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(El Economista, 09-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La ley antiblanqueo refuerza el celo sobre las fundaciones y ONG

La normativa antiblanqueo refuerza el control sobre fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, al considerarlas ámbitos especialmente sensibles frente a la financiación del terrorismo y otras actividades ilegales, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas organizaciones deberán recopilar y conservar información sobre donantes y beneficiarios cuando sus proyectos se desarrollen en países de riesgo y las operaciones superen los 1.000 euros. En los casos en que no sea posible identificar individualmente a los donantes, tendrán que analizar el perfil global del colectivo y sus características principales. Estas exigencias se recogen en un proyecto de Real Decreto que el Gobierno está preparando para adaptar la normativa española al futuro marco europeo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, cuya aplicación está prevista para 2027. Con ello, España busca adelantarse y alinearse progresivamente con la regulación comunitaria. Hasta ahora, estas entidades estaban sujetas a obligaciones más flexibles, centradas en identificar riesgos y aplicar mecanismos de control adecuados según el nivel de exposición, especialmente en relación con el uso de los fondos y la correcta ejecución de sus actividades. Dentro de este grupo se incluyen organizaciones con fines de interés general, como las de carácter benéfico, religioso, educativo, cultural o social. El nuevo decreto obligará además a realizar análisis de riesgos a nivel sectorial y a verificar de forma más estricta el destino de los fondos en proyectos desarrollados en zonas sensibles, lo que podría conllevar la necesidad de auditorías externas. En paralelo, la normativa también endurece las obligaciones de las entidades financieras, que deberán evaluar con mayor detalle los riesgos asociados a clientes pertenecientes a este tipo de organizaciones, así como las medidas de prevención que aplican. En caso de rechazar su relación con ellas, los bancos tendrán que justificar por escrito los motivos. Cabe destacar que el Consejo de Seguridad de la ONU reconoce a estas entidades una excepción que les permite movilizar fondos para ayuda humanitaria, incluso en contextos donde existen sanciones o congelación de activos. Muchas de estas organizaciones operan precisamente en zonas de conflicto o en situaciones extremas para asistir a poblaciones vulnerables. A nivel europeo, esta particularidad también se contempla, estableciendo sistemas de certificación para aquellas organizaciones que cumplen con estándares elevados de transparencia y control, con el fin de evitar usos indebidos. Desde el ámbito del Tercer Sector se ha pedido al Gobierno que estas nuevas obligaciones no dificulten su labor mediante cargas excesivas, ni provoquen bloqueos de cuentas bancarias por parte de entidades que actúan con cautela ante posibles sanciones o incumplimientos normativos. Asimismo, reclaman una mayor coordinación entre organismos como el Tesoro, el Sepblac, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el sector financiero, mediante mecanismos estables que ayuden a interpretar correctamente tanto las obligaciones como las excepciones previstas en la normativa.

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(El Periódico, 09-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprobará en mayo la ley que prohíbe a los menores de 16 años ceder su imagen a las redes sociales

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha informado de que el Gobierno enviará en mayo al Congreso el proyecto de ley sobre el derecho al honor y a la intimidad personal. Esta norma considerará ilegítima la utilización y difusión de imágenes o audios alterados mediante Inteligencia Artificial sin el consentimiento de la persona afectada, lo que se conoce como deepfakes. Durante su intervención en la Comisión Constitucional del Congreso, el ministro explicó que, una vez se reciban los informes necesarios, el texto será aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria. Según detalló, la futura ley aclarará en el entorno digital qué implica el consentimiento al compartir imágenes en redes sociales. Además, reforzará la protección de los menores al fijar en 16 años la edad mínima para autorizar el uso de su propia imagen. La normativa también pretende ofrecer mayores garantías a las víctimas de delitos, al impedir que los responsables obtengan beneficios económicos o ventajas difundiendo relatos que puedan afectar a la dignidad de quienes los han sufrido.

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(El País, 09-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas españolas ya han recibido 5.550 millones para aliviar los aranceles de Trump pero apenas piden avales del ICO

Las empresas españolas ya han recibido 5.550 millones de euros para mitigar el impacto de los aranceles impulsados por Donald Trump, lo que representa cerca de la mitad de los fondos movilizados por el Gobierno. Un año después del inicio de esta guerra comercial, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado en el Congreso un balance de la situación y de las medidas adoptadas. Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio e Industria, ha repasado las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo, destacando su buena acogida en general, aunque con una excepción notable: la escasa utilización de la línea de avales del ICO, dotada con 5.000 millones. Cuerpo subrayó la importancia de seguir respaldando a las empresas en un entorno de incertidumbre, especialmente para mantener su presencia en el mercado estadounidense y prepararlas ante posibles futuros impactos. Su intervención sirvió para dar a conocer el primer informe de ejecución del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, activado al inicio del conflicto. De los 11.730 millones de euros previstos en este plan, distribuidos en siete áreas, las empresas habían recibido hasta el cierre del primer trimestre de 2026 un total de 5.550 millones, es decir, el 47,3% del total. Sin embargo, este porcentaje oculta el bajo uso de los avales del ICO, que apenas han alcanzado los 173 millones desde abril de 2025, lo que supone solo un 3,4% de su capacidad. Aun así, el ministro destacó que la mayoría de las operaciones han sido realizadas por pymes y que gran parte de las solicitudes proceden del sector de la automoción, uno de los más afectados por los aranceles. El informe también refleja una ejecución limitada de la línea ICO Crecimiento, dotada con 750 millones más 180 millones adicionales de fondos europeos Next Generation para proyectos de inversión y modernización. En este caso, la baja utilización se explica por su reciente puesta en marcha, en febrero, lo que ha permitido movilizar hasta ahora 73,4 millones, un 7,8% del total. En contraste, otros instrumentos han tenido una elevada demanda. Entre ellos, destacan los 1.578 millones canalizados a través de seguros de crédito gestionados por Cesce, que han beneficiado a 52 operaciones, con otras solicitudes en estudio por valor de 800 millones. También sobresalen los 1.500 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y los 1.161 millones concedidos mediante líneas de financiación del ICO para inversión y capital circulante. Durante su intervención, el ministro reiteró el compromiso del Gobierno de apoyar a las empresas exportadoras hacia Estados Unidos, pero también animó a diversificar mercados para reducir la dependencia de ese país y sortear políticas proteccionistas. En este sentido, señaló la importancia de reforzar relaciones comerciales con socios considerados más estables, como los países de Mercosur o economías como India, Australia e Indonesia. Asimismo, destacó el valor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que entrará en vigor el 1 de mayo, y que eliminará más del 90% de los aranceles a productos europeos. Según explicó, esta medida supondrá un ahorro anual de unos 4.000 millones de euros para las empresas europeas y de 500 millones para las españolas, lo que representa una oportunidad relevante para los sectores más perjudicados por las medidas comerciales de Estados Unidos.

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(El País, 09-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio del petróleo se desploma tras el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas en Irán

