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(Expansión, 03-06-2026) | Fiscal

Bruselas cede a las presiones de España e Italia y flexibiliza las reglas fiscales por la crisis energética

La Comisión Europea ha decidido dar un paso atrás y flexibilizar las reglas fiscales comunitarias para permitir que los Estados miembros destinen hasta un 0,3% anual de su PIB a medidas dirigidas a amortiguar la crisis energética sin que ese gasto compute en el cálculo del déficit público, según adelantó Bloomberg y confirmó EXPANSIÓN. Con esta decisión, España e Italia logran que Bruselas modifique la postura que había mantenido desde el inicio de la crisis energética, cuando rechazaba introducir excepciones fiscales extraordinarias. La Comisión defendía entonces que alterar unas reglas todavía recientes podía dañar su credibilidad y, además, aumentar el riesgo de tensiones fiscales en el intento de contener el impacto económico de la crisis energética. La nueva flexibilidad tendrá límites concretos tanto en duración como en alcance. Por un lado, estará vigente únicamente hasta 2028, lo que obliga a concentrar el incremento del gasto en los próximos años. Por otro, solo podrán acogerse a esta excepción las ayudas destinadas a hogares y empresas vinculadas a la transición ecológica, como inversiones en energías renovables o electrificación. Quedarán fuera, por tanto, las iniciativas relacionadas con combustibles fósiles. En este punto, Bruselas se aproxima más a las tesis defendidas por España, que apostaba por impulsar nuevas inversiones destinadas a acelerar la electrificación europea. Italia, en cambio, había insistido más en la necesidad de reducir el impacto de la factura energética sobre familias y empresas sin diferenciar la tecnología utilizada. El margen adicional del 0,3% del PIB para gasto energético no supone una nueva cláusula de escape fiscal independiente, sino que se integrará dentro del aumento del 1,5% del PIB en gasto de defensa autorizado hasta 2028 para los países que activen esta flexibilidad nacional. Por ello, el límite máximo de desviación permitido no variará. España ya comunicó de forma retroactiva la activación de esa cláusula tras registrar en 2025 un gasto en defensa superior al previsto. La Comisión también impondrá restricciones al volumen total de gasto acumulado que podrá utilizarse mediante esta vía. Aunque el margen anual se sitúa en el 0,3% del PIB, el gasto total autorizado no podrá superar el 0,6% del PIB durante los tres años de vigencia de esta flexibilidad fiscal. De este modo, algunos países podrán optar por concentrar el gasto en los ejercicios de 2026 y 2027 aprovechando el máximo anual permitido, mientras que otros podrían distribuirlo de forma más gradual hasta 2028, utilizando alrededor de un 0,2% del PIB en cada ejercicio.

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(Expansión, 03-06-2026) | Fiscal

Hacienda ha incorporado a sus recursos de investigación Pathfinder, un sofisticado software de análisis forense digital

