Noticias

(El Economista, 30-12-2025) | Fiscal

La compraventa de vivienda ya tributa en Cataluña más del doble que en Madrid

El cierre de 2025 deja patente un mayor ensanchamiento de la brecha que desde hace años existe entre las comunidades autónomas en la fiscalidad aplicada a la compraventa de viviendas. En este ámbito resulta clave el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), especialmente relevante en el mercado de vivienda usada, que concentra la mayor parte de las operaciones. Al finalizar el ejercicio, Cataluña ha pasado a aplicar el tipo máximo más elevado del país, situado en el 13%, un porcentaje que hasta ahora solo estaba vigente en Baleares. Con esta decisión, la Generalitat más que duplica el tipo único que se mantiene en la Comunidad de Madrid, donde el ITP permanece desde hace años en el 6%. La distancia entre ambos territorios también es significativa si se atiende al tipo mínimo aplicado en Cataluña para operaciones de hasta 600.000 euros, que supera en cuatro puntos porcentuales al gravamen madrileño. Aunque ambos gobiernos contemplan exenciones y bonificaciones, Madrid destaca por ofrecer incentivos más amplios, que benefician, entre otros colectivos, a jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad. La normativa catalana incluye además supuestos especiales en los que el tipo impositivo se incrementa hasta el 20%. Esto ocurre cuando en la operación interviene un denominado "gran tenedor inmobiliario", es decir, personas físicas o jurídicas que poseen más de diez viviendas de uso residencial o más de 1.500 metros cuadrados construidos destinados a este fin en Cataluña. Más allá de la comparación entre Cataluña y Madrid, el panorama nacional muestra una gran diversidad en la aplicación del ITP. El tipo único del 6% no solo se aplica en Madrid, sino también en Navarra y en las dos ciudades autónomas. Otros territorios han optado igualmente por un tipo único, aunque algo más elevado. Es el caso de la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, donde el gravamen se sitúa en el 8%. La Rioja aplica un 7%, al igual que Andalucía y el País Vasco, este último fuera del sistema común de financiación autonómica. En línea con el modelo catalán, Baleares cuenta con un sistema escalonado en función del valor del inmueble, con un tipo máximo del 13%, aunque su tramo mínimo es del 8%, dos puntos inferior al catalán. También Aragón, Asturias y Castilla y León aplican tarifas por tramos, con tipos que oscilan entre el 8% y el 10%. En cuanto a la recaudación, todas las comunidades comparten una tendencia común: el aumento de los ingresos impulsado tanto por la subida de los precios de la vivienda como por el mayor número de transacciones. Los últimos datos disponibles, correspondientes a 2024 y publicados el mes pasado, reflejan un crecimiento interanual del 15%, hasta alcanzar los 12.280 millones de euros. Se trata del mayor volumen de ingresos en los últimos 16 años, solo superado durante el auge inmobiliario de la década de los 2000, cuando en 2006 la recaudación llegó a los 18.188 millones de euros. El avance registrado en 2024 responde al incremento de las compraventas de vivienda usada, que según el INE aumentaron un 6,72%, hasta sumar 506.057 operaciones. A este factor se añade el encarecimiento de los precios de estas viviendas, que subieron un 8% en ese mismo ejercicio. Dado que el ITP se calcula sobre el valor del inmueble, el aumento de las tasaciones repercute directamente en una mayor carga fiscal. Los expertos anticipan que la recaudación seguirá creciendo, ya que los valores de tasación han vuelto en este trimestre a niveles similares a los del boom inmobiliario. Aunque el grueso de los ingresos autonómicos procede del IRPF -cuya gestión se reparte al 50% entre el Estado y las comunidades-, una vez excluido este tributo, el ITP se consolida como el segundo impuesto más relevante para la financiación regional, tanto en recaudación como en gestión, que corresponde íntegramente a las autonomías. En conjunto, los territorios ingresaron el año pasado 99.187 millones de euros por impuestos, de los cuales 72.685 millones (el 73%) procedieron del IRPF, mientras que el ITP aportó 12.280 millones, el 12% del total. Para 2025 se espera que esta cifra continúe al alza, apoyada en el dinamismo del mercado y la subida de precios. El desglose territorial de la recaudación muestra que Cataluña, segunda comunidad por población tras Andalucía, obtuvo 2.773 millones de euros por el ITP en 2024, un 1,29% más que el año anterior, con 80.100 operaciones de compraventa, un 5% más. Andalucía se sitúa a continuación, con ingresos de 2.015 millones de euros, un 12,5% superiores a los de 2023, pese a que las operaciones descendieron ligeramente hasta las 94.149, un 0,15% menos. La Comunidad Valenciana y Madrid, tercera y cuarta por población, registraron cifras de recaudación muy similares. La primera ingresó 1.944 millones de euros, un 18% más, tras 85.237 compraventas de vivienda usada, un 4,5% más. Madrid, por su parte, recaudó 1.911 millones de euros, un 22% más que el año anterior, gracias a 61.195 operaciones, lo que supone un aumento del 12%. Baleares ocupa el siguiente puesto, impulsada por su atractivo turístico, con 841 millones de euros recaudados, un 5% más, a partir de 11.267 compraventas de vivienda usada, una cifra prácticamente idéntica a la del ejercicio anterior.

