(Cinco Días, 20-11-2026) | Fiscal

Economía estudia limitar las comisiones por traspasar la cuenta Financia Europa

Aunque todavía no es posible contratar una cuenta Financia Europa, el Gobierno ya está preparando la regulación que permitirá a los clientes trasladarla de una entidad financiera a otra. El Ministerio de Economía ha iniciado una nueva fase de desarrollo normativo al someter a consulta pública previa la orden ministerial que establecerá las condiciones para realizar estos traspasos. Entre las cuestiones planteadas al sector figura una que puede tener un impacto directo en los ahorradores: si debe establecerse un límite a las comisiones que podrá cobrar la entidad de origen y cuál debería ser su cuantía. Los interesados podrán presentar sus aportaciones hasta el próximo 14 de diciembre. Desde el Ministerio explican que esta consulta supone el inicio del procedimiento de elaboración de la norma. El calendario establecido en el decreto que regula el nuevo producto fija los primeros días de abril como fecha límite para aprobar esta regulación, que forma parte de una de las reformas más relevantes del mercado de inversión de las últimas décadas, desde que se permitió trasladar fondos de inversión sin tener que tributar por las plusvalías generadas. La cuenta Financia Europa es una de las principales apuestas del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para canalizar parte del ahorro de los hogares hacia los mercados financieros y favorecer la financiación de la economía europea. Su principal atractivo reside en que permite comprar y vender activos dentro de la cuenta sin tributar por las ganancias obtenidas mientras el dinero permanezca en ella, siguiendo un sistema similar al de las sicav. Además, una vez transcurridos cinco años, los primeros 10.000 euros de beneficios acumulados por contribuyente estarán exentos de tributación. Las plusvalías que superen esa cantidad disfrutarán de una reducción fiscal del 20%. Así, ante una ganancia de 15.000 euros, solo tributarían 4.000 euros al tipo del 19%, lo que supondría pagar 760 euros a Hacienda. Si las operaciones se hubieran realizado fuera de este instrumento, la factura fiscal ascendería a 3.030 euros. La posibilidad de trasladar la cuenta adquiere especial relevancia porque cada contribuyente únicamente podrá disponer de una. Al no estar permitido distribuir las inversiones entre distintas entidades, cambiar de banco o intermediario será la única alternativa para buscar mejores condiciones comerciales o de gestión. El propio Ministerio considera que la movilidad es un elemento esencial para garantizar la competencia entre los proveedores. Los traspasos deberán realizarse por el importe total de la cuenta y estarán limitados a uno al año por cada modalidad. No obstante, el cambio de entidad no supondrá perder la antigüedad de las inversiones, ya que la cuenta de destino conservará las fechas originales de las aportaciones. De esta forma, el ahorrador mantendrá el tiempo acumulado a efectos de acceder a los beneficios fiscales. La regulación permitirá que la entidad de origen cobre una comisión por realizar el traslado, aunque estará sujeta a un límite máximo que deberá fijar el Gobierno mediante una orden ministerial. Precisamente, Economía pregunta ahora al sector si considera necesario establecer ese tope y qué criterios deberían utilizarse para determinarlo. También solicita información sobre las dificultades técnicas que puede plantear el traslado de una cartera de valores y qué aspectos debería contemplar la normativa para facilitar estas operaciones. Sin embargo, el régimen de movilidad no es el único desarrollo normativo pendiente. Antes de que las entidades puedan comercializar el producto, el Ministerio de Hacienda deberá aprobar otra orden ministerial para concretar las obligaciones de información de las entidades financieras a la Agencia Tributaria. Esta regulación todavía no tiene un calendario definido y los expertos del sector dudan de que pueda estar lista antes de las elecciones generales. Por tanto, su aprobación podría quedar en manos del próximo Gobierno. También está pendiente la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que dispone de un máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor del decreto para crear el registro de fondos de inversión tradicionales y fondos cotizados (ETF) que podrán integrarse en estas cuentas. Por su parte, BME contempla un lanzamiento progresivo del producto: una primera fase centrada en acciones y otros activos admitidos y una segunda en la que se incorporarán los fondos una vez que esté operativo el registro. Para que un fondo pueda incluirse en la cuenta Financia Europa deberá cumplir determinados requisitos de inversión. Al menos el 70% de su cartera tendrá que estar destinado a activos del Espacio Económico Europeo, incluidos los bonos; un mínimo del 50% deberá invertirse en acciones y, dentro de estas, al menos el 35% tendrá que corresponder a títulos cotizados en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein o Noruega. Quedan excluidos los derivados, las socimis y las sicav, mientras que la contratación directa de bonos tampoco estará permitida. Según los cálculos de finReg360, únicamente el 2% del patrimonio de los fondos de inversión españoles pertenece a categorías que, al menos inicialmente, podrán acogerse a este instrumento. El producto está dirigido principalmente a inversores dispuestos a asumir cierto riesgo, ya que su objetivo es movilizar parte del ahorro que actualmente permanece en cuentas corrientes y depósitos con rentabilidades reducidas. El límite máximo de aportaciones se sitúa en 150.000 euros por contribuyente. La iniciativa responde a la estrategia europea de canalizar hacia los mercados financieros una parte de los aproximadamente 10 billones de euros que los hogares de la UE mantienen en productos de ahorro tradicionales. En España, ese volumen se aproxima a los 1,2 billones de euros. Esta es la segunda ocasión en la que el Ministerio de Economía recurre a una consulta pública para desarrollar el proyecto. La primera, iniciada a finales de 2025, se centró en el diseño del producto y en el sello europeo Finance Europe, impulsado por España junto con otros seis países. Ahora, el debate se concentra en las condiciones para cambiar de entidad y, especialmente, en el coste que podrá suponer trasladar una cuenta de inversión que todavía no está disponible para los ahorradores.

