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(Expansión, 05-05-2026) | Fiscal

El Gobierno promete a la UE elevar la presión fiscal en 8.500 millones este año

España ha comunicado a Bruselas que, para seguir respetando las normas fiscales europeas, prevé aumentar este año el peso de los ingresos sobre el PIB del 41,7% al 42,2%, mientras que el gasto público apenas subiría del 44,1% al 44,2%, todo ello a pesar de las rebajas fiscales adoptadas por el impacto de la guerra en Irán. El Gobierno apuró el plazo establecido por la Unión Europea y presentó, casi a medianoche del jueves pasado y coincidiendo con el inicio del puente del Primero de Mayo, su hoja de ruta fiscal para 2026. En este documento -el Informe de Progreso Anual del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo- se actualiza la situación presupuestaria del país y se detallan las medidas para garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales en los próximos años. En él se contempla un aumento de la presión fiscal de unos 8.500 millones de euros para 2026, pese a las rebajas tributarias aprobadas para mitigar los efectos del conflicto en Irán. Según el informe remitido a la Comisión Europea, los ingresos públicos crecerán medio punto del PIB, pasando del 41,7% al 42,2%, lo que equivale a esos 8.500 millones adicionales. No obstante, el propio Ejecutivo reconoce que este crecimiento será algo más moderado, con una subida del 6,5%, debido a las medidas adoptadas para aliviar el impacto económico de la guerra, lo que hará que las decisiones discrecionales en materia de ingresos sean menores que en 2025. El Ministerio de Hacienda confía, aun así, en elevar la recaudación gracias a cambios en el IRPF, la fiscalidad patrimonial, los Impuestos Especiales y, sobre todo, el Impuesto de Sociedades. Una parte importante de este incremento -alrededor de una cuarta parte- proviene de la decisión de no ajustar el IRPF a la inflación y a la evolución de los salarios, lo que genera unos 2.300 millones de euros anuales adicionales. Entre las novedades más destacadas figura la implantación de un tipo mínimo global del 15% para grandes multinacionales, con el que se espera recaudar 1.708 millones. Esta medida, en línea con el acuerdo internacional impulsado por la OCDE (conocido como Pilar II), afecta a empresas con ingresos superiores a 750 millones anuales. Además, España se adelantó a este acuerdo internacional estableciendo un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para compañías que facturan más de 20 millones de euros, lo que aportará otros 621 millones. En contraste, la reducción del tipo al 23% para pymes con ingresos inferiores a 10 millones supondrá un alivio fiscal de 307 millones. Por otro lado, la recuperación de medidas fiscales sobre sociedades aprobadas en 2016 durante el mandato de Cristóbal Montoro, y posteriormente anuladas por el Tribunal Constitucional, permitirá ingresar 2.629 millones adicionales este año. En el ámbito del IRPF, destaca la subida del tipo máximo sobre las rentas del ahorro hasta el 30% para ingresos superiores a 300.000 euros, que generará 472 millones extra. Asimismo, el Gobierno prevé obtener 466 millones más por el aumento del Impuesto Especial sobre el tabaco y otros 623 millones mediante el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, aunque parte de esta recaudación se trasladará al Impuesto sobre el Patrimonio tras su reactivación en varias comunidades autónomas. Con todas estas medidas y manteniendo prácticamente estable el gasto público, el Ejecutivo espera limitar el crecimiento del gasto computable al 4,2% y reducir el déficit desde el 2,4% hasta el 2,1% del PIB (o del 2% al 1,5% si se excluyen gastos extraordinarios como los derivados de la dana).

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(La Razón, 05-05-2026) | Fiscal

El Gobierno reconoce ante la UE que ha cuadrado el déficit gracias a no deflactar la inflación en el IRPF de los hogares