LEER MÁS

(El Economista, 30-12-2025) | Fiscal

El Supremo mejora la tributación por vender un inmueble después de tenerlo alquilado

El Tribunal Supremo (TS) ha introducido una interpretación más favorable para los particulares que venden una vivienda tras haberla tenido en alquiler durante varios años. En una sentencia dictada el 20 de noviembre, el alto tribunal avala que los contribuyentes puedan aplicar una amortización inferior por el desgaste del inmueble, lo que reduce la ganancia patrimonial obtenida en la venta y, en consecuencia, la cantidad a pagar en el IRPF. La normativa del impuesto sobre la renta permite que quienes arriendan una vivienda deduzcan anualmente hasta un 3% del valor de adquisición del inmueble como compensación por su depreciación derivada del uso. Además, la ley establece que, cuando ese inmueble se transmite, debe tenerse en cuenta una "amortización mínima" al calcular el valor de compra, aunque no concreta con precisión cómo determinarla. Este punto resulta clave porque, al vender una vivienda, el contribuyente tributa por la ganancia patrimonial, que se calcula como la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión. Cuanto mayor sea la amortización aplicada sobre el valor inicial de compra, menor será dicho valor y mayor la ganancia sujeta a gravamen. En el caso analizado por el Supremo, la propietaria adquirió la vivienda por 222.023 euros y, tras casi 16 años alquilada, aplicó una amortización de 51.341 euros, lo que situó el valor de adquisición en 170.600 euros. Al vender el inmueble por 236.400 euros, declaró una ganancia patrimonial de unos 65.800 euros. Sin embargo, la Agencia Tributaria consideró incorrecto ese cálculo y elevó la amortización a 103.600 euros, lo que redujo el valor de compra a 125.600 euros y aumentó la ganancia gravable hasta los 110.800 euros. Para justificar su cálculo, la contribuyente recurrió a la Orden de 1998, que contiene tablas de amortización aplicables a inmuebles alquilados afectos a actividades empresariales o profesionales. Hacienda rechazó este criterio al entender que la propietaria no desarrollaba una actividad económica y que, por tanto, debía aplicar obligatoriamente la amortización del 3% anual sobre el valor de adquisición, lo que explicaba la cifra más elevada. El Tribunal Supremo, no obstante, descarta la postura de la Administración. En su resolución señala que tanto la ley como el reglamento del IRPF reconocen la existencia de una amortización mínima para el cálculo de las ganancias patrimoniales, pero no ofrecen pautas concretas para determinarla. Ante esa falta de desarrollo normativo, el contribuyente puede acudir a la Orden de 1998 como referencia, incluso aunque no ejerza una actividad empresarial o profesional, y aplicar así una amortización inferior al 3%. Según el fallo, la interpretación de Hacienda impide injustificadamente el uso de una amortización mínima que la normativa sí contempla, aunque de forma incompleta. En consecuencia, el Supremo abre la puerta a que los particulares utilicen esas tablas para reducir la amortización computable y, con ello, la tributación derivada de la venta del inmueble. De este modo, la sentencia reconoce el derecho de los contribuyentes a aplicar una deducción mínima por amortización más ajustada, lo que puede traducirse en una menor carga fiscal cuando se transmite una vivienda que ha estado alquilada durante años.

LEER MÁS

(El Economista, 30-12-2025) | Fiscal

El Gobierno encarece el impuesto de la plusvalía a quienes compren vivienda para especular

El Gobierno ha dado luz verde a los nuevos coeficientes para el cálculo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como la plusvalía municipal, incrementando la carga fiscal para quienes compren viviendas con fines especulativos. Estos coeficientes, incluidos en el Real Decreto-ley aprobado el 23 de diciembre, aumentan para los contribuyentes que adquieran inmuebles con la intención de venderlos a corto o medio plazo, mientras que disminuyen para quienes mantengan la vivienda durante al menos 17 años antes de transmitirla. Por ejemplo, el coeficiente para quienes vendan la propiedad en el mismo año de la compra sube del 0,15 al 0,16, y pasa de 0,14 a 0,15 si se vende al cabo de dos o tres años. En cambio, para ventas tras 20 años o más de propiedad, el coeficiente se reduce del 0,40 al 0,35. La plusvalía municipal es un tributo gestionado por los ayuntamientos que grava el aumento de valor que experimenta un terreno cuando se transmite un inmueble, ya sea mediante compraventa, herencia o donación. La normativa estatal establece coeficientes máximos, pero los consistorios pueden decidir mantenerlos, reducirlos o aplicar bonificaciones adicionales. El cálculo del impuesto puede realizarse de dos formas: aplicando un porcentaje sobre la diferencia entre el precio de adquisición y el de venta del inmueble, o multiplicando el coeficiente por el valor del suelo.

LEER MÁS

(Expansión, 30-12-2025) | Laboral

Los mayores de 55 años registran por primera vez una tasa de paro superior al resto

Las personas de 55 años o más, que tradicionalmente presentaban las tasas de desempleo más bajas, registran por primera vez un nivel de paro 0,4 puntos superior al de la población activa de entre 25 y 54 años, según un informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Este diferencial, que hasta ahora beneficiaba a los trabajadores de mayor edad, comenzó a revertirse a partir de 2023 y se traduce, en el promedio de los tres primeros trimestres de 2025, en una tasa de paro del 9,8% para este colectivo. El deterioro relativo del empleo entre los mayores observado en las últimas décadas oculta, no obstante, importantes contrastes entre quienes han logrado permanecer ocupados de forma continuada a lo largo de su vida laboral y aquellos que se han visto obligados a buscar trabajo una vez superados los 55 años. Los mayores que han pasado por el desempleo afrontan una mayor precariedad laboral, con menos opciones de reincorporarse al mercado de trabajo y, cuando lo consiguen, con empleos de peor calidad que los que suelen obtener las generaciones más jóvenes. En un escenario marcado por el envejecimiento de la población, el incremento del gasto en pensiones y una creciente necesidad de capital humano, el estudio subraya la urgencia de impulsar reformas orientadas a mejorar el empleo y la cualificación de los trabajadores de más edad. En esta línea, los autores defienden la necesidad de dejar atrás los prejuicios asociados a la edad y fomentar que las empresas apuesten de forma decidida por la formación de los profesionales sénior. La escasez progresiva de trabajadores jóvenes, el aumento de las jubilaciones y las mayores dificultades para cubrir vacantes hacen, a su juicio, imprescindible reforzar el papel de este colectivo en el mercado laboral.

LEER MÁS

(El País, 30-12-2025) | Laboral

El PP rechaza el pacto de Trabajo y los sindicatos para ampliar el permiso de fallecimiento a diez días

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT alcanzaron el pasado 15 de diciembre un acuerdo para ampliar el permiso por fallecimiento hasta los diez días, frente a los dos actuales -ampliables a cuatro- que contempla la normativa vigente. En la reunión en la que se cerró el pacto no estuvieron presentes CEOE ni Cepyme, ya que el propio departamento dio por finalizadas las conversaciones con las patronales una semana antes, ante la falta de acercamiento entre las posiciones. Esa negativa de las organizaciones empresariales a respaldar el acuerdo conecta directamente con el rechazo del PP. Fuentes del principal grupo parlamentario aseguran que no apoyarán la iniciativa al no contar con el aval de todo el diálogo social. Ante este escenario, Trabajo baraja llevar la medida al Consejo de Ministros en forma de decreto ley, lo que permitiría su entrada en vigor inmediata, aunque quedaría sin efecto si posteriormente no es convalidada por el Congreso. Desde que Alberto Núñez Feijóo asumió el liderazgo del PP, el partido mantiene una línea clara en materia laboral y de Seguridad Social: solo respalda aquellas iniciativas que cuentan con el apoyo conjunto de sindicatos y patronales, y se opone a las que el Gobierno pacta únicamente con una de las partes. Esa lógica se aplicó en el principal acuerdo de la legislatura hasta la fecha, el tramo final de la reforma de pensiones, negociado por la Seguridad Social con empresarios y sindicatos y que recibió el respaldo del PP en el Congreso. Dicho acuerdo fue firmado en septiembre de 2024 y contó con el voto favorable del grupo popular en enero de este año. Algunos aspectos de ese pacto suscitaron recelos en las centrales sindicales y críticas desde sectores de la izquierda, especialmente por el refuerzo del papel de las mutuas en determinadas bajas y por los incentivos al retraso de la jubilación. Aun así, Sumar decidió asumir el acuerdo y cerrar filas, pese a reconocer internamente las dificultades que entrañaba su posición. Desde abril de 2022, cuando Feijóo tomó las riendas del PP, no se han producido nuevos grandes acuerdos tripartitos. El resto de pactos se han cerrado solo con los sindicatos, como ocurrió con la reforma de pensiones de 2023 -centrada en aumentar los ingresos del sistema- o con la propuesta de reducción de la jornada laboral. La primera logró salir adelante antes de las elecciones de verano de 2023, mientras que la segunda fue rechazada en el Congreso por la mayoría formada por PP, Vox y Junts tras esos comicios. Unos meses antes del relevo en la dirección del PP, en febrero de 2022, el Congreso votó la reforma laboral, el cambio más profundo en esta materia durante el mandato de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz al frente de Trabajo. Aquella reforma contaba con el respaldo de patronales y sindicatos, pero fue rechazada por el PP, entonces liderado por Pablo Casado. Solo el voto erróneo de uno de sus diputados evitó que el proyecto fuera derrotado. En la actualidad, el PP confirma que no respaldará la ampliación del permiso por fallecimiento, lo que deja la iniciativa en manos de la mayoría que apoyó la investidura. Dentro de ese bloque, los partidos de perfil más conservador son PNV y Junts. El grupo vasco reconoce haber recibido el texto remitido por Trabajo, pero asegura que aún lo está estudiando y evita pronunciarse. Junts, por su parte, no ha respondido a las consultas y mantiene su distanciamiento del Gobierno tras consultar a sus bases, un distanciamiento que ya se tradujo en el rechazo a la reducción de jornada y en una dura oposición a la reforma de las cuotas de los autónomos. Trabajo valora impulsar la medida mediante decreto ley, una vía distinta a la seguida con la reducción de jornada, que se tramitó como anteproyecto de ley y alargó los plazos hasta su debate parlamentario. En ambos casos, no obstante, el objetivo del departamento que dirige Yolanda Díaz es evidenciar qué fuerzas políticas apoyan las iniciativas y cuáles las rechazan, en un Congreso con mayoría de derechas donde resulta complicado sacar adelante propuestas de este tipo, especialmente sin el respaldo empresarial. Las relaciones entre el ministerio y la patronal atraviesan su periodo más prolongado sin acuerdos, con más de un año y medio sin cerrar ningún pacto. De los seis acuerdos firmados en la legislatura, CEOE y Cepyme solo han respaldado uno, restándole además relevancia pública. La situación contrasta con la legislatura anterior, marcada por la pandemia, en la que el diálogo social logró consensos en 12 de 17 ocasiones. En este contexto, Díaz y el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se acusan mutuamente de actuar por intereses electorales: ella sostiene que él bloquea los acuerdos para reforzarse de cara a las elecciones internas de 2026, mientras que él afirma que la vicepresidenta busca titulares sin una verdadera voluntad de consenso. El texto acordado por Trabajo y los sindicatos plantea una modificación del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a descansos, festivos y permisos. Incluye un nuevo apartado que reconoce "diez días hábiles por duelo" en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado de consanguinidad, que podrán disfrutarse de forma flexible durante los 28 días posteriores al deceso. Asimismo, la propuesta contempla hasta 15 días hábiles para el cuidado de familiares en situación de cuidados paliativos. Aunque el ministerio estudió que una parte de este permiso pudiera ser financiada con fondos públicos -como reclamaban las patronales-, finalmente esa opción no se incorporó al texto, según subrayan fuentes sindicales, debido a la falta de implicación empresarial. El proyecto también introduce un permiso específico para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia. Como en otros casos, Trabajo y los sindicatos asumen que el texto podría sufrir cambios durante su tramitación parlamentaria, aunque esas posibles modificaciones no fueron suficientes para atraer el apoyo de Junts en iniciativas anteriores. Las patronales, tras la última reunión en la que participaron, rechazaron de plano la propuesta. En un comunicado, aseguraron que no podían aceptar "en ninguno de sus extremos" el planteamiento del ministerio y criticaron que el proceso no se desarrollara en una auténtica mesa de negociación. A su juicio, los encuentros celebrados respondieron a las quejas empresariales tras un anuncio realizado al margen del diálogo social, al que posteriormente se sumaron los sindicatos. También lamentaron la decisión de Trabajo de dar por concluidas las consultas tripartitas.

LEER MÁS

(El País, 30-12-2025) | Laboral

España contrata un 25% más de inmigrantes temporeros que luego vuelven a sus países

Los mecanismos de contratación de trabajadores extracomunitarios en sus países de origen para cubrir empleos de carácter estacional han permitido incorporar en 2025 a un total de 25.767 personas. Se trata de mano de obra extranjera que, una vez finalizada su actividad laboral en España, regresa a su país de residencia. De este modo, el número de temporeros contratados a través del sistema de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (Gecco) se ha incrementado un 25% respecto a 2024, cuando alrededor de 20.000 personas participaron en estas campañas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las cifras más recientes, difundidas este lunes, reflejan que estos programas -en funcionamiento desde el año 2000- han ganado peso de forma notable en los tres últimos años. Su operativa se basa en la concesión conjunta de los permisos de residencia y trabajo a ciudadanos de fuera de la Unión Europea que no se encuentran ni residen en España y que son contratados directamente desde sus países de origen. En 2025 han tomado parte en estos programas un total de 17 países, desde los que se ha autorizado la llegada de trabajadores para desempeñar labores temporales en España. Entre ellos figuran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Gambia, Guatemala, Honduras, Marruecos, Mauritania, México, Perú, República Dominicana, Senegal, El Salvador, Uruguay y la India. El sector agrícola concentra, con amplia diferencia, la mayor parte de estas contrataciones. Los trabajadores procedentes de Marruecos han sido mayoritarios, al representar el 81% del total de los contratos formalizados. Además, el 90% de estas contrataciones correspondió a mujeres, con una edad media de 43 años. En segundo lugar se situaron los trabajadores colombianos, que supusieron el 13% del total, seguidos por los procedentes de Honduras, con un 4%. Aunque los temporeros se distribuyeron por 21 provincias españolas, Huelva destacó claramente como el principal destino, al acoger al 84% de los trabajadores, en su mayoría mujeres empleadas en la campaña de recogida de la fresa, un cultivo que tradicionalmente recurre a este tipo de programas de contratación en origen. El Ejecutivo mantiene su apuesta por reforzar este modelo de migración circular y, en esa línea, el pasado 16 de diciembre acordó junto a Francia y Marruecos poner en marcha el programa Wafira II. Esta iniciativa regional de empleo temporal prevé acompañar a 3.000 trabajadores marroquíes para su contratación estacional tanto en España como en Francia. En esta nueva edición, el programa se ha ampliado a seis países participantes: Marruecos, España, Francia, Portugal, Mauritania y Cabo Verde. Más allá de la continuidad y ampliación de estos programas, España ha renovado también su colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el objetivo de seguir impulsando proyectos de movilidad laboral y de inclusión social. En este marco, la Secretaría de Estado de Migraciones trabaja ya en una nueva orden ministerial que regulará el Gecco y establecerá el cupo de contrataciones en origen para 2026, un texto que el Ministerio que dirige Elma Sáiz prevé aprobar en los próximos días.

LEER MÁS

(El Economista, 30-12-2025) | Laboral

El absentismo bate récord y uno de cada diez empleados ya no va a trabajar

El absentismo laboral en las grandes cadenas de distribución alcanza niveles históricos y tensiona la gestión de las plantillas. Según los últimos datos de Aecoc, la asociación de fabricantes y distribuidores, el promedio en el sector de gran consumo se sitúa en el 9,45%, pero en empresas con más de mil empleados, como los principales supermercados del país, el porcentaje asciende al 10,76%, en línea con el resto del gran comercio. Esta cifra supera en casi cuatro puntos la media nacional, que se encuentra en el 7%, según Randstad Research. Una encuesta de Aecoc refleja que el absentismo ya constituye la principal preocupación para el 39% de las compañías en cuanto a la gestión de personal. El problema se agrava porque muchas empresas carecen de datos precisos sobre las ausencias, dificultando su control. Para reducirlo, un tercio de los directivos del sector considera clave la intervención de los servicios de vigilancia de la salud, con el objetivo de agilizar los procesos de baja y facilitar la reincorporación de los trabajadores. Además, un 24% apunta a la necesidad de mejorar el clima laboral, un 17% propone implementar programas de bienestar y salud, y un 13% apuesta por aumentar la flexibilidad horaria. Ignacio González, presidente de Aecoc, alertó en febrero de que en algunas empresas del sector el absentismo ya alcanza el 12%. Lo calificó como "un misil contra la competitividad" que frena inversiones y señaló que España es el segundo país europeo donde más ha crecido el absentismo desde 2019, solo por detrás de Malta. Cada día, afirma González, 1,4 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo, y los lunes esta cifra puede llegar a 1,5 millones. En 2024, el sector de la distribución alimentaria registró 353.000 procesos de bajas laborales, lo que supuso un coste de 1.023 millones de euros para las empresas y la Seguridad Social, con un aumento del 4,58%, según un informe de Asedas, la patronal que agrupa a compañías como Mercadona, Dia, Lidl, Aldi, Ahorramás o Covirán. Juan Manuel Morales, presidente de Eurocommerce, la patronal europea del comercio, advertía en noviembre que el absentismo ha subido entre uno y uno y medio puntos en los últimos dos años, y que algunas medidas regulatorias de conciliación podrían incluso acentuar el problema. Morales subraya la necesidad de equilibrar la calidad de vida de los trabajadores con la productividad empresarial, advirtiendo que iniciativas como la reducción de jornada podrían derivar en pérdida de empleo en pequeños comercios que no podrían asumirla. Otro desafío importante del sector es la falta de trabajadores. Según Anged, que representa a grandes empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski, Ikea o Media Markt, actualmente existen unas 16.000 vacantes. La patronal, que agrupa a 24 compañías con más de 240.000 empleados, advierte que ocho de cada diez empresas sufren desajustes en perfiles operativos, secciones de ultrafrescos, mantenimiento, así como en puestos técnicos en IT, logística, omnicanalidad o sostenibilidad. Para paliar esta falta de talento, Anged propone facilitar la incorporación de profesionales extranjeros y garantizar un marco laboral flexible. También impulsa la unidad de mercado para coordinar la formación a nivel autonómico y promover itinerarios formativos alineados con el comercio, junto con la implementación de prácticas de formación dual.

