(Expansión, 19-11-2026) | Fiscal

Bruselas lleva de nuevo a España ante el TJUE tras vetar las indemnizaciones del Modelo 720

La Comisión Europea volverá a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber adaptado su legislación sobre responsabilidad patrimonial del Estado a las exigencias del Derecho comunitario. La decisión llega después de que el Gobierno y el Tribunal Supremo hayan rechazado las reclamaciones de los contribuyentes afectados por el Modelo 720, la declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero, que establecía sanciones desproporcionadas y permitía gravar sin límite temporal determinadas rentas no declaradas. El conflicto se centra en las dificultades que encuentran los ciudadanos para obtener una compensación económica cuando una norma nacional vulnera el Derecho de la Unión Europea. Aunque el TJUE declaró ilegal en 2022 el régimen sancionador del Modelo 720, los tribunales españoles han rechazado indemnizar a los contribuyentes que no solicitaron la rectificación de sus autoliquidaciones del IRPF dentro del plazo general de cuatro años. La nueva actuación de Bruselas responde también a la denuncia presentada en mayo de 2024 por Alejandro del Campo Jiménez, socio de DMS Legal Intelligence. El abogado acudió a las instituciones comunitarias después de que el Consejo de Ministros rechazara las reclamaciones indemnizatorias y el Tribunal Supremo confirmara este criterio en su sentencia del 17 de abril de 2024. El procedimiento de infracción, identificado con la referencia INFR (2017)4004, comenzó en 2015, cuando la Comisión Europea recibió las primeras denuncias sobre las dificultades que planteaban las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambas normas establecieron las condiciones para exigir responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas, pero Bruselas considera que sus requisitos dificultan excesivamente que los ciudadanos puedan reclamar cuando el Estado aprueba disposiciones contrarias al Derecho comunitario. La Comisión emitió un dictamen motivado en 2018 y el TJUE condenó a España el 28 de junio de 2022, en el asunto C-278/20. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que el país todavía no ha cumplido íntegramente la sentencia. El proyecto legislativo destinado a modificar las disposiciones cuestionadas continúa pendiente de aprobación parlamentaria, circunstancia que ha llevado a Bruselas a recurrir nuevamente al Tribunal de Justicia mediante el procedimiento previsto en el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta vía permite imponer sanciones económicas a los Estados miembros que no ejecutan las sentencias condenatorias. El Modelo 720 se encuentra en el centro de esta controversia. Esta obligación informativa exigía declarar determinados bienes y derechos situados en el extranjero, como cuentas bancarias, inmuebles o valores. Su régimen original contemplaba multas que podían alcanzar el 150% de la cuota correspondiente y permitía imputar como ganancias patrimoniales no justificadas rentas cuya prescripción quedaba, en la práctica, sin efecto. En enero de 2022, el TJUE consideró que estas medidas vulneraban el Derecho de la Unión Europea por resultar desproporcionadas y contrarias a los principios de libre circulación de capitales y seguridad jurídica. La discusión posterior se ha centrado en el derecho de los contribuyentes a recuperar las cantidades ingresadas en aplicación de aquella normativa. El Tribunal Supremo estableció que quienes presentaron sus declaraciones del IRPF sin solicitar su rectificación dentro del plazo de cuatro años no tienen derecho a una indemnización por esta vía. El Alto Tribunal consideró que los afectados debían haber actuado con la diligencia necesaria para impugnar sus autoliquidaciones. Este criterio ha generado controversia porque, según los afectados, suponía exigir a los contribuyentes que cuestionaran una normativa que todavía gozaba de presunción de legalidad antes de que el TJUE declarase su incompatibilidad con el Derecho comunitario. La consecuencia es que quienes no reclamaron dentro del plazo ordinario pueden quedar excluidos de la posibilidad de recuperar las cantidades satisfechas. No obstante, la nueva actuación de la Comisión Europea no implica que los contribuyentes afectados vayan a recibir automáticamente una indemnización. En la comunicación remitida al denunciante, la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión advierte de que una eventual sentencia condenatoria contra España no resolverá directamente las reclamaciones individuales. Bruselas recuerda que corresponde a los tribunales nacionales determinar si procede indemnizar a los particulares por los perjuicios ocasionados por una vulneración del Derecho de la Unión Europea. Son estos órganos judiciales los que pueden ordenar a las administraciones el pago de compensaciones o anular decisiones nacionales. De este modo, el procedimiento europeo persigue que España adapte su legislación y cumpla las obligaciones derivadas de la sentencia de 2022, pero no garantiza por sí mismo la devolución de las cantidades reclamadas por los afectados por el Modelo 720. Estos deberán seguir acudiendo a los tribunales españoles para defender sus derechos, mientras el Estado se enfrenta a un nuevo procedimiento ante la Justicia europea por no haber corregido el régimen de responsabilidad patrimonial.

