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(El País, 12-06-2026) | Fiscal

El Consejo Fiscal Europeo ve “muy cuestionable” permitir que los países gasten más para afrontar la crisis energética

El Consejo Fiscal Europeo ha mostrado su desacuerdo con la propuesta planteada por la Comisión Europea para flexibilizar temporalmente las normas fiscales y permitir a los Estados miembros disponer de un mayor margen de gasto público con el fin de afrontar las consecuencias de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo. A juicio de este organismo independiente encargado de supervisar las finanzas públicas de la Unión Europea, la medida resulta discutible y podría generar efectos contraproducentes. En un informe presentado recientemente, el Consejo Fiscal advierte de que esta nueva flexibilidad presupuestaria podría favorecer incrementos discrecionales del gasto que no siempre estarían justificados, especialmente en un contexto en el que la inflación vuelve a mostrar una tendencia ascendente. El presidente de la institución, Pieter Hasekamp, expresó abiertamente sus reservas respecto a la iniciativa de Bruselas, al considerar que transmite un mensaje equivocado sobre la disciplina fiscal. La propuesta de la Comisión contempla que los países puedan destinar hasta un 0,3% de su producto interior bruto a inversiones y medidas orientadas a reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles. Esta posibilidad se integraría dentro del margen excepcional ya aprobado para incrementar el gasto en defensa. Desde 2025, los Estados miembros pueden superar temporalmente los límites fiscales pactados con la Unión Europea hasta un máximo equivalente al 1,5% del PIB sin exponerse a procedimientos sancionadores, siempre que esos recursos se destinen a determinadas prioridades estratégicas. La nueva propuesta permitiría utilizar una parte de ese margen para actuaciones vinculadas a la seguridad energética. Aunque el importe adicional no supone una ampliación del límite global ya autorizado, el Consejo Fiscal considera que existe una diferencia relevante entre ambas situaciones. Mientras que la flexibilización aprobada para defensa respondía a circunstancias geopolíticas excepcionales y urgentes, la institución teme que la incorporación de nuevas excepciones pueda generar la percepción de que cualquier crisis justifica modificar las reglas presupuestarias. Según el organismo, repetir este tipo de medidas extraordinarias durante años consecutivos puede erosionar la credibilidad del marco fiscal europeo y debilitar la confianza en las normas que regulan la estabilidad presupuestaria de los Estados miembros. Además, el informe advierte de que un incremento del gasto público en el actual contexto económico podría contribuir a mantener las presiones inflacionistas. Un mayor desembolso por parte de las administraciones podría estimular la demanda y dificultar el proceso de moderación de los precios que persiguen las autoridades monetarias. Las críticas del Consejo Fiscal Europeo no se dirigen únicamente a la propuesta de la Comisión. También cuestionan la forma en que muchos gobiernos europeos han respondido al encarecimiento de la energía. Según sus estimaciones, cerca de dos tercios de las medidas aprobadas para aliviar el impacto de la crisis consisten en reducciones generalizadas de impuestos sobre los combustibles, en lugar de ayudas dirigidas específicamente a los colectivos más afectados. Esta estrategia se aleja de las recomendaciones formuladas tanto por la Comisión Europea como por diversos organismos internacionales, que defendían la aplicación de medidas temporales, focalizadas y adaptadas a las necesidades de los sectores más vulnerables. Las rebajas fiscales generalizadas, aunque alivian el coste energético para todos los consumidores, no cumplen plenamente con esos criterios de selectividad. No obstante, el informe reconoce que el volumen total de ayudas desplegadas hasta ahora sigue siendo relativamente moderado y que la mayoría de ellas tienen una duración limitada en el tiempo. Por este motivo, el Consejo Fiscal considera que, en principio, estas medidas no deberían generar efectos significativos sobre las cuentas públicas europeas a partir de 2027. En el caso de España, por ejemplo, algunas de las medidas adoptadas para contener el impacto de la crisis energética tienen una fecha de finalización próxima, salvo que el Gobierno decida prorrogarlas nuevamente. Esta naturaleza temporal reduce el riesgo de que se conviertan en gastos estructurales permanentes para las administraciones públicas.

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(El País, 12-06-2026) | Fiscal

