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(Expansión, 28-10-2026) | Fiscal

Una maraña de tributos y tasas municipales encarece de forma artificial la obra nueva

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de España. Aunque el debate suele centrarse en la falta de suelo disponible, el aumento del coste de los materiales y la inflación, existe otro elemento que contribuye al encarecimiento de los inmuebles: la acumulación de impuestos y tasas que deben afrontarse durante todo el proceso de promoción y construcción. Cada vivienda de nueva construcción incorpora, además de los costes de materiales, diseño y mano de obra, una serie de tributos municipales que se aplican en distintas fases del proyecto. Juan Carpizo, socio de Fiscal y responsable de la práctica ibérica de Fiscalidad Local y Medioambiental de Andersen, señala que la carga fiscal vinculada a la promoción inmobiliaria representa un sobrecoste estructural que repercute directamente en el precio final. Según el experto, esta tributación incrementa el esfuerzo económico que deben realizar los compradores y dificulta todavía más el acceso a la vivienda. Los costes fiscales comienzan antes de iniciar las obras. Cuando el promotor adquiere un terreno, debe asumir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante el periodo de propiedad y desarrollo del proyecto. A este desembolso se añaden el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo tipo puede alcanzar el 4% del coste real de la construcción, y la tasa por licencia urbanística, que se calcula sobre el presupuesto de ejecución material. Durante el desarrollo de la promoción también se generan otros gastos, como los derivados de ocupar la vía pública con grúas, contenedores o andamios, además de las tasas relacionadas con inspecciones y autorizaciones técnicas. Carpizo subraya que estos pagos son costes efectivos que no pueden recuperarse y que se incorporan al coste de producción del inmueble, trasladándose finalmente al comprador a través del precio de venta. Uno de los aspectos más controvertidos de esta fiscalidad es el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. Tras la modificación normativa de finales de 2021, el sector promotor considera que el sistema puede generar una tributación que no se corresponde con la capacidad económica real. Según Carpizo, el impuesto llega a gravar incrementos de valor que, en determinados supuestos, están vinculados a costes necesarios para desarrollar el activo inmobiliario, lo que provoca una diferencia entre la base imponible y la ganancia económica efectiva. El problema adquiere especial relevancia en las promociones inmobiliarias, cuyos periodos de tenencia del suelo suelen ser reducidos y, en muchos casos, inferiores a dos años entre su adquisición y la venta de las viviendas. El fiscalista advierte de que algunos municipios han incrementado hasta un 600% los coeficientes aplicables a los periodos de propiedad más cortos, elevando considerablemente las cuotas tributarias sin que ese aumento tenga necesariamente una relación directa con la evolución real del valor del terreno. La acumulación de estos impuestos y tasas influye en la composición del precio final de la vivienda, que no depende únicamente de su ubicación, sus características constructivas o su eficiencia energética. Carpizo considera que España ha desarrollado un entramado de tributación municipal específico para la promoción urbanística, con figuras impositivas y tasas que afectan a distintas etapas del proceso. A su juicio, este modelo no encuentra un equivalente funcional en otros países europeos, lo que convierte la fiscalidad local vinculada a la vivienda en una singularidad del sistema español. Este sobrecoste fiscal añade presión a un mercado que ya se enfrenta a importantes dificultades de acceso y a una oferta insuficiente en determinadas zonas. Por ello, la revisión de los tributos municipales asociados a la construcción se plantea como una cuestión relevante dentro del debate sobre cómo agilizar la promoción de nuevas viviendas, reducir los costes de desarrollo y facilitar el acceso a este bien esencial. En la adquisición de vivienda de obra nueva, el comprador debe desembolsar de entrada un 10% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). A esta partida se añade el gravamen de Actos Jurídicos Documentados (AJD), un tributo autonómico que añade entre un 0,5% y un 1,5% adicional según la comunidad. Esta estructura produce un efecto en el que el ciudadano termina pagando el IVA sobre una base que ya ha sido engordada por las tasas y tributos municipales previos. En conjunto, sumando los gravámenes invisibles de la fase constructiva y los exigidos en el acto de compraventa, la carga fiscal total llega a suponer entre el 20% y el 25%.

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(El País, 28-10-2026) | Fiscal

El nuevo impuesto a los ricos frena la mudanza de fortunas entre comunidades, pero dispara la ingeniería fiscal

La fiscalidad de las grandes fortunas en España ha experimentado un cambio significativo en los últimos años. Durante más de una década, las diferencias entre comunidades autónomas en el impuesto sobre el patrimonio favorecieron la concentración de contribuyentes con elevados recursos en Madrid, donde existía una bonificación del 100%. Sin embargo, la creación a finales de 2022 del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, impulsado por el Gobierno central, estableció un mínimo de tributación estatal para frenar la competencia fiscal entre territorios. Un estudio del World Inequality Lab concluye que la medida ha reducido los incentivos para trasladar la residencia fiscal entre comunidades, aunque también ha impulsado nuevas estrategias para aprovechar las exenciones previstas en la normativa. El informe, titulado Tributación de la riqueza: ¿centralizada o descentralizada? Evidencia a partir del impuesto español sobre las grandes fortunas, ha sido elaborado por los investigadores Francisco García-Rodríguez, Dmitry Petrov y Alice Sodano a partir de datos de la Agencia Tributaria correspondientes al periodo comprendido entre 2016 y 2023. Sus conclusiones muestran un cambio en los movimientos territoriales de los grandes patrimonios. Madrid, que hasta entonces registraba de manera continuada un saldo migratorio positivo de contribuyentes con grandes fortunas, anotó en 2023, primer año completo de aplicación del nuevo impuesto, un saldo negativo entre quienes declaraban un patrimonio neto superior a 3,7 millones de euros, umbral a partir del cual se aplica el gravamen. El impuesto de solidaridad tiene una estructura similar a la del impuesto sobre el patrimonio, pero la recaudación corresponde a la Administración central en lugar de a las comunidades autónomas. Ante esta situación, algunas regiones, entre ellas Madrid, optaron por reducir o eliminar las bonificaciones del tributo autonómico para que los ingresos permanecieran en sus propias arcas, en lugar de transferirse al Estado. En la práctica, el nuevo gravamen redujo la ventaja económica de trasladar la residencia fiscal a una comunidad con menor tributación para evitar el pago. La implantación del impuesto permitió incorporar a cientos de contribuyentes de elevado patrimonio que anteriormente no abonaban este tipo de gravamen. En 2023, la recaudación alcanzó cerca de 2.000 millones de euros en el conjunto de España, de los cuales casi 600 millones correspondieron a Madrid. En 2024, los ingresos superaron los 2.100 millones. Dmitry Petrov, coautor del estudio e investigador y profesor de Economía en la Universidad de Alcalá, advierte de que todavía es pronto para atribuir exclusivamente al nuevo impuesto el cambio en los movimientos de las grandes fortunas. Para confirmar esa relación será necesario comprobar si la tendencia se mantiene durante los próximos años. No obstante, considera que existen indicios de una conexión directa y prevé que los desplazamientos de contribuyentes con grandes patrimonios entre comunidades se vayan estabilizando progresivamente. La competencia fiscal autonómica, sin embargo, no ha desaparecido por completo. El informe señala que continúa afectando a los patrimonios de nivel intermedio, ya que el impuesto estatal se aplica a partir de los 3,7 millones de euros de riqueza neta. Por debajo de ese umbral, muchos contribuyentes con patrimonios de entre 700.000 euros y 3,7 millones siguen beneficiándose de las bonificaciones autonómicas. En comunidades como Madrid y Andalucía, donde se aplican bonificaciones del 100% en ese tramo, estos contribuyentes pueden quedar exentos de pagar el impuesto sobre el patrimonio. De este modo, los gobiernos regionales mantienen margen para utilizar la fiscalidad como instrumento de atracción de riqueza. El estudio también advierte de que la reducción de los incentivos para cambiar de residencia no ha eliminado las estrategias de planificación fiscal de las grandes fortunas. En lugar de trasladarse a otras comunidades, algunos contribuyentes han reorganizado sus activos para reducir la base imponible. Según los investigadores, los grandes patrimonios de Madrid disminuyeron en 2023 cerca de un 6% el patrimonio neto sujeto a tributación declarado a Hacienda respecto a contribuyentes comparables de otras regiones. Petrov explica que este ajuste no parece responder necesariamente a una reducción real de la riqueza, sino a una reorganización de los activos para aprovechar las exenciones legales, especialmente las relacionadas con la empresa familiar. Entre las fórmulas utilizadas figuran la aportación de bienes personales al capital de sociedades no cotizadas y la adaptación de las retribuciones de los directivos para cumplir los requisitos establecidos por la normativa. Según las estimaciones del estudio, estas prácticas redujeron la recaudación pública en Madrid en unos 73 millones de euros durante 2022 y 2023. Los resultados ponen de relieve la importancia de las exenciones fiscales en los tramos más altos de la distribución de la riqueza, donde las participaciones empresariales representan una parte sustancial del patrimonio. Las simulaciones incluidas en el informe calculan que, si se eliminara la exención de los activos empresariales de la base imponible, la recaudación conjunta del impuesto en España podría más que duplicarse y acercarse a los 5.000 millones de euros anuales. Los autores concluyen que la centralización parcial de la tributación ha reducido los incentivos para trasladar grandes patrimonios entre comunidades autónomas, pero no ha eliminado las diferencias fiscales para las fortunas de menor tamaño ni las posibilidades de planificación tributaria. El potencial recaudatorio del impuesto sigue condicionado, por tanto, por el alcance de las exenciones y por la capacidad de los contribuyentes para reorganizar legalmente sus activos.

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(La Vanguardia, 28-10-2026) | Fiscal

Madrid se distancia de Cataluña en PIB per cápita por el empleo no residente

La economía catalana ha perdido terreno frente a la madrileña en términos de PIB per cápita durante el último cuarto de siglo. En el año 2000, el indicador de Cataluña equivalía al 94% del de Madrid, mientras que en la actualidad se sitúa en el 83%. Según un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, esta brecha no responde a factores estructurales como la productividad o el desempleo, sino al efecto estadístico que provoca la presencia de trabajadores que generan riqueza en una comunidad autónoma, pero residen en otra. El director del servicio de estudios de la Cambra, Joan Ramon Rovira, ha explicado que estos empleados contribuyen a la actividad económica del territorio en el que trabajan, aunque no se contabilizan como parte de su población al calcular el PIB por habitante. El informe destaca que, en los últimos 25 años, la proporción de personas ocupadas respecto al conjunto de la población ha aumentado en casi ocho puntos porcentuales. A juicio de Rovira, ni la tasa de paro ni la relación entre población activa y población total permiten explicar la divergencia entre ambas comunidades. Según los datos de la Cambra, en 2021, último ejercicio disponible para este cálculo, Madrid registraba un saldo neto de 221.386 trabajadores que desempeñaban su actividad en la comunidad, pero vivían en otra autonomía. En Cataluña, la cifra era de 42.348 personas. Además, un cálculo de La Vanguardia a partir de datos de 2024 apunta a que la diferencia entre ambas regiones en PIB per cápita se había ampliado todavía más. En comparación con el conjunto de España, Cataluña también ha reducido su ventaja en este indicador. Su PIB per cápita ha pasado de representar el 121% de la media nacional en el año 2000 al 114% en la actualidad. La Cambra atribuye esta evolución a la convergencia entre la población activa y la población total en el resto del país. La entidad también ha actualizado sus previsiones económicas. Para 2026, calcula que la economía catalana crecerá un 2,8%, tres décimas más de lo estimado anteriormente. Para 2027, sitúa el avance en el 2%, dos décimas por encima de su previsión inicial. El presidente de la Cambra, Josep Santacreu, ha señalado que la actividad atraviesa una fase de enfriamiento, aunque mantiene una capacidad de resistencia favorable. En cuanto a los precios, la Cambra ha elevado cuatro décimas su previsión de inflación para 2026, hasta el 3,7%, y espera una moderación durante el año siguiente. Santacreu ha advertido de que la duración del conflicto en el estrecho de Ormuz será determinante para la evolución de los precios energéticos, pese a las medidas compensatorias adoptadas por los gobiernos.

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(Expansión, 28-10-2026) | Laboral

Los nuevos jubilados cobran 1.863 euros, más que la mitad de los asalariados

El gasto destinado al pago de pensiones alcanzó los 14.539 millones de euros en octubre, un 6,3% más que en el mismo mes del año anterior. Este incremento supera ampliamente la subida de los precios, que se situó en el 4,9% en septiembre, de modo que el desembolso en prestaciones crece un 28% más que el IPC, pese al fuerte repunte de la inflación registrado en los últimos meses. Uno de los principales factores que explican la presión creciente sobre las cuentas de la Seguridad Social es el importe de las pensiones que perciben quienes acceden por primera vez a la jubilación. Las prestaciones iniciales reflejan trayectorias laborales más largas, mayores bases de cotización y salarios más elevados, una tendencia especialmente significativa entre los integrantes de la generación del baby boom. Sin embargo, estas cuantías también plantean un desafío para la sostenibilidad del sistema, ya que las cotizaciones de los trabajadores en activo deben financiar las prestaciones de los pensionistas, de acuerdo con el modelo de reparto vigente. Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, los nuevos jubilados del régimen general cobraron en septiembre una pensión media de 1.863 euros mensuales en catorce pagas. Esta cantidad equivale a unos 2.173 euros al mes si se distribuye en doce mensualidades. La cifra supera los salarios correspondientes a los seis primeros deciles de ingresos registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2024, cuyo sexto tramo se situaba en 2.130 euros brutos mensuales. Incluso teniendo en cuenta las subidas salariales medias pactadas en convenio durante 2025 y 2026, que acumulan un 6,5%, la pensión de los nuevos jubilados sigue siendo superior a los ingresos de los cinco primeros deciles salariales. Esto significa que quienes se incorporan a la jubilación desde el régimen de asalariados acceden a prestaciones más elevadas que los salarios de aproximadamente la mitad de los trabajadores españoles. La comparación con las pensiones que ya se están abonando también pone de manifiesto el incremento progresivo de las cuantías. Los 1.863 euros mensuales que perciben de media los nuevos jubilados del régimen general superan en un 7,3% los 1.735 euros correspondientes a la pensión media de jubilación de quienes ya forman parte de este régimen. La diferencia alcanza el 18% respecto a la prestación media de jubilación del conjunto de regímenes, situada en 1.577 euros, y se eleva al 35% si se compara con la pensión media del sistema, que incluye todas las clases de prestaciones y asciende a 1.376 euros mensuales. El efecto de sustitución, es decir, la diferencia entre las pensiones que comienzan a pagarse y las que desaparecen, constituye uno de los elementos más relevantes para explicar la evolución del gasto. En el régimen general, que concentra a 5,09 millones de pensionistas, cerca del 48% del total, las nuevas prestaciones de jubilación son un 20% superiores a las que se dejan de abonar. Mientras que las primeras alcanzan una media de 1.863 euros al mes, las pensiones que causan baja se sitúan en 1.541 euros. Este efecto, unido a la actualización anual de las prestaciones conforme al IPC, explica buena parte del crecimiento de la factura de las pensiones. En octubre, la Seguridad Social destinó 14.539 millones de euros al pago de las prestaciones contributivas, un 68% más que en el mismo mes de hace diez años. En comparación con octubre de 2025, el desembolso aumentó un 6,3%, más del doble de la revalorización del 2,7% aplicada a comienzos de año y por encima de la inflación interanual registrada en septiembre, que alcanzó el 4,9%, su nivel más elevado desde febrero de 2023. Las previsiones apuntan, además, a que el gasto volverá a incrementarse en 2027 como consecuencia de la próxima actualización de las pensiones en función de la inflación. El encarecimiento de los precios, impulsado en parte por las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Próximo, anticipa una nueva subida de las prestaciones que podría aproximarse al 4%. Las estimaciones de Funcas sitúan el incremento previsto en el 3,6%, lo que supondría un coste adicional de unos 8.400 millones de euros para las cuentas públicas.

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(Expansión, 28-10-2026) | Laboral

El absentismo desbocado amenaza la supervivencia de pymes y autónomos

Las organizaciones empresariales reclaman al próximo Gobierno una batería de medidas para reducir el absentismo laboral y contener el creciente coste que supone para las empresas y las cuentas públicas. Entre sus principales propuestas figuran recuperar el despido objetivo por bajas médicas justificadas reiteradas, limitar los complementos salariales que las empresas abonan durante las incapacidades temporales y permitir que las mutuas puedan proponer el alta médica de los trabajadores. La preocupación del tejido empresarial responde a la magnitud del problema. Cada día, alrededor de 1,6 millones de empleados faltan a su puesto de trabajo, de los que 1,2 millones se encuentran en situación de incapacidad temporal. El impacto económico de estas ausencias superó los 34.000 millones de euros el pasado año, sumando las prestaciones de la Seguridad Social, los costes asumidos directamente por las empresas y los complementos salariales. En lo que va de 2026, el desembolso ha aumentado un 8,6%, lo que anticipa una nueva presión sobre los costes laborales. Las patronales advierten de que las consecuencias son especialmente difíciles de asumir para las pequeñas empresas, que representan el 99% del tejido productivo español y cuentan, en muchos casos, con plantillas inferiores a cinco trabajadores. Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y vicepresidente de CEOE, señala que, aunque las tasas de absentismo son más elevadas en las grandes compañías, las consecuencias pueden resultar mucho más graves para los negocios pequeños, que tienen mayores dificultades para sustituir a los empleados ausentes y mantener su actividad. A los costes económicos de las bajas se añaden las dificultades para reorganizar el trabajo y contratar personal de sustitución, especialmente cuando las ausencias se prolongan durante meses. Las empresas deben asumir la prestación económica entre los días cuarto y decimoquinto de la incapacidad temporal, además de los posibles complementos salariales establecidos en convenio. Según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), aunque la duración media de las bajas se situó en 43 días en 2025, por debajo de los 53,7 días registrados en 2020, ha aumentado considerablemente el número de procesos de larga duración. En 2019 se contabilizaban unos 35.000 trabajadores con bajas superiores a un año, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 155.203. Esto supone un incremento del 343% en seis años. La evolución preocupa especialmente a las pequeñas empresas, que disponen de menos recursos para reorganizar sus plantillas y afrontar los gastos derivados de una ausencia prolongada. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que trabajar en una empresa grande aumenta un 81% la probabilidad de iniciar una incapacidad temporal respecto a hacerlo en una microempresa, aunque el impacto organizativo y financiero puede ser más difícil de gestionar en los negocios de menor tamaño. Ante esta situación, CEIM ha intensificado sus reivindicaciones de cara a la próxima legislatura. Durante la jornada «Absentismo laboral: una emergencia silenciosa que exige respuesta inmediata», la patronal madrileña planteó distintas reformas para reducir las ausencias y limitar su repercusión económica sobre las empresas. Una de las propuestas más destacadas es recuperar el despido objetivo por absentismo derivado de faltas de asistencia justificadas, incluso cuando estas respondan a bajas médicas intermitentes. Esta posibilidad estaba contemplada en el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores y fue eliminada a comienzos de 2020 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que consideró que la medida podía penalizar a los empleados enfermos y perjudicar su derecho a la salud. La normativa anterior permitía extinguir el contrato cuando las ausencias alcanzaban determinados porcentajes durante periodos concretos. La recuperación de esta figura también ha sido defendida recientemente por Foment del Treball, en el marco de su Libro Blanco sobre el Absentismo Laboral. Las organizaciones empresariales plantean, además, revisar los complementos de incapacidad temporal recogidos en los convenios colectivos, que en numerosos casos permiten mantener hasta el 100% del salario durante la baja. También proponen que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) asuma desde el inicio del proceso el pago de las prestaciones y las cotizaciones correspondientes, así como establecer exenciones en las cuotas a la Seguridad Social para los contratos de sustitución, con el objetivo de reducir los costes derivados de mantener al trabajador de baja y contratar a otra persona para cubrir su puesto. Entre las medidas reclamadas figura igualmente exonerar a las empresas de determinadas cargas a partir de los doce meses de incapacidad temporal y otorgar efectos inmediatos a las propuestas de alta médica formuladas por las mutuas. Por último, los empresarios defienden que los contratos laborales contemplen la suspensión del cómputo del periodo de prueba durante los procesos de incapacidad temporal. Estas iniciativas forman parte de una propuesta más amplia con la que las patronales pretenden modificar la gestión de las bajas y repartir de otra manera los costes asociados al absentismo laboral.

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(El País, 28-10-2026) | Laboral

El paro repunta en el tercer trimestre hasta el 10,18%

El mercado laboral español perdió impulso durante el tercer trimestre de 2026. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de desempleados aumentó en 95.900 personas entre julio y septiembre, el mayor incremento en este periodo desde la Gran Recesión, si se excluyen los años afectados por la pandemia. Al mismo tiempo, la ocupación avanzó en 73.600 trabajadores, muy por debajo de los registros de los dos ejercicios anteriores. Pese a esta desaceleración, España alcanzó un nuevo máximo de 22,85 millones de ocupados, tras crear 465.500 empleos en los últimos doce meses. El aumento de la ocupación en el tercer trimestre es el más débil de los últimos siete años. Para encontrar un avance menor hay que remontarse a 2019, cuando se incorporaron 69.400 personas al mercado laboral. El resultado queda lejos de los 138.300 empleos creados en el mismo periodo de 2024 y de los 118.400 de 2025. En términos relativos, el número de ocupados creció un 0,32% respecto al trimestre anterior, el menor incremento desde 2012, en plena crisis económica. La evolución anual ofrece una imagen más favorable. Entre el tercer trimestre de 2025 y el de 2026 se crearon 465.500 puestos de trabajo, aunque la cifra es inferior a los 564.100 del ejercicio anterior. No obstante, supera los 376.500 empleos generados entre 2023 y 2024, lo que refleja que, pese al frenazo reciente, el mercado laboral mantiene capacidad para seguir aumentando la ocupación. El desempleo también registró un comportamiento desfavorable entre julio y septiembre. El número de parados aumentó en 95.900 personas, frente a las 60.100 del mismo periodo del año anterior. En 2024, por el contrario, se había reducido en 1.200 personas. La evolución anual también muestra un deterioro: mientras que en el ejercicio anterior el paro descendió en 140.900 personas, en los últimos doce meses la reducción se ha limitado a 22.000. La combinación de un crecimiento moderado del empleo y un aumento del desempleo elevó la tasa de paro del 9,87% del segundo trimestre al 10,18%. El incremento duplica el registrado en el mismo periodo de 2025, mientras que en 2024 la tasa había bajado ligeramente, del 11,27% al 11,21%. Pese al repunte, el nivel actual es el más bajo para un tercer trimestre desde 2008. El deterioro se produce en un contexto económico más complejo, marcado por las presiones inflacionistas derivadas de los conflictos en Oriente Próximo y por la incertidumbre política en varias de las principales economías europeas. En términos interanuales, la tasa de paro apenas ha mejorado 0,27 puntos respecto al tercer trimestre de 2025, cuando se situaba en el 10,45%. La reducción queda lejos de los descensos de 0,76 puntos en 2025 y de 0,68 puntos en 2024. España continúa, además, entre los países europeos con mayores niveles de desempleo. En agosto, último mes con datos disponibles de Eurostat, volvió a superar a Finlandia y se situó como el Estado miembro con la tasa de paro más elevada de la Unión Europea. La media comunitaria era del 6,1%, alrededor de cuatro puntos por debajo del registro español. Por sectores, el comercio fue la actividad que más empleo generó en el tercer trimestre, con 117.600 ocupados más. El resultado supera ampliamente los 27.000 puestos añadidos en el mismo periodo de 2025. La sanidad y los servicios sociales sumaron 61.000 trabajadores, frente a los 112.700 del año anterior. También aumentó la ocupación en la Administración pública, con 57.900 empleos adicionales, y en el transporte y almacenamiento, con 55.600. En el lado contrario destaca la educación, que perdió 143.400 ocupados durante el trimestre debido, principalmente, al efecto de las vacaciones estivales. El descenso se concentra especialmente en actividades como las academias de idiomas y de refuerzo. La industria manufacturera también sufrió una caída importante, con 72.600 trabajadores menos, frente al aumento de 33.600 registrado en el mismo periodo del año pasado. El sector agrario perdió otros 58.200 empleos, más del triple que en 2025, cuando el descenso fue de 17.400. Si se observa la evolución de los últimos doce meses, la educación encabeza el crecimiento del empleo, con 107.600 ocupados más. Le siguen la hostelería, con 92.300; las actividades científicas y técnicas, con 63.200; el comercio, con 56.800, y las actividades financieras, con 56.300. La industria manufacturera presenta la evolución más desfavorable entre las principales actividades, con 21.600 ocupados menos en términos anuales, pese al aumento general del empleo. La evolución del desempleo también presenta diferencias territoriales. Navarra registra uno de los mayores incrementos interanuales entre las comunidades autónomas, al pasar del 7,3% en el tercer trimestre de 2025 al 9,2% en el mismo periodo de 2026. Galicia subió del 8% al 9,2%, mientras que Asturias pasó del 9% al 10%. En cambio, el paro disminuyó en algunas comunidades tradicionalmente afectadas por tasas elevadas de desempleo. En Canarias, la tasa cayó del 14,6% al 10,9%, mientras que en Murcia retrocedió del 12,9% al 10,8%. Baleares mantiene uno de los registros más bajos, con un 4,6%, frente al 5,8% de un año antes. Andalucía continúa entre las regiones con más desempleo, con una tasa del 14,9%, seguida de Extremadura, con el 13%. Por nacionalidad, el aumento del paro durante el tercer trimestre afectó tanto a los españoles como a las personas con doble nacionalidad, entre quienes se contabilizaron 71.400 desempleados más. Entre los extranjeros, el incremento fue de 24.500 personas. La creación de empleo tuvo, sin embargo, un origen muy distinto: los trabajadores extranjeros aportaron 75.400 nuevos ocupados, mientras que los españoles y las personas con doble nacionalidad sumaron conjuntamente 1.800. De este modo, el avance de la ocupación en el trimestre se concentró prácticamente en la población extranjera.

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(El Economista, 28-10-2026) | Laboral

El sector público gana 90.000 empleados en un trimestre y supera los 3,7 millones

El empleo público se ha convertido en uno de los principales impulsores del mercado laboral durante la actual legislatura y ha intensificado su crecimiento en los últimos meses del Gobierno de Pedro Sánchez. La última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre de 2026, refleja un aumento de 89.900 trabajadores en las administraciones públicas respecto al trimestre anterior. Como consecuencia, el número de empleados públicos alcanzó los 3,74 millones de personas a finales de septiembre, el máximo de la serie estadística. El incremento de las plantillas públicas ha sido determinante para sostener la creación de empleo durante el verano, en un trimestre marcado por el repunte del paro y la debilidad de la ocupación en el sector privado. Aunque el número total de ocupados aumentó, el avance del empleo privado fue negativo, con una pérdida de aproximadamente 16.300 puestos de trabajo entre julio y septiembre. De este modo, el crecimiento de las contrataciones en las administraciones compensó el retroceso registrado en las empresas y evitó que el balance trimestral de ocupación fuera desfavorable. La tendencia también se observa en la evolución interanual. Según los datos analizados por Randstad, el empleo público aumentó en 204.100 personas durante el último año, lo que representa un crecimiento cercano al 6%. En cambio, la ocupación en el sector privado avanzó un 1,39%. Esta diferencia pone de manifiesto que las administraciones están incrementando sus plantillas a un ritmo aproximadamente tres veces superior al de las empresas privadas. El aumento del empleo público tiene su reflejo en las cuentas de las administraciones. Según los datos de la Contabilidad Nacional publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto en remuneraciones de los empleados del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales ascendió a 92.203 millones de euros durante el primer semestre de 2026. La cifra supone un incremento del 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior, dos puntos porcentuales por encima de la inflación interanual registrada en septiembre, que se situó en el 4,9%. Algunos analistas relacionan la aceleración de las contrataciones públicas y del gasto salarial con el calendario político. El año ha estado marcado por las expectativas de un posible adelanto de las elecciones generales, que se confirmó en octubre, así como por la celebración prevista de elecciones municipales y provinciales y de comicios autonómicos en varias comunidades durante la primavera de 2027. Esta evolución también se vincula al debate sobre el crecimiento económico español y su capacidad para traducirse en una mejora equivalente de la renta por habitante. Pese al avance del producto interior bruto (PIB), la evolución del PIB per cápita sigue planteando interrogantes sobre la convergencia con la media de la Unión Europea. El aumento de las plantillas públicas y del gasto asociado constituye uno de los elementos que se analizan al estudiar la composición del crecimiento económico y su impacto sobre la productividad. El balance laboral del tercer trimestre presenta, en cualquier caso, resultados contrapuestos. La EPA contabilizó un incremento de 77.300 ocupados entre julio y septiembre, hasta alcanzar los 22,85 millones de personas, un nuevo máximo histórico. Sin embargo, el desempleo aumentó en 95.900 personas, el mayor repunte en este periodo desde los años de la pandemia, y el número total de parados se situó en 2,59 millones. La tasa de desempleo volvió así a superar el 10%, hasta alcanzar el 10,18%. La distribución de la ocupación por nacionalidad muestra, además, que los trabajadores extranjeros concentraron prácticamente todo el crecimiento del empleo durante el trimestre. Su número aumentó en 75.400 personas, mientras que entre los trabajadores españoles se registró un descenso de 1.800 ocupados. En el caso del desempleo, los españoles sumaron 71.400 parados más, un incremento del 3,8%, mientras que entre los extranjeros el aumento fue de 24.500 personas, equivalente al 3,9%. Por su parte, la población activa, que incluye tanto a quienes trabajan como a quienes buscan empleo, alcanzó los 25,4 millones de personas, su nivel más elevado hasta la fecha. En comparación con el trimestre anterior, aumentó en 169.500 personas, mientras que el incremento interanual fue de 443.500. La tasa de empleo de la población de entre 16 y 64 años se situó en el 69,10%, casi medio punto por encima de la registrada un año antes. El Gobierno destacó la evolución de los datos desestacionalizados, que considera más representativos de la tendencia del mercado laboral. Desde esta perspectiva, la ocupación creció en 70.000 personas, un 0,31%, hasta alcanzar los 22,7 millones de trabajadores. Aunque esta medición también refleja un máximo histórico, el conjunto de los resultados evidencia que el crecimiento del empleo convive con un aumento del paro y con una evolución desigual entre el sector público y el privado.

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(El Economista, 28-10-2026) | Laboral

La cláusula de salvaguarda incorporada a la reforma de las pensiones no tendrá que activarse, al menos por ahora

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señala que las últimas previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sitúan el gasto neto en pensiones tres décimas por debajo del límite establecido por la normativa. Esta diferencia permite al Gobierno evitar, por el momento, la aplicación de medidas correctoras y posibles incrementos automáticos de las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). El MEI, incorporado en la segunda fase de la última reforma de las pensiones, consiste en una cotización adicional que deben abonar empresas, trabajadores y autónomos. Su aplicación comenzó en 2023 con un tipo del 0,6% sobre la base de cotización y aumenta progresivamente hasta alcanzar el 1,2% en 2029. Las empresas soportan la mayor parte de esta aportación, mientras que los trabajadores asumen una proporción menor. Los ingresos obtenidos se destinan al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones. En 2025, la recaudación alcanzó los 4.906 millones de euros, un 32,9% más que en 2024, cuando se ingresaron 3.689 millones. En su primer año de funcionamiento, en 2023, el mecanismo aportó 2.729 millones. Entre enero y agosto de 2026, los ingresos acumulados ascendieron a 4.049 millones de euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2023 establece un mecanismo de control para comprobar la sostenibilidad financiera del sistema. Desde 2025, la AIReF debe evaluar cada tres años si el gasto neto medio en pensiones proyectado para el periodo comprendido entre 2022 y 2050 supera el umbral fijado en el 13,3% del producto interior bruto (PIB). En su revisión de mayo de 2026, la AIReF calcula que el gasto bruto corregido medio se sitúa en el 14,6% del PIB, mientras que el efecto de los ingresos alcanza el 1,6%. La diferencia deja el gasto neto en el 13%, tres décimas por debajo del límite legal, según recoge el informe de Fedea. Este margen evita, por ahora, que se active el procedimiento previsto para corregir una eventual desviación. Si las proyecciones superasen el umbral del 13,3% del PIB, el Gobierno tendría que negociar con los agentes sociales y presentar al Parlamento medidas para compensar el exceso de gasto. Las alternativas contempladas incluyen aumentar los ingresos, reducir las prestaciones o combinar ambas opciones. Si las medidas correctoras no entrasen en vigor el 1 de enero del año siguiente a la evaluación, se aplicaría automáticamente una subida de las cotizaciones del MEI de dos décimas porcentuales. El incremento continuaría con otras dos décimas cada año hasta que se aprobasen medidas alternativas con un efecto equivalente o se corrigiese la desviación. Pese al margen actual, las previsiones apuntan a un aumento considerable del gasto en pensiones durante las próximas décadas. La Seguridad Social calcula que la factura podría alcanzar aproximadamente el 15,3% del PIB en 2050, mientras que la AIReF estima que se elevará hasta el 16,4%. Entre los principales factores que explican esta evolución figuran la jubilación de la generación del baby boom, la actualización de las prestaciones conforme al IPC y el aumento de la pensión media, asociado a carreras de cotización más largas y bases salariales más elevadas. La evolución reciente del gasto también refleja esta tendencia. En 2025, la Administración destinó 182.526 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 5,7% más que los 172.653 millones del año anterior. En 2023, el desembolso había alcanzado los 161.067 millones, frente a los 145.269 millones de 2022. En conjunto, el gasto aumentó un 25,6% en ese periodo de tres años. Durante los nueve primeros meses de 2026, la Seguridad Social destinó alrededor de 123.761 millones de euros a financiar las pensiones contributivas, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. Esta cantidad representa el 77,6% del presupuesto anual previsto para esta partida y evidencia la presión creciente que soportan las cuentas del sistema público de pensiones.

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(Cinco Días, 28-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España estudia dar indicaciones a la banca para aplicar la sentencia del fraude

Parte de las entidades financieras españolas y europeas ha retrasado la devolución del dinero sustraído mediante operaciones bancarias no autorizadas, alegando que los clientes incurrieron en negligencia grave. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado esta cuestión y ha establecido que los bancos deben reembolsar las cantidades defraudadas, como máximo, al finalizar el siguiente día hábil. Posteriormente, podrán demostrar que el usuario actuó de forma negligente y reclamarle el importe si procede. El Banco de España está analizando la sentencia y ha comunicado que estudia la posibilidad de emitir instrucciones al sector para favorecer una aplicación uniforme, coherente y proporcionada de la resolución. La sentencia, dictada el pasado 15 de octubre, cuestiona la práctica de algunas entidades financieras de rechazar reclamaciones por fraude alegando una conducta negligente de sus clientes. Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), este procedimiento obliga con frecuencia a los afectados a acudir a los tribunales para recuperar su dinero, con los costes y demoras que ello supone. La resolución europea establece que el banco debe efectuar primero el reembolso y, después, si considera que el cliente ha actuado de forma negligente, acreditar esa circunstancia y reclamarle las cantidades correspondientes. Las entidades financieras sostienen que el alcance de la sentencia es limitado y se apoyan en la distinción entre operaciones de pago autorizadas y no autorizadas. La normativa española sobre servicios de pago establece que una operación se considera autorizada cuando el titular ha dado su consentimiento para ejecutarla y que, en ausencia de este, debe calificarse como no autorizada. Desde la Asociación Española de Banca (AEB) señalan que el TJUE ha resuelto un caso de una operación no autorizada y que su pronunciamiento confirma la regulación vigente para este tipo de situaciones. La patronal bancaria añade que la sentencia no altera el régimen de responsabilidad del usuario cuando incumple de forma negligente su obligación de proteger los datos de pago. Asufin considera, sin embargo, que esta distinción no justifica que se deniegue el reembolso cuando el cliente ha sido víctima de un engaño. En numerosas estafas, los delincuentes se hacen pasar por empleados bancarios, representantes de organismos públicos o privados, o incluso familiares, para conseguir que la víctima autorice una transferencia o un pago. Un ejemplo habitual es el de los mensajes fraudulentos en los que alguien suplanta la identidad de un hijo o un nieto para solicitar dinero mediante Bizum o una transferencia bancaria. Hasta ahora, el criterio del Banco de España se ha basado en la aplicación de la normativa vigente. Según su última memoria de reclamaciones, la entidad financiera debe devolver el importe de una operación no autorizada sin demora y, en todo caso, antes de que finalice el siguiente día hábil. La excepción contemplada se refiere a los casos en los que exista sospecha de fraude y esta se comunique al supervisor. La memoria también señala que corresponde al banco demostrar que la operación fue autenticada y registrada correctamente, salvo que acredite la existencia de fraude o negligencia grave por parte del usuario. Algunas entidades se habían apoyado en esta última salvedad para justificar el rechazo de reclamaciones. Sin embargo, la referencia afecta a la carga de la prueba y no al plazo para efectuar la devolución. Tras la sentencia europea, el departamento de Conducta de Entidades del Banco de España, dirigido por José Luis Escrivá, estudia sus implicaciones. El TJUE establece como única excepción al reembolso inmediato la sospecha de que el propio cliente haya cometido fraude, siempre que se comunique por escrito a la autoridad nacional competente. El asunto analizado por el tribunal europeo se originó en Polonia. Una mujer que había anunciado un artículo en una plataforma de compraventa por internet recibió un mensaje de una persona que se hizo pasar por un posible comprador. El estafador le envió un enlace a una página que imitaba la web de su banco y consiguió que introdujera sus credenciales de banca electrónica. Después, transfirió unos 700 euros a una cuenta propia. La clienta informó a la entidad al día siguiente, pero esta rechazó devolverle el dinero al considerar que había incumplido su obligación de proteger el instrumento de pago y evitar que personas no autorizadas accedieran a él. El TJUE concluyó que esa justificación no basta para denegar el reembolso. La resolución puede tener consecuencias económicas para el sector financiero, tanto por los fraudes que se produzcan en el futuro como por las reclamaciones anteriores que todavía puedan reabrirse. El volumen de las estafas en el Espacio Económico Europeo, integrado por los 27 países de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, alcanzó los 4.200 millones de euros. En España, el importe superó los 300 millones en 2024, según los últimos datos publicados por el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el Banco de España. La decisión europea refuerza así la obligación de las entidades de devolver con rapidez el dinero correspondiente a operaciones no autorizadas, sin trasladar automáticamente al cliente las consecuencias de una posible negligencia. Los bancos deberán aplicar este criterio en las reclamaciones futuras y valorar sus implicaciones en los expedientes anteriores, mientras el Banco de España estudia si resulta necesario emitir nuevas indicaciones para garantizar una aplicación homogénea de la sentencia.

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(La Vanguardia, 28-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Vivienda aprueba 200 millones subvenciones para promotores de alquileres asequibles en suelos públicos

El Gobierno ha aprobado una partida de 201 millones de euros en ayudas directas para promotores y constructores que desarrollen viviendas de alquiler asequible en terrenos públicos urbanizados propiedad de Casa 47. La iniciativa pretende ampliar el parque público de alquiler mediante acuerdos de colaboración entre las administraciones y el sector privado, con rentas inferiores a las del mercado y limitadas al 30% de los ingresos de la unidad familiar. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que regula estas subvenciones, con las que se prevé impulsar hasta 2.500 nuevas viviendas. Según el Ministerio de Vivienda, los fondos permitirán financiar alrededor de 30 promociones en distintas zonas de España, entre ellas Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara. Las viviendas construidas con estas ayudas mantendrán su titularidad pública y ofrecerán alquileres asequibles de forma permanente. Los contratos podrán extenderse durante un periodo de hasta 75 años, mientras que las rentas no podrán superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia que ocupe cada inmueble. El Ejecutivo defiende este sistema de colaboración público-privada como una fórmula para aumentar la oferta de vivienda protegida sin perder las condiciones de asequibilidad a largo plazo. El modelo toma como referencia experiencias como la de Viena, donde este tipo de vivienda pública tiene una presencia consolidada. El Gobierno sostiene que este planteamiento evita que la asequibilidad dependa de las condiciones que establezcan las empresas adjudicatarias y lo diferencia de otros programas, como el Plan Vive de la Comunidad de Madrid.

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