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(Expansión, 01-09-2026) | Fiscal

Desde hoy, alivio fiscal de 20 céntimos en el diésel con carburantes en máximos y crudo al alza

La cláusula de salvaguarda prevista por el Gobierno entra en funcionamiento y eleva la bonificación aplicada al gasóleo en el Impuesto de Hidrocarburos. En el caso de la gasolina, sin embargo, el descuento fiscal se reduce a la mitad, pasando de 10 a 5 céntimos por litro. La reanudación de los enfrentamientos en Oriente Próximo, con nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, ha vuelto a tensionar los mercados internacionales de la energía. Tanto el petróleo como el gas han retomado su escalada, mientras las perspectivas de una pronta resolución del conflicto se alejan y aumenta el riesgo de que las actuales presiones inflacionistas se prolonguen. El bloqueo del estrecho de Ormuz continúa condicionando la evolución del crudo y, en consecuencia, el precio de los carburantes. Desde comienzos del verano, el gasóleo se ha encarecido cerca de un 24% y la gasolina alrededor de un 20%. Este aumento está elevando el coste de los desplazamientos de regreso de las vacaciones y ha contribuido al repunte de la inflación, que alcanzó el 4,3% en agosto, su nivel más elevado de los últimos tres años y medio. En este escenario, el principal alivio a corto plazo procede de la activación automática de la cláusula de salvaguarda incluida en el decreto anticrisis. La medida incrementa la reducción aplicada al Impuesto de Hidrocarburos, aunque únicamente para el diésel. Desde este martes, el gasóleo cuenta con una bonificación de 20 céntimos por litro, frente a los 10 céntimos aplicados durante agosto y los 5 céntimos que estaban inicialmente previstos para septiembre si los precios hubieran evolucionado de forma más favorable. El mecanismo diseñado por el Gobierno contempla una retirada progresiva de las ayudas fiscales a los carburantes, pero incorpora una excepción cuando los precios experimentan un aumento especialmente intenso. En concreto, la bonificación de 20 céntimos se activa automáticamente cuando el precio del gasóleo registra una subida superior al 15% durante julio. Ese umbral fue superado, ya que el diésel aumentó un 15,7% ese mes. La situación es diferente para la gasolina, cuyo precio se incrementó un 7,3% en julio. Al no alcanzar el límite establecido para activar la cláusula, su bonificación no aumenta, sino que disminuye en septiembre hasta los 5 céntimos por litro. Esta reducción puede provocar un ligero incremento adicional de su precio e incluso hacer que la gasolina termine situándose por encima del gasóleo. Las actuales bonificaciones, salvo que el Ejecutivo adopte nuevas medidas, estarán vigentes únicamente hasta finales de septiembre. El decreto anticrisis no contempla que el dato de inflación de agosto permita activar automáticamente nuevas ayudas, aunque el Gobierno asegura que continúa vigilando de cerca las consecuencias económicas del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La rebaja fiscal supone un alivio limitado ante la evolución que están siguiendo los carburantes, cuyos precios cerraron agosto muy cerca de los máximos alcanzados durante marzo y abril. Los datos disponibles apuntan además a nuevas presiones alcistas durante agosto y a que esta tendencia podría prolongarse en septiembre. Actualmente, el gasóleo A, el más utilizado, presenta un precio medio cercano a 1,85 euros por litro, frente a los 1,53 euros registrados a finales de junio. En el caso de la gasolina 95 E5, el precio medio se sitúa en torno a 1,72 euros por litro, frente a los 1,51 euros del 29 de junio, según las últimas cifras disponibles del Ministerio para la Transición Ecológica. El incremento de la bonificación debería contener parcialmente el coste del diésel, pero su evolución seguirá dependiendo fundamentalmente de lo que ocurra en el estrecho de Ormuz y de las consecuencias que tenga sobre la cotización internacional del petróleo. El escenario continúa siendo complicado debido a la prolongación del conflicto y a las dificultades para mantener con normalidad el tránsito de petróleo y otras materias primas por este enclave estratégico. El Brent para entrega en noviembre volvió a avanzar este lunes y recuperó la referencia de los 90 dólares por barril, después de haber descendido por debajo de los 80 dólares durante los primeros días de agosto. La ausencia de contactos negociadores entre Estados Unidos e Irán y la reanudación de los ataques han incrementado nuevamente la preocupación sobre posibles problemas de suministro, ejerciendo presión sobre los precios. En estos momentos, el crudo acumula un encarecimiento del 30% respecto a finales de febrero, antes del comienzo de la guerra. Los analistas consideran que la evolución del estrecho de Ormuz será determinante. Cuanto más tiempo permanezca bloqueado, mayores serán las consecuencias sobre los mercados energéticos y, por extensión, sobre la inflación. En paralelo, Eurostat publicará el dato definitivo del IPC armonizado de la eurozona correspondiente a agosto. Las previsiones apuntan a que, al igual que ya han mostrado los datos adelantados de España, Francia y Alemania, la inflación europea reflejará el impacto que el conflicto está teniendo sobre los precios de la energía y su posterior traslado al conjunto de bienes y servicios.

