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(Expansión, 23-10-2026) | Fiscal

La UE avala a España para endurecer el perdón de deudas con Hacienda

España puede establecer límites a la cancelación de deudas mediante la Ley de la Segunda Oportunidad cuando los solicitantes mantienen obligaciones pendientes con Hacienda. Así lo sostiene el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Richard de la Tour, quien considera que la normativa comunitaria no contiene disposiciones suficientemente precisas para impedir que los Estados miembros introduzcan excepciones nacionales al perdón de las deudas. Las conclusiones responden a una consulta planteada por la Audiencia Provincial de Valladolid a raíz del caso de una pareja española que solicitó acogerse al mecanismo de exoneración de deudas. La Agencia Tributaria se opuso a que el hombre obtuviera este beneficio porque acumulaba más de 40.000 euros de deuda tributaria, correspondiente a una empresa de la que había sido administrador y por la que había sido declarado responsable. La legislación española impide acceder a la segunda oportunidad a quienes, durante los diez años anteriores, hayan sido declarados responsables de deudas tributarias mediante una resolución firme, salvo que hayan satisfecho íntegramente las cantidades exigidas. Una restricción similar se aplica a determinadas deudas relacionadas con infracciones tributarias, la Seguridad Social y el orden social. Estas limitaciones pueden afectar tanto a personas físicas como a quienes mantienen responsabilidades vinculadas a sociedades. De la Tour considera que el Derecho de la Unión Europea no obliga a los tribunales españoles a dejar de aplicar esta restricción, incluso cuando estimen que puede resultar desproporcionada. A su juicio, el derecho a la exoneración de deudas no es absoluto ni está sujeto a condiciones incondicionales, pese a que la normativa europea prevalezca, con carácter general, sobre las disposiciones nacionales incompatibles. El abogado general sostiene que la directiva comunitaria concede a los Estados miembros un amplio margen para regular las excepciones al régimen de exoneración. La norma incluye listas no exhaustivas tanto de los motivos por los que puede denegarse o restringirse el acceso a este mecanismo como de las categorías de créditos que pueden quedar excluidas de la cancelación. En este sentido, argumenta que, cuando un Estado miembro introduce excepciones adicionales al amparo de las posibilidades previstas en la directiva, la normativa europea no es suficientemente precisa para justificar por sí sola que se deje sin efecto una disposición nacional contraria. Una interpretación distinta, advierte, permitiría a los jueces inaplicar las normas internas mediante las que cada país ha establecido excepciones al principio de exoneración contemplado en la legislación comunitaria. La controversia también gira en torno al principio de proporcionalidad. La pareja afectada considera que impedir la cancelación de todas sus deudas por mantener obligaciones tributarias pendientes constituye una medida excesiva. Hacienda, por su parte, defiende que la legislación vigente no permite establecer excepciones por ese motivo. Sobre esta cuestión, De la Tour señala que corresponde al juez nacional valorar si la restricción es proporcionada, bajo la supervisión del órgano jurisdiccional superior competente. Asimismo, apunta que la existencia de resoluciones judiciales contradictorias en España sobre esta materia pone en duda que resulte imposible interpretar la legislación nacional de una manera compatible con las exigencias europeas. El abogado general recuerda que las autoridades de los Estados miembros, incluidos sus órganos judiciales, deben procurar interpretar el Derecho nacional de conformidad con la directiva comunitaria siempre que sea posible. El objetivo de esta norma es facilitar la cancelación de las deudas que resultan impagables y permitir que las personas afectadas puedan recuperar su estabilidad económica. Las conclusiones presentadas por el abogado general no son vinculantes para el TJUE, aunque suelen servir de referencia para la sentencia definitiva. Por tanto, la Audiencia Provincial de Valladolid deberá esperar al pronunciamiento del tribunal europeo para determinar cómo resolver el caso.

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(Expansión, 23-10-2026) | Fiscal

El nuevo Consejo para la prevención del blanqueo se constituirá antes de las elecciones

