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(Cinco Días, 11-06-2026) | Fiscal

El IRPF, una carrera de fondos para los autónomos

Para los trabajadores autónomos, la declaración de la renta representa únicamente el resultado final de una gestión fiscal que se desarrolla a lo largo de todo el año. Cada ingreso, gasto o inversión influye en la tributación futura, por lo que la organización y el control financiero continuado son tan importantes como la propia presentación de la declaración. Además, la gestión de impuestos como el IRPF requiere unos conocimientos que muchos profesionales reconocen no poseer plenamente. Según un estudio de Funcas realizado en 2025, el 27% de los españoles considera insuficiente su formación financiera. En este contexto, conocer qué gastos pueden deducirse, cómo justificarlos correctamente y planificar la tributación se convierte en un elemento esencial para cualquier trabajador por cuenta propia. Los autónomos tributan en el IRPF por el beneficio obtenido en su actividad económica, es decir, por la diferencia entre los ingresos generados y los gastos fiscalmente deducibles. A diferencia de los trabajadores asalariados, cuya tributación se articula principalmente a través de las retenciones practicadas por la empresa, los autónomos deben gestionar directamente la determinación de sus rendimientos, registrando y justificando cada gasto vinculado a su actividad. La mayoría de los profesionales por cuenta propia tributa mediante el sistema de estimación directa, ya sea en su modalidad simplificada o normal, aunque también existe el régimen de módulos para determinadas actividades. Habitualmente, el pago del IRPF se realiza mediante retenciones aplicadas en las facturas emitidas y mediante los pagos fraccionados trimestrales. Por ello, la planificación fiscal comienza mucho antes de la campaña de la renta. Mantener la documentación actualizada, registrar correctamente las operaciones y compartir la información con la gestoría son prácticas habituales entre quienes buscan evitar errores y optimizar su situación fiscal. Los expertos recomiendan, además, separar claramente las finanzas personales de las profesionales mediante cuentas bancarias distintas para facilitar el seguimiento y la justificación de los movimientos económicos. En relación con los gastos deducibles, la normativa exige tres requisitos fundamentales. El primero es que exista una relación directa entre el gasto y la actividad económica desarrollada. Esto incluye tanto los gastos imprescindibles para trabajar como aquellos que, sin ser estrictamente indispensables, contribuyen a generar ingresos o reducir costes. El segundo requisito consiste en registrar adecuadamente dichos gastos. Aunque existe la creencia de que solo las sociedades están obligadas a llevar una contabilidad organizada, los autónomos también deben mantener registros de facturas emitidas y recibidas, así como de los bienes de inversión susceptibles de amortización. La tercera condición es disponer de una factura emitida correctamente a nombre del autónomo. Los expertos insisten en que los simples tickets o recibos no suelen ser suficientes para justificar una deducción fiscal, por lo que aconsejan solicitar siempre facturas completas y conservar los justificantes de pago correspondientes. Las mayores dudas suelen surgir en aquellos gastos que combinan un uso personal y profesional. Uno de los casos más habituales es el vehículo. La Agencia Tributaria exige, con carácter general, que el automóvil esté destinado exclusivamente a la actividad económica para admitir su deducción en el IRPF. Esto dificulta considerablemente la aplicación de esta ventaja fiscal, salvo en profesiones donde el vehículo constituye una herramienta esencial de trabajo, como transportistas, taxistas, repartidores, agentes comerciales o conductores de vehículos de transporte con conductor. Otro gasto que genera frecuentes consultas es el relacionado con la telefonía. Los asesores suelen recomendar disponer de líneas separadas para uso personal y profesional, ya que esta diferenciación facilita la acreditación de que el gasto está vinculado exclusivamente a la actividad económica. El auge del teletrabajo también ha incrementado las dudas sobre la deducción de gastos asociados a la vivienda. Hacienda permite deducir la parte proporcional del alquiler correspondiente al espacio destinado a la actividad profesional y un porcentaje de los suministros vinculados a dicha superficie, siempre que el contrato de arrendamiento no impida expresamente el desarrollo de actividades económicas en la vivienda. No obstante, cuando el espacio de trabajo se comparte con el uso personal, la justificación se vuelve más compleja. Existen además otros gastos cuya acreditación resulta más sencilla. Las cuotas abonadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y determinadas cotizaciones a la Seguridad Social pueden justificarse mediante los correspondientes recibos bancarios. Asimismo, las ayudas públicas recibidas por el autónomo, como las derivadas del programa Kit Digital, deben declararse como ingresos y tributan dentro del IRPF. Los especialistas coinciden en que la reducción de la carga fiscal no depende de encontrar deducciones de última hora cuando se acerca la campaña de la renta, sino de una adecuada planificación durante todo el ejercicio. Llevar un control constante de ingresos y gastos permite aprovechar mecanismos legales de optimización fiscal. Entre ellos figura la posibilidad de diferir determinados ingresos dentro de los límites establecidos por la normativa. En algunos casos, retrasar la emisión de una factura a los primeros días del ejercicio siguiente puede ayudar a distribuir mejor los rendimientos y reducir el impacto de la progresividad del impuesto. Otra herramienta habitual para disminuir la base imponible son las aportaciones a planes de pensiones. Estas permiten trasladar parte de la tributación al momento de la jubilación, cuando previsiblemente los ingresos serán inferiores. Los autónomos también pueden beneficiarse de los planes de pensiones de empleo simplificados, que permiten realizar aportaciones más elevadas dentro de los límites fijados por la ley. Los nuevos autónomos cuentan además con incentivos específicos. Durante los primeros años de actividad pueden aplicar una reducción del 20% sobre el rendimiento neto positivo, siempre que cumplan determinados requisitos relacionados con su situación profesional previa y con el nivel de ingresos obtenidos. A ello se suman las ayudas y beneficios fiscales que algunas comunidades autónomas ponen a disposición de los trabajadores por cuenta propia, por lo que resulta aconsejable revisar periódicamente la normativa vigente en cada territorio. Finalmente, los expertos destacan la importancia de contar con asesoramiento profesional. Los servicios de gestoría constituyen un gasto deducible y ayudan a evitar errores, incumplimientos y posibles sanciones. Para muchos autónomos, disponer de apoyo especializado resulta fundamental para mantener el control de sus obligaciones fiscales y gestionar adecuadamente su actividad económica.

