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(Expansión, 16-06-2026) | Fiscal

Por cada 100.000 euros de precio de vivienda nueva, los compradores asumen más de 26.000 por los impuestos directos e indirectos

El encarecimiento de la vivienda en España no sólo responde al desequilibrio entre oferta y demanda. A la escasez de inmuebles disponibles y al aumento de la población se suma un importante componente fiscal que, según un informe elaborado por EY para Asprima, eleva significativamente el coste que deben asumir quienes adquieren una vivienda. El estudio calcula que la carga tributaria total asociada a la compra de una vivienda alcanza el 26,1% de su valor. Este porcentaje incluye tanto los impuestos soportados por promotores y constructores durante el proceso de desarrollo como los tributos que abonan directamente los compradores al formalizar la adquisición. Uno de los elementos que más ha contribuido a este incremento es la evolución del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. Tras la reforma aplicada en 2021, los coeficientes utilizados para calcular este tributo aumentaron de forma considerable en las operaciones de corta duración, habituales en la promoción inmobiliaria. Según el informe, esta situación ha generado un encarecimiento relevante de los proyectos residenciales, afectando a su rentabilidad y trasladando parte de ese coste al precio final de las viviendas. Como consecuencia, el acceso a la propiedad resulta cada vez más complicado para determinados colectivos, especialmente los jóvenes y las familias con menor capacidad de ahorro. De hecho, la proporción de propietarios menores de 35 años habría descendido desde el 70% registrado en 2005 hasta cerca del 30% en la actualidad. La cuestión adquiere mayor relevancia tras la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que contempla una inversión de 2.800 millones de euros hasta 2030 destinada a reforzar las ayudas para el acceso a la vivienda. Sin embargo, el sector considera que estas ayudas podrían verse parcialmente neutralizadas por el peso creciente de la fiscalidad sobre la compraventa. El informe destaca que el aumento de la plusvalía municipal ha sido especialmente intenso en algunas grandes ciudades. Madrid encabeza la clasificación con un incremento del 650% desde 2020 en los coeficientes aplicables a determinadas operaciones. Le siguen Sevilla, con una subida del 500%; Málaga y Zaragoza, con aumentos del 305%; y Barcelona, donde el crecimiento alcanza el 275%. Como ejemplo, para un terreno con un valor catastral de 100.000 euros transmitido en el mismo año de su adquisición, la base imponible en Madrid habría pasado de 2.000 a 15.000 euros en apenas seis años. A consecuencia de esta evolución, los promotores soportan una carga fiscal media de 15.372 euros por cada 100.000 euros de precio final de venta. A ello se suman los aproximadamente 10.750 euros que el comprador debe pagar en concepto de IVA y Actos Jurídicos Documentados (AJD). En conjunto, la factura fiscal supera los 26.000 euros por cada 100.000 euros de valor de la vivienda. Así, una vivienda de 300.000 euros puede llevar asociada una carga tributaria superior a los 75.000 euros. El estudio sitúa a España entre los países con una mayor presión fiscal sobre la compraventa de viviendas. Mientras la carga tributaria media ronda el 9,7% en los países de la OCDE y el 6,5% en la Unión Europea, el nivel registrado en España se encuentra muy por encima de esos porcentajes. Para corregir esta situación, EY y Asprima plantean varias medidas. La primera consiste en permitir que los gastos de urbanización y promoción se integren en el valor de adquisición del suelo a efectos del cálculo de la plusvalía municipal, reduciendo así la base imponible del impuesto. Asimismo, se propone establecer bonificaciones específicas para las transmisiones de vivienda nueva, similares a las que ya existen en determinados supuestos para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Por último, el informe plantea reconocer la promoción de vivienda como una actividad de especial interés o utilidad municipal, lo que abriría la puerta a aplicar incentivos fiscales adicionales para favorecer el desarrollo de nuevas promociones residenciales y contribuir a incrementar la oferta disponible en el mercado.

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(Expansión, 16-06-2026) | Fiscal

España encara casi un punto más de inflación pese al desbloqueo de Ormuz

Los analistas consideran que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán refuerza la capacidad de Teherán para influir sobre el tráfico en el Estrecho de Ormuz. Además, advierten de que la recuperación de la normalidad en esta vía marítima será gradual y que las operaciones seguirán condicionadas por unos costes de aseguramiento más elevados. Para España, los efectos del acuerdo de paz serán previsiblemente positivos, aunque limitados y centrados principalmente en los sectores de la energía, el transporte, el turismo y la confianza económica. Así lo apunta Raúl Viñas, analista de Afi, quien destaca que incluso una reapertura parcial de Ormuz contribuiría a reducir el precio de los combustibles, aliviaría los costes de la electricidad y del transporte, y favorecería la rentabilidad de las actividades con un elevado consumo energético o una fuerte dependencia logística. No obstante, desde Funcas anticipan que las consecuencias económicas se dejarán sentir de forma gradual a medida que desaparezcan las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, explica que la vuelta a la tributación ordinaria del IVA y de los impuestos especiales sobre los hidrocarburos, cuya vigencia concluye el 1 de julio salvo nueva prórroga, provocará previsiblemente un aumento del IPC de ocho décimas en ese mes. Torres añade que muchas empresas han soportado durante el conflicto costes adicionales que todavía no han trasladado completamente a los precios finales, por lo que la inflación seguirá registrando cierta presión en los próximos meses a pesar de la paz alcanzada. Esta situación podría traducirse también en una pérdida temporal de poder adquisitivo para los consumidores. El alcance definitivo de las repercusiones sobre la economía dependerá en gran medida del comportamiento del consumo. En estos momentos, Funcas calcula que el conflicto podría restar entre dos y tres décimas al crecimiento económico previsto para España este año. Mientras tanto, el vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, mantiene abierta la ronda de contactos con los agentes sociales para estudiar la continuidad de algunas medidas de apoyo durante el verano. Después de reunirse con representantes del sector gasista y petrolero, entre ellos responsables de Enagás, Exolum y las asociaciones AICE y Sedigas, el Ejecutivo prevé convocar próximamente a representantes de la industria y del sector agroalimentario.

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(La Vanguardia, 16-06-2026) | Fiscal

El Gobierno ampliará hasta final de año el control semanal de los precios de los carburantes

El Gobierno prolongará hasta final de año la obligación impuesta a los operadores mayoristas de productos petrolíferos con capacidad de refino en España de remitir semanalmente información detallada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre sus costes de adquisición y los precios de venta de carburantes a las estaciones de servicio. La decisión fue comunicada este lunes por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante una reunión mantenida con representantes del sector petrolero, en la que también participó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. La medida forma parte del paquete aprobado para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra con Irán. Inicialmente, la obligación de informar a la CNMC tenía una vigencia de tres meses, aunque el decreto que la regulaba contemplaba la posibilidad de prorrogarla. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes su extensión hasta el próximo 31 de diciembre. La participación del Ministerio de Economía en el encuentro responde a una ronda de contactos impulsada por el Ejecutivo para evaluar el impacto que el conflicto está teniendo sobre distintos sectores de la economía española. En los próximos días también se celebrarán reuniones con representantes del sector agroalimentario, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y con el tejido industrial, en colaboración con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El objetivo de estos encuentros es analizar la evolución de la situación internacional y determinar si resulta necesario mantener, modificar o ampliar el Plan de Respuesta aprobado por el Gobierno el pasado 20 de marzo para mitigar los efectos económicos de la crisis. La valoración preliminar del Ejecutivo es positiva. Según las estimaciones manejadas por el Gobierno, las medidas adoptadas han contribuido a amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía sobre la economía española, especialmente en los precios de los carburantes. El efecto de este paquete de actuaciones se traduciría en una moderación cercana a un punto porcentual de la tasa general de inflación. No obstante, el Ejecutivo sigue atento a la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo. En particular, la posible reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, será determinante para evaluar el alcance definitivo de las medidas de apoyo. La vigencia inicial del plan concluye el próximo 30 de junio, pero el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad. La evolución de los mercados energéticos y el impacto económico de una eventual normalización del tráfico marítimo en Ormuz serán factores clave para decidir si las ayudas se extinguen en la fecha prevista o si, por el contrario, se prolongan bajo nuevas condiciones.

