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(El País, 08-01-2026) | Fiscal

Quienes cobren el salario mínimo seguirán sin tributar

El Ejecutivo quería evitar a toda costa que el debate entre el Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, y el de Hacienda, controlado por el PSOE, volviera a trasladarse a la esfera pública en torno a la tributación del salario mínimo interprofesional en el IRPF. Aunque ambos departamentos estuvieron cerca de reabrir el enfrentamiento, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, dio el asunto por cerrado este lunes al asegurar que el Gobierno en su conjunto se ha comprometido con los agentes sociales a que quienes perciban el SMI no tendrán que pagar impuestos. De este modo, se impuso de nuevo la posición defendida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A falta de que Hacienda concrete formalmente el mecanismo fiscal que permitirá mantener la exención un año más, fuentes del ministerio han señalado su disposición a recurrir de nuevo a la vía de la deducción, tal y como se hizo en la última campaña de la renta. Subrayan además que la subida planteada es la más moderada de las recomendadas por el comité de expertos precisamente para evitar que el salario mínimo quede sujeto a tributación. En este contexto, Hacienda estudia actualizar la deducción de manera que ningún beneficiario del SMI tenga que pagar IRPF, incluso en aquellos casos en los que, por su situación personal o familiar, se supere el mínimo exento. En la práctica, estos trabajadores soportan retenciones durante el año y posteriormente, al presentar la declaración de la renta, recuperan lo ingresado, con un límite que el pasado ejercicio alcanzó los 340 euros anuales. La intención ahora es elevar esa cuantía hasta alrededor de 600 euros, de forma que todas las situaciones de los perceptores del salario mínimo sigan quedando libres de impuestos en la próxima campaña. Esta modificación requiere una norma con rango de ley, ya que no puede aprobarse únicamente mediante un real decreto como el que dará cobertura a la subida del SMI. Aprovechando esta necesidad, la patronal reclama que se incluya también en esa futura ley una flexibilización de las normas de desindexación que impiden a las empresas trasladar a los contratos públicos el aumento de los costes salariales derivados del salario mínimo. Sin embargo, en este punto no existe el mismo consenso dentro del Gobierno. Trabajo comparte desde hace años la tesis de permitir total o parcialmente esa indexación, pero tanto Hacienda como el Ministerio de Economía se han opuesto de forma reiterada, defendiendo la aplicación estricta de la Ley de Desindexación aprobada en 2015. Esa norma tenía como objetivo romper la vinculación automática de precios, salarios, contratos públicos, tasas y pensiones con el IPC para evitar dinámicas inflacionistas persistentes. Aunque posteriormente se ha corregido en algunos ámbitos, como el de las pensiones, cuya revalorización volvió a ligarse por ley a la evolución media del IPC, la contratación pública ha permanecido al margen de estos cambios. La propia Yolanda Díaz reconoció este lunes, en una entrevista en TVE, que mantiene una discrepancia con el PSOE en relación con esta demanda empresarial, que cuenta con el respaldo tanto de Trabajo como de los sindicatos. La falta de acuerdo dentro del Ejecutivo complica que la patronal apoye la subida del salario mínimo del 3,1% prevista para 2026, ya que, junto con la exención fiscal, la flexibilización de la desindexación es una de las condiciones que considera imprescindibles para dar su respaldo. Así lo trasladó Joaquín Pérez Rey tras la reunión con los agentes sociales, en la que aseguró que Trabajo estudiará con Hacienda y Economía la posibilidad de introducir cambios en esta materia, aunque todo indica que, por ahora, esa opción resulta poco viable.

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(El Periódico, 08-01-2026) | Fiscal

Hasta 5.000 millones de euros más para Cataluña y el respeto al principio de ordinalidad

