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(El Economista, 09-03-2026) | Fiscal

El Supremo cierra definitivamente la puerta a tumbar el pago anticipado del impuesto de Sociedades

El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente la puerta a la posibilidad de eliminar la obligación que tienen las empresas de adelantar parte del impuesto de Sociedades a Hacienda. Actualmente, las compañías deben realizar tres pagos anticipados al año -en abril, octubre y diciembre- equivalentes, como mínimo, al 23% de sus beneficios. Posteriormente, cuando presentan la declaración definitiva del impuesto al año siguiente, la Agencia Tributaria ajusta el resultado y devuelve, en su caso, las cantidades abonadas en exceso, de forma similar a lo que ocurre con la declaración de la renta. Este sistema de pagos anticipados se introdujo inicialmente mediante un real decreto-ley aprobado en 2016. Aunque dicha norma fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2020, el legislador ya había previsto ese escenario y trasladó la misma obligación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. El propio Tribunal Constitucional ya había respaldado el pasado 20 de noviembre la legalidad de este pago mínimo fraccionado del impuesto de Sociedades. En aquella ocasión, analizó si la medida podía vulnerar el principio de capacidad económica de las empresas al obligarlas a adelantar una cantidad que, en algunos casos, podría ser superior a la que finalmente les correspondería pagar. La sentencia del Tribunal Supremo, fechada el 20 de febrero, aborda el asunto desde otra perspectiva: si el legislador tenía competencia para modificar aspectos del impuesto de Sociedades a través de una ley de presupuestos. El artículo 134.7 de la Constitución prohíbe crear nuevos impuestos mediante la ley de presupuestos, aunque sí permite introducir modificaciones cuando la normativa del propio tributo lo autoriza. El fallo, cuyo ponente es el magistrado Manuel Fernández-Lomana, concluye que la normativa del impuesto de Sociedades sí permite que las leyes de presupuestos introduzcan cambios cuando sea necesario para cumplir compromisos derivados del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este tratado obliga a los Estados miembros a evitar niveles excesivos de déficit público. Según la sentencia, el real decreto-ley de 2016 estableció el pago mínimo anticipado precisamente para ayudar a cumplir esos objetivos de déficit. Aunque la ley de presupuestos de 2018 no lo mencione expresamente, el Supremo entiende que la finalidad era la misma. El tribunal explica que el método para calcular el pago fraccionado -basado en el resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio- se ha mantenido sin cambios, lo que permite deducir que también sigue vigente la motivación original de la medida: contribuir al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria exigidos por la normativa europea. Por ello, concluye que el legislador sí estaba habilitado para regular estos pagos dentro de la ley de presupuestos. Asimismo, el Supremo recuerda que el Tribunal Constitucional, en su resolución de noviembre, consideró que los pagos fraccionados constituyen una figura autónoma y no forman parte del núcleo esencial de la obligación tributaria principal. Esto implica que cuentan con una menor protección constitucional, por lo que no se ven afectados por la prohibición de crear o modificar tributos a través de la ley de presupuestos cuando no exista habilitación expresa. Por otro lado, el tribunal señala que la Ley de Presupuestos de 2018 entró en vigor en julio de ese año, por lo que no puede aplicarse al primer pago fraccionado del impuesto de Sociedades correspondiente a abril de 2018. Aunque la norma indicaba que debía tener efectos desde el 1 de enero de ese año, en abril todavía estaba vigente el real decreto-ley de 2016 -que sería anulado posteriormente en 2020-. En consecuencia, el Supremo considera que la regulación introducida por la ley de presupuestos no es retroactiva siempre que no afecte a ese primer pago del ejercicio. Finalmente, respecto a las devoluciones que Hacienda debe realizar por los pagos fraccionados correspondientes a 2016, 2017 y al primer pago de 2018, el tribunal recuerda que, si la Administración se retrasa en abonar los intereses correspondientes a esas cantidades, también tendrá que pagar intereses de demora sobre dichos intereses.

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(El País, 09-03-2026) | Laboral

España supera por primera vez el medio millón de autónomos extranjeros

Según las cifras correspondientes a febrero, en España hay 500.038 trabajadores autónomos de origen extranjero que gestionan sus propios negocios. En el último año, este colectivo ha crecido un 6%, mientras que el número de autónomos españoles apenas ha aumentado un 0,4%. Esta diferencia es incluso mayor que la que se observa en el empleo asalariado, donde los trabajadores extranjeros han aumentado un 7% en el último año frente al 1,7% de crecimiento entre los españoles. De este modo, de los 37.500 nuevos autónomos registrados en España en los últimos doce meses, 28.500 son extranjeros, lo que representa el 76% del total. En el caso del empleo por cuenta ajena, los trabajadores foráneos aportan alrededor del 60% de los nuevos puestos de trabajo, una proporción inferior. Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la asociación de autónomos ATA (integrada en CEOE), señala que estos trabajadores están desempeñando un papel clave en el relevo generacional de determinados sectores que, sin su presencia, quedarían muy debilitados. Explica que actividades como el comercio afrontan un serio problema de continuidad porque muchos jóvenes españoles no desean emprender como autónomos. Además, recuerda que la mayoría de los comerciantes supera los 45 años, por lo que la falta de relevo agravaría aún más la crisis estructural del sector si no fuera por la llegada de emprendedores extranjeros. Por su parte, Alberto Riesco, profesor de Sociología de la Universidad Complutense que ha investigado el empleo autónomo entre inmigrantes, considera que este fenómeno no puede entenderse sin analizar las condiciones laborales de ciertos sectores. Según explica, actividades como la agricultura, la ganadería, la hostelería o el pequeño comercio tienen dificultades para encontrar sustitutos porque suelen ofrecer una rentabilidad reducida y exigen largas jornadas de trabajo. En muchos casos, el titular del negocio debe dedicar muchas horas para obtener ingresos modestos, lo que ha provocado que muchos trabajadores nacionales abandonen estas ocupaciones. Riesco añade que diversos estudios, tanto en España como en otros países, muestran que los inmigrantes procedentes de economías con menos recursos tienden a ocupar los espacios laborales que dejan los trabajadores locales. En su opinión, no se trata de que los extranjeros desplacen a los españoles, sino de que estos últimos se alejan de sectores especialmente exigentes. Además, recuerda que el trabajo autónomo suele implicar mayores cargas laborales: los autónomos trabajan de media 42 horas semanales, frente a las 35 de los asalariados, cuentan con menor protección social y, al final de su vida laboral, suelen recibir pensiones más bajas. Virginia Navajas, doctora en Ciencias Económicas y profesora de la Universidad de Córdoba, señala que la población extranjera presenta mayores niveles de temporalidad y suele concentrarse en sectores con peores condiciones laborales, lo que reduce sus alternativas profesionales. En este contexto, aceptar jornadas más largas o asumir el riesgo de emprender responde más a una estrategia de supervivencia e integración que a cuestiones culturales. Además, apunta que los proyectos migratorios suelen estar motivados por el deseo de mejorar la situación económica, lo que lleva a muchos inmigrantes a apostar por el autoempleo como una vía para alcanzar cierta estabilidad a medio plazo. En una línea similar, José María Arranz, catedrático de Economía de la Universidad de Alcalá, considera que el trabajo por cuenta propia representa para muchos inmigrantes una puerta de entrada al mercado laboral. Según explica, emprender puede resultar una forma más rápida de integrarse en la economía que esperar a conseguir un empleo por cuenta ajena con contrato. También destaca que este camino puede ayudar a sortear obstáculos administrativos, como las dificultades para homologar títulos académicos. Por último, María José Landaburu, secretaria general de la asociación de autónomos Uatae (vinculada a CC OO), apunta que, ante la falta de oportunidades laborales, el autoempleo se convierte con frecuencia en una alternativa para poder permanecer en España y asegurar una fuente de ingresos. Según afirma, cuando no se encuentran otras opciones, convertirse en autónomo puede ser una manera de construir un medio de vida y asentarse en el país.