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(El Economista, 16-06-2026) | Fiscal

Barcelona endurecerá significativamente la fiscalidad aplicada a los cruceros de escala corta

El acuerdo alcanzado entre el PSC, ERC y En Comú prevé elevar hasta los 30 euros la tasa turística que deberán abonar los pasajeros de aquellos barcos que permanezcan menos de 12 horas en la ciudad, frente a los 11 euros que pagan actualmente. La medida forma parte de la estrategia impulsada por el Ayuntamiento para reducir el impacto del turismo de paso y favorecer un modelo basado en los denominados puertos base, es decir, aquellos en los que los cruceros inician o finalizan su recorrido. Precisamente, estos viajeros no se verán afectados por el incremento previsto. El aumento se producirá a través del recargo municipal que se aplica sobre la tasa turística. Este suplemento, que desde abril asciende a ocho euros por pasajero, aumentará progresivamente hasta alcanzar los 24 euros en 2027. Sumado al gravamen autonómico ya existente, la cuantía total llegará a los 30 euros para los cruceristas que permanezcan en la ciudad menos de medio día. La propuesta será sometida a aprobación inicial en la comisión municipal de Economía y posteriormente deberá recibir el visto bueno definitivo del pleno municipal. Una vez completado este trámite, será remitida al Parlament de Cataluña para su incorporación a la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos. Junto a la subida fiscal, el acuerdo incorpora un nuevo límite anual de actividad. ERC ha impulsado la creación de un techo de 3,5 millones de cruceristas al año, con el objetivo de contener el crecimiento del tráfico marítimo turístico y minimizar su impacto sobre la ciudad. Los socios del gobierno municipal defienden que el incremento de la recaudación debe revertir en servicios públicos. Los republicanos han planteado que parte de los ingresos adicionales se destinen a financiar el 50% del coste de los comedores escolares de Barcelona. Por su parte, En Comú considera que las medidas para controlar la presión turística llegan con retraso y ha reclamado una actuación más decidida por parte del ejecutivo municipal para limitar los efectos de la masificación. En paralelo al debate político, el sector de los cruceros trata de desvincular su actividad de los problemas derivados del exceso de visitantes. Un informe elaborado por la Universitat de Girona y la asociación internacional de navieras CLIA sostiene que los pasajeros de cruceros representaron únicamente el 2,5% del total de visitantes que recibió Barcelona en 2024. Según el mismo estudio, la presencia de cruceristas superó el 5% del conjunto de turistas únicamente durante 32 jornadas a lo largo del año, una conclusión obtenida a partir del análisis de datos de movilidad procedentes de dispositivos móviles. Barcelona sigue siendo el principal destino de cruceros del Mediterráneo occidental, aunque en los últimos años ha comenzado a adoptar medidas para reducir la presión de esta actividad. Entre ellas destaca el acuerdo alcanzado con el Puerto de Barcelona para disminuir el número de terminales de cruceros, que pasarán de siete a cinco, así como la reducción de la capacidad operativa de las instalaciones. Con estas iniciativas, las administraciones buscan compatibilizar la importancia económica del turismo de cruceros con una gestión más sostenible de los flujos de visitantes y de su impacto sobre la vida cotidiana de la ciudad.

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(El País, 16-06-2026) | Laboral

Trabajo envía más de 100.000 avisos a empresas para que garanticen la protección de los empleados frente al calor

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social prevé enviar esta semana más de cien mil comunicaciones, en concreto 113.916, a empresas de los sectores agrario y de la construcción para recordarles su obligación de proteger a los trabajadores frente a las altas temperaturas y garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, además de informar sobre la normativa vigente. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que estas notificaciones forman parte del denominado plan del calor, que se activa cada año. Según ha señalado, no se trata de un mecanismo sancionador, sino informativo, orientado a facilitar el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas. Estas cartas se enmarcan en el plan aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 9 de junio, cuyo objetivo es intensificar la vigilancia en aquellos sectores en los que los trabajadores están más expuestos a episodios de calor extremo. La ministra ha detallado que solo en el verano de 2025 la Inspección de Trabajo realizó más de 10.000 actuaciones relacionadas con condiciones ambientales adversas, que dieron lugar a 291 infracciones y sanciones que sumaron en torno a 1,6 millones de euros. Durante su intervención en el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales celebrado en Barcelona, Díaz ha subrayado que trabajar no debería implicar riesgos para la salud o la vida, y ha recordado que en 2025 más de 700 personas fallecieron en accidentes laborales en España. El Ejecutivo ha declarado 2026 como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, coincidiendo con el 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este contexto, el Gobierno ha pactado con los sindicatos la actualización de la norma, aunque su tramitación parlamentaria se prevé compleja al no contar con una mayoría garantizada en el Congreso. El plan del Gobierno pretende reforzar la prevención de riesgos laborales incorporando nuevos desafíos, como el impacto de la digitalización y de los sistemas algorítmicos en la organización del trabajo, los cambios demográficos, el efecto del cambio climático, la reducción de la siniestralidad laboral y la mejora en la protección de colectivos especialmente vulnerables, como jóvenes, trabajadores migrantes, personal sociosanitario y empleadas del hogar. También busca integrar de forma más efectiva la perspectiva de género en las políticas de salud laboral.

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(El Economista, 16-06-2026) | Laboral

El complemento por hijo en la pensión de los funcionarios llega al TJUE para que resuelva en los casos de jubilación anticipada

El complemento a la pensión por haber tenido hijos vuelve a situarse bajo el escrutinio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque en esta ocasión el análisis no se centra en la posible discriminación por razón de sexo, cuestión que el tribunal ya resolvió anteriormente al concluir que el diseño inicial del plus perjudicaba a los hombres. Ahora, la cuestión planteada se refiere a si este complemento puede ser discriminatorio en función de la edad, tras la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El órgano judicial español ha solicitado al TJUE que determine si la exclusión del complemento para determinados funcionarios que se jubilan de forma anticipada vulnera el derecho europeo. El caso afecta a los empleados incluidos en el régimen de Clases Pasivas, un sistema que gestiona las pensiones de determinados colectivos del sector público como personal de la Administración de Justicia, docentes, miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil o Policía Nacional. Aunque este régimen se encuentra en proceso de extinción desde 2011, todavía da cobertura a unos 700.000 trabajadores en activo y a un número similar de pensionistas. En este sistema, los funcionarios que acceden a la jubilación anticipada a los 60 años, siempre que acrediten al menos 30 años de servicio, no tienen derecho a percibir el complemento por hijos. Sin embargo, esta limitación no se aplica de la misma forma a quienes están encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social, lo que ha generado diferencias de trato entre colectivos. El complemento fue creado en 2016 como una medida de compensación dirigida inicialmente a las mujeres por el impacto de la maternidad en sus carreras profesionales. No obstante, el TJUE ya declaró en 2019 que excluir a los hombres resultaba discriminatorio, lo que llevó a su reforma en 2021 para extenderlo también a ellos, aunque con ciertos requisitos adicionales que no se exigían a las mujeres. En 2025, el tribunal europeo volvió a cuestionar algunos aspectos de su aplicación, al considerar que persistían elementos discriminatorios. A día de hoy, la normativa permite el acceso al complemento en el régimen general tanto en casos de jubilación ordinaria como anticipada, mientras que en Clases Pasivas se limita a supuestos de jubilación forzosa, lo que ha reabierto el debate sobre la coherencia del sistema. El TSJCV argumenta que, si el objetivo del complemento es reconocer la aportación demográfica, no parece justificado excluir a quienes se jubilan anticipadamente una vez cumplidos los requisitos de edad y cotización. A su juicio, esta diferencia podría vulnerar la directiva europea sobre igualdad de trato en el empleo. En este contexto, el TJUE deberá determinar si la normativa española es compatible con el derecho de la Unión Europea o si, por el contrario, introduce una discriminación indirecta basada en la edad entre distintos colectivos de pensionistas.

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(El Economista, 16-06-2026) | Laboral

España envió al desempleo el doble de trabajadores que la Unión Europea al inicio de 2026

Un 2,7% de los trabajadores que estaban ocupados a finales de 2025 pasaron al desempleo al inicio de 2026. Aunque se trata de una proporción relativamente baja, duplica la media registrada en la Unión Europea, situada en el 1,2%. En términos absolutos, y teniendo en cuenta que el mercado laboral español supera ya los 22 millones de ocupados, este porcentaje equivale a más de 623.000 personas que perdieron su empleo entre el último trimestre de 2025 y el primero de 2026. Este volumen sitúa a España entre los países con mayores flujos de salida del empleo hacia el paro dentro de la UE, hasta el punto de concentrar cerca de una cuarta parte de estos movimientos en el conjunto comunitario. Los datos proceden de Eurostat, a través de la estadística de flujos del mercado laboral europeo, actualizada recientemente. En el conjunto de la Unión Europea, 2,5 millones de personas realizaron la transición del empleo al desempleo en ese periodo, mientras que tres millones siguieron el recorrido inverso, pasando del paro a un empleo. En el caso español, el comportamiento es menos favorable: 566.800 personas encontraron trabajo, lo que genera un saldo negativo de 56.800 personas en comparación entre entradas y salidas del desempleo, según los datos de la EPA. Las diferencias con el resto de Europa son menos marcadas en lo relativo al paso del empleo a la inactividad, es decir, personas que dejan de trabajar sin incorporarse al desempleo, ya sea por jubilación, estudios u otras razones personales o familiares. En la UE, este flujo afectó al 2,1% de los ocupados (unos 4,4 millones de personas), mientras que en España alcanzó el 2,61% (587.400 personas). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal analizó recientemente estos movimientos y detectó que, desde 2022, ha aumentado la salida del empleo tanto en contratos indefinidos como en fijos discontinuos, especialmente en los primeros meses de vigencia del contrato. Este comportamiento sugiere una mayor rotación en estas modalidades laborales tras la reforma del mercado de trabajo. Por el contrario, los contratos temporales siguen mostrando una alta probabilidad de finalización, con picos vinculados a la expiración habitual de contratos de 6, 12 o 24 meses. Otros estudios, como los realizados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, coinciden en que gran parte de las salidas hacia el desempleo o la inactividad se deben a la finalización de contratos temporales, siendo los trabajadores extranjeros el colectivo con mayor tasa de salida. Investigaciones académicas previas ya apuntaban que el problema del mercado laboral español no se centraba solo en la destrucción de empleo, sino también en la dificultad para reincorporar a los desempleados. Además, las diferencias entre hombres y mujeres se han reducido con el tiempo, especialmente tras la reforma laboral, aunque los efectos a largo plazo aún no muestran cambios estructurales significativos.

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(Cinco Días, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex supera los 19.000 puntos por primera vez en la historia

Los mercados financieros han recibido con optimismo el acuerdo preliminar de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, impulsando una jornada de fuerte alivio en los activos de riesgo. El Ibex 35 llegó a superar momentáneamente los 19.000 puntos, marcando un nuevo máximo histórico, mientras que el petróleo y el gas natural registraban importantes descensos al reducirse el temor a interrupciones en el suministro energético mundial. La reacción de los inversores, sin embargo, ha sido más contenida de lo que cabría esperar ante una noticia de tal magnitud. El motivo es que el posible acuerdo llevaba días descontándose en los mercados, después de múltiples anuncios y filtraciones sobre unas negociaciones que parecían próximas a culminar. A media sesión, el selectivo español moderaba sus avances hasta alrededor del 1%, tras haber llegado a subir más del doble en los primeros compases de la jornada. En paralelo, el precio del barril de Brent retrocedía cerca de un 5%, situándose en torno a los 83 dólares. Aunque sigue por encima de los niveles previos al estallido del conflicto, cuando cotizaba cerca de los 70 dólares, el mercado interpreta que el riesgo de una crisis energética global se ha reducido considerablemente. Los futuros de Wall Street también apuntaban a una apertura claramente alcista, con ganancias superiores al 1%. El acuerdo aún debe formalizarse oficialmente. La firma del memorando de entendimiento está prevista para el próximo viernes en Suiza, aunque los inversores dan prácticamente por hecho que el pacto saldrá adelante. Entre los elementos más relevantes figura la prolongación del alto el fuego, el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, una infraestructura estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas. La relajación de las tensiones geopolíticas ha beneficiado especialmente a los sectores más sensibles al coste de la energía. En las bolsas europeas, las compañías ligadas al turismo, el transporte y el sector financiero lideraban las subidas. En España, IAG y Amadeus figuraban entre los valores más alcistas, mientras que los principales bancos registraban avances significativos. En sentido contrario, las empresas energéticas y petroleras acusaban la caída del crudo, con Repsol encabezando los descensos del mercado español. El optimismo también se trasladó a Asia. La bolsa de Tokio cerró con una subida superior al 5%, mientras que el mercado surcoreano avanzó más de un 5%, acercándose a niveles récord. A este impulso contribuyó igualmente el buen comportamiento reciente de Wall Street y el favorable clima para los activos de riesgo. Pese al entusiasmo inicial, numerosos analistas mantienen la cautela. Consideran que el acuerdo todavía debe concretarse y que la situación en Oriente Próximo sigue siendo delicada. Desde esta perspectiva, la reacción de los mercados responde más a la desaparición de una prima de riesgo geopolítica que a la resolución definitiva de los problemas de la región. Durante los últimos meses, el conflicto ha generado importantes alteraciones en las cadenas mundiales de suministro energético, provocando fuertes oscilaciones en los precios del petróleo y elevando las presiones inflacionistas en numerosas economías. La reapertura del estrecho de Ormuz es considerada un elemento fundamental para restablecer la normalidad en los flujos comerciales internacionales. Más allá de la geopolítica, la atención de los inversores vuelve ahora a centrarse en la evolución de la inflación y en las decisiones de los principales bancos centrales. Los mercados intentarán determinar hasta qué punto el encarecimiento de la energía durante el conflicto ha tenido efectos duraderos sobre los precios y si ello condicionará la política monetaria en los próximos meses. En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo ha valorado positivamente el acuerdo, especialmente después de que la institución endureciera recientemente su política monetaria por el impacto de los costes energéticos. En Estados Unidos, la próxima reunión de la Reserva Federal cobra una relevancia adicional en un escenario marcado por la moderación de los riesgos geopolíticos. Los mercados de deuda reflejaban esta nueva situación con descensos generalizados en las rentabilidades de los bonos soberanos. El rendimiento del bono español a diez años se situaba en torno al 3,37%, mientras que el alemán volvía a caer por debajo del 3%. En el mercado de divisas, el euro se fortalecía frente al dólar, beneficiándose de la reducción de la incertidumbre internacional. Durante el conflicto, la moneda estadounidense había actuado como activo refugio gracias a la menor vulnerabilidad energética de la economía norteamericana. Por su parte, el oro registraba fuertes ganancias, impulsado por unas expectativas de tipos de interés más moderadas y por el renovado interés inversor hacia los activos financieros.

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(Expansión, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV advierte del nuevo escenario regulatorio en las criptos desde el 1 de julio

La cuenta atrás para la plena aplicación del reglamento europeo sobre criptoactivos, conocido como MiCA (Markets in Crypto-Assets), entra en su fase decisiva. El próximo 30 de junio finalizará el periodo transitorio establecido para que las empresas del sector adapten su actividad a la nueva normativa comunitaria. Ante la proximidad de esta fecha, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado una advertencia dirigida tanto a los inversores como a los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos. El organismo recuerda que, a partir del 1 de julio, únicamente podrán operar en España aquellas entidades que hayan obtenido la autorización exigida por la regulación europea. El supervisor recomienda a los usuarios extremar la precaución y evitar realizar operaciones con plataformas o proveedores que no hayan completado el proceso de autorización. Estas entidades quedarán fuera del marco de supervisión previsto por MiCA y, por tanto, sus clientes no dispondrán de las garantías y mecanismos de protección contemplados por la normativa. La CNMV también ha instado a los proveedores que no vayan a conseguir la autorización antes de la fecha límite a poner en marcha planes de migración para sus clientes. Estos procedimientos deberán permitir que los usuarios puedan retirar sus criptoactivos hacia otras direcciones o transferir sus fondos a cuentas bancarias, garantizando en todo momento la seguridad de las operaciones y el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Otra de las alternativas contempladas consiste en alcanzar acuerdos con entidades que sí cuenten con autorización para prestar servicios sobre criptoactivos. En estos casos, los clientes podrían aceptar el traslado de sus activos a la nueva plataforma y continuar operando una vez completados los correspondientes procesos de identificación y verificación. El regulador considera fundamental que las empresas afectadas mantengan una comunicación transparente con sus usuarios, informándoles con antelación suficiente sobre los plazos, procedimientos y opciones disponibles durante el proceso de transición. Asimismo, los planes de migración deberán incluir un periodo razonable para que los inversores puedan retirar sus fondos o activos digitales. Una vez concluido dicho plazo, los criptoactivos y el efectivo que permanezcan sin movilizar podrán ser transferidos a entidades debidamente autorizadas, siempre con la correspondiente notificación a los clientes afectados. La entrada en vigor definitiva de MiCA supone un cambio relevante para el ecosistema de los criptoactivos en Europa, al establecer un marco regulatorio común destinado a reforzar la transparencia, la protección de los inversores y la supervisión de un sector que hasta ahora operaba con importantes diferencias normativas entre países.

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(El País, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los hogares españoles se han ahorrado 10 euros al mes durante la guerra gracias al auge de las renovables

La expansión de las energías renovables en España durante los últimos años se ha convertido en uno de los principales factores de protección frente a las turbulencias energéticas internacionales. Tras el fuerte impulso registrado desde 2022, especialmente en la instalación de parques solares fotovoltaicos y, en menor medida, eólicos, el sistema eléctrico español ha reducido notablemente su dependencia del gas natural para fijar el precio de la electricidad. Según un análisis elaborado por Ember, organización especializada en energía y políticas climáticas, esta transformación está permitiendo amortiguar los efectos de la reciente crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo y de las tensiones sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. El informe calcula que un hogar medio español se ha ahorrado alrededor de 10 euros mensuales en su factura eléctrica gracias al creciente peso de la energía solar y eólica en el sistema. La clave de esta protección reside en la menor influencia de las centrales de ciclo combinado alimentadas por gas. Mientras que en los primeros cinco meses de 2021 estas instalaciones determinaron el precio de la electricidad en el 52% de las horas, en el mismo periodo de 2026 su participación se ha reducido al 9%. Este cambio responde al importante aumento de la generación renovable registrado en los últimos años. Entre 2021 y 2025, la producción conjunta de energía solar y eólica creció un 37%, permitiendo desplazar una parte significativa de la generación basada en combustibles fósiles. A ello se suma el avance de los sistemas de almacenamiento energético, cada vez más relevantes para aprovechar la producción renovable durante las horas sin sol o con menor generación. Los analistas estiman que, si la relación entre el precio de la electricidad y el coste del gas continuara siendo tan estrecha como en 2021, los consumidores acogidos a la tarifa regulada habrían soportado un incremento cercano al 19% en sus recibos desde marzo de este año. Sin embargo, la creciente penetración de las energías renovables ha limitado considerablemente este impacto. La diferencia resulta especialmente visible al comparar España con otros países europeos más dependientes del gas. Mientras que el mercado eléctrico español ha mantenido precios relativamente bajos durante los primeros meses de 2026, en países como Italia los costes de la electricidad han alcanzado niveles muy superiores debido a su mayor exposición a las variaciones del mercado gasista. Esta evolución ha convertido a España en uno de los ejemplos más citados a nivel internacional sobre los beneficios económicos de la transición energética. Diversos organismos y expertos han destacado cómo la apuesta por las renovables no sólo contribuye a la reducción de emisiones, sino que también fortalece la seguridad energética y reduce la vulnerabilidad ante crisis geopolíticas. El contexto meteorológico también ha jugado a favor. La llegada del conflicto en Oriente Próximo coincidió con una primavera especialmente favorable para la producción eólica, solar e hidroeléctrica. Además, los embalses presentaban elevados niveles de almacenamiento tras varios meses de abundantes precipitaciones, lo que reforzó aún más la capacidad de generación renovable. La situación contrasta con la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en 2022. Entonces, el conflicto estalló en pleno invierno, con una elevada demanda de calefacción y una fuerte dependencia del gas natural, circunstancias que provocaron máximos históricos tanto en los precios mayoristas como en las facturas domésticas. De hecho, el comportamiento del mercado eléctrico durante los últimos meses ha resultado más favorable de lo previsto. A pesar de las tensiones geopolíticas y del incremento registrado en el precio internacional del gas, la combinación de una elevada producción renovable, una menor dependencia de los combustibles fósiles y las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno ha evitado una nueva escalada de precios como la vivida hace cuatro años. Como resultado, numerosos hogares españoles llegaron a pagar en abril y mayo facturas eléctricas inferiores a las registradas en los meses precedentes, una circunstancia que pone de manifiesto el creciente papel de las energías renovables como factor de estabilidad económica y energética.

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