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(Expansión, 15-06-2026) | Fiscal

Hacienda se prepara para embargar ayudas públicas a los morosos de la Administración

El Gobierno está preparando una herramienta informática que permitirá a la Agencia Tributaria retener pagos de ayudas y otros fondos públicos destinados a personas o entidades que mantengan deudas con alguna administración pública. Este sistema, denominado punto neutro de embargos, facilitará el intercambio diario de información sobre pagos, ingresos y obligaciones pendientes entre todas las administraciones, ya sean estatales, autonómicas o locales. El objetivo es impedir que quienes tengan deudas con un organismo público puedan recibir fondos procedentes de otro. Esta medida figura en el proyecto de Real Decreto que regulará el funcionamiento del punto neutro de embargos. El texto, impulsado por el Ministerio de Hacienda, se encuentra actualmente en fase de audiencia e información pública hasta el próximo 25 de junio. La iniciativa tiene su origen en las propuestas formuladas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada en 2012 para promover la modernización del sector público y mejorar su eficiencia. Ya entonces, la normativa sobre factura electrónica contemplaba la colaboración entre la Agencia Tributaria, los órganos de recaudación autonómicos y locales, la Tesorería General de la Seguridad Social y los organismos pagadores de las distintas administraciones para compartir información sobre deudores y pagos pendientes. Ahora, Hacienda pretende desarrollar plenamente ese sistema de intercambio de datos mediante una plataforma gestionada por la Agencia Tributaria. Gracias a ella, cualquier administración podrá detectar si una persona o empresa que va a recibir un pago mantiene deudas con otro organismo público y, en su caso, proceder al embargo de las cantidades correspondientes. La puesta en marcha de este mecanismo supone un paso importante en la coordinación entre administraciones para la recuperación de deudas pendientes. Cuando varias administraciones reclamen cantidades a un mismo deudor, el reparto de los fondos retenidos se realizará siguiendo el orden de prioridad establecido por la legislación vigente. No obstante, el reglamento contempla determinadas excepciones. Quedarán fuera de este sistema de embargo las nóminas del personal al servicio de las administraciones públicas, las pensiones de Clases Pasivas, las prestaciones económicas de la Seguridad Social, las devoluciones tributarias derivadas de ingresos indebidos, las transferencias destinadas a la financiación de comunidades autónomas y entidades locales, los fondos de compensación territorial y los pagos comprometidos en moneda extranjera. Por el contrario, sí podrán ser objeto de embargo otros pagos públicos, como los derivados de contratos entre administraciones y proveedores, así como subvenciones y ayudas públicas de distinta naturaleza. La plataforma realizará de forma automática las comprobaciones necesarias para determinar la existencia de deudas y la procedencia de los embargos, aunque el procedimiento incorporará garantías para proteger los derechos de los afectados. Debido al elevado número de organismos que deberán integrarse en este sistema, Hacienda considera imprescindible que todas las administraciones utilicen un modelo común de firma electrónica en las actuaciones relacionadas con los embargos. Con ello se pretende evitar problemas técnicos y facilitar la interoperabilidad entre administraciones. El proyecto establece un periodo transitorio para su implantación. Con carácter general, el reglamento entrará en vigor un año después de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado. Este plazo será aplicable a la Administración General del Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas, las diputaciones, los consejos insulares, las capitales de provincia y los municipios de más de 75.000 habitantes. Los ayuntamientos de menor tamaño dispondrán de seis meses adicionales para adaptarse al sistema, por lo que contarán con un plazo total de dieciocho meses. Además, los municipios con menos de 20.000 habitantes recibirán apoyo técnico por parte de las diputaciones correspondientes. La Agencia Tributaria también podrá poner en marcha una fase piloto de seis meses antes de la implantación definitiva. En consecuencia, el funcionamiento completo de esta plataforma podría no alcanzarse hasta comienzos de 2028.

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(Expansión, 15-06-2026) | Laboral

Oleada de expedientes de regulación de empleo (ERE) en Cataluña en lo que va de año