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(El País, 19-11-2026) | Fiscal

Hacienda obliga a los empleadores a recalcular las nóminas para dejar sin retención de IRPF al salario mínimo

El Gobierno ha aprobado mediante real decreto ley una serie de modificaciones fiscales para evitar que los trabajadores con menores salarios tengan que tributar por el IRPF tras la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI). Con la nueva cuantía fijada para 2027 en 18.004 euros anuales, la norma modifica la Ley del IRPF para elevar la deducción por rendimientos del trabajo y garantizar que quienes perciban el salario mínimo queden exentos del impuesto. Asimismo, incorpora cambios en el cálculo de las nóminas y las retenciones que deben practicar las empresas, con el propósito de que el beneficio fiscal se aplique desde enero y tenga un efecto inmediato sobre los ingresos de los trabajadores. La modificación del Reglamento del IRPF, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, obliga a las empresas a adaptar el cálculo de las retenciones de sus empleados. Para ello, deberán incorporar una deducción de hasta 1.033,58 euros anuales en el procedimiento utilizado para determinar los importes que descuentan mensualmente de las nóminas. De esta forma, los trabajadores que perciban exactamente el nuevo SMI tendrán una retención de cero euros. El cambio evita que los perceptores del salario mínimo tengan que esperar a la campaña de la renta del ejercicio siguiente para recuperar las cantidades que se les hubieran descontado durante el año. Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), el nuevo mecanismo permite aplicar directamente la reducción fiscal en las nóminas, sin necesidad de presentar posteriormente la declaración anual para obtener la devolución de las retenciones soportadas. La medida también se extiende a los trabajadores con retribuciones superiores al SMI, con el objetivo de evitar el denominado error de salto, que se produce cuando un pequeño incremento de los ingresos provoca un aumento de la cuota tributaria superior a la mejora salarial obtenida. Para corregir esta situación, el Ejecutivo establece una reducción gradual de la deducción que alcanza a los rendimientos del trabajo inferiores a 23.171,89 euros anuales. En este tramo, la deducción máxima de 1.033,58 euros se reduce progresivamente en función de la diferencia entre el salario percibido y los 18.004 euros del SMI. En concreto, al incremento salarial que supere esa cuantía se le aplica un coeficiente de 0,2, cuyo resultado se resta de la deducción máxima. Así, cuanto mayor sea la retribución por encima del salario mínimo, menor será el beneficio fiscal, hasta desaparecer al alcanzar el límite establecido. Este mismo sistema deberá tenerse en cuenta al calcular las retenciones mensuales de las nóminas. Por otra parte, el real decreto ley actualiza las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas de régimen común y las entidades locales. El BOE advierte de que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado habría mantenido estas transferencias en los niveles de 2023 si no se hubiera aprobado esta revisión. Esta situación podría haber generado dificultades de liquidez en las administraciones territoriales y comprometido la financiación de servicios públicos esenciales, como la sanidad y la atención a la dependencia. Para evitarlo, el Ejecutivo ha recalculado los anticipos tomando como referencia las nuevas previsiones de ingresos tributarios para 2027. Hacienda estima una recaudación de 160.794 millones de euros por IRPF y de 111.429 millones por IVA, además de los ingresos procedentes de otros impuestos que intervienen en la determinación de las transferencias. El decreto incorpora igualmente una mayor flexibilidad para las comunidades autónomas que cierren 2026 con superávit presupuestario. Estas podrán utilizar los recursos obtenidos para financiar inversiones financieramente sostenibles durante 2027 y 2028, siempre que mantengan el equilibrio presupuestario en el ejercicio en el que realicen las inversiones y hayan cumplido los plazos legales de pago a proveedores.

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(La Vanguardia, 19-11-2026) | Fiscal

La empresa familiar pide construir más vivienda y revisar la fiscalidad en los negocios

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF), organización que representa a un centenar de las principales empresas familiares españolas, entre ellas Mercadona, Santander, Iberostar, Acciona, Barceló y Puig, ha trasladado a los partidos políticos un decálogo con las cuestiones que considera prioritarias para la próxima legislatura. La entidad reclama que el futuro Gobierno aborde estos desafíos con una perspectiva de largo plazo, objetivos realistas y ambiciosos y capacidad para alcanzar acuerdos. También pide superar la polarización política y favorecer un debate riguroso que permita responder a las principales necesidades económicas y sociales del país. En ese decálogo se encuentran la demografía, la salud, la educación, la tecnología, la vivienda, la cohesión territorial, las infraestructuras, energía y agua, la competitividad, el entorno empresarial y la política exterior. Entre las medidas concretas destaca la propuesta para construir más viviendas o la petición de revisar la política fiscal vinculada a la actividad empresarial.  El Instituto plantea para cada uno de los diez temas un diagnóstico de la situación y una serie de cuestiones principales abiertas a todas las fuerzas que aspiran a representar la voluntad popular. "El objetivo es estimular un debate sereno y riguroso, propio de una sociedad democrática madura como la española, y propiciar un intercambio de opiniones fundadas que ayude a los ciudadanos a tomar sus decisiones desde la reflexión", señala el IEF en un comunicado.  Una de las primeras cuestiones que plantea es la evolución demográfica y el descenso de la natalidad. El IEF advierte de que España se encuentra entre los países con menores tasas de nacimientos del mundo y considera que el progresivo envejecimiento de la población incrementará la presión sobre el sistema de pensiones, la sanidad y los servicios sociales. A ello se suma una creciente brecha entre generaciones, tanto en términos de valores como de acceso a la vivienda y oportunidades económicas. La organización considera que la inmigración constituye una respuesta necesaria ante este escenario, aunque defiende que debe acompañarse de un modelo de integración definido. A su juicio, resulta imprescindible impulsar políticas que afronten conjuntamente la baja natalidad, el envejecimiento y los retos migratorios para evitar que los desequilibrios demográficos se agraven. La sanidad pública constituye otro de los ámbitos que requieren atención prioritaria. El documento señala las deficiencias del sistema, entre ellas el aumento de las listas de espera, la saturación de los servicios de urgencias, la falta de profesionales especializados y las diferencias territoriales en el acceso a la asistencia. El envejecimiento de la población agravará estas dificultades, mientras que la salud mental y la atención a las personas dependientes representan desafíos cada vez más importantes desde el punto de vista social y económico. El IEF también incorpora a sus propuestas dos cuestiones centrales de la campaña electoral: el acceso a la vivienda y el estado de las infraestructuras. Sobre el mercado residencial, considera que la dificultad para acceder a una vivienda condiciona las decisiones personales y reduce la renta disponible de los ciudadanos. La organización defiende que la solución pasa por incrementar de forma sustancial la oferta de nuevas construcciones, para lo que será necesario disponer de más suelo urbanizable, agilizar los procedimientos administrativos y facilitar la movilización de capital e inversiones. Asimismo, plantea recuperar las viviendas que actualmente están fuera del mercado del alquiler y adoptar medidas proporcionadas para atender las situaciones de vulnerabilidad. En materia de infraestructuras, la organización empresarial reclama una revisión de las redes ferroviarias y viarias, cuya importancia considera determinante para la cohesión territorial y la competitividad económica. Los recientes accidentes en la alta velocidad han puesto de manifiesto, según el documento, la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en el transporte ferroviario. Sin embargo, sus demandas no se limitan a este servicio. El IEF destaca también el papel de los trenes de cercanías en los desplazamientos cotidianos de las grandes áreas metropolitanas y en el desarrollo de políticas de vivienda eficaces. Además, considera que el transporte ferroviario de mercancías sigue siendo una de las principales carencias del sistema de infraestructuras español y un factor que limita la competitividad empresarial. La inteligencia artificial y el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas constituyen otro de los asuntos incluidos en el decálogo. La expansión de esta tecnología y la creciente demanda de centros de datos llevan al IEF a reclamar una estrategia nacional que contemple tanto el desarrollo de infraestructuras, especialmente en los ámbitos de los datos y la energía, como la formación de profesionales en todos los niveles. También propone establecer una regulación adecuada de los derechos digitales y desarrollar iniciativas para atraer talento internacional. La entidad considera que España tiene ante sí una oportunidad importante, pero advierte del riesgo de perder posiciones si no se adoptan decisiones a tiempo. Esta reivindicación coincide con los trabajos del Gobierno para aprobar una regulación más exigente sobre la implantación de centros de datos. El decreto que prepara el Ejecutivo contempla tres condiciones principales para las empresas promotoras: que al menos el 80% de su consumo eléctrico esté respaldado por fuentes renovables, que cumplan los requisitos de eficiencia energética e hídrica y que garanticen la soberanía digital de los datos. Estas instalaciones están generando un creciente debate internacional por sus elevadas necesidades de electricidad y agua. Un estudio reciente publicado en la revista científica Nature apunta que el consumo energético de los centros de datos estadounidenses ya equivale al de Chile, un país con unos 20 millones de habitantes.

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(Expansión, 19-11-2026) | Laboral

Las nóminas de unos 130.000 funcionarios tendrán una subida más aparte del alza salarial aprobada por el Gobierno para 2027

Unos 130.000 empleados públicos destinados en territorios extrapeninsulares, como Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán, percibirán hasta 50 euros más al mes por el complemento de residencia a partir de enero de 2027. El incremento, aprobado por el Gobierno, será del 4,5%, en línea con la revalorización salarial prevista para el conjunto de los trabajadores del sector público. Además, continúa pendiente la actualización de las dietas y los gastos de kilometraje, cuya revisión debería completarse antes de finalizar este año. La subida del complemento de residencia se suma al aumento de las retribuciones generales de los empleados públicos y beneficiará a quienes trabajan en destinos con condiciones geográficas especiales o afectados por la insularidad. Las cuantías mensuales de esta indemnización pasarán a situarse entre 33 y 1.152 euros brutos, dependiendo del lugar de destino y de la categoría profesional. El Real Decreto-ley 37/2026, publicado en el BOE el 18 de noviembre y en vigor desde el día siguiente, recoge tanto el incremento retributivo general del 4,5% previsto para 2027 como la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal. La medida se enmarca en el acuerdo plurianual alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF. Esta actualización también constituye una referencia para las administraciones autonómicas y locales, que deberán adaptar sus correspondientes compensaciones por insularidad y destino especial. En este ámbito, cabe recordar que el pasado julio se aprobó la equiparación del complemento de residencia del personal estatal destinado en Baleares con el establecido para Canarias. Sin embargo, la revisión de las indemnizaciones por residencia no supone que también se hayan actualizado automáticamente las compensaciones por razón del servicio. El Gobierno mantiene pendiente la modificación de las dietas y los gastos de desplazamiento y kilometraje que perciben los empleados públicos cuando viajan por motivos laborales, con independencia de su lugar de residencia o destino. Los trámites para revisar estas cantidades continúan abiertos y el objetivo es que la actualización pueda aprobarse antes del 31 de diciembre de 2026. Ambos conceptos responden a finalidades diferentes. La indemnización por residencia pretende compensar los sobrecostes asociados a trabajar en determinados territorios, mientras que las indemnizaciones por razón del servicio cubren los gastos extraordinarios ocasionados por desplazamientos vinculados al desempeño de funciones públicas. Estas últimas están reguladas por el Real Decreto 462/2002 e incluyen dietas de manutención, alojamiento, transporte y otros gastos derivados de comisiones de servicio o traslados. Frente al incremento salarial general, que afecta a unos 3,5 millones de empleados públicos, la subida del complemento de residencia se dirige a un colectivo mucho más reducido, estimado en aproximadamente 130.000 trabajadores de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y otros servicios públicos. Entre los territorios incluidos figuran Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán. También existen complementos específicos para el personal destinado en el extranjero, aunque sus condiciones económicas se regulan mediante disposiciones propias del servicio exterior y no se corresponden directamente con las indemnizaciones por residencia aplicables a los destinos dentro de España. El Ejecutivo ya había anunciado en septiembre su intención de revisar estas compensaciones en el marco del diálogo con los sindicatos. La aprobación del incremento del 4,5% para las indemnizaciones por residencia supone un primer avance, aunque las organizaciones sindicales insisten en que también debe materializarse la actualización de las compensaciones por desplazamiento. CSIF ha reclamado que ambas revisiones estén aprobadas antes de que termine 2026, tal como recoge el acuerdo marco. El sindicato considera que la medida resulta especialmente necesaria ante las dificultades que afrontan algunos empleados públicos para mantener sus destinos, debido al elevado coste de la vivienda en determinados territorios. Según la organización, esta situación está llevando incluso a algunos trabajadores a renunciar a sus plazas. El Ministerio trasladó su voluntad de cumplir el calendario previsto. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ya había confirmado en septiembre que el Gobierno abordaría la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio para el conjunto del personal estatal. Sus declaraciones se produjeron después de que en julio se aprobara la revisión del complemento de residencia de 11.176 empleados de la Administración General del Estado destinados en Baleares, con el objetivo de equiparar sus condiciones a las del personal destinado en Canarias. Desde el punto de vista retributivo, el complemento de residencia tiene naturaleza indemnizatoria y no forma parte del salario base ni de las pagas extraordinarias. Su importe está vinculado al destino geográfico y la subida aprobada del 4,5% se aplicará directamente a las cuantías correspondientes a la Administración General del Estado, mientras que servirá de referencia para las actualizaciones que deban realizar las comunidades autónomas y las entidades locales.