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(Expansión, 11-06-2026) | Fiscal

Hacienda prepara para julio un techo de gasto récord

El Gobierno está preparando la aprobación de un límite de gasto no financiero sin precedentes con el objetivo de incorporar en las cuentas del próximo año un aumento histórico del gasto social y de las inversiones en vivienda, en un contexto marcado por la búsqueda de nuevos apoyos parlamentarios. El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde al nuevo cuadro macroeconómico el 23 de junio, mientras que las medidas para hacer frente a la crisis se aprobarán el 30 de junio. El Ejecutivo ultima una revisión de sus previsiones económicas que pretende aprobar en menos de dos semanas y que servirá de base para el proyecto de Presupuestos de 2027. No obstante, la presentación de uno de los elementos centrales de ese plan, el techo de gasto, se pospondrá hasta julio. La intención es fijar un límite de gasto récord que permita incorporar nuevas medidas y concesiones con las que intentar recuperar apoyos en el Congreso. En caso de que las cuentas no prosperen, estas iniciativas podrían convertirse en parte destacada del programa electoral de cara a las próximas elecciones generales. Hasta ahora, el Gobierno no ha logrado reunir los respaldos suficientes para presentar un proyecto presupuestario durante la legislatura, por lo que ha recurrido a tres prórrogas consecutivas de los Presupuestos de 2023. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo hasta hace apenas una semana la intención de presentar unas cuentas para 2026, aunque finalmente anunció que el trabajo del Ejecutivo se centraría ya en los Presupuestos de 2027. El proceso comenzó oficialmente el pasado viernes con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden ministerial para la elaboración de las nuevas cuentas públicas. Posteriormente, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó en el Congreso que el cuadro macroeconómico que servirá de referencia para los Presupuestos de 2027 será aprobado por el Consejo de Ministros el próximo 23 de junio. La actualización de las previsiones de crecimiento económico y empleo resulta esencial para la elaboración de las cuentas públicas. A finales de abril, Carlos Cuerpo ya adelantó que el Gobierno trabajaba en una revisión de dichas previsiones, aunque prefirió esperar para evaluar con mayor precisión las consecuencias económicas de la guerra en Irán. En ese momento señaló que la previsión de crecimiento del PIB para 2026, situada actualmente en el 2,2%, podría reducirse entre una y cuatro décimas según las estimaciones gubernamentales, mientras que el Banco de España contemplaba una posible rebaja de hasta ocho décimas. Sin embargo, desde entonces diversos organismos internacionales han respaldado la fortaleza de la economía española a pesar de la incertidumbre global. La OCDE elevó recientemente en dos décimas su previsión de crecimiento para España, hasta el 2,2%, mientras que la Comisión Europea aumentó la suya en una décima, hasta el 2,4%. Mientras se define el nuevo cuadro macroeconómico, el Ejecutivo también trabaja en el diseño del techo de gasto y de la senda fiscal que establecerá los objetivos de déficit y deuda pública. Aunque tradicionalmente estos elementos se aprobaban conjuntamente, el Gobierno ya modificó esta práctica el año pasado y todo apunta a que volverá a hacerlo en esta ocasión. El Ministerio de Hacienda ha concedido a los distintos departamentos ministeriales hasta el 29 de junio para trasladar sus necesidades presupuestarias de cara a 2027, por lo que esperará a disponer de toda esa información antes de fijar definitivamente el límite de gasto. Aunque el 30 de junio habrá una nueva reunión del Consejo de Ministros, las previsiones apuntan a que estará centrada en la renovación de las ayudas vinculadas a la guerra en Irán, cuya vigencia concluye ese mismo día. Carlos Cuerpo ya ha mantenido encuentros con representantes de los sectores del transporte, la logística y la distribución, y tiene previsto reunirse también con responsables de la energía, la industria y el sector agroalimentario para concretar nuevas medidas de apoyo para los próximos meses. Por ello, no se espera conocer el techo de gasto ni la senda fiscal antes del 7 de julio. Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha avanzado que los futuros Presupuestos incluirán el mayor volumen de gasto social registrado hasta la fecha y la mayor inversión pública en vivienda desde el inicio de la democracia. Gracias a una recaudación que superó los 325.000 millones de euros en 2025, Hacienda aspira a rebasar los 200.000 millones de euros de techo de gasto para disponer de margen suficiente con el que atraer el respaldo de sus socios parlamentarios. Algunos de ellos, como PNV y Junts, consideran prácticamente agotada la legislatura debido a los distintos casos de corrupción que afectan al PSOE. En cualquier caso, el Ejecutivo asegura que, incluso si el proyecto presupuestario no logra salir adelante, impulsará medidas de apoyo dirigidas a colectivos como los jóvenes, las personas más vulnerables y los pensionistas.

