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(Expansión, 28-05-2026) | Fiscal

Mañana ya se puede pedir cita previa para recibir atención presencial en oficinas

La Agencia Tributaria abre este viernes 29 de mayo el plazo para solicitar cita previa con el fin de recibir atención presencial en las oficinas de Hacienda. El periodo para pedir cita estará disponible hasta el 29 de junio, mientras que la asistencia presencial comenzará el lunes 1 de junio y se prolongará hasta el 30 de junio, fecha en la que concluye la campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal de 2025. Los contribuyentes que deseen ser atendidos, tanto por teléfono como de forma presencial, deberán reservar cita previa a través de Internet, mediante la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, o llamando a los teléfonos habilitados para ello hasta el 29 de junio, último día para gestionar estas citas antes del cierre de la campaña. Los números disponibles son los siguientes: Teléfono automático: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 o Servicio de cita para Renta: 91 553 00 71 / 901 22 33 44. Entre el 1 y el 30 de junio, la Agencia Tributaria confeccionará presencialmente las declaraciones de la Renta 2025 en sus oficinas para aquellos contribuyentes que hayan solicitado cita previa. Desde el pasado 8 de abril ya es posible presentar la declaración por Internet. Además, desde el 6 de mayo está operativo el servicio de atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones, conocido como plan "Le Llamamos". Ese mismo día también se puso en marcha un programa especial de asistencia en pequeños municipios. Para solicitar cita, tanto telefónica como presencial, los contribuyentes disponen de un sistema específico en la Sede electrónica y en la aplicación móvil de la Agencia Tributaria, diseñado para facilitar la elección del canal de atención y de las fechas disponibles. La herramienta también permite filtrar oficinas por código postal e informa de la primera cita libre en cada caso. El plazo general de presentación de declaraciones finalizará el 30 de junio, tanto para declaraciones a ingresar como a devolver. No obstante, en el caso de declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria, la fecha límite será el 25 de junio. En esta campaña de la Renta 2025, la Agencia Tributaria calcula que recaudará 24.628 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,4% respecto al ejercicio anterior. Por el contrario, el importe previsto para devoluciones caerá un 3,2%, hasta los 13.271 millones de euros. La previsión total es alcanzar 25.251.000 declaraciones, un 2,1% más que el año pasado, impulsadas principalmente por el aumento del empleo registrado durante 2025, según datos recogidos por Europa Press. Al igual que en campañas anteriores, Hacienda enviará cartas preventivas a contribuyentes que hayan presentado su declaración modificando información previamente facilitada por la Agencia Tributaria. Estos avisos, que también aparecerán en Renta Web y en la aplicación móvil dentro del apartado de seguimiento del expediente, buscan que el contribuyente valore si debe presentar una declaración complementaria ajustada a los datos que obran en poder de la AEAT. La Agencia Tributaria prevé realizar un primer envío de cartas a mediados de mayo y un segundo durante junio, con un total cercano a las 130.000 comunicaciones, que se irán remitiendo conforme los contribuyentes presenten sus declaraciones.

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(Expansión, 28-05-2026) | Fiscal

Madrid aprobará en junio su Ley de Defensa del Contribuyente, que entrará en vigor antes de fin de año

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará previsiblemente el próximo mes el proyecto de Ley de Defensa del Contribuyente, que posteriormente iniciará su tramitación parlamentaria en la Asamblea regional. La iniciativa pretende reforzar la seguridad jurídica, agilizar la relación de los ciudadanos con la Administración tributaria y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Desde hace años, la política económica madrileña se ha apoyado en una estrategia de baja fiscalidad, basada en la idea de que una presión impositiva reducida favorece la inversión, impulsa la actividad económica y contribuye a la creación de riqueza y empleo mediante el aumento de las bases tributarias. Sin embargo, ese modelo, limitado a los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, convive con un sistema fiscal estatal que, según denuncian empresarios y contribuyentes, genera una elevada conflictividad y sitúa al ciudadano en una posición de desventaja frente a la Agencia Tributaria. En este contexto, el Ejecutivo regional avanza en la aprobación de una ley que busca proteger a los contribuyentes madrileños, mejorar la relación con la Administración y evitar situaciones que, a juicio del Gobierno autonómico, puedan derivar en actuaciones desproporcionadas por parte de Hacienda. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya defendió en su momento la necesidad de contar con una normativa capaz de blindar a los ciudadanos frente a posibles excesos administrativos. El proyecto, anunciado inicialmente en mayo de 2023, antes de las elecciones autonómicas que otorgaron a Ayuso la mayoría absoluta, afronta ahora su fase definitiva. Tras superar el periodo de información pública celebrado entre febrero y marzo, el Ejecutivo prevé aprobar el texto en junio y remitirlo a la Asamblea de Madrid con la intención de que entre en vigor antes de que termine el año. La futura ley pretende fomentar una relación más equilibrada entre la Administración tributaria autonómica y los ciudadanos. Entre otras cuestiones, facilitará la corrección de errores cuando no exista mala fe por parte del contribuyente y promoverá un enfoque más orientado al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Uno de los aspectos más novedosos de la norma será la incorporación de mecanismos de cortesía institucional. Entre ellos figura la obligación de que la Administración tributaria madrileña emita disculpas formales cuando una sentencia firme determine que se han vulnerado derechos del contribuyente. Además, también se reconocerá expresamente la colaboración de aquellos ciudadanos que participen en inspecciones que concluyan sin sanción. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, explica que estas medidas buscan reconocer los perjuicios personales y profesionales que pueden ocasionar determinados errores administrativos, especialmente cuando los afectados deben invertir tiempo y recursos en demostrar que la Administración se ha equivocado. La regulación, que únicamente afectará a los tributos cedidos a la Comunidad, persigue que los derechos de los contribuyentes tengan una aplicación efectiva en la práctica. Para ello, el Ejecutivo autonómico plantea un modelo de atención más personalizado, confidencial y gratuito. La norma también contempla la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituirá y reforzará la figura existente hasta ahora. Este nuevo organismo tendrá como misión agilizar la gestión de quejas y reclamaciones relacionadas con retrasos, incidencias telemáticas o problemas en la atención administrativa. Asimismo, se habilitará una carpeta tributaria individualizada que permitirá a cada contribuyente consultar toda su información fiscal y seguir en tiempo real el estado de sus trámites. Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid quiere trasladar un mayor reconocimiento al papel de los contribuyentes en el sostenimiento de los servicios públicos. Rocío Albert sostiene que la Administración debe facilitar al máximo la relación con los ciudadanos y minimizar errores que puedan acabar derivando en reclamaciones, litigios o situaciones de tensión innecesarias.

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(El País, 28-05-2026) | Fiscal

El Gobierno plantea a los agentes sociales extender el escudo anticrisis más allá del 30 de junio

El Gobierno y los agentes sociales han dejado abierta este lunes la posibilidad de ampliar las medidas económicas anticrisis más allá del 30 de junio debido al escenario de elevada incertidumbre internacional y al impacto que el conflicto en Oriente Próximo está teniendo sobre los mercados energéticos. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha encabezado una reunión de alto nivel con representantes empresariales y sindicales para evaluar la situación económica, revisar los efectos de las ayudas aprobadas en marzo y estudiar la continuidad o adaptación del llamado escudo económico si persisten las tensiones inflacionistas en los próximos meses. En el encuentro también ha participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha pedido a las empresas mayores subidas salariales y ha reclamado al Ejecutivo la prolongación del IVA reducido sobre la electricidad, cuya vigencia finaliza previsiblemente la próxima semana. Mientras la patronal apuesta por mantener las medidas actuales, los sindicatos plantean además revisar el salario mínimo interprofesional. La reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Economía, ha contado asimismo con la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz. Por parte de los agentes sociales han asistido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; y los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo. Según fuentes conocedoras del encuentro, el Ejecutivo estudia mantener un esquema similar al aprobado hace tres meses, basado en medidas temporales revisables cada trimestre en función de la evolución de la inflación y del conflicto internacional. No obstante, el Gobierno todavía no ha tomado una decisión definitiva y prevé seguir analizando la situación durante las próximas semanas antes de concretar posibles prórrogas. El paquete de ayudas vigente desde el 20 de marzo incluyó rebajas fiscales aplicadas a la electricidad, el gas y los carburantes, además de apoyos directos a los sectores más afectados por el aumento de los costes energéticos. Algunas de estas medidas comenzaron a retirarse después de que el IPC de abril situara la inflación en el 3,2%, aunque el Ejecutivo continúa vigilando la evolución de los precios para decidir si será necesario reactivar parte de las ayudas cuando expire el plan actual a finales de junio. La reunión se ha celebrado en un contexto marcado por la tensión geopolítica tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero y la posterior respuesta iraní. Aunque en las últimas semanas se ha instalado una tregua frágil, el estrecho de Ormuz continúa parcialmente bloqueado, afectando a una de las principales rutas mundiales de transporte de petróleo y gas. Tanto el Gobierno como los agentes sociales temen que un empeoramiento de la situación termine elevando de nuevo los costes energéticos para familias y empresas y provoque un nuevo repunte inflacionario similar al vivido en 2022. Durante el encuentro, Carlos Cuerpo defendió que las medidas adoptadas hasta ahora han servido para amortiguar buena parte del impacto derivado de la crisis energética. Según datos manejados por el Ministerio de Economía, sin el actual plan de respuesta la inflación de los carburantes habría alcanzado el 28,9% en abril, mientras que las ayudas habrían permitido reducir ese aumento en más de 16 puntos porcentuales y rebajar cerca de un punto la inflación general. Las fuentes ministeriales sostienen que el análisis compartido durante la reunión es que España está resistiendo de forma relativamente positiva el impacto económico del conflicto con Irán y que las medidas del Ejecutivo están ayudando a preservar tanto el poder adquisitivo de los hogares como la competitividad empresarial. En este sentido, el Gobierno considera que la capacidad industrial española en materia de refino, junto a la rapidez de la respuesta económica y la coordinación con Europa, sitúan al país en una posición más favorable que la de otros socios europeos para afrontar los próximos meses. Por su parte, el Ministerio de Trabajo insistió en la necesidad de mantener el IVA reducido de la electricidad en el 10%, frente al regreso previsto al tipo general del 21% a partir del 1 de junio. El departamento que dirige Yolanda Díaz argumenta que el precio del gas ha mostrado una tendencia al alza durante mayo y considera que el tipo reducido debería mantenerse si las tensiones derivadas del conflicto internacional continúan presionando los precios energéticos en los próximos meses.

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(El Economista, 28-05-2026) | Fiscal

Los ingresos por la plusvalía municipal se desploman por la litigiosidad

Los ayuntamientos han sufrido una importante reducción de ingresos por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido popularmente como plusvalía municipal. En 2024, último ejercicio con datos disponibles, los consistorios recaudaron 1.861 millones de euros, lo que representa una caída del 26% respecto a los niveles previos a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2021 que anuló el sistema de cálculo del tributo. Este impuesto grava el aumento del valor del suelo cuando se transmite un inmueble. Así, si un propietario adquirió una vivienda en 2016 y la vende en 2026, el impuesto se calcula aplicando un coeficiente sobre la revalorización experimentada por el terreno durante esos diez años. Hace cinco años, el Tribunal Constitucional invalidó el método utilizado para calcular la plusvalía municipal al considerar que vulneraba el principio de capacidad económica. El sistema obligaba a pagar el impuesto incluso en casos en los que el inmueble se vendía con pérdidas o cuando el suelo no había ganado valor. Desde aquella resolución, los ayuntamientos únicamente pueden exigir el tributo cuando exista una ganancia real en el valor del terreno entre la compra y la venta del inmueble. La decisión judicial provocó un fuerte impacto en las cuentas municipales, ya que numerosos consistorios tuvieron que devolver cantidades cobradas indebidamente, junto con los correspondientes intereses. No obstante, el Constitucional limitó estas devoluciones a los contribuyentes que, a fecha de la sentencia -26 de octubre de 2021-, mantuvieran abiertos recursos administrativos o judiciales relacionados con el impuesto y no contaran todavía con una resolución firme. Antes del fallo, los ayuntamientos recaudaban por este concepto 2.519 millones de euros, cifra correspondiente a 2019, último ejercicio plenamente comparable. En 2020, las operaciones inmobiliarias se redujeron por el impacto de la pandemia y en 2021 la sentencia llegó en el tramo final del año. Tras el cambio normativo, la recaudación cayó hasta 1.421 millones en 2022, para estabilizarse posteriormente en torno a los 1.856 millones en 2023 y los 1.861 millones registrados en 2024. La pérdida de ingresos supone un importante ajuste para las haciendas locales, ya que desde 2014 la recaudación de este impuesto se había mantenido siempre por encima de los 2.000 millones de euros anuales. La plusvalía municipal ocupa actualmente el sexto lugar entre los impuestos que más recursos aportan a los ayuntamientos. Por delante se sitúan el IBI, con 14.104 millones recaudados en 2024; el IRPF, con 7.547 millones; el IVA, con 6.874 millones; el Impuesto sobre Actividades Económicas, con 2.014 millones; y el Impuesto sobre Sociedades, con 1.877 millones. Antes de la sentencia del Constitucional, este tributo ocupaba la cuarta posición en volumen de ingresos. A esta situación se suma la falta de actualización de los coeficientes que deben aplicarse en 2026 para calcular el impuesto. La debilidad parlamentaria del Gobierno ha impedido aprobar los nuevos porcentajes, pese a que desde la sentencia de 2021 es obligatorio revisarlos anualmente mediante una norma con rango de ley. Por ahora, continúan vigentes los coeficientes aprobados para 2025, que oscilan entre el 0,10% y el 0,35%, dependiendo del tiempo durante el cual el propietario haya mantenido el inmueble antes de venderlo. La plusvalía municipal puede calcularse a través de dos métodos: aplicando un porcentaje sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta del inmueble o utilizando el coeficiente sobre el valor catastral del suelo. En la mayoría de los casos, los contribuyentes optan por este segundo sistema por resultar más favorable económicamente. El Ejecutivo trató de incorporar los nuevos coeficientes en el decreto ómnibus aprobado en diciembre, que incluía medidas como la revalorización de las pensiones. Sin embargo, la norma decayó en enero en el Congreso por falta de apoyos parlamentarios y, desde entonces, el Gobierno no ha vuelto a impulsar la actualización mediante otra iniciativa legislativa.

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(Expansión, 28-05-2026) | Laboral

La productividad crece la mitad que el empleo y las horas de trabajo

En un contexto de crecimiento económico sólido y de aumento continuado del empleo, el escaso avance de la productividad sigue siendo uno de los grandes desafíos de la economía española. No obstante, en los últimos años se aprecia un cambio de tendencia que ha permitido compatibilizar el crecimiento del PIB con la creación de puestos de trabajo y cierta mejora de la eficiencia productiva, aunque esta evolución continúa siendo moderada. España registró en el primer trimestre un crecimiento interanual del 3,1%, acompañado de un incremento de la ocupación del 2,4% y de las horas trabajadas del 2,05%. Según el Observatorio de la Productividad y la Competitividad en España, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, el buen comportamiento del mercado laboral explica el 46,7% del crecimiento económico, mientras que la inversión, que avanzó un 5,4% entre enero y marzo, aportó el 25,4% de la expansión del PIB. Los expertos destacan especialmente que el 28% del crecimiento provenga de la mejora de la productividad total de los factores, que aumentó un 0,9% en los tres primeros meses del año. Una cifra muy similar a la productividad por hora trabajada, que creció un 1,04% en ese mismo periodo. Aunque ambos indicadores evolucionan en positivo, su ritmo de crecimiento sigue siendo claramente inferior al registrado por el empleo, las horas trabajadas o el propio PIB. En paralelo, la productividad del capital avanzó un 0,7%, ligeramente por encima del trimestre anterior. Pese a ello, los tres últimos trimestres muestran una cierta desaceleración respecto a la dinámica más favorable observada durante 2024 y en los dos primeros trimestres de 2025, cuando la principal fuente de crecimiento económico fue precisamente la mejora de la eficiencia, que llegó a aportar más del 40% del avance del PIB. Esta moderación en la productividad total de los factores presenta aspectos positivos y otros menos favorables. Por un lado, la economía mantiene una combinación equilibrada entre inversión, creación de empleo -algo especialmente relevante dada la elevada tasa de paro en España- y mejoras graduales de la eficiencia productiva. Sin embargo, el avance de la productividad continúa siendo limitado y existen importantes incertidumbres de cara a los próximos años. Entre ellas destacan la posible subida de los precios energéticos, el riesgo de un repunte de la inflación, una eventual desaceleración de la actividad económica, futuras subidas de tipos de interés o el agotamiento del impulso asociado a los fondos europeos Next Generation. El comportamiento de la productividad también muestra diferencias significativas entre sectores. Las mayores mejoras se registran en las actividades orientadas al mercado y dominadas por empresas privadas. En el primer trimestre de 2026 destacó especialmente la construcción, cuya productividad total aumentó cerca de un 3,1% interanual. El crecimiento fue más moderado en los servicios, con un 1,3%, y en el sector energético, con un 0,6%. Por el contrario, la aportación fue negativa tanto en el sector primario como en la industria manufacturera, con descensos del 4,5% y del 2,1%, respectivamente. Dentro de los servicios persiste además una evolución desigual. La productividad crece con fuerza en actividades como comercio, transporte y hostelería, donde aumenta un 4,3%, y también en información y comunicaciones, con un avance del 5,9%. En cambio, otros ámbitos presentan retrocesos, como las actividades financieras y de seguros, las inmobiliarias o los servicios vinculados a la Administración Pública, educación y sanidad. Los autores del informe subrayan que el crecimiento económico español combina actualmente creación de empleo, acumulación de capital y aumento de la productividad, lo que refleja un cambio respecto al modelo tradicional de crecimiento. Esta transformación comenzó tras la Gran Recesión y se ha mantenido también durante la recuperación posterior a la pandemia. La Fundación BBVA y el Ivie recuerdan además que, desde el año 2000, la productividad laboral por hora trabajada ha aumentado un 22,6%. La evolución de la productividad del capital ha sido distinta y todavía se sitúa un 20% por debajo de los niveles del año 2000. No obstante, tras la Gran Recesión se frenó la tendencia descendente que había predominado hasta entonces. La pandemia interrumpió temporalmente esa recuperación, aunque posteriormente volvió a retomarse hasta recuperar los niveles previos a la crisis sanitaria. De hecho, a comienzos de 2026 la productividad del capital se sitúa en niveles similares a los registrados en 2011 y 2019. La mejora de la productividad resulta además esencial para reforzar la competitividad de la economía española en un entorno internacional marcado por la incertidumbre y por las dudas crecientes sobre las reglas que han regido tradicionalmente el comercio global. Cuando la productividad aumenta, los costes unitarios de producción -es decir, el coste salarial necesario para fabricar cada unidad de producto- tienden a reducirse o a mantenerse estables. Esto permite que los bienes y servicios españoles ganen atractivo frente a los de economías menos eficientes, favoreciendo así el crecimiento de las exportaciones y una mejora de la balanza comercial.

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(El País, 28-05-2026) | Laboral

Los sindicatos quieren revisar el SMI

El Ministerio de Trabajo considera igualmente imprescindible aprobar un nuevo real decreto-ley que incorpore medidas relacionadas con la vivienda, entre ellas la ampliación extraordinaria de los contratos de alquiler. Con esta propuesta, Yolanda Díaz vuelve a poner sobre la mesa una de las iniciativas que había defendido en los últimos meses y que decayó a finales de abril tras el rechazo de la mayoría conservadora del Congreso. Al mismo tiempo, la vicepresidenta segunda reclama un incremento de los recursos destinados a la creación de vivienda pública en régimen de alquiler asequible. Además, Díaz ha entrado de lleno en el ámbito de la negociación entre sindicatos y patronales al pedir a los empresarios un mayor esfuerzo en materia salarial. Desde el Ministerio de Trabajo señalan que existe preocupación por el efecto que la actual crisis internacional puede tener sobre la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y, por ello, se ha instado a los agentes sociales a avanzar en mejoras salariales dentro del marco de la negociación colectiva. Este debate se enmarca en la negociación de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que expiró a comienzos de este año. Este pacto sirve como referencia para orientar las negociaciones de los convenios laborales entre empresas y trabajadores. Tanto Comisiones Obreras como UGT han criticado en los últimos meses la falta de disposición de las organizaciones empresariales para alcanzar un nuevo acuerdo tras el que estuvo vigente entre 2023 y 2025. Una de las patronales implicadas en esa negociación es Cepyme, la organización que representa a las pequeñas y medianas empresas. Desde esta asociación consideran que, incluso aunque Estados Unidos e Irán lograran un acuerdo de paz en los próximos días, la normalización de los precios energéticos requerirá tiempo y la incertidumbre en Oriente Próximo continuará presente. Por ello, defienden la continuidad de las medidas anticrisis. Cepyme también reclama que estas ayudas no sean rígidas, sino adaptables a la evolución de las circunstancias económicas para maximizar su efectividad, y pide que cualquier retirada futura de las medidas se haga de forma gradual para evitar efectos bruscos sobre empresas y consumidores. Por su parte, los sindicatos han difundido un comunicado conjunto en el que vuelven a exigir actuaciones específicas frente al encarecimiento de la vivienda. Entre sus demandas figura nuevamente la recuperación de la prórroga extraordinaria de los alquileres que dejó de aplicarse en abril. Asimismo, dado que el salario mínimo interprofesional subió un 3,1% a principios de año mientras que la inflación más reciente se sitúa en el 3,2%, CC OO y UGT solicitan al Ejecutivo abrir una nueva negociación para incrementar de nuevo el SMI. Los sindicatos también reclaman la aprobación urgente del real decreto que debe establecer las nuevas normas sobre compensación y absorción salarial.

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(El País, 28-05-2026) | Laboral

El Gobierno sostiene que el pico del gasto en pensiones rondará el 15% del PIB en 2050

El gasto en pensiones ha adquirido un peso central en el debate público en España. En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de reforzar la idea de la sostenibilidad del sistema con la presentación, el pasado mes de abril, de la herramienta INTegraSS, diseñada para proyectar la evolución futura del gasto en pensiones mediante una metodología que el Ministerio de Seguridad Social considera más completa que las utilizadas hasta ahora. El primer informe elaborado con este modelo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, reduce parcialmente el impacto del aumento del gasto que anticipan otros organismos y estima que el punto máximo se situará en el 15,3% del PIB. El documento se publica en vísperas del nuevo análisis de sostenibilidad de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que prevé un impacto superior y presentará este viernes su evaluación en cumplimiento de las exigencias de la Comisión Europea. El estudio del Gobierno se apoya en una serie de hipótesis que incluyen una reducción significativa del desempleo en los próximos años, un aumento de la participación laboral de los mayores de 65 años y un crecimiento demográfico inferior al proyectado por el INE, con una población estimada de 53,7 millones en 2050. Estas previsiones se producen en un momento en el que distintos analistas advierten del creciente peso del sistema de pensiones dentro del gasto público y plantean la posibilidad de destinar parte de esos recursos a otras políticas como vivienda o educación. Dentro del debate económico existen posiciones divergentes. Algunos expertos alertan del elevado coste del sistema, que absorbe alrededor de 200.000 millones de euros anuales y crece a un ritmo cercano al 6%, mientras que otros destacan su papel redistributivo y de protección social, defendiendo que el Estado puede asumir el incremento del gasto derivado del envejecimiento poblacional. El Gobierno se alinea con esta segunda visión. El informe de INTegraSS estima que el gasto en pensiones alcanzará su punto máximo en 2050, con un 15,3% del PIB, frente al 16,1% previsto por la Airef. Además, calcula que la media del periodo 2022-2050 será del 14%, también por debajo del 14,6% que proyecta el supervisor fiscal. En sus estimaciones, la Airef cuantifica además en un 1,4% del PIB el efecto de las reformas recientes en materia de ingresos. Estos datos son relevantes en el marco de la llamada cláusula de cierre de la última reforma de pensiones, que vincula la sostenibilidad del sistema a la evaluación de la Airef. En su anterior informe, el organismo situó el gasto neto del sistema en el 13,2% del PIB tras incorporar medidas de ingresos, quedando a una décima del umbral que habría obligado a activar correcciones adicionales. Aunque el Gobierno considera cumplidos los requisitos, la Airef ha expresado reservas sobre la metodología utilizada. Una de las principales críticas del organismo supervisor se refiere al tratamiento de las transferencias del Estado a la Seguridad Social, destinadas a cubrir parte del gasto en pensiones no financiado por cotizaciones. La Comisión Europea también ha cuestionado parcialmente este enfoque, lo que llevó al Gobierno a solicitar una nueva evaluación a la Airef antes de lo previsto inicialmente, generando tensión institucional entre el Ejecutivo y la entonces presidenta del organismo, Cristina Herrero. El proceso quedó paralizado durante meses hasta su reactivación en marzo mediante un acuerdo del Consejo de Ministros. El nuevo informe será presentado este viernes por la Airef, ahora bajo la dirección de Inés Olóndriz, nombramiento que ha suscitado críticas por su anterior vinculación con el Ministerio de Hacienda. De forma paralela, la Seguridad Social ha publicado su propio informe, que define como un avance metodológico significativo por su mayor nivel de detalle y capacidad de análisis. Este estudio proyecta un gasto máximo en pensiones del 15,3% del PIB en 2050, similar al estimado en la herramienta INTegraSS, aunque con diferencias respecto a otros supuestos. Según el ministerio, las nuevas estimaciones incorporan un escenario demográfico basado en proyecciones del INE, pero con ajustes que anticipan una población ligeramente menor y más envejecida, debido a un menor flujo migratorio y una mayor esperanza de vida. En paralelo, el cuadro macroeconómico prevé un crecimiento medio del PIB del 2,8% entre 2022 y 2030, del 1,4% entre 2030 y 2050 y del 1,5% hasta 2070. A diferencia de la Airef, el informe de la Seguridad Social no incluye el impacto de las medidas de ingresos en sus proyecciones, lo que dificulta una comparación directa sobre la necesidad o no de activar mecanismos adicionales de ajuste. El debate sobre la sostenibilidad del sistema, por tanto, continúa abierto entre distintos enfoques metodológicos y previsiones divergentes.

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(El País, 28-05-2026) | Laboral

Los españoles trabajan media hora más a la semana que la media europea y cuatro más que los holandeses

Los trabajadores en España realizan una media de 36,3 horas semanales, según los últimos datos de Eurostat correspondientes a 2025. Esta cifra sitúa al país por encima del promedio de la Unión Europea, que se sitúa en 35,9 horas, aunque lejos de los Estados miembros donde menos horas se trabajan, en su mayoría economías del norte y centro de Europa con estructuras productivas más avanzadas. Entre los países con jornadas laborales más reducidas destacan Bélgica (34,3 horas), Austria (34), Dinamarca (33,9), Alemania (33,9) y Países Bajos (31,9). En el extremo opuesto se encuentran países como Eslovenia (38,3 horas), Lituania (38,4), Bulgaria y Polonia (38,7 en ambos casos) y Grecia, que encabeza la clasificación con 39,6 horas semanales. Esta diferencia entre países está estrechamente relacionada con el peso del trabajo a tiempo parcial. Las economías con jornadas más cortas suelen registrar mayores tasas de empleo parcial, como ocurre en Países Bajos, donde el 38,6% de los trabajadores tiene este tipo de jornada, o en Austria y Alemania, con tasas del 30,2% y el 29,2% respectivamente. En el lado contrario se sitúan Bulgaria (1,7%), Rumanía (2,3%) y Croacia (2,9%). España se encuentra en una posición intermedia, con un 13,1% de empleo a tiempo parcial. El trabajo a tiempo parcial presenta, además, una doble lectura. Puede responder a decisiones voluntarias vinculadas a la conciliación o a preferencias personales, pero también puede reflejar situaciones de subempleo cuando los trabajadores desean aumentar sus horas de trabajo. En este sentido, España muestra un comportamiento menos favorable: el 45,7% de los empleados a tiempo parcial querrían trabajar más horas, el tercer porcentaje más alto de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía (62,3%) e Italia (51%). En países como Países Bajos o Alemania, este indicador se reduce al 2,2% y al 5,3% respectivamente. En cuanto a la duración media del trabajo a tiempo parcial, España se sitúa por debajo de la media comunitaria. Los trabajadores en esta situación realizan 20,2 horas semanales, frente a las 21,8 horas de la UE. En países como Portugal la media baja a 18,3 horas, mientras que en Rumanía asciende a 25,3 horas. Si se analiza únicamente la jornada a tiempo completo, España se alinea con la media europea, con 38,7 horas semanales. Este indicador muestra las diferencias en la regulación y negociación laboral entre países, especialmente en aquellos donde la jornada pactada es más reducida. Entre los países con jornadas completas más cortas figuran Bélgica (37,9 horas), Dinamarca y Suecia (37,8), Países Bajos (37,4) y Finlandia (37,1). En el extremo contrario se sitúan Grecia (40,6 horas), Polonia (39,9), Eslovenia (39,8), Lituania (39,4) y Chipre (39,1). La evolución a lo largo del tiempo refleja una ligera reducción de la jornada media en Europa. En España, las 36,3 horas actuales son inferiores a las registradas antes de la pandemia (36,9 en 2019), en 2015 (37,1) y en 2008 (38,4). En paralelo, la media de la UE ha descendido de 37,9 horas en 2008 a 35,9 en la actualidad, manteniéndose una brecha relativamente estable entre España y el conjunto europeo. Estos datos de Eurostat recogen el promedio real de horas trabajadas por los ocupados, un indicador distinto al de la jornada laboral pactada. Este último ha centrado buena parte del debate político en España en los últimos años, a raíz de la propuesta del Gobierno de reducir la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales, una iniciativa que no prosperó en el Congreso tras la oposición de varios grupos parlamentarios.

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(La Vanguardia, 28-05-2026) | Laboral

La oferta de empleo junior en el sector digital cae en dos años un 26% a causa de la IA

La inteligencia artificial empieza a dejar una huella visible en el mercado laboral de Barcelona. Un informe de la Mobile World Capital Barcelona señala que las ofertas de empleo junior en el ámbito digital han disminuido un 26% en dos años, pasando de 1.448 a 1.058 anuncios entre 2023 y 2025. El autor del estudio, Jordi Arrufí, reconoce que existe una relación directa entre la expansión de esta tecnología y la reducción de vacantes para perfiles jóvenes. Según explica, la IA está automatizando tareas e incluso generando código desde cero, lo que reduce la necesidad de incorporar talento junior. En contraste, la demanda de profesionales con mayor experiencia ha aumentado. Las ofertas dirigidas a perfiles de nivel medio han crecido un 22%, hasta 29.698 puestos, mientras que las destinadas a perfiles sénior han subido un 15%, alcanzando las 6.624 vacantes. Arrufí señala que el sector digital se ha vuelto más técnico y complejo, lo que ha elevado la exigencia de especialización. Esta evolución está generando un cuello de botella en el mercado laboral, ya que las empresas necesitan contratar juniors para poder formar a futuros perfiles sénior. En este sentido, el investigador pide que el sector público busque soluciones. Pese a este cambio de dinámica, el empleo tecnológico en Barcelona ha seguido creciendo en 2025, con un aumento del 4,85% hasta alcanzar los 135.890 profesionales. Se trata, no obstante, de un crecimiento más moderado que el registrado tras la pandemia, cuando la inversión en el sector impulsó una expansión mucho más acelerada. La demanda de talento sigue siendo elevada. En 2025 se han contabilizado 14 candidatos por cada oferta de empleo digital, una ratio muy inferior a la media del mercado laboral general, donde suele haber alrededor de 60 candidatos por puesto. El informe destaca que los perfiles más solicitados son desarrolladores web y de aplicaciones, así como especialistas en cloud, CRM y metodologías Agile. Por ahora, los profesionales especializados en inteligencia artificial aún no figuran entre los más demandados, aunque las ofertas en este ámbito han aumentado hasta las 1.079 en 2025, frente a las 850 del año anterior. Las startups y las consultoras tecnológicas han sido las principales impulsoras de la contratación, mientras que las grandes multinacionales con hubs digitales han reducido sus incorporaciones un 5% tras varios años de expansión. Aun así, compañías como Aubay, Amaris, el Barcelona Supercomputing Center, Allianz, NTT Data o Seidor continúan tirando del empleo digital en términos absolutos. El estudio también confirma el carácter internacional del ecosistema tecnológico barcelonés: uno de cada tres profesionales procede de fuera de la ciudad, con origen en lugares como Londres, Lisboa, Buenos Aires o São Paulo. En cuanto a la presencia femenina, solo un tercio del total de trabajadores del sector son mujeres, una proporción prácticamente estancada respecto al año anterior. Por último, los salarios en el sector han aumentado cerca de un 5% en 2025, hasta situarse en una media de 51.000 euros anuales. Los perfiles mejor remunerados son los especializados en ciberseguridad, inteligencia artificial y computación en la nube, con retribuciones medias en torno a los 60.000 euros.

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(El Economista, 28-05-2026) | Laboral

El 56,8% de las bajas de afiliación se produce antes del primer mes de contrato pese a las multas

A los cuatro años y medio de su puesta en marcha, la reforma laboral continúa figurando como uno de los principales logros económicos del Gobierno de Pedro Sánchez. Nacida del acuerdo entre sindicatos y patronal, la norma tuvo un efecto inmediato en la reducción de la contratación temporal y en la expansión del empleo indefinido, que alcanzó niveles inéditos en España. Sin embargo, la cuestión que se plantea ahora es si ese proceso ha alcanzado su límite y si sus efectos han tocado techo. Los datos de 2025 apuntan a que ese punto ya se habría alcanzado, e incluso a un ligero cambio de tendencia en la duración de los empleos. El Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Economía Social refleja que en 2025 se registraron 23,1 millones de bajas de afiliación, un 3,7% más que el año anterior y la cifra más alta desde 2019. Este aumento, no obstante, es coherente con el crecimiento de la población ocupada en un mercado laboral con elevada rotación, donde más trabajadores implican también más altas y bajas en la Seguridad Social. Dentro de estos datos aparece un indicador relevante: la duración media del último periodo de alta se situó en 236 días, cuatro menos que en 2024 y el registro más bajo desde 2022, cuando fue de 233 días. Este retroceso interrumpe la tendencia de mejora observada tras la reforma laboral, que había servido como argumento para defender una mayor estabilidad real del empleo. En términos generales, la reforma ha reducido de forma notable la temporalidad, al impulsar el peso de los contratos indefinidos, especialmente los de carácter ordinario a jornada completa, aunque también han crecido los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos. Como resultado, la tasa de temporalidad en términos de afiliación ha pasado aproximadamente del 27% al 12%. Sin embargo, este cambio estructural ha venido acompañado de un aumento de la rotación entre empleos. Es decir, aunque hay más contratos indefinidos, también se producen más entradas y salidas del mercado laboral, lo que genera un debate sobre la estabilidad efectiva del empleo y su duración real dentro del sistema de la Seguridad Social. Los datos históricos muestran que entre 2019 y 2024 la duración media del empleo creció en 51 días, pasando de 189 a 240. En ese periodo, el año 2020 aparece como una excepción, con un máximo de 259 días debido a los efectos de la pandemia, la destrucción de empleo temporal y el impacto de los ERTE, que mantuvieron artificialmente numerosos contratos indefinidos. Una vez superados esos factores extraordinarios, la evolución posterior a la reforma había sido positiva hasta 2024, cuando se alcanzó el máximo reciente. Sin embargo, en 2025 se produce una ligera caída hasta los 236 días, lo que interrumpe esa mejora continuada. Otro dato relevante es que el 56,8% de las bajas de afiliación se produce antes de que el contrato supere el primer mes, el porcentaje más alto desde 2019, cuando rondaba el 60%. Este fenómeno persiste pese a la penalización introducida en la reforma laboral mediante una cotización adicional de 32,6 euros para los contratos de muy corta duración. Lejos de reducirse, este tipo de contratos de menos de un mes ha aumentado un 22% en el último año, lo que contribuye al incremento de las bajas en la Seguridad Social. Este comportamiento sugiere que las medidas sancionadoras tienen un efecto limitado en un mercado laboral condicionado por la estacionalidad y por necesidades puntuales de mano de obra. En este contexto surge la cuestión de si la mayor presencia de contratos indefinidos implica necesariamente una mejora en la calidad del empleo. La regulación actual ha alterado la comparabilidad con etapas anteriores y abre el debate sobre una posible mayor volatilidad dentro del propio empleo indefinido. En este análisis también cobra importancia el papel de los fijos discontinuos, que pueden ser dados de baja no por la extinción del contrato, sino por periodos de inactividad hasta su reincorporación. Aunque su peso en el conjunto del empleo es reducido, alrededor del 5%, estas interrupciones se han convertido en una de las principales causas de baja de afiliación, solo por detrás de la finalización de contratos temporales. Este factor ayuda a explicar el comportamiento reciente de la rotación laboral y la evolución de la duración media del empleo en 2025.

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