LEER MÁS

(Cinco Días, 30-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euro firma su año más alcista desde 2017 y apunta a desbordar los 1,20 dólares en 2026

El endurecimiento arancelario impulsado por Donald Trump contra Europa y el giro hostil de su política exterior hacia un aliado histórico no han impedido que el euro cierre un ejercicio excepcional frente al dólar. La moneda única se ha apreciado cerca de un 14% frente al billete verde, su mejor comportamiento anual desde 2017 y a solo unas décimas de registrar el avance más intenso desde 2003. Este fortalecimiento responde tanto a factores externos -como los recortes de tipos de la Reserva Federal y la debilidad del dólar derivada de la desconfianza generada por Trump hacia los activos estadounidenses- como a elementos propios, entre los que destaca la expectativa de mayor crecimiento en la zona euro gracias al impulso fiscal anunciado por Alemania. El consenso del mercado apunta a que el euro continuará ganando terreno en 2026, superando los 1,20 dólares -nivel no visto desde 2021- y con opciones de acercarse a los 1,25. La divisa europea cerrará el año en torno a los 1,178 dólares, frente a los 1,0354 de finales de 2024, tras haber marcado en septiembre un máximo de 1,1867. Las razones que respaldan un euro más fuerte se intensifican de cara a los próximos meses. Las políticas económicas aplicadas por Trump han alterado de forma profunda el mercado de divisas: el dólar se ha depreciado no solo frente al euro, sino frente a la mayoría de monedas. La corona sueca se ha revalorizado más de un 20% y el franco suizo cerca de un 15% frente a la divisa estadounidense. El inicio de la guerra comercial desde la Casa Blanca, especialmente dañino para una economía exportadora como la europea, marcó también el comienzo de una etapa de mayor recelo de los inversores hacia los activos denominados en dólares. El mercado ha interpretado el deseo de Trump de un dólar más débil y ha incorporado el riesgo de una economía estadounidense con mayor inflación y desequilibrios fiscales más acusados, tanto por el déficit como por la deuda. Aunque el papel del dólar como principal moneda de reserva mundial no se ha visto cuestionado, sí se ha erosionado la idea del "excepcionalismo estadounidense", según la cual Estados Unidos -con sus bonos soberanos y su moneda- era el destino preferente e indiscutible para la inversión global. A ello se suma la presión constante de Trump para forzar bajadas de tipos, así como sus movimientos en torno al relevo de Jerome Powell y a la composición de la Reserva Federal, que han puesto en duda la independencia del banco central. Estos factores se añaden a los tres recortes de tipos realizados este año por la Fed y a la expectativa de nuevas bajadas en 2026, todos ellos elementos que pesan en contra del dólar. "Políticas poco sostenibles y una elevada incertidumbre política pueden provocar nuevas salidas de capital de Estados Unidos. En este entorno, es menos probable que el dólar actúe como refugio en una recesión global. Además, los planes de la Administración Trump para restar atractivo a los activos de reserva en dólares suponen un riesgo adicional a la baja", señala Claudio Wewel, estratega de divisas en J. Safra Sarasin Sustainable AM. De hecho, la evolución del euro desde el inicio del segundo mandato de Trump recuerda a la de su primera presidencia, cuando la moneda única llegó a cotizar en torno a 1,25 dólares, un nivel que ahora vuelve a estar sobre la mesa. Para los analistas, alcanzar los 1,30 dólares supondría cruzar una frontera clara y adentrarse en un auténtico mercado bajista para el dólar. El avance del euro no se explica solo por las debilidades de la economía estadounidense y de su divisa, que han desviado flujos de inversión hacia Europa, sino también por las sorpresas positivas en el crecimiento europeo y, especialmente, por el estímulo fiscal previsto en Alemania. Las expectativas de mayor gasto público en Berlín han llegado a eclipsar el aumento de la prima de riesgo de Francia, afectada por el bloqueo político y la ausencia de medidas creíbles para contener el déficit. A ello se suma la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania, que aportaría estabilidad económica e institucional a toda la zona euro y reforzaría aún más a la moneda común en 2026. "A pesar de que la incertidumbre política en Francia sigue siendo un lastre, los datos macroeconómicos europeos han superado de forma reiterada las previsiones", afirma UBS. La entidad mantiene su previsión de que el euro avance hasta los 1,20 dólares en los próximos meses, apoyado por los estímulos fiscales en la región, y no descarta que alcance incluso los 1,26 dólares a finales de 2026. "La gestión estratégica de las divisas será cada vez más importante en un contexto de mayor volatilidad y con gobiernos y bancos centrales interviniendo activamente sobre rendimientos y deuda", añade Mark Haefele, director global de inversiones de UBS Wealth Management. Bank of America también anticipa un euro por encima de los 1,20 dólares en 2026, en torno a 1,22 al cierre del año. Esta previsión es compatible con nuevas bajadas de tipos en la zona euro -al menos una adicional de 25 puntos básicos en marzo- y se apoya en la expectativa de convergencia del crecimiento entre Estados Unidos y la eurozona en la segunda mitad del año, así como en un aumento de las coberturas de divisa por parte de los gestores europeos. Con un dólar mayoritariamente a la baja, el efecto del tipo de cambio se vuelve determinante para los inversores en euros que quieran posicionarse en Wall Street o en deuda denominada en dólares. En 2025, por ejemplo, la subida del 17,8% del S&P 500 en dólares se reduce al 3,5% al convertirla a euros. "Es poco probable que el dólar se recupere", sostiene Benoit Anne, responsable de análisis de mercados en MFS Investment Management. A su juicio, los diferenciales de tipos con el euro indican que el dólar sigue tácticamente sobrevalorado. Además, subraya que, aunque la economía estadounidense muestra solidez, la economía global también mantiene un buen tono. En Amundi, por su parte, mantienen una visión neutral sobre el dólar: no esperan un repunte significativo ni, por tanto, una apreciación adicional relevante del euro. La gestora prevé que el BCE recorte los tipos hasta en dos ocasiones durante la primera mitad de 2026 y advierte de que "los mercados están infravalorando los riesgos a la baja para el crecimiento europeo".

LEER MÁS

(Cinco Días, 30-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno inicia la tramitación de la cuenta de ahorro que permitirá a los particulares agrupar sus inversiones

El Ministerio de Economía ha iniciado los trabajos para impulsar que los más de 1,1 billones de euros que los hogares españoles mantienen en depósitos y cuentas con escasa rentabilidad se canalicen hacia otros instrumentos financieros, como la Bolsa, la renta fija o los fondos de inversión, con el fin de contribuir a las necesidades de financiación de la economía europea. Con este objetivo, ha abierto una consulta pública previa sobre un documento que define las bases para crear la cuenta de ahorro e inversión y la denominada etiqueta Finance Europe. La Comisión Europea considera imprescindible que este vehículo incluya incentivos fiscales, aunque en España este aspecto aún no está cerrado. Tras las reiteradas recomendaciones de distintos organismos y expertos -entre ellas el conocido informe de Mario Draghi, las propuestas de la OCDE, las iniciativas de la Comisión Europea o el Libro Blanco de BME-, el Gobierno ha puesto en marcha el procedimiento legislativo para diseñar estas cuentas de ahorro e inversión. La idea es que bancos, brókeres u otras entidades financieras ofrezcan un producto "contenedor" que agrupe diversos activos financieros -acciones, bonos, fondos u otros instrumentos- bajo reglas claras, costes predecibles y un tratamiento sencillo para el pequeño ahorrador, según recoge el documento del Ministerio de Economía. Este tipo de productos ya funcionan en países como Suecia, Francia, Reino Unido o Italia, donde han logrado atraer a los inversores minoristas a los mercados de capitales y reforzar la financiación de la economía a largo plazo. En España, donde solo el 15,8% de las familias invierte en Bolsa, el nivel más bajo en más de tres décadas, el proceso se encuentra aún en una fase inicial: recabar la opinión de los sectores implicados sobre el diseño del instrumento. El plazo para presentar aportaciones finaliza el 30 de enero, tras lo cual el ministerio deberá elaborar un texto legal que será sometido a aprobación. El documento sometido a consulta anticipa que el vehículo deberá regirse por normas simples y transparentes, facilitando que los pequeños inversores aprovechen mejor las oportunidades de los mercados financieros y reduzcan el coste de oportunidad de mantener su ahorro en productos con remuneraciones mínimas. En el conjunto de la Unión Europea, el volumen de dinero en cuentas de baja rentabilidad asciende a unos 10 billones de euros, de los que aproximadamente un 10% se concentra en España. Según fuentes del sector, el elemento clave del nuevo instrumento será la fiscalidad, tanto por el tipo impositivo aplicable como por la simplificación de un marco actualmente fragmentado. En la actualidad, los fondos de inversión tributan con una retención del 19% sobre las plusvalías al reembolsar participaciones, con la ventaja de poder diferir el pago si se traspasa el capital a otro fondo. En cambio, las ganancias obtenidas en la compraventa de acciones tributan directamente en el IRPF sin posibilidad de aplazamiento; los intereses de los depósitos y los dividendos también están sujetos a retención. Aun así, el Ministerio de Economía reconoce que todavía no existe una definición clara sobre si la futura cuenta tendrá un tratamiento fiscal único para todos los activos que incluya. "No hay una propuesta cerrada sobre la fiscalidad; hasta que no se conozca la normativa, no se pueden fijar criterios", señalan fuentes del departamento. En cualquier caso, las distintas iniciativas planteadas coinciden en la conveniencia de unificar el tratamiento fiscal para ganar simplicidad. La Comisión Europea insiste en que estas cuentas deben contar con ventajas tributarias y anima a los Estados a otorgarles, como mínimo, el trato fiscal más favorable existente para otros productos de inversión, según recoge en su recomendación de finales de septiembre. La cuenta podría incorporar una amplia gama de instrumentos financieros -acciones, bonos, participaciones en fondos y otros activos que determine el ministerio-, aunque la Comisión excluye expresamente los derivados complejos de alto riesgo y los criptoactivos. No se exigiría un importe mínimo para su apertura, no sería obligatorio recibir asesoramiento financiero y los costes y comisiones deberían ser "justos, proporcionados, transparentes y fáciles de entender". En materia fiscal, Bruselas plantea varias alternativas: un sistema similar al de los planes de pensiones; la exención de impuestos sobre los rendimientos generados; el aplazamiento de la tributación hasta el reembolso, como sucede con los fondos de inversión; o la aplicación de un tipo impositivo único sobre los rendimientos o sobre el valor de los activos. Esta última opción replicaría el modelo sueco y es una de las preferidas en el ámbito financiero. La cuenta sueca, conocida como ISK (por Investerings, Spar y Konto), se creó en 2012 y permite a los inversores evitar la tributación por las plusvalías a cambio de pagar aproximadamente un 1% anual sobre el capital depositado, con independencia de que se obtengan ganancias o pérdidas. Este sistema favorece la inversión en activos con mayor potencial de rentabilidad, como la renta variable. A través de la ISK, los ahorradores pueden operar con acciones, fondos y otros productos sin declarar cada operación y retirar el dinero cuando lo deseen, sin penalización. El modelo ha tenido un éxito notable: alrededor de 3,5 millones de personas en Suecia, un país de 10,5 millones de habitantes, disponen de este tipo de cuenta, con un saldo medio cercano a las 300.000 coronas suecas (unos 28.000 euros), según datos de BME. Estas cuentas son de titularidad individual, sin límite de edad para su apertura, transferibles entre entidades financieras y con una protección de hasta 950.000 coronas (aproximadamente 88.000 euros), similar a la cobertura de 100.000 euros que ofrece el Fondo de Garantía de Depósitos en España. Francia cuenta con el Plan d'Épargne en Actions (PEA), que permite invertir en empresas europeas y disfrutar de exenciones fiscales sobre las plusvalías si no se realizan retiradas durante los primeros cinco años, con un límite de 150.000 euros por inversor. En Reino Unido, el modelo es la Individual Savings Account (ISA), dirigida a ahorradores de entre 18 y 40 años, que permite aportaciones anuales de hasta 4.000 libras, complementadas por el Estado con hasta 1.000 libras adicionales. Los fondos pueden retirarse para la compra de vivienda o a partir de los 60 años.

