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(Expansión, 04-06-2026) | Fiscal

Sánchez intenta blindar la legislatura con el inicio de la tramitación de los Presupuestos de 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró este miércoles su intención de continuar al frente del Ejecutivo a pesar de la complicada situación política derivada de las últimas investigaciones que afectan tanto a miembros de su gabinete como al PSOE. Lo afirmó durante la clausura de la reunión del Círculo de Economía, el foro barcelonés que reúne a empresarios, directivos y académicos. En su intervención, Sánchez anunció además que el Ministerio de Hacienda dará esta misma semana la orden para iniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, al tiempo que apeló al apoyo de sus socios parlamentarios, especialmente Junts y ERC, a los que mencionó en varias ocasiones. El jefe del Ejecutivo señaló que las nuevas cuentas públicas contemplarán un aumento de la inversión destinada a vivienda y defendió que, al término de la legislatura, la deuda pública quedará por debajo del 100% del PIB. Los presupuestos también incorporarán recursos para las comunidades autónomas de régimen común conforme al nuevo sistema de financiación pactado a comienzos de año entre el Gobierno central, la Generalitat presidida por Salvador Illa y ERC. La intención es que el acuerdo sea convalidado en el Congreso tras el verano, aunque el respaldo de Junts resulta clave y, de momento, el partido no muestra predisposición favorable. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado su intención de cumplir los acuerdos alcanzados con ERC y Junts al inicio de la legislatura, pactos que hicieron posible su continuidad en La Moncloa tras las últimas elecciones generales. "Defiendo los acuerdos y la estabilidad que han generado", afirmó durante la clausura de la reunión del Círculo de Economía celebrada en Barcelona. Sánchez hizo una referencia expresa a "los acuerdos de Bruselas", denominación utilizada por PSOE y Junts para el pacto de investidura sellado en otoño de 2023. Con este mensaje, el jefe del Ejecutivo quiso trasladar a Junts su voluntad de recomponer una relación marcada por las tensiones desde el arranque de la legislatura. El apoyo de la formación resulta imprescindible para sacar adelante iniciativas legislativas clave, entre ellas el nuevo modelo de financiación autonómica, respaldado también por la presidenta del Círculo de Economía, Teresa Garcia-Milà. El presidente sostuvo que los acuerdos con partidos nacionalistas e independentistas "están beneficiando al conjunto del Estado", algo que, según indicó, reflejan los actuales datos económicos. Además, mostró su confianza en que la justicia europea avale antes del final de la legislatura la ley de amnistía aprobada hace dos años, lo que abriría la puerta al regreso del expresident catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, que se trasladó a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlament en 2017. Sánchez defendió también que se ha logrado superar la etapa del procés y aseguró que el acercamiento institucional con Cataluña continuará siendo una prioridad para su Gobierno. En esa línea, agradeció al Ejecutivo de Salvador Illa los recientes acuerdos alcanzados en materias como financiación, inversiones y autogobierno.

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(El País, 04-06-2026) | Fiscal

En España hay cada vez más grandes patrimonios

A finales de 2025, 259.700 personas en España disponían de activos invertibles superiores al millón de dólares (unos 860.000 euros al cambio actual), un umbral internacional de referencia que excluye la vivienda habitual, colecciones, bienes de consumo y bienes duraderos. En total, se registraron 13.100 nuevos grandes patrimonios, lo que supone un aumento del 5,3% respecto al año anterior. Además de crecer en número, estas fortunas también incrementaron su volumen de riqueza, hasta alcanzar aproximadamente 672.000 millones de euros, un 6,7% más, según el Informe sobre la Riqueza Mundial 2026 elaborado por el Instituto de Investigaciones de Capgemini y publicado este jueves. España se sitúa en el puesto 14 entre los 25 países con mayor población de alto patrimonio neto, mejorando una posición respecto a 2024. El informe atribuye este incremento principalmente al buen comportamiento de los mercados financieros, el sector bancario y el inmobiliario. El Ibex 35 cerró 2025 con una subida del 49,27%, su mejor resultado desde 1993. En paralelo, la banca cotizada -BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Caixabank y Bankinter- obtuvo un beneficio conjunto de 34.000 millones de euros, un 7% más que el año anterior. El mercado inmobiliario también contribuyó a esta evolución, con un encarecimiento de la vivienda del 12,7%, el mayor incremento de la serie histórica del INE, que arranca en 2007, y el duodécimo ejercicio consecutivo de subida. A estos factores se suma la evolución general de la economía española, que el estudio califica como la más sólida entre las principales economías europeas, impulsada sobre todo por la demanda interna. Además, el déficit público se redujo hasta el 2,4% del PIB en 2025, frente al 3,2% del año anterior, encadenando cinco ejercicios consecutivos de mejora. Según el informe, estos indicadores refuerzan las expectativas positivas entre los grandes patrimonios. En este contexto, Kartik Ramakrishnan, vice consejero delegado de la Unidad Estratégica de Servicios Financieros de Capgemini, destaca que 2025 ha sido un año excepcional por el volumen global de individuos con alto patrimonio y por los activos que gestionan. Añade que estas grandes fortunas cuentan cada vez con un mayor acceso a diferentes clases de activos en múltiples mercados, así como a una oferta más amplia de asesores y servicios especializados que favorecen la optimización de sus inversiones. A nivel global, la tendencia también ha sido de crecimiento. El número de personas con activos superiores al millón de dólares alcanzó los 25,3 millones, dos millones más que en 2024, lo que representa el mayor incremento desde 2018, con un 8,7% de aumento. La riqueza total de este colectivo se situó en 98,3 billones de dólares (84,6 billones de euros). El informe vuelve a señalar el impulso de los mercados bursátiles, especialmente por el auge de la inversión en inteligencia artificial, junto con la moderación de la inflación como factores clave del crecimiento, aunque advierte de que la concentración de la riqueza sigue siendo muy elevada. Por países, Estados Unidos y China lideraron el aumento de grandes fortunas, con 736.000 y 436.000 nuevos individuos respectivamente. En Asia, el crecimiento se atribuye en parte al dinamismo de la demanda de semiconductores en los mercados bursátiles. En Europa, el incremento fue del 6,5%, con Luxemburgo a la cabeza (13,5%), seguido de Alemania (11,1%). En África, el aumento se situó en el 4,3%, impulsado por la subida de los metales preciosos y el buen comportamiento de Marruecos, que registró el mayor crecimiento regional con un 16,8%. En América Latina, el número de grandes patrimonios creció de forma más moderada, mientras que Oriente Próximo fue la única región donde se produjo un descenso del 1,4%, atribuido a la caída de los precios del petróleo.

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(El Economista, 04-06-2026) | Fiscal

El Supremo cierra la puerta a que las parejas de hecho que no están inscritas cobren la pensión de viudedad

El Tribunal Supremo ha confirmado que las parejas de hecho que no hayan formalizado su relación mediante inscripción registral o documento público no podrán acceder a la pensión de viudedad tras el fallecimiento de uno de sus integrantes. En una sentencia dictada el pasado 7 de mayo, el alto tribunal respalda la postura de la Seguridad Social y rechaza conceder la prestación a una mujer que convivió con su pareja entre 2004 y 2022 y con la que tuvo un hijo en común en 2005. La resolución recuerda que la Ley General de la Seguridad Social establece dos condiciones que deben cumplirse simultáneamente para que un miembro de una pareja de hecho tenga derecho a percibir la pensión. La primera es acreditar una convivencia continuada durante al menos cinco años y la segunda consiste en haber inscrito oficialmente la unión en el registro correspondiente de comunidades autónomas o ayuntamientos, o haberla formalizado mediante documento público con una antelación mínima de dos años respecto al fallecimiento. El Supremo explica que la convivencia puede demostrarse a través de diferentes medios, como el empadronamiento u otras pruebas válidas. Sin embargo, subraya que la existencia legal de la pareja de hecho únicamente puede acreditarse mediante su inscripción oficial o mediante documento público, lo que evidencia, según la sentencia, la intención del legislador de limitar el acceso a esta pensión a las uniones formalmente regularizadas. Además, el tribunal recuerda que en 2021 se modificó la Ley General de la Seguridad Social para eliminar el requisito de los cinco años de convivencia cuando la pareja tiene hijos en común. No obstante, se mantuvo intacta la obligación de registrar oficialmente la pareja de hecho para poder acceder a la pensión de viudedad, incluso en esos casos. Por ello, la sentencia concluye que la legislación vigente no permite otra interpretación distinta, ya que hacerlo supondría apartarse de lo que establece expresamente la ley.

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(La Vanguardia, 04-06-2026) | Fiscal

Bruselas alienta a España a revisar el IVA reducido a hoteles y restaurantes

La Comisión Europea señala que España es el país de la Unión Europea que más utiliza las exenciones y tipos reducidos del IVA como herramienta de política fiscal. Así lo recoge el informe semestral sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas de los Estados miembros presentado este miércoles en Bruselas. El documento también advierte de que la pobreza infantil sigue siendo "un desafío importante" en un contexto marcado por elevados niveles de desigualdad. Por ello, entre sus recomendaciones para los próximos Presupuestos -si finalmente llegan a aprobarse-, Bruselas insta al Gobierno a reducir parte de los incentivos y beneficios fiscales actuales para reforzar la sostenibilidad financiera, al tiempo que reclama una redistribución del gasto social entre generaciones para combatir la pobreza infantil. La Comisión ha dado luz verde a que España disponga de mayor margen presupuestario para incrementar el gasto en seguridad, defensa y medidas destinadas a paliar la crisis energética. Tras semanas de negociaciones, Bruselas ha aceptado una flexibilización parcial de las reglas fiscales. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que persisten desafíos relevantes para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas españolas, especialmente en el ámbito tributario. Uno de los aspectos sobre los que pone el foco es el IVA. Según la Comisión, España es el Estado miembro que más recurre a los tipos reducidos y exenciones de este impuesto para desarrollar políticas públicas. Fuentes comunitarias explican que alrededor del 60% de los beneficios fiscales aplicados por la Agencia Tributaria están relacionados con tratamientos preferenciales del IVA. Como ejemplo, Bruselas destaca los tipos reducidos aplicados a la hostelería y al alojamiento turístico, que generan un importante coste presupuestario pese a tener, según el análisis comunitario, un efecto redistributivo limitado. La lógica que sustenta esta valoración es que las rentas más elevadas son también las que realizan un mayor gasto en este tipo de servicios y, por tanto, serían las más afectadas por una eventual subida impositiva. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que mantener el IVA reducido del 10% en la hostelería, en lugar del tipo general del 21%, supone dejar de ingresar alrededor de 7.000 millones de euros anuales. España mantiene ese tipo reducido como parte de una estrategia histórica de apoyo al turismo, aunque no es el único caso en el que se utiliza el IVA como herramienta coyuntural. Durante la crisis energética, el Gobierno aprobó rebajas fiscales sobre determinados productos energéticos y carburantes, medidas que Bruselas cuestionó al considerar que no estaban contempladas en la normativa comunitaria. En contraste con el tratamiento del IVA, la Comisión subraya que la carga fiscal sobre las rentas del trabajo ha aumentado en España en los primeros años de esta década debido a que el IRPF no ha compensado plenamente el efecto de la inflación. Según los datos del informe, los impuestos sobre el trabajo representaban el 48,7% de la recaudación tributaria total en la segunda mitad de la pasada década y ahora alcanzan el 51,8%, ligeramente por encima de la media europea. Además de pedir una revisión de las exenciones fiscales para fortalecer la sostenibilidad presupuestaria, Bruselas recomienda aumentar la oferta de vivienda, continuar aplicando las reformas vinculadas al plan europeo de recuperación, reducir cargas administrativas y afrontar de forma más decidida el problema de la pobreza infantil. En este último punto, la Comisión plantea la necesidad de "reequilibrar el gasto social entre generaciones". Aunque el informe no menciona recortes concretos en partidas como las pensiones o los descuentos al transporte para jubilados, sí deja entrever que reforzar determinadas políticas sociales requerirá redistribuir recursos desde otras áreas del gasto público. El análisis técnico realizado por Bruselas concluye que España cumple actualmente con la senda fiscal pactada gracias a la excepción concedida para incrementar el gasto en defensa, aprobada recientemente por la propia Comisión. Sin esa flexibilidad, el aumento del desembolso en seguridad y armamento habría provocado un incumplimiento de las reglas fiscales en 2025 equivalente a una décima del PIB, unos 1.600 millones de euros. Aun así, la Comisión mantiene que España podría volver a desviarse de los objetivos de ajuste este año, pese a que continúen reduciéndose tanto el déficit como la deuda pública. Con las nuevas reglas fiscales europeas, el indicador clave pasa a ser el gasto público neto, que excluye partidas extraordinarias como prestaciones por desempleo o gastos derivados de catástrofes naturales, como las reparaciones por la dana en Valencia. En cualquier caso, Bruselas prevé ampliar próximamente el margen fiscal de los Estados miembros gracias a la nueva flexibilidad anunciada para financiar durante los próximos tres años inversiones destinadas a acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Esa posibilidad permitiría movilizar un gasto acumulado equivalente al 0,6% del PIB.

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(El Confidencial, 04-06-2026) | Fiscal

La Audiencia Nacional para los pies a la inspección de Hacienda por las deducciones tecnológicas

Hacienda ha sufrido un nuevo revés judicial en torno a las deducciones fiscales por actividades de I+D+i. Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional vuelve a limitar la capacidad de la Agencia Tributaria para impedir la aplicación de estos incentivos fiscales cuando los proyectos ya habían sido previamente validados por el Ministerio de Ciencia. El fallo, al que ha tenido acceso El Confidencial, sigue la línea marcada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y deja claro que la Agencia Tributaria no puede cuestionar inversiones que ya cuentan con la calificación técnica favorable del Ministerio de Ciencia. Con esta interpretación, la Audiencia refuerza la seguridad jurídica de las empresas que han aplicado estas deducciones desde 2015, al impedir que la inspección tributaria revise posteriormente la naturaleza innovadora de los proyectos. No obstante, la sentencia sí reconoce que Hacienda mantiene competencias para comprobar los aspectos económicos vinculados a la deducción. Entre ellos figuran la correcta justificación de los gastos, la trazabilidad de los pagos, su adecuada imputación contable y la relación efectiva de esos costes con el proyecto declarado. En los últimos años, la Agencia Tributaria había intensificado el control sobre este tipo de beneficios fiscales, cuestionando especialmente si determinados proyectos podían considerarse realmente actividades de investigación, desarrollo o innovación tecnológica. Una parte relevante de esas inspecciones se ha centrado en proyectos relacionados con el desarrollo de software, cuya consideración como actividad susceptible de deducción ha sido objeto de frecuentes discrepancias. La Audiencia Nacional sostiene ahora que esa valoración técnica no corresponde a la inspección tributaria cuando existe un informe motivado vinculante emitido por el Ministerio de Ciencia. La resolución aplica el principio de "respeto a los actos propios" de la Administración, según el cual un órgano administrativo no puede contradecir el criterio previamente adoptado por otro órgano competente de la propia Administración. En este sentido, el tribunal considera que Hacienda no puede revisar libremente la naturaleza de proyectos que ya han sido reconocidos oficialmente como actividades con derecho a deducción por innovación tecnológica. Aunque la sentencia todavía puede ser recurrida en casación, la Audiencia determina inicialmente que la Agencia Tributaria deberá devolver a la empresa afectada las cantidades correspondientes a la deducción que le había sido rechazada. La resolución supone un nuevo límite a la intención de Hacienda de revisar los informes emitidos por el Ministerio de Ciencia y delimita con mayor claridad el papel de la Agencia Tributaria, que queda circunscrito al control económico y documental de las deducciones aplicadas. Desde Fi Group by EPSA, consultora que ha participado en el procedimiento judicial, destacan que el fallo contribuye a consolidar un marco más claro para la aplicación de los incentivos fiscales vinculados a la I+D+i. Según apuntan, la sentencia refuerza la seguridad jurídica de las empresas respecto a la calificación técnica de sus proyectos y delimita el alcance de las facultades de comprobación de la Administración tributaria. En los últimos meses, la actividad inspectora de Hacienda ya había comenzado a centrarse principalmente en la revisión económica de los proyectos tecnológicos. El foco se sitúa ahora en la justificación de los gastos asociados, incluyendo costes de personal, recursos empleados y otros desembolsos vinculados al desarrollo de las actividades declaradas. La sentencia de la Audiencia Nacional refuerza además la importancia de que las compañías obtengan el correspondiente informe motivado vinculante para sus proyectos de innovación. Contar con este documento reduce considerablemente la capacidad de Hacienda para cuestionar el contenido técnico del proyecto y limita la inspección a la verificación de los gastos deducidos.

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(Cinco Días, 04-06-2026) | Laboral

La industria militar española busca talento a golpe de talonario: el sueldo medio supera ya los 80.000 euros

La invasión rusa de Ucrania y el posterior repliegue estratégico de Estados Unidos, que ha instado a Europa a asumir un mayor peso en su propia defensa, han impulsado un fuerte crecimiento de la industria militar en el continente. Ante la previsión de importantes contratos públicos en los próximos años -algunos ya en marcha-, las empresas del sector han visto revalorizarse su actividad en bolsa y están ampliando su capacidad para responder a la creciente demanda de los Estados. En el caso de España, el Gobierno elevó el gasto en defensa hasta el 2% del PIB durante el último año, acompañado de grandes adjudicaciones como los nuevos sistemas de artillería sobre ruedas y cadenas, asignados a Indra y Escribano por un importe conjunto de 7.240 millones de euros; el desarrollo de un sistema de formación para pilotos de cazas y un nuevo avión de entrenamiento, encargado a Airbus y Turkish Aerospace por 2.600 millones; o la modernización de las fragatas F-100 de Navantia, con un presupuesto de 3.200 millones. Este incremento de la inversión pública ha reforzado las expectativas de contratación en un sector que ya registra una retribución media bruta superior a los 80.000 euros, según el informe "Diagnóstico del sector industrial de la defensa y seguridad en España", elaborado por UGT y CC OO con el apoyo de Confemetal. Esta cifra más que duplica el salario medio del sector servicios. El estudio también señala como debilidad la baja presencia de mujeres, que representan solo el 20,6% del empleo, casi ocho puntos por debajo de la media industrial nacional. El informe estima que la industria de defensa emplea actualmente a 36.000 trabajadores directos, 37.000 indirectos y alrededor de 15.000 empleos inducidos, es decir, los generados por el consumo de estos trabajadores en la economía. Sin embargo, advierte de la falta de perfiles cualificados, lo que podría convertirse en un obstáculo para el crecimiento del sector. La elevada complejidad tecnológica en áreas como defensa, espacio, electrónica o simulación está incrementando la demanda de ingenieros, especialistas digitales y perfiles STEM, en un contexto de fuerte competencia con grandes grupos industriales europeos. A este desafío se suma la necesidad de afrontar un relevo generacional significativo. Según el informe, el conjunto de la industria del metal deberá cubrir alrededor de 350.000 puestos en los próximos años, en parte debido a la jubilación de unas 240.000 personas en la próxima década, muchas de ellas vinculadas también al sector de defensa. Desde UGT se subraya que se trata de una industria que no solo genera empleo cualificado y de calidad, sino que también puede ejercer un efecto tractor sobre la innovación tecnológica y el conjunto del tejido industrial español. El sindicato advierte, no obstante, de que el principal reto será formar, atraer y retener el talento necesario, en un mercado donde la competencia internacional por estos perfiles ya es elevada y seguirá intensificándose.

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(El País, 04-06-2026) | Laboral

Las medidas para contener el alza de bajas laborales encallan: el Gobierno intenta sumar a la patronal a un pacto de mínimos

El aumento de las bajas laborales desde la pandemia y el elevado coste que generan tanto para las empresas como para el sistema público se ha convertido en una preocupación creciente para el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Con el objetivo de intentar contener esta situación -que afecta cada año a entre el 30% y el 50% de los trabajadores y supone un gasto superior a los 30.000 millones de euros para la Seguridad Social y las compañías- el Ejecutivo abrió hace meses una mesa de diálogo social para negociar medidas orientadas a mejorar la gestión de las incapacidades temporales y reducir su impacto. Sin embargo, tras numerosas reuniones durante el último año, las conversaciones se encuentran prácticamente bloqueadas. Los sindicatos mantienen la expectativa de que el Gobierno impulse algunas de las mejoras mediante un real decreto. Mientras tanto, el Ejecutivo trata de atraer a la patronal a un posible acuerdo, aunque las organizaciones empresariales consideran que las propuestas planteadas hasta ahora son insuficientes y no están dispuestas a respaldar un pacto que califican de poco ambicioso. Según sostienen, las iniciativas actualmente sobre la mesa no servirán para resolver un problema que consideran estructural. Desde que el Gobierno presentó en octubre un primer borrador articulado, la negociación ha ido perdiendo intensidad. Con el paso de los meses, además, se han ido descartando las medidas que podían tener un mayor alcance, especialmente aquellas relacionadas con el papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y el refuerzo del control de las bajas por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El primer gran frenazo llegó en marzo, cuando los sindicatos decidieron suspender temporalmente las conversaciones hasta que el Ejecutivo resolviera dos cuestiones pendientes derivadas del anterior acuerdo sobre pensiones. Ante esta situación, la Seguridad Social se comprometió a elaborar un real decreto que incluyera una de esas demandas -la regulación de la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones públicas- junto con algunas medidas para mejorar la gestión de las bajas. Sin embargo, el texto aún no ha sido aprobado. Según distintas fuentes, una de las razones es que el Gobierno busca el respaldo de la patronal para facilitar su posterior tramitación parlamentaria, especialmente después de que el PP anunciara en otras ocasiones su rechazo a iniciativas laborales sin consenso social. Entre las medidas que previsiblemente incorporará el futuro decreto figura la creación de una prestación específica para pacientes oncológicos, con mejores condiciones desde el inicio del proceso y la posibilidad de reincorporación parcial al trabajo tras el alta médica, siempre que exista acuerdo entre el médico y el paciente. Otra de las novedades permitiría que los médicos de atención primaria pudieran conceder la baja únicamente para una actividad concreta en casos de trabajadores con varios empleos o actividades profesionales. Además, se prevé ampliar el acceso a la pensión de viudedad para parejas no registradas oficialmente como parejas de hecho, siempre que tengan hijos en común y acrediten convivencia. La exclusión de las reformas más controvertidas relacionadas con las mutuas o con el control de las incapacidades temporales facilita el apoyo sindical al decreto, pero provoca el rechazo de la patronal. Los empresarios consideran que las medidas planteadas son demasiado limitadas y que no ayudarán a reducir el aumento de las bajas laborales si no se incorporan cambios más profundos. Desde CEOE sostienen además que el respaldo empresarial no debería ser imprescindible, ya que buena parte de las medidas relativas a la gestión de las bajas podrían aprobarse por otras vías normativas sin necesidad de recurrir a un decreto ley sometido a votación parlamentaria. Por ello, han pedido al Gobierno que saque adelante estas iniciativas mediante otros mecanismos para evitar verse obligados a respaldar públicamente un paquete que consideran insuficiente. Mientras tanto, las negociaciones continúan aunque con una actividad mucho menor. La mesa tripartita, que llegó a reunirse semanalmente, lleva cerca de un mes sin convocarse. Pese a ello, desde la Seguridad Social aseguran que el decreto terminará aprobándose, aunque sin precisar plazos. Paralelamente, el Gobierno está impulsando algunas actuaciones que no requieren cambios legislativos ni acuerdos con los agentes sociales. Entre ellas destaca la reciente instrucción enviada por el INSS a través de CEOE para recordar a las empresas que deben completar obligatoriamente la información relativa al puesto de trabajo y las funciones del empleado cada vez que reciben un parte de baja médica. El objetivo es facilitar a los médicos una mejor valoración sobre la capacidad real del trabajador para desempeñar sus tareas. La Seguridad Social también trabaja en un convenio con los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas para que los médicos de la sanidad pública puedan consultar datos laborales relevantes de los trabajadores en situación de incapacidad temporal. El acuerdo ya ha sido firmado por varias comunidades y continúa tramitándose en el resto. Además, el INSS ha iniciado la revisión del Manual de tiempos óptimos de incapacidad temporal, una guía técnica utilizada por los médicos de atención primaria para orientar el seguimiento y control de las bajas médicas y cuya última actualización se realizó en 2017. En este contexto, los interlocutores sociales asumen que a corto plazo no habrá una reforma profunda de la gestión de las bajas laborales debido a la complejidad política y social del momento. Sin embargo, ninguna de las partes descarta retomar las negociaciones más adelante. La patronal lamenta especialmente que hayan quedado fuera de la negociación algunas de sus principales demandas, como que el INSS asuma el control de los trabajadores que acumulan varias bajas en un mismo año. Esta propuesta también fue planteada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que calculó que el 25% de los trabajadores concentra el 55% de los procesos de incapacidad temporal. Tampoco prosperarán por ahora otras reivindicaciones históricas de los empresarios, como permitir que los médicos de las mutuas concedan altas médicas, que la Seguridad Social asuma el coste salarial y de cotizaciones de los trabajadores durante parte de la baja o que el sistema público cubra las cotizaciones sociales de los procesos de larga duración. Por su parte, los sindicatos también han renunciado temporalmente a algunas de sus principales reclamaciones, entre ellas la de convertir completamente en pública la gestión y dirección de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, que actualmente mantienen una estructura privada aunque desempeñan funciones públicas.

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(El Economista, 04-06-2026) | Laboral

El Gobierno divulgará la brecha salarial de género de las empresas de más de 100 empleados

La Comisión Europea aprobó hace tres años una nueva normativa destinada a reforzar las obligaciones empresariales en materia de igualdad salarial y reducir la brecha retributiva entre hombres y mujeres. Se trata de la directiva de transparencia salarial, cuya transposición al ordenamiento español acaba de iniciar el Gobierno y que obligará a las empresas con más de 100 empleados a remitir información sobre sus diferencias salariales por género a un organismo público. Estos datos serán publicados posteriormente en una plataforma accesible para facilitar comparaciones entre compañías del mismo sector y territorio. La norma europea, que España debe incorporar cuanto antes para evitar posibles sanciones similares a las que ya afronta por el retraso en la aplicación de la directiva de condiciones laborales, establece que las empresas con plantillas superiores a las 100 personas tendrán que informar periódicamente sobre hasta seis indicadores relacionados con la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres. Entre ellos figuran la brecha salarial general, las diferencias en complementos y retribuciones variables, la mediana de esas diferencias, el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que perciben pagos adicionales y la distribución de hombres y mujeres dentro de cada tramo salarial de la empresa. No obstante, el texto comunitario permite que cada Estado miembro rebaje el umbral de empleados a partir del cual se aplica esta obligación. En España, las medidas implantadas en 2020 sobre igualdad salarial ya afectan a empresas de más de 50 trabajadores, por lo que expertos en recursos humanos consideran posible que el Ministerio de Trabajo adopte ese mismo criterio en la nueva regulación. Toda la información será recopilada por un "organismo de seguimiento", que previsiblemente dependerá de los ministerios de Igualdad o Trabajo, y deberá publicarse en un formato sencillo y accesible que permita comparar datos entre empresas, sectores y regiones. Además, la normativa obliga a conservar visibles los datos correspondientes a los cuatro años anteriores. Las compañías con más de 250 empleados deberán remitir esta información anualmente, mientras que las de menor tamaño lo harán cada tres años. Luis Rodríguez Sacristán, director de Innovación y Transformación Digital de Compensa Capital Humano, considera que esta medida tendrá un importante impacto reputacional para las empresas, ya que quedarán expuestas públicamente a través de datos agregados que permitirán detectar posibles desigualdades internas. A su juicio, esta información podría influir tanto en las decisiones de candidatos como en las de trabajadores que estén valorando abandonar una compañía con peores indicadores que otras del mismo sector. Por su parte, Verónica Lande, responsable de Organization and Strategy de Michael Page, cree que la repercusión será mayor sobre las propias empresas que sobre empleados o aspirantes. Según explica, las compañías estarán obligadas a desarrollar planes para corregir las diferencias salariales injustificadas, ya que la directiva rebaja del 25% al 5% el margen permitido para justificar brechas salariales mediante criterios objetivos. Los expertos consultados coinciden en que la aplicación de esta normativa transformará la cultura organizativa de las empresas, que tendrán que justificar con mayor claridad las diferencias salariales, definir criterios objetivos para asignar complementos y retribuciones variables y establecer políticas transparentes sobre revisiones salariales y bandas retributivas. Además, quedará prohibido preguntar a los candidatos por el sueldo que percibían en su empleo anterior. Estas cuestiones también fueron abordadas en la jornada "Negociación colectiva y salarios: absentismo, transparencia retributiva y extranjería", organizada recientemente por la Asociación de Dirección de Relaciones Laborales (ADiReLab). Durante el encuentro, Rodríguez Sacristán defendió que ordenar y clarificar las políticas salariales podría contribuir a reducir el absentismo laboral al generar mayor confianza entre los trabajadores y disminuir situaciones de malestar interno. España volverá previsiblemente a incumplir el plazo fijado por Bruselas para adaptar esta directiva a su legislación nacional. Aunque el país parte de una situación más avanzada que otros socios europeos, el Ministerio de Trabajo apenas ha iniciado el proceso mediante una consulta pública dirigida a los agentes interesados. Esta misma semana, el departamento anunció que espera disponer de un borrador en las próximas semanas para negociarlo con sindicatos y patronal, aunque todavía no se conocen los detalles concretos de la futura norma. La Comisión Europea aún no ha publicado un informe sobre el grado de cumplimiento de los distintos países, ya que el plazo de transposición todavía no ha expirado oficialmente. Sin embargo, un análisis elaborado por la consultora Trusaic señala que solo Lituania, Eslovaquia e Italia habrían completado ya el proceso. Otros países, como Francia, Irlanda o Polonia, han presentado borradores iniciales, mientras que Alemania se encuentra en una fase similar a la española. En contraste, Portugal o Hungría ni siquiera habrían iniciado formalmente los trabajos. A pocas horas de que concluya el plazo concedido por Bruselas, la mayoría de los Estados miembros sigue lejos de culminar la adaptación de esta directiva. No obstante, la normativa fija que en 2031 todos los países deberán informar a la Comisión Europea sobre el grado de cumplimiento y los efectos de la medida. Dos años después, Bruselas elaborará un informe para el Parlamento Europeo y el Consejo basado en los datos aportados por las empresas y la evolución de la brecha salarial.

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(El Confidencial, 04-06-2026) | Laboral

EEUU plantea aranceles del 10% o 12,5% para 60 socios por fallos sobre el trabajo forzoso

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha planteado imponer aranceles adicionales del 10% o del 12,5% a productos procedentes de 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, Reino Unido y China, al considerar insuficientes sus medidas contra el comercio de bienes fabricados mediante trabajo forzoso. "El hecho de que nuestros principales socios comerciales no frenen la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso es inaceptable. Esto obliga a los trabajadores estadounidenses a competir en desventaja en los mercados internacionales", afirmó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El pasado 12 de marzo, la USTR abrió 60 investigaciones amparadas en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para analizar si distintas economías estaban aplicando de forma efectiva prohibiciones a la importación de mercancías producidas bajo condiciones de trabajo forzoso. Tras concluir esas pesquisas, el organismo estadounidense determinó que los países investigados no están actuando de manera adecuada ni eficaz para impedir la entrada de este tipo de bienes, una situación que, según Washington, perjudica al comercio de Estados Unidos y permite adoptar represalias comerciales bajo la citada normativa. En concreto, Estados Unidos considera que Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán no están aplicando correctamente las restricciones a la importación de productos vinculados al trabajo forzoso. Además, sostiene que otras 54 economías -entre ellas China, India, Japón, Brasil, Australia, Reino Unido, Suiza, Corea del Sur, Arabia Saudí, Sudáfrica o Vietnam- ni siquiera cuentan con mecanismos eficaces para prohibir o controlar estas importaciones. Como consecuencia, la USTR propone aplicar nuevos gravámenes a todos los productos procedentes de las 60 economías investigadas. La propuesta distingue entre dos niveles de recargo. Los países que ya disponen de alguna normativa contra las importaciones vinculadas al trabajo forzoso, o que se han comprometido a implantarla mediante acuerdos comerciales recíprocos, afrontarían un arancel adicional del 10%. En cambio, para el resto de economías la subida sería del 12,5%. Greer defendió que Washington no seguirá tolerando lo que considera una situación de competencia desleal. Aunque reconoció que algunos socios han empezado a tomar medidas, insistió en que todos deben reforzar sus controles para evitar que el comercio internacional siga favoreciendo prácticas laborales abusivas.

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(El Confidencial, 04-06-2026) | Laboral

Una de cada cuatro pymes busca trabajadores en el extranjero porque no encuentra en España

España es, junto con Finlandia, el único país de la Unión Europea con una tasa de paro de dos dígitos, superior al 10%. Aunque el mercado laboral español atraviesa un periodo de creación de empleo, la reducción del desempleo se ha ralentizado en los últimos meses. Además, el país mantiene cerca de un millón de parados de larga duración que no consigue reinsertar en el mercado laboral. En paralelo, muchas empresas están recurriendo a la contratación en el extranjero ante las dificultades para cubrir vacantes en territorio nacional. De acuerdo con el Eurobarómetro de la Comisión Europea, un 26% de las pymes españolas ha intentado recientemente contratar trabajadores fuera de España. Este dato refleja claramente el desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra en el mercado laboral. El problema se hace aún más evidente si se tiene en cuenta que un 38% de las pequeñas y medianas empresas reconoce tener dificultades para encontrar perfiles adecuados a sus necesidades. Esta situación generalizada muestra que el desajuste afecta a múltiples sectores de la economía. Una parte relevante de los desempleados de larga duración no encaja con los perfiles que demandan las empresas, lo que pone de manifiesto que el problema no es únicamente cuantitativo, sino también de cualificación y condiciones laborales. En algunos sectores de menor valor añadido, las ofertas de empleo no alcanzan las expectativas mínimas de los candidatos, lo que contribuye a que muchas vacantes queden sin cubrir. De hecho, más de la mitad de las empresas que buscan personal en el extranjero lo hacen fuera de la Unión Europea. En concreto, el 58% recurre a mercados extracomunitarios, mientras que el 42% busca dentro de la UE. Esta estrategia permite cubrir puestos sin tener que elevar las condiciones laborales en el mercado interno, especialmente en empleos menos cualificados, mientras que para perfiles técnicos o especializados se recurre con mayor frecuencia a países europeos. El perfil más demandado por las pymes españolas en el exterior es el de trabajadores del sector de la construcción con formación o experiencia, que representan el 28% de las contrataciones internacionales. Este sector es precisamente uno de los más afectados por la falta de mano de obra, lo que también impacta en la capacidad de desarrollar vivienda en España. A ello se suman otros perfiles como fontaneros, instaladores de sistemas térmicos y de climatización, así como ingenieros civiles y otros profesionales técnicos necesarios para sostener la actividad constructora. La contratación en el extranjero también está impulsando el fenómeno migratorio vinculado al empleo, es decir, la llegada de trabajadores con contrato previo, un modelo ampliamente respaldado en el debate político. Según la Encuesta de Población Activa, la tasa de paro entre extranjeros continúa descendiendo a pesar del aumento de la inmigración, ya que una parte significativa encuentra empleo rápidamente tras su llegada. En 2025, el desempleo entre la población extranjera se redujo hasta el 15,4%, su nivel más bajo desde 2007.

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