El Ministerio de Economía, dirigido por el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha aprobado la creación del Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La medida se formalizó mediante una orden ministerial publicada ayer, después de la aprobación del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2026-2030 y del anteproyecto de ley antiblanqueo que contemplaba la creación de una nueva autoridad supervisora. El nuevo Consejo pretende convertirse en un espacio estable de colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado, con un marco normativo propio que permita coordinar sus actuaciones de manera permanente y estructurada, según explica el Ejecutivo. Entre sus principales cometidos figura impulsar la cooperación entre las autoridades competentes y los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. También promoverá la aplicación de sanciones financieras internacionales y facilitará el intercambio de información estratégica, táctica y operativa, tanto entre las administraciones y los sujetos obligados como entre estos últimos. Asimismo, el órgano podrá elaborar informes, guías y recomendaciones para identificar los riesgos y las vulnerabilidades del sistema de prevención, además de plantear a las autoridades nuevas iniciativas, medidas y prioridades destinadas a reforzar su eficacia. La orden ministerial establece que el Pleno estará integrado por un presidente y 21 vocales, y deberá reunirse al menos una vez al año. Además, podrá constituir un comité ejecutivo de hasta diez integrantes y crear comisiones técnicas para abordar tareas específicas, especialmente las relacionadas con el intercambio de información estratégica y operativa. Economía ha fijado un plazo máximo de un mes para constituir este órgano, por lo que su primera reunión está prevista antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De este modo, el Gobierno pretende poner en marcha el mecanismo de cooperación antes de la cita electoral. La creación del Consejo no debe confundirse con la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), un organismo diferente cuya puesta en marcha estaba contemplada en el anteproyecto de ley antiblanqueo. La iniciativa legislativa también preveía ampliar el número de sujetos obligados a cumplir las normas de prevención, incorporando, entre otros, a los proveedores de servicios de criptoactivos, las plataformas de financiación participativa y los clubes de fútbol. Según fuentes gubernamentales, la creación de la Anifi, concebida para concentrar las competencias de supervisión, inspección y sanción en materia de blanqueo de capitales en España, ha quedado paralizada tras la convocatoria de elecciones anticipadas y la retirada del anteproyecto. No obstante, el Ministerio de Economía podría retomar la iniciativa si Pedro Sánchez continúa al frente del Ejecutivo después de los comicios. En cualquier caso, el Gobierno que se forme tras las elecciones deberá adaptar la legislación española al paquete europeo de medidas contra el blanqueo de capitales, aprobado en 2024. El plazo límite para completar la transposición de las disposiciones que lo requieran finaliza el 10 de julio de 2027.

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(Expansión, 23-10-2026) | Fiscal

Guiños fiscales al campo

El Gobierno ha anunciado nuevas medidas fiscales para el sector agrario de cara a 2027, entre las que destaca una reducción general del 10% del rendimiento neto en el IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas, junto con deducciones específicas por la compra de gasóleo agrícola y fertilizantes. Bajo el lema «Producimos tu comida; merecemos vivir de nuestro trabajo», agricultores y ganaderos españoles volverán a salir a la calle el próximo miércoles 28 de octubre con una gran tractorada en Madrid. La movilización pretende visibilizar el malestar del sector ante la acumulación de dificultades que comprometen la viabilidad de numerosas explotaciones. Entre los principales problemas figuran el encarecimiento de los costes de producción por la subida de los precios de la energía, la amenaza de recortes en los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC), los bajos precios que perciben los productores y la falta de garantías de reciprocidad en los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países. A estas preocupaciones se suman las crecientes exigencias burocráticas, que, según denuncian las organizaciones agrarias, incrementan la carga administrativa y restan tiempo a las labores productivas. En este contexto, las principales organizaciones del campo consideran insuficiente la prórroga hasta el 31 de diciembre de la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola para compensar el aumento de los costes. Ante esta situación, el Ejecutivo ha anunciado nuevos incentivos fiscales dirigidos al colectivo, con el que mantiene una relación marcada por las discrepancias. El Gobierno ha intentado distanciarse de algunas decisiones de Bruselas, especialmente de los posibles recortes de la PAC, para acercar sus posiciones a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos. El Ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, abrió ayer el periodo de información pública del proyecto de orden que regulará el sistema de módulos del IRPF para 2027. La propuesta contempla, según informó el departamento, reducciones fiscales extraordinarias para las actividades agrícolas y ganaderas. Entre las medidas previstas figura una rebaja general del 10% del rendimiento neto aplicable a todas las actividades agrarias en el IRPF, frente al 5% establecido para el resto de actividades económicas. Además, se plantea una reducción del 35% por la adquisición de gasóleo profesional y del 15% por la compra de fertilizantes, dos insumos esenciales para el desarrollo de la actividad agraria cuyos precios se han visto afectados por el encarecimiento de la energía y la inestabilidad en Oriente Próximo, agravada por el prolongado bloqueo del estrecho de Ormuz. Según las estimaciones del Gobierno, estos incentivos supondrán una reducción de aproximadamente 860 millones de euros en la base imponible del IRPF. El objetivo es aliviar la presión económica sobre las explotaciones agrarias y compensar parcialmente el impacto que la subida de los precios del gasóleo y los fertilizantes está teniendo en su rentabilidad como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, según explicó el Ministerio de Agricultura. Las medidas podrían beneficiar a unos 800.000 agricultores y ganaderos que tributan en el IRPF mediante el sistema de estimación objetiva, conocido como régimen de módulos. El anuncio llega menos de una semana antes de la tractorada convocada por Asaja, COAG y Unión de Uniones en Madrid, en un contexto marcado también por la proximidad de unas elecciones que serán determinantes para el futuro político, económico y social de España. Los nuevos incentivos fiscales dan continuidad a las medidas extraordinarias aplicadas desde 2022 para hacer frente a distintas crisis que han afectado al sector. Agricultura recordó que las reducciones previstas para 2026 siguen una línea similar a las aprobadas en 2022, 2023 y 2024 para mitigar las consecuencias de la guerra de Ucrania y la sequía sobre las explotaciones. Ahora, el conflicto en Oriente Próximo vuelve a presionar los costes agrarios y alimenta el riesgo de nuevas tensiones inflacionistas.