Las empresas catalanas y diversas multinacionales con una larga trayectoria en Cataluña han impulsado durante 2026 importantes procesos de reestructuración laboral para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Estos ajustes contrastan con la evolución positiva del empleo en la comunidad, que alcanzó en mayo un máximo histórico cercano a los cuatro millones de afiliados a la Seguridad Social. Entre los expedientes de regulación de empleo más destacados figura el de Glovo. La compañía de reparto a domicilio, con sede en Barcelona, llevó a cabo el mayor ajuste de plantilla de una empresa catalana este año. Tras modificar su modelo de negocio y formalizar la contratación de todos sus repartidores, la empresa prescindió finalmente de 436 trabajadores en el conjunto de España. También sobresale el caso de Mediapro, que acordó un ERE para 189 empleados de sus oficinas de Barcelona y Madrid como parte de un plan destinado a reforzar su estabilidad financiera. En el ámbito exclusivamente catalán, la constructora Limak protagonizó el expediente más relevante de 2026. La compañía pactó la salida de 399 trabajadores debido a la próxima finalización de las obras del Espai Barça, uno de los proyectos de infraestructura más importantes actualmente en ejecución en la comunidad. La industria de la automoción continúa siendo uno de los sectores más afectados por la transformación hacia la movilidad eléctrica. En este contexto, Nissan y Ficosa han aplicado despidos colectivos que afectan a 195 y 105 empleados, respectivamente, en sus instalaciones catalanas. A estos ajustes se suma el ERE planteado por Adient, proveedor de asientos de Seat, que contempla la salida de alrededor de un centenar de trabajadores de su planta de Abrera, en el Baix Llobregat. La industria alimentaria tampoco ha escapado a los procesos de reorganización empresarial impulsados por grandes grupos multinacionales. Nestlé ha anunciado un expediente que supondrá la salida de 119 empleados en Cataluña, mientras que PepsiCo ha pactado la desvinculación de 414 trabajadores repartidos entre sus once centros de trabajo en España, incluidos varios ubicados en territorio catalán. Por su parte, el sector tecnológico también está experimentando importantes ajustes en plena expansión de la inteligencia artificial y la automatización de procesos. La empresa de moderación de contenidos digitales Majorel ha despedido a 347 trabajadores en Barcelona, mientras que la consultora tecnológica Capgemini ha culminado un expediente que afecta a 124 empleados en la capital catalana. En conjunto, los despidos colectivos muestran una tendencia claramente al alza. Entre enero y abril se registraron 95 expedientes de regulación de empleo de extinción, un 32% más que en el mismo periodo del año anterior. El número de trabajadores afectados se acerca ya a las 3.000 personas, lo que representa un incremento del 36%, según los datos más recientes del Observatori del Treball i Model Productiu.

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(Expansión, 15-06-2026) | Laboral

Las puertas de la Seguridad Social se abren para la totalidad de los mutualistas alternativos, algo más de 100.000