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(El Economista, 09-03-2026) | Laboral

El gasto en pensiones para antiguos funcionarios del Estado crece un 57% desde 2019

En enero, el Ministerio de Seguridad Social destinó 1.758,3 millones de euros al pago de las pensiones del sistema de Clases Pasivas, del que se beneficiaron 736.793 antiguos funcionarios. Este gasto supone un aumento del 57,5% respecto al periodo previo a la pandemia. El incremento se explica principalmente por la jubilación de miembros de la generación del baby boom, que dentro de este colectivo ha crecido un 14,06%, así como por el elevado importe medio de las prestaciones que perciben estos antiguos empleados públicos. De mantenerse esta tendencia, el desembolso total previsto para finales de año en estas pensiones rondará los 24.600 millones de euros. Este aumento del gasto se produce a pesar de que el sistema de Clases Pasivas está en proceso de desaparición desde 2011, año en que dejó de incorporar nuevos cotizantes. Desde entonces, los funcionarios que se incorporan al empleo público pasan a cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social. No obstante, muchos de los trabajadores que contribuyeron anteriormente a este sistema han alcanzado ahora la edad de jubilación, lo que explica el crecimiento del gasto en los últimos años. Tradicionalmente, el sistema incluía a funcionarios de la Administración General del Estado, policías nacionales, miembros de las Fuerzas Armadas -tanto permanentes como no permanentes-, guardias civiles, personal de la Administración de Justicia, docentes, trabajadores de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como registradores de la propiedad anteriores a 2015. También abarcaba a militares de diferentes escalas, personal de tropa y marinería profesional, alumnos de academias militares y a antiguos cargos del Gobierno como presidentes, vicepresidentes o ministros. Estos profesionales cotizaban al régimen de Clases Pasivas mediante la denominada Cuota de Derechos Pasivos, que les daba derecho tanto a su jubilación como a las prestaciones para sus familiares. El hecho de que el sistema esté cerrado a nuevas incorporaciones desde 2011 ha provocado que su peso relativo en la economía haya disminuido con el tiempo. Según el informe Proyecciones del gasto público en pensiones en España elaborado por el Ministerio de Seguridad Social en 2023, el gasto en estas pensiones ha pasado de representar el 1,4% del PIB en 2022 al 0,28% previsto para finales de 2025. Esta aparente contradicción -más gasto pero menor peso relativo- se explica en gran medida por el crecimiento del propio PIB, que reduce la proporción que representan estas prestaciones. El estudio también prevé que la relevancia de estas pensiones dentro de la economía seguirá reduciéndose progresivamente en las próximas décadas. Se estima que en 2030 el gasto representará el 1,18% del PIB, en 2040 el 1%, en 2050 el 0,79%, en 2060 el 0,61% y en 2070 el 0,38%. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ofrece previsiones algo más prudentes. Según su último informe, el gasto en pensiones de Clases Pasivas equivaldrá al 1,2% del PIB en 2050, una cifra 0,41 puntos superior a la estimada por el Gobierno en 2023, mientras que para 2070 calcula un 0,3%, apenas 0,08 puntos menos que la previsión del Ejecutivo. En cualquier caso, para que este sistema tenga una presencia prácticamente residual en la economía habrá que esperar a las décadas de 2070 y 2080, cuando previsiblemente estas prestaciones se extingan debido al fallecimiento de los beneficiarios y de sus familiares con derecho a pensión. En enero de 2026, el gasto mensual en estas prestaciones equivalió aproximadamente al 0,1% del PIB español. Si se mantiene el ritmo actual, el peso acumulado de estas pensiones podría situarse en torno al 1,25% del PIB al finalizar el año. Según cálculos elaborados a partir de los datos del Ministerio de Seguridad Social, la pensión media del sistema de Clases Pasivas alcanza los 2.386,4 euros mensuales. Actualmente, la mayoría de los beneficiarios son funcionarios civiles y sus familias, que en enero sumaban 569.035 personas, el 77,2% del total. Les siguen los militares retirados y sus familiares, con 159.777 beneficiarios (21,7%). El resto corresponde a colectivos más reducidos, como mutilados y familiares afectados, víctimas de guerra o terrorismo y sus allegados (5.265), personas afectadas por VIH (710), así como militares, guardias civiles y policías nacionales condecorados con medallas que incluyen pensión vitalicia (159). También existen otros beneficiarios agrupados en distintas prestaciones, que suman 1.847 personas. En los últimos siete años, el mayor incremento del gasto se produjo entre 2021 y 2022, cuando el desembolso en pensiones de Clases Pasivas creció un 29,8% interanual, mientras que el número de beneficiarios solo aumentó un 2,2%. Este aumento se debió principalmente al incremento del gasto en jubilaciones civiles bajo la nueva legislación, que pasó de 861,6 millones de euros en enero de 2021 a 1.132 millones en enero de 2022. También influyó el crecimiento del gasto en pensiones para sus familiares, que subió de 72,2 a 94,2 millones de euros. A ello se sumó el incremento de las pensiones de militares retirados bajo la nueva normativa, que pasó de 185,5 millones en 2021 a 231,4 millones en 2022, así como el aumento de las prestaciones para sus familiares, que ascendieron de 48,6 a 62,7 millones de euros.