El petróleo se ha convertido en un indicador clave del sentimiento de los inversores respecto al desarrollo del conflicto con Irán. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplazar el ultimátum contra el país y anunciar un alto el fuego temporal de dos semanas ha dado un respiro momentáneo a los mercados energéticos, que llevaban semanas marcados por una fuerte inestabilidad desde el inicio de los ataques sobre Teherán a finales de febrero. Tras conocerse la tregua -condicionada a que Irán permita el tránsito por el estrecho de Ormuz-, los precios del crudo en Estados Unidos y Europa registraron fuertes caídas. El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en EE. UU., que había estado cerca de los 110 dólares, descendió hasta situarse en torno a los 91 dólares. La caída llegó a alcanzar el 19,4%, la mayor desde la guerra del Golfo de 1991, después del anuncio de Trump poco antes de que venciera su ultimátum. En Europa, el brent también se desplomó hasta un 16%, situándose cerca de los 93 dólares por barril. Por su parte, el gas europeo -referenciado en el contrato TTF- retrocedió un 17%, hasta los 44 euros por megavatio hora. En contraste, el mercado de los metales preciosos cotiza al alza. El oro sube el 3% hasta los 4.820 dólares por onza, mientras que la plata se dispara un 7% hasta los 77 dólares. De su parte, el bitcoin gana un 4,5% hasta rebasar los 71.500 dólares, aunque los que más deslumbran esta sesión son los indicadores bursátiles. Las bolsas internacionales reaccionaron con fuertes subidas. Japón fue el primer mercado en reflejar el optimismo, con un avance del 5,5%. En Europa, los principales índices comenzaron la jornada con ganancias significativas: el Ibex superó el 3% y el Euro Stoxx 50 se acercó al 4,5%. En Estados Unidos, los futuros de Wall Street apuntaban a subidas cercanas al 4%. En el mercado de divisas, el dólar, que se había fortalecido durante el conflicto, perdió valor frente a otras monedas del G-10; el euro pasó de cotizar en torno a 1,15 dólares a alcanzar los 1,168 tras el anuncio. Desde el inicio de las hostilidades, el 28 de febrero, la Guardia Revolucionaria iraní había bloqueado el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, un tercio del gas natural y productos clave para sectores como el farmacéutico o el de fertilizantes. Este cierre ha supuesto una de las mayores interrupciones del suministro global de energía, elevando con fuerza los precios y generando tensiones en mercados como el de derivados o materias primas. De hecho, la escasez llegó a impulsar el precio del brent al contado hasta un máximo histórico de 144 dólares. A través de su red social Truth, Trump anunció la suspensión temporal de los ataques, condicionada a la apertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz. El mandatario señaló que existe un principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre varios puntos clave, aunque consideró necesario este periodo de dos semanas para cerrar los detalles. Poco después, el ministro de Asuntos Exteriores iraní también se pronunció, en su caso en la red social X, indicando que el tránsito por el estrecho podría restablecerse de forma segura siempre que se coordine con las fuerzas armadas iraníes y se tengan en cuenta ciertas limitaciones técnicas.

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(Cinco Días, 09-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Euforia en las Bolsas tras el alto el fuego temporal en Irán: el Ibex sube un 4%

El reciente cambio de rumbo en el conflicto con Irán ha provocado una nueva jornada de gran impacto en los mercados financieros, que este martes reaccionan con fuertes subidas. El anuncio de un alto el fuego de dos semanas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump -tras aceptar una propuesta de Pakistán para facilitar el diálogo-, se produjo con las bolsas cerradas, lo que ha llevado a una apertura claramente alcista en Europa y Estados Unidos: el Ibex sube en torno a un 4% y el Euro Stoxx cerca de un 5%. Al mismo tiempo, el petróleo se desploma alrededor de un 14% y cae por debajo de los 100 dólares, el gas baja en la misma proporción en Europa y el oro repunta más de un 2,5%. La tregua era el escenario que esperaban los inversores tras semanas de gran inestabilidad desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El conflicto, más prolongado de lo previsto, amenazaba con agravarse y mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, una vía clave por la que circula cerca del 20% del suministro energético mundial. El anuncio supone un primer indicio de distensión, con el compromiso de Irán de garantizar el tránsito seguro por esa ruta durante al menos dos semanas. El acuerdo llegó poco antes de que expirara el ultimátum de Trump para intensificar la ofensiva militar. La posibilidad de un escenario más grave se ha disipado, lo que ha sido recibido con optimismo por los mercados: el Ibex se aproxima a los 18.140 puntos, mientras el Euro Stoxx avanza con fuerza. En Estados Unidos, los futuros del S&P 500 y del Nasdaq también anticipan importantes subidas, al igual que en Asia, donde destacan los avances del Nikkei japonés y del índice de Shanghái. Pese a la euforia inicial, los analistas mantienen la prudencia y señalan que la evolución dependerá de si la tregua se traduce en un acuerdo estable. Algunas previsiones apuntan a que el pacto podría incluir mecanismos para regular el paso por Ormuz, incluso con el cobro de tasas, pero advierten de que la volatilidad podría continuar mientras duren las negociaciones. Aunque el petróleo ha retrocedido con fuerza, sigue cotizando unos 20 dólares por encima de los niveles previos al conflicto. Esto refleja que los inversores aún no asumen plenamente un escenario de normalización, a la espera de una paz duradera que reduzca definitivamente el riesgo. La reacción ha sido especialmente intensa en el mercado energético. El crudo Brent baja con fuerza hasta situarse en torno a los 94 dólares por barril, con caídas intradía que han llegado a rozar el 19%, algo no visto desde principios de los años noventa. El gas europeo también registra descensos pronunciados, situándose en niveles cercanos a los 45 euros por megavatio hora. Aun así, los inversores siguen pendientes de la evolución de los acontecimientos. Israel ha aceptado la tregua, aunque mantiene reservas respecto a otros frentes como el Líbano. En general, se considera un desenlace positivo dentro de las alternativas posibles, al haber evitado un escenario más grave. En el mercado de divisas, el dólar pierde terreno frente al euro y otras monedas tras haber actuado como refugio durante la crisis. No obstante, los precios energéticos continúan muy por encima de los niveles de inicio de año, con subidas acumuladas relevantes. También se han producido movimientos destacados en la deuda, con caídas rápidas en las rentabilidades de los bonos. Esto se debe a que la bajada del petróleo reduce las expectativas de inflación, lo que a su vez influye en las previsiones sobre los tipos de interés. El oro, otro activo considerado refugio, también sube, beneficiado por la expectativa de tipos más bajos, al igual que la plata, que registra avances aún mayores. Por último, los mercados han revisado sus previsiones sobre la política monetaria. Ahora se incrementa la probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés antes de final de año, tras haber sido prácticamente descartada esa posibilidad días atrás. Aun así, la evolución dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones en los próximos días.

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(El Economista, 09-04-2026) | Laboral

De la "guerra por el talento" a hacer cola por un empleo

En los últimos años se ha generalizado la idea de que en España existe un gran número de puestos sin cubrir en todos los sectores, pero los datos no reflejan una auténtica "guerra por el talento" entre empresas. Según InfoJobs, en 2025 se ofertaron 4,25 millones de vacantes frente a 2,46 millones de candidatos. Sin embargo, estos pueden inscribirse en tantas ofertas como deseen, y de hecho lo hacen de forma masiva: se alcanzó un máximo de 136,6 millones de inscripciones, lo que supone una media de 56 candidaturas por cada puesto disponible. La evolución de estos indicadores es desigual. Mientras el número de candidatos crece con más fuerza -un 4,75% en el último año y un 15,4% desde 2019-, las ofertas apenas aumentan un 0,5% interanual y siguen un 3,5% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Por su parte, las inscripciones suben un 6,6% en el último año y un 26,6% respecto a antes de la crisis sanitaria. Estos datos difieren de otras fuentes, como la Encuesta Trimestral de Costes Laborales o plataformas como Indeed, que apuntan a un volumen de vacantes superior al de antes de la pandemia, aunque sin detallar cifras concretas ni su distribución por sectores. Además, las estadísticas mensuales presentan una alta volatilidad. En el caso de InfoJobs, los datos anuales reflejan una fuerte caída de la demanda en 2020, seguida de una recuperación intensa en los dos años posteriores y una posterior estabilización. También influye la reforma laboral, que ha incrementado el peso del empleo indefinido, reduciendo la necesidad de publicar tantas vacantes. De hecho, en marzo, el 44% de las ofertas correspondían a contratos indefinidos, en línea con los datos del SEPE. Por tanto, una menor publicación de ofertas no implica necesariamente una menor creación de empleo. En cuanto a los candidatos, su evolución ha sido más constante y sin grandes alteraciones por la pandemia. Su aumento no implica necesariamente más paro, ya que muchas personas con empleo también buscan nuevas oportunidades o trabajos adicionales, cada vez más a través de plataformas digitales. Actualmente, la diferencia entre vacantes y candidatos alcanza el 73%, el nivel más alto desde la pandemia (cuando llegó al 139%) y muy por encima del 44% de 2019. Este contexto explica el récord de inscripciones registrado. La media de 56 candidaturas por vacante es la más alta si se excluye 2020, cuando la ratio alcanzó 79 debido al desplome de ofertas. La tendencia actual refleja una mayor oferta de trabajadores frente a una demanda de empleo más estable, superando claramente las 42 inscripciones por puesto que se registraban en 2019. Por sectores, el mayor nivel de competencia en 2025 se da en comercio minorista, con 219 candidatos por vacante, seguido de administración de empresas (140), diseño y artes gráficas (81), recursos humanos (71) y marketing y comunicación (67). En cambio, los sectores con menor presión son administración pública (24), educación (26), ingeniería y áreas técnicas (30), calidad e I+D (33), inmobiliario y construcción (34), comercial y ventas (36) y oficios (37). Si se analiza el número de inscripciones por candidato, la media es de 32, una cifra bastante estable en los últimos años y solo ligeramente superior a la de etapas anteriores. Esto sugiere que el aumento total de candidaturas se debe principalmente a que hay más personas buscando empleo, y no a que cada una de ellas se inscriba en más ofertas. El perfil más habitual del candidato sería el de una mujer (53%), de entre 25 y 34 años (32%), con estudios universitarios (31%) y más de diez años de experiencia laboral (34%). Generalmente ha trabajado en atención al cliente (16%), posee conocimientos de idiomas (19%), reside en Madrid (19%) y ocupa un puesto de nivel empleado (73%).

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(El Economista, 09-04-2026) | Laboral

Los sindicatos demandan que los contratos sean por defecto fijos y a jornada completa

Tras el fracaso de la propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas y con la reforma del registro horario aún sin concretar, CCOO y UGT se han fijado como nuevo objetivo promover un cambio en la legislación laboral que establezca el contrato a jornada completa como la opción general, dejando el trabajo a tiempo parcial limitado a situaciones específicas, siguiendo una lógica similar a la aplicada en 2022 con los contratos temporales. Ambos sindicatos pretenden que las empresas tengan que justificar las razones por las que optan por contratar a alguien con una jornada inferior a la completa establecida en su sector o compañía. Con ello buscan frenar lo que consideran un uso abusivo de las horas complementarias, es decir, aquellas que los empleados realizan fuera de su horario habitual en función de las necesidades empresariales. Según explicó el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, se está consolidando un modelo que permite a las empresas disponer de una flexibilidad excesiva mediante este tipo de contratos, utilizando el trabajo a tiempo parcial como una fórmula para ajustar la disponibilidad de los trabajadores de manera unilateral. Desde el punto de vista sindical, obligar a justificar el uso del contrato parcial ayudaría a que solo quienes realmente desean trabajar menos horas se encuentren en esta situación. De hecho, datos de la Encuesta de Población Activa indican que el 44% de quienes trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no han encontrado un empleo a jornada completa, lo que supone alrededor de 1,3 millones de personas, de las cuales cerca del 73% son mujeres. Actualmente, tras la última reforma laboral, los contratos se presumen indefinidos por defecto. Si prospera esta propuesta, también pasarían a ser mayoritariamente a jornada completa, salvo en casos justificados. Esto supondría una reducción significativa de la flexibilidad para las empresas. El Estatuto de los Trabajadores permite en la actualidad formalizar contratos a tiempo parcial siempre que se pacte una jornada inferior a la de un trabajador a tiempo completo en la misma empresa, incluyendo la posibilidad de acordar horas complementarias, que pueden llegar hasta el 75% de la jornada contratada según el convenio colectivo. Dado que estos trabajadores no pueden realizar horas extraordinarias, las horas complementarias se convierten en la principal herramienta para ajustar la carga de trabajo. Sin embargo, los sindicatos consideran que este sistema genera precariedad, ya que estas horas no siempre se remuneran mejor que las ordinarias y no existe garantía de que se vayan a realizar. Por ello, proponen que las empresas estén obligadas a convertir en contratos a jornada completa aquellos casos en los que el trabajador haya alcanzado más del 80% de la jornada completa sumando horas complementarias durante el año anterior. Además, plantean que estos empleados tengan prioridad para ocupar vacantes a tiempo completo dentro de la empresa tras seis meses de antigüedad, en línea con lo previsto para los fijos discontinuos en la última reforma. Así, las organizaciones sindicales sugieren fijar en el 80% de la jornada máxima el límite entre trabajo parcial y completo. Para quienes trabajen menos horas, plantean que puedan incorporar a su jornada habitual el promedio de horas complementarias realizadas el año anterior. También proponen ampliar de tres a siete días el plazo de preaviso que debe dar la empresa para cancelar horas complementarias previamente asignadas, así como permitir que el trabajador pueda desvincularse de este pacto tras un año. Actualmente, esta posibilidad está restringida a situaciones concretas como el cuidado de familiares, la formación o la compatibilidad con otro empleo. En conjunto, esta propuesta de reforma laboral va más allá del acuerdo alcanzado en 2022 con el Gobierno y la patronal, y busca, entre otros objetivos, reducir la brecha salarial de género, muy vinculada al uso del trabajo a tiempo parcial. Asimismo, reabre debates que quedaron fuera en la anterior reforma, como el de la indemnización por despido. Desde UGT, su vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, defendió que es necesario eliminar el contrato a tiempo parcial como foco de precariedad, al considerar que se ha convertido en una herramienta que permite abusar de los trabajadores mediante el uso de horas complementarias, ajustando su jornada en función de las necesidades empresariales.

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(Expansión, 09-04-2026) | Laboral

El Gobierno sube las cuotas de los autónomos societarios en 1.620 euros para 2026

La reciente orden de cotización para 2026 introduce un fuerte aumento en la base mínima de cotización de más de un millón de autónomos, incluyendo societarios y colaboradores, con una subida del 42%. Esto implica que deberán abonar unos 135 euros más al mes, es decir, 1.620 euros adicionales al año. Desde la organización ATA califican esta medida como un nuevo "golpe" del Gobierno a aproximadamente un tercio del colectivo. En concreto, la base mínima pasa de los 1.000 euros fijados en 2025 a 1.424 euros en 2026. Este incremento afecta a más de 400.000 familiares colaboradores y a más de 800.000 autónomos societarios con ingresos cercanos a los 1.000 euros mensuales, y además se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, critica duramente la decisión, acusando al Ejecutivo de no haber cumplido su promesa de mantener congeladas las cuotas. Según denuncia, una parte importante de los autónomos verá incrementada su cotización mínima en 135 euros mensuales, lo que considera una nueva carga económica para el colectivo. Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad Social optó por prorrogar las cuotas vigentes tras no lograr un acuerdo con las asociaciones de autónomos sobre las bases de cotización para el periodo 2026-2028. Incluso algunos partidos del bloque de investidura rechazaron la propuesta inicial, que contemplaba subidas de entre el 4% y el 35%. Finalmente, el Ejecutivo decidió mantener la tabla de cotización basada en los rendimientos de 2025. Esta prórroga quedó formalizada cuando el Congreso aprobó el decreto de revalorización de las pensiones a comienzos de febrero. No obstante, faltaba por publicarse la orden ministerial que concreta los aspectos técnicos del sistema, y es en ese marco donde se ha introducido la subida de la base mínima para estos colectivos específicos. Desde la Seguridad Social se defiende que esta medida forma parte del desarrollo de la reforma del sistema de cotización por ingresos reales iniciada en 2023, que establece que, a partir de 2026, la base de cotización de autónomos societarios, colaboradores y quienes no declaren rendimientos no podrá situarse por debajo de la base mínima del Régimen General. Sin embargo, las asociaciones de autónomos rechazan esta interpretación. Argumentan que la normativa también contemplaba revisar las bases del resto de autónomos, pero este proceso se paralizó ante la falta de consenso. Además, recuerdan que el sistema debía implantarse de forma progresiva hasta 2032. Según ATA, la disposición transitoria de la reforma preveía una aplicación gradual, fijando en 2023 una base mínima de 1.000 euros, mientras que para los años siguientes debía determinarse en los Presupuestos Generales, que finalmente no se aprobaron. Por ello, consideran injusto que los autónomos tengan que asumir las consecuencias de esta situación, denunciando que se rompe el principio de equidad dentro del sistema. Asimismo, critican que la prórroga de las cuotas no se haya aplicado de forma uniforme, ya que deja fuera a los autónomos societarios y colaboradores, generando diferencias según el tipo de trabajador por cuenta propia. Por su parte, fuentes de la Seguridad Social indican que existe cierto margen de adaptación, ya que la regularización de las cuotas no se llevará a cabo hasta 2028. Mientras tanto, los autónomos afectados podrán mantener sus pagos actuales, aunque deberán abonar la diferencia acumulada en el momento de dicha regularización.

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(La Vanguardia, 09-04-2026) | Fiscal

La Agencia Tributaria devolverá 13.271 millones desde el viernes

La campaña de la Renta 2025 arranca este miércoles con la previsión de que se presenten alrededor de 25,25 millones de declaraciones. La Agencia Tributaria estima que las devoluciones comenzarán a efectuarse a partir del viernes y alcanzarán los 13.271 millones de euros, correspondientes a unos 15,7 millones de contribuyentes. Estas cifras suponen un ligero descenso respecto al año anterior, tanto en número de declaraciones a devolver como en el importe total. En la mañana del primer día, antes de las 11:00, ya se habían registrado unas 640.000 declaraciones, cuyos contribuyentes serán de los primeros en recibir las devoluciones. Por otro lado, las declaraciones con resultado a ingresar aumentarán de forma notable: se prevé que crezcan un 10,3%, hasta los 7,7 millones. Esto impulsará la recaudación un 18,4%, hasta los 24.628 millones de euros, lo que dará lugar a un saldo positivo para Hacienda de 11.357 millones. Según la directora general de la Agencia Tributaria, este incremento se explica en gran medida por las ganancias patrimoniales y el aumento de ingresos procedentes del mercado inmobiliario y de la Bolsa. Este año, el sistema Renta Directa permitirá presentar declaraciones de forma casi inmediata a unos nueve millones de contribuyentes, el doble que en la campaña anterior. Entre quienes podrán utilizar este servicio se encuentran personas con hipoteca que tienen derecho a deducción estatal, nuevos declarantes y, en algunos casos, contribuyentes con deducciones autonómicas. Entre los cambios normativos más relevantes destaca la introducción de una deducción de hasta 340 euros para trabajadores con ingresos inferiores a 18.276 euros anuales, siempre que no obtengan otras rentas superiores a 6.500 euros. También se modifica la tributación del ahorro, aumentando del 14% al 15% el tipo aplicable a las rentas que superen los 300.000 euros, tanto en el tramo estatal como en el autonómico. Además, se amplían hasta 2025 las deducciones por la compra de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de recarga y las obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas. En cuanto a exenciones, no tributarán en el IRPF las ayudas concedidas por daños personales derivados de incendios forestales y emergencias de protección civil ocurridas entre junio y agosto de 2025, así como las ayudas relacionadas con la Dana en la Comunidad Valenciana. Aunque la campaña comienza el 8 de abril, desde el 18 de marzo ya estaban disponibles la aplicación móvil, los datos fiscales y la información inicial, lo que ha permitido que más de dos millones de contribuyentes consultaran sus datos con antelación. El plazo para presentar la declaración finalizará el 30 de junio, tanto para resultados a ingresar como a devolver. En el caso de pagos con domiciliación bancaria, la fecha límite será el 25 de junio. La atención telefónica, a través del plan "Le Llamamos", así como la asistencia en pequeños municipios, permitirá solicitar cita a partir del 29 de abril, iniciándose las atenciones el 6 de mayo. Por su parte, la cita previa para la atención presencial en oficinas podrá pedirse desde el 29 de mayo, comenzando el servicio el 1 de junio. Este sistema de atención personalizada seguirá contando con la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos.

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(El País, 09-04-2026) | Fiscal

Hacienda lanzará 3,5 millones de avisos preventivos en la campaña de la renta e informará sobre deducciones autonómicas

Los contribuyentes en España ya pueden presentar su declaración ante la Agencia Tributaria. La campaña de la renta 2025-2026 comenzó este miércoles con la apertura del plazo para realizar el trámite por internet, iniciando así un calendario que se extenderá hasta el 30 de junio y que, como es habitual, irá incorporando de forma progresiva la atención telefónica y presencial. En esta campaña, el organismo dirigido por Soledad Fernández Doctor pone el foco en reducir errores y mejorar la información ofrecida a los ciudadanos. Está previsto el envío de más de 3,5 millones de avisos preventivos relacionados con criptomonedas, rentas en el extranjero, ventas en plataformas digitales y alquileres. Como novedad, también se informará a algunos contribuyentes sobre posibles deducciones autonómicas que no hayan aplicado, con el fin de que no pierdan beneficios fiscales. El sistema de ayuda se estructura en tres etapas. La primera consiste en avisos incluidos en los datos fiscales, elaborados a partir de información de terceros y del intercambio internacional entre administraciones. No obstante, estos datos pueden ser incompletos. En concreto, se emitirán alrededor de 437.000 avisos a vendedores en plataformas digitales, unos 1,2 millones a propietarios de criptomonedas y cerca de 867.000 a arrendadores de inmuebles. La segunda fase se desarrolla antes de presentar la declaración, cuando se refuerzan los avisos para detectar posibles errores u omisiones. Aquí se introduce la principal novedad: las alertas sobre deducciones autonómicas que podrían aplicarse. La tercera etapa tiene lugar después de presentar la declaración, invitando a quienes hayan modificado información a revisar si deben corregirla para evitar futuras comprobaciones o sanciones. Otra novedad es la incorporación automática de la deducción dirigida a quienes perciben el salario mínimo interprofesional, creada en 2025. En general, la Agencia Tributaria calculará esta deducción e incluirá el importe directamente en la declaración. Está pensada para compensar las retenciones aplicadas a trabajadores con ingresos anuales inferiores a 18.276 euros, siempre que no superen ciertos límites adicionales, con un máximo de 340 euros. Además, por primera vez se ofrecerá información personalizada sobre subvenciones, para facilitar que los contribuyentes incluyan correctamente estos ingresos. El sistema permitirá consultar directamente las ayudas recibidas, evitar duplicidades cuando aparezcan en distintas fuentes y aclarar si están exentas de tributación, indicando también en qué apartado deben declararse. La Agencia Tributaria prevé un notable aumento en la recaudación de esta campaña, con un incremento del 18,4% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 24.628 millones de euros en declaraciones con resultado a ingresar. Este crecimiento se debe principalmente al encarecimiento de la vivienda y al buen comportamiento de los mercados financieros. Se espera que el número total de declaraciones supere los 25,2 millones, un 2,1% más que el año pasado. De ellas, unos 15,7 millones saldrán a devolver, por un importe conjunto de 13.271 millones de euros, ligeramente inferior al ejercicio anterior. Por otro lado, aumentan con fuerza las declaraciones a pagar: más de 7,7 millones de contribuyentes tendrán que abonar cantidades a Hacienda, un 10,3% más. Esto explica el incremento previsto en la recaudación total, que dejará un saldo positivo de 11.357 millones de euros. El aumento de ingresos se explica en gran parte por la subida de los precios de la vivienda, especialmente en el mercado de segunda mano. Las operaciones de compraventa realizadas en 2025 han generado importantes ganancias para los vendedores, que ahora deben tributar por ellas en el IRPF. A esto se suma la evolución positiva de la Bolsa y de las rentas del capital, que crecieron cerca de un 40% el año pasado. Muchas de estas ganancias no estuvieron suficientemente sujetas a retención en su momento, lo que ahora se traduce en mayores cantidades a pagar. También influye, aunque en menor medida, el incremento de dos puntos en la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, introducido en la reforma fiscal aprobada a finales de 2024.

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