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(Cinco Días, 29-10-2026) | Fiscal

Las navieras se hacen de oro con el alza de los fletes y disparan un 75% el beneficio medio por barco

La guerra en Irán ha alterado profundamente el transporte marítimo internacional, con el estrecho de Ormuz como principal foco de la crisis. Su bloqueo ha obligado a las navieras a utilizar rutas más largas, reduciendo la disponibilidad de buques, mientras el riesgo de ataques iraníes ha disparado los costes del transporte, especialmente en el sector energético. Los ingresos medios de la actividad marítima han aumentado un 75% este año respecto al anterior y se sitúan un 92% por encima de la media de la última década. Esta situación está favoreciendo a un reducido grupo de grandes compañías navieras, algunas de las cuales han duplicado ampliamente su valor bursátil. Los ingresos medios diarios de los buques de carga superan actualmente los 74.000 dólares, según el Clarksea Index, elaborado por la consultora Clarksons Research. Este indicador, utilizado habitualmente por armadores, navieras y aseguradoras, calcula la rentabilidad media de una flota representativa de petroleros, graneleros, portacontenedores y gaseros. Sus registros se encuentran cerca de máximos históricos, lo que refleja el fuerte crecimiento de los ingresos del sector pese al encarecimiento del combustible y al aumento de los riesgos para la navegación. Desde la pandemia, el transporte marítimo ha tenido que adaptarse a un entorno más inestable, marcado por los conflictos internacionales, las interrupciones de las cadenas de suministro y la congestión portuaria. Sin embargo, esta mayor volatilidad también ha abierto oportunidades para elevar los precios. Vincent Clerc, consejero delegado de la naviera danesa Maersk, señaló en septiembre que la forma de fijar las tarifas había cambiado sustancialmente desde la crisis sanitaria y que el sector podía alcanzar niveles de rentabilidad superiores a los habituales antes de la pandemia. Maersk, que dispone de la segunda mayor flota mundial de portacontenedores y controla el 13,6% de la capacidad del mercado, registró en el segundo trimestre un beneficio neto atribuido de 1.263 millones de dólares, un 116% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía revisó al alza por segunda vez sus previsiones para 2026 y los analistas de Citi esperan que pueda mejorarlas de nuevo con la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para el 5 de noviembre. En lo que va de año, sus acciones acumulan una revalorización del 60%. El mercado está dominado por un pequeño número de grandes operadores. Mediterranean Shipping Company (MSC), con sede en Suiza, lidera el sector con el 21,5% de la capacidad mundial de transporte de contenedores, aunque no publica sus resultados financieros. Maersk ocupa la segunda posición, seguida de la francesa CMA CGM, con una cuota del 12,9%, y la china Cosco Shipping, con el 10,6%. Por detrás se sitúan compañías como la alemana Hapag-Lloyd, la japonesa Ocean Network Express y la taiwanesa Evergreen. El encarecimiento de los fletes se ha extendido a prácticamente todas las modalidades de transporte marítimo. La inseguridad en torno al estrecho de Ormuz obliga a modificar itinerarios, aumenta las distancias recorridas y eleva los gastos de combustible y aseguramiento. Estos costes adicionales terminan trasladándose a las tarifas que pagan las empresas por transportar mercancías, desde productos industriales hasta materias primas y recursos energéticos. El índice compuesto de fletes de contenedores de Shanghái ha multiplicado por más de tres sus niveles anteriores al conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, el impacto más acusado se observa en el transporte de petróleo, donde el coste de los fletes se ha multiplicado por diez en lo que va de año. El incremento está impulsando los resultados de las navieras especializadas en el transporte de crudo. A mediados de octubre, el coste diario estimado de transportar dos millones de barriles de petróleo en un petrolero de gran capacidad, conocido como VLCC, desde África occidental hasta China llegó a superar los 770.000 dólares. En la ruta entre el golfo de México y China, las tarifas alcanzaron los 600.000 dólares diarios. Estas cantidades se calculan a partir de los ingresos previstos por el viaje, descontando gastos como el combustible, las tasas portuarias y los peajes por el tránsito a través de canales como los de Suez o Panamá. Según John Ollett, responsable de precios de fletes de crudo de la consultora Argus, los armadores deben seguir afrontando costes de tripulación, mantenimiento y abastecimiento de los buques, que se estiman en unos 10.000 dólares diarios. La diferencia entre estos gastos y los ingresos obtenidos por los fletes deja unos márgenes extraordinarios que están elevando la rentabilidad de las compañías. El auge del transporte de petróleo también se refleja en los mercados financieros. El Breakwave Tanker Shipping ETF, un fondo cotizado que sigue la evolución de los precios de los contratos de futuros vinculados a los fletes de petroleros, acumula una subida cercana al 4.750% este año. Su evolución ilustra hasta qué punto la crisis en Oriente Próximo y las dificultades para transportar crudo han convertido la capacidad de navegación en un activo especialmente valioso.

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(La Vanguardia, 29-10-2026) | Fiscal

Frente Amplio plantea frenar la acumulación de vivienda gravando con un 10% a grandes propietarios

Ada Colau ha presentado una propuesta fiscal para intervenir en el mercado del alquiler mediante un impuesto anual del 10% sobre el valor de los inmuebles de los grandes propietarios que no se arrienden a precios asequibles. En una entrevista en la cadena SER, la candidata de Frente Amplio ha defendido que la vivienda debe destinarse a residencia habitual y no a la especulación. A su juicio, la fiscalidad puede contribuir tanto a frenar las subidas de los alquileres como a reducir unas rentas que considera excesivas. Colau ha relacionado la iniciativa con la defensa del derecho a la vivienda y con el origen de la actual convocatoria electoral. También ha recordado a Mari Carmen y ha señalado que su lucha debe traducirse en medidas concretas para evitar situaciones que considera intolerables. La candidata ha insistido en que es necesario actuar sobre las causas del encarecimiento de la vivienda y no limitarse a medidas parciales. El impuesto distinguiría entre pequeños propietarios y grandes tenedores. Se aplicaría a las empresas desde su primera vivienda y a las personas físicas a partir de la cuarta, siempre que el valor conjunto de sus inmuebles superase los 800.000 euros. Los propietarios que alquilasen por encima de la media establecida en el índice estatal de referencia tendrían que pagar anualmente un gravamen equivalente al 10% del valor de los inmuebles, mientras que los arrendamientos a precios asequibles quedarían exentos. La finalidad de la medida, según Colau, no sería aumentar los ingresos públicos, sino desincentivar los alquileres elevados y conseguir que los propietarios redujesen las rentas para evitar el pago. La candidata ha señalado que, en ciudades como Madrid y Barcelona, los precios considerados asequibles deberían situarse algo más de un 30% por debajo de los niveles actuales. La propuesta pone el foco especialmente en los fondos de inversión y los grandes propietarios. Colau ha asegurado que trece fondos concentran unas 100.000 viviendas en España y ha defendido la necesidad de actuar sobre este tipo de tenedores. Según su planteamiento, las estadísticas muestran una relación entre el tamaño de los propietarios y el nivel de los alquileres que fijan. Las estimaciones de Frente Amplio apuntan a que el gravamen podría afectar a 737 empresas privadas con al menos 50 viviendas alquiladas. Además, la formación calcula que contribuiría a movilizar 213.840 inmuebles en manos de multipropietarios que actualmente no están arrendados ni se utilizan como residencia habitual. A esta cifra se sumarían otros 272.160 pisos que ya están en alquiler y cuyos propietarios podrían optar por reducir las rentas para quedar exentos del impuesto. Frente a quienes consideran que la solución pasa principalmente por construir más viviendas, Colau ha sostenido que el problema no se limita a la falta de oferta, sino que también depende del uso que se hace de los inmuebles disponibles. En este sentido, ha señalado los pisos vacíos, el alquiler de temporada y los alojamientos turísticos como factores que restringen la oferta destinada a residencia habitual. La candidata ha reconocido que es necesario ampliar el parque público de vivienda, aunque ha advertido de que la construcción requiere varios años y no permite responder de inmediato a la emergencia habitacional. Por ello, Frente Amplio propone elevar de forma permanente la inversión en vivienda asequible y protegida hasta el 1% del PIB. Los recursos se destinarían a construir, adquirir y rehabilitar inmuebles, y parte de la financiación procedería de la recaudación del nuevo impuesto. La iniciativa pretende combinar así el aumento de la oferta pública con incentivos fiscales para movilizar las viviendas existentes y contener los precios del alquiler.

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(Expansión, 29-10-2026) | Laboral