La aprobación en el Congreso de los Diputados de la esperada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los mutualistas ha supuesto un cambio significativo respecto a la propuesta inicial del Gobierno. Tras más de dos años de negociaciones entre el Ejecutivo, los grupos parlamentarios y las asociaciones de afectados, las enmiendas introducidas por el Partido Popular y Junts han ampliado de forma notable el alcance de la medida. La reforma permitirá que los profesionales integrados en mutualidades alternativas puedan trasladar sus derechos al sistema público de Seguridad Social y acceder a sus prestaciones, especialmente a las pensiones de jubilación, que cuentan con mecanismos de revalorización vinculados al IPC y con garantías de cuantías mínimas que no existen en muchos sistemas mutualistas. Aunque los detalles definitivos deberán concretarse mediante un desarrollo reglamentario, las modificaciones aprobadas alteran sustancialmente los planteamientos iniciales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde el principio, el Ejecutivo había intentado limitar el impacto económico de incorporar al RETA a los más de 100.000 mutualistas alternativos, profesionales que cotizan a través de sus colegios profesionales en lugar de hacerlo directamente al sistema público. Sin embargo, el texto aprobado amplía considerablemente el número de beneficiarios potenciales. La posibilidad de acceder a la pasarela ya no dependerá de los años previamente cotizados a la Seguridad Social y, además, se extiende también a quienes ya se encuentran jubilados. La nueva regulación beneficiará a abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros, médicos y otros profesionales adscritos a mutualidades alternativas. Se elimina así una de las principales restricciones previstas inicialmente, que impedía acogerse a la pasarela a quienes ya hubieran acumulado al menos quince años de cotización en alguno de los regímenes de la Seguridad Social. Uno de los cambios más relevantes afecta a los mutualistas jubilados. Hasta ahora, este colectivo había quedado excluido de cualquier integración en el sistema público. Con la nueva redacción, también podrán solicitar su incorporación. Esta medida responde a las demandas de numerosas asociaciones de jubilados que perciben prestaciones reducidas, en muchos casos de apenas 400 o 500 euros mensuales. No obstante, la aplicación práctica de esta medida plantea importantes interrogantes. A diferencia de los mutualistas en activo, los jubilados ya están percibiendo prestaciones financiadas con el capital acumulado durante su vida laboral, por lo que el futuro reglamento deberá establecer cómo se articula su eventual acceso a una pensión pública. Entre mutualistas activos y jubilados, la reforma abre la puerta a que más de 120.000 profesionales puedan integrarse en la Seguridad Social. Otro de los aspectos más debatidos durante la tramitación ha sido el denominado coeficiente de conversión, es decir, la fórmula utilizada para transformar las aportaciones realizadas a las mutualidades en años cotizados al RETA. La propuesta inicial contemplaba un coeficiente del 0,77, lo que suponía reconocer únicamente el 77% del tiempo cotizado en la mutualidad a efectos de la Seguridad Social. Sin embargo, la enmienda finalmente aprobada establece el denominado sistema "uno por uno". De este modo, cada año cotizado en la mutualidad se computará como un año completo de cotización en el RETA. Esta modificación resulta especialmente favorable para los mutualistas, ya que durante años la normativa solo les exigía aportar un mínimo equivalente al 80% de la base mínima de cotización de los autónomos. Con el nuevo criterio, esas aportaciones se reconocerán como si hubieran alcanzado el nivel completo exigido en el sistema público. La reforma también introduce cambios para quienes decidan continuar en las mutualidades profesionales. Con el objetivo de reforzar su sostenibilidad y evitar futuras diferencias de protección social, se incrementarán progresivamente las aportaciones mínimas exigidas. Así, las cuotas deberán equivaler al 86% de la base mínima del RETA en 2026, al 93% en 2027 y alcanzar el 100% en 2028, equiparándose plenamente a las cotizaciones mínimas de los trabajadores autónomos integrados en la Seguridad Social. Asimismo, el texto reconoce expresamente el sistema de equivalencia "uno por uno" para los mutualistas mayores de 55 años, garantizando que cada año de aportación a la mutualidad sea considerado como un año cotizado a efectos del cálculo de la futura pensión de jubilación. Otro de los cambios de mayor alcance afecta al propio modelo de mutualismo alternativo. La propuesta inicial del Gobierno contemplaba su desaparición a partir del 1 de enero de 2028, obligando a todos los nuevos profesionales autónomos a incorporarse directamente al RETA. Sin embargo, una enmienda impulsada por Junts elimina esta fecha límite y permite que las mutualidades continúen funcionando como alternativa al sistema público. La decisión supone una importante victoria para estas entidades, que mantendrán su actividad más allá de 2028. La nueva normativa establece que el Gobierno deberá realizar antes del 31 de diciembre de 2030 una evaluación sobre la viabilidad y funcionamiento del mutualismo alternativo. A partir de ese análisis se decidirá si resulta conveniente mantener el modelo o avanzar hacia su eventual integración definitiva en la Seguridad Social. En consecuencia, la reforma no solo amplía el acceso de miles de mutualistas al sistema público, sino que también garantiza, al menos por el momento, la continuidad de un modelo profesional que el Ejecutivo había planteado extinguir en los próximos años.

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(El País, 15-06-2026) | Laboral

El Ibex acata la ley de paridad, pero las mujeres siguen sin llegar a la alta dirección

La cuenta atrás ya ha comenzado para buena parte de las grandes empresas españolas. A partir del 30 de junio entra plenamente en vigor la obligación establecida en la ley de paridad, aprobada en 2024, que exige que las mayores compañías cotizadas del país cuenten con una presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus consejos de administración. En concreto, el sexo menos representado deberá alcanzar al menos el 40% de los asientos. Tras un periodo de adaptación de dos años, el balance general muestra que la mayoría de las empresas del Ibex 35 han cumplido con el objetivo en sus órganos de gobierno. En conjunto, los consejos de administración de las 35 mayores cotizadas españolas suman 423 miembros, de los cuales 181 son mujeres, lo que representa un 42,8%, por encima del mínimo legal exigido. Sin embargo, este avance no se traslada con la misma intensidad a los puestos de mayor responsabilidad ejecutiva. Dentro del Ibex 35 existen 52 consejeros ejecutivos, pero solo cuatro son mujeres, lo que equivale a un 7,7%. Entre los casos destacados figuran Banco Santander, presidido por Ana Botín; Bankinter, con Gloria Ortiz; Acciona Energía, con Arantza Ezpeleta; y Mapfre, con Elena Sanz en la dirección de Mapfre Iberia. También destacan casos de liderazgo femenino en otras grandes compañías. Inditex, con Marta Ortega como presidenta no ejecutiva, y Redeia, presidida por Beatriz Corredor, muestran presencia femenina en posiciones relevantes, aunque no siempre vinculadas a la gestión ejecutiva diaria. En la alta dirección, donde no se incluyen los consejos de administración, las cifras se sitúan por debajo de los objetivos marcados. Las mujeres representan aproximadamente el 27% de las cúpulas directivas del Ibex 35, una mejora respecto a años anteriores, pero aún insuficiente para alcanzar una paridad real. En el conjunto del mercado continuo, el porcentaje se reduce al 23,7%, según datos de consultoras y de los informes de gobierno corporativo. Solo seis compañías del Ibex 35 no alcanzan todavía el mínimo del 40% exigido por la normativa, aunque algunas se encuentran cerca del objetivo, como Puig, Indra y Acerinox. También permanecen por debajo del umbral Grifols, Naturgy y Solaria, esta última como la más rezagada. No obstante, el incumplimiento del porcentaje mínimo no implica necesariamente sanción inmediata. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha precisado que, cuando no sea posible alcanzar exactamente el 40% por el tamaño del consejo, se aplicará el porcentaje más cercano. Además, la ley se dirige a las 35 compañías de mayor capitalización bursátil, lo que introduce diferencias respecto al índice Ibex 35. La pertenencia al selectivo no depende únicamente de la capitalización, sino también de criterios como la liquidez, lo que deja fuera a algunas compañías de gran tamaño que sí están sujetas a la norma. Es el caso de empresas como FCC o CIE Automotive, que presentan una representación femenina en sus consejos cercana al 36%, o Vidrala, que alcanza el 45%. La normativa establece también un calendario de adaptación progresiva. Las empresas afectadas deberán alcanzar el 40% antes del 30 de junio de 2027, mientras que las entidades de interés público no cotizadas tendrán objetivos intermedios del 33% en 2026 y del 40% en 2029, en el consejo y en la alta dirección. El avance hacia la paridad en los órganos de gobierno es significativo, pero la brecha persiste en los niveles de decisión ejecutiva, donde la presencia femenina continúa siendo minoritaria pese a las mejoras registradas en los últimos años.

