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(Cinco Días, 01-07-2026) | Fiscal

La lista de grandes morosos de Hacienda baja a 5.853 contribuyentes, con 15.432 millones pendientes

La conocida lista de morosos de Hacienda vuelve a reducirse y pierde integrantes. La Agencia Tributaria hará público este martes, a partir del mediodía, su decimotercer listado de grandes deudores, en el que figuran 5.853 personas y empresas que, al cierre de 2025, mantenían obligaciones tributarias superiores a 600.000 euros. Esto supone un descenso del 2,4% respecto al año anterior. En conjunto, acumulan una deuda de 15.432 millones de euros, una cifra inferior a la de la edición previa, aunque con ciertas salvedades si se tienen en cuenta los efectos de las duplicidades contables. Formar parte de este listado no depende únicamente de tener deudas con Hacienda. Solo aparecen quienes, a 31 de diciembre de 2025, mantenían impagos superiores a 600.000 euros que no estaban aplazados ni suspendidos y que, además, tenían carácter firme. Este criterio fue reforzado por varias sentencias del Tribunal Supremo en 2023, que establecieron que únicamente pueden publicarse deudas y sanciones tributarias firmes y, en los casos vinculados a delitos, aquellas respaldadas por una sentencia condenatoria definitiva. Según los datos adelantados por la Agencia Tributaria, el importe total de la deuda reflejada en esta edición alcanza los 15.432 millones de euros, lo que representa una caída del 4,4% respecto al listado anterior. Sin embargo, esa cantidad incluye casos en los que se contabiliza tanto al deudor principal como a los responsables solidarios. Si se corrigen estas duplicidades, la deuda pendiente real se sitúa en 15.364 millones, lo que supone, en términos comparables, un aumento superior al 12% frente al ejercicio anterior. Las empresas continúan siendo mayoría entre los grandes morosos. De los 5.853 deudores incluidos, 4.742 corresponden a personas jurídicas, con deudas que suman 13.752 millones de euros. Por su parte, las 1.111 personas físicas presentes en el listado acumulan otros 1.680 millones. Hacienda también destaca que una parte significativa de la deuda está asociada a contribuyentes inmersos en procesos concursales. En concreto, 1.166 deudores, equivalentes al 20% del total, concentran obligaciones pendientes por 4.288 millones de euros. La recuperación de estas cantidades dependerá, en gran medida, del desarrollo de los procedimientos judiciales en curso. El listado muestra además una notable renovación de nombres. Este año dejan de aparecer 879 contribuyentes, cuyas deudas ascendían a 1.729 millones de euros, ya sea por haber saldado total o parcialmente sus obligaciones, por obtener aplazamientos o suspensiones, o porque sus deudas dejaron de cumplir las condiciones para su publicación. Al mismo tiempo, se incorporan 735 nuevos deudores, con un pasivo conjunto de 1.083 millones. La lista de grandes morosos fue creada en 2015 por impulso del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el propósito de reforzar la lucha contra el fraude fiscal y aprovechar el impacto reputacional como incentivo para el pago de las deudas. Desde entonces, por este registro han pasado deportistas, artistas, empresarios y grandes compañías, especialmente vinculadas al sector inmobiliario y de la construcción, muy afectadas por el estallido de la burbuja anterior a la crisis financiera. Con el tiempo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido delimitando con mayor precisión los casos en los que la Agencia Tributaria puede divulgar públicamente la identidad de estos contribuyentes.

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(Expansión, 01-07-2026) | Fiscal

Entra en vigor en Madrid la ley que exime a la empresa familiar del 99% de Sucesiones

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva normativa destinada a reforzar la continuidad de la empresa familiar y facilitar los procesos de relevo generacional. La ley, aprobada en junio por la Asamblea regional e impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, introduce importantes ventajas fiscales y flexibiliza los requisitos para acceder a ellas, con el objetivo de favorecer la supervivencia de los negocios familiares. La iniciativa parte del reconocimiento de las dificultades que afronta la empresa familiar en España, donde los empresarios denuncian una elevada presión fiscal y un marco regulatorio que, en muchos casos, dificulta el crecimiento y la transmisión de los negocios entre generaciones. A estos obstáculos se suman los propios retos internos de este tipo de compañías, especialmente los vinculados a la sucesión empresarial. Entre las medidas más relevantes de la nueva norma destaca la mejora en el tratamiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La reducción aplicable a la base imponible cuando se hereda o dona una empresa individual, un negocio profesional o participaciones sociales aumenta del 95% al 99%. Para beneficiarse de esta ventaja, el heredero o receptor deberá mantener tanto la actividad como los bienes vinculados a la empresa durante al menos cinco años, un plazo más favorable que el previsto en la normativa estatal. Una de las novedades más significativas es la ampliación de los beneficiarios de estos incentivos fiscales. Hasta ahora, las bonificaciones se concentraban principalmente en cónyuges y descendientes directos, pero la nueva regulación extiende el beneficio a familiares de tercer grado, como hermanos, tíos, sobrinos y primos. Incluso podrán acogerse determinados empleados con una vinculación estrecha con la empresa, siempre que acrediten una antigüedad mínima de diez años y hayan desempeñado funciones directivas durante al menos los cuatro años previos al fallecimiento del propietario. La ley también reduce las barreras de acceso a estas ventajas fiscales. Se eliminan requisitos que anteriormente complicaban la transmisión del negocio, como la obligación de que el donante tuviera al menos 65 años o que la actividad empresarial constituyera su principal fuente de ingresos. Además, la norma introduce distintas reducciones en la base imponible del impuesto según el grado de parentesco. En las herencias, los hijos y adoptados menores de 21 años podrán beneficiarse de una deducción de 16.000 euros, incrementada en 4.000 euros adicionales por cada año que les falte para cumplir esa edad, hasta un máximo de 48.000 euros. Para descendientes mayores de 21 años, la reducción será de 16.000 euros, mientras que para familiares de segundo y tercer grado, así como ascendientes y descendientes por afinidad, la deducción se fija en 8.000 euros. La nueva legislación también contempla beneficios adicionales para personas con discapacidad. Los herederos con un grado de discapacidad igual o superior al 33% podrán aplicar una reducción extra de 55.000 euros. Si la discapacidad alcanza o supera el 65%, la rebaja fiscal ascenderá a 153.000 euros. En el caso de seguros de vida, la ley establece una bonificación del 100% sobre las cantidades percibidas por beneficiarios que sean familiares directos -como cónyuges, ascendientes o descendientes-, con un límite máximo de 9.200 euros por contribuyente, independientemente del número de pólizas. Por otro lado, cuando la herencia incluya la vivienda habitual de la persona fallecida, se aplicará una reducción del 95% sobre su valor, con un límite de 123.000 euros por heredero. Para conservar esta ventaja, el inmueble deberá mantenerse durante cinco años, salvo fallecimiento del beneficiario dentro de ese periodo. Con esta ley, la Comunidad de Madrid busca consolidar un entorno más favorable para la empresa familiar, reforzando su papel como motor de actividad económica, empleo e inversión, al tiempo que reduce el impacto fiscal que tradicionalmente ha dificultado su continuidad generacional.

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(Expansión, 01-07-2026) | Fiscal

El ministro de Hacienda avanza una propuesta para mejorar la burocracia y fiscalidad de los autónomos

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha anunciado este martes que el Gobierno trabaja en una propuesta orientada a reducir la carga burocrática y revisar algunos aspectos fiscales que afectan al colectivo de los trabajadores autónomos. Durante una comparecencia en el Senado, el titular de Hacienda destacó el papel esencial que desempeñan los autónomos en la economía española, aunque reconoció las dificultades administrativas a las que se enfrentan de forma habitual. En este contexto, defendió la necesidad de introducir mejoras que faciliten su actividad, siempre dentro de un marco de responsabilidad fiscal. Aunque no detalló las medidas concretas, Arcadi España confirmó que su departamento está preparando cambios normativos que posteriormente serán trasladados a los distintos grupos parlamentarios. El objetivo sería simplificar trámites administrativos y revisar determinados elementos tributarios que actualmente generan cargas adicionales para los autónomos. El ministro expresó además su deseo de que estas propuestas logren respaldo suficiente en el Parlamento para poder salir adelante durante el proceso de negociación política. No obstante, también advirtió de que avanzar en esta materia no será sencillo. Según explicó, gran parte de la complejidad regulatoria que afecta a los autónomos no depende únicamente del Gobierno central, sino que también está condicionada por normativas aprobadas por las comunidades autónomas, por la Unión Europea y por el propio desarrollo legislativo en las Cortes. En definitiva, el Ejecutivo busca aliviar algunas de las trabas administrativas y fiscales que afectan al trabajo autónomo, aunque la puesta en marcha de cualquier reforma exigirá consenso político y coordinación entre distintas administraciones.

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(Expansión, 01-07-2026) | Fiscal

Los fiscalistas advierten del riesgo de convertir la cooperación en una herramienta de presión

La Agencia Tributaria está inmersa en una transformación profunda de su modelo de control fiscal, orientándose hacia un sistema que prioriza el cumplimiento voluntario y la prevención antes que la inspección tradicional. Este cambio ha abierto un debate entre quienes supervisan el cumplimiento tributario y quienes asesoran a contribuyentes y empresas sobre si realmente se está avanzando hacia una relación basada en la confianza mutua. Uno de los elementos centrales de esta nueva estrategia son las comunicaciones preventivas, mediante las cuales Hacienda alerta al contribuyente de posibles discrepancias o errores antes de iniciar una comprobación formal. Para Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, todavía es pronto para extraer conclusiones definitivas, aunque sí aprecia una mayor disposición al diálogo y a resolver dudas de forma anticipada. Desde el lado de los asesores fiscales, la valoración es más matizada. Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, reconoce que una interlocución temprana con la Administración puede ayudar a reducir conflictos y aclarar discrepancias antes de que escalen. Sin embargo, advierte de que estas herramientas deben utilizarse con prudencia y con un propósito estrictamente informativo, evitando que el contribuyente perciba estos avisos como una forma de presión o intimidación. Un ejemplo reciente de esta nueva dinámica ha sido la campaña de avisos preventivos durante la última campaña de la renta. Hacienda envió alrededor de 130.000 comunicaciones alertando de posibles errores en declaraciones presentadas. Para muchos contribuyentes, estas notificaciones funcionan como una señal para corregir su declaración antes de enfrentarse a una futura inspección. No obstante, algunos sectores han bautizado estas cartas como "las cartas del miedo", reflejando la desconfianza que todavía persiste. Otro de los pilares del llamado cumplimiento cooperativo es el Informe de Transparencia Fiscal. Desde la Inspección se insiste en que este documento no otorga inmunidad frente al control tributario, pero sí permite a la Administración comprender mejor la política fiscal, la estructura de gobernanza y los criterios seguidos por las empresas. Según De la Herrán, este mayor conocimiento mutuo favorece un entorno de supervisión más colaborativo y menos confrontativo. Los asesores fiscales comparten parcialmente esa visión, al considerar que una mayor transparencia puede reducir incertidumbres y permitir que la Administración concentre sus recursos en los casos con mayores indicios de incumplimiento. Sin embargo, subrayan que la transparencia debe ser bidireccional: el contribuyente puede ofrecer más información, pero a cambio necesita mayor previsibilidad, seguridad jurídica y reglas estables por parte de Hacienda. Las diferencias entre ambas perspectivas se hacen más visibles en la relación cotidiana entre contribuyentes y Administración. Mientras los inspectores destacan el esfuerzo interno por comprender nuevos modelos de negocio y adaptar el control a realidades económicas emergentes, muchos asesores describen una Agencia Tributaria todavía percibida como distante, rígida y excesivamente enfocada en la fiscalización. Una de las críticas recurrentes es la práctica de solicitar, en un único requerimiento, grandes volúmenes de documentación -libros contables, facturas y justificantes- sin delimitar claramente el alcance de la comprobación. Para los fiscalistas, este enfoque genera costes innecesarios y coloca en desventaja a pequeños contribuyentes o empresas con menos recursos técnicos y jurídicos para defenderse. Pese a sus discrepancias, ambos sectores coinciden en que el sistema tributario opera en un entorno cada vez más complejo. La economía digital, los nuevos modelos empresariales y la rápida evolución normativa plantean retos de encaje legal y operativo que exigen mayor flexibilidad. A ello se suma la crítica a la técnica legislativa utilizada en materia fiscal. Desde el ámbito de la asesoría se cuestiona la frecuente aprobación de cambios tributarios mediante reales decretos-ley, una práctica que, según denuncian, incrementa la inseguridad jurídica y eleva los costes de cumplimiento para empresas y contribuyentes. En definitiva, la evolución de Hacienda apunta hacia una gestión basada en el análisis de datos y la prevención, pero el éxito de este modelo dependerá de que la confianza mutua entre Administración y contribuyentes deje de ser una aspiración teórica y se convierta en una realidad práctica, equilibrada y recíproca.

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(El Confidencial, 01-07-2026) | Fiscal

La recaudación tributaria sigue disparada pese a la bajada de impuestos por la guerra

El Gobierno amplió el lunes hasta septiembre parte de las rebajas fiscales incluidas en el decreto anticrisis. Desde mañana, además, entran en vigor nuevas medidas tributarias dirigidas principalmente a contener el coste de los carburantes para familias y empresas. Aunque persisten dudas sobre el efecto de estas rebajas en las cuentas públicas, los últimos datos apuntan a que España mantiene margen fiscal gracias al fuerte crecimiento de los ingresos tributarios, que continúan acelerándose en 2026 pese a la reducción de algunos impuestos. En mayo, la recaudación de la Agencia Tributaria aumentó un 10,4% respecto al mismo mes del año anterior. Lejos de desacelerarse, el ritmo de crecimiento de los ingresos públicos sigue siendo muy elevado, situándose claramente por encima de la suma del avance económico y la inflación. Durante los cinco primeros meses del año, Hacienda ingresó 135.000 millones de euros, una cifra que casi equivale a toda la recaudación tributaria registrada en 2009. El incremento acumulado alcanza el 10,6%, consolidando de nuevo tasas de crecimiento de doble dígito. Este comportamiento recuerda al observado en 2025. Aunque la rebaja de impuestos ha moderado parcialmente los ingresos, la inflación continúa actuando como un potente motor recaudatorio. Especialmente relevante es la inflación vinculada a los salarios, ya que sus efectos sobre la recaudación suelen prolongarse durante varios trimestres tras el inicio de un episodio inflacionario. Según cálculos del Ministerio de Economía, el coste conjunto de las rebajas fiscales aprobadas superará ligeramente los 5.000 millones de euros en 2026. Sin embargo, solo en los cinco primeros meses del año, la recaudación aumentó en casi 13.000 millones, más del doble del impacto estimado de dichas medidas. El principal impulsor de este aumento vuelve a ser el IRPF. Su peso sobre el PIB sigue creciendo, en parte por la falta de deflactación del impuesto tanto por parte del Gobierno central como de muchas comunidades autónomas. En lo que va de año, el IRPF ha generado 5.200 millones de euros adicionales respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. En esta ocasión, el impulso proviene especialmente del sector público, ya que las subidas salariales aplicadas a los empleados públicos han elevado un 10,4% la recaudación asociada a este tributo en el arranque del año. El IVA también mantiene un comportamiento muy sólido. Su recaudación creció un 8,8% en los cinco primeros meses del año y un 13,4% en mayo. El aumento del consumo y el efecto de la inflación compensan ampliamente la pérdida de ingresos derivada de la rebaja del IVA aplicada a carburantes, electricidad, gas y pellets. Otra de las sorpresas positivas procede del impuesto sobre sociedades. Tras la liquidación correspondiente a 2025 y el primer pago fraccionado de 2026, la recaudación neta alcanza los 7.600 millones de euros. Esta cifra se aproxima al máximo histórico registrado en 2007, cuando en plena burbuja inmobiliaria se recaudaron alrededor de 8.400 millones en el mismo periodo. Pese a ello, el peso económico de este impuesto sigue lejos de los niveles de aquella etapa. En 2007 llegó a representar más del 20% de la recaudación total, mientras que en 2011 cayó por debajo del 10%. Actualmente vuelve a ganar relevancia y ya aporta el 13,5% de los ingresos tributarios, su nivel más alto desde 2010. Con una recaudación que crece muy por encima de la actividad económica, la presión fiscal continúa aumentando. Los ingresos gestionados por la Agencia Tributaria -que solo representan una parte del total de ingresos públicos- podrían alcanzar este trimestre el 19,5% del PIB, lo que supondría un máximo histórico. Esta evolución refleja que, más allá de las rebajas puntuales, la carga fiscal efectiva en España sigue aumentando de forma sostenida, aunque no siempre resulte evidente para ciudadanos y empresas.

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(El Economista, 01-07-2026) | Fiscal

Arranca la campaña de Sociedades con rebajas de tipos para pymes y deducciones por capitalizarse

La campaña del Impuesto sobre Sociedades arranca con importantes novedades fiscales, especialmente para pymes y grupos empresariales. Entre el 1 y el 20 de julio, las empresas deberán presentar su declaración incorporando cambios normativos que buscan, por un lado, aliviar la carga tributaria de los negocios más pequeños y, por otro, reforzar el control fiscal sobre grandes compañías y determinadas deducciones. Uno de los cambios más relevantes es la reducción de tipos para pequeñas y medianas empresas. Las micropymes -aquellas con una facturación inferior al millón de euros- comienzan a beneficiarse de una rebaja progresiva del impuesto. Si hasta ahora tributaban al 23%, en esta campaña los primeros 50.000 euros de beneficio tributarán al 21%, mientras que el resto lo hará al 22%. La reducción continuará en los próximos ejercicios hasta alcanzar tipos aún más bajos en 2027. También las pymes con ingresos de entre uno y diez millones de euros verán rebajada su tributación. El tipo general pasa del 25% al 24%, con una reducción gradual prevista en los próximos años hasta situarse en el 20% en 2029. Otra novedad destacada es el refuerzo de los incentivos para la capitalización empresarial. Las compañías que destinen parte de sus beneficios a incrementar sus fondos propios podrán aplicar una deducción del 20% sobre la cuantía reservada, siempre que mantengan ese refuerzo patrimonial durante al menos tres años. Este incentivo mejora si además se incrementa el empleo: la deducción podrá elevarse hasta el 30% en los casos de mayor crecimiento de plantilla. En el caso de los grupos empresariales acogidos al régimen de consolidación fiscal, esta campaña marcará el último ejercicio en el que seguirá vigente la limitación para compensar pérdidas de filiales. Durante este año solo podrán deducir el 50% de esas bases negativas, debiendo distribuir el resto en ejercicios posteriores. A partir de 2026, esta restricción desaparecerá, lo que supondrá una menor recaudación estimada de 1.700 millones de euros para Hacienda. No obstante, las limitaciones para grandes empresas continúan. Las sociedades con una facturación de entre 20 y 60 millones de euros solo podrán compensar el 50% de sus pérdidas fiscales, mientras que aquellas que superen los 60 millones únicamente podrán deducir el 25%. Se mantienen además los incentivos vinculados a la transición energética. Las empresas podrán seguir aplicando la libertad de amortización en la compra de determinados vehículos eléctricos y en inversiones destinadas a instalar puntos de recarga, siempre que estas inversiones se realicen entre 2024 y 2026. Otra novedad afecta a la clasificación de actividades económicas. Se actualizan los epígrafes para adaptarlos a la transformación tecnológica y económica, incorporando nuevas categorías relacionadas con servicios en la nube, plataformas digitales, comercio electrónico especializado, gestión de datos y energías renovables. Las empresas de nueva creación continúan disfrutando de un régimen fiscal favorable. Las nuevas sociedades podrán tributar al tipo reducido del 15% durante el primer ejercicio en el que obtengan beneficios y también durante el siguiente. En el caso de las startups, este tipo reducido podrá aplicarse durante más tiempo, especialmente en sectores estratégicos como energía, industria o biotecnología. En materia de mecenazgo, las donaciones realizadas por empresas a ONG y fundaciones reconocidas seguirán generando importantes beneficios fiscales. La deducción puede alcanzar el 40% del importe donado y elevarse al 45% cuando las aportaciones sean recurrentes. También se endurece el control sobre las deducciones por investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Por primera vez, Agencia Tributaria exigirá de forma obligatoria identificar a los socios de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), una medida destinada a reforzar la supervisión y evitar el uso indebido de incentivos fiscales. Por último, esta campaña incorpora una novedad de gran calado internacional: la entrada en vigor del impuesto mínimo global del 15%. Este nuevo gravamen afectará a unas 830 grandes empresas y multinacionales con una facturación superior a 750 millones de euros. Su objetivo es garantizar que estas compañías tributen al menos al 15% sobre sus beneficios, evitando estrategias de planificación fiscal agresiva. El Gobierno estima que esta medida permitirá ingresar alrededor de 1.700 millones de euros anuales. En conjunto, la campaña de Sociedades de este año combina alivios fiscales dirigidos a pequeñas empresas con mayores exigencias de control para grandes corporaciones, reflejando un equilibrio entre estímulo empresarial y refuerzo de la recaudación.

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(Expansión, 01-07-2026) | Laboral

Los sindicatos lanzan un ultimátum al Gobierno: no pactarán más si no refuerza el registro horario antes de agosto

Los principales sindicatos han elevado la presión sobre el Gobierno ante el retraso en la aprobación del refuerzo del registro horario. Los secretarios generales de Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras, Unai Sordo, han lanzado un aviso directo al Ejecutivo exigiendo que la reforma quede aprobada antes del 31 de julio. Sordo ha sido contundente al advertir que, si no se resuelve esta cuestión en ese plazo, el Gobierno no podrá seguir contando con los sindicatos para futuros acuerdos que luego no se traduzcan en cambios legislativos. Desde ambas centrales consideran agotada su paciencia. Álvarez ha insistido en que la demora resulta injustificable y ha reclamado una respuesta inmediata, especialmente porque, a su juicio, el control horario es clave para combatir los abusos en sectores donde las jornadas excesivas son más frecuentes, como el de los servicios. También ha exigido la aprobación de otro decreto comprometido por el Ejecutivo para impedir que algunas empresas neutralicen las subidas del salario mínimo mediante la absorción de complementos salariales. El endurecimiento del registro horario formaba parte del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos dentro de la reforma para reducir la jornada laboral. Sin embargo, tras el fracaso del proyecto de ley en el Congreso por la oposición de PP, Vox y Junts, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a sacar adelante por decreto aquellas medidas que no requieren respaldo parlamentario, entre ellas el nuevo sistema de control horario. Pese a ese compromiso, la norma todavía no ha sido aprobada en el Consejo de Ministros. El retraso responde, en parte, a discrepancias internas dentro del propio Gobierno. Díaz ha señalado al Ministerio de Economía por haber influido en el dictamen crítico emitido por el Consejo de Estado sobre esta reforma. Aunque el Ejecutivo ha avanzado que introducirá ajustes técnicos, sigue sin aclarar si el texto modificado volverá a someterse al análisis del órgano consultivo. En paralelo, los sindicatos han presentado un fondo de resistencia destinado a respaldar económicamente a los afiliados que participen en huelgas durante el próximo año y medio, hasta finales de 2027. La dotación total asciende a ocho millones de euros, repartidos a partes iguales entre UGT y CC OO, con cuatro millones para cada organización. Este fondo se utilizará para apoyar conflictos laborales considerados estratégicos o especialmente relevantes. Dado que los recursos no permitirán cubrir todas las huelgas, cada sindicato decidirá en qué movilizaciones concentrará su apoyo económico. Con esta herramienta, ambas centrales buscan reforzar su capacidad de presión en un contexto de creciente tensión con el Gobierno por el incumplimiento de compromisos laborales pendientes.

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(Expansión, 01-07-2026) | Laboral

El Gobierno tienta por carta a aplazar la jubilación a cambio de hasta 13.820 euros al año

La Seguridad Social está enviando cartas a trabajadores próximos a la edad ordinaria de jubilación para animarles a retrasar su retiro y prolongar su vida laboral a cambio de incentivos económicos. En estas comunicaciones se destaca que aplazar la jubilación puede generar "importantes beneficios", en un contexto marcado por la creciente preocupación sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El debate sobre la viabilidad financiera de las pensiones sigue muy presente en España. A pesar de las reformas introducidas en los últimos años para reforzar los ingresos del sistema, factores como el envejecimiento demográfico, el aumento constante del número de pensionistas y la revalorización anual de las prestaciones conforme al IPC continúan presionando el gasto público. La nómina mensual de pensiones alcanzó en junio un nuevo máximo histórico de 14.397 millones de euros, más del doble de los 6.867 millones registrados en 2010. La pensión media se sitúa ya en 1.371 euros mensuales, un 74,5% más que hace quince años, mientras que el sistema soporta 10,49 millones de prestaciones, un 20% más que en 2010. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, actualmente presidida por Inés Olondriz, avaló recientemente con reservas la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno, aunque advirtió de que no resuelve el problema estructural de sostenibilidad. Según sus estimaciones, el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en pensiones podrían elevar la deuda pública hasta el 123% del PIB en 2050. Otros análisis son aún más contundentes. Un estudio de CEU Cefas sostiene que España debería elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 73 años para asegurar el equilibrio del sistema. El informe subraya además que, entre 2010 y 2025, la pensión media creció entre un 65% y un 70%, mientras que los salarios solo avanzaron entre un 22% y un 25%. Ante esta presión, el Gobierno ha introducido mecanismos para aumentar ingresos y contener el gasto. Entre ellos figura el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que incrementa gradualmente las cotizaciones sociales, así como diversos incentivos para retrasar la jubilación, compatibilizar empleo y pensión o incluso regresar al mercado laboral después del retiro. Uno de los principales incentivos para retrasar la jubilación consiste en un aumento vitalicio del 4% de la pensión por cada año completo cotizado después de alcanzar la edad ordinaria. Ese incremento adicional puede traducirse en subidas mensuales de entre 24 y 134 euros, dependiendo de la cuantía inicial de la pensión, e incluso permitir superar el tope máximo de pensión pública en determinados casos. Para quienes prefieran cobrar el incentivo de una sola vez, existe la opción de un pago único al acceder a la jubilación. En los casos de carreras de cotización superiores a 44,5 años, este incentivo puede alcanzar hasta 13.820 euros por cada año de retraso. Para quienes hayan cotizado menos tiempo, el importe máximo se reduce ligeramente. La Seguridad Social también contempla una fórmula mixta que combina una mejora porcentual de la pensión con un pago único. Esta alternativa está pensada especialmente para retrasos prolongados y exige, al menos, aplazar la jubilación durante dos años. Otra vía consiste en compatibilizar el cobro de la pensión con la continuidad en el empleo, mediante la llamada jubilación activa. Para acogerse a esta modalidad, es necesario retrasar la jubilación al menos un año. El porcentaje de pensión que puede cobrarse mientras se sigue trabajando aumenta en función del tiempo de demora: un 45% si se retrasa un año, un 55% con dos años, un 65% con tres y un 80% con cuatro. A partir del quinto año de retraso, el trabajador puede cobrar ya el 100% de la pensión mientras continúa en activo. Además, cada año adicional en situación de jubilación activa incrementa en cinco puntos ese porcentaje, hasta alcanzar el máximo permitido. También se reducen las cotizaciones sociales del jubilado activo, limitándose a determinadas contingencias. Entre las reformas más recientes aprobadas por el Ejecutivo destaca además la posibilidad de reincorporarse al mercado laboral tras haberse jubilado. Esta medida permitirá compatibilizar salario y pensión con jornadas que podrán oscilar desde un tercio hasta el 80% de la jornada laboral ordinaria, ampliando así las opciones de flexibilidad para quienes deseen seguir trabajando después del retiro.

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(El País, 01-07-2026) | Laboral

Trabajo encarga a una consultora la evaluación de su estrategia de empleo y asesoramiento para diseñar sus políticas

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha adjudicado a Deloitte Consulting la evaluación del Sistema Nacional de Empleo durante los próximos cuatro años. En concreto, el departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha externalizado la supervisión de la Estrategia de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028 por un importe de 1,45 millones de euros. El Gobierno fundamenta esta decisión en dos razones principales. La primera responde al cumplimiento de la Ley de Empleo aprobada en febrero de 2023, que establece que las políticas de empleo deben someterse a una evaluación permanente, planificada y realizada por un agente externo e independiente, complementando así los análisis internos del propio Sistema Nacional de Empleo. La segunda razón es la falta de una unidad técnica especializada dentro del Servicio Público de Empleo Estatal, lo que, según Trabajo, hace necesaria la contratación de apoyo externo para garantizar rigor, objetividad e imparcialidad. El encargo a Deloitte no se limitará a medir resultados. La consultora también deberá formular propuestas de mejora para futuras políticas de empleo y formación. Entre sus tareas figura analizar cómo optimizar la asignación de recursos, mejorar los procesos de toma de decisiones, fomentar la innovación en las políticas activas de empleo y reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas ante instituciones y ciudadanía. En la práctica, el ministerio no solo delega en Deloitte la supervisión de sus políticas de empleabilidad, sino también parte del diseño de futuras estrategias. El contrato contempla que la consultora extraiga conclusiones, identifique lecciones aprendidas y presente recomendaciones operativas que sirvan para rediseñar intervenciones futuras y mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo. Además, la firma adjudicataria deberá proporcionar asistencia técnica especializada al SEPE en la planificación, ejecución y comunicación de los procesos de evaluación, así como participar en grupos de trabajo y jornadas técnicas centradas en esta materia. El contrato exige también un responsable principal que actúe como interlocutor con el organismo público y lidere las metodologías de evaluación. No es la primera vez que Trabajo recurre a consultoras externas para esta labor. En la estrategia anterior, correspondiente al periodo 2021-2024, el contrato fue adjudicado a NTT Data por cerca de 600.000 euros para desarrollar tareas similares. La adjudicación a Deloitte se produjo mediante concurso público. Según el Ministerio, el factor decisivo fue la oferta económica presentada, que rebajó en torno a un 40% el presupuesto inicial de licitación, fijado en 2,42 millones de euros. En el proceso también participaron otras grandes consultoras como KPMG, PwC y la división de consultoría de Indra. La contratación presenta, no obstante, una paradoja. Deloitte fue sancionada en 2023 por la Inspección de Trabajo por irregularidades relacionadas con el control horario y jornadas laborales excesivas. Aquella actuación formó parte de una macroinspección que también afectó a otras grandes consultoras como PwC, KPMG y EY. A pesar de esas sanciones, fuentes del sector sostienen que las jornadas prolongadas continúan siendo frecuentes en estas compañías. Aunque Trabajo ya ha recurrido en otras ocasiones a grandes consultoras para externalizar servicios, lo habitual ha sido hacerlo en ámbitos tecnológicos por falta de recursos técnicos propios. En esta ocasión, sin embargo, el contrato se centra directamente en políticas laborales, una materia estrechamente ligada a la acción del Ejecutivo. La evaluación externa de las políticas activas de empleo también recae parcialmente en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, organismo público especializado en el análisis del gasto. No obstante, desde el ministerio subrayan que la AIReF realiza evaluaciones a posteriori, una vez ejecutadas las políticas, mientras que Deloitte efectuará un seguimiento continuo durante su aplicación. El Gobierno mantendrá además el papel de la AIReF en la revisión posterior de estas políticas, dentro del programa Spending Review 2022-2026, recientemente ampliado para incluir de forma específica el análisis de las políticas de empleo. Todo este sistema de evaluación busca reforzar la capacidad del SEPE para mejorar la intermediación laboral y aumentar la eficacia de la formación orientada al empleo. Se trata de dos áreas donde los servicios públicos de empleo arrastran carencias estructurales desde hace años. De hecho, las oficinas públicas apenas intervienen en torno al 2% de los procesos de colocación entre oferta y demanda de trabajo, una cifra que evidencia las limitaciones del sistema actual.

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(El Economista, 01-07-2026) | Laboral

Nueve de cada diez contratos que se firman al mes en España son de ocupaciones expuestas a la IA

El mercado laboral español refleja una elevada rotación y una notable fragilidad estructural. En mayo se firmaron alrededor de 1,3 millones de contratos, pero ese intenso volumen de contratación apenas permitió reducir el paro registrado en 36.323 personas, hasta situarlo en 2,32 millones de desempleados. Esta aparente contradicción pone de manifiesto tanto la volatilidad del empleo como el persistente desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, incluso después de la reforma laboral aprobada en 2021. A este escenario se suma un factor de transformación cada vez más determinante: la inteligencia artificial. Aplicando al mercado español la metodología del AI Capability Gap Index, desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se estima que un 15,5% de los contratos corresponde a ocupaciones con una exposición muy alta a la IA, mientras que un 70,4% presenta una exposición media. En conjunto, esto implica que el 85,9% de las nuevas contrataciones en España podría verse afectado de alguna forma por esta tecnología. En el caso de las personas desempleadas, el porcentaje asciende al 88,4%. Conviene subrayar que estas cifras no proceden de un informe oficial específico de la OCDE sobre España, sino de una adaptación metodológica basada en datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Además, el análisis se centra en contratos y demandas de empleo, no en el conjunto de trabajadores ocupados o afiliados a la Seguridad Social. Por ello, no debe interpretarse como una medición directa de empleos "en peligro", sino como una aproximación al grado de exposición de la contratación y del desempleo a la transformación tecnológica. Entre los perfiles laborales con mayor exposición aparecen ocupaciones como peones industriales, auxiliares administrativos, personal de limpieza, dependientes de comercio y camareros. Son profesiones con un alto volumen de contratación y fuerte presencia en el mercado laboral español. En cambio, profesiones vinculadas a la enseñanza, la sanidad especializada o los servicios sociales presentan mayores niveles de protección frente a la automatización, debido al peso de habilidades relacionales, cognitivas complejas y capacidad de adaptación humana. El interés de este índice reside en que introduce un enfoque más amplio que los modelos tradicionales. Hasta ahora, la mayoría de estudios sobre automatización analizaban principalmente tareas cognitivas repetitivas o trabajos físicos susceptibles de mecanización. El índice de la OCDE, sin embargo, incorpora también variables relacionadas con interacción social, destreza manual, orientación espacial y capacidad de reacción ante situaciones imprevistas. Este cambio metodológico altera sustancialmente las conclusiones habituales. Profesiones que antes se consideraban relativamente seguras frente a la automatización -como camareros u otros empleos intensivos en interacción física- pasan ahora a mostrar mayor exposición debido al avance de la robótica. La idea de que los trabajos manuales están automáticamente protegidos frente a la IA resulta, por tanto, cada vez menos sólida. La irrupción de herramientas basadas en grandes modelos de lenguaje, especialmente tras el lanzamiento de ChatGPT por OpenAI en 2022, transformó además la percepción del riesgo tecnológico. Antes, el foco estaba principalmente en los llamados blue collar, es decir, trabajadores manuales. Con la llegada de la IA generativa, la atención se desplazó hacia los white collar, profesionales de oficina y perfiles intensivos en tareas cognitivas. Este giro ha generado una paradoja: muchos análisis anteriores quedaron rápidamente desactualizados. Algunos sectores que parecían especialmente amenazados siguen contratando, mientras otros considerados seguros empiezan a mostrar vulnerabilidades inesperadas. Incluso en el sector tecnológico, que suele actuar como termómetro del impacto de la IA, conviven despidos y nuevas contrataciones. En España esta contradicción resulta aún más evidente. El país mantiene un déficit estructural de empleo tecnológico, lo que impulsa la demanda de profesionales digitales, al tiempo que continúan creciendo ocupaciones más físicas o de servicios que tradicionalmente parecían menos automatizables. Todo ello apunta a una realidad incómoda: muchas decisiones empresariales, políticas e incluso personales sobre formación y carrera profesional podrían estar basándose en diagnósticos incompletos o rápidamente obsoletos. El gran reto ya no consiste únicamente en determinar qué empleos desaparecerán, sino en comprender cómo evolucionarán las tareas dentro de cada ocupación. Más que ofrecer una fotografía definitiva, el nuevo enfoque de la OCDE busca construir una herramienta dinámica capaz de adaptarse al rápido avance de la inteligencia artificial y de la robótica. En un entorno donde la tecnología evoluciona a gran velocidad, la cuestión no parece ser si la IA transformará el empleo, sino con qué intensidad, en qué sectores y a qué ritmo lo hará.

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