La Comunidad de Madrid ya cuenta con una nueva normativa destinada a reforzar el papel de la empresa familiar y facilitar su continuidad. La iniciativa, impulsada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, busca reducir la carga fiscal que soportan este tipo de negocios y favorecer los procesos de relevo generacional.
La Asamblea de Madrid, donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta, aprobó este jueves la nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar durante el último pleno del periodo de sesiones antes del parón estival. La norma quedará lista para entrar en vigor en julio, una vez sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en los próximos días.
La ley responde en gran medida a las demandas planteadas por el tejido empresarial madrileño y, especialmente, por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar. Entre sus principales medidas destacan varios incentivos fiscales. Uno de los más relevantes consiste en elevar del 95% al 99% la reducción de la base imponible en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones cuando se herede o se done una empresa individual, un negocio profesional o participaciones sociales. Esta bonificación se aplicará siempre que el nuevo titular mantenga tanto los bienes como la actividad empresarial durante al menos cinco años.
La normativa también incorpora medidas destinadas a facilitar la continuidad de los negocios familiares. Entre ellas, amplía el grupo de familiares que pueden beneficiarse de estas ventajas al permitir incluir a tíos y sobrinos dentro del 20% de participación accionarial necesario para que una empresa sea considerada familiar.
Además, el nuevo marco regulatorio amplía el alcance de los beneficiarios al incorporar a otros parientes como ascendientes, hermanos, tíos, sobrinos y primos. Incluso podrán acogerse a determinadas mejoras trabajadores que mantengan una vinculación especial con la empresa.
La Comunidad de Madrid calcula que estas medidas favorecerán a unos 1.500 contribuyentes y generarán un ahorro fiscal cercano a los dos millones de euros anuales. Con ello, el Ejecutivo regional pretende facilitar la continuidad de empresas familiares, consideradas una pieza clave en la actividad económica y el empleo de la región.
El Gobierno ha introducido en la futura Ley de Inteligencia Artificial una modificación de última hora de la Ley General Tributaria que limitará el acceso de los ciudadanos a información sobre las herramientas tecnológicas que utiliza Hacienda para seleccionar contribuyentes y desarrollar inspecciones.
La reforma, actualmente en tramitación en el Congreso, modifica el artículo 116 de la Ley General Tributaria. El aspecto más controvertido se encuentra en su apartado tercero, donde se establece que la información relativa a sistemas informáticos, algoritmos o herramientas de inteligencia artificial empleados por la Administración tributaria tendrá carácter reservado y no podrá ser objeto de publicidad, comunicación ni acceso público. Tampoco podrá ponerse a disposición de los obligados tributarios ni de órganos externos a la aplicación de los tributos.
El argumento del Ejecutivo para justificar esta restricción es que divulgar el funcionamiento de estas herramientas podría comprometer la eficacia de las actuaciones inspectoras o facilitar prácticas de evasión fiscal. Sin embargo, esta medida ha generado importantes críticas entre especialistas en derecho tributario. Esaú Alarcón, abogado en Gibernau y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Complutense de Madrid, considera que la cláusula choca con el principio de transparencia y puede afectar al derecho de tutela judicial efectiva. Según advierte, impedir al ciudadano conocer qué algoritmos o criterios automatizados han influido en su selección como posible defraudador limita su capacidad de defensa.
El jurista también cuestiona la forma en que se ha incorporado esta modificación. Aunque el cambio figura dentro del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, sostiene que esta disposición concreta no tiene naturaleza orgánica y, por tanto, debería haberse regulado de otra manera. Además, subraya que la enmienda fue incorporada en una fase muy avanzada del proceso legislativo, lo que ha evitado que pase por informes consultivos de organismos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o la Junta Electoral Central, que sí han analizado el resto del texto legal.
Otra de las críticas se centra en la ambigüedad del redactado. La norma impide el acceso a "órganos ajenos a la aplicación de los tributos", pero no aclara si esta limitación afecta únicamente a otras administraciones o si también podría extenderse a jueces y tribunales. El debate sobre la transparencia algorítmica ya había llegado al ámbito judicial. El Tribunal Supremo dictó el 11 de septiembre una sentencia que obligó al Gobierno a revelar los algoritmos del programa BOSCO, utilizado por la Administración para seleccionar beneficiarios del bono social.
En esa resolución, el alto tribunal subrayó que el acceso a la información pública tiene rango constitucional y resulta especialmente relevante cuando la Administración utiliza sistemas automatizados para adoptar decisiones. Según el Supremo, el uso de estas tecnologías exige un mayor nivel de transparencia sobre los procesos informáticos empleados, de forma que los ciudadanos puedan comprender cómo funcionan y qué impacto tienen en las decisiones administrativas.
A la luz de esa doctrina, Alarcón considera probable que en el futuro la Administración tributaria tenga que informar al contribuyente, al menos en determinados procedimientos, sobre el código o los criterios automatizados que hayan motivado una revisión fiscal. Esto permitiría evaluar si la actuación ha sido proporcionada y si el sistema ha podido incurrir en sesgos o errores de valoración.
Hasta ahora, Hacienda ha mantenido una postura muy reservada respecto al uso de inteligencia artificial en sus procedimientos. La Administración tributaria ha evitado detallar qué herramientas utiliza y ha insistido en que estos sistemas no adoptan decisiones finales sobre contribuyentes de forma autónoma. Sí ha reconocido, en cambio, el uso de inteligencia artificial como herramienta de asistencia en la campaña de la renta, orientada a facilitar la cumplimentación de declaraciones.
La anterior directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, negó el pasado marzo que Hacienda estuviera utilizando inteligencia artificial para seleccionar contribuyentes o gestionar expedientes. No obstante, también señaló que, como ocurre en otras instituciones públicas, la Administración tributaria acabará teniendo que valorar su implantación en el futuro.
La fiebre por los cromos del Mundial 2026 está generando una situación poco habitual en España. Apenas un mes después de su lanzamiento, muchos quioscos ya se han quedado sin sobres por la fuerte demanda de una colección que aspira a convertirse en la más exitosa en la historia de Panini.
La escasez ha impulsado además el mercado de segunda mano. Cromos de jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Lamine Yamal se venden cada día en plataformas como Wallapop o Vinted. Algunos coleccionistas intentan recuperar parte del dinero invertido, mientras otros buscan obtener beneficios, aunque no todos conocen las posibles consecuencias fiscales de estas operaciones.
Según explica TaxDown, los cromos y otros artículos de coleccionismo tienen la consideración de elementos patrimoniales a efectos fiscales. Esto implica que, si un coleccionista vende un cromo por un precio superior al coste que tuvo al adquirirlo, genera una ganancia patrimonial que debe incluir en la Declaración de la Renta.
El criterio es similar al aplicado en la venta de acciones, inmuebles u otros bienes que generan plusvalías. Para calcular esa ganancia, se debe restar al precio de venta el coste de adquisición y los gastos relacionados con la operación, en caso de existir. Así, si una persona consigue un cromo dentro de un sobre y posteriormente lo vende por una cantidad superior al coste proporcional que asumió para obtenerlo, podría estar generando una ganancia sujeta a tributación.
Estas ganancias tributan dentro de la base del ahorro del IRPF. Actualmente, las ganancias de hasta 6.000 euros tributan al 19%, y el porcentaje aumenta progresivamente para cantidades superiores. En cualquier caso, Hacienda no grava el importe total de la venta, sino únicamente el beneficio obtenido. Por ejemplo, si alguien compra un artículo por 100 euros y lo vende por 150, solo tributaría por los 50 euros de ganancia.
En cambio, si la venta se realiza con pérdidas, no existe obligación de tributar por esa operación. Por ello, los expertos aconsejan conservar tickets, recibos o cualquier documento que permita demostrar el precio de compra, especialmente si es necesario justificar ante la Agencia Tributaria que no ha existido beneficio. La situación cambia cuando la actividad deja de ser esporádica. TaxDown recuerda que quienes compran y venden artículos de forma habitual con ánimo de lucro pueden estar desarrollando una actividad económica. En esos casos, el vendedor podría verse obligado a darse de alta como autónomo y asumir las obligaciones fiscales correspondientes.
Todo esto ocurre en un contexto de auténtica euforia por la colección oficial del Mundial 2026. Esta edición incluye 980 cromos, la cifra más alta hasta la fecha, tras la ampliación del torneo por parte de la FIFA a 48 selecciones. Completar el álbum se ha convertido en un reto especialmente complicado. Cada sobre contiene siete cromos y cuesta 1,5 euros. En teoría, en un escenario sin repeticiones, serían necesarios al menos 210 euros para completar la colección, aunque la realidad suele ser muy distinta debido al elevado número de cromos repetidos. Los expertos calculan que la inversión real puede superar fácilmente los 300 euros.
A esto se suma la falta de stock en numerosos comercios. Según Panini, la demanda ha superado todas las previsiones, provocando una situación inédita dentro del mercado del coleccionismo futbolístico. El interés también se refleja en internet. Según datos del comparador Idealo, las búsquedas relacionadas con Lionel Messi han aumentado un 122%, las de Cristiano Ronaldo un 94% y las de Pedri un 92%. El propio álbum del Mundial se ha consolidado como uno de los artículos más buscados por los aficionados, impulsado por una pasión coleccionista que cada cuatro años vuelve a movilizar a miles de personas en España. Y con ese entusiasmo también surgen nuevas oportunidades de negocio, junto con la necesidad de conocer qué parte de esos beneficios puede acabar reclamando Hacienda.
España se ha afianzado en los últimos años como una de las economías más dinámicas de la eurozona, manteniendo un ritmo de crecimiento superior al de sus socios europeos pese a un contexto internacional marcado por la incertidumbre. Mientras buena parte de la región ha lidiado con el estancamiento y la debilidad de la demanda externa, la economía española avanzó un 2,8% en 2025, duplicando el promedio de la eurozona, situado en el 1,4%. Además, en los dos últimos años ha registrado un crecimiento trimestral medio del 0,8%, claramente por encima del 0,3% observado en los países vecinos.
Este comportamiento diferencial se explica en gran medida por los flujos migratorios, convertidos en un elemento clave para sostener el crecimiento, el empleo y el consumo. Entre 2018 y 2025, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 12,3% en términos reales, y cerca de tres cuartas partes de ese avance -9,1 puntos porcentuales- se atribuyen a la contribución de la población extranjera, frente a los 3,2 puntos aportados por la población nacida en España. Esta es una de las principales conclusiones del informe El aumento demográfico en España como factor explicativo del actual ciclo económico, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, organismo ligado a la CEOE.
Los analistas destacan que, en un país marcado por el envejecimiento demográfico, la inmigración se ha convertido en un soporte esencial de la actividad económica. Entre 2018 y 2025, la población nacida en España cayó un 1,9%, mientras que la población nacida en el extranjero creció un 52,5%, hasta alcanzar los 9,5 millones de personas. Sin esta aportación migratoria, que ha compensado por completo la pérdida vegetativa de la población autóctona, España habría experimentado retrocesos demográficos y una capacidad de crecimiento mucho menor. De hecho, el factor demográfico explica por sí solo el 43% del crecimiento acumulado en el actual ciclo económico.
El mercado laboral refleja de forma especialmente clara esta dependencia. De los dos millones de personas que se incorporaron a la población activa entre 2018 y 2025, el 97% corresponde a personas extranjeras o con doble nacionalidad. En contraste, la población activa nacida en España se mantuvo prácticamente estancada en torno a los 19,3 millones. Este saldo neto tiene en cuenta tanto las nuevas incorporaciones como las salidas del mercado laboral, estas últimas motivadas en gran medida por jubilaciones de trabajadores españoles.
El impacto positivo de la migración también responde a su estructura demográfica. Ocho de cada diez migrantes se encuentran en edad de trabajar, entre 16 y 64 años, frente a seis de cada diez entre la población nacional. Como consecuencia, la población migrante ha cubierto cerca de dos tercios del empleo creado desde 2018, elevando su peso dentro del total de ocupados hasta el 21,3%.
La aportación migratoria también resulta decisiva para el consumo y la demanda interna. Según el informe del IEE, mientras el gasto de los hogares españoles apenas creció un 1% entre 2018 y 2025, el consumo de los hogares de origen extranjero se disparó un 66%. De nuevo, esta evolución explica gran parte del crecimiento del consumo final de las familias, aportando dinamismo en un contexto de menor fortaleza de la demanda externa.
De cara a 2026, el papel de la población extranjera volverá a ser determinante en un escenario marcado por la desaceleración global y las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Próximo. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha incrementado la presión sobre los precios energéticos y reducido el impulso del sector exterior, lo que ha llevado a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para España: un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. En paralelo, la inflación rondaría el 3,2% este año y se moderaría hasta el 2,7% el próximo.
Aunque desde el IEE reconocen que aún es difícil calcular con precisión el impacto de la población extranjera en 2026 -debido a que solo se dispone de datos laborales del primer trimestre y a que continúa el proceso de regularización extraordinaria-, sus estimaciones parten de que la contribución de este colectivo será similar a la registrada entre 2018 y 2025. Esto implicaría que, una vez más, aproximadamente tres cuartas partes del crecimiento económico estarían ligadas al impulso demográfico y laboral de la inmigración.
No obstante, los expertos advierten de que el futuro económico de España no puede depender únicamente del crecimiento poblacional. El país continúa mostrando debilidades en productividad: la productividad por ocupado cayó un 0,1% en el primer trimestre de 2026, encadenando cuatro descensos consecutivos. Por ello, consideran necesario reforzar la inversión y la innovación para elevar la productividad y favorecer la creación de empleo con mayor valor añadido.
A este desafío se suma la presión sobre el mercado inmobiliario. El fuerte aumento de la población ha impulsado la creación neta de hogares hasta las 230.000 unidades en 2025, mientras que la construcción de vivienda nueva permanece estancada en torno a las 80.000 unidades anuales. Esta brecha, equivalente a casi tres nuevos hogares por cada vivienda terminada, ha intensificado las tensiones en el mercado residencial y ha elevado tanto los precios del alquiler como los de compraventa.
Aunque la demanda nacional de vivienda ha crecido un 30% desde 2018, la población extranjera ya representa el 17% de las operaciones inmobiliarias. Esta presión adicional sobre un mercado con una oferta claramente insuficiente agrava un problema estructural que amenaza con convertirse en uno de los principales límites al crecimiento económico del país.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo aborda de forma directa uno de los debates más complejos de la economía digital: en el caso de empleados contratados por subcontratas que trabajan mediante tecnología de plataformas digitales, ¿quién es realmente su empleador? La interpretación del alto tribunal refuerza la postura defendida por los sindicatos y supone un revés para numerosas empresas del transporte y la logística, especialmente aquellas cuya actividad depende de terceros que operan con su infraestructura tecnológica. El fallo analiza si el modelo de subcontratación de DHL en el reparto de paquetería constituye una contrata legal o una cesión ilegal de trabajadores, concluyendo que se trata de esta última.
La Sala de lo Social señala que los repartidores de las empresas subcontratadas prestan sus servicios de forma continuada para DHL, dentro de sus instalaciones, utilizando sus herramientas y siguiendo instrucciones directas bajo supervisión constante. Además, comparten formación, protocolos operativos e incluso la imagen corporativa con los empleados de plantilla. Según la sentencia, a través del escáner con el que trabajan -conectado a los sistemas informáticos de la empresa y capaz de transmitir información en tiempo real-, DHL no solo trasladaba instrucciones precisas para el desarrollo diario del trabajo, sino que también realizaba un control inmediato y permanente del cumplimiento de las tareas.
El fallo también destaca que, aunque las subcontratas aportan los vehículos y gestionan aspectos como vacaciones o normas internas, su función principal se limita esencialmente a suministrar mano de obra. El tribunal considera que no se trata de un simple control técnico o de calidad del servicio, sino de una supervisión directa, detallada y constante de la actividad laboral. En consecuencia, entiende que los trabajadores de las subcontratas están plenamente integrados en la estructura productiva de la empresa principal. La resolución subraya que la naturaleza jurídica de la relación laboral no depende del contrato mercantil firmado entre empresas ni de la normativa del transporte, sino de la realidad efectiva de cómo se presta el trabajo. Este razonamiento guarda similitudes con el criterio aplicado por el Supremo al determinar que los riders de plataformas de reparto de comida deben ser considerados asalariados.
De este modo, el tribunal ratifica la existencia de cesión ilegal de trabajadores, aunque modifica parcialmente la sanción administrativa impuesta a DHL. Frente al criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había apreciado diez infracciones diferenciadas -una por cada contrata-, el Supremo entiende que existe una única infracción continuada, lo que reduce el importe de la multa. Consultada tras conocerse la sentencia, la compañía señaló que está estudiando en detalle la resolución y revisando su operativa en consecuencia, aunque mantiene su actividad con normalidad. Además, aseguró que su compromiso sigue siendo el cumplimiento estricto de la normativa vigente, tal y como afirma haber hecho en su actividad internacional.
La resolución fue publicada el 27 de marzo, aunque pasó inicialmente casi desapercibida en los medios. Días después, Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, analizó el fallo en su blog. Todolí considera especialmente relevante que el Tribunal Supremo deje claro que el hecho de que las contratistas aporten vehículos, dispongan de autorizaciones administrativas o gestionen vacaciones, horarios y contrataciones no basta para descartar la cesión ilegal de trabajadores.
Este experto en plataformas digitales destaca además que el Supremo parece asumir las tesis doctrinales que sostienen que el control algorítmico en tiempo real constituye una forma de supervisión diferente a la tradicional, lo que debería tener un peso específico al valorar posibles cesiones ilegales de trabajadores.
Una interpretación similar ha realizado el despacho Uría Menéndez, que señala que el control ejercido por la empresa de paquetería iba claramente más allá de la mera supervisión técnica orientada a garantizar la calidad del servicio. A su juicio, la trascendencia de la sentencia supera el caso concreto, ya que numerosos modelos de distribución urbana y de última milla funcionan actualmente mediante redes de colaboración entre grandes operadores logísticos, trabajadores autónomos y pequeñas empresas transportistas. Se trata de estructuras ampliamente extendidas en España que, hasta ahora, no habían sido cuestionadas judicialmente con esta intensidad.
Este último aspecto resulta clave para medir el alcance del fallo. Más allá de compañías de paquetería como DHL, este sistema también es habitual en el reparto de comida a domicilio. Empresas como Glovo y Just Eat operan con modelos mixtos que combinan contratación directa y subcontratación. Por su parte, Uber Eats ha apostado por un modelo basado exclusivamente en subcontratas. A comienzos de año, la empresa anunció el abandono de su sistema de autónomos después de que la Inspección de Trabajo advirtiera de posibles acciones penales contra sus directivos si no avanzaba hacia un modelo laboral regulado. La compañía explicó entonces que toda su actividad pasaría a canalizarse mediante subcontratas, precisamente el esquema cuya legalidad queda ahora bajo mayor escrutinio tras la sentencia del Supremo.
El absentismo laboral en España se ha consolidado como uno de los grandes retos estructurales del mercado de trabajo. Cada jornada, entre 1,6 y 1,7 millones de personas no acuden a su puesto laboral, y de ellas alrededor de 1,27 millones se encuentran de baja médica por incapacidad temporal (IT). Esta situación ha llevado al absentismo a marcar máximos históricos al cierre de 2025.
Así lo refleja el XV Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo, elaborado por The Adecco Group. Según el estudio, la tasa anual de absentismo en España se sitúa en el 7,68%, lo que supone un incremento interanual de 0,42 puntos porcentuales y más de dos puntos por encima de los niveles previos a la pandemia. Además, en el cuarto trimestre del año la tasa alcanzó el 7,88%, el valor más alto registrado en toda la serie histórica.
Desde Adecco explican que este aumento responde, en gran medida, al crecimiento de las bajas por incapacidad temporal, cuya tasa ya se sitúa en el 5,97%, tras subir 0,29 puntos respecto al año anterior. Entre los factores que explican esta tendencia destacan el envejecimiento de la población activa, el incremento de los problemas de salud mental y la prolongación de los procesos médicos.
Las consecuencias también son significativas en términos de productividad. De media, cada trabajador pierde 10,9 horas de trabajo al mes debido al absentismo. Este volumen de horas no trabajadas genera dificultades adicionales para la organización empresarial, especialmente en la planificación de turnos, la cobertura de vacantes y el aumento de costes operativos. Por ello, el informe subraya que la salud laboral debe abordarse como un elemento estratégico de gestión y no únicamente como una cuestión administrativa, ya que su evolución condiciona directamente la organización de las plantillas y la capacidad de anticipar necesidades de cobertura.
El repunte del absentismo también está teniendo un impacto directo sobre el mercado laboral. Según el estudio, la creciente necesidad de sustituir trabajadores ausentes está impulsando la demanda de empleo temporal y elevando la presión sobre los costes laborales. En este contexto, Carlos Arcas, director del instituto, señala que el absentismo está transformando la gestión de recursos humanos, obligando a las empresas a buscar mayor flexibilidad, reforzar sus políticas de salud laboral y replantear sus estrategias organizativas.
A esta situación se suma el aumento de las enfermedades profesionales con baja, que crecieron un 6,16% en 2025. Este incremento se debe principalmente a patologías relacionadas con movimientos repetitivos, sobrecarga física y posturas forzadas. Según los datos de Adecco, más del 80% de estas enfermedades profesionales están vinculadas a agentes físicos, con una incidencia especialmente elevada en la industria manufacturera. Esto confirma que una parte relevante del absentismo guarda relación directa con las condiciones físicas de determinados puestos y con la exposición prolongada a tareas de elevada exigencia corporal.
Aunque el absentismo afecta a todos los sectores económicos, su impacto no es uniforme. La industria presenta la tasa más elevada, con un 8,34%, mientras que el sector servicios registra el mayor incremento interanual, con una subida de 0,47 puntos porcentuales. Por su parte, la construcción alcanza una tasa del 6,54%, aunque muestra una tendencia de acercamiento progresivo al resto de sectores.
Existen además actividades especialmente afectadas. En el caso de las actividades postales y de correos, la tasa de absentismo asciende al 13,28%, muy por encima de la media nacional. Este dato refleja importantes tensiones operativas en sectores caracterizados por una alta exigencia física, fuerte presencialidad y escaso margen para aplicar modelos organizativos flexibles.
Según Arcas, el absentismo tiende a concentrarse en sectores con mayor desgaste físico y menor capacidad de adaptación organizativa, lo que agrava los problemas para cubrir vacantes y aumenta la rotación de personal. En este escenario, las ausencias laborales se consolidan como uno de los principales desafíos estructurales del mercado laboral español, con efectos directos sobre la productividad empresarial, la organización interna de los equipos y la sostenibilidad del empleo.
La Comisión Europea está preparando un paquete de medidas para reforzar la competitividad del sector bancario europeo en un contexto marcado por las elevadas necesidades de financiación de la economía. En el último borrador al que ha accedido EXPANSIÓN ya se perfilan los ejes principales de una reforma que aspira a convertirse en uno de los mayores cambios regulatorios desde la crisis financiera.
El Ejecutivo comunitario prevé presentar oficialmente este documento el próximo 15 de julio. Después se abrirá un periodo de consultas para recoger aportaciones y terminar de dar forma a una propuesta legislativa que podría ver la luz en el primer trimestre de 2027. Aunque aún falta tiempo para su aprobación, el borrador ya adelanta modificaciones profundas en la normativa bancaria europea. La agenda de reformas se estructura en tres grandes áreas: favorecer una mayor integración del mercado, simplificar los requisitos prudenciales y de resolución, e incorporar un enfoque más orientado a la competitividad dentro de la supervisión.
La Comisión considera que, aunque la banca europea ha recuperado niveles históricos de rentabilidad, sigue actuando principalmente como un mecanismo de contención frente a crisis en lugar de desempeñar un papel impulsor del crecimiento económico. Por ello, sostiene que la resiliencia no debe seguir siendo el único objetivo estratégico. El sector bancario ha recibido el documento con sorpresa, destacando el alcance de la iniciativa y el elevado número de disposiciones legislativas que Bruselas plantea revisar.
En cuanto a la integración del mercado, la Comisión propone modificar las reglas actuales para facilitar una mayor coordinación entre bancos con presencia en varios países. Una de las principales novedades sería permitir que los requisitos de capital y liquidez se cumplan a nivel de la entidad matriz en los grupos transfronterizos. Este cambio supondría eliminar la obligación de mantener colchones de capital y liquidez separados en cada filial, una de las principales demandas de la banca. A cambio, la matriz asumiría la obligación legal de transferir recursos a sus filiales cuando fuera necesario.
