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(Expansión, 12-01-2026) | Fiscal

Montero plantea aumentar la cesión del IRPF y el IVA a las comunidades para mejorar la financiación autonómica

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio a conocer este viernes la propuesta para renovar el sistema de financiación autonómica, una reforma pendiente desde 2014. "Se trata de un compromiso adquirido al inicio de la legislatura y en el que llevamos tiempo trabajando", afirmó la dirigente socialista al comenzar su intervención. La propuesta supondría que las comunidades autónomas cuenten con cerca de 21.000 millones de euros más con el nuevo modelo vigente, reduciendo de 1.500 a 477 euros la diferencia de financiación por habitante ajustado a costa de aumentar la cesión de impuestos a las regiones. La financiación autonómica, por tanto, pasaría en 2027 a ascender a 224.507 millones frente a los 152.484 del ejercicio 2023, el último completamente liquidado. "Para esto sirve el récord de recaudación", ha reivindicado Hacienda. En concreto, el modelo supone, concretamente, elevar la cesión de la recaudación del IRPF del 50% al 55%; aumentar la del IVA del 50% al 56,5%; manteniendo el 58% la entrega de los Impuestos Especiales; así como el 100% de los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Medios de Transporte, los del juego, así como las tasas y el impuesto sobre la electricidad. En conjunto, el plan elevaría en 16.000 millones de euros los recursos de las comunidades autónomas de estar en vigor en el año 2027. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el nuevo sistema permitirá que las comunidades reciban 21.000 millones de euros adicionales en 2027. Para el próximo ejercicio, el volumen total de recursos del sistema alcanzaría los 224.507 millones de euros. La presentación del modelo se produjo un día después de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien avanzó que su formación y el Ejecutivo habían alcanzado un "buen acuerdo" que aseguraría una mayor financiación para todos los territorios. El proceso continuará con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo miércoles, en el que Montero se reunirá con los responsables de Hacienda de todas las comunidades autónomas, muchos de los cuales ya han expresado su descontento por la negociación bilateral con Cataluña. Posteriormente, se abrirán encuentros bilaterales con cada comunidad y, una vez culminada esta fase, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros para iniciar su tramitación como ley orgánica en el Congreso. "Confiamos en que los plazos permitan que el nuevo modelo esté operativo el próximo año", indicó la vicepresidenta. El punto de partida es el cálculo de la población ajustada, teniendo en cuenta el sobrecoste que algunos territorios encaran para costear los servicios a sus ciudadanos, teniendo en cuenta factores como la dispersión geográfica, la insularidad o el sobrecoste de atención a una población de mayor edad. Montero ha recordado que en su momento ya trató de consensuar este cálculo con las comunidades autónomas, que reaccionaron situándose en bloques enfrentados atendiendo a sus intereses contrapuestos. En esta ocasión, Hacienda ha diseñado un nuevo modelo de cálculo en base a la población empadronada (con un peso del 30%), la población protegida equivalente (38% del peso relativo) se fijan en función de los tramos de edad, lo que determina el gasto sanitario necesario; la educación primaria, secundaria y de alumnos desplazados (20,5% en total); y los servicios sociales para mayores de 65 años y parados sin prestación 8,5%). Finalmente, el modelo da un peso del 1,6% a la superficie de la población, del 0,5% a la dispersión de la población; un 0,5% a la insularidad y un 0,4% a los costes fijos. Aunque la base del cálculo es el coste en sanidad, educación y servicios sociales, Montero ha aseverado que el sistema beneficia especialmente a las regiones que encarar el reto de la despoblación. A partir de ahí, el sistema pasa por nivelar el 75% entre la distancia de la financiación por habitante ajustado respecto a la media de recursos por habitante ajustado. De esta forma, ha explicado Montero, "las que están por debajo de la media reciben recursos y las que están por encima aportan". El objetivo es recudir las diferencias entre territorios. Actualmente las diferencias de financiación por habitante ajustado ascienden a 1.500 euros, lo que Montero ha calificado de inaceptable. Aplicada esta nivelación horizontal entre territorios, llega un ajuste vertical con aportaciones del Estado, por 19.000 millones de euros (incluyendo los 16.000 millones vía impuestos), para limar diferencias, teniendo en cuenta que la región con más recursos es la de Madrid. A partir de ahí, el sistema pasa por nivelar el 75% entre la distancia de la financiación por habitante ajustado respecto a la media de recursos por habitante ajustado. De esta forma, ha explicado Montero, "las que están por debajo de la media reciben recursos y las que están por encima aportan". El objetivo es recudir las diferencias entre territorios. Actualmente las diferencias de financiación por habitante ajustado ascienden a 1.500 euros, lo que Montero ha calificado de inaceptable. Aplicada esta nivelación horizontal entre territorios, llega un ajuste vertical con aportaciones del Estado, por 19.000 millones de euros, para limar diferencias, teniendo en cuenta que la región con más recursos es la de Madrid.

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(Expansión, 12-01-2026) | Fiscal

Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, las CCAA que más recursos extra recibirían con el plan de Hacienda

La propuesta del Ejecutivo para reformar el sistema de financiación autonómica preserva el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña -que ocuparía el tercer puesto tanto en aportación como en recursos recibidos-, pero no en el de Madrid, que sería la comunidad que más contribuye y la segunda en volumen de fondos obtenidos. Según el nuevo esquema planteado, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana serían, en ese orden, las autonomías que experimentarían un mayor incremento de recursos con la implantación del modelo presentado este viernes por el Gobierno. La iniciativa, dada a conocer por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llega después de que el presidente del Gobierno cerrara un acuerdo previo con el líder de ERC, Oriol Junqueras. El objetivo declarado es mejorar la financiación de todas las comunidades autónomas mediante un aumento generalizado de los recursos asignados. En cifras concretas, el plan incorpora 21.000 millones de euros adicionales respecto al sistema vigente -en vigor desde 2014- con la finalidad de reducir la brecha de financiación por habitante ajustado, que pasaría de los actuales 1.500 euros a 477 euros. Para alcanzar este ajuste, se propone ampliar la participación autonómica en varios tributos: el porcentaje del IRPF cedido a las comunidades aumentaría del 50 % al 55 %; el del IVA, del 50 % al 56,5 %; y se mantendría en el 58 % la cesión de los Impuestos Especiales. Además, se integraría en la cesta de financiación el 100 % de los ingresos procedentes de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Medios de Transporte, los tributos sobre el juego, así como tasas e impuesto sobre la electricidad. Si el modelo llegara a aprobarse, el volumen total de recursos a repartir entre las comunidades pasaría de los 152.484 millones correspondientes a 2023 -último ejercicio completamente liquidado- a 224.507 millones en 2027. No obstante, el impacto del cambio sería desigual según el territorio. Andalucía sería la principal beneficiaria, con 4.846 millones de euros adicionales, seguida muy de cerca por Cataluña, con 4.686 millones, y por la Comunidad Valenciana, con un incremento de 3.669 millones. A continuación se situarían Madrid, con 2.555 millones más; Castilla-La Mancha, con 1.248 millones; y Murcia, con 1.188 millones. En un segundo nivel, Galicia recibiría 587 millones adicionales; Asturias, 248 millones; Cantabria, 46 millones; La Rioja, 25 millones; Aragón, 629 millones; Canarias, 611 millones; Extremadura, 216 millones; Baleares, 412 millones; y Castilla y León, 271 millones. Según explicó la ministra de Hacienda, el diseño del sistema "tiende a respetar la ordinalidad", es decir, que cada comunidad reciba fondos en una posición coherente con su nivel de aportación. Este criterio se cumpliría en el caso de Cataluña, pero no en el de Madrid, que, pese a ser la mayor contribuyente, quedaría en segundo lugar en la recepción de recursos. La razón, según Montero, es el ajuste destinado a preservar el statu quo de Cantabria, que continuaría recibiendo el mismo volumen de financiación del que ya dispone al ser actualmente la comunidad mejor financiada.

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(Expansión, 12-01-2026) | Fiscal

Hacienda planea limitar por ley el "dumping" fiscal en Sucesiones

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anticipa que el futuro proyecto de ley de financiación autonómica podría incorporar la fijación de umbrales mínimos de tributación en los impuestos autonómicos sobre herencias y donaciones, siguiendo el precedente ya establecido en el Impuesto sobre el Patrimonio. El Ejecutivo pretende aprovechar la revisión del sistema de financiación territorial para introducir, por vía legal, límites a lo que denomina "dumping fiscal", es decir, a la competencia impositiva entre comunidades autónomas, especialmente en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Así lo explicó Montero este viernes durante la comparecencia en la que presentó la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. Según señaló, la finalidad es evitar que determinados tributos queden prácticamente vacíos de contenido y reforzar la corresponsabilidad fiscal de todas las comunidades. La ministra recordó que el Gobierno ya intervino en el pasado para frenar la práctica de algunas regiones, como Madrid o Andalucía, que habían neutralizado en la práctica el Impuesto sobre el Patrimonio mediante bonificaciones del 100 %. Esa actuación se materializó en la creación del Impuesto sobre las Grandes Fortunas, que garantiza una recaudación mínima allí donde no se exigía el tributo. A juicio de Montero, ese mismo enfoque podría trasladarse ahora a otras figuras impositivas, como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, lo que también abriría la puerta a aplicar medidas similares en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La titular de Hacienda admitió que existen comunidades con mayor capacidad fiscal que rechazan la imposición de límites a esta competencia tributaria, en una alusión directa a Madrid, una de las regiones que más se vería afectada. Sin embargo, subrayó que resulta difícil justificar que territorios con menor capacidad recaudatoria opten por reducir o eliminar impuestos a las rentas más altas y, al mismo tiempo, reclamen mayores recursos al Estado. Según Montero, estas comunidades acaban viéndose empujadas por las decisiones fiscales de la región más rica para no perder atractivo, una dinámica que, en su opinión, "es necesario frenar". En este sentido, explicó que la intención es abordar la cuestión de manera similar a lo ya hecho con el Impuesto sobre el Patrimonio. El planteamiento deberá debatirse con las comunidades autónomas y, en principio, integrarse en el proyecto de ley orgánica de financiación. Entre las alternativas sobre la mesa figura que el Estado fije un nivel mínimo de tributación en estos impuestos o que se establezcan límites legales a las rebajas fiscales que pueden aprobar los territorios. En cualquier caso, concluyó, el objetivo es introducir topes y mecanismos que eviten el vaciamiento de las figuras tributarias autonómicas.

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(El Economista, 12-01-2026) | Fiscal

El TEAC blinda el derecho de las pymes a aplicar la reserva de nivelación

El Tribunal Económico-Administrativo Central, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, ha reforzado la protección del derecho de las pequeñas y medianas empresas a aplicar la reserva de nivelación. Este incentivo fiscal permite a las compañías con una facturación anual inferior a 10 millones de euros reducir el importe a pagar en el Impuesto sobre Sociedades cuando obtienen beneficios, anticipándose a posibles pérdidas en ejercicios futuros. En concreto, este mecanismo autoriza a minorar la base imponible hasta un 10%, de forma que la empresa tributa por una cuantía inferior de beneficios. Ese importe reducido puede compensarse en los cinco ejercicios siguientes si la sociedad registra pérdidas. Si transcurrido ese plazo no se producen resultados negativos, la cantidad minorada debe reincorporarse a la base imponible y tributar entonces por ella. Se trata de un instrumento comparable a la compensación de bases imponibles negativas, pero aplicado de manera inversa: en lugar de descontar pérdidas pasadas cuando hay beneficios, se permite adelantar fiscalmente posibles pérdidas futuras para pagar menos impuestos en el presente. A cambio, las empresas que se acojan a esta medida deben dotar una reserva contable con cargo a los beneficios por el mismo importe reducido. En una resolución fechada el 18 de diciembre, el TEAC aclara que la reserva de nivelación constituye un derecho del contribuyente y no una mera opción, como sostenía la Agencia Tributaria. Esto implica que las pymes pueden aplicarla no solo cuando presentan la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades dentro de plazo, sino también de forma extemporánea o incluso solicitar la devolución de lo ingresado de más si inicialmente no hicieron uso de este beneficio. El pronunciamiento tiene su origen en un caso en el que la Agencia Tributaria denegó a una empresa la aplicación de la reserva de nivelación por haber presentado la liquidación del impuesto fuera de plazo. La Administración defendía que, al tratarse de una opción tributaria, solo podía ejercerse dentro del plazo legal de presentación. Frente a este criterio, el TEAC se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo para diferenciar entre una opción fiscal y un derecho tributario. Según esta doctrina, para que exista una opción deben concurrir dos circunstancias: que la norma ofrezca dos regímenes alternativos y excluyentes entre sí, de modo que elegir uno impida aplicar el otro, y que el contribuyente tenga la facultad de escoger entre ellos. El tribunal subraya que, aunque en la reserva de nivelación existe la posibilidad de decidir si se aplica o no, no implica la elección entre dos sistemas tributarios distintos ni incompatibles. A su juicio, el hecho de que el contribuyente pueda renunciar a un beneficio previsto por la norma no convierte automáticamente ese beneficio en una opción tributaria. De aceptarse lo contrario, cualquier elemento no obligatorio del sistema fiscal podría calificarse como opción, lo que carecería de lógica. Por todo ello, el TEAC concluye que la reserva de nivelación es un derecho propio del contribuyente reconocido por la normativa vigente y que no puede ser limitado por razones formales. En consecuencia, incluso cuando la autoliquidación del impuesto se presenta fuera de plazo, debe entenderse que la empresa está ejerciendo válidamente ese derecho.

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(Expansión, 12-01-2026) | Laboral

¿Cuánto subirá el salario mínimo interprofesional en 2026?

El Ejecutivo ha planteado a sindicatos y empresarios una subida del salario mínimo interprofesional del 3,1% para 2026, lo que situaría su cuantía en 1.221 euros brutos mensuales, manteniendo la exención del IRPF. Esta propuesta se encuentra a medio camino entre la reivindicación sindical, que reclama un incremento del 7,5%, y la posición de la patronal, que defiende una subida más moderada del 1,5%. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha citado a los agentes sociales el viernes 16 de enero a las nueve de la mañana para continuar con las conversaciones sobre la actualización del SMI de 2026, según han trasladado fuentes sindicales. En la última reunión, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, trasladó a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme la propuesta de elevar el salario mínimo un 3,1%, hasta 1.221 euros al mes en 14 pagas, sin que tribute en el IRPF. Esto supondría un aumento de 37 euros mensuales respecto a los 1.184 euros vigentes en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero una vez se apruebe la medida. La oferta del Gobierno coincide con una de las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora sobre el SMI, que planteaba un incremento del 3,1% en caso de mantener la exención fiscal o del 4,7% si el salario mínimo pasaba a tributar. Para facilitar un posible acuerdo con la CEOE, Trabajo ha mostrado su disposición a analizar con mayor profundidad una flexibilización de la Ley de Desindexación en los contratos públicos, una demanda compartida por sindicatos y empresarios y que la patronal había fijado como condición en negociaciones anteriores sin que llegara a prosperar. El Ministerio también defiende estudiar fórmulas que permitan vincular la evolución del salario mínimo a los contratos públicos dentro del marco fiscal, laboral y tributario, aunque esta posibilidad ha chocado en el pasado con la oposición del Ministerio de Hacienda. De hecho, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoció recientemente la existencia de discrepancias con el PSOE en esta materia. Aun así, Trabajo se ha comprometido a explorar con los departamentos implicados un acuerdo que permita suavizar las reglas de desindexación en determinados supuestos, un debate que se enmarca en la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos. En este contexto, el diálogo social también aborda la reforma de los mecanismos de compensación y absorción para evitar que las subidas del SMI queden neutralizadas por complementos salariales. Tras el último encuentro, las organizaciones sindicales y empresariales acordaron analizar la propuesta en sus órganos internos. Todo apunta a que, si no se introducen cambios sustanciales, CCOO y UGT respaldarán el planteamiento del Gobierno. La patronal, por su parte, mantiene una posición prudente y no ha definido públicamente su postura, aunque tanto Trabajo como los sindicatos han valorado su actitud constructiva durante la negociación y confían en que finalmente se sume al acuerdo. Los sindicatos, que inicialmente plantearon una subida del 7,5% con tributación en el IRPF, consideran que el incremento del 3,1% sin impuestos supera la inflación media de 2025, estimada en el 2,7%, y permite preservar el poder adquisitivo, además de avanzar hacia el objetivo del 60% del salario medio neto recomendado por la Carta Social Europea. Desde el ámbito empresarial, fuentes de la CEOE han señalado que la decisión final dependerá del desarrollo de la reunión del viernes y que la cuestión se abordará en su Junta Directiva del 19 de enero. Si la patronal acaba respaldando la propuesta gubernamental, el salario mínimo aumentaría en 2026 el doble de lo que propone la propia CEOE, que apuesta por un alza del 1,5%, hasta los 1.202 euros brutos mensuales. En paralelo, Trabajo pretende aprobar de forma diferenciada, pero dentro de un acuerdo global, tanto la subida del SMI como la reforma de las reglas de absorción y compensación, incorporando así la directiva europea al ordenamiento español. No obstante, esta reforma genera un fuerte desacuerdo, ya que los sindicatos y el Ministerio la consideran prioritaria, mientras que la patronal se opone. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido en que las organizaciones sindicales no renunciarán a esta reforma y ha defendido que se eleve al Consejo de Ministros el mismo día que se apruebe la cuantía del SMI para 2026, aunque su entrada en vigor se retrase por los trámites necesarios. Lo que sí está garantizado es que el salario mínimo seguirá sin tributar, ya que Trabajo y Hacienda han acordado mantener la exención fiscal. Hacienda había mostrado disposición a revisar la deducción del IRPF para adaptarla a la subida del SMI, una solución que UGT considera insuficiente y meramente provisional. Por ahora, el año ha comenzado con el SMI en la misma cuantía con la que terminó 2025, es decir, 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Esta cifra se fijó tras la subida del 4,4% aprobada en febrero de 2025 con efectos retroactivos desde enero, un aumento de 50 euros respecto a 2024. Aquella subida fue acordada únicamente entre el Gobierno y los sindicatos, sin el respaldo de la patronal, que no apoya un incremento del salario mínimo desde 2020, cuando se elevó de 900 a 950 euros mensuales.

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(Expansión, 12-01-2026) | Laboral

478.000 empresas despiden 2025 con alzas salariales próximas al 5%

El incremento salarial medio acordado en los convenios colectivos registrados hasta diciembre se situó en el 3,53%, aunque más de 4,43 millones de trabajadores han experimentado subidas sensiblemente superiores, cercanas al 4,71%. De forma gradual, los asalariados en España están logrando dejar atrás, o al menos amortiguar, el impacto de la fuerte inflación que golpeó con especial intensidad en 2021 y 2022, y que solo empezó a moderarse a partir de 2023. Aun así, el encarecimiento acumulado desde finales de 2020 supera el 22%. En este contexto, la desaceleración de los precios junto con una recuperación lenta pero sostenida de los salarios ha permitido que muchos hogares recuperen parte de su poder adquisitivo o, al menos, frenen su deterioro. El mercado laboral cerró 2025 con una mejora salarial media del 3,53%, según los datos del Ministerio de Trabajo, que reflejan las revisiones retributivas pactadas en los convenios colectivos inscritos hasta diciembre. Este avance apenas supera en cuatro centésimas el registrado en noviembre, pero representa medio punto más que al inicio del año. Este aumento, en el que han tenido un papel relevante las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional -para el que el Gobierno plantea un alza del 3,1% en 2026 manteniendo la exención fiscal-, se coloca seis décimas por encima del IPC de diciembre, situado en el 2,9%, y ocho décimas por encima de la inflación media de 2025, del 2,7%. Esto supone un alivio para el poder de compra de muchos trabajadores, aunque de forma desigual, ya que persisten diferencias significativas entre colectivos, con brechas cercanas a los cinco puntos entre quienes han visto crecer sus salarios y quienes han vuelto a sufrir congelaciones. A finales de diciembre, 478.339 empresas habían pactado con sus plantillas incrementos salariales medios del 4,71%, casi 1,2 puntos por encima del promedio general, 1,8 puntos más que la inflación de diciembre y dos puntos por encima de la media anual. Este avance beneficia a 4,43 millones de trabajadores, el 43,6% de los 10,15 millones de asalariados cubiertos por los convenios registrados en 2025, y les permitirá mejorar su capacidad de compra. A la espera de que sindicatos y empresarios inicien las negociaciones para un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, tras expirar el anterior a finales de 2025, los datos de los convenios más recientes apuntan a una tendencia al alza. En concreto, los convenios firmados durante 2025 recogen un aumento salarial medio del 4,18%, frente al 3,31% correspondiente a acuerdos de años anteriores que siguen vigentes. Pese a que los más de 4,4 millones de trabajadores con subidas cercanas al 5% representan una parte relevante del total, la mayoría de los asalariados no ha experimentado mejoras de ese calibre. De los 10,15 millones cubiertos por convenio, 5,72 millones se encuentran en situaciones muy diversas, que van desde la congelación salarial hasta incrementos que apenas compensan el aumento de los precios, pasando por alzas inferiores al IPC que implican pérdida de poder adquisitivo. En concreto, 3,74 millones de empleados han acordado subidas del 2,96%, en línea con la inflación de diciembre y solo ligeramente por encima de la media anual, mientras que 1,87 millones han pactado incrementos de entre el 1,35% y el 2,47%, con un valor intermedio del 1,94%. Para estos colectivos, la capacidad de compra vuelve a verse erosionada, una situación aún más acusada en el caso de más de 104.000 trabajadores que en 2025 han sufrido una congelación salarial o apenas han logrado aumentos de entre el 0,08% y el 0,55%.

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(El Economista, 12-01-2026) | Laboral

El Supremo facilita las devoluciones de la Seguridad Social por errores de cotización

El Tribunal Supremo ha allanado el camino para que la Seguridad Social devuelva con mayor facilidad las cantidades cobradas de más como consecuencia de errores en las cotizaciones. En una sentencia dictada el 19 de diciembre, el alto tribunal establece que empresas y profesionales pueden reclamar el importe total abonado en exceso, sin necesidad de hacerlo mes a mes por cada liquidación. Este criterio resulta especialmente relevante porque permite acceder a la segunda instancia judicial en reclamaciones que, de otro modo, quedarían excluidas al no superar individualmente el umbral de 30.000 euros exigido para recurrir. El caso analizado se origina a raíz de una empresa que, entre 2013 y 2017, ingresó indebidamente unos 50.700 euros debido a un error en el encuadramiento de sus trabajadores. La Seguridad Social rechazó la devolución y el juzgado de lo contencioso-administrativo de primera instancia respaldó la postura de la Administración al entender que no se había reconocido formalmente el error. No obstante, la compañía recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que estimó su pretensión. Posteriormente, la Seguridad Social llevó el asunto ante el Supremo, defendiendo que la cuantía debía analizarse por cada liquidación mensual, ninguna de las cuales alcanzaba los 30.000 euros, lo que impediría el acceso a la apelación. La empresa sostuvo que este planteamiento supondría, en la práctica, bloquear cualquier posibilidad de recurrir en segunda instancia las devoluciones de ingresos indebidos derivadas de cotizaciones erróneas. El Tribunal Supremo ha dado la razón a este argumento y ha fijado doctrina al señalar que, cuando la reclamación se basa en un error de encuadramiento, la cuantía relevante es el importe económico global reclamado, sin fragmentarlo por periodos de cotización. El alto tribunal recuerda que en resoluciones anteriores, de mayo de 2021 y enero de 2023, había establecido que, al impugnar actas de liquidación de cuotas, la cuantía debía calcularse atendiendo a cada liquidación mensual. Sin embargo, aclara que este supuesto es distinto, ya que no se trata de discutir actas de liquidación, sino de solicitar la devolución de cantidades ingresadas indebidamente por un error común. En este sentido, el Supremo invoca su propia doctrina, así como la del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que obligan a interpretar los requisitos de acceso a los recursos de manera razonable y proporcionada para salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva. Bajo este enfoque, concluye que debe facilitarse la admisión de los recursos. La sentencia, redactada por la magistrada María Pilar Cancer Minchot, subraya que la devolución solicitada tiene su origen en una única causa, el error en el encuadramiento de los trabajadores, por lo que no resulta justificado fragmentar la cuantía reclamada por periodos. A juicio del tribunal, debe atenderse al importe total de la reclamación, como consecuencia directa de un mismo presupuesto, con independencia de que las cantidades puedan desglosarse por cuotas mensuales. Además, precisa que no existe una acumulación artificial de importes, sino la consecuencia lógica de un único error.

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(El Economista, 12-01-2026) | Laboral

La desigualdad de las pensiones entre las CCAA crece un 20%, hasta 1.330 euros

En el último lustro, la brecha territorial entre la pensión media más alta, que corresponde a los jubilados del País Vasco, y la más baja, percibida en Extremadura, se ha ampliado en unos 100 euros mensuales, lo que equivale a 1.330 euros al año, un incremento cercano al 20%. Al cierre de 2024, la pensión media de jubilación alcanzó los 1.512 euros al mes. Sin embargo, los pensionistas vascos recibían de media 1.841 euros mensuales, la cifra más elevada del país, mientras que los extremeños se situaban en el extremo opuesto, con 1.279 euros, es decir, 562 euros menos al mes. Esta diferencia supone actualmente una brecha del 44%, una desigualdad que se repite desde que existen datos, aunque con una tendencia clara al ensanchamiento. Estas disparidades regionales responden, en gran medida, a las trayectorias laborales de los actuales pensionistas. Así lo señala el informe Las pensiones de la Seguridad Social en las comunidades autónomas, elaborado por el Instituto BBVA, que destaca que el País Vasco es la región con mayor remuneración neta y Extremadura la que presenta los ingresos medios más bajos. Según el estudio, la distancia entre ambas asciende a 11.700 euros anuales, lo que representa un 26,6% más. Junto con la edad de jubilación y los años cotizados, estas diferencias salariales explican el importe final de las pensiones. Más allá del valor medio de las prestaciones, otros indicadores reflejan la magnitud de las desigualdades territoriales. Uno de ellos es la distribución de las pensiones en vigor por tramos de cuantía. En diciembre de 2025, el 58% de los pensionistas en España cobraba una prestación inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Esta proporción se elevaba notablemente en comunidades con pensiones más bajas: alcanzaba el 73% en Extremadura, el 68% en Galicia, el 67% en Andalucía y el 66% tanto en Murcia como en Canarias. Por el contrario, en regiones con pensiones superiores a la media nacional, la concentración de prestaciones por debajo del SMI es sensiblemente menor, como ocurre en el País Vasco, donde afecta al 40% de los pensionistas, Navarra con un 44%, Madrid y Asturias con un 47%, o Aragón con un 53%. Otro dato revelador es el uso del complemento a mínimos, un mecanismo que eleva la pensión contributiva cuando no alcanza el umbral legal, fijado en 2025 en 9.193 euros anuales para hogares unipersonales y en 10.723 euros para aquellos con cónyuge a cargo. En Extremadura, un 33% de las pensiones de jubilación necesitan este complemento, frente al 9,5% en el País Vasco. La media nacional se sitúa en el 18%, aunque en comunidades como Galicia y Castilla-La Mancha más de una cuarta parte de los jubilados requiere este apoyo adicional. El informe del Instituto BBVA subraya que estas diferencias no resultan sorprendentes en un sistema de pensiones de carácter contributivo. A menores cotizaciones a lo largo de la vida laboral, menores prestaciones en la jubilación. En este sentido, la cotización media anual por trabajador es claramente superior en el País Vasco, con 7.255 euros, frente a los 5.319 euros registrados en Extremadura. La dependencia de las pensiones como principal fuente de ingresos también varía según el territorio. Si se compara el número de jubilados con la población total, hay provincias donde más del 30% de los habitantes percibe una pensión contributiva, como Ourense, Lugo, León o Asturias. A nivel nacional, la media se sitúa en el 21% al cierre de 2024, lo que equivale a una de cada cinco personas. No obstante, en 19 provincias, entre ellas las tres vascas, buena parte de Castilla y León, Asturias o Cantabria, uno de cada cuatro ciudadanos vive de una pensión. Por comunidades autónomas, la proporción de pensionistas alcanza el 26% tanto en el País Vasco como en Castilla y León, un reflejo del acusado envejecimiento demográfico. Las diferencias en envejecimiento y dependencia también son notables. De acuerdo con el último Índice de Envejecimiento del INE, Asturias, Castilla y León y Galicia encabezan la lista de regiones con mayor peso de población de edad avanzada. Estas mismas comunidades destacan asimismo en la tasa de dependencia de mayores de 64 años y en el número de afiliados por pensionista. El informe del Instituto BBVA también vincula las desigualdades en las pensiones a las diferencias de productividad entre comunidades autónomas. Las regiones con mayores niveles de productividad tienden a registrar salarios más elevados y, en consecuencia, pensiones más altas. Lo que ocurre en el ámbito productivo y laboral resulta determinante para el sistema de pensiones, ya que existe una relación directa entre productividad, salarios y prestaciones de jubilación. En esta línea, el último Observatorio de la Productividad del Ivie pone de relieve que, tras la pandemia, la productividad total de los factores ha mejorado en todas las comunidades autónomas excepto en Extremadura, donde permaneció estancada entre 1995 y 2020 y ha mostrado un comportamiento negativo entre 2020 y 2023, con una caída del 0,87%. Se trata de la única región que ha perdido eficiencia en el periodo posterior a la crisis sanitaria. Por el contrario, Baleares, Canarias, el País Vasco y Cataluña figuran entre las comunidades que más han contribuido al aumento de la productividad en los últimos años. En conjunto, la productividad de España creció cerca de un 2% en 2024, frente al descenso del 0,7% registrado de media en la Unión Europea.

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(El País, 12-01-2026) | Laboral

El Gobierno lanza una batería de decretos laborales que sortean al Congreso

Existen diversas normas impulsadas desde los ministerios económicos y sociales que podrían salir adelante mediante vías reglamentarias, sin necesidad de someterse a la aprobación del Parlamento. El desarrollo normativo más avanzado es el que refuerza los sistemas de control de la jornada laboral en las empresas. Esta regulación, amparada por el Estatuto de los Trabajadores -en concreto por su artículo 34.7-, se encuentra pendiente de recabar los informes obligatorios, entre ellos los del Consejo Económico y Social y la Agencia Española de Protección de Datos, antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros. Según afirmó la semana pasada el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, este trámite se completará en breve. El real decreto introduce cambios relevantes, como la obligatoriedad de que el registro horario sea digital, salvo en casos justificados, ya que actualmente puede realizarse en papel. Además, deberá ser verificable y permitir el acceso en tiempo real a la Inspección de Trabajo. También establece que los fichajes se efectúen diariamente por el propio trabajador, de forma personal y libre, e incluyan con precisión la hora y el minuto de inicio y fin de la jornada, así como de cada pausa realizada. Asimismo, deberá constar el número exacto de horas ordinarias, extraordinarias y complementarias realizadas cada día, y en el caso de las horas extra, la forma concreta de compensación, ya sea económica o mediante descanso. El Ministerio de Trabajo, encabezado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, tiene además pendientes de aprobación inmediata otros dos reales decretos vinculados al salario mínimo interprofesional. El primero recogerá el incremento del 3,1% previsto para 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, tal y como se anunció recientemente. El segundo, aún en negociación con los agentes sociales, pretende aclarar la regulación vigente del SMI y, si se aprueba en los términos pactados entre Trabajo y los sindicatos el pasado año -con la oposición de la patronal-, restringirá al máximo la posibilidad de que las subidas del salario mínimo queden neutralizadas mediante la compensación o absorción con determinados complementos salariales. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, Trabajo aspira también a sacar adelante nueva normativa. Durante cerca de 20 meses ha intentado consensuar con empresarios y sindicatos reformas tanto de la ley de prevención de riesgos laborales como del reglamento de los servicios de prevención ajenos, obligatorios para todas las empresas y que las de menor tamaño suelen externalizar. La modificación de este último contemplaba, entre otras cuestiones, una regulación más detallada para el sector de la ayuda a domicilio. Sin embargo, la falta de acuerdo, tras el rechazo de la patronal a finales de año, ha llevado al ministerio a prever que estos cambios se pacten únicamente con los sindicatos. La intención inicial es llevar ambas reformas al Parlamento, aunque, si no se alcanzan los apoyos necesarios -una posibilidad muy probable en el contexto actual-, el Ministerio de Trabajo recurrirá a la misma fórmula empleada con la reducción de jornada y el registro horario. Esto implicaría aprobar de forma unilateral un nuevo reglamento de los servicios de prevención ajenos y, al mismo tiempo, extraer de la ley de prevención aquellas materias que cuenten con habilitación en otras normas para regularlas mediante real decreto. Entre ellas podrían encontrarse el reglamento de Lugares de Trabajo, especialmente en lo relativo a las condiciones climáticas, o el de Coordinación de Actividades Empresariales, que establece las medidas preventivas cuando varias empresas operan en un mismo centro de trabajo. En materia laboral aún existe otro frente en el que el Ministerio podría optar por la vía reglamentaria en lugar de la legislativa. Se trata del proyecto de ley para incorporar al ordenamiento español la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, que debería haberse transpuesto antes del 1 de enero de 2022. El bloqueo de esta norma en el Congreso ha provocado que la Comisión Europea haya abierto un procedimiento de infracción contra España y haya llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de sanciones económicas. Ante esta situación, las fuentes consultadas señalan que el Gobierno podría aprobar por decreto algunas de las medidas contenidas en el proyecto, como las relativas a los elementos esenciales del contrato de trabajo. Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por la portavoz del Gobierno Elma Saiz, tiene en marcha una reforma de calado relacionada con la jubilación flexible, aquella modalidad que permite compatibilizar una parte de la pensión con un trabajo a tiempo parcial tras la jubilación. La reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2024 obligaba al Ejecutivo a presentar en el plazo de seis meses una propuesta de modificación del real decreto que regula esta figura. Aunque la iniciativa sigue siendo objeto de análisis y negociación en el marco del diálogo social, al estar regulada por decreto y no por ley, puede aprobarse sin intervención parlamentaria. Entre los cambios que se estudian figura la mejora de la pensión para los jubilados anticipados forzosos que regresen al mercado laboral, así como una mayor flexibilidad en los porcentajes de jornada exigidos, que podrían situarse entre el 40% y el 80%. Asimismo, se contempla que, si la jornada trabajada alcanza al menos el 60%, la parte de pensión compatible se incremente entre un 10% y un 20%, aunque estas propuestas aún no están cerradas. Por último, el departamento de Seguridad Social tiene pendiente la aprobación de otras normas reglamentarias que afectan a la gestión administrativa de las bajas por incapacidad temporal. Este real decreto, también debatido con los agentes sociales, supondrá una profunda reorganización del sistema de evaluación de las incapacidades y prevé la creación de una Unidad Central de Evaluación de Incapacidades, dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que irá sustituyendo progresivamente a los actuales equipos provinciales encargados de esta función.

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(El Confidencial, 12-01-2026) | Laboral

CEOE se borra de la evaluación de la reforma laboral que ultima el Ministerio de Trabajo

La comisión encargada de evaluar la reforma laboral está ultimando los trabajos para hacer público el primer informe sobre los efectos de la norma de 2022 en la temporalidad del sector privado. Sin embargo, las organizaciones empresariales han optado por no formar parte del proceso. Un episodio más que pone de manifiesto el distanciamiento absoluto entre CEOE y Cepyme y el Ministerio de Trabajo, muy alejado del clima de entendimiento que caracterizó la legislatura anterior. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dio a conocer a finales de abril de 2025 la composición de la comisión de expertos, en la que inicialmente figuraban dos representantes de las patronales -Rosa Santos por CEOE y Teresa Díaz por Cepyme-. No obstante, según explican fuentes empresariales, tras valorar internamente el desarrollo de la primera reunión, se decidió abandonar la comisión y no participar en sus conclusiones. Desde CEOE se argumenta que en ese primer encuentro se produjo una "estigmatización de las empresas" y una "extralimitación en los contenidos" del informe. De hecho, en un comunicado emitido el 30 de abril, la organización empresarial ya advirtió de que la convocatoria estuvo "marcada por el oportunismo político". Por su parte, Díaz defendió durante la presentación de la comisión que se trata de un órgano "absolutamente plural" y que sus integrantes actúan con "plena independencia" en sus debates. En el trasfondo del conflicto, los empresarios vienen denunciando de forma reiterada un creciente "intervencionismo" del Ministerio de Trabajo en las relaciones laborales, así como un "incremento constante de costes impuestos por el Gobierno sin consenso o en contra del diálogo social". Uno de los puntos de mayor fricción fue el cambio introducido en 2024 en la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos, que alteró lo pactado con CEOE para recabar su apoyo a la reforma laboral y facilitar el respaldo del PNV a la investidura de Pedro Sánchez. La retirada de CEOE de la comisión de evaluación refleja con claridad la evolución de la relación entre la patronal y el Gobierno, y en particular con Yolanda Díaz. El recorrido comenzó con la firma de la subida del salario mínimo en 2020, del 5,5 %, continuó con numerosos acuerdos durante la pandemia para desplegar los ERTE y culminó con el pacto de la reforma laboral de 2022 tras once meses de negociación con sindicatos y Ejecutivo. En aquel acuerdo, los empresarios lograron introducir mecanismos de flexibilidad en la contratación y frenar la recuperación de figuras como los salarios de tramitación, reivindicadas por las organizaciones sindicales. Cuatro años después de la publicación de la reforma en el BOE, la patronal rechaza ahora participar en la evaluación comprometida con la Comisión Europea a través de la disposición adicional vigesimocuarta. Fuentes de la comisión indican que la próxima semana se celebrará una reunión para revisar el borrador del informe, por lo que su publicación podría producirse a lo largo de este mes. En abril, Díaz había señalado que el documento estaría disponible antes de que finalizara el año, aunque el encuentro de revisión se ha pospuesto unas semanas. En principio, el informe se centrará en analizar, con periodicidad bienal, la evolución sectorial de la contratación temporal e indefinida. Si los datos evidencian que no se avanza en la reducción de la temporalidad, el Gobierno podría plantear nuevas medidas. Según explicó el coordinador de la comisión, el catedrático de Economía Luis Ayala, el objetivo es identificar "qué hay detrás del cambio en las tasas y de la temporalidad en general" y formular recomendaciones en consecuencia. La comisión está integrada por siete miembros: dos académicos designados por los ministerios de Economía y de Seguridad Social, un técnico de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, una asesora del Ministerio de Trabajo y dos representantes de CCOO y UGT. De acuerdo con los datos de la EPA, la tasa de temporalidad en el sector privado se situó en el tercer trimestre de 2025 en el 13 % -12,5 % de media en los últimos doce meses-, frente al 24,7 % registrado en el verano de 2021. Aunque el número de trabajadores indefinidos discontinuos ha aumentado tras la reforma, estos representan entre el 4 % y el 5 % del total de contratos indefinidos. Con estos niveles, España se sitúa en la media europea en materia de temporalidad. La reducción de la temporalidad es evidente y ha venido acompañada, aunque de forma más moderada, de un aumento de la duración media de los contratos que finalizan, lo que apunta a una mayor estabilidad laboral. No obstante, el Banco de España sigue detectando una elevada rotación en la contratación. A día de hoy, las posibilidades de que CEOE y Cepyme alcancen acuerdos con el Ministerio de Trabajo son muy limitadas. Entre los últimos desencuentros figuran la mesa de actualización de la normativa de prevención de riesgos laborales y la negociación para ampliar los permisos por fallecimiento y cuidados paliativos. El Ministerio de Trabajo dio por cerradas ambas mesas tripartitas en noviembre y diciembre de 2025 y continúa negociando únicamente con los sindicatos. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, atribuye esta situación a una estrategia política de la patronal, basada en el cálculo de que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo dificultará la aprobación de nuevas normas en el Congreso. A ello se suma la falta de apoyos internos de la propia Díaz, como ya ocurrió con la reducción de la jornada laboral. La comisión de evaluación de la reforma laboral no es el primer órgano del que se descuelga CEOE. Ya hizo lo mismo con la comisión de expertos sobre el salario mínimo, a la que fue invitada pero declinó asistir. En esta ocasión, además, las organizaciones empresariales han sido especialmente críticas con el informe de los expertos sobre el SMI de 2026, cuestionando sus criterios de cálculo y calificando su enfoque de más político que técnico. La mesa tripartita para el SMI de 2026 sigue formalmente abierta tras la propuesta del Ministerio de Trabajo de modificar la ley de desindexación de los contratos públicos, una vía que se considera poco viable ante la negativa de los ministerios socialistas competentes. Todo apunta, por tanto, a que el eventual acuerdo vuelva a cerrarse únicamente con los sindicatos.

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