Noticias

(Expansión, 17-07-2026) | Laboral

El apoyo de 15 patronales acerca la reelección de Garamendi en CEOE: amarra un 40% de votos

Antonio Garamendi encara el proceso electoral para renovar la presidencia de CEOE con un respaldo cada vez más amplio por parte de las principales organizaciones empresariales. A falta de poco más de un mes para que finalice el plazo de presentación de candidaturas, una quincena de patronales ya ha ratificado oficialmente su apoyo al actual presidente, un respaldo que, por su peso dentro de la organización, le garantizaría más del 40% de los votos de la asamblea electoral. La elección se celebrará finalmente el próximo 1 de octubre, tras el adelanto aprobado por el comité ejecutivo de CEOE respecto al calendario inicial, que situaba la votación en noviembre. Hasta el momento no ha surgido ninguna candidatura alternativa y, para concurrir a las elecciones, los aspirantes deberán presentar su candidatura antes del 24 de agosto, acompañada del aval de al menos el 10% de los electores pertenecientes a un mínimo de cuatro organizaciones de pleno derecho. Entre las organizaciones que ya han expresado formalmente su respaldo figuran Cepyme, Foment del Treball, ATA, CEIM, Confebask, CEAJE, Confemetal, ASEDAS, CROEM, CEOE Castilla y León, CEOE Tenerife, la Confederación Canaria de Empresarios, la CEA, la CEV, la CAEB y el Foro Interalimentario. A estos apoyos se añadiría también, según diversas fuentes empresariales, el de la Asociación Española de Banca (AEB). Aunque en la asamblea electoral participan 236 organizaciones, el peso específico de las entidades que ya han mostrado su respaldo sitúa a Garamendi en una posición muy favorable para revalidar el cargo, incluso en el caso de que finalmente surgiera una candidatura rival. El ambiente interno contrasta con el vivido hace un año durante las elecciones en Cepyme, marcadas por el enfrentamiento entre Gerardo Cuerva y Ángela de Miguel, esta última respaldada por Garamendi. Si finalmente resulta reelegido, Antonio Garamendi prolongará su mandato al frente de la patronal hasta 2030, acumulando doce años como presidente de CEOE desde su llegada al cargo en 2018. En las anteriores elecciones, celebradas en 2022, venció a Virginia Guinda, candidata impulsada por Foment del Treball, organización que en esta ocasión ya ha anunciado su apoyo a su continuidad. Desde CEOE explican que el adelanto de las elecciones responde a motivos organizativos, con el objetivo de evitar que coincidan con la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026, y en cuya organización la patronal desempeñará un papel relevante en los encuentros empresariales.

LEER MÁS

(Expansión, 17-07-2026) | Laboral

Por qué cogen la baja los trabajadores españoles: las enfermedades más comunes

Las bajas laborales continúan aumentando en España y ya afectan diariamente a más de 1,2 millones de trabajadores. Durante 2025 se registraron más de 9 millones de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, mientras que el absentismo provocó la pérdida de más del 7% de las horas de trabajo pactadas, consolidándose como uno de los principales retos para empresas y Seguridad Social. El impacto económico también sigue creciendo. Las prestaciones abonadas por la Seguridad Social superan los 18.000 millones de euros anuales, a los que se añaden otros 16.000 millones asumidos por las empresas, elevando el coste total del absentismo hasta los 34.000 millones de euros al año. Según los datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), elaborados a partir del sistema RESINA, las patologías musculoesqueléticas continúan siendo la principal causa de incapacidad temporal. Entre los diagnósticos más frecuentes figuran los síntomas generales asociados a distintas enfermedades (726.525 procesos), las infecciones respiratorias agudas (602.415), las dorsopatías (538.813) y los trastornos neuróticos, de la personalidad y otros problemas de salud mental (405.395). Las lesiones traumatológicas concentran buena parte de las bajas. Las veinte patologías de este tipo más habituales representan cerca del 82% del total de los procesos relacionados con este grupo de enfermedades y presentan una duración media de 76,6 días, destacando especialmente las fracturas, con una media de 118 días, y las artropatías, con 108 días. No obstante, el mayor crecimiento se está produciendo en los trastornos mentales, que se consolidan como uno de los principales factores de preocupación por su elevada incidencia y, sobre todo, por la larga duración de las bajas. En 2025 se iniciaron 446.116 procesos relacionados con problemas de salud mental, un 7,2% más que el año anterior y un incremento acumulado del 197% respecto a 2015. Además del aumento en el número de casos, estas patologías generan las incapacidades más prolongadas. Las bajas por psicosis alcanzan una duración media de 173 días, mientras que los trastornos neuróticos, de la personalidad y otros trastornos mentales registran una media de 104 días, muy por encima de la mayoría de enfermedades físicas. La incidencia mensual también continúa creciendo. En 2025 se registraron 2,31 procesos mensuales por cada 1.000 trabajadores protegidos, lo que supone un incremento del 5,5% respecto a 2024 y del 131% en comparación con hace once años. Este incremento tiene un reflejo directo en el coste económico. Las prestaciones abonadas por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social alcanzaron los 2.110 millones de euros en 2025, un 13,5% más que el año anterior. Si se compara con 2015, el gasto se ha multiplicado por más de cinco, con un aumento del 436%, al pasar de 393 millones a 2.110 millones de euros. A esta cifra se añaden 1.575 millones de euros de costes soportados por las empresas, de forma que las bajas vinculadas exclusivamente a trastornos mentales generaron una factura conjunta de 3.685 millones de euros durante 2025, confirmando el creciente peso que los problemas de salud mental tienen sobre el sistema de incapacidad temporal y sobre la productividad de las empresas españolas.

LEER MÁS

(El Economista, 17-07-2026) | Laboral

El coste directo para las empresas de las bajas laborales crece un 8% hasta abril

El incremento de las bajas laborales por incapacidad temporal se ha convertido en una de las principales preocupaciones del tejido empresarial español. La CEOE ha situado esta cuestión entre sus prioridades y reclama medidas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para contener un fenómeno que sigue elevando tanto los costes empresariales como el gasto público. Según el último informe sobre negociación colectiva elaborado por la patronal, el coste directo que asumen las empresas por las bajas derivadas de contingencias comunes -enfermedades o accidentes no relacionados con el trabajo- aumentó un 8% en los cuatro primeros meses de 2026, superando ya los 3.000 millones de euros, de acuerdo con los datos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. La legislación vigente obliga a las empresas a abonar el 60% del salario del trabajador entre los días 4 y 15 de la baja. Sin embargo, muchos convenios colectivos amplían esta cobertura hasta el 100% del salario e incluso incluyen el pago de los tres primeros días de incapacidad. Buena parte de estos acuerdos se negociaron hace años y numerosas organizaciones empresariales consideran ahora necesario revisar estos complementos ante el fuerte incremento del absentismo y del coste asociado. Los sindicatos, por su parte, rechazan modificar estas condiciones. Argumentan que dichos complementos fueron pactados en su momento a cambio de renunciar a mejoras salariales o a otras reivindicaciones laborales, por lo que consideran que forman parte de la protección que debe garantizarse a los trabajadores durante una enfermedad. El absentismo comenzó a intensificarse tras la pandemia, impulsado especialmente por el aumento de las bajas relacionadas con la salud mental, la saturación del sistema sanitario y el alargamiento de los tiempos de recuperación. No obstante, los datos de 2026 muestran una evolución llamativa: aunque el número de procesos iniciados ha disminuido, el gasto continúa creciendo. Hasta abril de 2026 se registraron 2,05 millones de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, cerca de un 10% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 2,28 millones. Asimismo, la incidencia media entre los trabajadores protegidos por las mutuas descendió desde 35,92 hasta 31,7 procesos por cada 1.000 trabajadores. Pese a ello, el coste total de estas prestaciones aumentó un 8,23%, alcanzando los 7.171,9 millones de euros, al sumar tanto la parte asumida por las empresas como la abonada por las mutuas en nombre de la Seguridad Social. Este incremento refleja que las bajas son cada vez más largas y, por tanto, más costosas. La presión también se traslada a las cuentas públicas. Las previsiones del sector de las mutuas apuntan a que la Seguridad Social destinará alrededor de 20.000 millones de euros en 2026 al pago de prestaciones por incapacidad temporal, consolidando una tendencia de crecimiento ininterrumpido durante los últimos años. Los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social muestran que el gasto siguió aumentando durante los primeros meses del año, mientras que las mutuas prevén un incremento superior al 8% al cierre del ejercicio, impulsado principalmente por las bajas derivadas de contingencias comunes. En esta misma línea, la AIReF ha advertido de que la incidencia de estas bajas aumentó un 60% entre 2017 y 2024, al tiempo que también se ha prolongado la duración media de los procesos, especialmente en los casos vinculados a trastornos de salud mental y lesiones musculoesqueléticas, que concentran buena parte del gasto. El diseño actual del sistema también influye en la evolución del coste. Mientras que durante los primeros días de incapacidad el trabajador percibe el 60% de la base reguladora, a partir del día 21 la prestación asciende al 75%, incrementando el desembolso que soportan la Seguridad Social y las mutuas en los procesos de larga duración. En 2025, las prestaciones por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes supusieron un gasto superior a 16.800 millones de euros, un 12% más que el año anterior. Las previsiones del sector apuntan a que esta cifra volverá a aumentar en 2026, superando los 18.000 millones de euros en contingencias comunes y acercando el coste total de las prestaciones por incapacidad temporal, incluidas las contingencias profesionales, a los 20.000 millones de euros.

LEER MÁS

(El Economista, 17-07-2026) | Laboral

La Seguridad Social facilita el cobro del Ingreso Mínimo Vital a los administradores de empresas

La Seguridad Social ha flexibilizado el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para quienes hayan sido administradores de una sociedad mercantil, al aclarar que esta circunstancia no impedirá percibir la prestación si la empresa ya ha cesado efectivamente su actividad en el momento de presentar la solicitud. La Ley del Ingreso Mínimo Vital, aprobada en 2021, establece que no pueden acceder a esta ayuda las personas que sean administradores de una sociedad mercantil que continúe desarrollando su actividad. Sin embargo, la norma no precisaba si ese requisito debía analizarse con referencia al ejercicio anterior o a la situación existente en la fecha de la solicitud, lo que había generado dudas interpretativas. Para resolver esta cuestión, la Dirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica de la Seguridad Social emitió el 8 de abril un informe en el que concluye que el elemento determinante es la situación real de la empresa en el momento de solicitar el IMV. De este modo, si la sociedad ya ha cesado su actividad, desaparece la causa que impedía acceder a la prestación, aunque la empresa siga existiendo jurídicamente. Asimismo, el informe aclara que la normativa no exige que la sociedad esté disuelta, liquidada o extinguida, sino únicamente que haya cesado efectivamente su actividad económica. Sobre esta base, la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica de la Seguridad Social aprobó un nuevo criterio, publicado el 17 de junio, que consolida esta interpretación. En consecuencia, cuando el solicitante pueda acreditar que la sociedad de la que fue administrador ya no desarrolla actividad en la fecha de la solicitud, no se aplicará la causa de exclusión prevista en la ley, facilitando así el acceso al Ingreso Mínimo Vital a este colectivo.

LEER MÁS

(El País, 17-07-2026) | Laboral

Los trabajadores que se incorporen ahora al mercado trabajarán de media casi 37 años, dos más que en 2015

La duración prevista de la vida laboral en España continúa aumentando. Según las últimas proyecciones de Eurostat, una persona que se incorpore al mercado de trabajo en 2025 desarrollará una carrera profesional media de 36,8 años, tres décimas más que el año anterior y 1,8 años por encima del nivel registrado en 2015. Esta evolución responde, entre otros factores, a la mejora del mercado laboral, al progresivo retraso de la edad de jubilación, al aumento de la esperanza de vida y a los incentivos para prolongar la actividad profesional. A pesar de este avance, España todavía se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, que alcanza los 37,5 años. Este dato coincide con el de Francia, lo que evidencia que la duración de la vida laboral no depende únicamente de la edad legal de jubilación, sino también de variables como la estabilidad del empleo, la evolución del mercado de trabajo o la incidencia del desempleo, ya que el indicador descuenta los periodos en los que una persona permanece sin trabajo. Los países con una mayor esperanza de vida laboral son Países Bajos, con 44 años, seguido de Suecia (43,4 años) y Dinamarca (42,6 años). También destacan Alemania, con 40,2 años, y Portugal, con 39,7. En el extremo opuesto se encuentran Rumanía (32,7 años), Italia (33 años) y Bulgaria (34,6 años). El envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra en determinados sectores están impulsando un aumento generalizado de este indicador en la mayoría de los Estados miembros. Durante el último año, España y el conjunto de la Unión Europea registraron un incremento de tres décimas, aunque algunos países experimentaron avances más intensos, como Bélgica, República Checa, Letonia o Grecia. Si se compara con 2015, la esperanza de vida laboral en España ha aumentado 1,8 años, un crecimiento inferior al promedio comunitario, que asciende a 2,6 años. Los mayores incrementos durante la última década corresponden a Malta, Hungría e Irlanda, mientras que Rumanía es el único país de la Unión Europea donde este indicador ha retrocedido. Tomando como referencia 2005, la evolución española resulta más significativa. En las dos últimas décadas la duración estimada de la vida laboral ha aumentado 3,9 años, por encima del crecimiento registrado en países como Portugal, Italia o Grecia. Aun así, los mayores avances corresponden a Malta, Hungría, Estonia y Países Bajos, mientras que el promedio europeo se ha incrementado en 4,6 años. Las diferencias entre hombres y mujeres siguen siendo notables, aunque en España la brecha es menor que en el conjunto de la Unión Europea. La esperanza de vida laboral de los hombres españoles se sitúa en 38,5 años, frente a los 35,1 años de las mujeres. En la media comunitaria, los hombres alcanzan los 39,5 años y las mujeres, los 35,4. Italia presenta la mayor diferencia entre ambos sexos, mientras que en los países bálticos la situación se invierte y las mujeres registran carreras laborales más largas que los hombres. El aumento de la vida laboral en España está estrechamente vinculado a las reformas del sistema de pensiones. La modificación aprobada en 2011 elevó progresivamente la edad ordinaria de jubilación para quienes no acreditan una carrera suficiente de cotización, un proceso que culminará en 2027 con una edad de 67 años para estos trabajadores, mientras que quienes cumplan los requisitos de cotización podrán seguir jubilándose a los 65 años. A ello se suma el crecimiento de las jubilaciones demoradas, favorecidas por los incentivos económicos introducidos en los últimos años. Según la Seguridad Social, estas representan ya el 12% de las nuevas altas de jubilación, frente al 4,8% registrado en 2019. Como consecuencia, la edad media efectiva de acceso a la jubilación ha aumentado hasta los 65,3 años, frente a los 64,4 años de hace siete años. Otro factor determinante ha sido la mejora del mercado laboral. La tasa de desempleo ha descendido de forma significativa desde el máximo del 26,9% alcanzado en 2013 hasta el 10,8% actual, mientras que la participación laboral de los trabajadores de mayor edad continúa creciendo. Actualmente, el 60,6% de las personas de entre 60 y 64 años permanece en activo, el doble que a comienzos de siglo, y también ha aumentado de forma notable la actividad entre quienes tienen entre 65 y 69 años, cuya tasa de participación ha pasado del 4,1% al 14,5%.

LEER MÁS

(El País, 17-07-2026) | Laboral

CC OO exige a CEOE la retirada de una polémica campaña publicitaria sobre el absentismo

La controversia sobre el absentismo laboral sigue creciendo tras las recientes declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien calificó las bajas por enfermedad como "un cáncer". A ese debate se ha sumado ahora una campaña publicitaria impulsada por la CEOE en Cantabria, que ha provocado un fuerte rechazo por parte de Comisiones Obreras (CC OO). La organización empresarial ha instalado marquesinas en distintos puntos de Santander con mensajes como "Esperar una hora a que te traigan el segundo plato", "Esperar al técnico de internet toda la tarde y que no aparezca" o "Mientras unos no están, otros esperan". Con estos lemas pretende llamar la atención sobre las consecuencias que, a su juicio, tiene el absentismo en la prestación de determinados servicios. La iniciativa ha sido duramente criticada por CC OO, que considera que la campaña estigmatiza a los trabajadores que se encuentran de baja médica y cuestiona el ejercicio de un derecho vinculado a la protección de la salud. El sindicato ha solicitado su retirada inmediata al entender que transmite una imagen injusta y culpabiliza a quienes se ausentan del trabajo por motivos de enfermedad. Desde la organización sindical sostienen que la campaña responsabiliza a los empleados del deterioro de determinados servicios, mientras evita señalar otros factores, como la falta de personal, la insuficiencia de plantillas o la organización empresarial. En su opinión, estos elementos también influyen de forma decisiva en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos. La representante de CC OO en Cantabria ha calificado la iniciativa de "mezquina" y considera que presenta a los profesionales en situación de incapacidad temporal como responsables del mal funcionamiento de las empresas. Asimismo, acusa a la patronal de utilizar una visión distorsionada del absentismo para poner en cuestión derechos laborales y generar desconfianza tanto hacia los trabajadores como hacia el sistema sanitario. En la misma línea, el secretario confederal de Salud Laboral de CC OO, Mariano Sanz, ha exigido la retirada de una campaña que considera ofensiva y ha criticado que se mezclen distintas situaciones bajo el concepto de absentismo, lo que, a su juicio, contribuye a criminalizar a las personas trabajadoras. El sindicato sostiene además que una parte importante de las ausencias laborales responde al ejercicio de derechos reconocidos legalmente, como los permisos por maternidad o paternidad, matrimonio, fallecimiento de familiares, mudanza, formación, asuntos propios o el desempeño de funciones de representación sindical, y no únicamente a bajas médicas. CC OO considera que el debate sobre el absentismo debe abordarse desde una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta tanto la protección de la salud de los trabajadores como la responsabilidad de las empresas en la planificación de sus recursos humanos y en la organización del trabajo.

LEER MÁS

(Cinco Días, 17-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas españolas prevén vender más bienes de equipo críticos a Ucrania tras la firma de acuerdos de cooperación en Kiev

El Gobierno está reforzando su estrategia para impulsar la participación de las empresas españolas en la reconstrucción de Ucrania mediante nuevos acuerdos de colaboración institucional y un importante paquete de financiación pública destinado a facilitar inversiones y proyectos empresariales en el país. Uno de los principales pasos ha sido la firma de un memorando de colaboración entre la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) y la Federación de Empresarios de Ucrania (FEU), suscrito durante la visita oficial a Kiev del ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. El acuerdo busca estrechar la cooperación entre ambos países y favorecer la participación de compañías españolas en los proyectos de reconstrucción de infraestructuras estratégicas. Las oportunidades de negocio abarcan ámbitos como las redes eléctricas, el transporte ferroviario, las infraestructuras hidráulicas y el tratamiento de agua, aunque también existen posibilidades de inversión directa, concesiones y alianzas con empresas locales. Según Sercobe, el potencial de colaboración se extiende a numerosos sectores económicos y no se limita únicamente a la exportación de bienes de equipo. La asociación, que agrupa a fabricantes de bienes de equipo y organizaciones sectoriales como las de material eléctrico e iluminación, ya mantenía actividad en Ucrania antes del inicio de la guerra, especialmente en proyectos relacionados con infraestructuras eléctricas y sistemas de tratamiento de agua. En los últimos años, además, ha aumentado el interés por el suministro de equipamiento vinculado al ámbito de la defensa. El memorando también contempla la creación de un Consejo Industrial conjunto, liderado por Sercobe y la patronal ucraniana, en el que participarán empresas e instituciones públicas y privadas de ambos países para coordinar iniciativas de cooperación y desarrollo industrial. Paralelamente, España se incorporará al instrumento internacional Industrial Ramstein, una iniciativa destinada a facilitar el suministro de maquinaria, equipos industriales y otros bienes necesarios para la reconstrucción del tejido productivo ucraniano. Desde el sector empresarial destacan que Ucrania representa un mercado con importantes perspectivas de crecimiento pese al conflicto bélico. Su proceso de aproximación a la Unión Europea exigirá adaptar gran parte de sus infraestructuras y servicios a los estándares comunitarios, lo que generará una elevada demanda de tecnología, ingeniería y equipamiento especializado. El respaldo financiero del Gobierno constituye otro de los pilares de esta estrategia. Durante su visita a Kiev, Carlos Cuerpo anunció la movilización de 570 millones de euros en instrumentos públicos destinados a respaldar a las empresas españolas interesadas en participar en la reconstrucción del país. Entre las principales medidas figura una línea de cobertura de 250 millones de euros a través de Cesce, otros 100 millones gestionados por Cofides para apoyar inversiones empresariales y dos líneas adicionales de 100 millones de euros cada una financiadas mediante el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), además de otros instrumentos de apoyo. La visita institucional también sirvió para celebrar la primera reunión del Comité Bilateral España-Ucrania, impulsado por las cámaras de comercio de ambos países. Este nuevo foro empresarial pretende facilitar el contacto entre compañías, promover proyectos conjuntos y favorecer la participación de empresas españolas en las iniciativas de modernización y reconstrucción que se desarrollarán en Ucrania durante los próximos años. El Ejecutivo considera que estas actuaciones no solo refuerzan el respaldo institucional a Ucrania en el contexto de la guerra, sino que también abren nuevas oportunidades para la internacionalización de las empresas españolas en un proceso de reconstrucción que movilizará miles de millones de euros y que previsiblemente se prolongará durante la próxima década.

LEER MÁS

(Expansión, 17-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca gana un récord de 18.000 millones por el dinamismo comercial

Los seis principales bancos cotizados españoles afrontan la presentación de sus resultados semestrales con perspectivas de volver a marcar cifras récord. Según las previsiones del consenso de mercado recopiladas por Bloomberg, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja obtendrán conjuntamente más de 18.000 millones de euros de beneficio en el primer semestre de 2026, lo que supondría un incremento aproximado del 5,5% respecto al mismo periodo del año anterior y situaría al sector en disposición de encadenar un quinto ejercicio consecutivo de beneficios históricos. Pese a la incertidumbre derivada de la crisis en Oriente Próximo, las entidades consideran que, por el momento, el conflicto no está teniendo un impacto significativo sobre la actividad bancaria. Las estimaciones más optimistas, como las de Bank of America, sitúan el beneficio conjunto por encima de los 18.500 millones de euros, mientras que Barclays maneja una previsión algo más prudente, cercana a los 17.925 millones. Las expectativas apuntan a que prácticamente todas las entidades mejorarán sus resultados respecto al año pasado. Santander lideraría el crecimiento con un beneficio estimado de 7.321 millones de euros (+7,3%), seguido por BBVA con 5.949 millones (+10%), CaixaBank con 3.131 millones (+6%), Bankinter con 583 millones (+7,5%) y Unicaja con 343 millones (+1,5%). Sabadell sería la única excepción, con una ligera caída prevista del 1,5%, hasta unos 960 millones de euros. El calendario de presentación de resultados comenzará el 22 de julio con Santander. Bankinter publicará sus cifras el día 23, Sabadell el 24, CaixaBank el 29, BBVA el 30 y Unicaja cerrará la ronda el 31 de julio. Los analistas prevén que la evolución positiva de los resultados se apoye principalmente en la mejora del margen de intereses, el crecimiento de las comisiones y un control de los costes, pese al incremento de las inversiones tecnológicas y los procesos de reorganización interna emprendidos por algunas entidades. El margen de intereses podría aumentar alrededor de un 3%, favorecido por la evolución del euríbor, unos costes de financiación estables y una mayor demanda de financiación por parte de familias y empresas. En conjunto, los ingresos por intereses superarían los 46.500 millones de euros durante el semestre. Las comisiones seguirán siendo otro de los pilares de la rentabilidad, con unos ingresos superiores a los 12.400 millones de euros, impulsados por la comercialización de seguros, productos de inversión y servicios de gestión patrimonial. La calidad del crédito continúa siendo uno de los puntos fuertes del sector. Las previsiones sitúan la ratio media de morosidad en torno al 2,05%, con entidades como Bankinter manteniéndose incluso por debajo del 2%, lo que refleja un nivel de riesgo todavía contenido. En el lado de los costes, las entidades afrontan un aumento del gasto superior al 5% debido principalmente a las fuertes inversiones en transformación digital e inteligencia artificial. Los analistas seguirán de cerca la capacidad de los bancos para mantener la eficiencia y convertir el crecimiento del negocio en una rentabilidad sostenible, especialmente en un contexto de mayor competencia en la concesión de hipotecas y de creciente presión para modernizar sus infraestructuras tecnológicas.

LEER MÁS

(Cinco Días, 16-07-2026) | Fiscal

La Airef alerta de que se agota el margen fiscal del Gobierno y pide medidas de ajuste

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de que el incremento del gasto público está reduciendo el margen de actuación de las Administraciones y pone en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales tanto nacionales como europeas. El organismo considera que el aumento del gasto derivado de fenómenos climáticos, el refuerzo del presupuesto de defensa y las medidas adoptadas para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Próximo está ejerciendo una presión creciente sobre las cuentas públicas. Según las estimaciones de la AIReF, España debería realizar un ajuste equivalente a seis décimas del PIB, más de 10.000 millones de euros, para cumplir este año con la regla nacional de crecimiento del gasto, fijada en el 3,5%. En el ámbito europeo, el organismo también prevé desviaciones respecto a los compromisos adquiridos y anticipa que el incumplimiento podría agravarse a partir de 2027, coincidiendo con un año marcado por la celebración de elecciones generales, autonómicas y municipales. La presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, señaló durante la presentación del informe sobre ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto que, si no se adoptan medidas correctoras en los próximos años, será imposible cumplir los objetivos fiscales comprometidos. El organismo reconoce que la evolución de los ingresos públicos continúa siendo positiva gracias al crecimiento económico, al aumento de la recaudación tributaria y a la mejora de las bases imponibles. De hecho, por primera vez ha avalado el cuadro macroeconómico elaborado por el Gobierno. Sin embargo, advierte de que el gasto está creciendo a un ritmo superior al previsto. Como consecuencia, la AIReF estima que el déficit público alcanzará el 2,6% del PIB en 2026, frente al 2,4% registrado al cierre de 2025. Si se excluyeran las ayudas destinadas a paliar los efectos de la dana y de las inundaciones, el déficit se reduciría hasta el 2,2%, mientras que, descontando además las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo, se situaría en el 1,8%. No obstante, el organismo recuerda que todos esos gastos forman parte de las obligaciones asumidas por las Administraciones. Tras la reforma del marco fiscal europeo aprobada después de la pandemia, el control presupuestario ha pasado a centrarse principalmente en la evolución del gasto público, aunque se mantiene el límite del 3% del PIB para el déficit. La normativa comunitaria permite excluir determinados gastos en defensa del cálculo de las reglas fiscales y la Comisión Europea estudia ampliar esta excepción a algunas de las ayudas vinculadas a la crisis energética provocada por el conflicto con Irán. La AIReF señala que todavía existe incertidumbre sobre qué partidas podrán quedar finalmente excluidas del cómputo. Si Bruselas autorizara el máximo margen previsto para las ayudas anticrisis, España podría situarse muy cerca del cumplimiento de los objetivos de gasto durante este ejercicio. En paralelo, el organismo ha mejorado sus previsiones económicas y sitúa el crecimiento del PIB en el 2,5% para 2026 y en el 2,1% para 2027, cifras que reflejan la fortaleza de la economía española, aunque advierte de que este crecimiento continúa apoyándose principalmente en el empleo y el consumo, sin avances significativos en productividad y en un entorno internacional marcado por la incertidumbre. Ante este escenario, la AIReF recomienda al Ministerio de Hacienda elaborar una estrategia fiscal de medio plazo que acompañe al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027 e incluya un plan presupuestario que pueda remitirse a la Comisión Europea. Asimismo, insiste en la necesidad de adaptar plenamente la normativa fiscal española al nuevo marco europeo y reclama que la Administración General del Estado presente un plan económico-financiero por el incumplimiento previsto de la regla de gasto. Estas advertencias coinciden con un contexto político complejo. El Gobierno aprobó recientemente un techo de gasto récord de 226.032 millones de euros como primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Sin embargo, la falta de una mayoría parlamentaria suficiente hace muy difícil que las nuevas cuentas prosperen en el Congreso. De salir adelante, serían los primeros presupuestos de la actual legislatura, ya que continúan prorrogados los correspondientes a 2023. Pese a la incertidumbre política, la economía española mantiene un comportamiento más sólido que el de la mayoría de los países del entorno europeo. El crecimiento continúa apoyado en la evolución favorable del empleo y del consumo interno, lo que ha llevado al Gobierno a elevar su previsión de crecimiento para 2026 del 2,2% al 2,6%, muy por encima de las estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional para el conjunto de la eurozona.

LEER MÁS

(Expansión, 16-07-2026) | Laboral

El sueldo se valora más que la conciliación al escoger un trabajo

El salario continúa siendo el principal criterio para los trabajadores españoles a la hora de elegir una empresa en la que desarrollar su carrera profesional. Según el último informe Employer Brand Research de Randstad, el 61% de los empleados en España considera la retribución económica como el factor más importante al valorar una oferta de empleo, un porcentaje superior al registrado a nivel internacional. El estudio, elaborado a partir de las respuestas de 166.000 personas en 34 países, muestra que, en el conjunto del mercado laboral mundial, la importancia del salario y la conciliación entre la vida laboral y personal prácticamente se ha igualado. El 56% de los encuestados sitúa la remuneración como el principal aspecto a tener en cuenta, mientras que el 55% prioriza la conciliación. En España, sin embargo, el orden de prioridades es diferente. Aunque el salario ocupa claramente la primera posición, el segundo aspecto más valorado es disfrutar de un buen ambiente de trabajo, citado por el 57,1% de los participantes. La conciliación se sitúa en tercer lugar, con un 56,6%, lo que refleja que los trabajadores españoles siguen concediendo un mayor peso a la estabilidad económica que al equilibrio entre la vida personal y profesional. El informe relaciona esta preferencia con el nivel salarial existente en España. El salario medio anual ronda los 33.700 euros, aproximadamente un 15,3% inferior a la media europea, circunstancia que puede incentivar la búsqueda de mejores oportunidades laborales. En este contexto, el estudio revela que el 28% de los trabajadores españoles tiene intención de cambiar de empleo durante los próximos seis meses, un porcentaje superior al promedio mundial, que se sitúa en el 24%. Estos datos reflejan un mayor riesgo potencial de fuga de talento motivado, principalmente, por la búsqueda de mejores condiciones salariales. No obstante, la intención de cambiar de empleo no siempre se traduce en una movilidad efectiva. En España, la rotación real durante los últimos seis meses fue del 13%, claramente por debajo de la media internacional, situada en el 17%. Esta diferencia sugiere que, aunque muchos profesionales valoran cambiar de empresa, finalmente actúan con mayor cautela antes de dar ese paso. La prudencia de los trabajadores españoles resulta aún más evidente al compararla con mercados laborales de mayor dinamismo, como Norteamérica, donde el porcentaje de empleados que efectivamente cambió de trabajo durante el mismo periodo alcanzó el 27%, más del doble que en España.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF