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(Expansión, 27-03-2026) | Fiscal

Arcadi España, un perfil técnico con recorrido en el PSOE para Hacienda

Sánchez ha optado por un relevo al frente del Ministerio de Hacienda que aúna experiencia en gestión económica y conocimiento del ámbito territorial, respaldado además por una larga trayectoria política. Arcadi España (Carcaixent, Valencia, 1974) pasa de ocupar un puesto discreto como secretario de Estado de Política Territorial, junto a Ángel Víctor Torres, a situarse en primera línea al asumir una de las carteras más relevantes y expuestas del Gobierno. Desde este viernes sustituirá a María Jesús Montero, quien ha dejado el cargo para centrarse en su candidatura a la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo, con expectativas poco favorables. Formado como economista -licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y con un máster en Dirección y Gestión Pública-, España cuenta con experiencia como consultor y asesor financiero, lo que refuerza su perfil técnico. Pedro Sánchez lo ha descrito como una persona íntegra, capaz y comprometida, destacando que dará continuidad a la labor de su predecesora y que, junto a Carlos Cuerpo en Economía, contribuirá a mantener el rumbo de transformación, estabilidad fiscal y crecimiento del país. Sin embargo, su perfil no se limita al ámbito técnico. España también acumula una destacada trayectoria política, especialmente en el entorno del socialismo valenciano. Entre 2022 y 2023 fue responsable de Hacienda en la Comunidad Valenciana durante el mandato de Ximo Puig, donde mostró su preocupación por la infrafinanciación crónica de la región y defendió la armonización fiscal impulsada por el Gobierno central, criticando las diferencias impositivas entre territorios como Madrid y la Comunidad Valenciana. Anteriormente, ocupó cargos relevantes en la administración autonómica, como director del Gabinete de Presidencia de Puig y conseller de Política Territorial entre 2019 y 2022. En la actualidad, formaba parte de la ejecutiva del PSOE como responsable de Transportes y Movilidad Sostenible. Su trayectoria lo sitúa ahora en el centro de la política nacional, al frente de un ministerio especialmente sensible y con importantes retos por delante, como la financiación singular de Cataluña, la posible condonación de deuda autonómica o la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, pendientes desde hace tres años. En su momento, su nombre llegó a sonar como posible sucesor de Ximo Puig al frente del socialismo valenciano, aunque finalmente fue Diana Morant quien asumió ese liderazgo en 2024. Aun así, la relación entre ambos parece mantenerse en buenos términos, y la ministra ha valorado positivamente su nombramiento, destacando su capacidad de gestión. El salto de Arcadi España a la política nacional se produjo a finales de 2023, cuando fue nombrado secretario de Estado de Política Territorial, dejando entonces su escaño en las Cortes Valencianas. Ahora, con su llegada a Hacienda, Sánchez refuerza la presencia del socialismo valenciano en el Gobierno con un perfil que combina lealtad política, experiencia institucional y solvencia técnica. Descrito por su entorno como un apasionado del ciclismo, España afronta ahora el mayor desafío de su carrera, con una agenda cargada de asuntos complejos. De hecho, nada más conocerse su nombramiento, ya recibió presiones políticas, como la del diputado de Compromís Alberto Ibáñez, quien le reclamó avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica y aliviar la deuda de la Comunidad Valenciana derivada de su infrafinanciación.

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(Expansión, 27-03-2026) | Fiscal