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(El País, 01-09-2026) | Fiscal

Hacienda rechaza los recursos de la gran banca para rebajar la cuota del impuesto sectorial

Hacienda ha frenado los intentos de varias grandes entidades financieras españolas de reducir el importe que debían abonar por el gravamen extraordinario aplicado al sector. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha rechazado los principales argumentos utilizados por dos de los grandes bancos del país para rebajar su factura fiscal. Uno de ellos es CaixaBank, mientras que la identidad del segundo no ha trascendido. Ambas entidades pusieron en cuestión tanto la legalidad del tributo como determinados criterios técnicos empleados para calcular su cuantía. Sin embargo, el tribunal ha respaldado las liquidaciones realizadas por la Agencia Tributaria, que permitieron al Estado recaudar alrededor de 1.300 millones de euros durante el primer año de aplicación del impuesto. La disputa comenzó a finales de 2022, en plena escalada de la inflación provocada por la guerra de Ucrania, cuando el Gobierno puso en marcha un paquete fiscal que incluía un gravamen extraordinario para las grandes entidades bancarias. Desde entonces, la medida ha sido objeto de una prolongada batalla jurídica. El pasado junio, el TEAC emitió dos resoluciones prácticamente idénticas en las que rechazó las reclamaciones formuladas por sendos bancos y confirmó las liquidaciones efectuadas por la inspección tributaria. CaixaBank ha llevado ya una de estas resoluciones, correspondiente al ejercicio 2022, ante la Audiencia Nacional y también ha presentado reclamaciones ante el TEAC por los restantes ejercicios en los que ha tenido que hacer frente al impuesto. El gravamen al que se refieren estas resoluciones era el impuesto temporal aprobado en 2022, cuya vigencia terminó en 2024. Posteriormente, el Ejecutivo aprobó una nueva figura tributaria, con una duración prevista de tres años, hasta 2027, aunque introdujo algunas modificaciones. El nuevo modelo establece una mayor carga para las entidades con mayores ingresos y contempla determinadas deducciones vinculadas al Impuesto sobre Sociedades. Los cambios no han convencido al sector bancario, que mantiene su oposición. Las entidades consideran que el tributo perjudica la imagen del sector, resta competitividad a la banca española y puede limitar su capacidad para financiar a empresas y hogares. Uno de los argumentos centrales de los recursos presentados por los bancos cuestionaba la legalidad del propio impuesto. Las entidades consideraban que tanto el procedimiento seguido para su aprobación como la orden ministerial que establecía las reglas de declaración vulneraban el principio de reserva de ley. A su juicio, una figura tributaria de estas características debía quedar regulada exclusivamente mediante una ley aprobada por las Cortes. El TEAC no comparte esta interpretación y señala que un órgano administrativo como el propio tribunal no tiene competencias para pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma. Esa función corresponde al Tribunal Constitucional, que ya se había pronunciado en 2023 avalando el procedimiento seguido para su aprobación. Las entidades también recurrieron a argumentos relacionados con la normativa europea. Entre otras cuestiones, sostenían que la prohibición de trasladar de manera directa o indirecta el coste del impuesto a los clientes podía vulnerar la libertad de empresa. Asimismo, consideraban discriminatorio que las entidades de menor tamaño quedaran excluidas del gravamen y defendían que esta diferencia podía constituir una ayuda de Estado. El TEAC rechaza igualmente estos planteamientos. En su opinión, impedir que el coste del impuesto se repercuta a los clientes es una medida legítima destinada a proteger a los consumidores. También considera justificada la diferencia de trato entre bancos grandes y pequeños debido a sus distintas capacidades económicas y al principio de progresividad tributaria. El tribunal tampoco considera suficientes las advertencias realizadas en su momento por el Banco Central Europeo sobre el gravamen. Las entidades habían utilizado las objeciones del BCE como uno de sus argumentos contra el impuesto, pero el TEAC entiende que este tipo de pronunciamientos tienen carácter orientativo y carecen de fuerza jurídica suficiente para dejar sin efecto una norma aprobada por el legislador español. La disputa no se ha limitado a cuestiones jurídicas. Los bancos también intentaron reducir la cantidad a pagar mediante diferentes ajustes contables y mediante la discusión de las partidas que debían incluirse en la base imponible. Estas cuestiones fueron objeto de actuaciones inspectoras por parte de la Agencia Tributaria, que finalmente obligaron a las entidades a modificar los cálculos iniciales y elevar las cantidades correspondientes al gravamen. Uno de los principales puntos de conflicto fueron los llamados cocos, bonos convertibles diseñados para reforzar la capacidad de las entidades para absorber pérdidas cuando sea necesario. Los bancos defendían que los intereses abonados a los inversores podían descontarse al calcular el impuesto, al considerarlos gastos financieros. El TEAC vuelve a rechazar esta posibilidad. El tribunal señala que las propias entidades habían contabilizado esos pagos como dividendos con cargo al patrimonio neto, y no como gastos dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias. Por este motivo, considera que no pueden tratarse como gastos deducibles a efectos del gravamen. Otra de las cuestiones planteadas por una de las entidades estaba relacionada con operaciones realizadas dentro de su propio grupo empresarial. El banco pretendía excluir del cálculo consolidado determinadas operaciones efectuadas con sociedades vinculadas que no tenían la consideración estricta de entidades de crédito, entre ellas sociedades dedicadas a la gestión de inversiones. El TEAC tampoco acepta esta pretensión y concluye que estas filiales no bancarias, al no estar sometidas al gravamen, no pueden integrarse en el cálculo que reclama la entidad. La última gran controversia afecta a las operaciones internacionales. Los dos grupos bancarios pretendían excluir del cálculo determinadas financiaciones concedidas a clientes extranjeros o a sociedades de sus respectivos grupos situadas fuera de España. Aunque la resolución mantiene en el anonimato a una de las entidades, el caso analizado está directamente relacionado con BPI, el banco portugués propiedad de CaixaBank. La entidad defendía que debía atenderse al país de residencia del destinatario de la financiación para determinar dónde se había desarrollado la actividad. El TEAC establece, sin embargo, un criterio diferente y aprovecha el caso para fijar doctrina. Según su interpretación, lo determinante no es dónde se encuentra el cliente que recibe los fondos, sino el lugar en el que está establecido el banco que concede la financiación. De este modo, cuando el dinero parte de la entidad matriz situada en España y los ingresos derivados de los intereses retornan a ella, la actividad se considera desarrollada en territorio español y queda sometida al gravamen. La vía judicial contra el impuesto, en cualquier caso, todavía no está cerrada. Las dos principales organizaciones patronales del sector, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Ceca, junto con distintas entidades financieras a título individual, han recurrido ante la Audiencia Nacional las dos versiones del tributo, tanto la aprobada en 2022 como la posterior de 2024. El tribunal todavía no ha dictado una resolución definitiva sobre ninguno de estos recursos.