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(Expansión, 23-10-2026) | Fiscal

La Asamblea de Madrid ha dado luz verde definitiva este jueves a la nueva Ley de Defensa del Contribuyente

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cumplido una de sus principales promesas electorales con la aprobación de la Ley de Defensa del Contribuyente, destinada a simplificar los trámites tributarios y reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos. La iniciativa, anunciada antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, ha recibido este jueves el respaldo definitivo de la Asamblea de Madrid, con los votos favorables del PP y Vox y el rechazo de los partidos de izquierda. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se limitará a los tributos cedidos por el Estado. Su ámbito de aplicación comprende los impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de las tasas relacionadas con el juego. Entre las principales novedades figura la fijación de un plazo máximo de tres meses para que la Hacienda autonómica responda a las solicitudes de los ciudadanos. Asimismo, la ley refuerza la atención a las reclamaciones mediante la creación de una nueva Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituirá al actual Defensor del Contribuyente y contará con mayores recursos técnicos y plazos de respuesta definidos. Este organismo dispondrá de 15 días hábiles para contestar a las quejas relacionadas con demoras injustificadas, problemas con los servicios electrónicos o un trato inadecuado por parte de la Administración tributaria. El texto incorpora también medidas de cortesía institucional. Entre ellas, establece que la Administración regional deberá pedir disculpas cuando una sentencia firme determine que se han vulnerado los derechos de un contribuyente. Del mismo modo, tendrá que agradecer la colaboración de los ciudadanos cuando una inspección concluya sin regularizaciones ni sanciones, según ha explicado el Gobierno madrileño. La ley pretende garantizar que los derechos de los contribuyentes se traduzcan en una protección efectiva en sus relaciones con la Administración. Para ello, contempla la posibilidad de obtener respuestas por escrito y con carácter vinculante a las consultas tributarias, con el objetivo de aportar mayor certeza sobre la aplicación de la normativa. Además, la Hacienda autonómica ofrecerá gratuitamente la elaboración de autoliquidaciones a quienes lo soliciten y prestará asistencia durante los trámites de presentación y pago de los impuestos. Los ciudadanos también podrán acceder a la información de sus expedientes a través de la Oficina Virtual Tributaria y de una carpeta fiscal personalizada.

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(El Economista, 23-10-2026) | Fiscal

El Supremo obliga a tributar en el IRPF por una herencia antes de poder aceptarla

