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(Expansión, 11-03-2026) | Fiscal

Los asesores fiscales reclaman cambios normativos para la empresa familiar

El sistema fiscal que se aplica a la empresa familiar está complicando el proceso de relevo generacional. Así lo señalan los asesores fiscales, quienes consideran que los incentivos tributarios diseñados para estas sociedades resultan difíciles de aplicar en la práctica debido a su complejidad y a las diferentes interpretaciones que realiza la Administración Tributaria. Este asunto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que las empresas familiares constituyen cerca del 90% del total de sociedades del tejido empresarial español y generan alrededor del 70% del empleo privado, según el Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Además, uno de los rasgos característicos de este tipo de compañías es su vocación de continuidad entre generaciones, por lo que la fiscalidad en tributos como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades resulta determinante para asegurar su permanencia a largo plazo. De hecho, la duración media de los negocios familiares -33 años- supera a la del conjunto de empresas que se crean en España, de acuerdo con datos del IEF. En este contexto, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha elaborado un informe en el que reclama mayor seguridad jurídica y normas más claras en todo lo relacionado con la fiscalidad de la empresa familiar. El documento incluye diversas propuestas de mejora en los impuestos que afectan a estas sociedades. Según su presidente, Bernardo Bande, la mayoría de las medidas planteadas no buscan reducir la carga fiscal ni conceder ventajas especiales, sino mejorar la calidad de la normativa, reforzar su coherencia técnica y disminuir los conflictos entre contribuyentes y Administración. Impuesto sobre el Patrimonio: La Aedaf sostiene que la regulación actual del Impuesto sobre el Patrimonio genera incertidumbre y numerosos desacuerdos entre las empresas familiares y la Administración, especialmente en lo referente a los bienes que pueden quedar exentos. Por ello, propone equiparar los requisitos para la exención de participaciones empresariales a los establecidos para las actividades económicas individuales. También plantea establecer criterios objetivos que permitan determinar qué activos son necesarios para la actividad empresarial, especialmente en relación con el capital circulante, con el objetivo de evitar disputas sobre la llamada tesorería ociosa. Asimismo, los asesores fiscales sugieren ampliar el concepto de "grupo familiar" hasta el cuarto grado de parentesco -incluidos los primos- y a las parejas de hecho, permitiendo además que cualquier miembro de ese grupo pueda desempeñar funciones directivas. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el informe propone reducir de diez a cinco años el plazo durante el cual debe mantenerse la empresa recibida, tanto si se adquiere por herencia tras el fallecimiento del empresario como si se transmite mediante donación en vida. En el caso de las donaciones inter vivos, también se plantea eliminar la exigencia de que el donante tenga al menos 65 años para poder aplicar la reducción fiscal. Además, se propone que este beneficio se reconozca como un derecho automático del contribuyente y no como una opción que pueda perderse simplemente por no marcar una casilla en la declaración. IRPF: Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los asesores fiscales consideran que también debería reducirse de diez a cinco años el plazo de mantenimiento de los fondos vinculados a la empresa, en línea con la propuesta para el impuesto de Sucesiones y Donaciones. La reforma presentada al Ministerio de Hacienda también insiste en la necesidad de aclarar el funcionamiento del régimen de exención con diferimiento, evitando contradicciones e inseguridad jurídica entre el IRPF, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y las normativas autonómicas. Según el informe, actualmente pueden darse situaciones en las que un incumplimiento posterior no tenga consecuencias para el receptor de la donación en el ISD, pero sí genere incertidumbre para el donante en el IRPF. Impuesto sobre Sociedades: Por último, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, la Aedaf propone armonizar su normativa con la del IRPF y establecer un criterio único para definir qué se considera actividad económica. Este punto resulta especialmente relevante en ámbitos que han generado numerosos litigios en los tribunales, como el arrendamiento de inmuebles. Además, en el caso de las donaciones de empresas familiares, los asesores fiscales consideran que debería aplicarse únicamente la normativa de la comunidad autónoma en la que resida el donatario. De este modo se evitaría la complejidad actual cuando existen bienes inmuebles situados en distintos territorios, una situación que dificulta considerablemente la planificación del relevo generacional en este tipo de empresas.

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(Expansión, 11-03-2026) | Fiscal

Hacienda saca a audiencia pública la orden con las declaraciones de criptoactivos

Los contribuyentes que posean criptoactivos deberán remitir a la Agencia Tributaria hasta cuatro declaraciones informativas distintas. El organismo publicó ayer en audiencia pública un proyecto de orden ministerial con el que prevé aprobar estos nuevos modelos que deberán presentar tanto los titulares como los operadores que gestionan este tipo de activos digitales. En concreto, la normativa contempla la creación de cuatro formularios: el modelo 042, destinado a la declaración censal para el alta, modificación o baja en el registro de operadores de criptoactivos;el modelo 172, para informar sobre los saldos mantenidos en criptoactivos; el modelo 175, mediante el cual los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos deberán comunicar determinada información; y el modelo 721, que servirá para declarar los criptoactivos que estén situados en el extranjero. Conviene recordar que estos activos digitales -no solo las criptomonedas- han pasado a ocupar un lugar prioritario en el control fiscal. La Agencia Tributaria ha intensificado su vigilancia sobre ellos dentro de su estrategia contra el fraude, tanto en el ámbito nacional como internacional. Desde este año, además, el fisco puede embargar criptoactivos a contribuyentes con deudas tributarias y exige a las plataformas que los gestionan que faciliten más datos sobre sus usuarios. Los nuevos modelos incluidos en la orden ministerial, que podría aprobarse y entrar en vigor en pocas semanas tras su publicación en el BOE, tienen como objetivo reforzar ese control. Asimismo, el texto sometido a audiencia pública introduce cambios en otra normativa aprobada hace una década, en la que figura el modelo 289, relativo a la declaración informativa anual de cuentas financieras en el marco de la asistencia mutua internacional, además de otras modificaciones en la regulación tributaria vigente.

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(Expansión, 11-03-2026) | Fiscal

Bruselas insta a los países de la UE a bajar al mínimo los impuestos de la electricidad

La iniciativa pretende afrontar el elevado coste energético que soportan de forma habitual tanto los hogares como las empresas. La propuesta se planteó antes de que estallara la guerra en Oriente Medio, aunque el conflicto ha incrementado aún más la presión sobre los precios de la energía. Ante el encarecimiento de la electricidad, una de las soluciones planteadas es la reducción de impuestos. Este es uno de los pilares del conjunto de recomendaciones presentado por la Comisión Europea en Estrasburgo dentro del denominado Paquete de Energía para la Ciudadanía, cuyo objetivo es abaratar la factura eléctrica para familias y empresas y, de esta forma, mejorar su capacidad económica y la competitividad empresarial. Con esta propuesta, el Ejecutivo comunitario intenta responder a un problema que se ha consolidado como estructural en Europa y que lastra su economía. Además, la iniciativa llega en un contexto especialmente delicado debido a la guerra en Oriente Medio, que ha provocado nuevas tensiones en los mercados energéticos internacionales. De acuerdo con los datos de la Comisión Europea, los impuestos y otros cargos aplicados a la electricidad representan aproximadamente un 25% del precio final que pagan los hogares y cerca de un 15% en el caso de las empresas. Por este motivo, Bruselas considera que una reducción de la presión fiscal podría reflejarse con rapidez en una bajada de las facturas. Fuentes comunitarias estiman que, si se aplicaran estas rebajas fiscales, la factura eléctrica de los ciudadanos podría disminuir de media alrededor de un 14%, lo que supondría un ahorro aproximado de unos 200 euros al año, una cifra similar a la que se calcula para el caso de España. La Comisión recuerda en su propuesta que la fijación de los impuestos energéticos corresponde a cada Estado miembro y a sus autoridades reguladoras. Por tanto, cada país dispone de margen para aplicar este tipo de medidas, especialmente tras la última reforma de la Directiva del IVA, que amplió la flexibilidad para decidir qué productos pueden beneficiarse de tipos impositivos reducidos. Esa normativa establece un tipo mínimo del 5% para la electricidad. En España, donde actualmente el impuesto aplicado es del 21%, existe margen para reducir la carga fiscal y aliviar así el coste de la energía para hogares y empresas, tal como recomienda Bruselas. Además, la Comisión también sugiere que los países revisen otros recargos o impuestos adicionales incluidos en la factura que no estén directamente vinculados al consumo energético. Según explicó el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, si los gobiernos tienen capacidad para reducir los impuestos aplicados a la energía, especialmente a la electricidad, el impacto potencial para abaratar las facturas de los ciudadanos sería considerable. No obstante, esta recomendación no es absoluta. Así lo matizó el comisario europeo de Economía y Productividad, Aplicación y Simplificación, Valdis Dombrovskis, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ecofin. El responsable europeo subrayó que los Estados que decidan aplicar rebajas fiscales deberán hacerlo sin poner en riesgo la estabilidad de sus cuentas públicas, por lo que las medidas deberían ser selectivas y tener carácter temporal. Dombrovskis recordó que la situación de los distintos países de la Unión Europea es desigual, tanto por la estructura fiscal de sus tarifas eléctricas como por su posición respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por ello, los gobiernos que opten por reducir impuestos deberán contar con suficiente margen fiscal, teniendo en cuenta que, por ahora, no se ha activado ninguna cláusula general de escape vinculada a los efectos económicos de la guerra de Irán.

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(El Economista, 11-03-2026) | Fiscal

Donar dinero a un hijo que vive en el extranjero pero que tiene cuenta española tributa en nuestro país

La Dirección General de Tributos (DGT), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha precisado en una consulta vinculante emitida el pasado 11 de noviembre que una donación de dinero a un hijo residente en el extranjero debe tributar en España si los fondos se encuentran en una cuenta bancaria ubicada en el país en el momento de realizar la transferencia. La consulta surge a raíz del caso de un contribuyente que vive en el Reino Unido y cuyo padre tiene previsto transferirle una cantidad de dinero a una cuenta bancaria situada en La Rioja. Según concluye el organismo, esa donación estará sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España por obligación real, ya que el dinero donado se considera localizado en territorio español en el instante en que se formaliza la operación, es decir, cuando se realiza la transferencia. No obstante, la DGT explica que el hijo, pese a residir fuera de España, podrá acogerse a las bonificaciones o reducciones autonómicas previstas en el impuesto. Sin embargo, la normativa aplicable no será necesariamente la de la comunidad autónoma donde se encuentre la cuenta bancaria que recibe el dinero. En su lugar, se aplicará la de la comunidad en la que el dinero haya estado situado durante más días dentro de los cinco años anteriores al devengo del impuesto. En la práctica, esto significa que el beneficiario de la donación podrá aprovechar los beneficios fiscales existentes en la comunidad autónoma en la que el padre mantuvo ese dinero durante la mayor parte del tiempo en los cinco años previos a la donación. Por último, Tributos aclara que, aunque el contribuyente pueda aplicar las ventajas fiscales autonómicas correspondientes, al residir fuera de España no deberá presentar ni pagar el impuesto ante la administración tributaria de la comunidad autónoma implicada. En su lugar, el pago deberá realizarse directamente ante la Administración General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

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(El Economista, 11-03-2026) | Fiscal

Hacienda recaudará más de 100 millones extra en marzo por el subidón de los combustibles

El Ministerio de Hacienda suele ver incrementados sus ingresos cuando se producen episodios de inflación como el que empieza a generar el conflicto en Oriente Medio. Es conocido que, cuando no se actualizan los tramos del Impuesto sobre la Renta, el aumento de los precios termina elevando la recaudación por impuestos directos. Sin embargo, este efecto también se produce en los tributos indirectos, especialmente cuando el encarecimiento afecta a productos como los combustibles. Especialistas en fiscalidad consultados estiman que, si la actual tendencia al alza del precio de la gasolina y el gasóleo continúa, la recaudación obtenida a través del IVA del 21% que se aplica a estos carburantes podría aumentar en torno a 100 millones de euros solo al finalizar el mes de marzo. Este incremento de ingresos se prolongaría durante los meses siguientes, lo que en parte explicaría la cautela del Gobierno a la hora de adoptar medidas para paliar el impacto del encarecimiento. De hecho, el último Consejo de Ministros concluyó sin aprobar ninguna actuación específica en este ámbito. La estimación se basa en una simulación que toma como referencia lo ocurrido durante la última crisis inflacionaria, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los analistas también contemplan un escenario en el que las subidas registradas en la última semana -entre un 9% y un 18%, con el mayor aumento en el caso del diésel- no se reduzcan rápidamente. Esta posibilidad cobra fuerza tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha hablado de un posible final próximo del conflicto en Oriente Próximo. Mientras esa situación no se materialice, sigue siendo plausible que los precios de la gasolina y el gasóleo se mantengan por encima de los dos euros por litro. En un contexto así, los ingresos públicos vinculados a los hidrocarburos podrían alcanzar niveles todavía más elevados. Hay que tener en cuenta que estos productos soportan una doble carga fiscal: por un lado, el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y, por otro, el IVA general. A falta de conocer las cifras definitivas correspondientes a 2025, que la Agencia Tributaria publicará este mes, la recaudación del Impuesto Especial ya supera los 12.500 millones de euros. En cuanto al IVA asociado a los combustibles -el tributo más sensible a las variaciones de precio que paga el consumidor-, los ingresos se aproximan a los 10.000 millones. Por ahora, el Gobierno no prevé adoptar medidas inmediatas relacionadas con el impacto del conflicto en la economía española. Tras el Consejo de Ministros celebrado ayer, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, explicó que el Gobierno lleva tiempo preparando un plan integral para responder a la crisis derivada de la guerra en Irán. Durante esta semana están previstas reuniones con los grupos parlamentarios, incluido Vox, así como con representantes de sindicatos y organizaciones empresariales. Estas conversaciones estarán coordinadas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Asimismo, el Ejecutivo trabajará en consonancia con las propuestas que pueda plantear la Comisión Europea, según señaló Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo. En los encuentros con los grupos políticos y los agentes sociales participarán también las tres vicepresidentas del Gobierno -María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen- junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la propia ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz. El Ejecutivo, explicó la portavoz, está siguiendo de cerca la evolución de la situación para preparar una respuesta que sea adecuada y eficaz, aunque por el momento no ha fijado un calendario concreto para la puesta en marcha de ese plan.

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(El Confidencial, 11-03-2026) | Fiscal

Garamendi pide bajar los impuestos a la luz y a la gasolina en lugar de bonificar su consumo

El Gobierno lleva varios días analizando posibles medidas, tanto de forma interna como junto a los agentes sociales, para mitigar el impacto de la crisis energética provocada por la guerra en Irán. En este contexto, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha expuesto por primera vez la posición del empresariado. Durante su intervención en la segunda edición del ESG Leaders Summit organizado por Deloitte con la colaboración de El Confidencial, señaló que las empresas no apoyan que se apliquen bonificaciones directas al consumo de gasolina, electricidad o gas. En su lugar, defienden que el Ejecutivo reduzca los impuestos sobre la energía para que el coste de las medidas lo asuma directamente la Administración. Garamendi explicó que, según trasladan los propios gasolineros, las bonificaciones no son la mejor solución. A su juicio, el Estado debería tener margen para ajustar la fiscalidad de los combustibles y de la energía de modo que el consumidor perciba directamente la rebaja en el precio final. Considera que no es adecuado que se traslade a las empresas la responsabilidad de financiar temporalmente estas ayudas. El dirigente empresarial sostiene que este tipo de medidas perjudica especialmente a las pequeñas estaciones de servicio, ya que se ven obligadas a adelantar el importe de los descuentos hasta que la Administración les devuelve posteriormente el dinero correspondiente, algo que puede generar tensiones de liquidez. Hace referencia al sistema aplicado en 2022 tras la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. Entre abril y diciembre de aquel año, el Gobierno implantó un descuento de 20 céntimos por litro en gasolina y gasóleo. De esa cantidad, 15 céntimos corrían a cargo del Estado y los cinco restantes eran asumidos por las grandes petroleras. Las estaciones de servicio aplicaban la rebaja en el precio final y posteriormente solicitaban la compensación a Hacienda, lo que en algunos casos obligaba a adelantar el dinero durante un tiempo. Aquella medida generó un intenso debate. Algunos estudios elaborados por centros académicos señalaron que la ayuda no se trasladó completamente a los consumidores, ya que parte del beneficio habría sido absorbido por el propio sector mediante subidas de precios o ampliación de márgenes. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia defendió una conclusión diferente basándose en datos previos a la aplicación de los descuentos. Años después, incluso persisten litigios judiciales relacionados con la posible presión sobre los márgenes de las estaciones de servicio de bajo coste por parte de Repsol durante ese periodo. En cualquier caso, la patronal insiste en que las futuras medidas de apoyo no deberían basarse en subvenciones que obliguen a las empresas a adelantar recursos. Garamendi subrayó que no es razonable que el peso de estas políticas recaiga sobre el sector privado mientras la recaudación fiscal permanece intacta. El presidente de la organización empresarial indicó además que el diálogo con el Gobierno continúa abierto para intentar acordar medidas que ayuden a contener el impacto de la crisis energética y el posible repunte de la inflación. Por ahora, el Ejecutivo no ha presentado propuestas concretas y la CEOE asegura que está dispuesta a negociar con el objetivo de encontrar soluciones que permitan a empresas y consumidores afrontar la situación. Garamendi también advirtió sobre la gran inestabilidad que están mostrando los precios del petróleo, especialmente tras las fuertes oscilaciones registradas el lunes. Esta situación preocupa especialmente a sectores como el transporte, la logística o la industria. En su opinión, si el precio del barril se mantiene de forma sostenida por encima de los 100 dólares, podría provocar una inflación superior al 3 % y obligar al Banco Central Europeo a plantearse nuevas subidas de los tipos de interés.

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(El País, 11-03-2026) | Laboral

La patronal se borra de la negociación para regular la entrada de los sindicatos en la dirección de las empresas

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han endurecido su postura frente al Gobierno y han anunciado que no asistirán a la reunión convocada para este jueves por el Ministerio de Trabajo. En ese encuentro estaba previsto debatir el proyecto que el Ejecutivo define como una iniciativa para la "democratización de las empresas", con el que la ministra Yolanda Díaz pretende regular la presencia de representantes sindicales en los consejos de administración de las compañías. Con esta decisión, las patronales elevan el tono de su confrontación con el Ejecutivo. En anteriores ocasiones ya habían mostrado desacuerdo con medidas como el salario mínimo u otras reformas recientes, bien negándose a firmar acuerdos o abandonando las negociaciones una vez iniciadas, como ocurrió con el debate sobre la indemnización por despido. En esta ocasión, sin embargo, han optado directamente por no acudir ni siquiera al primer encuentro. En un comunicado conjunto, ambas organizaciones explican que su Comité Ejecutivo, reunido de forma extraordinaria, considera que la propuesta del Ministerio de Trabajo representa una nueva forma de intervención en la actividad empresarial y supone, a su juicio, una vulneración del derecho a la propiedad privada. El departamento de Trabajo presentó el pasado 2 de febrero un informe elaborado por un grupo de expertos que servirá como base para una futura reforma legislativa, aunque su aprobación en el Congreso se prevé complicada. Entre las propuestas recogidas en el documento figura la implantación de un sistema de cogestión empresarial que reserve parte de los puestos del consejo de administración a los trabajadores: un tercio en empresas con entre 50 y 1.000 empleados y hasta la mitad en compañías de mayor tamaño. Además, el informe plantea que el Gobierno impulse medidas para facilitar que los trabajadores puedan acceder a la propiedad de las empresas, con la posibilidad de que dispongan de al menos un 2 % de las acciones en compañías a partir de 25 empleados. Las patronales critican que, en un contexto internacional marcado por tensiones como el conflicto en Oriente Próximo, el Ministerio de Trabajo promueva una iniciativa que consideran perjudicial para el clima empresarial. Según señalan las organizaciones presididas por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel, este tipo de propuestas puede aumentar la desconfianza de los inversores y frenar la llegada de inversiones al país. Asimismo, consideran que hablar de una supuesta falta de democracia en las empresas supone cuestionar el papel de la negociación colectiva, que califican como uno de los mecanismos más representativos del diálogo social y que, recuerdan, está reconocido como tal en la Constitución española. Las organizaciones empresariales también sostienen que el planteamiento del Ministerio podría entrar en conflicto con el artículo 38 de la Constitución, que garantiza la libertad de empresa, y subrayan que el Estatuto de los Trabajadores reconoce a las empresas la capacidad de organización y dirección, algo que, según su interpretación, se vería comprometido. Por todo ello, las patronales han decidido no participar en la mesa de negociación sobre esta iniciativa y reiteran su apuesta por la negociación colectiva como vía principal para alcanzar acuerdos y por la defensa de los principios recogidos en la Constitución.

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(El Economista, 11-03-2026) | Laboral

España sigue siendo el "motor" del paro en la zona euro: cuatro de cada diez desempleados son españoles

La mejora registrada en el mercado laboral español durante los últimos años no ha logrado reducir la gran diferencia que existe con respecto a las principales economías europeas en materia de desempleo. Actualmente, cerca del 23% de los parados de la zona euro se encuentran en España, a pesar de que el país solo representa alrededor del 13% del total de personas ocupadas. Estas cifras cuestionan la idea de que el crecimiento económico español esté impulsando el empleo en Europa y sugieren, más bien, que el problema persiste en sentido contrario. El año 2025 ha marcado dos hitos relevantes para el mercado laboral español: por un lado, el país dejó de ser el que presentaba la mayor tasa de paro de la Unión Europea tras ser superado por Finlandia, y por otro, logró situar su tasa de desempleo por debajo del 10%. Al mismo tiempo, la creación de empleo ha sido especialmente intensa si se compara con la de otras economías consideradas motores de Europa, como Alemania o Francia. Aun así, dentro del conjunto de la zona euro España representa aproximadamente el 13,5% de las personas ocupadas, según datos de Eurostat. Esta proporción queda por debajo de países como Alemania, que concentra el 25,4%, Francia con el 17,8% o Italia con el 14,7%, algo que resulta lógico dado que estos países cuentan con una población mayor. Sin embargo, la situación cambia al analizar los datos de desempleo. España concentra el mayor número de parados de la zona euro, con un 23% del total. Muy cerca se sitúa Francia con un 22,7%, mientras que Alemania y Italia se encuentran bastante por detrás, con un 15,4% y un 14% respectivamente. Además, todos estos países mantienen tasas de paro significativamente más bajas que la española, lo que refleja hasta qué punto el mercado laboral español ha sido históricamente un desafío para la economía europea. Mientras que el empleo suele evolucionar de forma relativamente proporcional al tamaño de la población, el desempleo en España presenta un comportamiento distinto. Si se revisan los datos históricos de Eurostat, en el año 2000, cuando el país estaba a punto de incorporarse al euro, España aportaba menos desempleados a la zona euro que Alemania, Francia o Italia. En los años siguientes se produjo una especie de competencia con Italia en cuanto al peso del desempleo, aunque ambos países continuaban por detrás de las otras dos grandes economías europeas. Esta situación cambió drásticamente a partir de 2008. La crisis financiera provocó un fuerte aumento del paro en España, hasta el punto de que llegó a concentrar alrededor del 30% de todos los desempleados de la zona euro. Este contexto explica por qué las reformas laborales se convirtieron en una de las principales exigencias de Bruselas hacia los distintos gobiernos españoles. Aunque el paro ha descendido en los últimos años, la reducción no ha sido suficiente para volver a los niveles previos a la Gran Recesión. En realidad, desde 2020 la zona euro en su conjunto ha logrado disminuir el desempleo a mayor ritmo que España. No obstante, el país se está acercando progresivamente a Francia, cuya economía atraviesa una etapa de inestabilidad política e institucional que también está repercutiendo en su mercado laboral. En cualquier caso, la mejora española debe interpretarse con cautela, ya que la reducción del paro parte de niveles inicialmente mucho más elevados. A modo de comparación, Francia presenta una tasa de paro cercana al 7,8%, aproximadamente dos puntos porcentuales por debajo de la española. Alemania también ha experimentado un ligero deterioro, aunque su peso en el total de desempleados de la zona euro sigue siendo el menor entre las grandes economías. Italia, por su parte, destaca por haber reducido notablemente su contribución al desempleo del área del euro, algo que coincide con el hecho de que su tasa de paro se encuentra en mínimos históricos. Esta evolución ha reforzado la percepción de que las economías del sur de Europa están afrontando con mayor solidez las incertidumbres que atraviesa el continente desde la guerra de Ucrania, en comparación con Francia y Alemania. No obstante, esta afirmación resulta más evidente en el caso de Italia que en el de España. El problema español no se limita únicamente a su tasa de paro, sino también al elevado volumen absoluto de desempleados en relación con el conjunto de la zona euro. Además, el paro en España ha demostrado ser especialmente volátil a lo largo del tiempo, lo que en periodos de crisis puede convertirse en un factor de debilidad para la estabilidad del euro. A mayor desempleo, mayor gasto en prestaciones sociales y mayor presión sobre el déficit público, un patrón que ya se observó durante la crisis de deuda de 2010. Por este motivo, las recomendaciones habituales de la Comisión Europea hacia España han insistido en la necesidad de introducir cambios en la normativa laboral que fomenten la contratación estable, así como en mejorar las políticas activas de empleo para facilitar que las personas desempleadas encuentren trabajo con mayor rapidez.

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(El Economista, 11-03-2026) | Laboral

El coste por hora trabajada aumentó un 3,2% a cierre de 2025 y acumula cuatro años y medio al alza

El coste por hora trabajada registró un incremento del 3,2% interanual durante el cuarto trimestre de 2025, de acuerdo con los datos del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este resultado se acumulan ya 18 trimestres consecutivos de subidas. En ese mismo periodo, el salario por hora trabajada también continuó aumentando y creció un 3,1% en comparación con el último trimestre de 2024. Este indicador calcula el coste laboral por cada hora efectivamente trabajada, incluyendo salarios, complementos, pagas extraordinarias, cotizaciones sociales e indemnizaciones. Su objetivo es ofrecer una medida comparable entre los países de la Unión Europea que permita analizar la evolución de los costes laborales y la productividad en el conjunto de los Veintisiete. En el caso de España, esta tendencia al alza se produce en un contexto marcado por sucesivos incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos años. Estas subidas han contribuido a elevar los salarios, aunque una parte importante del aumento del coste laboral se explica por el incremento de los gastos que asumen las empresas, especialmente en materia de cotizaciones a la Seguridad Social. De hecho, los costes no salariales crecieron incluso más que los salarios. Mientras el coste salarial aumentó, los otros componentes del coste laboral -como cotizaciones, prestaciones o indemnizaciones- se elevaron un 3,6%. Los mayores incrementos del coste por hora trabajada se registraron en las actividades financieras, con un 7,3%, seguidas del transporte y almacenamiento (6,8%), información y comunicaciones (5,6%), otros servicios (5,3%), actividades inmobiliarias (5,1%), servicios profesionales (5%), educación (4,9%), comercio mayorista (4,7%), actividades administrativas (4,2%) y construcción (4,1%). En comparación con el trimestre anterior, el coste laboral por hora creció un 2,6%. Este avance estuvo impulsado principalmente por el aumento del coste salarial, que subió un 5,4% debido al pago de la paga extraordinaria de Navidad. Este incremento compensó la caída registrada en otros costes laborales, que descendieron un 5% en ese mismo periodo.

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(Cinco Días, 11-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex rebota un 2,5% con el petróleo a la baja

Las expectativas de que el conflicto con Irán pueda concluir en un plazo relativamente corto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que la guerra "está casi terminada", han dado un respiro a los mercados financieros. Los inversores han recuperado parte de su apetito por el riesgo, lo que ha impulsado a las bolsas tras varias jornadas marcadas por la volatilidad. Al mismo tiempo, el precio del petróleo registra un fuerte descenso. En este contexto, el Ibex 35 avanza un 2,5 % y supera los 17.330 puntos, mientras que los principales índices europeos suben entre un 1,5 % y un 2 %. En Asia también se ha vivido una jornada positiva. El Shanghai Composite Index cerró con una subida del 0,65 %, el Hang Seng Index avanzó un 2,1 % y el Nikkei 225 ganó un 3 %. Además, los futuros del S&P 500 también han pasado a terreno positivo. La mejora del ánimo en los mercados se produjo después de que Trump señalara durante la madrugada del lunes al martes que el conflicto con Irán podría resolverse "muy pronto", aunque matizó que no espera que finalice en el transcurso de esta semana. Desde Irán, sin embargo, las autoridades han advertido de que están dispuestas a ampliar el enfrentamiento, lo que llevó al mandatario estadounidense a responder con amenazas de atacar al país "20 veces más fuerte". En medio de este intercambio de advertencias y mensajes contradictorios, el petróleo registra una caída cercana al 8 % -llegó a desplomarse hasta un 11 %- y se sitúa por debajo de los 92 dólares por barril tras la sesión especialmente volátil del lunes, cuando el mercado del crudo vivió fuertes oscilaciones. Aun así, el precio del petróleo acumula una subida superior al 50 % en lo que va de año. Estos movimientos reflejan hasta qué punto los mercados se han vuelto sensibles a cualquier noticia relacionada con el conflicto en Oriente Próximo. Los analistas advierten de que la volatilidad seguirá siendo elevada y que el barril de Brent crude podría tardar semanas en volver a los niveles previos a la guerra, incluso si el enfrentamiento termina pronto. Según Tony Sycamore, analista de IG en Sídney, la situación ha contribuido a reducir el pánico en el corto plazo, aunque considera difícil pensar que el conflicto esté cerca de resolverse por completo. A su juicio, el cambio en el tono de Trump, que pasó de exigir una rendición total a afirmar que la misión está prácticamente completada, ha ayudado a tranquilizar a los inversores. Dentro del mercado español, la única empresa que registra caídas es Repsol, con un retroceso cercano al 3 %. La petrolera ha presentado su nuevo plan estratégico, en el que prevé invertir hasta 10.000 millones de euros en tres años y repartir 3.600 millones en dividendos. En el lado contrario destacan las subidas de ArcelorMittal y Banco Santander, con avances cercanos al 6 %, seguidas por International Airlines Group, que gana alrededor de un 5 %. Algunos expertos consideran que el repunte actual responde más a un rebote tras el fuerte miedo al riesgo que a una recuperación plena de la confianza en los mercados. Dilin Wu, estratega de Pepperstone, señala que se trata más bien de un alivio temporal después de un episodio de fuerte aversión al riesgo. Otros analistas advierten de que el impacto económico del conflicto puede ir más allá del encarecimiento del petróleo, con posibles presiones inflacionarias que debiliten la demanda y obliguen a los bancos centrales a mantener políticas monetarias más restrictivas. En el plano geopolítico, Trump también indicó que podría levantar algunas sanciones relacionadas con el petróleo y anunció que la Marina de Estados Unidos escoltaría a los petroleros que atraviesen el Estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el transporte mundial de crudo y gas. Por su parte, el G7 ha asegurado que está dispuesto a adoptar medidas para garantizar el suministro energético, incluida la liberación de reservas estratégicas de petróleo si fuera necesario. Mientras tanto, en Irán los sectores más duros han cerrado filas en torno al nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí. La Guardia Revolucionaria ha advertido de que el bloqueo a las exportaciones de petróleo se mantendrá hasta que cesen los ataques estadounidenses e israelíes, en lo que se interpreta como un desafío directo a Washington. En este escenario de incertidumbre, algunos analistas consideran prematuro volver a apostar con fuerza por sectores de crecimiento hasta que haya señales claras de progreso en el conflicto, aunque reconocen que algunos inversores podrían empezar a buscar oportunidades a precios atractivos. En los mercados de divisas y materias primas, el dólar pierde fuerza mientras que el oro sube alrededor de un 1,5 % y se sitúa en torno a los 5.180 dólares la onza.

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