Sólo dos universidades españolas en el "top 50" mundial de empleabilidad

IE University y la Universidad de Navarra son las únicas instituciones españolas que figuran entre las 50 mejores universidades del mundo en empleabilidad, según la edición de 2027 del Global Employability University Ranking and Survey (GEURS), elaborado por la consultora Emerging y publicado por Times Higher Education. La clasificación recoge las 300 universidades que cuentan con una mejor valoración por parte de los empleadores internacionales. Los criterios empresariales para evaluar las universidades no siempre coinciden con los utilizados en los rankings académicos tradicionales. Una institución puede destacar por su investigación, sus publicaciones científicas o la calidad de su profesorado y, sin embargo, obtener una valoración diferente entre las empresas que contratan a sus titulados. El GEURS se centra precisamente en conocer qué universidades consideran los responsables de contratación que preparan mejor a sus estudiantes para incorporarse al mercado laboral. IE University conserva el puesto 17 de la clasificación mundial, mientras que la Universidad de Navarra baja ocho posiciones y se sitúa en el lugar 43, frente al 35 de la edición anterior. De este modo, España mantiene dos universidades entre las 50 primeras, aunque pierde presencia en el grupo de las 40 mejor valoradas, donde solo permanece IE University. En conjunto, ocho universidades españolas aparecen entre las 300 seleccionadas, una más que en la edición precedente. Este avance debe interpretarse teniendo en cuenta que la clasificación ha ampliado su alcance, pasando de 250 a 300 instituciones y de 42 a 47 países. La Universidad Ramon Llull registra la mayor mejora entre los centros españoles, al subir 18 puestos hasta alcanzar la posición 111. Le sigue la Universidad Carlos III de Madrid, que pierde cuatro posiciones y queda en el puesto 119, aunque continúa siendo la universidad pública española mejor situada en el ranking. La Universidad Autónoma de Barcelona desciende nueve lugares, hasta el puesto 126, mientras que la Universidad Autónoma de Madrid retrocede del 147 al 151. Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid mejora ligeramente y pasa del puesto 156 al 154. La principal novedad de la representación española es la incorporación de la Universidad de Barcelona, que entra en la clasificación en la posición 289. El ranking no mide directamente la tasa de empleo de los titulados, el tiempo que tardan en encontrar trabajo ni los salarios que perciben. Su objetivo es identificar las universidades que los empleadores consideran más eficaces en la preparación de profesionales para el mercado laboral. La edición de 2027 se basa en las respuestas de cerca de 16.000 responsables empresariales de 40 países. Para participar, los encuestados deben acreditar más de cinco años de experiencia profesional y contratar o supervisar cada año a un mínimo de cinco graduados universitarios. Los participantes seleccionan las instituciones que consideran más adecuadas para las necesidades de sus empresas y justifican sus elecciones a partir de distintos factores relacionados con la empleabilidad. La consulta parte de una lista inicial de aproximadamente 1.000 universidades. Cada participante puede seleccionar entre 10 y 15 instituciones y señalar hasta dos factores que expliquen sus preferencias. Una vez validados los votos, estos se agregan sin aplicar ponderaciones ni ajustes adicionales. La metodología contempla siete aspectos: experiencia laboral, competencias de los graduados, especialización, impacto social y liderazgo, rendimiento académico, internacionalización y reputación. Estos elementos sirven para explicar las preferencias de los empleadores, pero no constituyen clasificaciones independientes que permitan determinar la posición de cada universidad en cada categoría. Los resultados de la edición de 2026 ya apuntaban a un cambio en las prioridades empresariales. Las competencias de los graduados encabezaban los factores más valorados, seguidas de la experiencia profesional. La internacionalización ocupaba la tercera posición, por delante del rendimiento académico. También aumentaba la importancia concedida al impacto social y al liderazgo, mientras que la especialización perdía peso relativo. Esta evolución refleja una mayor atención a los perfiles capaces de combinar conocimientos técnicos con habilidades transferibles, experiencia práctica y capacidad para desenvolverse en entornos internacionales. La especialización sigue siendo relevante, pero las empresas parecen valorar cada vez más su integración con otras competencias. Para las universidades, estos resultados refuerzan la importancia de complementar la formación académica con experiencias profesionales y habilidades aplicables al trabajo. Sin embargo, la clasificación no permite determinar qué centros españoles destacan en cada uno de estos factores ni establecer una relación directa entre sus resultados y una metodología docente concreta.

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(Expansión, 29-10-2026) | Laboral

Estados Unidos busca albañiles: necesitan 456.000 trabajadores de la construcción y pagan sueldos de hasta 75.000 euros

Estados Unidos afronta una creciente escasez de trabajadores en el sector de la construcción, que podría necesitar incorporar hasta 456.000 empleados en 2027, según las previsiones de la Asociación de Constructores y Contratistas (ABC). La falta de mano de obra preocupa tanto a las empresas constructoras como a los inversores, en un contexto en el que los salarios pueden alcanzar los 75.000 dólares anuales y superar ampliamente esa cantidad en puestos especializados. Las necesidades de contratación aumentan con rapidez. Para 2026, el sector calculaba que necesitaría 349.000 trabajadores adicionales, por lo que la previsión para el próximo año supone un incremento del 30,7%. El economista jefe de la ABC, Anirban Basu, ha advertido de que no cubrir estas vacantes agravará la escasez en determinadas profesiones y regiones y ejercerá una presión adicional sobre los costes laborales. El déficit de trabajadores responde a varios factores, entre ellos la jubilación de empleados veteranos, la falta de relevo generacional, las restricciones a la inmigración y las expectativas de crecimiento de la actividad. La demanda de albañiles y otros profesionales de la construcción supera ampliamente la oferta disponible, lo que está impulsando los salarios y provocando retrasos en los proyectos. Según datos difundidos por la ABC el año pasado, el 92% de las constructoras había tenido dificultades para encontrar personal. La situación coincide con las perspectivas de recuperación de una industria que lleva años atravesando un periodo de estancamiento. El modelo de la asociación estima que cada 1.000 millones de dólares invertidos en proyectos de construcción generan una demanda de unos 3.450 puestos de trabajo, lo que refleja el efecto de las inversiones sobre el empleo del sector. La falta de profesionales puede representar una oportunidad para trabajadores extranjeros, incluidos los españoles, que podrían acceder a remuneraciones superiores a las habituales en Europa. No obstante, es necesario tener en cuenta el coste de vida en Estados Unidos, que se estima en unos 3.615 dólares mensuales para una persona, aunque varía considerablemente según la ciudad y el estado de residencia. Los salarios anuales de 75.000 dólares, equivalentes a unos 67.356 euros según las cifras recogidas en la información, se sitúan aproximadamente un 7% por encima de la remuneración media nacional estadounidense, estimada en 69.770 dólares anuales. En los puestos técnicos especializados, como los de electricistas, ingenieros, arquitectos y aparejadores, los ingresos pueden alcanzar los 250.000 dólares al año en determinadas posiciones que requieren formación universitaria. Pese al aumento de las necesidades de contratación, Basu ha señalado que el sector podría incorporar menos trabajadores que en ejercicios anteriores, debido a las previsiones de crecimiento moderado del gasto en construcción durante 2026 y 2027. La demanda, además, no se distribuye de manera uniforme entre las distintas actividades: algunos proyectos tecnológicos concentran una parte importante de los recursos y de los profesionales disponibles. El desarrollo de la inteligencia artificial constituye uno de los principales motores de esta demanda. Grandes compañías tecnológicas como Meta, Microsoft, Amazon, Google y Oracle prevén invertir conjuntamente unos 700.000 millones de dólares el próximo año. Una parte importante de estos recursos se destinará a infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial, especialmente a la construcción de centros de datos, que requieren albañiles, electricistas, fontaneros y técnicos especializados. Estos proyectos generan nuevas oportunidades para las constructoras, pero también pueden intensificar la competencia por la mano de obra frente a otras actividades, como la edificación residencial, la construcción de fábricas o las instalaciones sanitarias. Según Basu, los centros de datos destinados a la inteligencia artificial ofrecen una rentabilidad atractiva para las empresas, lo que puede llevarlas a priorizar estas obras frente a otros proyectos. A esta presión se suman las restricciones migratorias impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que limitan el acceso a una fuente tradicional de trabajadores para el sector. La combinación del aumento de la inversión tecnológica, el envejecimiento de la plantilla y las dificultades para incorporar nuevos profesionales mantiene la escasez de mano de obra como uno de los principales desafíos de la construcción en Estados Unidos.

