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(Expansión, 22-09-2026) | Laboral

Jubilación parcial: cómo retirarte hasta 3 años antes cobrando pensión y salario

La jubilación parcial permite reducir de forma progresiva la actividad laboral antes de alcanzar la edad ordinaria de retiro, combinando los ingresos procedentes del trabajo con el cobro de una parte de la pensión. Tras la reforma que entró en vigor en abril de 2025, esta modalidad puede solicitarse hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, con una reducción de la jornada que se va ampliando hasta que llega el retiro definitivo y se pasa a percibir íntegramente la pensión correspondiente. La jubilación parcial con contrato de relevo, que es la fórmula más extendida, requiere por regla general un acuerdo previo entre el trabajador y la empresa. Solo constituye un derecho para el empleado cuando así lo reconoce expresamente el convenio colectivo aplicable. Esta modalidad está dirigida a trabajadores por cuenta ajena, por lo que los autónomos quedan fuera. En las Administraciones Públicas pueden acogerse a ella los trabajadores laborales fijos que reúnan los requisitos de cotización y antigüedad exigidos, mientras que continúa sin estar disponible para los funcionarios de carrera, el personal estatutario de los servicios de salud y quienes están incluidos en el régimen de Clases Pasivas. La jubilación parcial puede tramitarse con contrato de relevo o sin él. Cuando no existe relevista, es necesario haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación. En 2026, esta se sitúa en los 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados y en los 66 años y 10 meses para quienes no lleguen a ese periodo. Desde 2027, será de 65 años para quienes tengan 38 años y 6 meses o más de cotización y de 67 años para quienes no alcancen ese periodo. Además, se exige acreditar un mínimo de 15 años de cotización, con al menos dos años comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores, y contar con el acuerdo de la empresa para transformar el contrato en uno a tiempo parcial. La reducción de jornada debe situarse entre el 25% y el 75%, y la cuantía de la pensión será proporcional al porcentaje de jornada que se haya dejado de realizar. Al haber alcanzado ya la edad ordinaria de jubilación, la empresa no está obligada en este supuesto a contratar a un trabajador relevista. La jubilación parcial con contrato de relevo es la alternativa que permite adelantar de manera gradual la salida del mercado laboral. Cuando el convenio colectivo no reconoce directamente este derecho, el trabajador necesita pactarlo con la empresa. Desde abril de 2025 es posible acceder a esta modalidad hasta tres años antes de la edad ordinaria. En 2026, pueden hacerlo quienes tengan 62 años y acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados, o quienes tengan 63 años y 10 meses si su periodo de cotización es inferior. Desde el 1 de enero de 2027, las edades serán de 62 años con 38 años y 6 meses o más cotizados y de 64 años cuando no se alcance ese periodo. Para acceder a esta modalidad también es necesario acreditar al menos 33 años de cotización, aunque el periodo mínimo se reduce a 25 años en los supuestos de discapacidad. Asimismo, el trabajador debe haber permanecido en la empresa durante un mínimo de seis años de forma continuada y tener un contrato indefinido y a jornada completa. El porcentaje de reducción de jornada depende del momento en que se acceda a la jubilación parcial. Cuando la anticipación respecto de la edad ordinaria supera los dos años, durante el primer año la jornada solo podrá reducirse entre un 20% y un 33%. La parte de pensión que se perciba será equivalente al porcentaje de jornada dejado de trabajar, mientras que el resto de los ingresos procederá del salario. A partir del segundo año, o cuando el adelanto sea de un año respecto de la edad ordinaria, la reducción podrá situarse entre el 25% y el 75%. Otro aspecto relevante es la contratación del trabajador relevista. La normativa establece que este debe encontrarse en situación de desempleo, ser un trabajador temporal de la propia empresa o tener un contrato fijo-discontinuo. Además, el nuevo contrato debe formalizarse con carácter indefinido y a jornada completa, dejando de admitirse la contratación a tiempo parcial que contemplaba la regulación anterior. La base de cotización del relevista debe representar, como mínimo, el 65% de la correspondiente al trabajador que accede a la jubilación parcial. La relación laboral deberá mantenerse durante al menos dos años después de que finalice la jubilación parcial. Por otro lado, tanto el trabajador jubilado parcialmente como la empresa deben seguir cotizando por el 100% de las cotizaciones sociales, pese a que la jornada efectiva se haya reducido. La reforma tampoco ha eliminado la posibilidad de acumular el tiempo de trabajo pendiente hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Así, cuando exista acuerdo entre las partes y en función del porcentaje de reducción establecido, el trabajador puede concentrar en determinados periodos las horas que debe realizar y dejar posteriormente de prestar servicios durante el tiempo restante, manteniendo durante ese periodo la condición de jubilado parcial.

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(Expansión, 22-09-2026) | Laboral

Se espera que la pensión para 2027 se revalorice varias décimas por encima del 3%, hasta en torno al 3,5%

Las pensiones volverán a incrementarse el próximo año, encadenando así seis ejercicios consecutivos de revalorizaciones. En 2026, las prestaciones aumentaron un 2,7%, mientras que para 2027 todo apunta a que el incremento será superior al 3%. El porcentaje definitivo dependerá de la inflación media registrada entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026 y se conocerá de forma oficial en diciembre, aunque el dato adelantado de noviembre permitirá realizar una estimación bastante precisa. La normativa establece que las pensiones deben actualizarse anualmente tomando como referencia la evolución de los precios, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas. Para determinar la subida correspondiente a 2027 se tendrá en cuenta la media del IPC interanual de los doce meses comprendidos entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Con esta fórmula, las pensiones aumentaron un 2,7% en enero de 2026, después de haberlo hecho un 2,8% en 2025, un 3,8% en 2024, un 8,5% en 2023 y un 2,5% en 2022. La evolución prevista de los precios durante este ejercicio apunta ahora a una nueva subida superior a la registrada este año. El IPC de agosto alcanzó una tasa interanual del 4,3%, después de aumentar un 0,7% respecto al mes anterior. Para calcular la revalorización de 2027 todavía será necesario incorporar los datos de inflación de septiembre, octubre y noviembre y combinarlos con los registros de los meses anteriores, incluido diciembre de 2025. Por tanto, habrá que esperar a conocer la evolución de los precios durante los últimos meses del ejercicio para determinar con exactitud el porcentaje de incremento que se aplicará desde el 1 de enero de 2027. La cifra definitiva se confirmará a mediados de diciembre, cuando se publique el dato correspondiente a noviembre, que permitirá cerrar el cálculo utilizado para actualizar las pensiones. Las previsiones actuales apuntan a una subida de varios puntos porcentuales por encima del 3%. El panel de expertos de Funcas sitúa en el 3,6% su estimación para la inflación media de 2026, mientras que calcula un 2,9% para la inflación subyacente. La evolución reciente de los precios ha sido más intensa de lo previsto, con una tasa general del 4,3% en agosto, impulsada especialmente por los servicios y los productos energéticos. Funcas contempla en su escenario central que la inflación pueda alcanzar el 4,9% en septiembre y mantenerse por encima del 4% durante los meses posteriores. No obstante, el organismo advierte de que las previsiones están condicionadas por un elevado grado de incertidumbre, especialmente por la evolución de los precios energéticos y del contexto geopolítico. Si finalmente se confirma una subida en torno al 3,5%, el incremento se aplicará a los millones de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social. También las pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado se actualizarán utilizando este mismo índice. La evolución de las bases máximas de cotización sigue, además, una regla específica desde 2024. Estas bases se actualizan con el IPC más 1,2 puntos porcentuales adicionales cada año hasta 2050. En 2026, la base máxima aumentó aproximadamente un 3,9%, al combinar el 2,7% de revalorización vinculada al IPC con el incremento adicional de 1,2 puntos. La pensión máxima también se actualiza anualmente, aunque en este caso al incremento del IPC se añade un porcentaje adicional del 0,115%, de acuerdo con lo establecido en la reforma del sistema de pensiones. La actualización anual de las pensiones conforme a la evolución de los precios deriva de la Ley 20/2021, aprobada a partir del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales y en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo. El mecanismo busca evitar que la evolución de los precios reduzca el poder adquisitivo de los pensionistas. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media del sistema de la Seguridad Social alcanzó en agosto los 1.373,4 euros mensuales, un 4,6% más que un año antes. En el caso de la pensión media de jubilación, percibida por más de dos tercios de los pensionistas, la cuantía se situó en 1.574,9 euros al mes, con un incremento interanual del 4,5%. La nómina mensual de las pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió en agosto a 14.470,4 millones de euros. De esta cantidad, el 73,4% correspondió a las pensiones de jubilación.

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(El País, 22-09-2026) | Laboral

Los sindicatos piden al Gobierno que la IA aporte a la Seguridad Social y reclaman una regulación “ética y ambiciosa”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que convocará a los sindicatos y a las organizaciones empresariales para negociar un acuerdo que permita abordar el impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre la economía y el mercado laboral. Según La Moncloa, el objetivo es favorecer una implantación rápida de esta tecnología, pero dentro de un marco de gobernanza que garantice mayores niveles de seguridad y confianza. Los sindicatos han valorado positivamente la convocatoria, aunque reclaman que la negociación tenga suficiente alcance. UGT plantea incluso debatir la posible contribución de la IA a la financiación de la Seguridad Social, mientras que CC OO reclama que su utilización responda a criterios éticos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado la iniciativa de "muy buena" y ha señalado que espera que en la mesa se pueda abordar cualquier cuestión relacionada con la IA. Durante su intervención en la Universidad de Alcalá, con motivo de las jornadas confederales de UGT sobre la salud en los centros de trabajo, Álvarez ha advertido de que la tecnología sí provocará destrucción de empleo y ha puesto en duda que puedan generarse suficientes puestos alternativos para compensar las pérdidas. Las previsiones de los expertos, sin embargo, no son unánimes: mientras algunos estudios contemplan escenarios de fuerte destrucción de empleo, otros estiman que la creación de nuevas ocupaciones podría compensar buena parte de los puestos que desaparezcan. Álvarez también ha defendido que las grandes empresas no pueden quedar al margen de las consecuencias sociales derivadas de la automatización. A su juicio, el Estado tendrá que afrontar una parte de ese impacto y, por ello, considera necesario estudiar fórmulas para que la IA y otras tecnologías contribuyan al sostenimiento de la Seguridad Social. El dirigente sindical ha vinculado esta cuestión con la necesidad de preservar el Estado del bienestar y de establecer límites ante los efectos de la transformación tecnológica. CC OO coincide en reclamar una regulación específica. Su secretaria de Participación Institucional, Carmen Vidal, recuerda que el sindicato lleva tiempo planteando la necesidad de establecer normas laborales para el uso de la IA. La creciente incorporación de estas herramientas a las empresas, señala, hace necesario garantizar una gobernanza adecuada y conocer los posibles sesgos de los sistemas utilizados. La automatización ya afecta a procesos que anteriormente dependían de trabajadores, desde la selección de personal y la organización de turnos hasta determinadas decisiones relacionadas con los despidos. Vidal considera positiva la convocatoria del Gobierno, aunque reclama que la negociación tenga mayor ambición. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que participaron en el acto en el que Sánchez anunció la iniciativa, todavía no se han pronunciado sobre la convocatoria. El documento difundido por La Moncloa plantea alcanzar un acuerdo tripartito entre Gobierno, sindicatos y empresas. La propuesta llega después de dos años sin un pacto entre el Ejecutivo y la patronal. Además, el Gobierno todavía no ha concretado qué ministerio se encargará de dirigir la mesa de diálogo, aunque sí ha avanzado que los trabajos comenzarán durante el mes de octubre. Entre las medidas anunciadas figura también la creación de un observatorio permanente encargado de seguir la evolución de la inteligencia artificial y sus efectos sobre el empleo. La intención es utilizar sus conclusiones para orientar las políticas de empleo y formación, así como las futuras adaptaciones de la regulación. El Ejecutivo prevé, asimismo, constituir una mesa específica con representantes del sector cultural para analizar las consecuencias de la IA sobre la creación artística y su dimensión económica y cultural, además de abordar su gobernanza. En este ámbito, el Ministerio de Trabajo ya trabaja en un anteproyecto de ley destinado a regular la utilización mediante IA de la voz y la imagen de los artistas, con el objetivo de garantizar que su reutilización sea remunerada. El Gobierno considera que el futuro acuerdo social deberá abordar tanto la distribución de los beneficios derivados de la nueva tecnología como las garantías necesarias para acompañar la transformación del modelo productivo. La Moncloa sitúa ese equilibrio entre innovación, reparto de beneficios y protección de los trabajadores como uno de los elementos determinantes para la sostenibilidad del nuevo escenario tecnológico.

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(El País, 22-09-2026) | Laboral

Trabajo propone un programa público para que 200.000 jóvenes accedan a su primer empleo hasta 2028

El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha este lunes una nueva mesa de diálogo social con sindicatos y organizaciones empresariales para revisar las políticas activas de empleo dirigidas a los jóvenes y a los desempleados de larga duración de mayor edad, con la intención de aplicar los cambios a partir de 2027. Las medidas previstas abarcan ámbitos como la formación, los incentivos a la contratación y el refuerzo de los mecanismos de orientación, búsqueda de empleo e intermediación laboral. Para los jóvenes, una de las principales propuestas es la puesta en marcha de un Programa de primera experiencia profesional, que combinará actuaciones de los servicios públicos de empleo con itinerarios personalizados. El objetivo del Ministerio es que al menos 200.000 jóvenes hayan conseguido su primer empleo mediante este programa antes de 2028, tanto en empresas privadas como en administraciones públicas. El documento elaborado por Trabajo establece también que el 80% de los ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes participen en el desarrollo de estas actuaciones junto con los servicios públicos de empleo. El Ejecutivo plantea, además, que el 75% de los primeros contratos sean a tiempo completo y que más del 60% tengan inicialmente una duración mínima de un año. La estrategia incorpora asimismo el objetivo de que, para 2028, todos los jóvenes inscritos en los servicios públicos de empleo reciban una oferta de empleo, formación o prácticas en un máximo de cuatro meses desde su inscripción. Para ello se plantea asignar a cada joven un orientador de referencia, denominado coach laboral joven, que analizará sus competencias mediante herramientas de perfilado y big data y realizará un seguimiento periódico de su evolución. Estas metas no son nuevas dentro de las políticas de orientación y acompañamiento a las personas desempleadas, y el hecho de que objetivos similares no se hayan alcanzado hasta ahora ha generado dudas entre los representantes sindicales que participaron en la reunión. La secretaria de Formación y Empleo de CC OO, Lola García, ha reclamado que las medidas dirigidas a los jóvenes se extiendan hasta los 30 años, frente al tramo de 16 a 24 años utilizado por Trabajo para elaborar su diagnóstico, que considera insuficiente. García ha situado como prioridad el refuerzo de los servicios públicos de empleo, al considerar que deben asumir el liderazgo de los programas que se desarrollen. El Ministerio también ha planteado, aunque de manera todavía general, recurrir a la colaboración público-privada para facilitar la incorporación laboral de jóvenes y desempleados de larga duración de mayor edad. Los sindicatos han reclamado que cualquier participación de entidades privadas tenga un carácter complementario respecto a los servicios públicos y quede sometida a su supervisión y seguimiento. Entre las propuestas dirigidas a los jóvenes figura también la posibilidad de establecer ayudas adicionales a las deducciones fiscales existentes por movilidad geográfica. Estas compensaciones estarían destinadas a quienes acepten empleos en otra comunidad autónoma para cubrir puestos vinculados a actividades de carácter estacional, como determinados trabajos turísticos, agrícolas o industriales. El plan contempla igualmente ayudas para cubrir vacantes incluidas en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que podrían destinarse a gastos de alojamiento o manutención de los jóvenes que acepten estos empleos. Para los desempleados de larga duración de mayor edad, definidos como quienes llevan más de un año en paro, Trabajo ha planteado una estrategia específica con varias líneas de actuación. Una de ellas, denominada Orientación XXI, contempla la incorporación de 3.000 orientadores al Sistema Nacional de Empleo. Cada participante tendría asignado un gestor de caso o tutor de referencia encargado de diseñar y acompañar un itinerario individualizado de búsqueda de empleo. Otra de las iniciativas, denominada Forma 45, estaría orientada a la recualificación de personas con experiencia laboral para facilitar su incorporación a sectores que presenten una mayor demanda de trabajadores. A esta se suma el programa Mujer 45+, diseñado específicamente para mujeres desempleadas de mayor edad, que incluiría orientación laboral, talleres de empoderamiento, apoyo psicológico y formación de corta duración en actividades con oportunidades de empleo, como la atención social o el comercio electrónico. Una vez completado el itinerario, el programa contempla facilitar prácticas en empresas colaboradoras o el regreso al sistema educativo cuando la falta de estudios, como la ESO o el Bachillerato, constituya un obstáculo para acceder a un empleo. Para las mujeres que hayan abandonado su actividad laboral para atender a familiares, Trabajo plantea además la creación de bonos de cuidado de 300 euros mensuales destinados a financiar cuidadores sustitutos durante el periodo de formación o en la fase inicial de incorporación al mercado laboral. La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha explicado que sindicatos y organizaciones empresariales analizarán ahora las propuestas y presentarán sus aportaciones antes de comenzar formalmente la negociación. La previsión es que el diagnóstico y la estrategia definitiva puedan quedar cerrados durante este trimestre para incorporarlos antes de que termine el año al próximo Plan de Empleo correspondiente a 2027. En esta primera reunión, tanto los sindicatos como las organizaciones empresariales han echado en falta una propuesta económica concreta por parte del Ministerio para reforzar los servicios públicos de empleo y dotar de recursos a las comunidades autónomas, que serán las encargadas de ejecutar los programas una vez sean aprobados en la Conferencia Sectorial. Desde el ámbito empresarial también consideran que las iniciativas planteadas todavía presentan un grado elevado de generalidad y reclaman una participación más directa de las empresas en la definición de las necesidades formativas y su conexión con las demandas reales del mercado laboral, así como una mayor colaboración con las agencias privadas especializadas.

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(El Economista, 22-09-2026) | Laboral

España es el mercado laboral europeo que más ha castigado a sus jóvenes en los últimos 20 años

El mercado laboral juvenil mantiene en España una brecha que, pese al paso de dos décadas, sigue sin cerrarse. La evolución de las principales variables laborales -actividad, ocupación y desempleo- refleja un deterioro especialmente acusado entre los menores de 25 años. En comparación con el resto de la Unión Europea, España es el país donde más se han deteriorado las tasas de actividad y ocupación de este colectivo desde 2006. Hace veinte años, la situación era muy diferente. En 2006, España registraba una tasa de paro juvenil similar, e incluso ligeramente inferior, a la media comunitaria y contaba además con una proporción mayor de jóvenes activos y ocupados. La evolución posterior modificó por completo ese escenario. Los datos históricos de Eurostat permiten identificar dos momentos decisivos. El primero se sitúa a mediados de 2007, cuando los problemas acumulados en el sector inmobiliario comenzaron a afectar al empleo de la construcción. El segundo llegó un año después, con la extensión de la crisis financiera a la economía mundial y el inicio de la Gran Recesión. Los jóvenes fueron uno de los colectivos que sufrieron con mayor intensidad las consecuencias de ambos episodios. El deterioro del sector inmobiliario comenzó a reflejarse de forma progresiva en las estadísticas generales, en parte porque la llegada de trabajadores extranjeros todavía aportaba mano de obra al mercado español. Cuando la crisis se extendió al conjunto de la economía a través del sistema financiero, este efecto compensatorio perdió fuerza. El aumento del desempleo juvenil, de hecho, comenzó antes de la quiebra de Lehman Brothers y de la manifestación más evidente de la crisis financiera. Esto muestra que el deterioro del mercado laboral juvenil ya estaba en marcha cuando la crisis inmobiliaria empezó a trasladarse al conjunto de la economía. Aunque el desempleo juvenil ha mejorado considerablemente respecto a los peores registros alcanzados durante la pandemia, actualmente se encuentra en niveles comparables a los de los primeros años del estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, la tasa de ocupación y la de actividad se encuentran claramente por debajo de las registradas entonces. La evolución de estas variables apunta a que una parte de los jóvenes que antes participaban en el mercado laboral ha dejado de hacerlo o ha retrasado su incorporación. La comparación con el resto de la Unión Europea ofrece una evolución desigual. España ya no presenta la tasa de paro juvenil más elevada de la UE, puesto que actualmente se sitúa por detrás de Suecia, Rumanía y Grecia. Tampoco es el país donde más ha aumentado el desempleo juvenil desde 2006, ya que Estonia, Dinamarca y Rumanía han registrado un deterioro mayor en esta variable. La situación cambia cuando se analizan las tasas de actividad y ocupación. España presenta la mayor caída de ambas variables entre los países de la Unión Europea. Aunque existen países con niveles de actividad o desempleo diferentes a los españoles, ninguno combina una reducción tan pronunciada de la participación y de la ocupación juvenil. Las tres magnitudes están estrechamente relacionadas. Una reducción del desempleo no implica necesariamente que aumente el número de jóvenes que trabajan. El paro también puede disminuir porque parte de la población potencialmente activa deja de participar en el mercado laboral. En el caso de los menores de 25 años, esto puede traducirse en un retraso de su incorporación al empleo. Desde la crisis financiera, una parte de los jóvenes españoles ha prolongado su etapa educativa y ha retrasado su entrada en el mercado laboral. Esta evolución tiene un aspecto positivo relacionado con el aumento de la formación, pero también supone que quienes desean incorporarse al mercado de trabajo encuentran unas condiciones de acceso menos favorables que las existentes antes de la crisis. En 2006, España presentaba una posición más favorable respecto a la media europea en las tres variables: tenía una mayor tasa de actividad, una mayor proporción de jóvenes ocupados y un nivel de desempleo ligeramente inferior. Con la crisis, estas diferencias cambiaron de signo y la brecha comenzó a ampliarse. La evolución posterior resulta especialmente relevante porque la mejora del desempleo juvenil no ha ido acompañada de una recuperación equivalente de las tasas de actividad y ocupación. Esto indica que la reducción del paro no se explica únicamente por una mayor incorporación de jóvenes al empleo, sino también por el retraso o la ausencia de entrada de parte de este colectivo en el mercado laboral.

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(Cinco Días, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La gran industria alerta al Gobierno de paradas de sus fábricas este otoño por los altos precios de la energía

La gran industria española afronta los próximos meses con preocupación ante el fuerte incremento de los costes energéticos. Diez organizaciones empresariales que representan a algunos de los principales sectores productivos del país han trasladado al Gobierno que el encarecimiento de la electricidad, el gas y los carburantes está deteriorando su competitividad y ya está provocando paradas puntuales en determinadas instalaciones industriales. Los representantes del sector anticipan, además, un empeoramiento de la situación durante el otoño y el invierno si los precios mantienen su actual trayectoria. Anfac, Sernauto, Aspapel, Feique, AEGE, Gas Industrial, Sercobe, Oficemen, Unesid y Ascer participaron este lunes en una reunión con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, a quienes expusieron el impacto que está teniendo la crisis energética sobre la actividad manufacturera. Los representantes empresariales trasladaron que ya están detectando una reducción progresiva del consumo energético, un indicador que relacionan directamente con una menor actividad de las fábricas. La situación preocupa especialmente porque el descenso de la producción podría intensificarse durante los próximos meses si continúan aumentando los costes de electricidad, gas y combustibles. Durante el encuentro, que se prolongó aproximadamente dos horas en el Ministerio de Economía, los ministros reconocieron su preocupación por la evolución de los precios. También recordaron que las medidas de apoyo aprobadas en los anteriores reales decretos de respuesta a la crisis finalizan el próximo 30 de septiembre. El Ejecutivo todavía no ha concretado qué actuaciones adoptará posteriormente y ha señalado que las reglas europeas limitan el margen para nuevas rebajas fiscales, aunque Bruselas también reclama medidas que impulsen la reindustrialización. Las empresas industriales calculan que el precio de la electricidad podría duplicarse respecto a los niveles registrados durante el verano. Según sus estimaciones, el coste pasaría de unos 85 euros por megavatio hora a alrededor de 170 euros por MWh durante el otoño. A esta situación se suma el fuerte incremento del gas y de los carburantes, cuyos precios se encuentran en niveles que el sector no registraba desde hace varios años. El encarecimiento de la energía está llevando a algunas compañías a detener temporalmente su producción durante las franjas horarias en las que resulta más caro fabricar. Las organizaciones empresariales temen que estas paradas se generalicen y terminen derivando en una reducción de turnos y, eventualmente, en ajustes de las plantillas. A ello se añade el riesgo de una pérdida de demanda, ya que las empresas pueden verse obligadas a trasladar parte del aumento de los costes a los precios finales de sus productos. La reunión fue convocada por el propio Gobierno para conocer de primera mano la situación de los diferentes sectores industriales y comparar el escenario actual con el existente al comienzo de la crisis energética provocada por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Ejecutivo también quería evaluar el efecto de las medidas incluidas en los dos reales decretos aprobados para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra y conocer las perspectivas empresariales para los próximos meses. Los responsables económicos del Gobierno están manteniendo encuentros con los principales sectores afectados por la inestabilidad geopolítica. Además de la industria, este lunes se celebraron reuniones con representantes del sector agroalimentario. Los empresarios industriales consideran que, varios meses después del inicio del conflicto, la situación energética es incluso más complicada que al principio, mientras los mercados mantienen una elevada incertidumbre ante la evolución de las negociaciones y las distintas treguas anunciadas. El Ejecutivo aprobó durante la primavera un conjunto de medidas destinadas a amortiguar el impacto de la crisis sobre la economía española y posteriormente prorrogó parte de estas ayudas durante el verano. Sin embargo, estas medidas tienen como fecha de finalización el próximo 30 de septiembre, coincidiendo con un momento en el que la inflación se encuentra en niveles elevados, impulsada principalmente por el aumento de los costes energéticos. Una eventual prórroga de las ayudas o la aprobación de nuevos mecanismos de apoyo exigiría al Gobierno aprobar otro real decreto-ley. Posteriormente, la norma tendría que ser convalidada por el Congreso de los Diputados en el plazo máximo de 30 días. La industria reclama ahora mayor visibilidad sobre las medidas que estarán disponibles en 2027 para poder calcular sus costes y preparar con mayor certidumbre sus planes de producción e inversión. Entre sus principales peticiones figura mantener durante el próximo año la exención del 80% de los peajes eléctricos y elevar las compensaciones por los costes indirectos de CO2 desde los actuales 600 millones hasta 900 millones de euros, dentro de los límites establecidos por la normativa europea sobre ayudas de Estado. Estas medidas se suman a las ya adoptadas durante 2026. En abril, el primer paquete de apoyo recuperó la exención del 80% de los peajes eléctricos para la industria y elevó de 300 a 600 millones de euros las compensaciones vinculadas al coste del CO2. Las organizaciones industriales también apuntan a las medidas aplicadas en otros países europeos. Entre ellas citan el mecanismo aprobado en Alemania para limitar el coste de la electricidad para determinados consumidores industriales a 50 euros por MWh, como ejemplo de las distintas fórmulas que podrían estudiarse para contener el impacto de los precios energéticos sobre la industria. Los sectores con una mayor dependencia del gas reclaman, además, ayudas directas. El precio de este combustible ha pasado de situarse alrededor de los 30 euros por MWh antes de la escalada del conflicto con Irán a superar actualmente los 80 euros por MWh, según los representantes empresariales. Las advertencias de la industria sobre el impacto de los costes energéticos se han repetido en las últimas semanas. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que agrupa a nueve de los principales sectores industriales del país, ha calculado que la crisis derivada del conflicto en el Golfo Pérsico ha añadido unos 7.400 millones de euros a la factura de electricidad, gas y carburantes de los fabricantes. Ante este escenario, la organización ha reclamado medidas urgentes para proteger la actividad industrial y el empleo.

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(Cinco Días, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión extranjera en España se dispara en la primera mitad del año y roza los 12.500 millones de euros

La inversión extranjera directa en España creció un 31,2% en el primer semestre de 2026, hasta alcanzar los 12.446 millones de euros, según los últimos datos del Registro de Inversiones Extranjeras. El avance estuvo impulsado especialmente por el capital procedente de Estados Unidos, que concentró el 23% del total y aumentó un 84% respecto al mismo periodo de 2025. El incremento también refleja un mayor peso de los proyectos destinados a crear o ampliar capacidad productiva. La inversión greenfield, correspondiente a nuevos proyectos, aumentó más de un 52%, mientras que las iniciativas greenfield y brownfield representaron conjuntamente el 30,5% de la inversión extranjera recibida entre enero y junio. Además, según fDi Markets, España fue el cuarto país del mundo que más proyectos de inversión extranjera captó durante los siete primeros meses del año, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido e India. Pese a la recuperación, el volumen acumulado todavía está por debajo del registrado en la primera mitad de 2024, cuando la inversión rondó los 21.500 millones de euros. Por territorios, Madrid concentró 5.635,7 millones, seguida de Cataluña, con 2.358,6 millones, y la Comunidad Valenciana, con 1.845,8 millones. Este repunte coincide con la revisión del sistema de control de las inversiones extranjeras que prepara el Gobierno. El Ministerio de Economía ha abierto una consulta pública para modificar el marco vigente y adaptar los mecanismos de supervisión a la evolución económica, tecnológica y geopolítica. Entre las propuestas figura ampliar el ámbito de control a determinados sectores, como los centros de datos, y establecer reglas específicas para determinadas inversiones greenfield. La reforma pretende también introducir un procedimiento de autorización en dos fases, precisar qué operaciones quedan sometidas a control y cuáles pueden quedar exentas y simplificar el sistema de consulta voluntaria. En paralelo, el Gobierno ha puesto en marcha el Comité de Inversiones Estratégicas, cuyo objetivo es identificar y facilitar proyectos considerados relevantes para la economía española. Ambos mecanismos responden a objetivos distintos: mientras el primero supervisa posibles riesgos asociados a determinadas inversiones extranjeras, el segundo busca agilizar iniciativas consideradas estratégicas.

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(Expansión, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prevé aprobar en octubre el real decreto que regulará los centros de datos

El Gobierno tiene previsto aprobar en octubre el real decreto que establecerá el nuevo marco regulatorio para los centros de datos, una norma que ha suscitado un elevado número de críticas dentro del sector y que el Ejecutivo considera necesaria para ordenar el crecimiento de las infraestructuras tecnológicas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial. La regulación se encuentra actualmente en fase de estudio de las alegaciones presentadas después de que el trámite de audiencia pública finalizara el pasado 10 de septiembre. El calendario para su aprobación está incluido en el plan IA360, presentado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una hoja de ruta para los próximos doce meses. El documento contempla medidas relacionadas con el refuerzo de las infraestructuras digitales, la incorporación de la inteligencia artificial a empresas y puestos de trabajo, la mejora de la ciberseguridad, la gobernanza de esta tecnología y el establecimiento de un marco de diálogo con sindicatos y organizaciones empresariales. El proyecto normativo afronta una importante oposición por parte de la industria, que ha presentado centenares de alegaciones durante el proceso de consulta. SpainDC, la patronal del sector de los centros de datos, sostiene que la aprobación del decreto en su redacción actual podría poner en riesgo entre el 80% y el 90% de las inversiones previstas en el sector hasta 2030, estimadas en unos 67.000 millones de euros. La asociación también advierte de que España podría acabar contando con uno de los marcos regulatorios más restrictivos de la Unión Europea. El Gobierno, por su parte, señala que las peticiones de acceso a la red eléctrica vinculadas a centros de datos ya superan ampliamente los 2,5 gigavatios de demanda que estima necesarios para 2030. Según el Ejecutivo, satisfacer todas las solicitudes planteadas supondría acometer importantes inversiones en la red eléctrica cuyo coste acabaría repercutiendo en el conjunto de los consumidores. La futura regulación estará también vinculada al proyecto de gigafactoría de inteligencia artificial por el que compite España a escala europea. Según el plan IA360, la instalación se diseñará desde el principio para cumplir las exigencias contempladas en el nuevo decreto y servirá como proyecto de referencia para la aplicación del marco regulatorio. El documento gubernamental da por prevista la llegada a España de una de estas grandes instalaciones de computación para inteligencia artificial. No obstante, la convocatoria europea para seleccionar los proyectos continúa abierta hasta el 12 de noviembre y la Comisión Europea no tiene previsto comunicar las adjudicaciones hasta comienzos de 2027. El Ejecutivo sitúa en febrero de ese año el inicio de las obras y calcula que la infraestructura podría comenzar a operar en 2028. La inversión público-privada asociada al proyecto alcanzaría los 5.000 millones de euros, de los que 719 millones corresponderían a financiación pública. La instalación aspira a convertirse en uno de los principales centros de computación para inteligencia artificial del sur de Europa, con 100.000 aceleradores operativos entre 2028 y 2029. El plan también prevé reforzar las funciones de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que contará con un nuevo Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial. Este organismo tendrá entre sus cometidos la evaluación de modelos avanzados, el desarrollo de herramientas de supervisión y la coordinación de actuaciones frente a los riesgos relacionados con esta tecnología. El Gobierno pretende poner en marcha su núcleo técnico inicial antes de terminar 2026 y que actúe como representante español ante los organismos internacionales especializados en seguridad de la IA. En materia de ciberseguridad, el Ejecutivo plantea nuevas medidas para hacer frente a las amenazas asociadas al uso de inteligencia artificial. Entre las primeras actuaciones figura un proyecto piloto de escudo cibercuántico con el sector financiero, cuyo lanzamiento está previsto para octubre. También se pretende acelerar la adopción de sistemas de criptografía poscuántica mediante nuevas actuaciones y la aprobación de un real decreto que establezca un marco común para esta transición en las Administraciones Públicas y en los sectores sometidos a regulación en materia de ciberseguridad. Otro de los ejes del plan será el diálogo con los agentes sociales. Sánchez ha anunciado que en octubre convocará a sindicatos y organizaciones empresariales para abordar un contrato social sobre la inteligencia artificial, centrado en las consecuencias que tendrá esta tecnología sobre el empleo, la economía y la sociedad. La iniciativa se desarrollará a través de mesas sectoriales relacionadas, entre otros ámbitos, con la educación, el mercado laboral, el sistema financiero y la cultura. El Gobierno también prevé crear un observatorio permanente para seguir la evolución del impacto de la IA sobre el empleo y orientar futuras medidas de formación y adaptación normativa. El Ejecutivo prepara asimismo una nueva Ley de Scale-Up para favorecer el crecimiento de las empresas de nueva creación una vez superada la primera etapa de desarrollo. La norma, que se presentará previsiblemente este otoño, pretende continuar las medidas introducidas por la Ley de Startups y centrarse en compañías que se encuentran entre los cinco y diez años de actividad. El Gobierno plantea además ampliar el actual límite de siete años aplicable a las empresas de base científica o deeptech, debido a que este tipo de proyectos requieren normalmente periodos más largos para alcanzar su madurez. Entre los objetivos fijados figura duplicar la tasa de empresas que consiguen escalar y alcanzar las 50 empresas unicornio en España en 2030. En el ámbito educativo, el plan contempla incorporar la inteligencia artificial al currículo de la educación secundaria y de la formación profesional, además de establecer programas específicos de formación en esta materia para el profesorado. El calendario previsto sitúa la presentación de estas iniciativas y su negociación con las comunidades autónomas durante el primer trimestre de 2027.

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(El Periódico, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España se propone regular el uso de la IA y su impacto laboral: las claves del plan del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de reforzar la regulación de la inteligencia artificial y ha anunciado que el Ejecutivo convocará en octubre a los agentes sociales con el objetivo de impulsar un gran acuerdo de país sobre el impacto y el desarrollo de esta tecnología. Durante la presentación del plan IA360 para promover un despliegue responsable de la inteligencia artificial, Sánchez ha advertido de los riesgos de dejar la evolución de esta tecnología en manos de la autorregulación de las grandes empresas del sector. A su juicio, una IA "desregulada, opaca y en estampida", además concentrada en un reducido número de compañías, constituye "el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia". El presidente también ha cuestionado las estrategias de las grandes tecnológicas para reforzar su posición en el mercado y ha acusado a los denominados "tecnoligarcas" de intentar establecer barreras de entrada con el propósito de consolidar situaciones de monopolio u oligopolio. En este contexto, ha rechazado que los gobiernos deban confiar exclusivamente en los compromisos voluntarios de las compañías que lideran el desarrollo de la IA. Sánchez ha anunciado que el Gobierno reunirá el próximo mes de octubre a los agentes sociales para avanzar hacia un "nuevo contrato social" en torno a la inteligencia artificial. El objetivo, ha explicado, es alcanzar "un acuerdo de país" que permita ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos ante las transformaciones económicas, laborales y sociales que puede provocar la expansión de esta tecnología. En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que "la autorregulación no funciona" y ha defendido que la inteligencia artificial debe desarrollarse bajo criterios de supervisión y trazabilidad. Sánchez ha apostado por una IA "responsable con perspectiva humanista" ante unos riesgos que, según ha señalado, son cada vez más evidentes cuando esta tecnología se desarrolla sin los controles adecuados. El plan IA360 presentado por el Gobierno establece una hoja de ruta para los próximos doce meses y contempla distintas líneas de actuación. Entre ellas figuran el refuerzo de las infraestructuras tecnológicas, el impulso de la adopción de la inteligencia artificial entre empresas y trabajadores, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la creación de mecanismos de gobernanza destinados a acompañar y supervisar el desarrollo de esta tecnología.

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(La Vanguardia, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los europeos tienen 10 billones congelados: el 80% de hogares no tiene acciones ni fondos

Los hogares europeos mantienen una elevada capacidad de ahorro, pero destinan una parte muy reducida de ese dinero a la inversión y, cuando lo hacen, con frecuencia optan por activos situados fuera de Europa. El 80% de las familias de la zona euro no tiene acciones cotizadas ni participaciones en fondos de inversión. Cerca de 10 billones de euros permanecen así en cuentas bancarias y depósitos con una rentabilidad muy reducida o prácticamente inexistente, según un estudio reciente de cinco economistas del Banco Central Europeo (BCE), dirigido por Laura Parisi. El informe, titulado 'Why Europeans save differently - and how to put those savings to work', analiza los hábitos financieros de los hogares europeos a partir de una amplia encuesta. Sus conclusiones dibujan un perfil de ahorrador especialmente conservador, condicionado por el temor a asumir riesgos, un conocimiento limitado de los mercados financieros y una menor confianza en las alternativas de inversión. La vivienda continúa siendo el principal destino del patrimonio de las familias europeas. Más del 60% de los hogares concentra la mayor parte de su riqueza en activos inmobiliarios, principalmente en la vivienda habitual. Al mismo tiempo, una de cada cuatro familias mantiene su dinero en cuentas corrientes o depósitos de baja remuneración. En cambio, solo el 4% destina una parte significativa de su patrimonio a acciones, bonos o fondos de inversión. La diferencia respecto a Estados Unidos resulta especialmente significativa. Mientras la tasa de ahorro de los hogares europeos se sitúa en niveles elevados, en Estados Unidos no alcanza el 50%. Además, entre los hogares con mayor patrimonio, alrededor del 65% posee acciones, fondos o bonos, frente al 45% registrado en Europa. Los economistas del BCE consideran que esta menor participación de las familias de la zona euro en los mercados de capitales no responde únicamente a su capacidad económica. También intervienen los hábitos financieros, la oferta de productos disponibles y las diferencias entre las estructuras institucionales de ambos lados del Atlántico. El estudio destaca, además, que una mayor movilización del ahorro podría contribuir tanto a la economía europea como al patrimonio de los propios hogares. Según los autores, canalizar estos recursos hacia los mercados de capitales puede favorecer la financiación de la innovación, la productividad y el crecimiento a largo plazo, al tiempo que permitiría a las familias obtener una mayor rentabilidad y acumular patrimonio con el paso del tiempo. Esta cuestión también tiene una dimensión estratégica para la Unión Europea. La Comisión Europea ha planteado en distintas ocasiones la necesidad de conseguir que una mayor parte del ahorro generado en Europa se canalice hacia empresas y proyectos europeos, en lugar de terminar financiando mercados de otras regiones, especialmente Estados Unidos, que concentra una parte muy elevada de la capitalización bursátil mundial. El BCE apunta que la menor inversión de los hogares europeos tiene varias causas. El riesgo percibido aparece como el principal freno a la entrada en acciones y fondos de renta variable, al que se añaden la falta de conocimientos financieros y la limitada confianza en los mercados. Los propios autores subrayan que las diferencias de participación tampoco pueden explicarse únicamente por la renta disponible. Josep Soler, director general del Institut d'Estudis Financers (IEF) y delegado ejecutivo de EFPA España, considera que el actual contexto geopolítico refuerza el interés europeo por conseguir que el ahorro se quede dentro de la Unión y contribuya a financiar su economía. Para ello, plantea la posibilidad de introducir incentivos fiscales al ahorro y la inversión, aunque reconoce que los Estados miembros muestran reticencias ante medidas que puedan reducir sus ingresos tributarios. Soler también apunta a la necesidad de mejorar la oferta de inversión. A su juicio, Europa necesita empresas de mayor dimensión que puedan resultar atractivas para los inversores, junto con mercados más transparentes que permitan comparar productos y alternativas con mayor facilidad y eficiencia. El reto para Europa pasa, por tanto, por conseguir que una mayor parte del ahorro de sus ciudadanos abandone las cuentas bancarias y encuentre vías para financiar la actividad empresarial y el crecimiento. La cuestión de fondo es hasta qué punto el modelo europeo de ahorro puede aproximarse al estadounidense y qué cambios serían necesarios para conseguirlo.

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