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(El País, 15-06-2026) | Laboral

El estatuto del becario se estanca en el Congreso tres años después del pacto para frenar los abusos

Han pasado ya tres años desde el 15 de junio de 2023, fecha en la que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo presentó el estatuto del becario en un acto acompañado por los líderes de CC OO y UGT. En aquella ocasión, la ministra defendió que "se ha acabado el tiempo de pensar en los jóvenes en prácticas como asalariados fantasma", mientras el PSOE expresaba públicamente sus reservas sobre el contenido del texto. Desde entonces, la iniciativa ha quedado bloqueada en un proceso de negociación prolongado, sin llegar a materializarse en el Boletín Oficial del Estado pese al tiempo transcurrido y a su reiterada presencia en la agenda del Ministerio de Trabajo. El rechazo inicial de los socialistas, la prioridad otorgada a otras reformas y la falta de una mayoría parlamentaria clara han contribuido a mantener el proyecto en punto muerto. El diseño del estatuto comenzó en la primavera de 2022, con la apertura de conversaciones entre el ministerio, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por continuos cambios de rumbo. En otoño de ese mismo año se alcanzó un primer acuerdo con los sindicatos que posteriormente fue descartado para intentar incorporar a la patronal. Aquella primera versión incluía la supresión de las prácticas extracurriculares, consideradas por los sindicatos como una vía de precarización. Con la reapertura de las negociaciones, se elaboró un nuevo texto que mantenía las prácticas extracurriculares, aunque con limitaciones, sin lograr el apoyo de CEOE y Cepyme. El proyecto también contempla medidas como la compensación de gastos de transporte o manutención para los estudiantes en prácticas. El 15 de junio de 2023 el Ministerio de Trabajo presentó oficialmente la propuesta, en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones generales del 23 de julio. Sin embargo, apenas unas horas antes del acto, desde el Ministerio de Economía y La Moncloa se trasladaron dudas sobre la madurez del texto, calificándolo de "verde" y señalando la necesidad de mayor trabajo técnico. Las discrepancias entre el área de Trabajo y los departamentos económicos del Gobierno han sido una constante durante el proceso, tanto en la legislatura anterior como en la actual. A pesar de ello, el proyecto no llegó a tiempo al Consejo de Ministros antes de las elecciones ni en los meses posteriores, en los que otras reformas concentraron la atención política. No fue hasta noviembre de 2025 cuando el estatuto volvió al Consejo de Ministros, sin modificaciones sustanciales respecto al acuerdo alcanzado con los sindicatos en 2023. Posteriormente, la norma fue remitida al Congreso el 5 de marzo, con un plazo de enmiendas que se ha ido prorrogando en hasta once ocasiones. Desde el espacio político de Sumar se sostiene que el Ministerio de Trabajo lidera las negociaciones con los grupos parlamentarios, aunque el contenido de estas conversaciones no ha sido detallado públicamente. El departamento dirigido por Yolanda Díaz defiende que se trata de una norma clave para garantizar derechos laborales a los estudiantes en prácticas y evitar el uso fraudulento de la figura del becario. En el ámbito parlamentario, la situación es incierta. El PNV ha avanzado la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad, al considerar que el texto no incorpora de forma suficiente la perspectiva educativa y ha sido negociado principalmente desde un enfoque laboral. Sin su apoyo, la aprobación del estatuto queda comprometida. A ello se suma la necesidad de contar con otros socios parlamentarios clave, como Junts, cuyo voto fue determinante en el rechazo de otras iniciativas del Gobierno, como la reducción de la jornada laboral. Con la patronal y diversos actores del ámbito educativo en contra, las opciones de aprobación del proyecto se reducen considerablemente. Mientras tanto, sindicatos como CC OO y UGT insisten en la necesidad de desbloquear la tramitación y advierten del riesgo de que la norma quede atrapada en la dinámica política. También critican que el proyecto siga sin avanzar tras años de negociación y reclaman al Gobierno que acelere su aprobación para forzar una posición clara de los grupos parlamentarios. El estatuto del becario no es el único proyecto de la cartera de Trabajo que enfrenta dificultades. Otras iniciativas, como la ampliación del permiso por fallecimiento o la reforma del registro horario, también dependen de complejos equilibrios políticos y de su posterior validación parlamentaria, lo que mantiene en el aire buena parte de la agenda legislativa del departamento.