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(Expansión, 19-11-2026) | Laboral

Los trabajadores tendrán derecho a solicitar información para conocer las retribuciones medias de compañeros que realicen el mismo trabajo

El Gobierno ha incorporado una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que permitirá resolver contratos y concesiones públicas cuando las empresas adjudicatarias incumplan sus obligaciones en materia de igualdad retributiva y transparencia salarial entre mujeres y hombres. La reforma forma parte del Real Decreto-ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para transponer dos directivas europeas en el ámbito laboral. Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la nueva regulación entrará en vigor este jueves. La modificación no fue mencionada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo, por lo que su inclusión en la norma sorprendió al ámbito empresarial. El cambio afecta al artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público y establece que los órganos de contratación deberán garantizar que las empresas contratistas y subcontratistas respeten, durante la ejecución de los contratos y concesiones, el principio de igualdad salarial entre mujeres y hombres por la realización del mismo trabajo o de funciones de igual valor. Esta obligación comprende también el cumplimiento de las exigencias de transparencia retributiva que resulten aplicables. Además, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán incorporar sanciones económicas proporcionales para los casos de incumplimiento. Cuando concurran las circunstancias previstas en la norma, podrá iniciarse de oficio el procedimiento para resolver el contrato o a solicitud de la representación legal de los trabajadores de la empresa adjudicataria. Antes de adoptar una decisión, será obligatorio dar audiencia a dicha representación. La resolución contractual podrá plantearse cuando se produzca un incumplimiento grave de las obligaciones de igualdad retributiva y exista una resolución administrativa o judicial firme que haya acreditado discriminación salarial por razón de sexo entre los trabajadores que participan en la ejecución del contrato. También podrá aplicarse cuando la empresa incumpla de forma reiterada sus obligaciones de transparencia salarial, siempre que el órgano de contratación haya constatado previamente las irregularidades y requerido su subsanación sin que la compañía haya atendido el requerimiento dentro del plazo establecido. El Real Decreto-ley incorpora asimismo nuevas obligaciones de información salarial para las empresas. Los trabajadores podrán solicitar información sobre su propia remuneración y sobre las retribuciones medias de las personas que desempeñen el mismo trabajo o uno de igual valor, con los datos desglosados por sexo. La información deberá detallar tanto el salario base como cada uno de los complementos salariales y extrasalariales percibidos. Las compañías estarán obligadas a responder por escrito a estas solicitudes en un plazo máximo de dos meses. Las empresas también deberán comunicar anualmente a sus plantillas que tienen derecho a acceder a esta información. Esta posibilidad se extiende a quienes hayan dejado de trabajar en la compañía, siempre que soliciten los datos correspondientes al periodo durante el que estuvieron vinculados a ella y presenten la petición dentro del año siguiente a la finalización de la relación laboral. Durante la presentación de la reforma, Yolanda Díaz destacó que uno de sus objetivos es acabar con el secreto salarial en las empresas y facilitar que los trabajadores puedan conocer las diferencias retributivas existentes dentro de sus organizaciones. La nueva regulación introduce además cambios en otras condiciones de trabajo. Entre ellos, establece que las empresas no podrán impedir ni limitar que sus empleados presten servicios para otras compañías, salvo que exista un pacto de plena dedicación acompañado de la correspondiente compensación económica. También reconoce la posibilidad de que los trabajadores soliciten modalidades de empleo más estables cuando surjan oportunidades de promoción profesional dentro de la empresa. En cuanto al periodo de prueba, la norma fija una duración máxima de seis meses para los trabajadores con la condición de técnicos titulados y de dos meses para el resto de la plantilla. No obstante, en las empresas con menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba para quienes no sean técnicos titulados no podrá superar los tres meses.

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(Expansión, 19-11-2026) | Laboral

Solo el 27% de los trabajadores españoles declara sentir una alegría alta en el trabajo

La satisfacción laboral sigue siendo una asignatura pendiente para buena parte de los trabajadores españoles. La mitad de los profesionales asegura experimentar un nivel medio de alegría en su puesto de trabajo, mientras que un 23% reconoce que es bajo. Solo el 27% afirma disfrutar de un nivel alto de bienestar en su entorno laboral. Estos son algunos de los resultados del Global Workplace Joy Index, el primer estudio que analiza la alegría en el trabajo a partir de las respuestas de 17.450 profesionales y 8.920 responsables de Recursos Humanos de 27 países. España obtiene una puntuación de 63 sobre 100, en línea con el promedio internacional y con los resultados de otros países europeos. El informe, elaborado por Edenred, multinacional especializada en beneficios sociales, retribución flexible y movilidad profesional, analiza distintos aspectos de la experiencia laboral, como el orgullo de pertenencia, el sentido del trabajo, las relaciones personales, el reconocimiento, el compromiso y las sensaciones de cansancio o frustración. Antoine Blanc, director general de Edenred España, explica que la alegría en el trabajo no depende únicamente de la satisfacción con el puesto o de las condiciones económicas, sino también de las experiencias cotidianas, las relaciones con los compañeros, el reconocimiento recibido y la percepción de que la actividad profesional tiene un propósito. El estudio pretende identificar qué elementos favorecen que los trabajadores disfruten de su actividad profesional. Una persona puede estar conforme con su salario y contar con estabilidad laboral, pero sentirse poco valorada, desmotivada o emocionalmente agotada. Por ello, el compromiso de los equipos no depende exclusivamente de las condiciones que ofrece una empresa, sino también de cómo se sienten sus trabajadores dentro de la organización. Entre los factores que pueden contribuir al bienestar figuran los beneficios sociales, como los seguros médicos, las ayudas al transporte, los cheques guardería o los vales de comida. No obstante, el acceso a estas prestaciones no garantiza por sí mismo una mayor satisfacción. Su impacto depende de que respondan a necesidades reales y contribuyan a mejorar la situación económica, facilitar la conciliación o impulsar el desarrollo personal y profesional. Blanc advierte, además, de que estas ventajas no deben utilizarse como sustituto de una remuneración adecuada y competitiva. El salario continúa siendo un elemento esencial, al que pueden añadirse beneficios que aporten valor a la vida cotidiana de los empleados. Otra de las conclusiones del informe apunta a la distancia que todavía existe entre las iniciativas de bienestar promovidas por las empresas y la percepción que tienen los trabajadores sobre ellas. En este contexto, el reconocimiento profesional aparece como un factor especialmente relevante. En España, quienes reciben al menos una muestra de reconocimiento al mes manifiestan una percepción de mejora de su productividad 21 puntos porcentuales superior a la de aquellos que no reciben ningún reconocimiento. El responsable de Edenred España considera que acciones como escuchar a los trabajadores, agradecer su esfuerzo y valorar los resultados obtenidos pueden influir de manera significativa en su experiencia profesional. A su juicio, el bienestar debe incorporarse a las decisiones habituales de las empresas y no limitarse a iniciativas puntuales o declaraciones de intenciones. En este proceso, los responsables de los equipos desempeñan un papel determinante. Blanc identifica tres aspectos fundamentales en el liderazgo: escuchar a los profesionales y ofrecerles espacios de confianza para expresar sus inquietudes; reconocer el esfuerzo y los logros mediante agradecimientos concretos, y actuar como ejemplo en cuestiones como la conciliación, la desconexión digital y el respeto al tiempo personal. El directivo, que dirige una plantilla de 135 trabajadores en Edenred España, defiende también la importancia de proporcionar autonomía, facilitar oportunidades de desarrollo y explicar a cada profesional cómo contribuye su actividad a los objetivos generales de la organización. El propósito es crear unas condiciones que permitan alcanzar los resultados empresariales sin comprometer el bienestar de los equipos. En la clasificación internacional, India ocupa la primera posición, con una puntuación de 73 puntos sobre 100. México y Perú aparecen a continuación, ambos con 72 puntos, mientras que Japón cierra la lista con 47. El estudio observa que los mercados de economías emergentes, especialmente en América Latina, suelen registrar mayores niveles de alegría laboral. Por su parte, la mayoría de los países europeos se sitúan en posiciones intermedias, un comportamiento que también refleja el resultado obtenido por España.

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(El País, 19-11-2026) | Laboral

El Gobierno entierra el registro horario pese a las promesas de aprobarlo antes de las elecciones

La aprobación del nuevo registro horario digital difícilmente llegará antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Pese a que Yolanda Díaz mantiene su intención de sacar adelante la reforma antes de que termine la legislatura, fuentes de Moncloa aseguran que el Gobierno no tiene previsto llevarla al Consejo de Ministros en las dos reuniones que quedan. El PSOE ha incorporado esta medida a su programa electoral, pero su aplicación queda aplazada a la próxima legislatura, siempre que los socialistas consigan reeditar una mayoría progresista. El proyecto de reforzar el control de la jornada laboral cobró protagonismo después de que el Congreso rechazara, el 10 de septiembre de 2025, la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales, una de las principales propuestas del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Tras aquella votación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que intentaría sacar adelante mediante decreto la parte de la reforma que permitía endurecer el registro horario. Desde su departamento defendían que un control digital efectivo, supervisado por la Inspección de Trabajo, podía contribuir a reducir las horas realmente trabajadas incluso más que una reducción legal de la jornada. Catorce meses después, la iniciativa continúa bloqueada por las discrepancias dentro del Ejecutivo. El programa electoral del PSOE recoge el compromiso de implantar un registro horario digital que refleje las jornadas efectivamente realizadas, garantice el derecho al descanso y a la desconexión digital y refuerce la Inspección de Trabajo para perseguir los incumplimientos. Díaz aprovechó la publicación de este documento para reclamar su aprobación inmediata y recordó que el texto normativo está preparado. También acusó a los socialistas de obstaculizar su tramitación y aseguró que podría aprobarse incluso este viernes si existiera voluntad política. Sin embargo, desde Moncloa insisten en que no está previsto someter la medida a aprobación antes de los comicios. La posición del PSOE es que se trata de un compromiso para la siguiente legislatura, mientras que la titular de Trabajo sigue defendiendo que todavía existe margen para sacarlo adelante antes de finalizar el mandato. Las diferencias entre Díaz y el área económica del Gobierno vienen de lejos. Uno de los principales obstáculos surgió en marzo, cuando el Consejo de Estado emitió un dictamen muy crítico con el proyecto. El órgano consultivo cuestionó su adaptación a las particularidades de los distintos sectores, la carga administrativa adicional que supondría para las pequeñas y medianas empresas y la utilización de un reglamento para introducir cuestiones que, a su juicio, requerirían una modificación legislativa. También los departamentos de Economía, Función Pública y Protección de Datos formularon objeciones a distintos aspectos de la propuesta. La ministra de Trabajo rechazó entonces las críticas y defendió la continuidad de la reforma, atribuyendo buena parte de las objeciones al análisis realizado por el Ministerio de Economía. En aquel momento aseguró que seguiría adelante con el nuevo registro horario, aunque posteriormente el tono del enfrentamiento se moderó. En julio, los ministerios de Economía y Trabajo anunciaron un entendimiento para intentar aprobar la reforma en septiembre. El compromiso pretendía responder también a las exigencias de los sindicatos, que habían advertido de que no continuarían negociando con el Ejecutivo si la iniciativa volvía a quedar aplazada. Sin embargo, el plazo tampoco se cumplió y el Gobierno volvió a retrasar su aprobación. Díaz no responsabilizó entonces públicamente al PSOE y retomó sus críticas este lunes, después de anunciar que retiraba su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo. El registro horario es obligatorio desde 2019, pero actualmente puede realizarse tanto en soporte digital como en papel. La reforma impulsada por Trabajo pretende que el sistema sea exclusivamente digital y que la Inspección pueda acceder directamente a los registros para comprobar en tiempo real el cumplimiento de la jornada laboral. El departamento de Díaz había anunciado que introduciría algunos ajustes técnicos para responder a las observaciones del Consejo de Estado sin alterar el contenido esencial del acuerdo alcanzado con los sindicatos. Entre las cuestiones pendientes figuraba el plazo de adaptación para las empresas: Trabajo defendía un periodo de seis meses, mientras que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, proponía ampliarlo a un año para las pymes. La patronal mantiene su rechazo al proyecto y comparte algunas de las objeciones planteadas por el Consejo de Estado. Considera que la reforma invade competencias legislativas y que debería debatirse en el Parlamento. Por este motivo, ha advertido de que recurrirá a los tribunales si el decreto se aprueba en los términos actuales. La propuesta, además, se ha alejado de su planteamiento inicial, que contemplaba incrementar las sanciones empresariales y calcularlas por cada trabajador afectado, en lugar de imponer una única multa por compañía. Esta modificación terminó descartándose al requerir respaldo legislativo. El debate sobre el control de la jornada cobra especial relevancia por el volumen de horas extraordinarias que se realizan en España. Según los cálculos del gabinete económico de CC OO a partir de la Encuesta de Población Activa, los asalariados trabajan una media de 6,43 millones de horas extraordinarias cada semana. De ellas, 2,54 millones, cerca del 40%, no reciben compensación, mientras que las 3,89 millones restantes sí son retribuidas o compensadas.

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(Cinco Días, 18-11-2026) | Fiscal

El Gobierno elimina las retenciones del IRPF al salario mínimo para que la subida llegue íntegra desde enero

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno incorpora un cambio en su tratamiento fiscal para evitar que los trabajadores tengan que esperar a la declaración de la renta del ejercicio siguiente para recuperar las cantidades retenidas en sus nóminas. Además del incremento salarial y de la nueva deducción en el IRPF para garantizar que sus perceptores no tributen, el Ejecutivo modificará el reglamento del impuesto para suprimir directamente las retenciones mensuales. De esta forma, quienes cobren el nuevo salario mínimo recibirán íntegramente el aumento desde enero de 2027. Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Arcadi España, tras el Consejo de Ministros que ha aprobado estas medidas y la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y entidades locales. El ministro ha explicado que la modificación reglamentaria garantizará que los perceptores del SMI no soporten retenciones en sus nóminas desde el comienzo del próximo año. Según las estimaciones de Hacienda, el ajuste fiscal beneficiará a 2,7 millones de contribuyentes y tendrá un coste de 1.200 millones de euros anuales. Hasta ahora, el mecanismo diseñado por el Gobierno permitía compensar mediante una deducción en la declaración de la renta las cantidades que los trabajadores habían adelantado a Hacienda a través de las retenciones mensuales. Aunque finalmente estos contribuyentes no tuvieran que pagar el impuesto, debían esperar a la campaña del IRPF del año siguiente para recuperar el dinero descontado de sus salarios. La nueva regulación elimina este desfase y permite aplicar el beneficio fiscal directamente en la nómina. Para ello, Hacienda elevará hasta 1.033,58 euros la deducción correspondiente a los trabajadores que perciban los 18.004 euros anuales del nuevo SMI. Con esta cuantía, la cuota del IRPF quedará reducida a cero para quienes tengan unos ingresos equivalentes al salario mínimo. La medida también alcanzará a los trabajadores con retribuciones ligeramente superiores, con el propósito de evitar el denominado error de salto, que se produce cuando un pequeño aumento salarial genera un incremento desproporcionado de la carga tributaria. La deducción se irá reduciendo de forma gradual a partir del nuevo SMI hasta desaparecer para los contribuyentes cuyos rendimientos del trabajo alcancen los 23.172 euros anuales. La decisión modifica el sistema aplicado durante los últimos ejercicios. Hasta ahora, los trabajadores que cobraban el salario mínimo y no podían beneficiarse de determinadas reducciones por circunstancias familiares, principalmente las personas solteras sin hijos, soportaban retenciones mensuales que posteriormente recuperaban mediante la deducción en la declaración de la renta. Con el nuevo procedimiento, la adaptación fiscal tendrá efecto directamente en las nóminas, evitando que estos empleados tengan que anticipar parte de sus ingresos a la Agencia Tributaria. El real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros incluye también la actualización de las entregas a cuenta correspondientes a 2027, es decir, los anticipos que reciben las comunidades autónomas y las entidades locales con cargo a los recursos del sistema de financiación, que posteriormente se regularizan en función de la recaudación efectiva. Entre la liquidación del sistema y los pagos anticipados, las comunidades autónomas dispondrán de 185.593 millones de euros, un 9,1% más que en 2026. El ministro ha destacado que estos recursos permiten financiar servicios públicos esenciales, como la atención a la dependencia, la educación y la sanidad, y ha defendido que su incremento contribuye a garantizar la sostenibilidad financiera del Estado del bienestar. Por su parte, las entidades locales recibirán 33.773 millones de euros durante el próximo ejercicio, lo que representa un aumento del 11,5% respecto al año anterior. Hacienda atribuye el crecimiento de estos recursos a la evolución favorable de la economía española y del mercado laboral, que está impulsando los ingresos tributarios.

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(Expansión, 18-11-2026) | Fiscal

El Consejo Europeo acuerda eliminar el límite de 150 euros en la ventanilla única fiscal

El Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para modificar el sistema de tributación de las ventas por internet de productos procedentes de países extracomunitarios. La reforma pretende reforzar el control sobre la recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), combatir el fraude fiscal en las operaciones transfronterizas y reducir los trámites administrativos para las empresas y las autoridades aduaneras. El acuerdo introduce cambios importantes en el funcionamiento del sistema aduanero europeo. El ministro de Finanzas de Irlanda, Simon Harris, que ha dirigido las negociaciones, ha destacado que las nuevas medidas completan una profunda revisión del modelo actual. A su juicio, permitirán simplificar los procedimientos para los proveedores y las aduanas, al tiempo que mejorarán la recaudación de los ingresos públicos. Una de las principales novedades afecta a la Ventanilla Única de Importación (IOSS, por sus siglas en inglés), el mecanismo que permite a los operadores de terceros países declarar el IVA de sus ventas a consumidores de la UE mediante un único registro en un Estado miembro. Hasta ahora, este sistema estaba limitado a los envíos cuyo valor no superaba los 150 euros. Con la nueva regulación desaparece ese umbral y el IOSS podrá utilizarse para las mercancías con independencia de su valor. De esta manera, las empresas podrán gestionar las operaciones de mayor importe mediante un procedimiento común, con menos obligaciones burocráticas y mayores facilidades para los controles aduaneros. El alcance de la reforma también se extiende a las ventas de productos que se encuentren almacenados en depósitos aduaneros dentro de la Unión Europea antes de su distribución al consumidor final. Se trata de una práctica habitual entre las grandes plataformas digitales, que mantienen existencias de mercancías en territorio comunitario para agilizar las entregas. El cambio más relevante para los consumidores llegará el 1 de julio de 2028, fecha prevista para la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Datos Aduaneros de la UE. A partir de entonces, las plataformas de comercio electrónico establecidas fuera de la Unión tendrán la consideración de «proveedores presuntos» en las ventas de mercancías destinadas a compradores europeos. Esta figura jurídica hará que las propias plataformas asuman la responsabilidad de recaudar el IVA y los derechos arancelarios correspondientes a las operaciones y de ingresar las cantidades en las arcas públicas. De este modo, dejarán de limitarse a actuar como intermediarias y pasarán a asumir directamente las obligaciones tributarias vinculadas a las ventas. Para los consumidores, el nuevo modelo pretende aportar mayor transparencia en los precios y evitar los recargos que pueden aparecer cuando reciben sus pedidos. El importe que se muestre durante el proceso de compra deberá contemplar los impuestos aplicables, de manera que no se produzcan cargos adicionales inesperados en el momento de la entrega. El acuerdo será trasladado ahora al Parlamento Europeo para su consulta, antes de que el Consejo complete el procedimiento de adopción formal. La reforma busca reforzar los mecanismos de control sobre las importaciones, reducir la evasión fiscal y mejorar la supervisión de los productos que acceden al mercado comunitario.

