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(Expansión, 13-09-2024) | Fiscal

La Comunidad de Madrid amplía al 50% la bonificación de Sucesiones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado que este mismo año se ampliará de 35 a 40 años la edad máxima para acceder a la deducción en el IRPF por el alquiler de la vivienda habitual, que puede llegar hasta los 1.234 euros. Además, Ayuso incrementará al 50% la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, el primero desde su victoria por mayoría absoluta en las elecciones de mayo de 2023, Ayuso ha presentado una serie de medidas fiscales de gran impacto, reafirmando su postura de reducir los impuestos y desafiando las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. "Seguiremos bajando los impuestos", declaró, subrayando que es un compromiso adquirido con los madrileños y no una forma de beneficiar a los socios del gobierno nacional. Las nuevas medidas sobre el alquiler de vivienda entrarán en vigor este año, mientras que las bonificaciones en Sucesiones y Donaciones se implementarán en 2025, haciendo de Madrid la primera región en aplicar un descuento de tal magnitud en estos impuestos. Ayuso considera este tributo "anacrónico" e "injusto", y que apenas tiene presencia en la Unión Europea, argumentando que penaliza el ahorro y afecta especialmente a aquellos que tienen más dificultades para heredar. Además, el gobierno de Madrid eliminará los impuestos sobre donaciones esporádicas inferiores a 1.000 euros entre particulares y simplificará los requisitos para aplicar las bonificaciones ya existentes del 99%. Estas reformas fiscales, diseñadas para impulsar el crecimiento y el empleo, beneficiarán a unos 13.000 contribuyentes y representarán un ahorro de cerca de 130 millones de euros anuales. La Comunidad de Madrid ya bonifica el 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos y, en 2025, esta bonificación alcanzará el 50% entre hermanos, tíos y sobrinos, lo que reducirá considerablemente los impuestos para futuros herederos. Asimismo, Ayuso ha anunciado la ampliación de la franja de edad para deducirse el alquiler de vivienda habitual en el IRPF, de 35 a 40 años, beneficiando a unos 45.000 contribuyentes adicionales y generando un alivio fiscal anual de 50 millones de euros. Durante su intervención, la presidenta madrileña recordó las iniciativas de su gobierno en apoyo a las pymes, como los 9 millones de euros destinados a la digitalización de más de un centenar de pequeñas y medianas compañías; los 7 millones que se invertirán en la formación digital de cerca de 2.500 profesionales del sector turístico; o la nueva línea de ayudas para las empresas que tienen entre 50 y 1.000 empleados dirigida a la adquisición de medios productivos como maquinaria y vehículos industriales o material para talleres y de la que ha anunciado que "vamos a duplicar su presupuesto". Además, el ejecutivo autonómico destinará 20 millones a la revitalización del pequeño comercio tradicional y de proximidad, especialmente en los pueblos. A estas iniciativas se unen otras destinadas a reducir las trabas burocráticas, como la futura Ley contra la Hiperregulación, que buscará "revisar y simplificar" las regulaciones existentes, " comprometiéndonos a eliminar todas las innecesarias; la aceleradora de inversiones puesta en marcha por la Comunidad, que "también ayuda a simplificar trámites" y que cuenta ya con una cartera de proyectos por valor de 4.500 millones y que, según los cálculos del gobierno regional, generará 3.000 empleos. A ello se añade el nuevo Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, "que ha ahorrado a la justicia madrileña 300 millones de euros", o la nueva posibilidad de pagar tasas e impuestos por Bizum. La presidenta regional también anunció la intensificación de sus actuaciones contra la despoblación que sufren muchos municipios de la Comunidad (de los 179 municipios de la región, 73 tienen menos de 2.500 habitantes). Junto a las rebajas fiscales anunciadas para quienes trasladen su residencia a pueblos pequeños y despoblados, Díaz Ayuso ha anunciado este jueves la puesta en marcha de nuevas ayudas para impulsar el comercio y la hostelería en las localidades de menos de 1.000 habitantes. En concreto, se ofrecerán subvenciones de hasta 3.000 euros a comercios, bares y restaurantes que ya están funcionando, con el objetivo de que puedan mantener e impulsar su negocio, y ayudas de hasta 10.000 euros para la apertura de nuevos establecimientos en esas localidades.

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(Expansión, 13-09-2024) | Fiscal

Ayuso anuncia la creación de la Ley de Defensa del Contribuyente

La importancia que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso otorga a la fiscalidad se refleja en su constante política de reducción de impuestos. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid busca ir más allá, fortaleciendo la relación entre su Administración y los contribuyentes. Hoy ha anunciado que en 2025 se aprobará la Ley de Defensa del Contribuyente, con el objetivo de agilizar trámites, mejorar la atención al ciudadano y, sobre todo, garantizar una mayor protección de sus derechos. Según la Comunidad de Madrid, esta nueva normativa pretende crear "un marco de seguridad real y efectivo", fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, facilitar la corrección de errores cometidos de buena fe, establecer un sistema completo de información y asistencia, y promover la simplificación de los procesos administrativos. "Queremos que quienes pagan sus impuestos en la Comunidad de Madrid lo hagan con las máximas garantías y tengan una mejor relación con la Administración Tributaria madrileña, tanto en situaciones normales como en casos de posibles litigios", expresó Ayuso durante su intervención. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los madrileños. En este sentido, el gobierno regional pondrá en marcha una "carpeta fiscal" que permitirá a los ciudadanos acceder rápidamente a toda su información tributaria. Además, la normativa prestará especial atención a las alegaciones, discrepancias o reclamaciones que los ciudadanos puedan presentar ante las resoluciones de la Administración tributaria. Para ello, se contempla la creación de una figura independiente que apoyará a los contribuyentes en caso de desacuerdo con las decisiones de la Administración.

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(El Economista, 13-09-2024) | Fiscal

El Impuesto de Patrimonio pierde contribuyentes por primera vez

El Impuesto de Patrimonio registró en 2022, por primera vez en su historia, una reducción en el número de declarantes. Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, 1.002 personas dejaron de presentar esta declaración, lo que redujo el número total de contribuyentes de 231.367 en 2021 a 230.365 en 2022. Es importante recordar que este impuesto grava las fortunas superiores a los dos millones de euros desde 2011. En los tres años anteriores (2008-2010), no existía, y antes de 2007 se aplicaba a patrimonios superiores a 601.000 euros, por lo que no es posible hacer una comparación directa. Esta disminución de declarantes coincide con dos eventos clave en el ámbito fiscal. Por un lado, la Junta de Andalucía, tras la llegada del Partido Popular, anunció en septiembre de 2022 una bonificación del 100% del impuesto, lo que en la práctica significa que los contribuyentes en esa comunidad autónoma dejaron de pagarlo. En respuesta, el Gobierno central anunció la creación del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, para que quienes tuvieran más de 3,5 millones de euros y no pagaran el Impuesto de Patrimonio en sus comunidades por estar bonificado, lo hicieran directamente al Estado. A pesar de la bonificación en Andalucía, los contribuyentes con patrimonios superiores a dos millones aún deben presentar la declaración, aunque la cuota a pagar sea cero. Sin embargo, expertos fiscales indican que es difícil determinar con exactitud las razones de la caída en el número de declarantes a nivel nacional. La hipótesis más probable es que muchos de ellos, al no tener que pagar o enfrentarse a cuotas muy bajas debido a bonificaciones o pérdidas, optaron por no presentar la declaración, alejándose del radar de la Administración en un momento de mayor escrutinio fiscal hacia los más ricos. Esaú Alarcón, abogado fiscalista y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Abat Oliba, comenta que algunos contribuyentes con cuotas pequeñas deciden no declarar para evitar quedarse permanentemente en el sistema de control fiscal. Añade que las comunidades autónomas disponen de menos recursos que la Agencia Tributaria estatal para realizar inspecciones, por lo que no les resulta rentable iniciar procedimientos por cuotas bajas de 200 o 300 euros. Por su parte, Alejandro del Campo, abogado de DMS Legal, recuerda que cualquier persona con más de dos millones de euros en patrimonio debe presentar la declaración, aunque algunos prefieren afrontar la multa de 200 euros por no hacerlo. Siro Barro, socio del Departamento de Derecho Fiscal de Escalona & de Fuentes, coincide en que la bonificación en Andalucía ha llevado a que muchos contribuyentes opten por pagar la sanción en lugar de presentar la declaración. A pesar de esta reducción en el número de declarantes en 2022, el Gobierno sigue poniendo el foco en las grandes fortunas. El presidente Pedro Sánchez anunció recientemente que planea aumentar los impuestos a los más ricos con el fin de financiar el transporte público y evitar el lujo excesivo, como los "lamborghinis". España es el único país de la Unión Europea que grava el patrimonio, y varias organizaciones de expertos fiscales han solicitado en repetidas ocasiones la eliminación de este impuesto para alinearse con las políticas fiscales de la UE y evitar la fuga de contribuyentes. De no eliminarse, sugieren al menos reducir los tipos impositivos, que actualmente llegan al 3,5%, a un máximo del 1%.

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(El País, 13-09-2024) | Laboral

El Gobierno busca apoyos en el Congreso para sacar adelante la última parte de la reforma de pensiones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comparecido este jueves ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados para detallar el acuerdo de pensiones alcanzado entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos el pasado 31 de julio. Además, ha aprovechado la oportunidad para buscar apoyos que faciliten la aprobación de los textos legislativos que desarrollarán dichas medidas. Saiz ha subrayado que el acuerdo se basa en las recomendaciones de la propia Comisión del Pacto de Toledo, ante la cual ha comparecido. Desde la oposición, el PP y Vox han exigido a la ministra un "cronograma legislativo" que precise cuándo su Ministerio trasladará al Parlamento los instrumentos legales necesarios, ya sea mediante Real Decreto-ley o Proyecto de Ley, para implementar el acuerdo. Aunque Saiz no ha dado un calendario específico, ha explicado que las medidas requerirán desde reglamentos hasta cambios legales y convenios con las comunidades autónomas, asegurando que todo esto se desarrollará "en los próximos días y semanas". Ambos partidos también han solicitado estudios sobre el impacto económico de las medidas, a lo que la ministra ha respondido que estos serán entregados cuando las iniciativas lleguen al Congreso. Entre las medidas más complejas de aprobar se encuentran los cambios en las modalidades de jubilación, que requerirán modificaciones en la Ley de Seguridad Social, según las críticas expresadas por algunos portavoces de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. Aunque la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, ha mostrado su apoyo al acuerdo, calificándolo de "positivo en general", y ha respaldado los futuros convenios entre los sistemas de salud autonómicos y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, otros socios del Gobierno han sido más críticos. El portavoz de EH-Bildu, Iñaki Ruiz de Pineo, ha pedido que antes de la tramitación de los textos se presenten informes que analicen el impacto en la salud de los trabajadores de las medidas para prolongar la edad de jubilación y el papel de las mutuas. También ha instado a que las jubilaciones anticipadas en profesiones penosas no se negocien por sectores, ya que muchos de ellos no tienen poder de negociación, y que se analicen caso por caso. Por su parte, Jordi Salvador, portavoz de ERC, ha mostrado una postura mixta respecto a la reforma, destacando que algunas medidas le agradan, mientras que otras no. Ha exigido al Gobierno una negociación paralela con los grupos de izquierda durante el proceso parlamentario, advirtiendo que, sin esto, las medidas podrían no obtener los apoyos necesarios para ser aprobadas. Salvador ha señalado que, aunque el acuerdo con empresarios y sindicatos es positivo, esto no garantiza su aprobación en el Parlamento. En cuanto a las nuevas fórmulas de colaboración con las mutuas, Salvador ha planteado dudas, además de considerar insuficiente el sistema propuesto de jubilaciones anticipadas sin recortes en las profesiones penosas. También ha rechazado la propuesta del Gobierno de reintroducir bonificaciones en las cotizaciones para las empresas que prevengan eficazmente los accidentes laborales. Ante estas críticas, Saiz ha defendido que el objetivo no es trabajar más, sino hacerlo mejor, y ha aclarado que la colaboración con las mutuas no implica ninguna privatización de la sanidad, recordando que estas forman parte del sistema de Seguridad Social. Además, ha explicado que el año pasado las mutuas generaron un excedente de 1.200 millones de euros que se destinó al Fondo de Reserva de las pensiones. Saiz también ha insistido en que los médicos de los servicios públicos de salud seguirán siendo los responsables de conceder las altas y bajas laborales, y que los trabajadores tienen la opción de rechazar la atención de una mutua. Por último, Josep María Cervera, portavoz de Junts, ha criticado que los médicos de los servicios públicos sean quienes otorguen las bajas y altas laborales, y ha defendido que deberían ser las mutuas quienes decidan estos procesos. A pesar de esta divergencia con ERC, Cervera ha preferido no anticipar la posición de su grupo hasta la próxima semana, cuando Saiz comparecerá ante el Pleno para seguir buscando los apoyos necesarios para la reforma.

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(El Economista, 13-09-2024) | Laboral

Los jóvenes logran más empleos fijos pero su carrera se "estrella" con 50 años

Un análisis frecuente en el mercado laboral español sostiene que los trabajadores 'seniors' son un obstáculo para la entrada de los jóvenes en el empleo, relegándolos a puestos de menor calidad. Sin embargo, los datos del SEPE contradicen esta idea, ya que muestran que los menores de 30 años tienen más probabilidades de firmar un contrato indefinido en comparación con los mayores de 50 años. No obstante, es evidente que, a partir de los 50 años, las oportunidades laborales disminuyen considerablemente. En agosto de 2022, el Servicio Público de Empleo Estatal registró la firma de 1,04 millones de contratos. Los trabajadores menores de 30 años firmaron el 41,09% de esos contratos, mientras que los mayores de 50 solo el 16,81%, a pesar de que hay más desempleados en este último grupo. Este dato por sí solo podría sugerir que los jóvenes sufren más precariedad, ya que firman más contratos, pero la realidad es más compleja. Del total de contratos firmados en agosto, 389.375, es decir, el 37,5%, fueron indefinidos. Los jóvenes firmaron el 41,01% de esos contratos, mientras que los mayores de 50 solo el 15,6%. Este patrón de contratación ha sido consistente, ya que antes de la reforma laboral los porcentajes eran similares. En agosto de 2019, los jóvenes representaban el 37,29% de los contratos totales y el 41,32% de los indefinidos, mientras que los 'seniors' obtenían el 14,98% de los contratos totales y el 17,98% de los indefinidos. La gran diferencia entre estos datos radica en el incremento de los contratos indefinidos tras la reforma laboral. Hace cinco años, solo el 8,11% de los contratos eran indefinidos, mientras que en agosto de 2022, esta cifra aumentó al 37,5%. Tanto los jóvenes como los mayores de 50 años se han beneficiado de este aumento: el 37% de los contratos para menores de 30 años son ahora indefinidos, y para los mayores de 50, la cifra es del 34%. Antes de la reforma, estos porcentajes eran significativamente más bajos (7,2% y 7,8%, respectivamente). Pese a esta mejora en la contratación indefinida, persisten algunas incógnitas. La Encuesta de Población Activa (EPA) muestra que los trabajadores jóvenes (aquellos en sus primeros 15 años de vida laboral) enfrentan una tasa de paro del 19%, mientras que los mayores de 50 años tienen una tasa del 9,7%. Esto se debe, en parte, al envejecimiento de la población: hay 8,41 millones de personas activas mayores de 50 años, en comparación con 3,98 millones de menores de 30. Aunque el número de parados 'seniors' es mayor que el de los jóvenes (820.500 frente a 786.000), las tasas de empleo difieren: el 80,24% de los menores de 30 años está ocupado, mientras que en los mayores de 50 la cifra asciende al 90,2%. Otra disparidad significativa se observa en los contratos temporales. Según la EPA, en el segundo trimestre de 2022, el 15,95% de los ocupados tenía un contrato temporal, pero esta cifra aumentaba al 33% entre los menores de 30 años, en contraste con el 9,77% entre los mayores de 50. A pesar de que los trabajadores menores de 30 son la mitad que los mayores de 50 (2,9 frente a 6,03 millones), el número de contratos temporales es mucho mayor entre los jóvenes: 1 millón frente a 589.000 en los 'seniors'.

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(Expansión, 13-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE recorta los tipos 25 puntos básicos, hasta el 3,5%

La segunda reducción de los tipos de interés en la zona euro ya es un hecho. El Banco Central Europeo (BCE) ha comunicado un nuevo ajuste del coste del dinero en 25 puntos básicos, llevándolo al 3,5%, situándolo en mínimos desde junio del año pasado. Este es el nivel alcanzado por la tasa de depósito, que es el interés que el BCE paga a los bancos por mantener su dinero en Fráncfort, y que se ha convertido en el principal indicador de la política monetaria en Europa debido al exceso de liquidez en el sistema. "Es oportuno dar un paso más en la moderación del nivel de restricción de la política monetaria", señala el BCE. La relajación monetaria ha cobrado impulso, y después de una pausa durante el verano para reevaluar la situación, la institución dirigida por Christine Lagarde ha reafirmado su compromiso en la lucha contra la inflación. El incremento de precios en la zona euro se ha desacelerado hasta el 2,2%, apenas dos décimas por encima del objetivo, a lo que se suma una moderación en el crecimiento salarial, considerado un factor clave por el Consejo de Gobierno. "La inflación interna sigue siendo elevada, ya que los salarios continúan creciendo a un ritmo alto. Sin embargo, las presiones sobre los costes laborales se están reduciendo, y los beneficios están amortiguando parcialmente el impacto de los aumentos salariales sobre la inflación", ha declarado el BCE en su comunicado. Con este panorama, el banco central puede continuar retirando gradualmente su fuerte restricción monetaria, lo que lleva a condiciones de financiación estrictas diseñadas para enfriar la economía y, con ello, reducir la inflación tras dos años por encima de los niveles deseados para garantizar la estabilidad de precios. Sin embargo, el BCE ha evitado mostrar un tono triunfalista. A pesar de la mejora evidente, el Consejo de Gobierno ha advertido que "se espera que la inflación vuelva a aumentar en la parte final de este año, en parte debido a que las fuertes caídas anteriores de los precios de la energía desaparecerán de las tasas anuales". La institución ha mantenido sin cambios sus proyecciones de inflación, esperando que los precios suban un 2,5% de media este año, un 2,2% en 2025 y un 1,9% en 2026. Se prevé que el objetivo del 2% se alcance en el transcurso de 2025. Lagarde ha señalado que el BCE está vigilando de cerca la inflación en el sector servicios, que volvió a subir al 4,2% en agosto, lo que preocupa al banco central. "No es un dato satisfactorio. La inflación en el sector servicios se está mostrando resistente y persistente", afirmó la presidenta del BCE. Este mensaje firme es el resultado de un importante debate en el Consejo de Gobierno sobre el ritmo de las bajadas de tipos de interés, lo que ha llevado al BCE a adoptar una postura más prudente. Aunque hubo unanimidad en cuanto a la reducción de las tasas, hay una notable división de opiniones. Mientras algunos miembros más flexibles desean acelerar la reducción del precio del dinero, los más conservadores prefieren esperar a tener datos más concretos antes de tomar decisiones. "Decidiremos reunión a reunión. Nuestro rumbo y dirección son claros, pero no están predefinidos, ni en secuencia ni en volumen", subrayó Lagarde. No obstante, la presidenta no descartó la posibilidad de otro recorte en octubre, aunque advirtió que esa decisión sería menos evidente debido a la falta de una actualización de las proyecciones macroeconómicas. Si bien reconoció que queda poco tiempo hasta la próxima reunión, que se celebrará el 17 de octubre en Eslovenia, insistió en que no puede "comprometerse a nada" y que la decisión dependerá de los datos que se reciban. Lagarde también pidió no centrarse únicamente en la lectura de la inflación de septiembre, que estará por debajo del objetivo del 2% por razones estacionales, en un mensaje que refuerza el tono de cautela adoptado por la institución en relación a futuras reducciones de tipos. Todavía queda un largo camino hacia una política monetaria neutral. Aunque el BCE no ha especificado cuál sería la tasa que no estimularía ni frenaría la economía de la región, los expertos estiman que se encuentra entre el 2% y el 2,25%, lo que le deja margen para seguir reduciendo las tasas sin dejar de presionar la inflación.

