La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denunció ayer que el nuevo sistema implementado por Hacienda para la devolución del IRPF a los mutualistas, que prolonga el proceso durante años, vulnera los principios constitucionales y legales que rigen la actuación de la Administración frente a los contribuyentes afectados por una doble tributación que la Justicia ha ordenado compensar. Los inspectores critican que el procedimiento anterior, caracterizado por su rapidez y eficacia para garantizar devoluciones ágiles, haya sido sustituido por un trámite burocrático innecesario y sin justificación.
El origen de este conflicto se encuentra en una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2023, que determinó que los jubilados de las antiguas mutualidades laborales habían sido objeto de una doble imposición en el Impuesto sobre la Renta, por lo que debían ser indemnizados. La resolución, que inicialmente beneficiaba a los cotizantes de la Mutualidad Laboral de la Banca, sentó un precedente para que otros mutualistas pertenecientes a sectores como astilleros, metalurgia, electricidad, comercio, pesca o construcción pudieran reclamar compensaciones similares.
El Tribunal Supremo concluyó que estos mutualistas habían tributado tanto por las cuotas que aportaron en su momento como por las pensiones que posteriormente recibieron. En consecuencia, reconoció su derecho a deducir de la base imponible del IRPF el 25% de las cuotas abonadas entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de enero de 1978, así como el 100% de las efectuadas antes del 31 de diciembre de 1966.
Para dar cumplimiento a este fallo, Hacienda estableció inicialmente un mecanismo de devolución sencillo y rápido mediante un formulario en línea, lo que permitió la devolución de 1.325 millones de euros hasta noviembre de 2024 por el ejercicio de 2023 y los años no prescritos. No obstante, tras este elevado volumen de compensaciones, el Ministerio decidió modificar el procedimiento, implementando un nuevo sistema más complejo que escalona las devoluciones hasta el año 2028.
Los Inspectores de Hacienda del Estado consideran que esta decisión es "incomprensible" y han instado al ministerio encabezado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a rectificar. Recuerdan que la Constitución Española establece que la Administración debe actuar con objetividad en favor del interés general y que la normativa tributaria garantiza los principios de proporcionalidad, eficacia y reducción de costes indirectos. Además, subrayan que la jurisprudencia consagra el principio de "Buena Administración" y que la propia Agencia Tributaria presume de situar al ciudadano en el centro de su estrategia.
Los mutualistas, que hasta ahora podían solicitar la devolución en una única petición de manera rápida y efectiva, han visto cómo se les impone un proceso burocrático innecesario que contradice estos principios y que, en algunos casos, podría retrasar la devolución hasta después del fallecimiento del beneficiario. La denuncia de los inspectores se suma a la ya expresada por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que también ha criticado el cambio de criterio adoptado por Hacienda.
Hacienda aún no ha aclarado si los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tendrán que pagar el IRPF tras el incremento de 50 euros que lo situará en 1.184 euros, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evitó pronunciarse al respecto en una entrevista en Espejo Público, aunque enfatizó la importancia de que todos los ciudadanos contribuyan con sus impuestos. Su postura sugiere que el Gobierno no contempla elevar el umbral mínimo exento del IRPF. Además, Montero lanzó una crítica a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien defiende que estos trabajadores sigan sin tributar, afirmando que "hacer discursos populistas no conduce a nada".
Montero subrayó la necesidad de fomentar una "pedagogía fiscal" para evitar que se demonice la obligación de pagar impuestos y defendió que la contribución fiscal es clave para fortalecer la democracia y reducir la desigualdad. También rechazó la idea de resolver todos los problemas con bajadas de impuestos, posicionándose en contra de este enfoque dentro de un gobierno de coalición de izquierdas.
La decisión final se tomará el día en que el Ministerio de Trabajo presente la propuesta de subida del SMI ante el Consejo de Ministros. Según Montero, se tendrá en cuenta la importancia de garantizar que las arcas públicas sigan financiando los servicios y la redistribución de la riqueza. Sus declaraciones dejan entrever que Hacienda no tiene previsto modificar el mínimo exento, en un contexto de máxima recaudación tributaria.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondió a estas declaraciones asegurando que "los que deben ajustarse el cinturón son los de arriba, no los de abajo". Reconoció que existen discrepancias con Hacienda sobre este asunto y recordó que, desde que asumió su cargo, siempre se ha excluido de tributación a los trabajadores que cobran el SMI, estableciendo el umbral en 16.500 euros anuales. También cuestionó que el PSOE defienda la desgravación del 100% del IRPF para los propietarios que reduzcan los alquileres en zonas tensionadas, mientras deja abierta la posibilidad de que los trabajadores con salario mínimo tributen.
El informe elaborado por el grupo de expertos designado por el Ministerio de Trabajo ya contemplaba este escenario a la hora de calcular el nuevo SMI en términos brutos. Según dicho informe, si el umbral del IRPF no se actualiza, el aumento necesario para alcanzar el 60% del salario medio neto se vería afectado, ya que una mayor retención reduciría el crecimiento del salario bruto.
Por este motivo, los sindicatos solicitaron al Gobierno que aclarara esta cuestión antes de cerrar la negociación. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no tiene competencias para modificar el mínimo exento del IRPF ni para presionar a Hacienda en este sentido. Ante esta situación, CCOO y UGT dirigieron sus esfuerzos hacia el ala socialista del Ejecutivo, aunque finalmente apoyaron el acuerdo sobre el SMI. Se estima que el 43% del incremento anual de 700 euros se destinaría al pago del IRPF si no se ajusta el umbral de tributación.
Fuentes del Gobierno han señalado que esta no es la primera vez que Hacienda intenta incluir en el IRPF a los trabajadores que cobran el SMI. Mientras que el sindicato liderado por Pepe Álvarez (UGT) advirtió que no firmaría un acuerdo sin garantías de ajuste en el mínimo exento, Unai Sordo (CCOO) consideró razonable la postura del Ejecutivo, argumentando que el número de trabajadores que perciben el salario mínimo aumenta cada año y que una subida mayor del SMI habría sido la mejor solución, aunque finalmente no se materializó.
Las principales asociaciones empresariales han expresado su preocupación por el aumento de costes que supondrá la nueva medida, especialmente para pymes y autónomos, así como por su posible impacto negativo en el empleo. Además, critican que la normativa haya sido aprobada sin el consenso de los agentes sociales.
Aunque la reducción de la jornada laboral aún está lejos de materializarse, ya que debe superar un complejo proceso parlamentario en el que el Gobierno no cuenta con apoyos suficientes, los empresarios ven con inquietud la futura regulación. Consideran que supondrá un incremento significativo de los costes laborales y generará incertidumbre sobre su impacto en la productividad, la viabilidad de las empresas, el empleo y el crecimiento económico.
Pocas horas después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, los líderes de las principales organizaciones empresariales han compartido su análisis con Expansión. En sus declaraciones, advierten de que el sector productivo podría enfrentar dificultades para asumir un sobrecoste estimado por la CEOE entre 21.000 y 24.000 millones de euros. Asimismo, coinciden en que las pequeñas y medianas empresas, así como los autónomos con empleados a su cargo, serán los más perjudicados, junto con sectores como la agricultura, la hostelería y el comercio.
No obstante, al tratarse de un proyecto de ley que deberá debatirse en el Congreso de los Diputados, las organizaciones empresariales confían en que aún haya margen para introducir modificaciones. Entre sus propuestas destacan la implementación de ayudas económicas para los negocios más pequeños, la ampliación de los plazos de adaptación más allá del 31 de diciembre de 2025 y una flexibilización en el control horario y las sanciones por incumplimientos.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que la patronal defenderá su postura ante todos los grupos parlamentarios. "Expondremos nuestra opinión de forma legítima y moderada, y el Parlamento decidirá. Si atiende nuestras propuestas, lo consideraremos razonable; si no, será un error", afirmó.
Desde Cepyme, su presidente Gerardo Cuerva ha advertido de las consecuencias que tendrá la medida para las pequeñas empresas, cuya productividad sigue en niveles de 2015. "Esta intervención del Gobierno en la organización empresarial y la negociación colectiva dificultará la competitividad", afirmó, subrayando que "ningún autónomo contratará solo porque un empleado trabaje media hora menos al día, ya que el coste es inasumible".
Por su parte, Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, ha alertado de que los autónomos con trabajadores a su cargo podrían verse gravemente afectados. "El coste es insostenible, y al final serán los autónomos y sus familias quienes tendrán que cubrir esos huecos", advirtió.
El impacto de la medida variará en función del sector, siendo especialmente perjudicial para la agricultura, según el secretario de organización de Asaja, Juan José Álvarez. "El legislador no comprende las implicaciones de esta norma para el sector agrario, que ya está al límite por el incremento de costes y la falta de mano de obra", señaló. Desde Asaja también critican que la reforma laboral impida recurrir a contratos temporales, lo que agrava aún más la situación.
La construcción también se verá afectada, especialmente por las limitaciones a la jornada voluntaria y las horas extraordinarias. Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, ha destacado que el sector necesita flexibilidad debido a los picos de producción y los plazos de ejecución de proyectos. Propone que se permitan hasta 450 horas extras al año, equivalentes a menos de dos horas diarias.
En términos generales, el impacto sobre la economía es incierto, según el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. "Para mejorar la productividad y la competitividad son necesarias reformas estructurales, pero medidas como la reducción de la jornada pueden generar dificultades a las pymes y ciertos sectores, afectando a la creación de empleo y al crecimiento económico", explicó.
Finalmente, Antonio Barderas Nieto, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (Amef), ha criticado la falta de oposición política a la medida. "No se puede hablar solo de derechos sin tener en cuenta los deberes, especialmente la responsabilidad de los gobernantes de tomar decisiones sensatas y beneficiosas para el país, evitando caer en la demagogia", concluyó.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha manifestado este miércoles que los empresarios no aceptan que el Gobierno recupere las ayudas económicas para pymes, ofrecidas el año pasado en la mesa del diálogo social, a cambio de respaldar la reducción de la jornada laboral. El líder de la principal organización empresarial de España aseguró que su entidad buscará el apoyo de los partidos políticos para frenar la medida durante su tramitación parlamentaria, después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de ley.
Garamendi ha calificado la recuperación de estas ayudas para pequeñas empresas como una "propuesta trampa", argumentando que el Gobierno no asumirá el coste real que supondrá para las compañías la reducción de la jornada, estimado en 23.000 millones de euros. Además, ha señalado que la oposición de la CEOE a la norma no responde solo a un factor económico, sino también a los problemas organizativos que implicaría. En este sentido, ha sido tajante: "Las ayudas a las pymes se las pueden ahorrar si no les perjudican antes".
Durante la negociación en la mesa del diálogo social, el Ministerio de Trabajo propuso inicialmente un sistema de bonificaciones para la contratación de empleados que compensaran la reducción del tiempo de trabajo. Ante la negativa de los empresarios, se plantearon además subvenciones directas de hasta 6.000 euros para empresas con menos de cinco trabajadores en sectores como el comercio, la hostelería, la limpieza, la agricultura y las peluquerías.
El Ejecutivo había previsto destinar 350 millones de euros a este paquete de ayudas, pero tanto la CEOE como Cepyme, su organización hermana de pequeñas y medianas empresas, rechazaron la oferta. Finalmente, al no lograrse un acuerdo con los empresarios, estas subvenciones fueron eliminadas del anteproyecto de ley.
Garamendi, quien este miércoles presentó el libro "El método Fabrika", sobre un centro de alto rendimiento para la transformación cultural de las empresas impulsado por la patronal guipuzcoana Adegi, insistió en que la CEOE rechaza que la reducción de la jornada se imponga por ley. Según su postura, este cambio debe negociarse dentro de los convenios colectivos, sin imposiciones gubernamentales.
Esta postura, que la CEOE ya defendió en la mesa de diálogo social, será la que trasladará ahora a los grupos parlamentarios, especialmente al PP y Junts, que han mostrado dudas sobre la norma. La patronal buscará su respaldo para impedir que la ley sea aprobada o, al menos, para que se modifique y deje la regulación de la jornada laboral en manos de la negociación colectiva. En su momento, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió que solo apoyaría la medida si contaba con el visto bueno de la patronal.
La Audiencia Nacional ha dictaminado en contra de una empresa que exigía a sus trabajadores demostrar su grado de convivencia con un familiar para poder acceder al permiso retribuido de cinco días destinado al cuidado de un ser querido. En una sentencia fechada el 31 de enero, la Sala de lo Social ha recordado a la compañía que esta condición solo es exigible cuando el trabajador solicita el permiso para atender a una persona que no sea su cónyuge, pareja de hecho o pariente de segundo grado.
El fallo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, responde a una demanda presentada por los sindicatos USO, CC OO, UGT y CGT y aclara los requisitos legales para acceder al permiso retribuido en caso de hospitalización, enfermedad grave, accidente o intervención quirúrgica. En particular, la Audiencia ha analizado si el trabajador está obligado en todos los casos a probar la convivencia con la persona afectada o su papel como cuidador principal.
La empresa afectada, Serveo Servicios SAU, aplicaba de forma sistemática la exigencia de acreditar la relación con el familiar, sin importar el grado de parentesco. Justificaba esta práctica alegando sospechas sobre el uso indebido del permiso por parte de sus empleados, insinuando que en algunos casos se utilizaba para fines distintos al cuidado de un familiar.
En su sentencia, la Sala subraya que tanto el anteproyecto de la Ley de Familias, como el real decreto de 2023, no imponen restricciones al acceso a este derecho, sino que, por el contrario, amplían su cobertura a parejas de hecho, personas vinculadas y convivientes. Además, cita el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, que detalla las condiciones para disfrutar de este permiso: Cinco días por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de un cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona conviviente que requiera atención. Dos días en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar hasta el segundo grado.
La resolución también pone de relieve que son mayoritariamente las mujeres quienes solicitan estos permisos, y destaca que cualquier duda interpretativa debe resolverse con perspectiva de género, fomentando una aplicación flexible de la norma. De este modo, se pretende incentivar que más hombres asuman responsabilidades de cuidado, promoviendo una mayor equidad en el ámbito laboral y familiar. Por todo ello, la Audiencia Nacional ha declarado la nulidad de esta práctica empresarial y ha concedido un plazo de cinco días para la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La evaluación incluirá ahora aspectos que anteriormente no se contemplaban, como las transferencias del Estado, las medidas orientadas a fomentar el empleo, como la reforma laboral, y las revisiones al alza del PIB. Este análisis, exigido por Bruselas para garantizar la sostenibilidad del sistema, será elaborado por la Autoridad Fiscal por primera vez esta primavera y, posteriormente, cada tres años. Para ello, deberá basarse en las proyecciones de gasto en prestaciones publicadas por la Comisión Europea en el informe sobre envejecimiento, combinándolas con su propia valoración de las medidas adoptadas por el Gobierno para aumentar la recaudación.
Si, tras este cruce de datos, el gasto neto en relación con los ingresos supera el 13,3% del PIB en promedio entre 2022 y 2050, será necesario aplicar un ajuste equivalente al déficit resultante. En caso de no alcanzarse un acuerdo sobre las medidas compensatorias, se activará automáticamente un incremento progresivo de cotizaciones durante un periodo de cinco años, a razón de un quinto del total cada año.
El informe de envejecimiento ya ha sido publicado, y la Autoridad Fiscal había realizado previamente un análisis de las medidas gubernamentales. La combinación de ambos arrojaba un ajuste cercano a los 12.000 millones de euros, equivalente al 0,8% del PIB, considerando la primera de las dos últimas revisiones al alza del tamaño de la economía efectuadas por el INE.
Dado el actual contexto político, lo más probable es que se termine optando por un incremento de cotizaciones, lo que se sumaría a las subidas ya previstas por el mecanismo de equidad intergeneracional, el destope de las cotizaciones, la cuota de solidaridad para salarios elevados y la equiparación progresiva de las contribuciones de los autónomos con las de los asalariados. El Gobierno preferiría evitar esta situación, ya que no solo podría afectar al empleo, sino que también proyectaría una imagen de insuficiencia del sistema.
Para evitarlo, el Ejecutivo está preparando un Real Decreto, que ya ha pasado por audiencia pública, con el objetivo de modificar los criterios de evaluación. Su intención es que se consideren como ingresos las transferencias estatales de impuestos a la Seguridad Social, que ascienden a unos 20.000 millones de euros, así como medidas que, de manera indirecta, podrían incrementar los ingresos al fomentar el empleo, como la reforma laboral, mencionada explícitamente en el texto.
Desde la Seguridad Social aseguran que este decreto no supone una modificación del examen, sino una clarificación de ciertos aspectos técnicos para aportar mayor seguridad jurídica: "Las fuentes de ingresos ya están definidas en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, por lo que este desarrollo no introduce nuevas vías de financiación".
El decreto también establece que se tengan en cuenta las dos últimas revisiones del PIB realizadas por el INE. La primera ya se incorporó en los cálculos, reflejando un ajuste del 0,8% del PIB. Si se suma la segunda, la corrección podría reducirse en unas tres décimas, según diversas estimaciones.
En cuanto a las transferencias del Estado a la Seguridad Social, el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió en reiteradas ocasiones que esto implicaría trasladar el déficit a otra partida, cargándolo al Estado. "Es fundamental aclarar las consecuencias para las generaciones más jóvenes", señaló.
Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea, explica que cuando se definieron los criterios del examen, ya se había considerado esta transferencia estatal y, por lo tanto, ya se incorporó en la previsión del 13,3% del PIB establecida por Bruselas. Esta medida fue aprobada en diciembre de 2021 y la evaluación se fijó en 2023, por lo que volver a incluirla supondría contabilizarla dos veces y generaría un déficit adicional equivalente a dicha transferencia.
De hecho, el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no incluyó esta transferencia en su estudio sobre sostenibilidad. Sí consideró, en cambio, los mayores ingresos que podrían derivarse de la reforma laboral, la reducción de la economía sumergida y el aumento del salario mínimo, pero no imputó las transferencias estatales. Tampoco la Autoridad Fiscal las consideró como nuevos ingresos en su análisis.
Respecto a las medidas que indirectamente incrementan las cotizaciones, como la reforma laboral, el Real Decreto Ley que reguló el examen de las pensiones establece que solo deben contemplarse aquellas iniciativas diseñadas específicamente para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones.
No obstante, el Gobierno defenderá que el déficit del sistema de pensiones no es un problema si se financia con impuestos. Actualmente, el déficit contributivo supera los 50.000 millones de euros, mientras que el de todas las Administraciones Públicas ronda los 45.000 millones. La posición de la Comisión Europea será clave en este asunto. Se prevé una reunión en Madrid a mediados de este mes, donde este tema será central, aunque en el contexto actual existen otras preocupaciones prioritarias.
Cabe recordar que la Comisión Europea ya modificó la reforma de Escrivá para incluir este examen, pues consideraba que la sostenibilidad del sistema no mejoraría con una reforma que vinculaba las pensiones al IPC sin adoptar medidas sustanciales para compensar el incremento del gasto. Se argumentó que los incentivos para retrasar la jubilación provocarían que la mitad de los trabajadores decidieran postergar su retiro tres años más allá de la edad legal, lo que supondría un ahorro del 1,5% del PIB anual. Se citó, además, que el porcentaje de jubilados que retrasa su jubilación había pasado del 5% al 9%. Sin embargo, alcanzar el 50% parece poco probable, lo que pone en duda la viabilidad del ahorro proyectado. Aun así, la Comisión aceptó este razonamiento en su momento. Posteriormente, el Banco de España estimó que para lograr dichos ahorros sería necesario que todos los trabajadores retrasaran su jubilación tres años, dado que este retraso también conlleva un incremento en las pensiones futuras.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas Europeo ha instado a la Comisión a garantizar que los fondos comunitarios desembolsados en virtud de esta reforma cumplan con sus objetivos. Si se determina que la reforma ha incrementado el déficit de las pensiones en lugar de reducirlo, el tribunal podría concluir que no se han respetado los compromisos asumidos.
La Autoridad Fiscal afronta un desafío complicado. Fuentes jurídicas advierten que este Real Decreto podría interpretarse como una norma de rango inferior que altera el espíritu de una ley superior, desvirtuando el propósito del examen de las pensiones. En esencia, se trataría de ocultar el problema trasladando el déficit al Estado, sin resolverlo realmente. Sin embargo, desde la Seguridad Social defienden que el decreto no contradice ni modifica la legislación vigente, sino que simplemente desarrolla su aplicación.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictaminado que los trabajadores en excedencia voluntaria solo podrán reincorporarse a su empresa si existe una vacante en un puesto de igual o similar categoría al que ocupaban previamente. En caso de no haber plazas disponibles, el trabajador deberá esperar hasta que surja una oportunidad.
En una sentencia del 10 de enero, el TSJM aclara que el derecho de reingreso del trabajador en excedencia voluntaria solo puede ejercerse de inmediato si hay un puesto disponible en la empresa. Según el fallo, este derecho tiene carácter potencial y está sujeto a la existencia de una vacante, por lo que no se trata de un derecho automático que pueda reclamarse en cualquier momento.
Beatriz Bariego, abogada senior del área laboral de Selier Abogados y defensora de la empresa en este caso, destaca la relevancia de la sentencia. Aunque no establece un precedente obligatorio, sí puede influir en futuros fallos de otros tribunales.
Bariego explica que los empleados con más de un año en la empresa tienen derecho a solicitar una excedencia voluntaria de entre cuatro meses y cinco años. Para reincorporarse, deben solicitarlo con al menos 15 días de antelación al vencimiento del plazo. Sin embargo, la empresa puede haber cubierto su puesto con otro trabajador o incluso haber eliminado la plaza. En tal caso, si no hay vacantes equivalentes disponibles en el momento de la solicitud, la empresa puede posponer el reingreso hasta que se genere una nueva vacante.
La sentencia también subraya que negar la reincorporación por falta de vacantes no equivale a un despido. De hecho, en este litigio, la empresa ganó el caso después de que el trabajador la demandara alegando despido tras no ser readmitido de inmediato.
Según Bariego, la obligación de la empresa comienza cuando surge una vacante, momento en el cual debe ofrecérsela al trabajador en excedencia. Si en lugar de hacerlo contrata a otra persona para el puesto, esto sí podría considerarse un despido. En tal caso, el trabajador afectado podría interponer una demanda.
Asimismo, el empleado en excedencia puede impugnar un despido si la empresa se niega a reconocer su derecho a reincorporarse cuando haya una vacante adecuada. Si un despido es declarado improcedente, se considerará ilegal por no ajustarse a las causas previstas en la normativa. Además, podría ser declarado nulo si se demuestra que responde a motivos discriminatorios, como la edad o circunstancias relacionadas con la conciliación laboral y familiar.
El mercado inmobiliario en 2024 estuvo marcado por un elevado número de compraventas y precios en máximos históricos. Según los datos publicados por los registradores de la propiedad, el año pasado alcanzó un nuevo récord en el precio medio de la vivienda, situándose en 2.086 euros por metro cuadrado. Esto lo convierte en el año más caro hasta la fecha, superando incluso los niveles alcanzados en 2006 y 2007, los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria, sin considerar el impacto de la inflación acumulada.
En el caso de la obra nueva, el precio medio se elevó a 2.265 euros por metro cuadrado, alcanzando también su máximo histórico. Por su parte, las viviendas de segunda mano registraron un precio promedio de 2.039 euros por metro cuadrado, acercándose a los niveles de 2007. A pesar de estos récords, la tendencia sigue siendo al alza. Al cierre del año, el precio medio ya había aumentado a 2.164 euros por metro cuadrado (2.338 euros en obra nueva y 2.113 euros en segunda mano).
El incremento de los precios responde, según los expertos, a la combinación de una oferta limitada con una demanda en constante crecimiento. La estadística registral refleja que en 2024 se cerraron 636.909 operaciones de compraventa, una cifra muy similar a la de 2022, el año con mayor actividad desde la burbuja inmobiliaria. A diferencia de aquella época, hoy la mayor parte de las transacciones corresponden a viviendas de segunda mano, aunque la venta de obra nueva ha experimentado un notable incremento porcentual.
Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València, advierte que el encarecimiento de la vivienda está dificultando cada vez más el acceso a un hogar asequible. A pesar de las medidas gubernamentales para contener los precios, considera que sus efectos tardarán en hacerse notar, posiblemente más allá de 2026. Según él, la solución pasaría por aumentar significativamente la oferta de viviendas, algo que requiere varios años. No obstante, descarta una crisis inmobiliaria similar a la de la burbuja, ya que la actual situación se debe a un desajuste entre oferta y demanda, y no a un sobreendeudamiento masivo.
José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universitat Pompeu Fabra, coincide en que la presión sobre los precios se mantendrá a medio plazo, como refleja el índice de ventas repetidas, que muestra un incremento del 12% en la revalorización de los inmuebles. Aunque se prevé la construcción de hasta 135.000 viviendas en 2025, su impacto en los precios tardará en notarse.
El auge del mercado inmobiliario se debe a varios factores. La mejora de los indicadores económicos, con un incremento del empleo, mejores salarios y mayor consumo, ha impulsado la demanda. Además, la bajada de los tipos de interés en la segunda mitad del año ha facilitado el acceso al crédito hipotecario.
De las casi 637.000 compraventas registradas en 2024, el 80% correspondieron a viviendas de segunda mano. Sin embargo, la venta de obra nueva experimentó un aumento del 22% respecto a 2023, alcanzando 131.764 transacciones. Este crecimiento le permitió ganar participación en el mercado, aunque las viviendas usadas también aumentaron sus operaciones en un 6,4%.
Los compradores extranjeros continúan desempeñando un papel clave en el sector, representando casi el 15% de las transacciones. Británicos, alemanes, holandeses, marroquíes, franceses, rumanos e italianos son los principales inversores, con especial interés en las zonas costeras como Baleares, la Comunidad Valenciana y Canarias, que concentran el 60% de estas operaciones.
Sergio Nasarre, catedrático de derecho civil y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda, señala que la demanda extranjera ha crecido exponencialmente, pasando del 4% en 2009 al 14,5% actual. Advierte que esta situación pone en desventaja a las familias españolas, ya que muchos compradores foráneos adquieren inmuebles sin necesidad de hipoteca. Además, menciona que el mercado del alquiler tampoco ofrece alternativas accesibles, ya que las recientes regulaciones han generado incertidumbre entre los propietarios, reduciendo la oferta y elevando los precios.
El año 2024 también registró un incremento en la firma de hipotecas, impulsado por la reducción de los tipos de interés. En total, se formalizaron 435.328 préstamos hipotecarios, un 13,4% más que en 2023. Aproximadamente el 70% de las compras de vivienda se realizaron con financiación hipotecaria, mientras que el 30% se adquirieron sin necesidad de crédito. Según los registradores, el uso de hipotecas es más frecuente en regiones donde los precios son más elevados, mientras que en otras zonas se recurre más a la compra al contado.
El año pasado, únicamente 550 empresas trasladaron su sede social a Cataluña, mientras que 921 decidieron abandonarla, lo que supone el mayor saldo negativo desde 2018. De todas las compañías que se marcharon, 419 eligieron Madrid como nuevo destino.
Existe el riesgo de confundir los deseos con la realidad. Aunque algunos han interpretado el regreso de la sede social del Banco Sabadell a Cataluña, junto con el de empresas como Cementos Molins o la matriz del Grupo Agbar, como un indicio de normalización y el inicio de un retorno progresivo de compañías a la región, los datos recientes no confirman esa expectativa.
Por el contrario, lejos de detenerse, la salida de empresas de Cataluña se ha intensificado en el último año, a pesar de los intentos de la Generalitat, liderada por Salvador Illa, de recuperar la confianza empresarial y transmitir estabilidad institucional. La reciente decisión de Sabadell de volver a Cataluña, tomada en un contexto de OPA hostil por parte de BBVA, no ha cambiado esta tendencia.
En 2024, un total de 5.254 empresas trasladaron su domicilio social a otra comunidad autónoma, una cifra similar a la del año anterior. Sin embargo, solo 550 optaron por Cataluña como destino (10,4% del total), mientras que 921 decidieron marcharse (más del 17%), lo que deja un saldo negativo de 371 empresas, según el informe sobre cambios de domicilio social publicado por Informa D&B.
Una vez más, Cataluña lidera la pérdida de empresas con una diferencia considerable respecto al resto del país, una tendencia que, con altibajos, se ha mantenido durante la última década. Aunque las cifras actuales no alcanzan los niveles de 2017 y 2018, cuando la crisis política derivada del referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia provocó la salida neta de 3.338 empresas en dos años (1.347 en 2017 y 1.991 en 2018), la fuga empresarial ha vuelto a cobrar fuerza. Las 371 compañías perdidas en 2024 triplican el dato del año anterior y suponen la cifra más alta desde 2018.
El debate en torno a la ley de amnistía y las declaraciones de los partidos independentistas sobre la posibilidad de sancionar a las empresas que no regresaran-una amenaza que luego se diluyó-fueron factores que impulsaron la reactivación de la salida de empresas a finales de 2023. Esta tendencia se ha intensificado en 2024, sin que la llegada de Salvador Illa al frente de la Generalitat haya logrado revertir la situación.
Pese a sus esfuerzos por generar un clima de mayor estabilidad política e institucional, el empresariado percibe que el Gobierno catalán sigue dependiendo del apoyo de los partidos independentistas, especialmente de ERC, que mantiene bloqueados los Presupuestos para 2025. Además, uno de los compromisos adquiridos para llegar a la presidencia de la Generalitat fue avanzar hacia una mayor autonomía fiscal para Cataluña, lo que genera incertidumbre en el tejido empresarial ante la posibilidad de un aumento adicional de la presión fiscal, ya de por sí elevada en la comunidad.
Mientras Cataluña busca atraer y retener empresas -Illa ha anunciado un plan de inversiones de 18.500 millones de euros en los próximos cinco años con el objetivo de "recuperar el liderazgo económico"-, Madrid sigue consolidando su fortaleza empresarial.
En 2024, 1.521 empresas abandonaron Madrid, pero 1.787 se establecieron en la región (el 34% del total de traslados en España), lo que arroja un saldo neto positivo de 266 empresas, casi cuatro veces más que en 2023, cuando el balance fue de 71. De las compañías que se trasladaron a Madrid, 419 procedían de Cataluña, representando el 23,4% del total recibido.
En la última década, Madrid ha mantenido saldos positivos cada año, sumando alrededor de 5.500 empresas a su tejido productivo, favorecida por su estabilidad política e institucional, su menor burocracia y un modelo fiscal competitivo. En contraste, Cataluña ha perdido cerca de 5.600 compañías en el mismo período.
Después de Madrid, la Comunidad Valenciana fue la segunda región con mayor crecimiento empresarial en 2024, con un saldo neto positivo de 142 compañías, destacando el cuarto trimestre, cuando incorporó 55 empresas, más del doble que en el trimestre anterior, a pesar del impacto de la DANA. Andalucía ocupó el tercer puesto con un saldo positivo de 81 empresas, revirtiendo la pérdida de cinco compañías registrada en 2023. Baleares y Galicia también lograron balances positivos, con 38 y 35 empresas más, respectivamente.
La economía española aún mantiene una considerable distancia con la alemana en términos de renta per cápita, una brecha que persistirá en el corto plazo. No obstante, la situación ha cambiado drásticamente en apenas cuatro años. En 2020, en plena pandemia, España sufrió un impacto económico severo, mientras que Alemania, con su potente sector industrial, resistió mejor. Como resultado, la diferencia en el PIB per cápita entre ambos países se amplió hasta casi 13.000 dólares. Sin embargo, la tendencia ha dado un giro inesperado: mientras España ha capitalizado su fortaleza en sectores como el turismo y el ocio, Alemania enfrenta dificultades para adaptar su modelo económico a la nueva realidad global. Actualmente, la brecha en PIB per cápita se ha reducido en 3.000 euros y todo apunta a que continuará estrechándose. Aunque la convergencia total aún está lejos, España avanza rápidamente en esta dirección.
Eurostat, la agencia estadística de la UE, ha comenzado a publicar datos que reflejan esta evolución. En 2024, el PIB per cápita español creció un 2,3%, mientras que el alemán se contrajo un 0,4% debido al estancamiento económico y al aumento de la población. Esto indica que España no solo crece por una mayor utilización de recursos, sino también por un incremento en la productividad. Este acercamiento se evidencia también en el PIB total, donde España ha cerrado la brecha que se abrió tras la crisis de 2008.
En términos absolutos, el PIB per cápita español alcanzó los 26.210 euros en 2024, un aumento de 590 euros respecto al año anterior, mientras que el de Alemania cayó a 36.130 euros, reduciéndose en 160 euros. Como los datos están ajustados por inflación, los precios no influyen directamente en esta comparación. Así, la diferencia entre ambos países se ha reducido a 9.920 euros desde los casi 13.000 de 2020. Si la tendencia actual se mantuviera -aunque es poco probable a ese ritmo- España podría alcanzar a Alemania en algún momento de la próxima década.
Hoy en día, el PIB per cápita español equivale al 72,54% del alemán, volviendo a niveles de 2009. Aún queda camino por recorrer hasta los máximos de 2005, cuando España llegó a representar el 77% de la renta alemana. Sin embargo, la diferencia clave es que en aquel entonces el crecimiento español estaba impulsado por una burbuja inmobiliaria y de crédito, lo que lo hacía insostenible. En cambio, el crecimiento actual parece más equilibrado, reduciendo el riesgo de una crisis similar a la de 2008.
En los últimos años, España ha mantenido un superávit por cuenta corriente estable, un mercado crediticio funcional y un crecimiento no basado en la construcción. No obstante, persisten desafíos, como el elevado endeudamiento público y la dependencia del turismo. Un cambio en las preferencias globales de los viajeros podría afectar significativamente la economía española. Aun así, el crecimiento económico se está viendo acompañado de mejoras en la productividad, lo que refuerza su sostenibilidad.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) sorprendió con su último informe de PIB: además de un crecimiento anual del 3,5%, se destacó un aumento del 2,8% en las horas trabajadas y del 2,3% en los empleos equivalentes a tiempo completo. Además, la productividad por trabajador creció un 1,2% y la productividad por hora trabajada, un 0,7%. Es decir, España está generando empleo mientras aumenta su eficiencia, un fenómeno que hasta hace poco parecía inalcanzable.
Un informe reciente de JP Morgan arroja luz sobre este avance. Según el banco, la productividad española ha comenzado a recuperarse, a diferencia de la tendencia general en la eurozona. Un factor clave es el crecimiento de la población en edad de trabajar, impulsado por la inmigración, especialmente de Latinoamérica. La llegada de trabajadores con cualificación y rápida integración en el mercado laboral ha favorecido este repunte de la productividad.
Por otro lado, Alemania enfrenta una situación opuesta. Su PIB se ha mantenido estancado desde la pandemia, con dos años consecutivos de contracción en 2023 y 2024, algo que no ocurría desde 2002-2003. El gran problema radica en su sector industrial, tradicionalmente el motor de su economía, que ahora sufre por la pérdida de competitividad, la falta de inversión y los altos impuestos.
El modelo económico alemán, basado en exportaciones de alto valor añadido, ha sido golpeado por varios frentes. Por un lado, la desaceleración del consumo en China ha impactado fuertemente a sus empresas, especialmente en la industria automovilística. Por otro, el propio gigante asiático se ha convertido en un feroz competidor, inundando Europa con vehículos eléctricos asequibles.
El panorama futuro no es alentador para Alemania. Además de la competencia china, el posible regreso de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. y sus amenazas arancelarias podrían afectar gravemente a la industria alemana, en particular al sector automovilístico, que ha dependido en gran medida del mercado estadounidense tras la caída de la demanda china.
En contraste, España ha sabido aprovechar el auge del turismo y la transformación hacia una economía basada en servicios, adaptándose mejor a las nuevas tendencias globales. Aunque aún queda un largo camino para igualar a Alemania, la distancia se acorta cada vez más, en un giro que pocos habrían anticipado hace apenas unos años.
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