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(Expansión, 26-11-2025) | Fiscal

Cisma en el Constitucional: cinco de sus magistrados acusan al Tribunal de avalar un "negocio piramidal" del Estado a costa de las empresas

Cinco magistrados han presentado un voto particular extremadamente crítico contra la sentencia que avala el sistema de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, calificándolo como un "mecanismo encubierto de financiación gratuita" que grava "beneficios irreales". El Tribunal Constitucional queda así dividido. Un grupo de cinco magistrados ha suscrito un voto disidente inusualmente duro respecto al fallo que, la semana pasada, declaró conforme a la Constitución el actual modelo de adelantos del Impuesto sobre Sociedades. En un documento lleno de reproches jurídicos, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías acusan al tribunal de dar por bueno lo que definen literalmente como una especie de "esquema piramidal" impulsado por el Estado. El voto particular, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, no escatima descalificaciones hacia la argumentación mayoritaria, a la que acusa de caer en un "realismo especulativo" y de sostener un "conjunto de errores injustificables y razonamientos parciales" con el fin de imponer una "nueva verdad constitucional". El desacuerdo se centra en el funcionamiento de los pagos fraccionados aplicados a las grandes compañías. De acuerdo con la normativa cuestionada, estas empresas deben anticipar impuestos tomando como referencia su resultado contable, no su base imponible efectiva. Para los magistrados discrepantes, esto vulnera el principio de capacidad económica recogido en el artículo 31.1 de la Constitución, ya que obliga a ingresar impuestos sobre "rentas ficticias" o "inexistentes". El voto describe de forma contundente el sistema: las empresas pagan por adelantado sumas que el Estado acaba reembolsando al año siguiente porque exceden la cuota real. No obstante, la Administración dispone de ese dinero durante meses sin abonar intereses. "Con la decisión de la que disentimos se legitima, en esencia, un 'negocio piramidal': los anticipos de un ejercicio sirven para financiar de forma inconstitucional las devoluciones de los excesos cobrados el año anterior", señala el texto. Los magistrados también subrayan la contradicción del legislador: recuerdan que durante años se aprobaron leyes contra la morosidad para mejorar la liquidez de las empresas, mientras que esta medida fiscal opera justo al revés, otorgando al deudor -el Estado- liquidez adicional a costa del acreedor -las compañías-. El escrito denuncia que las grandes empresas han sido convertidas en "prestamistas del Estado sin remuneración alguna", con un drenaje de su tesorería destinado a mejorar artificialmente las cifras de déficit público. "Lo que nació como una solución a la morosidad de la Administración se transforma en un problema de morosidad privada", alertan. El voto particular reprocha a la sentencia mayoritaria que trate de justificar la norma recurriendo a fundamentos no mencionados por el legislador. Señalan que se emplean conceptos imprecisos como la "técnica tributaria" o la "practicabilidad administrativa" para sostener una medida que, según ellos, vulnera la capacidad económica de los contribuyentes. En un pasaje especialmente sarcástico, los magistrados discrepantes comparan esta postura con la sentencia sobre la Ley de Amnistía. Recuerdan que entonces el tribunal afirmó no poder atribuir a la ley fines distintos de los proclamados en su preámbulo, mientras que en el asunto tributario la mayoría abandona esa "autolimitación" y busca una justificación que permita convalidar la recaudación. Los firmantes concluyen que el auténtico motivo de la norma fue la necesidad urgente de recortar el déficit público para cumplir con las exigencias de Bruselas, un objetivo puramente recaudatorio que, en su opinión, no puede amparar la restricción de los derechos constitucionales de los contribuyentes. El documento se cierra con una afirmación rotunda sobre el efecto real del sistema: "Un mecanismo oculto de financiación al cero por ciento de interés" que provoca un "perjuicio evidente y considerable" a las empresas afectadas.

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(Expansión, 26-11-2025) | Fiscal

Montero asume que su senda fiscal "no saldrá" adelante por falta de apoyo de Podemos y Junts

La progresiva pérdida de apoyos en el Congreso que arrastra el Gobierno obligó ayer a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a reconocer públicamente que el Ejecutivo no logrará superar la primera votación decisiva para los Presupuestos de 2026. Montero admitió que la senda fiscal que el Congreso debatirá mañana "no saldrá adelante", después de que Podemos, Compromís y Junts anunciaran su rechazo o distanciamiento. La propuesta fiscal de Hacienda contempla reducir el déficit público del 2,5% del PIB previsto para 2025 al 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Además, plantea que los ayuntamientos mantengan un presupuesto equilibrado cada año; que las comunidades autónomas puedan incurrir en un déficit del 0,1% anual; que la Seguridad Social pase de un desequilibrio de dos décimas a una; y que la Administración Central reduzca el suyo al 1,8% en 2026, al 1,5% en 2027 y al 1,4% en 2028. A diferencia del techo de gasto récord fijado para 2026 -216.177 millones de euros- que el Gobierno puede aprobar por sí mismo, la senda de déficit necesita el aval del Parlamento, y Montero tendrá que defenderla mañana en la Cámara. La propuesta parecía destinada al fracaso desde el principio, ya que es idéntica a la que el Ejecutivo presentó el año pasado y que cayó gracias a los votos de Junts, PP y Vox. Y el partido de Carles Puigdemont ya había avanzado que dejaría de respaldar al Gobierno. La situación se complicó aún más cuando Unidas Podemos anunció que optará por la abstención y Compromís insinuó incluso un voto en contra. Ante este escenario, Montero asumió la derrota inminente. "La consecuencia es que el Gobierno tendrá más margen fiscal que las comunidades autónomas por una simple pataleta y confrontación del Partido Popular, que ni siquiera apoya lo que le beneficia", argumentó la ministra en declaraciones recogidas por Europa Press en los pasillos del Senado. Según Montero, si la senda es finalmente rechazada -lo que obligaría al Ejecutivo a presentar otra, igual o distinta, en un plazo máximo de un mes- quedará vigente la senda comprometida con Bruselas, pero las comunidades autónomas tendrían que ajustarse al equilibrio fiscal, lo que supondría perder 5.500 millones de capacidad de gasto hasta 2028. No obstante, esta interpretación es cuestionada por la Airef. Incluso si fracasa la aprobación de la senda fiscal, Hacienda mantiene la intención de presentar un proyecto de presupuestos fuera de plazo, a mediados del primer trimestre de 2026, aunque con muy pocas posibilidades reales de que llegue a aprobarse.

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(Expansión, 26-11-2025) | Fiscal

España se desvía de la senda fiscal acordada

España se está apartando de la senda fiscal acordada y lo hace en un grado suficiente para recibir un aviso formal. Así lo señala la Comisión Europea en su paquete económico de otoño, donde analiza la evolución presupuestaria de los Estados Miembros y sitúa a España entre los países con riesgo de incumplir las normas fiscales pactadas. Bruselas ha detectado que el país podría superar el nivel de gasto previsto para 2026, año en el que el Ministerio de Economía se comprometió a limitarlo al 2,5% en el plan enviado a la UE. Aun así, la Comisión estima que este desvío sería inferior al umbral del 0,3% del PIB fijado por la normativa, un límite que, de superarse, elevaría la situación al nivel de "riesgo material de incumplimiento". Fuentes comunitarias calculan que el desfase podría rondar los 5.000 millones de euros. Según sus previsiones -al no disponer de un borrador de Presupuestos Generales del Estado- el gasto en 2026 ascendería hasta unos 30.000 millones. Desde 2024, Bruselas realiza estas evaluaciones basándose en el gasto primario neto acumulado, un indicador más flexible que excluye los intereses de la deuda y ciertos factores cíclicos como el paro. La intención es evitar que las nuevas reglas obliguen a aplicar ajustes excesivos que frenen el crecimiento y terminen agravando el endeudamiento. Además de no superar un desvío del 0,3% anual respecto a la senda acordada, la normativa también exige que el error acumulado en el conjunto de los siete años del plan no rebase el 0,6%. Es la primera vez que España aparece señalada como país en riesgo de incumplir el límite de gasto. En el análisis anterior -publicado en junio- Bruselas concluyó que España mantenía una senda fiscal compatible con lo pactado gracias a que el desvío era mínimamente inferior al margen máximo. No obstante, fuentes europeas aclaran que España podría reducir prácticamente a cero ese desvío si decidiera activar la cláusula de excepción que permite excluir el gasto en Defensa. El Gobierno, de momento, ha optado por no hacerlo, lo que implica que estas inversiones siguen computándose en la evaluación fiscal. Además de España, la Comisión considera que Croacia, Lituania, Eslovenia y Bulgaria también presentan riesgo de incumplimiento, mientras que Países Bajos se encuentra ya en un nivel de "riesgo material". Respecto a los países con procedimientos de déficit excesivo abiertos, Bruselas advierte que Hungría está en riesgo de incumplir y que Malta se sitúa en riesgo material. Por ahora, la institución que dirige Ursula von der Leyen ha decidido no adoptar medidas más severas contra los países en falta, ya que las evaluaciones se basan todavía en previsiones y existe margen para que el crecimiento económico mejore o las cuentas públicas se ajusten.

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(El Economista, 26-11-2025) | Fiscal

El Supremo impide a Hacienda negar deducciones a los autónomos aunque no coticen a la Seguridad Social

El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que la Agencia Tributaria debe permitir a los autónomos que facturan a través de una sociedad aplicar en el IRPF las deducciones y reducciones correspondientes, aunque no estén dados de alta ni coticen en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. En una sentencia del 8 de octubre, que sienta jurisprudencia, el Supremo establece que Hacienda no puede negar la condición de autónomo a quienes cumplen los requisitos para serlo -es decir, ejercer una actividad económica por cuenta propia- únicamente por no estar inscritos en el RETA. El fallo subraya que, si un profesional está obligado a cotizar como autónomo y no lo hace, esto constituye una infracción grave que debe ser sancionada por la autoridad competente. Sin embargo, ese incumplimiento no autoriza a la Agencia Tributaria a modificar la naturaleza de sus rendimientos ni a tratarlos como ingresos derivados de trabajo asalariado. La resolución, redactada por la magistrada Sandra María González de Lara, pone fin al conflicto entre un médico que poseía el 57% de una sociedad a la que prestaba servicios y la Agencia Tributaria, a raíz de su declaración del IRPF de 2017. Hacienda revisó su declaración y concluyó que, al no cotizar en el RETA, sus ingresos no podían considerarse rendimientos de actividad económica, sino rendimientos del trabajo, como si fuera empleado de otra empresa. En consecuencia, regularizó su situación con un ajuste de 5.275 euros y le impuso una sanción por no ingresar esa cantidad a tiempo. Para resolver el caso, el Supremo interpreta el artículo 27 de la Ley del IRPF, que señala que los ingresos percibidos de una sociedad controlada por el contribuyente se consideran actividad económica cuando el profesional está "incluido" en el RETA. El tribunal analiza el término "incluido" y concluye que no es equivalente a estar formalmente afiliado o dado de alta en dicho régimen. Según precisa la sentencia, la "inclusión" hace referencia a que el trabajador está encuadrado dentro del colectivo que debe formar parte del RETA por la naturaleza de su actividad, no necesariamente a que haya cumplido el trámite administrativo de alta. El tribunal añade que, de haber querido referirse a la afiliación, el legislador podría haberlo formulado explícitamente. Dado que el contribuyente estaba inscrito en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y realizaba una actividad que obliga a cotizar como autónomo, el Supremo anula la liquidación y la sanción impuestas por Hacienda. Este pronunciamiento es especialmente relevante para los autónomos que operan a través de sociedades, ya que obliga a la Agencia Tributaria a reconocer sus rendimientos como ingresos de actividad económica y, por tanto, a aceptar las deducciones y reducciones fiscales asociadas a los gastos necesarios para su actividad. Hasta ahora, Hacienda solía negar estos beneficios a los profesionales que, pese a cumplir los requisitos para ser autónomos, no estaban cotizando en el RETA.

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(El Economista, 26-11-2025) | Laboral

Hostelería, construcción o el sector primario, que están "blindadas" contra la IA

Aunque muchos inversores consideran que la inteligencia artificial generativa podría estar impulsando una nueva burbuja financiera, su efecto sobre el empleo resulta cada vez más evidente a medida que se publican nuevos análisis. Uno de los estudios más recientes advierte de que los trabajos considerados de "mayor valor añadido" son precisamente los más vulnerables a esta tecnología y que, en los dos últimos años, han perdido peso en la evolución del mercado laboral. No se trata de un fenómeno marginal: estos perfiles representan el 45% del empleo total, pero en 2024 apenas contribuyeron con un 0,2% al crecimiento del trabajo. Con todo, España dispone de un cierto "amortiguador": las ocupaciones manuales -hostelería, construcción o agricultura- que están prácticamente a salvo del impacto de la IA y que han impulsado el empleo hasta diez veces más que los sectores de mayor cualificación. Durante décadas, se asumía que la digitalización y la automatización -ya fuera mediante inteligencia artificial o robotización- beneficiarían sobre todo al empleo cualificado, mientras que los trabajos manuales serían los más amenazados. Sin embargo, este diagnóstico ha quedado obsoleto. Según el estudio elaborado por José Manuel Amor y María Romero, socios de Análisis Económico y Mercados de Afi, junto a las analistas Camila Figueroa y Marina García, la llegada de los grandes modelos de lenguaje (LLM) ha alterado por completo este patrón, dado que su alcance es mucho mayor. El informe, recogido en la última edición de los Cuadernos del Mercado de Trabajo del SEPE, señala que "las ocupaciones con mejores salarios, mayor formación y mayores barreras de entrada son las más expuestas a los efectos disruptivos de GPT". Un fenómeno que "rompe con lo ocurrido en revoluciones tecnológicas anteriores, donde los más perjudicados eran los trabajadores con menor cualificación". ¿Cómo se manifiesta esto en España? A partir de los microdatos anuales de la EPA, los investigadores dividen el mercado laboral en dos grandes grupos opuestos: las "ocupaciones más expuestas" -sobre todo servicios profesionales, científicos, financieros, jurídicos, contables y tecnológicos- y las "menos expuestas", asociadas a actividades manuales. La primera categoría suma 11,2 millones de empleos, el 45% del total; la segunda, 10,5 millones. No obstante, el dinamismo se concentra en los trabajos menos afectados por la IA. Entre 2023 y 2024, los empleos de mayor exposición crecieron un 0,9% (unas 600.000 personas), mientras que los menos expuestos aumentaron un 3,9%. El empleo total se incrementó un 2,2%, de los que solo dos décimas proceden del primer grupo y un 2% del segundo. Hasta 2023, la evolución seguía condicionada por los efectos de la pandemia. En 2020 hubo un auge de los empleos más cualificados y digitalizados, mientras los manuales se hundieron. En 2021 ocurrió lo contrario: cayeron los de alta exposición a la IA y se recuperaron los sectores más castigados por los confinamientos. En 2022 ambos crecen, pero más los manuales. Y en 2023 repuntan los empleos de mayor valor añadido, un impulso que se ha desinflado completamente en 2024. ¿Hasta qué punto puede atribuirse esto al avance de la IA generativa? Los autores apuntan que los trabajos con mayor exposición han crecido un 13% desde 2019, pero en los dos últimos ejercicios -justo cuando los LLM han irrumpido con fuerza- "han perdido protagonismo frente a ocupaciones menos expuestas". Este fenómeno, que ya es evidente en las grandes tecnológicas -con recortes notables entre programadores-, se está extendiendo a otros sectores usuarios de IA. Aun así, en España no se aprecia un frenazo del mercado laboral gracias al impulso simultáneo de ambos tipos de empleo. En conjunto, el empleo en 2024 está un 7,1% por encima del nivel prepandemia, tendencia que parece mantenerse en 2025. Esto sitúa a España en una posición relativamente favorable para afrontar la disrupción. Según el análisis, nos encontramos todavía en una "fase de transición" en la que la IA no provoca una destrucción neta de empleo entre los perfiles más expuestos, sino una reorientación del crecimiento del trabajo. En otras palabras: el mercado laboral español está absorbiendo el impacto de la IA mediante cambios en la composición del empleo -tanto sectoriales como funcionales- en lugar de mediante despidos masivos. Así, la alta exposición convive con una creación de empleo positiva, lo que revela que el "efecto sustitución" está siendo progresivo y depende de la capacidad de adaptar tareas y generar funciones complementarias. No obstante, esta transición generará tensiones. Los expertos prevén que el desempleo estructural (la tasa NAIRU) aumentará temporalmente entre 2025 y 2028 como reflejo de los ajustes entre sectores expuestos. A partir de 2029, gracias a la plena difusión tecnológica y a una mayor eficiencia en el emparejamiento laboral, la NAIRU caería entre 0,5 y 1,1 puntos respecto al escenario sin IA generativa, impulsando también la productividad, el empleo y el crecimiento económico. El resultado final dependerá de la capacidad de empresas y trabajadores para incorporar la tecnología, del volumen de inversión en capital complementario y del diseño de políticas públicas que suavicen la transición. De ahí que los autores insistan en la necesidad de "distribuir de forma equitativa las ganancias de productividad" y evitar que su concentración en polos tecnológicos o determinados grupos laborales genere nuevas desigualdades territoriales o sociales. "Si la transición no se gestiona adecuadamente, la IA puede convertirse en un factor de desigualdad, conflicto social y desequilibrio territorial; si se gestiona bien, puede consolidarse como un motor de crecimiento sostenible, reforzar la cohesión territorial y afianzar la estabilidad económica y democrática a largo plazo", concluye el estudio.

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(El Economista, 26-11-2025) | Laboral

La Seguridad Social agota lo presupuestado para el IMV en 2025

El Ministerio de Seguridad Social ha destinado en lo que va de año un total de 4.655 millones de euros al pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta cantidad ya supera, solo hasta septiembre -último mes con datos publicados-, la dotación inicial prevista por el Gobierno en los presupuestos. Gracias a las ampliaciones extraordinarias aprobadas, el Departamento dispone ahora de margen para incrementar el gasto en torno a un 50%. Según refleja el Resumen de Ejecución Presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Ministros, Seguridad Social ha utilizado hasta ahora 2.208 millones de euros para financiar el IMV. Hasta septiembre, el Ejecutivo había incrementado la partida en 1.650,79 millones de euros, a los que se sumaron otros 558 millones aprobados en el Consejo de Ministros de octubre, aún no reflejados en la ejecución presupuestaria disponible. En conjunto, si se parte de que el presupuesto inicial contemplaba un gasto de 4.123,72 millones, estas ampliaciones ya representan un 53% adicional sobre lo previsto para todo el ejercicio. Conviene recordar que el Gobierno sigue trabajando con los Presupuestos Generales del Estado de 2023, lo que implica que las previsiones de gasto provienen de hace dos años, antes de dos aumentos del IMV y con un número menor de beneficiarios. La transferencia de crédito de 558 millones aprobada en octubre tiene como objetivo "asegurar la financiación del Ingreso Mínimo Vital". En el documento asociado se recuerda que, según la Ley General de la Seguridad Social, el IMV es una prestación no contributiva que debe financiarse mediante aportaciones estatales al presupuesto de Seguridad Social. Estas ampliaciones, por tanto, requieren aprobación del Consejo de Ministros. El IMV es la segunda partida más elevada entre las prestaciones no contributivas de Seguridad Social, solo superada por el complemento a mínimos de las pensiones no contributivas, cuyo gasto ya asciende a 6.232 millones (sobre un presupuesto anual de 7.250 millones). Si finalmente se ejecutan todos los créditos adicionales aprobados, el gasto total del IMV alcanzaría a finales de año los 6.331 millones de euros. En comparación con 2024, Seguridad Social ha desembolsado un 13,65% más en los nueve primeros meses del año. Este incremento contrasta con la caída del 9% en el gasto de subsidios por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo dentro del nivel no contributivo. El IMV crece a un ritmo similar al del complemento a mínimos de las pensiones contributivas. El aumento del gasto está directamente relacionado con el incremento de perceptores. En octubre, el INSS contabilizó 773.272 prestaciones activas y 2,3 millones de beneficiarios, con una media de tres personas por hogar. En el último año, el número de familias con IMV ha crecido un 19,25% y el de beneficiarios un 20,1%. En octubre, la cuantía media por hogar fue de 556 euros mensuales, que se reducen a 159 euros por persona. Este importe corresponde a la prestación básica, ya que la nómina puede llegar a 869 euros mensuales cuando se suma el complemento a la infancia (CAPI). Los menores representan la mitad de los beneficiarios: de los 2,3 millones de perceptores, 1 millón son niños y adolescentes. Concretamente, 118.460 tienen entre 0 y 2 años; 169.705 entre 3 y 5 años; y 716.559 entre 6 y 17 años. El CAPI supone, de media, 68 euros al mes por menor. Este viernes, el INE publicará el dato adelantado del IPC, que volverá a ser la referencia -como desde 2022, tras vincularse la revalorización a la inflación- para actualizar las pensiones en 2026. Las estimaciones prevén una subida de entre el 2,6% y el 2,7%. El artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social establece que las prestaciones contributivas se actualizan cada inicio de año según el IPC medio. Sin embargo, para conocer el incremento que se aplicará a las prestaciones no contributivas, los beneficiarios deberán esperar un poco más.

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(El Economista, 26-11-2025) | Laboral

La pensión de jubilación llega en noviembre a los 3.000 euros y el gasto se eleva a 27.000 millones por la "extra" de Navidad

El gasto en pensiones aumentó un 6% en noviembre y, por primera vez, superó los 27.000 millones de euros debido al pago de la paga extraordinaria de Navidad. Esta cifra contrasta con los 25.500 millones desembolsados en el mismo mes del año anterior. Según los datos difundidos esta mañana por el Ministerio de Seguridad Social, la prestación media de los jubilados alcanzó los 3.000 euros: 1.511 euros correspondientes a la mensualidad ordinaria y 1.492 euros de la extra de noviembre. En conjunto, el departamento dirigido por Elma Saiz destinó 13.720 millones de euros a la nómina mensual de las pensiones contributivas y otros 13.400 millones a la paga adicional, marcando un nuevo máximo histórico. Más del 70% de ese gasto corresponde a las pensiones de jubilación, que por primera vez han rebasado los 10.000 millones de euros. El resto, 3.720 millones, se destinó a pensiones de viudedad (2.202 millones), incapacidad permanente (1.271 millones), orfandad (177 millones) y prestaciones a favor de familiares (36 millones). Sumando todas las modalidades, la pensión media mensual en noviembre fue de 1.316 euros, mientras que la paga extraordinaria se situó en 1.288 euros, lo que supone un total de 2.604 euros. El Ministerio recuerda que los pensionistas reciben la paga extra en noviembre -y no en diciembre, como la mayoría de trabajadores- porque el periodo computado para generarla va del 1 de junio al 30 de noviembre. El gasto en pensiones contributivas ha venido creciendo alrededor de un 6% cada mes durante todo el año. Este incremento se explica por la revalorización aprobada para 2024 (del 2,8% de forma general y entre un 6% y un 9% en las mínimas), por las pensiones más elevadas de los nuevos jubilados, la entrada en la edad de retiro de la generación del "baby boom" y el envejecimiento demográfico. En octubre, las nuevas pensiones de jubilación aumentaron un 3,4%, hasta situarse en una media de 1.620,7 euros; en el caso de quienes cotizaron como asalariados, la cuantía ascendió a 1.725,9 euros mensuales. El Ministerio también destaca el aumento del peso de las mujeres entre los perceptores de pensión de jubilación. Aunque los hombres siguen siendo mayoría (60%), la proporción femenina ha crecido 3,4 puntos desde 2019, en línea con su incorporación progresiva al mercado laboral durante las últimas décadas del siglo XX. En noviembre, la pensión media de jubilación fue de 1.728 euros para los hombres y de 1.208 euros para las mujeres. Además, en septiembre había 1.239.169 pensiones con complemento para reducir la brecha de género, de las cuales un 18,3% ya correspondían a hombres, porcentaje que ha ido aumentando tras la sentencia del Tribunal Supremo emitida el pasado julio.

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(El Periódico, 26-11-2025) | Laboral

Los sindicatos piden un incremento del salario mínimo hasta 1.273 euros brutos al mes, un 7,5% más

El Ministerio de Trabajo ha vuelto a reunir este año a una comisión de especialistas para que proponga cuánto debería aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 con el fin de situarlo en el 60% del salario medio. El objetivo es que el SMI no pierda poder adquisitivo ni ritmo de crecimiento respecto al conjunto de las remuneraciones. Sin esperar a la recomendación oficial, los sindicatos hicieron pública este martes su propuesta: UGT y CC OO plantean una subida del 7,5%, lo que situaría el SMI en 1.273 euros brutos mensuales en 14 pagas. Asimismo, han reiterado que no aceptarán un acuerdo si el Gobierno no impide que las empresas compensen la subida absorbiéndola mediante pluses. La iniciativa sindical parte de la previsión de que el SMI empezará a tributar el próximo año, algo que actualmente no sucede. Según sus cálculos, si este salario deja de estar exento de IRPF, tendría que incrementarse un 7,5% para seguir representando el 60% del salario medio neto. Los sindicatos sostienen que ya es momento de que el SMI tribute y, por ello, plantean un aumento de esa magnitud. Una particularidad del encargo que Trabajo ha hecho a los expertos este año es que les ha pedido dos escenarios: uno en el que el SMI tribute y otro en el que continúe libre de IRPF. Este tema ha sido motivo de fricción en los últimos años entre los ministerios de Hacienda y Trabajo. A medida que el SMI gana peso entre los asalariados debido a las fuertes subidas recientes, cada vez más voces apuestan por que deje de estar exento, una posición que coincide con la de las organizaciones sindicales. El departamento que dirige Yolanda Díaz se adelantó a esta discusión solicitando ambas hipótesis. Aunque la vicepresidenta segunda ha manifestado su preferencia por que el SMI no tribute, recordó que la decisión final corresponde al ministerio que dirige María Jesús Montero. Esta postura difiere de la mantenida en ejercicios anteriores, cuando Trabajo defendía con firmeza que el SMI debía seguir sin tributar. Desde 2018, año en el que Pedro Sánchez accedió a la Moncloa, el salario mínimo ha aumentado un 61%. En aquel momento se situaba en 736 euros brutos al mes en 14 pagas; tras la última actualización para 2025 asciende a 1.184 euros, con lo que alcanza, según el Gobierno, el 60% del salario medio. Para calcular la subida adecuada del SMI se tienen en cuenta varias estadísticas oficiales. Una de las principales es la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del INE, cuyo último dato refleja que los salarios empresariales han subido un 2,7% respecto al año anterior, mientras que el coste laboral total crece un 3% interanual en el segundo trimestre. Otra referencia relevante es la estadística de convenios colectivos, que ofrece información salarial con menos desfase temporal. A diferencia de la ETCL, esta no mide los salarios realmente pagados, sino las variaciones en las tablas salariales pactadas. Los datos de octubre indican que estas retribuciones han aumentado un 3,5%, y si se consideran solo los convenios firmados este año, el alza llega al 4,2%. El tercer indicador clave en la negociación es la inflación, que en octubre se situó en el 3,1% interanual.

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(Expansión, 26-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los precios de la vivienda subirán un 7,8% en 2026

La crisis de acceso a la vivienda, que según el CIS se ha convertido en la mayor inquietud de la ciudadanía, sigue sin encontrar solución. En un contexto marcado por medidas intervencionistas del Gobierno -como la limitación de los precios del alquiler, ya aplicada en 300 municipios- la oferta disponible continúa menguando mientras la demanda no deja de aumentar. Como consecuencia, el precio de compraventa cerrará el año con un incremento del 13,7% y seguirá subiendo un 7,8% adicional en 2026. Estas conclusiones proceden de las previsiones presentadas ayer por el portal inmobiliario Pisos.com, que también prevé que el coste del alquiler suba un 10,3% en el conjunto de este año. Aunque el mercado del arrendamiento continuará encareciéndose en 2026, los analistas anticipan una desaceleración de 3,5 puntos, situando el crecimiento en un 6,8%. Esta moderación se atribuye al mayor dinamismo en las compraventas de vivienda usada. "Estamos detectando un repunte de los préstamos entre familiares y de las donaciones para facilitar que los jóvenes compren su primera casa y salgan del circuito del alquiler. Este fenómeno impulsa el número de operaciones de compraventa", explicó ayer Ferrán Font, director de Estudios de Pisos.com, durante la presentación del informe de perspectivas. De hecho, sus cálculos apuntan a que este año las operaciones de compraventa crecerán un 10,8%, hasta acercarse a las 710.000. En 2026, el avance sería del 4,9%, alcanzando unas 745.000 transacciones, niveles que no se veían desde 2007, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria. El interés creciente de los jóvenes por adquirir vivienda -respaldados económicamente por sus familias- y la continua llegada de inmigrantes refuerzan la previsión de que en 2026 la demanda seguirá muy fuerte. "La capacidad para incrementar la oferta a corto plazo es muy limitada, por lo que, aunque el ritmo de subida podría moderarse tras los máximos históricos registrados en muchas capitales, los precios seguirán al alza", añadió Font. Pese a este trasvase de demanda hacia la compraventa, no se espera una bajada en los alquileres. Según el informe, la oferta de vivienda en arrendamiento se ha reducido a la mitad en los dos últimos años debido a la inseguridad que sienten muchos propietarios y a las restricciones impuestas en diversas ciudades. Como consecuencia, numerosos dueños han optado por retirar sus inmuebles del mercado residencial tradicional y orientarlos a modalidades consideradas más seguras o rentables. Font subrayó que "el 90% de los arrendadores son particulares", un perfil que está sustituyendo el alquiler de larga duración por el temporal, una modalidad que en ciudades como Barcelona ya representa el 28% de las viviendas ofertadas. El desequilibrio entre la escasa oferta y la elevada demanda es, según los expertos, el principal motor del encarecimiento. Los precios ya se sitúan en máximos en gran parte del país, especialmente en las grandes capitales. Mientras el Banco de España estima que harían falta más de 700.000 viviendas para absorber toda la demanda, el año cerrará con apenas 137.939 visados de nueva construcción, un 8% más que en 2024. De cara al próximo ejercicio, las perspectivas apenas mejoran: Pisos.com, a partir de los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, calcula que los visados crecerán un 8,2%, hasta rozar las 150.000 unidades.

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(Expansión, 25-11-2025) | Fiscal

Airef no ve margen de déficit para las CCAA

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) criticó ayer la senda de déficit aprobada por el Gobierno la semana pasada y que el Congreso votará este jueves, previsiblemente sin éxito. Según el organismo fiscalizador, la aplicación estricta de las nuevas reglas fiscales de la UE no permite el margen de déficit de 0,1 puntos del PIB que Hacienda plantea para las comunidades autónomas en 2026, por lo que estas deberían aspirar al equilibrio o incluso a un superávit. El Ejecutivo ha vuelto a presentar la misma senda fiscal que el Parlamento ya rechazó el año pasado con el apoyo de PP, Vox y Junts. "Se repite exactamente lo de todos los años: un objetivo de déficit y otro de deuda", reprochó la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, señalando que, tras la reforma europea, el elemento clave de control ya no es ese, sino la regla de gasto. Esta norma establece que en 2026 el gasto público -una vez descontadas las medidas discrecionales de ingresos- no puede aumentar más de un 3,5%. Sin embargo, según la Airef, permitir un déficit autonómico del 0,1% implica que en algunas regiones el gasto computable podría crecer más de un 10%, mientras que otras tendrían que reducirlo. "La senda debe ser coherente con la regla de gasto", insistió Herrero, recordando que su cumplimiento exigiría que las comunidades cerraran 2026 con equilibrio presupuestario o incluso con un pequeño superávit creciente en 2027 y 2028. "Si se prioriza el déficit sobre la regla de gasto, todas las autonomías la incumplirán", advirtió. La Airef también restó importancia a que el Parlamento pudiera volver a rechazar la senda, ya que considera que el verdadero punto de partida del Presupuesto debe ser la regla de gasto. Frente al aviso de Hacienda de que tumbar la senda implicaría imponer el equilibrio presupuestario a las comunidades en virtud de la Constitución -lo que reduciría su capacidad de gasto en 5.500 millones hasta 2028-, la institución recuerda que esa misma exigencia podría aplicarse a la Administración General del Estado, a la que el Gobierno reserva un déficit del 1,8% en 2026. En cualquier caso, la Airef subrayó la necesidad urgente de adaptar el marco fiscal español a las nuevas reglas europeas. Aunque sus efectos prácticos sean limitados, la normativa española vigente es más estricta y requeriría un ajuste de 15.000 millones entre este año y el próximo (12.000 millones en 2025 y 2.600 en 2026). Pese a que Hacienda afirma que la adaptación llegará antes de fin de año mediante dos decretos leyes, la Airef advierte de que será inevitable reformar la ley orgánica, para lo cual el Gobierno -en minoría- podría no contar con los apoyos suficientes. Herrero señaló que el actual marco fiscal nacional es "poco realista, poco creíble y difícil de hacer cumplir". Añadió que algunos de sus aspectos son "inaplicables" y reclamó una reforma que lo convierta en un sistema "sólido, coherente, eficaz y operativo". La regla de gasto española fija límites de aumento del gasto neto del 3,2% en 2025, 3,5% en 2026, 3,4% en 2027 y 3,2% en 2028. En cambio, la regla de gasto europea marca topes del 3,7% este año y del 3,5%, 3,2% y 3% en los años siguientes. Según la Airef, si la regla nacional se hubiera respetado, la deuda pública habría bajado del 101% al 69% en la actualidad, aunque ello habría requerido ajustes adicionales de entre 0,6 y 1,7 puntos de PIB entre 2013 y 2015, unos años marcados por fuertes recortes.

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