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(El País, 11-06-2026) | Fiscal

Cuerpo anuncia que el Gobierno presentará el cuadro macro para los Presupuestos el 23 de junio

El Gobierno ha dado un nuevo paso en su intención de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2027, que serían los primeros de la actual legislatura tras varios años de prórrogas consecutivas de las cuentas aprobadas en 2023. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció en el Congreso de los Diputados que el próximo 23 de junio se presentará la actualización del cuadro macroeconómico, documento que constituye la base sobre la que se elaboran los Presupuestos. El anuncio se produce pocos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmara la voluntad del Ejecutivo de iniciar la tramitación presupuestaria para el próximo ejercicio, pese a las dificultades parlamentarias que previsiblemente acompañarán el proceso. Durante una intervención en la Cámara Baja, Cuerpo adelantó que el Ejecutivo hará públicas sus nuevas previsiones económicas, que incluirán estimaciones sobre crecimiento, empleo e inflación para los próximos años. La actualización del cuadro macroeconómico es un paso imprescindible antes de la elaboración formal del proyecto presupuestario. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ya había señalado recientemente que el Gobierno trabajaba en la revisión de estas previsiones con el objetivo de incorporar la información económica más reciente y disponer de una base realista para la preparación de las futuras cuentas públicas. Uno de los principales elementos de incertidumbre que deberá reflejar esta actualización es el impacto de la crisis energética derivada de la guerra en Irán y de las tensiones en Oriente Próximo. Las previsiones vigentes fueron elaboradas en noviembre del año pasado, cuando todavía no se habían producido estos acontecimientos. Actualmente, el Ejecutivo mantiene una estimación de crecimiento económico del 2,2% para 2026. Sin embargo, el conflicto internacional ha introducido nuevos riesgos para la economía europea, especialmente a través del encarecimiento de la energía y sus efectos sobre la inflación. A finales de abril, Carlos Cuerpo estimó que la crisis podría restar entre una y cuatro décimas al crecimiento económico español y añadir aproximadamente un punto porcentual a la inflación media. No obstante, los principales organismos internacionales continúan mostrando confianza en la capacidad de la economía española para mantener un ritmo de crecimiento superior al de la mayoría de sus socios europeos. El Fondo Monetario Internacional sitúa el avance del Producto Interior Bruto español en el 2,1% para este año, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos mantiene una previsión del 2,2%, en línea con la estimación oficial del Gobierno. Estas previsiones sugieren que la actividad económica está resistiendo relativamente bien el impacto de las tensiones geopolíticas gracias al dinamismo del mercado laboral, la fortaleza del consumo y el comportamiento positivo de determinados sectores productivos. La principal consecuencia económica del conflicto parece concentrarse, por el momento, en la evolución de los precios. La inflación alcanzó el 3,2% en mayo, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía. Aun así, el aumento podría haber sido mayor sin las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno para contener parte de la subida de los costes energéticos. La presentación del nuevo cuadro macroeconómico permitirá conocer hasta qué punto el Ejecutivo revisa sus expectativas de crecimiento e inflación y servirá como punto de partida para una negociación presupuestaria que se prevé compleja, pero que el Gobierno considera prioritaria para dotar de estabilidad financiera a la legislatura.

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(El Economista, 11-06-2026) | Fiscal

Los ayuntamientos podrán encarecer la plusvalía municipal con el valor de referencia catastral de las viviendas

Hacienda ha dado margen a los ayuntamientos para que puedan recurrir al valor de referencia catastral de un inmueble a la hora de calcular la base del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. La Dirección General de Tributos (DGT), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha emitido una consulta del 9 de abril en la que concluye que las administraciones locales pueden utilizar ese valor de referencia como valor de transmisión del inmueble, siempre que lo justifiquen y motiven adecuadamente dentro de un procedimiento de comprobación. En la práctica, esto implica que si un ayuntamiento considera que el precio declarado en una compraventa es inferior al de mercado, puede iniciar una comprobación y tomar como base el valor de referencia catastral. Si este es superior al precio real de venta, el consistorio podría emplearlo para calcular la plusvalía y exigir el impuesto correspondiente. Esta interpretación abre la puerta a que, en operaciones en las que no existe realmente un incremento de valor -o incluso se vende el inmueble con pérdidas o sin apenas ganancia-, la administración pueda seguir exigiendo el tributo si decide apoyarse en el valor de referencia tras una comprobación. Distintos expertos consideran que esta doctrina puede ser utilizada por los ayuntamientos para reforzar la recaudación en casos en los que el contribuyente acredita pérdidas en la transmisión del inmueble. También advierten de que este criterio podría extenderse como precedente a otros impuestos estatales, como el IRPF, en relación con la tributación de las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de viviendas. Desde la reforma de la plusvalía tras la sentencia del Tribunal Constitucional en 2021, el impuesto puede calcularse por dos vías: un método objetivo basado en el valor catastral del suelo y los años de tenencia, o un método que permite demostrar la ausencia de incremento real mediante las escrituras. Sin embargo, esta nueva interpretación introduce la posibilidad de que la administración cuestione el precio de venta declarado y recurra al valor de referencia como elemento de cálculo. Según algunos especialistas, esto supone un cambio relevante respecto al enfoque basado en la ganancia real, ya que podría reintroducir un sistema de cálculo más automático o "estimado", vinculado a valores administrativos del Catastro. Además, se advierte de que esta doctrina podría influir en la interpretación de otros tributos. En el caso del IRPF, la normativa establece que la ganancia patrimonial se calcula a partir del precio de transmisión, salvo que este sea inferior al valor normal de mercado. Aunque no es habitual que la Agencia Tributaria se aparte del precio escriturado, algunos expertos señalan que la existencia de este criterio refuerza la posibilidad de que se utilicen valores de referencia si estos resultan superiores al importe de venta declarado.

