(Cinco Días, 20-11-2026) | Fiscal
Economía estudia limitar las comisiones por traspasar la cuenta Financia Europa
Aunque todavía no es posible contratar una cuenta Financia Europa, el Gobierno ya está preparando la regulación que permitirá a los clientes trasladarla de una entidad financiera a otra. El Ministerio de Economía ha iniciado una nueva fase de desarrollo normativo al someter a consulta pública previa la orden ministerial que establecerá las condiciones para realizar estos traspasos. Entre las cuestiones planteadas al sector figura una que puede tener un impacto directo en los ahorradores: si debe establecerse un límite a las comisiones que podrá cobrar la entidad de origen y cuál debería ser su cuantía. Los interesados podrán presentar sus aportaciones hasta el próximo 14 de diciembre. Desde el Ministerio explican que esta consulta supone el inicio del procedimiento de elaboración de la norma. El calendario establecido en el decreto que regula el nuevo producto fija los primeros días de abril como fecha límite para aprobar esta regulación, que forma parte de una de las reformas más relevantes del mercado de inversión de las últimas décadas, desde que se permitió trasladar fondos de inversión sin tener que tributar por las plusvalías generadas. La cuenta Financia Europa es una de las principales apuestas del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para canalizar parte del ahorro de los hogares hacia los mercados financieros y favorecer la financiación de la economía europea. Su principal atractivo reside en que permite comprar y vender activos dentro de la cuenta sin tributar por las ganancias obtenidas mientras el dinero permanezca en ella, siguiendo un sistema similar al de las sicav. Además, una vez transcurridos cinco años, los primeros 10.000 euros de beneficios acumulados por contribuyente estarán exentos de tributación. Las plusvalías que superen esa cantidad disfrutarán de una reducción fiscal del 20%. Así, ante una ganancia de 15.000 euros, solo tributarían 4.000 euros al tipo del 19%, lo que supondría pagar 760 euros a Hacienda. Si las operaciones se hubieran realizado fuera de este instrumento, la factura fiscal ascendería a 3.030 euros. La posibilidad de trasladar la cuenta adquiere especial relevancia porque cada contribuyente únicamente podrá disponer de una. Al no estar permitido distribuir las inversiones entre distintas entidades, cambiar de banco o intermediario será la única alternativa para buscar mejores condiciones comerciales o de gestión. El propio Ministerio considera que la movilidad es un elemento esencial para garantizar la competencia entre los proveedores. Los traspasos deberán realizarse por el importe total de la cuenta y estarán limitados a uno al año por cada modalidad. No obstante, el cambio de entidad no supondrá perder la antigüedad de las inversiones, ya que la cuenta de destino conservará las fechas originales de las aportaciones. De esta forma, el ahorrador mantendrá el tiempo acumulado a efectos de acceder a los beneficios fiscales. La regulación permitirá que la entidad de origen cobre una comisión por realizar el traslado, aunque estará sujeta a un límite máximo que deberá fijar el Gobierno mediante una orden ministerial. Precisamente, Economía pregunta ahora al sector si considera necesario establecer ese tope y qué criterios deberían utilizarse para determinarlo. También solicita información sobre las dificultades técnicas que puede plantear el traslado de una cartera de valores y qué aspectos debería contemplar la normativa para facilitar estas operaciones. Sin embargo, el régimen de movilidad no es el único desarrollo normativo pendiente. Antes de que las entidades puedan comercializar el producto, el Ministerio de Hacienda deberá aprobar otra orden ministerial para concretar las obligaciones de información de las entidades financieras a la Agencia Tributaria. Esta regulación todavía no tiene un calendario definido y los expertos del sector dudan de que pueda estar lista antes de las elecciones generales. Por tanto, su aprobación podría quedar en manos del próximo Gobierno. También está pendiente la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que dispone de un máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor del decreto para crear el registro de fondos de inversión tradicionales y fondos cotizados (ETF) que podrán integrarse en estas cuentas. Por su parte, BME contempla un lanzamiento progresivo del producto: una primera fase centrada en acciones y otros activos admitidos y una segunda en la que se incorporarán los fondos una vez que esté operativo el registro. Para que un fondo pueda incluirse en la cuenta Financia Europa deberá cumplir determinados requisitos de inversión. Al menos el 70% de su cartera tendrá que estar destinado a activos del Espacio Económico Europeo, incluidos los bonos; un mínimo del 50% deberá invertirse en acciones y, dentro de estas, al menos el 35% tendrá que corresponder a títulos cotizados en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein o Noruega. Quedan excluidos los derivados, las socimis y las sicav, mientras que la contratación directa de bonos tampoco estará permitida. Según los cálculos de finReg360, únicamente el 2% del patrimonio de los fondos de inversión españoles pertenece a categorías que, al menos inicialmente, podrán acogerse a este instrumento. El producto está dirigido principalmente a inversores dispuestos a asumir cierto riesgo, ya que su objetivo es movilizar parte del ahorro que actualmente permanece en cuentas corrientes y depósitos con rentabilidades reducidas. El límite máximo de aportaciones se sitúa en 150.000 euros por contribuyente. La iniciativa responde a la estrategia europea de canalizar hacia los mercados financieros una parte de los aproximadamente 10 billones de euros que los hogares de la UE mantienen en productos de ahorro tradicionales. En España, ese volumen se aproxima a los 1,2 billones de euros. Esta es la segunda ocasión en la que el Ministerio de Economía recurre a una consulta pública para desarrollar el proyecto. La primera, iniciada a finales de 2025, se centró en el diseño del producto y en el sello europeo Finance Europe, impulsado por España junto con otros seis países. Ahora, el debate se concentra en las condiciones para cambiar de entidad y, especialmente, en el coste que podrá suponer trasladar una cuenta de inversión que todavía no está disponible para los ahorradores.
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