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(Expansión, 24-07-2026) | Fiscal

La quita de deuda seguirá su tramitación parlamentaria

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la continuidad de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que contempla la condonación de 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas de régimen común. La iniciativa, impulsada inicialmente por la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha superado el debate de totalidad gracias, entre otros apoyos, al voto favorable de Junts, aunque la formación independentista ha anunciado que presentará enmiendas durante el trámite parlamentario. El Partido Popular reiteró su rechazo a la propuesta al considerar que perjudica a las comunidades que han mantenido una gestión más equilibrada de sus cuentas públicas y favorece, en cambio, a aquellas con un mayor nivel de endeudamiento a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió que la mayor parte de la deuda que se pretende condonar corresponde precisamente a comunidades gobernadas por el Partido Popular. Además, aseguró que la aprobación de la medida permitiría a las autonomías ahorrar alrededor de 6.700 millones de euros en el pago de intereses financieros. El reparto de la condonación será desigual entre los distintos territorios. Andalucía sería la comunidad más beneficiada, con una reducción de deuda de 18.791 millones de euros, seguida de Cataluña, con 17.104 millones; la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones; y la Comunidad de Madrid, con 8.644 millones. En el extremo contrario se sitúan La Rioja y Cantabria, que recibirían una reducción de 448 y 809 millones de euros, respectivamente. Durante el debate, Arcadi España defendió que esta medida contribuirá a fortalecer el modelo autonómico tras el elevado endeudamiento asumido por las comunidades durante la crisis financiera y la pandemia. Asimismo, calificó la condonación como el punto de partida para abordar la futura reforma del sistema de financiación autonómica, cuyo primer paso se debatirá en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para el 29 de julio. Antes de abordar estos asuntos económicos, el Pleno del Congreso debatió el segundo decreto de ayudas destinado a paliar los efectos económicos derivados del conflicto con Irán. Entre las medidas incluidas figura una rebaja fiscal sobre los carburantes que irá reduciéndose progresivamente hasta su desaparición, previsiblemente en octubre. Al igual que ocurrió con el primer paquete de ayudas aprobado en marzo, el decreto fue convalidado gracias al apoyo de Junts y a la abstención del Partido Popular. No obstante, la formación independentista manifestó que las medidas resultan insuficientes para compensar el impacto del encarecimiento de los precios provocado por la evolución del conflicto internacional.

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(El País, 24-07-2026) | Fiscal

El Gobierno activará los Presupuestos pese al rechazo de la senda fiscal

El Congreso de los Diputados ha rechazado por segunda vez la propuesta del Gobierno sobre la senda de estabilidad presupuestaria, el documento que establece los objetivos de déficit de las distintas Administraciones públicas y que constituye un paso previo para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pese a este nuevo revés parlamentario, el Ejecutivo mantiene su intención de presentar un proyecto presupuestario para 2027, después de tres ejercicios consecutivos con las cuentas prorrogadas, al considerar que dispone de respaldo jurídico para continuar con el procedimiento. La votación ha repetido el mismo resultado de la semana anterior. El Gobierno volvió a presentar sin cambios los objetivos de estabilidad, que contemplaban un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las Administraciones en 2027. Ese límite se distribuía en un 1,5% para la Administración General del Estado, un 0,2% para la Seguridad Social y un 0,1% para las comunidades autónomas, mientras que las entidades locales debían mantener el equilibrio presupuestario. El Ejecutivo defendía especialmente el margen de déficit del 0,1% concedido a las comunidades autónomas, al considerar que les permitiría disponer de cerca de 5.850 millones de euros adicionales durante los próximos tres años respecto a un escenario de equilibrio presupuestario. Con el rechazo parlamentario de la propuesta, el Gobierno sostiene que las autonomías perderán esa capacidad financiera y deberán afrontar un ajuste equivalente. A pesar del fracaso de la iniciativa, el Ministerio de Hacienda asegura que seguirá adelante con la preparación de los Presupuestos. Según el departamento que dirige Arcadi España, un informe de la Abogacía del Estado respalda la posibilidad de continuar con la tramitación incluso en ausencia de una senda de estabilidad aprobada por las Cortes. La interpretación del Ejecutivo se basa en que el rechazo parlamentario no modifica el objetivo global de déficit comprometido con las instituciones europeas dentro del Plan Fiscal y Estructural de medio plazo. Lo que variaría sería únicamente el reparto interno entre las distintas Administraciones. En ese escenario, las comunidades autónomas pasarían a estar sujetas al principio de equilibrio presupuestario, con un objetivo de déficit del 0%, mientras que el margen del 0,1% inicialmente previsto se trasladaría a la Administración General del Estado. El Gobierno sostiene además que la obligación constitucional de presentar anualmente un proyecto de Presupuestos prevalece sobre la falta de acuerdo parlamentario acerca de la senda fiscal. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria obliga al Ejecutivo a remitir una nueva propuesta cuando la primera es rechazada por las Cortes, trámite que ya ha cumplido. Sin embargo, la legislación no contempla expresamente qué debe hacerse si esa segunda propuesta también es rechazada. Esta ausencia de regulación abre un escenario inédito, ya que nunca se ha puesto en práctica la interpretación jurídica que ahora defiende Hacienda. Aunque en 2024 el Gobierno estudió una vía similar apoyándose también en un informe de la Abogacía del Estado, finalmente renunció a presentar unos nuevos Presupuestos. En esta ocasión, pese a los cambios introducidos en el marco europeo de gobernanza fiscal, el Ejecutivo considera que existen fundamentos legales suficientes para continuar con la elaboración de las cuentas públicas de 2027.

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(El Economista, 24-07-2026) | Fiscal

Hacienda fija que las entidades pagarán la tasa a la banca por las operaciones con clientes en el extranjero

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, ha fijado criterio sobre la aplicación del gravamen extraordinario a las entidades financieras y a las empresas energéticas al determinar que deben considerarse realizadas en España todas las operaciones efectuadas por entidades establecidas en territorio español, con independencia de que sus clientes se encuentren en el extranjero. La doctrina, recogida en dos resoluciones dictadas el pasado 30 de junio, aclara un aspecto relevante para la aplicación del impuesto: el criterio que debe utilizarse para determinar si una operación se ha realizado dentro o fuera de España. El TEAC concluye que el elemento determinante es la ubicación de la entidad que realiza la operación y no la residencia del cliente, criterio que resulta decisivo para calcular la base sobre la que se aplica el gravamen. El órgano explica que no procede aplicar, por analogía, otras normas tributarias ni la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales, ya que el gravamen extraordinario cuenta con una regulación específica. Recuerda, además, que la ley que creó este tributo en 2022 remite expresamente a la normativa contable para determinar qué actividad se desarrolla en España. Conforme a esa normativa, el criterio territorial viene determinado por el lugar en el que está establecida la entidad de crédito. En consecuencia, únicamente quedarán excluidas del gravamen las operaciones realizadas por sucursales o establecimientos permanentes situados fuera de España, al considerarse desarrolladas en el extranjero. Las resoluciones del TEAC podrán ser recurridas ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. Además de cuestionar la liquidación tributaria, la entidad recurrente planteó diversas objeciones sobre la legalidad y la constitucionalidad del gravamen extraordinario. No obstante, el TEAC recuerda que carece de competencia para pronunciarse sobre la validez de una ley, aunque sí analiza algunos de los argumentos expuestos y considera que no aportan una fundamentación jurídica suficiente. Entre las alegaciones figuraban posibles vulneraciones de principios del Derecho de la Unión Europea, como la libertad de empresa, la prohibición de repercutir el gravamen a los clientes, el principio de prudencia que debe regir la actividad de las entidades financieras o una supuesta invasión de las competencias exclusivas de la Unión Europea en materia de política monetaria. El TEAC responde que el recurso no demuestra de forma concreta cómo se producirían esas vulneraciones y recuerda que el hecho de que una carga fiscal reduzca la rentabilidad de una empresa no implica, por sí mismo, que resulte contraria al ordenamiento jurídico. Asimismo, el órgano señala que el Banco Central Europeo emitió en su momento un dictamen sobre este gravamen en el que formuló recomendaciones al legislador, pero sin apreciar que la medida vulnerara competencias europeas ni prohibiera expresamente su implantación. La entidad también sostenía que el impuesto resultaba discriminatorio al excluir a determinadas empresas en función de su volumen de negocio, que podía constituir una ayuda de Estado y que afectaba a la libre prestación de servicios. Frente a ello, el TEAC considera que estas afirmaciones se basan únicamente en hipótesis y recuerda que la existencia de un umbral mínimo de tributación responde al principio de capacidad económica y de proporcionalidad, por lo que no puede interpretarse como una ayuda pública incompatible con el Derecho de la Unión. En sus resoluciones, el Tribunal concluye que las distintas alegaciones formuladas carecen de una argumentación jurídica suficiente y se limitan a plantear posibles vulneraciones sin justificar de forma concreta cómo encajan en la doctrina y la normativa aplicables al gravamen extraordinario.

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(El Economista, 24-07-2026) | Fiscal

La negativa a deflactar el IRPF cuesta 650 euros a los salarios más bajos

La falta de actualización del IRPF conforme a la evolución de la inflación continúa reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores españoles. Así lo sostiene un estudio elaborado por el Observatori de la Pime de Pimec, que identifica la denominada "progresividad en frío" o fiscal drag como uno de los principales factores que incrementan de forma silenciosa la carga fiscal sobre las rentas del trabajo. Según el informe, los trabajadores con salarios más bajos son quienes soportan un mayor impacto. En el caso de una retribución anual de 18.000 euros, próxima al salario más habitual en España, la pérdida de poder adquisitivo alcanza los 647 euros, lo que equivale aproximadamente a un 4% del salario neto real. El estudio concluye que este deterioro es incluso más acusado que el registrado en niveles salariales superiores. El análisis también pone de manifiesto el efecto de esta situación sobre las empresas. A partir de nóminas correspondientes a sectores como la hostelería, el metal y la limpieza, Pimec calcula que, de cada 100 euros adicionales que asume la empresa como coste laboral, únicamente entre 48 y 56 euros llegan finalmente al trabajador en forma de salario neto. El resto se destina al pago del IRPF y de las cotizaciones sociales. Desde otra perspectiva, la patronal señala que para que un empleado perciba 100 euros más de salario neto, el empresario debe asumir un incremento del coste laboral de entre 180 y 210 euros. Pese a que los salarios brutos crecieron un 22,1% entre 2020 y 2025, el informe estima que los trabajadores han perdido entre un 2,8% y un 4% de poder adquisitivo como consecuencia del efecto combinado de la inflación y de la falta de actualización del impuesto. La deflactación del IRPF consiste en ajustar periódicamente los tramos y parámetros del impuesto para evitar que las subidas salariales destinadas únicamente a compensar la inflación provoquen un incremento de la tributación sin un aumento real de la capacidad económica del contribuyente. Según Pimec, al no realizarse esta actualización, muchos trabajadores terminan pagando más impuestos pese a no haber mejorado realmente su nivel de renta. El estudio destaca que la mayoría de los países europeos aplican mecanismos automáticos de revisión de las tarifas del impuesto sobre la renta. Entre ellos figuran Alemania, Bélgica y Francia. España, en cambio, se sitúa entre los países que menos recurren a esta práctica, lo que, según la patronal, explica que el impacto económico del denominado fiscal drag alcance alrededor del 0,7% del PIB, uno de los porcentajes más elevados de Europa. Para corregir esta situación, Pimec propone establecer un sistema automático de actualización no solo de los tramos del IRPF, sino también de los mínimos personales, reducciones y deducciones fiscales, muchos de los cuales permanecen congelados desde hace años. Como ejemplo, cita el límite de los gastos de difícil justificación aplicable a los trabajadores autónomos, que permanece fijado en 2.000 euros desde 2015. La organización empresarial reconoce que algunas comunidades autónomas han aprobado medidas parciales dentro de sus competencias sobre el tramo autonómico del IRPF. Sin embargo, considera que la actualización no debería depender de decisiones políticas puntuales, sino convertirse en un mecanismo permanente orientado especialmente a proteger el poder adquisitivo de las rentas bajas y medias. En el caso de Cataluña, Pimec recuerda que el Parlamento autonómico ha rechazado en dos ocasiones iniciativas para deflactar la tarifa autonómica del IRPF, presentadas por el Partido Popular y Junts. Aunque el Govern aprobó en 2025 una reducción de un punto en el tipo aplicable a las rentas de hasta 33.000 euros y elevó el mínimo exento, la patronal considera que estas medidas resultan insuficientes frente a la necesidad de implantar un sistema de revisión periódica similar al existente en otras comunidades, como Aragón, Galicia o Canarias.

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(El País, 24-07-2026) | Laboral

El Congreso aprueba la pasarela para que hasta 100.000 autónomos accedan a la pensión pública

Miles de abogados, procuradores y otros profesionales liberales podrán acceder en el futuro a una pensión pública tras la aprobación definitiva, por parte del Congreso, de la ley que crea una pasarela para trasladar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) los derechos generados en las mutualidades profesionales. La medida pone fin a una reivindicación que estos colectivos venían defendiendo desde hace cuatro años, aunque deja fuera a quienes ya están jubilados y perciben prestaciones de sus mutualidades. La norma, que ya había superado su primera votación en el Congreso y su tramitación en el Senado, recibió el respaldo definitivo después de que prosperaran varias enmiendas introducidas por el Partido Popular gracias a la abstención del Grupo Socialista. La reforma afecta a abogados, procuradores, arquitectos, médicos, ingenieros y otros profesionales que, en lugar de cotizar al sistema público, lo han hecho durante años a través de mutualidades como la Mutualidad de la Abogacía, la Mutualidad de los Procuradores, la Hermandad Nacional de Arquitectos o Mutual Médica. Se estima que cerca de 100.000 profesionales se encuentran en esta situación, la mayoría abogados. Aproximadamente la mitad podría acogerse a la nueva pasarela para convertir el capital acumulado en sus planes privados en años de cotización a la Seguridad Social, lo que les permitirá acceder a una pensión pública de jubilación y al resto de prestaciones del sistema. El problema surgía porque las aportaciones mínimas exigidas por las mutualidades eran considerablemente inferiores a las del RETA, lo que ha dado lugar a ahorros insuficientes para garantizar una jubilación adecuada. En muchos casos, el capital acumulado apenas permite percibir rentas mensuales de entre 300 y 500 euros, cantidades que, además, no se actualizan conforme al IPC, a diferencia de las pensiones públicas. Pese al avance que supone la aprobación de la ley, algunos representantes del colectivo consideran que la reforma resulta insuficiente. Critican especialmente la exclusión de los mutualistas ya jubilados, el limitado reconocimiento de los años cotizados y el sistema de coeficientes establecido para calcular la equivalencia entre el capital acumulado y los años de cotización. Uno de los aspectos más debatidos durante la tramitación ha sido el mecanismo para transformar las aportaciones realizadas a las mutualidades en periodos cotizados a la Seguridad Social. Los afectados reclamaban que cada mes aportado se computara como un mes cotizado. Finalmente, ese criterio solo se aplicará a quienes estuvieran integrados en una mutualidad antes del 10 de noviembre de 1995 y tuvieran al menos 52 años a 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de favorecer a quienes se encuentran más próximos a la jubilación. Para el resto de los casos, el cálculo se realizará tomando como referencia la base mínima de cotización del RETA y aplicando un coeficiente corrector que oscilará entre el 0,67 y el 0,87. Este sistema permitirá convertir el ahorro acumulado en años de cotización, siendo más favorable cuanto menor sea el coeficiente aplicado. Además, el dinero permanecerá en la mutualidad hasta el momento de la jubilación, aunque el profesional haya optado previamente por incorporarse al RETA. La ley mantiene fuera de la pasarela a los mutualistas ya retirados, una decisión que ha generado un amplio descontento. Diversos grupos parlamentarios y representantes de las mutualidades consideran que la situación de quienes ya perciben prestaciones muy reducidas debería abordarse mediante una futura reforma específica. El texto también establece que el Gobierno dispondrá de tres meses para aprobar el reglamento que desarrollará el funcionamiento de la pasarela. La incorporación será voluntaria, pero irreversible, de modo que quienes decidan integrarse en la Seguridad Social no podrán regresar posteriormente a su mutualidad. Por último, la reforma mantiene la existencia del sistema alternativo de mutualidades al menos hasta 2030. Durante ese periodo, el Ejecutivo elaborará un informe sobre la viabilidad de este modelo, mientras las propias mutualidades defienden su continuidad al considerar que constituye un mecanismo eficaz de colaboración entre el ámbito público y el privado sin perjuicio para los profesionales.

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(El País, 24-07-2026) | Laboral

El ingreso mínimo vital apenas llega al 44% de los hogares con condiciones para recibirlo

Cinco años después de su creación, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa afrontando uno de sus principales retos: más de la mitad de los hogares que cumplen los requisitos para percibir la prestación siguen sin solicitarla. Así lo pone de manifiesto la quinta evaluación realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que también ha anunciado que este será el último informe que elaborará sobre esta ayuda, salvo que se introduzcan cambios en su diseño. Según las estimaciones del organismo, al cierre de 2025 existían 1.031.442 hogares que reunían las condiciones de renta y patrimonio para acceder al IMV. Sin embargo, únicamente 455.401 estaban recibiendo la prestación, lo que supone que el sistema alcanzaba al 44,2% de los potenciales beneficiarios. La denominada tasa de no acceso, que mide el porcentaje de hogares con derecho a la ayuda que finalmente no la perciben, continúa siendo una de las principales debilidades del sistema. Aunque en estos cinco años se han producido mejoras tanto en la cobertura como en la gestión administrativa, estas no han sido suficientes para reducir de forma significativa el número de familias que permanecen fuera de la prestación. Entre los avances registrados destaca la reducción de los plazos de tramitación. Durante el último año, el Ministerio de Inclusión ha disminuido en 104 días el tiempo medio de resolución de los expedientes, situando la mediana en 99 días. Asimismo, el número de hogares beneficiarios aumentó un 16% respecto al año anterior y la cobertura pasó del 36% registrado en las primeras evaluaciones al 44,2% actual. No obstante, la Airef identifica diversos factores que siguen dificultando el acceso al IMV. Dos de los principales obstáculos son la acreditación de la unidad de convivencia y los problemas relacionados con el empadronamiento, cuestiones que explican el 66% de las solicitudes denegadas. Estas dificultades afectan especialmente a familias extensas, parejas no formalizadas o personas que comparten vivienda, donde resulta más complejo acreditar la composición real del hogar. El organismo también señala que el sistema utiliza, con carácter general, los ingresos del ejercicio anterior para determinar el derecho a la prestación, lo que puede retrasar el acceso de quienes experimentan una pérdida repentina de ingresos y atraviesan una situación económica distinta a la reflejada en los datos fiscales utilizados para la evaluación. En comparación con otros países europeos, España dispone de una de las rentas mínimas garantizadas de mayor cuantía, aunque ello no se traduce en una mayor cobertura. La Airef considera que el país continúa por debajo de la media europea tanto en el alcance de este tipo de prestaciones como en su capacidad para reducir la pobreza severa. Entre las razones figura que otros sistemas europeos cuentan con mecanismos de identificación y concesión automática que permiten localizar con mayor facilidad a los hogares con derecho a la ayuda, mientras que en España el acceso depende de que los potenciales beneficiarios conozcan la prestación, acrediten su situación y completen el procedimiento administrativo. Otro de los aspectos analizados es la limitada capacidad del IMV para favorecer la incorporación al mercado laboral. Según la Airef, la probabilidad media de abandonar la prestación por acceder a un empleo se sitúa en el 12%, porcentaje que aumenta hasta el 20% en el caso de las familias monoparentales y de aquellos hogares en los que el IMV representa una parte muy importante de sus ingresos. El organismo advierte de que algunos beneficiarios pueden encontrar escasos incentivos para aceptar empleos con salarios reducidos o contratos de corta duración, ya que la pérdida parcial o total de la prestación puede hacer que el incremento de ingresos resulte insuficiente para compensar el cambio. Con el objetivo de corregir esta situación, el Gobierno implantó en 2023 un incentivo al empleo, posteriormente reformado en marzo de 2026, que permite excluir parte del aumento de los ingresos laborales al calcular la reducción del IMV. Sin embargo, la Airef considera que esta medida no ha logrado los resultados esperados, en gran medida porque los beneficiarios tienen dificultades para conocer con antelación cómo afectará un empleo a la cuantía de la prestación. Por ello, recomienda simplificar el funcionamiento de este mecanismo. El informe también pone de relieve la elevada compatibilidad del IMV con otras ayudas públicas. El 51% de los beneficiarios percibe simultáneamente otra prestación y un 16% recibe dos o más ayudas adicionales. Entre ellas destaca el subsidio por desempleo, que percibe el 16,6% de los titulares del IMV durante su primer año como beneficiarios, una coincidencia especialmente frecuente entre las personas mayores de 52 años.

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(El País, 24-07-2026) | Laboral

Trabajo y Economía pactan llevar el refuerzo del control horario al Consejo de Ministros a la vuelta del verano, más tarde de lo que pedían CC OO y UGT

Los sindicatos habían lanzado un ultimátum al Gobierno para que aprobara antes de finales de julio la reforma del registro horario, pero el Ejecutivo no cumplirá ese plazo. Fuentes gubernamentales confirman que la medida no llegará al último Consejo de Ministros antes del parón estival y que su tramitación se pospondrá hasta septiembre, pese a que tanto el Ministerio de Economía como el de Trabajo aseguran haber alcanzado un acuerdo para impulsarla a la vuelta del verano. La advertencia de UGT y CC OO había sido clara. Sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, reclamaron que el refuerzo del control horario estuviera aprobado antes del 31 de julio o, de lo contrario, los sindicatos no apoyarían nuevos acuerdos con el Ejecutivo que posteriormente no se tradujeran en cambios legislativos. La presión sindical se debe a que esta reforma fue pactada con el Ministerio de Trabajo y puede aprobarse sin necesidad de una mayoría parlamentaria, a diferencia de la reducción de jornada, que fue rechazada en el Congreso por PP, Vox y Junts. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había elevado las expectativas al afirmar que el Gobierno estaba trabajando para aprobar la norma "lo antes posible". Sin embargo, el Ejecutivo descarta incluirla en la próxima reunión del Consejo de Ministros, donde sí está previsto abordar otras medidas relacionadas con vivienda. El retraso refleja las diferencias que han existido dentro del Gobierno sobre el contenido de la reforma. La tensión alcanzó su punto máximo hace unos meses, cuando el Consejo de Estado emitió un dictamen crítico con algunos aspectos del proyecto, como la falta de adaptación a las particularidades de determinados sectores, el impacto sobre las pequeñas empresas y la posible invasión de competencias legislativas al regular mediante decreto aspectos considerados relevantes. Desde el Ministerio de Trabajo defendieron entonces la necesidad de mantener la reforma y acusaron indirectamente a Economía de haber influido en las objeciones planteadas. Díaz llegó a afirmar que seguiría adelante con el nuevo registro horario "aunque sea lo último que haga". Desde entonces, el tono se ha moderado y ambos departamentos han buscado una solución consensuada. La nueva versión del texto incorporará previsiblemente ajustes técnicos para responder a las observaciones del Consejo de Estado, aunque Trabajo asegura que no alterarán el objetivo principal de la reforma. Uno de los puntos de discrepancia entre ambos ministerios era el periodo de adaptación para las empresas: Trabajo defendía seis meses, mientras que Economía planteaba un plazo de un año. La reforma pretende modernizar el sistema actual de registro de jornada, obligatorio desde 2019, introduciendo un modelo exclusivamente digital y con acceso directo para la Inspección de Trabajo. El objetivo es que los inspectores puedan comprobar en tiempo real el cumplimiento de los horarios y detectar posibles excesos de jornada, especialmente en sectores donde los sindicatos denuncian mayores niveles de abuso laboral. Además del registro horario, UGT y CC OO reclaman al Gobierno que apruebe otro compromiso vinculado a la subida del salario mínimo: una norma que impida a las empresas absorber los incrementos del SMI mediante la reducción de complementos salariales como antigüedad o pluses de peligrosidad. Las centrales consideran esta medida necesaria para mantener el efecto real de las subidas salariales pactadas. La posición de los sindicatos tiene especial relevancia para Yolanda Díaz, ya que las organizaciones sindicales han sido el principal apoyo del diálogo social en sus reformas laborales, después de más de dos años sin acuerdos con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. Actualmente permanecen abiertas varias mesas de negociación, entre ellas la adaptación de la directiva europea sobre transparencia salarial, la participación sindical en los consejos de administración y la reforma del sistema de indemnización por despido. Aunque los sindicatos muestran mayor comprensión ante las dificultades del Gobierno para sacar adelante acuerdos parlamentarios en un Congreso fragmentado, consideran más difícil de justificar la demora en la aprobación de medidas que no requieren respaldo legislativo. Como resumió Pepe Álvarez, la prioridad es que el registro horario salga adelante cuanto antes, independientemente de las diferencias internas que hayan retrasado su aprobación.

