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(Expansión, 17-06-2026) | Fiscal

Bruselas busca una fiscalidad para la electricidad que sean sustancialmente inferior a la del gas natural

La Unión Europea prepara una profunda transformación de su política energética y fiscal con el objetivo de abaratar la factura de la luz y acelerar la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes. La Comisión Europea trabaja en una propuesta legislativa que modificará tanto la fiscalidad energética como los costes asociados al uso de las redes eléctricas, buscando reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la competitividad de la electricidad frente al gas natural. La iniciativa llega en un contexto marcado por la inestabilidad de los mercados energéticos internacionales. Las tensiones derivadas de la guerra en Irán han vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de Europa ante las oscilaciones de los precios del petróleo y del gas, dos materias primas de las que el bloque comunitario sigue siendo altamente dependiente. Bruselas considera que esta situación refuerza la necesidad de acelerar la electrificación de actividades como el transporte, la calefacción o determinados procesos industriales. Según un borrador de la propuesta al que ha tenido acceso Reuters, la Comisión pretende que los Estados miembros apliquen una fiscalidad claramente más favorable a la electricidad que al gas natural. El objetivo es doble: reducir los costes energéticos de hogares y empresas y, al mismo tiempo, impulsar la adopción de tecnologías como los vehículos eléctricos o las bombas de calor, cuya expansión se ha visto limitada en parte por el elevado coste de la electricidad. La futura normativa permitirá que cada país mantenga cierto margen para fijar sus propios impuestos energéticos, aunque todos deberán respetar el principio general de otorgar un tratamiento fiscal preferente a la electricidad. De esta forma, Bruselas pretende crear señales económicas que favorezcan la sustitución progresiva de los combustibles fósiles. La reforma también contempla medidas dirigidas a modificar los patrones de consumo energético. En concreto, se impulsarán incentivos para que los consumidores trasladen parte de su demanda eléctrica a los momentos en los que la energía sea más abundante y económica, normalmente coincidiendo con los periodos de mayor producción renovable. Esta estrategia busca aprovechar mejor la generación procedente de fuentes solares y eólicas, reduciendo la presión sobre el sistema eléctrico y mejorando su eficiencia. Para facilitar este cambio, la Comisión plantea que al menos la mitad de los consumidores europeos dispongan de contadores inteligentes antes de 2030. Estos dispositivos permiten monitorizar el consumo en tiempo real y acceder a tarifas adaptadas a las distintas franjas horarias, ofreciendo mayores posibilidades de ahorro. La medida cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que los costes de red representan aproximadamente una cuarta parte del importe de una factura eléctrica media en la Unión Europea. Sin embargo, la tramitación política de esta reforma no estará exenta de dificultades. El texto todavía se encuentra en fase de borrador y podría experimentar modificaciones antes de su presentación definitiva. Además, para convertirse en legislación comunitaria necesitará el respaldo tanto del Parlamento Europeo como de los Estados miembros. Precisamente en el ámbito nacional comienzan a surgir las primeras resistencias. Algunos gobiernos consideran que cualquier modificación relacionada con la fiscalidad debería aprobarse por unanimidad y no mediante mayorías cualificadas. Estos países advierten de que una reforma de este tipo podría abrir la puerta a futuras injerencias en competencias que consideran exclusivas de los Estados. El núcleo de esta transformación se encuentra en la revisión de la Directiva de Fiscalidad de la Energía, una normativa que Bruselas considera desfasada respecto a los actuales objetivos climáticos. La principal novedad consistirá en abandonar el sistema que grava los combustibles en función de su volumen para sustituirlo por otro basado en su contenido energético y en el impacto ambiental que generan. Este nuevo modelo aplicará de forma más estricta el principio de que quien más contamina debe asumir una mayor carga fiscal. Como consecuencia, los combustibles fósiles soportarán impuestos más elevados, mientras que la electricidad procedente de fuentes limpias disfrutará de una tributación más reducida. Con ello, la Comisión Europea aspira a orientar las decisiones de inversión y consumo hacia alternativas más sostenibles y acelerar la descarbonización de la economía comunitaria.

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(El Economista, 17-06-2026) | Fiscal

Hacienda embargará automáticamente el dinero de cualquier cuenta "online" y en otras divisas

La Agencia Tributaria ha dado un paso más en la adaptación de sus mecanismos de recaudación a la expansión de los neobancos, las entidades de dinero electrónico y las fintech, que permiten abrir y gestionar cuentas de forma totalmente digital. A partir de ahora, Hacienda podrá embargar de manera automática los saldos que los contribuyentes deudores mantengan en este tipo de plataformas. La Dirección General de la Agencia Tributaria ha aprobado una resolución que amplía el sistema de embargo telemático, que hasta ahora se aplicaba a la banca tradicional, a cualquier proveedor de servicios de pago o entidad digital, tanto nacional como extranjera. Esto incluye cuentas en distintas divisas, en las que los usuarios pueden operar sin necesidad de convertir sus fondos a euros. Con esta medida, el fisco extiende el procedimiento automatizado a todo el ecosistema financiero digital, de forma que estas entidades recibirán diariamente las órdenes de embargo y deberán bloquear las cantidades indicadas de manera inmediata. En caso de insuficiencia de saldo, se ejecutará la retención parcial disponible. La resolución establece, no obstante, algunas limitaciones. No se practicará embargo alguno cuando el saldo sea igual o inferior a tres euros. Además, en las cuentas en las que se ingresen salarios o pensiones se respetarán los límites legales de inembargabilidad, de forma que únicamente podrá retenerse la cantidad que exceda del Salario Mínimo Interprofesional. En función del nivel de ingresos, se aplicarán también los porcentajes de protección establecidos por la normativa. La nueva regulación, publicada en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor en noviembre de 2026. Afectará a cuentas corrientes, de ahorro, libretas y cuentas de pago no bancarias, mientras que quedan excluidas las cuentas de crédito y aquellos supuestos en los que existan embargos adoptados como medida cautelar. Las entidades incluidas en este sistema deberán adherirse de forma voluntaria a la resolución, con independencia de su condición de colaboradoras habituales en la recaudación tributaria. A partir de su incorporación, recibirán de forma diaria las diligencias de embargo antes de las 20:00 horas y estarán obligadas a ejecutarlas antes de las 8:00 del día siguiente. Asimismo, deberán informar a la Administración sobre el resultado de cada actuación, indicando si el embargo ha podido realizarse en su totalidad o si no ha sido posible por falta de fondos. El importe recaudado deberá ingresarse en el Tesoro Público en un plazo máximo de 20 días. La normativa también contempla la posibilidad de que las entidades puedan extender la ejecución del embargo a otras cuentas del mismo cliente, hasta un máximo de diez, en caso de que no exista saldo suficiente en la inicialmente señalada por la Agencia Tributaria. Finalmente, el texto advierte de que el incumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse una infracción en materia de colaboración con la Administración tributaria, lo que podría derivar en la apertura de expedientes sancionadores.

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(El Economista, 17-06-2026) | Fiscal

El Supremo aclarará si Hacienda necesita autorización judicial para acceder a los ordenadores en los registros

El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre si la Agencia Tributaria necesita autorización judicial para acceder a la información almacenada en ordenadores y dispositivos digitales durante los registros que se realizan en locales o espacios que no están protegidos constitucionalmente. El alto tribunal ya ha establecido en resoluciones anteriores que el acceso a domicilios protegidos, como viviendas particulares o sedes sociales de empresas, requiere siempre una orden judicial previa. Sin embargo, ahora estudiará un nuevo supuesto relativo al tratamiento de la información digital cuando el registro se produce en espacios que no gozan de esa protección constitucional, como oficinas, almacenes u otros recintos similares. Según el auto de admisión fechado el pasado 29 de mayo, el Supremo analizará si, incluso en esos casos, la inspección tributaria necesita autorización judicial para acceder a ordenadores, bases de datos o sistemas de almacenamiento masivo de información. En caso afirmativo, también deberá determinar el alcance de dicha autorización y si el juez debe justificar de forma específica la relación entre el acceso a los dispositivos y la investigación tributaria concreta, así como los criterios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad y carácter excepcional de la medida. El tribunal ya había señalado en 2024 que, cuando se trata de domicilios constitucionalmente protegidos, es imprescindible contar con autorización judicial para entrar en los sistemas informáticos. Ahora, el debate se centra en si esa misma exigencia debe aplicarse en entornos no protegidos cuando la actuación administrativa implica el acceso a grandes volúmenes de información digital. Para resolver esta cuestión, el Supremo tomará en consideración el artículo 18 de la Constitución, que garantiza la inviolabilidad del domicilio y protege el secreto de las comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Finalmente, el alto tribunal deberá aclarar si, en caso de que la autorización judicial fuera necesaria y no se hubiera obtenido, puede considerarse válido el consentimiento del titular de la empresa o su representante legal cuando la Administración no le haya informado expresamente de que puede negarse a la entrada, exigir dicha autorización o revocar su consentimiento en cualquier momento.

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(Cinco Días, 17-06-2026) | Laboral

España alcanza un nuevo récord de vacantes de empleo pero sigue entre los países europeos con menos puestos sin cubrir

Las vacantes de empleo en España alcanzaron un nuevo máximo histórico durante el primer trimestre de 2026. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las empresas dejaron sin cubrir 159.785 puestos de trabajo, la cifra más elevada desde que comenzó esta serie estadística en 2012. El nuevo registro supera ligeramente el anterior récord, alcanzado en el tercer trimestre de 2023, cuando se contabilizaron 155.797 vacantes. Aunque el crecimiento se había moderado en los últimos años tras el fuerte impulso posterior a la pandemia, el dato del inicio de 2026 refleja una nueva aceleración. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el número de puestos sin cubrir aumentó un 4,5%, por encima de los incrementos registrados en 2025 y 2024. La evolución de las vacantes ha estado estrechamente vinculada al dinamismo del mercado laboral español, caracterizado por una intensa creación de empleo y una reducción progresiva del desempleo. Sin embargo, la interpretación de estos datos continúa generando discrepancias entre organizaciones empresariales y sindicatos. Las patronales consideran que el aumento de vacantes evidencia las crecientes dificultades de las empresas para encontrar trabajadores adecuados en determinados sectores y ocupaciones. Además, subrayan la aparente contradicción que supone que uno de los países con mayores tasas de desempleo de Europa registre al mismo tiempo un volumen creciente de puestos sin cubrir. Por el contrario, los sindicatos sostienen que estas dificultades no son generalizadas y se concentran en actividades específicas. A su juicio, buena parte de las vacantes persistentes están relacionadas con condiciones laborales poco atractivas, salarios insuficientes o empleos especialmente exigentes, más que con una falta estructural de trabajadores disponibles. La comparación internacional aporta una perspectiva diferente. Los datos difundidos por Eurostat muestran que la tasa de vacantes en España se situó en el 0,9% durante el primer trimestre de 2026. Este indicador mide el peso de los puestos sin cubrir sobre el total del empleo existente y sitúa a España entre los países con menor proporción de vacantes de toda la Unión Europea. De hecho, únicamente Polonia, con una tasa del 0,8%, y Rumanía, con un 0,6%, presentan porcentajes inferiores. La media comunitaria alcanza el 2,1%, más del doble que la española. En el extremo opuesto aparecen economías donde las empresas encuentran mayores dificultades para cubrir sus necesidades de personal. Entre ellas destacan Chipre, Austria, Malta, Bélgica y especialmente los Países Bajos, que registran la tasa más elevada de la Unión Europea, con un 4%. Esta diferencia pone de manifiesto que, aunque el número absoluto de vacantes en España ha alcanzado niveles récord, su peso relativo dentro del conjunto del mercado laboral sigue siendo reducido en comparación con la mayoría de los países europeos. Por ello, el debate continúa abierto sobre si el fenómeno responde principalmente a una escasez de mano de obra o a problemas relacionados con las condiciones ofrecidas en determinadas actividades económicas.

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(Expansión, 17-06-2026) | Laboral

CEOE reclama que la Seguridad Social asuma el coste de los primeros 15 días de baja

La dificultad para encontrar trabajadores, especialmente aquellos con formación y cualificación específicas, se ha convertido en una de las principales preocupaciones del tejido empresarial español. Junto al creciente absentismo laboral, este desajuste entre las necesidades de las empresas y la disponibilidad de profesionales figura entre los desafíos más relevantes para la competitividad de la economía. Las organizaciones empresariales insisten en que ambos fenómenos requieren una respuesta coordinada que implique tanto a los agentes sociales como a las administraciones públicas. Pese a que España continúa registrando más de 2,4 millones de personas desempleadas, la falta de candidatos adecuados para determinados puestos sigue aumentando. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el mercado laboral contabilizó 159.785 vacantes al cierre del primer trimestre de 2026, lo que supone 6.900 más que un año antes y el volumen más elevado desde que comenzó la serie estadística en 2013. La mayor parte de estos puestos sin cubrir se concentra en el sector servicios, que acumula 138.379 vacantes, equivalentes a casi el 87% del total. El resto se reparte entre la industria, con 12.261 puestos disponibles, y la construcción, que registra 9.145. Territorialmente, el problema tiene una especial incidencia en Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía, las tres regiones con mayor peso económico del país. Las empresas atribuyen esta situación a diversos factores que convergen simultáneamente. Entre ellos destacan el envejecimiento de la población activa, la insuficiencia del relevo generacional y la transformación de las expectativas laborales de los trabajadores más jóvenes. Además, numerosos expertos consideran que las cifras oficiales podrían estar infravalorando la verdadera dimensión del problema, ya que las estadísticas únicamente reflejan las vacantes existentes en un momento concreto. Diversas organizaciones empresariales y compañías especializadas en recursos humanos estiman que el número real de puestos sin cubrir podría situarse entre los 200.000 y los 250.000. En muchos casos, las necesidades de contratación terminan resolviéndose mediante la incorporación de profesionales que no reúnen plenamente los requisitos inicialmente demandados. Algunos sectores presentan una situación especialmente delicada. En la construcción, la escasez de mano de obra cualificada y los obstáculos administrativos están generando retrasos en numerosos proyectos. La Confederación Nacional de la Construcción calcula que serían necesarios alrededor de 700.000 trabajadores adicionales para ejecutar todas las actuaciones comprometidas actualmente. Por su parte, el sector hostelero afronta dificultades similares. Hostelería de España ha impulsado recientemente una plataforma digital de empleo con la intención de facilitar la cobertura de unas 50.000 vacantes durante la campaña de verano. A esta problemática se añade el incremento continuado del absentismo laboral. La CEOE volvió a alertar este jueves de que se trata de una cuestión que afecta de forma estructural a la economía española y que está erosionando la productividad empresarial. Según los cálculos de la patronal, el coste asociado a las ausencias laborales se ha multiplicado por tres durante la última década y alcanzó los 33.000 millones de euros en 2025. De esa cantidad, más de 17.000 millones fueron asumidos directamente por las empresas. La magnitud de este fenómeno ha llevado a la organización empresarial a solicitar cambios en el sistema de cobertura de las bajas temporales. En concreto, reclama que la Seguridad Social asuma desde el primer momento el pago de las prestaciones y cotizaciones correspondientes a los trabajadores en situación de incapacidad temporal durante los primeros quince días de ausencia, una carga que actualmente recae sobre las compañías. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió de que el absentismo constituye uno de los mayores costes que soporta el sistema productivo, únicamente superado por el gasto destinado al pago de las pensiones. A su juicio, esta situación perjudica tanto la competitividad empresarial como el funcionamiento general del mercado laboral. Junto a la falta de trabajadores y al absentismo, las empresas también afrontan una presión creciente derivada del aumento de los costes laborales. Según los datos del INE, el coste medio por trabajador y mes, incluyendo salarios y cotizaciones sociales, alcanzó los 3.278 euros durante el primer trimestre del año, un 4,9% más que en el mismo periodo de 2025 y el nivel más elevado registrado para un primer trimestre desde el inicio de la serie histórica. Del total, 2.403,8 euros correspondieron a salarios y remuneraciones directas, mientras que los 874,2 euros restantes se destinaron a otros costes laborales, principalmente cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. Ambos componentes experimentaron incrementos cercanos al 5% respecto al año anterior. Además, el coste por hora efectivamente trabajada registró un crecimiento aún más intenso, con un avance interanual del 5,4%, reflejando el encarecimiento progresivo de la mano de obra para las empresas españolas.

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(El Economista, 17-06-2026) | Laboral

La patronal anima a las empresas a hacer controles médicos a trabajadores de baja para evitar fraudes

La CEOE ha intensificado la búsqueda de medidas para contener el aumento de las bajas por incapacidad temporal, que suponen un impacto económico superior a los 17.000 millones de euros para las empresas. Ante la falta de avances concretos en la mesa de negociación con la Seguridad Social, las organizaciones empresariales están explorando distintas herramientas previstas en la normativa laboral, entre ellas la posibilidad de realizar reconocimientos médicos a trabajadores en situación de baja para verificar su incapacidad para desempeñar su puesto. Durante una jornada celebrada este martes centrada en el absentismo laboral -término con el que la patronal engloba el incremento de las bajas por contingencias comunes-, varios representantes empresariales defendieron un mayor uso de los mecanismos de control ya recogidos en la legislación vigente. El presidente de la patronal de la construcción CNC, Pedro Fernández Alén, subrayó que el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores ampara a las empresas para verificar el estado de salud de sus empleados cuando alegan una incapacidad para acudir al trabajo. Este precepto permite que las compañías puedan someter a los trabajadores a reconocimientos médicos para comprobar su situación, y establece además que la negativa a someterse a dichos controles puede conllevar la suspensión de los complementos salariales asociados a la baja, habituales en muchos convenios colectivos. Según Fernández Alén, el contexto actual exige "perder complejos" y utilizar todas las herramientas disponibles para mejorar la productividad. El Tribunal Supremo ya se pronunció en 2021 sobre esta cuestión, avalando la posibilidad de que las empresas realicen estos controles, siempre que el resultado se limite a indicar si el trabajador está o no en condiciones de desempeñar su actividad, sin detallar diagnósticos ni información médica sensible, con el fin de preservar la intimidad y la dignidad del empleado. Esta vía se contempla como un posible instrumento para detectar posibles casos de fraude en las bajas laborales. En la misma línea, el presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Manuel Piquer, defendió el uso de este mecanismo como una herramienta clave para el control del absentismo, señalando que aunque no es una práctica generalizada, ya hay grandes empresas que recurren a servicios médicos externos para realizar este tipo de evaluaciones. A su juicio, en determinados supuestos incluso podría justificarse la eliminación de los complementos salariales asociados a la incapacidad temporal. Desde la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), su portavoz, Laly Escudero, insistió en la necesidad de mejorar la información disponible sobre las causas de las bajas laborales. En las negociaciones con el Gobierno se ha planteado que los partes médicos especifiquen las limitaciones funcionales del trabajador, especialmente en los casos en los que una misma persona desempeña más de un empleo, de forma que la incapacidad no se extienda automáticamente a todas sus actividades laborales. Escudero añadió que también se está abordando la reducción de los complementos por incapacidad temporal en el marco de la negociación colectiva, ya que muchos convenios, firmados hace décadas, establecen el abono del 100% del salario desde el primer día de baja hasta el decimoquinto. En esta línea, el presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, apuntó que en distintos convenios provinciales ya se han introducido ajustes para reducir estos pagos en los primeros días de ausencia o en casos de reincidencia. En conjunto, las organizaciones empresariales coinciden en que el incremento de las bajas laborales requiere una revisión del marco actual, tanto en lo relativo al control médico como a la estructura de los complementos salariales, con el objetivo de contener el impacto económico sobre las empresas y mejorar la eficiencia del sistema.

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(El Economista, 17-06-2026) | Laboral

El salario medio avanza un 4,9% en el primer trimestre y se sitúa en 2.403 euros

El coste laboral en España registró un incremento del 4,9% durante el primer trimestre del año, el mayor avance interanual desde finales de 2023. Este aumento sitúa el coste medio por trabajador en 3.278,01 euros mensuales, el nivel más elevado para un inicio de ejercicio desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó la serie en el año 2000. La tendencia alcista, que se prolonga ya durante cinco años consecutivos, también se refleja en el componente salarial, que incluye todas las remuneraciones en metálico y en especie. En este caso, el coste salarial creció igualmente un 4,9% hasta alcanzar los 2.403,80 euros brutos por empleado y mes, lo que supone también un máximo histórico para un primer trimestre en más de dos décadas. Tanto el coste laboral como el salarial han acelerado su ritmo de crecimiento respecto al trimestre anterior, con avances superiores en más de un punto porcentual, lo que confirma una reactivación de las presiones salariales tras la etapa de moderación posterior a la pandemia. Este comportamiento se ve influido, en parte, por la subida del salario mínimo interprofesional. En términos generales, ambos indicadores evolucionan por encima de la inflación media del primer trimestre, situada en el 2,6%, aunque las previsiones apuntan a que el conjunto del año podría cerrar con una inflación superior al 3,5%, lo que será determinante para evaluar la evolución real del poder adquisitivo. El comportamiento del coste laboral varía notablemente según los sectores de actividad. Los mayores incrementos interanuales se registran en el suministro de energía, con un alza del 15,1% hasta los 9.043,7 euros mensuales por trabajador, y en educación, donde el aumento es del 10,8% hasta los 3.130,99 euros. En el extremo opuesto, el único descenso se produce en el suministro de agua, con una caída del 0,9% hasta los 3.499,52 euros. Entre los sectores con aumentos más moderados destacan la hostelería, que registra un incremento del 1,4% hasta los 1.883 euros mensuales -el nivel más bajo del conjunto de actividades-, y las actividades artísticas, con un avance del 2,3% hasta los 2.127,8 euros. Por comunidades autónomas, los salarios experimentan incrementos en todas las regiones, aunque destacan especialmente el País Vasco, con una subida del 8,7%, Cantabria con un 8,4%, y Madrid y Castilla y León, ambas con un aumento del 5,8%. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE refleja también un aumento del 4,8% en los llamados otros costes laborales, hasta situarse en 874,21 euros por trabajador y mes. Dentro de este apartado, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que constituyen su principal componente, crecen un 4,5%. En este trimestre, el incremento salarial ha superado al de los costes no salariales, en contraste con lo ocurrido a finales de 2025. El coste laboral por hora efectiva trabajada sube un 5,4%, hasta los 24,88 euros, mientras que el coste por hora pagada aumenta un 4,8%, alcanzando los 21,62 euros. La estadística incorpora además el dato de vacantes de empleo, que ascienden a 159.785 entre enero y marzo, lo que supone 6.900 más que en el mismo periodo del año anterior y el registro más elevado desde 2013. Se considera vacante el puesto de trabajo creado recientemente, no cubierto o próximo a quedar libre, para el que la empresa realiza gestiones activas de contratación. Según el INE, la gran mayoría de las empresas (91,6%) declara no disponer de vacantes porque no necesita más personal, mientras que un 4,8% señala el elevado coste de contratación como el principal motivo para no ampliar plantilla.

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(El País, 17-06-2026) | Laboral

Los sindicatos inician movilizaciones en la Seguridad Social este miércoles en demanda de más personal y mejoras laborales

Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y CIG han decidido elevar la presión sobre el Gobierno y han convocado una serie de movilizaciones entre los trabajadores de la Seguridad Social para reclamar refuerzos de plantilla y mejoras laborales. Las protestas arrancarán este miércoles y podrían prolongarse en el tiempo si, según advierten las organizaciones sindicales, no se producen avances en las reivindicaciones planteadas. Las primeras concentraciones tendrán lugar entre las 11:00 y las 11:30 horas frente a las direcciones provinciales de la Seguridad Social en ciudades como A Coruña, Valencia, Logroño, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Bilbao, Girona, Albacete, Oviedo, Santander, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. También habrá movilizaciones en los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Madrid. Los representantes de los trabajadores justifican esta convocatoria por lo que consideran un incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos por la Administración en los últimos años. Según denuncian, la falta de soluciones está agravando los problemas estructurales que arrastra el organismo y comprometiendo la calidad de la atención prestada a los ciudadanos. Entre las principales preocupaciones figura el déficit de personal. De acuerdo con los datos aportados por CSIF, alrededor de un tercio de los puestos de trabajo de la Seguridad Social permanece sin cubrir, lo que equivale a unas 10.000 vacantes. Esta situación se ve agravada por el envejecimiento de las plantillas, ya que aproximadamente la mitad de los trabajadores alcanzará la edad de jubilación en los próximos cinco años. Los sindicatos alertan de que la falta de efectivos está teniendo un impacto directo en el funcionamiento diario del organismo. Entre los ejemplos que citan se encuentran los retrasos para conseguir una cita presencial, que en algunas provincias pueden superar el mes y medio de espera, o la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, cuyos expedientes pueden tardar cerca de un año en resolverse. Asimismo, advierten de que determinadas oficinas cuentan con plantillas tan reducidas que resulta imposible atender adecuadamente a los ciudadanos. Además de las demandas relacionadas con el empleo, las organizaciones sindicales reclaman mejoras en las condiciones laborales del personal. Una de sus exigencias es la actualización del complemento de productividad, cuya revisión continúa pendiente en la Seguridad Social, al igual que ocurre en otros ámbitos de la Administración General del Estado. También reclaman avances en el desarrollo de la carrera profesional y en los mecanismos de movilidad interna, cuestiones recogidas en acuerdos anteriores que, según denuncian, todavía no se han materializado. Por su parte, UGT añade a estas reivindicaciones la necesidad de aplicar de forma efectiva la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para los empleados públicos de la Administración General del Estado. Esta normativa establece una jornada semanal de 35 horas, una medida que, según el sindicato, aún no se está implementando plenamente en la Seguridad Social. Las organizaciones convocantes han dejado claro que las movilizaciones no se limitarán a esta primera jornada de protesta. Su intención es mantener la presión sobre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hasta que se adopten medidas concretas para reforzar las plantillas, mejorar las condiciones laborales y garantizar la sostenibilidad futura de uno de los organismos clave del Estado del bienestar.

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(El Confidencial, 17-06-2026) | Laboral

Los abogados temen que el Gobierno recorte la pasarela al RETA salida del Congreso

La futura pasarela que permitirá a los mutualistas trasladar sus aportaciones a la Seguridad Social para mejorar su pensión ha superado un importante trámite parlamentario, pero todavía genera incertidumbre entre los colectivos afectados debido a que aspectos clave de su aplicación quedan pendientes del desarrollo reglamentario que deberá aprobar el Gobierno. La proposición de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de junio incorpora cambios relevantes respecto al planteamiento inicial del Ejecutivo gracias a una enmienda impulsada por el Partido Popular. Entre las principales novedades destaca la eliminación de las restricciones que impedían acogerse a la pasarela a los mutualistas ya jubilados y a quienes acumulan más de 15 años de cotización en la Seguridad Social. Además, el texto aprobado elimina la referencia expresa al coeficiente de conversión del 0,77 que figuraba en versiones anteriores y deja la definición de este parámetro en manos del futuro reglamento. Este aspecto es especialmente sensible porque el coeficiente determinará cuántos años o qué volumen de cotización se reconocerá a quienes decidan incorporarse al sistema público. Las asociaciones de mutualistas valoran positivamente los cambios introducidos durante la tramitación parlamentaria, ya que consideran que amplían considerablemente el alcance de la medida. Sin embargo, también muestran preocupación porque la ley delega en el Gobierno la regulación de cuestiones fundamentales para determinar quién podrá acogerse finalmente al sistema y en qué condiciones. Una de las principales inquietudes radica en que la norma no establece ningún plazo concreto para aprobar el reglamento de desarrollo. Esto implica que, aunque la ley entre en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la pasarela no podrá aplicarse de forma efectiva hasta que se apruebe esa regulación complementaria. Desde las organizaciones representativas de abogados y procuradores se teme que el Ejecutivo pueda introducir criterios técnicos o financieros que reduzcan el alcance práctico de la reforma. Entre las dudas planteadas figura la posibilidad de que se establezcan fórmulas de cálculo menos favorables para los mutualistas o que se limiten los periodos computables para determinar las futuras prestaciones. El origen de esta preocupación se encuentra en la posición mantenida previamente por el Gobierno durante la tramitación parlamentaria. El Ejecutivo vetó inicialmente varias propuestas que ampliaban el acceso a la pasarela argumentando su elevado coste para las cuentas públicas. Según sus estimaciones, permitir el acceso a mutualistas con más de 15 años cotizados en la Seguridad Social supondría incorporar a unos 47.000 nuevos beneficiarios y tendría un impacto económico superior a los 5.200 millones de euros. Las asociaciones profesionales sostienen, por el contrario, que la medida no debe interpretarse como un privilegio para determinados colectivos, sino como una solución destinada a corregir situaciones en las que las prestaciones obtenidas a través de las mutualidades resultan insuficientes para garantizar una protección adecuada durante la jubilación. El texto legal aprobado presenta una redacción amplia al referirse a los profesionales colegiados que estén o hayan estado integrados en una mutualidad alternativa, lo que, según la interpretación de los representantes de los mutualistas, permitiría incluir a colectivos que inicialmente habían quedado excluidos. No obstante, la falta de concreción sobre aspectos esenciales mantiene abierto el debate. La tramitación parlamentaria aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por el Senado antes de regresar al Congreso para su aprobación definitiva. Durante esta fase, las asociaciones intentarán reforzar las garantías legales para evitar que el futuro reglamento limite el alcance de una reforma que consideran fundamental para mejorar las pensiones de miles de profesionales adscritos históricamente a mutualidades alternativas.

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(Cinco Días, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El crudo pierde los 80 dólares por barril, pero le costará caer por debajo de los 70

El petróleo ha experimentado una fuerte corrección a la baja durante la última semana tras el acercamiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo y garantizar nuevamente la libre circulación por el estrecho de Ormuz. Después de alcanzar niveles cercanos a los 95 dólares por barril, la cotización llegó a situarse por debajo de los 80 dólares, reflejando el alivio de los mercados ante la perspectiva de una desescalada. No obstante, tanto las compañías del sector como numerosos analistas consideran prematuro hablar de una vuelta a la normalidad. Aunque el acuerdo ha reducido la tensión inmediata, persisten importantes factores de incertidumbre que dificultan un regreso rápido a los precios previos al estallido de la guerra, cuando el barril cotizaba por debajo de los 70 dólares. Uno de los principales obstáculos es la desconfianza de las navieras respecto a la seguridad de la ruta marítima. Jotaro Tamura, consejero delegado de Mitsui OSK Lines, explicó al Financial Times que muchas compañías evitarán utilizar el estrecho de Ormuz hasta disponer de garantías sólidas sobre la estabilidad del acuerdo. Esta cautela podría prolongarse incluso después de la firma prevista del memorando entre Washington y Teherán, ya que continúan abiertas cuestiones especialmente delicadas. Entre ellas destaca el futuro del programa nuclear iraní. Estados Unidos exige limitaciones significativas, mientras que las autoridades iraníes defienden su continuidad. Se trata de un asunto clave para la Administración estadounidense, que necesita presentar avances tangibles ante su electorado. Esta circunstancia podría endurecer las negociaciones en las próximas semanas. Otro punto de fricción es la posibilidad de que Irán cobre tasas a los buques que atraviesen Ormuz como contraprestación por garantizar la seguridad de la navegación. Washington, por el contrario, considera que la reapertura del corredor marítimo debe producirse sin restricciones ni costes adicionales para los operadores internacionales. Tampoco puede descartarse la influencia de Israel en el proceso. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha mostrado su malestar por los términos del entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán, lo que introduce un nuevo elemento de incertidumbre en unas negociaciones que todavía están lejos de concluir. A estas dificultades diplomáticas se suma el impacto que la guerra ha tenido sobre la producción petrolera de la región. Según datos de la OPEP, la extracción de crudo en Oriente Próximo se ha reducido en más de diez millones de barriles diarios debido tanto a problemas logísticos como a los daños sufridos por diversas infraestructuras energéticas. Mientras que las interrupciones derivadas de la falta de transporte podrían resolverse relativamente rápido, la reconstrucción de instalaciones dañadas requerirá mucho más tiempo. En algunos casos, las reparaciones podrían prolongarse durante varios años antes de que la capacidad productiva vuelva a los niveles anteriores al conflicto. Parte del petróleo que ha llegado recientemente al mercado procedía de reservas almacenadas en puertos y terminales del Golfo Pérsico, así como de cargamentos retenidos en buques que permanecían a la espera de poder cruzar Ormuz. Sin embargo, una vez liberadas estas existencias acumuladas, el ritmo de suministro dependerá nuevamente de la capacidad real de producción y transporte, que continúa siendo limitada. Por este motivo, grandes entidades financieras y firmas especializadas como JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC o Commodity Context consideran que el petróleo podría mantenerse durante varios meses en una franja de entre 80 y 90 dólares por barril antes de acercarse de nuevo a los niveles previos a la guerra. En la misma línea, Standard & Poor's señala que la recuperación del tráfico marítimo y de los flujos energéticos a través de Ormuz será gradual incluso después de un acuerdo preliminar. La agencia advierte además de que seguirán existiendo dificultades operativas y un elevado grado de incertidumbre hasta que se alcance un pacto definitivo entre las partes. Según los analistas, el debate ya no gira tanto en torno a si el estrecho volverá a abrirse, sino a las condiciones en las que se producirá esa reapertura. Aunque los riesgos geopolíticos han disminuido de forma notable en los últimos días, el mercado seguirá incorporando una prima de incertidumbre que mantendrá cierta presión sobre los precios energéticos durante los próximos meses.

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