Los retos para Arcadi España como ministro de Hacienda

Tras asumir la dirección del Ministerio de Hacienda, Arcadi España tendrá que enfrentarse a múltiples asuntos pendientes que dejó sin resolver su antecesora, entre ellos la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la reforma del sistema de financiación autonómica. La marcha de María Jesús Montero hacia la política andaluza deja sobre la mesa varios desafíos de gran relevancia económica y política. El nuevo titular de Hacienda deberá abordar cuestiones complejas que han generado un intenso debate en los últimos meses y cuya resolución no será sencilla. Entre ellas destacan la elaboración de los Presupuestos, la propuesta del modelo de financiación autonómica -criticada por algunos sectores por favorecer a Cataluña-, la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como el plan de condonación de deuda a las comunidades autónomas, que supera los 83.000 millones de euros y que ya ha sido remitido al Parlamento. A estos retos se suman otras medidas controvertidas, como los cambios en la fiscalidad del diésel, la creación de un régimen de IVA simplificado para autónomos con bajos ingresos o las exigencias de consolidación fiscal señaladas recientemente por el Fondo Monetario Internacional, especialmente en lo relativo a la reducción de transferencias a la Seguridad Social ante el aumento del gasto en pensiones. El primer gran desafío inmediato será presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno no ha renovado desde 2023. Aunque Montero aseguró que el documento está preparado, corresponderá a España llevarlo al Parlamento. Sin embargo, su aprobación se prevé complicada debido a las tensiones recientes entre el Ejecutivo y algunos de sus socios, especialmente Junts. En el ámbito autonómico, el nuevo ministro deberá gestionar la reforma del sistema de financiación, rechazada de forma generalizada por las comunidades -incluidas las gobernadas por el PSOE-, salvo Cataluña. Para avanzar en este asunto, tendrá que negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, posiblemente planteando un modelo de adhesión voluntaria. La condonación de deuda autonómica será otro punto conflictivo, ya que el plan impulsado por el Gobierno no ha logrado un respaldo amplio entre los territorios. Asimismo, España deberá continuar las conversaciones con la Comisión Europea sobre la fiscalidad del diésel, tras el compromiso de equiparar su tratamiento al de la gasolina, una medida que aún no ha conseguido apoyos suficientes en el Congreso. En materia de autónomos, quedan pendientes dos cuestiones urgentes: la implantación de un sistema que exima del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, y la prórroga de los límites del régimen de módulos, tras el fracaso del decreto que contemplaba su extensión. Además, deberá afrontar posibles sanciones europeas por no haber aplicado aún el régimen de franquicia del IVA en determinados casos. Por último, sigue sin resolverse la propuesta de armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que implicaría eliminar ciertas bonificaciones autonómicas para aumentar la recaudación. La iniciativa contemplaba la creación de un nuevo tributo estatal que igualara la carga fiscal entre territorios. En conjunto, Arcadi España inicia su etapa al frente de Hacienda con una agenda cargada de decisiones delicadas y de gran impacto, que exigirán amplias negociaciones políticas y capacidad de gestión en un contexto especialmente complejo.

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(Expansión, 27-03-2026) | Fiscal

Los autónomos con bajos ingresos quedarán exentos de IVA

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde, con el respaldo del PSOE, a una proposición no de ley impulsada por Junts que plantea la creación de un sistema de IVA franquiciado para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales. No obstante, aún no se ha concretado cuándo comenzará a aplicarse. La iniciativa insta al Gobierno a permitir que estos trabajadores por cuenta propia queden exentos de incluir el IVA en sus facturas y de ingresarlo a Hacienda. Aunque este tipo de propuestas no tiene carácter obligatorio, el apoyo socialista sugiere que la medida podría materializarse, alineando a España con una práctica ya extendida en el resto de países de la Unión Europea. Junts utilizó esta propuesta como condición para respaldar el decreto anticrisis del Ejecutivo. Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, había rechazado reiteradamente implantar esta exención, incluso en el caso de autónomos y pymes con actividad en otros países comunitarios, lo que ha provocado fricciones con la Comisión Europea y podría derivar en sanciones. Será el próximo titular de Hacienda quien deba encargarse de desarrollar y aprobar este sistema, una reivindicación histórica del colectivo. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), su presidente, Lorenzo Amor, valoró positivamente el avance, aunque criticó que haya sido necesario llegar a este punto por la presión política. Por ahora no existe un calendario definido para su puesta en marcha, aunque todo apunta a que el Ministerio tendrá que avanzar en esta dirección en los próximos meses. Este régimen de IVA franquiciado forma parte de una directiva europea destinada a simplificar las obligaciones fiscales de autónomos y pequeñas empresas con menor volumen de negocio. Permite a los Estados miembros establecer un umbral -de hasta 100.000 euros- por debajo del cual estos profesionales pueden quedar exentos del impuesto. En España, la propuesta fija ese límite en 85.000 euros, una cifra que busca acercarse a los modelos de otros países europeos como Francia, Irlanda o Italia, aunque cada uno establece condiciones distintas. Eso sí, quienes opten por este sistema no podrán deducirse el IVA de sus gastos, lo que puede hacer que algunos autónomos -especialmente aquellos con costes elevados- prefieran mantenerse en el régimen general. Según cálculos de ATA, unos 770.000 autónomos podrían beneficiarse de esta medida. Si todos ellos se acogieran, el ahorro en costes administrativos y tiempo superaría los 500 millones de euros. Sin embargo, el impacto en las cuentas públicas podría rondar los 650 millones, lo que explica en parte las reticencias del Gobierno. Desde el Ministerio de Hacienda también se ha argumentado que el sistema fiscal español ya cuenta con regímenes especiales y que la normativa europea no obliga a aplicar esta exención en operaciones dentro del propio país.