LEER MÁS

(Expansión, 30-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España pedirá menos información a la banca

El supervisor dio a conocer ayer la nueva circular 1/2025, con la que reduce y simplifica las obligaciones de información contable que deben remitir las entidades financieras. Hasta ahora, los bancos comunicaban sus datos conforme a lo establecido en la circular 4/2017 y a través de la Central de Información de Riesgos (CIR). La nueva norma ha entrado en vigor hoy y se concibe como una revisión de la circular 4/2017, conocida en el sector como la circular contable. El Banco de España ha decidido actualizar esta normativa para adaptarla a los estándares de información financiera vigentes en la Unión Europea, tal y como adelantó EXPANSIÓN el pasado 17 de diciembre. Entre los cambios incluidos en la circular, que cuenta con cerca de medio centenar de páginas, destaca la eliminación de diferencias en los criterios contables aplicados a las cuentas anuales individuales y consolidadas. Asimismo, se han revisado las exigencias relativas a la cobertura del crédito sujeto a riesgo-país y a riesgo geopolítico. La institución presidida por José Luis Escrivá precisa que el concepto de riesgo-país engloba el riesgo soberano, el riesgo de transferencia y otros factores asociados a la actividad internacional, como los conflictos bélicos o las catástrofes naturales. El supervisor considera que las actuales obligaciones de información sobre riesgo-país incluyen elementos que se solapan con el riesgo soberano. Según recoge la nueva circular, uno de los objetivos de esta revisión es permitir que las entidades que calculan sus coberturas colectivas de riesgo de crédito mediante modelos internos puedan clasificar las operaciones sin verse obligadas a ajustarse a los grupos de riesgo-país previamente definidos. Otro de los cambios incorporados es la introducción de una excepción en el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos derivados del tipo mínimo global impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por otra parte, el Banco de España ha puesto en marcha un proceso para reemplazar determinados estados financieros reservados por información más detallada y desagregada. En este contexto, ha modificado la CIR para que el último envío de los estados financieros que serán sustituidos corresponda al 30 de junio del próximo año. Para ello, también se ha actualizado la circular 1/2013, que regula la CIR, incorporando nuevos datos granulares. De este modo, se reducen las cargas informativas vinculadas a los estados financieros de las entidades. Con este conjunto de cambios, los bancos verán reducidas en aproximadamente un tercio las exigencias de información relacionadas con sus cuentas. El gobernador del Banco de España ha reiterado en distintas ocasiones su apuesta por la armonización de la regulación bancaria y ha señalado que el supervisor español se sitúa entre los más comprometidos con la simplificación normativa dentro de la eurozona. Como muestra de esta línea de actuación, y de forma paralela a la nueva circular, el Banco de España trabaja en una circular ómnibus que se encuentra actualmente en fase de consulta pública previa. El objetivo de esta iniciativa es eliminar duplicidades en los requerimientos de información.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF