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(Expansión, 26-05-2026) | Fiscal

Hacienda lanza la primera oleada de cartas por errores en la declaración de la Renta

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una nueva campaña de avisos dirigida a contribuyentes que podrían haber cometido errores en su declaración de la Renta, con el objetivo de que revisen y, en su caso, corrijan los datos antes de que finalice el plazo voluntario de presentación, el próximo 30 de junio. Hacienda prevé remitir este año alrededor de 130.000 comunicaciones. Mes y medio después del inicio de la campaña correspondiente al ejercicio 2025, el organismo ha comenzado a enviar estas notificaciones a quienes ya han presentado su declaración y presentan posibles discrepancias o datos susceptibles de revisión. Los envíos se realizarán en dos fases: una ya iniciada y otra prevista para comienzos de junio, coincidiendo con el último tramo de la campaña. Además de las cartas, la Agencia Tributaria incorporará avisos a través de Renta Web y de su aplicación móvil, dentro del apartado de seguimiento del expediente. Este sistema de comunicaciones preventivas comenzó a aplicarse de forma generalizada hace dos campañas, especialmente entre quienes modifican la información que Hacienda incluye inicialmente en el borrador. A través de estos avisos, el organismo invita a los contribuyentes a revisar los datos y valorar si deben presentar una declaración rectificativa ajustada a la información de la que dispone la Administración. Desde la Agencia Tributaria explican que el objetivo es fomentar el cumplimiento voluntario y evitar errores u omisiones que posteriormente puedan derivar en regularizaciones, sanciones o intereses de demora. Pese a ello, recibir una de estas cartas no implica la obligación de modificar la declaración presentada. Se trata únicamente de avisos informativos, aunque algunos expertos y colectivos críticos consideran que estas comunicaciones generan presión sobre los contribuyentes al sugerir posibles futuras comprobaciones o inspecciones si no se corrigen los datos. El año pasado, más de 45.000 contribuyentes presentaron declaraciones rectificativas tras recibir estas notificaciones, lo que representó más de un tercio del total de cartas enviadas. En esta campaña, Hacienda ha ampliado además los supuestos que pueden dar lugar al envío de estos avisos. Entre las declaraciones consideradas más propensas a errores figuran las que incluyen deducciones autonómicas, alquileres de inmuebles, transmisiones patrimoniales, aportaciones a planes de pensiones, subvenciones o deducciones familiares. También se vigilarán especialmente los casos en los que hayan cambiado las circunstancias familiares durante 2025 o aquellos relacionados con la deducción por inversión en vivienda habitual, una materia que ha generado distintas interpretaciones y litigios judiciales. Los autónomos volverán a estar entre los colectivos más vigilados. Este año deberán reflejar por primera vez en la declaración el resultado de la regularización de cuotas correspondiente a 2023, tras la implantación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Según datos de la Seguridad Social, alrededor de 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia tendrán que ajustar la deducción de sus cotizaciones. Aproximadamente 460.000 deberán reducir la deducción al haber recibido devoluciones, lo que incrementará su base imponible, mientras que cerca de 800.000 podrán ampliar dicha deducción al sumar las diferencias abonadas, reduciendo así la base sobre la que tributa el IRPF. Fuentes de la Agencia Tributaria han señalado que serán los propios autónomos quienes deban incorporar estos ajustes en la declaración, aunque el cálculo del efecto fiscal derivado de la regularización estará automatizado. Además de los autónomos, la Inspección de Hacienda pondrá especial atención sobre declaraciones con importes elevados, especialmente aquellas que superen determinados filtros de riesgo establecidos por la Agencia, situados el año pasado en torno a los 4.500 euros. También estarán bajo revisión las declaraciones de contribuyentes que hayan vendido una vivienda durante 2025 y no hayan declarado ganancias patrimoniales. Hacienda considera especialmente sospechosos estos casos debido al fuerte incremento del precio de la vivienda registrado durante el último año en España.

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(Expansión, 26-05-2026) | Fiscal

Más de ocho millones de declaraciones presentadas el primer mes de campaña

El arranque de la campaña de la Renta correspondiente a 2025 ha dejado cifras históricas para la Agencia Tributaria. Durante abril, primer mes disponible para presentar las declaraciones, se registraron cerca de ocho millones de borradores, lo que supone un aumento del 4,9% respecto al mismo periodo del año anterior, pese a que este ejercicio la campaña comenzó seis días más tarde. Según los datos de la AEAT, este incremento se explica principalmente por el aumento de las solicitudes de devolución, que crecieron un 4,4% y superaron los 6,3 millones de declaraciones. También aumentaron las declaraciones con resultado a pagar. En concreto, durante abril se presentaron 1,17 millones de borradores a ingresar, un 6% más que un año antes, aunque Hacienda recuerda que este tipo de declaraciones suele concentrarse en la parte final de la campaña. En cuanto a los canales de presentación y pago, la Agencia Tributaria destaca el fuerte crecimiento del uso de la aplicación móvil. A través de este sistema se enviaron 635.000 declaraciones en abril, lo que representa un incremento del 24,5% respecto al primer mes de la campaña anterior. Las previsiones de Hacienda apuntan además a un importante aumento de la recaudación neta derivada del IRPF de 2025. La Agencia Tributaria calcula que los ingresos a favor del Estado crecerán alrededor de un 60%, superando los 11.000 millones de euros, impulsados principalmente por la tributación de ganancias obtenidas en la venta de viviendas y acciones. Asimismo, el organismo prevé alcanzar un nuevo máximo histórico de declaraciones presentadas, con 25.155.822 borradores, un 2,1% más que el año pasado. También estima un incremento del 10,3% en las declaraciones con resultado a ingresar. La directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, y la responsable del Departamento de Gestión, Rosa Prieto, atribuyen esta evolución, sobre todo, al crecimiento del empleo registrado durante 2025, que avanzó un 3,3%.

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(Expansión, 26-05-2026) | Fiscal

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se posiciona abiertamente del lado de los ciudadanos afectados por las cargas impositivas

Los inspectores de Hacienda aseguran sentirse también "afectados" por un escenario marcado por el aumento del coste de la vida, la presión fiscal derivada de impuestos indirectos y la creciente preocupación por los casos de corrupción política en las instituciones. En un comunicado especialmente crítico difundido este martes, el colectivo responde a lo que considera ataques y cuestionamientos constantes hacia su trabajo. Los funcionarios encargados de la inspección tributaria reivindican su actuación ajustada a la legalidad y aprovechan el texto para reflexionar sobre la compleja situación económica y política que atraviesa España. La nota evidencia el malestar existente dentro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Los inspectores rechazan que se les presente como enemigos de los contribuyentes y consideran que esa visión perjudica la relación entre la ciudadanía y la Hacienda pública, beneficiando únicamente a quienes incumplen sus obligaciones fiscales y deteriorando la confianza en el sistema tributario. No obstante, la crítica más severa se centra en el contexto económico y en determinadas decisiones del Gobierno. La organización subraya la incertidumbre que atraviesa el país y denuncia el impacto de los "presuntos casos de corrupción grave" protagonizados, según afirman, por responsables públicos que deberían representar la transparencia y la correcta gestión de los recursos del Estado. A juicio de los inspectores, estos escándalos están erosionando seriamente la credibilidad de las instituciones democráticas. A ello añaden los problemas que sufren muchas familias: precariedad laboral, dificultades para acceder a una vivienda, encarecimiento de los alimentos y aumento continuado de los gastos básicos. El colectivo también cuestiona la decisión de no adaptar el IRPF a la inflación, ya que considera que esta medida provoca una subida encubierta de impuestos y reduce la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Según la asociación, el peso de esta situación recae principalmente sobre las clases medias, que sostienen la mayor parte de la recaudación pública. "Nosotros tampoco somos ajenos a esta realidad", remarcan. Además, muestran su preocupación por los acuerdos bilaterales de financiación entre el Estado y Cataluña. La asociación sostiene que lleva tiempo alertando sobre este asunto y lamenta que, en su opinión, parte de la clase política reste importancia a sus consecuencias. Los inspectores consideran que estos pactos se han alcanzado sin un debate democrático suficiente y sostienen que presentan rasgos "claramente inconstitucionales". Advierten de que, si no se rectifican, podrían poner en peligro la caja común del Estado y afectar a la base de datos tributaria unificada de la AEAT, herramienta clave para perseguir el fraude fiscal en todo el país. Otro de los puntos más críticos del comunicado se refiere a la reforma de los procesos de acceso a la función pública. La asociación alerta del riesgo de "desmontar" el actual sistema de oposiciones y rechaza la posibilidad de sustituir las pruebas técnicas por modelos menos exigentes y más subjetivos. Según denuncian, detrás de esos cambios existiría la intención de reducir la independencia de los funcionarios técnicos y facilitar la interferencia política en decisiones especializadas, debilitando así los mecanismos de control fiscal y la lucha contra las grandes estructuras de evasión tributaria. Finalmente, los inspectores reclaman que cesen los ataques contra la reputación del colectivo y defienden que su actuación se desarrolla con plena sujeción a la legalidad vigente. También recuerdan que la complejidad del sistema tributario es consecuencia de las leyes aprobadas por el poder legislativo, y no de quienes se encargan de aplicarlas. La asociación concluye haciendo un llamamiento a partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanos para abrir un debate sobre fiscalidad "serio, riguroso y respetuoso", basado en datos objetivos y en el reconocimiento del papel esencial que desempeña la inspección tributaria.

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(Expansión, 26-05-2026) | Fiscal

La UE suspende temporalmente los aranceles a fertilizantes para reducir costes al campo

Los ministros de Comercio de la Unión Europea aprobaron este viernes la suspensión temporal, durante un año, de los aranceles aplicados a determinados fertilizantes nitrogenados empleados en la agricultura europea. Con esta decisión, Bruselas pretende abaratar los costes para agricultores y productores del bloque, al tiempo que reduce la dependencia de suministros procedentes de Rusia y Bielorrusia. La medida afectará principalmente a productos como la urea y el amoníaco, materias primas fundamentales para fabricar fertilizantes nitrogenados. Según los cálculos de la Comisión Europea, la eliminación de estos derechos aduaneros supondrá un ahorro cercano a los 60 millones de euros en importaciones. La iniciativa había sido planteada por el Ejecutivo comunitario el pasado mes de febrero. La Unión Europea considera además que esta decisión ayudará a diversificar las fuentes de suministro en un momento marcado por el encarecimiento de los fertilizantes desde 2021 y por las tensiones generadas en los mercados energéticos y agrícolas tras la invasión rusa de Ucrania. En la práctica, la suspensión arancelaria solo beneficiará a productos que actualmente no disfrutan ya de acceso libre de impuestos al mercado comunitario a través de acuerdos preferenciales. Además, con el objetivo de proteger a la industria europea, la exención estará limitada a un volumen concreto: el equivalente a las importaciones sometidas al régimen general en 2024, más un 20% adicional respecto a las compras realizadas ese mismo año a Rusia y Bielorrusia. Los Veintisiete dejaron claro, además, que esta medida no se aplicará a productos procedentes de Rusia debido a la guerra contra Ucrania, ni tampoco a los importados desde Bielorrusia por su respaldo al Gobierno ruso y por las críticas europeas a su vulneración del derecho internacional y de las libertades fundamentales. De acuerdo con los datos de la UE, durante 2024 el bloque comunitario importó alrededor de dos millones de toneladas de amoníaco y 5,9 millones de toneladas de urea, además de otros 6,7 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados y mezclas con nitrógeno. La nueva normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y tendrá una duración inicial de un año. No obstante, la Comisión Europea continuará vigilando la evolución del mercado y podrá plantear una ampliación o modificación de la medida si las circunstancias lo requieren.

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(El País, 26-05-2026) | Fiscal

El FMI insta a España a retirar las ayudas al combustible y agilizar la burocracia para construir más viviendas

El fuerte avance de la economía española no impide que el Fondo Monetario Internacional reclame al Gobierno una retirada progresiva de las ayudas energéticas con el objetivo de recuperar margen fiscal ante el fuerte aumento del gasto público que provocará el envejecimiento de la población, especialmente en pensiones y sanidad. El organismo considera que las rebajas fiscales aplicadas a los carburantes alteran las señales de precios de la energía y reducen recursos públicos en un contexto marcado por elevados niveles de deuda. Por ello, solo ve justificable mantener estas ayudas si la situación económica empeora y siempre que se orienten de manera más selectiva hacia los sectores más afectados, en lugar de aplicarse de forma generalizada. Las bonificaciones sobre la electricidad y el gas aprobadas por el Ejecutivo para amortiguar el impacto del conflicto en Irán finalizarán el próximo 1 de junio. Sin embargo, las medidas fiscales sobre los carburantes continuarán al menos hasta el 30 de junio y el Gobierno no descarta prorrogarlas, una posibilidad que el FMI observa con cautela. Actualmente, estas medidas permiten aplicar un IVA reducido del 10% a gasolina, gasóleo y biocarburantes, además de rebajar el impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea. En su informe anual sobre España, conocido como Artículo IV, el FMI reconoce que la economía española continúa creciendo por encima de la mayoría de países europeos gracias a la fortaleza de la demanda interna, que compensa la debilidad de las exportaciones. También destaca la resistencia de la actividad económica pese al impacto de la guerra en Oriente Próximo y prevé que el desempleo cierre este año por debajo del 10%. No obstante, el organismo adopta una visión más prudente a medio plazo. Advierte de que los riesgos para el crecimiento se inclinan principalmente a la baja y anticipa una desaceleración gradual de la actividad. Sus previsiones apuntan a un crecimiento del PIB del 2,1% este año y del 1,8% tanto en 2027 como en 2028. También estima que la reducción del paro perderá fuerza, con tasas cercanas al 9,8% en los próximos ejercicios, aunque seguirían siendo niveles históricamente bajos para España. Pese a esa moderación, el FMI considera que España seguirá situándose entre las economías avanzadas con mayor crecimiento. Aun así, insiste en que no hay margen para la complacencia y reclama reforzar el sistema de pensiones ante el rápido envejecimiento demográfico. Además, advierte de que el limitado espacio fiscal reduce la capacidad del Estado para responder a futuras crisis económicas. El organismo recuerda que España afrontará uno de los mayores incrementos de gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración dentro de la Unión Europea. Según las proyecciones citadas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y del informe europeo sobre envejecimiento, este aumento podría situarse entre el 4,5% y el 5,1% del PIB entre 2025 y 2050. Respecto al problema del acceso a la vivienda, el FMI considera que la solución pasa principalmente por aumentar la oferta. Entre sus recomendaciones figuran reducir la inseguridad jurídica y agilizar la concesión de licencias urbanísticas, uno de los principales obstáculos para acelerar la construcción residencial. Por el momento, el Fondo no aprecia señales de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008. El informe destaca que, pese al fuerte incremento de los precios de la vivienda, el sistema financiero mantiene bajos niveles de riesgo gracias a la buena capitalización y rentabilidad de los bancos, así como al fortalecimiento de los balances de familias y empresas impulsado por el crecimiento de los ingresos. La deuda de los hogares en relación con el PIB descendió ligeramente hasta el 43% en 2025 y se mantiene en niveles relativamente bajos frente a otros países. Además, el aumento de las hipotecas a tipo fijo y la evolución positiva del empleo han reducido la vulnerabilidad de los hogares con menores ingresos frente a las subidas de tipos de interés. Aun así, el FMI recomienda mantener una vigilancia estricta sobre el mercado inmobiliario y endurecer las condiciones de concesión hipotecaria si se observa un exceso de relajación crediticia o si los precios de la vivienda siguen creciendo con demasiada intensidad. El organismo también subraya el impacto del crecimiento demográfico sobre el sector inmobiliario. España se aproxima ya a los 50 millones de habitantes y suma cerca de medio millón de nuevos residentes cada año. Según el informe, el fuerte crecimiento poblacional, impulsado por la inmigración neta, junto con la bajada de los tipos de interés, ha favorecido la expansión del crédito hipotecario. Precisamente, el FMI atribuye buena parte del crecimiento económico reciente a la inmigración. Señala que muchos trabajadores extranjeros han llegado atraídos por la favorable situación económica de España, el uso extendido del idioma español y unas políticas migratorias más abiertas que las de otros países avanzados. Según sus cálculos, alrededor de tres cuartas partes del aumento acumulado del empleo entre 2022 y 2025 se explican por la incorporación de inmigrantes al mercado laboral, mientras que el resto responde a mejoras de productividad. Las previsiones de crecimiento del FMI son algo más moderadas que las publicadas recientemente por la Comisión Europea, aunque ambos organismos coinciden en situar la inflación de este año en torno al 3%. El Fondo considera que la guerra en Oriente Próximo ha frenado la fase final del proceso de desinflación. Para 2027 prevé una moderación hasta el 2,3%, seguida de un ligero repunte en 2028. El informe advierte, sin embargo, de que estas previsiones podrían empeorar si continúa aumentando el precio del petróleo. Según sus estimaciones, una subida adicional del 10% sostenida durante un año reduciría entre una y una décima y media el crecimiento del PIB español y elevaría la inflación en tres décimas. En el escenario más adverso, el crecimiento económico podría caer al 1,5% en 2026 y al 1,1% en 2027, mientras la inflación escalaría hasta el 4,1% y el 4,8%, respectivamente. Pese a ello, el FMI considera que España cuenta con ciertas ventajas para amortiguar el impacto económico del conflicto en Irán. Entre ellas destaca el peso del turismo, que podría beneficiarse de un desvío de viajeros que tradicionalmente elegían Oriente Próximo como destino vacacional, y el creciente protagonismo de las energías renovables dentro del sistema energético español. El Ministerio de Economía ha destacado precisamente esta última valoración del FMI, subrayando que la elevada presencia de renovables está permitiendo a España disponer de costes energéticos industriales más bajos que otras grandes economías de la eurozona, lo que favorece la inversión empresarial, especialmente en activos intangibles.

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(El Economista, 26-05-2026) | Fiscal

El recibo del IBI se encarece 10 euros de media desde la pandemia, con Madrid y Barcelona a la cabeza con 640 euros

Los ayuntamientos han alcanzado un máximo histórico de recaudación por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se sitúa en 13.412 millones de euros, un 5,5% más que hace cinco años. Este tributo ha ido aumentando de forma progresiva y poco visible año tras año, principalmente por la actualización periódica del valor catastral de las viviendas -que se revisa cada década y constituye la base del impuesto-, así como por la incorporación de nuevos inmuebles que ya entran al sistema con valores más elevados. Estas revisiones del catastro también han provocado un incremento del recibo medio que pagan los ciudadanos. Actualmente, la media por vivienda es de 344 euros, frente a los 334 euros de hace cinco años, los 324 euros previos a la pandemia y los 211 euros registrados en 2006. En cualquier caso, Madrid y Barcelona destacan como las ciudades con los importes más altos, con una media de 640 euros. El Ayuntamiento de Madrid lidera la recaudación de este impuesto, con 1.432 millones de euros, un volumen explicado por su elevada población (3,5 millones de habitantes), el alto valor de los inmuebles y el peso del tejido empresarial, ya que las compañías también tributan por los locales, oficinas o naves que poseen. En la capital, el pago medio por habitante asciende a 646 euros. En el caso de Barcelona, la recaudación alcanza los 749,8 millones de euros, con un recibo medio de 640 euros. La ciudad cuenta con 1,73 millones de habitantes y concentra también alrededor del 20% del tejido empresarial del país, lo que eleva la base imponible del impuesto. A bastante distancia se sitúan otros municipios como Ibiza, que ingresa 21,6 millones de euros pero con un recibo medio de 463 euros. En Palma, la media es de 324 euros; en Málaga, 326 euros; en Sevilla, 285 euros; y en Valencia, 284 euros. Los ayuntamientos tienen margen para fijar el tipo impositivo del IBI dentro de unos límites establecidos por el Estado, que oscilan entre el 0,4% y el 1,1%, aunque en determinadas capitales puede elevarse hasta el 1,3% con autorización. En la práctica, el tipo medio aplicado en España se sitúa en el 0,59%. En la actualidad, el valor total de los 38,9 millones de inmuebles sujetos al IBI asciende a 2,29 billones de euros. Esta base imponible crece cada año de forma moderada, con incrementos que suelen oscilar entre el 0,2% y el 0,9%. En comparación, en 2019 se situaba en 2,24 billones, lo que supone un aumento del 2,54% en cinco años; en 2014 era de 2,19 billones, un 4,54% menos que hoy; y en 2006 alcanzaba 1,26 billones, casi un 81% menos que en la actualidad. Si se incluyen no solo las viviendas urbanas, sino también el IBI rústico y los bienes inmuebles de características especiales -como grandes instalaciones industriales, plantas energéticas o infraestructuras-, la recaudación total de los ayuntamientos en 2024 asciende a 14.470 millones de euros. El IBI continúa siendo la principal fuente de financiación de las entidades locales, por encima del resto de tributos municipales y de las transferencias procedentes del Estado, como las derivadas del IRPF o el IVA. En conjunto, los ayuntamientos recaudaron en 2024 por este impuesto el doble de lo obtenido a través del IRPF (7.542 millones de euros) y un 110% más que por el IVA. A ello se suman otras figuras tributarias relevantes, como el Impuesto de Actividades Económicas (2.014 millones), la plusvalía municipal (1.861 millones), el impuesto de vehículos (2.309 millones en total entre hogares y empresas), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (1.509 millones), las tasas por utilización del dominio público (1.448 millones) y las licencias urbanísticas (426 millones).

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(El Confidencial, 26-05-2026) | Fiscal

España es el país europeo que más ha frenado la inflación bajando el IVA

Antes del estallido de la crisis inflacionaria, España figuraba entre los países europeos con mayores niveles de inflación. En algunos momentos, incluso superó en más de un punto porcentual la media de la eurozona, lo que despertó inquietud entre los analistas por el posible deterioro de la competitividad de la economía española. Sin embargo, en el último mes esa diferencia se ha estrechado hasta alcanzar su nivel más bajo en un año. La principal razón es que el Gobierno español ha aplicado una rebaja fiscal para hacer frente a la crisis energética mucho más intensa que la adoptada por otros socios europeos. De acuerdo con los datos de Eurostat, las medidas anticrisis aprobadas por el Ejecutivo han reducido la inflación española en 1,2 puntos porcentuales. Ningún otro país de la eurozona ha aplicado un estímulo fiscal de esa magnitud. Italia ocupa el segundo lugar, aunque su impacto apenas alcanza los 0,6 puntos, la mitad del efecto registrado en España. Gracias a estas medidas, el IPC armonizado español se situó en el 3,5%, muy próximo al 3,1% de la eurozona. El paquete anticrisis ha contribuido así a contener la pérdida de competitividad de la economía española. Otros países europeos, no obstante, han preferido recurrir a ayudas directas dirigidas a familias o sectores concretos, políticas que no afectan de forma directa al IPC, aunque también suponen una forma de subvención al consumo energético. La moderación de los precios se concentra principalmente en los productos beneficiados por las rebajas fiscales, especialmente electricidad, gas y carburantes. España se encuentra entre los países europeos donde menos han subido estos productos. La gasolina, por ejemplo, apenas se ha encarecido un 2,1% respecto al mismo mes del año anterior, frente al aumento del 14% registrado en la eurozona. En el caso del diésel, el incremento alcanza el 28% en España, mientras que en el conjunto del área euro llega al 35%. Estas medidas han supuesto un alivio importante para los hogares, aunque también esconden ciertos efectos negativos. El principal es que España podría convertirse en uno de los países donde la inflación repunte con más fuerza una vez desaparezcan las ayudas fiscales. Si se excluyera el efecto de la rebaja de impuestos, la inflación española habría alcanzado el 4,5%, uno de los registros más elevados de Europa. Dentro de la eurozona, únicamente Luxemburgo y Croacia presentarían peores cifras. Esto refleja que el decreto anticrisis está amortiguando una presión inflacionista mucho más intensa de lo que muestran los datos oficiales. La diferencia es especialmente evidente en los productos energéticos. La idea defendida por el Gobierno de que la transición energética está ayudando a contener los precios pierde fuerza al comparar la situación española con la de otros países europeos. En la electricidad, por ejemplo, la factura doméstica es actualmente un 4,3% más baja que hace un año. Sin embargo, sin la reducción fiscal, el precio habría aumentado un 4,9%. De este modo, España pasaría de figurar entre los países con mejor evolución del coste eléctrico a situarse entre los peores. En el conjunto de la eurozona, el precio de la electricidad sin variaciones fiscales apenas habría aumentado un 0,4%. Esto evidencia que el coste final que soportan los hogares no depende únicamente de los mercados mayoristas, sino también de la carga fiscal y regulatoria incorporada al recibo. En el caso del diésel, el precio antes de impuestos ya se ha incrementado un 44,7%, el segundo peor dato de toda la eurozona y cuatro puntos por encima de la media europea. Algunos analistas consideran que las rebajas fiscales podrían estar favoreciendo que las familias mantengan un elevado consumo de combustibles, lo que contribuye a sostener las presiones sobre los precios. Al suavizar la señal de encarecimiento, los consumidores no ajustan su demanda al nuevo contexto económico y el Estado termina subvencionando parcialmente el consumo energético. En el resto de bienes y servicios no afectados por las medidas fiscales, la inflación española se mantiene entre las más elevadas de la eurozona. Alimentación, ropa, muebles, electrodomésticos, hostelería, servicios sanitarios o seguros registran incrementos claramente superiores a los de otros países europeos. La inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos por ser los componentes más volátiles- se sitúa en el 3,1% en España, frente al 2,1% de media en la eurozona. Solo Croacia presenta una cifra superior dentro de los países que comparten el euro. Estos datos reflejan que la economía española continúa soportando presiones inflacionistas generalizadas, derivadas no solo de la crisis energética, sino también del dinamismo de la demanda interna. El crecimiento económico y el fuerte consumo siguen alimentando las tensiones sobre los precios. El decreto anticrisis ha logrado amortiguar temporalmente la inflación, pero su efecto será limitado en el tiempo. Bajo la rebaja fiscal se estaría acumulando una subida de precios más intensa que la observada en el resto de Europa. De hecho, sin las ayudas, la diferencia de inflación respecto a la eurozona habría alcanzado 1,3 puntos. Esa presión podría hacerse visible en los próximos meses, ya que España comenzará a retirar progresivamente la reducción del IVA a partir de junio.

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(Expansión, 26-05-2026) | Laboral

Más de 1,6 millones de empleados trabajan solo 21 horas semanales pese a querer una jornada completa

Según un informe elaborado por Asempleo, el sector servicios reúne el 86,6% de los casos de subempleo en España, especialmente en actividades como la hostelería, el comercio y los servicios administrativos. Por detrás se sitúan la industria y la construcción. En un contexto marcado por cifras históricas de ocupación y por el debate impulsado por el Gobierno sobre la reducción de la jornada laboral, persiste una realidad: 1,62 millones de trabajadores tienen empleos con menos horas de las que querrían. Así lo pone de manifiesto un estudio de la patronal de las empresas de trabajo temporal, que, aunque detecta una disminución gradual del subempleo, alerta de que este problema sigue muy presente y se concentra en determinados sectores y perfiles. El análisis, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2026, señala que esta situación afecta especialmente a mujeres y jóvenes, además de ser más frecuente en actividades con fuerte componente estacional, como la hostelería, el comercio o algunos servicios. Aunque el volumen de subempleados ha bajado respecto al máximo alcanzado en 2013, cuando superaban los dos millones, Asempleo considera que el fenómeno continúa siendo una muestra de ineficiencia del mercado laboral, ya que limita la productividad y agrava las desigualdades. La definición de subempleado incluye a quienes trabajan menos horas de las que desean, están disponibles para ampliar su jornada en un corto plazo y buscan activamente más empleo o la posibilidad de incrementar sus horas laborales. Según el informe, estos trabajadores realizan de media 21,7 horas semanales, pese a que desearían alcanzar las 40,1 horas. La diferencia, de 18,4 horas a la semana, evidencia el importante desfase existente. Por nivel educativo, el subempleo tampoco se limita a personas con baja cualificación: 576.000 afectados cuentan con estudios superiores y otros 498.100 tienen educación secundaria, lo que revela un desajuste entre la formación y las oportunidades laborales disponibles. El estudio también detecta diferencias relevantes por género, edad y sector económico. Las mujeres representan el 58,4% del total de subempleados, frente al 41,6% de hombres, una brecha que la patronal relaciona con la parcialidad involuntaria, las responsabilidades de cuidados y la elevada rotación en determinados sectores. Por franjas de edad, los jóvenes de entre 20 y 24 años continúan registrando niveles similares a los de 2014, con cerca de 177.000 afectados, lo que refleja las dificultades de acceso a empleos con jornadas amplias y mayor estabilidad. En cambio, entre las personas de 25 a 34 años el subempleo ha caído un 41,4% desde 2014, situándose en 409.300 personas, lo que apunta a una mejora gradual en el acceso a trabajos más estables. Por sectores, los servicios concentran la inmensa mayoría del subempleo, especialmente en hostelería, comercio y servicios administrativos. Mientras tanto, la industria ha reducido progresivamente esta situación y la construcción muestra un ligero incremento ligado a la recuperación de la actividad inmobiliaria. El informe insiste en que el subempleo supone un desaprovechamiento de talento y capacidad productiva. La amplia diferencia entre las horas trabajadas y las deseadas confirma, según Asempleo, que no se trata de un fenómeno puntual, sino estructural, con consecuencias económicas y sociales para los trabajadores. La patronal también advierte de algunos riesgos futuros. La expansión de la inteligencia artificial y la automatización en el sector servicios podría reducir la demanda de determinados perfiles laborales y aumentar el número de personas con jornadas insuficientes. Al mismo tiempo, considera que el crecimiento del turismo y la hostelería podría ayudar a absorber parte del subempleo si se implantan modelos laborales más flexibles. Además, la digitalización de los sistemas de intermediación laboral podría facilitar un mejor ajuste entre empresas y trabajadores, reduciendo el tiempo que una persona permanece en situación de subempleo involuntario. El presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, advierte de que la infrautilización continuada de la fuerza laboral supone una pérdida de potencial económico para el país, especialmente en un momento en el que el aumento de la productividad resulta esencial para sostener el Estado del bienestar y mejorar la competitividad internacional.

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(El Economista, 26-05-2026) | Laboral

España pierde el tren europeo del empleo de alto valor añadido

Los conocidos como "empleos de alto valor añadido" se han presentado tradicionalmente como una de las principales palancas para mejorar la economía y el mercado laboral en España. Se trata de actividades asociadas a los contratos más estables y mejor remunerados, además de ser las que más contribuyen al PIB en términos de innovación y generación de riqueza. Desde la Gran Recesión, su evolución ha sido muy significativa: todo el empleo neto creado desde 2008 se concentra en estas ramas. Sin embargo, el país continúa sin converger con Europa, ya que la diferencia respecto a la zona euro apenas se ha reducido y sigue en niveles similares a los previos a la pandemia. Uno de los principales factores explicativos es el peso de la educación y la sanidad, donde persisten elevados niveles de precariedad. La categoría de empleo de alto valor añadido no es cerrada, pero suele agrupar cinco grandes ramas del sector servicios: informática y telecomunicaciones (programación, servicios informáticos y telecomunicaciones), actividades profesionales, científicas y técnicas (ingenierías, arquitectura, abogacía, consultoría e I+D), actividades financieras y de seguros, educación y actividades sanitarias y de servicios sociales. Estos sectores se contraponen a los denominados de "bajo valor añadido", caracterizados por un uso intensivo de mano de obra, mayor rotación, temporalidad elevada, menor cualificación y salarios más reducidos. En este grupo se incluyen principalmente la hostelería, el comercio y la construcción, actividades con una marcada estacionalidad en muchos casos. A comienzos de 2026, los sectores de alto valor añadido sumaban 6,4 millones de ocupados, equivalentes al 28,1% del empleo total, el máximo de toda la serie histórica del INE desde 2008. En ese año, antes de la crisis financiera, había 4,3 millones de trabajadores en estas actividades, que representaban el 20,3% del total. Desde entonces, todo el empleo neto creado (1,67 millones) se ha concentrado en estas ramas, que han sumado en conjunto 2,1 millones de ocupados, mientras que el resto de sectores ha perdido unos 418.600 empleos. Este crecimiento se concentra sobre todo en sanidad, educación, actividades científicas y técnicas y programación informática, mientras que los servicios financieros y algunas actividades TIC han mostrado ligeros retrocesos. No obstante, la foto cambia si se toma como referencia el periodo posterior a 2020. Desde entonces se han creado 2,6 millones de empleos en la economía española, de los cuales 1,2 millones corresponden a sectores de alto valor añadido y 1,4 millones al resto. Esto muestra que la aportación de estos sectores a la creación de empleo ha sido variable en el tiempo, con un único año de aportación negativa (2013) y varios ejercicios de caída en el conjunto del empleo. Aunque en el acumulado desde 2008 el empleo de alto valor añadido compensa las pérdidas del resto de sectores, esto no ocurre en ningún año concreto, ya que su peso medio apenas ronda el 25% del empleo total. Por ello, el efecto positivo solo se aprecia en el largo plazo, lo que sugiere que la transformación del modelo productivo sigue sin materializarse con la intensidad esperada. Los resultados son más modestos si se adopta una definición más estricta de este tipo de empleo, limitada a TIC y servicios profesionales vinculados a la tecnología. En este caso, el crecimiento es más intenso en términos relativos, pero el volumen total se reduce a 1,9 millones de trabajadores, muy por debajo de sanidad y educación, aunque con mayor dinamismo proporcional. Esta situación ayuda a explicar algunas de las paradojas en la comparación con Europa. España ha creado empleo de alto valor añadido a un ritmo relativamente elevado, pero ha mostrado un peor comportamiento en otros sectores, que aún no han recuperado los niveles de 2008. De este modo, aunque el Gobierno sostiene que la economía española avanza hacia actividades de mayor calidad y valor, esta evolución no se ha traducido en una reducción de la brecha con la zona euro. El peso de estos sectores en España se mantiene en el 28,1%, frente al 32,1% de la media europea, una diferencia de 4,4 puntos porcentuales que apenas ha variado en las últimas dos décadas. Si se amplía la perspectiva a 2008, la distancia llegó a ser de cinco puntos, se redujo ligeramente durante la crisis financiera y desde entonces se ha mantenido prácticamente estable. En consecuencia, España sigue claramente por debajo del promedio europeo en este indicador. La principal causa de esta brecha se encuentra en el menor peso relativo de la sanidad y la educación, sectores altamente dependientes del sector público y con mayores niveles de temporalidad. Además, son también áreas donde se registra una elevada incidencia del pluriempleo.

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(El Economista, 26-05-2026) | Laboral

La Seguridad Social "aflora" 312.000 pluriempleados

Responder con exactitud cuántas personas tienen más de un empleo en España no es sencillo, ya que las dos principales fuentes estadísticas -la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE y los registros de la Seguridad Social- ofrecen cifras significativamente distintas. Según la EPA, en 2025 la media de ocupados en situación de pluriempleo se sitúa en 577.825 personas. Sin embargo, los datos de afiliación a la Seguridad Social elevan esa cifra hasta 889.526 trabajadores, lo que supone una diferencia de 311.701 personas, la más elevada desde que existen registros comparables, en 2002. Esta divergencia se explica en gran medida por la propia naturaleza de ambas fuentes. La EPA se basa en encuestas a hogares y solo contabiliza a quienes declaran en ese momento tener más de un empleo, por lo que puede dejar fuera trabajos secundarios muy esporádicos o de corta duración, como los realizados en fines de semana, festivos o en campañas puntuales. En cambio, la Seguridad Social registra todas las altas laborales, lo que hace que su recuento incluya cada relación de trabajo activa. Aunque posteriormente se promedia para el cálculo anual, esta metodología provoca que las cifras sean sistemáticamente más altas, algo que ocurre desde 2004, pero nunca con una brecha tan amplia como la actual. El propio análisis estadístico añade otra capa de complejidad. Mientras que la EPA muestra una estabilidad del pluriempleo en 2025 e incluso un ligero descenso, la afiliación refleja un aumento cercano al 5% y marca un nuevo máximo histórico. Esta evolución opuesta sugiere cambios en la forma en que se generan y registran los empleos secundarios, posiblemente ligados a mayor fragmentación de los trabajos o a su vinculación con sustituciones y coberturas temporales. Por sectores, la mayor concentración de situaciones de pluriactividad se da en educación (12%), seguida de sanidad (10,8%), servicios auxiliares (10,7%) y, con el 9,4% cada uno, hostelería y comercio. Estas cinco ramas concentran más de la mitad del pluriempleo en España. El contraste entre ambas estadísticas resulta aún más llamativo si se compara con el comportamiento general del empleo. En términos globales, la EPA suele registrar más ocupados que la Seguridad Social, lo que habitualmente se interpreta como un indicio de economía sumergida. Estudios como el de Fedea han señalado que una parte importante de esa diferencia corresponde a trabajadores extranjeros en situación irregular. Sin embargo, en el caso del pluriempleo este patrón se invierte desde hace más de dos décadas, lo que podría estar relacionado con un mayor control administrativo y fiscal de los empleos secundarios, así como con una mejor detección por parte de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, no se descarta que parte de estos trabajos no se declaren en las encuestas del INE si se desarrollan en la economía informal. Otro elemento relevante es la forma en que se contabiliza esta realidad. Los datos de la Seguridad Social no miden personas, sino "situaciones de cotización", por lo que un mismo trabajador puede aparecer varias veces si tiene más de un empleo. Esto implica que los cerca de 900.000 registros no equivalen exactamente a 900.000 personas. La propia metodología reconoce este desfase, estimando que la diferencia entre afiliaciones y personas reales ronda el 4% del total, aunque en los últimos años este porcentaje ha alcanzado sus niveles más altos de la serie, superando ese umbral en 2024 y 2025.

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