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(El Economista, 09-03-2026) | Laboral

La brecha salarial de género se enquista con una diferencia de 5.000 euros al año

El aumento de la presencia de las mujeres en el mercado laboral y la mejora de sus ingresos no han logrado eliminar la diferencia salarial respecto a los hombres. En los últimos años apenas se han producido avances en este terreno, lo que mantiene una distancia superior a los 5.000 euros en el salario medio anual. Según la fuente estadística utilizada, la diferencia puede variar ligeramente en términos porcentuales, pero la mayoría de los estudios coinciden en situarla en torno al 20%, sin cambios significativos recientes. Esta desigualdad responde a múltiples factores, como los sectores en los que trabajan mayoritariamente las mujeres, los puestos a los que acceden dentro de ellos, el número de horas que trabajan, la edad o la posibilidad de realizar horas extra y asumir mayores responsabilidades. Estas últimas suelen verse limitadas por el papel que muchas mujeres desempeñan en el cuidado de familiares dependientes. Un ejemplo claro son los complementos salariales -relacionados con disponibilidad, turnicidad o esfuerzo físico-, que según datos de la Encuesta de Población Activa analizados por CCOO explican cerca del 40% de la brecha salarial. Desde el sindicato señalan que, aunque los complementos no constituyen la mayor parte del sueldo, sí influyen de forma relevante en la diferencia total entre salarios masculinos y femeninos. Según sus cálculos, el salario base de las mujeres debería aumentar un 15,5% para equipararse al de los hombres, mientras que los complementos salariales tendrían que crecer un 28,4%. Esta situación, según CCOO, está vinculada al tipo de pluses incluidos habitualmente en los convenios colectivos, que ahora se intenta revisar a través de los planes de igualdad. En los últimos años, medidas como la subida del salario mínimo y la preparación de las empresas para cumplir con la futura directiva europea de transparencia salarial han contribuido a reducir parcialmente la diferencia en los salarios base y, en consecuencia, en la remuneración total. Sin embargo, el análisis de los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), basado en las retenciones de 2024, muestra que los avances han sido modestos. La brecha solo se redujo en 0,7 puntos porcentuales respecto al año anterior, aunque en términos absolutos aumentó en 64 euros debido al crecimiento general de los salarios. Si se analiza la evolución desde comienzos de siglo, la reducción de la brecha sí ha sido más notable, con un recorte del 52% en la distancia salarial entre hombres y mujeres. Aun así, los técnicos de Hacienda advierten de que, si el ritmo de mejora observado en las últimas décadas continúa igual, las mujeres necesitarían todavía unos 23 años para alcanzar el salario medio masculino. Confían, no obstante, en que medidas como la exigencia de que al menos el 40% de los miembros de los grandes consejos de administración sean mujeres o la entrada en vigor en 2026 de la directiva de igualdad retributiva contribuyan a acelerar el cambio. El sindicato USO subraya que la brecha salarial no es un fenómeno aislado, sino el resultado acumulado de distintos tipos de desigualdad, como la segregación horizontal -concentración en determinados sectores-, la segregación vertical -dificultades para acceder a puestos de mayor responsabilidad- y las propias condiciones de empleo. Muchas mujeres se concentran en los tramos salariales más bajos, un fenómeno conocido como "suelo pegajoso", vinculado en gran medida al trabajo a tiempo parcial y a su elevada presencia en sectores de servicios con salarios más reducidos. Esta situación convive con el llamado "techo de cristal", que dificulta su acceso a puestos directivos o de mayor nivel dentro de las empresas. Los datos de la Agencia Tributaria muestran que el 42% de las trabajadoras -unos 4,2 millones de mujeres- percibieron en 2024 salarios inferiores al salario mínimo interprofesional. También han sido ellas quienes más se han beneficiado de las subidas aplicadas al SMI en los últimos años. Por ello, tanto estas subidas como la reforma laboral, que ha reducido la temporalidad, han contribuido a disminuir la brecha salarial, aunque este efecto se ha moderado desde 2022 debido a que los salarios medios de los hombres han crecido a un ritmo mayor. Según la última Encuesta de Población Activa, correspondiente a 2024, la diferencia salarial varía considerablemente según el sector. En las entidades financieras y aseguradoras alcanza los 16.614 euros, mientras que en las profesiones vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación supera los 8.130 euros. En cambio, en la construcción la brecha es mucho menor, con una diferencia media de 1.453 euros. Los sectores con salarios más bajos concentran una mayor proporción de empleo femenino, con la excepción de la agricultura. Además, las diferencias también se observan en la distribución por ocupaciones: las mujeres se concentran tanto en algunas profesiones técnicas muy cualificadas como en puestos del sector servicios que requieren menor formación, mientras que siguen siendo minoría en ocupaciones cualificadas relacionadas con la agricultura, la industria, la construcción o ámbitos como el transporte. Otro factor clave es el tiempo de trabajo. El empleo a tiempo parcial explica una parte importante de la brecha salarial, ya que alrededor del 22% de las mujeres trabajan bajo esta modalidad. Según estimaciones de CCOO, si el 93% de las mujeres trabajara a jornada completa -la proporción que se da actualmente entre los hombres- la diferencia salarial se reduciría en un 55%. La desigualdad aparece desde el inicio de la vida laboral. Las mujeres jóvenes comienzan a trabajar con salarios inferiores a los de los hombres de su misma edad. Aunque la diferencia es de solo 818 euros, supone un 47% en términos relativos, debido a que en edades muy tempranas el número de jóvenes que trabaja es reducido. A partir de los 18 años esta distancia disminuye, en parte porque las mujeres suelen alcanzar niveles de formación iguales o incluso superiores a los de los hombres. Entre los 26 y los 35 años la brecha baja hasta el 11,3%. Sin embargo, a partir de esa etapa vuelve a aumentar progresivamente. Esto coincide con los años en los que muchas mujeres tienen su primer hijo o reducen su jornada para poder conciliar con el cuidado de la familia. Desde ese momento la diferencia salarial no vuelve a reducirse: a los 46 años alcanza el 28,7% y, entre las mujeres cercanas a la jubilación, llega al 55,6%. A lo largo de su trayectoria profesional, las mujeres suelen asumir una mayor carga de cuidados familiares, lo que limita sus oportunidades de promoción y repercute en sus ingresos. Esta desigualdad acumulada también se refleja en las pensiones de jubilación, donde la diferencia entre hombres y mujeres se aproxima a los 10.000 euros anuales antes de retirarse del mercado laboral.

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(El Economista, 09-03-2026) | Laboral

El 17% de las personas que emprenden por segunda vez son mujeres

Las mujeres están aumentando su presencia entre quienes deciden emprender más de una vez. Así lo recoge el Mapa del Emprendimiento elaborado por South Summit e IE University, que señala que actualmente representan el 17% de los llamados emprendedores en serie -aquellos que han creado más de una empresa-, frente al 12% registrado en 2024. Además, más de la mitad de las mujeres que ponen en marcha un negocio (51%) lo hacen tras identificar una oportunidad en el mercado. Este porcentaje supera tanto al de los hombres, que se sitúa en el 42,9%, como al de las propias mujeres en 2024, cuando el 42% afirmó emprender por este motivo. Por el contrario, cuando la motivación principal es el deseo personal de emprender, la proporción es mayor entre los hombres. En concreto, el 41,3% de los emprendedores masculinos afirma iniciar su proyecto por esta razón, frente al 37,8% de las mujeres. La diferencia también se observa en quienes señalan como motivo principal el desarrollo de un proyecto que les apasiona: un 8,9% en el caso de las mujeres frente al 12,6% entre los hombres. En conjunto, los datos sugieren que las emprendedoras tienden a tomar la decisión de crear una empresa con un enfoque más ligado a las oportunidades del mercado que sus homólogos masculinos. El informe también destaca que, a nivel global, las fundadoras suelen mantener una mayor participación en el capital de sus compañías. De media, conservan el 61% del equity, frente al 55% en el caso de los hombres. En España, aunque los porcentajes son menores, la diferencia es más reducida: las mujeres poseen alrededor del 47% del capital de sus startups, mientras que los hombres mantienen el 51%. A pesar de estos avances, la presencia femenina en el emprendimiento ha retrocedido ligeramente en el último año en España. Las mujeres representan el 17,5% del total de emprendedores, frente al 20% registrado el año anterior. En 2025, por tanto, su participación cayó 2,5 puntos, aunque sigue siendo cercana a la media europea, situada en torno al 22%. A escala mundial, la proporción de emprendedoras alcanza aproximadamente el 25%. En cuanto al acceso a financiación, la brecha sigue siendo notable. Según datos del World Economic Forum, las startups fundadas únicamente por mujeres reciben menos del 3% del capital riesgo total. Esto contrasta con diversos estudios internacionales que indican que los proyectos en los que participa al menos una mujer fundadora generan el doble de retorno por cada euro invertido, lo que sugiere que suelen transformar el capital en resultados de manera más eficiente.

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(Expansión, 09-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca española repartirá 10.500 millones en dividendos hasta junio

Los seis bancos españoles que cotizan en bolsa prevén repartir más de 10.500 millones de euros en dividendos a sus accionistas antes de junio. Esta cifra incluye los pagos complementarios correspondientes al ejercicio de 2025 y también el dividendo extraordinario que Sabadell distribuirá tras la venta de su filial británica TSB a Santander, operación que aún está pendiente de completarse. Además, las cuatro mayores entidades financieras del país ya han llevado a cabo recompras de acciones por alrededor de 2.600 millones de euros en lo que va de 2026, y se espera que esta cantidad supere los 10.000 millones al finalizar el año. BBVA encabeza la clasificación por volumen total de dividendos. El banco abonará el 10 de abril más de 3.400 millones de euros mediante un pago de 0,60 euros por acción. La entidad reparte entre el 40% y el 50% de sus beneficios entre los inversores, combinando dividendos en efectivo con recompras de acciones. Con cargo a los resultados de 2025, el dividendo total alcanzará los 0,92 euros por acción, lo que supone un incremento del 31% respecto al año anterior. Actualmente, BBVA está ejecutando un programa extraordinario de recompra de acciones por valor de 4.000 millones de euros, anunciado en diciembre para distribuir el exceso de capital que mantiene por encima del 12% de solvencia. Este plan se desarrollará por fases hasta, como máximo, diciembre de este año. El pasado viernes finalizó el primer tramo, de 1.500 millones de euros, el mayor realizado por la entidad hasta la fecha. En segundo lugar se sitúa Banco Sabadell, que podría repartir cerca de 2.500 millones de euros tras la venta de su filial británica TSB a Santander por unos 3.100 millones. Este es el único pago que aún no tiene una fecha concreta, ya que depende del cierre definitivo de la operación, previsto para finales de abril. Sabadell destina hasta el 60% de sus beneficios a remunerar a los accionistas mediante dividendos y recompras, además de su compromiso de distribuir el capital que exceda el 13%. La entidad ya ha pagado un dividendo total de 0,14 euros por acción con cargo a 2025, por debajo de los 0,20 euros del año anterior. No obstante, la remuneración final aumentará cuando se añada el dividendo extraordinario de 0,50 euros que se abonará tras la venta de TSB. Paralelamente, Sabadell está ejecutando una recompra de acciones por 800 millones de euros, de los cuales 365 millones proceden de los resultados de 2025 y el resto corresponde a exceso de capital. Por su parte, Santander distribuirá 1.800 millones de euros entre sus accionistas el próximo 5 de mayo, mediante un dividendo complementario de 0,125 euros por acción correspondiente a los resultados de 2025. La entidad presidida por Ana Botín mantiene un pay-out del 50%, que actualmente reparte a partes iguales entre dividendos en efectivo y recompras de acciones. Sin embargo, a partir del próximo año incrementará el peso de los pagos en metálico, que representarán el 35% del beneficio, frente al 15% destinado a recompras. En total, el banco pagará un dividendo de 0,24 euros por acción con cargo a 2025, un 14% más que el ejercicio anterior. Además, está ejecutando un programa de recompra de acciones por 5.000 millones de euros: 1.800 millones forman parte del plan ordinario vinculado a los resultados del segundo semestre de 2025, mientras que los 3.200 millones restantes corresponden a una recompra extraordinaria financiada con el capital obtenido tras la venta de su filial en Polonia. Santander también ha reafirmado su intención de adquirir acciones propias por valor de 10.000 millones de euros con cargo a los beneficios de 2025 y 2026 y al exceso de capital. CaixaBank repartirá aproximadamente 2.300 millones de euros mediante un dividendo complementario de 0,332 euros brutos por acción que se pagará el 9 de abril. La política de remuneración del banco dirigido por Gonzalo Gortázar establece un pay-out de entre el 50% y el 60%, distribuido en forma de dividendos en efectivo. Además, la entidad devuelve a los accionistas el capital que supere el 12,5% a través de dividendos adicionales o recompras de acciones. Con esta estrategia, CaixaBank prevé abonar un dividendo total de 0,50 euros por acción con cargo a 2025, un 15% más que el año anterior, mientras ejecuta una recompra de acciones por 500 millones de euros. Unicaja es la entidad cotizada que destina la mayor proporción de sus beneficios a retribuir a los accionistas, con un 70% del resultado, aunque contempla la posibilidad de aprobar pagos adicionales. Con cargo a 2025, distribuirá 0,17 euros por acción, un 28% más que el ejercicio previo. Esta cifra incluye el dividendo a cuenta abonado en septiembre y el pago complementario de 0,107 euros previsto para el 23 de abril. Este último supondrá un desembolso de 275 millones de euros, lo que sitúa a Unicaja por delante de Bankinter, que repartirá 134 millones en efectivo con el dividendo de 0,15 euros por acción fijado para el 2 de abril. En cuanto a Bankinter, el banco repartirá un dividendo total de 0,606 euros por acción con cargo a los beneficios de 2024, lo que representa un incremento del 14% respecto al año anterior. La entidad destina el 50% de sus ganancias a retribuir a los accionistas y lo hace exclusivamente mediante pagos en efectivo. De hecho, es el único banco cotizado español que no ha recurrido a programas de recompra de acciones como fórmula de remuneración, aunque recientemente ha dejado abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro.

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(Expansión, 09-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo enfila los 100 dólares por barril y los expertos apuntan hasta los 150 o 200 dólares

El precio del petróleo ha experimentado un fuerte repunte del 28% desde el inicio de los ataques contra Irán, situándose cerca de los 93 dólares por barril, su nivel más alto en los últimos dos años. Los analistas advierten de que, si el conflicto se alarga -especialmente si continúa el bloqueo del estrecho de Ormuz o se producen daños en infraestructuras petroleras de Oriente Próximo-, el crudo podría seguir encareciéndose y alcanzar niveles mucho más elevados. Solo en la última semana, el petróleo subió un 27,8%, lo que supone el mayor incremento semanal desde el inicio de la guerra en Ucrania. Esta escalada llevó el precio hasta los 92,8 dólares por barril y se explica por los ataques de Irán a varios países exportadores de crudo. Estas acciones no solo ponen en riesgo el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, sino también la capacidad de producción y refinado en la región. A medio plazo, algunos expertos incluso contemplan que el precio pueda llegar a los 150 dólares por barril. Las preocupaciones de los analistas han aumentado en los últimos días porque lo que inicialmente se percibía como una operación breve -similar a una intervención limitada destinada a provocar un cambio de liderazgo y renegociar condiciones, como ocurrió en Venezuela- ha evolucionado hacia un conflicto que está desestabilizando a toda la región. Además, cada vez parece más probable que se prolongue en el tiempo y que cause importantes daños en infraestructuras clave. La guerra en Irán ha alterado profundamente el mercado energético. Aproximadamente el 20% del petróleo consumido en el mundo pasa por el estrecho de Ormuz, una ruta difícil de sustituir debido a la limitada capacidad de los oleoductos que conectan la región con el Mediterráneo. Esta situación ya está obligando a países como Irak o Kuwait a reducir su producción, lo que podría tener consecuencias duraderas en su capacidad productiva. Si a ello se suman los ataques contra instalaciones petroleras y la posible reticencia de las compañías a operar en la zona, el resultado podría ser un aumento significativo de los precios. Las iniciativas planteadas hasta ahora no han logrado tranquilizar a los mercados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso que la marina estadounidense escoltara a los buques petroleros, una estrategia similar a la empleada durante la guerra entre Irán e Irak en los años ochenta. Sin embargo, esta medida resulta hoy más difícil de aplicar, ya que las tecnologías actuales permiten realizar ataques de bajo coste con mayor facilidad. Por otra parte, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) anunció un programa de 20.000 millones de dólares para asegurar los cargamentos marítimos en Oriente Próximo, una iniciativa que refleja el elevado riesgo al que se enfrentan los transportes de crudo. Washington había preparado con antelación el escenario previo al ataque contra Irán. Por un lado, promovió la mejora de las relaciones diplomáticas entre Israel y varios países de Oriente Próximo, facilitando su cooperación tanto en operaciones militares como en el sistema antimisiles israelí. Por otro, presionó a la OPEP y a sus aliados -el grupo conocido como OPEP+- para que aumentaran la producción de petróleo, pese a que el mercado ya mostraba señales de exceso de oferta y a que esta decisión perjudicaba a algunos miembros, como Rusia. El objetivo era garantizar que el mercado contara con suficiente suministro y con reservas elevadas antes de cualquier acción militar en la región. No obstante, la respuesta de Irán sorprendió a Estados Unidos. Teherán no solo bloqueó el estrecho de Ormuz, sino que también amplió sus ataques hacia otros países productores de petróleo de la región. Esto no solo crea problemas de suministro a corto plazo, sino que podría provocar daños duraderos en la infraestructura petrolera, tanto en la producción como en el refinado. Los expertos consideran que el mercado global podría soportar un cierre temporal del estrecho, pero advierten de que, si el bloqueo se prolonga más de cuatro o cinco semanas, podrían aparecer serias tensiones en el suministro. Esa posibilidad ya está siendo reflejada por los precios actuales. De hecho, algunos analistas empiezan a plantear escenarios en los que el petróleo supere los 100 dólares por barril e incluso llegue de forma puntual a los 200 dólares. En ese caso, es probable que el mercado intente corregirse mediante una reducción del consumo -impulsada por políticas públicas o por decisiones de los propios consumidores, como ocurrió tras el inicio de la guerra en Ucrania- o mediante nuevas inversiones en yacimientos ya identificados pero que hoy resultan poco rentables con los precios actuales. Además, una subida tan pronunciada podría impulsar una mayor implicación de la comunidad internacional e incluso provocar la intervención de países que hasta ahora se han mantenido al margen. Según Malcolm Melville, gestor de fondos energéticos de Schroders, "si el estrecho permanece bloqueado, no existe una fuente alternativa de suministro de petróleo que pueda sustituirlo rápidamente", lo que dejaría al mercado expuesto a un déficit significativo. Por su parte, Xavier Chapard, estratega de LBP Asset Management, señala que, debido a los objetivos poco definidos de Estados Unidos y al hecho de que el régimen iraní lucha por su supervivencia, es probable que los combates y sus consecuencias sobre el suministro energético mundial se prolonguen más que en anteriores conflictos con Irán. En este contexto, la dificultad para trasladar el petróleo por oleoductos en lugar de transporte marítimo podría intensificar aún más la subida de precios. Melville advierte de que cada semana adicional de interrupción aumentará la preocupación del mercado por una pérdida sostenida de suministro. Si el bloqueo se prolongara durante meses, el petróleo podría superar los máximos históricos de 146 dólares por barril registrados en 2008 y situarse en una horquilla de entre 150 y 200 dólares.

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(El País, 09-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La guerra en Irán amenaza con elevar la inflación por encima del 3% y restar dos décimas de crecimiento a España

La intensificación del conflicto en Oriente Próximo tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha reavivado los temores que ya se vivieron en 2022 y ha devuelto a la economía global un riesgo que parecía haber quedado atrás: un nuevo repunte de la inflación impulsado por el encarecimiento de la energía. Aunque España no se encuentra entre los países directamente afectados en el corto plazo, tampoco queda al margen de las consecuencias si la guerra se prolonga. De acuerdo con las estimaciones de Funcas, en el caso de que la escalada militar se mantuviera durante tres meses -escenario central que maneja el organismo-, la inflación podría situarse ligeramente por encima del 3% hacia el verano, mientras que el crecimiento del PIB en 2026 se reduciría aproximadamente en dos décimas respecto a las previsiones previas al conflicto, que apuntaban a un aumento del 2,4%. En este escenario inicial, los efectos serían relativamente limitados. Sin embargo, la Fundación de las antiguas Cajas de Ahorros advierte en un informe publicado este viernes que, si el enfrentamiento se prolongara más tiempo o si se vieran dañadas infraestructuras energéticas clave provocando interrupciones en el suministro, el impacto económico podría ser mucho más negativo. Las previsiones elaboradas por Funcas, además, no contemplan todavía la posible reacción del Gobierno si la guerra se agrava y empieza a afectar con mayor intensidad a hogares y empresas. Por ahora, el Ejecutivo no ha anunciado medidas concretas, aunque sí está siguiendo de cerca la evolución de los precios y los efectos macroeconómicos del conflicto para actuar si fuese necesario con un paquete de apoyo similar al desplegado en 2022 tras la invasión de Ucrania. De momento, el principal canal por el que el conflicto podría trasladarse a la economía española es el energético. Tras el inicio de las hostilidades y el casi total cierre del estrecho de Ormuz -una vía por la que transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos- los precios de la energía han reaccionado con rapidez. Desde el viernes de la semana pasada, el barril de Brent ha subido alrededor de un 14%, mientras que el Mibgas, referencia del mercado ibérico del gas, se ha encarecido un 48%. Otros mercados también han registrado tensiones en los últimos días. Es el caso de los fertilizantes, cuyo precio ha aumentado un 24% respecto a la semana anterior. Este encarecimiento se explica por el papel clave de los países del Golfo en el suministro global de estos productos, fundamentales para la producción agroalimentaria. El aumento de estos costes termina reflejándose en el índice de precios al consumo por distintas vías. El petróleo, por ejemplo, repercute directamente en el precio de los carburantes como la gasolina o el gasóleo, mientras que el gas natural influye tanto en el coste del suministro doméstico como en el precio de la electricidad. A partir de la relación histórica entre estos mercados y el IPC en España, Funcas calcula que un incremento del 10% en el precio del petróleo podría añadir aproximadamente una décima a la inflación, mientras que una subida similar en el gas tendría un impacto parecido en el índice general de precios. Algunas de estas consecuencias ya empiezan a percibirse. El precio de los combustibles ha subido cerca de diez céntimos por litro en comparación con la semana anterior. Asimismo, el precio regulado de la electricidad (PVPC) se sitúa en lo que va de mes alrededor de un 13% por encima de la media del mes pasado, aunque todavía resulta difícil determinar en qué medida este aumento está directamente relacionado con las tensiones recientes en los mercados energéticos. El encarecimiento de los precios podría frenar el crecimiento del consumo privado, que actualmente actúa como uno de los principales motores de la economía. Además, las exportaciones también podrían verse perjudicadas si el conflicto afecta negativamente a la actividad económica de otros países. El turismo sería otro de los sectores potencialmente afectados, debido al aumento del coste de los vuelos y al impacto general de la inflación sobre el poder adquisitivo de los visitantes. No obstante, el informe señala que este efecto podría compensarse parcialmente si España gana atractivo frente a destinos cercanos a la zona del conflicto, que podrían percibirse como menos seguros. Asimismo, la incertidumbre podría provocar que algunas decisiones de inversión se retrasen o queden paralizadas. A pesar de ciertas similitudes con la situación vivida tras la invasión de Ucrania, todavía es pronto para prever consecuencias de la misma magnitud. Por ahora, desde Funcas destacan que la reacción de los mercados ha sido menos intensa que en 2022. Entonces, el petróleo llegó a superar los 180 dólares por barril, más del doble de su cotización actual, y el Mibgas alcanzó los 200 euros, cuatro veces más que en la actualidad. Además, en comparación con aquel momento, Europa depende menos del gas procedente del Golfo, lo que también ocurre con los fertilizantes. Aunque sus precios han aumentado, todavía se mantienen por debajo de los máximos registrados en 2022.

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(El País, 09-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de la vivienda registra en 2025 su mayor alza desde 2007 tras subir un 12,9%

Solo durante el periodo de la burbuja inmobiliaria se registraron incrementos del precio de la vivienda tan intensos como los del año pasado. En el tramo final de 2025, el coste de las casas aumentó de media un 12,9%, un porcentaje que únicamente queda por debajo del 13,1% registrado a comienzos de 2007. Sin embargo, mientras que aquel repunte precedió al estallido de la burbuja y fue perdiendo fuerza con el paso de los meses, en 2025 los precios continuaron subiendo de forma constante a lo largo del año. Por este motivo, si se observa el conjunto del ejercicio y no solo el último trimestre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) considera que 2025 fue el año con el mayor aumento anual del precio de la vivienda, con una media del 12,7%, por encima de algo menos del 10% registrado en 2007. Según los datos publicados este viernes por el INE, las viviendas de obra nueva aumentaron su precio un 11,2% en el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que en el total del ejercicio el incremento fue del 11,3%, todavía por debajo del promedio alcanzado en 2007. En cambio, las viviendas de segunda mano subieron un 13,1% al cierre del año y un 12,9% en el conjunto de 2025. Este último dato es histórico, ya que nunca antes las viviendas usadas habían experimentado un encarecimiento de dos dígitos durante todo un año. La escasez de oferta, junto con la limitada construcción de vivienda nueva que empuja a muchos compradores hacia el mercado de segunda mano, explica este nuevo récord en el mercado residencial español y la creciente dificultad para que muchas personas puedan acceder a una vivienda en propiedad. La tendencia alcista reflejada en la estadística oficial -basada en los datos de viviendas escrituradas del Consejo General del Notariado- comenzó en el cuarto trimestre de 2023, cuando los precios subieron un 4,2%. Desde entonces se han acumulado nueve trimestres consecutivos de incrementos. En apenas dos años, los precios prácticamente se han triplicado. Durante 2025, las subidas trimestrales se mantuvieron siempre entre el 12% y el 13%: el año comenzó con un incremento del 12,2% y terminó alcanzando el valor más alto en el último trimestre. Los datos de comienzos de 2026, que el INE publicará a principios de junio, permitirán comprobar si esta tendencia continúa o si el mercado empieza a moderarse. Ferran Font, director de Estudios del portal inmobiliario Pisos.com, considera que el mercado vive un momento de gran dinamismo. Según explica, el aumento de la demanda, una oferta que no logra crecer al mismo ritmo y un contexto de tipos de interés que empieza a suavizarse están impulsando esta situación. A corto plazo, añade, no parece probable que la tendencia cambie, ya que ninguno de estos factores -demanda, oferta o condiciones financieras- prevé alteraciones significativas en los próximos meses. En los últimos tres años, entre 2022 y 2025, el índice trimestral de precios de la vivienda solo registró descensos en dos ocasiones: a finales de 2022, cuando cayó un 0,8%, y en el último tramo de 2023, con un descenso del 1,1%. Esto significa que en 14 de los últimos 16 trimestres el precio de la vivienda ha aumentado. No obstante, la tendencia al alza se remonta aún más atrás. Tras el estallido de la burbuja y los años de ajuste del sector, los precios comenzaron a recuperarse en 2015. Ese año el INE estableció el índice base en 100 puntos, mientras que en 2025 se superaron los 186. En otras palabras, el precio de las viviendas ha aumentado más de un 86% en una década. Aun así, algunos expertos empiezan a detectar señales de agotamiento en el mercado. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, considera que se está alcanzando un límite. Según sus análisis, los plazos necesarios para cerrar operaciones están aumentando y también lo están haciendo los descuentos en los precios. Además, existe un choque de expectativas entre compradores y vendedores. Mientras algunos propietarios creen que los precios seguirán subiendo incluso hasta un 20% el próximo año -algo que el economista considera poco realista-, muchos compradores optan por esperar porque no pueden asumir los precios actuales. Montalvo prevé que, hasta que se produzca un ajuste natural, el mercado podría experimentar una ralentización tanto en las compraventas como en los precios. El temor de perder una oportunidad de compra ha impulsado las operaciones recientemente, pero cuando ese miedo desaparezca el ritmo podría moderarse. La falta de crecimiento del parque de viviendas ha provocado que la mayor parte de las compraventas en los últimos años correspondan a inmuebles usados. En 2025, siete de cada diez operaciones fueron de segunda mano. Esta situación ha contribuido a que su precio se dispare hasta niveles inéditos. El incremento del 13,1% registrado en el último trimestre del año pasado es el segundo mayor de toda la serie histórica, solo superado por el 13,4% alcanzado en el trimestre anterior. Por su parte, las viviendas de obra nueva han experimentado subidas algo más moderadas durante el último año. Aunque en tres de los últimos cuatro trimestres los precios aumentaron entre el 11% y el 12%, la evolución ha sido similar a la de 2024 y, sumando todos los incrementos, todavía queda por debajo de los niveles alcanzados en 2007. Sin embargo, desde 2015 el precio medio de la vivienda nueva se ha más que duplicado. Ante esta situación, el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei), Miguel Ángel Gómez Huecas, reclama medidas urgentes para aumentar la oferta de viviendas. Advierte de que, si las administraciones públicas no actúan, la subida de precios continuará, ya que se prevé que la población siga creciendo con fuerza en los próximos años. Según señala, de mantenerse esta dinámica España podría acercarse progresivamente a un modelo residencial caracterizado por viviendas cada vez más pequeñas y condiciones habitacionales precarias, algo que considera inadmisible para un país desarrollado. Pese a que las ventas, las hipotecas y los precios siguen aumentando, algunos especialistas creen que el mercado podría estar cerca de alcanzar su techo. Yogi Thadhani, responsable de Finteca en España, considera que la curva de precios empieza a estabilizarse. Aunque se aprecia cierta ralentización en las ventas, asegura que no se trata de una situación preocupante y que se empiezan a observar signos de mayor equilibrio. En la misma línea, Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, advierte de que la continua modificación de las políticas de vivienda genera incertidumbre entre los propietarios, lo que provoca que muchos prefieran no sacar sus viviendas al mercado. Según explica, si la oferta no aumenta, la presión seguirá siendo elevada y los precios continuarán subiendo.

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(El País, 09-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las donaciones de padres a hijos marcan un récord por la crisis de acceso a la vivienda

Detrás de la firma con la que muchos jóvenes compran su primera vivienda suele haber otra firma que no aparece en los documentos, pero que resulta clave para cerrar la operación. No figura en la escritura ni en el registro de la propiedad, pero corresponde a la ayuda económica de padres, abuelos u otros familiares que aportan el dinero necesario para superar el principal obstáculo de la compra: el pago de la entrada. Esta realidad es cada vez más habitual en España. De hecho, en 2025 se alcanzó un récord de donaciones formalizadas ante notario: más de 225.000, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior, que ya había marcado cifras históricas. El cálculo procede del Consejo General del Notariado (CGN) y recoge todas las donaciones registradas, tanto de dinero como de viviendas u otros bienes. Según los notarios, el fuerte aumento se explica en gran parte por las dificultades actuales para acceder a la vivienda. María Teresa Barea, portavoz del CGN, atribuye este fenómeno a una combinación de factores. Por un lado, el mercado inmobiliario se caracteriza por precios en constante aumento, lo que provoca que muchos jóvenes puedan afrontar las cuotas de una hipoteca pero no dispongan del ahorro suficiente para cubrir la entrada y los gastos iniciales. Por otro lado, muchos padres y abuelos cuentan con mayor capacidad de ahorro y optan por apoyar económicamente a sus hijos o nietos para facilitarles la compra de su vivienda. Esto explica la naturaleza de muchas de estas donaciones. Según Barea, la mayoría de las denominadas "herencias en vida" consisten en transferencias de dinero. Habitualmente son padres -y en ocasiones abuelos o incluso tíos- quienes entregan una cantidad económica a familiares jóvenes, generalmente menores de 35 años. Las sumas suelen oscilar entre los 15.000 y los 40.000 euros y, en la mayoría de los casos, se destinan a financiar la entrada de la primera vivienda. Además, se trata principalmente de familias de clase media, ya que las donaciones de grandes cantidades son menos frecuentes. Una situación similar vivieron hace aproximadamente un año Daniel Navarro y Claudia Ruiz, una pareja de 34 y 32 años que reside en Madrid. Tras casi cinco años viviendo de alquiler y tratando de ahorrar para comprar una vivienda, comprobaron que los precios subían más rápido que su capacidad de ahorro. Cuando su casero les comunicó que el contrato terminaba y que el alquiler aumentaría casi 200 euros al mes, decidieron pedir ayuda a sus familias. Entre ambos hogares reunieron 30.000 euros mediante una donación, que sumados a sus ahorros les permitieron pagar la entrada y solicitar la hipoteca. La portavoz del Notariado destaca una cierta paradoja en el mercado. Mientras el acceso a las hipotecas se ha vuelto algo más flexible debido al cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo y a la mejora de los ingresos medios, el fuerte encarecimiento de la vivienda ha neutralizado ese alivio. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios han crecido alrededor de un 12% anual en los últimos trimestres. En este contexto, explica Barea, surge lo que denomina "solidaridad intergeneracional", favorecida además por un tratamiento fiscal cada vez más favorable para las donaciones. La transferencia de riqueza entre generaciones antes del fallecimiento de los padres es un fenómeno relativamente reciente en España si se compara con otros países europeos, según señala Elisenda Rentería, doctora en Demografía y subdirectora del Centro de Estudios Demográficos. Tradicionalmente, cuando los padres no podían ayudar económicamente a sus hijos, la alternativa era permitirles permanecer más tiempo en el hogar familiar para que pudieran ahorrar antes de independizarse, lo que contribuye a explicar la tardía emancipación de los jóvenes en España. Sin embargo, en el contexto actual ni siquiera esa fórmula resulta suficiente. El precio de la vivienda ha crecido mucho más rápido que los salarios, lo que complica aún más la salida de los jóvenes del hogar familiar. Además, las generaciones de mayor edad viven más tiempo y, en muchos casos, cuentan con una situación económica más favorable que la de generaciones anteriores e incluso que la de las más jóvenes. La Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España refleja este desequilibrio. La riqueza de los menores de 35 años representa hoy apenas el 2% del total, cuando hace dos décadas era del 8%. En cambio, el patrimonio de los mayores de 65 años ha aumentado del 25,4% a cerca del 40% en el mismo periodo. Este mayor patrimonio acumulado facilita que muchas familias puedan adelantar parte de la herencia mediante donaciones para ayudar a los jóvenes a comprar vivienda. Los datos del Notariado muestran que se trata de una tendencia generalizada en todo el país. Casi todas las comunidades autónomas registraron un aumento de las donaciones -solo Aragón y La Rioja experimentaron ligeros descensos-, con incrementos especialmente destacados en Baleares (35%), Cataluña (23%) y Asturias (19%). También superaron la media regiones como Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Extremadura, en un contexto marcado por el fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario. Las estadísticas notariales no especifican qué tipo de bienes se donan, pero otras fuentes permiten hacerse una idea. Según el INE, en ese mismo año se transmitieron por donación alrededor de 24.000 viviendas, lo que sugiere que la mayoría de las operaciones se realizan mediante entregas de dinero. El aumento de estas donaciones también tiene implicaciones en términos de desigualdad. El economista Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, señala que las transferencias anticipadas reflejan tanto las dificultades del mercado inmobiliario como un factor que puede ampliar las diferencias de patrimonio entre familias. Uno de los cambios estructurales que explica este fenómeno es el envejecimiento de la población, que retrasa cada vez más la edad a la que se reciben las herencias. Y esto tiene consecuencias importantes porque la riqueza tiende a acumularse con el tiempo. Recibir una herencia a los 35 años, por ejemplo, permite utilizar ese capital para comprar una vivienda o aumentar el patrimonio. Cuando la herencia llega mucho más tarde, esa oportunidad se reduce. Para compensar este retraso, algunas familias optan por adelantar parte de la herencia mediante donaciones. Sin embargo, no todos pueden hacerlo. A diferencia de la herencia tradicional, las donaciones dependen de la capacidad económica de cada familia. En un país donde gran parte del patrimonio está concentrado en la vivienda, muchos hogares no disponen de suficiente liquidez para transferir dinero en vida. Por ello, suelen ser los padres con mayor capacidad económica quienes pueden ayudar a sus hijos en el momento clave de la compra de una vivienda. Elena de la Plaza, responsable del área de sucesiones en Vestalia Abogados, confirma que en los últimos meses han aumentado notablemente las consultas relacionadas con este tipo de operaciones, ya sea mediante donaciones de dinero o incluso de inmuebles. No obstante, matiza que su despacho suele atender a clientes interesados en planificación patrimonial, lo que influye en el perfil de casos que reciben. Según concluye Conde-Ruiz, el resultado es claro: mientras algunos jóvenes pueden compensar el retraso en la recepción de una herencia gracias a las donaciones familiares, otros no solo heredan más tarde, sino que tampoco cuentan con esa ayuda previa para acceder a la vivienda.

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