El Gobierno ha admitido de forma explícita que el aumento de la inflación derivado de las sucesivas crisis geopolíticas le ha permitido incrementar la recaudación fiscal. En el último informe remitido a la Comisión Europea sobre el avance del plan fiscal, el Ejecutivo reconoce haber ingresado 2.294 millones de euros adicionales en 2025 por no ajustar el IRPF a la inflación, lo que le ha ayudado a cumplir los objetivos de déficit sin necesidad de aplicar nuevas medidas. Los datos más recientes de la Contabilidad Nacional muestran que esta tendencia continúa al alza. Los ingresos no financieros del Estado alcanzaron los 72.157 millones de euros, un 4,4% más que en marzo del año anterior y un nuevo máximo histórico tras el inicio del conflicto en Irán. De esa cantidad, 62.474 millones proceden de impuestos, lo que representa el 86,6% del total, con un incremento del 5,4%, es decir, 3.216 millones más que un año antes. Por tipos impositivos, destaca el aumento de la recaudación por IVA, que creció un 4,9% hasta situarse en 31.855 millones. En términos brutos, este impuesto alcanzó los 33.110 millones, un 5,4% más que en 2025, mientras que las devoluciones aumentaron un 19,3%. En marzo, además, comenzaron a reflejarse -aunque aún sin cuantificar completamente- los efectos de medidas como la rebaja del IVA de productos energéticos del 21% al 10% y la reducción del impuesto eléctrico del 5,11% al 0,5%. También se incrementaron los ingresos por IRPF en un 4,3%, hasta los 19.443 millones, y los del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que crecieron un 8,2% hasta los 1.345 millones. En cambio, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades descendió un 7,6%, quedándose en 1.370 millones. El documento enviado a Bruselas recoge que el plan fiscal estructural para el periodo 2025-2028 contempla elevar los ingresos públicos de forma sostenida en un 0,3% del PIB, con la previsión de añadir una décima adicional. El Ejecutivo considera ya cumplido el primer objetivo gracias a medidas adoptadas en los últimos años, cuyo impacto se mantendrá en el tiempo. Parte de ese aumento adicional se atribuye precisamente a la falta de actualización del IRPF, que aportó 2.294 millones, equivalentes al 0,14% del PIB, aunque no se detalla cuánto supondrá esta medida en los próximos ejercicios. Entre las iniciativas que han contribuido a elevar la recaudación destacan la limitación en la compensación de pérdidas de grandes grupos empresariales, el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas y la implantación de un tipo mínimo efectivo para multinacionales, al que se añadirá un gravamen complementario en adelante. Por otro lado, el déficit del Estado cerró el primer trimestre de 2026 en 3.944 millones de euros, lo que supone un aumento del 32,1% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale al 0,22% del PIB, ligeramente por encima del 0,18% registrado en 2025.

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(Expansión, 05-05-2026) | Fiscal

Madrid, Baleares y Murcia lideraron el crecimiento del PIB en el arranque de 2026