Con esta medida, Bruselas espera liberar una cantidad significativa de recursos que podrían destinarse a financiar la economía real, especialmente en ámbitos como la transición ecológica, la digitalización y el refuerzo de la defensa europea. Según las estimaciones manejadas, solo en liquidez podrían movilizarse alrededor de 230.000 millones de euros.
Para compensar la reducción de colchones nacionales, la Comisión estudia mecanismos de protección adicionales que generen confianza entre las autoridades de cada país. Aunque el instrumento ideal sería un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, la falta de consenso político ha llevado a explorar alternativas, como redefinir el papel de los fondos nacionales en situaciones de quiebra transfronteriza. Además, Bruselas también quiere avanzar en la armonización de normas ajenas al ámbito puramente bancario, como la protección del consumidor y los estándares digitales.
El segundo bloque de la reforma se centra en los requisitos regulatorios y los colchones anticrisis. En este terreno, la Comisión parece alinearse parcialmente con las demandas del sector, al estudiar fórmulas para hacer más transparentes y previsibles las exigencias regulatorias. Siguiendo propuestas ya planteadas por el Banco Central Europeo, Bruselas contempla simplificar los distintos componentes del colchón de capital para crear un único colchón liberable capaz de cubrir riesgos tanto cíclicos como estructurales. El objetivo es evitar duplicidades entre requerimientos de distintas autoridades que encarecen innecesariamente la carga regulatoria.
También se estudia armonizar los criterios de los recursos exigidos para absorción de pérdidas (MREL) con los estándares aplicables a los grandes bancos sistémicos globales (TLAC). La intención no es reducir la solvencia, sino eliminar solapamientos regulatorios que resten competitividad. Asimismo, la Comisión analizará si es posible reducir la frecuencia de revisión de los planes de resolución bancaria o simplificar sus procedimientos de aprobación, lo que permitiría disminuir costes operativos.
Respecto a la aplicación de los estándares internacionales de Basilea, la Unión Europea mantiene su compromiso, aunque quiere tener en cuenta las particularidades del sistema bancario europeo. Con ello pretende evitar desventajas competitivas frente a economías como Estados Unidos, donde la implantación de estas normas podría ser parcial o más lenta. Bruselas también plantea reglas más flexibles para entidades pequeñas y de estructura sencilla, al considerar que presentan riesgos limitados para la estabilidad del sistema financiero.
En materia de supervisión, la Comisión no llega a proponer que la competitividad se convierta formalmente en un segundo mandato para los supervisores junto a la estabilidad financiera. Sin embargo, sí insta a la Autoridad Bancaria Europea y al Banco Central Europeo a desarrollar una cultura supervisora que valore también la aportación de la banca al crecimiento económico de la Unión Europea. Bruselas advierte además contra una supervisión basada en una tolerancia cero al riesgo, al considerar que ese enfoque puede frenar la financiación empresarial y la inversión.
Por último, la Comisión reclama una mayor coordinación entre supervisores y una visión más integrada para reducir la carga burocrática asociada al reporte de datos regulatorios, un coste que ya supera los 11.000 millones de euros. Con una mayor armonización entre autoridades, Bruselas confía en recortar hasta la mitad esas obligaciones administrativas para el sector bancario.
Si una persona hubiera estado completamente desconectada de la actualidad durante los últimos seis meses y retomara ahora la información económica, difícilmente deduciría por los datos de crecimiento difundidos este jueves por el Banco de España que, en ese periodo, se ha producido una guerra que mantuvo bajo presión a los mercados energéticos. La institución ha mantenido sin cambios su previsión de crecimiento del PIB español en el 2,3% para este año, el mismo porcentaje estimado en marzo y una décima por encima del cálculo de diciembre. De cara a 2027, tampoco prevé variaciones y estima que la economía avanzará un 1,7%. Aun así, persisten incertidumbres, especialmente en el mercado de la vivienda.
El organismo reconoce que el deterioro del escenario internacional podría frenar el ritmo de crecimiento en ambos ejercicios, aunque considera que ese efecto negativo quedará compensado por otros factores. En 2026, el respaldo llega de una evolución de la actividad en el segundo trimestre ligeramente mejor de lo previsto en marzo. Para 2027, influye una mayor expansión de la población, ya que las nuevas previsiones incorporan flujos migratorios más elevados de lo contemplado anteriormente.
Estas previsiones se publican apenas un día después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un esperado acuerdo de paz tras más de tres meses de conflicto. Sin embargo, las estimaciones del supervisor se cerraron el 27 de mayo, por lo que no reflejan los últimos acontecimientos geopolíticos. Si el precio del petróleo continúa bajando y el comercio energético se normaliza antes de lo previsto, el impacto sobre la economía podría ser aún más favorable. En cualquier caso, el contraste con la zona euro sigue siendo notable: el área crecerá apenas un 0,8% en 2026, aproximadamente un tercio del ritmo esperado para España.
Así lo subrayó el director general del Banco de España, David López Salido, durante la presentación del informe en Madrid. Según explicó, España destaca por mostrar un mayor dinamismo económico frente a economías como las de Francia, Alemania o Italia, que evidencian una fase de crecimiento más agotada.
El crecimiento sostenido de la economía española también se apoya en el comportamiento del PIB a comienzos de año, cuando avanzó un 0,6%, generando una inercia positiva. Aunque el contexto internacional se ha deteriorado, la economía mantuvo un ritmo sólido durante el primer trimestre de 2026, si bien comenzaron a apreciarse señales de moderación.
Para el segundo trimestre, los modelos del Banco de España apuntan a que el PIB podría seguir avanzando a un ritmo similar, con un incremento estimado de entre el 0,5% y el 0,6% respecto al trimestre anterior. El empleo continuaría siendo uno de los principales motores, con una tasa de paro que pasaría del 10,5% en 2025 al 10% en 2026 y al 9,8% en 2027.
Las previsiones de crecimiento presentadas este jueves están en línea con las de otros organismos internacionales. La Comisión Europea es ligeramente más optimista y prevé un crecimiento del 2,4% en 2026. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estima un 2,1%, mientras que la OCDE sitúa el avance en el 2,2%, igual que el Gobierno. En lo que todos coinciden es en que la expansión superará el 2%.
Más preocupante es el panorama de la inflación. El Banco de España ha revisado al alza su previsión de incremento medio de precios para este año, pasando del 3% al 3,6%, y eleva en una décima la estimación para 2027, hasta el 2,6%. Este ajuste responde al encarecimiento de la energía y al aumento de precios en bienes industriales no energéticos y servicios.
La diferencia con la zona euro también se amplía en este ámbito, lo que puede afectar a la competitividad empresarial. Según López Salido, esta brecha se explica en parte por la fuerte demanda vinculada al turismo y al ocio. Además, mostró especial preocupación por la inflación subyacente, considerada la más difícil de contener, ya que es donde más crece la distancia respecto a los socios europeos.
Junto a las previsiones macroeconómicas, el Banco de España publicó su informe anual de 2025, un documento de más de 300 páginas en el que la vivienda ocupa un lugar central. El análisis señala que la oferta residencial no está creciendo al ritmo de la demanda, ya que la creación neta de hogares supera ampliamente el número de nuevas viviendas construidas. Como consecuencia, entre 2021 y 2025 se habría acumulado un déficit de 750.000 viviendas.
La mitad de ese déficit se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. Además, la tendencia continúa empeorando. Según López Salido, los datos actuales no invitan al optimismo ni desde el sector privado ni desde el público. Pese al continuo aumento de los precios inmobiliarios, el Banco de España no aprecia indicios de una burbuja. El informe sostiene que los indicadores de riesgo para la estabilidad financiera no reflejan desequilibrios comparables a los de anteriores ciclos expansivos. También destaca características propias del mercado actual, como el auge del alquiler y una mayor diversidad territorial.
Desde el punto de vista del crédito, tampoco se observan señales alarmantes. Solo el 13% de las hipotecas supera el 80% del valor de la vivienda, una situación muy distinta a la registrada antes de la crisis inmobiliaria de 2008, cuando el endeudamiento era mucho más elevado.
El informe también identifica a los grupos más afectados por las dificultades de acceso a la vivienda: los residentes en grandes áreas urbanas y los hogares con menores ingresos, especialmente jóvenes y población de origen extranjero. Asimismo, insiste en que el mercado inmobiliario español no puede analizarse como una realidad homogénea. Mientras ciudades y territorios como Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia o Baleares han experimentado fuertes subidas reales de precios en la última década, otras provincias como Zamora, Soria, Teruel, Ciudad Real o Asturias han registrado aumentos inferiores a la inflación.
El Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha un concurso público para contratar los seguros que protegerán los inmuebles gestionados por Casa 47, la nueva entidad pública surgida de la transformación de Sepes. El objetivo a largo plazo es alcanzar una cartera de 95.000 viviendas, incluyendo, entre otros activos, inmuebles procedentes de la Sareb.
Sin embargo, la previsión más inmediata se centra en los próximos dos años, periodo en el que Casa 47 espera gestionar un portafolio asegurado de 28.600 inmuebles distribuidos en 140 promociones. El valor estimado de estos activos supera los 5.000 millones de euros, según recogen los pliegos del contrato. La licitación se divide en dos lotes independientes con un presupuesto total de 8,9 millones de euros para un periodo de dos años. El lote principal corresponde al seguro de daños materiales, dotado con 6,7 millones de euros. Esta cobertura protegerá tanto el continente de los inmuebles, valorado en 4.862 millones, como su contenido, estimado en 171,6 millones.
El segundo lote, con un importe de 2,2 millones de euros, está destinado a cubrir la responsabilidad civil y patrimonial. Este seguro asumirá posibles contingencias derivadas de la propiedad, la gestión y el alquiler de las viviendas. La incorporación de inmuebles a Casa 47 será progresiva. Durante el primer año se prevé sumar unas 4.900 viviendas junto con sus anejos, mientras que el resto se incorporará en el segundo ejercicio de vigencia de la póliza.