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(El Economista, 11-06-2026) | Fiscal

Tributos descarta que las asesorías que llevan la contabilidad de los clientes estén sujetas a Verifactu

La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado en una consulta fechada el 13 de abril que las asesorías que se encargan únicamente de la contabilidad de sus clientes y de la presentación de impuestos en su nombre no están obligadas a adaptarse a Verifactu, el sistema que exige el uso de programas informáticos de facturación que cumplan con determinados requisitos establecidos por la Agencia Tributaria. La consulta responde a la duda planteada por una asesoría que gestiona la contabilidad, los libros registro de facturas emitidas y la presentación de autoliquidaciones de sus clientes, y que preguntaba si debía utilizar un software de facturación adaptado a la normativa Verifactu. Tributos recuerda que la normativa general prevé la implantación de sistemas informáticos certificados para actividades relacionadas con la facturación y la gestión contable. Sin embargo, señala que el desarrollo reglamentario aprobado hasta el momento se limita exclusivamente a los programas de facturación utilizados por empresarios y autónomos, sin extenderse a los sistemas contables empleados por asesorías o despachos profesionales. En consecuencia, la DGT concluye que las asesorías que realizan tareas de contabilización y presentación de impuestos para terceros no están incluidas dentro del ámbito de aplicación del reglamento sobre sistemas informáticos de facturación. El organismo aclara también que los propios clientes tampoco están obligados a utilizar estos sistemas si emiten sus facturas de forma manual o mediante herramientas básicas como Word o Excel, siempre que no se utilicen programas que automaticen el tratamiento de los datos. No obstante, advierte de que en el momento en que se emplee cualquier sistema informático de facturación, aunque sea de forma parcial, sí será obligatorio cumplir con la normativa Verifactu. En ese caso, los programas utilizados deberán garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, además de contar con la correspondiente certificación exigida por la Agencia Tributaria.

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(Expansión, 11-06-2026) | Laboral

La IA no destruye empleos, pero bloquea la entrada a jóvenes cualificados

La idea de que la inteligencia artificial representa una amenaza inmediata para los empleos de oficina se ha convertido en un mensaje recurrente. Los despidos en empresas tecnológicas, los anuncios de automatización y las dificultades de muchos recién titulados para encontrar trabajo han alimentado la percepción de que la IA está sustituyendo de forma masiva a programadores, analistas, administrativos, redactores, abogados en sus primeros años o consultores. Sin embargo, los datos disponibles sugieren una realidad más matizada. Un estudio citado por LinkedIn y publicado por MIT Technology Review a finales de mayo analiza la preocupación existente sobre el impacto de la inteligencia artificial en las profesiones cualificadas. Su principal conclusión es que la IA todavía no ha provocado una destrucción generalizada de empleo, aunque sí está modificando el acceso a determinadas carreras profesionales, especialmente en aquellos puestos iniciales basados en tareas repetitivas, estructuradas y fácilmente automatizables. Existe una diferencia importante entre la capacidad tecnológica de la IA para realizar determinadas tareas cognitivas y que esa capacidad se traduzca en una transformación profunda del mercado laboral. Según The Budget Lab de la Universidad de Yale, en Estados Unidos se observan algunos indicios de menor contratación y dificultades para ciertos trabajadores, pero aún no existen pruebas concluyentes de que la inteligencia artificial sea la principal responsable de esa situación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llegó anteriormente a una conclusión similar al señalar que, por el momento, apenas existen evidencias de efectos negativos relevantes sobre el empleo total. Esto sugiere que el impacto de la IA podría estar concentrándose en determinados perfiles, tareas y etapas profesionales. Desde el Stanford Digital Economy Lab consideran que el debate no debe limitarse a elegir entre una visión catastrofista o una confianza absoluta en la tecnología. Aunque la inteligencia artificial no esté eliminando profesiones enteras, sí está alterando las funciones de entrada y las oportunidades laborales para los jóvenes con formación superior. Las investigaciones realizadas por la Universidad de Stanford muestran que los trabajadores de entre 22 y 25 años empleados en ocupaciones altamente expuestas a la IA han registrado una caída relativa del empleo del 16%. En cambio, los profesionales con más experiencia dentro de esas mismas actividades han mantenido o incluso mejorado su situación. Esto apunta a una presión específica sobre quienes intentan incorporarse al mercado laboral, más que a una desaparición de las profesiones afectadas. En este contexto resulta fundamental diferenciar entre automatización y complemento tecnológico. Cuando la IA actúa como apoyo, permite que los trabajadores sean más eficientes, tomen mejores decisiones o alcancen resultados con mayor rapidez. Sin embargo, cuando sustituye por completo determinadas tareas, las empresas pueden cuestionarse si necesitan incorporar el mismo número de empleados en niveles iniciales. El estudio de Stanford señala que los efectos más negativos para los jóvenes aparecen precisamente en aquellas ocupaciones donde la inteligencia artificial reemplaza funciones concretas. Por el contrario, en los empleos donde la tecnología actúa como herramienta de apoyo, no se observan las mismas consecuencias. La programación constituye uno de los ejemplos más evidentes. Una investigación de la Reserva Federal sobre profesiones relacionadas con el desarrollo de software en Estados Unidos concluye que el empleo total del sector no se ha desplomado, aunque sí ha mostrado una desaceleración desde la aparición de ChatGPT. Esta situación obliga a abandonar tanto las posiciones alarmistas como las excesivamente optimistas. La profesión de programador no desaparece, pero sí cambia la forma de acceder a ella. Dominar tareas rutinarias de programación ya no resulta suficiente cuando una herramienta de IA puede generar código básico, documentarlo, detectar errores y sugerir pruebas de funcionamiento. El Foro Económico Mundial también prevé cambios importantes en perfiles administrativos y estima que, entre 2025 y 2030, cerca del 39% de las habilidades actuales podrían transformarse o perder relevancia. Aun así, la implantación de la inteligencia artificial en las empresas sigue siendo desigual. Conviene distinguir además entre el uso individual y la adopción corporativa. La IA puede estar modificando la forma de trabajar de millones de personas antes de que las organizaciones acometan grandes procesos de reestructuración. Se produce así una paradoja. La inteligencia artificial puede facilitar enormemente el aprendizaje de los trabajadores menos experimentados al proporcionar instrucciones, borradores, resúmenes, respuestas o código que antes exigían meses de formación. Sin embargo, si estas herramientas permiten que equipos reducidos de profesionales veteranos generen más producción, las empresas podrían reducir la contratación de personal junior. Esto mejora la eficiencia a corto plazo, pero puede generar problemas en el futuro al limitar la formación de nuevos especialistas. La IA también puede provocar efectos sociales incluso sin provocar un aumento significativo del desempleo. Los profesionales experimentados que sepan aprovechar estas herramientas pueden incrementar su productividad y valor en el mercado, mientras que muchos jóvenes encuentran mayores obstáculos para adquirir experiencia práctica. Las tareas básicas que tradicionalmente servían para aprender una profesión son precisamente las más susceptibles de automatización. Esta dinámica puede debilitar el papel de la educación superior como mecanismo de promoción social y obligar a las empresas a replantear sus estructuras organizativas. Sectores como la abogacía, la consultoría, la banca, la tecnología, los medios de comunicación o el marketing podrían evolucionar hacia modelos con menos trabajadores en formación y una mayor concentración de profesionales experimentados. En definitiva, el principal desafío no radica únicamente en que la inteligencia artificial sustituya determinadas tareas, sino en que elimine precisamente aquellas funciones básicas que permitían a los jóvenes adquirir experiencia y desarrollar una carrera profesional. Aunque no se produzca una destrucción masiva de empleo, existe el riesgo de que se debilite la progresión profesional, con menos oportunidades de acceso, menos aprendizaje práctico y mayores dificultades para alcanzar niveles de especialización en muchas profesiones cualificadas.

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(Expansión, 11-06-2026) | Laboral

Los convenios firmados este año alcanzan ya subidas del 4%

Los convenios colectivos registrados hasta mayo reflejan una subida salarial media del 3%, aunque aquellos firmados durante 2026 contemplan incrementos superiores, situados en torno al 4%, en un contexto marcado por el repunte de las tensiones inflacionistas. Aunque todavía resulta complicado determinar con exactitud el grado de influencia que la crisis energética derivada de la guerra en Irán está teniendo sobre el mercado laboral, los datos disponibles muestran una tendencia al alza en las revisiones salariales pactadas entre empresas y trabajadores. Según la información actualizada por el Ministerio de Trabajo, la subida salarial media acordada en los convenios registrados hasta mayo alcanzó el 3%, una cifra que se registra por primera vez este año y que ha ido aumentando gradualmente desde el 2,87% con el que comenzó 2026. No obstante, por tercer mes consecutivo este incremento se mantiene por debajo de la inflación, ya que el IPC cerró mayo en el 3,2%. Esto implica que, en términos generales, los trabajadores continúan perdiendo capacidad adquisitiva frente al aumento de los precios. Sin embargo, la situación no es uniforme para todos los asalariados. Dentro de una negociación colectiva caracterizada por grandes diferencias entre sectores y empresas, una parte relevante de los trabajadores ha conseguido pactar aumentos salariales superiores a la inflación. En concreto, cerca de 2,3 millones de empleados cubiertos por convenio, equivalentes al 29% de los 7,95 millones de trabajadores afectados hasta mayo, disfrutarán de incrementos salariales medios del 4,08% durante este año. Esta mejora supera en ocho décimas la inflación actual y se aproxima a las reivindicaciones planteadas por los principales sindicatos en las negociaciones para un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, tras la expiración del anterior pacto a finales de 2025. UGT y CCOO han propuesto para el periodo 2026-2028 una subida salarial anual del 4%, acompañada de cláusulas adicionales que permitirían incrementos de hasta un 1,5% extra cada año si la inflación supera determinados niveles. Los convenios firmados durante 2026 parecen seguir esa misma línea, ya que recogen aumentos medios del 4,04%, más de un punto por encima del incremento medio general del 3% y claramente superior al 2,92% registrado en los convenios suscritos en ejercicios anteriores pero con efectos económicos durante este año. Además, este porcentaje supera el 3,22% que reflejaban los convenios firmados hasta febrero, antes del inicio del conflicto bélico, lo que evidencia una creciente presión para elevar las retribuciones en el mercado laboral. Estas tensiones salariales podrían intensificarse durante los próximos meses si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga o empeora. Un escenario de este tipo agravaría la actual crisis energética, impulsaría nuevas subidas de precios y aumentaría los problemas en las cadenas de suministro de materias primas estratégicas como el petróleo o el gas, factores que ya están generando preocupación sobre la evolución de la economía mundial. La OCDE ha elaborado distintos escenarios sobre las posibles consecuencias de esta situación. En el más negativo, advierte de que, si las perturbaciones económicas se prolongan hasta bien entrado 2027, el crecimiento global podría ralentizarse hasta el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027, acercando a algunas economías a situaciones de recesión. Un deterioro de estas características tendría efectos tanto sobre la inflación como sobre el empleo, provocando previsiblemente un aumento del desempleo. Los 2,3 millones de trabajadores que disfrutarán de incrementos salariales superiores al 4%, repartidos en más de 299.600 empresas, conviven con una realidad laboral muy diversa. De hecho, alrededor de 5,65 millones de empleados, el 71% de los trabajadores cubiertos por convenio, percibirán aumentos inferiores al 3%. Dentro de este grupo se encuentran situaciones muy distintas. Algunos trabajadores verán congelados sus salarios, como ocurre con 2.631 empleados, mientras que otros recibirán incrementos muy reducidos, del 0,27% o del 0,56%. También destacan los más de 3,35 millones de asalariados cuyos convenios contemplan subidas del 2,96%, así como los cerca de 501.000 trabajadores con incrementos del 1,45% y otros más de 607.000 empleados que percibirán aumentos del 2,46%. Por sectores de actividad, los servicios registran la mayor subida salarial media, con un incremento del 3,06% que afecta a 5,35 millones de trabajadores. La construcción ocupa la segunda posición, con una mejora del 3% para cerca de 946.500 empleados. Por debajo de la media general se sitúan la industria, donde los salarios aumentan un 2,82% para 1,54 millones de trabajadores, y la agricultura, que registra una subida media del 2,74% para algo más de 106.000 personas.

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(Expansión, 11-06-2026) | Laboral

El Supremo tumba el recurso de CEOE y allana que Conpymes participe en órganos consultivos del Gobierno

El Tribunal Supremo ha establecido que las organizaciones empresariales que cumplan los requisitos de representatividad previstos en el Estatuto de los Trabajadores pueden formar parte de los órganos consultivos de la Administración. Así lo recogen tres sentencias dictadas los días 14, 19 y 28 de mayo, en las que el Alto Tribunal desestima los recursos presentados por CEOE, Cepyme y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) contra el decreto aprobado por el Gobierno en febrero de 2024 para modificar la composición del Consejo Estatal de la Pyme, el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada y el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), permitiendo la incorporación de Conpymes. Las organizaciones recurrentes defendían que la representación institucional empresarial en el Consejo Estatal de la Pyme debía recaer exclusivamente en las organizaciones empresariales de ámbito estatal y en aquellas de carácter intersectorial autonómico que alcanzaran los niveles mínimos de representatividad establecidos legalmente. Además, sostenían que dichos criterios se determinan en función del número de empresas asociadas y de trabajadores representados, sin tener en cuenta el tamaño de las compañías integradas en cada organización. No obstante, el Supremo considera que aceptar esta interpretación supondría, en la práctica, concentrar la representación empresarial en unas pocas organizaciones, convirtiéndolas en interlocutores exclusivos frente a las administraciones públicas. Los magistrados subrayan que tanto el Consejo Estatal de la Pyme como el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada son órganos de naturaleza consultiva y sin capacidad decisoria, cuya actividad afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas. Por ello, consideran razonable que en estos foros exista una representación más amplia y diversa. La sentencia señala que esta pluralidad puede incluir tanto a las organizaciones empresariales de ámbito estatal consideradas más representativas como a aquellas que defienden específicamente los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, aclara que todas las entidades que aspiren a ocupar estos puestos deberán acreditar los niveles de representatividad exigidos por la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, que establece un mínimo del 10% de representación de empresas y trabajadores a nivel estatal o del 15% en el ámbito autonómico. Desde CEOE interpretan que el fallo reconoce la posibilidad de que exista una representación más diversa en determinados órganos de carácter consultivo relacionados con las pymes. A su juicio, la resolución diferencia claramente entre la participación en organismos de asesoramiento, donde pueden intervenir distintas organizaciones empresariales para aportar propuestas y experiencia, y el diálogo social institucionalizado, la concertación social y la negociación colectiva, ámbitos reservados a las organizaciones empresariales reconocidas legalmente como más representativas y amparadas por el artículo 7 de la Constitución. Asimismo, la sentencia deja claro que la presencia en estos órganos consultivos está condicionada al cumplimiento de los criterios de representatividad establecidos por la legislación laboral. Las resoluciones del Supremo consolidan así la presencia de Conpymes en los organismos consultivos impulsados por el Gobierno. Esta decisión había generado un importante malestar en CEOE y Cepyme, que consideraban que el Ejecutivo estaba alterando los criterios tradicionales de representatividad para favorecer a una organización empresarial próxima a sus planteamientos políticos. Conpymes fue creada en mayo de 2021 en un contexto de tensiones entre el Gobierno de coalición formado entonces por PSOE y Unidas Podemos y las principales organizaciones empresariales, especialmente en debates relacionados con la reforma laboral y las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional. La asistencia de la entonces vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al acto de presentación de la nueva patronal alimentó las críticas de CEOE y Cepyme, que interpretaron el respaldo institucional como un intento de promover una alternativa empresarial alineada con el Ejecutivo. El Consejo Estatal de la Pyme es un órgano consultivo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo cuya función principal es servir de espacio de diálogo entre las administraciones públicas y los agentes económicos para diseñar y evaluar políticas relacionadas con las pequeñas y medianas empresas. Entre sus competencias figuran la elaboración de informes sobre iniciativas normativas, el análisis de la evolución del tejido empresarial, el impulso al emprendimiento y la formulación de propuestas destinadas a mejorar la competitividad, el acceso a la financiación y la internacionalización de las empresas. Su composición incluye representantes de distintos ministerios, de las comunidades autónomas, de las entidades locales y de los principales agentes sociales. Tradicionalmente, la representación empresarial dentro de este órgano había estado integrada fundamentalmente por CEOE y Cepyme. Tras la reforma aprobada por el Gobierno y avalada ahora por el Tribunal Supremo, los ocho puestos reservados a las organizaciones empresariales se distribuyen de forma que siete corresponden a CEOE y Cepyme, mientras que uno queda asignado a Conpymes, formalizando así su incorporación al Consejo Estatal de la Pyme.

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(El Economista, 11-06-2026) | Laboral

La regularización de inmigrantes apenas impulsará el crecimiento del PIB en 2027

A menos de tres semanas de que concluya el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno en abril, persiste la incertidumbre sobre su impacto real en la economía más allá de su efecto inmediato en el empleo. Un informe reciente de BBVA Research señala que esta medida tendría un impacto limitado sobre el crecimiento económico en 2027, especialmente si la mayor parte de las cerca de medio millón de personas previstas para regularizarse ya estaban trabajando previamente en la economía informal, tal como apuntan algunas estimaciones del Ministerio de Seguridad Social. Los economistas del banco advierten de que estas proyecciones están sujetas a una elevada incertidumbre, debido a la falta de información precisa sobre la situación laboral previa de estas personas. Esta falta de datos condiciona los resultados, ya que el efecto económico varía según se trate de nuevos trabajadores que se incorporan al mercado laboral o de personas que ya desempeñaban una actividad en la economía sumergida y pasan a formalizar su situación. Según el economista jefe para España y Portugal de BBVA Research, Miguel Cardoso, no puede descartarse que el impacto sobre el PIB sea nulo en algunos escenarios, dado que una parte importante de las personas regularizadas ya estarían trabajando de facto. En ese caso, su paso a la economía formal incrementaría las cifras de afiliación a la Seguridad Social, pero no alteraría de forma significativa la Encuesta de Población Activa ni, por tanto, el cálculo del PIB, al tratarse de un simple cambio de registro estadístico. En el escenario más favorable, en el que los nuevos regularizados se incorporaran efectivamente como trabajadores adicionales, el impacto podría alcanzar cerca de cinco décimas de PIB al inicio de 2027 y aproximarse a un punto porcentual hacia final de ese año. En cambio, si su incorporación se produce en sustitución de otros empleos ya existentes, el efecto sería mucho más reducido, en torno a medio punto del PIB. En cualquier caso, los analistas consideran que la contribución global de este proceso al crecimiento económico sería limitada. Aun así, reconocen que la incorporación de trabajadores extranjeros puede ayudar a paliar la escasez de mano de obra que las empresas vienen señalando en los últimos años como un freno a su actividad, además de haber sido un factor relevante en el crecimiento reciente de la economía. También apuntan a posibles efectos indirectos, como una mejora de la productividad si parte de estos trabajadores estaba previamente subempleada en la economía informal, así como un aumento del consumo y de la inversión. Estos factores podrían, en conjunto, aportar cierto dinamismo adicional, aunque de carácter moderado. Por otro lado, se prevé que la regularización pueda influir en variables como las cotizaciones sociales, el número de horas trabajadas o la evolución de los salarios reales, que según algunos análisis apenas han crecido desde la pandemia, con la excepción del salario mínimo interprofesional. Asimismo, se señala que podría ejercer cierta presión al alza sobre los precios. En términos de afiliación, los expertos no observan cambios estructurales en la tendencia de incorporación de trabajadores extranjeros tras la aprobación de miles de expedientes. Una vez finalizado el proceso, se estima que alrededor de 550.000 personas podrían incorporarse al sistema formal, lo que supondría un incremento aproximado del 17% en la afiliación de trabajadores extranjeros, en un contexto en el que este colectivo ya alcanza niveles históricos dentro del mercado laboral español.

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(La Vanguardia, 11-06-2026) | Laboral

Las jornadas parciales explican la mitad de la brecha salarial entre hombres y mujeres

La brecha salarial entre hombres y mujeres continúa siendo una realidad significativa en el mercado laboral español, pese a la reducción experimentada durante las últimas décadas. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, los hombres perciben una remuneración media anual de 32.058 euros brutos, frente a los 26.905 euros de las mujeres. Un informe elaborado por Comisiones Obreras (CC OO), basado en los microdatos de la Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial de 2022, analiza en profundidad las causas de esta diferencia y concluye que la mayor parte de la brecha se explica por factores estructurales relacionados con la organización del mercado laboral y la distribución de las responsabilidades de cuidados. El estudio estima que, dentro de la diferencia salarial existente en el sector privado, el principal factor explicativo es la mayor presencia de mujeres en empleos a tiempo parcial. Este elemento representa 15,6 puntos de los 30,7 puntos de brecha salarial identificados por el sindicato. Actualmente, cerca de tres cuartas partes de los trabajadores con jornada parcial son mujeres, una proporción que apenas ha variado en la última década. Según el análisis, esta situación está estrechamente vinculada a la desigual distribución de las tareas de cuidado familiar y doméstico, que siguen recayendo de forma mayoritaria sobre las mujeres y condicionan su disponibilidad laboral. El segundo factor más relevante corresponde a la parte de la brecha que no puede explicarse por variables objetivas como la formación, la ocupación o el sector de actividad. El informe atribuye 11,9 puntos a este componente, que identifica como una posible manifestación de discriminación laboral. En este apartado se incluyen fenómenos como las interrupciones profesionales asociadas a la maternidad, las dificultades para progresar en la carrera profesional o diferencias retributivas que persisten entre trabajadores con perfiles similares. El tercer elemento de mayor peso es la concentración femenina en sectores tradicionalmente peor remunerados. Esta circunstancia explica 5,8 puntos de la diferencia salarial total. Actividades como los cuidados, la educación infantil, determinados servicios personales o el comercio minorista presentan una elevada presencia de mujeres y salarios medios inferiores a los de otros sectores más masculinizados. El estudio también destaca que la brecha salarial no desaparece incluso cuando se comparan hombres y mujeres con características laborales semejantes dentro de una misma actividad económica. Esta persistencia apunta, según el sindicato, a la existencia de desigualdades que van más allá de la mera segregación sectorial. Uno de los mecanismos que contribuyen a ampliar estas diferencias son los complementos salariales. El informe señala que este tipo de retribuciones, habitualmente vinculadas a la disponibilidad horaria, la movilidad o determinadas responsabilidades adicionales, benefician con mayor frecuencia a los hombres. De acuerdo con los cálculos realizados, cuatro de cada diez euros de diferencia salarial entre ambos sexos proceden de estos complementos. Por edades, el análisis muestra que las diferencias salariales son mucho más reducidas entre las generaciones jóvenes y se amplían progresivamente a medida que avanza la trayectoria profesional. Esto sugiere que una parte importante de la desigualdad se genera a lo largo de la vida laboral, especialmente cuando aparecen las responsabilidades familiares y de cuidados. Entre los factores que contribuyen a reducir la brecha destaca el mayor nivel educativo de las mujeres. Actualmente, el porcentaje de asalariadas con estudios universitarios supera ampliamente al de los hombres. Esta ventaja formativa atenúa la diferencia salarial en unos 2,5 puntos. Sin embargo, el informe señala que este mayor capital educativo no se traduce plenamente en mejores salarios debido al efecto combinado del resto de factores estructurales. Desde CC OO se advierte de que la reducción de la brecha salarial se ha ralentizado en los últimos años. El sindicato considera que el impacto positivo que tuvieron medidas como las subidas del salario mínimo interprofesional o la reforma laboral se está agotando y reclama nuevas actuaciones para seguir avanzando hacia la igualdad retributiva. Entre las propuestas planteadas figuran una revisión de la regulación del trabajo a tiempo parcial para evitar usos abusivos, una mayor transparencia salarial en las empresas, la reforma de los sistemas de complementos retributivos y la adopción de nuevas políticas públicas que favorezcan la corresponsabilidad en los cuidados. Asimismo, CC OO recuerda que España debe incorporar plenamente a su legislación la directiva europea sobre transparencia retributiva e igualdad salarial, cuyo plazo de transposición ya ha expirado. El sindicato considera que esta norma puede convertirse en una herramienta relevante para reducir las diferencias salariales persistentes entre hombres y mujeres y avanzar hacia un mercado laboral más equitativo.

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