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(Expansión, 18-11-2026) | Fiscal

España cerró 2025 como uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los que más aumentó la presión fiscal

La presión fiscal en España aumentó nueve décimas en 2025, hasta situarse en el 38,1% del PIB, frente al 37,2% registrado el año anterior. Según los últimos datos de Eurostat, publicados el 29 de octubre de 2026, este incremento coloca a España entre los países de la Unión Europea donde más creció el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales netas sobre la economía. Solo Alemania, con una subida de 1,1 puntos, registró un avance superior, mientras que Francia igualó el incremento español en términos redondeados. La evolución española se enmarca en una tendencia al alza en buena parte de Europa. La presión fiscal aumentó en 19 Estados miembros de la UE y también en Suiza. Eurostat atribuye este comportamiento a que los ingresos tributarios y las cotizaciones sociales crecieron a mayor velocidad que el PIB nominal. En el conjunto de la Unión, la recaudación alcanzó los 7,686 billones de euros, un 5,5% más que en 2024, lo que supone 401.000 millones adicionales y representa el 87,9% del total de los ingresos públicos. Desde 1995, únicamente se habían registrado descensos en 2009, durante la crisis financiera, y en 2020, como consecuencia de la pandemia. Pese al notable incremento, España continúa por debajo de los promedios europeos. En la UE, la presión fiscal pasó del 40,2% al 40,7% del PIB, medio punto más que en 2024. En la eurozona, el aumento fue de seis décimas, hasta alcanzar el 41,3%, después de que los ingresos tributarios sumaran 327.000 millones de euros adicionales y llegaran a los 6,558 billones. Las diferencias entre países siguen siendo considerables. Francia encabezó la clasificación comunitaria, con una presión fiscal del 46% del PIB, seguida de Bélgica (44,7%), Dinamarca (44,3%) y Austria (43,9%). También superaron el 42% Italia (43%), Finlandia (42,5%) y Luxemburgo (42,2%). En el extremo contrario se situaron Irlanda, con el 22,7%, Rumanía (29,3%), Malta (30,3%) y Bulgaria (30,6%). Suiza, por su parte, registró una ratio del 27,1%. Aunque todos los países europeos incrementaron sus ingresos tributarios en términos absolutos, los mayores avances correspondieron a Rumanía (10,5%), Bulgaria (10,4%) y Malta (9,4%). Sin embargo, ocho países redujeron su presión fiscal en relación con el PIB. Los descensos más destacados se produjeron en Suecia, cuya ratio bajó del 41,8% al 41,2%; Letonia, del 34,9% al 34,2%, y Bélgica, del 45,2% al 44,7%. Los datos de Eurostat también permiten comparar la composición de los ingresos tributarios. En los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los que destaca el IVA, España mantiene un peso relativamente reducido. Esta categoría representó el 11,5% del PIB español, una de las ratios más bajas de la UE, en la que el promedio se situó en el 12,9%. Luxemburgo y Países Bajos registraron el mismo porcentaje que España, mientras que únicamente Irlanda (6,3%), Malta (9,9%), Alemania (10,3%), Chequia (10,9%) y Rumanía (11,2%) presentaron valores inferiores. En el lado opuesto destacó Suecia, con un 20,8%. En cuanto a los impuestos sobre el capital, la recaudación española equivalió al 0,4% del PIB, el mismo porcentaje que Países Bajos y Finlandia. La media comunitaria fue del 0,3%, mientras que Francia y Bélgica alcanzaron el 0,7%. Otra de las particularidades del sistema tributario español es el reparto de los ingresos entre las distintas administraciones. España figura, junto con Alemania, Bélgica y Austria, entre los cuatro países de la UE que cuentan con un subsector regional con capacidad recaudatoria propia. En 2025, las comunidades autónomas concentraron el 16,6% de los ingresos tributarios nacionales, una proporción únicamente superada por los estados federados alemanes, que reunieron el 24,2%. Las regiones belgas representaron el 13,1% y los estados federados austriacos, el 2%. Por su parte, la Administración central española gestionó el 42,7% de la recaudación, la tercera proporción más baja de la UE, por detrás de Alemania (26,4%) y Francia (33,3%). Esta participación se situó por debajo de la media comunitaria, del 46,3%. El resto de los ingresos se distribuyó entre los fondos de la Seguridad Social, con el 35,9%; los gobiernos locales, con el 9,6%; las administraciones regionales, con el 7,8%, y las instituciones europeas, con el 0,4%. En el conjunto de la UE, los resultados de 2025 confirman la recuperación de la presión fiscal iniciada en 2024, después de los retrocesos registrados en 2022 y 2023, en un contexto marcado por la inflación energética y la aplicación de medidas fiscales temporales. El principal impulso procedió de las cotizaciones sociales netas, cuyo peso pasó del 13,9% al 14,3% del PIB. También aumentó ligeramente la recaudación por impuestos sobre la renta y el patrimonio, hasta el 13,2%, mientras que la tributación indirecta permaneció estable. A pesar de esta recuperación, la presión fiscal europea todavía se encuentra cinco décimas por debajo del máximo del 41,2% alcanzado en 2021. Con este resultado, España redujo parcialmente la distancia respecto a la media comunitaria, después de registrar uno de los mayores incrementos de la UE, a la espera de conocer los datos correspondientes a 2026.

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