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(Expansión, 25-09-2026) | Fiscal

El campo advierte al Gobierno: prorrogar las ayudas al carburante no contendrá los precios

El Gobierno aprobará el próximo martes un nuevo decreto para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis de precios provocada por el conflicto en Oriente Próximo. La norma llegará justo un día antes de que expire el actual paquete de medidas, que incluye, entre otras actuaciones, reducciones en el Impuesto sobre Hidrocarburos aplicadas a la gasolina, al diésel y al gasóleo profesional, con una rebaja de hasta 20 céntimos por litro en este último caso. Aunque todavía no se conocen las nuevas medidas, las organizaciones agrarias muestran cautela ante la posibilidad de que el Ejecutivo se limite a prorrogar las ayudas vigentes. El sector considera que mantener las bonificaciones actuales no será suficiente para frenar el encarecimiento de los carburantes, especialmente en un contexto en el que la inflación alcanzó el 4,3% en agosto y el aumento de los costes energéticos empieza a trasladarse a otros productos de consumo. Las organizaciones agrarias sostienen que la reducción de 20 céntimos por litro aplicada al gasóleo B, utilizado habitualmente en las explotaciones agrícolas, ya resulta insuficiente. Según fuentes del sector, si los precios continúan aumentando al ritmo actual, la inflación podría absorber por completo el efecto de la bonificación en los próximos meses, como ya habría ocurrido con las ayudas anteriores. Los datos históricos de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reflejan la intensidad de este incremento. Desde el 30 de junio, cuando se aprobó la actual rebaja, el precio del gasóleo agrícola habría aumentado 48 céntimos por litro. Si se toma como referencia el 27 de febrero, antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el incremento alcanza los 60 céntimos, equivalente a un 53,5%. Las organizaciones agrarias reclaman por ello medidas fiscales específicas que permitan reducir el impacto del encarecimiento de los principales costes de producción. Entre sus propuestas figura recuperar una bonificación del 35% en el IRPF por el gasóleo agrícola y otra del 15% para los fertilizantes, cuyo precio también se ha visto afectado por la evolución del conflicto. El sector advierte de que el aumento de los costes está comprometiendo la rentabilidad de las explotaciones, especialmente porque los productores tienen dificultades para trasladar íntegramente ese incremento a los precios en origen. Si esta situación se mantiene, el encarecimiento de los costes de producción podría terminar repercutiéndose sobre los precios que pagan los consumidores por los alimentos. El problema afecta también al resto de carburantes. Los precios han aumentado por encima de las reducciones fiscales previstas en el decreto actualmente en vigor. El Gobierno elevó hasta 20 céntimos por litro la rebaja aplicable al diésel mediante la cláusula de salvaguarda, mientras que la bonificación de la gasolina se ha reducido progresivamente hasta situarse actualmente en cinco céntimos. En ambos casos, las ayudas no han compensado completamente el incremento acumulado de los precios desde la entrada en vigor del paquete de medidas. Por ello, una simple prórroga de las bonificaciones podría tener un efecto limitado sobre la evolución de los precios, aunque su desaparición supondría un nuevo aumento inmediato del coste de los carburantes. Ante esta situación, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) tiene previsto plantear al Gobierno la adopción de medidas excepcionales para intervenir el mercado y establecer límites a los precios de los carburantes, siguiendo el modelo de regulación que estuvo vigente hasta finales de los años noventa. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que el nuevo decreto deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días. También ha avanzado que el Ejecutivo prestará especial atención al posible traslado del encarecimiento energético a los precios de los alimentos, lo que se conoce como efectos de segunda ronda. Al mismo tiempo, ha defendido la necesidad de adoptar una perspectiva de medio y largo plazo para reducir la dependencia energética y avanzar en la electrificación y la descarbonización de la economía. El margen presupuestario para ampliar las ayudas es, además, cada vez más reducido. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, ha advertido de que la prolongación del conflicto en Oriente Próximo está obligando al Gobierno a asumir nuevos gastos. Aunque algunos pueden tener carácter temporal, otros podrían convertirse en compromisos permanentes que requerirían fuentes de financiación estables. La Airef ha señalado que estas nuevas obligaciones presupuestarias, si no se compensan mediante una reducción de otras partidas, podrían dificultar el cumplimiento de la senda fiscal acordada con Bruselas. El margen disponible es ya limitado y las previsiones del organismo sitúan el déficit público en el 2,7% del PIB al cierre del ejercicio.

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(El País, 25-09-2026) | Fiscal

La OCDE mejora la previsión de PIB de España, pero alerta de una inflación elevada y persistente

España afrontará los próximos meses con un crecimiento económico superior al previsto, pero también con una inflación que continúa mostrando resistencia a moderarse. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha elevado hasta el 2,6% su previsión de crecimiento del PIB español para 2026, cuatro décimas más que en su anterior estimación de junio. El organismo sitúa esta evolución en un contexto internacional marcado por la escalada de las tensiones en Oriente Próximo y por la elevada volatilidad de los mercados energéticos. Al mismo tiempo, advierte de que la persistencia de la inflación seguirá afectando al poder adquisitivo de los hogares españoles y mantendrá los precios por encima de los registrados en buena parte de Europa. La revisión al alza de las perspectivas de crecimiento refleja la resistencia de la economía española frente a la debilidad de las principales economías europeas. Sin embargo, llega en un momento en el que el encarecimiento de los carburantes vuelve a ejercer presión sobre el IPC y aumenta el riesgo de que las subidas terminen extendiéndose a otros bienes y servicios. En agosto, la inflación alcanzó el 4,3%, su nivel más elevado desde 2023, en un escenario de nuevas tensiones en los mercados energéticos. La OCDE considera que esta combinación de mayor crecimiento y elevada inflación seguirá condicionando la evolución de la economía española. El organismo estima que España creció un 2,8% en 2025 y prevé que avance un 2,6% este año, antes de moderar su ritmo hasta el 1,8% en 2027. Estas cifras todavía no incorporan la reciente revisión del INE, que redujo en dos décimas el crecimiento registrado en 2025. La demanda interna continúa siendo uno de los principales motores de la actividad, después de mostrar una evolución sólida durante el segundo trimestre, mientras que el debilitamiento del comercio internacional y de la industria manufacturera está limitando el impulso procedente del exterior. La diferencia respecto a las grandes economías europeas es significativa. Alemania crecerá, según la OCDE, un 1,1% tanto en 2026 como en 2027, mientras que Francia registrará avances del 0,4% y el 0,7%, respectivamente. Italia crecerá un 0,9% este año y un 0,6% el próximo. Para el conjunto de la eurozona, la previsión es de un crecimiento del 1% en ambos ejercicios. En el G-20, las tasas previstas son del 3,1% en 2026 y del 3% en 2027. El principal contrapunto a la fortaleza del PIB español se encuentra en la evolución de los precios. La OCDE calcula que la inflación alcanzará el 3,7% en 2026, cuatro décimas más que en su previsión anterior, y se situará en el 3,4% en 2027. En ambos casos, España quedaría por encima de la media de la eurozona, para la que el organismo prevé una inflación del 3% este año y del 2,9% el próximo. Las presiones inflacionistas tampoco se limitan a la energía y los carburantes. La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, también mantiene una trayectoria elevada. La OCDE calcula que alcanzará el 3,4% en España durante 2026, cinco décimas por encima de la estimación realizada en junio, antes de moderarse hasta el 2,9% en 2027. La evolución de este indicador refleja que las tensiones sobre los precios pueden prolongarse más allá del impacto directo de la energía. El encarecimiento de los hidrocarburos constituye uno de los principales riesgos para la economía mundial. La intensificación del conflicto en Oriente Próximo ha provocado alteraciones en la producción y las exportaciones de petróleo y gas del Golfo, mientras las reservas europeas de gas se encuentran en niveles especialmente bajos para esta época del año. En sus previsiones, la OCDE contempla un precio máximo del gas europeo de 82 euros por MWh en el cuarto trimestre de 2026 y un barril de Brent de hasta 105 dólares. A ello se suma la presión de los márgenes de refino y la reducción de los inventarios mundiales de crudo. El escenario internacional incorpora además otros focos de incertidumbre, como la evolución de las tensiones comerciales derivadas de la política arancelaria de Estados Unidos y el incremento de las rentabilidades de la deuda soberana a largo plazo ante las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. La OCDE prevé que el crecimiento mundial se sitúe en el 2,9% en 2026, medio punto menos que el año anterior. La expansión de la inteligencia artificial contribuirá a mantener la actividad económica, aunque el organismo considera que no será suficiente para neutralizar el conjunto de los riesgos existentes. Ante este escenario, la OCDE reclama prudencia tanto a las autoridades monetarias como a los gobiernos. El organismo prevé que los bancos centrales mantengan una orientación restrictiva e incluso contempla nuevos aumentos de los tipos de interés en Estados Unidos y la eurozona para contener las expectativas de inflación. En el ámbito fiscal, recomienda sustituir las ayudas públicas de carácter general por medidas dirigidas específicamente a los hogares y sectores más afectados por la subida de los precios, además de establecer estrategias plurianuales destinadas a reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

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(El País, 25-09-2026) | Fiscal

La UE y Filipinas llegan a un acuerdo de libre comercio que elimina el 94% de los aranceles

La Unión Europea continúa avanzando en su estrategia para diversificar sus relaciones comerciales y reducir su dependencia de los grandes mercados de Estados Unidos y China. En este contexto, la Comisión Europea ha alcanzado un principio de acuerdo con Filipinas para establecer un marco de libre comercio que facilitará el acceso de las empresas europeas a un mercado de alrededor de 120 millones de habitantes. El entendimiento llega después de 11 años de negociaciones intermitentes, aunque las conversaciones se retomaron de forma continuada en 2024. El acuerdo todavía debe completar algunos aspectos técnicos, pero Bruselas ya calcula su alcance. El principio de pacto contempla la eliminación del 94% de los aranceles y afectará a más del 97% del comercio que actualmente mantienen ambas partes. Para la Comisión, se trata de un nuevo paso en la apertura de mercados alternativos en un momento en el que la política comercial internacional está marcada por el aumento del proteccionismo y las tensiones entre las principales potencias económicas. Filipinas todavía ocupa una posición secundaria entre los socios comerciales de la Unión Europea, aunque los intercambios han aumentado de manera significativa durante la última década. En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 17.606 millones de euros, un 46% más que en 2015. El crecimiento se ha producido tanto en las exportaciones europeas como en las importaciones procedentes del país asiático, aunque el saldo comercial resulta desfavorable para la UE, con un déficit de 1.407 millones de euros. Uno de los principales beneficiados por el acuerdo sería la industria europea. Los productos industriales de la Unión quedarán libres de aranceles y, entre ellos, destacan la maquinaria y los bienes relacionados con el transporte, incluidos los automóviles y los componentes de automoción. También tendrán un papel relevante los productos agroalimentarios y químicos. En conjunto, estos sectores representan más del 75% de las ventas de las empresas europeas en Filipinas. El sector agrícola europeo ha recibido favorablemente el principio de acuerdo, a la espera de conocer todos sus detalles. Las organizaciones COPA-Cogeca han destacado especialmente la mejora prevista en el acceso al mercado filipino para productos como la carne de porcino, las aves, los productos lácteos y las bebidas espirituosas. La protección de las denominaciones de origen europeas es otro de los elementos valorados por las organizaciones agrarias. La protección de estas denominaciones constituye habitualmente uno de los puntos más sensibles de las negociaciones comerciales de la UE. Las dificultades suelen ser mayores cuando el socio comercial cuenta con una industria alimentaria desarrollada y con productos que utilizan denominaciones similares a las protegidas en Europa. Esta cuestión ya generó importantes diferencias durante las conversaciones con Australia y ha sido también relevante en otros acuerdos comerciales negociados por Bruselas. El principio de acuerdo incorpora asimismo disposiciones sobre contratación pública. La Comisión destaca la introducción de reglas que permitirán por primera vez el acceso de proveedores y contratistas extranjeros a la contratación pública del Gobierno filipino. Esta cuestión adquiere especial relevancia porque Bruselas trabaja paralelamente en una reforma de las reglas de contratación pública europea que pretende favorecer a las empresas y productos fabricados dentro de la Unión, aunque contempla excepciones vinculadas al principio de reciprocidad. El acercamiento a Filipinas forma parte de una estrategia comercial más amplia con la que Bruselas pretende ampliar el número de mercados disponibles para las empresas europeas. La UE ha intensificado en los últimos años la negociación de acuerdos comerciales con terceros países, en un contexto marcado por el proteccionismo estadounidense y por la creciente competencia de China. La diversificación busca reducir la exposición de las empresas europeas a las decisiones comerciales de Washington y facilitar nuevas oportunidades de exportación. Al mismo tiempo, la Unión está impulsando medidas destinadas a reforzar la posición de la producción europea dentro del propio mercado comunitario, especialmente en sectores considerados estratégicos. Iniciativas relacionadas con la contratación pública o con la aceleración industrial buscan aumentar la presencia de empresas europeas frente a la competencia exterior, especialmente la procedente de China. La dificultad reside ahora en compatibilizar esta política de mayor protección del mercado interior con la expansión de los acuerdos de libre comercio con terceros países, un equilibrio que está condicionando y prolongando la tramitación de algunas de las nuevas iniciativas legislativas de Bruselas.

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(El País, 25-09-2026) | Fiscal

Feijóo propone un 0% de IVA para las alimentos básicos y 10% en energía

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves la necesidad de aplicar medidas de alivio fiscal para familias, autónomos y determinados sectores económicos. Durante un acto celebrado en Guadalajara, ha presentado varias propuestas fiscales de su formación, entre ellas establecer un IVA del 0% para determinados alimentos básicos y reducir del 21% al 10% el tipo aplicado a la energía. En materia de IVA, el PP plantea eliminar el impuesto sobre productos como la leche, los quesos, el aceite, los huevos, las frutas, las verduras, la carne, el pescado y las conservas. También propone rebajar el tipo de la energía del 21% al 10%. En el ámbito del IRPF, las medidas planteadas se concentran principalmente en el apoyo a las familias y en la compensación del efecto que la inflación tiene sobre la tributación de los contribuyentes. Entre las propuestas figura duplicar las deducciones por descendientes. Con este cambio, las cuantías pasarían de 2.400 a 4.800 euros por el primer hijo; de 2.700 a 5.400 euros por el segundo; de 4.000 a 8.000 euros por el tercero, y de 4.500 a 9.000 euros a partir del cuarto. El paquete también contempla duplicar el suplemento por descendientes menores de tres años, que pasaría de 2.800 a 5.600 euros. Según el PP, la medida pretende tener en cuenta el mayor coste asociado a la crianza, los cuidados y la conciliación durante los primeros años de vida. La formación calcula que una familia con dos hijos podría ahorrar más de 400 euros entre agosto y diciembre mediante estas modificaciones. Para el conjunto de los contribuyentes, el PP plantea además deflactar el IRPF para adaptar los tramos del impuesto a la evolución de los precios. Feijóo sostiene que los contribuyentes están soportando una mayor carga fiscal como consecuencia del incremento de sus ingresos nominales provocado por la inflación y reclama que Hacienda ajuste el impuesto para evitar este efecto. Entre las propuestas dirigidas al sector agrario figura la revisión de los costes asociados a los fertilizantes y los combustibles. El PP también plantea un plan específico para acelerar el desarrollo de la red eléctrica y reclama avanzar en la eliminación del IVA para los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros, en línea con la directiva europea cuya transposición, según la formación, acumula 20 meses de retraso. La reducción de las cargas administrativas es otra de las medidas incluidas en el planteamiento del Partido Popular. Feijóo ha defendido la eliminación de trámites que considere innecesarios, al considerar que las obligaciones burocráticas adicionales se traducen en mayores costes económicos y de tiempo para empresas y trabajadores por cuenta propia. El PP pretende llevar estas propuestas al Congreso de los Diputados y al Senado para buscar su aprobación. En la Cámara Alta, la formación cuenta con mayoría absoluta.

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(Cinco Días, 25-09-2026) | Laboral

Los interinos exigen a Bruselas que denuncie a España ante la justicia europea por abusar del empleo público temporal

La situación de los empleados públicos que acumulan años de contratos o nombramientos temporales continúa sin una solución definitiva. Una representación de trabajadores afectados, agrupados en la Coalición Líneas Rojas Innegociables, se ha reunido este jueves en Madrid con responsables de la Comisión Europea para reclamar que Bruselas lleve a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el incumplimiento de las exigencias comunitarias sobre el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas. Los representantes de los interinos aseguran que durante el encuentro los funcionarios europeos les trasladaron que no se concederá más margen al Gobierno español para responder al procedimiento de infracción mediante nueva documentación. El Ministerio de Función Pública había solicitado a finales de junio una ampliación del plazo hasta marzo para disponer de más tiempo para negociar una reforma destinada a corregir el problema y evitar que Bruselas acudiera al TJUE. La Comisión Europea reactivó la pasada primavera dos procedimientos de infracción que permanecían abiertos desde 2014. El 29 de abril remitió al Gobierno español sendos dictámenes motivados en los que reclamaba cambios legislativos para combatir el uso abusivo de las relaciones temporales en el sector público. España disponía de dos meses para responder antes de que la Comisión pudiera decidir si trasladaba el caso a la justicia europea, con la posibilidad de que el proceso terminara derivando en sanciones económicas. Ese plazo concluyó a finales de junio y Función Pública, dirigido por Óscar López, pidió una prórroga hasta marzo con el argumento de que necesitaba más tiempo para negociar con las distintas administraciones una solución legislativa. Sin embargo, María Pilar Remírez, portavoz de la coalición de interinos que participó en la reunión con Bruselas, sostiene que la Comisión no ha aceptado esa ampliación. Según su versión, los representantes comunitarios habrían comunicado que únicamente tendrán en cuenta la documentación remitida por el Gobierno hasta el 29 de junio, fecha en la que finalizó el plazo inicialmente concedido. Remírez ha señalado que, de confirmarse esta situación, el Ejecutivo español ya no dispondría de más tiempo para ampliar su respuesta al procedimiento de infracción. Los responsables comunitarios habrían explicado también a los representantes de los trabajadores que analizarán la información presentada por España antes de decidir si interponen una demanda ante el TJUE. Este análisis podría prolongarse durante varios meses, según las estimaciones trasladadas a la coalición, antes de que la Comisión determine si lleva el expediente ante los tribunales europeos. Los empleados públicos afectados reclaman que se produzca esta actuación porque consideran que las reformas aprobadas hasta ahora no han resuelto el problema. Entre ellas se encuentra la Ley 20/2021, que estableció procesos de estabilización de empleo temporal. Las asociaciones sostienen que estas medidas no han establecido mecanismos suficientes para prevenir y sancionar el abuso ni han garantizado una compensación adecuada para los trabajadores afectados. Desde el Ministerio de Función Pública remiten a la propia Comisión Europea para conocer si finalmente se ha concedido o no la prórroga solicitada hasta marzo. El departamento mantiene, en cualquier caso, que continúa trabajando con las comunidades autónomas y las entidades locales para diseñar medidas destinadas a evitar que las relaciones temporales se prolonguen durante años. En este contexto, la dirección general de Función Pública tiene previsto reunirse este viernes en Sevilla con representantes autonómicos y locales para avanzar en un documento de propuestas. Será el cuarto encuentro de estas características y entre las medidas que se están estudiando figura la creación de un sistema de alertas dirigido a los responsables de recursos humanos de las administraciones para detectar posibles situaciones de abuso de la temporalidad. También se analiza la posibilidad de establecer sanciones para los responsables de personal que incurran en irregularidades en la contratación temporal. El Gobierno está trasladando además a Bruselas su estimación sobre la dimensión del problema y sostiene que el colectivo afectado por estas situaciones no supera los 200.000 empleados, frente a un total de más de 900.000 trabajadores temporales en las distintas administraciones públicas. La controversia también tiene consecuencias sobre los fondos europeos. La coalición de interinos recuerda que España dejó de percibir 626,6 millones de euros vinculados al hito 144 del Plan de Recuperación, que exigía una reforma destinada a reducir la temporalidad en el empleo público y establecer mecanismos eficaces para prevenir y sancionar su utilización abusiva. Este objetivo debía ajustarse además a las exigencias del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada de la normativa europea. Función Pública no considera oficialmente perdidos esos fondos, aunque el hito fue declarado incumplido y revertido el 7 de julio de 2025, por lo que los 626,6 millones asociados a ese objetivo figuran actualmente como no reembolsables.

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(Expansión, 25-09-2026) | Laboral

El incentivo del 4% anual supera al pago único en rentabilidad a largo plazo en la jubilación demorada

Una de las medidas que la Seguridad Social ha ido modificando en las últimas reformas de las pensiones es el incentivo económico destinado a quienes deciden prolongar voluntariamente su vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. Esta opción, conocida como jubilación demorada, permite elegir entre tres alternativas: incrementar de forma permanente la pensión, recibir una cantidad en un único pago o combinar ambas modalidades. Para acceder a este incentivo es necesario haber superado la edad ordinaria de jubilación que corresponda en función de los años cotizados y continuar trabajando. También se exige haber acumulado al menos 15 años de cotización, que es el periodo mínimo necesario para tener derecho a una pensión contributiva. Esta modalidad no puede compatibilizarse con la jubilación anticipada ni con la flexible, aunque sí puede combinarse con la jubilación activa. La elección se realiza mediante un formulario en el momento de solicitar la pensión, por lo que no es necesario efectuar ningún trámite específico cuando se alcanza la edad ordinaria de retiro. Además, la Seguridad Social suele informar previamente a los trabajadores, mediante una comunicación enviada unos meses antes, de la posibilidad de acogerse a esta alternativa. Una de las opciones consiste en incrementar de manera permanente la pensión en un 4% por cada año completo que se retrase la jubilación. Tras las últimas modificaciones, a partir del segundo año completo de demora también pueden contabilizarse periodos superiores a seis meses e inferiores a un año, que generan un incremento adicional del 2%. Así, una persona que prolongue su actividad durante dos años y medio acumularía una mejora del 10%: un 4% por cada uno de los dos años completos y otro 2% por los seis meses adicionales. Estos porcentajes se aplican teniendo en cuenta el límite de la pensión máxima vigente en el momento en que se produce el reconocimiento definitivo de la prestación. La segunda posibilidad consiste en recibir el incentivo mediante un pago único. Esta fórmula sustituyó a la anterior modalidad y permite obtener una cantidad por cada año de demora, cuyo importe depende tanto de la pensión que corresponda como de la carrera de cotización. En el caso de una persona con derecho a la pensión máxima, fijada en 3.359,6 euros brutos mensuales en 14 pagas, es decir, 47.034,4 euros anuales en 2026, la cantidad puede alcanzar importes significativos. La Seguridad Social no establece un límite de años que puedan acumularse para calcular este pago. Además, quienes hayan cotizado durante más de 44 años y medio reciben automáticamente un incremento del 10% en el importe del incentivo como reconocimiento a su extensa carrera laboral. El pago único, sin embargo, no está exento de tributación. El importe recibido se considera, con carácter general, rendimiento del trabajo y se integra en el IRPF correspondiente al ejercicio en el que se percibe. Esto puede provocar que, al sumarse a los salarios obtenidos antes de la jubilación y a la propia pensión, aumente considerablemente la base imponible y el contribuyente pase a tributar en tipos marginales más elevados. No obstante, puede aplicarse una reducción del 30% por tratarse de un rendimiento obtenido de forma irregular, dado que el derecho económico se ha generado durante un periodo superior a dos años. En consecuencia, una parte equivalente al 30% del importe queda fuera de tributación. Por ejemplo, en un pago de 12.000 euros, la reducción alcanzaría 3.600 euros y solo tributaría el 70% restante. Existe también una tercera alternativa que permite combinar el pago único con el incremento de la pensión. Para acceder a esta modalidad mixta es necesario prolongar la actividad laboral durante al menos dos años después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Cuando la demora se sitúa entre dos y diez años, el incentivo combina un incremento permanente de la pensión del 2% por cada año adicional trabajado con el 50% del importe que correspondería mediante el pago único. Si la prolongación alcanza o supera los once años, el incentivo se configura mediante un pago único correspondiente a cinco años y un incremento del 4% de la pensión por cada año adicional. Además del incentivo específico por retrasar la jubilación, continuar trabajando puede tener otro efecto sobre la cuantía final de la pensión. Las nuevas cotizaciones se tienen en cuenta para recalcular la prestación y, al prolongarse el periodo de actividad, las bases de cotización correspondientes a esos últimos años pueden incorporarse al periodo utilizado para determinar la base reguladora. Si las remuneraciones de esta etapa son superiores a las registradas décadas atrás, las nuevas bases pueden sustituir a otras más bajas y contribuir a elevar la pensión inicial. En cuanto a la rentabilidad de las distintas alternativas, un informe reciente de Fedea estima que existe una diferencia importante entre el incremento porcentual de la pensión y el cobro mediante un pago único. Según sus cálculos, el capital recibido de una sola vez representa, de media, alrededor del 51,2% del valor actuarial de la pensión a la que se renuncia. En términos económicos, esto supone que el trabajador que opta por el pago único deja de percibir una parte considerable del valor que obtendría mediante el incremento permanente del 4% anual. La diferencia se explica, principalmente, por el tiempo necesario para recuperar mediante las mensualidades adicionales el importe que se habría cobrado de una sola vez. El jubilado necesita, de media, menos de 11 años de percepción de la pensión incrementada para alcanzar el mismo importe que habría recibido mediante el pago único. A partir de ese momento, las cantidades adicionales que se perciben cada mes pasan a superar el importe acumulado que se habría obtenido con el cheque. La comparación debe tener en cuenta además la esperanza de vida a la edad de jubilación. Si se sitúa aproximadamente entre los 16 y los 23 años a los 67-70 años, dependiendo de la edad y de otros factores, existe un periodo considerable durante el cual el incremento permanente de la pensión puede seguir generando ingresos después de haber igualado la cantidad obtenida mediante el pago único.

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(Expansión, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez oficializa su apoyo a De Cos en la carrera por presidir el BCE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su viaje a Estados Unidos para expresar públicamente su respaldo a la candidatura del actual director gerente del Banco de Pagos Internacionales, José Luis Escrivá, para ocupar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de Christine Lagarde. Con este pronunciamiento, Sánchez confirma la apuesta del Ejecutivo español por situar a un representante nacional al frente de la autoridad monetaria europea. "Por supuesto, tiene mi apoyo. Tiene el liderazgo, también la capacidad y el conocimiento. Sería algo muy positivo no solo para España, sino también para Europa el tener a alguien como él liderando el banco central", ha señalado el presidente del Gobierno en declaraciones a Bloomberg desde Estados Unidos. El respaldo explícito del Ejecutivo constituye un paso necesario para que la candidatura pueda avanzar en el complejo proceso de negociación entre los Estados miembros. La elección de la presidencia del BCE no depende únicamente de la trayectoria profesional y de los conocimientos técnicos de los candidatos, sino también de la capacidad de los gobiernos para reunir los apoyos necesarios en el ámbito europeo. El mandato del presidente del BCE tiene una duración de ocho años y no es renovable. Para ocupar el cargo se exige contar con reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios. No obstante, además de cumplir estos requisitos, el candidato debe superar un proceso de negociación política entre los países de la zona euro. La sucesión de Christine Lagarde ha cobrado mayor relevancia ante las informaciones que apuntan a una posible salida anticipada de la presidenta del BCE. Aunque Lagarde ha manifestado que permanecerá en el cargo hasta 2027, cuando concluye oficialmente su mandato, existen informaciones que apuntan a que podría abandonar antes la institución. En estos momentos, José Luis Escrivá aparece entre los nombres que se están barajando para ocupar el puesto, junto al neerlandés Klaas Knot y el alemán Joachim Nagel. El proceso, no obstante, todavía puede incorporar nuevos candidatos, como ha ocurrido en anteriores sucesiones de la presidencia del BCE. El Gobierno español considera especialmente relevante recuperar presencia en el Comité Ejecutivo del BCE, después de que España haya quedado sin representación en este órgano tras la salida de Luis de Guindos, vicepresidente de la institución entre 2018 y 2026. Anteriormente, José Manuel González-Páramo había formado parte del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE entre 2004 y 2012. La elección del presidente del BCE se desarrolla mediante un procedimiento que implica a distintas instituciones europeas. En primer lugar, los ministros de Economía y Finanzas de los países de la zona euro, reunidos en el Eurogrupo, presentan y valoran las candidaturas hasta alcanzar una mayoría cualificada. El candidato seleccionado debe posteriormente comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y obtener un dictamen de no oposición del Consejo de Gobierno del BCE. La decisión final corresponde al Consejo Europeo, reunido en su configuración de la zona euro, que designa al presidente del Banco Central Europeo a partir de la recomendación formulada por el Eurogrupo.

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(Expansión, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas avisa a Trump de que suspender las exportaciones de diésel a la UE "afectará negativamente" a ambos

La Comisión Europea ha expresado este jueves su preocupación ante las informaciones que apuntan a que Estados Unidos estaría estudiando suspender durante 90 días las exportaciones de diésel, incluidas las destinadas a la Unión Europea. Bruselas ha advertido de que una medida de este tipo podría perjudicar tanto a los mercados europeos como al estadounidense y ha defendido mantener la cooperación energética entre ambas partes. Un portavoz de la Comisión ha señalado que la relación energética entre la UE y Estados Unidos es actualmente estable y beneficiosa para ambas economías, por lo que cualquier interrupción podría tener efectos negativos para los dos bloques. Bruselas ha destacado además que existen contactos de alto nivel con Washington y ha reclamado que los socios mantengan consultas antes de adoptar decisiones que puedan repercutir sobre mercados compartidos. Por el momento, la Comisión asegura que no detecta problemas concretos de suministro de diésel en la Unión Europea. La portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, ha explicado que los expertos europeos están siguiendo de cerca la evolución de los mercados y de las reservas de seguridad, en coordinación con las autoridades responsables de los Estados miembros. El grupo de coordinación sobre petróleo volverá a reunirse el próximo martes, cuando los expertos de los Veintisiete analizarán nuevamente la situación y sus posibles implicaciones. Bruselas reconoce que la Unión Europea depende en buena medida de las importaciones de diésel, pero considera que esta circunstancia convierte al mercado comunitario en un destino especialmente relevante para los productores estadounidenses. De hecho, Estados Unidos representa cerca de la mitad de las compras de diésel que la Unión Europea realiza fuera de sus fronteras. Por este motivo, la Comisión considera que una eventual restricción de las exportaciones también tendría consecuencias para los intereses energéticos y comerciales estadounidenses. Bruselas ha señalado asimismo que dentro de Estados Unidos existen posiciones contrarias a una eventual prohibición de las exportaciones y que algunos sectores consideran que una medida de este tipo tendría efectos negativos. La Comisión ha destacado, en este sentido, la importancia de la relación energética entre ambas partes, que no se limita al diésel, sino que también incluye el suministro de gas natural licuado a la Unión Europea.

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(El Economista, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas diseña un escudo energético con compras de gas financiadas por toda la UE ante una crisis

La Comisión Europea estudia permitir que el presupuesto comunitario se utilice para financiar un sistema de compras conjuntas de gas en caso de una crisis de suministro. El borrador del nuevo reglamento sobre seguridad energética incluye esta posibilidad entre las herramientas que Bruselas podría activar cuando se declare una alerta a escala regional o para el conjunto de la Unión. La propuesta abriría así la posibilidad de utilizar recursos europeos para responder a situaciones de tensión en el mercado gasista, aunque todavía quedan por concretar tanto el funcionamiento como la financiación del mecanismo. El alcance económico de esta iniciativa aún no está definido. El texto no determina quién asumiría la contratación del gas, quién sería el titular de los volúmenes adquiridos ni cómo se repartirían entre los países participantes tanto el suministro como los costes. Por tanto, la inclusión de esta opción en el reglamento permitiría desarrollar posteriormente el instrumento, pero no supone que exista ya una partida presupuestaria aprobada para financiar las compras. La propuesta introduce una diferencia respecto al sistema AggregateEU, puesto en marcha por la Comisión Europea después de la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. Esta plataforma permite agrupar las necesidades de gas de distintas empresas y ponerlas en contacto con posibles proveedores. Una vez identificadas las ofertas, son las propias compañías las que negocian directamente los contratos. AggregateEU facilita y coordina el proceso, pero no asume la contratación comercial ni la financiación de las operaciones. El nuevo reglamento separaría expresamente esta agregación de demanda de un mecanismo de compras conjuntas de la Unión respaldado por financiación comunitaria. De esta forma, Bruselas podría disponer de una herramienta adicional para intervenir en el mercado en situaciones excepcionales. No obstante, será el desarrollo posterior de la iniciativa el que determine si la financiación europea cubriría directamente las adquisiciones de gas, determinados costes asociados a ellas o algún otro tipo de apoyo. La puesta en marcha del mecanismo estaría condicionada a la declaración de una situación de alerta. El borrador contempla que la Comisión pueda activarla cuando se produzca un deterioro significativo del suministro a escala regional o comunitaria. También podría declararse cuando una situación de alerta en el sistema eléctrico genere un riesgo importante para la seguridad del abastecimiento de gas. Asimismo, Bruselas tendría que declarar una alerta regional o para toda la Unión cuando dos o más autoridades nacionales competentes hayan activado previamente sus respectivos mecanismos de alerta y soliciten una respuesta coordinada a escala europea. El planteamiento pretende que la intervención pueda producirse antes de alcanzar las fases más graves de una emergencia energética. Las compras conjuntas se sumarían a otras medidas previstas en el reglamento, como reducciones obligatorias de la demanda mediante mecanismos de mercado, sistemas de agregación de necesidades adaptados a la magnitud de la crisis o actuaciones extraordinarias destinadas a reforzar los niveles de almacenamiento. La Comisión tendría que realizar un seguimiento permanente de las circunstancias que hubieran motivado la declaración de alerta y poner fin a las medidas cuando dejaran de cumplirse las condiciones que justificaron su activación. El almacenamiento de gas también tendría un papel destacado dentro de la estrategia. Entre las opciones recogidas en el anexo del proyecto figuran la organización de nuevas subastas, la reducción de las tarifas de almacenamiento o la designación de un operador de último recurso que se encargue de garantizar el llenado de las instalaciones. El proyecto contempla además la posibilidad de obligar a las empresas a utilizar o mantener llenas hasta el 1 de noviembre las capacidades de almacenamiento que tengan contratadas, con el objetivo de reforzar las reservas disponibles ante posibles episodios de tensión en el suministro.

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(El Economista, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El comercio español cae en junio y registra la segunda mayor caída de ventas de toda Europa

El comercio minorista español experimentó un retroceso en julio después de varios meses de crecimiento. Según los últimos datos de Eurostat, el volumen de ventas cayó un 0,9% respecto a junio, lo que situó a España como el segundo país de la Unión Europea con un mayor descenso entre los mercados con información disponible, solo por detrás de Alemania, donde la bajada fue del 3,4%. La evolución española fue peor que la registrada en el conjunto de la UE, donde las ventas disminuyeron un 0,4%, y en la zona euro, con un retroceso del 0,6%. El debilitamiento de las ventas coincide con el repunte de la inflación. En julio, los precios aumentaron un 3,6% interanual, cuatro décimas más que en junio, mientras que en agosto la inflación se aceleró hasta el 4,3%, su nivel más elevado desde febrero de 2023. Aunque la inflación subyacente se mantuvo en el 2,9%, el encarecimiento de los carburantes y de la vivienda está incrementando la presión sobre los presupuestos familiares y reduciendo el margen disponible para determinados gastos, especialmente los relacionados con bienes no esenciales. El comercio español ya mostraba signos de desaceleración antes de la caída registrada en julio. El volumen de ventas había aumentado únicamente un 0,5% en mayo y un 0,4% en junio. La relevancia de los últimos datos reside además en que Eurostat mide las ventas en términos de volumen, es decir, la cantidad de productos comercializados, y no el importe gastado por los consumidores. De este modo, el incremento de los precios puede estar limitando la capacidad de los hogares para aumentar el número de bienes adquiridos. El deterioro se aprecia especialmente en los productos no alimentarios. En la zona euro, el volumen de ventas de estos artículos, excluidos los carburantes, disminuyó un 1,4% mensual en julio, mientras que en el conjunto de la Unión Europea la caída fue del 1,1%. Por el contrario, las ventas de alimentos, bebidas y tabaco aumentaron un 0,4% en los países del euro y un 0,3% en el conjunto de la UE. La evolución de España también contrasta con la de otras grandes economías europeas. Además del fuerte descenso registrado en Alemania, Italia experimentó una reducción del 0,3%, mientras que Francia aumentó sus ventas minoristas un 0,9%, Países Bajos avanzó un 0,2% y Portugal mantuvo el mismo nivel que el mes anterior. Entre los mayores incrementos destacaron los de Letonia, con un 2,5%, Chipre, con un 2%, y Luxemburgo, con un 1,8%. En términos interanuales, el comportamiento del comercio minorista español también refleja un empeoramiento. El volumen de ventas en julio fue un 0,7% inferior al registrado un año antes, frente al crecimiento del 1% en la Unión Europea y del 0,6% en la zona euro. Este resultado rompe además con la evolución positiva que había mantenido España durante la primera mitad del año. Las ventas minoristas habían aumentado un 2,1% interanual en febrero, un 4,3% en marzo, un 0,3% en abril, un 1,2% en mayo y un 0,8% en junio. La caída de julio supone, por tanto, un cambio de tendencia que coincide con el repunte de la inflación y una menor capacidad de compra de los hogares.

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