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(El Economista, 15-06-2026) | Laboral

Las empresas deberán revisar los pluses para cumplir con la brecha salarial del 5%

Las empresas españolas han iniciado una revisión profunda de sus políticas salariales ante la espera de que el Gobierno concrete cómo aplicará la directiva europea que obligará a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres hasta un máximo del 5% cuando no esté justificada por criterios objetivos. Este nuevo marco normativo obligará a las compañías a analizar no solo los incrementos salariales, sino también la forma en que se asignan los complementos retributivos, uno de los principales factores que explican las diferencias de salario entre géneros. Un estudio del Gabinete Económico de CC OO apunta precisamente a los complementos salariales como el elemento clave en la brecha retributiva. Estas partidas, destinadas a compensar conceptos como la disponibilidad, el trabajo a turnos, la responsabilidad, los idiomas o la peligrosidad, explicarían cuatro de cada diez euros de la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Mientras que la brecha en el salario base se sitúa en torno al 15,5%, esta se eleva hasta el 28,5% cuando se incluyen los pluses. Según el sindicato, estos complementos actúan como el principal canal a través del cual se materializan las diferencias salariales. En términos medios, la brecha anual entre hombres y mujeres alcanza los 371 euros, de los cuales 145 euros se atribuyen directamente a estos conceptos variables, según datos elaborados a partir del INE de 2022. Las desigualdades son aún más acusadas en determinados sectores. En las actividades científicas y técnicas la brecha alcanza el 63%, mientras que en los puestos directivos se sitúa en torno al 53%, lo que refuerza el peso de los complementos como factor determinante en las diferencias retributivas. En el ámbito privado, la brecha salarial es superior a la del sector público, tanto en términos anuales como por hora trabajada. En el sector privado alcanza el 31% anual, frente al 9% del sector público, mientras que por hora se sitúa en el 15%. Será precisamente este último indicador el que utilizará la normativa europea como referencia, al excluir las diferencias derivadas del número de horas trabajadas. La directiva comunitaria fija como objetivo reducir la brecha no justificada por debajo del 5% y establece además la obligación de que las empresas de más de 100 trabajadores informen sobre las diferencias salariales desglosadas por conceptos, incluidos los complementos. Esto ha llevado a muchas compañías a comenzar revisiones internas de sus estructuras retributivas, incluso antes de que el Gobierno complete la transposición de la norma. En este contexto, los expertos en recursos humanos advierten de que los complementos salariales pueden convertirse en el principal foco de análisis en las futuras auditorías retributivas. Mientras que el salario base suele estar más estandarizado por convenio colectivo, los pluses introducen mayor variabilidad, especialmente cuando no están claramente definidos o asociados a criterios objetivos. Los especialistas señalan que muchos de estos complementos responden a decisiones históricas o a necesidades de retención de talento, más que a criterios de diseño actualizados. Sin embargo, alertan de que la falta de transparencia en su aplicación puede generar diferencias difíciles de justificar entre empleados con el mismo nivel profesional. Entre los conceptos más problemáticos se encuentran las denominadas "mejoras voluntarias", los bonus sin objetivos medibles o los complementos personales e históricos, que en muchos casos responden a decisiones individuales o prácticas acumuladas a lo largo del tiempo. La ausencia de criterios homogéneos dificulta la trazabilidad de estas diferencias. Los expertos advierten también de que las empresas pueden enfrentarse a incoherencias internas al revisar estas políticas, con conceptos duplicados o criterios no documentados que han evolucionado de forma desigual. No obstante, destacan que la digitalización y el uso de herramientas de análisis de datos permiten detectar estas discrepancias de forma mucho más rápida y eficiente. Más allá del cumplimiento normativo, los especialistas en recursos humanos consideran que esta revisión puede suponer una oportunidad para las empresas. Una estructura salarial más transparente y coherente no solo ayuda a cumplir con la legislación, sino que también puede mejorar el clima laboral, reforzar la reputación corporativa y facilitar la atracción y retención de talento. En este sentido, la adaptación a la normativa europea se interpreta como un impulso para ordenar los sistemas retributivos y reducir la desconexión entre las políticas de igualdad y las estructuras salariales reales dentro de las organizaciones.

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(El Economista, 15-06-2026) | Laboral

El Gobierno eleva el gasto en el Ingreso Mínimo Vital casi un 10% en solo cinco meses

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa creciendo de forma sostenida tanto en número de beneficiarios como en su impacto sobre las cuentas públicas. Los datos más recientes, correspondientes a mayo, muestran que el gasto mensual de esta prestación alcanzó los 500,16 millones de euros. Desde el inicio del año, el incremento acumulado se sitúa en torno al 9,27%, un ritmo superior al registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando el aumento fue del 6,52% con un gasto de 409,12 millones. Este repunte del coste se explica principalmente por dos factores: la revalorización del 11,4% aplicada en 2026, que ha elevado la cuantía media de la ayuda, y el aumento del número de hogares beneficiarios. En términos interanuales, el gasto del IMV ha crecido un 22,07%, consolidando una tendencia al alza que se viene observando en los últimos ejercicios. En mayo de 2024, el coste mensual se situaba en 358,34 millones, frente a los 340,33 millones registrados en 2023, lo que refleja una expansión progresiva del programa. El aumento de la prestación se traduce también en un mayor número de hogares cubiertos. En mayo, el IMV llegó a 2.631.545 hogares, un 7,78% más que al inicio del año. El número total de prestaciones reconocidas también ha aumentado hasta 862.859, con un crecimiento del 8,08%. A nivel presupuestario, el gasto acumulado del IMV a cierre de diciembre ascendía a 4.538,38 millones de euros, tras una modificación presupuestaria de 1.752,97 millones. En la actualidad, el coste anual se aproxima ya a los 5.000 millones, y según los datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, a finales de abril se había ejecutado casi el 61% del presupuesto inicial. Con la tendencia actual, el gasto podría acercarse a los 6.000 millones anuales. En los últimos años, el Gobierno ha introducido mejoras en la gestión del IMV para ampliar su alcance y reducir la tasa de no solicitud de la ayuda (non take-up), mediante el cruce automatizado de datos entre administraciones y la simplificación de algunos procesos de revisión. Sin embargo, la proporción de hogares que cumplen los requisitos pero no solicitan la prestación sigue siendo elevada. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), esta tasa se situó en el 57% en 2021, el 58% en 2022, el 56,1% en 2023 y el 55% en 2024, lo que refleja una mejora muy gradual pero aún limitada. El crecimiento del IMV ha reabierto el debate sobre sus efectos en el mercado laboral. En su evaluación más reciente, la AIReF señala que la prestación tiene un impacto negativo en la probabilidad de trabajar y en el número de días de empleo de sus beneficiarios. El organismo concluye que este efecto también se observa en quienes comenzaron a percibir la ayuda tras su implantación, lo que plantea dudas sobre su diseño actual y su capacidad para incentivar la inserción laboral. En paralelo, el aumento del gasto se produce en un contexto de máximos históricos de empleo en España y tasas de paro inferiores a las de años anteriores. Aun así, el incremento de beneficiarios pone de manifiesto la persistencia de bolsas de vulnerabilidad económica y de hogares cuyos ingresos continúan por debajo del umbral de acceso a la prestación. Dentro del IMV, el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) también ha experimentado un notable crecimiento. En mayo alcanzó a 597.878 hogares, un 8,25% más que al inicio de 2026. En términos interanuales, el número de familias beneficiarias ha aumentado un 19,02%, y un 44,76% respecto a 2024. Este complemento, destinado a reforzar los ingresos de los hogares con menores a cargo, se integra dentro del propio IMV y contribuye al incremento del gasto total. Las cuantías varían según la edad de los menores, con importes que oscilan entre 57,50 y 115 euros mensuales. No obstante, al igual que ocurre con el IMV en su conjunto, la tasa de no solicitud del CAPI sigue siendo elevada. Según la AIReF, se sitúa en el 76% en 2022, el 73% en 2023 y el 72% en 2024, lo que evidencia una ligera mejora, aunque insuficiente para garantizar un acceso amplio a la prestación.

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(Cinco Días, 15-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump anuncia un acuerdo con Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz: "¡Que fluya el petróleo!"

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo de paz preliminar destinado a poner fin a más de tres meses de conflicto en Oriente Próximo. El anuncio fue realizado este domingo por Pakistán, país que ha ejercido labores de mediación, y que ha confirmado que la firma oficial del pacto está prevista para el próximo viernes en Suiza. El acuerdo ha sido posteriormente ratificado tanto por las autoridades iraníes como por el presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario republicano también adelantó que, una vez rubricado el documento, se procederá a la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial. Si el entendimiento se consolida, supondrá el final de una guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Un conflicto que ha provocado más de 7.000 víctimas mortales, ha alterado el equilibrio geopolítico de Oriente Próximo, ha generado tensiones en los mercados internacionales y ha afectado a las perspectivas electorales de Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre. La reacción de los mercados no se hizo esperar. El precio del petróleo Brent cayó más de un 3%, situándose en torno a los 84 dólares por barril, mientras que el dólar registró descensos frente a varias de las principales divisas internacionales. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, fue el primero en anunciar el acuerdo a través de sus redes sociales. Según explicó, ambas partes han aceptado un cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el conflicto en Líbano, y formalizarán el pacto durante una ceremonia prevista para el 19 de junio en territorio suizo. Poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el acuerdo y celebró públicamente el entendimiento alcanzado con Teherán. En sus declaraciones aseguró que la reapertura del estrecho de Ormuz se producirá tras la firma oficial y una vez concluyan las labores de retirada de minas desplegadas durante el conflicto. Por parte iraní, el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, confirmó que el texto del memorando de entendimiento ya ha sido cerrado y que la firma tendrá lugar en la fecha prevista. No obstante, advirtió de que Irán mantendrá una actitud vigilante y responderá si considera que Estados Unidos incumple los compromisos adquiridos. El acuerdo alcanzado constituye únicamente una primera fase. Tras la firma comenzará un periodo de negociación de 60 días durante el cual ambas partes intentarán alcanzar un pacto definitivo. Entre los asuntos pendientes figuran el levantamiento de las sanciones económicas impuestas a Irán, el futuro de su programa nuclear, los mecanismos de supervisión del cumplimiento de los compromisos y un plan de reconstrucción para las zonas afectadas por la guerra. En estas conversaciones participarán también los países mediadores que han contribuido al acercamiento entre Washington y Teherán, entre ellos Pakistán, Qatar, Turquía y Egipto. Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para el transporte mundial de petróleo, gas y fertilizantes. Durante los últimos meses, la amenaza de su cierre había generado una gran preocupación en los mercados internacionales debido a su importancia para el suministro energético global. El anuncio pone fin a una semana marcada por una fuerte escalada militar y por las dificultades para cerrar un acuerdo que parecía inminente. Las negociaciones se prolongaron hasta el último momento debido a las diferencias existentes sobre cuestiones clave, como la situación en Líbano, las garantías de seguridad regional y el futuro del programa nuclear iraní. Aunque el memorando de entendimiento establece una nueva tregua de 60 días, los detalles definitivos del pacto no se conocerán hasta la ceremonia de firma prevista en Suiza. Será entonces cuando se clarifique el alcance de los compromisos asumidos por ambas partes y se determine si este acuerdo preliminar puede convertirse en una paz duradera para una de las regiones más inestables del mundo.

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(El Periódico, 15-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de los alimentos se contiene un 2,2% en mayo pero los huevos, el vacuno y el pescado siguen disparados