La economía española continúa mostrando una notable capacidad de resistencia en un entorno internacional cada vez más complicado, inestable e incierto. Sin embargo, empiezan a apreciarse señales de desgaste y cierta desaceleración. El pasado jueves, el INE dio a conocer el avance del PIB correspondiente al primer trimestre de 2026, que registró un crecimiento del 0,6% respecto al trimestre anterior, dos décimas menos que en el cierre de 2025. Este dato ya refleja los primeros efectos de la crisis energética derivada de la guerra en Irán y del prolongado cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave por la que antes del conflicto transitaba cerca del 20% del petróleo transportado por mar. Por su parte, la Airef -que ya había advertido en abril de que el conflicto en Oriente Próximo tendría consecuencias en forma de menor crecimiento, mayor inflación y más déficit- publicó ayer una estimación del comportamiento del PIB por comunidades autónomas. Los datos vuelven a evidenciar importantes diferencias territoriales, con variaciones de hasta cuatro décimas en términos trimestrales y de hasta 1,3 puntos porcentuales en tasa interanual. En el crecimiento trimestral, solo tres regiones superaron la media nacional: la Comunidad de Madrid, que lideró con un avance del 0,8%, seguida de Baleares y Murcia, ambas con un 0,7%. Madrid prolonga así la dinámica positiva del año anterior, cuando creció un 3%, por encima de la media nacional, y reafirma su posición como principal motor económico del país. Este liderazgo se sustenta en su capacidad para atraer inversiones, la solidez de su mercado laboral, el dinamismo de sus exportaciones de servicios de alto valor añadido y también su creciente atractivo turístico. Baleares, por su parte, continúa beneficiándose del impulso del turismo, favorecido además por la percepción de España como destino seguro frente a la inestabilidad en Oriente Próximo. En Murcia, al tirón del turismo nacional se suma el posible impacto positivo del aumento del gasto en Defensa, un factor que también podría favorecer a otras regiones como Madrid y Andalucía. Según la Airef, comunidades como Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha, La Rioja y Asturias crecieron un 0,6% en el primer trimestre, en línea con la media nacional. Por debajo se situaron Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria y Extremadura, con un 0,5%, mientras que Castilla y León registró el menor crecimiento, con un 0,4%. Si se observa la evolución interanual, el panorama presenta algunos matices. La Comunidad Valenciana encabeza el crecimiento con un 3,2%, impulsada en parte por el efecto arrastre de finales de 2025 y por el impacto positivo de las ayudas destinadas a la reconstrucción tras la dana, que están estimulando la inversión y la actividad constructora. Le siguen Madrid, con un crecimiento del 3,1%, manteniendo el buen ritmo del año anterior, y Andalucía, con un 2,8%. En torno a la media nacional del 2,7% se sitúan Cataluña, Baleares, Canarias y Castilla y León, mientras que Castilla-La Mancha crece ligeramente por debajo, con un 2,6%. En el extremo opuesto destacan Asturias, con un avance del 1,9%, claramente por debajo de la media; el País Vasco, con un 2,1%; y Aragón y Navarra, ambos con un 2,2%. De cara al futuro, BBVA Research apunta que, aunque el crecimiento podría debilitarse en 2026, las regiones del norte podrían ganar protagonismo en 2027 gracias a la recuperación industrial y a una mejora progresiva de la demanda europea, siempre que la situación en Irán no se prolongue y los precios del petróleo se estabilicen. Por ahora, las perspectivas invitan a la cautela. Los datos del inicio de 2026 son solo un primer indicio de un año que se anticipa complicado y condicionado por la incertidumbre geopolítica. De hecho, el Banco de España ya ha advertido de una posible desaceleración significativa de la actividad en los próximos trimestres. Además, los componentes del PIB muestran una pérdida de dinamismo: el consumo de los hogares crece a menor ritmo -aunque sigue siendo el principal motor-, las exportaciones han caído y la inversión ha sufrido un notable frenazo, con un crecimiento de apenas el 0,1% en el primer trimestre, frente al 1,6% registrado en el trimestre anterior.

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(El Economista, 05-05-2026) | Fiscal

Hacienda podrá concluir las inspecciones sin citar al contribuyente a la firma del acta

Hacienda podrá formalizar actas de inspección sin necesidad de que el contribuyente esté presente para firmarlas, ya sea mostrando conformidad o desacuerdo. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia del 22 de abril, en la que fija criterio al señalar que la ausencia de citación para la firma de las actas no implica automáticamente su nulidad, siempre que esta omisión no afecte al resultado final ni vulnere los derechos o garantías del contribuyente. El caso analizado por el alto tribunal parte de la reclamación de un ciudadano al que se le practicó una inspección sobre su IRPF correspondiente a los años 2015 a 2017. En ningún momento fue convocado para firmar las actas, que fueron suscritas directamente por el inspector, reflejando la disconformidad del contribuyente. Antes de ello, la Administración le concedió un trámite de audiencia al que no respondió, y posteriormente le notificó el acta sin que presentara alegaciones. El Supremo recuerda que, según la Ley General Tributaria, para que un acto sea nulo debe haberse prescindido de forma total y absoluta del procedimiento establecido. Es decir, no cualquier irregularidad basta para invalidarlo, sino que debe tratarse de un defecto de tal magnitud que equivalga a la inexistencia del procedimiento o que tenga un impacto decisivo en el resultado. Para que exista una irregularidad grave, el tribunal explica que deben darse dos posibles circunstancias: que el defecto afecte al fondo del asunto, de modo que el resultado hubiera sido distinto de haberse seguido correctamente el trámite, o que suponga una vulneración muy grave e irreparable de los derechos del contribuyente. En este caso, el Supremo concluye que no se omitió el procedimiento, sino que, ante la falta de respuesta del inspeccionado, la Administración decidió firmar el acta en disconformidad. Aunque no se detalla el motivo de esta actuación, el tribunal considera que la falta de citación no invalida la liquidación, ya que la firma del acta no constituye un trámite esencial y no se ha acreditado una vulneración grave de derechos. Además, se respetaron otros pasos clave, como el trámite de audiencia previa y la posibilidad de presentar alegaciones después, que el contribuyente no utilizó. El tribunal también descarta que el defecto haga anulable el acto, al no haber generado indefensión ni afectar a los elementos fundamentales del procedimiento. Asimismo, entiende que no hay indicios de que el resultado hubiera cambiado aunque se hubiera citado al contribuyente para firmar. No obstante, el Supremo matiza que este tipo de irregularidades no pueden perjudicar al contribuyente. En particular, señala que, si este hubiera manifestado su voluntad de firmar el acta en conformidad, la omisión de ese trámite no debería acarrearle consecuencias negativas, como podría ocurrir en el cálculo de los intereses de demora, que varían según exista o no conformidad con el acta.

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(Expansión, 05-05-2026) | Laboral

Las constantes subidas del salario mínimo sí estarían teniendo un impacto negativo en las actividades más sensibles a los incrementos

Entre 2019 y 2025, el salario mínimo interprofesional aumentó más de un 60% gracias a las subidas anuales aprobadas por el Gobierno. A pesar de ello, el empleo continuó creciendo con fuerza: las afiliaciones a la Seguridad Social se incrementaron en más de 2,3 millones de personas en ese periodo (un 12% más), hasta alcanzar los 21,6 millones de cotizantes al cierre del año pasado. Esta cifra incluso ha sido superada recientemente, situándose en 21,8 millones de afiliados al finalizar el mes de marzo. No obstante, la evolución del mercado laboral no ha sido uniforme. Según el investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC, Miguel Ángel García Díaz, en su análisis sobre la evolución de la afiliación entre 2019 y 2025, las sucesivas subidas del salario mínimo sí habrían perjudicado a ciertos sectores más vulnerables a estos incrementos. Se trata de actividades con mayor concentración de trabajadores en los niveles salariales más bajos, donde las empresas deben ajustarse cada vez que se eleva el salario mínimo. En estos ámbitos, el estudio detecta una caída del empleo que contrasta con el crecimiento general. En concreto, durante esos seis años, tanto el sector agrario (con 107.967 afiliados menos) como el de empleados del hogar (con una reducción de 57.290) han sufrido una notable destrucción de empleo, sumando en conjunto una pérdida de 165.257 cotizantes. A estos descensos se añaden pequeñas caídas en otros regímenes, como el del mar (-1.120) y el del carbón (-565), aunque en estos casos influyen factores distintos. Según el informe, el fuerte incremento del salario mínimo podría explicar, al menos en parte, la evolución negativa del empleo en el sector agrario y en el doméstico, ambos con caídas cercanas al 14%. Conviene recordar que un estudio de la Fundación ISEAK sobre la subida del salario mínimo en 2019 concluyó que su impacto negativo fue limitado, pero estimó una destrucción o menor creación de entre 27.000 y 30.000 empleos a tiempo completo. Además, señaló que los efectos fueron graduales y afectaron en mayor medida a mujeres, jóvenes e inmigrantes. El informe, encargado por el Ministerio de Trabajo, recomendaba evaluar con mayor profundidad futuras subidas del salario mínimo, considerando factores como el sector, el tamaño de las empresas o las diferencias territoriales. Por su parte, el Banco de España también analizó la subida del 22% aplicada en 2019, que situó el salario mínimo en 900 euros mensuales en catorce pagas. Sus conclusiones apuntaban a una pérdida de entre 98.000 y 180.000 empleos, especialmente en sectores con salarios más bajos, donde se observó una reducción en la contratación. Asimismo, advertía de que elevar el salario mínimo puede dificultar el acceso al empleo para determinados colectivos, como los parados de larga duración, y aumentar el riesgo de pérdida de empleo entre trabajadores con sueldos más reducidos. En línea con estos análisis, el informe reciente de Fedea insiste en el impacto significativo del aumento de los costes laborales en los sectores más expuestos a las subidas del salario mínimo. Precisamente, tener en cuenta la situación de sectores como el agrario o el empleo doméstico ha sido una de las principales demandas de las organizaciones empresariales en las negociaciones impulsadas por el Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Estas organizaciones han solicitado medidas de apoyo, como bonificaciones, para compensar el aumento de costes en sectores que llevan años perdiendo afiliados. En este contexto, un estudio de Cepyme publicado a finales de 2022 estimó que las subidas del salario mínimo desde 2018 habrían provocado la pérdida de unos 217.000 empleos en España: alrededor de 71.600 puestos destruidos y otros 145.900 que no llegaron a crearse. El aumento del salario mínimo también ha tenido un efecto directo en los costes laborales, al elevar las bases mínimas de cotización que deben asumir las empresas. Según datos del INE, en los últimos siete años el coste de las cotizaciones sociales ha aumentado cerca de un 30% (un 29,2% en concreto), pasando de una media de 650,4 euros mensuales por trabajador en el cuarto trimestre de 2018 a 840,9 euros en el mismo periodo de 2025.

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(La Vanguardia, 05-05-2026) | Laboral

El Gobierno llevará al Consejo de Ministros la oferta de empleo público de 2026

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el Gobierno presentará este martes en el Consejo de Ministros la oferta de empleo público (OEP) correspondiente a 2026. En una entrevista en TVE, explicó que esta convocatoria pretende ser un ejemplo de modernización, orientada a impulsar la digitalización de la Administración y a incorporar perfiles especializados, como expertos en inteligencia artificial, sin que ello suponga pérdida de empleo, sino más bien su creación. López también destacó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha logrado revertir los recortes aplicados durante años anteriores en el ámbito de la función pública. No obstante, matizó que el crecimiento no puede mantenerse de forma indefinida, por lo que el objetivo ahora es consolidar el nivel alcanzado, combinando la creación neta de puestos con el proceso de digitalización. La propuesta llegará al Consejo de Ministros tras varias reuniones con los sindicatos en la Mesa General de la Administración del Estado, sin que se hayan producido avances significativos en la negociación. Las organizaciones sindicales han criticado la falta de información por parte del Ministerio, ya que aseguran no conocer los detalles ni las cifras concretas de la oferta, motivo por el que aún no han dado su respaldo. En 2025, el Gobierno aprobó un total de 36.588 plazas, incluyendo las destinadas a fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, lo que supuso una reducción cercana al 9% respecto al año anterior, cuando se alcanzó un máximo histórico de más de 40.000 plazas. De ese total, 26.889 correspondieron a la Administración General del Estado, con un 70% para nuevo ingreso y un 30% para promoción interna. Aunque desde el Gobierno se ha trasladado que la nueva oferta será similar a la del año pasado, las declaraciones del ministro apuntan a que no se prevé un incremento significativo del número de plazas. Desde el sindicato CSIF ya han expresado su preocupación, recordando que la oferta anterior fue insuficiente para cubrir necesidades estructurales en organismos clave como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias. Por su parte, CC.OO. considera que el Ejecutivo debería garantizar un volumen de plazas acorde al número de bajas, que en 2025 superaron las 12.000, con el fin de asegurar una verdadera creación de empleo neto y mantener la calidad de los servicios públicos, cuya demanda sigue aumentando.

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(El Economista, 05-05-2026) | Laboral

Solo cinco autonomías ceden la gestión de bajas a las mutuas pese al pacto firmado en 2024

En los últimos años, las bajas laborales por motivos médicos se han convertido en una de las principales inquietudes para las empresas. A pesar de que se han planteado distintas medidas en el marco de la negociación colectiva para reducir su impacto, el problema del absentismo sigue sin resolverse y las ausencias continúan aumentando. Uno de los acuerdos más relevantes para mejorar la gestión de la incapacidad temporal se alcanzó en 2024. Su propósito era permitir que las comunidades autónomas, junto con las mutuas y bajo el impulso del Gobierno central, firmaran convenios para que estas entidades asumieran parte de los diagnósticos y tratamientos, especialmente en el ámbito de la traumatología. Sin embargo, la iniciativa avanza con lentitud: hasta ahora solo cinco comunidades -Cataluña, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria- se han adherido, además de Ceuta y Melilla, que comparten protocolo. Los primeros acuerdos se firmaron en el verano de 2025: Baleares en junio, Cataluña en julio y Asturias en agosto. Después, no hubo avances hasta marzo de este año, cuando se sumaron Castilla-La Mancha y Cantabria. Galicia, por su parte, está estudiando la posibilidad de incorporarse, lo que elevaría el número de regiones participantes. Aun así, la firma de los acuerdos no implica una aplicación inmediata. Antes de que las mutuas puedan gestionar estos procesos, es necesario que los sistemas sanitarios autonómicos y las propias entidades desarrollen plataformas informáticas compatibles que permitan compartir la información clínica de los pacientes. Por ahora, ninguna comunidad ha puesto en marcha este modelo, aunque desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) confían en que Cataluña y Baleares puedan ser las primeras en hacerlo a lo largo de este año, dado que llevan más tiempo trabajando en la adaptación de sus sistemas. La urgencia de estas medidas responde al aumento sostenido de las bajas médicas, una preocupación creciente para la patronal. Cataluña, por ejemplo, encabeza las listas de espera en traumatología tras un incremento del 8,4% en un año, alcanzando más de 47.000 pacientes en junio de 2025. Andalucía, aunque ha reducido sus listas en un 12,5%, aún mantiene más de 42.700 personas esperando consulta. Entre las regiones con acuerdos firmados, solo Ceuta, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria han logrado reducir las listas, mientras que en Cataluña, Baleares y Melilla han aumentado de forma significativa. La colaboración entre el sistema público y las mutuas se materializará, previsiblemente, más de tres años después de que se planteara por primera vez. Este enfoque ya se recogía en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en mayo de 2023 por patronal y sindicatos, donde se proponía aprovechar los recursos de las mutuas para mejorar la atención sanitaria y reducir los tiempos de espera en procesos traumatológicos, siempre con el consentimiento del trabajador. Posteriormente, en septiembre de 2024, el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales formalizaron un acuerdo para mejorar la gestión de las bajas laborales, apostando por reforzar el papel asistencial de las mutuas para agilizar diagnósticos y tratamientos. Más recientemente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha retomado el diálogo social sobre esta materia. El Ejecutivo planea introducir cambios legales relacionados con la incapacidad temporal, como facilitar la reincorporación progresiva al trabajo en casos de enfermedades oncológicas o permitir que trabajadores con varios empleos puedan estar de baja solo en uno de ellos. También se está estudiando la posibilidad de que las mutuas propongan altas médicas en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, aunque la decisión final seguiría correspondiendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social. En cuanto a la evolución de las bajas, los datos muestran un aumento especialmente significativo entre los trabajadores más jóvenes (de 16 a 24 años), donde los procesos de más de 15 días han crecido un 59,4% entre 2018 y 2024. En los trabajadores de mayor edad (55 a 64 años), destacan las recaídas, que han aumentado un 31,9%. Por duración, los procesos de más de 15 días han crecido un 24,8%, impulsados sobre todo por los casos de entre 16 y 90 días (+11,6%). También han aumentado los procesos más largos: un 8,9% los de entre 91 y 365 días y un 5,4% los que superan el año.

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(El Periódico, 05-05-2026) | Laboral

El paro baja en 62.668 personas en abril y el total se sitúa por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de abril, ha bajado en 62.668 personas (-2,59%) en relación con el mes anterior. El paro registrado se ha situado en 2.357.044 personas, bajando de la cota de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008, en un contexto en el que se baten los récords históricos de ocupación. El paro interanual ha descendido en 155.674 personas (-6,2%). También hay una reducción en términos desestacionalizados en 11.256 personas. El paro registrado disminuye en todos los sectores económicos con respecto a marzo: en Servicios en 46.156 personas (-2,62%), en Industria en 3.680 personas (-1,98%), en Construcción en 3.603 personas (-2,17%) y en Agricultura 2.272 (-3,05%).  También se reduce entre el Colectivo Sin Empleo Anterior disminuye en 6.957 (-3,04%). El desempleo femenino se sitúa en 1.424.426 mujeres, la cifra más baja desde septiembre de 2008, al disminuir en 34.146 mujeres (-2,34%) en relación al mes de marzo. El desempleo masculino se sitúa en 932.618 al descender en 28.522 personas (-2,97%). Si lo comparamos con abril de 2025, el paro masculino baja en 64.631 (-6,48%) y el femenino cae en 91.206 (-6,01%). En cuanto al comportamiento por edad, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de abril en 19.284 personas (-10,20%) respecto al mes anterior. Marca su mínimo histórico, por primera vez por debajo de la barrera de las 170.000 personas jóvenes con un total de 169.693 parados menores de 25 años. En términos absolutos, el paro baja en todas las comunidades autónomas con Andalucía (-22.393 personas), Cataluña (-8.949 personas) y Comunidad de Madrid (-6.249 personas) en cabeza. El número total de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.258.296. De este total, 543.543 contratos de trabajo tienen carácter indefinido y suponen el 43,2%. Los beneficiarios y beneficiarias existentes a final del mes de marzo fueron 1.777.568. La tasa de cobertura del sistema se situó en el 78,77%. Es la más alta en un mes de marzo desde 2010. El gasto medio mensual por persona beneficiaria, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de marzo de 2026 ha sido de 1.608 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 293 euros (22,3%). La inversión total en prestaciones en marzo ascendió a 2.141,6 millones de euros.

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(Cinco Días, 05-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo acelera las subidas y las Bolsas se giran a la baja

Las expectativas de los inversores sobre una posible relajación de las tensiones vuelven a desvanecerse. Aunque los mercados han aprendido a reaccionar con prudencia ante los anuncios del presidente estadounidense, Donald Trump, la aparición constante de informaciones contradictorias sigue aumentando la incertidumbre y la volatilidad. En este contexto, la guerra informativa también juega un papel clave: poco después de que Trump anunciara un plan para escoltar barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, medios iraníes aseguraron que misiles habían alcanzado a un buque de guerra de EE. UU., algo que fue desmentido rápidamente por fuentes oficiales estadounidenses. Este intercambio de versiones ha sido suficiente para alterar el comportamiento de los mercados. El precio del petróleo Brent llegó a subir un 5,7%, alcanzando los 114 dólares por barril, aunque posteriormente moderó su avance hasta situarse en torno a los 112 dólares, con una subida cercana al 3,5%. Aunque en semanas recientes las bolsas parecían menos sensibles a la evolución del crudo, en momentos de alta tensión vuelve el patrón habitual: el encarecimiento del petróleo arrastra a la baja a la renta variable. Así, mientras los futuros de Wall Street apuntan a caídas, el Ibex 35 ha intensificado sus pérdidas hasta cerca del 1,5%. La incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz también pesa sobre otros mercados europeos. El índice alemán Dax, que había resistido durante buena parte de la sesión, se mueve finalmente sin cambios tras haber caído previamente, mientras que el Euro Stoxx 50 registra descensos superiores al 1%. Todo indica que, pese al impulso reciente de los resultados empresariales, la evolución de los mercados seguirá condicionada por la situación geopolítica. Cuanto más se prolongue la interrupción en esta ruta clave, mayores serán los riesgos para el suministro energético global. A las tensiones bélicas se suman las amenazas comerciales de Washington. El sector automovilístico europeo es uno de los más afectados tras el anuncio de Trump de elevar los aranceles a vehículos procedentes de la Unión Europea hasta el 25%. Fabricantes alemanes como BMW y Mercedes registran caídas superiores al 2%, mientras que Porsche y Volkswagen también retroceden. El índice sectorial pierde alrededor de un 1,6%. En paralelo, la OPEP y sus aliados han decidido aumentar la producción ante los problemas de suministro. Trump aseguró que Estados Unidos comenzará a guiar a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz, aunque ofreció pocos detalles y mencionó conversaciones "positivas" con Irán. Sin embargo, informaciones posteriores apuntan a que la Armada estadounidense podría no escoltar directamente a los buques. El tráfico marítimo en la zona sigue prácticamente paralizado desde que Irán bloqueó el paso a finales de febrero. Este punto estratégico es clave, ya que por él circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Teherán ha advertido que mantendrá cerrado el estrecho hasta que EE. UU. retire su bloqueo, mientras que Washington exige primero la reapertura y avances en un acuerdo nuclear, lo que mantiene el conflicto en punto muerto. En el ámbito económico, los buenos resultados empresariales impulsaron recientemente a Wall Street a máximos históricos, y esta semana numerosas compañías del S&P 500 publicarán sus cuentas. Al mismo tiempo, los inversores estarán atentos al dato de empleo de abril en Estados Unidos, cuya evolución podría influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Aunque el banco central mantuvo recientemente las tasas sin cambios, crecen las preocupaciones sobre el impacto inflacionario del encarecimiento de la energía derivado del conflicto con Irán. Se prevé, en general, que los tipos se mantengan estables durante el resto del año.

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(El Economista, 05-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Comisión Europea exige a España un plan para eliminar la tarifa regulada de la luz

La Comisión Europea ha pedido a los países de la UE que aún mantienen tarifas eléctricas reguladas -entre ellos España- que diseñen planes claros, con plazos concretos, para avanzar hacia un sistema en el que los precios al consumidor se determinen por el mercado. Desde Bruselas se reconoce que la intervención pública en los precios puede tener sentido en determinados casos, como la protección de consumidores vulnerables o durante etapas de transición hacia un mercado más competitivo. Sin embargo, advierte de que estas medidas no deberían prolongarse indefinidamente ni convertirse en algo estructural. En su informe sobre precios minoristas de la electricidad, competencia y mecanismos de flexibilidad, la Comisión sitúa a España dentro de un grupo de seis países -junto a Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania y Eslovaquia- que han aplicado medidas de control de precios para hogares o pequeñas empresas en ese proceso de transición. Según el documento, el 29% de los hogares españoles sigue acogido a tarifas reguladas, una proporción inferior a la de otros países como Francia (57%) o Polonia (63%), pero superior a la de Portugal (18%). Bruselas recuerda que la normativa europea establece como regla general que las empresas comercializadoras deben poder fijar libremente los precios de la electricidad. Aunque admite que las tarifas reguladas pueden aportar estabilidad a las facturas, también alerta de que pueden distorsionar las señales del mercado, reducir los incentivos al ahorro energético y perjudicar la competencia a largo plazo. Por ello, la Comisión insiste en que los países con precios intervenidos deben trazar una estrategia de salida ordenada. Estos planes deberían incluir objetivos concretos, indicadores para evaluar el avance hacia un mercado competitivo, medidas para evitar distorsiones, mayor transparencia y garantías de igualdad de condiciones entre operadores. Este mensaje afecta directamente a España, donde instrumentos como el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y el bono social siguen teniendo un peso importante. La Comisión menciona el bono social como un mecanismo válido para proteger a los consumidores más vulnerables, siempre que forme parte de una política más amplia contra la pobreza energética. Aunque por ahora no plantea cambios legislativos, Bruselas avisa de que seguirá vigilando la aplicación de las normas y solicitará a cada país información sobre sus planes para avanzar en esta dirección. Por otro lado, la Comisión ha dado un paso adicional en la reforma del mercado eléctrico al publicar una recomendación para reforzar el control financiero de las comercializadoras y evitar situaciones de inestabilidad como las vividas durante la crisis energética de 2021 y 2022. El foco se sitúa en la gestión del riesgo por parte de estas empresas, que deberían contar con estrategias adecuadas para protegerse frente a la volatilidad de los precios mayoristas. Durante la crisis provocada por la guerra en Ucrania, el fuerte encarecimiento de la electricidad evidenció las debilidades de muchos operadores, provocando quiebras y trasladando costes a los consumidores. La Comisión señala que uno de los principales problemas fue la escasa utilización de mecanismos de cobertura (hedging) en un contexto de contratos a precio fijo. Cuando los precios se dispararon, muchas compañías no tenían asegurados sus costes, lo que las llevó a situaciones de tensión financiera. Ante este escenario, Bruselas recomienda reforzar el papel de los reguladores nacionales, otorgándoles más capacidad para supervisar las estrategias de riesgo de las comercializadoras y asegurar que estas sean adecuadas a su tamaño, recursos y exposición al mercado. En España, esta función corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La propuesta no pasa por intervenir directamente en las decisiones empresariales, sino por establecer marcos de control que permitan anticipar problemas. Entre las medidas sugeridas se incluyen pruebas de resistencia (stress tests) y la obligación de informar periódicamente sobre la situación financiera y las coberturas. Además, la Comisión destaca la importancia de reforzar la coordinación entre reguladores energéticos, supervisores financieros y bancos centrales, dado el creciente vínculo entre los mercados eléctricos y los instrumentos financieros, especialmente los derivados. Por último, se introduce el principio de proporcionalidad, reconociendo que no todas las empresas pueden asumir las mismas exigencias. Así, se plantea que algunas comercializadoras puedan optar por coberturas parciales si cuentan con otras garantías de solidez, como acceso a generación propia o suficiente liquidez.

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