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(Cinco Días, 19-10-2026) | Fiscal

La Airef urge a superar las prórrogas presupuestarias para garantizar el control fiscal y afrontar los nuevos gastos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha urgido a superar la dinámica de prorrogas presupuestarias en España y recuperar la aprobación en plazo de las cuentas públicas como instrumento clave para garantizar la transparencia, la supervisión financiera y la sostenibilidad de las cuentas del Estado. Durante una jornada económica organizada por CincoDías y Prisa Media, la presidenta de la institución, Inés Olóndriz, señaló que tras cuatro ejercicios de presupuestos prorrogados resulta imprescindible disponer de unas cuentas actualizadas que permitan responder a la rendición de cuentas y atender las nuevas necesidades de gasto público. El organismo independiente remarcó que la elaboración de presupuestos anuales constituye un requisito indispensable para la aplicación efectiva del marco fiscal europeo, el cual exige una planificación estratégica a medio plazo. Desde la entrada en vigor de las nuevas normas comunitarias, el esquema de gestión presupuestaria demanda articular los objetivos del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo con decisiones concretas en cada ejercicio, actualizando el cuadro macroeconómico y verificando el cumplimiento de la trayectoria de deuda fijada con Bruselas. La institución fiscal advirtió de que la falta de actualización presupuestaria resta capacidad de respuesta ante presiones estructurales de gasto de carácter permanente. Entre estos retos, la entidad destacó el envejecimiento poblacional, que limita la aportación de la fuerza laboral al crecimiento potencial del producto interior bruto y eleva de forma continuada el coste en pensiones y sanidad. A ello se suma la carga financiera derivada de una deuda pública próxima al cien por ciento del PIB en un entorno de tipos de interés elevados, lo que restringe el margen fiscal disponible. Respecto al compromiso en materia de seguridad y defensa, la presidencia de la autoridad supervisora recordó que España se ha acogido a la cláusula nacional de escape autorizada por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea. Esta herramienta permite flexibilidad contable entre 2025 y 2028 para asumir hasta un 1,5% del PIB en gasto militar sin incurrir en infracciones del marco europeo. No obstante, el organismo avisó de que estos mecanismos otorgan únicamente un alivio temporal sin resolver el problema de fondo, por lo que requirió articular vías de financiación permanentes para hacer frente a estos desembolsos recurrentes.

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(El País, 19-10-2026) | Fiscal

El FMI advierte de que el “mediocre crecimiento” de la zona euro se prolongará a medio plazo

Frente a los pronósticos más pesimistas, la economía de la zona euro ha mostrado una capacidad de resistencia notable frente a las tensiones geopolíticas internacionales. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional proyectan que el producto interior bruto de la región crecerá un 1,1% en 2026, lo que representa una mejora de dos décimas respecto a sus anteriores previsiones, tras registrar expansiones del 0,9% en 2024 y del 1,5% en 2025. Sin embargo, este desempeño moderado evidencia las limitaciones estructurales del bloque para alcanzar ritmos de actividad más elevados a medio plazo. El informe de Perspectivas Económicas Regionales para Europa elaborado por la institución señala que el continente se encamina hacia un periodo prolongado de crecimiento tenue, atribuible principalmente a debilidades internas previas más que a los factores adversos externos. En este contexto de estancamiento generalizado, España destaca como la excepción entre las grandes economías comunitarias, con una previsión de crecimiento del 2,5% para 2026, cifra que duplica la media de la zona euro y contrasta con la debilidad de Alemania, Italia o Francia. El análisis del organismo subraya que la lentitud en la mejora de la productividad, la falta de integración del mercado único y la parálisis en las reformas estructurales impiden a las empresas europeas ganar dimensión y acceder a financiación suficiente. Estas trabas condicionan el potencial de crecimiento a largo plazo de la zona euro, situándolo en torno al 1,1%, lo que significa que la economía mantendría dificultades de aceleración incluso si se disiparan los conflictos geopolíticos y los tensionamientos energéticos. Las vulnerabilidades de la región acentúan el impacto de perturbaciones como el conflicto en Oriente Próximo y episodios climáticos extremos, que han afectado a las cosechas y a la generación eléctrica. Estos factores han impulsado la inflación general rozando el 4% en septiembre, lo que ha llevado al Fondo Monetario Internacional a elevar sus previsiones de IPC medio al 3,1% para 2026 y al 2,8% para 2027, retrasando el retorno al objetivo del Banco Central Europeo hasta 2028. Por el contrario, la variable subyacente mantiene un comportamiento más estable en torno al 2,2%, sugiriendo por ahora una traslación limitada del shock energético al resto de la cesta de la compra. En el plano estructural, el centro de estudios atribuye el rezago europeo al ensanchamiento de la brecha de productividad frente a potencias como Estados Unidos, motivado por la menor capacidad de adopción de tecnologías digitales e inteligencia artificial. Adicionalmente, los altos costes de la energía, la fragmentación de los mercados de capitales, el envejecimiento demográfico y la creciente presión sobre las cuentas públicas por el gasto en pensiones, defensa y transición ecológica restan margen para la inversión estratégica y limitan la competitividad global del tejido empresarial.

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(El País, 19-10-2026) | Laboral

El Gobierno arranca los “martes sociales” para mejorar las prestaciones por viudedad, incapacidad, víctimas del terrorismo y violencia de género

El Gobierno prepara una nueva batería de medidas sociales que pretende aprobar en los Consejos de Ministros de las próximas semanas, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Ejecutivo quiere mantener la actividad legislativa hasta los comicios, siguiendo la intención expresada por Pedro Sánchez el día en que anunció el adelanto electoral. La estrategia, denominada internamente «martes sociales», contempla sacar adelante iniciativas de distintos ministerios que habían quedado pendientes. El Consejo de Ministros de esta semana incluirá un paquete relevante de medidas impulsadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las propuestas se tramitarán mediante un real decreto-ley, por lo que deberán ser convalidadas en el plazo de un mes por la Diputación Permanente del Congreso. Esta vía permite al Ejecutivo someter las medidas a votación sin necesidad de reunir al pleno de la Cámara. Según el planteamiento descrito, el Gobierno confía en contar con los apoyos necesarios de las formaciones de izquierda y del PNV, sin depender de los votos de Junts. Entre las iniciativas previstas figura la ampliación de la incapacidad temporal para las mujeres que padezcan patologías asociadas a la menopausia. También se reforzará la protección económica de las víctimas de violencia de género durante las bajas médicas. En estos casos, la prestación será del 60% de la base reguladora hasta el vigésimo día y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará la retribución correspondiente al primer día de baja, mientras que la Seguridad Social asumirá el pago de la prestación desde ese momento. El decreto también mejorará las ayudas destinadas a madres y padres que deban cuidar de hijos menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves. Ambos progenitores podrán percibir la prestación de forma simultánea o alterna. Además, en situaciones de especial vulnerabilidad, el derecho podrá prolongarse más allá de los 26 años cuando la persona afectada tenga reconocida una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada. Otra de las novedades afectará a las pensiones de viudedad de las parejas de hecho. La existencia de hijos en común pasará a ser suficiente para acreditar la relación a efectos del acceso a esta prestación, con el objetivo de evitar los problemas que se estaban produciendo con los requisitos de acreditación. Asimismo, las solicitudes que hayan sido denegadas podrán revisarse durante los 12 meses siguientes. El paquete incluirá también una mejora de las pensiones extraordinarias concedidas a las víctimas de actos terroristas. La cuantía mínima se elevará hasta el equivalente a dos salarios mínimos interprofesionales, es decir, 2.442 euros, lo que representa un incremento del 36% respecto al umbral anterior. La protección de los huérfanos por violencia de género será otro de los ámbitos reforzados. Las prestaciones contributivas contarán con una cuantía mínima equivalente a dos veces el SMI, mientras que las ayudas no contributivas también podrán alcanzar ese límite, con el propósito de mejorar la cobertura económica de estos menores. Por último, el Ejecutivo prevé ampliar el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, destinado a proteger a los menores cuando uno de sus progenitores incumple sus obligaciones económicas. La cuantía máxima de los anticipos por beneficiario se triplicará, pasando de 100 a 300 euros. También se ampliará el periodo durante el que podrán percibirse estas ayudas. Con estas iniciativas, el Gobierno pretende reforzar la protección social de distintos colectivos antes de la convocatoria electoral, mediante cambios que afectan a las bajas médicas, las pensiones, las prestaciones por cuidados y las ayudas destinadas a menores en situaciones de vulnerabilidad.

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(El Economista, 19-10-2026) | Laboral

El Ejecutivo gasta ya más de 1.000 millones al mes en complementos de las pensiones

El gasto de la Seguridad Social en complementos de las pensiones continúa creciendo y ha superado por primera vez los 1.000 millones de euros mensuales en el periodo analizado. En septiembre de 2026, el sistema destinó 1.012,7 millones de euros a financiar los distintos complementos vinculados a las prestaciones contributivas, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La mayor parte de esta cantidad correspondió a los complementos a mínimos, que concentraron 710,5 millones de euros. Los 302,2 millones restantes se destinaron a otros conceptos, entre ellos los complementos dirigidos a reducir la brecha de género en las pensiones. La evolución de estas partidas muestra un incremento sostenido durante los últimos años. En septiembre de 2020, el gasto mensual en complementos se situaba en 587,3 millones de euros, frente a los más de 1.012 millones actuales. De este modo, el desembolso ha aumentado cerca de un 72% en seis años. Además, solo en el último ejercicio se ha incrementado en aproximadamente 145 millones, al pasar de 867,5 millones a la cifra registrada en septiembre de 2026. Por modalidades, las pensiones de jubilación concentraron el mayor volumen de recursos destinados a complementos, con 603,4 millones de euros en septiembre. De esta cantidad, 437,3 millones correspondieron a complementos a mínimos y 166,1 millones a otras partidas. A continuación se situaron las pensiones de viudedad, con un gasto de 274,8 millones de euros. De ellos, 202 millones se destinaron a complementos a mínimos y 72,7 millones a otros conceptos. Los complementos asociados a las pensiones de incapacidad permanente supusieron otros 99 millones de euros, distribuidos entre 38 millones para mínimos y 61 millones para otras modalidades. Por su parte, las prestaciones de orfandad recibieron 31,4 millones, de los que 29,2 millones correspondieron a complementos a mínimos y 2,2 millones a otros conceptos. La partida de menor importe fue la correspondiente a las pensiones en favor de familiares, con 3,84 millones de euros. Prácticamente la totalidad, 3,83 millones, se destinó a complementos a mínimos, mientras que los 10.854 euros restantes correspondieron a otras modalidades. El aumento del gasto en complementos se enmarca en el crecimiento general de los recursos destinados al sistema público de pensiones. Entre 2020 y 2025, el desembolso anual en pensiones aumentó un 37,3%, desde los 138.052 millones hasta los 189.598 millones de euros. Las prestaciones de jubilación concentraron la mayor parte de esta factura, con 138.816 millones de euros en 2025, un 40,2% más que cinco años antes. Las pensiones de viudedad supusieron 30.631 millones, mientras que las de incapacidad permanente alcanzaron los 17.165 millones. Detrás de esta evolución confluyen varios factores. Uno de los principales es la llegada a la jubilación de las generaciones del baby boom, un proceso que ya empieza a reflejarse en las cuentas de la Seguridad Social y cuyo impacto máximo sobre el gasto se prevé para 2050. Para entonces, las proyecciones apuntan a que el desembolso en pensiones podría alcanzar el 14,7% del producto interior bruto (PIB). También contribuyen al aumento del gasto el incremento de la esperanza de vida, la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y el hecho de que las nuevas generaciones de jubilados llegan al retiro con carreras de cotización más prolongadas y bases salariales más elevadas. A estos factores se suma la revalorización anual de las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC), establecida tras la reforma impulsada por el entonces ministro José Luis Escrivá. En 2026, las prestaciones se han incrementado un 2,7%, mientras que los principales centros de estudios prevén una subida del 3,5% para 2027, condicionada por la evolución de los precios y el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo. La cuantía definitiva todavía está pendiente de confirmación oficial. El crecimiento del gasto también está relacionado con el aumento del número de beneficiarios. Entre 2020 y 2025, la cifra de pensionistas pasó de 9,78 millones a 10,35 millones de personas, lo que representa un incremento del 5,8%. En septiembre de 2026, último dato disponible, España contabilizaba alrededor de 10,5 millones de pensionistas, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De ellos, el 63,8% percibía una pensión de jubilación y el 21,9% recibía una prestación de viudedad, mientras que el resto se distribuía entre otras modalidades del sistema.

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(El Economista, 19-10-2026) | Laboral

Solo el 15,6% de las pymes contempla crear nuevos puestos de trabajo en 2026

La evolución del empleo constituye uno de los indicadores clave para medir la situación económica de un país. En España, donde las pequeñas y medianas empresas representan aproximadamente el 99,8% del tejido empresarial, con cerca de tres millones de negocios, sus perspectivas de contratación permiten tomar el pulso al mercado laboral. Sin embargo, las previsiones de las pymes apuntan a una actitud de cautela en materia de empleo. Según el III Informe de Pymes y Autónomos de España, elaborado por Hiscox, solo el 15,6% de las empresas con entre uno y 249 trabajadores espera ampliar sus plantillas. De este porcentaje, un 1,5% confía en que la evolución del empleo mejorará considerablemente, mientras que un 14,1% prevé una mejora más moderada. La mayoría de los pequeños negocios, un 66,7%, espera mantener estable el número de trabajadores. En cambio, un 7,1% anticipa un deterioro moderado del empleo y un 6,1% prevé una caída más pronunciada. Otro 4,5% de las empresas todavía no tiene claro cómo evolucionará su plantilla. Esta prudencia contrasta con las expectativas de crecimiento de la actividad. El 40,9% de las pymes prevé aumentar su facturación durante 2026. Aunque el porcentaje es inferior al 42,8% registrado en 2025, supera los niveles de 2022, cuando se situó en el 34,7%; de 2023, con un 31,7%, y de 2024, con un 32,5%. Las previsiones sobre los resultados económicos también muestran una evolución positiva. El 36,5% de las pequeñas y medianas empresas espera mejorar sus beneficios y márgenes comerciales durante este año, el porcentaje más elevado de la serie analizada. La cifra supera los registros de 2022, cuando alcanzó el 27,6%; de 2023, con un 27,9%; de 2024, con un 25,7%, y de 2025, con un 34,3%. Por otro lado, el 36,3% de las empresas calcula que sus márgenes permanecerán estables. Frente a estas perspectivas, un 15,5% anticipa un empeoramiento moderado y un 9,4% prevé una reducción más intensa de su rentabilidad. Pese a estas expectativas de crecimiento, las pymes siguen afrontando importantes dificultades derivadas del encarecimiento de su actividad y de la incertidumbre económica. El informe de Hiscox señala que el 76% de las empresas ha experimentado un incremento de sus costes operativos durante los doce meses anteriores a la encuesta. La inestabilidad económica constituye, además, el principal riesgo para el tejido empresarial: afecta mucho o bastante al 59,2% de las compañías consultadas. Esta situación condiciona especialmente a los negocios de menor tamaño, que disponen de menos recursos para absorber aumentos de costes, afrontar imprevistos financieros o adaptar rápidamente sus operaciones a los cambios del mercado. En este contexto, el informe advierte de que la incertidumbre geopolítica no debe considerarse únicamente un riesgo puntual, sino un factor que influye directamente en las decisiones empresariales y en las posibilidades de crecimiento. La evolución de los costes, la demanda y las condiciones económicas seguirá siendo determinante para que las pymes conviertan sus expectativas de mayor facturación en nuevas contrataciones. A estas dificultades se suman los cambios en las políticas arancelarias, que representan una fuente adicional de incertidumbre, especialmente para las pequeñas empresas con actividad internacional. Las modificaciones en las condiciones del comercio exterior pueden afectar a sus costes, a sus ventas y a su capacidad para competir en otros mercados.

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(El Economista, 19-10-2026) | Laboral

Los autónomos piden al próximo Gobierno que las deudas con Hacienda y la Seguridad Social no bloquee el acceso a la pensión

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) propone que las deudas pendientes con Hacienda y la Seguridad Social no impidan a los trabajadores por cuenta propia acceder a la pensión de jubilación. La organización plantea que las cantidades adeudadas puedan devolverse de forma progresiva mediante descuentos en la propia prestación, a través de un sistema de fraccionamiento pactado con la Administración. La iniciativa forma parte del conjunto de medidas que ATA ha trasladado a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El objetivo es que los autónomos puedan empezar a cobrar la pensión que les corresponde al alcanzar la jubilación, sin que las obligaciones económicas pendientes bloqueen el acceso a esta prestación, al tiempo que regularizan su situación mediante pagos periódicos y previamente acordados. La asociación también reclama cambios en las condiciones de acceso a la jubilación activa. En concreto, propone suprimir el periodo de espera de un año que deben cumplir los autónomos para acogerse a esta modalidad y aumentar progresivamente el porcentaje de pensión compatible con la continuidad de la actividad profesional. Su propuesta contempla cobrar el 35% de la prestación durante el primer año, el 50% en el segundo, el 75% en el tercero y el 100% a partir del cuarto. Además, ATA defiende que los autónomos que tengan al menos un empleado, socio o colaborador, sea familiar o no, puedan percibir desde el primer día el 100% de la pensión compatible con el trabajo si acceden a la jubilación activa. En materia de previsión social, la organización propone eliminar los límites de aportación a los planes de pensiones y desvincularlos de los topes establecidos para las deducciones en el IRPF. Entre sus reivindicaciones para la próxima legislatura, ATA incluye también medidas dirigidas a facilitar el inicio de la actividad por cuenta propia. La organización solicita establecer una cuota cero durante dos años, ampliable a tres, para los nuevos autónomos menores de 30 años, las mujeres que retomen su actividad tras la maternidad y quienes obtengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

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(La Vanguardia, 19-10-2026) | Laboral

El Banco Mundial cree que no habrá trabajo para 800 millones de jóvenes, “de aquí a 10 o 15 años”

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, ha advertido durante el plenario de la reunión anual conjunta con el Fondo Monetario Internacional que cerca de 800 millones de jóvenes en todo el mundo podrían quedarse sin acceso al mercado laboral en la próxima década. Según las estimaciones de la entidad de desarrollo, en los próximos quince años se incorporarán 1.200 millones de personas en edad de trabajar para una oferta proyectada de apenas 400 millones de empleos globales. Para abordar esta brecha, el máximo ejecutivo del organismo ha defendido su estrategia de movilización de capital privado, señalando que las aportaciones no públicas a proyectos del Banco Mundial se han triplicado durante su mandato hasta alcanzar los 112.000 millones de dólares. Sin embargo, este modelo de colaboración público-privada ha recibido críticas por parte de diversos sectores, que apuntan al incremento de las garantías emitidas hasta los 25.000 millones de dólares como un mecanismo que arriesga fondos públicos para asegurar rendimientos privados, concentrando además el crédito en países de renta media en lugar de las economías con menores ingresos. Dentro de sus metas estratégicas para 2030, la institución mantiene el compromiso de dotar de suministro eléctrico a 300 millones de personas en África y facilitar acceso sanitario a otros 1.500 millones de ciudadanos, promoviendo asimismo la digitalización del sector agrícola y de servicios esenciales mediante alianzas con grandes corporaciones tecnológicas. Esta orientación hacia esquemas de gestión privada en educación, salud y agricultura ha generado reticencias por su potencial impacto en la desigualdad y por relegar a un segundo plano las políticas de mitigación del cambio climático tras la supresión de objetivos cuantitativos específicos. El encuentro multinacional celebrado en Tailandia, coordinado por el Banco Central de Paraguay y con la participación del primer ministro local Anutin Charnvirakul y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha puesto de manifiesto la alineación de la directiva del Banco Mundial con una hoja de ruta centrada en la eficiencia financiera y la tecnología. El organismo reafirma así su visión de que la financiación del desarrollo futuro dependerá de combinar recursos públicos, capital corporativo y filantropía adaptados a la capacidad de cada país.

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(Expansión, 19-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca anunciará un beneficio récord de 29.200 millones

La banca española se encamina a cerrar los nueve primeros meses de 2026 con resultados históricos. La fortaleza de la actividad comercial y la recuperación gradual del margen de intereses permitirán a las seis entidades cotizadas obtener un beneficio conjunto superior a los 29.200 millones de euros hasta septiembre, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior, según las estimaciones del consenso de mercado recopiladas por Bloomberg. Santander será la entidad que registre el mayor incremento de las ganancias, con un avance del 21%, hasta los 12.544 millones de euros. En esta cifra influye la plusvalía obtenida por la venta de su negocio en Polonia, un efecto extraordinario cuyo peso se irá reduciendo a lo largo del ejercicio, mientras el grupo contabiliza los costes de reestructuración asociados a las adquisiciones de TSB y Webster. Los analistas de Deutsche Bank consideran que el banco mantiene la capacidad de cumplir sus objetivos anuales, que pasan por superar los beneficios de 2025 y reducir los costes. No obstante, advierten de que la evolución de los negocios en Brasil y Argentina continuará condicionada por una menor rentabilidad y un ritmo de crecimiento más moderado. BBVA ocupará la segunda posición en crecimiento de beneficios, con un aumento del 13%, hasta los 9.019 millones de euros. El buen comportamiento de sus negocios en España y México compensará parcialmente la debilidad que se aprecia en América del Sur y Turquía. CaixaBank y Bankinter también registrarán avances de dos dígitos en sus resultados, con incrementos previstos del 10% y el 11%, respectivamente. En el caso de CaixaBank, la evolución de los ingresos y el comportamiento favorable de las provisiones contribuirán a impulsar las ganancias. Según Nuria Álvarez, analista de Renta 4, el crecimiento de los volúmenes de negocio compensará cierta moderación del margen de intereses, afectado por el encarecimiento de la financiación. Para Bankinter, las previsiones apuntan a otro trimestre sólido, sin cambios relevantes en las principales tendencias del negocio. La mejora de la rentabilidad de la cartera de crédito se verá acompañada por un aumento del coste de los depósitos y otras fuentes de financiación, lo que permitirá mantener estable el margen de clientes. Además, el dinamismo de la gestión de activos favorecerá el crecimiento de las comisiones. Unicaja presentará un avance más moderado. El consenso de Bloomberg estima que su beneficio aumentará un 5%, hasta los 530 millones de euros. Las cuentas reflejarán una cierta estabilización del margen de intereses, mientras que las comisiones podrían experimentar un ligero descenso por el impacto de la reactivación de las campañas para captar clientes. Durante la presentación de resultados, los inversores también estarán pendientes de las novedades sobre el acuerdo con WiZink, cuya formalización se encuentra próxima. En Banco Sabadell, la atención se centrará en las oportunidades de negocio derivadas de su reciente alianza con BPCE y en la evolución de las negociaciones en curso, sobre las que los analistas no esperan grandes detalles por parte de la dirección. Estos resultados serán los segundos que presente el nuevo consejero delegado, Marc Armengol, quien en julio anticipó una recuperación progresiva de los ingresos tras dar por superada la fase más débil posterior a la oferta pública de adquisición. Las previsiones apuntan a que Sabadell obtendrá un beneficio de 1.350 millones de euros hasta septiembre, un 3% menos que en el mismo periodo de 2025. La venta de TSB a Santander, cerrada en mayo, tendrá efectos sobre la comparación interanual, por lo que la entidad podría necesitar varios trimestres para recuperar los niveles de resultados anteriores a la operación. El mercado estará atento a si el crecimiento del negocio en España permite compensar esta pérdida de contribución. En conjunto, las cuentas del tercer trimestre confirmarán la fortaleza que viene mostrando el sector, aunque los analistas no anticipan grandes novedades que puedan actuar como catalizadores para las cotizaciones. Deutsche Bank destaca la continuidad de las políticas de control del gasto, con una ratio de eficiencia cercana al 38% para los bancos españoles, así como la solidez de los indicadores de calidad crediticia. Estas fortalezas se mantienen pese a las inquietudes sobre un posible deterioro de las carteras de préstamos. De cara al cierre del ejercicio, la evolución de los tipos de interés y la demanda de crédito serán factores determinantes para comprobar si las entidades pueden mantener el ritmo de crecimiento de sus beneficios en un entorno económico más incierto. La situación de los mercados de deuda europeos también podría ocupar un lugar destacado durante la temporada de resultados, que comenzará el jueves con la presentación de Bankinter. Las tensiones en el mercado de deuda francés han reavivado el temor a que las dificultades financieras de un país se transmitan al sector bancario a través de sus carteras de bonos soberanos. Aunque España permanece por ahora al margen de los principales focos de preocupación, las entidades nacionales han incrementado sus compras de deuda pública en los últimos años, lo que ha elevado el peso de estos activos en sus balances. Por ello, los inversores seguirán de cerca la evolución de los mercados de deuda y sus posibles repercusiones sobre la estabilidad financiera y los resultados bancarios.

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(Expansión, 19-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión inmobiliaria se dispara un 35% y marca récord hasta septiembre

La adquisición de la antigua sede de Telefónica en Madrid y de los centros comerciales Megapark y Xanadú ha impulsado la actividad inmobiliaria durante el tercer trimestre. Gracias a estas operaciones, la inversión acumulada en el mercado español se acerca a los 15.000 millones de euros hasta septiembre, una cifra récord que prácticamente iguala el volumen alcanzado en todo 2025. El sector inmobiliario ha vivido los nueve primeros meses del año más activos de su historia, con un total de 14.893 millones de euros invertidos, según los datos de JLL. Esta cantidad supone un incremento del 35% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Además del residencial, los segmentos de oficinas, comercio y logística destacan por su dinamismo. Pese a la incertidumbre que han generado los decretos de vivienda aprobados la semana pasada, uno de ellos ya en vigor, los profesionales del sector mantienen unas perspectivas favorables para el último tramo del año. No obstante, reconocen que las nuevas medidas podrían repercutir en las operaciones relacionadas con el mercado residencial. La inversión institucional en vivienda destinada al alquiler ha superado los 3.900 millones de euros hasta septiembre, frente a los 845 millones registrados en los nueve primeros meses del año pasado. Una parte significativa de este volumen corresponde a la compra de Fidere por Brookfield, una operación que representa el 31% del total invertido en este segmento. Sin tener en cuenta esta transacción, el crecimiento habría alcanzado el 221%. JLL prevé que la inversión en vivienda en alquiler llegue a los 4.500 millones de euros al cierre de 2026. Las oficinas ocupan el siguiente lugar por volumen de inversión, con 2.653 millones de euros, un 12% más que un año antes. Entre las operaciones más relevantes del tercer trimestre figura la adquisición de Omega Business Park, en Alcobendas, por parte de Square Asset Management, por 104 millones de euros. También destacan la compra de un inmueble situado en el número 21 de la calle Puerto de Somport, en Madrid, por GMP, y la adquisición del edificio de Costa Brava 2-4, igualmente en la capital, por Insur Group. En el ámbito de los inmuebles con usos mixtos, incluida la actividad de oficinas, sobresale la compra de la antigua sede de Telefónica en la Gran Vía madrileña por parte de Tomás Olivo, por un importe aproximado de 200 millones de euros. El segmento comercial también ha registrado una evolución positiva. La inversión en activos de retail suma 2.538 millones de euros hasta septiembre, un 45% más que los 1.755 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025. Entre julio y septiembre, las operaciones más destacadas fueron la compra del centro comercial Megapark, en Barakaldo, por parte de Nepi Rockcastle, por 253 millones de euros, y la adquisición del 50% de Xanadú, situado en Arroyomolinos (Madrid), por Rivoli Asset Management, por 250 millones. Por el contrario, la inversión hotelera ha disminuido un 5%, hasta los 2.451 millones de euros. Aun así, se trata del segundo mejor resultado para los nueve primeros meses del año desde 2018. Entre las operaciones cerradas durante el tercer trimestre se encuentran la adquisición del hotel Nomade Madrid por GS Bacares Iberia, la compra del ME Barcelona por Kaya Holding y la venta del Room Mate Macarena, en Madrid, a un inversor privado español por 81 millones de euros. Las transacciones previstas para los últimos meses del ejercicio permiten mantener las expectativas de que la inversión hotelera alcance alrededor de 4.000 millones de euros en el conjunto de 2026. Otros segmentos presentan resultados dispares. Las residencias de estudiantes acumulan 976 millones de euros de inversión hasta septiembre, un 16% menos que los 1.165 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Este retroceso se explica, en parte, por la elevada actividad de 2025, cuando Nido Living, propiedad de CPPIB, adquirió Livensa Living a Brookfield por 1.200 millones de euros. En el mercado del alojamiento flexible, la inversión ha experimentado un fuerte crecimiento. La compra por parte de Meridia de un complejo situado en el distrito madrileño de Carabanchel, con capacidad para 977 camas, ha contribuido a elevar el volumen acumulado hasta septiembre a 319 millones de euros, un 210% más que un año antes. Por último, los activos relacionados con el sector sanitario han captado 688 millones de euros, lo que supone un descenso del 35% interanual. Pese a esta caída, el volumen constituye el segundo mejor registro de la serie histórica para los nueve primeros meses del año.

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(Expansión, 19-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

CEOE pide a los partidos un ahorro en costes energéticos de 25.000 millones

La CEOE considera que una reducción permanente de los costes regulados, los impuestos y los cargos del sistema eléctrico, junto con una revisión de los servicios de ajuste del mercado energético, permitiría ahorrar miles de millones a empresas y hogares, mejorar la competitividad y generar 26.310 millones de euros adicionales de PIB a partir de 2032. El encarecimiento de la energía provocado por el conflicto en Oriente Próximo ha llevado al Gobierno a aprobar un nuevo paquete de medidas para amortiguar sus efectos sobre la economía, el tercero desde el inicio de la guerra. Sin embargo, la patronal sostiene que estas actuaciones temporales resultan insuficientes para contener de forma duradera los precios de la energía y mejorar la posición competitiva de las empresas españolas, especialmente de las pymes y la industria. Aunque el mercado mayorista eléctrico español presenta precios más competitivos que los de las principales economías europeas gracias al peso de las energías renovables, esta ventaja no se refleja plenamente en las facturas de la industria electrointensiva. Según un informe de la CEOE, el pasado 14 de septiembre estas empresas pagaron por la electricidad un 38% más que sus homólogas francesas y un 14% más que las alemanas. La patronal atribuye esta diferencia a los impuestos, los costes regulados, los cargos del sistema y los servicios de ajuste, cuyo coste se ha multiplicado por más de cuatro desde 2019. Ante esta situación, la organización presidida por Antonio Garamendi reclama a los partidos políticos, en un contexto de proximidad electoral, un plan estructural que permita reducir el precio de la electricidad y reforzar la competitividad empresarial. El documento recupera propuestas trasladadas anteriormente al Ejecutivo e incorpora estimaciones sobre sus efectos en la actividad económica, la recaudación pública y los costes que soportan los consumidores. Entre las principales medidas planteadas figuran una reducción permanente de los impuestos especiales sobre la electricidad y el gas, la redistribución de los cargos que no están directamente relacionados con el suministro, la exención de peajes para la industria electrointensiva y la revisión de la operación reforzada del sistema eléctrico y de las restricciones técnicas. De acuerdo con los cálculos de la CEOE, la aplicación conjunta de estas iniciativas permitiría generar un ahorro acumulado de 25.730 millones de euros para los consumidores durante los primeros cinco años. La reducción de los costes energéticos se traduciría en un descenso de la factura de entre el 16% y el 41%, dependiendo del tipo de consumidor, ya sean hogares, pequeñas y medianas empresas o grandes industrias. La patronal propone desplegar el plan de manera progresiva, mediante modificaciones en los Presupuestos Generales del Estado que sumarían cerca de 27.000 millones de euros entre 2027 y 2031. La mayor parte de estos recursos se destinaría a trasladar a los presupuestos públicos determinados cargos eléctricos que actualmente se repercuten en la factura, entre ellos las ayudas a las energías renovables. La CEOE defiende que estos costes deberían repartirse entre el conjunto de la sociedad, puesto que sus beneficios no se limitan a los consumidores de electricidad. El ahorro energético previsto también tendría repercusiones sobre el crecimiento económico. Según las estimaciones de la organización empresarial, la reducción de los costes permitiría incrementar el PIB en una media de 4.380 millones de euros anuales. De este modo, en 2032 la economía española acumularía 26.310 millones de euros adicionales respecto a un escenario en el que no se aplicaran las medidas propuestas. La CEOE sostiene, además, que el plan no supondría necesariamente una merma de los ingresos públicos, pese a la reducción inicial de determinados impuestos. En un contexto de aumento del gasto público y de las necesidades de financiación derivadas de las sucesivas crisis, la patronal considera que el impulso de la actividad económica podría compensar la pérdida recaudatoria inicial e incluso generar ingresos adicionales. En concreto, el informe calcula que la recaudación inducida por las medidas fiscales, entre ellas la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, alcanzaría los 7.760 millones de euros. Esta cantidad superaría los 7.110 millones de euros que dejarían de ingresarse entre 2027 y 2031 como consecuencia de las reducciones fiscales planteadas. La explicación, según la organización, estaría en el aumento del consumo, la inversión y la actividad empresarial, que contribuiría a elevar los ingresos procedentes de otras figuras tributarias. El documento también contempla mecanismos de financiación vinculados a la política medioambiental. La CEOE propone aprovechar el remanente de derechos de emisión disponibles para España para incrementar las compensaciones destinadas a las industrias que soportan costes indirectos derivados de las emisiones contaminantes. Las estimaciones apuntan a que el remanente acumulado durante los próximos cinco ejercicios ascendería a 8.300 millones de euros, mientras que las ayudas compensatorias propuestas alcanzarían los 5.060 millones. La relación entre ambos importes llegaría a su nivel máximo anual en 2030, cuando las ayudas equivaldrían al 71% de los recursos disponibles, según los cálculos de la patronal. Junto a las medidas cuantificadas, la CEOE plantea otras actuaciones para mejorar la competitividad energética y estimular la actividad económica. Entre ellas se encuentran la revisión de los peajes del gas, el refuerzo de las redes energéticas, la creación de avales y otros instrumentos de apoyo financiero, el impulso a la producción de biometano y la aplicación de descuentos a la inyección de gases renovables en las redes.

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