El FMI recorta otras dos décimas el crecimiento de la eurozona, al 0,9%

La economía de la eurozona afronta un panorama cada vez más complejo como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo y las tensiones derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para la zona euro y estima ahora que el PIB avanzará un 0,9% en 2026, dos décimas menos de lo previsto hace apenas unas semanas. Aunque el ajuste pueda parecer moderado, refleja el rápido deterioro de las perspectivas económicas provocado por la crisis energética. El organismo considera que el conflicto está generando un importante impacto negativo sobre la actividad económica, al debilitar la confianza de empresas y consumidores y endurecer las condiciones financieras. Además, prevé que las presiones inflacionistas vuelvan a intensificarse. La nueva previsión del FMI coincide con las estimaciones realizadas por la Comisión Europea y se acerca a las de la OCDE, que sitúa el crecimiento de la eurozona en el 0,8% este año. Sin embargo, el organismo internacional advierte de que los riesgos continúan aumentando y que el escenario podría empeorar si persisten las dificultades en el suministro energético procedente del golfo Pérsico. Según el Fondo, una crisis energética prolongada podría impulsar aún más la inflación y deteriorar las expectativas económicas. A ello se sumarían posibles tensiones financieras y una pérdida adicional de confianza que acabarían reduciendo el consumo y la inversión. La institución también alerta de otros factores de riesgo, como una eventual escalada de la guerra en Ucrania o un repunte del proteccionismo comercial internacional, especialmente ante la incertidumbre generada por la política económica estadounidense. Pese al empeoramiento de las perspectivas, el FMI recomienda a los gobiernos europeos actuar con prudencia y centrar sus esfuerzos en contener la inflación. En este sentido, insiste en la necesidad de preservar la disciplina fiscal y evitar un aumento excesivo del gasto público. El organismo se muestra especialmente crítico con las propuestas para flexibilizar las reglas presupuestarias europeas con el objetivo de facilitar la respuesta de los Estados a la crisis energética. A su juicio, una relajación adicional de las normas fiscales podría poner en riesgo la credibilidad de los marcos presupuestarios y contribuir a un aumento aún mayor de la deuda pública. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, trasladó este mensaje a los ministros de Finanzas de la eurozona reunidos en Luxemburgo. La responsable del organismo subrayó que la duración y el alcance de la actual crisis energética siguen siendo inciertos, por lo que considera imprudente diseñar políticas económicas basadas en la expectativa de una resolución rápida del conflicto. Por el contrario, defendió la necesidad de mantener margen fiscal suficiente para afrontar posibles escenarios más adversos. La Comisión Europea, por su parte, defiende que la flexibilidad presupuestaria planteada tiene un carácter temporal y estará limitada a inversiones relacionadas con la transición energética, lo que permitiría compatibilizar el apoyo a la economía con la sostenibilidad de las cuentas públicas. El FMI también cuestiona la eficacia de algunas de las medidas adoptadas hasta ahora por varios gobiernos europeos para mitigar el impacto del encarecimiento de la energía. Considera que muchas de ellas son demasiado generales y reducen los incentivos para ahorrar energía, además de generar efectos indirectos sobre otros países importadores de combustibles. Por ello, propone que cualquier ayuda futura se dirija de forma más precisa a los hogares más vulnerables y que se diseñe de manera que no fomente un mayor consumo de combustibles fósiles. En este sentido, el organismo apunta que algunos países ya han demostrado que es posible ofrecer apoyo selectivo con un coste limitado para las arcas públicas. Las recomendaciones del Fondo cuestionan indirectamente medidas como la reducción del IVA sobre determinados combustibles, aplicada en España hasta finales de junio. Asimismo, rechaza la implantación de impuestos extraordinarios sobre los beneficios de las compañías energéticas, argumentando que este tipo de gravámenes puede desincentivar las inversiones necesarias para garantizar el suministro y acelerar la transición energética. Más allá de la coyuntura económica inmediata, el FMI también analiza algunas de las iniciativas impulsadas por la Unión Europea para reforzar su competitividad frente a economías como Estados Unidos o China. Entre ellas, destaca los avances destinados a profundizar en el mercado único y completar la denominada Unión de Ahorros e Inversiones, un proyecto que, según sus estimaciones, podría incrementar el PIB comunitario en torno a un 3% a largo plazo. El organismo considera igualmente prioritario culminar la unión bancaria europea, una reforma pendiente desde hace más de una década y que sigue siendo clave para fortalecer la integración financiera del bloque. Otra de las iniciativas valoradas positivamente es el desarrollo del euro digital. En cambio, el FMI se muestra más cauteloso respecto a la posibilidad de flexibilizar las normas de competencia para favorecer la creación de grandes grupos empresariales europeos capaces de competir a escala global. A su juicio, esta estrategia podría incrementar la concentración de mercado y reducir los incentivos a la innovación, especialmente en sectores que todavía presentan una fuerte fragmentación nacional, como la banca o las telecomunicaciones. En conjunto, el diagnóstico del Fondo dibuja un escenario de crecimiento débil, inflación persistente e incertidumbre elevada, en el que la estabilidad fiscal y la mejora de la competitividad serán factores decisivos para afrontar los desafíos económicos que plantea el actual contexto internacional.

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(Expansión, 12-06-2026) | Laboral

Abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros y médicos podrán mejorar su pensión en el sistema público