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(La Vanguardia, 24-07-2026) | Laboral

El Gobierno propone a Yolanda Díaz como directora general de la OIT, el organismo de la ONU dedicado al trabajo

El Gobierno ha decidido presentar la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para ocupar la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según han confirmado fuentes del Ejecutivo. De resultar elegida, se convertiría en la primera mujer y la primera representante de España al frente de este organismo especializado de Naciones Unidas. Díaz competirá por el cargo con el actual director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, que ocupa la presidencia de la institución desde 2022. En los últimos meses, diversas organizaciones sindicales españolas han mostrado su desacuerdo con la orientación adoptada por la organización bajo su mandato, una crítica que la propia ministra expresó durante su intervención del pasado 9 de junio en la sede de la OIT, en Ginebra. En aquella ocasión afirmó que la institución atraviesa una etapa de dificultades y defendió la necesidad de preservar su misión de protección del trabajo digno. La posibilidad de que Yolanda Díaz optara a la dirección de la OIT comenzó a tomar fuerza a mediados de junio, aunque el Ministerio de Trabajo evitó entonces pronunciarse sobre esa opción. Los principales sindicatos españoles señalaron que no habían impulsado su candidatura, si bien valoraron positivamente su perfil para asumir esta responsabilidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció oficialmente la candidatura a través de las redes sociales, donde destacó la trayectoria de Díaz en materia de derechos laborales, diálogo social y crecimiento económico. La vicepresidenta también confirmó su decisión y aseguró que afronta la candidatura con el objetivo de representar a España, Europa, el Sur Global y al conjunto de la comunidad internacional. La elección corresponde al Consejo de Administración de la OIT, integrado por 56 miembros: 28 representantes gubernamentales, 14 representantes de los trabajadores y otros 14 de las organizaciones empresariales. El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 14 de agosto, mientras que la votación está prevista para el 16 de noviembre. La persona elegida asumiría el cargo en noviembre de 2027. En caso de resultar vencedora, Díaz mantendría sus responsabilidades como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo hasta la fecha de incorporación a la organización. Fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la OIT consideran que la candidatura española afronta una competición exigente, aunque con opciones reales de éxito. Según este análisis, resulta previsible que la representación empresarial no respalde mayoritariamente a Díaz debido a sus posiciones en materia de regulación laboral, mientras que el bloque sindical podría inclinarse en buena medida a su favor, aunque no de forma unánime. El resultado dependerá en gran medida del voto de los representantes gubernamentales de los 28 países que forman parte del Consejo de Administración. Entre ellos figuran Estados como Alemania, Brasil, China, Francia, Italia, Japón, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, España, Corea del Sur o Uruguay, entre otros. La candidatura de Yolanda Díaz se suma a la del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien también aspira a dirigir otro organismo de Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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(El Economista, 24-07-2026) | Laboral

El salario bruto subió un 3,1% en 2025 hasta los 28.410, su nivel más elevado desde 2008