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(El Periódico, 13-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Cuerpo lanza la propuesta de una "comunidad autónoma 18’ para ofrecer un mercado único real a las empresas

El Ministerio de Economía está promoviendo una conferencia sectorial con el objetivo de crear un régimen de actividad común en las 17 comunidades autónomas, como primer paso hacia un marco compartido con Portugal y, posteriormente, una integración completa con la Unión Europea. La visión de Letta ha sido una fuente de inspiración para el ministro español, Carlos Cuerpo. El informe presentado por el ex primer ministro italiano a la Comisión Europea en primavera proponía establecer un marco común para las empresas de los 27 Estados miembros, un "régimen 28º" que eliminara las barreras que enfrentan las compañías para operar en otros países de la UE y adaptarse a sus regulaciones. Cuerpo, por su parte, busca iniciar este proceso dentro de España con un "régimen 18º", que permita a las empresas operar libremente en todas las comunidades autónomas, como un primer paso hacia un marco ibérico con Portugal y, más adelante, una unificación regulatoria a nivel europeo. "Convocaremos una conferencia sectorial regulatoria, que corresponde a nuestro ministerio, para avanzar en esta línea junto con las comunidades autónomas, que tienen competencias y capacidad regulatoria en muchos aspectos", declaró Cuerpo durante su intervención en la conferencia "Hacia un modelo de crecimiento de España equilibrado y sostenible", organizada en Madrid por el Consejo General de Economistas. El Ministerio de Economía envió ayer mismo la convocatoria para la VII reunión de la Conferencia Sectorial sobre mejora regulatoria y clima de negocios a las consejerías de Economía de todas las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el orden del día, se incluye el tema "Nuevas líneas de actuación de política económica: identificación de barreras". "Reducir la carga regulatoria y administrativa que enfrentan las empresas será una de las grandes palancas para mejorar la productividad empresarial en España", subrayó Cuerpo, fijando este objetivo como prioritario, junto con el pleno empleo y la optimización de los fondos europeos. La reunión de la próxima semana tiene como propósito iniciar un diálogo con las autonomías y los ayuntamientos para identificar barreras administrativas que se puedan eliminar, y definir un marco regulatorio común que permita a las empresas operar sin restricciones en las 17 comunidades autónomas y los más de 8.000 municipios españoles. "Es crucial contar con todos los actores y administraciones con competencias regulatorias sectoriales: las comunidades y las corporaciones locales, que tienen un papel importante en la definición de los requisitos para que las empresas se instalen y operen", explicó Cuerpo. Añadió que también invitará al presidente del nuevo Consejo de la Productividad para participar en este diagnóstico común. Según Cuerpo, una de las claves será establecer regímenes comunes con requisitos mínimos que permitan a una empresa cumplir con ellos y operar en cualquier comunidad autónoma sin obstáculos. Asimismo, mencionó que Enrico Letta está "encantado" de que España sea pionera en la implementación de su propuesta de crear un verdadero Mercado Único.

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(El País, 13-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de los alimentos se enfría: se moderan al 2,5% en agosto, la menor tasa en casi en tres años

El Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró agosto en un 2,3%, lo que representa una reducción de cinco décimas en comparación con julio y la tasa más baja en un año, aunque es una décima superior al dato preliminar publicado hace dos semanas. La inflación subyacente, que excluye los alimentos frescos y la energía debido a su alta volatilidad, también experimentó una ligera caída, situándose en el 2,7%. Estos datos indican que España está cerca de superar la crisis de precios que ha afectado a los hogares en los últimos dos años, con una reducción de más de un punto en solo dos meses. Destaca la caída en el costo de los alimentos, cuya tasa se ubicó en 2,5%, el nivel más bajo desde octubre de 2021. Desde el Ministerio de Economía afirman que "esta disminución está permitiendo acercar la inflación de los alimentos al índice general, gracias a las medidas de apoyo implementadas" por el Gobierno. Camilo Ulloa, economista de BBVA Research, reconoce que el dato ha superado las expectativas por segundo mes consecutivo. A principios de mes, habían proyectado una tasa del 2,5%, pero el resultado final fue inferior, a pesar de la leve corrección de una décima realizada por el INE en el dato definitivo (inicialmente situado en 2,2%). La moderación en los precios de la energía y los alimentos no elaborados ha sido clave, destacando la reducción en sectores como el del aceite, que ha mostrado una mejora considerable gracias a la menor incidencia de la sequía. Aunque el aceite ha subido un 25% en términos interanuales, ha registrado cuatro meses consecutivos de descensos, lo que no ocurría desde el verano de 2022. Además, entre julio y agosto, el precio cayó un 1,7%. Asimismo, los productores agrícolas, cuyos márgenes son sensibles a las fluctuaciones de precios, han experimentado alivio gracias a la disminución de los costos de los carburantes, lo que ha permitido trasladar esa reducción a los precios de los alimentos. El sector energético ha sido uno de los principales motores de esta desaceleración en agosto. Un ejemplo de ello es que los combustibles líquidos se abarataron un 9,8% y el gasóleo un 9,0% en comparación con agosto de 2023. Manuel Hidalgo, economista y profesor en la Universidad Pablo de Olavide, menciona que en las últimas semanas el barril de Brent ha caído por debajo de los 70 dólares, muy lejos de los más de 100 dólares alcanzados tras la invasión rusa de Ucrania. "Los precios actuales del barril han reducido el coste del combustible en pleno verano y no hay señales de un aumento significativo en el corto plazo. Por el contrario, se espera que se mantengan estables durante un tiempo", añade. Esta reducción del precio del petróleo ha impactado también en el precio de la gasolina, que ahora se encuentra en niveles similares a los que había antes del conflicto. La estabilidad en el sector energético también se refleja en el gas, que en agosto fue casi un 1% más barato que en el mismo mes del año pasado. Esto sugiere que no se prevén grandes aumentos en las tarifas eléctricas en un futuro cercano. Para Hidalgo, este contexto es favorable para que la inflación continúe descendiendo en los próximos meses. "La energía, especialmente los combustibles, seguirá siendo un factor de alivio. Además, la estabilización en el costo de los alimentos, que el año pasado se incrementó considerablemente debido a la sequía, el bloqueo de los cereales en el Mar Rojo y el aumento de los precios de los fertilizantes, permitirá que la inflación se mantenga controlada". La cesta de la compra, uno de los principales factores que impulsaron la inflación, ahora presenta variaciones mucho más estables. En agosto, la tasa cayó seis décimas hasta situarse en el 2,5%, la más baja en casi tres años. Esto se debe principalmente a la reducción de los precios de aceites, grasas, legumbres y hortalizas, en contraste con la subida registrada en agosto del año pasado. No obstante, para María Jesús Fernández, analista de Funcas, la evolución futura es incierta. "El año pasado, las condiciones climáticas elevaron los precios de estos productos. Aunque este año el impacto climático ha sido menor, es difícil prever con exactitud su comportamiento. Han bajado, sí, pero eso no elimina su volatilidad", explica. No todos los sectores han mostrado la misma moderación. El turismo, que tuvo un gran auge durante el verano, ha generado presiones inflacionarias en los servicios. Fernández señala que el incremento de precios en actividades como el alojamiento, la restauración y otros servicios relacionados con el turismo ha sido notable. Los vuelos nacionales, por ejemplo, subieron un 21% entre agosto de 2022 y 2023, siendo el segundo elemento más inflacionario en todo el índice. Los paquetes turísticos nacionales aumentaron un 12% y el transporte de pasajeros por mar, principalmente cruceros, un 14%. Aunque el verano ha terminado, el turismo sigue siendo un motor importante para la economía, por lo que "no se espera una caída significativa en los precios", según la analista de Funcas. En general, los expertos coinciden en que, a pesar de las fluctuaciones en algunos sectores, la tendencia inflacionaria es favorable y está permitiendo a las familias mantener su nivel de consumo. Los salarios, que están creciendo a un ritmo del 2,9%, también juegan un papel clave. "Aunque el aumento salarial no es muy elevado, esta diferencia positiva respecto al IPC ayudará a mejorar el poder adquisitivo de los hogares", concluye Hidalgo. Ulloa, por su parte, pone el foco en la inflación subyacente, que, al estar menos influenciada por factores estacionales, será más persistente en el sector servicios, lo que sugiere que no se espera una reducción significativa hasta el próximo año.

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(Expansión, 12-09-2024) | Fiscal

La recaudación de impuestos deja 12.500 millones extra hasta julio

La eliminación progresiva de las rebajas fiscales en el sector energético ha generado 1.223 millones de euros adicionales, mientras que el aumento de los tipos impositivos sobre el ahorro ha aportado otros 222 millones. Esto contrasta con los 253 millones que las comunidades autónomas han rebajado del IRPF y los 778 millones devueltos debido a la sentencia que anuló el decreto de Montoro. En los primeros siete meses del año, la recaudación tributaria ha aumentado un 8,2% interanual, alcanzando los 164.477 millones de euros, lo que supone un incremento de 12.500 millones respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos difundidos ayer por la Agencia Tributaria. Casi la mitad de este crecimiento proviene del IRPF, que ha subido un 7%, alcanzando los 81.158 millones de euros, lo que representa un aumento de unos 5.200 millones. En julio se empezaron a notar los efectos de dos medidas opuestas: por un lado, el Gobierno central incrementó la presión fiscal sobre las rentas del ahorro superiores a 200.000 euros, lo que generó 222 millones; por otro lado, las rebajas de tarifas aplicadas por las autonomías para contrarrestar la inflación redujeron la recaudación en 253 millones. Además, la reversión de las rebajas fiscales en el IVA y el Impuesto Especial sobre la energía ha incrementado los ingresos en 1.223 millones. En conjunto, la recaudación del IVA ha crecido un 8,1%, alcanzando los 57.974 millones, mientras que los Impuestos Especiales han subido un 4,2%, con una recaudación de 12.292 millones. En cuanto al Impuesto de Sociedades, se han recaudado 5.416 millones, a pesar de que las devoluciones relacionadas con la sentencia que anuló el aumento fiscal impulsado por Cristóbal Montoro en 2016 ya suman 778 millones hasta julio. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda informó que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, excluyendo las corporaciones locales, cerró el primer semestre del año en el 1,88% del PIB, lo que representa un 10,5% menos que el mismo período del año anterior. En el caso del Estado, el déficit fiscal hasta julio fue del 2,71% del PIB, cifra que Hacienda atribuye a la liquidación definitiva de 2021, que inyectó 25.322 millones de euros a las comunidades autónomas y ayuntamientos, en comparación con los 11.799 millones del año anterior. En total, los ingresos del Estado crecieron un 4,7% hasta julio, mientras que el gasto público aumentó un 5,7%. El objetivo es cerrar el año con un déficit global dentro del límite europeo del 3%.

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(Expansión, 12-09-2024) | Fiscal

El Supremo frena la negación sistemática de Hacienda a ampliar plazos

El Tribunal Supremo (TS) ha puesto freno a la práctica habitual de Hacienda de negar sistemáticamente las solicitudes de ampliación de plazos. Según el alto tribunal, cuando la Agencia Tributaria (AEAT) rechace una prórroga, debe justificar adecuadamente su decisión, y no basta con argumentar que se superaría el plazo legal establecido al concederla. El Supremo ha establecido que, en virtud del principio de buena administración y los principios que rigen el sistema tributario, la denegación de una ampliación de plazo no puede ser un acto discrecional de la Administración. Es necesario que esté debidamente motivada, valorando las circunstancias específicas del caso, y considerando si la negativa perjudica o limita la capacidad de defensa del contribuyente. Este fallo interpreta el artículo 150 de la Ley General Tributaria (LGT), que en su versión actual modificó de forma sustancial la regulación de los plazos y eliminó la posibilidad de descontar dilaciones no atribuibles a la Administración. También tiene en cuenta el artículo 91 del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, que regula la ampliación de los plazos de tramitación. El tribunal concluye que esta práctica de Hacienda incumple el deber de motivación, va en contra de los principios de buena administración y genera indefensión en los contribuyentes.

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