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(Expansión, 10-02-2026) | Fiscal

¿Un impuesto para las empresas "tecnofeudales" que usan la IA para reemplazar trabajos?

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha planteado este lunes la creación de un nuevo gravamen dirigido a las empresas que ha calificado como "tecnofeudales", aquellas que recurren de forma intensiva a la robotización y a la Inteligencia Artificial (IA) para sustituir empleo humano. El objetivo, ha explicado, es repartir de manera más equitativa los beneficios que generan y avanzar hacia un sistema fiscal más justo. La iniciativa enlaza con una propuesta similar defendida anteriormente por el senador estadounidense Bernie Sanders y se ha debatido durante la jornada ¿Gravar a los robots? Fiscalidad y empleo en la era de la Inteligencia Artificial, celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados. García ha defendido que, aunque la tecnología, los algoritmos y la automatización están reemplazando cada vez más puestos de trabajo, la sociedad no está percibiendo el retorno económico que produce este cambio. "No se trata de poner impuestos a los robots como tal, sino a una tecnología que está desmontando el modelo tradicional de redistribución de la riqueza, del trabajo y del funcionamiento de la economía", ha señalado la ministra durante su intervención. Asimismo, ha subrayado que la Inteligencia Artificial no debería suponer el fin del empleo, sino convertirse en una herramienta que esté necesariamente al servicio de la ciudadanía. En este sentido, ha advertido de que la regulación y la acción política avanzan con retraso respecto al ritmo al que se producen los cambios tecnológicos. Desde Más Madrid, la diputada integrada en Sumar Tesh Sidi ha apuntado que cada vez es más habitual encontrar sistemas de autocobro, mientras que las grandes empresas tecnológicas anuncian fuertes inversiones en IA y automatización al mismo tiempo que ejecutan despidos a gran escala. "Nos encaminamos hacia un modelo económico en el que los beneficios aumentan gracias a nuestros datos, nuestra atención y nuestro tiempo, pero no revierten en la sociedad", ha afirmado Sidi, quien ha instado a pensar alternativas en las que la Inteligencia Artificial se ponga al servicio del interés general y de políticas públicas como las ayudas a la crianza o una sanidad pública sólida. En la misma línea se ha expresado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, quien ha advertido de que la IA está provocando una transformación profunda del mercado laboral y de la economía, generando incrementos muy elevados de productividad que, sin embargo, se distribuyen de manera profundamente desigual. Maestre ha denunciado que, en las últimas décadas, los beneficios empresariales y los ingresos de las compañías han crecido de forma notable, mientras que los salarios reales de los trabajadores no lo han hecho en la misma proporción. En este contexto, Mónica García también ha dirigido duras críticas a los grandes empresarios del sector tecnológico, señalando de forma expresa al fundador de Meta, Mark Zuckerberg. "No solo concentran una parte enorme de la riqueza mundial, sino que además aspiran a concentrar poder democrático, y eso no podemos permitirlo", ha afirmado. Por su parte, Maestre ha recordado que muchas de estas compañías gestionan infraestructuras clave relacionadas con la seguridad y los datos, por lo que ha insistido en la necesidad de exigirles una fiscalidad justa y de frenar el poder de los multimillonarios tecnológicos y de los responsables políticos que, según ha dicho, les extienden la "alfombra roja".

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(El País, 10-02-2026) | Laboral

La brecha salarial entre hombres y mujeres se estanca en el 20%

La Comisión Europea entiende la brecha salarial de género como la diferencia proporcional entre los ingresos brutos medios de hombres y mujeres en el conjunto de la economía. En España, esta distancia se sitúa en torno al 20% a favor de los hombres y, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes a 2024, no ha registrado avances significativos respecto al año anterior, manteniéndose prácticamente sin cambios en todos los niveles del empleo femenino. Así lo recoge el informe Brecha de género, síntoma de la desigualdad estructural, elaborado por Comisiones Obreras y presentado este lunes por su secretario general, Unai Sordo, junto a la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad, Carolina Vidal. El estudio señala que en 2024 el salario medio anual del empleo principal fue de 31.116 euros en el caso de los hombres y de 25.958 euros entre las mujeres, lo que supone una diferencia de 5.158 euros al año. En términos relativos, esto implica que los salarios femeninos deberían incrementarse alrededor de un 20% para equipararse a los masculinos. El documento analiza las causas que explican esta desigualdad retributiva y concluye que más de la mitad de la brecha, un 55%, se debe al mayor peso del trabajo a tiempo parcial entre las mujeres. Se trata, en muchos casos, de una jornada reducida no deseada que, según denunció Vidal, acaba convirtiéndose en una trampa laboral y salarial prolongada en el tiempo, ya que muchas trabajadoras no pueden acceder a empleos a jornada completa debido a sus responsabilidades de cuidado. La sobrecarga de tareas de cuidados que asumen las mujeres es uno de los factores clave que explica esta situación. Los datos lo confirman: el 75% de las personas con contrato a tiempo parcial en España son mujeres y, de ellas, tres de cada cuatro trabajan así de manera involuntaria. En 2024, 385.000 mujeres tenían jornada parcial por atender a personas dependientes, frente a solo 28.000 hombres, lo que supone que esta situación es trece veces más frecuente entre las trabajadoras. Además, existen alrededor de dos millones de mujeres inactivas que ni siquiera buscan empleo por tener que ocuparse de cuidados familiares, frente a 394.000 hombres en la misma situación. Junto al trabajo a tiempo parcial, otro 39% de la brecha salarial se explica por los complementos salariales que perciben mayoritariamente los hombres y que suelen premiar la presencia física y la disponibilidad horaria, algo a lo que ellos pueden acceder con más facilidad debido, nuevamente, a un reparto desigual de las tareas domésticas y de cuidados. Tras analizar estas causas, CC OO ha alertado del freno en la reducción de la desigualdad salarial. Según Sordo, existen señales claras de estancamiento y todo apunta a que la brecha se ha enquistado en torno al 20%. De no revertirse esta tendencia, advirtió, podrían ser necesarias más de dos décadas para cerrar esta diferencia. El estudio se apoya en datos de la Encuesta de Estructura Salarial y del salario principal recogido en la EPA, ambas elaboradas por el INE. La metodología utilizada calcula la brecha a partir de la diferencia entre los salarios medios de hombres y mujeres en relación con el salario femenino, lo que arroja un porcentaje más elevado que otras fórmulas estadísticas que reflejan desigualdades menos pronunciadas. Con este enfoque, se observa que el avance logrado desde 2018 se ha frenado. Ese año, la brecha alcanzaba el 27%, bajó hasta el 19% en 2022 y desde entonces apenas ha seguido reduciéndose. Uno de los factores decisivos en esa mejora fue el aumento continuado del salario mínimo interprofesional, que tiene un impacto mayor sobre las mujeres. En 2025, el 57% de las personas beneficiadas por la subida del SMI fueron mujeres. La última actualización del salario mínimo benefició a más de dos millones de trabajadores, lo que representa el 11,8% del total de ocupados. Entre quienes trabajan a jornada completa, el 15,6% de las mujeres se vio favorecida por tener salarios más bajos, una proporción que se incrementa notablemente si se incluyen los contratos a tiempo parcial. Por este motivo, además de seguir elevando el salario mínimo -que ha aumentado un 61% desde 2019 y para el que se prevé una nueva subida del 3,1% en 2026-, CC OO reclama medidas adicionales. Entre ellas, una reforma del contrato a tiempo parcial y de las horas complementarias, así como un pacto de Estado que garantice un reparto equilibrado de los cuidados entre hombres y mujeres y ofrezca una respuesta común y homogénea desde los poderes públicos.

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(El País, 10-02-2026) | Laboral

El Gobierno reactiva un observatorio para combatir el aumento de las bajas laborales