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v | Fiscal

La campaña de la renta 2025 llega con pocos cambios, pero nuevas deducciones clave para rentas bajas y vivienda

La campaña de la renta comenzará el 8 de abril sin grandes cambios estructurales, aunque sí presenta ciertas incertidumbres, según señalan desde el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC). En particular, advierten de dudas sobre la aplicación de algunas medidas que todavía no han entrado en vigor al no haberse convalidado los decretos que las contemplaban. El plazo se extenderá hasta el 30 de junio. La presentación podrá hacerse por internet desde el inicio de la campaña, por teléfono a partir del 6 de mayo y de forma presencial desde el 1 de junio en las oficinas de la Agencia Tributaria. Desde el COGAC insisten en la importancia de revisar detenidamente el borrador antes de confirmarlo, ya que puede contener errores, y recomiendan recurrir a un gestor administrativo para asegurar una correcta aplicación de la normativa. Entre las novedades más destacadas figura la creación de un nuevo tramo en la base del ahorro: a partir de 300.000 euros, los rendimientos tributarán al 30%, lo que incrementa la carga fiscal para los grandes patrimonios y refuerza la progresividad del sistema. Se mantienen los umbrales para estar obligado a presentar la declaración: 22.000 euros anuales con un solo pagador y 15.876 euros en caso de varios, con algunas excepciones. Los autónomos deberán seguir declarando en todos los casos, al igual que las personas en situación de desempleo. Para aliviar a las rentas más bajas, se introduce una nueva deducción dirigida a quienes perciben ingresos cercanos al salario mínimo. Los contribuyentes que ganen menos de 18.276 euros podrán beneficiarse de una deducción máxima de 340 euros, que se reduce progresivamente a partir de los 16.576 euros y desaparece al superar el límite establecido. En el ámbito de la sostenibilidad, se mantienen los incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. En ambos casos, se permite deducir el 15% de la inversión, con un máximo de 3.000 euros para la adquisición del vehículo y de 600 euros para los puntos de recarga. También continúan las deducciones por obras de mejora energética en viviendas, con reducciones que pueden alcanzar el 20%, 40% o 60% según el nivel de eficiencia conseguido, consolidando así el apoyo fiscal a la transición ecológica. Otra novedad es la ampliación de la exención en el IRPF para indemnizaciones por accidentes de tráfico, que ahora incluye las abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Asimismo, las ayudas relacionadas con la DANA no tributarán, aunque las destinadas a incendios forestales de 2025 aún están pendientes de aprobación. En el ámbito autonómico, Cataluña introduce cambios relevantes. Se establece una nueva escala del IRPF que reduce la carga fiscal en los tramos más bajos, favoreciendo a las rentas medias y bajas. Además, se amplían las deducciones por alquiler para determinados colectivos, como jóvenes, desempleados, personas con discapacidad o mayores de 65 años, con beneficios que pueden llegar hasta 1.000 euros en algunos casos. También se incorporan nuevas deducciones de carácter social, como las destinadas al acogimiento de menores o a víctimas de violencia machista, estas últimas con deducciones de hasta el 20% o 25% del alquiler durante un máximo de tres años. Por último, se introduce una deducción del 20% por inversión en cooperativas agrarias y de vivienda, con un límite de 3.000 euros, con el objetivo de fomentar la economía social, facilitar el acceso a la vivienda y dinamizar el medio rural. Todo ello en un contexto de cierta incertidumbre normativa, que obliga a los contribuyentes a mantenerse especialmente atentos a posibles cambios fiscales.