El Congreso de los Diputados ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la creación de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los mutualistas alternativos. La iniciativa salió adelante sin votos en contra y con la abstención de PP y Vox, abriendo la puerta a que más de 100.000 profesionales puedan integrarse en el sistema público de Seguridad Social y beneficiarse de unas prestaciones potencialmente más favorables, especialmente de cara a la jubilación. La medida, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, permitirá a abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros, médicos y otros profesionales adscritos a mutualidades alternativas trasladar al sistema público los derechos económicos acumulados durante años en sus respectivas entidades de previsión social. De este modo, podrán abandonar el régimen de alternatividad, por el que las mutualidades cubren las contingencias sociales en sustitución de las cotizaciones al RETA. La aprobación culmina un proceso de negociación que se ha prolongado durante casi dos años. El objetivo ha sido ofrecer una solución a miles de profesionales que, tras décadas realizando aportaciones a sus mutualidades, se enfrentan a pensiones de jubilación notablemente inferiores a las que ofrece el sistema público. Actualmente, cerca de 100.000 autónomos forman parte de este modelo alternativo de previsión social. Desde 1995, estos profesionales han podido elegir entre cotizar al RETA o hacerlo a través de una mutualidad de su colegio profesional. Sin embargo, al tratarse de un sistema basado en la capitalización individual, la cuantía de las futuras prestaciones depende directamente del volumen de aportaciones realizadas a lo largo de la vida laboral. La nueva normativa permitirá acogerse a la pasarela a todos los mutualistas alternativos en activo. Entre ellos destacan especialmente los abogados, que representan aproximadamente la mitad del colectivo, junto con arquitectos, procuradores, ingenieros y médicos. Una vez se apruebe el reglamento que desarrollará la ley, los interesados dispondrán de un plazo de un año para solicitar su incorporación al RETA. Uno de los cambios más relevantes introducidos durante la tramitación parlamentaria ha sido la eliminación de las restricciones iniciales previstas para acceder a la pasarela. El texto original limitaba el acceso a quienes no hubieran generado aún el periodo mínimo necesario para obtener una pensión contributiva en la Seguridad Social y excluía a quienes ya percibieran determinadas prestaciones. Finalmente, una enmienda aprobada a propuesta del Partido Popular ha eliminado estas limitaciones, ampliando el acceso a todos los mutualistas, incluidos aquellos que ya se encuentran jubilados, aunque en su caso será necesario concretar mediante desarrollo reglamentario las condiciones de incorporación. También queda pendiente de definición uno de los aspectos más sensibles de la reforma: el mecanismo para convertir los derechos económicos acumulados en las mutualidades en años cotizados dentro del RETA. El proyecto inicial contemplaba un coeficiente corrector del 0,77 para calcular las equivalencias, pero las modificaciones introducidas durante la tramitación podrían suavizar significativamente ese criterio. Asimismo, se ha aprobado que los periodos cotizados de manera obligatoria en las antiguas mutualidades sustitutivas sean reconocidos como tiempo de afiliación al RETA a efectos del cálculo de la jubilación. Esta medida podría traducirse en que cada año aportado a la mutualidad computase como un año completo en la Seguridad Social, independientemente del importe de las aportaciones realizadas. Para los mutualistas mayores de 55 años se establece además un tratamiento específico. Aquellos que hubieran cumplido esa edad antes del 31 de diciembre de 2025 verán reconocido cada mes completo de cotización en la mutualidad como un mes equivalente de alta en el RETA, reforzando así sus posibilidades de acceso a una pensión pública. La integración en la Seguridad Social tendrá carácter obligatorio e irreversible para quienes decidan acogerse a la pasarela. No obstante, los mutualistas que prefieran permanecer en sus entidades podrán hacerlo. En ese caso, deberán aumentar progresivamente sus aportaciones mínimas hasta equipararlas a las exigidas en el RETA. La contribución mínima se elevará al 86% de la base correspondiente en 2026, al 93% en 2027 y alcanzará el 100% en 2028. La reforma también modifica parcialmente los planes iniciales del Gobierno para poner fin al sistema de alternatividad. Aunque el Ejecutivo había previsto que, a partir de enero de 2028, todos los nuevos profesionales autónomos estuvieran obligados a incorporarse al RETA, una enmienda aprobada durante el trámite parlamentario introduce una mayor flexibilidad y aplaza hasta finales de 2030 la evaluación definitiva sobre el futuro de este modelo. Otro aspecto que deberá concretarse mediante reglamento será el procedimiento para la transferencia de los fondos acumulados. Según fuentes próximas a la negociación, la intención del Gobierno es que el traspaso efectivo del capital desde las mutualidades a la Seguridad Social no se produzca de forma inmediata, sino en el momento de la jubilación o cuando se genere la prestación correspondiente. Con ello se pretende evitar una salida masiva de recursos que pueda comprometer la estabilidad financiera de las mutualidades profesionales. La aprobación de esta ley supone un cambio histórico para el colectivo de mutualistas alternativos, que dispondrá por primera vez de una vía para integrarse en el sistema público de protección social y mejorar las expectativas de sus futuras prestaciones.

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(El País, 12-06-2026) | Laboral

El personal laboral de la Administración del Estado se moviliza para pedir mejoras en sus condiciones

Los empleados públicos con la condición de personal laboral en la Administración General del Estado han intensificado sus protestas ante el estancamiento de la negociación de su nuevo convenio colectivo, un proceso que acumula cerca de año y medio sin avances significativos. Esta situación mantiene bloqueadas diversas reivindicaciones relacionadas con sus condiciones laborales, entre ellas la implantación de la carrera profesional horizontal, la equiparación salarial con el personal funcionario y la agilización de los procesos de selección. Ante esta falta de progreso, los sindicatos más representativos del colectivo, UGT, CC OO y CSIF, han comenzado a organizar movilizaciones para reclamar soluciones al Ministerio de Función Pública. CSIF inició la pasada semana una campaña de protestas con una concentración celebrada frente a la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid, denunciando tanto la paralización del convenio como las dificultades existentes en materia de jubilación parcial. Por su parte, UGT ha convocado una nueva concentración en el mismo lugar para continuar visibilizando las demandas del colectivo. Según los datos oficiales, la Administración General del Estado cuenta con más de 82.000 trabajadores laborales. Sin embargo, las movilizaciones afectan principalmente a los cerca de 40.000 empleados incluidos en el actual Convenio Único, mientras que otros colectivos, como los de Correos, la Agencia Tributaria o el personal destinado en el exterior, se rigen por acuerdos específicos y quedan al margen de estas reivindicaciones. Entre las principales preocupaciones de los representantes sindicales destaca el elevado número de vacantes existentes. Según los cálculos de UGT, de las más de 42.000 plazas contempladas en el convenio vigente, únicamente alrededor de 25.000 están cubiertas. Esta situación responde, según el sindicato, a la lentitud de los procesos de selección y a la falta de atractivo de las condiciones laborales ofrecidas. Los sindicatos denuncian que miles de plazas incluidas en las ofertas públicas de empleo de los últimos años continúan sin convocarse, lo que dificulta la incorporación de nuevos trabajadores y agrava los problemas de personal en numerosos servicios públicos. A ello se suma la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo de determinadas categorías profesionales, cuyos salarios se han aproximado progresivamente al salario mínimo interprofesional. En este contexto, tanto UGT como CSIF reclaman una equiparación retributiva entre el personal laboral y los funcionarios que desempeñan funciones similares. Por su parte, CC OO ha defendido recientemente la necesidad de establecer un salario mínimo neto de 1.500 euros mensuales para todos los empleados públicos de la Administración estatal, argumentando que los bajos niveles salariales están provocando que una parte significativa de las personas que superan los procesos selectivos renuncien posteriormente a incorporarse a sus puestos. Los representantes sindicales también alertan de que la falta de personal y el retraso en la cobertura de vacantes están incrementando la carga de trabajo de las plantillas y reduciendo la capacidad de la Administración para prestar determinados servicios con recursos propios. Según denuncian, esta situación favorece un mayor recurso a contrataciones y servicios externos para cubrir necesidades que antes se atendían directamente desde el sector público. Otra de las reivindicaciones centrales es el desarrollo de la carrera profesional horizontal, un mecanismo que permitiría reconocer la experiencia, la formación y la trayectoria profesional de los trabajadores sin necesidad de cambiar de puesto o acceder a categorías superiores. Este sistema facilitaría mejoras salariales vinculadas a la progresión profesional dentro de una misma categoría, una demanda que el personal laboral considera prioritaria y que sigue pendiente de desarrollo en la negociación del nuevo convenio colectivo.

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(El Economista, 12-06-2026) | Laboral

Las renuncias voluntarias ya superan a los despidos como la principal causa de finalización de un contrato fijo

La reforma laboral ha logrado aumentar de forma notable el peso de la contratación indefinida en España, pero también ha dado lugar a una aparente paradoja: aunque el empleo es hoy más estable en términos generales, los contratos indefinidos duran menos tiempo que antes de la entrada en vigor de los cambios legislativos. Dos informes publicados recientemente llegan a esta conclusión desde perspectivas distintas y ayudan a entender una transformación profunda del mercado laboral español. Uno de los aspectos más llamativos es el creciente protagonismo de las renuncias voluntarias de los trabajadores. Tradicionalmente, en un país caracterizado por elevadas tasas de desempleo y precariedad laboral, las dimisiones apenas ocupaban espacio en el debate económico. Sin embargo, los datos muestran que se han convertido en la principal causa de finalización de los contratos indefinidos. Durante 2025 se registraron más de 2,3 millones de bajas voluntarias, mientras que en los cuatro primeros meses de 2026 ya se contabilizan más de 727.000, casi un 5% más que en el mismo periodo del año anterior y más del triple que antes de la reforma laboral. La incidencia mensual de las dimisiones también se ha disparado, alcanzando el 1,4% de los trabajadores indefinidos, más del doble de los niveles registrados antes de 2022. Este fenómeno resulta especialmente significativo porque se produce en un contexto en el que el número de asalariados con contrato indefinido se ha multiplicado. Si antes de la reforma había algo más de nueve millones de trabajadores con este tipo de contrato, actualmente la cifra ronda los 19 millones. Aun así, las renuncias siguen creciendo y superan ampliamente a los despidos y a las extinciones derivadas de no superar el periodo de prueba. La evolución de las dimisiones llama la atención porque no encaja fácilmente con las características tradicionales del mercado laboral español. En economías con bajos niveles de desempleo es habitual que los trabajadores abandonen voluntariamente sus empleos en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, España continúa manteniendo una tasa de paro elevada, lo que hace que este comportamiento resulte menos habitual y más difícil de interpretar. Parte de la explicación se encuentra en la propia transformación provocada por la reforma laboral. Diversos estudios coinciden en que el cambio normativo ha ampliado significativamente el acceso a los contratos indefinidos, incorporando a colectivos y sectores que anteriormente recurrían de forma masiva a la contratación temporal. Uno de los análisis más recientes, elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), concluye que la duración media de los nuevos contratos indefinidos ordinarios firmados por jóvenes se ha reducido en aproximadamente 100 días. A primera vista, esta conclusión parece contradecir otro estudio elaborado por la Fundación Iseak, que sostiene que la estabilidad del empleo ha mejorado para prácticamente todos los grupos de trabajadores. Sin embargo, ambos informes coinciden en el diagnóstico de fondo. La reforma laboral ha incrementado de forma muy significativa el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido. Mientras que en 2019 el 62,5% de los asalariados tenía un contrato fijo, en 2026 la cifra supera ya el 78%. Entre los menores de 25 años el cambio ha sido aún más intenso, al pasar de poco más del 30% a cerca del 72%. La clave está en lo que los investigadores denominan "efecto trasvase". La reforma ha impulsado la conversión de numerosos empleos tradicionalmente temporales en contratos indefinidos, especialmente en sectores con una elevada estacionalidad o una fuerte rotación de personal. La hostelería es uno de los ejemplos más evidentes. Antes de la reforma, algo más del 60% de sus trabajadores tenían contrato indefinido; ahora el porcentaje supera el 92%. Evoluciones similares se observan en el comercio, la logística, la construcción o los servicios auxiliares, actividades donde históricamente predominaban relaciones laborales más inestables. Este cambio ha ampliado enormemente el universo de trabajadores indefinidos, incorporando perfiles que anteriormente habrían tenido contratos temporales y que, por la propia naturaleza de su actividad, presentan una mayor probabilidad de cambiar de empleo o interrumpir su relación laboral. En consecuencia, el colectivo de trabajadores indefinidos es hoy mucho más diverso que antes de la reforma. Esto explica que la duración media de algunos contratos fijos se haya reducido, sin que ello implique necesariamente un deterioro de la estabilidad laboral general. El fenómeno resulta especialmente visible en los contratos fijos discontinuos. Aunque ofrecen una mayor protección jurídica que los contratos temporales, han absorbido buena parte de la temporalidad existente en determinados sectores. Como resultado, la probabilidad de que estos contratos permanezcan activos durante largos periodos se ha reducido respecto a la situación anterior a la reforma. Pese a ello, el balance global sigue siendo favorable. El fuerte aumento de la contratación indefinida ha compensado ampliamente la menor duración de una parte de estos contratos. En otras palabras, más trabajadores acceden hoy a relaciones laborales estables, aunque una parte de ellas tenga una duración inferior a la que era habitual antes de la reforma. La cuestión que sigue abierta es determinar hasta qué punto las crecientes renuncias voluntarias responden a una mejora de las oportunidades laborales, a una mayor movilidad entre empresas o a la persistencia de ciertas formas de precariedad que ahora se manifiestan dentro de la contratación indefinida. La respuesta a esta pregunta será clave para evaluar el verdadero alcance de la transformación experimentada por el mercado laboral español en los últimos años.

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(El Economista, 12-06-2026) | Laboral

PSOE y PP se ponen de acuerdo y votan en contra de eliminar los recortes en la pensión a los jubilados con 40 años cotizados

El PSOE y el PP han rechazado en el Congreso una propuesta de reforma impulsada por Podemos que pretendía permitir la jubilación anticipada sin penalización para los trabajadores con 40 años o más de cotización, mediante la eliminación de los coeficientes reductores. La iniciativa fue introducida por Podemos como enmienda dentro de una ley relacionada con la transferencia de derechos económicos de los mutualistas al RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que agrupa a más de tres millones de personas. Esto permitió que la medida llegara finalmente a votación en el pleno de este jueves. El resultado de la votación ha estado marcado por el rechazo de socialistas y populares. Mientras tanto, Vox se ha abstenido y el resto de grupos parlamentarios ha apoyado la propuesta, incluido Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición. Según datos citados por Europa Press, el Ejecutivo había estimado que la eliminación de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas tendría un impacto presupuestario de 3.358 millones de euros. De esa cifra, más de 2.000 millones corresponderían a jubilaciones anticipadas involuntarias y alrededor de 1.345 millones a las voluntarias. No se trata de una propuesta nueva. Ya en 2025 se había debatido una iniciativa similar, aunque entonces no tenía carácter legislativo. En aquella ocasión, el PSOE sí apoyó instar al Gobierno a estudiar la eliminación de los recortes en las pensiones para quienes se jubilan tras largas carreras de cotización. Tras el rechazo en esta ocasión, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado con dureza el resultado de la votación. A través de la red social X, ha acusado al PSOE y al PP de impedir que unas 900.000 personas con más de 40 años cotizados puedan cobrar la pensión íntegra, calificando la decisión de "absoluta vergüenza". Belarra ha defendido que muchos de estos trabajadores comenzaron a cotizar siendo menores de edad y que, pese a sus largas carreras laborales, siguen percibiendo pensiones reducidas por la aplicación de los coeficientes. También ha reprochado a socialistas y populares actuar de forma coordinada en contra de la medida, en lo que ha descrito como una "pinza" contra los pensionistas.

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(Cinco Días, 12-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las eléctricas fían al nuevo jefe de la CNMC un giro de los expedientes por el apagón

En junio de 2020, Cani Fernández comparecía ante el Congreso de los Diputados para defender su candidatura a la presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con una amplia trayectoria como abogada en Cuatrecasas y tras su paso por el equipo de Presidencia dirigido por Iván Redondo, Fernández insistió entonces en la necesidad de preservar la independencia del organismo y garantizar que sus decisiones estuvieran al margen de cualquier influencia política. Seis años después, cuando su mandato está a punto de concluir y el Gobierno se dispone a nombrar a su sucesor al frente de la CNMC, persiste la percepción de que nunca logró desprenderse completamente de la vinculación política que acompañó su nombramiento. Su cercanía con Nadia Calviño, entonces vicepresidenta económica y principal impulsora de su designación, marcó buena parte de la valoración de su etapa al frente del organismo regulador. En paralelo, las diferencias de enfoque con responsables del área energética, especialmente dentro del sector representado por la entonces vicepresidenta Teresa Ribera, añadieron complejidad a una gestión condicionada por importantes decisiones regulatorias. La salida de Fernández coincide además con una situación especialmente delicada para la CNMC, que deja abiertos numerosos expedientes relacionados con el apagón eléctrico y que afectan tanto a compañías energéticas como al operador de la red, Redeia. El desenlace de estos procedimientos dependerá en buena medida de las decisiones que adopte la nueva dirección del organismo. Según distintas fuentes conocedoras del proceso de sucesión, existen actualmente dos corrientes dentro del Gobierno que intentan influir en el nombramiento del próximo presidente. Por un lado, el Ministerio de Economía, encabezado por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, considera que le corresponde liderar la propuesta, ya que la CNMC depende orgánicamente de este departamento. De hecho, es el propio ministerio quien eleva el nombre del candidato al Consejo de Ministros y formaliza posteriormente el nombramiento mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si finalmente prevalece esta opción, muchos observadores consideran probable la elección de un técnico comercial y economista del Estado, siguiendo un modelo similar al que representó la propia Fernández: un perfil eminentemente técnico y con una menor exposición política. Sin embargo, dentro de otros sectores del Ejecutivo existe la convicción de que el nombramiento tiene una dimensión estratégica mucho mayor. A medida que se aproxima el final de la legislatura y con unas elecciones generales en el horizonte, algunos consideran fundamental asegurar una posición de influencia en organismos reguladores cuyos mandatos se extienden durante varios años. La CNMC desempeña un papel especialmente relevante por sus amplias competencias en materia de competencia, supervisión de mercados y regulación de sectores estratégicos como las telecomunicaciones, el transporte, el audiovisual o la energía. Desde esta perspectiva, determinados sectores defienden la conveniencia de optar por una figura con un perfil más político, considerando que una presidencia excesivamente técnica podría mostrar una mayor disposición a adaptarse a los cambios que pudiera introducir un futuro Gobierno. La elección tiene además importantes implicaciones para el sector energético. Uno de los primeros nombramientos que deberá realizar el nuevo presidente será el de la dirección del área de Energía, un puesto clave en la gestión de los expedientes relacionados con el apagón eléctrico. Esta persona será la encargada de decidir la continuidad de las investigaciones abiertas, supervisar su instrucción y, eventualmente, valorar la gravedad de los hechos analizados. Por ello, las compañías eléctricas siguen con especial atención el proceso de renovación. En el sector existe la percepción de que el nuevo responsable del área energética dispondrá de un margen considerable para orientar la tramitación de los expedientes durante los primeros meses de su mandato. Dentro del Gobierno, algunos observadores consideran que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, podría intentar influir en esta designación debido a la relevancia que tiene para la política energética. Mientras tanto, la actual directora del área, Rocío Prieto, prepara su salida hacia la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (Ariae), dejando vacante un puesto especialmente sensible. Las empresas son conscientes de la importancia de esta decisión. Las posibles sanciones derivadas de los expedientes abiertos dependerán, entre otros factores, de la calificación de las infracciones. La legislación distingue entre infracciones graves y muy graves, siendo estas últimas las que implican riesgos para la garantía del suministro eléctrico y conllevan consecuencias económicas mucho más severas. Algunas de las investigaciones más delicadas afectan a determinadas paradas de centrales nucleares. Las compañías implicadas consideran que cuentan con argumentos sólidos para defender su actuación, apoyándose en criterios técnicos admitidos por los organismos reguladores especializados. Por otro lado, sostienen que parte de las anomalías detectadas durante los últimos meses responden más a una revisión general del funcionamiento del sector que a una relación directa con los acontecimientos que provocaron el apagón. El calendario también juega un papel importante. Aunque la actual dirección de la CNMC se encuentra ya en una fase de transición y existe una percepción generalizada de cambio de ciclo dentro de la institución, el relevo no será inmediato. Tras la aprobación del candidato por el Consejo de Ministros, todavía deberán completarse los trámites parlamentarios necesarios antes de que el nuevo presidente pueda asumir oficialmente el cargo. Las negociaciones políticas para asegurar los apoyos necesarios también formarán parte del proceso. Diversas fuentes consideran que el Gobierno intentará cerrar cuanto antes la renovación de la CNMC para consolidar la composición de uno de los organismos reguladores más influyentes del país antes de un posible cambio de mayoría política. En este contexto, la sucesión al frente de la CNMC trasciende la mera sustitución de un presidente. Se trata de una decisión con importantes implicaciones regulatorias, económicas y políticas que influirá en la supervisión de sectores estratégicos y en la gestión de algunos de los asuntos más sensibles que actualmente tiene sobre la mesa el organismo.

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(Expansión, 12-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las comunidades ratifican el Plan Estatal de Vivienda y cobrarán 800 millones en julio

El nuevo Plan Estatal de Vivienda comenzará a desplegarse el próximo mes con una primera transferencia de 800 millones de euros a las comunidades autónomas. Esta cantidad representa cerca del 19% de los 4.200 millones que el Estado prevé destinar hasta 2030 para impulsar la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación residencial y las ayudas dirigidas a facilitar el acceso a una vivienda. La financiación del programa recibió este jueves el respaldo de las comunidades autónomas durante la Conferencia Sectorial de Vivienda. No obstante, algunas regiones, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, mantienen reservas sobre el modelo diseñado por el Ejecutivo y estudian posibles acciones legales ante el Tribunal Supremo, pese a haber dado inicialmente su aprobación. El plan contempla una inversión total de 7.000 millones de euros durante los próximos cinco años. De esta cantidad, las comunidades autónomas deberán aportar al menos 2.800 millones, equivalentes al 40% del presupuesto global, mientras que el Gobierno central asumirá el resto de la financiación. La estrategia se articula en torno a tres grandes líneas de actuación. La primera, que absorberá el 40% de los recursos disponibles, estará destinada a la promoción de viviendas de protección oficial. Además, las adjudicaciones incorporarán mecanismos de control para reforzar la transparencia y evitar posibles irregularidades en los procesos de contratación. Otro 30% de los fondos se dedicará a la rehabilitación del parque residencial existente. Estas ayudas estarán orientadas principalmente a mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los inmuebles. Según las estimaciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las actuaciones previstas permitirán reducir en torno a un 30% el consumo energético en unas 260.000 viviendas. El 30% restante se destinará a programas de apoyo directo para facilitar la compra o el alquiler de vivienda. Entre los beneficiarios se encuentran los jóvenes, las familias con mayores dificultades económicas y las mujeres víctimas de violencia de género. Por comunidades autónomas, Andalucía concentrará la mayor inversión prevista, con cerca de 1.200 millones de euros hasta 2030. Le seguirán la Comunidad de Madrid, con más de 1.100 millones, y Cataluña, que superará los 1.000 millones. En el extremo contrario figuran La Rioja, Baleares y Extremadura, que recibirán las menores dotaciones dentro del reparto territorial. La primera transferencia de 800 millones que el Ejecutivo realizará en julio seguirá esta misma distribución. Andalucía recibirá la mayor partida, con 136,8 millones de euros, mientras que La Rioja obtendrá algo más de 13 millones. A partir de ese momento, corresponderá a cada comunidad autónoma desarrollar sus propios programas dentro del marco establecido por el Plan Estatal de Vivienda. Para ello deberán garantizar, como mínimo, la aportación económica comprometida del 40%, aunque podrán elevar esa contribución si así lo consideran oportuno.

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(Expansión, 12-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La subida de tipos del BCE favorece al ahorro y presiona a los hipotecados

Las últimas ofertas de ahorro están afianzando rentabilidades cercanas al 3%, mientras que el coste de las nuevas hipotecas continúa aumentando. La decisión de elevar los tipos de interés en la eurozona hasta el 2,25% tiene consecuencias muy diferentes para los hogares españoles. Por un lado, supone una oportunidad para los ahorradores más conservadores, que buscan rentabilidad sin asumir riesgos a través de depósitos bancarios o cuentas remuneradas. En cambio, la situación es menos favorable para quienes tienen una hipoteca variable o están pensando en contratar un nuevo préstamo hipotecario, ya que el encarecimiento del dinero termina trasladándose al coste de la financiación. Aun así, gran parte de las entidades financieras ya habían incorporado esta subida a sus productos antes de que el Banco Central Europeo la hiciera oficial. Por ello, el impacto inmediato será limitado y dependerá en gran medida de cuántas nuevas alzas de tipos se produzcan durante los próximos meses. En el mercado de los depósitos, las rentabilidades han aumentado notablemente desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo. Actualmente, algunas entidades ofrecen rendimientos cercanos al 3% para depósitos a un año, mientras que los plazos más largos ya superan ese umbral. La reciente subida de tipos podría impulsar una revisión al alza de aquellos productos que todavía ofrecen remuneraciones inferiores a las más competitivas del mercado. De hecho, varias entidades ya han comenzado a actualizar sus ofertas para alinearlas con el nuevo nivel de tipos. Las cuentas remuneradas también han mejorado considerablemente sus condiciones. Además de ofrecer liquidez inmediata, han incrementado su rentabilidad gracias a la creciente competencia entre entidades. Algunas propuestas superan incluso la evolución prevista de los tipos de interés y del euríbor. Sin embargo, los bancos tradicionales reconocen que resulta complicado igualar las condiciones ofrecidas por determinados neobancos, cuyas remuneraciones se sitúan por encima de las referencias actuales del mercado. Por su parte, las Letras del Tesoro continúan siendo una alternativa atractiva para los ahorradores que buscan seguridad. Tras las últimas subastas, ofrecen rendimientos situados entre el 2,23% y el 2,54%, niveles que siguen captando el interés de las familias. Esta mayor demanda también está obligando a las entidades financieras a mejorar las condiciones de sus productos de ahorro para competir por la captación de liquidez. No obstante, el ritmo de incremento de las rentabilidades se ha moderado en las últimas semanas, ya que el mercado había descontado ampliamente la subida de tipos del BCE. En el ámbito hipotecario, los titulares de préstamos a tipo variable continúan viendo cómo sus cuotas mensuales aumentan. El euríbor se mantiene en niveles elevados y las revisiones anuales ya están generando incrementos significativos en las mensualidades. Como referencia, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1%, puede encarecerse en torno a 60 euros al mes tras la actualización correspondiente. Además, el coste de las nuevas hipotecas también está subiendo. Después de varios meses de relativa estabilidad, el tipo medio aplicado a los préstamos para la compra de vivienda alcanzó en abril el 2,80%, el nivel más alto desde comienzos de 2025. Los analistas consideran que esta tendencia alcista podría mantenerse durante los próximos meses, ante la posibilidad de nuevas subidas de tipos por parte del BCE. De hecho, los mercados ya contemplan que el siguiente movimiento podría producirse en septiembre.

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(La Vanguardia, 12-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE sube los tipos de interés por primera vez en tres años para frenar la inflación

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido elevar los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, situándolos en el 2,25%, una medida que coincide con las previsiones del mercado. Se trata de la primera subida desde hace casi tres años, cuando la institución consideró controlada la escalada inflacionista originada tras la invasión rusa de Ucrania. La entidad monetaria justifica esta decisión por el repunte de las presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Próximo. Según los últimos datos disponibles, la inflación en la zona euro ha alcanzado el 3,2%, el nivel más elevado registrado en los últimos dos años y medio. En el comunicado que acompaña la decisión, el BCE señala que el actual contexto geopolítico está generando nuevas tensiones sobre los precios, por lo que considera apropiado endurecer nuevamente la política monetaria. La institución sostiene que este incremento de los tipos resulta adecuado bajo los distintos escenarios que maneja sobre la evolución del conflicto y sus posibles efectos sobre la economía europea a medio plazo. Junto a la decisión sobre los tipos, el organismo ha revisado al alza sus previsiones de inflación. Para este año espera ahora una tasa media del 3%, frente al 2,6% que estimaba anteriormente. Asimismo, ha elevado su previsión para 2027 hasta el 2,3%, lo que refleja que el retorno estable al objetivo del 2% podría retrasarse más de lo previsto inicialmente. Al mismo tiempo, el BCE ha rebajado sus expectativas de crecimiento económico para la eurozona. Si hace apenas unos meses proyectaba una expansión del 0,9% para este año, ahora calcula que el avance será del 0,8%. También ha reducido ligeramente la previsión para 2027, que pasa del 1,3% al 1,2%. La institución atribuye este deterioro de las perspectivas económicas al impacto más intenso de la guerra sobre los mercados de materias primas, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y el deterioro de la confianza de consumidores y empresas. Las nuevas proyecciones del BCE se aproximan, además, a los escenarios más pesimistas que la propia entidad había elaborado al comienzo de la crisis en Oriente Próximo, reflejando una mayor preocupación por los efectos que el conflicto puede tener sobre la actividad económica y la estabilidad de precios en la zona euro. La autoridad monetaria vaticina un escenario base con una inflación del 3% en 2026, del 2,3% en 2027 y del 2% en 2028. La revisión al alza respecto a los cálculos realizados en la cumbre de marzo es de cuatro décimas para el año actual, y tres décimas para el próximo, aunque se reduce en una décima la inflación esperada en 2028. Tras escalar al 3% en abril, Lagarde ha anticipado que la inflación seguirá subiendo durante el verano y no regresará al objetivo del 2% hasta la segunda mitad del próximo año. Con su alza, el BCE se convierte en el primer gran banco central de entre las economías del G7 que acomete una subida de los tipos de interés por los efectos derivados de la guerra de Irán. El cierre del estrecho de Ormuz ha impactado de lleno en los precios de la energía y la autoridad monetaria europea teme que esa presión acabe calando de forma más amplia en la economía.

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