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(El País, 29-10-2026) | Laboral

La pensión de viudedad es la única de las grandes prestaciones del sistema que pierde beneficiarios

El número de pensiones de viudedad en España ha disminuido un 0,2% en el último año, una evolución que contrasta con el crecimiento del 2,4% de las prestaciones de jubilación y del 1,8% de las de incapacidad permanente. Esta tendencia se mantiene desde hace años, pese al aumento del número total de pensiones contributivas. La semana pasada, el Gobierno aprobó una reforma que amplía el acceso a la pensión de viudedad a las parejas con hijos que no hubieran formalizado su relación mediante matrimonio o inscripción como pareja de hecho. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social no ha estimado cuántas personas podrían beneficiarse de este cambio. En octubre, la Seguridad Social abonó 2.344.470 pensiones de viudedad, de las que el 90% correspondió a mujeres. La cifra supone 4.000 prestaciones menos que hace un año, 8.000 menos que hace dos y 22.000 por debajo del máximo registrado en diciembre de 2019. Aunque el descenso es moderado, destaca su evolución frente al crecimiento del conjunto del sistema. En enero de 2015 se contabilizaban 2,15 millones de pensiones de este tipo, mientras que el número total de pensiones contributivas ha pasado de ocho millones hace dos décadas a 10,56 millones en la actualidad. El aumento del sistema se explica principalmente por las prestaciones de jubilación, que suman 6,78 millones. Son 150.000 más que hace un año, 700.000 más que hace cinco años y dos millones más que hace dos décadas. La jubilación de la numerosa generación del baby boom está impulsando esta evolución y constituye uno de los principales desafíos para la sostenibilidad del sistema público de pensiones, un asunto que también ha centrado parte del debate político de las últimas semanas. Cristina Estévez, secretaria ejecutiva confederal de UGT y responsable de las políticas de Seguridad Social, atribuye parte del retroceso de las pensiones de viudedad al aumento de la participación femenina en el mercado laboral. Las mujeres representan actualmente el 46,7% de la población ocupada, frente al 37,8% de 2002. Esta evolución ha permitido que un mayor número de ellas genere derechos propios de jubilación, en lugar de depender exclusivamente de la prestación de viudedad. Aunque ambas pensiones son compatibles, existe un límite máximo de ingresos que puede reducir el interés económico de percibir las dos. En 2026, ese tope se sitúa en 47.034 euros brutos anuales. La evolución demográfica también contribuye a explicar esta tendencia. Estévez señala la reducción del número de matrimonios, que ha pasado de unos 270.000 anuales hace cinco años a una cifra aproximadamente 100.000 inferior en la actualidad. Por su parte, Carlos Bravo, responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, apunta al aumento de la longevidad como otro factor relevante. La diferencia entre la esperanza de vida masculina y femenina se ha reducido en las últimas décadas. En los años noventa, los hombres vivían una media de 73,4 años y las mujeres, 80,41, una distancia de siete años. En 2024, último ejercicio con datos disponibles, la esperanza de vida alcanzó los 81,4 años en los hombres y los 86,5 en las mujeres, lo que reduce la brecha a cinco años. Esta convergencia hace que el periodo durante el cual se percibe una pensión de viudedad pueda ser más corto. Según Estévez, el intervalo entre los fallecimientos de ambos miembros de la pareja tiende a reducirse. La combinación de estos factores contribuye a que el número de personas viudas en España permanezca relativamente estable desde principios de siglo, en torno a los 2,9 millones, según el INE. El peso de las pensiones de viudedad dentro del sistema también ha disminuido. Actualmente representan el 22,2% del total de prestaciones, el porcentaje más bajo de la serie histórica, frente al 27% registrado hace dos décadas. Su participación en el gasto en pensiones contributivas ha bajado del 20,4% al 15,8% durante el mismo periodo. La diferencia se explica, en parte, por la menor cuantía de estas prestaciones: la pensión media de viudedad se sitúa en 977 euros mensuales, frente a los 1.578 euros de la jubilación. Además, cada vez son menos los pensionistas que tienen la viudedad como prestación principal. En 2012, 1,69 millones de personas tenían esta pensión como referencia, frente a los 1,46 millones actuales, otro mínimo histórico. La tendencia refleja que, en un número creciente de casos, la pensión de jubilación constituye la principal fuente de ingresos, mientras que la de viudedad pierde peso relativo dentro de la protección social.

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(El País, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Reserva Federal mantiene sin cambios los tipos de interés a menos de una semana de las ‘midterms’

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener los tipos de interés en el rango del 3,75% al 4% en su reunión de octubre, tal y como anticipaba la mayoría de los analistas. La decisión llega a menos de una semana de las elecciones legislativas de mitad de mandato y en un contexto marcado por el repunte de la inflación, que alcanzó el 3,7% en septiembre, y por el encarecimiento de la energía a raíz de las tensiones derivadas del conflicto con Irán. El presidente de la institución, Kevin Warsh, optó por esperar a disponer de nuevos datos económicos antes de tomar otra decisión, con la próxima reunión prevista para diciembre. Las expectativas del mercado apuntan ahora a una posible subida de los tipos en esa cita. Warsh defendió que la prioridad del banco central sigue siendo contener los precios, después de varios años de inflación por encima del objetivo oficial. También advirtió de que el encarecimiento de la energía puede extenderse a otros sectores de la economía y dificultar la vuelta a la estabilidad de precios. La reunión puso de manifiesto las diferencias existentes dentro de la Reserva Federal. Dos de sus responsables, Beth Hammack y Lisa Cook, defendieron elevar los tipos en un cuarto de punto, frente a la decisión mayoritaria de mantenerlos sin cambios. Warsh describió el debate como una discusión intensa, aunque aseguró que la política electoral no influyó en la decisión. La cautela del organismo coincide con un momento de incertidumbre política en Estados Unidos, donde el aumento del coste de la vida y las dificultades de acceso a bienes y servicios básicos están condicionando el debate público. El presidente de la Fed también anunció su intención de modificar el calendario de reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de decidir la política monetaria. Su propuesta contempla reducir de ocho a seis las reuniones anuales destinadas a votar sobre los tipos, reservando dos encuentros para debatir cuestiones generales de estrategia monetaria sin adoptar decisiones sobre el precio del dinero. El cambio se enmarca en una nueva forma de comunicación con los mercados, caracterizada por mensajes más breves y una menor orientación sobre las decisiones futuras. Esta estrategia pretende que los inversores evalúen la evolución económica a partir de sus propios análisis, en lugar de anticipar los movimientos de la Reserva Federal a través de sus comunicados. Sin embargo, la falta de indicaciones claras también puede aumentar la incertidumbre. Tiffany Wilding, economista de PIMCO, señala que los responsables monetarios han intentado moderar las expectativas de movimientos consecutivos de los tipos desde la subida de septiembre, sin que los últimos datos de inflación hayan alterado sustancialmente esa posición. Por su parte, Bret Kenwell, analista de eToro en Estados Unidos, advierte de que una mayor probabilidad de subida en diciembre podría presionar a los activos de riesgo, incluso si los tipos permanecen estables en octubre. A las tensiones inflacionistas se suma la incertidumbre sobre la evolución del empleo. La Reserva Federal debe equilibrar la necesidad de contener los precios con el riesgo de debilitar la actividad económica si mantiene una política monetaria demasiado restrictiva. El encarecimiento del petróleo y de otros productos energéticos complica esta tarea, al elevar los costes empresariales y reducir la capacidad de compra de los hogares. La inteligencia artificial constituye otro de los factores que condicionan las perspectivas económicas. La elevada inversión de las grandes tecnológicas en nuevos modelos de IA y centros de datos está impulsando la demanda de microprocesadores, componentes y materiales, lo que puede añadir presión sobre determinados precios. Al mismo tiempo, Warsh considera que la expansión de esta tecnología puede elevar la productividad a medio y largo plazo y contribuir a reducir los costes de producción. La Reserva Federal se enfrenta así a un doble desafío: controlar una inflación que sigue por encima de los niveles deseados sin frenar en exceso el crecimiento económico ni perjudicar la inversión tecnológica. La decisión de octubre aplaza ese dilema, pero no lo resuelve. La evolución de los precios, el mercado laboral y los costes energéticos será determinante para definir los próximos movimientos de la política monetaria estadounidense.

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(El País, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas busca aumentar la capacidad de las refinerías europeas para frenar los precios de los combustibles

La Comisión Europea ha iniciado conversaciones con las empresas del sector del refino para estudiar cómo aumentar la capacidad de las refinerías europeas y reducir la exposición de ciudadanos y empresas a las subidas de los precios energéticos. Aunque la transición hacia fuentes de energía más limpias y económicas exige reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles, la prolongación de la guerra en Ucrania y el conflicto entre Estados Unidos e Irán han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del suministro energético europeo. El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, y el responsable de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, han inaugurado en Bruselas una primera ronda de contactos con representantes de las refinerías y de la OTAN. Uno de los objetivos es garantizar un suministro suficiente y asequible de combustibles, así como asegurar la movilidad de las fuerzas militares en caso de emergencia. Las conversaciones continuarán a nivel técnico y está previsto que los responsables vuelvan a reunirse a comienzos de 2027 para evaluar los avances. La iniciativa llega en un momento de fuerte tensión en los mercados energéticos. El precio del gas natural en Europa se aproximó el miércoles a los 100 euros por megavatio-hora, un nivel que no se alcanzaba desde 2022. En el mercado de futuros neerlandés, el coste subió más de un 3%, hasta los 99,50 euros por megavatio-hora, impulsado por la incertidumbre en Oriente Próximo y las informaciones sobre la posible reanudación de los ataques estadounidenses contra Irán tras las elecciones de medio mandato de la próxima semana. El diálogo con las refinerías forma parte de las actuaciones planteadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de la última cumbre de líderes comunitarios. Los Veintisiete reclamaron una respuesta coordinada y urgente ante el encarecimiento de la energía, con medidas específicas y temporales que tengan en cuenta las particularidades de cada Estado miembro y preserven el funcionamiento del mercado único. Entre las opciones consideradas figuran la optimización de la capacidad de refino y el aplazamiento hasta 2028 de determinadas obligaciones sobre las emisiones de metano aplicables a los importadores de petróleo, gas y carbón. Por ahora, Bruselas no ha concretado qué medidas se pondrán en marcha para incrementar la producción. Jorgensen ha explicado que el sector ha presentado propuestas que deberán ser examinadas, aunque ha insistido en la necesidad de actuar con rapidez. La Agencia Internacional de la Energía ha advertido de que el mercado mundial del gasóleo continuará sometido a una elevada presión durante buena parte de 2027. El comisario ha alertado de que el próximo invierno será complicado tanto para los hogares como para la economía europea. Actualmente, las refinerías de la Unión Europea cubren alrededor del 70% de la demanda de combustible para aviación y el 85% del consumo de gasóleo. Sin embargo, la capacidad industrial se ha reducido durante las últimas dos décadas: aproximadamente una cuarta parte de las refinerías europeas han cerrado y la capacidad de refino del continente ha disminuido en torno a un 10%. A esta evolución se suma el aumento de las desinversiones en el sector. Para Jorgensen, la crisis actual debe servir para revisar esta tendencia y reforzar la autonomía energética europea. El comisario considera necesario disponer de una capacidad de refino suficiente y flexible que permita responder a las alteraciones del mercado internacional y reducir la exposición a futuras interrupciones del suministro. Las conversaciones iniciadas en Bruselas pretenden identificar las posibilidades de aumentar la producción y mejorar el aprovechamiento de las instalaciones existentes. El proyecto, no obstante, plantea un difícil equilibrio entre las necesidades inmediatas y los compromisos medioambientales de la Unión Europea. Mientras Bruselas estudia cómo ampliar la capacidad para procesar combustibles fósiles, mantiene sus objetivos de reducción progresiva de emisiones y la meta de alcanzar la neutralidad climática en 2050. La reducción de la capacidad de refino en los últimos años se enmarca, precisamente, en el proceso de transformación del modelo energético europeo. El comisario ha reconocido que es necesario conciliar ambas prioridades. A largo plazo, la estrategia comunitaria pasa por abandonar la dependencia de los combustibles fósiles, pero, en la actualidad, millones de ciudadanos siguen utilizando vehículos de combustión y sistemas de calefacción basados en gas y combustibles líquidos. Además, las necesidades de defensa hacen que los ejércitos europeos continúen dependiendo de estos suministros. La Comisión quiere aprovechar el diálogo con las refinerías para elaborar una hoja de ruta que permita modernizar la industria y adaptarla a los objetivos climáticos sin comprometer la seguridad energética. Entre las posibilidades que se estudiarán figura el impulso de la producción de biocarburantes y combustibles sintéticos, con el fin de facilitar la transformación del sector y reducir progresivamente su impacto ambiental. Jorgensen también ha señalado que los beneficios que está obteniendo actualmente la industria del refino pueden contribuir a financiar esa transformación. Según ha explicado, cuando remita la crisis podría producirse un exceso de oferta mundial de los productos que las refinerías fabrican en la actualidad. Por ello, Bruselas considera importante aprovechar el periodo de elevada demanda y rentabilidad para impulsar inversiones que permitan avanzar hacia un modelo energético menos dependiente de los combustibles fósiles.

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(La Vanguardia, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno decreta tres días de duelo por el siniestro de Urda

El nuevo accidente ferroviario registrado este miércoles en la provincia de Toledo, con al menos 68 fallecidos, ha provocado una fuerte conmoción política y ha dejado en suspenso la precampaña electoral del 29 de noviembre. El siniestro se produce apenas nueve meses después del ocurrido en Adamuz (Córdoba), que causó 46 víctimas mortales, en el mismo corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La tragedia abre interrogantes sobre la seguridad ferroviaria y sitúa al ministro de Transportes, Óscar Puente, bajo una creciente presión política, mientras se esperan los resultados de la investigación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que España no puede asumir dos accidentes graves de alta velocidad en un mismo año. Desde el lugar del siniestro, ha asegurado que se investigarán todas las posibles causas y que, si se detectan negligencias o fallos en los sistemas de seguridad, se exigirán responsabilidades. Entre las hipótesis que se barajan figuran un posible error humano en el centro de control de Adif en Atocha y un fallo informático en el sistema de seguridad que habría desencadenado el accidente. Sánchez ha señalado que, aunque los dos accidentes ferroviarios registrados este año tienen causas distintas, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para reforzar la seguridad y recuperar la confianza de los usuarios en la alta velocidad. Tras conocer lo ocurrido, el jefe del Ejecutivo ha suspendido su agenda y ha mantenido contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También ha informado al rey Felipe VI y se ha desplazado al puesto de mando de Urda acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Gobierno ha anunciado tres días de luto oficial, desde este jueves hasta el sábado 31 de octubre, durante los cuales se suspenderán también los actos de precampaña. Sánchez ha insistido en que las prioridades inmediatas son atender a las víctimas y a sus familiares, así como esclarecer las circunstancias del siniestro. La determinación de las causas será clave para establecer posteriormente las posibles responsabilidades políticas. Óscar Puente, que se ha desplazado al centro de control de Adif en Atocha, ha calificado el accidente de difícil explicación y ha apuntado a una posible decisión equivocada del operador que autorizó la reanudación de la marcha de un tren de Renfe que terminó colisionando con otro de Iryo, que permanecía detenido. El ministro ha considerado inexplicable que se diera esa autorización en las circunstancias que se investigan, aunque ha evitado adelantar conclusiones definitivas. Por el momento, Puente ha descartado presentar su dimisión y ha afirmado que su prioridad es esclarecer lo ocurrido y contribuir a resolver la situación. Sin embargo, dentro de la dirección del PSOE hay dirigentes que consideran que debería asumir responsabilidades políticas una vez que se conozcan los hechos. La posibilidad de su salida del Gobierno añade presión al Ejecutivo en vísperas de la cita electoral del 29 de noviembre. La oposición ha reclamado explicaciones al Gobierno, aunque las formaciones han adoptado posiciones diferentes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido su agenda y ha regresado a Madrid. Por ahora, ha evitado exigir responsabilidades políticas concretas, pero ha anunciado que reclamará información sobre el gasto destinado al sistema ferroviario, en un contexto marcado por las críticas sobre el mantenimiento de la red y las incidencias registradas en los últimos meses. Vox, por su parte, ha sido la formación que ha mantenido sus actos de precampaña. El partido ha celebrado una protesta en la plaza de Cibeles, en Madrid, en la que se han reclamado las dimisiones de Sánchez y Puente. Su presidente, Santiago Abascal, ha expresado su indignación por la tragedia y ha lanzado duras acusaciones contra el Ejecutivo. El accidente ha alterado así el escenario político a pocas semanas de las elecciones. Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno centra sus esfuerzos en la atención a las víctimas y en determinar qué falló en la circulación ferroviaria. El alcance de las responsabilidades y las consecuencias para el ministro de Transportes dependerán de las conclusiones que se obtengan sobre las causas del siniestro.

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(El Economista, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Justicia frena los testamentos que usan la mejora para beneficiar al cónyuge frente a los hijos

El Tribunal Supremo ha determinado que un testador no puede imponer una sustitución fideicomisaria sobre el tercio de mejora de la herencia a favor de su cónyuge viudo, aunque establezca que los bienes deberán conservarse para transmitirlos posteriormente a sus hijos. La sentencia, de 7 de octubre de 2026, establece que tanto el fiduciario como el fideicomisario deben ser descendientes del causante cuando la sustitución afecta a este tercio de la herencia. El magistrado ponente, Seoane Spiegelberg, considera que esta disposición testamentaria vulnera la intangibilidad cualitativa de la legítima estricta y de la legítima larga de los herederos forzosos. Por este motivo, el alto tribunal desestima el recurso de casación presentado por la viuda y confirma la nulidad de las operaciones de partición de la herencia realizadas por el contador partidor. El litigio tiene su origen en un testamento otorgado en 2017 por un hombre casado en segundas nupcias bajo el régimen de separación de bienes y con tres hijos de un matrimonio anterior. La defensa de la viuda sostuvo ante el Supremo que la disposición no infringía los artículos 782, 813 y 824 del Código Civil. A su juicio, la prohibición de establecer sustituciones sobre el tercio de mejora debía interpretarse atendiendo a quién recibiría finalmente los bienes, es decir, los hijos designados como fideicomisarios, y no a la identidad de la fiduciaria. También argumentó que su posición era equiparable a la protección que la ley reconoce al cónyuge viudo mediante el usufructo del tercio de mejora, conforme al artículo 834 del Código Civil. El testador había legado a su esposa el tercio de libre disposición, atribuido la legítima estricta a una de sus hijas y nombrado herederos universales del resto a sus otros dos hijos, ambos varones. Asimismo, estableció una sustitución fideicomisaria sobre determinados porcentajes de fincas e inmuebles, designando a su viuda como heredera fiduciaria, con la obligación de conservar los bienes, y a sus dos hijos como fideicomisarios. Al formalizarse la partición de la herencia, cuyo caudal neto ascendía a 1,8 millones de euros, el contador partidor agotó el tercio de libre disposición mediante legados en metálico, saldos bancarios y atribuciones de bienes en pleno dominio a la viuda. Por otra parte, la cuota correspondiente a la titularidad fiduciaria de los inmuebles, valorada en 77.000 euros, se imputó al tercio de mejora. Los dos hijos nombrados herederos universales demandaron a la viuda para solicitar la rescisión de la partición por lesión y la reducción de los legados inoficiosos. Argumentaron que la carga impuesta sobre los inmuebles reducía indebidamente sus derechos hereditarios al impedirles disponer plenamente de esos bienes hasta el fallecimiento de la fiduciaria. El Tribunal Supremo distingue entre el usufructuario y el heredero fiduciario. Mientras que el primero dispone de un derecho real sobre bienes ajenos, el segundo adquiere el pleno dominio de los bienes hereditarios, con la posibilidad de disfrutarlos y ejercer las facultades propias de la propiedad, aunque tenga la obligación de conservarlos y restituirlos posteriormente. Por ello, el fiduciario es un sucesor a título gratuito que obtiene un beneficio directo de la disposición testamentaria. La Sala fundamenta su decisión en el artículo 782 del Código Civil, que prohíbe imponer sustituciones fideicomisarias sobre la legítima y limita las que recaen sobre el tercio de mejora a favor de descendientes. A ello se suma el artículo 824, que impide establecer gravámenes sobre dicho tercio si no se hacen en beneficio de los legitimarios o de sus descendientes. Dado que el cónyuge viudo no es descendiente del causante, atribuirle la titularidad fiduciaria de bienes pertenecientes al tercio de mejora limita la disponibilidad de esa parte de la herencia por los herederos forzosos hasta el fallecimiento de la esposa. Esta restricción vulnera, según el tribunal, el principio de intangibilidad cualitativa de la legítima recogido en el artículo 813 del Código Civil. La sentencia descarta asimismo que la disposición pueda ampararse en una cautela sociniana, destinada a proteger al cónyuge viudo, ni en el artículo 831 del Código Civil, relativo a la delegación de la facultad de mejorar. El testamento no atribuía expresamente facultades distributivas de este tipo y, además, los hijos implicados no eran descendientes comunes del matrimonio. En consecuencia, el Supremo confirma la nulidad de la partición hereditaria elaborada por el contador partidor y condena a la viuda al pago de las costas procesales, además de declarar perdido el depósito constituido para recurrir.

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(El Economista, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas moviliza casi 12.000 millones para crear un cuerpo de 30.000 agentes de fronteras

La Comisión Europea ha presentado un paquete legislativo que fija el objetivo de alcanzar un cuerpo permanente de 30.000 agentes después de 2027. Para ello, se prevé crear la Reserva Europea de Fronteras y Retornos, integrada por 17.000 efectivos procedentes de las administraciones nacionales. El marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034 contempla una dotación de 11.888 millones de euros. El paquete incluye dos propuestas de reglamento destinadas a reforzar la capacidad operativa de Frontex y a establecer un sistema informático común para los 27 Estados miembros. La iniciativa busca actualizar la normativa europea relativa al control de las fronteras exteriores y a la gestión de los procedimientos de retorno. La primera propuesta, identificada como COM(2026) 1030, plantea una refundición del reglamento de Frontex para convertir a la agencia en el principal instrumento operativo del Sistema Europeo Común de Retornos. Entre las nuevas competencias previstas figura la posibilidad de adquirir equipamiento técnico propio y organizar compras conjuntas. También se contempla la creación de un Centro de Coordinación de Retornos encargado de planificar las operaciones de retorno voluntario y forzoso. Además, Frontex podrá prestar asistencia en terceros países mediante acuerdos de estatuto y gestionar el Centro de Vigilancia en línea como informador de confianza en el marco del Reglamento de Servicios Digitales. La propuesta incorpora igualmente una Oficina de Apoyo en materia de Visados y una Oficina SIRENE interna. La segunda iniciativa, registrada como COM (2026) 1037, regula la digitalización de los expedientes relacionados con el retorno, la readmisión y la reintegración. Para ello, establece una arquitectura técnica descentralizada denominada columna vertebral digital común. Cada Estado miembro contará con un sistema nacional RECAMAS, conectado con los demás países a través de un portal de comunicación desarrollado por la agencia eu-LISA. La infraestructura se completará con el sistema iRCMS, destinado a la gestión de la readmisión, y el sistema RIAT, centrado en la reintegración. Cada expediente dispondrá de un identificador único que permitirá realizar su seguimiento en tiempo real. El proyecto prevé automatizar la apertura de expedientes cuando finalice el periodo de estancia legal, así como la emisión de decisiones de retorno y la utilización de inteligencia artificial. El plazo general de conservación de los datos será de diez años. La supervisión del programa recaerá en una Junta de Gestión formada por diez representantes de la Comisión Europea, Frontex y eu-LISA. La implantación completa del sistema está prevista para 2034.

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