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(El País, 26-10-2026) | Fiscal

El nuevo impuesto complementario a las multinacionales solo recauda 46 millones en su primer ejercicio

Los cambios introducidos en los últimos años en la fiscalidad de las grandes empresas han tenido un alcance mucho menor del que se esperaba inicialmente. El entusiasmo generado en 2021, cuando cerca de 140 países pactaron fijar un tipo mínimo del 15% para las mayores multinacionales, fue perdiendo fuerza a medida que el acuerdo político debía convertirse en legislación y surgían obstáculos para su aplicación. España es un ejemplo de estas dificultades. El impuesto complementario creado para garantizar que las grandes corporaciones tributen al menos un 15% de sus beneficios apenas había recaudado 46 millones de euros hasta agosto de 2026, pese a que las previsiones iniciales apuntaban a unos ingresos de miles de millones, calculados a partir de las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) antes de que se redujera la ambición del proyecto internacional. La iniciativa surgió para actualizar unas normas fiscales internacionales consideradas obsoletas y frenar la competencia entre países por ofrecer condiciones tributarias cada vez más favorables. El objetivo era dificultar que las grandes corporaciones trasladaran sus beneficios a territorios con una fiscalidad reducida o inexistente para disminuir los impuestos que pagan. Sin embargo, las negociaciones desarrolladas en el seno de la OCDE acabaron estancándose y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca terminó de debilitar el acuerdo. Después de varios cambios y negociaciones, el resultado ha sido un tipo mínimo del 15% para las multinacionales con una facturación superior a 750 millones de euros, dentro del denominado Pilar Dos. Su aplicación ha quedado muy por debajo de las expectativas iniciales, como reflejan los datos de 2026, primer ejercicio en el que se abona este impuesto, aunque su cálculo se basa en los resultados de 2024. Las numerosas exenciones incorporadas al sistema han reducido su alcance y, además, las multinacionales estadounidenses han quedado finalmente fuera del gravamen. El otro componente del acuerdo, conocido como Pilar Uno, pretendía redistribuir una parte de los beneficios de los mayores grupos internacionales entre los países en los que desarrollan su actividad, pero permanece paralizado. Ante la posibilidad de que las negociaciones internacionales se prolongaran, España decidió adelantarse y aprobó en 2022 un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para las empresas con una facturación superior a 20 millones de euros en territorio nacional. No obstante, el Gobierno anunció que adaptaría esta figura a las condiciones que finalmente se acordaran en el ámbito internacional. Dos años después, España incorporó a su legislación la directiva europea que establece el impuesto mínimo global impulsado por la OCDE. Este gravamen presenta diferencias respecto al impuesto mínimo nacional, ya que se calcula sobre el resultado contable, una magnitud más próxima al beneficio neto que a la base imponible fiscal, y afecta a los grupos multinacionales con una facturación global superior a 750 millones de euros. Además, se articula mediante tres modalidades complementarias. La primera es el impuesto complementario nacional, por el que las entidades de grupos nacionales o multinacionales que tributen en España a un tipo efectivo inferior al 15% deben abonar la cantidad necesaria para alcanzar ese umbral. La segunda modalidad, denominada impuesto complementario primario, obliga a la sociedad matriz de un grupo multinacional ubicada en España a pagar la diferencia cuando alguna de sus filiales extranjeras tribute por debajo del tipo mínimo establecido. La tercera, el impuesto complementario secundario, permite recaudar el impuesto pendiente correspondiente a filiales de grupos extranjeros situadas en España cuando sus beneficios no hayan soportado una tributación suficiente en el país de origen.

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(El Economista, 26-10-2026) | Fiscal

Hacienda congela cerca de 23.000 millones de los municipios para vivienda

Los ayuntamientos acogieron favorablemente la decisión del Gobierno de permitirles destinar sus superávits y remanentes de tesorería a nuevas inversiones. Sin embargo, la puesta en práctica de esta medida está encontrando importantes obstáculos burocráticos. Según fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio de Hacienda todavía no ha establecido las normas que deben regular el uso de los aproximadamente 23.000 millones de euros acumulados por las entidades locales en remanentes de tesorería para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), entre cuyos posibles destinos destaca la construcción de vivienda social. La FEMP ha solicitado en varias ocasiones al departamento ministerial que defina un marco normativo con las condiciones y los requisitos necesarios para que los ayuntamientos puedan disponer de estos recursos. Por ahora, la Federación asegura que no ha obtenido respuesta. La convocatoria anticipada de elecciones generales ha dejado en suspenso una cuestión que considera prioritaria para los gobiernos locales, especialmente por la necesidad de ampliar la oferta de vivienda asequible. Desde la organización recuerdan que los municipios podrían contribuir a aliviar este problema si se les permite utilizar los ahorros acumulados. Ante la proximidad de las elecciones, previstas para el próximo 29 de noviembre, la Federación considera que una solución podría pasar por aprobar un real decreto-ley urgente, que tendría que convalidar la Diputación Permanente del Congreso y que, a su juicio, podría contar con el respaldo del PP. Esta vía permitiría desbloquear los fondos acumulados durante casi cinco años y destinarlos a atender necesidades sociales. La postura de los representantes municipales es clara: si las administraciones locales disponen de recursos propios, deben poder invertirlos. Los ayuntamientos han acumulado superávits cuando sus ingresos han superado los gastos y remanentes de tesorería que reflejan la liquidez disponible al cierre de cada ejercicio. La FEMP calcula que estos últimos ascienden a unos 23.000 millones de euros. La Ley de Estabilidad Presupuestaria limita la capacidad de las entidades locales para endeudarse, pero sus representantes consideran que esta restricción no debería impedirles utilizar los recursos que han conseguido ahorrar. A su juicio, no tiene sentido mantener ese dinero inmovilizado cuando existen necesidades que requieren financiación. La Federación, que representa al 95% de los gobiernos locales españoles, denuncia que la falta de respuesta de Hacienda se prolonga desde el año pasado. En 2025, la organización remitió varias solicitudes al Ministerio, dirigido entonces por María Jesús Montero, sin conseguir avances. Dos de ellas estaban relacionadas con el real decreto-ley que recogía medidas urgentes frente a los aranceles comerciales y otras dos abordaban específicamente el destino del superávit de 2024 y la posibilidad de realizar inversiones financieras sostenibles. En aquel momento, el Gobierno todavía no había autorizado el uso de los excedentes para este tipo de actuaciones. El permiso llegó finalmente en diciembre de 2025 y se extendió hasta el ejercicio 2027, incluido. Ahora, la reclamación de la FEMP se centra en establecer un procedimiento legal que permita movilizar los 23.000 millones de euros de remanentes de tesorería y concretar cómo pueden invertirse. Una parte importante de estos fondos podría destinarse a promover viviendas sociales en los municipios. Las inversiones financieramente sostenibles que pueden ejecutar las entidades locales abarcan numerosas áreas. Entre ellas figuran las redes de alcantarillado, el suministro de agua, la recogida de residuos, el alumbrado público, la modernización de los sistemas productivos, las infraestructuras de transporte, los centros educativos, la asistencia social primaria, la vivienda, los recursos hidráulicos y los servicios vinculados a la sociedad de la información. Los ayuntamientos deben comunicar a Hacienda las partidas a las que pretenden destinar el dinero y, cuando las cantidades previstas son especialmente elevadas, necesitan obtener autorización ministerial. La FEMP teme que la convocatoria electoral y el tiempo necesario para constituir un nuevo Gobierno provoquen nuevos retrasos en la ejecución de los proyectos. La preocupación es especialmente significativa en el ámbito de la vivienda, ya que la construcción de nuevas promociones requiere una planificación prolongada y unos plazos de ejecución más amplios que otras inversiones. La Federación también considera insuficiente el periodo habilitado para utilizar los recursos acumulados. Las competencias municipales en materia de vivienda incluyen la clasificación del suelo, la concesión de licencias, la gestión de terrenos públicos y la promoción y administración de viviendas protegidas de titularidad municipal. Para desarrollar estas actuaciones es necesario completar procedimientos urbanísticos y administrativos que pueden prolongarse durante años, lo que dificulta aprovechar los fondos dentro de un plazo limitado. Por este motivo, la FEMP reclama a Hacienda que amplíe y concrete las condiciones para reinvertir los superávits y los remanentes. El real decreto establece que las inversiones financiadas con el superávit obtenido en 2024, que supera los 45.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones locales, deben ejecutarse durante 2025, 2026 y 2027. Sin embargo, como la autorización se aprobó en diciembre de 2025, el periodo efectivo para realizar las actuaciones se ha reducido prácticamente a dos años. La organización municipal lleva tiempo solicitando que la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria tenga carácter indefinido. Esta norma regula el destino de los superávits y los remanentes de tesorería y permitiría canalizar los recursos hacia inversiones sin tener que depender de autorizaciones temporales vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado. Según la FEMP, tampoco ha recibido respuesta a esta petición. La mayoría de los ayuntamientos quiere aprovechar sus ahorros y los excedentes presupuestarios para impulsar la construcción de vivienda, ante las dificultades de acceso que afrontan numerosos ciudadanos. Sin embargo, la falta de un marco estable y los plazos administrativos actuales complican la puesta en marcha de nuevos proyectos. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 señala que el parque de viviendas de titularidad pública autonómica y municipal apenas suma 318.000 unidades, lo que equivale aproximadamente al 1,7% de los hogares españoles. Los expertos advierten de que el desafío no se limita a financiar la construcción de nuevas viviendas, sino que también exige disponer de los medios humanos y materiales necesarios para gestionarlas y mantenerlas a largo plazo. España se encuentra entre los países de la Unión Europea con menor proporción de vivienda pública construida. La posibilidad de utilizar los remanentes municipales podría contribuir a reducir esta carencia, siempre que las administraciones locales puedan disponer de sus recursos sin trabas adicionales. Desde la FEMP insisten en que, en lugar de prolongar los procedimientos, las autoridades deberían facilitar la inversión para que los proyectos puedan materializarse y dar respuesta a la necesidad de vivienda.

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(Expansión, 26-10-2026) | Laboral

Más de 3,6 millones de trabajadores tienen blindado el sueldo ante la escalada del IPC

Las empresas cuyos convenios colectivos incluyen cláusulas de garantía salarial tendrán que aplicar una subida adicional cercana al 1% para compensar el encarecimiento de los precios, en un contexto en el que la inflación media anual podría situarse en torno al 4%. El repunte de la inflación está incrementando la presión sobre los costes empresariales. A las subidas de los gastos de producción derivadas del encarecimiento de la energía y los combustibles se sumarán nuevos incrementos de los costes laborales. Entre ellos figuran la próxima actualización del salario mínimo interprofesional, que el Gobierno volverá a elevar por encima del IPC, y las revisiones salariales que se están trasladando a los convenios colectivos. En este escenario confluyen dos factores. Por una parte, los convenios firmados más recientemente contemplan incrementos salariales superiores a la media, con una subida del 3,6%. Por otra, el aumento de las cláusulas de garantía salarial obligará a numerosas empresas a compensar a sus plantillas por la evolución de los precios. Según los datos del Ministerio de Trabajo correspondientes al cierre de septiembre, 3,64 millones de asalariados cuentan con esta protección, que les permitirá recibir un incremento adicional de sus retribuciones. Este colectivo representa el 19% del total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, pero supone el 39% de los 9,32 millones de empleados cubiertos por un convenio colectivo. Además, el número de beneficiarios de estas cláusulas ha aumentado un 12,9% respecto al año anterior, con 416.039 trabajadores más. El crecimiento es especialmente significativo entre los empleados cuyas cláusulas de revisión salarial tienen efectos retroactivos. Este grupo alcanza los 1,3 millones de personas, un 39% más que en el ejercicio anterior, lo que equivale a 367.459 trabajadores adicionales. Por su parte, 2,33 millones de asalariados cuentan con garantías sin retroactividad, un 2,13% más que el año pasado, con un incremento de 48.580 personas. Por sectores, los servicios concentran el mayor número de trabajadores protegidos por estas cláusulas, con 1,57 millones, el 43,3% del total. La industria ocupa el segundo lugar, con 1,33 millones de empleados, equivalentes al 36,6%. La construcción suma 721.525 trabajadores, el 19,8%, mientras que el sector agrario apenas registra 9.265 personas protegidas, un 0,2%. La distribución cambia en función de si la revisión salarial tiene efectos retroactivos. En esta modalidad, que representa el 36% de los trabajadores amparados por cláusulas de garantía, los servicios reúnen el 22,8% del total y la industria, el 12,4%. La construcción y la agricultura tienen una presencia mucho menor, con un 0,6% y un 0,1%, respectivamente. Las cláusulas sin retroactividad son mayoritarias y protegen al 64% de los asalariados incluidos en este sistema, unos 2,33 millones de personas. En este grupo destaca la industria, que concentra el 24% del total de trabajadores con garantía salarial, seguida de los servicios, con el 20,5%, y la construcción, con el 19,2%. El peso del sector agrario vuelve a ser residual, con apenas un 0,1%. Con una subida salarial media pactada en convenio del 3% y una inflación anual que podría aproximarse al 4%, la patronal estima que las cláusulas de garantía supondrán un incremento adicional medio de alrededor de un punto porcentual. No obstante, fuentes empresariales señalan que en numerosos convenios estas revisiones están sujetas a límites, aunque reconocen que implicarán un esfuerzo económico para las compañías, que deberán compensar a sus trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo. Desde Confemetal explican que estos mecanismos permiten actualizar automáticamente las tablas salariales cuando la inflación supera los incrementos acordados, lo que garantiza una revisión adicional de las remuneraciones de cientos de miles de trabajadores. En la industria del metal, en concreto, hay 40 convenios colectivos con efectos económicos en 2026, de los cuales 25 incluyen cláusulas de garantía salarial vinculadas a la evolución de los precios. Estas disposiciones afectan a unos 870.000 trabajadores, frente a un total de 1,3 millones de empleados cubiertos por convenios colectivos en el sector. La presión inflacionista también se refleja en las condiciones pactadas en los nuevos acuerdos laborales. Los convenios firmados durante 2026 establecen una subida salarial media del 3,6%, seis décimas por encima del promedio correspondiente al conjunto de los acuerdos con efectos económicos este año. Además, numerosos convenios contemplan incrementos superiores. A finales de septiembre, un total de 866 convenios que afectan a 2,97 millones de trabajadores recogían aumentos salariales medios del 4,04%, aproximadamente un punto por encima de la media general. Estos acuerdos abarcan al 31% de los empleados cubiertos por la negociación colectiva.

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(El País, 26-10-2026) | Laboral

España sufre más muertes en el trabajo que la media de la UE y se aleja de los países más seguros

España registró en 2024 una tasa de 1,89 muertes por accidente laboral por cada 100.000 ocupados, según los últimos datos publicados por Eurostat. El indicador empeoró respecto al año anterior, cuando se situó en 1,71, y se alejó de la media de la Unión Europea, que fue de 1,65. La evolución contrasta con la de algunos de los países europeos con menor siniestralidad, como Alemania, donde la tasa descendió de 0,71 a 0,64, y Países Bajos, que pasó de 0,38 a 0,32. Estas cifras han despertado la preocupación de los sindicatos españoles, que reclaman al Gobierno que impulse la reforma de la normativa de prevención de riesgos laborales comprometida hace meses. La incidencia de los accidentes mortales en España supera la de varias de las principales economías europeas. Además de Alemania y Países Bajos, el país presenta peores resultados que Suecia, con 0,75 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, Luxemburgo y Bélgica, ambos con 0,94, y Dinamarca, con 1,02. En el extremo contrario se encuentran países como Croacia, con una tasa de 2,79; Rumanía, con 2,83, y Bulgaria, con 3,08. Francia vuelve a registrar el peor dato de la Unión Europea, con 3,61 muertes por cada 100.000 trabajadores. Una de las explicaciones habituales de los expertos en salud laboral es la composición del tejido productivo español, en el que tienen un peso relevante actividades con mayores riesgos, como la construcción, la minería y el sector agrario. Sin embargo, las cifras desglosadas por ramas de actividad muestran que esta circunstancia no explica por sí sola la diferencia con el promedio comunitario. En varios de los sectores más peligrosos, la tasa de accidentes mortales también es superior en España a la registrada en el conjunto de la UE. La minería es uno de los ejemplos más claros: en España se contabilizan 13,99 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, frente a los 8,74 de la media europea. En el suministro de energía, la tasa española alcanza los 7,5, mientras que en la UE se sitúa en 2,3. También existen diferencias significativas en el transporte, con 7,47 muertes en España frente a 4,84 en el conjunto comunitario, y en la agricultura, donde los índices son de 6,48 y 5,51, respectivamente. En la construcción, la incidencia española llega a 7,69 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, frente a los 6,13 de la UE. Este último sector preocupa especialmente a Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral de CC OO, quien advierte de que, aunque la siniestralidad está mejorando en numerosas actividades, la construcción no sigue la misma evolución. El representante sindical considera prioritario reforzar las condiciones de seguridad y salud en las obras y señala que el sector concentra a trabajadores inmigrantes que, en ocasiones, desempeñan su actividad en condiciones de escasa protección. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, entre enero y agosto fallecieron 120 trabajadores de la construcción durante su jornada laboral. La cifra representa aproximadamente un tercio de las muertes registradas, pese a que esta actividad ocupa al 7% de los afiliados a la Seguridad Social. Desde UGT, su responsable de Salud Laboral, Patricia Ruiz, también expresa su preocupación por la posición de España respecto a la media europea. La dirigente sindical reclama una normativa comunitaria que establezca requisitos mínimos más exigentes para proteger la salud de los trabajadores. Asimismo, considera que la legislación española debe adaptarse a riesgos que han ganado importancia, como el envejecimiento, el sedentarismo, la digitalización, el cambio climático y los problemas de salud mental. Para actualizar el marco normativo, Ruiz pide al Gobierno que retome la tramitación del anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales acordado en enero entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, después de dos años de negociaciones. La reforma contempla, entre otras medidas, un refuerzo de la vigilancia preventiva en las pequeñas y medianas empresas, donde se concentra una parte importante de los accidentes laborales. También incorpora actuaciones relacionadas con los efectos de la emergencia climática, el estrés laboral y las diferencias de género en materia de salud y seguridad. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han rechazado el proyecto. Los sindicatos instan al Ejecutivo a acelerar su aprobación y recuerdan que una parte de las muertes en el trabajo podría evitarse mediante mejores medidas de prevención. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en primera lectura en abril, pero la norma estaba pendiente de regresar al gabinete antes de su remisión al Parlamento. La convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes han complicado el proceso, aunque formalmente el Gobierno todavía podría recurrir a la Diputación Permanente si justifica la urgencia de la iniciativa. Sanz, que participó en la negociación del texto en representación de CC OO, critica que la reforma aún no haya llegado al poder legislativo. A su juicio, el retraso demuestra que la prevención de riesgos laborales no ocupa un lugar prioritario en la agenda del Gobierno ni del Ministerio de Trabajo. Paralelamente, avanza la propuesta de permitir la jubilación anticipada en determinadas profesiones con elevados índices de peligrosidad o mortalidad. Esta posibilidad ya existe para colectivos como los mineros, los bomberos forestales, los policías autonómicos y los trabajadores del mar. Entre los grupos que aspiran a acceder a ella destacan los camioneros, después de que la Seguridad Social reconociera en un informe la elevada mortalidad asociada a su actividad. Los sindicatos también han solicitado formalmente la jubilación anticipada para los conductores de autobús, los trabajadores de la construcción y las empleadas de ayuda a domicilio. A estos colectivos podrían sumarse próximamente los trabajadores de la limpieza de hoteles, que también prevén impulsar esta reivindicación.

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(El País, 26-10-2026) | Laboral

La industria pone coto a completar el salario a los trabajadores de baja

La negociación entre el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales para reformar la gestión de las bajas laborales ha quedado suspendida tras el adelanto electoral. Mientras tanto, el aumento continuado de la incapacidad temporal ha llevado a distintos sectores a adoptar medidas propias. Es el caso de la industria del metal, cuyos convenios provinciales están introduciendo restricciones a los complementos salariales que reciben los trabajadores durante los periodos de baja médica. Aunque esta tendencia también se observa en otras actividades, la dimensión de la negociación colectiva del metal, que comprende alrededor de 220.000 empresas y más de dos millones de trabajadores, convierte al sector en un referente para analizar las medidas destinadas a contener el absentismo laboral. Los convenios colectivos del metal están limitando especialmente los complementos por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, es decir, de enfermedades o accidentes no laborales. Según un estudio de Confemetal correspondiente al periodo 2021-2024, cada día faltan al trabajo por esta causa más de 140.000 personas de los 2,7 millones de ocupados del sector. El coste de estas ausencias aumentó más de un 90% durante el periodo analizado, hasta acercarse a los 2.900 millones de euros en 2024. Asimismo, el número de procesos de baja iniciados pasó de 17 por cada 1.000 trabajadores en 2021 a 31 en 2024, un incremento del 83%. Ante esta evolución, la negociación colectiva está incorporando fórmulas para reducir las compensaciones salariales que las empresas abonan durante las bajas médicas, sobre todo cuando se deben a enfermedades comunes. La legislación establece que la prestación por incapacidad temporal no cubre inicialmente la totalidad del salario. En estos casos, el trabajador no percibe prestación durante los tres primeros días; recibe el 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo día, y el 75% a partir del día 21. Cuando la baja se debe a un accidente laboral o a una enfermedad profesional, la prestación asciende al 75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja. Tradicionalmente, muchos convenios colectivos de distintos sectores han establecido complementos empresariales para elevar estas prestaciones hasta el 100% del salario. Sin embargo, los acuerdos del metal están limitando progresivamente estas mejoras. El análisis de Confemetal sobre los convenios de 2025, que incluye también acuerdos con efectos en 2026, muestra que numerosos pactos restringen el complemento hasta el salario íntegro a periodos de entre 100 y 200 días. Para ello, algunos reducen el porcentaje que debe aportar la empresa, mientras que otros retrasan el momento a partir del cual se aplica la compensación. Las condiciones varían según la provincia. En Burgos, el convenio del metal contempla el pago del 60% del salario durante los tres primeros días de baja y retrasa el complemento hasta el 100% hasta que se supera el día 30. En Castellón, la obligación empresarial de completar el salario desaparece a partir del día 70 de incapacidad temporal. En Ourense, el trabajador percibe el 60% del salario durante los tres primeros días de la primera baja anual por enfermedad común y no alcanza el 100% hasta que transcurren nueve meses de incapacidad temporal. También existen convenios que reducen los complementos cuando se repiten las bajas a lo largo del mismo año. En Málaga, por ejemplo, se abona un complemento equivalente al 50% durante los tres primeros días de enfermedad común en las dos primeras bajas anuales, pero esta mejora deja de aplicarse a partir de la tercera. En Segovia, el complemento se limita al 75% durante los primeros quince días desde la segunda baja registrada en el mismo año natural. Estas medidas forman parte de un conjunto más amplio de mecanismos incluidos en la negociación colectiva para contener las ausencias laborales. Entre ellos figuran los complementos o premios de asistencia, diseñados para incentivar la presencia efectiva de los trabajadores en sus puestos. No obstante, varias sentencias del Tribunal Supremo dictadas en 2025 y 2026 han acotado las condiciones en las que pueden aplicarse estos incentivos. La legalidad de los complementos de asistencia depende de las ausencias que se tengan en cuenta para calcularlos. Según fuentes empresariales del sector, los convenios pueden vincular estas mejoras a factores como la puntualidad, la ausencia de faltas injustificadas, la disponibilidad o el cumplimiento de objetivos de presencia efectiva. Sin embargo, la doctrina del alto tribunal establece que estos incentivos no pueden penalizar determinadas ausencias protegidas legalmente. Entre ellas se encuentran las bajas por incapacidad temporal, tanto si derivan de contingencias profesionales como de enfermedades comunes, así como las ausencias relacionadas con permisos de conciliación, cuidados o maternidad. De este modo, las empresas pueden recurrir a incentivos para reducir el absentismo, pero deben hacerlo respetando los derechos laborales reconocidos por la normativa.

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(El Confidencial, 26-10-2026) | Laboral

CEOE rectifica y no impugnará finalmente la huelga general por la vivienda antes del 11 de noviembre

La CEOE ha decidido finalmente no recurrir antes de su celebración la huelga general por la vivienda convocada por los sindicatos para el próximo 11 de noviembre, pese a que su presidente, Antonio Garamendi, había anunciado que impugnaría el paro al considerar que tiene un carácter electoral y no laboral. La organización empresarial no descarta, sin embargo, emprender acciones judiciales una vez celebrada la movilización. La patronal asegura que seguirá de cerca el desarrollo de la huelga y que tomará las medidas oportunas en función de lo que suceda. También recuerda que debe garantizarse el derecho al trabajo y el cumplimiento de los servicios mínimos, y manifiesta su confianza en que la jornada transcurra de manera pacífica y cívica. La decisión contrasta con las declaraciones realizadas el lunes por Garamendi, quien cuestionó la legitimidad de la convocatoria. El presidente de la CEOE sostuvo que, coincidiendo con la proximidad de las elecciones generales, España afronta por primera vez una huelga de carácter electoral. A su juicio, la movilización no es el camino adecuado para abordar el problema de la vivienda y cuestionó que se responsabilice a las empresas y a los autónomos de la falta de oferta residencial, cuando el sector de la construcción reclama diálogo para encontrar soluciones. Los sindicatos, por su parte, ya habían puesto en duda que la patronal tuviera argumentos jurídicos suficientes para impugnar la convocatoria. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó hace dos semanas que no existían motivos legales para calificar el paro de político y recordó que nunca se había declarado ilegal una huelga por ese motivo. En la misma línea, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, anticipó que la CEOE no recurriría la convocatoria porque no tendría fundamento para hacerlo. Sordo calificó la controversia de absurda y recordó que en España se han convocado desde los años setenta y ochenta huelgas que no respondían exclusivamente a reivindicaciones laborales, incluidas movilizaciones sindicales contra los asesinatos de ETA. Los sindicatos justifican la huelga con dos objetivos principales: reclamar medidas que permitan hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna e impulsar el poder adquisitivo de los salarios. En este segundo ámbito, critican a la patronal por no aceptar la negociación de un pacto nacional de convenios que permita ordenar la negociación colectiva. La convocatoria se produce en un contexto de aumento de la conflictividad laboral, con un repunte de las huelgas en empresas y sectores. Las organizaciones sindicales relacionan esta evolución con la ausencia de un acuerdo estatal sobre negociación colectiva. Además, denuncian que una parte importante de las horas extraordinarias realizadas no se remunera -en torno a la mitad, según el INE- y sostienen que los márgenes empresariales, que consideran históricamente elevados, ofrecen capacidad para mejorar los salarios. Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT), de orientación anarcosindicalista, ha registrado una convocatoria de huelga propia, diferenciada de la presentada por las centrales mayoritarias.

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(El Economista, 26-10-2026) | Laboral

El teletrabajo no exprime su potencial: 3,4 millones de empleados podrían hacerlo, pero siguen en la oficina

Seis años después de la pandemia, el teletrabajo sigue en niveles elevados en España, pese a los esfuerzos de numerosas empresas por recuperar la actividad presencial, una decisión que en algunos casos ha provocado huelgas. Sin embargo, las cifras récord esconden una importante desigualdad en el acceso a esta modalidad. Un estudio de UGT señala que hay más trabajadores que podrían desempeñar sus funciones a distancia, pero continúan acudiendo a la oficina, que empleados que ya teletrabajan. Además, las mayores dificultades para acceder a esta opción se concentran entre quienes cuentan con menos capacidad para negociar sus condiciones laborales. El informe, elaborado a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que el 14,8% de los ocupados ha trabajado a distancia, lo que representa aproximadamente 3,16 millones de personas. A ellos se suman otros 3,44 millones de trabajadores, equivalentes al 16,1% del total, que afirman que sus empleos permitirían el teletrabajo, aunque todavía no lo han utilizado. En conjunto, el potencial de esta modalidad alcanza al 30,9% de los ocupados, pero solo se aprovecha el 47,9% de las posibilidades existentes. Entre quienes podrían trabajar a distancia, más de 875.000 personas tendrían la opción de desarrollar todas sus funciones desde casa, pero no lo hacen ningún día. El estudio, elaborado por el Servicio de Estudios de UGT y firmado por José Varela, responsable de IA y Digitalización del sindicato, destaca que este margen de crecimiento contrasta con la satisfacción de quienes ya teletrabajan. Estos trabajadores valoran la experiencia con una puntuación media de 8,9 sobre 10. Más de la mitad le otorga la máxima nota, mientras que únicamente el 2% la califica negativamente. En el ámbito empresarial, sin embargo, predomina un modelo que combina la asistencia a la oficina con el trabajo a distancia o que permite teletrabajar solo de manera ocasional. Según los datos del INE recogidos en el informe, el 37,4% de las empresas ofrece esta posibilidad, pero solo el 20% de sus empleados la utiliza de forma habitual. La media de trabajo remoto se sitúa en 2,4 días semanales. Las diferencias en el acceso al teletrabajo también se aprecian al comparar las distintas ocupaciones, los tipos de contrato y las jornadas laborales. El informe revela que los profesionales científicos e intelectuales y los directivos son los colectivos que más aprovechan las posibilidades de trabajar a distancia, con porcentajes del 55% y el 54,3%, respectivamente. A continuación figuran los técnicos y profesionales de nivel medio, con un 45,5%. En el caso del personal administrativo, las oportunidades están mucho menos aprovechadas. Un 10,7% podría trabajar íntegramente desde casa y otro 22,7% tendría la posibilidad de hacerlo parcialmente. Sin embargo, solo el 17,6% de estos empleados teletrabaja, lo que supone que utilizan el 34,5% de su potencial, la proporción más baja entre los grupos analizados. Estos datos evidencian una brecha entre los puestos directivos y los de menor responsabilidad, con una diferencia cercana a los veinte puntos porcentuales en el aprovechamiento del teletrabajo. Según el análisis, los profesionales con mayor responsabilidad disponen de más margen para negociar individualmente condiciones laborales flexibles, mientras que otros trabajadores tienen menos capacidad para conseguirlas. Por sectores, los especialistas en tecnologías de la información encabezan la clasificación. El 60,1% ya teletrabaja y otro 22,8% podría hacerlo, de manera que aprovechan el 72,5% de las posibilidades existentes en su ámbito profesional. La modalidad contractual también influye de forma significativa. Los trabajadores con contrato indefinido utilizan el 47,8% de su potencial de teletrabajo, frente al 31,2% de quienes tienen contratos temporales. Entre estos últimos, solo el 5,4% trabaja a distancia, pese a que otro 11,9% podría hacerlo. La jornada laboral también marca diferencias: los empleados a tiempo completo aprovechan la mitad de sus posibilidades, mientras que entre quienes trabajan a tiempo parcial el porcentaje se reduce al 28,8%. La desigualdad se reproduce, por tanto, entre los trabajadores más integrados en las organizaciones y aquellos que cuentan con una posición menos consolidada. Los contratos indefinidos y una mayor vinculación con la empresa parecen facilitar el acceso a condiciones laborales más favorables, mientras que los empleados temporales y a tiempo parcial encuentran más dificultades para aprovechar las opciones de trabajo remoto. El potencial desaprovechado también ayuda a explicar por qué el teletrabajo puede mantenerse en máximos históricos en España y, al mismo tiempo, perder posiciones respecto a otros países europeos. En 2019, el 8,3% de los ocupados españoles trabajaba a distancia, frente al 14,4% de la media de la Unión Europea. España ocupaba entonces el puesto 21 entre 33 países. En 2025, la distancia con la media comunitaria ha aumentado hasta los 7,3 puntos porcentuales y el país ha descendido al puesto 22. El peso de actividades que requieren presencia física, como la hostelería, el comercio y otros servicios, suele señalarse como una de las principales razones de esta diferencia. Sin embargo, los datos sobre las posibilidades de teletrabajo apuntan a que este factor no explica por sí solo el retraso. Aunque el 69,1% de los ocupados asegura que su trabajo no permite desarrollar las tareas a distancia, aprovechar el potencial restante sería suficiente para situar a España por encima de la media europea. UGT recuerda, además, que Portugal y Malta, dos países con una importante dependencia del turismo, superan a España en cinco y once puntos porcentuales, respectivamente, lo que refuerza la idea de que la estructura productiva no constituye el único factor determinante. El sindicato atribuye parte de las dificultades para extender el teletrabajo a la persistencia de una cultura empresarial que prioriza la presencia física y el control de los empleados. No obstante, la encuesta del INE no identifica las razones concretas por las que quienes podrían trabajar a distancia no lo hacen. Entre ellas también pueden encontrarse las preferencias individuales o la naturaleza de determinados puestos, que solo permiten realizar de forma remota una parte de las tareas. El caso de los trabajadores autónomos ofrece otra perspectiva, ya que no están sujetos a las mismas restricciones organizativas que los asalariados. Aun así, este colectivo aprovecha el 53,6% de su potencial de teletrabajo, una proporción similar a la de los empleados con contrato indefinido. Ante esta situación, UGT defiende que la negociación colectiva debe desempeñar un papel fundamental para garantizar que los trabajadores que puedan y quieran acogerse al teletrabajo tengan acceso a esta opción. Los datos del Ministerio de Trabajo incluidos en el informe muestran que los convenios colectivos con cláusulas específicas sobre trabajo a distancia han aumentado de 54 en 2017 a 265 en 2025. Estos acuerdos representan el 20,5% del total y afectan a 1,23 millones de trabajadores. El sindicato reclama que el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) incorpore el teletrabajo como una materia de negociación obligatoria, con el objetivo de ampliar su implantación y reducir las diferencias entre colectivos profesionales. Su propuesta busca que el acceso a esta modalidad no dependa exclusivamente de la capacidad individual de cada empleado para negociar con la empresa, sino que cuente con criterios más homogéneos y garantías recogidas en los acuerdos colectivos.

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(Expansión, 23-10-2026) | Fiscal

La UE avala a España para endurecer el perdón de deudas con Hacienda

España puede establecer límites a la cancelación de deudas mediante la Ley de la Segunda Oportunidad cuando los solicitantes mantienen obligaciones pendientes con Hacienda. Así lo sostiene el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Richard de la Tour, quien considera que la normativa comunitaria no contiene disposiciones suficientemente precisas para impedir que los Estados miembros introduzcan excepciones nacionales al perdón de las deudas. Las conclusiones responden a una consulta planteada por la Audiencia Provincial de Valladolid a raíz del caso de una pareja española que solicitó acogerse al mecanismo de exoneración de deudas. La Agencia Tributaria se opuso a que el hombre obtuviera este beneficio porque acumulaba más de 40.000 euros de deuda tributaria, correspondiente a una empresa de la que había sido administrador y por la que había sido declarado responsable. La legislación española impide acceder a la segunda oportunidad a quienes, durante los diez años anteriores, hayan sido declarados responsables de deudas tributarias mediante una resolución firme, salvo que hayan satisfecho íntegramente las cantidades exigidas. Una restricción similar se aplica a determinadas deudas relacionadas con infracciones tributarias, la Seguridad Social y el orden social. Estas limitaciones pueden afectar tanto a personas físicas como a quienes mantienen responsabilidades vinculadas a sociedades. De la Tour considera que el Derecho de la Unión Europea no obliga a los tribunales españoles a dejar de aplicar esta restricción, incluso cuando estimen que puede resultar desproporcionada. A su juicio, el derecho a la exoneración de deudas no es absoluto ni está sujeto a condiciones incondicionales, pese a que la normativa europea prevalezca, con carácter general, sobre las disposiciones nacionales incompatibles. El abogado general sostiene que la directiva comunitaria concede a los Estados miembros un amplio margen para regular las excepciones al régimen de exoneración. La norma incluye listas no exhaustivas tanto de los motivos por los que puede denegarse o restringirse el acceso a este mecanismo como de las categorías de créditos que pueden quedar excluidas de la cancelación. En este sentido, argumenta que, cuando un Estado miembro introduce excepciones adicionales al amparo de las posibilidades previstas en la directiva, la normativa europea no es suficientemente precisa para justificar por sí sola que se deje sin efecto una disposición nacional contraria. Una interpretación distinta, advierte, permitiría a los jueces inaplicar las normas internas mediante las que cada país ha establecido excepciones al principio de exoneración contemplado en la legislación comunitaria. La controversia también gira en torno al principio de proporcionalidad. La pareja afectada considera que impedir la cancelación de todas sus deudas por mantener obligaciones tributarias pendientes constituye una medida excesiva. Hacienda, por su parte, defiende que la legislación vigente no permite establecer excepciones por ese motivo. Sobre esta cuestión, De la Tour señala que corresponde al juez nacional valorar si la restricción es proporcionada, bajo la supervisión del órgano jurisdiccional superior competente. Asimismo, apunta que la existencia de resoluciones judiciales contradictorias en España sobre esta materia pone en duda que resulte imposible interpretar la legislación nacional de una manera compatible con las exigencias europeas. El abogado general recuerda que las autoridades de los Estados miembros, incluidos sus órganos judiciales, deben procurar interpretar el Derecho nacional de conformidad con la directiva comunitaria siempre que sea posible. El objetivo de esta norma es facilitar la cancelación de las deudas que resultan impagables y permitir que las personas afectadas puedan recuperar su estabilidad económica. Las conclusiones presentadas por el abogado general no son vinculantes para el TJUE, aunque suelen servir de referencia para la sentencia definitiva. Por tanto, la Audiencia Provincial de Valladolid deberá esperar al pronunciamiento del tribunal europeo para determinar cómo resolver el caso.

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(Expansión, 23-10-2026) | Fiscal

El nuevo Consejo para la prevención del blanqueo se constituirá antes de las elecciones

El Ministerio de Economía, dirigido por el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha aprobado la creación del Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La medida se formalizó mediante una orden ministerial publicada ayer, después de la aprobación del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2026-2030 y del anteproyecto de ley antiblanqueo que contemplaba la creación de una nueva autoridad supervisora. El nuevo Consejo pretende convertirse en un espacio estable de colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado, con un marco normativo propio que permita coordinar sus actuaciones de manera permanente y estructurada, según explica el Ejecutivo. Entre sus principales cometidos figura impulsar la cooperación entre las autoridades competentes y los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. También promoverá la aplicación de sanciones financieras internacionales y facilitará el intercambio de información estratégica, táctica y operativa, tanto entre las administraciones y los sujetos obligados como entre estos últimos. Asimismo, el órgano podrá elaborar informes, guías y recomendaciones para identificar los riesgos y las vulnerabilidades del sistema de prevención, además de plantear a las autoridades nuevas iniciativas, medidas y prioridades destinadas a reforzar su eficacia. La orden ministerial establece que el Pleno estará integrado por un presidente y 21 vocales, y deberá reunirse al menos una vez al año. Además, podrá constituir un comité ejecutivo de hasta diez integrantes y crear comisiones técnicas para abordar tareas específicas, especialmente las relacionadas con el intercambio de información estratégica y operativa. Economía ha fijado un plazo máximo de un mes para constituir este órgano, por lo que su primera reunión está prevista antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De este modo, el Gobierno pretende poner en marcha el mecanismo de cooperación antes de la cita electoral. La creación del Consejo no debe confundirse con la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), un organismo diferente cuya puesta en marcha estaba contemplada en el anteproyecto de ley antiblanqueo. La iniciativa legislativa también preveía ampliar el número de sujetos obligados a cumplir las normas de prevención, incorporando, entre otros, a los proveedores de servicios de criptoactivos, las plataformas de financiación participativa y los clubes de fútbol. Según fuentes gubernamentales, la creación de la Anifi, concebida para concentrar las competencias de supervisión, inspección y sanción en materia de blanqueo de capitales en España, ha quedado paralizada tras la convocatoria de elecciones anticipadas y la retirada del anteproyecto. No obstante, el Ministerio de Economía podría retomar la iniciativa si Pedro Sánchez continúa al frente del Ejecutivo después de los comicios. En cualquier caso, el Gobierno que se forme tras las elecciones deberá adaptar la legislación española al paquete europeo de medidas contra el blanqueo de capitales, aprobado en 2024. El plazo límite para completar la transposición de las disposiciones que lo requieran finaliza el 10 de julio de 2027.

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(Expansión, 23-10-2026) | Fiscal

Guiños fiscales al campo

El Gobierno ha anunciado nuevas medidas fiscales para el sector agrario de cara a 2027, entre las que destaca una reducción general del 10% del rendimiento neto en el IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas, junto con deducciones específicas por la compra de gasóleo agrícola y fertilizantes. Bajo el lema «Producimos tu comida; merecemos vivir de nuestro trabajo», agricultores y ganaderos españoles volverán a salir a la calle el próximo miércoles 28 de octubre con una gran tractorada en Madrid. La movilización pretende visibilizar el malestar del sector ante la acumulación de dificultades que comprometen la viabilidad de numerosas explotaciones. Entre los principales problemas figuran el encarecimiento de los costes de producción por la subida de los precios de la energía, la amenaza de recortes en los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC), los bajos precios que perciben los productores y la falta de garantías de reciprocidad en los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países. A estas preocupaciones se suman las crecientes exigencias burocráticas, que, según denuncian las organizaciones agrarias, incrementan la carga administrativa y restan tiempo a las labores productivas. En este contexto, las principales organizaciones del campo consideran insuficiente la prórroga hasta el 31 de diciembre de la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola para compensar el aumento de los costes. Ante esta situación, el Ejecutivo ha anunciado nuevos incentivos fiscales dirigidos al colectivo, con el que mantiene una relación marcada por las discrepancias. El Gobierno ha intentado distanciarse de algunas decisiones de Bruselas, especialmente de los posibles recortes de la PAC, para acercar sus posiciones a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos. El Ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, abrió ayer el periodo de información pública del proyecto de orden que regulará el sistema de módulos del IRPF para 2027. La propuesta contempla, según informó el departamento, reducciones fiscales extraordinarias para las actividades agrícolas y ganaderas. Entre las medidas previstas figura una rebaja general del 10% del rendimiento neto aplicable a todas las actividades agrarias en el IRPF, frente al 5% establecido para el resto de actividades económicas. Además, se plantea una reducción del 35% por la adquisición de gasóleo profesional y del 15% por la compra de fertilizantes, dos insumos esenciales para el desarrollo de la actividad agraria cuyos precios se han visto afectados por el encarecimiento de la energía y la inestabilidad en Oriente Próximo, agravada por el prolongado bloqueo del estrecho de Ormuz. Según las estimaciones del Gobierno, estos incentivos supondrán una reducción de aproximadamente 860 millones de euros en la base imponible del IRPF. El objetivo es aliviar la presión económica sobre las explotaciones agrarias y compensar parcialmente el impacto que la subida de los precios del gasóleo y los fertilizantes está teniendo en su rentabilidad como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, según explicó el Ministerio de Agricultura. Las medidas podrían beneficiar a unos 800.000 agricultores y ganaderos que tributan en el IRPF mediante el sistema de estimación objetiva, conocido como régimen de módulos. El anuncio llega menos de una semana antes de la tractorada convocada por Asaja, COAG y Unión de Uniones en Madrid, en un contexto marcado también por la proximidad de unas elecciones que serán determinantes para el futuro político, económico y social de España. Los nuevos incentivos fiscales dan continuidad a las medidas extraordinarias aplicadas desde 2022 para hacer frente a distintas crisis que han afectado al sector. Agricultura recordó que las reducciones previstas para 2026 siguen una línea similar a las aprobadas en 2022, 2023 y 2024 para mitigar las consecuencias de la guerra de Ucrania y la sequía sobre las explotaciones. Ahora, el conflicto en Oriente Próximo vuelve a presionar los costes agrarios y alimenta el riesgo de nuevas tensiones inflacionistas.

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