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(Cinco Días, 22-05-2026) | Fiscal

Bruselas prevé para España una leve mejora en el crecimiento de 2026 hasta el 2,4% pese a la crisis energética

La economía española afrontará con relativa solidez el impacto de la crisis energética desencadenada por la guerra en Oriente Próximo. Así lo considera la Comisión Europea, que ha revisado al alza sus previsiones para España y estima ahora que el PIB crecerá un 2,4% este año, una décima más que en sus cálculos anteriores y dos décimas por encima de las previsiones del propio Gobierno. Se trata, además, de la única gran economía europea cuya estimación mejora, ya que Bruselas ha rebajado en tres décimas las perspectivas tanto para la zona euro, hasta el 0,9%, como para el conjunto de la Unión Europea, hasta el 1,1%. En cambio, sí empeoran las previsiones de inflación en toda Europa, donde se anticipa un aumento significativo de los precios. Hasta el inicio de los ataques sobre Irán a finales de febrero, la economía europea mostraba señales de recuperación tras varios años marcados por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la Comisión advierte de que el nuevo conflicto ha alterado profundamente el escenario económico, provocando una de las mayores interrupciones del suministro energético registradas en las últimas décadas. Pese a este contexto, España seguirá creciendo claramente por encima de la media europea, como viene ocurriendo desde la salida de la pandemia. También mantendrá un mejor comportamiento que otras grandes economías del continente. Alemania, por ejemplo, apenas avanzará un 0,6% en 2026, la mitad de lo que se esperaba anteriormente y muy lejos del ritmo previsto para la economía española. Aun así, Bruselas aprecia una cierta desaceleración progresiva en España. El impulso económico actual se apoya en la fortaleza heredada del cierre de 2025 y del arranque de este año, pero las previsiones apuntan a una moderación gradual del crecimiento. Para 2027, la Comisión espera un avance del 1,9%, una décima menos de lo calculado el pasado otoño. Incluso así, España seguirá superando ampliamente las previsiones de crecimiento tanto de la eurozona como del conjunto de la UE. Según el análisis de la Comisión, la demanda interna será el principal motor de la economía española durante 2026 y 2027. El crecimiento estará impulsado especialmente por el consumo de los hogares y por la inversión privada y pública, todavía favorecida por el efecto de los fondos europeos de recuperación. Bruselas considera que el gasto de las familias continuará aumentando gracias a la creación de empleo, al crecimiento de la población derivado de la inmigración y al bajo nivel de endeudamiento de los hogares. El mercado laboral también seguirá mejorando. La Comisión prevé que la tasa de paro baje hasta el 9,9% en 2026 y hasta el 9,6% en 2027, situándose por debajo del 10% por primera vez desde 2007. El Ministerio de Economía destacó tras conocerse las previsiones que España es actualmente la única gran economía de la zona euro que combina un crecimiento claramente superior a la media con creación de empleo, descenso del desempleo y consolidación fiscal. Entre los principales riesgos identificados por Bruselas figura una posible pérdida de dinamismo del turismo, especialmente del procedente de mercados lejanos, debido al encarecimiento de los vuelos provocado por el aumento del precio del queroseno tras la crisis energética. La inflación aparece como otro de los grandes focos de preocupación. La Comisión calcula que este año alcanzará el 3% tanto en España como en la zona euro. Aunque se trata de una media anual, Bruselas advierte de que en algunos meses podrían registrarse cifras todavía más elevadas. A medida que avance 2027, el organismo espera una moderación gradual de los precios gracias a una posible relajación de las materias primas energéticas, aunque seguirán situándose alrededor de un 20% por encima de los niveles previos al conflicto. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, advirtió de que la guerra en Oriente Próximo supone un nuevo desafío para Europa en un contexto internacional ya marcado por tensiones geopolíticas y comerciales. En su opinión, la Unión Europea debe acelerar reformas económicas, eliminar obstáculos al crecimiento y mantener unas finanzas públicas sólidas. Desde Bruselas también subrayan que esta nueva crisis energética presenta diferencias importantes respecto a la provocada por la invasión rusa de Ucrania. En aquella ocasión, Europa afrontó el riesgo de quedarse sin suministro de gas ruso, lo que obligó a una rápida reorganización energética. Ahora, la crisis afecta sobre todo a materias primas energéticas que se negocian a escala mundial, por lo que el impacto se reparte de manera más uniforme entre las distintas economías. No obstante, la Comisión recuerda que la situación actual es especialmente delicada porque coincide con una economía europea más debilitada, con una desaceleración del empleo, políticas fiscales más restrictivas y unas condiciones de financiación mucho más exigentes. Por ello, Bruselas considera que podrían justificarse medidas temporales de apoyo para los sectores y hogares más afectados, aunque insiste en que deben ser limitadas, focalizadas y sin generar un aumento permanente del gasto público ni alterar las señales del mercado. En otras palabras, la Comisión deja claro que esta vez la respuesta no podrá basarse en grandes planes de gasto como ocurrió durante la pandemia o tras el estallido de la guerra de Ucrania.

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(Expansión, 22-05-2026) | Fiscal

Hacienda ultima incluir a Rusia en la lista de paraísos fiscales y excluir a Gibraltar

El Gobierno ultima una actualización de la lista española de paraísos fiscales que incluirá dos cambios relevantes. Por un lado, el Ministerio de Hacienda prevé añadir a Rusia debido a la falta de transparencia de determinados regímenes tributarios vinculados a sociedades empresariales, alineándose así con la estrategia seguida por la Unión Europea y otros organismos internacionales tras la invasión de Ucrania. Por otro, el Ejecutivo prepara la salida de Gibraltar de esa relación de jurisdicciones no cooperativas después del acuerdo alcanzado entre Bruselas y Londres para eliminar la Verja y facilitar la circulación de personas y mercancías entre el Peñón y España, acompañado además de compromisos de armonización fiscal. Con este objetivo, Hacienda abrirá desde hoy y hasta el próximo 1 de junio el trámite de audiencia e información pública del borrador de la orden ministerial que definirá qué países, territorios y regímenes tributarios serán considerados jurisdicciones no cooperativas, término con el que actualmente se designa a los tradicionales paraísos fiscales. El departamento dirigido por Arcadi España explica que la revisión de esta lista busca reforzar la lucha contra la competencia fiscal desleal, así como combatir el fraude, la evasión fiscal, la elusión tributaria y el blanqueo de capitales. Dentro de esa actualización, el Gobierno contempla incorporar específicamente el régimen fiscal ruso aplicado a holdings internacionales. Hacienda sostiene que la decisión responde a la opacidad del sistema tributario ruso en este ámbito empresarial. Según los datos aportados por el Ministerio, el valor contable de las inversiones rusas en empresas españolas alcanzó 1.203 millones de euros en 2021, cayó a 452 millones en 2022, se situó en 441 millones en 2023 y repuntó hasta 758 millones en 2024. En sentido inverso, las participaciones de inversores españoles en compañías radicadas en Rusia ascendieron a 580 millones en 2021, 582 millones en 2022, 411 millones en 2023 y 180 millones en 2024. Fuentes gubernamentales admiten además que la inclusión de Rusia en la lista negra fiscal responde también al objetivo político de acompasar las medidas impulsadas por la UE y otros organismos internacionales para limitar las actividades económicas ligadas al régimen de Vladimir Putin tras el inicio de la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, el Ejecutivo se dispone a retirar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales tras el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que regulará la relación del Peñón con España en el escenario posterior al Brexit. El pacto garantiza la libre circulación de personas y mercancías y establece mecanismos de cooperación social, medioambiental y tributaria. En materia fiscal, el acuerdo contempla la convergencia de la tributación indirecta sobre mercancías. Gibraltar deberá implantar un impuesto equivalente al IVA, comenzando con un tipo del 15%, que deberá aproximarse progresivamente al 21% aplicado en España en un plazo de tres años. También se prevé armonizar la fiscalidad del tabaco. Además de Gibraltar, Hacienda planea sacar de la lista a Barbados, Dominica, Samoa -en relación con su régimen offshore-, Seychelles y Trinidad y Tobago, teniendo en cuenta los cambios legislativos registrados en estos territorios, el intercambio de información tributaria y los criterios internacionales vigentes. Una vez concluido el periodo de consulta pública y analizadas las aportaciones recibidas, el Ministerio aprobará el texto definitivo. La orden ministerial entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y afectará a los impuestos devengados desde ese momento y a los ejercicios fiscales iniciados posteriormente. Esta aplicación inmediata regirá para Gibraltar y los otros cinco territorios que abandonarán la lista. En cambio, la incorporación de Rusia contará con un periodo transitorio y no será efectiva hasta seis meses después de la publicación oficial de la norma. La lista española de paraísos fiscales ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Hacienda mantuvo prácticamente intacto el listado durante cerca de tres décadas hasta que en 2023 acometió una primera gran revisión. Desde entonces, el Gobierno se comprometió a actualizar periódicamente la relación de territorios en función de los estándares internacionales y del grado de cooperación tributaria de cada jurisdicción, con el objetivo de responder de forma más eficaz al uso de estos territorios con fines de evasión fiscal. Tras la reforma prevista por el Ministerio, la lista española de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales quedará integrada por 19 territorios: Anguila, Bahréin, Bermudas, Fiji, Guam, Guernsey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Marianas, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Jersey, Palaos, Samoa Americana, Vanuatu y Rusia, que se incorporará como principal novedad.

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(El Economista, 22-05-2026) | Fiscal

Los expertos advierten que quitar el IVA a los autónomos encarecerá su actividad y llevará cargas burocráticas

Los expertos alertan de que la posible eliminación del IVA para autónomos y pequeñas empresas con una facturación inferior a 85.000 euros podría tener efectos contraproducentes. Aunque la medida reduciría ciertas obligaciones formales relacionadas con la presentación trimestral y anual del impuesto, también podría elevar los costes de actividad de estos profesionales al impedirles deducirse el IVA soportado en compras y servicios vinculados a su negocio. Además, advierten de que el nuevo sistema incorporaría otras exigencias administrativas. El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura, Juan Calvo Vérgez, abordó ayer las implicaciones del llamado IVA franquiciado durante una jornada organizada por el Consejo General de Economistas. El experto señaló que, si España termina implantando este modelo, cada autónomo o pyme deberá analizar cuidadosamente si realmente le compensa acogerse a él. Calvo Vérgez recordó que, al dejar de repercutir IVA en sus facturas y no tener que ingresarlo posteriormente a Hacienda, estos profesionales tampoco podrán deducirse el impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios necesarios para desarrollar su actividad. Según explicó, esta limitación puede incrementar considerablemente los costes de quienes soportan mucho IVA en sus gastos habituales. El catedrático insistió en que no existe una respuesta universal sobre las ventajas o inconvenientes del sistema, ya que dependerá de las características de cada negocio y de la estructura de sus gastos. Asimismo, cuestionó que el IVA franquiciado vaya a suponer realmente una gran simplificación burocrática. Aunque los profesionales dejarían de presentar las habituales declaraciones trimestrales y anuales del impuesto, tendrían que asumir nuevas obligaciones informativas. Entre ellas, destacó la necesidad de comunicar previamente a Hacienda la voluntad de acogerse al régimen, informar periódicamente del volumen de ingresos para acreditar que no se supera el límite de facturación de 85.000 euros y, en caso de operar con otros países de la Unión Europea, solicitar autorización específica y declarar también esas operaciones. La directiva europea aprobada en 2020 que regula este sistema simplificado no obliga a los Estados miembros a implantarlo, aunque España es actualmente el único país de la UE que todavía no lo ha incorporado. Lo que sí exige la normativa comunitaria es permitir que autónomos y pequeñas empresas españolas que vendan en otros países europeos puedan facturar sin repercutir IVA. Precisamente esta es la única parte que el Gobierno español prevé aplicar, aunque la reforma sigue bloqueada en el Congreso. La directiva también concede libertad a los Estados para fijar un umbral inferior a los 85.000 euros establecidos como máximo por Bruselas. De este modo, cada país puede reducir ese límite o incluso establecer distintos topes según el sector de actividad. El profesor de la Universidad de Extremadura advirtió además de que, si finalmente se aprueba este régimen, Hacienda intensificará el control sobre las declaraciones de ingresos de los profesionales acogidos para comprobar que no superan el umbral permitido. En caso de excederlo, los contribuyentes tendrían que regularizar su situación tributaria. Otro posible inconveniente señalado por el experto afecta a las relaciones comerciales. Algunas empresas podrían preferir contratar proveedores sujetos al régimen general del IVA para poder deducirse el impuesto soportado en las facturas. En consecuencia, los autónomos acogidos al sistema franquiciado podrían perder competitividad en determinadas operaciones y quedar desplazados frente a otros proveedores. No obstante, el régimen también presenta ventajas potenciales. Al no incluir IVA en sus facturas, estos profesionales podrían ofrecer precios finales más bajos y resultar más atractivos para determinados clientes, especialmente particulares. El Gobierno se ha mostrado históricamente reticente a implantar el IVA franquiciado por el impacto negativo que podría tener sobre la recaudación tributaria. Sin embargo, el pasado mes de marzo Junts per Catalunya condicionó su apoyo parlamentario al decreto fiscal impulsado por el Ejecutivo a la aprobación de este sistema. La proposición no de ley presentada por Junts salió adelante en el Congreso con el respaldo del PSOE, aunque ese voto no obliga legalmente al Gobierno a desarrollar la medida, sino que únicamente refleja la posición mayoritaria de la Cámara. Pese a ello, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, rebajó recientemente las expectativas sobre una implantación inmediata del IVA franquiciado. Tras el Consejo de Ministros celebrado a comienzos de mes, recordó que la directiva europea no obliga ni a eximir del impuesto a estos profesionales ni a mantener el umbral máximo de 85.000 euros. Mientras tanto, la Comisión Europea ya ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado aún la parte obligatoria de la directiva, es decir, la posibilidad de que autónomos y pymes españolas puedan vender a otros países de la UE sin repercutir IVA. Esta obligación debía haberse aplicado desde el 1 de enero de 2025.

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(Expansión, 22-05-2026) | Laboral

Queremos que haya fontaneros, pero no queremos serlo bajo las condiciones actuales

Los oficios técnicos atraviesan un momento de fuerte demanda gracias al impulso de la transición energética y a la necesidad de nuevas infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial. Sin embargo, estas profesiones siguen arrastrando viejos prejuicios y condiciones laborales poco atractivas. En un contexto en el que algunos sectores con falta de mano de obra ya ofrecen salarios de hasta 54.000 euros anuales, el gran desafío para la economía española no consiste únicamente en formar trabajadores, sino en convencer a una generación saturada del trabajo frente a pantallas de que también existe un futuro estable y bien remunerado fuera de la oficina. El caso del fontanero simboliza bien esta nueva realidad del mercado laboral. Se trata de una ocupación imprescindible, difícil de sustituir por automatización y prácticamente imposible de deslocalizar. Aun así, continúa sin resultar especialmente atractiva como salida profesional si no va acompañada de mejores sueldos, estabilidad y condiciones laborales dignas. Un estudio reciente de LinkedIn refleja que casi siete de cada diez españoles se plantearían cambiar a un oficio manual si este ofreciera mayores garantías y ventajas laborales. La investigación también apunta a que este cambio de mentalidad coincide con un aumento de la demanda de trabajadores especializados en sectores esenciales para la economía española, como el comercio minorista, el transporte y la logística, la agricultura, la construcción o la industria manufacturera. A pesar de ello, el empleo de oficina sigue siendo la opción preferida para el 43% de los encuestados. Frente a ello, únicamente un 31% se decanta por un oficio técnico y apenas un 20% opta por trabajos ligados al sector servicios. En realidad, el mercado laboral está mostrando que los oficios han recuperado peso económico y social porque son fundamentales para sostener áreas clave como la vivienda, la energía, la industria, la logística o la infraestructura física que necesita la economía digital. Pero también deja claro que la elevada demanda no basta, por sí sola, para hacer atractivas estas profesiones. Para que jóvenes, mujeres, trabajadores agotados del entorno corporativo o desempleados de larga duración apuesten por estos empleos, el mercado tendrá que ofrecer algo más que vacantes. Será necesario garantizar salarios competitivos, estabilidad, formación remunerada, posibilidades de promoción, certificaciones profesionales, reconocimiento social, conciliación y empresas que traten estos trabajos como carreras técnicas especializadas y no como mano de obra fácilmente reemplazable. Paradójicamente, la propia expansión de la inteligencia artificial está impulsando la necesidad de más trabajadores manuales. Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, señaló recientemente en una intervención en Carnegie Mellon University que el desarrollo de la IA requerirá nuevas fábricas, centros de datos, instalaciones eléctricas, sistemas de refrigeración, estructuras metálicas, fontanería y trabajos eléctricos. Según informó Reuters, el auge de los centros de datos y de las energías renovables está agravando en Estados Unidos la escasez de profesionales de construcción, energía y redes eléctricas. El país necesitará alrededor de 507.000 trabajadores adicionales en infraestructuras energéticas y de transmisión antes de 2030. Los salarios internacionales ayudan también a entender por qué muchos trabajadores vuelven a mirar hacia estos sectores. En Estados Unidos, los electricistas alcanzaron en 2024 un salario mediano anual de 62.350 dólares y las previsiones oficiales apuntan a un crecimiento del empleo del 9% en la próxima década. Los fontaneros y especialistas en tuberías y vapor registraron salarios cercanos a 63.000 dólares anuales, mientras que el 10% mejor pagado superó los 105.000 dólares. Los técnicos de climatización y refrigeración, por su parte, alcanzaron una mediana próxima a los 60.000 dólares. En España, la necesidad de mano de obra técnica se concentra especialmente en varios ámbitos. El primero es la construcción, sobre todo en actividades ligadas a la rehabilitación, la eficiencia energética y la vivienda. La Fundación Laboral de la Construcción destacó que en 2024 el sector superó los 1,4 millones de afiliados, con cifras récord en el Régimen General desde 2010. Al mismo tiempo, BBVA Research advierte de que la escasez de trabajadores se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el crecimiento de la actividad constructora, agravado además por el envejecimiento de la plantilla. El segundo foco es la industria manufacturera. El SEPE identifica dificultades crecientes para cubrir puestos de soldadores, ajustadores industriales, mecánicos, operadores de maquinaria, carpinteros metálicos, instaladores o técnicos de reparación eléctrica. La falta de profesionales afecta así a buena parte de la base técnica industrial relacionada con el metal, el mantenimiento, la electricidad y la maquinaria. El tercer ámbito es el energético. La expansión de las energías renovables, la electrificación y la rehabilitación energética requieren instaladores eléctricos, técnicos de mantenimiento, frigoristas, especialistas en climatización y perfiles capaces de combinar conocimientos eléctricos, digitales y normativos. Las guías salariales de Adecco destacan precisamente la elevada demanda de perfiles vinculados a mantenimiento industrial, coordinación técnica y ejecución de proyectos energéticos. La logística y el transporte constituyen otro frente clave. El informe europeo de EURES alerta de la escasez de conductores y operadores de maquinaria móvil, mientras que estudios salariales de Randstad muestran cómo sectores como logística, transporte, ingeniería o industria siguen aumentando la competencia por captar talento técnico. A ello se suma la falta de profesionales en determinados oficios vinculados al sector naval y a ocupaciones de difícil cobertura. El catálogo del SEPE incluye perfiles como frigoristas navales, maquinistas, mecánicos navales, instaladores eléctricos, carpinteros metálicos o conductores de grúa. A escala internacional, entre los oficios más demandados destacan electricistas, instaladores solares, técnicos de climatización, soldadores, mecánicos industriales, operadores de maquinaria y especialistas en mantenimiento. En España, esa demanda se concentra especialmente en soldadores, electricistas, frigoristas, fontaneros, carpinteros metálicos, técnicos de mantenimiento, instaladores energéticos y perfiles relacionados con construcción, energía, logística, industria o el sector naval. En cuanto a los salarios más elevados, suelen concentrarse en aquellos empleos donde coinciden escasez de profesionales, alta cualificación técnica, certificaciones específicas, riesgo laboral y fuertes barreras de entrada. Es el caso de actividades relacionadas con ascensores, redes eléctricas, electricidad industrial, soldadura homologada, climatización avanzada o mantenimiento industrial. En España, las estadísticas no permiten afirmar que ser fontanero garantice automáticamente un salario elevado, aunque sí muestran que los sectores industriales y energéticos ofrecen remuneraciones significativamente superiores a las actividades menos cualificadas. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, el sueldo medio anual en España se situó en 28.049 euros en 2023, mientras que el sector de suministro de energía eléctrica, gas y aire acondicionado alcanzó una media de 54.447 euros. En el extremo contrario, la hostelería registró salarios cercanos a los 17.000 euros anuales.

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(El Economista, 22-05-2026) | Laboral

El sueldo medio es 3.500 euros inferior al de la eurozona tras restar impuestos y cotizaciones

Durante 2025, los salarios en España aumentaron por encima del 3,5%, un ritmo superior al crecimiento de los precios. Sin embargo, pese a esta mejora, la distancia entre los ingresos netos de los trabajadores españoles y la media de los países del entorno europeo siguió ampliándose. Así se desprende de los últimos datos publicados por Eurostat, que sitúan en unos 3.500 euros anuales la diferencia entre el sueldo neto de un trabajador español y el promedio de la eurozona, una vez descontados impuestos y cotizaciones sociales. La estadística difundida por el organismo europeo toma como referencia a un trabajador soltero, sin hijos y con un salario equivalente a la media nacional. Según esos cálculos, este perfil percibe en España unos ingresos netos de 25.262 euros anuales, frente a los 28.770 euros de media en los países del euro. La brecha creció en 114 euros respecto al año anterior, lo que supone un aumento del 3,3%. Si se compara con la media de toda la Unión Europea, situada en 26.928 euros, la distancia es algo menor, aunque también aumentó más de un 15% en relación con 2024. Las subidas salariales pactadas en convenios colectivos y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que avanzó un 4,4%, no lograron reducir la diferencia con trabajadores de países como Francia, Alemania o Países Bajos. El motivo es que también aumentó la parte del salario bruto destinada al pago del IRPF y de las cotizaciones sociales, especialmente en el caso de estos trabajadores. El análisis de Eurostat pone además el foco en las diferencias existentes según la situación familiar. Para calcular los ingresos netos medios, el organismo no solo resta impuestos y cotizaciones, sino que añade las prestaciones familiares recibidas por quienes tienen hijos a cargo. Como resultado, una pareja con dos hijos en la que solo uno de los miembros trabaja alcanza unos ingresos netos de 28.567 euros anuales. Esta cifra prácticamente iguala la media de la eurozona para un trabajador soltero sin hijos y supera en más de 3.300 euros la renta neta de un asalariado español que viva solo y sin descendencia. También se observan diferencias cercanas a los 700 euros entre hogares con dos trabajadores dependiendo de si tienen hijos o no. Aunque Eurostat no profundiza específicamente en el caso español, parte de estas diferencias se explican tanto por las ayudas familiares como por el propio diseño del IRPF. El sistema contempla un mínimo personal y familiar exento de tributación, es decir, una parte del salario que no paga impuestos al considerarse necesaria para cubrir gastos básicos. Esta cuantía aumenta en función del número de hijos menores de 25 años que conviven en el hogar. Todos los contribuyentes disponen de un mínimo personal de 5.500 euros. A ello se añaden cantidades adicionales por hijos, que van desde 2.400 euros por el primero hasta 4.500 euros a partir del cuarto. Esto provoca que dos trabajadores con el mismo salario bruto puedan recibir cantidades netas muy distintas según su situación familiar. En años anteriores, el Ministerio de Hacienda había optado por elevar el mínimo exento para evitar que quienes cobran el salario mínimo tuvieran que pagar IRPF, de manera que la subida del SMI se trasladara íntegramente a su renta disponible. Sin embargo, en 2025 el Gobierno eligió otra vía y creó una deducción específica en lugar de modificar ese umbral. En cualquier caso, esta medida apenas afecta a la comparación realizada por Eurostat, ya que el estudio se centra en trabajadores con salario medio y no en aquellos con rentas más bajas. Aunque el salario mínimo y el sueldo medio se han aproximado en los últimos años, todavía existe una diferencia cercana a los 10.000 euros brutos entre ambos. Otro de los factores que influye en el aumento de la brecha es la llamada "progresividad en frío". Este fenómeno se produce cuando los tramos del IRPF no se actualizan conforme a la inflación, lo que provoca que parte de las subidas salariales terminen tributando más sin que exista una mejora real del poder adquisitivo. El propio Gobierno reconoció en el Informe Anual de Progreso remitido a Bruselas que en 2025 recaudó 2.300 millones de euros adicionales por no ajustar el impuesto a la inflación. Según el Consejo General de Economistas, esta situación habría supuesto un coste medio adicional de unos 800 euros por trabajador. A ello se añadió el incremento progresivo de las cotizaciones sociales previsto en la reforma de las pensiones. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aumentará una décima cada año hasta 2029, cuando representará el 1,2% del salario. No obstante, el impacto directo sobre el trabajador es reducido, ya que actualmente solo asume un 0,13% de esa cotización, mientras el resto recae sobre las empresas. Todo ello apunta a que el ensanchamiento de la diferencia salarial con Europa responde principalmente a que los ingresos medios crecieron más rápidamente en otros países. Mientras que en España un trabajador soltero sin hijos ganó de media 721 euros netos más al año, países como Países Bajos registraron aumentos superiores a 1.600 euros y Croacia rondó los 1.400 euros adicionales. En términos porcentuales, eso sí, la evolución española se mantuvo muy próxima a la media de la eurozona, con un incremento cercano al 3%.

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(El Economista, 22-05-2026) | Laboral

La meritocracia "pincha" en España: solo 2 de cada 10 directivos decide con datos objetivos los ascensos de sus empleados

El actual contexto de creciente digitalización empresarial está permitiendo a las compañías recopilar cada vez más información precisa y objetiva sobre el rendimiento y la productividad de sus empleados. Sin embargo, este avance tecnológico no siempre se traduce en una mejora para los trabajadores con mejor desempeño. Según un estudio de Adecco, únicamente el 20% de los directivos en España utiliza los llamados "datos de talento" para decidir promociones internas, lo que sitúa al país en posiciones rezagadas en términos de meritocracia profesional. El informe, basado en una encuesta a 2.000 altos directivos de empresas de 13 países, muestra que solo Italia presenta un porcentaje inferior (19%). España queda así muy por detrás de países como Suiza (42%), Canadá (41%) o Bélgica (40%), que lideran el uso de estos criterios basados en datos. Adecco define los "datos de talento" como la información que las empresas ya poseen o pueden medir sobre sus equipos para identificar competencias, detectar potencial de crecimiento, planificar necesidades formativas y abrir oportunidades de promoción interna. El estudio pone de manifiesto una paradoja: aunque los datos son uno de los pilares de la transformación digital de las empresas -un proceso que la inteligencia artificial está acelerando-, gran parte de esa información se genera a partir del trabajo de los propios empleados y se utiliza para organizar tareas, pero no siempre para reconocer o recompensar su desempeño. Esta "algoritmización" del empleo, que según la OCDE afecta al 78% de las empresas españolas, no se traduce necesariamente en mejoras en la gestión del talento. Esta falta de aprovechamiento de los datos ayuda a explicar la distancia entre empresas y trabajadores. Solo el 26% de las compañías en España considera que sus empleados entienden cómo su trabajo contribuye a los resultados del negocio, una cifra 18 puntos inferior a la media global y la más baja entre los países analizados. En contraste, Canadá alcanza el 64%, mientras que Australia y Estados Unidos se sitúan en el 54%. Para la consultora, estos resultados evidencian la necesidad de reforzar la comunicación interna en las empresas españolas. Sin una base sólida de transparencia, advierte el informe, la tecnología avanza más rápido que la capacidad de adaptación de las plantillas, lo que puede convertirse en un obstáculo en la adopción de la inteligencia artificial. En esta línea, solo el 26% de los directivos españoles prevé que estas herramientas se integren en los procesos de trabajo en el corto plazo, frente al 30% de los empleados que lo espera. En ambos casos, España se sitúa entre los países con peores registros, lejos de economías como Reino Unido, Estados Unidos o Canadá. Además, únicamente el 24% de las empresas explica con claridad a sus trabajadores cómo les afectará la inteligencia artificial, una cifra 12 puntos inferior a la media mundial. España se sitúa en este indicador junto a países como Países Bajos, Suecia o Italia, mientras que Australia (52%), Suiza (46%) y Estados Unidos lideran la clasificación. Por último, solo el 18% de los directivos considera que su organización está preparando adecuadamente a sus empleados para convivir con la inteligencia artificial, cuatro puntos por debajo del promedio global. España se mantiene en la parte baja del ranking, solo por delante de Suiza e Italia, y lejos de países como Bélgica, Australia o Japón. En conjunto, el estudio refleja que las empresas españolas aún no están aprovechando plenamente el potencial de las nuevas tecnologías en la gestión de personas. La falta de comunicación y transparencia interna limita el uso efectivo de herramientas como los algoritmos o la inteligencia artificial, lo que no solo amplía la distancia entre dirección y plantilla, sino que también reduce la competitividad en un entorno global cada vez más marcado por la digitalización.

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(El Economista, 22-05-2026) | Laboral

TJUE obliga a computar para la pensión trabajos penosos realizados en otro país de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido este jueves que los Estados miembros deben incluir, a efectos del cálculo de la pensión de jubilación, los beneficios asociados a trabajos especialmente duros realizados en otro país de la Unión Europea. La resolución, que fija doctrina en toda la UE, resuelve el caso de un ciudadano eslovaco que trabajó como minero en Karviná -actual territorio de la República Checa- entre 1976 y 1995, tanto antes como después de la disolución de Checoslovaquia. La normativa de la antigua Checoslovaquia contemplaba condiciones especiales para los mineros, que podían jubilarse de forma anticipada a partir de los 55 años si acreditaban al menos quince años de actividad en minería subterránea. No obstante, en 2013 Eslovaquia denegó el reconocimiento de esa pensión al no computar parte del periodo trabajado en territorio checo tras 1992, cuando ambos países se separaron y la República Checa fue eliminando progresivamente ese régimen específico para trabajadores del sector. El TJUE subraya que la normativa europea de coordinación de los sistemas de Seguridad Social tiene como finalidad evitar que los trabajadores pierdan derechos vinculados a condiciones laborales especiales por el mero hecho de haber ejercido su derecho a la libre circulación dentro de la UE. En este sentido, el tribunal considera que los periodos trabajados en la actual República Checa deben ser tenidos en cuenta por Eslovaquia a la hora de calcular la pensión, ya que forman parte de la misma actividad profesional en condiciones subterráneas. La corte europea añade que esta protección se mantiene incluso si el régimen especial no está separado del sistema general de Seguridad Social o si los periodos de cotización son anteriores a la adhesión de los países a la Unión Europea. La resolución no cierra el caso, ya que será ahora el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Eslovaquia el encargado de dictar sentencia definitiva, aplicando los criterios establecidos por el TJUE con sede en Luxemburgo.

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(Cinco Días, 22-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro ya paga más del 4% por la deuda a 30 años, el récord desde 2023

El aumento de las rentabilidades de la deuda pública se ha consolidado en las últimas semanas como uno de los principales focos de preocupación para los mercados financieros. El bloqueo casi total del estrecho de Ormuz ha reactivado los temores inflacionistas y, como ya ocurrió desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, la deuda soberana vuelve a ser uno de los activos más castigados. A pesar de este escenario adverso, el Tesoro español mantiene su estrategia de financiación. El organismo presidido por Paula Conthe cerró mayo con una emisión de 6.055 millones de euros en deuda a medio y largo plazo. Sin embargo, el deterioro de las condiciones del mercado ha obligado a asumir mayores costes de financiación, especialmente en los plazos más largos. La referencia a 30 años ya supera el 4,12%, el nivel más elevado registrado en los últimos tres años. La incertidumbre sobre las consecuencias económicas del conflicto y el temor a que los bancos centrales adopten políticas monetarias más restrictivas dificultan el interés de los inversores por la renta fija. No obstante, dentro de este entorno de elevada volatilidad, la deuda española continúa siendo vista como una opción relativamente atractiva. Esta percepción se refleja tanto en las recomendaciones de varias firmas de análisis como en el elevado volumen de demanda registrado en las subastas. Mientras Bank of America muestra preferencia por España frente a Portugal y Jupiter AM apuesta por bonos españoles e italianos, las peticiones de compra alcanzaron los 11.109,7 millones de euros, casi el doble de la cantidad finalmente adjudicada. El encarecimiento de la financiación ha afectado a todos los vencimientos, aunque con mayor intensidad en los plazos más largos. En obligaciones a cinco años, el Tesoro colocó 2.585,4 millones de euros con una rentabilidad del 2,964%, ligeramente superior al 2,923% de la subasta anterior. En deuda a siete años, adjudicó 2.200,7 millones al 3,169%, frente al 3,11% previo. La emisión se completó con 2.322,3 millones en obligaciones con una vida residual de más de 24 años, donde el incremento fue mucho más notable: la rentabilidad pasó del 3,732% al 4,122%, reflejando el impacto de unas expectativas de inflación más elevadas. Aunque la deuda española tampoco escapa a las presiones inflacionistas ni al riesgo de futuras subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo, muchos gestores siguen considerando atractivos los bonos nacionales. Las previsiones de crecimiento económico y la estrategia de financiación del Tesoro sostienen parte de ese interés. Huw Davies, gestor de renta fija de Jupiter AM, destaca que España afronta la situación desde una posición relativamente más sólida que otras economías europeas gracias a un mayor dinamismo económico y a unas perspectivas fiscales algo más favorables. Más allá del conflicto geopolítico, los inversores también vigilan los desequilibrios fiscales. El aumento del déficit y de la deuda pública representa uno de los principales riesgos en un contexto de tipos de interés elevados. Aun así, los organismos internacionales continúan situando a España en una trayectoria fiscal menos preocupante que la de varios socios europeos. Pese a ello, persisten algunos elementos de vulnerabilidad. Davies advierte de que uno de los mayores riesgos sería un aumento de la inestabilidad política. Hasta ahora, las dificultades para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la fragmentación política reflejada en las elecciones autonómicas habían sido los principales focos de inquietud. A ello se añade ahora la investigación que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un factor que introduce nuevas dudas en el panorama político. Por el momento, sin embargo, estas tensiones no han deteriorado el interés de los inversores, y la demanda de deuda española sigue siendo sólida tanto en el mercado primario como en el secundario. En un contexto internacional marcado por el temor a la estanflación -bajo crecimiento acompañado de inflación elevada-, la prima de riesgo española permanece por debajo de los 45 puntos básicos. Tras completar las emisiones previstas para mayo, la atención de los mercados se centra ahora en la próxima colocación sindicada de mitad de año. Este tipo de operaciones, que se realizan fuera del calendario habitual de subastas, se llevan a cabo a través de bancos colocadores que distribuyen directamente la deuda entre grandes inversores institucionales. En lo que va de 2026, el Tesoro ya ha ejecutado dos emisiones sindicadas con las que logró captar 22.000 millones de euros y registrar una demanda récord. Sin embargo, ambas operaciones tuvieron lugar a comienzos de año, en un entorno mucho más favorable para Europa y con perspectivas de inflación moderadas. El estallido de la guerra en Oriente Próximo y la posterior crisis energética han cambiado radicalmente el escenario. Ahora, con unos mercados mucho más exigentes y sensibles al riesgo, queda por ver si el Tesoro español consigue repetir el éxito obtenido en las primeras colocaciones del año.

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(Expansión, 22-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas cede a la presión y ya se plantea acelerar la reforma bancaria

Los bancos y los países de la Unión Europea intensifican la presión para que la ola de simplificación normativa que atraviesa la economía europea llegue cuanto antes al sistema financiero. La Comisión Europea, que inicialmente no había situado este ámbito entre sus prioridades, parece haber tomado nota y empieza a acelerar el calendario previsto. El Ejecutivo comunitario trabaja actualmente en la elaboración de un informe sobre la competitividad del sector bancario. El documento examinará el entorno en el que operan las entidades financieras y las razones que explican la diferencia de rentabilidad frente a competidores de otras regiones, especialmente Estados Unidos. Para preparar este análisis, el departamento encabezado por la comisaria europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, Maria Luís Albuquerque, abrió hasta el pasado 19 de abril una consulta pública destinada a recabar opiniones de supervisores, bancos y otros actores implicados. Tanto las autoridades como las entidades financieras consideran este informe el primer paso hacia una futura reforma bancaria. Se trata de una evaluación inicial que, junto a las recomendaciones del Banco Central Europeo y de la Autoridad Bancaria Europea, servirá para identificar qué aspectos deben modificarse con el objetivo de reforzar el sector sin comprometer su solidez. Aunque en un principio Bruselas contemplaba finalizar el documento en septiembre, fuentes comunitarias aseguran que ahora se trabaja con la intención de tenerlo listo en julio, antes del receso veraniego de las instituciones europeas. Si ese primer paso se adelanta, el resto del calendario también podría acelerarse. En Bruselas existe la percepción de que la publicación del informe de competitividad puede abrir la puerta a anticipar el paquete de simplificación normativa para la banca, que incluso podría presentarse antes de que termine el año. Hasta ahora, la previsión más optimista situaba ese proceso en el primer trimestre de 2027. "Sería una noticia muy positiva. Otras jurisdicciones están actuando con rapidez, mientras Europa vuelve a optar por procedimientos demasiado lentos y burocráticos", señalan desde una entidad financiera. La banca ve esta reforma como una oportunidad para avanzar en la integración del mercado único y, al mismo tiempo, aliviar unas exigencias de capital que considera excesivamente complejas y duplicadas. Las entidades han intensificado además su actividad de presión en Bruselas, convirtiendo esta cuestión en el principal frente regulatorio del momento, incluso por encima del debate sobre el euro digital. A esta presión también se han sumado los Estados miembros de la UE. Los ministros de Finanzas reclamaron ya en diciembre a la Comisión Europea que presentara "con rapidez paquetes ambiciosos de simplificación" para la regulación financiera, dentro de un plan más amplio destinado a revisar, simplificar e incluso eliminar parte de la normativa vigente. En las últimas cumbres europeas, la demanda ha escalado además al máximo nivel político. Los jefes de Estado y de Gobierno incluyeron en las conclusiones del último Consejo Europeo una petición a la Comisión para que proponga cambios concretos en el marco prudencial con el objetivo de reforzar la capacidad de la banca para financiar la economía europea, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad financiera y la igualdad de condiciones a escala internacional. A diferencia de la solicitud planteada por los ministros de Finanzas, el mensaje emanado del Consejo Europeo sí implica un respaldo político directo para que la Comisión presidida por Ursula von der Leyen inicie el esperado proceso legislativo. Fuentes comunitarias explican que los Estados miembros consideran compatible el impulso a los mercados de capitales con la aceleración de la reforma bancaria, especialmente porque en junio ya se esperan avances relevantes relacionados con la Unión de Ahorro e Inversiones. Pese a que bancos y gobiernos comparten el interés por acelerar la reforma, sus objetivos no son exactamente los mismos. Los países insisten en que cualquier flexibilización debe preservar la resistencia del sistema financiero y solo contemplan liberar capital en aquellos casos en los que quede demostrado que existen duplicidades regulatorias con otras exigencias.

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(El País, 22-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

China desbanca a Alemania como el principal proveedor de España

Más de 9.000 kilómetros separan Madrid de Pekín, pero esa distancia geográfica no impide que China se haya convertido en el principal proveedor de bienes de España. Según los datos difundidos este martes por el Gobierno, el gigante asiático superó en el primer trimestre del año a Alemania como mayor origen de las importaciones españolas. Entre enero y marzo, las compras procedentes de China rebasaron los 12.500 millones de euros, una cifra equivalente al total de las importaciones españolas desde todo el continente americano. Así, China concentra ya el 11,6% de las importaciones nacionales, ligeramente por encima del 11,4% correspondiente a Alemania. No es la primera vez que ocurre algo similar. En 2022, China ya adelantó temporalmente a Alemania debido a la crisis global de microchips, que golpeó especialmente a la industria automovilística alemana y provocó un fuerte desplome de las matriculaciones en España. Sin embargo, a diferencia de aquel episodio coyuntural, el actual avance chino parece responder a una tendencia mucho más estructural. El crecimiento sostenido de sus exportaciones y el refuerzo de su capacidad industrial están consolidando su peso en el mercado español. Además, las tensiones comerciales impulsadas por Estados Unidos y el aumento de aranceles han llevado tanto a la Comisión Europea como al Banco Central Europeo a advertir sobre una posible desviación hacia Europa de productos chinos de bajo coste, especialmente los comercializados a través de plataformas como AliExpress, Temu o Shein. En los últimos cinco años, Alemania ha mantenido una cuota relativamente estable, cercana al 11% de las importaciones españolas, mientras que China ha ido ganando terreno progresivamente, con un avance especialmente significativo en 2025, cuando ya estuvo cerca de ocupar la primera posición. Esa dinámica continúa y también se ve favorecida por el acercamiento político entre ambos países. La relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario chino, Xi Jinping, atraviesa un momento de gran sintonía, reflejado en las cuatro visitas oficiales realizadas por Sánchez a China en los últimos tres años, más que cualquier otro dirigente europeo. El jefe del Ejecutivo español ha adoptado además una postura menos crítica hacia Pekín que la mantenida por otras instituciones europeas, que definen oficialmente a China como "socio, competidor y rival sistémico". Sánchez ha preferido enfatizar únicamente el componente de colaboración, llegando a afirmar en su última visita que España considera a China un socio de la Unión Europea. No obstante, la relación comercial entre ambos países presenta un fuerte desequilibrio. Mientras las importaciones desde China no dejan de crecer, las exportaciones españolas hacia el país asiático permanecen prácticamente estancadas y apenas representan el 2% del total de las ventas exteriores españolas. Esto convierte a China en el undécimo destino de las exportaciones nacionales. Durante el año pasado, España importó productos chinos por valor de 50.250 millones de euros, mientras que las exportaciones españolas a China alcanzaron solo 7.972 millones. Como resultado, el déficit comercial supera los 42.000 millones de euros, el doble que hace apenas seis años. La tasa de cobertura -que mide qué porcentaje de las importaciones se compensa con exportaciones- se situó en apenas el 15,9%, el nivel más bajo desde 2010. Este desequilibrio es mucho más acusado que el existente con otros socios relevantes. Por ejemplo, el déficit comercial con Alemania ronda los 10.000 millones de euros. Además, en el conjunto del comercio exterior español, la tasa de cobertura alcanzó el 87,2% en 2025, una cifra muy superior a la registrada con China. En cambio, el gigante asiático presenta un enorme superávit comercial global: sus exportaciones cubren el 146% de sus importaciones, generando un saldo positivo superior al billón de euros. En un contexto marcado por el repunte de la inflación, las importaciones chinas ofrecen ventajas competitivas para muchas empresas españolas, que pueden acceder a productos y componentes a costes más bajos que en otros mercados. También benefician a los consumidores, especialmente en sectores como el automóvil eléctrico, donde las marcas chinas están ganando terreno gracias a modelos más asequibles que los europeos o estadounidenses. Sin embargo, los expertos advierten de que esta creciente dependencia también tiene efectos negativos sobre la industria española. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, explica que el comercio con Alemania ha estado históricamente basado en intercambios industriales más equilibrados y complementarios, especialmente en sectores como el automóvil o la aeronáutica, donde existe una integración productiva que beneficia al tejido empresarial español. En cambio, considera que las importaciones chinas suelen sustituir producción nacional o compras a otros proveedores europeos, sin generar el mismo efecto tractor sobre la economía española. Por su parte, Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico y Oriente Medio en Natixis e investigadora de Bruegel, alerta del riesgo de una dependencia excesiva respecto a China. Señala que esta situación obliga a Europa a adaptarse continuamente a la estrategia económica china y recuerda además que la competencia no se produce solo en el mercado español, sino también en terceros países. A ello se suma, según la experta, el fuerte respaldo estatal que reciben muchas compañías chinas, especialmente del sector automovilístico, mediante subsidios que facilitan su expansión internacional. En 2025, los principales productos importados por España desde China fueron bienes de equipo, tecnología, maquinaria, material de oficina, textiles, productos químicos, automóviles, juguetes y calzado. En sentido inverso, España exporta sobre todo productos químicos, minerales y alimentos, especialmente carne de cerdo. China absorbe el 42% de las exportaciones españolas de porcino fuera de la Unión Europea, una dependencia que quedó patente recientemente durante la crisis provocada por la peste porcina en Cataluña, cuando el sector temió una reducción de las compras chinas.

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