En otras palabras, el objetivo es que ninguna comunidad autónoma de régimen común empeore su posición en el reparto de recursos públicos por habitante una vez aplicados los mecanismos de solidaridad. Este es uno de los elementos clave del nuevo modelo de financiación autonómica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, prevén cerrar este jueves. A cambio, los republicanos estarían dispuestos a sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado de este año. Ambos dirigentes se reunirán en el Palacio de la Moncloa con la intención de iniciar formalmente la reforma del sistema, cuyo eje central será el reconocimiento de una singularidad para Cataluña. El Ejecutivo aspira a que esta fórmula pueda extenderse a otros territorios que así lo deseen, aunque por ahora la propuesta no cuenta con apoyos suficientes en el Congreso. El principal obstáculo sigue siendo Junts y sus siete diputados. La formación dejó claro ayer que únicamente respaldará un concierto económico. Su portavoz en la Cámara baja, Míriam Nogueras, advirtió de que cualquier alternativa inferior supondría un engaño, rechazando tanto el "café para todos" como cualquier modelo que pueda generalizarse al resto de comunidades. Junts también reclama conocer las balanzas fiscales con el objetivo de acabar con lo que denomina déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos tributarios generados y el gasto público ejecutado en cada territorio. Según el último informe de la Generalitat, este desequilibrio en Cataluña superaría los 20.000 millones de euros. Esta cifra multiplica por cuatro el volumen que ERC sostiene haber logrado en la negociación. Por este motivo, Nogueras acusó a los republicanos de no haber sabido aprovechar la debilidad parlamentaria del Gobierno y del PSOE. Uno de los aspectos que Junqueras quiere dejar cerrado en su encuentro con Sánchez es el calendario. Pretende fijar una fecha para la convalidación de una iniciativa legislativa presentada por ERC el pasado otoño en el Congreso, que plantea permitir a las comunidades de régimen común recaudar impuestos, incluido el IRPF. Con ello, el dirigente republicano busca consolidar una Hacienda propia, uno de los compromisos que ERC arrancó al inicio de la legislatura. Otra de las demandas que los republicanos confían en concretar es la creación de un consorcio encargado de supervisar el cumplimiento de las inversiones estatales previstas en Cataluña. Así lo explicó el portavoz de ERC, Isaac Albert, quien señaló que los recursos adicionales procederían del aumento de la recaudación derivado de la favorable coyuntura económica. Albert recordó también que la aprobación de la reforma en el Congreso no depende únicamente de Junts, sino también de formaciones como Unidas Podemos, el BNG y, de manera especial, Compromís. Los valencianistas reclaman una mejora de la financiación para la comunidad peor tratada por el sistema actual, una reivindicación que ERC considera compatible con el nuevo modelo. Durante todo el proceso negociador, Junqueras ha logrado que el Govern encabezado por Salvador Illa haya quedado en un segundo plano en términos de protagonismo público, pese a que las conversaciones se han desarrollado con la participación de tres actores.

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(Expansión, 08-01-2026) | Laboral

Novedades laborales en un intenso 2026

El control horario digital y la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor figuran entre las principales novedades laborales que las empresas deberán tener en cuenta a lo largo de 2026. El próximo año se perfila como especialmente exigente para las compañías que tendrán que adaptarse a numerosos cambios en el ámbito laboral según explica Blanca Liñán socia del área laboral de Ceca Magán Abogados que repasa los ajustes más relevantes. En materia de tiempo de trabajo tras quedar paralizada la reducción de la jornada a 37,5 horas el desarrollo reglamentario pasa a ser el eje central la propuesta de real decreto plantea la implantación obligatoria de un registro de jornada digital con acceso directo para la Inspección de Trabajo y para la representación legal de los trabajadores el principal riesgo para las empresas no estará tanto en la implantación técnica como en asegurar la coherencia entre el registro la jornada real y el teletrabajo en un contexto de mayor presión inspectora y sanciones más severas. En el ámbito de los permisos y la conciliación en 2026 será plenamente efectiva la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor hasta 19 semanas por progenitor además se anuncian posibles extensiones de otros permisos retribuidos como el de fallecimiento que podría llegar hasta los 10 días el mayor foco de riesgo no estará en la duración sino en una gestión desigual o incorrecta que pueda derivar en reclamaciones por discriminación vulneración de derechos fundamentales o actuaciones de la Inspección. También se prevé la aprobación del estatuto del becario cuyo objetivo es delimitar con mayor precisión la diferencia entre prácticas formativas y relación laboral cualquier desviación del contenido estrictamente formativo podría dar lugar a una recalificación automática como contrato de trabajo con impacto en cotizaciones salarios y sanciones por lo que se recomienda revisar los programas de prácticas los sistemas de tutorización y los límites funcionales. En cuanto a salarios y cotizaciones continúa abierta la negociación para la subida del salario mínimo interprofesional en 2026 al mismo tiempo siguen aumentando las cotizaciones sociales ya que el mecanismo de equidad intergeneracional alcanzará el 0,9 por ciento y se consolida la cuota adicional de solidaridad para los salarios que superan la base máxima. Respecto a las indemnizaciones por despido existen anuncios sobre una posible reforma aunque su aplicación a corto plazo es incierta introduce un elemento adicional de inseguridad en la planificación de reestructuraciones y procesos de salida. En el terreno del compliance laboral se tramita una iniciativa para reforzar la protección frente al despido de trabajadores que denuncien corrupción u otras infracciones en línea con la Ley de Informantes lo que supondría un blindaje adicional para estos empleados. En seguridad y salud en el trabajo el Gobierno ha anunciado una reforma de la Ley de prevención de riesgos laborales con especial atención a los riesgos psicosociales la salud mental el envejecimiento de las plantillas el teletrabajo y los riesgos climáticos además el plan estratégico de la Inspección reforzará las actuaciones especialmente en las pymes desplazando el foco del mero cumplimiento formal a la gestión real del riesgo. En materia de pensiones y jubilación a partir de 2026 entrará en vigor un sistema dual para el cálculo de la pensión que aplicará automáticamente la fórmula más favorable entre el método tradicional y otro basado en los mejores periodos de cotización al mismo tiempo se refuerzan las modalidades de jubilación activa parcial y demorada. Por último en transparencia y responsabilidad empresarial durante 2026 deberán culminarse varias transposiciones de directivas europeas relativas a condiciones laborales transparentes transparencia retributiva y trabajo en plataformas digitales además la Unión Europea avanza en iniciativas que podrían ampliar de forma notable las obligaciones de los empleadores en las cadenas de subcontratación y en la actuación de intermediarios del mercado laboral incrementando el alcance de la responsabilidad empresarial.

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(El Economista, 08-01-2026) | Laboral

España rompe la barrera de las 12.000 dimisiones diarias

El mercado de trabajo en España termina 2025 con un máximo histórico de bajas de afiliación por renuncia, superando ampliamente las 12.000 dimisiones diarias de media en días laborables, unas 4.000 más que antes de la reforma laboral. Esta dinámica eleva el volumen mensual hasta cerca de 250.000 salidas voluntarias, en un contexto en el que casi la mitad de las empresas declara dificultades para encontrar trabajadores, según el Banco de España. A la espera de los datos definitivos de diciembre, que la Seguridad Social publicará en febrero, las cifras acumuladas hasta noviembre confirman que la tendencia no se ha frenado. Solo en ese mes se contabilizaron 232.700 bajas voluntarias, un 7,5% más que un año antes. En el conjunto de los once primeros meses del año, el total asciende a 2,88 millones, lo que anticipa que 2025 será el primer ejercicio en superar los tres millones de dimisiones desde que hay registros comparables, que arrancan en 2012. Más allá del cierre final del año, ya es evidente que 2025 ha marcado un récord en el número diario de renuncias. En noviembre se alcanzaron 11.635 bajas por día laborable, mientras que la media anual se sitúa en 12.300, frente a las 11.451 de 2024. Aunque el promedio definitivo, una vez incorporado diciembre, podría ser ligeramente inferior, todo indica que seguirá por encima de las 12.200 dimisiones diarias. En términos mensuales, esto equivale a unas 250.000 renuncias de media a lo largo del año, un 53% más que en 2021, justo antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. El cambio normativo parece haber actuado como catalizador de una transformación profunda del mercado de trabajo, con un fuerte aumento de las salidas voluntarias, especialmente entre los trabajadores con contrato indefinido. Este colectivo concentra ahora el 76% de las dimisiones diarias, cuando antes de la reforma apenas representaba el 35%. A primera vista, este fenómeno se explica por la fortaleza relativa de la creación de empleo en España, especialmente en comparación con otros países europeos, y por el peso creciente de los contratos indefinidos. Esto amplía las opciones de los trabajadores para cambiar de empleo si las condiciones actuales no les satisfacen. Sin embargo, la realidad es más compleja. En teoría, un mercado laboral más dinámico beneficia a los trabajadores y a la economía, aunque supone un reto para muchas empresas, que deben competir con mayores dificultades para atraer y retener talento, asumiendo en algunos casos incrementos de costes laborales difíciles de sostener. Este proceso también puede generar tensiones inflacionistas, como suelen advertir los bancos centrales. No obstante, este análisis encaja mejor en economías con bajos niveles de desempleo. España sigue siendo el único país de la Unión Europea con una tasa de paro en torno a los dos dígitos, con unos 2,5 millones de personas desempleadas. Además, el mercado laboral español se caracteriza por una elevada rotación, tradicionalmente asociada al peso de la contratación temporal. De hecho, la principal causa de baja de afiliación sigue siendo la finalización de contratos temporales, con unas 40.200 bajas diarias en 2025, muy por encima de las dimisiones, que en países como Estados Unidos constituyen el principal motivo de salida del empleo. Este contexto ayuda a entender por qué el aumento de las renuncias no se ha traducido en una mejora generalizada de los salarios. Han tenido mayor impacto la negociación colectiva y, en los tramos más bajos, las sucesivas subidas del salario mínimo. Precisamente, el SMI no parece haber impulsado al alza el resto de las retribuciones, hasta el punto de que se está convirtiendo en el salario más habitual del país. Esto sugiere que el mayor dinamismo del empleo tras la reforma tiene un alcance limitado: ha reforzado la estabilidad contractual, pero no ha logrado mejorar en la misma medida las condiciones reales de muchos puestos de trabajo. Detrás del aumento de las dimisiones se esconde una paradoja. Si el empleo indefinido mantuviera la misma calidad que antes de la reforma, cabría esperar menos renuncias, ya que se firman muchos menos contratos temporales. Antes del cambio normativo, los trabajadores indefinidos representaban el 62% del total, pero solo el 35% de las dimisiones. Ahora su peso ha subido al 78%, mientras que concentran el 76% de las renuncias. La desproporción entre ambos aumentos apunta a la influencia de otros factores, entre ellos una cierta precarización del empleo indefinido. Desde el punto de vista económico, las dimisiones suelen responder a dos grandes motivos: la posibilidad de acceder a un empleo con mejores condiciones o, por el contrario, unas condiciones tan desfavorables en el puesto actual que no compensan el coste de mantenerse en él. Este segundo supuesto se da, por ejemplo, en personas que dejan su trabajo para atender a hijos o familiares dependientes ante la imposibilidad de asumir el coste de cuidados profesionales. Antes de la reforma, era lógico que las renuncias se concentraran en los contratos temporales, mientras los trabajadores trataban de conservar los puestos fijos. Además, el análisis histórico muestra que, aunque las dimisiones han crecido con fuerza en los últimos cuatro años, ya habían comenzado a aumentar antes de la pandemia, coincidiendo con la salida de la Gran Recesión. Entonces, sin embargo, la mayoría correspondía a empleos eventuales, con un poder de negociación mucho menor. Distintos estudios basados en la Muestra Continua de Vida Laboral, como los elaborados por Fedea, indican que las dimisiones siguen concentrándose en trabajadores con menor antigüedad en el puesto. Es decir, no son los asalariados con carreras largas de cotización los que más renuncian, lo que apunta a una nueva forma de dualidad dentro del propio empleo indefinido. En este sentido, una parte relevante de las dimisiones correspondería a trabajadores fijos discontinuos que, encontrándose inactivos, rechazan un nuevo llamamiento de su empresa. De hecho, el paso a la inactividad es ya la segunda causa de baja de afiliación entre los asalariados y la primera en el caso de los temporales, y en 2025 superará por primera vez las 20.000 bajas diarias. Cuando estos trabajadores no se reincorporan, la empresa registra la situación como una dimisión, lo que ayuda a explicar el fuerte repunte de las renuncias y su escaso impacto sobre los salarios. Al fin y al cabo, los fijos discontinuos suelen concentrar las peores condiciones dentro del empleo indefinido, lo que reduce sus incentivos a mantenerse en esos puestos cuando surgen alternativas.

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(El Economista, 08-01-2026) | Laboral

El empleo crece entre los inmigrantes más del doble que la media en 2025

La economía española concluyó el año con un aumento del 2,37% en el número de afiliados a la Seguridad Social, una subida muy similar a la registrada el ejercicio anterior. Sin embargo, este avance queda claramente superado por el crecimiento del empleo entre los trabajadores extranjeros. Los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social reflejan que el incremento de afiliados foráneos más que duplica la media general. En los últimos doce meses, la afiliación de personas extranjeras aumentó un 7,1%, hasta situarse en 3.085.477 cotizantes en diciembre. Según destacó el propio Ministerio en su balance de 2025, estas cifras están "muy por encima del crecimiento agregado" y resultan "clave" para explicar la evolución del empleo. De hecho, si se descuenta la contribución de los trabajadores extranjeros, el crecimiento del empleo total se reduce al 1,6%, con alrededor de 18,7 millones de personas afiliadas. Asimismo, el 41% del empleo neto generado en 2025 correspondió a trabajadores extranjeros: 208.300 de los 506.500 nuevos afiliados del año. Este porcentaje incluso supera ligeramente el de 2024, cuando ya alcanzaba el 40%. En conjunto, los afiliados de origen extranjero representan el 14% del mercado laboral, una proporción similar a la del año anterior, pero muy superior a la de los años con mayor desempleo, cuando no llegaba al 10%. Paralelamente al aumento de afiliados, el paro registrado entre los extranjeros descendió un 4,4% interanual, una reducción inferior a la media nacional (-5,9%). La caída fue especialmente intensa en sectores como la agricultura (-9,9%) y los servicios (-8,9%). La contratación de extranjeros también creció a un ritmo similar al de la afiliación, con un aumento del 7%. Entre enero y diciembre se firmaron 3.990.511 contratos a personas nacidas fuera de España, lo que equivale a 19,15 contratos por cada nuevo afiliado extranjero incorporado al mercado laboral. Esta cifra es sensiblemente menor que la media nacional, que cerró el año en torno a 30 contratos por empleo creado. Del total de contratos a extranjeros, el 66% fueron temporales (172.353, un 10,4% más que en 2024), frente a una tasa de temporalidad media del 58% en el conjunto del mercado, ocho puntos menos. El Ministerio de Seguridad Social no es el único organismo que subraya la relevancia de la inmigración en el mercado laboral. El Consejo Económico y Social (CES), en su informe La realidad migratoria en España, señala que la aportación de la población de origen extranjero al reciente dinamismo económico "ha sido decisiva" y permite sostener una oferta de empleo ligada al crecimiento. Los datos de los últimos siete años refuerzan esta idea: entre 2018 y 2025 la población activa española disminuyó en 55.600 personas, mientras que la de origen extranjero aumentó en casi 1,94 millones. En consecuencia, la creación de empleo ha recaído mayoritariamente en la población inmigrante, que en 2024 explicó el 79,2% del incremento total. Para el CES, la inmigración resulta "imprescindible" para rejuvenecer la población activa. Otros organismos, como la Airef y el Banco de España, coinciden en este diagnóstico y subrayan el papel del empleo extranjero para afrontar el envejecimiento demográfico. El banco central estima que España necesitará cerca de 25 millones de inmigrantes en 2053 para cubrir las necesidades laborales, mientras que la Autoridad Fiscal calcula que será necesario atraer alrededor de un millón de inmigrantes al año para sostener el empleo y el sistema de pensiones. El último Informe trimestral de extranjeros del Ministerio de Trabajo, basado en la EPA y con datos hasta el tercer trimestre de 2025, aporta más detalles sobre el perfil de estos trabajadores. La tasa de paro entre los no nacidos en España se sitúa en el 15,3%, por encima del promedio nacional (10,45%), mientras que el número de activos extranjeros creció un 6,3% interanual. El informe también señala que casi el 60% de los ocupados extranjeros lleva siete años o más residiendo en España, mientras que solo un 2% lleva menos de un año. En el tercer trimestre de 2025, la población de 16 o más años alcanzó los 42,16 millones de personas: 14,2% extranjeros, 4,5% con doble nacionalidad y 81,3% con nacionalidad española. Por nivel educativo, el 43,4% tenía estudios bajos, el 29,8% medios y el 26,8% altos. Por sectores, los servicios concentran la mayor parte del empleo extranjero, con 2.538.500 trabajadores (el 78% del total). Les siguen la construcción, con 395.700 ocupados, la industria, con 381.700, y la agricultura, con 207.600 trabajadores nacidos fuera de España.

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(El Economista, 08-01-2026) | Laboral

Luz verde del Supremo a la conciliación a la carta: las empresas podrán adaptarla a cada turno laboral

El Tribunal Supremo ha determinado que las empresas pueden acordar medidas de conciliación distintas para diferentes grupos de trabajadores, siempre que exista una razón organizativa objetiva que lo justifique. Así lo establece una sentencia de 2 de diciembre de 2025, cuyo ponente es el magistrado Molins García-Atance. En ella, el Alto Tribunal avala la posibilidad de una "segmentación de derechos" dentro de un mismo Plan de Igualdad y concluye que un permiso retribuido no tiene por qué aplicarse de forma automática a toda la plantilla si su configuración está vinculada a un régimen horario concreto. La resolución también respalda que ofrecer el traslado a otro centro de trabajo como alternativa para acceder a un determinado beneficio constituye una medida válida de conciliación y no resulta discriminatoria. En este sentido, el Supremo considera legítimo que diferencias organizativas -como trabajar a turnos frente a una jornada partida- den lugar a derechos distintos, sin que ello suponga discriminación indirecta por razón de sexo ni por asociación. El conflicto enfrentó a una entidad bancaria con la mayoría de su representación sindical y giraba en torno a un permiso retribuido para no trabajar los jueves por la tarde, dirigido a empleados con hijos con discapacidad. De acuerdo con el Protocolo de Conciliación del banco, la duración del permiso depende del grado de discapacidad reconocido. Con carácter general, el beneficio se concede hasta que el hijo o hija cumple tres años. Cuando la discapacidad es igual o superior al 65%, el permiso para librar los jueves por la tarde se extiende de manera indefinida, pudiendo incluso ser permanente. Cada jueves afectado, la ausencia retribuida comprende tres horas -de 16:00 a 19:00- coincidiendo con el tramo de jornada partida en el horario de invierno. Al tratarse de un permiso retribuido, el trabajador mantiene íntegra su remuneración, a diferencia de lo que sucede con las reducciones de jornada habituales. Los sindicatos defendían que este derecho debía aplicarse a toda la plantilla, mientras que la empresa sostenía que solo correspondía a quienes trabajaban en el horario general. Para los empleados con horarios especiales -oficinas que abren dos tardes a la semana mediante turnos rotatorios-, la entidad proponía alternativas: una reducción de jornada de una hora y media o el traslado temporal a una oficina con jornada estándar. Estos trabajadores, además, perciben un complemento por horario singular que oscila entre 4.000 y 4.500 euros brutos anuales, junto con otros beneficios adicionales, como una compensación diaria por comidas de 10,28 euros en jornadas partidas, un plus de flexibilidad para empleados de nivel VII o inferior, mejoras en la carrera profesional y cuatro días de libre disposición al año. La sentencia del Supremo deja sin efecto el pronunciamiento previo de la Audiencia Nacional de octubre de 2023, que había considerado "prioritaria" la concesión del permiso para todos los trabajadores. El Alto Tribunal corrige este enfoque al entender que la Audiencia no tuvo en cuenta la redacción literal del protocolo, que vinculaba expresamente el permiso a la tarde del jueves. En palabras del ponente, "no basta con analizar una cláusula de forma aislada, sino que es necesario interpretar el conjunto del acuerdo: si un permiso se refiere a los jueves por la tarde, debe entenderse limitado a quienes trabajan esa tarde de manera fija". Molins García-Atance añade que, en oficinas con horarios singulares, la ausencia de un empleado en un turno de tarde genera un impacto organizativo mucho mayor que en oficinas de horario general. Por ello, exigir un traslado para poder disfrutar del permiso no constituye una restricción ilegal, sino una fórmula pactada para compatibilizar la conciliación con las necesidades del servicio.

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(La Vanguardia, 08-01-2026) | Laboral

Trabajo propone una subida del SMI del 3,1%, hasta los 1.221 euros, sin tributación al IRPF

El Ministerio de Trabajo ha trasladado a sindicatos y organizaciones empresariales su propuesta de incrementar el salario mínimo interprofesional un 3,1% en 2026, lo que situaría su cuantía en 1.221 euros al mes en catorce pagas y mantendría la exención del IRPF. Se trata de la opción que se daba por más probable y que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha presentado este lunes a los agentes sociales, que aún no han fijado una posición definitiva y prevén hacerlo en los próximos días. Hasta ahora, CC OO y UGT se habían mostrado cercanas a un acuerdo, mientras que la CEOE mantenía una postura mucho más distante. Para acercar posiciones, Trabajo ha planteado estudiar una de las demandas históricas de la patronal, la flexibilización de las reglas de desindexación en la contratación pública, aunque el principal inconveniente es que la decisión final no depende de este departamento. La subida de 37 euros mensuales hasta alcanzar los 1.221 euros coincide con una de las dos recomendaciones formuladas por el comité de expertos que asesora al Ejecutivo en materia de SMI, que planteaba un incremento del 3,1% siempre que el salario mínimo continuara sin tributar. La propuesta llega tras el acuerdo entre Trabajo y Hacienda para mantener, un año más, la exención fiscal. Pérez Rey subrayó que la medida cuenta con el respaldo de Hacienda y, por tanto, constituye una posición conjunta del Gobierno, evitando así un nuevo choque entre ambos ministerios como el que se produjo el año pasado y que se resolvió de forma puntual mediante una ampliación de deducciones. Una cuestión clave para los sindicatos, como es la prohibición de absorber complementos salariales con la subida del SMI, no se abordó en la reunión al tramitarse por una vía distinta. CC OO y UGT consideran este punto imprescindible para respaldar el acuerdo, mientras que la CEOE se opone frontalmente y ha advertido de que acudirá a los tribunales si se regula mediante una norma sin rango de ley, como prevé el Ministerio de Trabajo. Por otro lado, Trabajo se comprometió a analizar con detenimiento la posibilidad de relajar la normativa de desindexación en la contratación pública, un gesto dirigido a la patronal, que lleva tiempo denunciando que las empresas con elevados costes laborales que prestan servicios a la administración deben asumir subidas salariales sin poder trasladarlas a sus contratos. El Ministerio de Trabajo se ha mostrado tradicionalmente favorable a esta modificación y considera que la transposición de la directiva europea sobre el salario mínimo ofrece una oportunidad para abordarla. No obstante, la decisión recae fundamentalmente en Hacienda, que hasta ahora se ha opuesto a esta reforma. El único compromiso concreto expresado por Pérez Rey fue abrir negociaciones con los ministerios implicados. Los incrementos continuados del SMI han provocado que el salario más habitual en España se sitúe ya en niveles muy próximos a este umbral. En 2023, el 7,4% de los trabajadores percibía el salario mínimo y, si se amplía el análisis a quienes cotizan hasta el 125% del SMI, el porcentaje asciende al 22,8%. Estos datos reflejan una fuerte concentración salarial en torno al mínimo legal, lo que implica el riesgo de que empleados con experiencia o cualificación media queden anclados en esa franja cuando, en condiciones normales, deberían percibir retribuciones superiores. La comisión de expertos advierte de este efecto en su informe, recordando que el SMI debería servir de referencia principalmente para trabajadores sin cualificación o sin experiencia.

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(Expansión, 08-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de las hipotecas aguanta la presión alcista del euríbor y cae al 2,63%

El precio de los préstamos hipotecarios se sitúa en los niveles más bajos desde 2022, mientras que la concesión de crédito mantiene un ritmo muy elevado tras registrar en noviembre el mejor dato desde 2007. A pesar del encarecimiento del euríbor, que en diciembre encadenó su quinta subida mensual consecutiva, las hipotecas están mostrando una notable resistencia. De hecho, el incremento del índice de referencia no ha impedido que el tipo medio de los nuevos préstamos para vivienda descendiera hasta el 2,63% al cierre de noviembre. El TEDR medio del Banco de España -que excluye costes como seguros asociados y comisiones destinadas a cubrir gastos directos- regresa así a los mínimos del año. Ya en julio se había situado en el 2,63%, nivel que vuelve a alcanzarse en noviembre tras un ligero repunte hasta el 2,68% registrado en agosto. Resulta llamativo que esta bajada del tipo medio, que marca los niveles más reducidos desde octubre de 2022, coincida con un aumento de los precios anunciados en las ofertas hipotecarias publicadas en las páginas web de muchas de las principales entidades financieras del país. El último ajuste al alza lo ha protagonizado Banco Sabadell, que en la última semana del año incrementó el coste de su hipoteca fija con máxima vinculación del 3,33% al 3,51% TAE, indicador que incluye todos los gastos. Con anterioridad, Bankinter, Coinc, Santander, BBVA y Banca March ya habían endurecido las condiciones de sus préstamos a tipo fijo, que continúan siendo el producto estrella de la banca española. Según los analistas consultados por EXPANSIÓN, esta divergencia entre los precios oficiales y el tipo medio del Banco de España se explica por los descuentos que las entidades aplican en las negociaciones directas con los clientes, así como por la creciente intermediación de los brókeres hipotecarios, cada vez más relevantes en la formalización de estos créditos. Además, algunas entidades -como Sabadell- están mejorando paralelamente las condiciones de las hipotecas a tipo variable. Este tipo de préstamos resulta ahora más atractivo para la banca ante un euríbor al alza y la expectativa de tipos más elevados en la zona euro a partir de la segunda mitad de 2026. Con una demanda de hipotecas muy intensa, las entidades están dispuestas a ajustar precios para captar a clientes con perfiles financieros más sólidos. Para el sector, atraer a estos clientes mediante una hipoteca es estratégico, ya que los largos plazos de amortización -entre 15 y 35 años- facilitan la venta cruzada de otros productos como seguros, fondos de inversión o planes de pensiones, reforzando así la fidelización. De este modo, aunque algunas hipotecas no resulten especialmente rentables de forma inmediata, sí lo son en el largo plazo. La situación es distinta para los hogares con rentas medias, que cuentan con menor capacidad de negociación y ven reducidas sus opciones para acceder a un préstamo en un contexto de encarecimiento de la vivienda. Aun así, la banca mantiene una oferta hipotecaria muy competitiva que, por ahora, compensa en buena medida el ascenso del euríbor y sostiene un nivel de actividad muy elevado. Hasta el momento, y pese a que el sector considera lógico que se produzca cierta desaceleración, la concesión de crédito hipotecario continúa a pleno rendimiento. En noviembre, el importe de nuevas hipotecas alcanzó los 6.854 millones de euros, el mejor dato para ese mes desde 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Entre enero y noviembre de 2025, los bancos concedieron préstamos por valor de 74.360 millones de euros, superando ampliamente los 67.951 millones registrados en todo 2024. De mantenerse esta tendencia, el ejercicio podría cerrarse con una cifra cercana a los 81.000 millones de euros, el volumen más elevado desde 2009.

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(Expansión, 08-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno impone topes al interés máximo de los créditos rápidos

Uno de los cambios más relevantes del anteproyecto de ley para regular el crédito al consumo aprobado ayer por el Gobierno es la fuerte limitación de los agentes que podrán operar en este ámbito, con el objetivo de reforzar la protección de los consumidores. La norma elimina la posibilidad de que concesionarios de automóviles o grandes superficies de muebles y electrodomésticos cobren por financiar la compra de sus propios productos o servicios. "Para garantizar la defensa del consumidor cerramos uno de los vacíos de la legislación vigente: establecemos una reserva de actividad de modo que solo las entidades autorizadas por el Banco de España podrán conceder créditos al consumo", señaló el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras el Consejo de Ministros que dio luz verde al anteproyecto. En consecuencia, concesionarios y grandes comercios dejarán de poder percibir ingresos por la concesión de financiación, salvo en los casos de ofertas con interés cero. Los contratos firmados por operadores no autorizados carecerán de validez legal. No obstante, estos establecimientos podrán seguir colaborando con entidades financieras especializadas que ofrezcan créditos para la compra de productos de su catálogo. Al mismo tiempo, con el propósito de fomentar la competencia y profesionalizar el sector incorporando operadores hasta ahora no regulados, se crean dos nuevas figuras: los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado (Efcal) y los prestamistas de alto coste autorizados. Todos ellos estarán sometidos a la supervisión del Banco de España. Además, se refuerzan los controles de solvencia con la obligación de consultar el historial crediticio del cliente para reducir el riesgo de sobreendeudamiento. El Ejecutivo ha decidido intervenir de forma directa en el mercado del crédito al consumo mediante la fijación de límites a sus precios, con el fin de frenar el endeudamiento excesivo de los hogares y las prácticas abusivas. Este es el eje central del anteproyecto aprobado en el primer Consejo de Ministros del año, que introduce topes a los intereses de productos como microcréditos, tarjetas revolving y préstamos rápidos ofrecidos por plataformas digitales. Según explicó el ministro de Economía, la iniciativa pretende fortalecer la protección de familias y consumidores -especialmente los más vulnerables- y aportar mayor seguridad jurídica a las entidades tradicionales ante la aparición de nuevos modelos digitales. Cuerpo subrayó que la situación financiera de los hogares españoles es, en términos generales, sólida y sin problemas generalizados de sobreendeudamiento. No obstante, advirtió de una "aceleración del crédito al consumo", que en noviembre de 2025 creció un 10% interanual hasta alcanzar los 114.000 millones de euros, equivalentes al 15% del total del crédito, una cifra récord. En este contexto, el Gobierno ha impulsado una "reforma integral" destinada a prevenir el endeudamiento excesivo, mejorar la transparencia y reforzar la rendición de cuentas. El paquete normativo se articula a través de un anteproyecto de ley acompañado de un real decreto de desarrollo, con el que se incorporan al ordenamiento español las últimas directivas europeas sobre crédito al consumo y servicios financieros a distancia. Ambos textos permanecerán en fase de audiencia pública hasta el 30 de enero para recoger aportaciones de los distintos interesados. La principal innovación del plan es la introducción de límites a los costes del crédito, siguiendo modelos ya aplicados en otros países europeos. La norma fijará un umbral máximo de TAE a partir del tipo medio del crédito al consumo -actualmente en torno al 7%- al que se añadirán márgenes variables según el importe del préstamo. Tomando como referencia el TAE medio de octubre de 2025, el Ministerio de Economía propone un margen adicional máximo de 15 puntos para préstamos de hasta 1.500 euros (22%); de 10 puntos para importes entre 1.500 y 6.000 euros (17%); de 8 puntos para cuantías superiores con plazos de hasta ocho años (15%); y de 6 puntos para los préstamos de mayor importe (13%). El Banco de España, encargado de supervisar a las entidades autorizadas, revisará estos límites de forma trimestral. Hasta que entre en vigor el real decreto que concrete estos tramos, el anteproyecto establece un tope transitorio del 22%, que se aplicará tanto a las nuevas operaciones como a la liquidación de los saldos vivos de las tarjetas revolving a partir de ese momento.

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(El País, 08-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación de la zona euro cierra 2025 en el 2%, el objetivo del BCE

La inflación ha dejado de ser una preocupación en la zona euro a lo largo de 2025, tal y como refleja el cierre del año con un incremento de precios del 2%, según los datos difundidos este miércoles por Eurostat. Aunque ya en el ejercicio anterior los precios habían comenzado a moderarse, ha sido en el año recién concluido cuando esa estabilidad se ha consolidado con mayor claridad, a la espera de posibles alteraciones derivadas de un entorno geopolítico especialmente incierto. El ejercicio se anticipaba complejo desde el punto de vista económico tras el anuncio del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su intención de iniciar una guerra comercial, un escenario tradicionalmente negativo para la evolución de los precios. En los meses de marzo y abril esas advertencias se materializaron, pero finalmente los temores no se tradujeron en un repunte inflacionista. La falta de una reacción contundente por parte de la Unión Europea ante el aumento de los aranceles estadounidenses contribuyó de forma notable a contener los precios. Al no responder con subidas equivalentes ni penalizar los servicios procedentes de Estados Unidos, el impacto inflacionario fue prácticamente inexistente. La débil respuesta europea pudo suponer un revés en términos geoestratégicos, escenificado incluso en un club privado propiedad de Trump en Escocia, pero no tuvo efectos sobre la evolución de los precios. El 2% alcanzado al cierre del año coincide con el objetivo de inflación que el Banco Central Europeo se ha fijado como referencia. A la vista de los datos de 2025, la institución presidida por Christine Lagarde ha cumplido con su mandato, ya que ese nivel se ha mantenido como pauta general durante el año, pese a algunas oscilaciones puntuales. La media anual se situó en el 2,12%, muy próxima al objetivo. Con una inflación general en el entorno del 2%, todo apunta a que el BCE mantendrá sin cambios los tipos de interés en su próxima reunión del Consejo, prevista para el 29 de enero. Tras la rebaja aplicada en junio, que dejó el precio oficial del dinero en el 2%, no se han producido nuevas modificaciones. Además, todavía es pronto para evaluar el impacto económico y energético de acontecimientos recientes como la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, por lo que previsiblemente prevalecerá una postura prudente. La evolución de la energía ha sido determinante para mantener a raya los precios en diciembre. Aunque su peso en el índice general no es elevado, su descenso del 1,9% ha contribuido de forma significativa a la moderación de la inflación. Al tratarse de un insumo básico para el conjunto de la actividad económica, sus fluctuaciones acaban trasladándose, directa o indirectamente, al IPC. El resto de componentes del índice también muestran una aproximación progresiva al objetivo del 2%. La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles como la energía y los alimentos frescos, se situó en el 2,4%, nivel que se mantiene desde hace tres meses. El apartado que continúa mostrando mayor resistencia es el de los servicios, que registra un aumento del 3%. Por países, la reducción de una décima en la tasa general ya se intuía tras conocerse los datos de Alemania y Francia, donde la inflación se situó en el 2% y el 0,7%, respectivamente. En España, por su parte, el índice se colocó en el 3% tras descender dos décimas.

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