El Gobierno ha reanudado este lunes las conversaciones con los sindicatos CC OO y UGT y con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme para introducir modificaciones en la gestión de las bajas por incapacidad temporal, en un contexto marcado por el aumento de las ausencias laborales. Tras el encuentro, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha anunciado la próxima puesta en marcha de un Observatorio de la Incapacidad Temporal, en el que participarán este departamento, el Ministerio de Sanidad y los agentes sociales. Aunque Suárez ha calificado su creación de inminente, el nuevo organismo no es una novedad. Así lo ha recordado Rosa Santos, responsable de Relaciones Laborales de la CEOE y representante de la patronal en la negociación, quien ha señalado que este órgano ya estaba previsto en el real decreto de medidas de Seguridad Social publicado en el BOE el 24 de diciembre de 2024, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Ese texto legal instaba al Ejecutivo a constituir, en un plazo de tres meses, una comisión estatal de seguimiento -denominación utilizada entonces- destinada al análisis de la incapacidad temporal por contingencias comunes. El mandato incluía el estudio de las causas, la incidencia y la duración de las bajas, así como la evaluación del impacto que tiene la respuesta del Sistema Nacional de Salud en estos procesos. Además, se contemplaba la definición de líneas de actuación orientadas a proteger la salud de las personas trabajadoras y a reducir tanto el número de bajas como su duración, junto con el seguimiento y la evaluación de dichas medidas. El observatorio anunciado ahora, que según Suárez tendrá carácter permanente, asumirá funciones similares: analizar de manera sistemática la situación de la incapacidad temporal en España, mejorar la eficacia, la equidad y la calidad de su gestión, identificar tendencias, riesgos y buenas prácticas, y servir de apoyo al diseño de políticas públicas basadas en datos y evidencias, según ha detallado el Ministerio. El secretario de Estado ha precisado que en este órgano estarán representadas la Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad y los agentes sociales. Quedarán fuera, sin embargo, las comunidades autónomas, pese a que son las responsables directas de los servicios de atención primaria y especializada, cuyos profesionales gestionan las bajas por contingencias comunes. La relevancia del papel autonómico queda reflejada en otra de las medidas acordadas en diciembre de 2024: la creación de convenios entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las comunidades autónomas. Estos acuerdos daban forma a un pacto alcanzado un año antes entre patronal y sindicatos para que, con el consentimiento del médico y del trabajador, determinadas pruebas diagnósticas en bajas de origen musculoesquelético pudieran derivarse a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. El real decreto también atribuía a la comisión estatal la función de supervisar y controlar la ejecución de estos convenios entre los servicios públicos de salud y las mutuas, evaluar su funcionamiento, proponer mejoras y fomentar su implantación. Sin embargo, uno de los primeros diagnósticos que podrá realizar el futuro observatorio, si se constituye en breve, será el escaso desarrollo de estos acuerdos. Hasta ahora solo Cataluña, Asturias y Baleares, además de Ceuta y Melilla, los han ratificado. Suárez ha atribuido la lentitud en su firma a la complejidad de los procesos y al elevado número de actores implicados. Por este motivo, ha explicado que en la reunión de este lunes se ha acordado que empresarios y sindicatos refuercen, cada uno en su ámbito, las negociaciones para facilitar su aprobación. El Gobierno también ha anunciado que en los próximos días volverá a remitir a patronal y sindicatos las propuestas para agilizar la gestión de las bajas por incapacidad temporal que ya se presentaron en la reunión del pasado 13 de octubre. Las partes han acordado un nuevo encuentro el próximo lunes, aunque no se esperan cambios sustanciales en el texto, más allá de ajustes de redacción, según ha indicado Suárez. Entre los asuntos que previsiblemente se abordarán figura el diseño de un sistema de reincorporación progresiva tras las bajas, una medida que generó controversia cuando fue presentada por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, bajo el concepto de bajas flexibles. En conjunto, el ministerio planteará distintas iniciativas, algunas de ellas de carácter reglamentario, que el Ejecutivo podrá aprobar sin necesidad de tramitación parlamentaria. Entre estas figura la regulación para crear una nueva Unidad Central de Evaluación de Incapacidades, dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que integrará a los equipos de valoración que se determinen y asumirá la gestión de aquellos procesos de incapacidad temporal que, por su duración -generalmente superior a un año-, pasan a ser competencia de este organismo.

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(La Vanguardia, 10-02-2026) | Laboral

El absentismo se duplica en la construcción y supone un coste de 3.500 millones

En pleno debate sobre el aumento de las bajas laborales, un estudio elaborado por la patronal de la construcción pone de relieve que este sector figura entre los más perjudicados, no tanto por registrar más ausencias que otros, sino por las consecuencias que estas tienen en el desarrollo de las obras, que pueden ralentizarse de forma notable o incluso detenerse. El informe constata que el absentismo en la construcción se ha duplicado en la última década. Si se mide en horas no trabajadas por asalariado, la media se sitúa en torno a las 113 horas anuales, el doble que hace diez años. En términos prácticos, equivale a unas tres semanas de trabajo al año. En relación con la jornada efectiva pactada, el absentismo alcanzó en 2025 el 6,2%, frente al 3,6% registrado en 2018. Ese 6,2% implica que, de cada 16 trabajadores contratados, solo 15 están efectivamente en activo, según los cálculos de la organización empresarial. En estas cifras se incluyen tanto las bajas por incapacidad temporal como los permisos retribuidos, cuyo uso se ha incrementado de forma notable en los últimos años. El impacto económico es elevado. En 2024, el coste total asociado al absentismo en la construcción ascendió a 3.565 millones de euros, sumando gastos directos e indirectos, casi el triple que en 2018. De esa cifra, 633 millones corresponden a costes directos y 2.932 millones a costes indirectos, con un efecto especialmente negativo sobre las pymes, que constituyen el segmento más vulnerable del sector. Durante la presentación del informe, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, subrayó que estos costes superan incluso al impuesto de sociedades. Además, identificó tres factores principales detrás del aumento del absentismo. Por un lado, la ampliación de los permisos legales y la creación de nuevos derechos. Por otro, la falta de recursos en la sanidad pública, que se traduce en largas listas de espera para consultas con especialistas y para intervenciones quirúrgicas. A ello se suma el envejecimiento de la plantilla, cuya edad media ha pasado de 38,5 años en 2008 a 45,4 años en la actualidad. A estas razones se añade un elemento conocido: la tendencia a que las bajas laborales aumenten en periodos de crecimiento económico. El informe se publica pocos días después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señalara problemas estructurales en la gestión de las incapacidades temporales y coincide con una reunión entre la Seguridad Social y los agentes sociales destinada a abordar esta cuestión.

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(El Economista, 10-02-2026) | Laboral

Trabajo busca que los trabajadores "hereden" por ley los negocios familiares en riesgo de cerrar

El Ministerio de Trabajo ha dado a conocer este mes un informe elaborado por un grupo de expertos que el Ejecutivo pretende utilizar como punto de partida para una futura norma destinada a garantizar la presencia de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y facilitar su participación en el capital. El estudio dedica una atención especial a las pequeñas y medianas empresas y plantea la obligación de diseñar un "plan de transición de la propiedad hacia los trabajadores" en aquellos casos en los que no esté asegurado un relevo familiar cuando los propietarios se jubilen. El documento, firmado por una decena de académicos, propone que en las compañías con plantillas de entre 25 y 2.000 empleados al menos un 2% del capital social esté en manos de la plantilla. De aplicarse esta medida, tendría carácter general y afectaría a todas las empresas dentro de ese rango, con independencia de que tengan o no definido un plan de sucesión. A partir de ahí, el informe subraya de forma específica el impacto del envejecimiento de los propietarios en muchas pymes, especialmente en entornos rurales, y defiende la necesidad de incentivar la transmisión de las empresas a los trabajadores y desincentivar su venta a fondos de inversión. El comité impulsado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que el respaldo público a la compra de pymes por parte de sus empleados debería situarse entre las principales prioridades de las administraciones como alternativa a la entrada de capital riesgo o inversores extranjeros. En esa línea, plantea la creación de Fondos Ciudadanos, promovidos por el Estado y las comunidades autónomas, para facilitar el acceso de los trabajadores al capital empresarial en los procesos de jubilación. El informe justifica estas propuestas con datos que indican que alrededor de un tercio de los propietarios de pymes en Europa se retirará en la próxima década, lo que podría comprometer cerca de 600.000 empleos cada año. Este relevo generacional ya está en marcha en España y en otros países europeos, donde, según los autores, las operaciones de compra por parte de empresas más grandes, a menudo extranjeras, están ganando terreno frente a las sucesiones familiares. A su juicio, esta tendencia resulta negativa porque implica pérdida de control local y de puestos de trabajo. Los estudios analizados en España muestran que entre el 70% y el 90% de las empresas familiares carecen de un plan formal de sucesión. El grupo de expertos ha cruzado datos de compañías con más de 20 años de antigüedad y de empresarios mayores de 60 años para estimar el impacto en un horizonte de cinco a diez años. Tras este análisis, concluyen que los modelos de propiedad de los empleados, como los Employee Stock Ownership Plans en Estados Unidos o los Employee Ownership Trusts en el Reino Unido, son una herramienta adecuada para afrontar el reto sucesorio de las pymes españolas. Los autores también reconocen que existen obstáculos importantes para que los trabajadores puedan asumir la propiedad de las empresas, por lo que consideran imprescindible acompañar cualquier obligación legal con un paquete de medidas públicas de apoyo. Entre las propuestas figura un periodo de transición durante el cual se revise la normativa para ofrecer incentivos fiscales a las empresas que adopten este modelo. También sugieren aplicar un tipo impositivo más favorable durante un plazo de tres años para facilitar la cesión de la titularidad a los trabajadores, establecer sanciones fiscales para quienes no elaboren el plan de transición exigido y respaldar estas operaciones a través de los fondos ciudadanos impulsados por las administraciones. El grupo de expertos apunta además a la contratación pública como una palanca para promover este cambio. Plantean que las empresas que concurran a licitaciones públicas realicen una autoevaluación sobre la participación de los trabajadores en su gobernanza y en la estructura de propiedad, de modo que este aspecto se tenga en cuenta como criterio de adjudicación. Esta medida implicaría modificar la Ley de Contratos del Sector Público, que adapta la normativa europea en este ámbito. Por ahora, se trata de una propuesta de carácter académico orientada a reforzar la democracia en el ámbito laboral. El Ministerio de Trabajo se ha limitado a anunciar su intención de abrir una mesa de diálogo social con sindicatos y organizaciones empresariales para abordar esta cuestión, aunque todavía no ha fijado una fecha para el inicio de las conversaciones. Durante la presentación del informe, Yolanda Díaz recordó que esta iniciativa figura tanto en el acuerdo de Gobierno con el PSOE como en el plan normativo del Ejecutivo.

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(El Economista, 10-02-2026) | Laboral

Los jueces frenan a los trabajadores que utilizan la reducción de jornada para evitar el despido

Los tribunales están poniendo límites al uso indebido del derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos menores de 12 años cuando se emplea como estrategia para evitar un despido. Una de las resoluciones más recientes procede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha rechazado declarar nulo el cese de una trabajadora que solicitó dicha reducción apenas un mes antes de ser despedida por la empresa. En su sentencia, fechada el 6 de junio, el TSJA concluye que la empleada pidió la reducción una vez que ya conocía la delicada situación económica de la compañía y era consciente de que su despido era inminente, circunstancia que, de hecho, le había sido comunicada con cinco meses de antelación para facilitar su salida. El tribunal subraya que la trabajadora no acreditó ninguna circunstancia concreta que justificara la solicitud en ese momento, lo que permite inferir que su actuación tuvo como finalidad proteger su puesto de trabajo utilizando un derecho legítimo con un propósito distinto al que persigue la norma. Este pronunciamiento se suma a otras resoluciones judiciales que han rechazado el uso fraudulento de los derechos de conciliación como mecanismo de blindaje frente al despido. Entre ellas figuran varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictadas en junio de 2019, enero de 2021 y septiembre de 2024, así como un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de junio de 2019. El tribunal andaluz comparte los razonamientos del TSJ de Madrid y califica este tipo de conductas como contrarias a la buena fe, al considerar que solicitar una reducción de jornada con la única finalidad de impedir un despido constituye una actuación fraudulenta. La sentencia recuerda que los actos realizados al amparo de una norma para lograr un resultado prohibido o contrario al ordenamiento jurídico deben considerarse ejecutados en fraude de ley y no impiden la aplicación de la norma que se pretendía eludir.

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(El Economista, 10-02-2026) | Laboral

El Supremo lleva ante el TJUE la jubilación automática de los funcionarios por incapacidad permanente

El Tribunal Supremo ha decidido elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión de si es conforme al Derecho comunitario la jubilación automática de los funcionarios cuando se les reconoce una incapacidad permanente. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, mediante un auto fechado el 27 de enero, ha planteado una cuestión prejudicial para aclarar si las administraciones públicas están obligadas a adaptar los puestos de trabajo de estos empleados o a realizar ajustes razonables, del mismo modo que ya se exige a las empresas del sector privado. En abril de 2025, el Gobierno aprobó una reforma del Estatuto de los Trabajadores que eliminó el despido automático de los empleados privados en situación de incapacidad permanente. Desde entonces, las empresas están obligadas a introducir adaptaciones que permitan a estos trabajadores continuar en activo, salvo que puedan acreditar que dichas medidas suponen una carga desproporcionada. Esta modificación incorporaba parcialmente la Directiva europea de igualdad de trato en el empleo, aprobada en el año 2000, que impone a los empleadores la obligación de realizar ajustes razonables. Además, daba cumplimiento a la sentencia del TJUE de 18 de enero de 2024, que declaró contraria al Derecho de la Unión la normativa española que permitía extinguir el contrato de trabajo por incapacidad permanente sin intentar previamente adaptar el puesto. No obstante, el Ejecutivo no extendió estos cambios al Estatuto Básico del Empleado Público, que regula el régimen laboral de los funcionarios. Esta norma establece en su artículo 67 que los empleados públicos deben jubilarse cuando se declara su incapacidad permanente para desempeñar las funciones de su cuerpo o cuando se les reconoce una pensión de incapacidad permanente absoluta o total. Una vez acordada la jubilación, el trabajador pierde su condición de funcionario y no dispone de un puesto reservado al que reincorporarse. El litigio que ha dado origen a esta consulta se remonta a 2019, antes de la reforma legislativa española pero ya bajo la vigencia de la Directiva europea. En ese caso, la Administración acordó la jubilación de un bombero después de que la Seguridad Social le reconociera una incapacidad permanente total derivada de enfermedad común y le concediera la correspondiente pensión, pese a que el afectado solicitó en varias ocasiones la adaptación de su puesto a sus limitaciones físicas. El Supremo plantea al TJUE si la obligación de realizar ajustes razonables prevista en la Directiva europea resulta también aplicable a los funcionarios de carrera o si admite excepciones o modulaciones. El alto tribunal recuerda que la propia norma comunitaria contempla una exclusión para determinados colectivos, como las fuerzas armadas, los cuerpos policiales, los servicios penitenciarios o de emergencia, cuando las personas no reúnen las capacidades imprescindibles para el desempeño de sus funciones. Asimismo, el tribunal pregunta si, en caso de que la doctrina europea se extienda al empleo público, la jubilación automática por incapacidad permanente es incompatible con la Directiva y si la Administración debería intentar previamente adaptar el puesto de trabajo o buscar uno alternativo acorde con la nueva situación del funcionario antes de acordar su retiro. Mientras tanto, el Congreso de los Diputados sigue tramitando el anteproyecto de ley de Función Pública, que permanece bloqueado desde 2024. En ese texto, el PSOE ha presentado una enmienda para que, cuando un funcionario sea declarado en situación de incapacidad permanente, la Administración esté obligada a valorar ajustes razonables o su reasignación a otro puesto compatible antes de optar por la jubilación.

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(Cinco Días, 10-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco Europeo de Inversiones duplica la financiación a España para la construcción de viviendas

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha canalizado alrededor de 2.000 millones de euros hacia iniciativas de vivienda en España durante el período 2024-2025. Esta inyección de recursos ha permitido impulsar la construcción de unas 11.000 viviendas asequibles y con criterios de sostenibilidad en varias comunidades autónomas. Así lo recoge el balance presentado este lunes por la presidenta del BEI, Nadia Calviño, quien subrayó que en los dos últimos años la financiación destinada a este ámbito se ha duplicado en comparación con la etapa anterior. Entre los territorios que se han beneficiado de estos fondos figuran Cataluña, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Calviño destacó, entre otras operaciones, el crédito de 113 millones de euros concedido al Ayuntamiento de Barcelona para desarrollar nueve promociones de alquiler social, así como los acuerdos firmados con entidades financieras intermediarias para facilitar el acceso a recursos orientados a vivienda sostenible y a la mejora de la eficiencia energética. En 2024, además, el BEI otorgó un préstamo de 45 millones de euros a la empresa vasca Huma, dedicada a la investigación y producción de nuevos materiales de construcción, con el fin de reforzar la sostenibilidad de toda la cadena de valor del sector. La presidenta del organismo enmarcó estas cifras en un reto de mayor envergadura. El acceso a la vivienda se ha consolidado como una de las principales inquietudes de la ciudadanía europea, lo que ha llevado al BEI a reforzar su función como impulsor de inversión tanto pública como privada. En este contexto, aunque el volumen movilizado en España supone un avance respecto a años anteriores, sigue siendo insuficiente si se compara con la magnitud del problema estructural que afecta a las grandes ciudades y a numerosos municipios. La escasez de oferta ha empujado los precios al alza de forma continuada y, de hecho, en 2025 el valor de la vivienda alcanzó máximos históricos tras aumentar cerca de un 10%, según el Colegio de Registradores. Aun así, el BEI considera que 2025 marcó un punto de inflexión en materia de vivienda. De acuerdo con el balance presentado en Bruselas a finales de enero, el grupo -que integra también al Fondo Europeo de Inversiones- destinó el pasado año un 50% más de recursos a este sector que en 2024, hasta alcanzar los 5.200 millones de euros. Las actuaciones se han centrado en el desarrollo de nuevos materiales y métodos constructivos, la rehabilitación del parque inmobiliario existente y la promoción de vivienda asequible de nueva construcción. Más allá del ámbito residencial, el balance confirma que 2025 fue un ejercicio histórico para la actividad del BEI en España. La entidad movilizó 11.000 millones de euros con fondos propios, a los que se añadieron otros 2.900 millones procedentes del programa europeo Next Generation. Con estas cifras, España se situó como el principal receptor de financiación del banco, concentrando el 14% del total invertido. No obstante, sin el respaldo del Plan de Recuperación, el volumen de inversión habría retrocedido alrededor de un 10% respecto a 2024. La inclusión de estos fondos en el balance responde a que el Gobierno recurrió al BEI y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para canalizar los préstamos de la Comisión Europea. El nuevo enfoque en materia de seguridad y defensa también ha tenido reflejo en las cifras. La financiación del BEI destinada a este ámbito se cuadruplicó en España hasta alcanzar los 500 millones de euros, dirigidos a proyectos de investigación con empresas como Indra y Oesía, así como a la aportación de capital al fondo especializado Nazca Aeroespacial y Defensa. Pese al crecimiento de los recursos destinados a vivienda y defensa -dos áreas que han ganado peso en los últimos años-, las grandes infraestructuras continúan siendo el principal destino de las inversiones del BEI, en línea con su tradición. Así, se han asignado cerca de 1.900 millones de euros a redes eléctricas, incluida la interconexión entre los sistemas español y europeo a través del Golfo de Vizcaya. El transporte ha recibido unos 1.500 millones, con actuaciones como la ampliación del metro de Málaga, y también se ha financiado la central hidroeléctrica de Salto de Chira, en Gran Canaria.

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(El Periódico, 10-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El número de pisos turísticos cae un 12,4% en un año, la reducción más alta desde que hay registros

El crecimiento de las viviendas de uso turístico es señalado por numerosos expertos del sector inmobiliario como uno de los factores que han agravado y prolongado la crisis de acceso a la vivienda. Aunque en los últimos años se han adoptado distintas iniciativas para frenar su expansión -especialmente en los centros de las ciudades, donde este tipo de alojamientos desplaza a los residentes hacia zonas periféricas-, disponer de estadísticas fiables sigue siendo fundamental para dimensionar realmente este fenómeno. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes, en noviembre de 2025 había en España 329.764 viviendas turísticas, lo que supone un descenso del 12,4% respecto al mismo mes de 2024. En términos absolutos, la reducción asciende a cerca de 46.700 inmuebles y a unas 272.000 plazas menos en un año. Además, estas viviendas representan actualmente el 1,24% del parque residencial total, el porcentaje más bajo desde febrero de 2023. El Ejecutivo atribuye esta caída al endurecimiento normativo promovido por el Ministerio de Vivienda. Desde que el INE comenzó a estimar el número de pisos turísticos en agosto de 2020, a partir del rastreo de los principales portales inmobiliarios, la cifra se ha movido habitualmente entre las 300.000 y las 400.000 unidades. El máximo histórico se alcanzó en enero de 2024, con 403.424 viviendas, mientras que el mínimo se registró en febrero de 2022, con 285.868. La frecuencia de estas mediciones también ha variado con el tiempo: inicialmente se realizaban dos al año (febrero y agosto), en 2024 se añadió una tercera observación en noviembre y, desde entonces, el seguimiento se efectúa dos veces al año, en mayo y noviembre. Si se comparan los datos actuales con los de noviembre del año anterior, el parque de viviendas turísticas se ha reducido en 46.699 unidades, una caída algo inferior a la registrada entre mayo y noviembre de 2025, cuando el descenso fue de 52.073. Estas oscilaciones, no obstante, son habituales debido a la estacionalidad del sector. El retroceso anual se explica en gran medida por fuertes bajadas en determinadas comunidades autónomas. Destaca la Comunidad Valenciana, con 14.749 viviendas menos (-23,64%), seguida de Cataluña (-9.936 y un -17,48%) y Baleares (-4.963 y un -20,37%). Se trata de regiones con una elevada presión turística, donde este tipo de alojamiento había crecido con intensidad en los últimos años. En términos relativos, la mayor contracción se produjo en la Región de Murcia, con una caída del 29,2% respecto a noviembre de 2024. Desde el Ministerio de Vivienda se ha valorado positivamente esta evolución. En un comunicado, el departamento que dirige Isabel Rodríguez señala que las cifras reflejan el impacto de medidas como la puesta en marcha del Registro Único de Arrendamientos y la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que refuerza la capacidad de las comunidades de vecinos para limitar o vetar los alquileres turísticos. La modificación de la ley, en vigor desde el 3 de abril de 2025, permite prohibir o condicionar este tipo de alquiler con el respaldo de una mayoría de tres quintos de propietarios y cuotas. En paralelo, el registro de alquileres de corta duración -impulsado por la Unión Europea- se estrenó en España el 2 de enero de 2025, con un periodo transitorio que retrasó su obligatoriedad hasta julio. Durante ese proceso, miles de solicitudes fueron rechazadas por no cumplir los requisitos, lo que también ha contribuido a la reducción del número de viviendas registradas. La estadística del INE de noviembre es la primera elaborada tras la plena entrada en vigor de esta medida, aunque sus datos no proceden directamente de dicho registro. El descenso del 12,4% interanual es el mayor de toda la serie histórica, que arranca en 2020. Hasta ahora, solo se habían observado dos bajadas anuales y de menor intensidad: en agosto de 2021, muy influida por la pandemia, y en febrero de 2022, con reducciones del 4,51% y del 2,99%, respectivamente. Más allá del número de viviendas, otro indicador clave es el de las plazas disponibles. Según el INE, en septiembre se contabilizaron 1.624.933 plazas en pisos turísticos, casi 303.000 menos que en mayo (-15,71%) y 271.822 menos que en el mismo mes de 2024 (-14,33%). Aunque esta cifra es similar a la registrada al inicio de la serie, en agosto de 2020, lo cierto es que en agosto de 2024 se superaron por primera vez los dos millones de plazas, umbral que desde entonces no se ha vuelto a alcanzar. La última reducción, de más de 300.000 plazas, es la mayor registrada entre dos periodos consecutivos de referencia. Por último, el indicador que mejor refleja la implantación territorial de este fenómeno es el peso de las viviendas turísticas sobre el total del parque residencial. En septiembre, este porcentaje se situó en el 1,24%, dos décimas menos que en mayo (1,43%) y el nivel más bajo -aunque por poco- desde febrero de 2023, cuando fue del 1,21%. El máximo de toda la serie se alcanzó en agosto de 2024, con un 1,52%.

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(El País, 10-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid rompe la barrera de los 75.000 propietarios con tres viviendas y tiene más de 500 que llegan a 50

En una Comunidad de Madrid marcada por jóvenes que no logran independizarse y por hogares asfixiados por el encarecimiento de la vivienda, los datos revelan una paradoja cada vez más acusada. En 2026 se ha superado el umbral de los 75.000 propietarios que poseen al menos tres viviendas en la región; más de 10.000 acumulan diez o más inmuebles, y 517 titulares llegan a concentrar hasta medio centenar. Así lo refleja una base de datos elaborada para EL PAÍS a partir de información del catastro facilitada por el Ministerio de Hacienda. Dado que una misma vivienda puede tener varios titulares, el número de propietarios supera al de inmuebles, pero el retrato es claro: existe una elevada concentración de vivienda en manos de grandes tenedores -personas físicas, empresas o fondos- que influye de forma directa en los precios del alquiler y de la compraventa. La dinámica del mercado impone, así, la ley del más fuerte. Y no hay señales de corrección a corto plazo: mientras que en el País Vasco más de la mitad de la población reside ya en zonas donde el alquiler está regulado por ley, el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso mantiene su rechazo a limitar los precios en la región. "El sector inmobiliario se percibe hoy como un refugio de inversión más seguro y rentable que otros, incluso cuando las viviendas permanecen vacías", explica Víctor Palomo, abogado especializado en derecho a la vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), despacho centrado en la defensa de inquilinos vulnerables y en el que también trabaja Alejandra Jacinto, ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Palomo subraya que, aunque los grandes fondos no controlan la mayoría del parque residencial, su forma de gestionar la vivienda se ha ido generalizando. La presencia de grandes propietarios se extiende por toda la Comunidad. Aunque la capital encabeza los registros en todas las categorías, otros municipios presentan cifras similares: en Alcobendas hay 18 titulares con hasta 50 viviendas; en Parla, 15; en Getafe, 13; y en Las Rozas, 12. Por encima de ese umbral, se contabilizan 16 propietarios en Alcalá de Henares, 14 en Móstoles y 13 en Valdemoro. El fenómeno se reproduce de norte a sur y de este a oeste, y se intensifica si se comparan los datos con los de 2024. Aunque el número de propietarios con 25, 50 o más de 50 viviendas apenas ha variado, sí ha crecido de forma notable el de quienes poseen más de cinco, diez o quince inmuebles, con cientos de nuevos titulares incorporados en solo dos años. En conjunto, el número de propietarios con entre tres y más de 50 viviendas ha aumentado en más de 2.700 entre 2024 y 2026. La concentración no se detiene: avanza y se consolida como un negocio rentable. ¿Quiénes están detrás de esta acumulación de viviendas? ¿Grandes empresas, patrimonios familiares, inversores extranjeros, pequeños empresarios en busca de rentabilidad o fondos de inversión? Desde el Sindicato de Inquilinas, organización creada en 2017 para defender a las personas que viven de alquiler, apuntan a una realidad más compleja. "Llevamos tiempo advirtiendo de que el problema no son solo los grandes fondos, sino también miles de inversores medianos que tratan la vivienda como un activo financiero y reproducen la misma lógica", explica uno de sus portavoces. A su juicio, cuando crece el número de propietarios con varias viviendas, el alquiler deja de concebirse como un derecho y se gestiona cada vez más como un negocio. "Eso implica menos capacidad de negociación, subidas constantes de precios, más rotación forzada y una mayor inseguridad residencial para quienes alquilamos", añaden. Carlos Mazo, especialista en desarrollos inmobiliarios, introduce matices en el segmento de mayor poder adquisitivo. Según explica, en el mercado de lujo -especialmente entre inversores latinoamericanos que compran en zonas prime de Madrid- no es habitual encontrar grandes multipropietarios individuales con decenas de viviendas. "Es muy poco frecuente que una sola persona adquiera más de una o dos casas en barrios como Salamanca", señala Mazo, socio de la promotora Logika European Partners. Desde otra perspectiva, Eduardo Monet, consultor inmobiliario y propietario de nueve pisos en Madrid, defiende su trayectoria. Afirma haber construido su patrimonio tras años de trabajo y ahorro y rechaza identificarse con la figura del gran tenedor especulativo. "Todos mis pisos están destinados al alquiler de larga duración", asegura, y sostiene que prioriza la estabilidad de los inquilinos aunque eso suponga obtener menos rentabilidad para evitar rotaciones y reformas. En su opinión, los grandes fondos con cientos de viviendas siguen siendo una minoría. Por su parte, Ana Pavón Ares, portavoz de MAD VUT -asociación que agrupa a pequeños propietarios y gestores de viviendas turísticas- y miembro de un colectivo que mantiene litigios contra los cierres impulsados por el Ayuntamiento de Madrid, explica que están intentando que la legislación europea tenga en cuenta la realidad del pequeño propietario. "Nos hemos ido organizando a raíz de los cambios normativos y de los problemas comunes que nos afectan", señala. Junto a ella, María López, propietaria de tres viviendas en el centro de la capital, denuncia el "impacto psicológico" que, según afirma, le han provocado las continuas modificaciones legales en el alquiler temporal. Enrique Muñoz, que lleva 15 años alquilando su piso y gestiona viviendas de terceros, relata que empezó durante la crisis económica para complementar ingresos. "Somos familias que vivimos de esto y que intentamos alquilar a otras familias", concluye.

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