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(Cinco Días, 20-11-2026) | Fiscal

Las rentas más altas de España concentran la mayor parte de las rebajas fiscales que Hacienda concede a los propietarios que alquilan viviendas

El ahorro fiscal que genera la reducción del IRPF por el alquiler de viviendas se concentra mayoritariamente en los propietarios con mayores ingresos. El 10% de los arrendadores más ricos acumula el 73% del beneficio tributario, mientras que la mitad con menor capacidad económica apenas recibe el 1% de esta ventaja fiscal, reservada a los inmuebles destinados a constituir la residencia habitual de los inquilinos. Así lo recoge un estudio elaborado por Alfonso García, Francisco García-Rodríguez y Dmitry Petrov, investigadores de la Universidad de Alcalá, a partir de los microdatos fiscales del Panel de Hogares de 2023, que combina información de las declaraciones del IRPF y del Catastro. Según sus estimaciones, esta reducción supuso para Hacienda una pérdida de recaudación de 1.133 millones de euros durante ese ejercicio. De esa cantidad, 826,5 millones beneficiaron al 10% de los propietarios con mayores ingresos, teniendo en cuenta el conjunto de sus rentas procedentes de salarios, inversiones, alquileres y otras actividades. La concentración es todavía mayor si se analizan los tramos superiores de renta. El 5% de los arrendadores con mayor capacidad económica recibió 629 millones de euros, el 55% del ahorro fiscal total, mientras que el 1% más rico concentró 267,8 millones, cerca de una cuarta parte. En cambio, los propietarios situados en la mitad inferior de la distribución de ingresos apenas se beneficiaron de 11 millones de euros. Los investigadores atribuyen este desequilibrio a dos factores. Por una parte, las personas con rentas más elevadas tienen mayor presencia en el mercado del alquiler y suelen obtener mayores ingresos de sus propiedades, ya sea porque disponen de varios inmuebles o porque arriendan viviendas de mayor valor. Por otra, el carácter progresivo del IRPF hace que la reducción fiscal tenga un impacto económico superior para quienes soportan tipos impositivos más elevados. De hecho, aunque el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos representa el 37% de los arrendadores, concentra casi tres cuartas partes del ahorro tributario. El estudio también analiza cómo se distribuyen los ingresos procedentes del alquiler entre la población. Aproximadamente 2,9 millones de personas, equivalentes al 8,5% de los mayores de edad, declaran rendimientos por arrendamientos. Aunque hay propietarios en todos los niveles de renta, su presencia aumenta conforme se asciende en la escala de ingresos. Para realizar esta clasificación, los investigadores dividen a la población en cien grupos del mismo tamaño, ordenados desde el 1% con menos ingresos hasta el 1% con mayor capacidad económica. Los resultados muestran que entre el 40% de la población con rentas más bajas solo el 2,6% obtiene ingresos inmobiliarios. La proporción aumenta hasta el 14,3% entre quienes se sitúan en los percentiles 80 y 90, alcanza el 25% en el tramo comprendido entre los percentiles 90 y 95 y llega al 42,5% entre el 1% más rico. No obstante, el 63% de los arrendadores pertenece al 90% de la población con menores ingresos y únicamente el 5% se encuentra en el grupo de mayor renta. Las diferencias también se reflejan en los importes percibidos y en la composición de los inmuebles alquilados. Entre el 40% de la población con menores ingresos, los propietarios que declaran rendimientos inmobiliarios ingresan una media de 363 euros mensuales, de los que 344 euros proceden de viviendas destinadas a residencia habitual. En el caso del 1% con mayores rentas, los ingresos medios por alquiler ascienden a 2.400 euros al mes, aunque solo 1.793 euros corresponden a viviendas habituales. El resto procede de otros activos inmobiliarios, como locales comerciales o viviendas turísticas. Para este cálculo, los investigadores excluyen los trasteros y garajes de menos de 25 metros cuadrados. A partir de estos resultados, el estudio plantea la necesidad de analizar a quién benefician realmente los incentivos fiscales vinculados al arrendamiento de viviendas y cuál es su impacto sobre los ingresos públicos. En 2023, año utilizado como referencia, la reducción general aplicable a los rendimientos netos del alquiler de vivienda habitual era del 60%. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en 2024, este porcentaje pasó al 50% con carácter general y se establecieron reducciones superiores, de hasta el 90%, para determinados supuestos, como los alquileres con rebajas de precio en zonas tensionadas o los contratos dirigidos a jóvenes que cumplen las condiciones previstas. Posteriormente, el último decreto de vivienda aprobado por la Diputación Permanente del Congreso ha contemplado elevar la reducción hasta el 100% en determinadas circunstancias. Estos cambios modifican el alcance del incentivo fiscal, aunque los datos del estudio ponen de manifiesto que, en el ejercicio analizado, la mayor parte del ahorro generado por esta medida se concentró en los propietarios con mayores niveles de renta.

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(El Economista, 20-11-2026) | Fiscal

Los compradores de una vivienda que pierdan las arras podrán desgravarlas en la Renta

Los compradores que finalmente no llegan a formalizar la adquisición de una vivienda y pierden el dinero entregado en concepto de arras pueden computar esa cantidad como una pérdida patrimonial en la declaración de la Renta. Así lo ha aclarado la Dirección General de Tributos (DGT) en una consulta vinculante del pasado 16 de septiembre, en la que reconoce que este importe puede integrarse en el IRPF. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda responde así a la consulta de una contribuyente que había firmado un contrato de compraventa como parte compradora, pero que finalmente no pudo completar la operación y perdió la señal entregada, que quedó en poder del vendedor. La interesada planteó si podía incluir ese dinero como pérdida patrimonial en su declaración del IRPF. En su respuesta, Tributos considera que la pérdida de las arras supone una alteración en el valor del patrimonio del contribuyente y, por tanto, constituye una pérdida patrimonial. Al tener la consideración de renta general, su importe deberá incorporarse a la base imponible general del impuesto. No obstante, la DGT precisa que esta pérdida debe declararse en el ejercicio fiscal en el que se produce la alteración patrimonial, es decir, en el año en que el comprador pierde definitivamente el dinero entregado como señal.

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(Expansión, 20-11-2026) | Laboral

Los mutualistas deberán esperar al nuevo Gobierno para trasladarse a la Seguridad Social

La entrada en vigor, el pasado 1 de agosto de 2026, de la ley que regula la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los mutualistas obligaba al Gobierno a aprobar, en un plazo de tres meses, el reglamento encargado de desarrollar el procedimiento para trasladar a la Seguridad Social los ahorros acumulados por los profesionales en sus mutualidades alternativas. Sin embargo, su tramitación ha quedado paralizada por la convocatoria de elecciones generales y no se retomará hasta que se constituya el nuevo Ejecutivo. De este modo, el reglamento, cuyo plazo de aprobación expiró el pasado 29 de octubre, tendrá que esperar. La medida podría beneficiar a cerca de 100.000 profesionales, entre ellos abogados -que representan aproximadamente la mitad del colectivo-, arquitectos, procuradores, médicos e ingenieros. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció recientemente en una entrevista televisiva que esta cuestión continúa pendiente. Entretanto, la plataforma Mutualistas por el Futuro ha expresado su preocupación por las propuestas incluidas por el PSOE en su programa electoral, que contempla acabar progresivamente con la alternatividad de las mutualidades y limitar su función a la previsión social complementaria. Los mutualistas consideran que esta propuesta supondría alterar el planteamiento de la Ley 2/2026, que incorporó una enmienda de Junts para descartar la desaparición de la alternatividad. La norma establece únicamente la elaboración de un informe de evaluación del modelo antes del 31 de diciembre de 2030, cuyas conclusiones podrán servir para revisar, mantener o modificar el sistema vigente. La redacción inicial impulsada por el PSOE, en cambio, contemplaba que desde el 1 de enero de 2028 todos los autónomos tuvieran que incorporarse obligatoriamente a la Seguridad Social. Por este motivo, la plataforma reclama que el desarrollo reglamentario respete el contenido y la finalidad de la ley. También pide que, si el PSOE vuelve a formar Gobierno, se mantengan los plazos y los mecanismos de evaluación previstos, sin anticipar el resultado de ese análisis ni condicionar sus conclusiones. Entre los aspectos que deberá concretar el reglamento destaca el coeficiente de conversión, que la ley sitúa entre el 0,67 y el 0,87 para tener en cuenta las contingencias no cubiertas. Este parámetro será determinante para establecer cuántos años de cotización podrán reconocerse en el sistema público a partir del capital acumulado por cada profesional en su mutualidad. Otra cuestión pendiente es el procedimiento para transferir los fondos desde las mutualidades a la Seguridad Social. La ley se limita a establecer que el traslado deberá realizarse de manera ordenada, mientras que las entidades reclaman que se efectúe cuando se produzca el hecho causante, es decir, en el momento en que el mutualista, una vez incorporado al sistema público, acceda a la jubilación.

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(El País, 20-11-2026) | Laboral

El empleo turístico encadena por primera vez seis meses con más de 3 millones de afiliados

El empleo vinculado al turismo volvió a alcanzar cifras récord en octubre, un mes que tradicionalmente marca el inicio de la temporada baja. El número de afiliados a la Seguridad Social en las distintas actividades relacionadas con el sector aumentó un 6,2% interanual, hasta situarse en 3,02 millones de trabajadores. Se trata del registro más elevado para este mes desde que Turespaña recopila estos datos. Además, por primera vez se ha encadenado un periodo de seis meses, entre mayo y octubre, con más de tres millones de empleados en actividades como la hostelería, las agencias de viajes y los operadores turísticos. El principal impulso al crecimiento de octubre procedió de la actividad hotelera, que registró un incremento del 9,7% en el número de cotizantes, hasta alcanzar los 432.682. Destaca especialmente la evolución del empleo por cuenta propia, que creció un 17,8% respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 27.980 trabajadores autónomos. A pesar del encarecimiento de los precios, que situó la tarifa media hotelera en 164 euros por habitación y noche durante el pasado verano, la demanda internacional continúa mostrando fortaleza. El aumento de visitantes procedentes del Reino Unido, que se mantiene como el principal mercado emisor de turistas hacia España, y de otros países como Países Bajos, Italia y Estados Unidos está compensando la menor actividad de los mercados francés y alemán. Estos dos países, segundo y tercer origen de turistas internacionales, respectivamente, atraviesan un periodo de estancamiento económico que está afectando a la capacidad de gasto de sus viajeros. La primera cadena hotelera española por número de habitaciones, Meliá, también ha expresado confianza en la evolución del negocio durante los últimos meses del año. En su presentación de resultados del tercer trimestre, la compañía señaló que las perspectivas para el cuarto trimestre han mejorado gracias al comportamiento de la demanda en España. No obstante, advirtió de que el accidente ferroviario de Urda podría provocar una ralentización puntual de las reservas hacia los destinos del sur del país. Las reservas confirmadas para el cierre del ejercicio superan en dos dígitos las del mismo periodo del año anterior, mientras que la compañía prevé que el RevPAR, indicador que mide los ingresos por habitación disponible, registre un crecimiento de un dígito alto en el conjunto del ejercicio. Según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Industria y Turismo, Baleares encabezó el crecimiento del empleo turístico en octubre, con 20.686 nuevos afiliados, un aumento del 18,4%. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) atribuye este avance a los resultados de las medidas destinadas a distribuir la demanda turística a lo largo de todo el año. Gracias a esta evolución, el 20% de los establecimientos hoteleros de las islas permanece abierto durante la actual temporada baja, frente al cierre habitual de buena parte de la planta hotelera hasta la primavera siguiente. En términos absolutos, Andalucía fue la comunidad autónoma que concentró un mayor número de afiliados en las actividades turísticas, con 357.715 trabajadores, el 17,5% del total nacional. A continuación se situaron Cataluña, con 324.484 empleados (el 15,9%), y Madrid, con 273.554 (el 13,4%).

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(El Confidencial, 20-11-2026) | Laboral

El Supremo sopesa declarar improcedente el despido de una asistenta que usó una baja para trabajar a escondidas en otra casa

El Tribunal Supremo estudia un recurso presentado por una empleadora contra la sentencia que declaró improcedente el despido de una trabajadora del hogar que, presuntamente, simuló un accidente laboral para obtener una baja médica y comenzó a prestar servicios en otra vivienda mientras cobraba la prestación por incapacidad temporal. La empresaria decidió extinguir la relación laboral por pérdida de confianza después de acreditar los hechos, pero la empleada recurrió y consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase improcedente el despido por defectos en la notificación. La resolución sorprendió a la empleadora, que decidió acudir al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación. El litigio se centra en si cumplió correctamente con la obligación legal de comunicar el despido a la trabajadora. Para ello, remitió un burofax en el que le notificaba la extinción del contrato. Correos intentó entregarlo en dos ocasiones y, al no encontrar a la destinataria en su domicilio, dejó los correspondientes avisos. Días después, la empresaria envió un segundo burofax, que dio lugar a otras dos visitas del servicio postal y a nuevos avisos de entrega. El Juzgado de lo Social número 30 de Madrid dio inicialmente la razón a la empleadora. Consideró que la trabajadora había evitado deliberadamente recoger la comunicación, pese a los cuatro avisos que Correos había dejado en su domicilio. El juzgado tampoco apreció vulneración de derechos fundamentales, como alegaba la empleada, al entender acreditado que había aprovechado una supuesta caída mientras limpiaba sola en la vivienda para conseguir una baja médica de varios meses y empezar a trabajar de forma irregular en otro domicilio. La trabajadora recurrió esta decisión ante el TSJM, argumentando que la falta de recepción de la carta de despido debía determinar la improcedencia de la extinción, ya que correspondía a la empleadora garantizar que la comunicación llegase a su destinataria. En febrero de 2025, la Sala de lo Social del tribunal autonómico estimó el recurso al considerar que el despido no se había realizado conforme a las exigencias legales de notificación. El TSJM fundamentó su decisión en que Correos había realizado los intentos de entrega en las mismas franjas horarias, lo que reducía las posibilidades de localizar a la trabajadora. La empresaria ha replicado que la asistenta no se encontraba en su domicilio porque estaba prestando servicios de manera irregular en otra vivienda. En su recurso ante el Supremo, la empleadora añade que, en las mismas fechas en que Correos dejó los avisos de entrega, la trabajadora acudió a una oficina postal para recoger la comunicación de su finiquito, que también se había enviado mediante burofax. Sin embargo, sostiene que decidió no retirar las notificaciones relativas al despido, por lo que atribuye la falta de comunicación a la propia voluntad de la empleada. Para respaldar su posición, la empresaria cita varias resoluciones judiciales que consideran que un intento de notificación fallido no debe conducir automáticamente a declarar improcedente un despido cuando existen indicios de mala fe por parte del trabajador. También sostiene que, aunque se considerase que Correos no actuó correctamente al realizar los cuatro intentos de entrega en una misma franja horaria, no debería recaer sobre ella la responsabilidad por una eventual falta de diligencia del servicio postal. No obstante, el Tribunal Supremo podría no llegar a pronunciarse sobre el fondo del conflicto. La Sala de lo Social ha designado como ponente al magistrado Félix Azón, director general de la Guardia Civil entre junio de 2018 y enero de 2020, durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, y ha solicitado a la empleadora que presente alegaciones sobre dos posibles motivos para inadmitir el recurso. El primero se refiere a la posible falta de contradicción entre la sentencia del TSJM y la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aportada como referencia, al considerar que ambas se basan en hechos diferentes. El segundo motivo también apunta a una eventual falta de contradicción, en este caso por las diferencias existentes entre los procedimientos utilizados para notificar las cartas de despido en las sentencias comparadas. La decisión definitiva sobre la admisión del recurso se conocerá en las próximas semanas.

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(Expansión, 20-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas aprieta las tuercas a España en su lucha contra el fraude en los fondos europeos

La Comisión Europea ha abierto un nuevo expediente complementario contra España al detectar deficiencias en la transposición de la directiva comunitaria destinada a proteger los fondos de la Unión Europea frente al fraude y la malversación. Bruselas considera que esta normativa constituye uno de los pilares fundamentales de la estrategia europea contra el fraude, ya que establece un marco común para proteger el presupuesto comunitario mediante la armonización de las definiciones de los delitos, las sanciones y las reglas de competencia relacionadas con las infracciones que afectan a los intereses financieros de la UE. Además, proporciona la base jurídica para determinar las competencias de la Fiscalía Europea. En concreto, la Comisión ha detectado dos nuevas deficiencias en la legislación española. Por un lado, considera que la regulación no recoge de forma suficiente la tipificación del delito de malversación de fondos europeos y, por otro, señala que la pena máxima prevista para esta conducta es inferior a la exigida por la normativa comunitaria. El plazo para incorporar la directiva al ordenamiento jurídico nacional finalizó el 6 de julio de 2019. Ya en diciembre de 2021, Bruselas remitió a España una primera carta de emplazamiento en la que advertía de determinados problemas en su transposición, relacionados entonces con la definición del delito de corrupción. Ahora, la Comisión vuelve a instar al Gobierno a corregir las deficiencias mediante el envío de una carta de emplazamiento complementaria. España dispone de dos meses para presentar sus observaciones, formular alegaciones o acreditar que ha subsanado los incumplimientos señalados. Si la respuesta no resulta satisfactoria, el procedimiento de infracción continuará con la emisión de un dictamen motivado. En este documento, la Comisión expondrá las razones por las que considera que España incumple la legislación europea y establecerá un nuevo plazo para corregir la situación antes de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La intervención del tribunal sería el siguiente paso si persisten las discrepancias. En ese caso, la Justicia europea tendría que pronunciarse sobre el incumplimiento de las obligaciones comunitarias por parte de España. Si el fallo fuera contrario al Gobierno y este no adaptase posteriormente su legislación, la Comisión podría volver a recurrir al TJUE para solicitar la imposición de sanciones económicas. España se enfrentaría entonces a una multa mínima cercana a los ocho millones de euros en concepto de sanción única. No obstante, cuando se trata de incumplimientos prolongados, como la falta de transposición o la incorporación deficiente de una directiva, es habitual que se plantee una penalización periódica. En este supuesto, la multa mínima prevista para España sería de 8.508,4 euros diarios. La cuantía definitiva dependería de factores como la gravedad de la infracción y el tiempo durante el que se haya mantenido el incumplimiento de la normativa europea.

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(La Vanguardia, 20-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España planifica un objetivo para lograr el 100% de electricidad con fuentes renovables en 2040

El Gobierno español trabaja en una hoja de ruta que plantea alcanzar un sistema eléctrico completamente renovable en la España peninsular en 2040 y eliminar por completo el uso de petróleo, gas y carbón en el conjunto del país en 2050, según adelantó Efe y confirmó La Vanguardia. El objetivo para 2040 pasa por completar la descarbonización del sistema eléctrico y reducir las emisiones netas un 90% respecto a los niveles de 1990. Para entonces, también se pretende eliminar los combustibles fósiles en los edificios residenciales, el sector servicios, la agricultura y la movilidad urbana. Diez años después, en 2050, esta transformación se extendería al transporte pesado y a la industria. España ha avanzado de forma significativa en el desarrollo de las energías renovables, que actualmente cubren el 55% de la demanda eléctrica. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla elevar esa proporción hasta el 81% en 2030, al tiempo que prevé reducir un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Por otra parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado la firma de la orden ministerial que aprueba el Programa de Trabajo 2026-2030 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, cuya publicación en el BOE está prevista para los próximos días. Este instrumento constituye el principal marco para coordinar e impulsar las políticas de adaptación al cambio climático en España. El programa establece las actuaciones que desarrollará la Administración General del Estado durante los próximos cinco años. En total, recoge 187 medidas destinadas a anticipar, limitar y gestionar los efectos del cambio climático sobre la población, la actividad económica y los ecosistemas. Su aprobación da continuidad a una política pública iniciada hace dos décadas y actualiza las prioridades a partir de los últimos avances científicos y de la evolución de los riesgos climáticos. Aagesen ha defendido un modelo de adaptación sustentado en la evidencia científica y orientado a gestionar los riesgos, en línea con los avances internacionales y europeos en materia de resiliencia climática. La vicepresidenta ha señalado la necesidad de abandonar una respuesta basada en reaccionar ante las crisis para avanzar hacia otra centrada en la anticipación, la prevención y la capacidad de recuperación. El documento toma como punto de partida la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España, que analiza de forma sistemática las principales amenazas a las que se enfrenta el país. A partir de sus conclusiones, establece las actuaciones prioritarias y promueve la incorporación de la adaptación climática a ámbitos como la salud, el agua, la biodiversidad, la agricultura, la energía, las infraestructuras, el transporte, el turismo y la actividad económica. De las 187 actuaciones previstas, 165 son medidas sectoriales distribuidas en 18 ámbitos de gestión pública, mientras que las 22 restantes tienen carácter transversal. Estas últimas abordan cuestiones como las diferencias territoriales y sociales, los efectos del cambio climático más allá de las fronteras, la evaluación de los costes y beneficios de las intervenciones y la prevención de actuaciones que puedan generar nuevos riesgos o agravar los existentes. Cada medida dispone de una ficha propia en la que se detallan su importancia estratégica, el calendario de ejecución, los antecedentes, los beneficios previstos, los indicadores para evaluar su cumplimiento y los departamentos responsables de llevarla a cabo. Entre las iniciativas destacadas figura la puesta en marcha de una Plataforma de Servicios Climáticos, que ofrecerá información y herramientas para anticipar riesgos y facilitar la toma de decisiones. Tendrá especial utilidad para actividades muy condicionadas por el clima, como la agricultura y la generación de energías renovables. En el ámbito sanitario, se prevé crear una Red Estatal de Refugios Climáticos y reforzar la prevención frente a episodios de calor extremo, prestando especial atención a los entornos laborales y a los colectivos más vulnerables. En materia de recursos hídricos, se impulsarán medidas para prevenir inundaciones en el ámbito local, mejorar el acceso a la información y extender una cultura de autoprotección. El programa también contempla actuaciones para incorporar la adaptación climática a las políticas de conservación de la biodiversidad y los espacios protegidos, reducir el impacto de los incendios forestales en las zonas de contacto entre áreas urbanas y forestales y fomentar sistemas agrícolas, ganaderos y pesqueros más preparados para las nuevas condiciones ambientales. En las zonas costeras y el medio marino, las medidas se orientarán a facilitar la adaptación del litoral, restaurar los ecosistemas costeros y mejorar la planificación de los municipios situados junto al mar. Asimismo, se tendrán en cuenta los riesgos climáticos en el diseño, la construcción y la gestión de ciudades, edificios e infraestructuras. En el caso de las nuevas instalaciones energéticas, se promoverá la incorporación de criterios de resiliencia desde la fase de diseño. La movilidad, el transporte, la industria, los servicios y el turismo también dispondrán de actuaciones específicas para identificar sus vulnerabilidades, mejorar la respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos y adaptar sus modelos de actividad a las nuevas condiciones climáticas. A estas iniciativas se suman medidas relacionadas con la investigación, la innovación, la educación ambiental y la formación profesional. El programa también busca ampliar el conocimiento sobre los riesgos climáticos que afectan a las infraestructuras críticas y sus posibles consecuencias para la paz, la seguridad y la cohesión social. La elaboración del Programa de Trabajo 2026-2030 ha contado con la participación de 19 ministerios, además de representantes de la comunidad científica y técnica, las administraciones autonómicas y locales, organizaciones sociales y ciudadanos. Durante el proceso se recibieron más de un millar de propuestas, que han contribuido a completar y reforzar el contenido del documento. Aunque sus actuaciones se dirigen principalmente a la Administración General del Estado y a otros organismos públicos estatales, el programa pretende servir también de referencia para el conjunto de las administraciones y los agentes sociales y económicos. El propósito es facilitar el desarrollo de iniciativas de adaptación en los ámbitos autonómico, local y sectorial. El nuevo plan da continuidad al Programa de Trabajo 2021-2025 e incorpora nuevas prioridades en función de los conocimientos científicos más recientes y de la experiencia acumulada en la gestión de los efectos del cambio climático.

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(Expansión, 19-11-2026) | Fiscal

Bruselas lleva de nuevo a España ante el TJUE tras vetar las indemnizaciones del Modelo 720

La Comisión Europea volverá a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber adaptado su legislación sobre responsabilidad patrimonial del Estado a las exigencias del Derecho comunitario. La decisión llega después de que el Gobierno y el Tribunal Supremo hayan rechazado las reclamaciones de los contribuyentes afectados por el Modelo 720, la declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero, que establecía sanciones desproporcionadas y permitía gravar sin límite temporal determinadas rentas no declaradas. El conflicto se centra en las dificultades que encuentran los ciudadanos para obtener una compensación económica cuando una norma nacional vulnera el Derecho de la Unión Europea. Aunque el TJUE declaró ilegal en 2022 el régimen sancionador del Modelo 720, los tribunales españoles han rechazado indemnizar a los contribuyentes que no solicitaron la rectificación de sus autoliquidaciones del IRPF dentro del plazo general de cuatro años. La nueva actuación de Bruselas responde también a la denuncia presentada en mayo de 2024 por Alejandro del Campo Jiménez, socio de DMS Legal Intelligence. El abogado acudió a las instituciones comunitarias después de que el Consejo de Ministros rechazara las reclamaciones indemnizatorias y el Tribunal Supremo confirmara este criterio en su sentencia del 17 de abril de 2024. El procedimiento de infracción, identificado con la referencia INFR (2017)4004, comenzó en 2015, cuando la Comisión Europea recibió las primeras denuncias sobre las dificultades que planteaban las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambas normas establecieron las condiciones para exigir responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas, pero Bruselas considera que sus requisitos dificultan excesivamente que los ciudadanos puedan reclamar cuando el Estado aprueba disposiciones contrarias al Derecho comunitario. La Comisión emitió un dictamen motivado en 2018 y el TJUE condenó a España el 28 de junio de 2022, en el asunto C-278/20. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que el país todavía no ha cumplido íntegramente la sentencia. El proyecto legislativo destinado a modificar las disposiciones cuestionadas continúa pendiente de aprobación parlamentaria, circunstancia que ha llevado a Bruselas a recurrir nuevamente al Tribunal de Justicia mediante el procedimiento previsto en el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta vía permite imponer sanciones económicas a los Estados miembros que no ejecutan las sentencias condenatorias. El Modelo 720 se encuentra en el centro de esta controversia. Esta obligación informativa exigía declarar determinados bienes y derechos situados en el extranjero, como cuentas bancarias, inmuebles o valores. Su régimen original contemplaba multas que podían alcanzar el 150% de la cuota correspondiente y permitía imputar como ganancias patrimoniales no justificadas rentas cuya prescripción quedaba, en la práctica, sin efecto. En enero de 2022, el TJUE consideró que estas medidas vulneraban el Derecho de la Unión Europea por resultar desproporcionadas y contrarias a los principios de libre circulación de capitales y seguridad jurídica. La discusión posterior se ha centrado en el derecho de los contribuyentes a recuperar las cantidades ingresadas en aplicación de aquella normativa. El Tribunal Supremo estableció que quienes presentaron sus declaraciones del IRPF sin solicitar su rectificación dentro del plazo de cuatro años no tienen derecho a una indemnización por esta vía. El Alto Tribunal consideró que los afectados debían haber actuado con la diligencia necesaria para impugnar sus autoliquidaciones. Este criterio ha generado controversia porque, según los afectados, suponía exigir a los contribuyentes que cuestionaran una normativa que todavía gozaba de presunción de legalidad antes de que el TJUE declarase su incompatibilidad con el Derecho comunitario. La consecuencia es que quienes no reclamaron dentro del plazo ordinario pueden quedar excluidos de la posibilidad de recuperar las cantidades satisfechas. No obstante, la nueva actuación de la Comisión Europea no implica que los contribuyentes afectados vayan a recibir automáticamente una indemnización. En la comunicación remitida al denunciante, la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión advierte de que una eventual sentencia condenatoria contra España no resolverá directamente las reclamaciones individuales. Bruselas recuerda que corresponde a los tribunales nacionales determinar si procede indemnizar a los particulares por los perjuicios ocasionados por una vulneración del Derecho de la Unión Europea. Son estos órganos judiciales los que pueden ordenar a las administraciones el pago de compensaciones o anular decisiones nacionales. De este modo, el procedimiento europeo persigue que España adapte su legislación y cumpla las obligaciones derivadas de la sentencia de 2022, pero no garantiza por sí mismo la devolución de las cantidades reclamadas por los afectados por el Modelo 720. Estos deberán seguir acudiendo a los tribunales españoles para defender sus derechos, mientras el Estado se enfrenta a un nuevo procedimiento ante la Justicia europea por no haber corregido el régimen de responsabilidad patrimonial.

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(El País, 19-11-2026) | Fiscal

Hacienda obliga a los empleadores a recalcular las nóminas para dejar sin retención de IRPF al salario mínimo

El Gobierno ha aprobado mediante real decreto ley una serie de modificaciones fiscales para evitar que los trabajadores con menores salarios tengan que tributar por el IRPF tras la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI). Con la nueva cuantía fijada para 2027 en 18.004 euros anuales, la norma modifica la Ley del IRPF para elevar la deducción por rendimientos del trabajo y garantizar que quienes perciban el salario mínimo queden exentos del impuesto. Asimismo, incorpora cambios en el cálculo de las nóminas y las retenciones que deben practicar las empresas, con el propósito de que el beneficio fiscal se aplique desde enero y tenga un efecto inmediato sobre los ingresos de los trabajadores. La modificación del Reglamento del IRPF, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, obliga a las empresas a adaptar el cálculo de las retenciones de sus empleados. Para ello, deberán incorporar una deducción de hasta 1.033,58 euros anuales en el procedimiento utilizado para determinar los importes que descuentan mensualmente de las nóminas. De esta forma, los trabajadores que perciban exactamente el nuevo SMI tendrán una retención de cero euros. El cambio evita que los perceptores del salario mínimo tengan que esperar a la campaña de la renta del ejercicio siguiente para recuperar las cantidades que se les hubieran descontado durante el año. Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), el nuevo mecanismo permite aplicar directamente la reducción fiscal en las nóminas, sin necesidad de presentar posteriormente la declaración anual para obtener la devolución de las retenciones soportadas. La medida también se extiende a los trabajadores con retribuciones superiores al SMI, con el objetivo de evitar el denominado error de salto, que se produce cuando un pequeño incremento de los ingresos provoca un aumento de la cuota tributaria superior a la mejora salarial obtenida. Para corregir esta situación, el Ejecutivo establece una reducción gradual de la deducción que alcanza a los rendimientos del trabajo inferiores a 23.171,89 euros anuales. En este tramo, la deducción máxima de 1.033,58 euros se reduce progresivamente en función de la diferencia entre el salario percibido y los 18.004 euros del SMI. En concreto, al incremento salarial que supere esa cuantía se le aplica un coeficiente de 0,2, cuyo resultado se resta de la deducción máxima. Así, cuanto mayor sea la retribución por encima del salario mínimo, menor será el beneficio fiscal, hasta desaparecer al alcanzar el límite establecido. Este mismo sistema deberá tenerse en cuenta al calcular las retenciones mensuales de las nóminas. Por otra parte, el real decreto ley actualiza las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas de régimen común y las entidades locales. El BOE advierte de que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado habría mantenido estas transferencias en los niveles de 2023 si no se hubiera aprobado esta revisión. Esta situación podría haber generado dificultades de liquidez en las administraciones territoriales y comprometido la financiación de servicios públicos esenciales, como la sanidad y la atención a la dependencia. Para evitarlo, el Ejecutivo ha recalculado los anticipos tomando como referencia las nuevas previsiones de ingresos tributarios para 2027. Hacienda estima una recaudación de 160.794 millones de euros por IRPF y de 111.429 millones por IVA, además de los ingresos procedentes de otros impuestos que intervienen en la determinación de las transferencias. El decreto incorpora igualmente una mayor flexibilidad para las comunidades autónomas que cierren 2026 con superávit presupuestario. Estas podrán utilizar los recursos obtenidos para financiar inversiones financieramente sostenibles durante 2027 y 2028, siempre que mantengan el equilibrio presupuestario en el ejercicio en el que realicen las inversiones y hayan cumplido los plazos legales de pago a proveedores.

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