La inflación alimentaria continuó moderándose en mayo y cerró el mes con una subida interanual del 2,2%, cuatro décimas menos que en abril. Esta evolución contribuyó a contener el Índice de Precios de Consumo (IPC) general, aunque algunos productos básicos siguen registrando importantes incrementos de precio que mantienen la presión sobre el presupuesto de las familias. Los huevos volvieron a encabezar la lista de los alimentos que más se encarecieron, con un aumento del 13,7% respecto a mayo de 2025. También destacan las subidas de la carne de vacuno, que acumula un incremento del 12,3%, y del pescado, tanto fresco como congelado, cuyo precio se sitúa un 9,7% por encima del registrado hace un año. La carne de ovino completa el grupo de productos con mayores alzas, al encarecerse un 8,1% en términos interanuales. Por el contrario, algunos alimentos básicos han experimentado descensos significativos. Las frutas frescas se abarataron un 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el azúcar cayó un 3,5% y los aceites y grasas redujeron su precio un 2,2%. La moderación de la inflación alimentaria se explica principalmente por la evolución de las frutas y frutos secos, cuyos precios aumentaron menos que hace un año, así como por el comportamiento de las hortalizas, legumbres y patatas, que registraron descensos más acusados que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, en comparación con abril, las frutas y verduras mostraron una evolución al alza, con incrementos del 4,7% y caídas del 3,8% en el caso de las patatas y otros productos hortícolas. Entre los alimentos que también han experimentado aumentos moderados destacan otras variedades de carne distintas del vacuno y el ovino, con una subida del 3,8%, el marisco y los preparados de pescado, que avanzaron un 3,2%, así como las carnes de ave, cuyo precio es un 3,8% superior al de hace un año. Fuera del ámbito estrictamente alimentario, el tabaco registró una subida del 5,8%, mientras que el agua mineral y los refrescos aumentaron un 2,4%. El café, el cacao y las infusiones, aunque lejos de los fuertes incrementos registrados en meses anteriores, siguen mostrando una tendencia alcista con un avance del 1,7%. También se encarecieron las frutas en conserva y los frutos secos, con un incremento del 2,1%, además de los productos lácteos, cuya subida fue del 1,3%, y la leche, que aumentó un 0,6%. El pan y los cereales registraron aumentos más moderados, del 1% y el 0,5%, respectivamente. A pesar de estas subidas, la evolución de algunos productos clave ha contribuido a aliviar la presión sobre la cesta de la compra. Especialmente relevante ha sido el comportamiento del aceite, que tras los fuertes incrementos registrados en ejercicios anteriores presenta ahora una caída interanual del 2,2%. A ello se suman los descensos del azúcar, las frutas frescas y las patatas, factores que han permitido contener el avance general de los precios de los alimentos durante el mes de mayo. No obstante, productos esenciales como los huevos, la carne de vacuno y el pescado continúan acumulando incrementos muy superiores a la media de la inflación, lo que sigue repercutiendo de forma directa en el gasto habitual de los hogares españoles.

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(El Economista, 15-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cani Fernández se despide de la CNMC con un récord de 39 operaciones condicionadas

Más de 500 operaciones de adquisición total o de control conjunto han pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desde que Cani Fernández asumió la presidencia del organismo. En los 2.190 días transcurridos al frente de la institución, al menos 39 de estas transacciones han requerido compromisos adicionales o la imposición de condiciones para poder recibir autorización, según los datos analizados por elEconomista.es. Estas cifras reflejan un endurecimiento del enfoque regulatorio en comparación con la etapa anterior, encabezada por José María Marín Quemada entre 2013 y 2020. En aquel periodo, los expedientes de concentración se resolvían en su totalidad mediante compromisos pactados con las empresas, mientras que en la actual presidencia la Sala de Competencia ha pasado a imponer condiciones de oficio e incluso a bloquear operaciones por primera vez en la historia del organismo. El caso más significativo de veto corresponde a la operación entre Curium y el Instituto de Radiofarmacia de Barcelona (IRAB). La CNMC rechazó la adquisición al considerar que suponía un riesgo para la competencia en el mercado de los radiofármacos PET, utilizados en diagnósticos oncológicos, así como en los servicios de fabricación para terceros de estos productos. En otros expedientes, el organismo ha introducido fórmulas de supervisión más exigentes. Es el caso de Oximesa, filial de Nippon Gases, a la que se le ha impuesto la contratación de un auditor independiente encargado de vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la autoridad de competencia. También han estado bajo revisión operaciones de gran relevancia empresarial, como la opa de Esseco sobre Ercros, que finalmente no prosperó tras la retirada del comprador, o la adquisición del portal inmobiliario Kyero por parte de Idealista, que también terminó sin ejecutarse. A estos casos se suman la fallida fusión entre Trainline y trenes.com y la compra de la residencia de estudiantes Live Stay Cartuja por parte del fondo Greystar, igualmente descartada. En paralelo, la CNMC sigue analizando nuevas operaciones que podrían ampliar esta lista de expedientes condicionados. Entre ellas destaca la compra de la empresa de publicidad exterior Clear Channel por parte de Atresmedia, que continúa en fase de estudio y aún no ha recibido autorización, pese a tratarse de compañías sin solapamiento directo en su actividad. Otra operación relevante ha sido la venta de activos de Naviera Armas a Baleària y DFDS, que ha requerido una negociación intensa con compromisos adicionales debido a la situación financiera de la compañía. Aunque finalmente ha sido aprobada, el proceso se ha prolongado más de lo previsto debido a las exigencias regulatorias y al contexto de estrés económico de la empresa vendedora. El conjunto de expedientes refleja una etapa de mayor intervención por parte del supervisor de competencia, con un escrutinio más intenso sobre las concentraciones empresariales y un aumento de las condiciones exigidas para garantizar la competencia efectiva en los distintos mercados.

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