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(El Economista, 01-09-2026) | Fiscal

El Supremo unifica criterio sobre el carácter preceptivo de los certificados de deuda pública en los concursos

El Tribunal Supremo ha establecido que una deuda de carácter público debe incorporarse a la lista de acreedores de un concurso cuando existe una certificación emitida por la Administración tributaria, incluso si la comunicación del crédito se ha realizado fuera de plazo. Así lo determina una sentencia dictada el 20 de julio de 2026, con la magistrada Orellana Cano como ponente. La resolución, que enfrenta a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con la administración concursal de la Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona, fija un criterio sobre el reconocimiento de las deudas públicas en los procedimientos de insolvencia. El Supremo considera que los certificados expedidos por las Administraciones públicas tienen carácter vinculante a estos efectos y obligan a incluir los créditos que acrediten en la relación de acreedores, sin que un eventual retraso en la comunicación pueda justificar su exclusión. La magistrada señala que, de acuerdo con el artículo 260.1 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), el reconocimiento de los créditos que figuren en una certificación administrativa tiene carácter preceptivo. Por tanto, la administración concursal debe incorporarlos a la lista de acreedores aunque la comunicación formal se haya producido fuera del plazo establecido. El fallo también precisa el tratamiento que reciben los importes derivados de recargos e intereses. Aunque el crédito haya sido comunicado de forma extemporánea, estos conceptos mantienen la consideración de créditos subordinados conforme al artículo 281.1.3º del TRLC. De esta manera, el Supremo resta importancia a la discusión sobre si la Administración comunicó la deuda dentro del plazo, ya que el crédito certificado debe ser reconocido. El conflicto comenzó con un incidente concursal planteado por la ATC para solicitar la modificación de la lista de acreedores. La Administración reclamaba que se incorporasen cerca de 597.000 euros correspondientes a deudas acreditadas mediante una certificación emitida en julio de 2024, que incluía créditos con privilegio general y créditos ordinarios. A esta cantidad se añadían aproximadamente 142.000 euros en concepto de intereses y recargos. Tanto el juzgado encargado del concurso como posteriormente la Audiencia Provincial rechazaron la petición de la Agencia Tributaria de Cataluña al considerar que los créditos no habían sido comunicados dentro del plazo correspondiente. El Tribunal Supremo corrige ahora este criterio y determina que la existencia de una certificación administrativa obliga a reconocer la deuda en el concurso, aunque la comunicación se haya efectuado fuera de plazo.

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(Expansión, 01-09-2026) | Laboral

Desde hoy la Seguridad Social notifica las bajas médicas o la incapacidad permanente solo por internet: hay 10 días de plazo para no perder la prestación

La Seguridad Social modifica el sistema de comunicación de determinadas resoluciones y citaciones y deja de utilizar el correo postal para enviar cartas a los domicilios. En su lugar, estas comunicaciones pasarán a realizarse exclusivamente por vía electrónica, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, conforme a lo establecido en la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo. El cambio afecta a las personas que se encuentren en situación de incapacidad temporal, a quienes tengan abierto un expediente o sean beneficiarios de una incapacidad permanente, así como a determinados procedimientos relacionados con lesiones permanentes no incapacitantes, nacimiento y cuidado de menor o riesgo durante el embarazo. De esta forma, las resoluciones, las convocatorias para revisiones médicas y los requerimientos para presentar documentación ya no se recibirán mediante carta en el domicilio. Estos trámites estarán disponibles únicamente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Cuando exista una nueva notificación, el ciudadano recibirá un aviso mediante correo electrónico o SMS. Sin embargo, estos mensajes tienen carácter meramente informativo, por lo que será necesario acceder directamente a la Sede Electrónica para consultar el contenido de la comunicación. Para hacerlo será necesario disponer de un sistema de identificación digital, como Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Uno de los aspectos más importantes del nuevo sistema es el plazo para acceder a las notificaciones. Una vez que la comunicación esté disponible, el interesado tendrá 10 días naturales para entrar en la Sede Electrónica y consultar su contenido. Si transcurre ese periodo sin acceder a ella, la notificación se considerará legalmente realizada. Esto puede tener consecuencias importantes, ya que el transcurso del plazo puede provocar la pérdida de oportunidades para presentar alegaciones, aportar documentación o interponer recursos. En determinados casos, además, podría afectar al mantenimiento o reconocimiento de prestaciones económicas. La medida afecta, entre otros, a los trabajadores que se encuentren de baja médica por incapacidad temporal, a las personas que estén tramitando o perciban una incapacidad permanente y a quienes tengan procedimientos relacionados con lesiones permanentes no incapacitantes, nacimiento y cuidado de menor o riesgo durante el embarazo. Los sindicatos han advertido de la importancia de familiarizarse con este nuevo sistema para evitar que una notificación pase inadvertida. CSIF recuerda que, una vez transcurridos los 10 días naturales sin acceder al contenido, la comunicación se considera efectuada legalmente, lo que puede hacer que comiencen a correr los plazos para presentar alegaciones o recursos y, en determinados supuestos, incluso afectar a una prestación por incapacidad temporal. UGT Servicios Públicos pone como ejemplo las revisiones médicas obligatorias. Si el trabajador no consulta la citación y no acude a la revisión, podría producirse el alta médica y dejar de percibir la prestación correspondiente. El sindicato subraya que, con el nuevo sistema, no será posible justificar el desconocimiento de la citación alegando que la carta no llegó al domicilio. Por este motivo, se recomienda mantener actualizados el número de teléfono móvil y la dirección de correo electrónico registrados en Importass, la plataforma de la Tesorería General de la Seguridad Social. También es conveniente comprobar que se dispone de un sistema de identificación digital operativo y acceder periódicamente a la Sede Electrónica para comprobar si existe alguna comunicación pendiente. Los avisos que lleguen por SMS o correo electrónico servirán únicamente para informar de que existe una nueva notificación. La responsabilidad de acceder a ella y consultar su contenido corresponderá al interesado, por lo que revisar con frecuencia la Sede Electrónica será especialmente importante para no perder plazos ni derechos.

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(El País, 01-09-2026) | Laboral

Garamendi niega que el Gobierno le apoyase en su reelección en la CEOE y prevé choques con Trabajo

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, negó este lunes que existan acuerdos o apoyos políticos destinados a facilitar su continuidad al frente de la patronal, después de que no se haya presentado ninguna candidatura alternativa para disputar la presidencia de la organización. El dirigente empresarial rechazó así las informaciones sobre un posible respaldo del Gobierno a su permanencia y defendió que la CEOE seguirá manteniendo su independencia respecto a los poderes políticos durante el próximo mandato. "No sé quién dirá o no dirá, pero no es cierto", afirmó Garamendi durante su intervención en Santander. El presidente de la patronal insistió en que la organización no depende ni dependerá de ninguna formación política y subrayó su carácter independiente. El representante empresarial aseguró además que, a lo largo de su trayectoria al frente de la CEOE, ha mantenido discrepancias con todo tipo de partidos. Según explicó, su posición ha generado conflictos con distintas formaciones porque, a su juicio, su obligación es defender en cada momento aquello que considera necesario para las empresas y la economía. Garamendi afrontará la renovación de su mandato como único candidato, después de que el plazo para presentar aspirantes concluyera el pasado 24 de agosto sin que nadie formalizara una candidatura. Al no existir ningún rival que haya reunido los avales necesarios, los estatutos de la organización establecen que será proclamado directamente, sin necesidad de celebrar una votación, durante la Asamblea General Electoral prevista para el próximo 1 de octubre de 2026. De esta manera, el empresario vasco iniciará su tercer mandato consecutivo al frente de la patronal. El presidente de la CEOE situó la actuación de la organización en los principios de lealtad institucional y sentido de Estado, al tiempo que expresó su rechazo al actual clima de polarización política. Garamendi consideró que España necesita rebajar la tensión y alejarse de posiciones radicalizadas, insistiendo en que la patronal no pretende alinearse con ninguno de los extremos del debate político. De cara al próximo curso político y parlamentario, el dirigente empresarial anticipó nuevos desacuerdos con el Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Entre las cuestiones que previsiblemente generarán fricción citó la regulación del registro horario y las nuevas obligaciones relacionadas con la transparencia salarial. Garamendi reconoció que alcanzar acuerdos con el departamento de Trabajo ha resultado complicado y sugirió que algunas de las iniciativas que se plantearán durante los próximos meses responden más a una estrategia política y electoral que a criterios estrictamente económicos o empresariales. Según señaló, el escenario de negociación seguirá siendo difícil y estará marcado por la presentación de distintas propuestas en un contexto en el que, a su juicio, debería atenderse con mayor atención a la realidad de las empresas. El presidente de la patronal reiteró que la prioridad de la CEOE continuará siendo la defensa de la actividad económica y del tejido empresarial, sin desvincular esta posición de los intereses de los trabajadores. Según afirmó, la organización mantendrá su actuación centrada en aquellas medidas que considere positivas para España, sus empresas y sus empleados. Estas declaraciones se produjeron antes de la participación de Garamendi en el Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por la patronal tecnológica Ametic dentro de las actividades de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En relación con la situación de Ceuta, el presidente de la CEOE calificó de grave el impacto económico derivado del aumento de los flujos migratorios registrado a finales de julio. Garamendi reclamó una respuesta directa de la Administración central para hacer frente a las consecuencias que esta situación está teniendo sobre la actividad comercial y empresarial de la ciudad autónoma, donde residen alrededor de 80.000 personas. El dirigente empresarial insistió en que su intervención no pretende entrar en el terreno partidista, sino reclamar soluciones para los ciudadanos y las empresas afectadas. En este sentido, defendió la necesidad de adoptar medidas que permitan responder a la situación y garantizar el apoyo de las instituciones. Garamendi también reivindicó el estatus constitucional de Ceuta y calificó la crisis migratoria como una amenaza directa a la soberanía española y al territorio de la Unión Europea. Asimismo, expresó su respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas desplegadas en la ciudad, denunciando las situaciones de violencia y los ataques sufridos por algunos de sus efectivos. El presidente de la patronal hizo además un llamamiento a los ciudadanos de la Península para que visiten Ceuta y contribuyan a impulsar su economía mediante el consumo de productos y servicios locales. A su juicio, esta podría ser una forma de apoyar directamente a los empresarios y a la población de la ciudad autónoma en un momento especialmente complicado. Finalmente, Garamendi reclamó al Gobierno un compromiso firme y un liderazgo claro para garantizar que los ciudadanos de Ceuta disfruten de las mismas condiciones y derechos que el resto de los españoles. El presidente de la CEOE defendió que existe una responsabilidad permanente de apoyo hacia la ciudad autónoma y que ese compromiso debe mantenerse más allá de las respuestas puntuales ante situaciones de crisis.

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(El Economista, 01-09-2026) | Laboral

Los autónomos inician septiembre con incertidumbre sobre sus cuotas de 2027

El sistema de cotización de los trabajadores autónomos afronta un nuevo escenario de incertidumbre después de que su despliegue haya quedado paralizado este año por la congelación de las cuotas. La reforma, aprobada durante la pasada legislatura e impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, planteaba que los autónomos fueran ajustando progresivamente sus aportaciones para cotizar en función de sus ingresos reales. La normativa estableció un periodo máximo de nueve años para completar la implantación del nuevo modelo, con revisiones cada tres años, aunque también permitía al Gobierno adelantar el calendario. La primera revisión estaba prevista para finales de 2025, pero las diferencias surgidas en la mesa de diálogo social impidieron alcanzar un acuerdo sobre las nuevas cuotas. Desde entonces, las negociaciones no se han reactivado. Así, los autónomos afrontan el último tramo de 2026 sin conocer todavía cuál será la cuantía de sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el próximo año. El Ministerio que dirige Elma Saiz ha manifestado en varias ocasiones su intención de retomar las conversaciones y continuar con el proceso previsto en la reforma, mediante incrementos graduales que eviten concentrar un ajuste mayor en los primeros años de la próxima década. El principal obstáculo es que estas pretensiones cuentan con oposición tanto entre los agentes sociales como en el Congreso. ATA, organización integrada en CEOE, mantiene desde hace meses su negativa a revisar las cuotas mientras no se solucionen varias disfunciones detectadas en el sistema y que afectan a determinados colectivos de autónomos. Junts ha asumido también estas reivindicaciones y ha condicionado su respaldo a algunas iniciativas del Gobierno a que se dé respuesta a estos problemas. La primera propuesta del Ejecutivo sobre la actualización de las cuotas llegó a la mesa de negociación a comienzos de octubre de 2025, con la participación de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y de los sindicatos CCOO y UGT. Las conversaciones se rompieron apenas unas semanas después. Ante la falta de acuerdo, Seguridad Social decidió en diciembre prorrogar las cuotas vigentes y planteó la posibilidad de aplicar posteriormente una subida durante 2026, algo que finalmente tampoco se ha producido. La ruptura de la dinámica de negociación que permitió alcanzar el acuerdo de 2022 genera ahora dudas sobre el siguiente paso. Los interlocutores sociales no tienen claro si las conversaciones se limitarán a establecer las bases y cuotas correspondientes a 2027 o si se intentará alcanzar un acuerdo plurianual, siguiendo el modelo pactado hace cuatro años. Mientras ATA apuesta por retrasar la convocatoria de la mesa, UPTA, vinculada a UGT, considera necesario reabrir cuanto antes las negociaciones y abordar las cuestiones pendientes. Su presidente, Eduardo Abad, defiende además que las cuotas deberían incrementarse varios puntos por encima de la inflación para reducir la diferencia existente entre las pensiones de los autónomos y las de los trabajadores asalariados. Entre las reivindicaciones que comparten las principales organizaciones del colectivo se encuentra la reforma de la prestación por cese de actividad. El actual sistema exige numerosos requisitos y, según las asociaciones, alrededor de la mitad de las solicitudes terminan siendo rechazadas. El Gobierno se comprometió a modificar este mecanismo, aunque todavía no ha materializado la reforma. ATA, UPTA y UATAE también reclaman que los autónomos puedan acceder al subsidio para mayores de 52 años, una posibilidad que tanto el Ministerio de Trabajo como el de Seguridad Social han descartado. Otra de las demandas se refiere a las bajas por incapacidad temporal: las organizaciones plantean una modificación legal que permita exonerar al autónomo del pago de sus cuotas mientras permanezca de baja. Pese a la congelación de las cuotas, las cotizaciones de los autónomos han aportado 6.275 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social hasta junio, según los últimos datos de ejecución presupuestaria. Esta cantidad supone casi un 10% más que en el mismo periodo del año anterior y se explica, entre otros factores, por el máximo histórico de trabajadores por cuenta propia, que alcanza los 3,4 millones. El crecimiento ha estado especialmente impulsado por la incorporación de trabajadores extranjeros y, dentro de este grupo, por el aumento de las mujeres autónomas. Otra posible causa del incremento de la recaudación es la modificación de las bases aplicables a los autónomos societarios y colaboradores. En abril se estableció que su base de cotización de referencia debía equipararse a la correspondiente al grupo VII del Régimen General, lo que suponía elevarla técnicamente un 42%, desde los 1.000 euros de 2025 hasta los 1.424 euros. No obstante, Seguridad Social aclaró que esta subida no implicaba que los afectados tuvieran que modificar automáticamente su base durante 2026. Los autónomos de este colectivo podían mantener una base inferior durante el ejercicio, aunque en la regularización correspondiente a 2026 deberán haber abonado la cuota que corresponda a la base establecida o asumir entonces la diferencia pendiente. El Ejecutivo justificó esta modificación en el acuerdo alcanzado en 2022, que contemplaba incrementos progresivos de las bases durante 2024 y 2025 y establecía que, desde 2026, la base de estos autónomos no podría situarse por debajo de la correspondiente al Régimen General. Seguridad Social argumentó que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado había impedido realizar las actualizaciones progresivas inicialmente previstas, pero que ese obstáculo ya no afectaba a 2026 y que el acuerdo obligaba a avanzar hacia la equiparación con los asalariados. La decisión provocó el rechazo de las principales asociaciones de autónomos y también de varios grupos parlamentarios. Junts llegó a advertir al Gobierno de que sus siete diputados respaldarían las iniciativas relacionadas con los intereses de los autónomos, dejando así en el aire el apoyo parlamentario a otras medidas del Ejecutivo.

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(El Periódico, 01-09-2026) | Laboral

El Gobierno aprobará bonificaciones del 75% en las cotizaciones para la contratación de trabajadores en Ceuta y Melilla

El Gobierno incorporará al plan de apoyo a Ceuta una bonificación del 75% de las cotizaciones por la contratación de trabajadores, una medida que también se aplicará en Melilla. Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante una entrevista en la Cadena SER. La iniciativa forma parte del paquete extraordinario de ayudas que el Consejo de Ministros aprobará este martes y que contará con una dotación total de 168 millones de euros. El programa contempla además medidas para facilitar que las empresas que atraviesen dificultades puedan acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En estos casos, las compañías tendrán una exoneración del 100% de las cotizaciones empresariales, mientras que los trabajadores podrán acceder a la prestación por desempleo en condiciones especialmente favorables, sin consumir el periodo de prestación que tengan acumulado. Según ha explicado Sánchez, el plan moviliza recursos equivalentes aproximadamente al 8% del PIB de Ceuta y pretende contribuir a la recuperación de la actividad económica de la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio, parte de los cuales todavía permanece en el territorio. Entre las actuaciones previstas figuran también ayudas directas dirigidas a pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos para impulsar la economía local. Los 168 millones suponen una ampliación extraordinaria del programa especial de apoyo económico destinado a Ceuta, que entre 2023 y 2026 ya ha movilizado alrededor de 180 millones de euros. Del nuevo paquete, 80 millones se destinarán directamente a medidas económicas durante los próximos cuatro meses, mientras que otros 15 millones servirán para reforzar servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y la justicia. En su primera entrevista tras el inicio del nuevo curso político, Sánchez también ha negado que existan indicios que permitan atribuir a Marruecos la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. El presidente ha asegurado que actualmente no dispone de información que apunte en esa dirección. Las explicaciones sobre lo ocurrido las ofrecerá este jueves en el Congreso de los Diputados, donde comparecerá una semana antes de la fecha inicialmente prevista. La comparecencia se ha adelantado después de que diferentes grupos parlamentarios reclamaran que Sánchez acudiera antes a la Cámara Baja. En el ámbito económico nacional, el presidente ha vuelto a confirmar que el Gobierno presentará durante 2026 el proyecto de Presupuestos Generales del Estado correspondiente a 2027. Sánchez no ha concretado si el texto llegará al Congreso durante septiembre, pero ha reiterado su compromiso de que las cuentas sean presentadas y debatidas este año, con la previsión de que las próximas elecciones generales se celebren en 2027. La vivienda será otro de los asuntos prioritarios del inicio del curso político. El Ejecutivo continúa negociando con los grupos parlamentarios el Real Decreto-ley de vivienda, cuya aprobación estaba prevista antes del verano pero tuvo que aplazarse hasta septiembre debido a la falta de apoyos suficientes en el Congreso. Sánchez ha defendido que la futura norma pretende contribuir a reducir los precios de la vivienda y ofrecer mayor seguridad tanto a propietarios como a inquilinos. Entre las medidas previstas se encuentran incentivos fiscales para los propietarios con el objetivo de estimular la incorporación de viviendas al mercado y aumentar la oferta disponible. El decreto contempla asimismo la posibilidad de prorrogar automáticamente los contratos de alquiler hasta 2028 y elevar al 21% el IVA aplicable a las viviendas destinadas al alquiler turístico.

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(Cinco Días, 01-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor sube en agosto al 2,95%, su nivel más alto desde hace dos años

El euríbor, principal referencia para las hipotecas variables en España, ha terminado agosto en el 2,95%, lo que supone su nivel más elevado desde agosto de 2024, cuando alcanzó el 3,169%. El índice ha aumentado 11 puntos básicos respecto a julio y acumula una subida de 84 puntos básicos en comparación con agosto de 2025, cuando se situó en el 2,112%. Este incremento tendrá un impacto directo en los préstamos hipotecarios que se revisen tomando como referencia el dato de agosto. Para una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% sobre el euríbor, la nueva referencia supondrá un aumento aproximado de 70,25 euros mensuales en la cuota. En términos anuales, el encarecimiento alcanzará unos 843 euros. El efecto será especialmente elevado para quienes se encuentren al comienzo de la vida del préstamo, ya que todavía tienen pendiente de amortizar una parte importante del capital. Por ello, una variación del tipo de interés tiene en estos casos una mayor repercusión sobre el importe de las cuotas. Desde iAhorro, su portavoz Laura Martínez considera que la evolución del euríbor está anticipando un posible endurecimiento de las condiciones monetarias por parte del Banco Central Europeo. Según su análisis, los mercados están reaccionando antes de que el BCE haya confirmado nuevas decisiones sobre los tipos, una circunstancia que ya comienza a trasladarse a las cuotas de las hipotecas variables. En Kelisto.es, su portavoz de Finanzas Personales, Pedro Ruiz, apunta además a la persistencia de las tensiones inflacionistas asociadas al conflicto en Oriente Próximo. A su juicio, las perspectivas han empeorado respecto a las que se manejaban hace apenas un mes, lo que reduce las posibilidades de que el euríbor pueda iniciar una bajada significativa en el corto plazo. También desde Roams, el experto en finanzas Pablo Vega considera que la atención del mercado estará centrada en la próxima reunión del BCE de septiembre. Más allá de una posible subida de 25 puntos básicos, el mercado tratará de determinar cuántos movimientos adicionales podrían producirse posteriormente. Esta expectativa será clave para establecer si el nivel del 3% se convierte en un techo temporal para el euríbor o, por el contrario, en el punto de partida de nuevas subidas. Las previsiones para el cierre de 2026 apuntan, en general, a un euríbor situado alrededor del 3%, aunque su evolución estará muy condicionada por la situación en Oriente Próximo. Si se producen avances diplomáticos que permitan recuperar progresivamente la normalidad en el estrecho de Ormuz, los precios energéticos se moderan y el BCE limita su respuesta a una subida adicional en septiembre, el índice podría terminar el ejercicio en una horquilla próxima al 2,8%-3%. Un escenario de mayor duración del conflicto, en cambio, podría llevar al euríbor hasta el 3% en diciembre e incluso acercarlo al 3,10%, según las estimaciones de HelpMyCash. En cualquier caso, las previsiones apuntan a que el índice cerrará 2026 por encima del nivel registrado en diciembre de 2025, cuando se situó en el 2,267%. Ante esta perspectiva, los expertos recomiendan a los titulares de hipotecas variables revisar su capacidad financiera para asumir cuotas calculadas con un euríbor del 3% o incluso superior. Si el incremento supone una dificultad para afrontar los pagos, una de las alternativas sería negociar con la entidad bancaria un cambio a un préstamo a tipo fijo o buscar una reducción de la cuota mediante una ampliación del plazo de amortización.

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(Expansión, 01-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de la vivienda sube un 15,6% en agosto

El precio de la vivienda de segunda mano en España aumentó un 0,4% en agosto respecto al mes anterior y acumuló una subida interanual del 15,6%, hasta alcanzar los 3.166 euros por metro cuadrado, según los datos publicados por Fotocasa. Con este nuevo avance anual, el mercado residencial encadena ya 70 meses consecutivos de incrementos, desde noviembre de 2020. El encarecimiento registrado en el último año supone que una vivienda de 80 metros cuadrados haya pasado de tener un precio medio de 219.020 euros a situarse en 253.270 euros en agosto de 2026, lo que representa un aumento del 15,6%. Fotocasa señala que, pese a que la vivienda continúa encareciéndose a tasas muy elevadas, agosto ha registrado el incremento interanual más moderado del año. La evolución apunta a una paulatina pérdida de intensidad en las subidas, después de varios meses en los que los aumentos llegaron a superar el 20%. Desde mayo, la tendencia ha sido de moderación progresiva hasta el 15,6% actual. La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, advierte de que esta desaceleración no implica que los precios estén bajando, sino que avanzan a un ritmo menor. A su juicio, el mercado sigue sometido a una fuerte presión debido a la elevada demanda y a la escasez de oferta disponible, por lo que todavía no puede hablarse de una normalización de los precios. Todas las comunidades autónomas registraron incrementos interanuales durante agosto. En 13 de ellas, las subidas superaron el 10%. Murcia encabezó los aumentos con un 28,8%, seguida de Cantabria, con un 18,5%; Comunidad Valenciana, con un 17,1%; Navarra, con un 17%; La Rioja, con un 15,9%; Asturias, con un 14,4%; País Vasco, con un 14,3%; Castilla-La Mancha, con un 13,7%; Castilla y León, con un 13,1%; Galicia, con un 12,7%; Cataluña, con un 12%; Aragón, con un 11%, y Andalucía, con un 10,9%. El resto de comunidades también registraron avances, aunque de menor intensidad. Madrid elevó sus precios un 9,9%, Extremadura un 8,8%, Canarias un 7,5% y Baleares un 5,3%. En términos de precio por metro cuadrado, Baleares y Madrid se mantienen como las comunidades más caras, con 5.443 y 5.431 euros, respectivamente. A continuación aparecen País Vasco, con 4.045 euros; Cataluña, con 3.485; Canarias, con 3.375; Andalucía, con 2.958; Comunidad Valenciana, con 2.866; Cantabria, con 2.792; Navarra, con 2.439; Asturias, con 2.427; Galicia, con 2.299; Murcia, con 2.209; La Rioja, con 2.011 euros. En el extremo contrario se encuentran Extremadura, con un precio medio de 1.380 euros por metro cuadrado; Castilla-La Mancha, con 1.436; Castilla y León, con 1.840, y Aragón, con 1.986 euros. Por provincias, el precio de la vivienda aumentó en 48 de las 50 analizadas, lo que supone el 96% del total. Doce provincias registraron incrementos superiores al 15%. Murcia volvió a liderar la clasificación, con un 28,8%, seguida de León, con un 25,7%; Ávila, con un 23,9%; Ciudad Real, con un 19,4%; Guipúzcoa, con un 19,1%; Cantabria, con un 18,5%; Almería, con un 18,4%; Navarra, con un 17%; Valencia, con un 16,5%; A Coruña, con un 16,2%; La Rioja, con un 15,9%, y Lleida, con un 15,4%. Las únicas provincias que registraron descensos fueron Soria, con una caída del 0,1%, y Teruel, con un retroceso del 0,3%. En cuanto al precio, Baleares y Madrid son las únicas provincias que superan los 5.000 euros por metro cuadrado. Baleares encabeza la clasificación, con 5.343 euros, seguida de Madrid, con 5.331; Guipúzcoa, con 4.894, y Málaga, con 4.631 euros. En el lado opuesto, Jaén presenta el precio más bajo, con 1.149 euros por metro cuadrado, seguida de Ciudad Real, con 1.150 euros. En las 50 capitales de provincia analizadas también se produjo un aumento interanual de los precios durante agosto. Siete de ellas registraron incrementos superiores al 15%: León, con un 26,7%; Zamora, con un 21,3%; Ciudad Real, con un 20,2%; Salamanca, con un 19%; Soria, con un 18,3%; Jaén, con un 16,2%, y Ourense, con un 15,3%. Quince capitales de provincia superaron los 3.000 euros por metro cuadrado. San Sebastián se situó a la cabeza, con 7.141 euros, seguida de Madrid, con 6.624; Barcelona, con 5.375, y Palma de Mallorca, con 5.250 euros. Después aparecen Málaga, con 4.387 euros; Bilbao, con 4.226; Valencia, con 3.655; A Coruña, con 3.525; Cádiz, con 3.446; Pamplona, con 3.343; Vitoria, con 3.270; Santander, con 3.194; Girona, con 3.128; Las Palmas de Gran Canaria, con 3.087, y Alicante, con 3.004 euros por metro cuadrado. Zamora, con un precio medio de 1.681 euros por metro cuadrado, fue la capital de provincia más económica.

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(El País, 01-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España dispara las compras de gas ruso a pocos meses del veto definitivo de Europa

La escalada militar en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz han provocado cambios importantes en las rutas de suministro de gas hacia España. Ante las dificultades para recibir cargamentos procedentes del golfo Pérsico, los operadores han incrementado sus compras a Rusia, pese a que el gas ruso está sujeto a las sanciones de la Unión Europea y quedará completamente vetado a partir de 2027. Según los últimos datos de CORES, las importaciones españolas de gas natural ruso crecieron un 42% durante el primer semestre de 2026, hasta alcanzar los 37.172 GWh. El incremento de las compras a Rusia ha servido para compensar parcialmente la reducción de otros suministros, especialmente los procedentes de Qatar. La interrupción del tránsito de buques metaneros por Ormuz ha impedido nuevas entregas desde el emirato desde el comienzo de la crisis, hasta el punto de que las importaciones españolas de gas catarí cayeron un 100% en el acumulado de los seis primeros meses del año. En cambio, Rusia ha podido mantener sus envíos mediante rutas árticas que no dependen de este estratégico paso marítimo. El cambio resulta especialmente significativo si se compara con la situación de 2025. Durante el primer semestre del año pasado, España recibió 26.208 GWh de gas ruso y posteriormente las compras llegaron a reducirse más de un 70% interanual. La tendencia parecía apuntar hacia una progresiva disminución de la dependencia energética de Moscú, en línea con la política de sanciones europea por la guerra de Ucrania. Sin embargo, el conflicto en Oriente Próximo ha modificado esta evolución y la ausencia de suficientes cargamentos alternativos de gas natural licuado a corto plazo ha llevado a las comercializadoras a recurrir nuevamente al suministro ruso. El repunte fue especialmente intenso en junio, cuando las importaciones de gas ruso aumentaron un 68% respecto al mismo mes de 2025, hasta situarse en unos 5.500 GWh. Rusia se convirtió así en el segundo proveedor de España durante ese mes, con algo más del 20% del total, aunque todavía por detrás de Argelia, que aportó aproximadamente el 40%. Esta evolución evidencia cómo los operadores están adaptando sus compras ante la interrupción de los suministros procedentes del golfo Pérsico y priorizando a aquellos proveedores capaces de utilizar rutas alternativas a Ormuz. Una parte importante del aumento registrado en el conjunto del semestre se explica por las compras realizadas en marzo. Ese mes España recibió 9.807 GWh de gas ruso, el mayor volumen mensual de toda la serie histórica. La incertidumbre generada por el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán llevó a las empresas a asegurarse suministros ante el temor a nuevas interrupciones y a un encarecimiento de la energía. Además, marzo fue el último mes completo en el que podían realizarse determinadas operaciones en el mercado spot antes de la entrada en vigor de nuevas restricciones europeas. En mayo se produjo otro importante envío, de más de 8.700 GWh, vinculado a contratos de largo plazo. Entre ambos meses concentraron aproximadamente la mitad de todo el gas ruso adquirido por España durante el semestre. Desde Sedigas consideran que este incremento no contradice las sanciones europeas, ya que el calendario establecido por la UE todavía permitía durante los primeros meses de 2026 determinadas compras vinculadas a contratos anteriores a junio de 2025. Los contratos de suministro de GNL a largo plazo suscritos antes de esa fecha también pueden continuar ejecutándose hasta el 1 de enero de 2027. Según la patronal, esta situación explica que los flujos asociados a compromisos previamente adquiridos se hayan mantenido e incluso incrementado antes de que finalicen los plazos establecidos por la normativa europea. A pesar del mayor protagonismo ruso, Argelia y Estados Unidos siguen siendo los principales suministradores del mercado español. Las compras a Estados Unidos han retrocedido un 6% en lo que va de año, hasta los 55.790 GWh, debido en buena medida al desvío temporal de cargamentos hacia mercados asiáticos donde los precios son más atractivos. Aun así, el país norteamericano mantiene una cuota cercana al 27% del suministro nacional. Argelia continúa encabezando el suministro español, con 64.230 GWh aportados entre enero y junio a través del gasoducto Medgaz, prácticamente el doble del volumen procedente de Rusia. En el conjunto del semestre, el gas ruso representó el 19,7% de las importaciones, mientras que Argelia alcanzó el 34% y Estados Unidos el 29,1%. Sedigas subraya además que, tomando un horizonte temporal más amplio, el peso del gas ruso no ha experimentado un aumento tan acusado: su participación media durante los últimos cinco años fue del 14,5%, frente al 14,4% registrado en los últimos doce meses. Los datos de Enagás también apuntan a que el repunte de las compras rusas podría tener un carácter temporal. El peso de Rusia sobre el total de las importaciones pasó del 20% hasta junio al 18% hasta julio. Durante julio, los operadores adquirieron a Moscú 2.088 GWh, el volumen mensual más bajo del año y una cantidad similar a la registrada en 2025. España afronta esta situación con unas reservas energéticas relativamente elevadas. En junio disponía de más de 15.300 kilotoneladas de petróleo, un 4% más que un año antes, volumen suficiente, en teoría, para cubrir 101 días de consumo sin nuevas entradas. Esta cifra supera el mínimo de 90 días establecido por la Agencia Internacional de la Energía y ofrece margen para buscar proveedores alternativos y reorganizar las importaciones en caso de nuevas perturbaciones. En el caso del gas, los almacenamientos subterráneos españoles también presentaban a mitad de año un nivel de ocupación superior al 70%, lo que proporciona un margen de seguridad ante eventuales problemas de suministro. La principal preocupación se encuentra, por tanto, en los precios. El Brent ha registrado fuertes fluctuaciones durante el primer semestre y llegó a superar los 100 dólares por barril en mayo. El encarecimiento se ha trasladado al coste de las importaciones españolas: en junio, el precio del crudo adquirido por España, incluido transporte y seguro, alcanzó los 85,33 euros por barril, un 46% más que un año antes. Sedigas no prevé problemas de abastecimiento físico, gracias a la capacidad española de regasificación y almacenamiento y a la diversificación de proveedores, que permite obtener gas de entre 12 y 15 países diferentes cada año. El principal riesgo se encuentra en el mercado internacional de GNL, donde una mayor competencia por los cargamentos puede elevar los precios o provocar que los buques se dirijan hacia destinos con una mayor rentabilidad. Esta presión podría terminar repercutiendo tanto en la industria como en los consumidores españoles.

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