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(El Economista, 12-02-2026) | Fiscal

La Autoridad que fiscaliza las cuentas públicas se queda sin presidente por la falta de consenso político

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), principal organismo encargado de vigilar la evolución de las cuentas públicas, se encamina de forma inminente hacia una etapa de interinidad. Su presidenta, Cristina Herrero, concluye en poco más de dos semanas un mandato de seis años que no admite prórroga. Sin embargo, según diversas fuentes, el Gobierno todavía no ha puesto en marcha el complejo procedimiento para elegir a su sustituto, en buena medida por las dificultades para recabar los apoyos necesarios. Así, a partir del 3 de marzo, la institución deberá quedar bajo una presidencia en funciones. Desde el Ministerio de Hacienda señalan que el relevo definitivo "se abordará en su momento", sin precisar plazos. Mientras tanto, los estatutos del organismo establecen el mecanismo para cubrir la vacante. La AIReF no dispone de una Vicepresidencia formal, por lo que la sustitución recae en el responsable de la División de Análisis Presupuestario, que asume el cargo de manera provisional. En esta ocasión, esa responsabilidad correspondería, por tiempo indefinido, a Ignacio Fernández-Huertas. No es la primera vez que la Autoridad Fiscal atraviesa una situación similar. La propia Herrero ejerció como presidenta interina a comienzos de 2020, cuando José Luis Escrivá abandonó el organismo para incorporarse al Gobierno como ministro de Inclusión y Seguridad Social. Entonces, su nombramiento definitivo fue rápido y contó con un amplio consenso, hasta el punto de ser ratificada por unanimidad en el Congreso. El escenario actual, sin embargo, se presenta más complejo. La elección de quien encabece la AIReF exige un perfil de elevada cualificación técnica y reconocido prestigio, pero también superar un exigente trámite parlamentario en un contexto político fragmentado. El candidato debe ser propuesto por el Ministerio de Hacienda y comparecer ante la Comisión correspondiente del Congreso, donde necesita el respaldo de la mayoría absoluta de sus 37 miembros. Con la composición actual, bastaría que uno de los socios del Ejecutivo retirase su apoyo para frustrar la designación. Además, entre algunos aliados del Gobierno existe malestar por la falta de comunicación sobre posibles candidatos y por la ausencia de negociaciones, pese a la inminencia de la salida de Herrero. Si el nombramiento no prosperara en el Congreso, podría intentarse en la Comisión de Hacienda del Senado, donde bastaría una mayoría simple. No obstante, el Partido Popular controla la Cámara Alta, lo que facilitaría un eventual bloqueo. La interinidad llegaría en un momento especialmente delicado, cuando la función supervisora de la AIReF resulta más relevante que nunca. El Congreso dispone de menos capacidad de control debido a las sucesivas prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado y al recurso frecuente a ampliaciones de crédito que no requieren su aprobación. En este contexto, la AIReF continúa fiscalizando el gasto, aunque Herrero ha denunciado reiteradamente la limitada información que recibe del Ejecutivo. Asimismo, el organismo ha asumido un papel activo en debates económicos de gran alcance, como el aumento del absentismo por incapacidad temporal. En una reciente comparecencia, la propia Herrero apuntó que su sucesor debería contar con alta preparación técnica y, además, comprender y compartir el proyecto institucional. A su juicio, si se atiende a esos requisitos, convendría "mirar dentro de la casa". En su balance final tras seis años al frente de la entidad, destacó que la AIReF se ha consolidado como un referente de independencia, aunque lamentó que la Administración no haya aprovechado plenamente su potencial.

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(Expansión, 12-02-2026) | Laboral

La ineptitud sobrevenida no justifica el despido sin ofrecer alternativas

Una empresa no puede extinguir el contrato de un trabajador por ineptitud sobrevenida sin haber intentado previamente adaptar su puesto o buscar una recolocación adecuada. Así lo ha establecido la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que en diciembre estimó el recurso de casación presentado por un empleado y declaró improcedente su despido al no haberse demostrado que la empresa intentara antes una readaptación o la asignación a un puesto compatible con su situación. El caso parte del despido de un teleoperador con contrato indefinido a tiempo parcial. Tras permanecer dos años en situación de incapacidad temporal, el servicio de prevención de la empresa lo declaró "no apto" para su puesto. Con base en ese informe, la compañía justificó la extinción del contrato por ineptitud sobrevenida. En un primer momento, el Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid consideró el despido improcedente y condenó a la empresa a elegir entre readmitir al trabajador con el abono de los salarios dejados de percibir o indemnizarlo. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó esa sentencia y declaró procedente el despido, al entender que el informe del servicio de prevención era suficiente para acreditarlo. El Tribunal Supremo corrige ahora ese criterio y precisa que no basta con acreditar la ineptitud sobrevenida. La empresa debe probar también que trató de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo, ofrecer una recolocación acorde con las limitaciones del trabajador o, en su caso, justificar que tales medidas suponían una carga excesiva. Esta interpretación se fundamenta en el Estatuto de los Trabajadores y en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que refuerzan la protección de las personas con discapacidad y exigen evitar la extinción automática del contrato sin explorar alternativas. Con esta resolución, el alto tribunal consolida la obligación empresarial de priorizar la adaptación laboral antes de acudir al despido por ineptitud sobrevenida, en coherencia con los principios de igualdad y no discriminación.

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(Expansión, 12-02-2026) | Laboral

El empleo de EEUU crece con fuerza y rebaja las previsiones de recortes de tipos

La economía de Estados Unidos generó 130.000 puestos de trabajo en enero, una cifra que superó ampliamente las previsiones y que apunta a una recuperación del mercado laboral tras varios informes poco alentadores. El dato, difundido el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), casi duplicó los 68.000 empleos que esperaban los economistas consultados por Bloomberg y también quedó muy por encima de los 48.000 creados el mes anterior, cifra que además fue revisada a la baja. Tras conocerse el informe, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, ya que los inversores redujeron sus expectativas de recortes de tipos de interés para este año. El interés del bono a dos años -especialmente sensible a la política monetaria- avanzó 0,08 puntos porcentuales hasta el 3,55%, su nivel más alto en una semana. En el mercado de futuros, los operadores pasaron de prever entre dos y tres bajadas de tipos antes de diciembre a descontar únicamente dos. Por su parte, la tasa de desempleo descendió levemente hasta el 4,3%. El sólido arranque del año sorprendió a los mercados, dado que informes recientes apuntaban a un debilitamiento del empleo, con más despidos, menos vacantes y un aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo. Stephen Brown, de Capital Economics, calificó el informe como "claramente sólido" y señaló que la amplia dispersión de previsiones previas demuestra que prácticamente nadie anticipó el resultado final. Durante 2025, la creación de empleo se había moderado con fuerza tras años de crecimiento intenso. De hecho, datos publicados la semana anterior sugerían un mayor deterioro, con más recortes de plantilla y menos ofertas laborales. Sin embargo, las cifras de enero refuerzan la postura del presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, quien recientemente sostuvo que el mercado laboral mostraba señales de "estabilización" cuando el banco central decidió pausar los recortes de tipos el mes pasado. El incremento del empleo en enero se concentró en los sectores sanitario, de asistencia social y de la construcción, mientras que se registraron descensos en finanzas y en la administración federal. Desde la Casa Blanca se había anticipado un posible resultado más débil. Peter Navarro, principal asesor comercial de Donald Trump, afirmó el martes que era necesario rebajar de forma significativa las expectativas sobre la cifra mensual. No obstante, tras conocerse los datos, el Consejo de Asesores Económicos destacó en redes sociales que el informe superó con creces lo previsto. Las cifras oficiales contrastan con algunos indicadores privados recientes. Challenger Gray & Christmas informó que los recortes de empleo en enero fueron los más elevados para ese mes desde 2009. Asimismo, la empresa de nóminas ADP estimó que solo se habían creado 22.000 puestos de trabajo. Según Ian Lyngen, de BMO Capital Markets, los datos privados ofrecían una imagen distinta a la publicada finalmente por el Gobierno. La BLS también revisó a la baja la creación de empleo del año anterior, que pasó de 584.000 a 181.000 puestos en términos desestacionalizados, lo que confirma la fuerte desaceleración experimentada en 2025. Además, el nivel de empleo correspondiente a marzo de 2025 se redujo en 898.000 puestos dentro del proceso anual de revisión estadística. Algunos analistas advierten de que persisten riesgos para el mercado laboral y de que los efectos estacionales podrían estar distorsionando la tendencia real. Thomas Simons, de Jefferies, señaló que no es especialmente optimista respecto a las perspectivas a corto plazo y apuntó que los datos recientes de solicitudes de subsidio sugieren que el impulso estacional podría estar agotándose. La publicación del informe, prevista inicialmente para la semana anterior, se retrasó debido al reciente cierre parcial del Gobierno federal.

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(El Confidencial, 12-02-2026) | Laboral

El ingreso real per cápita de los hogares en la OCDE aumenta un 0,3%, mientras que el crecimiento del PIB real per cápita es del 0,5%

El malestar social cuenta con fundamentos objetivos, al menos si se analizan los ingresos de los hogares. Así lo señala la OCDE con datos hasta el tercer trimestre del pasado año, que reflejan que el crecimiento de la renta real per cápita de las familias en los países del G7 se ha frenado. De hecho, en buena parte de las principales economías avanzadas incluso se observa un retroceso. La explicación principal, según el organismo, es el débil avance de la remuneración de los asalariados, que está creciendo por debajo del PIB real, es decir, descontando la inflación. En el tercer trimestre de 2025, la renta real per cápita de los hogares en el conjunto de la OCDE aumentó un 0,3%, mientras que el PIB real per cápita lo hizo un 0,5%. En otras palabras, la economía crece más que los salarios, lo que ayuda a entender parte de la inestabilidad política en varios países desarrollados: la mejora macroeconómica no se traduce plenamente en mayores ingresos laborales. De los 20 países con información disponible, once registraron aumentos en la renta real de los hogares, ocho sufrieron descensos -entre ellos varias de las grandes economías- y uno permaneció estable. En el caso del G7, el crecimiento se paralizó y predominan las caídas. Dentro de este grupo, Reino Unido experimentó el mayor retroceso, con un descenso del 0,8% en el tercer trimestre de 2025, debido sobre todo al incremento de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, mientras que el PIB per cápita no mostró variación. En Francia y Canadá, la renta real por habitante también disminuyó, un 0,3% y un 0,1% respectivamente, en un contexto de repunte de precios, aunque el PIB per cápita avanzó un 0,4% y un 0,5%. Esta divergencia entre el comportamiento del PIB y el de la renta familiar tiene relación, entre otros factores, con la productividad y con los flujos migratorios: si la producción total aumenta pero también lo hace la población, el crecimiento no siempre se refleja en mayores ingresos individuales. En el caso de España, la OCDE indica que, tomando como base 100 el cuarto trimestre de 2022, la remuneración de los asalariados ha alcanzado el 115%, por encima de Estados Unidos (109%) e Italia (111%), aunque por debajo de Reino Unido (123%) y Hungría (127%). Además, el incremento salarial ha superado al del PIB real, que desde el inicio de la crisis financiera -cuando se situaba en 100 en 2007- ha ascendido hasta 110. Es decir, las nóminas han crecido cinco puntos más que la producción en términos reales, en gran medida por las subidas del salario mínimo desde 2019. No obstante, entre 2009 y 2019 el salario real descendió un 2,5%, según un estudio de Fedea elaborado por los profesores Ferri y Boscá. El estancamiento de los salarios reales no es un fenómeno reciente. Tras los impactos de la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020, las economías avanzadas no han logrado una recuperación significativa de los ingresos laborales. Estos han crecido incluso por debajo de las modestas mejoras de productividad y, por supuesto, del PIB. La OCDE subraya que, aunque los salarios nominales aumentaron con fuerza en 2023 y 2024, en el primer trimestre de 2025 los salarios reales seguían un 4,2% por debajo de los niveles del primer trimestre de 2021. España se sitúa así en línea con la evolución de la zona euro, pero por detrás de la mayoría de las grandes economías de la organización. Australia, eso sí, registró una caída más acusada de los salarios reales en ese mismo periodo. En Estados Unidos, la inflación también ha erosionado la renta real per cápita, que retrocedió un 0,1%, poniendo fin al periodo más prolongado de crecimiento continuo tras la pandemia dentro de la OCDE, iniciado en el tercer trimestre de 2022. Mientras tanto, el PIB real per cápita estadounidense crece a un ritmo del 0,9%. Italia presenta una evolución distinta, con un aumento del 1,7% en la renta real por habitante, impulsado por mayores salarios y rentas netas de la propiedad. Alemania también registró un incremento del 0,5%, apoyado principalmente en la mejora de la remuneración de los trabajadores. Entre otros países de la OCDE, Hungría destacó con el mayor crecimiento de la renta real per cápita de los hogares, un 1,6%, acompañado de un aumento del PIB per cápita del 0,9%. Este avance se explica en parte por el sólido crecimiento salarial, que junto con el de Polonia figura entre los más intensos desde finales de 2022. En el extremo opuesto se situaron los Países Bajos, donde la renta familiar real por habitante cayó un 1,6%, debido a que el aumento de cotizaciones sociales e impuestos sobre la renta y el patrimonio contrarrestó las mejoras salariales, pese a que el PIB per cápita avanzó un 0,2%.

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(La Vanguardia, 12-02-2026) | Laboral

Cada trabajador falta un día al mes por baja laboral

Las organizaciones empresariales de todo el país han abierto un frente contra el aumento de las bajas laborales, que en 2025 alcanzaron los nueve millones de procesos, frente a los seis millones registrados en 2019. Las patronales reclaman reformas legales que no resultan fáciles de consensuar ni con los partidos políticos ni con los sindicatos, y al mismo tiempo intentan introducir determinadas medidas a través de la negociación de los convenios colectivos. La propuesta más reciente la ha planteado Pimec, la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas. Su presidente, Antonio Cañete, ha defendido en Madrid un sistema para reducir el número de incapacidades temporales que pasaría por penalizar la reiteración de bajas. La idea consiste en que la empresa complemente hasta el 100% del salario en la primera baja por incapacidad temporal, pero que ese complemento vaya disminuyendo de forma progresiva si el trabajador acumula varios procesos y no padece una enfermedad crónica. Cañete ha argumentado que cuando se produce una repetición de bajas que genera una situación anómala debe existir una corresponsabilidad gradual, aunque ha subrayado que quedarían fuera de este esquema las patologías crónicas, ya que no se trata de estigmatizar a nadie. La normativa actual obliga a las empresas a abonar el 60% de la base reguladora entre el cuarto y el decimoquinto día de una baja por contingencias comunes, pero muchos convenios colectivos elevan ese porcentaje hasta el 100%. La CEOE también ha defendido en varias ocasiones la reducción de estos complementos, algo que empieza a apreciarse en los datos. Según el Ministerio de Trabajo, el porcentaje de convenios que incluyen cláusulas de complemento salarial en los primeros días de incapacidad temporal ha descendido ligeramente: del 80,5% en 2022 al 76,7% en 2024, lo que apunta a un cambio de tendencia todavía moderado. Según el estudio de Pimec, las horas medias mensuales de incapacidad temporal por trabajador han pasado de 3,7 horas en 2013 a 8,2 horas en los tres primeros trimestres de 2025. Aquí, la industria es el que presenta mayor número de horas de baja por trabajador al mes, 9,4 horas, respecto a las 8 horas en el sector servicios y 7,8 horas en construcción. En cuanto al coste por empleado, en la industria asciende a 3.052 euros, por los 2.359 euros en el sector servicios y los 2.065 euros en la construcción. Un informe reciente de la AIReF señala que el 25% de las personas en incapacidad temporal concentró el 55% de los procesos en 2024, frente al 51% en 2017. Esto sugiere que existe un grupo reducido de trabajadores que acumula cada vez más episodios en un mismo año. De hecho, en 2024 casi un 32% de quienes estuvieron de baja iniciaron más de un proceso. No obstante, el organismo no especifica si estas reiteraciones responden a las mismas dolencias o a enfermedades de carácter crónico. El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha justificado la propuesta señalando que cuando las bajas se complementan íntegramente puede generarse un efecto incentivo. También ha recordado que en épocas con altas tasas de desempleo las empresas aceptaron ampliar esa protección como parte de una política social pactada con los sindicatos, pero que ahora consideran necesario revisar esos acuerdos porque dificultan afrontar el problema actual. Además, la patronal catalana ha criticado que la única medida anunciada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante el aumento de las bajas haya sido la creación de un observatorio, comprometido ya en 2024. A su juicio, analizar la situación es positivo, pero insuficiente si no va acompañado de cambios normativos. Pimec tiene previsto reunirse con la ministra Elma Saiz para trasladarle varias propuestas legislativas. Entre ellas figura otorgar a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la capacidad de emitir altas y bajas médicas en casos de contingencias comunes, como ya ocurre con las profesionales. Se trata de una demanda histórica de la CEOE y de las propias mutuas, aunque los sindicatos la rechazan por considerarla una privatización encubierta y el Gobierno no la contempla por ahora. La organización también propone facilitar el acceso a los datos de la denominada sala segura de la Seguridad Social para detectar posibles desviaciones y generar alertas sobre procesos de incapacidad temporal que se prolonguen más de lo técnicamente previsto. A diferencia de la CEOE, Pimec respalda la implantación de altas progresivas o bajas flexibles, aunque cree que el planteamiento actual del ministerio -limitado a procesos de más de 180 días y a determinadas patologías, excluida la salud mental- resulta demasiado restrictivo. Como no forma parte del diálogo social a nivel estatal, Pimec ha iniciado contactos con distintos grupos parlamentarios con el objetivo de trasladar sus propuestas e intentar que se incorporen a futuras reformas o a programas electorales.

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(El Periódico, 12-02-2026) | Laboral

La Seguridad Social lanza un aviso a los trabajadores con dos o más bajas médicas

El modelo de protección social en España se encamina hacia un giro en la forma de supervisar la salud laboral. Tras varios años de aumento continuado del gasto en incapacidad temporal, el Ejecutivo ha optado por actuar para contener el coste que estas prestaciones suponen para las cuentas públicas. La iniciativa, promovida por la ministra Elma Saiz, se centra en un colectivo específico: los trabajadores que acumulan varias bajas médicas dentro de un mismo año. La medida llega después de que la AIReF advirtiera en su último informe de evaluación del gasto de que la repetición de procesos de baja es uno de los principales factores que tensionan el equilibrio financiero del sistema. Desde ahora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reforzará el control sobre quienes tramiten dos o más incapacidades temporales en un periodo de doce meses, sobre todo cuando se trate de procesos de corta duración. El propósito no es sancionar a quienes estén realmente enfermos, sino mejorar los mecanismos de supervisión para detectar posibles irregularidades o problemas de salud persistentes que no estén recibiendo un tratamiento adecuado. Para ello, el nuevo Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal analizará datos de forma automatizada y activará revisiones cuando detecte patrones de reiteración. Entre los cambios que podrían notar los trabajadores que encadenen bajas se encuentran revisiones médicas más tempranas de lo habitual, un examen detallado de su historial clínico para comprobar si los distintos procesos responden a una misma causa y, en su caso, la posibilidad de que el INSS impulse un expediente de incapacidad permanente o rechace una nueva baja si entiende que es una continuación injustificada de la anterior. También se intensificará el seguimiento estadístico de las ausencias muy breves, de uno a cuatro días, que hasta ahora tenían menor control presencial. Este refuerzo de la vigilancia coincide con la negociación de un sistema de reincorporaciones progresivas, que permitirá volver al trabajo de forma gradual tras una baja. Con este conjunto de medidas, la Seguridad Social pretende contener un gasto que considera difícilmente asumible en el presupuesto previsto para 2026.

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(El Economista, 12-02-2026) | Laboral

Las empresas españolas prefieren "vender" teletrabajo en sus ofertas de empleo para esconder el salario

En un escenario en el que cerca de la mitad de las compañías españolas tiene dificultades para cubrir puestos vacantes, el teletrabajo se ha consolidado como uno de los grandes reclamos para captar talento. Sin embargo, lo que a menudo se presenta como un avance ligado a la digitalización y a modelos laborales más flexibles también puede reflejar otra realidad: la imposibilidad de ofrecer salarios realmente competitivos. De ahí surge una paradoja llamativa. España encabeza en Europa la proporción de ofertas que incluyen la opción de trabajar en remoto -un 22,4%-, pero figura entre los países que menos información salarial facilitan en sus anuncios. Solo el 17% de las vacantes detallan la retribución, un punto menos que hace un año, pese a que una directiva europea que deberá aplicarse en junio obligará a aportar esa información. Según datos de Indeed, el volumen de ofertas en España sigue siendo un 48,8% superior al nivel previo a la pandemia, porcentaje solo superado por Italia (51,1%) y en contraste con el retroceso observado en otros países europeos. No obstante, las ofertas que sí incluyen salario muestran una moderación: las remuneraciones publicadas se sitúan por debajo de las fijadas en convenio. Es decir, aunque persisten los problemas para contratar, las empresas han agotado en gran medida su margen para elevar sueldos como mecanismo de atracción. En este contexto, muchas compañías optan por no hacer pública la retribución, especialmente en los puestos mejor pagados. De este modo, encaran la negociación con mayor margen, mientras el candidato parte con menos información. A cambio, se potencian ventajas no salariales, como el teletrabajo, que suele presentarse como medida de conciliación y flexibilidad, más cercana a un beneficio social -o "salario emocional"- que a una mera modalidad organizativa. Esto puede estar inflando la presencia del teletrabajo en los anuncios. España lidera desde 2021 el porcentaje de ofertas que mencionan trabajo remoto total o parcial (modalidad híbrida), superando ampliamente a Irlanda (19,8%), Reino Unido (17,7%), Alemania (14,8%), Italia (11,9%), Francia (11,6%) o Países Bajos (10,2%). Sin embargo, esta posición destacada en las ofertas no se corresponde con la realidad del mercado laboral. A finales de 2024, solo el 12,8% de los trabajadores en España teletrabajaban, según Eurostat. Salvo Italia (9%), el resto de los países mencionados registran porcentajes muy superiores: Alemania alcanza el 22%, Francia el 29,9%, Irlanda el 33,8%, Países Bajos el 47,4% y Reino Unido el 40%, según su oficina estadística. Esta brecha entre anuncios y empleo efectivo suele explicarse por dos motivos. Por un lado, en los países donde el teletrabajo está ampliamente implantado, destacarlo en una oferta resulta innecesario. Por otro, existe un sesgo hacia ocupaciones de oficina -con mayor posibilidad de trabajar a distancia- en las publicaciones. También influye la normativa. En España, la ley obliga a las empresas a sufragar los gastos del teletrabajo cuando este supera el 30% de la jornada durante tres meses. Esto ha impulsado el modelo híbrido u ocasional, que afecta al 49% de quienes teletrabajan, en línea con Alemania o Irlanda (más del 50%), pero por encima de Países Bajos (19,8%) o Francia (29%). La duda es si las empresas consideran esta fórmula como parte estructural de la productividad o como un incentivo añadido. Pese al aumento de la demanda de perfiles cualificados, la transparencia salarial sigue siendo escasa. Fórmulas ambiguas como "salario según convenio" o "retribución competitiva según experiencia" continúan dominando las ofertas. España, con ese 17% de anuncios que detallan sueldos, solo supera a Alemania (13%) por la cola. Además, mientras en otros países la transparencia ha avanzado, en España el indicador lleva tiempo estancado e incluso ha retrocedido desde el 20% alcanzado hace dos años. Italia, por ejemplo, ha elevado su tasa hasta el 30%. Indeed señala que esta situación responde a una pausa general antes de la entrada en vigor de la directiva europea de transparencia salarial (2023/970), que debía incorporarse a las legislaciones nacionales antes del 7 de junio de 2026, aunque la complejidad normativa y el contexto político dificultan su aplicación en plazo. La norma obligará a facilitar a los trabajadores información sobre su salario en comparación con el de compañeros en puestos equivalentes y a justificar por escrito cualquier diferencia basada en criterios objetivos. También exigirá incluir la banda salarial en las ofertas de empleo, aunque el alcance exacto de esta obligación genera debate. Empresarios y sindicatos argumentan que gran parte de esta información ya está recogida en los convenios colectivos, lo que explicaría su escasa presencia en las ofertas, algo similar a lo que ocurre en Alemania. Sin embargo, en Francia -también con fuerte negociación colectiva- la transparencia es mayor, lo que apunta a diferencias vinculadas al tipo de empleo. El economista jefe de Indeed, Pawel Adrjan, advertía recientemente de que el aparente estancamiento esconde comportamientos distintos según sectores. Entre 2019 y 2024, la transparencia salarial ha crecido en actividades con remuneraciones bajas o medias, como transporte, cuidados personales, logística y hostelería. En cambio, ha disminuido en ocupaciones mejor pagadas -informática, sanidad, finanzas y profesiones técnicas-, donde el "secretismo salarial" es más acusado. Precisamente esa práctica es la que la directiva europea pretende corregir, al considerar que la negociación individual reduce la capacidad del candidato para mejorar sus condiciones, afectando especialmente a las mujeres y contribuyendo a la brecha salarial en niveles intermedios y directivos. Para las empresas, adaptarse a este nuevo marco puede suponer un reto adicional en plena "guerra por el talento", que, según el Banco de España, afectaba a finales de 2025 al 48% de las compañías.

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(Expansión, 12-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal Supremo delimita el "derecho a la vivienda" en los divorcios

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dejado claro que el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y la protección del cónyuge más vulnerable no autorizan automáticamente a quedarse con la propiedad de la casa familiar al repartir una herencia o al liquidar la sociedad de gananciales. Con esta sentencia, el alto tribunal desestima el recurso de casación presentado por una vecina de San Clemente (Cuenca) y pone fin a un conflicto que refleja las dificultades que pueden surgir entre el derecho de uso de la vivienda tras el divorcio y el reparto definitivo de los bienes comunes. El origen del caso está en el divorcio de un matrimonio. Después de la separación, la esposa mantuvo el uso de la vivienda familiar. Años más tarde se inició la liquidación de la sociedad de gananciales, es decir, el procedimiento para distribuir el patrimonio acumulado durante el matrimonio. En el inventario figuraban varios inmuebles: la vivienda familiar (valorada en unos 74.000 euros), un solar, un almacén y otra casa en estado de inhabitabilidad. Ante la falta de acuerdo, el juzgado nombró a un contador-partidor, profesional encargado de formar los lotes y equilibrar su valor. Para igualar las adjudicaciones, este atribuyó la vivienda familiar al marido y asignó a la esposa el resto de bienes -incluida la vivienda en ruinas-, compensando las diferencias económicas en metálico. La mujer recurrió esta decisión al considerar que la adjudicación dejaba sin efecto su derecho a una vivienda, invocando el artículo 47 de la Constitución y el principio de protección del cónyuge más necesitado, dado que el otro inmueble recibido no era habitable. El Tribunal Supremo rechaza sus argumentos y distingue claramente entre el derecho de uso y la titularidad de la propiedad. Recuerda que el llamado "interés más necesitado de protección", previsto en el artículo 96 del Código Civil, permite atribuir el uso temporal de la vivienda tras el divorcio -sobre todo cuando hay hijos menores o desequilibrio económico-, pero no condiciona indefinidamente la adjudicación de la propiedad al liquidar los bienes comunes. La Sala señala que, aunque la regla de evitar la indivisión no es obligatoria en todos los casos, en este supuesto existía una causa justificada para apartarse de ella. Mantener a la exesposa en la vivienda sin atender al equilibrio económico de los lotes habría supuesto, a juicio del tribunal, un perjuicio injustificado para el patrimonio del exmarido. La resolución también aborda una cuestión relevante para la práctica forense. La recurrente, beneficiaria de justicia gratuita, se oponía a que los honorarios del contador-partidor se incluyeran como deuda de la sociedad de gananciales, al entender que no debía asumir ese coste. El Supremo corrige esta interpretación y fija doctrina al equiparar la función del contador-partidor a la del albacea: se trata de un encargo profesional orientado a un resultado concreto y con rasgos propios de un arrendamiento de servicios o de un mandato retribuido. En definitiva, el Tribunal Supremo subraya que la liquidación de la sociedad de gananciales es una operación estrictamente patrimonial. Las situaciones de vulnerabilidad económica o residencial deben abordarse por otras vías -como las pensiones compensatorias o las políticas públicas-, pero no pueden alterar el principio de igualdad en el reparto de los bienes comunes.

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(El País, 12-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE urge a los líderes de la UE a profundizar en el mercado único para relanzar la economía europea

En un escenario internacional inestable, marcado por las tensiones geopolíticas y la influencia del presidente estadounidense Donald Trump, y en un momento en que Europa afronta una pérdida de peso industrial, la Unión Europea busca vías para reforzar su productividad. En medio del debate sobre la desindustrialización, el Banco Central Europeo ha instado a los dirigentes comunitarios a avanzar en la integración del mercado único como palanca para reactivar la economía. En un documento elaborado por su Consejo de Gobierno y remitido a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, la institución reclama medidas más ambiciosas y coordinadas. El texto subraya que, con una actuación conjunta y decidida, Europa puede impulsar su crecimiento potencial, aumentar su capacidad de resistencia y fortalecer su autonomía y prosperidad. Con esta iniciativa, el BCE también pretende influir en la cumbre que se celebrará este jueves en el castillo de Alden Biesen, en Bélgica, centrada en cómo revitalizar la economía europea. La institución que preside Christine Lagarde ofrece su asesoramiento y plantea cinco grandes líneas de actuación: avanzar en la unión de ahorro e inversión, acelerar el desarrollo del euro digital para reducir la dependencia de proveedores extranjeros en los pagos electrónicos, reforzar el mercado único, promover la innovación preservando la autonomía estratégica y simplificar el marco normativo. El organismo considera imprescindible contar con mercados de capitales más desarrollados y culminar la unión bancaria para financiar la innovación y respaldar las transiciones ecológica y digital. Por ello, propone ampliar los mercados bursátiles y de capital riesgo, modernizar las infraestructuras financieras y fomentar una mayor participación de los pequeños inversores, por ejemplo mediante cuentas europeas de ahorro e inversión orientadas también a las pensiones y acompañadas de una mayor educación financiera. Asimismo, el BCE insiste en la necesidad de impulsar el euro digital, al que atribuye un papel clave para reforzar la autonomía estratégica, la competitividad y la solidez del sistema financiero europeo, además de estimular la innovación en los medios de pago. Reclama que se cierre cuanto antes la tramitación legislativa comunitaria sobre esta moneda y que se apoyen soluciones privadas europeas utilizando estándares abiertos y la futura plataforma del euro digital. También apuesta por que el dinero digital emitido por el banco central pueda respaldar desde el inicio un mercado mayorista integrado de activos digitales en la UE, facilitando la liquidación en euros en estos entornos mediante una regulación común. En cuanto al mercado único, el BCE defiende que la armonización de normas y estándares entre los Estados miembros permitirá a las empresas crecer con mayor facilidad y competir en mejores condiciones. Apoya además la creación del denominado "régimen 28", una normativa única a escala europea para empresas innovadoras que sustituiría los 27 marcos nacionales actuales, con el objetivo de simplificar trámites y reforzar la posición de la UE frente a Estados Unidos y China en el ámbito tecnológico. Por último, la institución aboga por avanzar en la convergencia de las normas sobre insolvencia empresarial y en la armonización regulatoria y de procedimientos en el sector servicios, especialmente en materia de licencias y reconocimiento pleno de cualificaciones profesionales. También propone la implantación de registros únicos en toda la Unión para facilitar la actividad empresarial transfronteriza.

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(El Economista, 12-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE comenzará a aplicar un arancel fijo de tres euros para paquetes pequeños a partir del 1 de julio de 2026

El Consejo de la Unión Europea ha acordado eliminar la exención de derechos de aduana para los envíos de escaso valor, es decir, aquellos paquetes cuyo contenido no supera los 150 euros al entrar en territorio comunitario. Cuando entre en funcionamiento el nuevo Centro Aduanero de Datos de la UE -previsto actualmente para 2028 y enmarcado en una reforma amplia del sistema aduanero-, todas las mercancías que accedan al mercado europeo estarán sujetas a aranceles. Hasta que ese centro sea operativo, los Estados miembros aplicarán una medida transitoria: un derecho de aduana fijo de 3 euros para los artículos incluidos en paquetes pequeños de menos de 150 euros enviados directamente a consumidores de la UE. Desde el 1 de julio de 2026, este importe se cobrará por cada categoría de producto distinta, según su clasificación arancelaria, que contenga el envío. Por ejemplo, si un paquete incluye una blusa de seda y dos de lana, al corresponder a subpartidas arancelarias diferentes, se considerarán dos categorías de producto y se abonarán 6 euros en total por derechos de aduana. Este gravamen provisional de 3 euros por categoría se aplicará entre el 1 de julio de 2026 y el 1 de julio de 2028, con posibilidad de ampliación si se estima necesario. Una vez que el Centro Aduanero de Datos esté plenamente operativo, este sistema temporal dará paso a los aranceles ordinarios. La Comisión Europea señala que el número de pequeños envíos que llegan a la UE se ha duplicado anualmente desde 2022. Solo en 2024, el mercado comunitario recibió 4.600 millones de paquetes de este tipo, de los cuales el 91% procedía de China. En un contexto más amplio, la Unión Europea trabaja en una reforma integral de su régimen aduanero para adaptarlo al fuerte incremento de los intercambios comerciales, la fragmentación de los sistemas nacionales, el auge del comercio electrónico y los cambios geopolíticos. Las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo continúan, especialmente en lo relativo a la creación del nuevo centro de datos, que estará supervisado por una futura autoridad aduanera europea.

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