El contrato también contempla la cobertura temporal de hasta 9.000 viviendas que permanecerán en manos de Casa 47 entre tres y seis meses antes de ser cedidas en usufructo a otras administraciones públicas. Debido a esta incorporación gradual, Casa 47 realizará ajustes trimestrales en el importe de las primas, que podrán variar al alza o a la baja según el tamaño efectivo de la cartera en cada momento.
Las aseguradoras interesadas en participar deberán incluir además una comisión de corretaje para Aon, designada como mediador de Casa 47 desde abril de 2025 por un importe de 288.000 euros. Este bróker ya había gestionado anteriormente las pólizas de Sepes: el seguro de daños materiales con Axa, la responsabilidad civil de directivos con Liberty Seguros y la cobertura de responsabilidad civil patrimonial con Berkley.
Por ahora, ninguna aseguradora ha confirmado públicamente su participación en el concurso. Varias compañías están analizando las condiciones del pliego, especialmente por la falta de datos históricos de siniestralidad del parque residencial, ya que los inmuebles proceden de distintas entidades. Ante esta incertidumbre, el concurso permite que varias aseguradoras concurran conjuntamente mediante fórmulas de coaseguro. El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 26 de junio.
La adjudicación del contrato se basará principalmente en tres criterios. El peso mayor recae en la oferta económica, que podrá aportar hasta 60 puntos. También se valorará la reducción de la franquicia inicial de 3.000 euros, con un máximo de 35 puntos. Finalmente, se concederán cinco puntos adicionales a las propuestas que ofrezcan una indemnización mínima superior a 50 millones de euros.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido hoy pedir al real decreto que está preparando el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la incorporación de seis nuevas plazas de magistrado en el Tribunal Supremo dentro de la programación de 2026, que prevé la creación de 500 unidades judiciales y la adaptación de la planta judicial. De esas seis plazas, dos se asignarían a la Sala Primera (Civil), otras dos a la Sala Segunda (Penal) y las dos restantes a la Sala Cuarta (Social). Esta petición forma parte del listado de órganos cuya creación el CGPJ considera prioritaria y ajustada a la planificación prevista en el proyecto normativo.
En su respuesta al oficio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en el que se solicitaba criterio sobre si la puesta en marcha de las 500 nuevas plazas debía hacerse de manera simultánea o progresiva, el Pleno ha planteado una implantación escalonada. Así, propone que el 1 de enero de 2027 entren en funcionamiento las plazas correspondientes a órganos colegiados, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, además de los jueces de adscripción territorial y plazas de categoría de juez.
Posteriormente, el 1 de junio de 2027 se activarían las plazas de los Tribunales de Instancia en ciudades sede de Tribunales Superiores de Justicia o Audiencias Provinciales, incluidas las sedes desplazadas. Finalmente, el 1 de noviembre de 2027 se pondría en marcha el resto de plazas previstas en el plan. El órgano de gobierno de los jueces insiste además en que estas nuevas unidades deben contar desde su entrada en funcionamiento con los medios materiales, tecnológicos y personales necesarios para garantizar el ejercicio adecuado de la función jurisdiccional.
Asimismo, el CGPJ recuerda al Ministerio la propuesta de reforma del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en marzo, orientada a adaptar el sistema de formación inicial de la carrera judicial a las necesidades derivadas de la implantación de los Tribunales de Instancia. Por otro lado, el Pleno también ha respaldado varias medidas relacionadas con las Secciones de Violencia sobre la Mujer. Entre ellas, la ampliación de la jurisdicción de la sección de Córdoba a varios partidos judiciales como Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya.
También ha informado favorablemente la creación de una nueva sección de Violencia sobre la Mujer en el Tribunal de Instancia de Lucena, ampliando su ámbito a distintos partidos judiciales de la provincia. Del mismo modo, se ha aprobado la creación de una nueva plaza en la sección de Vitoria-Gasteiz, cuya jurisdicción se extenderá al partido judicial de Amurrio.
Al visitar este sitio web o mediante la utilización de la app móvil podemos utilizar y almacenar información en tu navegador en forma de cookies. Estas incluyen información que es estrictamente necesaria para el funcionamiento y la navegación por el sitio web y, por tanto, no pueden desactivarse.
Como respetamos tu privacidad, mediante el panel de configuración de cookies puedes aceptar o rechazar las cookies haciendo clic en la casilla correspondiente. Para más información o para consultar el listado completo de cookies consulta nuestra Política de Cookies.
Cookies técnicas necesarias
Estas cookies son estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento y navegación del usuario por el sitio web, así como para recordar las preferencias de cookies y, por lo tanto, no es posible desactivarlas. No almacenan ninguna información de identificación personal de forma permanente.
Cookies de Rendimiento
Las cookies de rendimiento nos permiten conocer el nivel de recurrencia de nuestros visitantes y realizar la medición y análisis estadístico de la utilización de nuestro servicio para poder mejorar su rendimiento. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima.
