Noticias

(Expansión, 21-04-2026) | Fiscal

Los impuestos consumen el 35% de renta de los hogares

La carga fiscal efectiva media en España se sitúa entre el 31% en el País Vasco y el 38% en Baleares. En términos generales, los impuestos y las cotizaciones sociales logran reducir la desigualdad en torno a un 32%, según estimaciones de Fedea. De media, los hogares destinan 35 euros de cada 100 de su renta bruta al pago de tributos, aunque esta cifra varía según la comunidad autónoma, debido tanto a las diferencias en la presión fiscal como al nivel de ingresos. Así, mientras en el País Vasco se pagan unos 31 euros por cada 100, en Baleares se alcanza los 38. En conjunto, el 40% de los contribuyentes con mayores ingresos aporta más de lo que recibe del sistema, mientras que el 60% restante obtiene un saldo positivo. Estas conclusiones forman parte de la décima edición del Observatorio sobre el reparto de impuestos y prestaciones entre los hogares españoles, elaborado por Fedea con datos de 2023. Durante ese año, la renta bruta media de los hogares creció un 8,2%, hasta situarse en 35.068 euros, impulsada, entre otros factores, por la subida de las pensiones, que aumentaron en la misma proporción. En general, las prestaciones monetarias crecieron un 6,4%. Por su parte, la recaudación fiscal aumentó un 6,7%, por debajo del incremento del 11% registrado en 2022. Esto permitió que el tipo medio efectivo del sistema se redujera ligeramente, hasta el 35% de la renta bruta media. Este porcentaje incluye los principales tributos: el IRPF (10,5%), el Impuesto sobre Sociedades (1,2%), el de Patrimonio (0,1%), las cotizaciones sociales -tanto del trabajador (3,9%) como de la empresa (13,3%)-, el IVA (4,62%), el ITPAJD (0,5%), los impuestos especiales (sobre alcohol, hidrocarburos, tabaco y electricidad) y el impuesto sobre primas de seguros (0,81%), además del IBI aplicado a la vivienda habitual (0,6%). Sin embargo, dentro de cada impuesto también existen diferencias relevantes según el nivel de ingresos. Por ejemplo, el IRPF apenas grava un 0,9% a los hogares con menor renta, aumentando progresivamente hasta el 15,7%. No obstante, pierde progresividad en el tramo más alto, ya que el 1% más rico paga un tipo medio del 10,9%, debido al mayor peso de los dividendos -que tributan menos que los salarios- en sus ingresos. Por territorios, Baleares presenta la mayor presión fiscal efectiva (38,1%), seguida de Cataluña (35,8%) y Madrid (35,6%). En el extremo opuesto se sitúan el País Vasco (31,5%), Canarias (32,8%) y Castilla y León (32,9%). En conjunto, la acción del sector público -sumando impuestos y prestaciones- reduce la desigualdad en la distribución de la renta de los hogares en un 31,9%. La mayor parte de este efecto redistributivo proviene de las prestaciones monetarias, como pensiones o subsidios de desempleo, que explican el 72,4% de la reducción. Las prestaciones en especie, como sanidad y educación, aportan un 23,8%, mientras que los impuestos contribuyen en menor medida, con un 3,7%. Según Fedea, si se incluyeran otros gastos públicos -como los destinados a servicios generales, defensa, seguridad, medio ambiente o protección social-, la reducción total de la desigualdad podría alcanzar el 41%.

LEER MÁS

(Expansión, 21-04-2026) | Fiscal

Bruselas planteará reducir el IVA de las calderas y los paneles solares

La Comisión Europea promoverá medidas como el teletrabajo y las ayudas al transporte público con el objetivo de reducir el uso de combustibles fósiles, en un contexto en el que los países europeos sufren las consecuencias del encarecimiento de la energía provocado por el conflicto en Oriente Próximo. De acuerdo con un documento al que ha accedido Financial Times, Bruselas planteará a los Estados miembros un conjunto de iniciativas orientadas a disminuir la demanda energética, aumentar la eficiencia y acelerar la transición hacia fuentes limpias. El propósito es ofrecer un alivio inmediato frente a los altos costes de la energía. Estas propuestas se inspiran en las acciones adoptadas durante la anterior crisis energética desencadenada por la guerra en Ucrania, y forman parte de una estrategia más amplia para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar el uso de energías renovables. Entre las recomendaciones, se plantea que las empresas faciliten al menos un día de teletrabajo a la semana cuando sea viable. También se sugiere incrementar las ayudas al transporte público y rebajar el IVA de tecnologías como bombas de calor, calderas o paneles solares. Asimismo, Bruselas prevé fijar objetivos ambiciosos de electrificación, aún pendientes de concretar, y apoyar a los países en el desarrollo de programas de acceso asequible a tecnologías limpias, como vehículos eléctricos, baterías domésticas o sistemas de calefacción eficientes. Varios responsables europeos han subrayado que estas medidas no son obligatorias, sino orientativas. Según uno de ellos, si se produce escasez energética, es importante informar a la ciudadanía sobre cómo puede reducir su consumo, sin intervenir en exceso en su vida cotidiana. Las recomendaciones para disminuir el consumo de petróleo y gas se integran en un plan más amplio para hacer frente al aumento de los precios energéticos, que incluye la electrificación del sistema y una mayor coordinación en la compra de combustibles fósiles. Otras iniciativas, como soluciones a la falta de combustible para la aviación, todavía están en fase de desarrollo. Aunque el documento no es vinculante, la Comisión prevé presentar dos propuestas legislativas para abaratar costes. Entre ellas, se contemplan cambios en las normas del mercado eléctrico para reducir el precio del transporte de la electricidad, lo que implicaría supervisar la rentabilidad de los operadores de red y revisar las tarifas aplicadas a sectores industriales intensivos en energía. También se propone modificar una directiva para garantizar que la electricidad tenga una carga fiscal inferior a la de los combustibles fósiles. Aunque una versión más ambiciosa de esta medida fue descartada en 2025, las autoridades confían en que la actual crisis reactive el debate. El documento señala además que los países podrán aplicar, si lo consideran oportuno, un tipo impositivo cero sobre la electricidad consumida por industrias con alta demanda energética. Por último, la Comisión ofrecerá apoyo a los Estados para diseñar mecanismos de control de precios y ayudas a los ingresos, así como para evaluar posibles impuestos extraordinarios a nivel nacional, sin llegar a proponer un gravamen común en toda la Unión Europea, como solicitaban algunos gobiernos.

LEER MÁS

(El País, 21-04-2026) | Fiscal

Bruselas se resiste a impulsar un mecanismo europeo para gravar los beneficios extraordinarios a las energéticas por la crisis de Irán

La Comisión Europea ha optado por no posicionarse claramente sobre los llamados beneficios extraordinarios que están obteniendo las empresas energéticas como consecuencia del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Bruselas no quiere impulsar, por ahora, un sistema común a nivel europeo para gravar estas ganancias derivadas de la crisis en Oriente Próximo y del bloqueo en el estrecho de Ormuz, una vía clave por la que antes transitaba alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado a nivel mundial. Varios países -España, Alemania, Italia, Austria y Portugal- han solicitado a la Comisión que establezca un marco jurídico que permita gravar estos ingresos inesperados, con el fin de evitar que el impacto de la crisis energética recaiga únicamente sobre los ciudadanos y las cuentas públicas. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario se muestra reticente a adoptar una medida coordinada y, en su lugar, deja en manos de cada Estado la posibilidad de aplicar este tipo de impuestos. A pesar de ello, los cinco países continúan presionando para que se adopte una solución conjunta, como un tributo armonizado que además tendría un importante valor simbólico y ayudaría a contener las consecuencias económicas del encarecimiento del petróleo. No obstante, los borradores del paquete de medidas que prepara la Comisión no incluyen esta opción. En la estrategia que la presidenta Ursula von der Leyen prevé presentar próximamente en la cumbre europea, la respuesta a esta petición se limitará a recordar que los países ya tienen capacidad para actuar por su cuenta. El plan sí contempla otras iniciativas para afrontar la crisis energética, como fomentar el teletrabajo semanal, reducir el uso de edificios públicos, limitar los viajes en avión o reforzar el transporte público. También incluye objetivos de electrificación y medidas para flexibilizar las ayudas estatales a sectores especialmente afectados, como el transporte o la agricultura. Los países que reclaman una mayor intervención consideran que la actual volatilidad del mercado, marcada por tensiones geopolíticas, exige una respuesta más decidida a nivel europeo. Para ello, recuerdan el precedente de 2022, cuando la Unión Europea aprobó una contribución temporal sobre los beneficios de las energéticas tras la invasión rusa de Ucrania, argumentando que la situación actual presenta similitudes que justificarían una medida similar. Sin embargo, en Bruselas no hay consenso para repetir esa fórmula. Ya en 2022 la Comisión mostró reticencias antes de aceptar un impuesto extraordinario, que finalmente se aplicó de forma temporal tras el respaldo del Consejo de la UE. En esta ocasión, la institución se limita a señalar que los Estados miembros pueden adoptar estas medidas si lo consideran oportuno, algo que responde al reparto de competencias en materia fiscal dentro de la Unión. Algunos responsables europeos también han apuntado a dificultades legales para implantar un mecanismo de este tipo a escala comunitaria. Además, sostienen que la situación actual no es exactamente comparable a la de 2022, lo que reduce el impulso político para adoptar decisiones similares. La respuesta más pausada de la Comisión, en contraste con la rapidez mostrada durante la anterior crisis energética, ha generado críticas. Aunque ahora no existe un riesgo inmediato de escasez como entonces ni un incremento tan abrupto de los precios, también influye el menor margen fiscal de los Estados. Aun así, en el Parlamento Europeo crece la presión para actuar con mayor determinación. Algunos eurodiputados, como el socialista Nicolás González Casares, defienden la necesidad de aplicar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios, especialmente enfocado en las energías fósiles, para mitigar los efectos de la crisis.

LEER MÁS

(El Economista, 21-04-2026) | Fiscal

El Gobierno retrasa la puesta en marcha de la factura electrónica al 1 de octubre de 2027

El Gobierno ha decidido aplazar la entrada en vigor de la obligación de emitir facturas electrónicas para empresas y autónomos hasta el 1 de octubre de 2027, lo que supone un retraso de tres meses respecto a los plazos inicialmente previstos, según fuentes solventes. A partir de esa fecha, deberán utilizar este sistema las compañías y profesionales que facturen más de 8 millones de euros cuando realicen operaciones con otras empresas o autónomos (no con consumidores finales). Aquellos con ingresos inferiores a ese umbral tendrán un año adicional de margen y comenzarán a aplicar la factura electrónica el 1 de octubre de 2028. Con este calendario, la Administración pretende implantar de forma progresiva tanto Verifactu como la factura electrónica, evitando que ambas obligaciones coincidan. Verifactu exigirá a pymes y autónomos disponer de un programa informático que registre cada factura emitida y la envíe automáticamente a Hacienda o la almacene en el sistema. Según los nuevos plazos, Verifactu entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2027 para las empresas y el 1 de julio del mismo año para los autónomos. Posteriormente, el 1 de octubre de 2027 comenzará la obligación de facturación electrónica para quienes superen los 8 millones de facturación, y en octubre de 2028 para el resto. El Ministerio de Hacienda publicó recientemente el proyecto de orden que regula la plataforma pública de facturación, un documento abierto a alegaciones hasta el 8 de mayo. Esta herramienta permitirá emitir facturas digitales por ventas y servicios. La Agencia Tributaria facilitará un formulario para su generación, de modo que queden automáticamente registradas en su sistema. En caso de utilizar soluciones privadas, los usuarios deberán remitir una copia exacta de cada factura a esta plataforma pública de manera inmediata. Hacienda también contempla la posibilidad de corregir o eliminar facturas erróneas dentro del sistema, aunque manteniendo un registro de dichas modificaciones. Además, la implantación de la factura electrónica implicará informar a la Administración sobre distintos aspectos del proceso: recepción, aceptación, pago o rechazo de las facturas. Los destinatarios deberán comunicar fechas clave, como la recepción del documento, la entrega del bien o servicio, el vencimiento y el pago, o su rechazo si procede. Por su parte, el emisor indicará si ha cobrado o si la factura sigue pendiente, e incluso podrá contrastar la veracidad de la fecha de pago declarada por el receptor. Ambas partes recibirán confirmación de todas las facturas y comunicaciones realizadas. En caso de incidencias técnicas en la plataforma pública, tendrán un plazo de cuatro días para remitir la información una vez resuelto el problema. La orden ministerial entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, iniciándose un año después la aplicación de esta nueva obligación.

LEER MÁS

(El País, 21-04-2026) | Laboral

UGT y CC OO argumentan que eligen Málaga para la manifestación central del Día del Trabajo por ser el “paradigma” de la crisis de la vivienda en España

Este lunes, UGT ha tenido como protagonista inesperado a Donald Trump. Durante la presentación de las movilizaciones del Primero de Mayo, el mandatario estadounidense fue citado en más ocasiones que los habituales actores económicos nacionales a los que suelen aludir los sindicatos. Tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo consideran que la estrategia militar y comercial de Estados Unidos, junto con sus "aliados" en Europa -en referencia a partidos como Vox-, representa una seria amenaza para los derechos laborales. Bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracia", los sindicatos han convocado cerca de un centenar de protestas conjuntas. La principal tendrá lugar en Málaga, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral andaluza, aunque aseguran que la elección de la ciudad responde a que simboliza los problemas de acceso a la vivienda en España. Álvarez explicó que el objetivo principal de la movilización es convertir el Primero de Mayo en una protesta contra la guerra y en defensa de la paz. Acusó a Trump de favorecer vulneraciones del derecho internacional y situaciones de gran gravedad en distintos conflictos internacionales. En la misma línea, Sordo advirtió de una creciente escalada bélica global y de una guerra comercial dirigida contra la Unión Europea. Ambos dirigentes subrayaron que estas tensiones internacionales tienen consecuencias directas sobre la clase trabajadora, como el encarecimiento de los precios -especialmente de la energía- y el debilitamiento de derechos laborales. Sordo llamó a evitar una subordinación a Estados Unidos y defendió reforzar la autonomía estratégica europea, incluso diversificando relaciones con países como China. Por su parte, Álvarez reclamó a los partidos españoles una posición clara ante este contexto internacional. Los líderes sindicales también valoraron positivamente la actuación del Gobierno español en este escenario, destacando su papel en el ámbito internacional. No obstante, criticaron la falta de rumbo de la derecha en esta materia, señalando que el contexto actual exige replantear las relaciones tradicionales con Estados Unidos. Ambos rechazaron que la elección de Málaga como sede central del Primero de Mayo tenga motivaciones electorales. Según explicaron, la decisión se tomó meses antes de que se concretara el calendario electoral andaluz. En el plano económico, advirtieron de que la subida de precios no solo reduce el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que también perjudica a las empresas. En este sentido, insistieron en la necesidad de promover vivienda asequible para evitar tensiones en el mercado laboral, especialmente en zonas con mayor presión. Sordo puso el foco en la necesidad de repartir mejor la riqueza, señalando que no es coherente que España lidere el crecimiento económico en Europa mientras los salarios permanecen prácticamente estancados. Ambos coincidieron en que hay margen para incrementos salariales. Asimismo, señalaron que esperan avances en la negociación del acuerdo salarial con la patronal -CEOE y Cepyme-, aunque no descartan movilizaciones si no se logran resultados. También se mostraron abiertos a pedir una nueva subida del salario mínimo si la inflación continúa al alza. Por último, reclamaron al Ejecutivo mayor rapidez en la puesta en marcha de medidas pendientes, como el refuerzo del control horario o la actualización de la normativa en prevención de riesgos laborales. Además, valoraron positivamente el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, aunque pidieron más recursos para gestionarlo adecuadamente.

LEER MÁS

(El Economista, 21-04-2026) | Laboral

El teletrabajo en España está más lejos de la UE que antes de la pandemia por el "pinchazo" de la jornada híbrida

El teletrabajo ha vuelto a situarse en el centro del debate laboral tras la propuesta de la Comisión Europea de hacerlo obligatorio un día a la semana para reducir el consumo energético durante la crisis derivada de Irán. Esta idea ha sido rechazada de forma tajante por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien defiende que esta modalidad debe ser voluntaria. Además, sostiene que España ya avanzó en esta materia con la aprobación de la Ley de Trabajo a Distancia a finales de 2020. Sin embargo, los datos reflejan que el país se encuentra ahora más rezagado respecto a la media europea que antes de la pandemia, en gran medida por el escaso desarrollo del modelo híbrido que Bruselas quiere impulsar. A primera vista, el trabajo a distancia parece haber crecido con fuerza en España: el porcentaje de asalariados que trabajan desde casa ha pasado del 4,2% en 2019 al 12,8% en 2025, según Eurostat. Esto ha permitido que el país mejore su posición relativa, pasando de estar entre los ocho con menor implantación a ocupar el undécimo puesto. No obstante, esta mejora se explica más por el retroceso de otros países que por un avance destacado de España. De hecho, la distancia respecto a la media de la Unión Europea ha aumentado, pasando de 6,9 a 7,8 puntos porcentuales desde 2018. En el caso de la eurozona, la brecha es aún mayor, creciendo de 7,1 a 9 puntos en ese mismo periodo. Una comparación entre países muestra que, seis años después de la pandemia, Europa avanza a distintas velocidades en la adopción del teletrabajo, y España sigue formando parte del grupo más rezagado. Esta diferencia se ha acentuado con el tiempo: si en 2019 quince países tenían tasas inferiores al 10%, ahora solo cinco se mantienen en ese nivel, mientras otros han experimentado fuertes avances. Destaca el caso de Países Bajos, donde casi la mitad de los trabajadores teletrabaja. Un factor clave en esta evolución es el peso de la llamada jornada híbrida, en la que se combina el trabajo presencial con uno o dos días semanales desde casa. Este formato, distinto del teletrabajo habitual -donde predomina el trabajo remoto-, es precisamente el que la Comisión Europea pretende fomentar. Sin embargo, España presenta peores resultados en este ámbito que en el teletrabajo completo. A pesar de ser una opción más flexible y menos costosa para las empresas, el teletrabajo ocasional tiene un peso inferior al 50% en el país, muy por debajo de la media europea del 64%. En algunas economías, como Dinamarca o Países Bajos, alcanza hasta el 83%. Aunque un menor uso del modelo híbrido no implica necesariamente menos teletrabajo -como demuestran países como Alemania o Irlanda, con altas tasas globales pese a no superar ese 50%-, sí evidencia un margen de mejora y cierta rigidez empresarial a la hora de implantarlo. Y este aspecto resulta especialmente relevante cuando se trata de reducir el consumo energético.

LEER MÁS

(Cinco Días, 21-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo se dispara y las Bolsas bajan al resurgir las tensiones entre EE UU e Irán

El aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, junto con la disminución de las expectativas de un acuerdo de paz en Oriente Próximo, está llevando a los inversores a actuar con cautela. En este contexto, el precio del petróleo vuelve a subir con fuerza, acercándose a un alza del 5% y superando los 95 dólares por barril de Brent -tras haber caído un 9% el viernes-. Por su parte, el gas europeo TTF también repunta un 4%, recuperándose parcialmente del descenso previo. Los expertos de ING señalan que los mercados muestran inquietud, aunque mantienen cierta esperanza en posibles avances diplomáticos. Uno de los factores clave será la participación de Irán en las conversaciones de paz previstas, ya que su posible ausencia incrementa la incertidumbre, especialmente con el alto el fuego a punto de expirar. La situación se tensó aún más cuando Estados Unidos anunció la incautación de un carguero iraní que habría intentado sortear el bloqueo, a lo que Teherán respondió con amenazas de represalias. Además, Irán comunicó que no participará en una nueva ronda de negociaciones prevista antes de que finalice la tregua. Desde Saxo Bank advierten de que esta escalada vuelve a elevar el riesgo geopolítico, afectando no solo a la energía, sino también al crecimiento económico y a los tipos de interés. El conflicto, que ya entra en su octava semana, ha generado una grave crisis en el suministro energético mundial. Uno de los puntos críticos es el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo global. Los bloqueos en la zona han disparado los precios, aunque estos aún se mantienen por debajo de los 100 dólares por barril. La inestabilidad también se refleja en los mercados financieros. En Europa, el DAX cae un 1,5%, el FTSE 100 pierde un 0,6% y el CAC 40 retrocede un 1%. En España, el Ibex 35 baja un 1,3%, con descensos destacados en ArcelorMittal e IAG, mientras que BBVA también cae tras una rebaja de recomendación. En contraste, valores como Repsol, Endesa y Enagás registran subidas. Analistas de ATFX Global consideran que el foco sigue puesto en el estrecho de Ormuz y ven poco probable un acuerdo inmediato entre Washington y Teherán, lo que podría seguir presionando a la baja a los activos de mayor riesgo. No obstante, desde Pepperstone apuntan que, aunque predomina la cautela, los movimientos del mercado están siendo relativamente ordenados y no reflejan aún una situación de pánico. Por su parte, expertos de Bloomberg creen que el comportamiento de las bolsas asiáticas sugiere que parte del impacto económico del conflicto ya podría estar descontado por los inversores. En el mercado de divisas, el dólar se ha fortalecido hasta su nivel más alto en una semana, mientras que el euro cotiza en torno a 1,17 dólares. Entre las materias primas, el oro baja cerca de un 0,8% y la plata también retrocede. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin cae alrededor de un 1,8%, reflejando el clima general de incertidumbre.

LEER MÁS

(Expansión, 21-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Lagarde anticipa que el BCE mantendrá los tipos en el 2%: "Hace falta recabar más información"

El Banco Central Europeo (BCE) busca evitar inquietar a unos mercados ya nerviosos y, por ello, intenta mostrarse lo más previsible posible. Esa actitud se refleja en el discurso pronunciado hoy por su presidenta, Christine Lagarde, durante el 75º aniversario de la Asociación de Bancos de Alemania, donde ha dejado entrever que la institución con sede en Fráncfort optará por no modificar los tipos de interés en la próxima reunión de política monetaria. Lagarde ha explicado que la combinación de incertidumbre sobre la duración del impacto económico y el alcance de sus efectos obliga a recabar más datos antes de tomar decisiones definitivas. Aunque ha subrayado que no basta con comprender la situación, sino que también hay que actuar, ha matizado que el BCE solo dará ese paso cuando disponga de la información necesaria. A pocos días de que comience el periodo de silencio previo a la reunión -durante el cual los miembros del BCE no pueden pronunciarse sobre política monetaria-, sus palabras sugieren que existe un amplio consenso en el Consejo de Gobierno para mantener sin cambios los tipos de interés, que previsiblemente seguirán en el 2%, nivel en el que se encuentran desde junio del año pasado. Por ahora, la presidenta ha señalado que el encarecimiento de la energía no ha sido suficiente como para situar directamente a la economía en un escenario adverso. En este contexto, el BCE observa dos fuerzas opuestas: por un lado, el aumento de los precios energéticos podría generar una espiral inflacionista a través de salarios y precios; por otro, la incertidumbre y la pérdida de confianza de consumidores e inversores podrían frenar la demanda y el crecimiento. Lagarde ha insistido en que la institución permanece atenta a la evolución de los acontecimientos y ha dejado abierta la posibilidad de que una subida de tipos pueda plantearse en la reunión de junio. El BCE pretende evitar actuar demasiado tarde frente a la inflación, recordando la crisis energética de 2022, pero también teme endurecer la política monetaria en exceso si el problema resulta menos persistente de lo previsto. Actualmente, el organismo trata de determinar si la economía seguirá el escenario base proyectado en marzo -con una inflación del 2,6%- o si se impondrá un escenario más negativo, con un aumento de los precios del 3,5%. Solo en este último caso sería necesaria una respuesta monetaria más contundente, aunque aún no está claro cuál de los dos escenarios es el más probable. La volatilidad del contexto global queda reflejada en la evolución reciente: a finales de marzo, el encarecimiento del petróleo apuntaba hacia el escenario adverso, mientras que tras el anuncio de un alto el fuego a comienzos de abril, la situación se situaba en un punto intermedio entre ambos escenarios. Los analistas prevén entre una y tres subidas de tipos a lo largo del año, siendo junio la fecha más probable para la primera. En esa reunión, el BCE actualizará sus previsiones macroeconómicas con nuevos datos que podrían aportar mayor claridad. Lagarde ha concluido reafirmando el compromiso del BCE con la estabilidad de precios y asegurando que la institución actuará en función de las circunstancias para devolver la inflación al objetivo del 2% a medio plazo.

LEER MÁS

(El Periódico, 21-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Un grupo de expertos sitúa a Hernández de Cos como el candidato más cualificado para suceder a Lagarde en el BCE

El exgobernador del Banco de España y actual director gerente del Banco Internacional de Pagos, Pablo Hernández de Cos, aparece como el candidato mejor posicionado para presidir el Banco Central Europeo cuando finalice el mandato de Christine Lagarde el próximo año, según una encuesta de expertos elaborada por el think tank londinense OMFIF y adelantada por el Financial Times. De acuerdo con este sondeo, el economista español tendría una ligera ventaja frente al alemán Joachim Nagel. El panel, compuesto por 20 especialistas -entre ellos banqueros, responsables de política económica y gestores de activos-, valora especialmente a De Cos por su sólida formación en política monetaria, su capacidad de consenso, su perfil europeo y su habilidad para generar confianza internacional. Por su parte, Nagel destaca más en aspectos como el conocimiento de los mercados, el liderazgo y la gestión de crisis. En la encuesta también figuran otros posibles aspirantes, como Klaas Knot, Isabel Schnabel y François Villeroy de Galhau, quien dejará su cargo próximamente. Aunque el mandato de Lagarde concluye en octubre de 2027, las especulaciones sobre su sucesión llevan tiempo en marcha. El relevo forma parte de un proceso más amplio de renovación dentro del BCE, donde en los próximos años cambiarán varios miembros clave, incluido el economista jefe Philip Lane. Además, el actual vicepresidente Luis de Guindos dejará su puesto el 1 de junio, siendo sustituido por Boris Vujcic. El contexto político europeo podría influir en estos tiempos. Por ejemplo, la salida anticipada de Villeroy de Galhau permitirá al presidente francés Emmanuel Macron designar sucesor antes de las próximas elecciones. Incluso se ha especulado con una posible marcha anticipada de Lagarde que facilitaría acuerdos políticos entre líderes europeos, incluido el alemán Friedrich Merz. España ha mostrado abiertamente su interés en ganar peso en el BCE. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado recientemente la intención del Gobierno de lograr mayor presencia en el comité ejecutivo. La salida de De Guindos dejará a España sin representación en este órgano, lo que refuerza el respaldo a la candidatura de De Cos, apoyada públicamente por el propio vicepresidente saliente. Desde el punto de vista técnico, el actual responsable del BIS cuenta con un amplio reconocimiento tanto en el ámbito académico como en los mercados. No obstante, la elección final dependerá en gran medida de equilibrios políticos dentro de la Unión Europea. Hasta ahora, la presidencia del BCE ha estado en manos de un neerlandés, dos franceses y un italiano, pero nunca de un alemán. Alemania, que ya preside la Comisión Europea a través de Ursula von der Leyen, cuenta con dos posibles candidatos: Nagel y Schnabel, aunque esta última genera ciertas dudas por su actual cargo en el BCE. En cuanto a la orientación de política monetaria, De Cos se sitúa en una posición intermedia dentro del habitual debate entre "halcones" -más partidarios de políticas restrictivas- y "palomas" -más favorables a medidas flexibles-. Su perfil sería el de una "paloma moderada", menos estricta que la de Schnabel, Nagel o Knot, pero algo más ortodoxa que la de Villeroy de Galhau. La elección de Vujcic como vicepresidente, considerado un halcón moderado pese a proceder del sur de Europa, no ofrece demasiadas pistas sobre el rumbo que tomará el BCE en el futuro.

LEER MÁS

(El País, 21-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Tres de cada cuatro españoles apoyan la prórroga de los alquileres

En España existe un acuerdo casi generalizado en que el precio del alquiler es demasiado alto. La falta de viviendas disponibles lleva tiempo generando una fuerte competencia por encontrar casa, especialmente en las grandes ciudades, lo que ha dado más margen a los propietarios para fijar precios elevados. Hasta ahora, ninguna medida ha conseguido frenar esta situación. Uno de los intentos más recientes ha sido el decreto impulsado por Sumar, que propone alargar hasta dos años los contratos que finalicen antes de finales de 2027 y limitar al 2% la actualización de las rentas. Sin embargo, esta iniciativa tiene difícil recorrido en el Congreso debido al rechazo de Junts per Catalunya. Aun así, antes de que se vote, Sumar encargó un estudio a Ateneo del Dato para conocer la opinión de la ciudadanía. Los resultados, publicados este lunes, indican que tres de cada cuatro personas apoyan la prórroga de los alquileres, mientras que más del 90% considera que los precios actuales son "altos" o "muy altos". La encuesta, promovida por Estrella Galán, señala además que cerca de la mitad de los encuestados se plantearía cambiar su voto si el partido al que apoya se opone a esta medida. Este posicionamiento es especialmente fuerte entre votantes de izquierdas -más del 70% en el caso de Sumar y más del 60% en el PSOE-, aunque también aparece entre electores del Partido Popular (32%) y de Vox (alrededor del 36%). El estudio se realizó entre el 10 y el 16 de abril con una muestra de 2.200 personas. Desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado el 21 de marzo, se abrió un plazo de 30 días para lograr su convalidación parlamentaria. No obstante, todo apunta a que no superará este trámite, ya que Junts mantiene una oposición firme. Mientras tanto, el debate sigue abierto. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha optado por apurar al máximo los plazos para intentar recabar apoyos antes de la votación. Además, desde sectores de la izquierda se ha animado a los inquilinos a solicitar la prórroga de sus contratos mediante burofax antes de que el Congreso decida sobre la norma. Tanto Sumar como organizaciones en defensa de la vivienda aseguran que ya se han producido miles de solicitudes, aunque algunos despachos de abogados prevén posibles conflictos legales. Según la encuesta, dos de cada tres personas creen que, sin esta prórroga, los alquileres subirían al finalizar los contratos: un 29% prevé aumentos importantes y un 37,8% incrementos moderados. Un 8,4% piensa incluso que muchos contratos no se renovarían, mientras que solo un 18,6% considera que los precios se mantendrían estables. Por otro lado, un informe del Observatorio del Alquiler señala que los precios crecieron un 5,9% en 2025, menos que el 11,3% registrado en 2024, en parte porque los inquilinos han llegado a un límite en su capacidad de pago. Aun así, esta moderación no supone un alivio real, ya que los alquileres siguen subiendo más rápido que los salarios. El impacto de esta situación es evidente: un 48,6% de los encuestados afirma que ellos mismos o personas cercanas han tenido que cambiar de vivienda en los últimos años debido al encarecimiento del alquiler o a la finalización del contrato sin renovación.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF