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(El País, 15-09-2026) | Fiscal

Las comunidades autónomas recaudan por partida doble en el impuesto de patrimonio

Las comunidades autónomas obtienen ingresos por el impuesto sobre el patrimonio a través de dos vías distintas. En 2024, último ejercicio con datos disponibles, las comunidades de régimen común recibieron un total de 5.601 millones de euros: 3.447 millones procedieron de la compensación estatal vinculada a la antigua supresión del tributo y otros 2.154 millones correspondieron a la recaudación directa del impuesto. Se trata de un mecanismo que se remonta a 2008, cuando el Gobierno decidió eliminar el impuesto sobre el patrimonio y estableció una compensación para evitar que las autonomías perdieran los recursos que hasta entonces obtenían de este tributo. Aunque el impuesto fue recuperado tres años después, la compensación se mantuvo vigente. Actualmente, las 15 comunidades de régimen común reciben simultáneamente ambas cantidades. Durante algunos años, Madrid quedó al margen de la recaudación efectiva al aplicar una bonificación del 100% sobre la cuota del impuesto, aunque continuó percibiendo la compensación. La creación en 2022 del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas modificó este escenario y terminó presionando a las comunidades que mantenían o estudiaban aplicar importantes beneficios fiscales en Patrimonio. Como consecuencia, todas ellas vuelven a obtener ingresos tanto por la recaudación del tributo como por la compensación. Además, estos recursos permanecen íntegramente en las haciendas autonómicas y no forman parte de la cesta común del sistema de financiación. La explicación de esta situación se encuentra en la decisión adoptada en 2008 de suprimir un impuesto cuya gestión y recaudación estaban cedidas a las comunidades. Para evitar el impacto presupuestario de su desaparición, el sistema de financiación incorporó una compensación estatal. Sin embargo, cuando el Gobierno recuperó el tributo en 2011, inicialmente con carácter temporal, no eliminó el mecanismo compensatorio. Desde entonces, este ha continuado integrado en el sistema de financiación autonómica y su importe se actualiza en función del indicador de ingresos tributarios del Estado (ITE), en lugar de permanecer limitado a la cantidad inicialmente establecida. La complejidad del sistema hace que esta compensación se haya convertido en uno de los elementos menos visibles de la financiación autonómica. Para calcularla se toma como referencia la recaudación que cada comunidad tenía asociada al impuesto en 2011 y posteriormente se actualiza mediante la evolución del ITE. Según los cálculos citados en el análisis, el procedimiento requiere además determinados ajustes correspondientes al periodo transcurrido desde 2011, lo que termina generando un mecanismo difícil de seguir para ciudadanos y contribuyentes. Esta situación refleja cómo determinadas medidas fiscales planteadas inicialmente como temporales pueden terminar consolidándose durante años dentro de sistemas de financiación cada vez más complejos. El reparto de la compensación también presenta importantes diferencias entre territorios porque parte de la situación existente cuando se eliminó el impuesto. Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana se encuentran entre las comunidades que reciben mayores cantidades por esta vía, con alrededor de 1.039, 883 y 581 millones de euros, respectivamente. El sistema toma como referencia la estructura de ingresos existente hace años y no actualiza las bases imponibles que dieron origen a aquel reparto, por lo que las comunidades que entonces concentraban una mayor recaudación mantienen también las compensaciones más elevadas. La situación de Madrid y Cataluña permite apreciar con claridad el efecto de esta doble fuente de ingresos. Cataluña obtuvo en 2024 unos 766 millones de euros mediante la recaudación del impuesto y otros 883 millones a través de la compensación, alcanzando aproximadamente 1.649 millones en total. Madrid, por su parte, ingresó cerca de 643 millones por Patrimonio y recibió otros 1.039 millones de compensación, hasta sumar alrededor de 1.682 millones. En el extremo contrario se sitúan comunidades como La Rioja, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria o Extremadura. En estos casos, las cantidades son considerablemente menores y, en Cantabria y Extremadura, no existe información completa sobre la recaudación debido al secreto estadístico. En el conjunto de las comunidades, la compensación representa la mayor parte de los ingresos vinculados a este impuesto, ya que solo el 38,5% de los 5.601 millones obtenidos en 2024 procedió directamente de su recaudación.

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(Expansión, 15-09-2026) | Laboral

El gasto en bajas aumenta cuando baja el paro: ya absorbe el 10,4% de las cotizaciones

El aumento del gasto en pensiones no es el único factor que está elevando la presión financiera sobre la Seguridad Social. El fuerte crecimiento de las prestaciones por incapacidad temporal, vinculadas a las bajas laborales, se ha convertido en otro de los elementos que están tensionando las cuentas del sistema. Según un estudio de Fedea, entre 2020 y 2025 el desembolso destinado a estas prestaciones aumentó en más de 6.500 millones de euros, hasta alcanzar los 18.413 millones en 2025. Una evolución especialmente significativa en un periodo en el que, además, la tasa de paro se ha reducido de forma considerable. El informe elaborado por Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social, pone de manifiesto que el gasto en incapacidad temporal no solo ha crecido en términos absolutos, sino también en relación con los ingresos obtenidos mediante las cotizaciones sociales. En 2025, las prestaciones por incapacidad temporal representaron el 10,4% de la recaudación procedente de las cuotas de empresarios y trabajadores, el porcentaje más elevado de toda la serie histórica. Esta proporción es medio punto superior a la registrada en 2020 y cuatro puntos mayor que la de hace quince años. La intensidad del incremento resulta aún más evidente al comparar distintos periodos. Entre 2020 y 2025, el gasto en incapacidad temporal aumentó en unos 6.525 millones de euros, frente a los 5.155 millones en los que se incrementó durante la década anterior. El comportamiento de esta partida guarda, además, una relación inversa con la evolución del desempleo. Durante el periodo 2010-2015, cuando la tasa de paro superaba el 20%, el gasto permaneció relativamente estable, en niveles de entre 5.000 y 6.000 millones. En cambio, entre 2020 y 2025, coincidiendo con una reducción del desempleo desde el 16,1% hasta el 9,9%, el desembolso creció en más de 6.500 millones. Fedea señala que esta relación entre empleo e incapacidad temporal se observa de forma generalizada en territorios, grupos de edad y sectores profesionales. El estudio apunta que, cuando disminuye el desempleo, aumenta el recurso a las bajas laborales, mientras que sucede lo contrario cuando el paro se eleva. Entre las posibles explicaciones se encuentra el diferente nivel de protección económica asociado a la prestación, especialmente en colectivos como los trabajadores autónomos, cuya base de cotización no siempre refleja el 100% de sus rendimientos y para los que el coste de abandonar temporalmente la actividad puede ser mayor. El informe también recoge otra posible explicación vinculada al comportamiento de los trabajadores durante las etapas de mayor incertidumbre laboral. Cuando existe una elevada destrucción de empleo y mantener el puesto de trabajo adquiere una importancia mayor, determinados trabajadores pueden continuar desempeñando su actividad pese a encontrarse en un estado de salud deficiente. La mejora del mercado laboral y la mayor estabilidad del empleo pueden favorecer, por el contrario, que se haga un mayor uso de las prestaciones cuando realmente existe una situación que impide trabajar. Ante este escenario, Fedea plantea distintas vías para contener el crecimiento de esta partida sin limitar la protección de los trabajadores. Una de ellas consiste en homogeneizar los criterios de cálculo de las prestaciones derivadas de contingencias comunes, contingencias profesionales, mutualismo administrativo y Seguridad Social, de manera que exista una tasa de reemplazo común para las distintas enfermedades. Otra de las propuestas pasa por impulsar fórmulas de reincorporación progresiva al empleo mediante altas parciales. El objetivo sería permitir que determinados trabajadores puedan compatibilizar la recuperación de su estado de salud con una vuelta gradual a su puesto cuando la naturaleza de la enfermedad lo permita. El informe plantea comenzar esta experiencia en aquellos sectores en los que exista acuerdo entre las partes. La salud mental constituye otro de los ámbitos sobre los que Fedea reclama una actuación específica. El aumento de las bajas relacionadas con trastornos psicológicos y el prolongado periodo de recuperación asociado a muchas de ellas hacen necesario, según el estudio, reforzar los mecanismos de seguimiento y rehabilitación. Entre las alternativas propuestas figura que las bajas de larga duración por este tipo de patologías sean sometidas a una supervisión especializada y que incorporen programas de rehabilitación, incluso mediante la colaboración con las mutuas cuando la capacidad de los servicios públicos resulte insuficiente. El estudio propone asimismo reforzar el papel de las mutuas en el tratamiento de las patologías musculoesqueléticas, mediante acuerdos con los servicios de salud de las comunidades autónomas. A ello añade una revisión de los complementos salariales que numerosos convenios colectivos establecen durante las situaciones de incapacidad temporal. La propuesta consiste en establecer una sobrecotización para aquellas empresas y trabajadores cuyos convenios garanticen el mantenimiento íntegro del salario durante una baja, siempre que se constate un nivel de absentismo anormalmente elevado respecto de actividades comparables. El objetivo sería evitar que determinados costes derivados de la negociación colectiva terminen trasladándose al conjunto de la Seguridad Social. Finalmente, Fedea plantea potenciar la adaptación de los puestos de trabajo y la recolocación de trabajadores frente a su salida definitiva del mercado laboral. Para ello propone extender a las enfermedades comunes mecanismos de adaptación que actualmente se utilizan principalmente ante accidentes laborales. En las microempresas, incluso se plantea sustituir determinadas situaciones de incapacidad permanente o bajas cronificadas por incentivos a la cotización destinados a facilitar la recolocación. El crecimiento de la incapacidad temporal introduce así una nueva presión sobre las cuentas de la Seguridad Social en un momento en el que el sistema ya afronta un fuerte incremento del gasto en pensiones. El problema no se limita, por tanto, al número de pensionistas o al importe de las prestaciones de jubilación: la evolución del absentismo y de las bajas laborales se ha convertido también en un factor relevante para la sostenibilidad financiera del sistema. La reducción del desempleo, aunque positiva desde el punto de vista económico y laboral, está coincidiendo con un aumento de esta otra factura, lo que obliga a buscar fórmulas que permitan contener el gasto sin reducir la protección de quienes realmente necesitan abandonar temporalmente su actividad.

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(Expansión, 15-09-2026) | Laboral

Cómo se resuelven los despidos durante los periodos de prueba

El periodo de prueba ha dejado de ser un terreno prácticamente ajeno al control judicial. Aunque continúa siendo una herramienta válida para que la empresa valore la adaptación y la idoneidad profesional de un trabajador y pueda poner fin a la relación laboral sin necesidad de alegar una causa disciplinaria u objetiva, los tribunales han ido estableciendo en los últimos años límites cada vez más claros cuando existen defectos formales, indicios de discriminación o vulneraciones de derechos fundamentales. A este mayor escrutinio judicial se suma ahora la actuación del Gobierno, que ha aprobado un real decreto orientado a reforzar la transparencia de las condiciones laborales. La nueva regulación exigirá que las empresas concreten con mayor precisión en el contrato la duración del periodo de prueba y los requisitos, experiencias o pruebas que se utilizarán para comprobar la aptitud del trabajador. La medida llega más de cuatro años después de que finalizara el plazo previsto para trasladar al ordenamiento español la correspondiente directiva europea, cuando los tribunales ya habían avanzado de forma significativa en la delimitación de esta figura. Javier Reyes, socio director de Bécquer Abogados, señala que el periodo de prueba "continúa permitiendo a la empresa desistir de la relación laboral sin necesidad de alegar una causa disciplinaria u objetiva", pero advierte de que la jurisprudencia reciente demuestra que ya no puede considerarse "un espacio exento de control judicial". En la práctica, esto se traduce en un mayor número de conflictos sobre la correcta utilización de esta figura. La exigencia de una información más precisa sobre las condiciones del periodo de prueba incrementará además la trazabilidad de las decisiones empresariales y permitirá comprobar con mayor facilidad, en caso de litigio, si la extinción estuvo realmente vinculada a la aptitud profesional del trabajador o si pudo responder a otros motivos. Uno de los aspectos sobre los que los tribunales han sido especialmente claros es la necesidad de que la cláusula contractual cumpla los requisitos establecidos legalmente. El Tribunal Supremo ha considerado inválidas aquellas cláusulas que se limitan a remitirse al convenio colectivo sin establecer una duración concreta. Según Reyes, cuando el periodo de prueba no ha sido pactado correctamente, la extinción deja de estar protegida por esta figura y puede convertirse en "un auténtico y verdadero despido", susceptible de ser declarado improcedente o incluso nulo. El control judicial también adquiere especial relevancia cuando la decisión empresarial coincide con circunstancias especialmente protegidas, como una incapacidad temporal o un embarazo. En estos supuestos, si la empresa no consigue demostrar que la extinción responde a razones objetivas y completamente ajenas a esas circunstancias, puede apreciarse la existencia de discriminación. Las consecuencias pueden ser especialmente relevantes, ya que una decisión de este tipo podría ser declarada nula, con la consiguiente obligación de readmitir al trabajador y abonar los salarios dejados de percibir. Esta evolución obliga a las empresas a actuar con mayor cautela. Ya no resulta suficiente con alegar simplemente que el trabajador no ha superado el periodo de prueba. Aunque la normativa no impone una obligación general de justificar las razones de la decisión, cada vez resulta más importante que la empresa pueda acreditar que ha actuado dentro del marco legal y que su decisión está vinculada a criterios profesionales. Por ello, la recomendación pasa por pactar correctamente el periodo de prueba desde el comienzo de la relación laboral y conservar durante su desarrollo aquellos elementos objetivos que permitan acreditar la adaptación o idoneidad profesional del trabajador. De esta forma, la empresa podrá defender que la decisión de no continuar con la relación laboral responde realmente a la finalidad propia del periodo de prueba y no a circunstancias personales protegidas. No obstante, este nuevo escenario no implica necesariamente una "causalización" del periodo de prueba, pese a las interpretaciones que han surgido tras el anuncio de la reforma. El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores no exige que la empresa motive la decisión de no superar el periodo de prueba, aunque sí establece que durante este deben realizarse las experiencias que constituyen precisamente su objeto. Por tanto, existe una finalidad de comprobación de las capacidades y de la adecuación del trabajador al puesto, pero no una obligación de expresar o acreditar una causa concreta para poner fin a la relación durante el periodo de prueba. En este sentido, y a la espera de conocer el alcance completo de la nueva regulación, la reforma parece orientada principalmente a aumentar la transparencia y la información disponible, sin alterar de forma sustancial el régimen extintivo de esta figura ni convertir el desistimiento empresarial en un despido sometido a una causa formal.

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(El País, 15-09-2026) | Laboral

Piden que parte de la pensión de viudedad sea incompatible con el salario

El sistema público de pensiones no se limita a las prestaciones de jubilación. Casi un tercio del gasto se dirige a otras pensiones, entre ellas las de viudedad, orfandad e incapacidad. Sin embargo, buena parte de las reformas acometidas en las últimas décadas se han concentrado en las condiciones de acceso y en el importe de las pensiones de jubilación. En este contexto, Octavio Granado, antiguo secretario de Estado de la Seguridad Social durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, ha elaborado para Fedea un documento en el que plantea una reforma integral de la normativa que regula el sistema y propone cambios relevantes en estas otras prestaciones. Una de las propuestas que previsiblemente generará mayor debate afecta a las pensiones de viudedad, que representan más del 15% del gasto total de la Seguridad Social y suponen más de 28.000 millones de euros al año. Granado plantea limitar parcialmente su compatibilidad con las rentas procedentes del trabajo mientras la persona viuda permanece en activo. A cambio, el ahorro obtenido permitiría mejorar las condiciones cuando el beneficiario acceda a la jubilación: podría percibir simultáneamente la pensión de jubilación y la de viudedad sin quedar sometido al límite de la pensión máxima. También propone que la viudedad deje de computar a efectos de determinados complementos a mínimos. El ex secretario de Estado considera que la regulación actual responde a una realidad social muy diferente de la existente cuando se diseñó. En su origen, la compatibilidad con los ingresos laborales pretendía favorecer la incorporación al mercado de trabajo de las mujeres viudas sin penalizar sus ingresos. Sin embargo, Granado entiende que actualmente esta regla permite que personas con rentas muy elevadas puedan seguir percibiendo una pensión de viudedad. El ejemplo utilizado habitualmente por los críticos de este modelo es el de los altos directivos de grandes compañías que pueden acceder a esta prestación con independencia de su nivel salarial. Granado recuerda que ya en 2007, a propuesta de CEOE, la Administración de la Seguridad Social estudió introducir un sistema de incompatibilidades similar al existente en Alemania, donde la cuantía de la pensión se reduce en función de los ingresos adicionales del beneficiario. Aquella posibilidad no llegó a incorporarse a la reforma legislativa y ahora vuelve a plantearse como una alternativa para adaptar la prestación a las actuales circunstancias sociales y económicas. La propuesta contempla, por tanto, establecer una incompatibilidad parcial entre la pensión de viudedad y los ingresos obtenidos por trabajo o por una actividad económica mientras el beneficiario continúe en activo. La reducción se determinaría siguiendo modelos aplicados en otros países de la Unión Europea. La intención sería que el ajuste no afectara de la misma manera a todos los perceptores, sino que respondiera a su nivel de ingresos. El ahorro generado por esta modificación se utilizaría para mejorar la protección en otras situaciones. Granado propone que la percepción de una pensión de jubilación o incapacidad no elimine completamente el derecho a la viudedad y que esta pueda mantenerse incluso cuando el beneficiario perciba complementos a mínimos. En la actualidad existe una situación que considera poco coherente: una persona viuda que continúa trabajando puede compatibilizar la prestación con su salario sin límite vinculado a sus ingresos, pero cuando se jubila o accede a una pensión de incapacidad, la suma de las prestaciones queda condicionada por el límite de la pensión máxima. Según el documento, esta situación reduce la contributividad del sistema y dificulta que los cónyuges supervivientes puedan mejorar sus ingresos conforme evolucionan sus circunstancias. Además, la pensión de viudedad se computa actualmente como renta para determinar el acceso al complemento a mínimos, de manera que puede terminar reduciendo o anulando este apoyo destinado a quienes han cotizado pero no alcanzan la cuantía mínima establecida. Otra de las medidas que plantea Granado consiste en utilizar parte del ahorro generado por la reforma para incrementar las pensiones de orfandad y reducir proporcionalmente el peso de las prestaciones de viudedad. También contempla una alternativa para las parejas que quieran mantener el régimen actual de compatibilidad durante la etapa activa. En estos casos, propone crear progresivamente un sistema de seguro que permita conservar esas mejoras de renta en la misma medida en que desaparezcan las actuales condiciones de compatibilidad. La reforma que propone Granado no se limita a la viudedad. El ex responsable de la Seguridad Social considera que la actual Ley General de la Seguridad Social ha quedado desfasada y debería ser sustituida por un marco que también revise determinados aspectos de la financiación mediante cotizaciones. Entre las cuestiones que plantea figura una posible revisión del reparto de las cotizaciones vinculadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Esta sobrecotización pretende reforzar los ingresos del sistema para hacer frente al impacto que tendrá la jubilación de las generaciones del baby boom y mantiene la distribución histórica de las cuotas, según la cual por cada seis partes aportadas por la empresa corresponde una al trabajador. Granado considera que debería abrirse una negociación para determinar si esta proporción continúa siendo adecuada. Otra modificación afectaría a las empresas que pacten mejoras en las prestaciones por incapacidad temporal mediante convenios colectivos. En estos casos, plantea incrementar las cotizaciones tanto de trabajadores como de empresas cuando pueda demostrarse que esas mejoras están provocando un aumento desproporcionado del gasto asociado a las bajas respecto de situaciones comparables. El documento también plantea una transformación más amplia del sistema de incapacidad temporal. Entre las medidas figura la unificación del tratamiento de las bajas con independencia de que tengan su origen en un accidente, una enfermedad profesional o una enfermedad común. Granado se muestra además favorable a facilitar las reincorporaciones progresivas al puesto de trabajo, permitiendo combinar parcialmente la prestación económica con el salario durante la recuperación. En el ámbito de la salud mental, propone que, cuando determinadas bajas superen una duración que debería fijarse, los procesos de rehabilitación pasen a ser obligatorios. Para ello, plantea establecer mecanismos de colaboración con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y reforzar los servicios asistenciales destinados a facilitar la recuperación y el retorno a la actividad laboral. Otro de los ámbitos que considera necesario revisar es la incorporación al sistema de colectivos mediante reglas específicas que, a su juicio, pueden romper la relación entre las cotizaciones realizadas y las prestaciones finalmente reconocidas. Granado pone como ejemplo la reciente posibilidad ofrecida a abogados, procuradores y arquitectos mutualistas de computar mediante aportaciones posteriores determinados periodos para mejorar su futura jubilación respecto de las prestaciones que inicialmente obtendrían de sus mutualidades. También menciona situaciones como la incorporación del clero católico al sistema entre 1978 y 1981 sin cotizaciones anteriores, el régimen de cotización de los estudiantes en prácticas, que se ha ido extendiendo desde 2011, o las diferencias existentes entre deportistas profesionales. En este último caso, destaca el distinto tratamiento previsto para los futbolistas, que recuperarán determinados años no cotizados mediante su propia mutualidad, frente a otros deportistas, cuyo coste será asumido por fondos públicos gestionados por el Consejo Superior de Deportes. Ante estas situaciones, Granado considera necesario que la futura legislación establezca criterios claros de equidad para regular las cotizaciones realizadas a posteriori. Su planteamiento pasa por evitar que quienes no cotizaron en su momento puedan obtener un tratamiento más favorable que quienes sí realizaron sus aportaciones cuando correspondía. Finalmente, el documento aborda el creciente número de solicitudes para aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación en profesiones consideradas especialmente penosas. Entre los colectivos que han reclamado recientemente esta posibilidad se encuentran conductores profesionales, camareras de piso, empleadas de ayuda a domicilio y tripulantes de cabina. Para estos casos, Granado defiende que cualquier profesión que mantenga un sistema de jubilación anticipada mediante coeficientes reductores debería asumir una cotización adicional que compense el mayor coste para el sistema. Además, considera necesario que quienes desempeñen estas actividades realicen durante los diez años anteriores a la jubilación anticipada un proceso obligatorio de reciclaje profesional que facilite su traslado a puestos menos exigentes físicamente dentro de la misma empresa o de la Administración pública. El objetivo sería que la jubilación anticipada por la penosidad de determinadas ocupaciones deje de ser la única respuesta y se avance hacia fórmulas que permitan prolongar la vida laboral en tareas menos gravosas.

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(El País, 15-09-2026) | Laboral

Las profesiones sin titulación universitaria son las menos expuestas a la IA

La llegada de la inteligencia artificial está comenzando a transformar el mercado laboral y, aunque todavía existe una elevada incertidumbre sobre sus efectos, ya se observan diferencias importantes entre unas profesiones y otras. Los trabajos que requieren habilidades manuales parecen presentar una mayor resistencia frente a la automatización, mientras que determinadas ocupaciones vinculadas a la gestión, la ingeniería, la abogacía o las tareas administrativas muestran una exposición más elevada. En este sentido, actividades como las de tapiceros, ebanistas, floristas, cerrajeros o determinados profesionales sanitarios se encuentran entre las menos susceptibles de ser sustituidas por las capacidades actuales de la IA. Esta clasificación procede de la Oficina de Estadística de Estados Unidos (BLS), que ha elaborado un análisis para medir el grado de exposición de las distintas profesiones a la inteligencia artificial. El organismo advierte, no obstante, de que estas estimaciones deben interpretarse con cautela, ya que la evolución de la propia tecnología puede modificar de forma significativa sus efectos sobre el empleo. Entre las ocupaciones consideradas de mayor riesgo aparecen los procesadores de texto, operadores de centralita, trabajadores dedicados a la introducción de datos, teleoperadores, empleados de nóminas y determinados puestos administrativos. El impacto de la IA no tiene por qué traducirse necesariamente en una destrucción neta de empleo. Los primeros indicios apuntaron a una mayor presión sobre determinados puestos ocupados por jóvenes profesionales, especialmente en ámbitos como la abogacía, la consultoría, la economía o la programación, cuyas tareas iniciales podían ser realizadas con relativa facilidad por sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, los datos más recientes apuntan también hacia una transformación de la estructura laboral, con desplazamiento de trabajadores desde tareas susceptibles de automatización hacia nuevas actividades relacionadas con el tratamiento de datos y las infraestructuras necesarias para desarrollar esta tecnología. Las previsiones de la BLS apuntan, de hecho, a la creación de 5,9 millones de nuevos empleos hasta 2035, especialmente en sectores relacionados con la atención sanitaria y los cuidados. Al mismo tiempo, las profesiones que exigen una elevada cualificación académica figuran entre las que presentan una exposición más alta a la IA, incluyendo a ingenieros, arquitectos, directivos de marketing y finanzas, abogados, economistas, historiadores y urbanistas. La clasificación distingue cuatro niveles de exposición -muy alta, alta, moderada y baja- en función de la proporción de tareas que pueden ser realizadas o apoyadas por herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, el propio análisis señala que este indicador no permite determinar por sí solo si la tecnología acabará sustituyendo al trabajador o, por el contrario, servirá para mejorar su productividad. La BLS ha elaborado esta clasificación combinando cinco fuentes de información externas y reconoce que el efecto definitivo de la IA sobre las previsiones de empleo dependerá también de cómo evolucione la tecnología y del debate sobre los límites que deberían aplicarse a determinados desarrollos.

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(Cinco Días, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo supera los 108 dólares por barril e impulsa al bono español a diez años al 4%

El fuerte repunte de los precios de la energía, con el petróleo Brent por encima de los 108 dólares por barril y el gas natural de referencia en Europa en niveles no vistos desde finales de 2022, está reavivando el temor a que la inflación se mantenga elevada durante más tiempo. Esta situación añade presión a unos mercados financieros ya condicionados por las dudas sobre la sostenibilidad del actual auge de la inteligencia artificial. El incremento de los costes energéticos está impulsando al alza las rentabilidades de la deuda soberana y ha llevado al bono español a diez años a superar el 4%, acercándose a niveles máximos de 2013. En paralelo, las principales Bolsas aceleran los descensos, especialmente entre las compañías tecnológicas. El Brent sube más de un 3% y rebasa los 108 dólares como consecuencia del aumento de las tensiones en Oriente Próximo y de la incertidumbre sobre el suministro mundial. El encarecimiento también alcanza al mercado gasista: los futuros del TTF, referencia europea, avanzan alrededor de un 5% hasta situarse en 84 euros por megavatio hora. A la interrupción de un importante oleoducto saudí que permite transportar gas y petróleo evitando el estrecho de Ormuz, después de varios ataques con drones, se añade la cancelación de una reunión prevista entre Irán y los países del golfo Pérsico en Omán para abordar la gestión de este estratégico enclave, en un contexto de creciente inestabilidad. Los analistas de Bankinter consideran especialmente relevante el cierre del oleoducto de Yanbu, ya que estiman que por esta infraestructura podría circular aproximadamente el 4% del suministro mundial. No obstante, advierten de que todavía existe incertidumbre sobre la magnitud de los daños. La interrupción de esta vía de exportación, que había adquirido mayor importancia tras el cierre del estrecho de Ormuz, reduce la capacidad de Arabia Saudí para colocar su producción exterior precisamente cuando el país ha recortado de manera significativa su extracción. Según los datos de la OPEP, en septiembre produjo 7,2 millones de barriles diarios, frente a los 10 millones registrados en 2025. La escalada energética está teniendo un efecto directo sobre los mercados de deuda. Al moverse las rentabilidades en sentido contrario a los precios de los bonos, el aumento de la inflación prevista está elevando el coste de financiación de los Estados. La deuda española a diez años ha superado por primera vez en tres años el 4% y se aproxima a los máximos registrados en 2013. La presión se extiende también a otros países europeos: el bono alemán con vencimiento en 2036 alcanza el 3,52%, mientras que el francés se sitúa en el 4,495%. En Francia, el incremento de la rentabilidad ha llevado la prima de riesgo hasta cerca de los 100 puntos básicos, algo que no sucedía desde 2022. En Estados Unidos, el bono del Tesoro a diez años se aproxima igualmente al 5%, prolongando las pérdidas acumuladas durante la semana anterior. El encarecimiento del crudo complica además el escenario al que se enfrenta la Reserva Federal. A las presiones derivadas de la energía se suma una inflación estadounidense superior a la prevista, circunstancia que refuerza las expectativas de un nuevo incremento de los tipos de interés en la reunión de esta semana. Los mercados descuentan ahora con una probabilidad cercana al 90% una subida de las tasas el miércoles, mientras el dólar gana terreno frente al resto de divisas. Tiffany Wilding, economista de Pimco, considera probable que la Fed eleve los tipos 25 puntos básicos en septiembre y no descarta nuevos incrementos posteriormente. A su juicio, la combinación de unos costes energéticos crecientes, la inestabilidad en Oriente Medio y una inflación subyacente todavía por encima del 2% hace que varias subidas destinadas a contener el riesgo de un repunte de las expectativas inflacionistas sean ahora el escenario central. A esta presión macroeconómica se añade el deterioro del sentimiento inversor hacia las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. Las advertencias procedentes de algunas de las principales empresas del sector sobre la conveniencia de ralentizar el desarrollo de modelos avanzados están introduciendo dudas sobre la capacidad del actual ciclo de inversión para mantener las elevadas valoraciones y las previsiones de beneficios. Los futuros del Nasdaq 100 retroceden un 1,5%, mientras los del S&P 500 ceden un 0,6%. En Asia, el Kospi surcoreano, considerado uno de los principales indicadores de la inversión relacionada con la IA, perdió un 3,2%, mientras que el Nikkei 225 japonés terminó con una caída del 0,6%. SoftBank Group llegó a perder un 13% durante la sesión de Tokio y cerró con un descenso del 10%, después de que Sam Altman señalara que OpenAI no tiene previsto salir a Bolsa este año. El debate sobre el futuro de la inteligencia artificial se ha intensificado tras la petición del consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, para que el sector modere el ritmo de desarrollo de sus modelos más avanzados. La compañía también ha anunciado la incorporación de nuevas medidas de seguridad, entre ellas evaluaciones independientes realizadas por terceros. Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, respaldó la propuesta, mientras Elon Musk, al frente de xAI, consideró acertada la posición de Amodei. El presidente estadounidense, Donald Trump, por el contrario, restó importancia a estas preocupaciones mientras las empresas mantienen una intensa carrera tecnológica, especialmente frente a sus competidores chinos. Las advertencias plantean ahora dudas sobre las consecuencias económicas de una eventual ralentización de la IA. Un menor ritmo de desarrollo podría reducir el gasto empresarial y terminar afectando a las expectativas de beneficios de todo el ecosistema vinculado a esta tecnología. El temor se traslada así desde las propias compañías tecnológicas al conjunto de proveedores y empresas que se han beneficiado del fuerte incremento de la inversión en inteligencia artificial. En Europa, la sesión también está marcada por las ventas. El Ibex 35 retrocede un 1,2% y trata de conservar los 19.600 puntos, lastrado especialmente por el comportamiento del sector bancario. Solaria y ACS figuran entre los valores más castigados, con descensos superiores al 4%, mientras que Repsol se sitúa entre los principales avances gracias al encarecimiento del petróleo. Amadeus e Indra también se mantienen en terreno positivo. El cambio de escenario llega, además, al comienzo de una semana especialmente relevante para la política monetaria internacional. Los inversores permanecen pendientes de las decisiones que adopten la Reserva Federal estadounidense, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. En la zona euro, el Banco Central Europeo ya elevó la semana pasada los tipos por segunda vez en el año ante la expectativa de que las presiones inflacionistas derivadas del encarecimiento energético puedan prolongarse. El mercado afronta así una combinación especialmente complicada para los activos de riesgo: energía más cara, inflación potencialmente más persistente, rentabilidades de la deuda al alza y dudas sobre las elevadas expectativas depositadas en la inteligencia artificial. Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade, resume el escenario señalando que las advertencias para ralentizar el desarrollo de la IA coinciden con el repunte del petróleo provocado por el cierre del oleoducto saudí. A ello se suma el hecho de que la rentabilidad del bono estadounidense a diez años se acerque al 5%, un movimiento que eleva todavía más la presión sobre los mercados bursátiles.

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(Cinco Días, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ejecutivo busca cerrar la puesta en marcha de la Autoridad del Cliente Financiero antes de fin de año

El Gobierno afronta la recta final de la legislatura con una importante acumulación de asuntos pendientes en materia de regulación financiera. Si se apuran los plazos disponibles, el Ejecutivo dispone de unos diez meses para sacar adelante alrededor de media docena de iniciativas que afectan a distintos ámbitos del sector. Varias de ellas responden además a la necesidad de incorporar al ordenamiento español directivas europeas, por lo que los retrasos en su aprobación pueden acabar derivando en procedimientos y posibles sanciones por parte de la Comisión Europea. Entre las normas pendientes figuran la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la Ley de Digitalización del Sector Financiero, la nueva regulación del Crédito al Consumo, la normativa sobre Entidades de Economía Social y Finanzas Éticas, la reforma de la legislación antiblanqueo y la adaptación de la última directiva europea sobre requisitos de capital. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pretende acelerar esta agenda durante los próximos meses. Una de las prioridades será recuperar la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el proyecto que se encuentra en una fase más avanzada. La intención del Ejecutivo es llevarlo a la Comisión de Economía del Congreso durante septiembre, después de permanecer cerca de tres años bloqueado en el periodo de presentación de enmiendas. El organismo asumiría la resolución de las reclamaciones de los clientes financieros y concentraría funciones que actualmente desarrollan el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La trayectoria de esta iniciativa refleja las dificultades que está encontrando buena parte de la agenda legislativa. El Gobierno planteó por primera vez la creación de esta autoridad en 2022, cuando Nadia Calviño ocupaba la cartera de Economía. El proyecto llegó a completar prácticamente todo su recorrido parlamentario, pero decayó tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas en 2023. Posteriormente, el Ejecutivo volvió a impulsarlo con el objetivo de aprobarlo en 2024, aunque dos años después continúa pendiente de culminar su tramitación. Ahora el Gobierno confía en que pueda quedar aprobado en los próximos meses y que la nueva autoridad empiece a funcionar antes de que termine el año. El complejo escenario parlamentario no parece, al menos inicialmente, un obstáculo insalvable para esta norma. A pesar de las reticencias mostradas por el sector bancario y de las dificultades que ha atravesado el proyecto, el Ejecutivo confía en reunir una mayoría suficientemente amplia, incluso con el respaldo o la abstención de formaciones como el PP. En cambio, el resto de iniciativas presenta mayores incertidumbres. La futura orientación de estas leyes dependerá en buena medida de la capacidad del actual Gobierno para completar su tramitación, pero también de las decisiones que adopte el Ejecutivo que salga de las próximas elecciones, que podría recuperar los proyectos, modificarlos o incluso descartarlos. Entre las iniciativas que ya han iniciado su recorrido parlamentario se encuentra la Ley de Digitalización del Sector Financiero, remitida por el Consejo de Ministros al Congreso el pasado 14 de julio y actualmente en fase de enmiendas. La norma aborda diferentes materias relacionadas con la transformación tecnológica del sector e incluye, entre otras cuestiones, la adaptación de la legislación española al marco europeo sobre criptoactivos, conocido como MiCA. El calendario legislativo de este otoño estará marcado, por tanto, por tres grandes objetivos: reforzar la protección de los clientes financieros, adaptar el sistema a la creciente digitalización y fortalecer los mecanismos de prevención y control de las operaciones financieras. La principal dificultad será conseguir los acuerdos parlamentarios necesarios para aprobar cada una de estas reformas. En este contexto, las obligaciones derivadas de la normativa europea pueden convertirse en uno de los principales motores para acelerar la tramitación. Los retrasos no solo prolongan la incertidumbre regulatoria, sino que pueden concentrar en periodos muy reducidos los plazos de adaptación que deberán asumir posteriormente las entidades financieras. Por ello, el diálogo entre la Administración, los grupos parlamentarios, los organismos supervisores, las entidades y las asociaciones de usuarios adquiere especial importancia para detectar con antelación las dificultades prácticas que puedan generar las nuevas obligaciones. La Ley sobre el Crédito al Consumo se encuentra, sin embargo, en una fase mucho más temprana. Se trata de una de las propuestas que está generando mayor controversia, especialmente por la intención de establecer límites a los tipos de interés aplicables a determinados préstamos al consumo. Las entidades financieras han mostrado su oposición a algunos de sus contenidos y han reclamado modificaciones. Bankinter, incluso, ha anunciado que abandonará este negocio para nuevos clientes. El proyecto fue aprobado inicialmente como anteproyecto por el Consejo de Ministros y, tras pasar por el proceso de consulta pública, todavía debe recibir los informes de otros departamentos ministeriales y del Consejo de Estado antes de regresar al Consejo de Ministros y ser remitido al Parlamento. El calendario añade presión, ya que la norma debe incorporar a España una directiva europea cuyo plazo de transposición finaliza en noviembre. También se encuentra en una etapa inicial la futura Ley de Entidades de Economía Social y Finanzas Éticas, que permanece a la espera del dictamen del Consejo de Estado. Su tramitación ha estado acompañada además de discrepancias dentro del propio Ejecutivo, principalmente entre los ministerios de Trabajo y Economía. Esta falta de acuerdo interno añade otro elemento de incertidumbre a una norma que todavía tiene por delante buena parte de su recorrido legislativo. Más retrasada aún está la nueva normativa antiblanqueo, cuyo anteproyecto fue presentado por el Consejo de Ministros en julio y se encuentra actualmente en fase de consulta pública, abierta hasta el 30 de enero de 2027. Entre sus principales novedades figura la creación de un nuevo organismo especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales, que se apoyaría en la estructura del actual Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez trasladadas sus actuales funciones al Banco de España y sus participaciones en CaixaBank al Ministerio de Economía. Por el momento, esta reforma tiene por delante prácticamente todo el proceso de elaboración y aprobación parlamentaria. A todo ello se suma la incertidumbre sobre la transposición en España de la nueva directiva europea de capital, cuyo plazo para su incorporación completa al ordenamiento nacional terminó en enero de este año. La Comisión Europea ya ha abierto un procedimiento contra España por este incumplimiento, que podría terminar desembocando en una sanción. Uno de los elementos más sensibles de esta regulación es la modificación de las competencias de los Gobiernos nacionales para intervenir o vetar determinadas operaciones de concentración bancaria. La cuestión adquiere especial relevancia en España después de que el Ejecutivo utilizara el pasado año la legislación de Defensa de la Competencia para imponer condiciones a la opa del BBVA sobre Sabadell. El resultado es una agenda financiera especialmente exigente para los próximos meses, en la que coinciden proyectos nacionales todavía pendientes de acuerdos parlamentarios y obligaciones europeas cuyo incumplimiento puede tener consecuencias económicas. La capacidad del Gobierno para desbloquear estas iniciativas estará condicionada no solo por el calendario legislativo, sino también por la aritmética parlamentaria y por la proximidad del final de la legislatura. En este escenario, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero aparece como el proyecto con mayores posibilidades de culminar, mientras que el resto de reformas afronta un recorrido más incierto y, en algunos casos, un calendario europeo que limita considerablemente el margen de maniobra.

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(Expansión, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor se dispara al 3,31% tras la segunda mayor subida del año

El euríbor a 12 meses, principal referencia para calcular el coste de las hipotecas a tipo variable y para fijar el precio de los nuevos préstamos destinados a la compra de vivienda, ha registrado una fuerte subida en su tasa diaria, hasta el 3,31%, frente al 3,16% del pasado viernes. El incremento supone la segunda mayor subida del año en una sola jornada, únicamente superada por la registrada el pasado 24 de marzo. Además, se sitúa entre los mayores avances diarios de la historia del índice hipotecario, en un contexto marcado por unas expectativas cada vez más elevadas de nuevas subidas de los tipos de interés en la zona euro. Los mercados financieros ya descuentan al menos tres incrementos adicionales de los tipos por parte del Banco Central Europeo, después de las dos subidas aplicadas en lo que va de año. De materializarse estas previsiones, el precio oficial del dinero entraría claramente en terreno restrictivo, alejándose de la zona neutral en la que el BCE considera que se encuentra actualmente y aumentando la presión sobre la actividad económica con el objetivo de contener la inflación. La evolución del euríbor también está vinculada a la creciente tensión en los mercados de deuda. En España, la rentabilidad del bono a diez años ha superado el 4%, mientras que el rendimiento exigido al bono estadounidense a diez años se sitúa por encima del 5% ante la expectativa de la próxima reunión de la Reserva Federal. La intensa subida registrada por el euríbor lleva la media mensual de septiembre hasta el 3,13%. De mantenerse esta trayectoria durante el resto del mes, el indicador se situaría muy cerca de los niveles más elevados alcanzados desde agosto de 2024, cuando cerró en el 3,16%, e incluso podría superar esa referencia. El repunte supone una noticia especialmente negativa para los hogares con hipotecas variables, que vuelven a afrontar un incremento de sus cuotas después de que el euríbor terminara 2025 en el 2,26%. La subida de los tipos vuelve así a trasladarse directamente al coste de la financiación hipotecaria. Con los niveles actuales, una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% sobre el euríbor y revisión anual, experimentaría un incremento aproximado de 78 euros al mes, hasta situar la cuota en torno a los 927 euros. En el caso de un préstamo con las mismas condiciones pero con revisión semestral, el aumento sería de unos 46 euros mensuales. La evolución del indicador evidencia, por tanto, cómo las expectativas sobre la política monetaria y la presión existente en los mercados de deuda pueden trasladarse rápidamente a las condiciones de financiación de los hogares. Si el euríbor consolida los niveles actuales, el impacto sobre las cuotas hipotecarias será cada vez más significativo para quienes mantienen préstamos a tipo variable.

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(El Economista, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa quiere al sucesor de Lagarde al frente del BCE listo para diciembre, con Hernández de Cos entre los favoritos

La próxima reunión del Banco Central Europeo puede marcar el inicio de la carrera por renovar varios de los principales puestos de la institución. Los gobiernos de la eurozona quieren tener encarrilado antes de diciembre el relevo de Christine Lagarde al frente del BCE, según informa el Financial Times. La presidenta francesa comunicaría próximamente su intención de abandonar el cargo para asumir la presidencia del Foro Económico Mundial de Davos. Al mismo tiempo, las capitales europeas buscan candidatos para sustituir a Isabel Schnabel, representante alemana en el Comité Ejecutivo, y a Philip Lane, actual economista jefe del banco central. La sucesión se produce en un momento especialmente delicado para la política económica europea y con las capitales tratando de adelantarse al complejo calendario electoral de 2027. La intención sería cerrar los principales nombres durante este otoño o, como muy tarde, en los primeros meses del próximo año, antes de que los procesos electorales puedan alterar los equilibrios políticos dentro de la Unión Europea. El relevo tendrá una relevancia excepcional porque los mandatos de Lagarde, Lane y Schnabel terminan a lo largo de 2027. De confirmarse el calendario que manejan los gobiernos, se produciría una renovación simultánea de tres de las figuras con mayor peso en la toma de decisiones del BCE. Para la presidencia, los nombres que actualmente concentran más posibilidades son Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual dirigente del Banco de Pagos Internacionales, y Klaas Knot, antiguo presidente del Banco de Países Bajos. La candidatura de Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, habría perdido fuerza en los últimos meses. Su elección supondría que Alemania concentrase durante casi dos años la presidencia del BCE y la de la Comisión Europea, una acumulación de poder que podría generar resistencias entre el resto de socios. Berlín estaría apostando por reservarse, en cambio, la posición de economista jefe, un puesto considerado estratégico dentro de la estructura del banco central. La disputa no se limita, por tanto, a encontrar un sucesor para Lagarde. Las capitales están tratando de configurar un nuevo equilibrio de poder dentro del BCE en el que nacionalidad, experiencia y orientación económica deberán combinarse con los intereses políticos de los principales países. El puesto de economista jefe, ocupado actualmente por Philip Lane, es considerado el segundo cargo de mayor relevancia de la institución y se ha convertido en otra pieza fundamental de las negociaciones. Francia y Alemania mantienen posiciones enfrentadas sobre este segundo nombramiento. París no quiere aceptar una combinación formada por un presidente neerlandés y un economista jefe alemán, mientras que Berlín tampoco estaría dispuesta a respaldar un tándem en el que los principales puestos quedasen repartidos entre España y Francia. De esta forma, la sucesión empieza a adquirir la apariencia de un auténtico "boleto electoral", en el que la elección de un candidato condicionará inevitablemente la del otro. La negociación, además, tendrá lugar en un escenario de elevada incertidumbre económica. La guerra en Oriente Medio ha elevado la presión sobre los precios de la energía y amenaza con complicar todavía más la lucha contra la inflación. Al mismo tiempo, el BCE ya ha endurecido su política monetaria con dos subidas de tipos en cuatro meses y los mercados contemplan nuevos movimientos al alza. Lagarde afrontaría así el tramo final de su mandato en un entorno muy diferente al de los últimos años y con la política monetaria europea sometida a nuevas presiones. La presidencia del BCE será, de hecho, uno de los grandes puestos europeos que se decidirán antes de 2029, cuando finalice el mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea. Para entonces, las principales potencias de la Unión habrán celebrado sus respectivas elecciones generales, lo que podría modificar de forma sustancial los actuales equilibrios políticos. La renovación del BCE se convierte así no solo en una cuestión de política monetaria, sino también en una pieza relevante del futuro reparto de poder económico dentro de Europa.

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(El Periódico, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se dispara hasta el 4,3% en agosto por la subida de las gasolinas

El Índice de Precios de Consumo (IPC), principal indicador de la inflación, sube hasta el 4,3% en agosto, siete décimas por encima de julio, por la persistencia del shock energético derivado de la guerra en Irán que impulsa el precio de los carburantes en comparación con la caída del año anterior. La inflación mantiene su escalada y se consolida en niveles alejados del objetivo de estabilidad de precios. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 4,3% interanual en agosto, siete décimas más que en julio y su tasa más elevada desde febrero de 2023. El principal factor detrás de este repunte vuelve a encontrarse en los carburantes, cuyos precios siguen acusando la presión de un petróleo que no da tregua y que en los últimos días ha vuelto a superar la barrera de los 100 dólares por barril. La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, como la energía y los alimentos frescos, también continúa en niveles elevados. El INE ha confirmado el avance publicado a finales de agosto, con una tasa del 2,9%, aunque supone una décima menos que la registrada en julio. Dentro de los componentes más vinculados al consumo cotidiano, la evolución de los alimentos y las bebidas no alcohólicas ofrece una lectura algo más favorable, con un incremento interanual del 2,3%. La trayectoria de los precios durante 2026 refleja un progresivo deterioro respecto a la situación con la que comenzó el año. Durante los primeros meses, la inflación se movía en niveles relativamente contenidos y solo ligeramente por encima del objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, esta tendencia cambió a partir de finales de marzo, coincidiendo con el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El conflicto introdujo nuevas dificultades en el comercio internacional de productos estratégicos, entre ellos el petróleo y los fertilizantes, y terminó trasladando una mayor presión a los precios. Seis meses después, el escenario continúa sin mostrar señales claras de normalización. La tregua alcanzada en junio entre Estados Unidos e Irán apenas permitió una pausa temporal y no ha sido suficiente para recuperar la fluidez del comercio internacional ni para contener la escalada de los costes energéticos. El estrecho de Ormuz, por el que circula aproximadamente una cuarta parte del petróleo y el gas transportados en todo el mundo, continúa siendo uno de los principales focos de incertidumbre para los mercados energéticos y, por extensión, para la evolución de la inflación. El Ministerio de Economía atribuye el fuerte avance del IPC de agosto principalmente al encarecimiento de los carburantes. Según la valoración difundida por el departamento que dirige Carlos Cuerpo, sus precios reflejan tanto la persistencia del impacto energético provocado por la guerra en Irán como un efecto estadístico derivado de la comparación con agosto de 2025, cuando se produjo un descenso de los precios. El Gobierno recuerda además que continúan vigentes algunas de las medidas incluidas en el escudo anticrisis para amortiguar el impacto de la subida de los costes energéticos, entre ellas las bonificaciones de 20 céntimos por litro de diésel y de 5 céntimos por litro de gasolina. Sin embargo, estas ayudas tienen prevista su finalización a finales de septiembre, en un momento en el que el conflicto continúa sin resolverse y los precios permanecen lejos de los niveles que permitirían una mayor moderación de la inflación. Ante este escenario, el Ejecutivo asegura que seguirá adoptando medidas para apoyar a las familias, aunque todavía está pendiente de concretar qué actuaciones sustituirán a las actuales cuando estas lleguen a su fin.

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