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(Expansión, 23-12-2025) | Fiscal

Hacienda pulveriza la barrera de los 300.000 millones de recaudación

La Agencia Tributaria ha incrementado sus ingresos un 10% durante los once primeros meses del año, lo que supone cerca de 27.000 millones de euros adicionales, y todo apunta a que el ejercicio se cerrará con una recaudación superior a los 325.000 millones de euros. Aunque 2025 aún no ha finalizado, Hacienda ya ha superado por primera vez en su historia el umbral de los 300.000 millones de euros en ingresos tributarios anuales. Este récord, alcanzado al término de noviembre, anticipa un cierre de año sin precedentes, con una recaudación total que, según las previsiones del propio Ministerio, rebasará los 325.000 millones. De acuerdo con los datos oficiales difundidos ayer por la Agencia Tributaria, entre enero y noviembre los ingresos por impuestos sumaron 301.355 millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este aumento equivale a una recaudación adicional de 27.362 millones. Uno de los principales motores de este crecimiento ha sido el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuya recaudación avanzó un 10,1%, hasta situarse en 133.282 millones de euros, aportando 12.200 millones del incremento total. Entre los factores que explican este comportamiento destacan la decisión del Gobierno de no deflactar el impuesto pese al aumento de precios y salarios, así como la aplicación por primera vez de retenciones sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), cantidades que no se regularizarán hasta la campaña de la Renta de la próxima primavera. En paralelo, el Impuesto sobre Sociedades generó ingresos por valor de 35.942 millones de euros en los once primeros meses del año, lo que supone 2.016 millones más que en el mismo periodo del año anterior, un incremento del 5,9%. El IVA, por su parte, elevó su recaudación un 9,3%, hasta los 93.416 millones, con 8.042 millones adicionales; mientras que los Impuestos Especiales aportaron 21.309 millones a las arcas públicas, un 5% más, lo que equivale a 1.019 millones extra respecto a 2024. Al analizar la evolución del IVA y de los Impuestos Especiales resulta relevante recordar que el Ejecutivo ha restablecido este año los tipos impositivos de los alimentos y de la electricidad tras las rebajas temporales aplicadas para contener el fuerte repunte inflacionario, que llegó a registrar las mayores subidas de precios en cuatro décadas. Como consecuencia, el aumento del IVA aplicado a los alimentos ha generado 1.936 millones de euros adicionales en lo que va de ejercicio, mientras que la normalización de la fiscalidad energética -que incluye el IVA de la electricidad y el gas, el Impuesto Especial sobre la Electricidad y la recuperación del impuesto a la Producción- ha aportado otros 1.756 millones. En conjunto, ambas medidas han supuesto cerca de 3.700 millones más de ingresos. Asimismo, la reforma fiscal en vigor desde el pasado 1 de enero, que incorpora nuevos gravámenes sobre la banca y los cigarrillos electrónicos, además de la reactivación del triple aumento del Impuesto de Sociedades que en su día fue anulado por la Justicia durante el mandato de Cristóbal Montoro, ha permitido elevar la recaudación en casi 5.500 millones de euros adicionales.

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(El Economista, 23-12-2025) | Fiscal

El Supremo rechaza que entregar a Hacienda las facturas vulnere el derecho a no autoincriminarse

El Tribunal Supremo ha precisado que la entrega de facturas a la Agencia Tributaria en el marco de una inspección y su posterior utilización por parte de Hacienda para imponer una sanción no supone una vulneración del derecho del contribuyente a no autoincriminarse. En dos sentencias dictadas los días 4 y 10 de diciembre, que fijan doctrina jurisprudencial, el alto tribunal recuerda que, dentro de un procedimiento sancionador, el contribuyente goza del derecho a no declarar contra sí mismo, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional y el propio Supremo. No obstante, subraya que no puede considerarse que una prueba se haya obtenido de manera coercitiva cuando su aportación viene impuesta expresamente por una norma legal. En este sentido, el Supremo destaca que tanto la Ley General Tributaria como el Reglamento que regula las obligaciones de facturación obligan a los contribuyentes a facilitar determinada documentación a la Administración tributaria cuando esta lo requiera en un procedimiento de comprobación o inspección. Asimismo, recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en una sentencia de 29 de junio de 2007 concluyó que, cuando una actividad está sujeta a una regulación clara que impone deberes contables o de facturación, la entrega de dichos documentos no vulnera el principio de no autoincriminación. El alto tribunal añade que este derecho opera exclusivamente en el ámbito sancionador y no en el procedimiento de regularización tributaria. Por ello, si Hacienda obtiene pruebas de forma lícita durante la fase de regularización, puede incorporarlas posteriormente al procedimiento sancionador, al no considerarse que hayan sido recabadas mediante coacción. En palabras del Supremo, la documentación potencialmente autoincriminatoria aportada en los procedimientos de aplicación de los tributos podrá utilizarse para sancionar siempre que tenga una existencia independiente de la voluntad del obligado tributario, circunstancia que se cumple cuando su aportación es exigida por la ley. No obstante, el tribunal también introduce un matiz relevante: la Administración deberá examinar en cada caso concreto si las pruebas empleadas para imponer una sanción se han obtenido respetando el derecho a no autoincriminarse. Si se acredita que Hacienda ha presionado indebidamente al contribuyente para obtenerlas, dichas pruebas -y las que se deriven de ellas- no podrán ser utilizadas con fines sancionadores. En consecuencia, el Supremo reafirma que los contribuyentes conservan, en el marco de un procedimiento sancionador, el derecho a no responder ni a aportar documentos que puedan perjudicarles, con la excepción de aquella información cuya entrega resulta obligatoria por mandato legal para que la Agencia Tributaria pueda ejercer sus funciones de comprobación y regularización. La sentencia de 10 de diciembre resuelve un conflicto concreto entre un contribuyente y la Administración tributaria. En este caso, durante una inspección del IVA, el obligado tuvo que aportar todas las facturas emitidas entre 2007 y 2009, dado que el incumplimiento de un requerimiento de Hacienda puede constituir una infracción muy grave sancionable con multa. La Agencia utilizó esa documentación tanto para regularizar la situación fiscal como para imponer una sanción. El contribuyente alegó que se había vulnerado su derecho a no autoincriminarse al verse obligado a aportar las facturas bajo amenaza de sanción, una tesis que el Tribunal Supremo ha rechazado.

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(Expansión, 23-12-2025) | Laboral

El Estado inyecta más de 50.000 millones extra de los impuestos para pagar pensiones

El Estado ha tenido que destinar más de 50.000 millones de euros en aportaciones presupuestarias a la Seguridad Social para poder afrontar el pago de las pensiones a lo largo de 2025. Hasta el mes de noviembre, estas transferencias alcanzaron los 50.890 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,9% en comparación con el año anterior. Este volumen implica que casi una cuarta parte de la financiación de las pensiones contributivas -el 23,4%- ya procede de los impuestos y no de las cotizaciones sociales ordinarias. Si a estas transferencias se suman los ingresos por cotizaciones, que ascendieron a 162.031 millones de euros tras crecer un 6,8% interanual (10.426 millones más), junto con el resto de operaciones corrientes y no financieras, los recursos totales disponibles para atender los compromisos del sistema se situaron en 215.400 millones de euros. Sin embargo, si se excluyen tanto las transferencias del Estado, cercanas a los 51.000 millones, como los 4.505 millones recaudados a través del mecanismo de equidad intergeneracional -cuyas aportaciones son finalistas y se destinan a reforzar el Fondo de Reserva-, los ingresos ordinarios quedarían reducidos a 159.895 millones de euros, una cifra muy inferior al gasto total, que alcanza los 207.530 millones. El Ministerio que encabeza Elma Saiz prevé que la denominada hucha de las pensiones cierre el ejercicio con un saldo próximo a los 14.000 millones de euros. Este año, gracias a la aplicación de la cuota del 0,8% correspondiente al mecanismo de equidad intergeneracional, los recursos acumulados por esta vía están aumentando a un ritmo del 32,7%. La diferencia entre los ingresos ordinarios y el nivel de gasto refleja el denominado déficit contributivo del sistema, que ronda los 50.000 millones de euros y que se cubre con recursos procedentes de la recaudación general de impuestos, lo que equivale a 3,2 puntos del PIB. En cambio, si se tienen en cuenta todas las fuentes de financiación, la Seguridad Social presenta un superávit de 7.870 millones de euros, equivalente al 0,5% del PIB. Desde el Ministerio destacan que, si se comparan los datos actuales con los del último ejercicio previo a la pandemia, en 2019, las cotizaciones sociales han aumentado en 48.404 millones de euros, lo que supone un incremento del 42,6%. Además, en el análisis mensual se observa que en noviembre los ingresos por cuotas alcanzaron los 14.919 millones de euros, 4.494 millones más que en el mismo mes de 2019. Más allá del coste de las pensiones contributivas, uno de los factores que está impulsando con mayor intensidad el aumento del gasto es la prestación por incapacidad temporal. Hasta noviembre, el desembolso asociado a las bajas laborales ascendió a 16.642 millones de euros, un 13,7% más que en el ejercicio anterior. Este fuerte incremento ha obligado a realizar ajustes presupuestarios para cubrir la partida, lo que ha llevado a la Seguridad Social a aportar 6.149 millones de euros adicionales, elevando el presupuesto inicial en un 52%. La estimación para el cierre del año apunta a un gasto cercano a los 18.000 millones de euros en esta prestación.

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(El País, 23-12-2025) | Laboral

El BOE publica la convocatoria de 17.986 plazas en la Administración General del Estado

El Boletín Oficial del Estado publicado este lunes recoge la convocatoria de 17.986 plazas para la Administración General del Estado (AGE). Tal y como señala la resolución firmada por la Secretaría de Estado de Función Pública, se trata de puestos ya contemplados en las ofertas de empleo público correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. La novedad radica en que ahora se activan de manera formal casi 18.000 plazas para su provisión. Según informa el Ministerio de Función Pública en un comunicado, las vacantes se distribuyen en cinco cuerpos distintos y se ofertan tanto por el sistema de turno libre como por promoción interna. En concreto, afectan a los cuerpos de Auxiliares y Administrativos, Técnicos Auxiliares de Informática (subgrupo C1), Auxiliares de la Administración (C2), así como a los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado y de Gestión de Sistemas e Informática (A2). Desde el departamento que encabeza Óscar López subrayan que esta convocatoria forma parte de la estrategia acordada para avanzar hacia una Administración Abierta, con el objetivo de fomentar un empleo público moderno, innovador e inclusivo. En este sentido, destacan que se busca captar y retener talento mediante procesos selectivos que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad. En cuanto a los requisitos académicos, el Gobierno aclara que para optar a las plazas del subgrupo C2 será suficiente contar con la educación secundaria obligatoria; para el C1 se exigirá el título de bachiller o de técnico; y para el A2 será necesario disponer de una titulación universitaria de grado, diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica. La distribución de las cerca de 18.000 plazas es la siguiente: - En el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado se ofertan 1.700 plazas de acceso libre, de las cuales 156 se reservan para personas con discapacidad, además de 720 plazas por promoción interna. - Para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado se convocan 2.512 plazas de turno libre (230 para el cupo de discapacidad) y 6.178 por promoción interna. - El Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática contará con 1.030 plazas de acceso libre, 186 de ellas reservadas para discapacidad, y 340 para promoción interna. - En el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se ofrecen 1.356 plazas de turno libre (266 con reserva para discapacidad) y 2.950 para promoción interna. - Por último, el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado dispondrá de 680 plazas de acceso libre y 520 de promoción interna. Función Pública recuerda que la inscripción en los procesos selectivos deberá realizarse de forma electrónica mediante la presentación de la solicitud de admisión. El plazo para hacerlo es de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE, es decir, desde este martes. La última oferta de empleo público fue aprobada por el Gobierno el pasado verano y supuso un cambio de tendencia respecto a ejercicios anteriores. Con 36.588 plazas, registró un descenso del 8,8% frente a las 40.121 de 2024, después de cuatro años consecutivos de incrementos. No obstante, la oferta de 2024 había marcado un máximo histórico y, pese a la reducción, la de 2025 sigue situándose por encima de las cifras registradas desde 2018, cuando comenzó el actual mandato. El Ejecutivo estimó que esta convocatoria permitirá crear unos 5.400 nuevos empleos en la AGE. Además, la semana pasada el Congreso dio luz verde a la actualización salarial de los empleados públicos para 2025 y 2026. El acuerdo contempla una subida del 2,5% en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y un incremento adicional del 1,5% a partir del inicio de 2026. En conjunto, la revalorización alcanzará el 4%, a la que podría añadirse un 0,5% extra en función de la evolución del IPC, dentro de un pacto que prevé aumentos acumulados de hasta el 11% en cuatro años.

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(Cinco Días, 23-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El oro marca nuevos récords impulsado por los tipos a la baja en EE UU y la tensión en Venezuela

El precio del oro ha alcanzado un nuevo récord histórico al rebasar los 4.400 dólares por onza, impulsado por el aumento de la incertidumbre geopolítica -con Venezuela como uno de los focos de tensión- y por las expectativas de nuevas bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos. Los mercados descuentan que la Reserva Federal recortará el precio del dinero en dos ocasiones a lo largo de 2026, tras los últimos datos macroeconómicos conocidos y ante la presión de Donald Trump para flexibilizar la política monetaria. En paralelo, el cobre, un metal clave para la transición energética, también cotiza en máximos y se aproxima a los 12.000 dólares por tonelada. El repunte de los metales preciosos se produce en un contexto de creciente inestabilidad internacional. El oro, que avanza hoy alrededor de un 1,5% y supera claramente los 4.400 dólares, y la plata refuerzan su papel como valores refugio después de que Estados Unidos haya endurecido el bloqueo al crudo venezolano y de que Ucrania haya atacado por primera vez un buque petrolero ruso. A ello se suma la intensa demanda de oro por parte de los bancos centrales, que se aceleró tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 y que sigue siendo un factor decisivo en la escalada de precios. Tanto el oro como la plata se encaminan a registrar sus mayores revalorizaciones anuales desde 1979. En el caso del oro, el alza se explica por el fuerte apetito de los bancos centrales y por la entrada de capital en fondos cotizados (ETF) respaldados por lingotes. Además, las políticas comerciales agresivas impulsadas por Trump y sus advertencias sobre la independencia de la Reserva Federal alimentaron el intenso rally registrado a comienzos de año. Los inversores también han contribuido de forma significativa al encarecimiento del metal, al reducir su exposición a deuda soberana y a determinadas divisas por el temor a que su valor se vea erosionado por los elevados niveles de endeudamiento. "El movimiento actual está motivado en gran medida por el posicionamiento anticipado ante posibles recortes de tipos por parte de la Fed, amplificado por la baja liquidez propia de finales de año", explicó a Bloomberg Dilin Wu, estratega de Pepperstone Group. Tras la corrección registrada desde los máximos de octubre, el oro se ha recuperado con rapidez. Entidades como Goldman Sachs prevén que la tendencia alcista continúe en 2026 y sitúan su escenario central en torno a los 4.900 dólares por onza. Según la firma, los inversores en ETF empiezan a competir directamente con los bancos centrales por un suministro físico limitado. Además, la entrada de nuevos actores -como emisores de stablecoins, entre ellos Tether, y áreas de tesorería de grandes empresas- está ampliando la base de compradores y reforzando la solidez de la demanda. El platino, por su parte, acumula una subida del 125% en lo que va de año, impulsado por el acopio de este metal en Estados Unidos como protección frente a posibles aranceles y por una demanda firme en China. En cuanto al cobre, el metal rojo marca también un máximo histórico y se aproxima a los 12.000 dólares por tonelada en la recta final de un ejercicio marcado por las tensiones comerciales, una oferta cada vez más ajustada y unas perspectivas muy favorables de demanda a largo plazo. Con apenas unos días de negociación restantes en la Bolsa de Metales de Londres (LME), el cobre acumula una revalorización cercana al 40%, la mayor desde 2009. Su precio se ha visto impulsado en los últimos meses por el temor a recortes en la oferta global, un factor que ha pesado más que la ralentización de la demanda. Este metal es esencial tanto para la transición energética como para la construcción de centros de datos. La evolución del cobre refleja un creciente estrés en el lado de la oferta. Las complejas negociaciones de los contratos anuales de suministro han desembocado en acuerdos en los que las fundiciones perciben prácticamente cero dólares en concepto de tarifas de procesamiento, el nivel más bajo jamás registrado. Como consecuencia del desplome de sus márgenes, algunas fundiciones se han visto obligadas a cerrar o a reducir su actividad. Cualquier interrupción adicional podría intensificar aún más la presión sobre el suministro de cobre refinado que se negocia tanto en la LME como en otros mercados de futuros.

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(Expansión, 23-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid capta 10.258 millones de inversión hasta septiembre, cinco veces más que Cataluña

El interés de los inversores extranjeros en España comienza a dar signos de debilidad. La inversión foránea bruta cayó un 27,54% interanual en los primeros nueve meses del año, hasta los 18.896 millones de euros, por los más de 26.000 millones registrados en el mismo periodo del año pasado. Si se  aplica el sistema de cálculo en vigor hasta 2023, la inversión en capital y patrimonio descendió un 16,3% en los nueve primeros meses del año, situándose en 17.147 millones de euros. Por su parte, las inversiones brutas vinculadas a la financiación intragrupo se desplomaron un 68,5% en comparación con el mismo periodo de 2024, hasta alcanzar los 1.748 millones. Esta brecha refleja un ajuste especialmente intenso en las inversiones realizadas por multinacionales ya presentes en el mercado español. En términos netos, el conjunto de la inversión extranjera retrocedió un 17,4% entre enero y septiembre, hasta los 13.837 millones de euros. Este resultado es consecuencia de un incremento del 8% en la inversión en capital y patrimonio, frente a una nueva caída del 68,5% en la financiación intragrupo. Por procedencia geográfica, Estados Unidos se mantiene como el principal inversor en España, con más de 6.800 millones de euros desembolsados entre enero y septiembre. A continuación se situaron Francia, Reino Unido, Alemania y México durante el mismo periodo. En cuanto a los sectores más atractivos para el capital extranjero, las actividades profesionales, científicas y técnicas encabezan el ranking, con más de 3.600 millones de euros captados en los tres primeros trimestres del año. Les siguen la información y las comunicaciones, con alrededor de 3.100 millones, la industria manufacturera -que concentró unos 2.200 millones, en gran medida asociados a financiación intragrupo- y las actividades inmobiliarias, que recibieron cerca de 1.800 millones de euros de inversión internacional. Atendiendo al perfil del inversor, las sociedades concentraron aproximadamente el 60% del total de los fondos extranjeros destinados a la economía española, con un volumen de 12.169 millones de euros. Esta cifra supera ampliamente la aportación de las instituciones de inversión colectiva, que alcanzaron los 4.169 millones, así como la realizada por personas físicas (2.124 millones) y por fondos públicos y soberanos, que aportaron 404,7 millones. Pese al menor atractivo general de España para los inversores internacionales, las diferencias territoriales siguen siendo muy marcadas. La Comunidad de Madrid se consolida como el principal polo de atracción, al concentrar 10.258 millones de euros de inversión entre enero y septiembre, lo que representa el 54% del total nacional y casi quintuplica la cifra registrada en Cataluña, que recibió 2.129 millones en el mismo periodo. A cierta distancia de estas dos comunidades, aunque recortando terreno a Cataluña, se situaron Aragón, con 1.505 millones de euros de inversión extranjera hasta septiembre, y Andalucía, con 1.090 millones. En un escalón inferior aparecen la Comunidad Valenciana (487,29 millones), la Región de Murcia (468,24 millones) y La Rioja, que captó 402,91 millones en los nueve primeros meses del año. En el extremo contrario se encuentra el Principado de Asturias, que apenas atrajo 46,9 millones de euros de inversión extranjera en el periodo analizado. Le siguen Galicia, con 180,71 millones; Extremadura, con 191,26 millones; Canarias, con 257,65 millones; Baleares, con 264,95 millones; Castilla y León, con 272,87 millones; y el País Vasco, que no alcanzó los 300 millones de euros de inversión foránea entre enero y septiembre.

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(Expansión, 23-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las exportaciones españolas aguantan la guerra arancelaria y marcan su máximo histórico hasta octubre

Ni la guerra comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni el retroceso de la inversión extranjera en España están teniendo, por ahora, un impacto negativo en las exportaciones españolas. Lejos de caer, las ventas al exterior aumentaron un 3,3% en octubre y alcanzaron un nuevo máximo histórico de 324.773 millones de euros en el acumulado hasta el décimo mes del año. Esta cifra supera en un 0,83% los 322.086 millones registrados en el mismo periodo de 2024, según los datos difundidos ayer por la Secretaría de Estado de Comercio. Solo en octubre, las exportaciones españolas rebasaron por primera vez los 36.433 millones de euros, consolidando la senda de crecimiento iniciada en septiembre. Estos resultados evidencian la capacidad de resistencia del tejido empresarial español en un ejercicio marcado por la volatilidad de los mercados internacionales, tras la imposición de los aranceles definitivos acordados entre la Administración Trump y la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, que fijaron un gravamen general del 15% para las exportaciones de la Unión Europea hacia Estados Unidos. El nuevo escenario económico global derivado de la ofensiva arancelaria de Trump ha llevado a las empresas españolas a diversificar destinos o a reforzar su presencia en mercados ya consolidados para mantener su expansión internacional. De este modo, mientras las exportaciones a Estados Unidos descendieron un 12,1% interanual en octubre, las ventas al conjunto de la Unión Europea crecieron un 4,1%, con incrementos muy destacados en países como Letonia, donde se duplicaron con creces (+122,1%), Chipre (+34,6%), Irlanda (+30,7%), Croacia (+22,4%), Grecia (+16%) y Polonia (+12,8%). En cuanto a las comunidades autónomas más penalizadas por los aranceles estadounidenses, los datos oficiales reflejan fuertes retrocesos de las exportaciones a EEUU en Cantabria (-59,6%), Extremadura (-44,4%), Galicia (-26,5%), Comunidad Valenciana (-23,1%) y la Región de Murcia (-17,2%). En contraste, la Comunidad de Madrid y Cataluña apenas registraron descensos, con una reducción del 3,9% respecto a octubre de 2024. Más allá del mercado comunitario, las exportaciones españolas también mostraron un comportamiento positivo en China, donde alcanzaron los 714,8 millones de euros en octubre, un 2,7% más que un año antes. Al mismo tiempo, el país asiático continúa aumentando sus ventas en España, tras haber sido uno de los más afectados por la guerra comercial, una situación sobre la que las autoridades europeas han venido alertando en los últimos meses. En concreto, las importaciones procedentes de China crecieron un 14% interanual en octubre, hasta situarse por encima de los 4.920 millones de euros.

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(Expansión, 23-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El sector legal pone la IA en el centro para mejorar rentabilidad y procesos

El mayor desafío al que se enfrentan los despachos de abogados de cara a 2026 es la definición y puesta en marcha de una estrategia interna de inteligencia artificial, una palanca clave para elevar la productividad e impulsar la innovación en los servicios jurídicos con el objetivo de diferenciarse en un entorno cada vez más competitivo. Aunque el talento continúa siendo un pilar esencial para las firmas legales, en los últimos años la tecnología ha ganado un protagonismo incuestionable en sus hojas de ruta. Ya no se percibe como una alternativa opcional, sino como un requisito indispensable para responder a las nuevas demandas de los clientes y del mercado. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta imprescindible en compañías de muy distintos sectores, y el ámbito jurídico no es una excepción. Por ello, la definición e implantación de una estrategia sólida de inteligencia artificial y de inteligencia artificial generativa (IAG) se sitúa como el principal reto para 2026 entre los 115 despachos que han participado en la séptima edición del Informe Expansión Jurídico sobre el sector legal en España. En este contexto, Christian Bartsch, consejero delegado global de Bird & Bird desde 2022, subrayaba recientemente en una entrevista publicada en EXPANSIÓN la importancia de la formación en esta materia: "Hemos destinado importantes recursos a capacitar a nuestros profesionales en IA, porque somos conscientes de que esta tecnología supone un punto de inflexión en la profesión. Las firmas que no cuenten con equipos preparados en estas competencias afrontarán serias dificultades". No obstante, la implantación de la inteligencia artificial no es el único reto señalado por los despachos. Muy de cerca, a apenas dos décimas de distancia, se sitúa la mejora de la rentabilidad y la eficiencia de los procesos internos, un objetivo estrechamente vinculado al uso estratégico de la tecnología. Esta coincidencia no resulta sorprendente, ya que ambos aspectos forman parte de un mismo planteamiento estratégico en los bufetes para los próximos años, donde la optimización operativa y la innovación tecnológica avanzan de forma paralela. En un mercado en el que no siempre triunfa el más grande, sino el más ágil, la inteligencia artificial también se perfila como una herramienta clave para afrontar el tercer gran reto identificado para 2026: la innovación en la prestación de servicios como elemento diferencial frente a la competencia. En paralelo, mientras los fondos internacionales de inversión centran su atención en las firmas de servicios profesionales y se intensifican las estrategias de fusiones e integraciones para competir en un entorno cada vez más global y complejo, hay una preocupación que permanece constante en la agenda de los socios directores, independientemente del tamaño del despacho. Se trata del diseño de nuevas políticas orientadas a atraer y fidelizar talento, un aspecto que sigue siendo prioritario para unas firmas que, pese al avance tecnológico, continuarán necesitando la experiencia, el criterio profesional y la capacidad de aportar valor estratégico de sus equipos.

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(El País, 23-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables

EH Bildu ha comunicado que ha alcanzado un pacto con el Gobierno para prorrogar el denominado "escudo social" durante el próximo año. De acuerdo con lo explicado por la formación vasca, el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto que contempla tres medidas principales: impedir los desahucios de familias vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional, vetar los cortes de suministros esenciales -electricidad, agua y gas- y ampliar la vigencia del bono social eléctrico. Bildu subraya que estas disposiciones expiraban el 31 de diciembre y que el acuerdo garantiza su continuidad, al menos, a lo largo de todo 2026. En un comunicado, la coalición señala que la continuidad de estas políticas sociales "es el resultado de un trabajo discreto y sostenido, así como de la presión ejercida por distintos colectivos sociales". EH Bildu destaca el valor del acuerdo alcanzado tras semanas de negociaciones intensas, al considerar que permitirá mantener una protección imprescindible en un contexto económico y social complicado para miles de personas. No es la primera vez que la formación impulsa este tipo de prórrogas. La última extensión de la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional también contó con el respaldo decisivo de EH Bildu. El 26 de diciembre de 2023, el grupo anunció un acuerdo con el Ejecutivo para que el decreto de ayudas anticrisis incluyera tanto esta medida como la continuidad de la restricción a los cortes de suministros básicos. "La firma de este acuerdo vuelve a demostrar con hechos nuestra voluntad de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía vasca y del conjunto de trabajadores y trabajadoras del Estado y de sus pueblos. Seguiremos avanzando en esa dirección", afirmó la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en unas declaraciones difundidas por su grupo parlamentario. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios en España descendieron un 11,6% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2024. En total, se contabilizaron 6.960 lanzamientos, y cerca de tres cuartas partes de ellos (el 76%) estuvieron vinculados a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, fundamentalmente por impagos de alquiler. Un 17,4% correspondió a ejecuciones hipotecarias, mientras que el resto -444 casos- se debió a otras causas.

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(El País, 23-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El turismo recuperó en 2024 el peso que tenía en la economía española antes del estallido de la pandemia

El turismo volvió a situarse en 2024 como uno de los pilares de la economía española, al generar el 12,6% del producto interior bruto (PIB), el mismo peso que alcanzó en 2019, último año completo previo a la pandemia. En términos monetarios, esta aportación ascendió a 200.699 millones de euros, lo que supone dos décimas más que en 2023, cuando el sector representó el 12,4% del PIB, según los datos de la Cuenta Satélite del Turismo de España publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La evolución de los últimos años permite dimensionar con claridad el impacto de la crisis sanitaria y la posterior recuperación. En 2019, el turismo alcanzó su máximo histórico, con una contribución superior a los 157.300 millones de euros. La llegada de la covid-19 provocó un desplome sin precedentes: en 2020, la actividad quedó prácticamente paralizada durante varios meses, con niveles nulos en abril y mayo, lo que hundió su peso en la economía. En 2021, todavía condicionado por las restricciones a la movilidad y la lenta reapertura de los mercados internacionales, el turismo apenas representó el 7,8% del PIB, uno de los registros más bajos de la serie. A partir de 2022, con la normalización progresiva de los viajes, el sector inició una recuperación sostenida. Ese año su aportación repuntó hasta el 12,1% del PIB, avanzó al 12,4% en 2023 y culminó en 2024 con el 12,6%, igualando el nivel previo a la pandemia. Cinco años después del estallido de la crisis sanitaria, el turismo completa así su ciclo de recuperación y consolida de nuevo su posición estructural dentro de la economía española. Además, dado que el conjunto de la economía ha crecido desde 2019, la aportación superior a los 200.000 millones supone un máximo histórico en términos absolutos. Este avance se explica porque la actividad turística ha evolucionado a un ritmo más intenso que el del conjunto de la economía. En 2024, la demanda final turística -que recoge el gasto directo de los visitantes en transporte, alojamiento, restauración, ocio y otros servicios- aumentó un 8,2%, frente al crecimiento del 6,4% registrado por ese mismo componente del PIB nacional. En la práctica, el gasto vinculado a los viajes ha sido uno de los principales impulsores del crecimiento económico general. Los datos del INE también apuntan a una mejora en productividad. Al comparar la evolución del PIB turístico con la del empleo, se observa que el sector está creciendo por encima de la media sin un aumento proporcional del número de trabajadores, lo que indica una mayor generación de valor añadido por empleado. Según el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, este comportamiento "demuestra que el crecimiento del turismo responde a factores estructurales positivos y no únicamente a un incremento del volumen de actividad". Perelli añade que la contribución real del turismo podría ser incluso superior a la reflejada actualmente. A su juicio, si el INE aplicara de forma homogénea a toda la serie histórica los criterios metodológicos introducidos en 2022, el peso del turismo en el PIB ya superaría los niveles de 2019 en términos comparables, situándose en máximos históricos. Desde Exceltur reclaman también una mayor agilidad en la publicación de las estadísticas -que actualmente se difunden con cerca de un año de retraso- y una armonización completa de los datos. Con este escenario, las previsiones del sector apuntan a que la aportación del turismo podría alcanzar el 13,1% del PIB en 2025. Dentro del análisis del gasto turístico, el turismo internacional volvió a ganar protagonismo. En 2024, el consumo de los visitantes extranjeros concentró el 55,6% del total del gasto turístico interior, 1,2 puntos porcentuales más que en 2023. Desde el inicio de la recuperación tras la pandemia en 2021, esta cuota ha aumentado en 15,4 puntos, reflejando el creciente peso del turismo receptor en el conjunto del sector. Este mayor protagonismo se sustenta en cifras récord. Durante 2024, España recibió 93,76 millones de turistas internacionales, un 10% más que el año anterior. El gasto asociado a estos visitantes alcanzó los 126.143 millones de euros, una cifra que previsiblemente será superada en 2025, dado que hasta octubre ya se habían acumulado 118.600 millones. A ello se suma el fuerte incremento del gasto medio diario por turista, que ha pasado de unos 140 euros en 2019 a cerca de 200 euros en lo que va de año. El sector explica este aumento tanto por el repunte generalizado de los precios tras la pandemia como por un cambio en el perfil del visitante y en la oferta turística. Por un lado, la inflación ha encarecido los servicios turísticos; por otro, se ha producido un reposicionamiento del sector hacia productos de mayor valor añadido. Este cambio es especialmente visible en el ámbito hotelero, donde han ganado peso los establecimientos de cuatro y cinco estrellas y los visitantes procedentes de mercados con mayor poder adquisitivo, como Estados Unidos, Asia u Oriente Medio. Perelli destaca también el auge de experiencias de mayor valor añadido, que han adquirido relevancia social y sitúan al turismo en una posición competitiva frente a sectores más orientados a bienes materiales. La recuperación del peso del turismo en el PIB ha tenido un reflejo directo en el mercado laboral. En 2024, el empleo en las actividades características del sector alcanzó los 2,78 millones de puestos de trabajo, lo que representa el 12,3% del total de la economía española, una décima más que el año anterior. Tras el desplome provocado por la pandemia -cuando el empleo turístico se redujo en casi un millón de personas y cerró 2020 con 1,74 millones de ocupados-, el sector no solo ha recuperado los niveles previos, sino que los ha superado ampliamente, frente a los aproximadamente 2,67 millones de empleos que registraba en 2019.

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