El salario bruto anual por trabajador alcanzó en 2025 los 28.410,78 euros, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al año anterior y el nivel más elevado registrado desde el inicio de la serie estadística en 2008, según los datos de la Encuesta Anual de Coste Laboral publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta remuneración representó el 73,3% del coste laboral total soportado por las empresas. El principal componente de los costes no salariales fueron las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que ascendieron a 9.354,87 euros por trabajador y equivalieron al 24,1% del coste total. En conjunto, salarios y cotizaciones concentraron el 97,4% del coste laboral bruto. El coste laboral anual por trabajador se situó en 38.748,94 euros, un 3,3% más que en 2024. Una vez descontadas las subvenciones y deducciones recibidas de las administraciones públicas, el coste laboral neto alcanzó los 38.511,76 euros, lo que representa un aumento interanual del 3,2%. El resto de los costes laborales correspondió a distintos conceptos complementarios. Las empresas destinaron una media de 531,46 euros por trabajador a beneficios sociales, entre los que se incluyen aportaciones voluntarias a seguros y planes de pensiones, prestaciones complementarias de la Seguridad Social y otros gastos de carácter social. Asimismo, dedicaron 194,68 euros a otros gastos derivados del trabajo, como indemnizaciones por finalización de contratos, ropa y material de trabajo, transporte o procesos de selección de personal. Las indemnizaciones por despido ascendieron a una media de 180,66 euros por trabajador, mientras que la formación profesional supuso un gasto de 76,49 euros. Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid registró el mayor coste laboral anual, con 45.983,31 euros por trabajador, seguida del País Vasco, con 44.034 euros, y de Navarra, con 41.697,31 euros. En el extremo opuesto se situaron Extremadura, con 31.657,19 euros, Canarias, con 32.016,86 euros, y la Región de Murcia, con 33.293,38 euros. En cuanto a la evolución anual, Baleares, La Rioja y Castilla y León fueron las comunidades que experimentaron los mayores incrementos del coste laboral, mientras que Asturias fue la única región en la que el coste laboral neto registró un descenso respecto al ejercicio anterior. El estudio del INE también pone de relieve el elevado grado de cobertura de la negociación colectiva. Durante 2025, el 95,4% de los centros de trabajo, que agrupaban al 86,7% de los trabajadores, estuvieron regulados por convenios colectivos, predominando los convenios de ámbito inferior al estatal.

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(Cinco Días, 24-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE lanza una encuesta para elegir los nuevos billetes del euro

El Banco Central Europeo ha iniciado el proceso para renovar el aspecto de los billetes en euros y ha abierto una consulta pública en su página web para conocer la opinión de los ciudadanos sobre los diseños finalistas. La votación permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre y, aunque sus resultados serán tenidos en cuenta, no tendrán carácter vinculante en la decisión definitiva. Las diez propuestas seleccionadas se agrupan en dos grandes temáticas: una dedicada a la cultura europea, protagonizada por figuras históricas como Miguel de Cervantes, y otra centrada en la naturaleza del continente, con aves y ríos representativos. Cada propuesta presenta diferentes estilos gráficos, desde composiciones con edificios y paisajes hasta diseños de corte más sencillo o abstracto. En la colección inspirada en la cultura europea, Cervantes aparece en el anverso del billete de 50 euros, de color naranja, mientras que el reverso muestra una biblioteca con personas leyendo tanto libros impresos como digitales. El resto de los billetes están dedicados a María Callas en el de 5 euros, Ludwig van Beethoven en el de 10, Marie Curie en el de 20, Leonardo da Vinci en el de 100 y Bertha von Suttner en el de 200 euros, acompañados en el reverso por escenas relacionadas con el arte, la educación, la ciencia o la vida pública. La segunda serie mantiene la misma gama cromática, pero sustituye los personajes por aves emblemáticas europeas y reserva el reverso para representar distintas instituciones de la Unión Europea. Así, el billete de 5 euros muestra un treparriscos junto al Parlamento Europeo; el de 10, un martín pescador con la Comisión Europea; el de 20, un abejaruco acompañado del Banco Central Europeo; el de 50, una cigüeña blanca con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; el de 100, una avoceta junto al Consejo Europeo; y el de 200, un alcatraz atlántico con el Tribunal de Cuentas Europeo. Durante la presentación de los diseños en la sede del BCE, en Fráncfort, su presidenta, Christine Lagarde, destacó que los billetes representan mucho más que un simple instrumento de pago, ya que constituyen uno de los símbolos más visibles de la identidad europea. En su opinión, los nuevos diseños pretenden combinar valor estético y significado para reforzar el sentimiento de pertenencia común entre los ciudadanos. El proceso de selección comenzó con más de 1.200 propuestas remitidas por diseñadores gráficos de toda Europa. Tras una primera evaluación se eligieron 25 semifinalistas y, posteriormente, un jurado independiente formado por 21 especialistas en disciplinas como el diseño gráfico, la comunicación y la neurociencia redujo la lista a las diez propuestas que ahora se someten a consulta pública. La decisión final corresponderá al Consejo de Gobierno del BCE, que prevé anunciar el diseño elegido a finales de este año. Para ello tendrá en cuenta tanto la valoración del jurado y los análisis técnicos como los resultados de la encuesta ciudadana y de una consulta presencial realizada con una muestra representativa de la población europea.

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