El sistema supone uno de los desarrollos más avanzados en inteligencia de datos aplicada a la lucha contra el fraude. La Agencia Tributaria española ya dispone de licencias para utilizar cuatro aplicaciones integradas en esta plataforma tecnológica. Las herramientas diseñadas inicialmente para ámbitos militares y de inteligencia han encontrado ahora un nuevo uso dentro de la administración tributaria española. El Ministerio de Hacienda ha incorporado a sus métodos de investigación Pathfinder, un sofisticado software de análisis forense digital desarrollado por la empresa israelí Cellebrite. Más que un programa convencional, se trata de una tecnología de última generación orientada al análisis masivo de información y a la detección de conexiones ocultas que podrían pasar inadvertidas mediante métodos tradicionales. Cellebrite, la compañía responsable del desarrollo de este sistema, cuenta entre sus especialistas con antiguos integrantes de la Unidad 8200, el conocido servicio de inteligencia militar israelí centrado en espionaje de señales. Esta unidad ganó notoriedad tras una operación de ciberinteligencia vinculada al ataque a la red de semáforos de Teherán, utilizado para localizar a dirigentes iraníes antes de una ofensiva aérea que acabó con la vida de decenas de responsables del régimen. En sus orígenes, Pathfinder no estaba orientado a la persecución del fraude económico, sino a entornos de seguridad y operaciones especiales. Sus primeros usuarios fueron organismos como Lahav 433 -la unidad policial israelí especializada en crimen organizado y delitos tecnológicos-, el servicio de inteligencia interior Shin Bet y fuerzas especiales israelíes. En esos escenarios, el programa destacó por su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos obtenidos previamente mediante UFED, otra herramienta de Cellebrite diseñada para extraer información de teléfonos móviles y cuyo uso llegó a generar polémica en Israel por posibles vulneraciones de la privacidad. El analista especializado en inteligencia Eric Frattini explica que Pathfinder funciona principalmente como una potente plataforma de análisis más que como un sistema de intrusión directa. Según señala, su función principal no consiste en acceder remotamente a dispositivos, sino en examinar y cruzar la enorme cantidad de datos ya obtenidos mediante técnicas forenses. Una vez recopilada la información, los algoritmos de inteligencia artificial del sistema analizan mensajes, ubicaciones, contactos, fotografías y eventos almacenados en los dispositivos. A partir de esos datos, el software identifica patrones de comportamiento, detecta anomalías y reconstruye relaciones personales y desplazamientos geográficos en cuestión de segundos. La Agencia Tributaria española ha adquirido licencias para utilizar las cuatro principales aplicaciones de esta plataforma. Entre ellas figuran herramientas de análisis de vínculos para detectar relaciones societarias o personales, sistemas de identificación temática capaces de localizar expresiones o códigos específicos y programas de clasificación automática de archivos multimedia mediante inteligencia artificial. La función considerada más avanzada es el rastreo cruzado de investigaciones, que permite comparar datos entre expedientes distintos para localizar conexiones ocultas, como números de teléfono coincidentes o patrones repetidos de geolocalización. El potencial de esta tecnología resulta especialmente relevante en el análisis de redes sociales. Pathfinder puede examinar de forma masiva publicaciones en plataformas como Instagram, TikTok o Facebook. Fotografías en yates, restaurantes exclusivos o compras de lujo pueden ser procesadas junto con sus metadatos para contrastar ese nivel de vida con los ingresos oficialmente declarados por el contribuyente investigado. La utilización de esta tecnología por parte de Hacienda ha abierto también un debate jurídico. El abogado Ignacio Fuster-Fabra advierte de que este tipo de herramientas pueden desdibujar la línea entre una comprobación administrativa y una investigación de carácter casi penal. A su juicio, la posibilidad de analizar enormes volúmenes de información privada para reconstruir hábitos y relaciones personales plantea interrogantes sobre el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y el principio de proporcionalidad. Pese a estas preocupaciones, los especialistas subrayan que la Agencia Tributaria no puede acceder indiscriminadamente a los mensajes de los ciudadanos, ya que la herramienta solo se emplea en investigaciones ya abiertas y bajo supervisión de unidades especializadas. Aun así, Pathfinder dota al Fisco de una capacidad de análisis sin precedentes y acelera la transformación de la inspección tributaria hacia modelos de auditoría plenamente digitales.

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(El Economista, 03-06-2026) | Fiscal

Los tribunales blindan a los herederos de los empresarios de las deudas de la compañía con Hacienda

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha dictado una resolución que protege a los herederos de administradores y consejeros de empresas frente a la obligación de asumir las deudas tributarias de las compañías. El órgano considera que la Agencia Tributaria no puede trasladar automáticamente a los sucesores la responsabilidad subsidiaria derivada de esas deudas. Aunque el criterio fijado por el TEAC tiene relevancia jurídica, todavía no constituye doctrina vinculante para la Administración, ya que aún no ha sido reiterado en resoluciones posteriores. No obstante, supone un importante precedente que podría limitar en el futuro la reclamación de deudas empresariales a familiares de directivos fallecidos. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado las derivaciones de responsabilidad subsidiaria contra administradores de empresas, atribuyéndoles las deudas fiscales de las sociedades por considerar que no ejercieron un control suficiente para evitar las infracciones tributarias. Estas actuaciones han aumentado de forma sostenida: Hacienda emitió 31.313 derivaciones en 2022, 35.890 en 2023 y 40.580 en 2024. Paralelamente, el Tribunal Supremo ha ido delimitando el alcance de esta práctica, exigiendo a Hacienda acreditar de forma clara la responsabilidad real de los administradores en las deudas de las compañías. Ahora, el TEAC amplía ese límite al considerar que tampoco puede reclamarse ese importe a los herederos de los directivos. La resolución, fechada el 30 de abril, analiza el caso de un administrador al que la Agencia Tributaria reclamó una deuda de 103.000 euros correspondiente a la empresa, además de una sanción de 105.000 euros. Tras el fallecimiento del directivo, Hacienda trasladó al heredero únicamente la deuda tributaria, mientras que la sanción quedó extinguida, tal y como establece la Ley General Tributaria. El TEAC recuerda que el artículo 39 de dicha ley dispone que las sanciones tributarias no pueden transmitirse a los herederos. La norma añade, sin embargo, que las deudas sí pueden heredarse si el acuerdo de derivación de responsabilidad fue notificado antes del fallecimiento del obligado tributario. No obstante, el órgano destaca que el Tribunal Supremo, en una sentencia del 20 de mayo de 2025, consideró que la responsabilidad subsidiaria aplicada a administradores de empresas tiene carácter sancionador. Ese criterio fue posteriormente reafirmado por el alto tribunal en otra resolución dictada el 1 de julio de 2025. A partir de esta interpretación, el TEAC concluye que la deuda derivada a un administrador también debe considerarse de naturaleza sancionadora y, por tanto, no puede transmitirse a los sucesores. El tribunal reconoce que, conforme al artículo 39 de la Ley General Tributaria, la deuda podría haberse trasladado al heredero si la notificación se produjo antes del fallecimiento. Sin embargo, entiende que la calificación sancionadora fijada por el Supremo impide finalmente esa transmisión. La resolución concluye que ni las sanciones impuestas directamente al responsable ni las liquidaciones incluidas dentro de un acuerdo de responsabilidad tributaria pueden exigirse a herederos o legatarios de una persona física, independientemente de si la notificación se realizó antes o después del fallecimiento del responsable.

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(La Vanguardia, 03-06-2026) | Fiscal

El Gobierno aprueba unas entregas a cuenta récord de 157.000 millones para las autonomías

El Gobierno ha respondido a las reclamaciones planteadas por varias comunidades autónomas y ha aprobado este martes, en el Consejo de Ministros, un real decreto ley que incorpora las entregas a cuenta correspondientes a 2026, con el objetivo de garantizar la financiación de los servicios públicos en los distintos territorios. Las comunidades autónomas y las entidades locales recibirán un total de 157.731 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al año anterior. El ministro de Hacienda, Arcadi España, subrayó que se trata de la mayor cantidad transferida hasta ahora y pidió el respaldo de las autonomías a la medida. Esta es, en realidad, el tercer intento del Ejecutivo por actualizar los pagos del sistema de financiación tras dos episodios fallidos, dado el rechazo de la mayoría del Parlamento a los reales decretos-ley ómnibus en los que se incluyeron inicialmente, en diciembre y febrero. El ministro explicó además que, sumando la liquidación correspondiente a 2024, los recursos que las comunidades recibirán este año a través del sistema de financiación alcanzarán los 170.300 millones de euros, un 7,7% más que en el ejercicio previo. El decreto introduce también una medida excepcional dirigida a los ayuntamientos. Aquellos municipios que quieran destinar su superávit presupuestario a políticas de vivienda podrán emplear esos remanentes no solo durante 2025, sino también en los cuatro años posteriores, hasta 2029. Los ayuntamientos y entes locales de España recibirán este año entregas a cuenta por valor de 29.247 millones de euros, un monto que supone un incremento del 8,8% respecto a los fondos repartidos entre los municipios el año pasado. En paralelo, el Gobierno autoriza a los ayuntamientos con superávit en 2025 a reinvertir sus remanentes en determinadas inversiones consideradas sostenibles. La iniciativa supone el desbloqueo de 3.168 millones en recursos adicionales que los municipios van a poder movilizar. La iniciativa llega después de que el Ejecutivo aprobara en junio de 2025 una asignación récord para las autonomías, cifrada en 147.412 millones de euros, un 9,5% superior a la de 2024. En las últimas semanas, varios consejeros autonómicos remitieron una carta al Ministerio de Hacienda manifestando su preocupación por la falta de actualización de estos fondos, una situación que, según advertían, estaba generando dificultades financieras en sus territorios. Estas entregas constituyen además un anticipo del futuro modelo de financiación autonómica en el que trabaja el Ministerio de Hacienda, que prevé abrir una nueva ronda de reuniones bilaterales con las comunidades del régimen común para abordar la reforma del sistema. Precisamente este lunes, el departamento dirigido por Arcadi España comunicó el envío de cartas a las autonomías con el objetivo de fijar encuentros y avanzar en esas negociaciones.

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(El País, 03-06-2026) | Laboral

La economía gana 232.000 empleos en mayo, el mayor impulso en ocho años, pero la caída del paro se resiente

El mercado laboral acostumbra a mejorar en mayo con un aumento del empleo y una reducción del paro, y este año la tendencia se ha repetido gracias al impulso estacional del turismo. Sin embargo, los datos dejan una lectura desigual: mientras la afiliación a la Seguridad Social muestra una evolución muy positiva, el descenso del desempleo resulta mucho más débil de lo habitual para esta época. La Seguridad Social sumó 232.000 afiliados más respecto a abril, el segundo mejor dato histórico para un mes de mayo. Además, destaca especialmente el peso de los trabajadores extranjeros, que aportaron cerca de la mitad del empleo creado, con 111.000 nuevos afiliados, la cifra más alta registrada para este colectivo en un mayo. En contraste, el paro registrado se redujo únicamente en 36.300 personas. Sin tener en cuenta el año excepcional de la pandemia, se trata del peor descenso en un mes de mayo desde 2012, en plena crisis económica. El incremento de afiliados supera ampliamente los registros de los últimos años: en 2025 fueron 195.700; en 2024, 220.300; y en 2023, 200.400. Solo 2018 registró un comportamiento mejor, con 237.200 nuevos ocupados. Gracias a este avance, el número total de afiliados alcanza los 22,33 millones, un nuevo máximo histórico que previsiblemente volverá a superarse en junio si se mantiene la tendencia habitual. El crecimiento del empleo extranjero sobresale de forma especial. España incorporó en mayo 111.300 afiliados de origen extranjero, un incremento del 3,4% en apenas un mes y casi 40.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Desde que existen registros comparables, en 2012, nunca se había producido un aumento tan intenso en un mes de mayo. Este fuerte crecimiento coincide con los primeros meses de aplicación del proceso extraordinario de regularización de extranjeros. Preguntado sobre la posible relación entre ambas circunstancias, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, señaló que todavía es pronto para establecer conclusiones definitivas, aunque recordó que el empleo extranjero ya mostró una evolución especialmente intensa en marzo y abril. En términos interanuales, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 553.400 personas durante los últimos doce meses, casi 100.000 más que el año anterior, que ya había sido especialmente favorable para el empleo. Este avance sitúa el crecimiento anual del empleo en el 2,5%, tres décimas más que en el ejercicio precedente. Los sectores que más empleo han generado en el último año son la sanidad y los servicios sociales, con 84.300 nuevos puestos; la construcción, con 70.100; la educación, con 54.600; las actividades administrativas, con 47.700; y la industria manufacturera, con 37.700 empleos adicionales. Sin embargo, si se analiza únicamente la evolución de mayo, la hostelería lidera claramente la creación de empleo gracias al inicio de la temporada turística. El sector sumó 67.300 trabajadores, más del doble que las actividades administrativas, que añadieron 28.800, y más del triple que el sistema agrario, con 20.700 afiliados más. Esta dinámica se refleja especialmente en Baleares, la comunidad con el mayor crecimiento mensual del empleo. El archipiélago incrementó un 8% el número de afiliados en apenas un mes, impulsado por el turismo. En el extremo opuesto se sitúa Canarias, donde el empleo apenas avanzó un 0,1%. Más allá del efecto estacional, la Comunidad Valenciana lidera el crecimiento interanual del empleo con un avance del 3,7%, seguida de la Comunidad de Madrid, con un 3,4%, y Aragón, con un 3%. Los aumentos más moderados corresponden a Galicia, con un 1,6%; País Vasco, con un 1,3%; y Cantabria, con un 1,2%. El paro registrado se contrae con menos vigor del habitual en el quinto mes del año. España registra una contracción del paro de 36.300 personas, una bajada muy inferior a la de 2025 (-57.800), 2024 (-58.600) o 2023 (-49.300). Sin contar el atípico 2020 de la crisis del coronavirus -cuando el desempleo creció en 26.600 personas-, hay que viajar hasta 2012 para encontrar una reducción del paro inferior a la de este último mes. Entonces, en uno de los años más duros para el mercado laboral español en lo que llevamos de siglo, el paro se redujo en 30.113 personas.

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(El País, 03-06-2026) | Laboral

El empleo de extranjeros acelera más que nunca con 289.000 nuevos puestos en el último año

Uno de los principales desafíos para los analistas económicos es separar lo que es causal de lo que es mera coincidencia y, dentro de los factores realmente causales, determinar su peso relativo en la explicación de un fenómeno. Este debate se refleja claramente en los datos de afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que en los últimos meses muestran una aceleración sin precedentes. En el último año se han creado 289.000 empleos ocupados por extranjeros, la cifra más alta registrada hasta ahora y unas 100.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Este impulso coincide en el tiempo con la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, aunque el Ejecutivo considera prematuro establecer una relación directa. Esta cautela es compartida, con matices, por distintos expertos consultados. Algunos solicitantes de este proceso de regularización ya han obtenido la aprobación, por lo que pueden aparecer como afiliados, aunque el Gobierno todavía no ha ofrecido datos desagregados sobre expedientes concedidos. Pese a ello, parte de los analistas admite que podría existir cierta conexión entre ambos fenómenos, aunque resulta difícil cuantificar su impacto exacto en el crecimiento del empleo extranjero. Los datos de afiliación correspondientes a mayo, publicados este martes, reflejan un aumento récord de 111.300 cotizantes extranjeros respecto a abril, una cifra muy superior a la del mismo mes de años anteriores (73.500 en 2025 y 77.900 en 2024). Con ello, el total alcanza los 3,36 millones, el máximo histórico. Además, el incremento mensual del 3,4% es el más elevado de los últimos años, aunque en términos relativos aún queda por debajo del 3,8% registrado en 2018, cuando la base de afiliados era mucho menor. Esta tendencia alcista ya se había observado en abril, aunque con menor intensidad, con un aumento de 96.700 afiliados, también récord para ese mes. Si el repunte se hubiera iniciado entonces, coincidiendo con el arranque del proceso de regularización, algunos expertos consideran que sería más clara la relación entre ambos fenómenos. Sin embargo, el representante del gabinete económico de CC OO, Luis Zarapuz, recuerda que ya en marzo, antes de la puesta en marcha efectiva del proceso, se registró también un fuerte crecimiento de 74.700 afiliaciones, frente a las 46.800 del mismo mes del año anterior. A su juicio, parte de ese incremento podría explicarse por la aceleración de trámites de regularizaciones ordinarias ya en curso. La evolución interanual muestra con más claridad el cambio de ritmo, al eliminar efectos estacionales. El crecimiento se mantenía en torno al 7% en los últimos meses, pero se acelera al 7,9% en marzo (230.300 afiliados más), sube al 8,4% en abril (250.000) y alcanza el 9,4% en mayo (288.700). Este último dato supone unas 100.000 afiliaciones más que en mayo del año anterior y marca el mayor incremento absoluto registrado hasta ahora. Zarapuz señala que existe una mayor tracción del empleo extranjero, que ya venía de antes del proceso de regularización, aunque admite que este podría estar empezando a influir en los datos. En su opinión, es probable que la política migratoria explique parte de la diferencia entre los ritmos de crecimiento recientes, aunque con cautela a la hora de aislar su impacto del ciclo económico general. Recuerda además que en 2022 y 2023, en pleno rebote postpandemia, ya se registraron crecimientos interanuales superiores al 11%, aunque con aumentos absolutos menores. En los últimos meses, la afiliación de extranjeros ha mantenido una tendencia de crecimiento sostenido, con oscilaciones estacionales. El análisis del conjunto de la serie muestra avances especialmente intensos en primavera, con picos mensuales superiores a los 70.000 afiliados en varios ejercicios, y un comportamiento más irregular en los meses de verano. Desde BBVA Research se apunta que, una vez descontada la estacionalidad, el avance de mayo se sitúa en torno a 36.300 afiliados (1,1% mensual), en línea con los meses anteriores y algo por encima de lo previsto. En este sentido, el centro de estudios considera que, por el momento, la regularización extraordinaria no ha tenido un impacto significativo claramente visible en las cifras de afiliación. En la misma línea, desde el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social se insiste en la prudencia. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, señala que se trata de un proceso complejo, aún en marcha, y que es pronto para extraer conclusiones. También el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, subraya que cualquier valoración sería prematura mientras el plazo de solicitudes siga abierto. El Gobierno, por ahora, no ha ofrecido datos detallados sobre el volumen de solicitudes ni sobre el número de expedientes resueltos. Las últimas cifras conocidas, difundidas a través de la Abogacía del Estado en un procedimiento judicial, apuntaban a 549.546 solicitudes y 91.905 admisiones a trámite, aunque el proceso sigue abierto y pendiente de resolución en los próximos meses.

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(El Economista, 03-06-2026) | Laboral

Trabajo prepara un nuevo plan de choque para reducir el desempleo juvenil y el de mayores de 52 años

El Ministerio de Trabajo está diseñando un nuevo plan de choque para reducir el desempleo juvenil y el paro de larga duración, con especial atención a las personas mayores de 52 años que perciben subsidios. Esta iniciativa forma parte de los compromisos asumidos con las comunidades autónomas en la reciente conferencia sectorial, en la que se acordó la distribución de 2.571 millones de euros destinados a financiar políticas activas de empleo, según explicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que tiene previsto reunir a los agentes sociales antes del 15 de julio para abordar la propuesta. El responsable del departamento, número dos de Yolanda Díaz, señaló en una jornada organizada por la asociación de directores de relaciones laborales Adirelab en el CES, celebrada poco después de conocerse los datos de desempleo de mayo, que el Gobierno no se conforma con la mejora registrada en estos colectivos y pretende consensuar nuevas medidas con sindicatos y organizaciones empresariales, como CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Este nuevo plan dará continuidad a otros ya aplicados en ejercicios anteriores, centrados también en estos grupos. Pérez Rey subrayó que la convocatoria a los agentes sociales se realizará en las próximas semanas, antes del 15 de julio, para acordar un plan específico tanto para el empleo juvenil como para el de larga duración. Destacó además el amplio respaldo alcanzado en la conferencia sectorial, aprobada por todas las comunidades autónomas salvo Valencia, que votó en contra por motivos ajenos al contenido del acuerdo, lo que calificó como una "anomalía política". El Gobierno insiste en que, aunque el paro juvenil ha mejorado en los últimos años y se encuentra en mínimos históricos desde la reforma laboral, España continúa registrando una de las tasas más elevadas de Europa, solo por detrás de Rumanía, con un 24,3% según Eurostat. Esta cifra más que duplica la media general del mercado laboral. En cuanto a los desempleados mayores de 52 años, el Ejecutivo destaca que, aunque su número ha descendido en más de 40.000 personas en lo que va de año, aún se sitúa en torno a las 900.000, lo que representa aproximadamente un tercio del total de parados. Según Pérez Rey, este colectivo seguirá siendo una prioridad en las políticas de empleo. Tanto el Gobierno como los agentes sociales coinciden en la necesidad de mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo, ante las dificultades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de los servicios autonómicos para facilitar la inserción laboral de los demandantes de trabajo. En este sentido, la patronal CEOE ha advertido de las limitaciones actuales del sistema, señalando que no logra cubrir vacantes existentes pese a los altos niveles de desempleo, lo que considera un problema estructural del mercado laboral y una señal de que los recursos invertidos no se están aprovechando de forma óptima.

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(El Economista, 03-06-2026) | Laboral

El decreto que acabará con el secreto salarial sigue sin fecha

El 7 de junio expira el plazo para que España incorpore a su normativa laboral la directiva europea de transparencia salarial, una medida destinada a reducir la discriminación y acabar con el secreto retributivo. Sin embargo, la única certeza a estas alturas es que el Gobierno no cumplirá ese calendario. El Ministerio de Trabajo reconoce que trabaja con un horizonte de varias semanas para tener listo un borrador de real decreto que pueda ser debatido con patronal y sindicatos, pese a insistir en que se trata de una norma "urgente" y "prioritaria". El departamento que dirige Yolanda Díaz no activó a finales de abril el trámite de consulta pública previa, el paso habitual para recabar aportaciones de agentes sociales y otros actores antes de iniciar la redacción normativa. La idea es aprobar un real decreto -de rango inferior al decreto ley y que evita su paso por el Congreso- para trasladar al ordenamiento español la directiva europea aprobada hace tres años por el Parlamento y el Consejo de la UE. Sin embargo, por ahora no existe aún un texto concreto que llevar a la mesa del diálogo social. El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha admitido que, aunque no se llegue a tiempo, España dispone de un "plazo razonable" para adaptarse y ha recordado que la norma no contó con un apoyo unánime entre los 27 Estados miembros. Aun así, ha reiterado que la transparencia salarial es una prioridad del departamento y ha subrayado el papel activo que jugó España en la aprobación de la directiva en Bruselas. Según el Ministerio, ya se han impulsado otros instrumentos en la misma línea para reducir la brecha salarial de género, como los planes de igualdad o medidas de transparencia retributiva, lo que, a su juicio, deja al país en una posición avanzada para aplicar la nueva regulación. No obstante, el proyecto sigue sin llegar al Consejo de Ministros. Trabajo prevé disponer en "días" o "semanas" de un texto inicial que será sometido a consulta de los interlocutores sociales. A partir de ahí, comenzará el proceso de negociación, sin un calendario cerrado para su aprobación definitiva, en una norma que ha generado gran expectación en los departamentos de recursos humanos de las empresas. La directiva 2023/970 obligará a las compañías a analizar sus estructuras salariales y detectar posibles brechas de género superiores al 5%, frente al umbral actual del 25%. Además, las empresas deberán facilitar a los trabajadores información sobre la comparación de sus salarios con los de sus compañeros y justificar cualquier diferencia con criterios objetivos. También se exigirá incluir rangos salariales en las ofertas de empleo, algo que hoy solo ocurre en una minoría de vacantes en España. La normativa prohíbe además las cláusulas de confidencialidad salarial en los contratos y veta preguntar a los candidatos por su historial retributivo. El objetivo de Bruselas es reforzar la posición de los trabajadores en las negociaciones salariales y combatir prácticas que, según la Comisión Europea, afectan especialmente a las mujeres. Queda por ver cómo se trasladarán estas exigencias al derecho español. El Ejecutivo ha optado por la vía del real decreto para evitar un posible bloqueo parlamentario, aunque esta fórmula limita el alcance de los cambios sobre la legislación vigente, lo que podría reducir el impacto real de la reforma respecto a lo previsto inicialmente.

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(Cinco Días, 03-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro paga un 2,4% por las letras a seis meses, el tipo más alto desde enero de 2025

Las tensiones inflacionistas continúan marcando el comportamiento de los mercados y siguen lejos de disiparse. El esperado acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permitiría normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz sigue sin concretarse y, conforme se prolonga el conflicto, aumenta la presión sobre los precios de la energía. El encarecimiento del petróleo y del gas vuelve a alimentar el temor a que el impacto termine extendiéndose al conjunto de la economía, lo que refuerza las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. En este escenario, el Tesoro español mantiene un ritmo sólido de financiación y ha inaugurado junio con una colocación de 6.481,63 millones de euros en letras a seis y doce meses, apenas una semana después de realizar la tercera emisión sindicada del año. Las perspectivas de tipos más elevados y de una inflación persistente están impulsando las rentabilidades ofrecidas por la deuda pública, especialmente atractivas para los perfiles más conservadores interesados en preservar capital con un riesgo limitado. En las letras a seis meses, la rentabilidad marginal alcanzó el 2,398%, el nivel más elevado desde enero de 2025. A estas rentabilidades se suma la percepción positiva sobre la economía española, considerada una de las más dinámicas de la eurozona, lo que continúa favoreciendo el interés por la deuda soberana nacional. La demanda conjunta de ambas referencias ascendió a 12.297,45 millones de euros, casi el doble de la oferta disponible, en línea con el comportamiento observado en las subastas celebradas durante el año. El interés inversor es amplio, aunque el freno en la caída de las rentabilidades, iniciado tras las primeras bajadas de tipos, ha vuelto a atraer especialmente a los pequeños ahorradores hacia las letras del Tesoro. Las peticiones no competitivas, protagonizadas en gran medida por inversores minoristas, alcanzaron los 2.727,8 millones de euros. Aunque la deuda soberana se ha visto penalizada desde el estallido del conflicto bélico, los plazos más cortos siguen percibiéndose como activos relativamente estables y menos volátiles. Además, el menor tiempo de inmovilización del dinero y la ausencia de vinculaciones típicas de algunos productos bancarios siguen reforzando su atractivo entre quienes buscan rentabilidad adicional con bajo riesgo. No obstante, los rendimientos siguen situándose por debajo de la inflación, que alcanzó el 3,2% el mes pasado. La mayor parte de la emisión correspondió a las letras a doce meses, con un importe adjudicado de 4.500 millones de euros. Su rentabilidad marginal quedó en el 2,567%, todavía en niveles considerados atractivos, aunque por debajo del 2,651% registrado en la subasta anterior, celebrada cuando los mercados comenzaron a anticipar posibles subidas de tipos del Banco Central Europeo en un contexto de petróleo próximo a los 110 dólares por barril. Aunque el precio del crudo sigue generando inquietud, las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticando a Israel por incumplir el alto el fuego, han alimentado de nuevo las expectativas de una posible resolución próxima del conflicto. En este contexto, la demanda de los pequeños inversores para las letras a doce meses aumentó en más de 500 millones de euros, hasta alcanzar los 1.648,67 millones, superando incluso las cifras registradas a comienzos de 2024, cuando las rentabilidades rondaban el 4% y los tipos oficiales del BCE se situaban en el 4,5%. Por su parte, las letras a seis meses absorbieron los 1.981,63 millones restantes. La rentabilidad marginal subió de forma más moderada que en las dos subastas anteriores, hasta el 2,398%, máximos desde enero de 2025. La demanda minorista superó los 1.079 millones, ligeramente por debajo de los 1.277 millones registrados en la emisión precedente. La próxima prueba para el Tesoro llegará este jueves, cuando acudirá de nuevo al mercado con emisiones de deuda a medio y largo plazo. El organismo prevé captar entre 4.750 y 6.250 millones de euros mediante bonos a tres años y obligaciones a cinco y quince años, además de deuda vinculada a la inflación. En un entorno condicionado por la incertidumbre geopolítica y la persistencia de las presiones inflacionistas, el Tesoro continuará poniendo a prueba el apetito de los inversores, en un momento en el que la relación entre rentabilidad y riesgo adquiere una relevancia creciente. La evolución del conflicto y su efecto sobre los mercados energéticos seguirán siendo determinantes para el comportamiento de los tipos de interés y de la inversión en los próximos meses.

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(Expansión, 03-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España, Francia e Italia reclaman limitar los poderes del BCE y la EBA

España, Francia e Italia consideran necesario limitar el alcance de actuación del Banco Central Europeo (BCE) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para favorecer la competitividad de la banca europea. Así lo recogen en un documento conjunto, al que ha accedido EXPANSIÓN, con el que buscan coordinar una posición común de cara a la próxima reforma del marco bancario europeo. Los tres países alertan de que las entidades financieras de la Unión Europea están soportando una creciente "inflación regulatoria", una expresión utilizada desde hace tiempo por el sector para denunciar la acumulación de normas y exigencias técnicas que, según sostienen, exceden lo establecido por la legislación comunitaria. En el informe, España, Francia e Italia subrayan que una parte cada vez más amplia de la regulación procede de los desarrollos técnicos de la EBA -conocidos como normas de nivel 2-, así como de las orientaciones y recomendaciones supervisoras del BCE, encuadradas en el denominado nivel 3. Para frenar este aumento de requisitos, los tres países reclaman que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE asuman un papel más activo en la supervisión de los estándares técnicos elaborados por la EBA. Además, piden evaluaciones de impacto más completas antes y después de desarrollar la normativa bancaria, teniendo en cuenta factores como la acumulación de cargas regulatorias y la comparación con otros mercados internacionales. El documento también plantea que esos análisis puedan ser elaborados por expertos independientes o académicos especializados en el sector financiero. Respecto al BCE y sus directrices supervisoras, aunque estas no son legalmente vinculantes, los países advierten de que en la práctica pueden actuar como regulaciones encubiertas, difíciles de interpretar, costosas de aplicar y susceptibles de generar diferencias de criterio. A su juicio, esta situación incrementa la inseguridad jurídica y añade exigencias que van más allá de lo previsto inicialmente. Los ministros de España, Francia e Italia defienden que los supervisores deban justificar que sus recomendaciones se limitan estrictamente a lo necesario para controlar riesgos y preservar la estabilidad financiera. Asimismo, consideran que debería ser obligatorio abrir procesos de consulta antes de imponer modificaciones en las prácticas corporativas de los bancos. Entre las propuestas incluidas en el texto figura también la creación de una Junta Europea de Estabilidad Financiera y Competitividad, concebida como un órgano asesor independiente encargado de emitir recomendaciones no vinculantes al Consejo de Supervisión del BCE y a la Junta Única de Resolución (JUR), con el fin de garantizar una visión más amplia sobre el impacto de las decisiones regulatorias en el sector bancario. Además, España, Francia e Italia abogan por reconocer expresamente en la legislación el derecho de las entidades financieras a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las directrices generales de los supervisores, reforzando así el control judicial sobre las autoridades bancarias. Aunque actualmente el TJUE ya permite impugnar determinadas decisiones del BCE, esta vía apenas se utiliza dentro de la UE. "El uso de directrices y expectativas supervisoras puede contribuir a la convergencia, pero no debería derivar en un sistema paralelo de obligaciones", señalan los tres países, que consideran que el exceso de complejidad regulatoria genera costes innecesarios, resta seguridad jurídica, incrementa las cargas de cumplimiento y limita recursos que podrían destinarse a la financiación y la innovación. Por el momento, tanto el BCE como la EBA han evitado pronunciarse sobre este documento, ya que se trata de una propuesta aún en fase de elaboración y que no ha sido difundida oficialmente.

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