonómico a tipos reducidos y abonaron al Estado central, a través de la nueva figura impositiva, lo que dejaban de pagar por las bonificaciones. La Hacienda estatal recaudó 623 millones de euros en ese primer ejercicio. Como reacción, comunidades como Andalucía, Madrid o Galicia reactivaron el impuesto sobre el Patrimonio en 2023 para evitar que esos ingresos se desviaran al Estado. Montero señaló que en la reforma del sistema de financiación autonómica no se ha incluido una figura similar para Sucesiones y Donaciones, aunque reiteró que la intención del Gobierno es evitar que estos impuestos queden vacíos de contenido y reforzar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades. La idea de armonizar el impuesto de Sucesiones mediante un tributo estatal lleva sobre la mesa desde 2019, aunque fue a partir de 2023 cuando el Ejecutivo volvió a impulsarla con mayor intensidad. Este debate provocó un aumento significativo de las donaciones en 2024, que rozaron las 200.000 operaciones, un máximo histórico y un 15% más que el año anterior. Según los expertos del Registro de Economistas Asesores Fiscales, este repunte respondió al temor de los contribuyentes a un endurecimiento fiscal de las herencias. En este contexto, Cataluña destaca como la comunidad con mayor presión fiscal sobre herencias y donaciones. Junto con Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, es una de las regiones que menos bonificaciones aplica en este impuesto. Esta política se ha traducido en un fuerte aumento de la recaudación: en 2024, la Hacienda catalana ingresó 1.111 millones de euros por Sucesiones y Donaciones, un máximo histórico, un 16% más que el año anterior y casi cuatro veces más que hace una década. Cataluña concentra así el 35% de la recaudación total por este tributo en España.

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(Expansión, 13-01-2026) | Laboral

Los autónomos reclaman a la Seguridad Social no pagar la cuota durante la baja por enfermedad

Según el Barómetro de ATA sobre la situación de los trabajadores por cuenta propia, el 32,1% de los autónomos asegura que su actividad empeoró a lo largo de 2025. Desde la organización, su presidente, Lorenzo Amor, atribuye este deterioro al aumento de las cargas que afronta el colectivo, derivadas tanto de la nueva subida del salario mínimo como del endurecimiento de las obligaciones relacionadas con el control horario. Uno de los principales reclamos de los autónomos se dirige al Ministerio de Seguridad Social y se centra en reforzar la protección durante las bajas por enfermedad. Aunque desde 2018 están exentos de pagar cuotas a partir del segundo mes de incapacidad temporal, los 3,4 millones de trabajadores que integran el colectivo reclaman ahora que esa exención se aplique desde el primer día de baja. En un contexto marcado por el aumento de los costes laborales y una mayor presión fiscal, la mejora de la cobertura por incapacidad temporal se sitúa como la prioridad principal para más de la mitad de los autónomos. Así lo refleja el Barómetro de ATA sobre el cierre de 2025 y las perspectivas para 2026, que señala que el 53,8% considera esta medida la más urgente. A continuación, los encuestados reclaman la exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, una simplificación de las obligaciones fiscales que reduzca el número de declaraciones, la compatibilidad entre el trabajo y el cobro íntegro de la pensión de jubilación, incentivos a la contratación del primer empleado, una revisión de las deducciones de gastos para ganar seguridad jurídica, mejoras en el acceso al cese de actividad y la creación de un subsidio para mayores de 52 años que hayan agotado sus prestaciones. Conviene recordar que la prestación por incapacidad temporal de los autónomos depende de su base de cotización y de la causa de la baja. En caso de enfermedad común o accidente no laboral, no perciben prestación durante los cuatro primeros días; entre el cuarto y el vigésimo día reciben el 60% de la base reguladora, y a partir del día 21, el 75%. Si la baja se debe a un accidente laboral o enfermedad profesional, la prestación asciende al 75% desde el día siguiente a la baja. Pese a estas reivindicaciones, las conversaciones entre ATA y el Gobierno para mejorar la protección del colectivo y avanzar en cuestiones como la regularización de cuotas o la reforma del cese de actividad se encuentran paralizadas. Amor denuncia la falta de interlocución con el Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, y asegura que no se han retomado los contactos desde el pasado 20 de octubre. Fue en aquella fecha cuando el Ministerio dio marcha atrás en su propuesta inicial de actualización de las cuotas de autónomos para el periodo 2026-2028. Tras plantear subidas de entre el 4% y el 34%, el incremento se rebajó a una horquilla de entre el 1% y el 2,5%, hasta que finalmente el Ejecutivo optó por prorrogar en 2026 las cuotas vigentes en 2025, sin ningún aumento. Desde entonces, según ATA, no ha habido avances ni en la negociación futura de las cuotas ni en las medidas complementarias que la organización consideraba imprescindibles para alcanzar un acuerdo. Por el contrario, alertan de que las decisiones que se aprobarán próximamente en el Consejo de Ministros volverán a incrementar la carga sobre los autónomos. Entre ellas, destacan la subida del salario mínimo interprofesional, que será de al menos el 3,1%, y el refuerzo del registro horario, que obligará a muchos negocios a implantar sistemas digitales de control de jornada. Lorenzo Amor advierte de que este tipo de medidas están provocando una reducción del número de autónomos empleadores y de pequeñas empresas, mientras crece el empleo en grandes compañías con mayor capacidad de adaptación. En su opinión, el nuevo registro de jornada digital supondrá una carga adicional para el conjunto del tejido empresarial, pero tendrá un impacto especialmente negativo en los autónomos, a muchos de los cuales podría llevar al cierre. De cara a 2026, el Barómetro refleja un clima de moderado pesimismo. Solo el 16% de los autónomos confía en que su negocio crezca el próximo año, frente al 19% que lo pensaba a comienzos de 2025. Un 39,1% espera mantener su actividad y un 25,6% anticipa un empeoramiento. En cuanto al balance de 2025, el 30,8% de los autónomos afirma haber mejorado respecto al año anterior, mientras que un 32,1% reconoce un retroceso y un 34,9% señala que su situación se mantuvo sin cambios. Los datos de facturación siguen una línea similar: el 31,3% incrementó ingresos, el 30,4% los mantuvo y el 35% los redujo, lo que implica que para casi dos de cada tres autónomos 2025 fue un ejercicio sin crecimiento o con retrocesos. Para Amor, aunque el número total de autónomos haya aumentado, el balance del año es muy negativo. A su juicio, el incremento de la presión fiscal y la incertidumbre han generado un fuerte malestar en el colectivo. Además, señala que el crecimiento se concentra en solo cuatro comunidades autónomas, mientras se pierde empleo entre autónomos y pequeñas empresas y continúa el descenso en los sectores tradicionales.

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(El Confidencial, 13-01-2026) | Laboral

La organización mayoritaria de autónomos rechaza subir el SMI un 3,1% en 2026

La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), integrada en la CEOE, ha manifestado su oposición al aumento del salario mínimo interprofesional planteado por el Ministerio de Trabajo para 2026, que contempla una subida del 3,1% con bonificación en el IRPF y situaría el SMI en 17.094 euros brutos al año. El presidente de la organización, Lorenzo Amor, afirmó este lunes que un incremento de ese calibre resulta "inviable" para muchos autónomos con trabajadores a su cargo, y reiteró la posición fijada previamente por el Comité Ejecutivo de la CEOE en diciembre. Amor señaló que una actualización más moderada, de entre el 1,5% y el 2%, habría sido aceptable, pero considera excesivo el porcentaje propuesto. Estas declaraciones, realizadas durante la presentación del barómetro de actividad de los autónomos de 2025, cierran en la práctica la puerta a una negociación efectiva entre Trabajo y las organizaciones empresariales para acordar una subida consensuada del SMI en 2026. El dirigente empresarial también cuestionó el informe de expertos utilizado para calcular el 60% del salario medio neto, al que calificó de "trilerismo estadístico", y defendió que el salario mínimo ya supera ese umbral. Desde el Gobierno y los sindicatos, en cambio, se considera insuficiente una subida por debajo de la inflación registrada en 2025, del 2,7%, y de la prevista para 2026, del 2,1%. Además, la alternativa planteada por el Ministerio de Trabajo el pasado 7 de enero, consistente en modificar la ley de desindexación, no ha prosperado y carece de apoyos para avanzar. La desindexación es una demanda recurrente tanto de CEOE y Cepyme como de UGT y CCOO. De hecho, en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva se recogió la necesidad de que las empresas pudieran trasladar el coste de las subidas del SMI a los contratos con las administraciones públicas. No obstante, los ministerios implicados se oponen a esta posibilidad. Desde Hacienda se indicó la semana pasada que no se aceptará la desindexación por el impacto que tendría en las cuentas públicas en un contexto de mayores necesidades de gasto, mientras que desde Economía aseguran que esta opción ni siquiera se está abordando dentro del Gobierno. En este escenario, el Ministerio de Trabajo acabará previsiblemente cerrando un acuerdo únicamente con los sindicatos, como viene ocurriendo desde 2021, y UGT y CCOO no pondrán obstáculos a una subida del 3,1%. ATA, como principal organización representativa de los autónomos, fundamenta su rechazo a un mayor incremento de los costes laborales en la situación real del colectivo, que, según sostiene, no es tan favorable como podría sugerir el récord de afiliación al RETA, con 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia. De acuerdo con su barómetro, elaborado a partir de 1.200 encuestas, el 32,1% de los autónomos afirma haber reducido su actividad en 2025 respecto al año anterior, y un 25,6% prevé un descenso a lo largo de 2026.

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(El Economista, 13-01-2026) | Laboral

Histórico sorpasso en el mercado laboral europeo

Se trata de un hecho histórico, no solo por su carácter inédito, sino porque rompe definitivamente con el estereotipo que durante años ha pesado sobre los países del sur de Europa, a menudo señalados -de forma más o menos velada- como derrochadores y poco disciplinados. Por primera vez, el país con la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea no se encuentra en el sur, sino en el norte del continente. En concreto, es Finlandia la economía que hoy lidera el paro en Europa, un país cuyos dirigentes mostraron durante la crisis del euro una fuerte resistencia a ayudar a las economías meridionales y cuyos responsables económicos formaron parte del grupo de los denominados países frugales, defensores de la austeridad y la ortodoxia fiscal. Según los últimos datos oficiales de la Comisión Europea, Finlandia registra actualmente la tasa de paro más elevada de la UE. España ocupa la segunda posición, seguida muy de cerca por Suecia, otro país que tradicionalmente se asociaba con niveles muy bajos de desempleo. La tasa finlandesa, ajustada por estacionalidad, alcanza el 10,6%, ligeramente por encima del 10,4% de España, mientras que Suecia se sitúa en el 9,1%. El aumento respecto al dato de octubre, cuando el paro era del 10,4%, sitúa a Finlandia en su peor registro de los últimos 15 años. Estas cifras reflejan una tendencia más amplia: los países nórdicos, históricamente caracterizados por un mercado laboral sólido y bajos niveles de desempleo, están experimentando un deterioro en sus indicadores, mientras que las economías del sur de Europa muestran mejoras moderadas. La tasa de paro mide el porcentaje de personas desempleadas sobre la población activa de entre 15 y 74 años, y esta definición permite al Gobierno finlandés matizar el diagnóstico. Desde su punto de vista, el problema no reside en una destrucción masiva de empleo, sino en que el número de personas que buscan trabajo crece a un ritmo superior al de la creación de puestos. En otras palabras, la oferta de mano de obra está aumentando más rápido que la demanda. El Ministerio de Empleo de Finlandia ha señalado que en el último año el número de personas ocupadas ha crecido en torno a 25.000 y que determinados sectores están generando nuevos empleos. Sin embargo, este avance no logra absorber el incremento de la población activa, formada tanto por quienes ya trabajan como por quienes buscan empleo de manera activa. Desde esta perspectiva, el repunte del desempleo en Finlandia se explica en parte por el aumento de la inmigración registrado en los últimos años. La economía finlandesa no está siendo capaz de integrar a esta fuerza laboral procedente del exterior, lo que está generando tensiones sociales y políticas. La llegada de población migrante ha coincidido, además, con una fase de recesión económica y con mayores dificultades para encontrar trabajo. La situación contrasta con la de España, donde también se ha producido una intensa entrada de inmigrantes, pero en un contexto de recuperación económica tras la pandemia. En este caso, la inmigración está contribuyendo al aumento del empleo. Según la última Encuesta de Población Activa, que utiliza la misma metodología que Eurostat, en 2025 los trabajadores extranjeros superaron los 3,5 millones, lo que equivale al 15% del total de ocupados, su máximo histórico, en un momento en el que España se acerca a los 22 millones de personas empleadas. No obstante, aún hay más de 635.400 parados extranjeros en España, sin contar a quienes tienen doble nacionalidad. Este colectivo representa el 24,3% del desempleo total, el porcentaje más elevado desde 2009, cuando llegó al 25% con más de un millón de personas. A pesar de ello, la presencia de inmigrantes no ha impedido reducir la tasa de paro, que ha descendido 3,5 puntos porcentuales desde 2019, mientras que en Finlandia ha aumentado en 3,7 puntos durante el mismo periodo. A diferencia de lo ocurrido hace 16 años, el mayor peso de los inmigrantes en el desempleo español coincide ahora con un volumen total de parados mucho menor. Además, la experiencia de la Gran Recesión mostró que, en épocas de crisis, muchos inmigrantes tienden a abandonar España en busca de mejores oportunidades en otros países europeos. En el trasfondo de estas diferencias se encuentra un distinto modelo de integración de la mano de obra extranjera. La estructura productiva española depende en mayor medida de sectores intensivos en trabajo, como la agricultura, la construcción y, especialmente, los servicios -hostelería, logística o turismo-, lo que facilita la incorporación de trabajadores con perfiles diversos en un contexto de envejecimiento demográfico que está generando tensiones crecientes en la oferta laboral. También influye el origen de la inmigración. Aunque Marruecos es el principal país de procedencia, una parte muy relevante de los inmigrantes que llegan a España procede de América Latina. La cercanía cultural y lingüística reduce fricciones que sí aparecen con mayor intensidad en los países nórdicos, como Finlandia y Suecia. Lo que en el caso español actúa como un factor de apoyo al mercado laboral, en estos países se ha convertido en un desafío. Tanto Finlandia como Suecia afrontan problemas derivados del envejecimiento de su población, incluso de forma más acusada que España, pero no están logrando aprovechar esta entrada de trabajadores extranjeros como un motor de productividad en un entorno geopolítico complejo, marcado por su proximidad a Rusia. Resulta especialmente llamativo en el caso de Finlandia, a menudo presentada como el país más feliz del mundo, mientras que Suecia ha llegado a superar a Grecia como el tercer país europeo con mayor tasa de paro. Con todo, hay un elemento menos tranquilizador para España que emerge al analizar la serie histórica de datos. Es la primera vez que Finlandia supera a España en tasa de desempleo, pero no es la primera vez que se aproxima a hacerlo. En julio de 2005, en pleno auge inmobiliario, la diferencia estuvo a solo cuatro décimas. Este patrón pone de relieve una debilidad estructural del mercado laboral español: su elevada volatilidad.

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(Onda Cero, 13-01-2026) | Laboral

La Tesorería General de la Seguridad Social avisa a los pensionistas por la posible recepción de una carta fraudulenta

La Tesorería General de la Seguridad Social ha alertado a través de sus redes sociales de la circulación de una carta falsa dirigida a algunos pensionistas. En su aviso advierte claramente de que se trata de un engaño y pide no caer en la trampa. Junto al comunicado, el organismo ha difundido una copia del escrito fraudulento. En él, los supuestos remitentes afirman contactar "desde la Seguridad Social" para solicitar documentación, alegando la entrada en vigor de una nueva ley y la pérdida de datos personales como consecuencia de un supuesto ataque informático a los sistemas de Hacienda y de la propia Seguridad Social. El texto, con un uso incorrecto de mayúsculas y minúsculas, ya resulta sospechoso desde el primer momento. A lo largo de la carta se aprecian numerosos errores ortográficos y de puntuación. Además, se asegura que habrá un aumento de las prestaciones y de las pensiones de jubilación, y se pide al destinatario que remita diversa información personal: fotografías del DNI o NIE por ambas caras, una imagen de un extracto bancario en el que figure como titular o autorizado, así como el importe aproximado de la última pensión cobrada. El mensaje concluye prometiendo una subida de la pensión de entre 75 y 150 euros e incluye una dirección de correo electrónico a la que enviar toda esa documentación. El verdadero objetivo es obtener datos personales y bancarios para cometer un fraude. Ante este tipo de comunicaciones, lo más recomendable es no responder y ponerlo en conocimiento de las autoridades. Tanto la Seguridad Social como la Guardia Civil recuerdan de forma reiterada que este organismo nunca solicita información personal o bancaria por este tipo de vías, por lo que cualquier mensaje de estas características debe ser ignorado.

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(El Periódico, 13-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Audiencia Nacional archiva la causa sobre el gran apagón de 2025 tras no hallar indicios de “sabotaje terrorista”

José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional, ha ordenado el sobreseimiento de la causa abierta por el apagón eléctrico que afectó a la Península el pasado 28 de abril, al concluir que no existe "el más mínimo indicio" de que el suceso respondiera a un sabotaje de carácter terrorista. El juez, que había mantenido las actuaciones bajo secreto, adopta esta decisión tras examinar numerosos informes técnicos que descartan de manera concluyente que el origen del incidente estuviera vinculado a una acción de terrorismo informático. La investigación se inició en abril de 2025, cuando Calama se encontraba de guardia y decidió abrir diligencias al no conocerse entonces la causa del fallo masivo en el suministro eléctrico. En ese momento consideró necesario investigar la posibilidad de un ataque cibernético dirigido contra infraestructuras críticas del país. Sin embargo, tras más de seis meses de actuaciones y la práctica de múltiples diligencias, el instructor concluye que no se ha acreditado ni siquiera de forma indiciaria la existencia de un hecho con relevancia penal, por lo que procede el archivo del procedimiento. En el auto dictado este lunes, el magistrado repasa el contenido de los informes solicitados a distintos organismos especializados, entre ellos el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI; el Mando Conjunto del Ciberespacio; el Instituto Nacional de Ciberseguridad; la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad; la Comisaría General de Información de la Policía Nacional; y el comité encargado de analizar las circunstancias del apagón del 28 de abril. Todos ellos coinciden, subraya el juez, en descartar de forma tajante cualquier indicio que permita relacionar los hechos investigados con una acción de terrorismo informático. En particular, el informe del Centro Criptológico Nacional señala que el análisis de un archivo de 70 gigabytes, que recoge los eventos de seguridad de los sistemas de tecnología operativa, no ha aportado ningún elemento que contradiga las conclusiones iniciales. Dicho examen confirma que no se han identificado acciones cibernéticas maliciosas ni evidencias de un ciberataque atribuible a grupos de ciberdelincuencia, actores estatales o organizaciones terroristas. El magistrado también recoge las conclusiones del Mando Conjunto del Ciberespacio, que tras inspeccionar cinco centros de control de estaciones de generación eléctrica y analizar la información registrada en sus sistemas, descartó la existencia de cualquier ataque cibernético contra las infraestructuras examinadas. En la misma línea, el Instituto Nacional de Ciberseguridad emitió ocho informes en los que se constató la ausencia de actividades cibernéticas dañinas en los centros auditados. Por último, el auto hace referencia al informe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que realizó doce visitas a distintos centros relacionados con el incidente sin detectar indicios de ningún tipo de ciberataque vinculado al apagón del 28 de abril. Con base en este conjunto de pruebas, el juez concluye que no existen fundamentos para mantener abierta la investigación.

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