El Tribunal Supremo ha determinado que las ganancias patrimoniales obtenidas por una herencia yacente, es decir, aquella que todavía está pendiente de aceptación o rechazo, deben declararse en el IRPF de las personas designadas como herederas, aunque aún no puedan aceptar la herencia ni hayan adquirido los bienes que la integran. En una sentencia del pasado 2 de julio, a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso de casación interpuesto contra una resolución dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El caso se remonta a enero de 2013, cuando falleció una mujer que había nombrado herederos a dos sobrinos por partes iguales. El testamento establecía un plazo de seis años durante el cual ninguno de ellos podía aceptar la herencia. Sin embargo, en 2014, la gestión y venta de los activos hereditarios generó una ganancia patrimonial de 1,4 millones de euros, de la que correspondían algo más de 700.000 euros a cada sobrino. Uno de ellos declaró su parte de las ganancias en el IRPF de 2014, pero más adelante solicitó la devolución del importe pagado. Argumentó que todavía no tenía la condición de heredero a efectos fiscales y que esas ganancias debían tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones una vez transcurrido el plazo fijado en el testamento. La Agencia Tributaria rechazó su solicitud y, además, le impuso una sanción de 23.400 euros. El contribuyente defendía que no podía ser considerado heredero hasta que concluyeran los seis años establecidos por la testadora. Por ello, entendía que no debían atribuírsele ganancias procedentes de bienes que aún no había adquirido. También alegaba que someter esos rendimientos al IRPF podía dar lugar a una doble imposición con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. El Supremo señala que la normativa del IRPF excluye a las herencias yacentes como contribuyentes de este impuesto, pero diferencia entre la condición de heredero a efectos fiscales y la adquisición efectiva de los bienes hereditarios. Así, aunque una persona designada como heredera a término no pueda aceptar la herencia hasta la fecha prevista en el testamento, su nombramiento permite atribuirle fiscalmente las rentas generadas por el patrimonio hereditario durante ese periodo. En consecuencia, el hecho de que la aceptación de la herencia esté temporalmente impedida no exime de tributar en el IRPF por las ganancias obtenidas con la gestión de los bienes que forman parte de ella. La Sala considera, además, que el IRPF y el impuesto sobre sucesiones y donaciones gravan hechos imponibles diferentes. El primero recae sobre las rentas y ganancias generadas por la administración del patrimonio mientras permanece en situación de herencia yacente, mientras que el segundo grava la adquisición de bienes y derechos por causa de herencia. Por este motivo, el Tribunal Supremo descarta que exista la doble imposición denunciada por el contribuyente, ya que, cuando se imputaron las ganancias en el IRPF, todavía no se había producido el devengo del impuesto sobre sucesiones y donaciones derivado de la adquisición de los bienes hereditarios. La sentencia fija así el criterio jurisprudencial de que las rentas generadas por una herencia yacente deben atribuirse en el IRPF a las personas instituidas herederas, incluidos quienes hayan sido designados para heredar a partir de una fecha determinada, aunque todavía no haya llegado ese momento y no hayan adquirido formalmente los bienes o derechos hereditarios.

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(El País, 23-10-2026) | Laboral

Sordo y Álvarez auguran que PP y Vox aprobarán “el despido libre y gratuito” si gobiernan

Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han negado que la huelga general convocada para el 11 de noviembre tenga como objetivo condicionar el voto en las elecciones generales del día 29. No obstante, ambos dirigentes sindicales quieren que la movilización contribuya a situar la vivienda, los salarios y los derechos laborales en el centro del debate electoral. También han advertido de que un eventual Gobierno del PP y Vox podría revertir algunas de las mejoras laborales aprobadas durante los últimos años y reducir la protección social. Durante un desayuno informativo organizado por RTVE y la agencia Efe, Sordo defendió que la finalidad de la convocatoria es incorporar a la agenda pública los problemas que afectan a la calidad de vida de los trabajadores. Por su parte, Álvarez sostuvo que los ciudadanos deben conocer antes de votar si se mantendrá el modelo laboral desarrollado durante los últimos años. El secretario general de UGT advirtió de que, en su opinión, un Ejecutivo que siguiera las posiciones de Vox podría impulsar medidas como el despido libre y gratuito y una reducción de los derechos laborales. Álvarez también cuestionó que un futuro Gobierno de PP y Vox mantuviera las subidas del salario mínimo interprofesional si no existiera un acuerdo previo entre sindicatos y empresarios. Los dos sindicatos reclaman un incremento del 7% para 2027 y recuerdan que el SMI ha aumentado un 66% desde 2019 bajo los gobiernos de coalición progresistas. Sordo, por su parte, señaló que entre las empresas empieza a existir preocupación por la evolución favorable del empleo y de la economía, aunque reconoció que persiste el problema de los salarios bajos. A su juicio, una situación próxima al pleno empleo reforzaría la capacidad de negociación de los trabajadores para reclamar mejores retribuciones y condiciones laborales. El dirigente de CC OO considera que un Ejecutivo de derechas podría responder a este escenario reduciendo las prestaciones y ayudas sociales, al entender que una protección más amplia puede desincentivar la incorporación al mercado laboral. Ambos responsables sindicales rechazaron que la convocatoria de la huelga responda a la presión del Sindicato de Inquilinas o al adelanto electoral. Aseguraron que ya contemplaban movilizaciones contra las posiciones empresariales antes de conocerse la fecha de los comicios. Álvarez explicó que los sindicatos han detectado un creciente malestar social por los problemas de acceso a la vivienda y los salarios, y que han decidido canalizar ambas preocupaciones mediante una movilización conjunta. Sordo reconoció que se trata de una huelga general atípica, puesto que no se dirige contra una decisión concreta del Gobierno que perjudique a los trabajadores. Los sindicatos esperan una participación laboral significativa, pero conceden especial importancia a las manifestaciones que se celebrarán por la tarde en las capitales de provincia. El secretario general de CC OO señaló que el periodo de mayor actividad de las protestas podría concentrarse entre las siete y las diez de la noche, en lugar de limitarse a las primeras horas de la jornada, como ha sucedido en otras convocatorias. Entre los objetivos de la movilización, Sordo destacó la aprobación de los decretos relacionados con la vivienda y la necesidad de modificar la percepción social sobre este problema. Los sindicatos consideran que las dificultades para acceder a una vivienda y la evolución de los salarios están estrechamente relacionadas y deben recibir una atención prioritaria durante la campaña electoral. Las pensiones también figuran entre los asuntos que CC OO y UGT quieren incorporar al debate. Sordo rechazó las advertencias sobre un posible colapso del sistema público y defendió que su sostenibilidad dependerá de las decisiones políticas y de los recursos que la sociedad esté dispuesta a destinarle. En este sentido, planteó que el gasto en pensiones, actualmente equivalente al 13,1% del PIB, podría situarse en una media del 15% hasta 2050, un esfuerzo que considera asumible. El dirigente sindical también criticó el modelo mixto de pensiones planteado por Vox, al considerar que podría reducir las prestaciones públicas en un 30% y aumentar las diferencias entre quienes pueden complementar su jubilación con ahorro privado y quienes dependen exclusivamente de la pensión pública. A su juicio, este cambio sustituiría la estabilidad del sistema público por una mayor exposición a la incertidumbre de los mercados financieros. Los dos dirigentes hicieron una valoración favorable de la gestión de los últimos gobiernos de coalición progresistas, aunque les reprocharon una falta de iniciativa en determinadas materias. Entre sus críticas mencionaron el retraso en la aprobación de medidas para impedir que las subidas del salario mínimo queden neutralizadas por la compensación y absorción de determinados complementos salariales, así como el endurecimiento de las normas sobre el registro horario. Según los sindicatos, estas iniciativas podrían haberse aprobado mediante el Consejo de Ministros sin necesidad de contar con una mayoría parlamentaria. Por último, Sordo y Álvarez criticaron las declaraciones realizadas por el presidente argentino, Javier Milei, durante su visita a España. El secretario general de CC OO le atribuyó posiciones que, a su juicio, representan una corriente política que puede debilitar los marcos constitucionales y aumentar la confrontación internacional. Álvarez coincidió en sus críticas y afirmó que las posiciones de la derecha ultraliberal pueden desviar la atención de los cambios económicos y sociales que se están produciendo, especialmente del impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo y las condiciones de vida.

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(La Vanguardia, 23-10-2026) | Laboral

Illa acusa a la oposición de crear un enfrentamiento intergeneracional con las pensiones

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusado este miércoles al PP y a Vox de querer convertir las pensiones públicas en un negocio y de fomentar un enfrentamiento entre generaciones al cuestionar la viabilidad del sistema. Illa ha asegurado que las prestaciones están garantizadas incluso cuando la generación del baby boom alcance la edad de jubilación y ha llamado a oponerse a las propuestas de la derecha en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Durante un acto celebrado en la sede del PSC, junto al conseller de Derechos Sociales, Raúl Moreno, y la diputada en el Congreso Mercè Perea, el presidente catalán ha respondido a las advertencias de dirigentes del PP y Vox sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. «No peta nada. Esto funciona. Donde no funciona es donde no se hace así», ha afirmado. Illa ha reconocido que hacia 2050, cuando los integrantes de la generación del baby boom estén jubilados, podría ser necesario aumentar los recursos destinados a las pensiones. Según ha explicado, las previsiones contemplan una aportación adicional de entre dos y tres puntos del PIB, una cantidad que, a su juicio, está calculada y permitiría mantener el gasto en niveles similares a los que Italia destina actualmente a esta partida. «¿Por qué engañan a la gente? Porque quieren convertir las pensiones en un gran negocio. Es la avaricia del gran dinero», ha declarado. El presidente de la Generalitat ha definido las pensiones como «el ejercicio más bonito de solidaridad intergeneracional» y ha advertido de los riesgos que, en su opinión, implicaría avanzar hacia un modelo privatizado. Ha señalado que las inversiones privadas pueden sufrir pérdidas por decisiones equivocadas o por crisis financieras, mientras que ha defendido la capacidad del sistema público para sostener las prestaciones. Como ejemplo de la evolución económica favorable, ha destacado que Cataluña y España cuentan actualmente con más personas trabajando que nunca. Illa también ha criticado que PP y Vox defiendan, a su entender, la privatización de las pensiones, aunque considera que han intentado ocultar esa posición. En Cataluña, ha extendido sus reproches a Aliança Catalana, a la que ha aludido por calificar el sistema de pensiones de «estafa piramidal». El dirigente socialista ha dirigido asimismo un mensaje a Junts, al que ha advertido de que no puede mantenerse en una posición intermedia ante este debate. En respuesta a las declaraciones de la candidata de la formación al Congreso, Miriam Nogueras, sobre la posibilidad de ocupar el centro político, Illa ha sostenido que hay que elegir entre dos opciones: «O estás con unos o con otros». También ha afirmado que en Cataluña se conocen las conversaciones y los contactos políticos, y que la diferencia está en mantener las propias posiciones o ceder ante las presiones. Por su parte, Raúl Moreno ha defendido el papel de las pensiones como uno de los principales instrumentos de redistribución de la renta y la riqueza, así como de reducción de las desigualdades, especialmente a través de las prestaciones no contributivas. El conseller ha abogado por seguir reforzando el Estado del bienestar. Mercè Perea, que participó en el Pacto de Toledo en representación del PSOE, ha rechazado que exista un conflicto inevitable entre jóvenes y mayores por la financiación de las pensiones. A su juicio, este debate ha cobrado protagonismo durante la campaña por iniciativa de la derecha. La diputada ha acusado a sus adversarios de difundir mensajes engañosos y ha señalado que los socialistas tienen hasta el 29 de noviembre para rebatirlos.

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(Cinco Días, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo marca máximos desde mayo ante el riesgo de nuevos ataques en el Golfo Pérsico

El precio del petróleo brent ha superado los 112 dólares por barril, su nivel más alto desde principios de mayo, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Aunque el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz se está recuperando hasta aproximarse a los niveles anteriores a la guerra, el temor a nuevos ataques contra instalaciones energéticas mantiene la presión sobre las cotizaciones. La preocupación por una posible escalada también se refleja en la decisión de Estados Unidos de ordenar la salida de parte del personal y de los familiares de trabajadores de sus embajadas en el reino. Según informa The New York Times, los ejércitos estadounidense e israelí están preparando planes para atacar Irán después de las elecciones de este fin de semana. La operación contemplaría posibles objetivos relacionados con infraestructuras energéticas y arsenales de drones y misiles. A esta situación se suma un ataque con drones contra el yacimiento petrolífero de Shaybah, propiedad de Saudi Aramco, en el que murieron dos personas, aunque la actividad de las instalaciones no se vio interrumpida. La compañía ha evacuado sus principales instalaciones como medida de precaución. El brent, referencia internacional para los precios del petróleo, acumula una subida superior al 80% en lo que va de año. La guerra entre Estados Unidos e Irán, que se aproxima a su noveno mes sin perspectivas claras de resolución, ha alterado los flujos energéticos procedentes del golfo Pérsico y ha elevado la percepción de riesgo en los mercados internacionales. Sin embargo, los datos más recientes apuntan a una recuperación de las exportaciones. Según la agencia Kpler, los envíos de petróleo desde la región alcanzaron los 24 millones de barriles diarios la semana pasada, una cifra incluso superior a la media registrada antes del inicio del conflicto. Por su parte, The Wall Street Journal sitúa el tránsito por el estrecho de Ormuz en torno al 82% de sus niveles habituales anteriores a la guerra. Las flotas petroleras privadas y las controladas por los países del Golfo están adoptando distintas estrategias para reducir su exposición a posibles ataques iraníes. Los analistas consideran que la principal explicación de los elevados precios no es tanto la falta de suministro como el temor a un deterioro de la situación en los próximos días. Al negociarse el petróleo mediante contratos de futuros, las expectativas sobre la evolución del conflicto influyen de forma decisiva en las cotizaciones. Rebecca Babin, operadora sénior de energía de CIBC Private Wealth Group, señala que la continuidad de las operaciones militares y el riesgo de que la escalada se reanude después de las elecciones están estableciendo un suelo para los precios. Esta incertidumbre dificulta que el mercado consolide nuevas subidas, pero también limita las ventas, ante la falta de confianza en que la situación vaya a mejorar a corto plazo. Kuwait es uno de los productores de la región que ha conseguido recuperar sus exportaciones de crudo hasta niveles similares a los anteriores a la guerra entre Estados Unidos e Irán, según explicó el consejero delegado de la petrolera estatal kuwaití, Sheikh Nawaf Al-Sabah. No obstante, el país sigue encontrando mayores dificultades para comercializar productos refinados, como el diésel y el combustible de aviación, debido a los riesgos que persisten en la zona. La tensión también se ha trasladado al tráfico marítimo. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán aseguró haber atacado a cuatro petroleros a los que calificó de «infractores» mientras realizaban operaciones de transbordo de cargamentos en el norte del golfo Pérsico. La información fue difundida por la cadena Press TV a través de la red social X, sin que se precisara cuándo se produjeron los incidentes. Teherán advirtió, además, de que podría ampliar el alcance del conflicto si continúan los tránsitos por el estrecho de Ormuz que considera ilegales. Estas amenazas mantienen la incertidumbre sobre la seguridad de una de las principales rutas mundiales para el transporte de hidrocarburos y contribuyen a sostener la prima de riesgo incorporada al precio del petróleo.

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(El País, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los multipropietarios suben el alquiler casi el doble que los caseros con un solo piso

La desigualdad en el mercado del alquiler en España no depende únicamente de la ubicación o las características de las viviendas, sino también del tipo de propietario. Entre 2019 y 2023, los caseros con cinco o más inmuebles arrendados incrementaron sus rentas un 13,5% de media, casi el doble que los propietarios de una sola vivienda, que aplicaron una subida del 7,2%. Así lo recoge un estudio de EsadeEcPol elaborado a partir de los datos de Hacienda correspondientes a más de 780.000 alquileres declarados por personas físicas en España. El análisis identifica una relación entre el número de viviendas en propiedad y el aumento de los precios. Cuantos más inmuebles tiene un arrendador, mayores son, en promedio, los incrementos que aplica. Durante el periodo estudiado, quienes alquilaban una sola vivienda elevaron las rentas un 7,2%, frente al 8,2% de los propietarios de dos inmuebles y al 9,8% de los que tenían tres. En el caso de quienes disponían de cuatro viviendas, la subida alcanzó el 9,5%, mientras que entre los propietarios de cinco o más llegó al 13,5%. Esta evolución ha ampliado la diferencia entre los precios fijados por los pequeños caseros y los multipropietarios. En 2019, la distancia entre ambos grupos era del 2,4%, pero cuatro años después se había triplicado. Las diferencias resultan especialmente visibles cuando se firma un nuevo contrato, ya sea porque cambia el inquilino o porque vence el acuerdo anterior. En estas circunstancias, los propietarios de una sola vivienda aumentaron el alquiler un 3,8% de media, mientras que quienes tenían varios inmuebles lo hicieron un 5,2%. En un piso con una renta mensual de 800 euros, estas subidas supondrían un incremento de 30 euros en el primer caso y de 41,60 euros en el segundo. Para comprobar si esta diferencia podía deberse a factores como la superficie, la antigüedad del edificio o la ubicación, los investigadores compararon viviendas con características similares situadas en un mismo barrio. La conclusión se mantuvo: los multipropietarios aplicaban mayores incrementos incluso cuando los inmuebles eran equivalentes. Jorge Galindo, responsable de la investigación, analizó también la evolución de unos 196.000 pisos a lo largo del tiempo y observó que las subidas podían ser hasta cuatro puntos porcentuales superiores cuando la vivienda pertenecía a un propietario con varios inmuebles. El estudio descarta, además, que el fenómeno se explique por el control de determinados mercados locales. Si los grandes propietarios pudieran imponer precios más elevados por concentrar numerosas viviendas en una misma zona, cabría esperar que sus alquileres fueran más caros allí donde acumulan más inmuebles. Sin embargo, los resultados muestran lo contrario: quienes concentran sus propiedades en un mismo barrio cobran, de media, casi un 4% menos que otros caseros. En cambio, los propietarios que distribuyen sus viviendas entre distintas ciudades o comunidades autónomas suelen fijar rentas casi un 3% superiores. Los investigadores atribuyen parte de estas diferencias al comportamiento y a los objetivos de cada tipo de arrendador. Los pequeños propietarios suelen priorizar la continuidad de los ingresos y la permanencia de un inquilino de confianza. En muchos casos, la vivienda procede de una herencia o fue anteriormente el hogar familiar, por lo que no siempre se contempla como una inversión financiera. La situación cambia cuando el propietario dispone de una cartera de inmuebles adquiridos expresamente para obtener rentabilidad. Al repartir el riesgo de impago entre varias viviendas, estos arrendadores pueden asumir con mayor facilidad la rotación de inquilinos y dar más importancia al rendimiento económico de cada propiedad. No obstante, el informe advierte de que los multipropietarios no explican por sí solos el encarecimiento del alquiler en los últimos años. Su comportamiento representa aproximadamente el 18% del incremento registrado entre 2019 y 2023 en la muestra analizada: 1,6 puntos porcentuales de una subida media de 8,8 puntos. El resto se relaciona con la revalorización general de las viviendas en un mercado marcado por el desequilibrio entre una demanda elevada y una oferta insuficiente. A partir de estos resultados, EsadeEcPol cuestiona la capacidad de la Ley estatal de vivienda para abordar las diferencias de comportamiento entre los propietarios, en particular mediante la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los alquileres. La norma se aprobó en mayo de 2023 y las primeras áreas con precios regulados comenzaron a aplicarse en Cataluña en marzo de 2024, de modo que sus efectos quedan fuera del periodo analizado. El estudio considera que la regulación no tiene suficientemente en cuenta las distintas estrategias de los arrendadores y advierte de que una congelación obligatoria de las rentas podría reducir la oferta disponible y generar inseguridad jurídica, lo que llevaría a algunos propietarios a retirar sus viviendas del mercado. Como alternativa para contener las subidas sin desincentivar el alquiler, el informe plantea ofrecer ventajas fiscales en el IRPF a los propietarios que acepten renovar los contratos con incrementos moderados. También propone establecer garantías públicas o seguros de impago automáticos para reducir el riesgo que perciben los arrendadores y favorecer que mantengan sus viviendas en el mercado.

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(El País, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública en la UE sube a su máximo nivel desde la pandemia

La deuda pública de la Unión Europea continúa aumentando, aunque lo hace de forma gradual y sin cambios significativos en su tendencia. Durante el primer semestre del año, el volumen de deuda de los Veintisiete alcanzó el equivalente al 82,9% del producto interior bruto (PIB), mientras que en la eurozona se situó en el 88,8%, según los datos publicados este miércoles por Eurostat. Se trata de los niveles más elevados desde que se retiraron definitivamente buena parte de las medidas de apoyo económico aprobadas durante la pandemia de la covid-19. El incremento de la deuda llega en un contexto poco favorable para las finanzas públicas, ya que los mercados exigen mayores rendimientos a los Estados para adquirir sus bonos. Francia se encuentra entre los países más afectados por esta situación, debido a unos desequilibrios presupuestarios persistentes y al crecimiento continuado de su endeudamiento. Su déficit supera el 5% del PIB y la deuda pública alcanza el 119%, de acuerdo con las cifras de Eurostat. Esta situación se refleja en la prima de riesgo francesa, que mide la diferencia entre la rentabilidad de sus bonos a diez años y la de los títulos alemanes del mismo plazo. Este miércoles, el indicador se acercó a los 160 puntos básicos y contribuyó a elevar también las primas de otros países con elevados niveles de deuda, como Italia y Grecia, que rondan los 140 puntos. España, pese a compartir la tendencia general de aumento del endeudamiento europeo, ha resistido mejor las turbulencias vinculadas a Francia. La deuda pública española mantiene una trayectoria descendente y se situó en el 101,4% del PIB durante el segundo trimestre. La mayoría de las previsiones apuntan a que en 2026 podría bajar del umbral del 100%. La evolución de los tipos de interés tampoco facilita la reducción de la deuda. Las recientes decisiones del Banco Central Europeo, adoptadas en respuesta a las presiones inflacionistas, han endurecido las condiciones de financiación. Aunque el objetivo es contener el crecimiento de los precios, el encarecimiento del crédito también eleva el coste de las nuevas emisiones de bonos, tanto para los Estados como para las empresas. El aumento del endeudamiento, sin embargo, ya no afecta únicamente a los países que generan mayores dudas entre los inversores. Tras la pandemia, la proporción de deuda sobre el PIB comenzó a reducirse en el conjunto de la Unión Europea, una tendencia que ni siquiera se interrumpió con la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. No obstante, aquel conflicto desencadenó una transformación del escenario geopolítico internacional que se ha intensificado con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde entonces, numerosos países europeos han incrementado sus presupuestos de defensa y, en varios casos, han recurrido a un mayor endeudamiento para financiar ese esfuerzo. Esta evolución resulta especialmente visible en los Estados más próximos a Rusia. Polonia, que tradicionalmente ha mantenido un compromiso con la disciplina fiscal, ha visto aumentar su deuda pública pese al fuerte crecimiento de su economía. A comienzos de 2023, el endeudamiento equivalía al 48,8% del PIB; tres años y medio después, la proporción había subido al 64,5%. Actualmente, el país es el miembro de la OTAN que destina una mayor proporción de su economía a defensa y seguridad, con un gasto que se aproxima al 5% del PIB. Una trayectoria similar, aunque con cifras diferentes, se observa en Estonia, Letonia y Lituania, las tres repúblicas bálticas, así como en Rumanía. Alemania también figura entre los países que han aumentado su endeudamiento, aunque en su caso el fenómeno responde a una combinación de factores. Al incremento del gasto militar se suma la crisis económica que atraviesa la principal potencia europea desde el final de la pandemia, agravada por la creciente competencia de China en los sectores de alta tecnología.

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