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(El Economista, 27-03-2026) | Laboral

La Audiencia choca con el Supremo y rechaza flexibilizar el inicio de permiso de cinco días para cuidar familiares

Existe un conflicto de interpretación entre distintos tribunales sobre cómo debe aplicarse el permiso retribuido de cinco días para atender a familiares enfermos u hospitalizados. En concreto, la Audiencia Nacional mantiene una postura distinta a la del Tribunal Supremo y rechaza que se pueda flexibilizar el momento en que comienza dicho permiso. En una sentencia fechada el 19 de febrero, la Audiencia Nacional establece que este derecho debe iniciarse en el mismo momento en que se produce la hospitalización o la intervención del familiar. Según su criterio, el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores sugiere una relación directa entre el hecho que origina el permiso -la hospitalización- y el inicio de su disfrute. No obstante, el tribunal admite que, si el ingreso hospitalario finaliza antes de agotar los cinco días, el trabajador puede seguir disfrutándolos siempre que el paciente necesite reposo en casa. Aun así, la Audiencia rechaza que exista un permiso independiente para cuidados posteriores al alta hospitalaria que permita comenzar a contar los cinco días en ese momento. Considera que aceptar esa posibilidad implicaría permitir que el permiso se iniciara después del alta, algo que descarta de forma contundente. Esta interpretación contrasta con la postura del Tribunal Supremo, que en una sentencia del 4 de febrero sostuvo que la normativa no especifica claramente cuándo debe comenzar el permiso. Por ello, el alto tribunal analizó la finalidad de este derecho y subrayó la importancia de diferenciar entre el alta hospitalaria y el alta médica, ya que la primera no implica necesariamente el fin de la necesidad de cuidados. Desde esta perspectiva, el Supremo defiende que el permiso no debe estar rígidamente ligado al momento exacto del hecho causante, sino que debería poder organizarse de manera flexible para garantizar una atención más eficaz y adaptada a las necesidades reales del familiar. Además, el tribunal recordó que el modelo social español, propio de los estados del bienestar de tipo mediterráneo, otorga a la familia un papel fundamental en el cuidado y la protección de las personas. Por ello, limitar el inicio del permiso al momento de la hospitalización podría reducir su eficacia y dificultar una adecuada planificación de los cuidados. Este permiso fue ampliado por el Gobierno en junio de 2023, pasando de dos días -ampliables en ciertos casos- a cinco días en todos los supuestos. Sin embargo, la falta de claridad en la norma sobre cuándo puede comenzar a disfrutarse o si puede extenderse tras el alta ha generado numerosos litigios, dando lugar a interpretaciones judiciales divergentes como las actuales.

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(El Economista, 27-03-2026) | Laboral

El teletrabajo resiste y roza el umbral de los 3,5 millones de españoles que trabajan desde casa

En 2023, España registró un máximo histórico de 3,47 millones de personas trabajando desde casa, lo que supone un aumento del 4,3% respecto al año anterior. Así, el teletrabajo alcanza al 15,6% de la población ocupada, casi el doble que antes de la pandemia. No obstante, su distribución es desigual: solo el 12,7% de los asalariados teletrabaja, frente al 32,2% de los autónomos, que explican además el 58,4% del crecimiento registrado. Lejos de disminuir, el teletrabajo sigue consolidado por encima de los niveles de la pandemia, aunque con cambios en su modalidad. Actualmente, existe un reparto casi equilibrado entre quienes trabajan en remoto de forma ocasional y quienes lo hacen de manera habitual, a diferencia de 2020, cuando predominaba claramente el teletrabajo intensivo. La modalidad híbrida alcanza al 7,7% de los ocupados, al 6,2% de los asalariados y al 15,7% de los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, los datos sugieren que esta forma de trabajo está cerca de estabilizarse. Aunque el número absoluto de teletrabajadores aumenta, también lo hace el total de personas empleadas, por lo que su peso relativo apenas ha crecido dos décimas desde 2022. La evolución del teletrabajo en España ha seguido dos ritmos distintos. Entre los autónomos, ya estaba bastante extendido antes de la pandemia gracias al desarrollo tecnológico y al auge de profesiones digitales, superando el 30% en 2019. En cambio, entre los asalariados su expansión fue mucho más brusca con la crisis sanitaria, pasando en un año del 4,2% al 12,1%. Posteriormente, en 2022 se produjo un descenso notable coincidiendo con el retorno a la presencialidad y la entrada en vigor de la Ley del Trabajo a Distancia, que obliga a las empresas a asumir ciertos costes del trabajo remoto. Aun así, desde entonces se ha recuperado hasta alcanzar niveles récord. Esta recuperación, no obstante, se ha basado principalmente en el teletrabajo ocasional, mientras que el trabajo remoto habitual sigue varios puntos por debajo de los niveles de la pandemia. Esto refleja la adaptación de muchas empresas a modelos híbridos. De hecho, un informe reciente señala que el 96% de las grandes compañías en España combinan presencialidad y teletrabajo, y dos tercios aplican este sistema a más de la mitad de sus plantillas. Según este estudio, lo más común es trabajar desde casa uno o dos días por semana, siendo menos habituales las fórmulas con mayor número de días en remoto o el teletrabajo completamente a distancia, reservado a situaciones muy concretas. No obstante, estos datos contrastan parcialmente con los de la Encuesta de Población Activa, que indican que el teletrabajo habitual sigue representando cerca de la mitad de los casos. En cualquier caso, también se observa que su implantación varía considerablemente según el sector, siendo especialmente relevante en ámbitos como la banca, los seguros o la energía, aunque las estadísticas oficiales no detallan esta distribución por actividades.

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(El Economista, 27-03-2026) | Laboral

Seguridad Social corrige el recorte excesivo a la pensión máxima de las personas que se habían jubilado anticipadamente desde enero

El Ministerio de Seguridad Social ha rectificado el error que provocó la aplicación de recortes excesivos en las pensiones de quienes se jubilaron anticipadamente desde el 1 de enero y tenían derecho a la cuantía máxima. Así se recoge en una comunicación interna en la que el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, anula la resolución aprobada a finales de diciembre, que adelantaba a 2026 una penalización prevista inicialmente para 2033. La corrección tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, por lo que los afectados recibirán la compensación correspondiente de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite, según fuentes del propio ministerio. La reforma de las pensiones acordada en 2021 por el Gobierno, los sindicatos y la patronal tenía como objetivo retrasar la edad efectiva de jubilación, incentivando prolongar la vida laboral y penalizando las salidas anticipadas. Para ello, se estableció una escala de reducciones en la pensión en función de los meses de adelanto respecto a la edad legal -65 años o 66 años y 10 meses en 2026- y del año de retiro, con incrementos progresivos hasta 2033. No obstante, se fijó como límite que la pensión resultante no pudiera ser inferior a la que se habría percibido con la normativa anterior. En los últimos años, las pensiones han experimentado importantes subidas ligadas a la inflación, en algunos casos superiores al 8%, en parte por el impacto económico de la guerra en Ucrania. Este contexto fue utilizado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para justificar la aplicación anticipada del coeficiente reductor máximo -del 21%- en lugar del 9,1% previsto para 2026. Como consecuencia, algunos jubilados se encontraron con una prestación notablemente inferior a la estimada inicialmente. Los sindicatos habían condicionado la revisión de esta situación a otras negociaciones abiertas con el ministerio, especialmente en materia de incapacidad temporal. Finalmente, organizaciones como UGT y CCOO han valorado positivamente la rectificación, al considerar que corrige una aplicación indebida de la norma. Además, ambas organizaciones han instado al Gobierno a resolver en breve otras cuestiones pendientes, como la extensión del derecho a la jubilación parcial al personal laboral, en línea con lo acordado en la reforma de 2024, y su posible ampliación a funcionarios y personal estatutario, que perdieron este derecho en 2012. Según lo previsto, el Ejecutivo dará solución próximamente a este asunto, permitiendo la contratación de relevistas interinos en el sector público para facilitar la jubilación parcial. Esto supondría modificar las condiciones introducidas en 2025, que exigían contratos indefinidos y a tiempo completo durante un periodo mínimo. Tras esta rectificación, quienes deseen anticipar su jubilación deberán esperar unos días hasta que el cambio se refleje en el simulador oficial. Por su parte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se encargará de ajustar automáticamente las prestaciones afectadas conforme a la nueva resolución, con efectos desde comienzos de año.

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(Expansión, 27-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez sitúa la economía en el centro al elevar a Cuerpo a vicepresidente primero

El presidente ha designado al ministro de Economía, Comercio y Empresa como responsable de coordinar al resto de ministros del área económica dentro de la Comisión Delegada, situando su departamento como eje clave en la fase final de la legislatura. Pedro Sánchez volvió a reforzar el papel central de la economía en su Gobierno al nombrar vicepresidente primero a Carlos Cuerpo, titular de Economía, en sustitución de María Jesús Montero. Con este cambio, el presidente reduce el peso político en la cúpula del Ejecutivo y apuesta por un perfil más técnico -independiente y sin afiliación al PSOE- para afrontar el último tramo de una legislatura a la que le queda aproximadamente un año. Sánchez elogió a Cuerpo, al que definió como uno de los economistas y servidores públicos más destacados del país, subrayando su trayectoria como doctor en Economía y técnico comercial del Estado, con experiencia en instituciones como la Autoridad Fiscal, el Tesoro y organismos europeos. Asimismo, destacó su labor al frente del Ministerio y expresó su confianza en su desempeño como vicepresidente primero. Por su parte, María Jesús Montero dejó el Consejo de Ministros tras haber sido vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, además de número dos del PSOE, para centrarse en su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía. Su salida se aceleró tras el anuncio del adelanto electoral en la comunidad para el 17 de mayo. En los días previos se había especulado con la posibilidad de que Cuerpo asumiera también la cartera de Hacienda, unificando ambos ministerios como en etapas pasadas. Sin embargo, Sánchez optó por mantenerlos separados y nombró a Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, quien hasta ahora ocupaba la Secretaría de Estado de Política Territorial. Aun así, Cuerpo asume el liderazgo económico dentro del Ejecutivo, presidiendo la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, donde se coordina la política económica del Gobierno y ante la que rendirán cuentas varios ministros clave. Además, ejercerá como sustituto de Sánchez al frente del Consejo de Ministros en caso de ausencia. Este nombramiento también le sitúa por delante de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con quien ha mantenido desacuerdos en cuestiones como el control horario o la reducción de la jornada laboral. Cuerpo asumió la cartera de Economía en diciembre de 2023 tras la salida de Nadia Calviño hacia el Banco Europeo de Inversiones, aunque no fue entonces nombrado vicepresidente. Ahora, Sánchez recupera la fórmula de apoyarse en un perfil técnico para la vicepresidencia económica. De momento, el presidente limita los cambios en el Gobierno a estos nombramientos, con la intención de afrontar el camino hacia las elecciones de 2027 poniendo la economía en el centro, especialmente tras resultados adversos en recientes elecciones autonómicas. El estilo discreto de Cuerpo busca poner en valor la evolución económica del país, que ha liderado el crecimiento en Europa con un aumento del PIB del 2,8% el pasado año y previsiones superiores al 2% para el actual. No obstante, deberá gestionar la desaceleración económica sin perder de vista el objetivo de alcanzar el pleno empleo. Entre sus retos inmediatos se encuentran la gestión de la crisis energética e inflacionaria derivada de tensiones internacionales, así como la ejecución de los fondos europeos Next Generation antes de que finalice el plazo en agosto. Posteriormente, deberá evitar el impacto negativo que podría suponer el fin de estas ayudas para la economía.

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(Cinco Días, 27-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La perspectiva de más inflación lleva el tipo de interés de la deuda española al nivel más alto desde 2023

La creciente incertidumbre sobre la posibilidad de un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, que podría aliviar la tensión en los mercados energéticos, ha provocado este jueves una nueva subida del precio del petróleo y caídas en las Bolsas. Tres días después de que Washington calificara como "productivas" sus conversaciones con Teherán, la respuesta iraní sigue siendo negativa. El país ha rechazado abiertamente la propuesta estadounidense de 15 puntos, transmitida a través de Pakistán, y ha insistido en su reivindicación de soberanía sobre el estrecho de Ormuz. Aunque no descarta futuras negociaciones, su postura inicial es firme. Con el control de este paso estratégico, Irán mantiene en vilo a la economía mundial casi un mes después del inicio de la ofensiva conjunta con Israel, que aspiraba a ser breve. En los mercados bursátiles predomina la cautela más que el pánico, aunque persiste el riesgo de episodios de volatilidad como el vivido a comienzos de semana. El Ibex 35 caía en torno a un 1,25% a mediodía, menos que en la jornada anterior, mientras que el precio del petróleo se sitúa cerca de los 108 dólares, unos 10 por debajo del nivel previo al anuncio de tregua de Donald Trump, aunque con una subida cercana al 5% en el día. Por su parte, los futuros de Wall Street anticipan descensos próximos al 1%. La preocupación es mayor en los mercados de deuda pública, donde la perspectiva de un conflicto prolongado está generando fuertes tensiones. La rentabilidad del bono español a diez años sube hasta el 3,57%, su nivel más alto desde 2023, tras avanzar 10 puntos básicos. En Alemania, el interés supera el 3%, alcanzando máximos desde 2011, mientras que en Estados Unidos se sitúa en el 4,38%, niveles similares a los del pasado verano. El temor a una mayor inflación, junto con la expectativa de subidas de tipos, está llevando a los inversores a exigir mayores rendimientos. Desde el banco suizo Julius Baer, el responsable de inversiones Yves Monzon recuerda que "para detener una guerra hacen falta dos partes" y advierte de que Estados Unidos no puede poner fin al conflicto de forma unilateral. Además, considera que cada día sin una escalada militar refuerza la posición negociadora de Irán. La entidad apunta que los recientes ataques a infraestructuras energéticas marcan un punto de inflexión y adopta una postura neutral respecto a la renta variable, con tendencia a volverse más prudente. En este contexto, recomienda aprovechar las subidas para vender en lugar de comprar en las caídas. El temor a un repunte de la inflación por el encarecimiento de la energía ha llevado a los mercados a descartar bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal este año, lo que ha impulsado al dólar. Aunque en un primer momento se contemplaron posibles subidas adicionales de tipos en Estados Unidos, estas expectativas se han moderado. En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dejó abierta la puerta a nuevas subidas de tipos si el conflicto eleva de forma sostenida la inflación en la eurozona. Según explicó, si el impacto supone una desviación significativa respecto al objetivo, podría ser necesario un ajuste de la política monetaria. Por su parte, los analistas de ING señalan que, aunque el mercado valora positivamente los intentos de Estados Unidos por alcanzar un acuerdo, la falta de avances concretos mantiene intactas las previsiones de dos o tres subidas de tipos por parte del BCE este año. Incluso para abril, estiman una probabilidad del 60% de un incremento. En este escenario, el factor determinante sigue siendo el precio del petróleo, que apenas ha variado desde principios de semana. Aunque las noticias generan cierta volatilidad, los inversores evitan reaccionar a cada rumor, conscientes de la fragilidad de la situación y del riesgo de una nueva escalada, especialmente ante la firmeza mostrada por Irán.

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(El País, 27-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La OCDE calcula que la inflación en España subirá al 3% en 2026 por la guerra en Irán

El conflicto en Irán ya está pasando factura a las previsiones económicas de España. La OCDE, en sus últimas Perspectivas Económicas Provisionales, estima que el PIB español crecerá un 2,1% en 2026, una décima menos de lo previsto en diciembre. Asimismo, revisa al alza la inflación, que alcanzaría una media del 3%, siete décimas más. De cara a 2027, el crecimiento también se reduce ligeramente hasta el 1,7%, mientras que la inflación bajaría al 2,2%, cerca del objetivo del Banco Central Europeo, aunque aún cuatro décimas por encima de la previsión anterior. Por el momento, el organismo no contempla un impacto tan severo como el provocado por la guerra de Ucrania, cuando los precios se dispararon con mayor intensidad. En comparación con otras economías europeas, España presenta una evolución más favorable: el recorte de una décima en su crecimiento para 2026 contrasta con las dos décimas que perderán países como Alemania, Francia e Italia, ninguno de los cuales superará el 1% de crecimiento. En conjunto, la zona euro crecerá un 0,8%, cuatro décimas menos de lo estimado previamente, debido principalmente al encarecimiento de la energía. Para 2027, el avance será del 1,2%, impulsado en parte por el aumento del gasto en defensa. A escala global, la OCDE mantiene sus previsiones de crecimiento en el 2,9%, con un leve descenso hasta el 3% en 2027. El mayor impacto del conflicto se concentra en la inflación: en las economías avanzadas alcanzará el 4%, 1,2 puntos más que en cálculos anteriores, y se moderará al 2,7% en 2027. Esto sugiere que el organismo considera el efecto como transitorio, aunque advierte de que un conflicto prolongado podría empeorar significativamente el escenario. De hecho, alerta de que interrupciones persistentes en las exportaciones de Oriente Próximo podrían elevar aún más los precios energéticos, agravar la escasez de materias primas y frenar el crecimiento. En este contexto, Estados Unidos resulta relativamente beneficiado, con una revisión al alza de tres décimas en su crecimiento hasta el 2%, gracias a su papel como gran exportador de petróleo y gas. Las previsiones de la OCDE dependen de que los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes comiencen a moderarse a partir de mediados de 2026, algo que todavía genera incertidumbre. Desde la última actualización, el barril de Brent ha subido alrededor de un 40% y el gas europeo de referencia (TTF) un 60%. Además, la institución advierte de posibles tensiones adicionales en el suministro, agravadas por los bajos niveles de reservas de gas en Europa. El encarecimiento energético está vinculado, en gran medida, al bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, lo que ha alterado los flujos de crudo, derivados y gas natural licuado a escala global. Ante este escenario, la OCDE señala que los bancos centrales deberán mantenerse vigilantes y no descarta ajustes en la política monetaria si aumentan las presiones inflacionistas o se deteriora el mercado laboral. En esta línea, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha asegurado que la institución está preparada para subir los tipos de interés en cualquier momento si fuera necesario. Para mitigar el impacto económico, el organismo recomienda aplicar medidas selectivas dirigidas a los hogares más vulnerables y a empresas viables, recordando que el margen fiscal es limitado y que debe preservarse la sostenibilidad de la deuda pública. Finalmente, la OCDE advierte de otros riesgos adicionales, como una posible menor rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial, que podría provocar una reevaluación del riesgo en los mercados financieros y afectar negativamente a la demanda privada, dado el creciente peso de estas compañías en la inversión global.

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