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(Cinco Días, 09-10-2026) | Fiscal

La banca aguarda la bendición de Hacienda para lanzar la cuenta de inversión con incentivos fiscales

La cuenta Financia Europa se ha aprobado, ha sido derogada y se ha recuperado en poco más de una semana, aunque todavía no está disponible para los inversores. El Congreso rechazó la iniciativa junto con las medidas relacionadas con el acceso a la vivienda, pero el Gobierno la recuperó cuatro días después mediante un nuevo decreto, con el mismo texto que el anterior. España, y en particular el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado esta iniciativa como un avance que responde a una demanda planteada desde hace meses por la Unión Europea. Para que pueda empezar a funcionar, todavía debe ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso y Hacienda debe aprobar una orden ministerial que detalle cómo las entidades financieras comunicarán a la Agencia Tributaria la información correspondiente. Por el momento, el Ministerio no ha fijado una fecha para publicar esa norma. La iniciativa ha quedado en segundo plano ante la atención generada por la crisis de la vivienda y la muerte de Maricarmen Abascal, pero podría convertirse en un instrumento relevante para los inversores. Las cuentas Financia Europa permitirán gestionar inversiones y reinvertir las ganancias sin tributar por las plusvalías en cada operación, de modo que los impuestos se aplacen hasta que se retire el dinero. Algunos expertos las comparan con las sicavs, aunque estarán abiertas a todo tipo de inversores, por lo que empiezan a conocerse como «minisicavs». Según los especialistas consultados, se trata de una de las reformas más importantes de la fiscalidad de la inversión desde 2002, cuando se permitió traspasar dinero entre fondos de inversión sin pagar impuestos por la operación. El Ministerio de Economía ha aprobado los cambios reglamentarios necesarios en el IRPF y en los procedimientos de gestión tributaria para establecer las obligaciones de información de las entidades financieras. Estas deberán comunicar anualmente los datos de los titulares, las aportaciones y retiradas de dinero, las ganancias y pérdidas, los saldos a 31 de diciembre, el valor liquidativo de las inversiones y las operaciones realizadas con los activos, incluidas las movilizaciones y cancelaciones. Ahora corresponde a Hacienda, bajo la dirección de Arcadi España, concretar el modelo de declaración y los detalles técnicos mediante una orden ministerial. Su aprobación es imprescindible para que las cuentas puedan comercializarse y contratarse. El propósito es que estos productos permitan reunir distintas modalidades de inversión en un mismo vehículo. En una primera fase, solo podrán incluir acciones negociadas en bolsas europeas, mientras se espera que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publique la relación de fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que podrán incorporarse. Las entidades financieras ya están estudiando cómo integrar las cuentas en su oferta comercial. Desde la firma de asesoramiento regulatorio finReg360 señalan que mantienen contactos con numerosas compañías para analizar tanto la estructura del producto como las posibilidades de comercialización. Trade Republic también sigue de cerca el desarrollo normativo. Su director general para España y Portugal, Pablo López, ha explicado que está en contacto con el equipo de desarrollo de producto de la entidad en Berlín para preparar el lanzamiento en cuanto Hacienda concrete los últimos detalles. Otras firmas, como MyInvestor, N26, Indexa Capital e InBestMe, están haciendo un seguimiento de la regulación con la intención de ofrecer estas cuentas cuanto antes. La expectativa se extiende a los brókeres y a los proveedores de fondos y ETF. Eduardo Escario, responsable de VanEck para España y Latinoamérica, apunta que la gestora ya dispone de productos que encajan en este tipo de inversión, como su fondo VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders, que reúne un centenar de acciones con dividendos y una presencia destacada de empresas europeas. Los bancos y las gestoras también analizan cómo incorporar el nuevo vehículo a sus catálogos. El sector considera que puede atraer importantes cantidades de ahorro hacia la economía productiva europea y generar nuevas oportunidades de negocio a través de las comisiones. No obstante, Inverco, la asociación española de instituciones de inversión colectiva, recuerda que los fondos deberán estar inscritos en el registro del supervisor para poder integrarse en estas cuentas. El éxito del producto dependerá, en buena medida, de la estrategia comercial de las entidades financieras. Fuentes relacionadas con su diseño sostienen que será fundamental que bancos y plataformas lo promocionen activamente, de forma similar a las campañas de planes de pensiones. También advierten de que la incertidumbre política podría afectar a su continuidad después de las elecciones. Desde finReg360, Fernando Alonso, socio de estrategia y operaciones, considera que sería una lástima que una medida con potencial para impulsar los mercados de capitales europeos quedara condicionada por la inestabilidad política y regulatoria desde su puesta en marcha. Las cuentas permitirán invertir hasta 150.000 euros en distintos activos, como acciones, fondos y ETF, sin tributar por las plusvalías generadas en cada operación mientras el dinero permanezca dentro del vehículo. La tributación se producirá cuando el inversor retire los fondos, con ventajas fiscales significativas: los primeros 10.000 euros de plusvalías estarán totalmente exentos y el resto podrá beneficiarse de una reducción del 20%, siempre que hayan transcurrido más de cinco años. Así, si se obtienen 20.000 euros de ganancias, solo tributarán 8.000. Fuera de este sistema, una plusvalía de ese importe estaría sujeta a los tipos habituales del ahorro, del 19% para los primeros 6.000 euros y del 21% para los 14.000 restantes. Los dividendos, sin embargo, seguirán tributando en el IRPF con las retenciones y los tipos vigentes. En el caso de los fondos que puedan incluirse en estas cuentas, al menos el 70% de la inversión deberá destinarse a activos del Espacio Económico Europeo, un mínimo del 50% tendrá que estar invertido en bolsa y el 35% deberá corresponder a acciones de países de ese ámbito. Esto permite mantener parte de la cartera en bonos o acciones estadounidenses, siempre que no se incumplan los porcentajes establecidos. Las cuentas, por su parte, no admitirán inversiones directas en bonos. Sara Gutiérrez Campiña, socia cofundadora de finReg360, cuestiona esta limitación y considera que excluir la renta fija no parece imprescindible para impulsar la financiación de la economía europea, dado que la deuda pública y corporativa también puede canalizar el ahorro hacia la actividad productiva.

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(Expansión, 09-10-2026) | Fiscal

¿Vender o seguir alquilando? El cálculo fiscal que cambia tras el nuevo decreto de vivienda

El Gobierno ha recuperado sus reformas en materia de vivienda durante la disolución de las Cortes y pretende que la Diputación Permanente decida sobre su convalidación. Los cambios previstos en las indemnizaciones a los inquilinos y en las reducciones del IRPF por el alquiler obligan a los pequeños propietarios a revisar sus cálculos para decidir si les conviene mantener sus viviendas arrendadas o venderlas. Cientos de miles de propietarios particulares se enfrentan a una decisión que puede tener importantes consecuencias económicas: continuar alquilando sus inmuebles o ponerlos a la venta. La publicación en el Boletín Oficial del Estado de los Reales Decretos-leyes 28/2026 y 29/2026 introduce cambios que alteran la rentabilidad de ambas opciones. La tramitación de estas medidas se produce en un contexto de fuerte controversia política. Después de que el Parlamento rechazara los textos originales el pasado 29 de septiembre y de las posteriores movilizaciones ciudadanas, el presidente del Gobierno disolvió las Cortes y convocó elecciones anticipadas. Sin embargo, el Ejecutivo aprobó al día siguiente dos nuevos decretos con el objetivo de someterlos a la Diputación Permanente para su convalidación. Al margen de la polémica institucional, las medidas planteadas modifican las condiciones económicas del mercado inmobiliario. Por un lado, recuperar una vivienda para venderla al finalizar el contrato de alquiler podría resultar más costoso. Por otro, mantenerla arrendada con una reducción de la renta permitiría acceder a importantes ventajas fiscales. Hasta ahora, muchos propietarios aprovechaban el vencimiento del contrato para recuperar el inmueble y venderlo. El Real Decreto-ley 28/2026 modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y establece nuevas condiciones para la continuidad de los arrendamientos. Una vez transcurridos los cinco años de duración obligatoria del contrato, o siete cuando el arrendador sea una persona jurídica, el alquiler se prorrogaría automáticamente por periodos sucesivos de cinco años, salvo que el propietario comunicara su voluntad de no renovarlo con seis meses de antelación. Si decide recuperar la vivienda para venderla o por otros motivos que no respondan a una necesidad personal o familiar justificada, tendría que indemnizar al inquilino. La compensación se calcularía aplicando el importe más elevado entre doce mensualidades de renta, determinadas conforme a las condiciones previstas en la norma, y una mensualidad por cada año de residencia del arrendatario en el inmueble. Además, la venta no eliminaría este derecho, ya que el comprador asumiría las obligaciones correspondientes. Esta circunstancia podría afectar al precio de venta de las viviendas que se transmitan con inquilinos cuyos contratos estén próximos a finalizar. Frente a estas condiciones, el Real Decreto-ley 29/2026 introduce incentivos fiscales para los propietarios que opten por mantener sus inmuebles en alquiler. La modificación del artículo 23.2 de la Ley del IRPF contempla una reducción del 100% del rendimiento neto para determinados arrendadores particulares que formalicen un nuevo contrato con una rebaja superior al 5% respecto a la renta anterior o alquilen a un nuevo inquilino por debajo del índice de referencia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. En estos supuestos, el rendimiento neto del alquiler quedaría íntegramente reducido a efectos del IRPF, de modo que el propietario no tendría que tributar por esos ingresos. Por el contrario, los arrendadores que incrementen las rentas podrían beneficiarse de porcentajes de reducción inferiores, que variarían en función de las condiciones aplicables y podrían descender hasta el 15% si la subida supera el 20%. Las diferencias se aprecian en un ejemplo práctico. Un propietario que tribute a un tipo marginal del 37% y alquile su vivienda por 1.000 euros mensuales obtendría unos ingresos anuales de 12.000 euros. Si sus gastos deducibles ascienden a 2.500 euros, el rendimiento neto sería de 9.500 euros. Si mantiene la renta sin cambios y aplica una reducción fiscal del 50%, la base sometida a tributación sería de 4.750 euros. Con un tipo marginal del 37%, el impuesto ascendería a 1.757,50 euros y el rendimiento neto después de ese pago quedaría en 7.742,50 euros. En cambio, si reduce el alquiler un 6%, hasta los 940 euros mensuales, sus ingresos anuales bajarían a 11.280 euros y el rendimiento neto, después de descontar los mismos gastos, sería de 8.780 euros. Si cumple las condiciones para aplicar la reducción del 100%, no tendría que pagar IRPF por ese rendimiento. De esta forma, pese a ingresar 720 euros brutos menos al año, acabaría disponiendo de 1.037,50 euros más después de impuestos que si hubiera mantenido la renta inicial. La alternativa de vender la vivienda también presenta obstáculos regulatorios y fiscales. La reforma del artículo 25 de la LAU refuerza el derecho de tanteo y retracto del inquilino e impide renunciar a él mediante una cláusula contractual. En consecuencia, cuando proceda este derecho, el arrendatario dispondrá de 30 días para adquirir preferentemente el inmueble en las condiciones comunicadas por el propietario. Además, la venta genera una ganancia patrimonial que tributa en la base del ahorro del IRPF, con tipos progresivos del 19% al 28% sobre la plusvalía obtenida, a lo que puede añadirse el impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. El decreto también actualiza los coeficientes máximos aplicables a determinadas transmisiones de larga duración, con un multiplicador de hasta 0,30 para periodos de generación de veinte años o más. La normativa contempla una excepción fiscal para determinadas ventas de inmuebles a las administraciones públicas. La nueva disposición adicional sexagésima quinta de la Ley del IRPF prevé una exención del 100% de la ganancia patrimonial para operaciones relativas a inmuebles de hasta 200.000 euros y exenciones parciales en determinados casos de hasta 800.000 euros. Para acogerse a este beneficio, se exige que el comprador sea una Administración pública y que la vivienda haya permanecido desocupada de forma continuada durante los dos años anteriores a la transmisión.

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(Expansión, 09-10-2026) | Fiscal

Bruselas descarta dar más flexibilidad fiscal a los países por la crisis energética

El comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, ha descartado conceder una mayor flexibilidad fiscal a los Estados miembros para hacer frente a la crisis energética. Bruselas considera que ampliar las excepciones a las reglas de gasto podría debilitar la credibilidad del marco presupuestario comunitario y poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, que considera un activo fundamental para la Unión Europea. Dombrovskis trasladó este mensaje durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Eurogrupo celebrada en Luxemburgo, en la que participaron los ministros de Finanzas de los países de la zona euro. El comisario letón defendió la necesidad de mantener la disciplina presupuestaria en un momento en el que los mercados financieros prestan especial atención a la rentabilidad de la deuda europea y persiste el riesgo de nuevas tensiones financieras. El responsable económico de la Comisión Europea advirtió de que conceder nuevas excepciones de forma recurrente podría generar dudas sobre el compromiso de los Estados miembros con las reglas fiscales. A su juicio, la credibilidad de las políticas destinadas a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas no debe ponerse en peligro mediante una ampliación continuada de los márgenes de gasto. La negativa de Bruselas llega después de que los primeros ministros de Grecia e Italia, Kyriákos Mitsotákis y Giorgia Meloni, solicitaran por carta una mayor capacidad presupuestaria para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra de Irán. Ambos dirigentes alertaron del impacto que el encarecimiento de la energía está teniendo sobre los hogares y las empresas, una situación que se ha agravado en los últimos meses. En su petición, los dos mandatarios defendieron que la respuesta europea no puede limitarse a reducir el consumo energético y reclamaron un abanico más amplio de medidas para afrontar la crisis. Dombrovskis aseguró haber tomado nota de sus demandas, pero recordó que el marco fiscal reformado ya incorpora mecanismos de flexibilidad automática para responder a las circunstancias económicas, de modo que una desaceleración de la actividad o un aumento de los costes por intereses no obligan necesariamente a adoptar medidas presupuestarias compensatorias adicionales. La Comisión Europea permitió este verano que los Estados miembros destinaran hasta 0,3 puntos porcentuales del PIB a medidas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, dentro de una cláusula de salvaguardia fiscal de hasta 1,5 puntos del PIB inicialmente concebida para financiar el gasto en defensa. Sin embargo, Bruselas mantiene sus reservas ante las ayudas generalizadas al consumo de combustibles fósiles, como las aplicadas por España y las que Italia y Grecia aspiran a poner en marcha con un mayor margen presupuestario. Dombrovskis argumentó que las subvenciones generalizadas no solo supondrían un elevado coste para las cuentas públicas, sino que también podrían estimular la demanda energética y presionar al alza los precios. Por ello, defendió que las ayudas deben dirigirse a quienes más las necesitan, aunque reconoció que la cuestión seguirá debatiéndose en el ámbito europeo.

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(El Economista, 09-10-2026) | Fiscal

Cuerpo abre la puerta a solicitar más margen fiscal a la UE para las ayudas energéticas

La crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio ha llevado a los Gobiernos a estudiar medidas para reducir el impacto económico y apoyar a los hogares. En este contexto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que España está estudiando la posibilidad de solicitar a Bruselas una mayor flexibilidad en las reglas fiscales para financiar ayudas relacionadas con la energía. A su llegada a la reunión del Eurogrupo celebrada en Luxemburgo, Cuerpo ha explicado que el Ejecutivo analiza los márgenes de flexibilidad que contempla la normativa fiscal europea, tanto para el gasto en defensa como para el energético. Según ha indicado, España dispone de «gastos elegibles» en este último ámbito, por lo que el Gobierno evaluará las medidas y recurrirá a esas posibilidades si considera que resulta necesario. El ministro también se ha mostrado dispuesto a estudiar la propuesta de Italia para ampliar el margen fiscal destinado a las ayudas energéticas. Cuerpo ha aludido a la situación excepcional derivada de la guerra en Irán y ha defendido la necesidad de mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, al tiempo que se responde a sus consecuencias económicas. Asimismo, ha destacado la solidez de la economía española, tanto por su crecimiento como por la responsabilidad presupuestaria, y ha afirmado que estos factores están contribuyendo a proteger al país frente a las turbulencias registradas en los mercados financieros durante las últimas semanas. En cuanto a las negociaciones del próximo presupuesto comunitario, Cuerpo ha asegurado que España mantendrá su posición hasta el final. Aunque ha reconocido que se avecinan meses complicados, ha defendido la voluntad del Gobierno de presentar propuestas que permitan acercar posturas y facilitar un acuerdo, pese a que España pasará a ser contribuyente neto al presupuesto de la Unión Europea. Según ha subrayado, el Ejecutivo ya está planteando iniciativas para generar suficiente margen de negociación y alcanzar un consenso.

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(El País, 09-10-2026) | Fiscal

La UE urge a bajar los impuestos a la electricidad para hacerla más atractiva frente a los combustibles fósiles

La Unión Europea busca hacer frente a la creciente saturación de sus redes eléctricas, en un contexto marcado por el avance de la electrificación industrial y el aumento de la demanda de los centros de datos. Una propuesta normativa elaborada por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, alerta de una posible falta de capacidad en los puntos de conexión y contempla que los reguladores puedan establecer prioridades para decidir qué usuarios acceden a la red cuando no haya recursos suficientes. El texto también plantea reducir los impuestos sobre la electricidad para que su carga fiscal sea inferior a la del gas y los carburantes, con el objetivo de acelerar la transición energética. La nueva crisis energética, la segunda de gran magnitud en cinco años, vuelve a poner de manifiesto la dependencia europea de los combustibles fósiles importados. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido durante las crisis del petróleo de los años setenta, actualmente existen alternativas tecnológicas para reducir esa dependencia. Según los últimos cálculos de la Universidad de Oxford, el 75% de la demanda energética actual podría electrificarse con tecnologías disponibles. Para aprovechar ese potencial, no obstante, será necesario superar las barreras existentes y adoptar medidas económicas que faciliten el cambio. Uno de los principales objetivos de la propuesta comunitaria es reducir la carga fiscal que soporta la electricidad para mejorar su competitividad frente a los combustibles fósiles. El documento mantiene el principio de que la electricidad no debe estar gravada por encima de combustibles como el gas natural. Además, contempla revisar el sistema de cálculo de los peajes de acceso a las redes y permite que los Estados asuman con recursos públicos parte de los costes correspondientes a determinados consumidores. El encarecimiento del petróleo y el gas, impulsado por los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, ha ampliado las ventajas económicas de utilizar electricidad en lugar de combustibles fósiles. Los propietarios de vehículos eléctricos o de sistemas de calefacción por aerotermia pueden comprobar el ahorro que supone esta alternativa. Sin embargo, cuando los precios energéticos se estabilizan, esa diferencia puede reducirse, en parte debido a unos sistemas tributarios que no siempre favorecen la electrificación. La propuesta europea señala que el ritmo de sustitución de los combustibles fósiles depende, entre otros factores, del coste de la electricidad, condicionado tanto por los peajes de red como por los impuestos aplicados a las facturas. Por ello, insta a los Estados miembros a garantizar un tratamiento fiscal más favorable para la electricidad que para el gas natural, de manera que los precios incentiven la electrificación de la economía comunitaria. El documento también advierte de que la transición hacia un modelo energético basado en la electricidad en los hogares, el transporte y la industria encuentra obstáculos cuando la fiscalidad nacional beneficia a los combustibles fósiles. Según el texto, este desequilibrio desincentiva la adopción de soluciones energéticas más económicas, renovables y con menores emisiones de carbono. España, pese a disponer de un importante potencial renovable y de unos costes de generación que pueden ser inferiores a los de buena parte de Europa, tampoco cuenta con un sistema fiscal especialmente favorable para extender la electrificación a todos los usos. En los últimos meses se han adoptado algunas medidas, como la eliminación progresiva del impuesto del 7% sobre la producción eléctrica y la reducción temporal del IVA de la factura de la luz al 10%, frente al tipo habitual del 21%, para amortiguar el impacto de la crisis energética. Sin embargo, la fiscalidad española sigue penalizando menos a los carburantes que la aplicada en numerosos países del centro y el norte de Europa. El eurodiputado socialista Nicolás González Casares defiende que la política tributaria debe acompañar los esfuerzos de hogares y empresas para sustituir los combustibles fósiles por electricidad. A su juicio, no resulta coherente impulsar la electrificación de la economía mientras los impuestos desincentivan esa decisión. La propuesta, no obstante, permitiría que la Comisión Europea autorizase aplazamientos cuando un Estado justificase circunstancias nacionales específicas, incluida su situación presupuestaria. Otro de los factores que influyen en el precio de la electricidad es el funcionamiento del mercado mayorista europeo. El sistema marginalista, en el que la última tecnología necesaria para cubrir la demanda determina el precio de la electricidad para el conjunto del mercado, ha contribuido durante años a impulsar la entrada de energías renovables. Sin embargo, en periodos de tensión energética, el encarecimiento del gas se traslada al resto del mercado y eleva los precios durante buena parte del día, con la excepción de las horas de mayor producción solar. La distribución de la capacidad disponible en las redes constituye otro de los grandes desafíos. La Unión Europea quiere dotar a los reguladores de herramientas para frenar las solicitudes especulativas de conexión, exigir que los proyectos tengan un grado suficiente de madurez y establecer prioridades cuando no sea posible atender todas las peticiones. Entre las categorías de usuarios que recoge la propuesta figuran los hogares, las pequeñas y medianas empresas, los servicios públicos y sociales, las comunidades energéticas, los centros de datos, las industrias con un elevado consumo eléctrico y el sector del transporte. Los criterios para asignar la capacidad deberán ser objetivos, transparentes y no discriminatorios. También podrán tener en cuenta el efecto de cada proyecto sobre la congestión de la red, así como sus costes y beneficios económicos, ambientales, de seguridad y sociales. Este cambio puede tener especial relevancia para España, que compite por atraer inversiones en centros de datos. Según González Casares, las solicitudes de acceso a la red para estas instalaciones ascienden a unos 22 gigavatios (GW), aunque solo alrededor de tres gigavatios corresponderían a proyectos suficientemente sólidos como para ejecutarse antes de 2030. La reforma también pretende que las tarifas eléctricas reflejen mejor el coste que supone para el sistema la forma en que se consume la energía. Para ello, la expansión de los contadores inteligentes será fundamental. La propuesta establece como objetivo alcanzar una cobertura mínima del 50% de los consumidores finales en 2030 y del 75% en 2033, con plazos más amplios para los países que partan de una implantación inferior al 30%. El propósito es que las tarifas transmitan señales que animen a reducir los picos de demanda y favorezcan el almacenamiento energético y una utilización más flexible de la red. De este modo, la factura eléctrica dejaría de depender principalmente de la cantidad de kilovatios hora consumidos para incorporar también factores como el momento, el lugar y las condiciones en las que se utiliza la infraestructura eléctrica.

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(Expansión, 09-10-2026) | Laboral

El Gobierno acelera para aprobar la subida del salario mínimo a más de 1.270 euros al mes

Yolanda Díaz ha dado al comité de expertos menos de un mes para que concrete su recomendación sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027. El incremento deberá garantizar, como mínimo, el mantenimiento del poder adquisitivo frente a la inflación, aunque la vicepresidenta segunda del Gobierno no descarta una revalorización superior al IPC. Las tres posibilidades que maneja actualmente el Ejecutivo supondrían elevar el salario mínimo por encima de los 1.270 euros mensuales en catorce pagas, dependiendo del criterio que adopte el comité de expertos. La decisión estará condicionada por la evolución de los precios y por el indicador de inflación que se tome como referencia. Las últimas previsiones sitúan el IPC medio de 2026 en el 3,7%, según BBVA Research, mientras que el Banco de España mantiene su estimación en el 3,6%. Otra alternativa sería utilizar la tasa interanual del último mes del año, tomando como referencia el dato adelantado de octubre, que podría superar el 3,7% después de que la inflación escalara al 4,9% en septiembre, o establecer un porcentaje intermedio. A partir de los 1.221 euros mensuales actuales, una subida del 3,7% situaría el SMI en 1.266 euros, lo que supondría un incremento de 45 euros al mes. Si la revalorización alcanzara el 4%, la cuantía se aproximaría a los 1.270 euros, con casi 49 euros adicionales. En el supuesto de que el aumento fuera del 5%, el salario mínimo llegaría a los 1.282 euros mensuales, 61 euros más que en la actualidad. La principal incógnita es qué factores tendrán mayor peso en la recomendación de los expertos. En anteriores revisiones, uno de los argumentos centrales era cumplir el objetivo recogido en la Carta Social Europea de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio. Este criterio contribuyó, por ejemplo, a que la subida aplicada el año pasado fuera del 3,1%, frente a una inflación del 2,7% al cierre del ejercicio. Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó durante la presentación de los trabajos de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI que el encargo de este año prioriza garantizar que los trabajadores que perciben el salario mínimo no pierdan poder adquisitivo, vinculando su evolución al incremento de los precios. La inflación de septiembre, que alcanzó el 4,9%, ya supera los aumentos salariales medios pactados en convenio, del 3% en el conjunto de los acuerdos y del 3,7% en aquellos firmados durante 2026. Por ello, la trayectoria de los precios en los próximos meses será determinante para establecer la cuantía de la revalorización. Díaz también señaló que el comité de expertos deberá analizar este año cómo influye el salario mínimo en los ingresos de los hogares más vulnerables, teniendo en cuenta el encarecimiento de partidas esenciales como la energía, el transporte y la vivienda. Esta evaluación podría favorecer una propuesta más próxima a la inflación prevista al cierre del ejercicio que a la media anual, situada en el 3,4% hasta septiembre. El calendario de los trabajos se ha acelerado debido al adelanto electoral. La ministra reconoció que el comité deberá concluir su informe antes del 31 de octubre o, como muy tarde, después del día de Todos los Santos. De esta forma, el Gobierno pretende disponer de una propuesta de subida antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Una vez conocida la recomendación, el Ministerio de Trabajo convocará a sindicatos y organizaciones empresariales para abordar el incremento en la mesa de diálogo social. Este trámite busca facilitar un acuerdo, aunque la decisión final corresponde al Ejecutivo, que puede aprobar la subida mediante real decreto sin necesidad de someterla a la convalidación del Congreso. La premura de los plazos deja al Gobierno dos opciones: aprobar la nueva cuantía del salario mínimo pocos días antes de las elecciones o anunciar la propuesta y aplazar la decisión definitiva hasta conocer el resultado de los comicios y la composición del próximo Ejecutivo. Aunque Díaz defendió que tanto el encargo al comité como una posible aprobación antes de las elecciones respetarían el calendario habitual de revisión del SMI, en los últimos años el decreto se ha aprobado una vez iniciado el ejercicio y con efectos retroactivos. En 2026, por ejemplo, recibió el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros el 16 de febrero. Begoña Cueto, coordinadora de la Comisión Asesora, reconoció que los expertos trabajan con plazos ajustados, pero destacó que la experiencia acumulada en informes anteriores permite realizar los cálculos con rapidez y rigor. Por último, el Ministerio de Trabajo no ha aclarado si impulsará de forma paralela la prohibición de compensar o absorber las subidas del salario mínimo mediante determinados complementos salariales. Esta medida se había comprometido con los sindicatos para 2026, pero su inclusión en la norma de transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos ha retrasado su tramitación durante el año. Al estar prevista su aprobación mediante real decreto, no sería necesario someterla a la Diputación Permanente.

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(El Economista, 09-10-2026) | Laboral

Cada punto que aumenta el precio de la vivienda reduce en un 1,8 la llegada de trabajadores

El encarecimiento de la vivienda está condicionando cada vez más la movilidad laboral en España. Las provincias que concentran una mayor creación de empleo y que tradicionalmente han atraído a trabajadores de otras regiones y del extranjero también registran importantes incrementos en los precios de los alquileres. Esta situación dificulta la cobertura de vacantes, ya que cada vez más profesionales se plantean si les compensa aceptar un puesto en un territorio donde tendrían que destinar una parte mayor de su salario a pagar la vivienda. Un informe del Banco de España cuantifica el impacto de este fenómeno. Según sus estimaciones, un incremento del 1% en el precio real medio del alquiler en las provincias que suelen recibir población migrante reduce un 1,8% los desplazamientos de trabajadores entre territorios españoles y un 5% la llegada de inmigrantes al país. Además, el encarecimiento de la vivienda aumenta un 0,4% las salidas de trabajadores desde esas provincias hacia otros puntos de España. Las dificultades para acceder a una vivienda están condicionando dónde se instalan los trabajadores, que no siempre pueden trasladarse a los territorios donde sus capacidades profesionales son más necesarias. El organismo supervisor analizó la evolución entre 2014 y 2024 y concluyó que el incremento de los alquileres ha alterado la distribución de los movimientos migratorios entre provincias, el volumen total de la movilidad laboral interna y la llegada de trabajadores procedentes del extranjero. Este proceso también puede tener consecuencias negativas para la productividad de la economía española. Diversos estudios académicos advierten de que las zonas más productivas suelen ofrecer salarios más elevados, pero también soportan mayores costes de vivienda. Si el encarecimiento residencial dificulta la llegada de profesionales a estos territorios y favorece su desplazamiento hacia regiones menos productivas, la productividad agregada del país puede resentirse. Asimismo, una menor concentración de trabajadores en los principales polos económicos limita las ventajas que genera la aglomeración de empresas y profesionales, un fenómeno que favorece la productividad y el crecimiento de los salarios. El análisis del Banco de España también revela que un aumento de un punto porcentual en los precios del alquiler reduce un 0,6% los flujos de trabajadores procedentes de otras provincias hacia el territorio que registra ese encarecimiento. Los resultados apuntan a una redistribución geográfica de la movilidad laboral vinculada a las diferencias en la evolución de los alquileres, que estarían reduciendo la capacidad de algunas provincias para atraer talento nacional e internacional. Los datos de contratación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reflejan cambios en los desplazamientos laborales entre territorios. En 2025, Cataluña registró por primera vez un saldo negativo, al enviar más trabajadores a otras comunidades de los que recibió, con un balance de unos 8.000 contratos. La Comunidad de Madrid continúa encabezando la clasificación de territorios receptores, favorecida por su condición de capital y su concentración de actividad económica. La Comunidad Valenciana, por su parte, ha reducido su saldo emisor en los últimos años, aunque todavía se sitúa en torno a los 30.000 contratos negativos. Las comunidades insulares mantienen su capacidad de atracción en términos agregados, especialmente Baleares. Durante el último año se formalizaron más de 2,5 millones de contratos que implicaron un cambio de provincia y más de 1,8 millones asociados a un desplazamiento entre comunidades autónomas. Según el último informe disponible del SEPE, los contratos con movilidad interprovincial aumentaron un 4,6%, mientras que los que conllevaron un cambio de comunidad autónoma crecieron un 5,08%. La tasa de movilidad laboral se situó en el 16,56%, más de tres puntos por encima del nivel registrado en 2016. Algunas comunidades presentan porcentajes considerablemente superiores, como La Rioja, con un 29%, y Castilla-La Mancha, con un 24,2%. Más allá del coste de la vivienda, que el SEPE no incorpora directamente a sus estadísticas de movilidad, la disposición de los trabajadores a cambiar de residencia para aceptar un empleo sigue siendo limitada. Esta circunstancia dificulta que las empresas encuentren candidatos para cubrir determinados puestos. El organismo identifica entre las causas más habituales la escasez de aspirantes disponibles, la falta de experiencia profesional y las carencias de competencias técnicas. En algunas actividades también influyen las condiciones laborales, el relevo generacional y las dificultades para desplazarse geográficamente, factores que reflejan el carácter estructural del problema. La movilidad tampoco afecta por igual a todos los colectivos. Los desplazamientos entre provincias son más frecuentes que los cambios de comunidad autónoma y los hombres representan aproximadamente dos tercios de los contratos que implican movilidad. Por edades, los menores de 30 años concentran el 40% de los contratos asociados a un cambio de residencia. En cuanto al nivel formativo, no existe un patrón único: el 45% de estos contratos corresponde a trabajadores con estudios primarios, aunque también destaca la presencia de profesionales con formación superior. En conjunto, los datos muestran que la movilidad laboral se concentra en los principales polos de actividad económica, precisamente aquellos donde el encarecimiento de la vivienda puede convertirse en un obstáculo creciente para atraer trabajadores.

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(El Economista, 09-10-2026) | Laboral

Los fijos discontinuos suman el 54,5% de los contratos fraudulentos que regulariza la Inspección de Trabajo

La reforma laboral convirtió los contratos fijos discontinuos en la principal alternativa a la contratación temporal para cubrir campañas y actividades estacionales. Esta modalidad permite establecer una relación laboral indefinida, aunque contempla periodos de inactividad durante los cuales el trabajador no percibe salario ni cotiza por ese empleo, y puede acceder a la prestación por desempleo si cumple los requisitos. Cuatro años después de la reforma, los fijos discontinuos se han convertido en uno de los principales focos de la Inspección de Trabajo en la lucha contra el fraude en la contratación. Los datos del organismo apuntan a que parte de los abusos asociados anteriormente a los contratos temporales podría haberse trasladado a esta figura. Según la memoria anual de la Inspección de Trabajo, en 2025 se obligó a transformar 61.655 contratos fijos discontinuos utilizados de forma irregular en contratos indefinidos ordinarios, frente a 51.526 contratos temporales que también fueron regularizados. De este modo, los fijos discontinuos representaron el 54,5% de las conversiones realizadas. La tendencia ya se había manifestado en 2024, cuando esta modalidad superó por primera vez a la contratación temporal, con 89.959 conversiones frente a 77.787, el 53,6% del total. El peso de estas regularizaciones resulta significativo si se compara con la presencia de los fijos discontinuos en el mercado laboral. Su proporción sobre el conjunto de los asalariados oscila aproximadamente entre el 5% y el 6%, dependiendo del mes. Entre los nuevos contratos, su participación varía más debido a la estacionalidad, con porcentajes que habitualmente se sitúan entre el 12% y el 15%. En 2022, cuando entró en vigor la reforma laboral, la actividad inspectora todavía se concentraba principalmente en detectar irregularidades en la contratación temporal. Ese año se transformaron en indefinidos 229.984 contratos eventuales, mientras que las regularizaciones de fijos discontinuos ascendieron a 27.140, apenas el 10,6% del total. Hay que tener en cuenta que los datos de ese ejercicio solo recogen las actuaciones correspondientes al periodo comprendido entre octubre y diciembre. La evolución cambió rápidamente. En 2023, los contratos temporales regularizados descendieron a 81.933, mientras que los fijos discontinuos aumentaron hasta 60.016, equivalentes al 42,3% de las conversiones. En 2024, las regularizaciones de contratos eventuales volvieron a reducirse, hasta 77.787, mientras que las de fijos discontinuos alcanzaron su máximo, con 89.959. En 2025 disminuyeron las conversiones de ambas modalidades. El número total pasó de 167.746 a 113.181, un descenso del 32,5%. Las regularizaciones de fijos discontinuos cayeron un 31,5%, mientras que las de temporales retrocedieron un 33,8%, por lo que los primeros aumentaron su peso relativo. Si se compara con 2023, primer año completo de aplicación de la reforma, las conversiones de contratos temporales han disminuido un 37,1%, mientras que las de fijos discontinuos han aumentado un 2,7%. La evolución presenta algunas diferencias según el sexo de los trabajadores afectados. En 2023, los fijos discontinuos representaban el 41,1% de los contratos regularizados entre los hombres y el 43,8% entre las mujeres. En 2024, ambos porcentajes se situaron en torno al 54%, coincidiendo con un fuerte aumento de las conversiones: entre los hombres pasaron de 33.327 a 50.816 y entre las mujeres, de 26.689 a 39.143. Durante 2025, las regularizaciones disminuyeron en ambos grupos, aunque el retroceso fue mayor entre las mujeres, con una caída del 33,7%, frente al 29,7% entre los hombres. Como resultado, los contratos fijos discontinuos ya representan el 56,9% de las conversiones correspondientes a trabajadores varones y el 51,5% de las realizadas entre las mujeres. Esta evolución se relaciona con el creciente peso femenino en algunas de las actividades económicas que recurren a esta modalidad contractual. La Inspección de Trabajo detecta posibles irregularidades por dos vías, aunque la principal no requiere una visita presencial del inspector. Desde octubre de 2022, el organismo desarrolla planes de choque anuales basados en el cruce de datos sobre altas, bajas y cotizaciones a la Seguridad Social. Estos análisis permiten identificar a trabajadores que han permanecido dados de alta en una misma empresa durante al menos diez meses y medio del último año, una circunstancia que puede indicar que el puesto responde a una necesidad permanente y debería cubrirse mediante un contrato indefinido ordinario. Cuando detecta estos casos, la Inspección envía una comunicación a la empresa para que regularice la situación en el plazo de un mes. Si no lo hace, se inicia una actuación inspectora. Este procedimiento explica buena parte de las conversiones registradas: en 2025, las cartas remitidas a las empresas propiciaron la regularización de 42.227 contratos fijos discontinuos, el 68,5% del total. En 2022, durante el primer plan de choque, este mecanismo permitió regularizar 26.593 de los 27.140 contratos detectados. Las restantes 19.428 conversiones realizadas en 2025 procedieron de las actuaciones ordinarias de los inspectores, cuya actividad también se ha intensificado. En 2022, la Inspección creó una infracción específica para perseguir el uso indebido de los contratos fijos discontinuos. Desde entonces, las actuaciones iniciadas por este motivo han pasado de 5.265 en 2023 a aproximadamente 10.600 en 2025, lo que supone duplicar su número en dos años. Cada actuación corresponde a una empresa y puede afectar a varios trabajadores.

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(Cinco Días, 09-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los costes disparatados del transporte impiden la caída del ‘brent’: añaden hasta 35 dólares a cada barril

Los países del golfo Pérsico parecen haber encontrado una vía para sortear el control que Irán mantiene sobre el estrecho de Ormuz. La navegación por aguas próximas a la costa de Omán, bajo la vigilancia de la armada estadounidense, se ha consolidado como una alternativa para mantener las exportaciones de crudo, que se acercan de nuevo a los niveles anteriores al inicio de la guerra. Sin embargo, esta recuperación del tráfico no significa que el transporte sea más sencillo. Evitar los ataques iraníes obliga en algunos casos a realizar operaciones de trasvase de petróleo entre buques, una práctica que mantiene a parte de la flota inmovilizada y reduce la disponibilidad de petroleros para otras rutas. La amenaza sobre la navegación tampoco ha desaparecido y, ante la imposibilidad de cerrar por completo el paso por Ormuz, Irán ha intensificado sus ataques contra los barcos petroleros. Esta situación ayuda a explicar por qué el precio del petróleo continúa alrededor de los 100 dólares por barril pese a la recuperación de los flujos de crudo. Al coste de la propia materia prima se suman ahora unas tarifas de transporte mucho más elevadas y una importante prima de riesgo ante la posibilidad de nuevos ataques. El petróleo es un producto físico, pero su precio se determina también en los mercados financieros, donde las expectativas sobre la evolución del conflicto tienen un peso considerable. "El conflicto comenzó con una crisis del crudo. Después pasó a convertirse en una crisis de productos derivados y ahora, aunque vuelve a salir más petróleo de Oriente Próximo, estamos ante una crisis del transporte marítimo", señaló esta semana Russell Hardy, consejero delegado de Vitol. La falta de petroleros se ha convertido en uno de los principales problemas. Las operaciones de transferencia de carga entre barcos obligan a mantener buques esperando durante días o incluso semanas para completar los cargamentos. Aunque el estrecho de Ormuz ya no está completamente bloqueado, estas demoras generan incertidumbre y reducen la flota disponible, elevando tanto los fletes como el coste de los seguros. La diferencia respecto a la situación anterior a la guerra es especialmente significativa. En 2025, contratar un superpetrolero para transportar crudo desde Estados Unidos hasta Asia costaba de media unos 9,2 millones de euros, mientras que ahora la cifra alcanza los 77 millones, según los datos del Baltic Exchange de Londres. ING considera que la apertura de un corredor protegido por aguas omaníes ha permitido recuperar parte de las exportaciones y del movimiento de buques, pero también ha añadido presión a un mercado de transporte que ya se encontraba tensionado. El encarecimiento resulta todavía mayor en los grandes petroleros, conocidos como VLCC. Transportar un barril desde Ras Tanura, en Arabia Saudí, hasta Róterdam costaba alrededor de dos dólares en 2025, mientras que en septiembre el coste había superado los 35 dólares. El temor a que el conflicto se extienda y vuelva a afectar al suministro también está influyendo directamente en las cotizaciones. Aunque el petróleo es una mercancía física, funciona al mismo tiempo como un activo financiero negociado en los mercados internacionales. El mercado de futuros del crudo mueve alrededor de 500.000 millones de dólares diarios y los precios no responden únicamente al equilibrio entre oferta y demanda, sino también a las expectativas de los inversores y al riesgo que perciben sobre el suministro futuro. La UK Maritime Trade Operations ha contabilizado nueve ataques en Ormuz durante este mes, cuatro de ellos en los dos últimos días. La cifra representa ya la mitad de los incidentes registrados durante todo septiembre en el estrecho y el golfo Pérsico. Los ataques puntuales contra los buques mantienen elevada la incertidumbre y alimentan una prima de riesgo que se refleja en el precio del crudo. Esta diferencia se aprecia también en los contratos a futuro: mientras el petróleo Brent para entrega en el próximo mes vuelve a situarse alrededor de los 100 dólares por barril, los contratos con vencimiento a un año se negocian en torno a los 83 dólares. El precio actual del petróleo, por tanto, incorpora mucho más que el valor de la materia prima. Los fletes, los seguros y las primas financieras vinculadas al riesgo geopolítico están elevando de forma considerable el coste final. Los operadores del mercado reconocen que estos gastos continúan aumentando, mientras que los márgenes de refino también permanecen elevados. Según ING, el margen del gasóleo en Europa ronda actualmente 2,5 veces la media registrada en 2025, una combinación que podría añadir más de 0,50 dólares, unos 0,45 euros, al precio base de un litro de gasóleo. La recuperación del tránsito de crudo por Ormuz se está produciendo, por tanto, dentro de una nueva situación en la que un mayor suministro no se traduce necesariamente en petróleo más barato. El crudo vuelve a circular, pero hacerlo resulta mucho más caro. La consultora Kpler considera que el mercado está demostrando que no hace falta alcanzar un acuerdo diplomático para recuperar físicamente parte del suministro, aunque mantener la actividad sin una solución política tiene un coste elevado. Por ello, sus previsiones apuntan a que los precios del petróleo y de sus derivados seguirán altos mientras no mejore la seguridad de las rutas marítimas. Además, el problema de la oferta de crudo que impulsó inicialmente los precios ha perdido protagonismo. Los niveles de inventarios tampoco representan actualmente una amenaza inmediata. La Agencia Internacional de la Energía ha destacado que las economías occidentales cuentan con importantes reservas públicas de emergencia, en torno a 1.100 millones de barriles, de los que unos 200 millones corresponden a diésel. El principal cuello de botella se encuentra ahora en otros puntos de la cadena. La reducción de la actividad de las refinerías rusas, afectadas por los ataques de Ucrania, ha limitado parte de la oferta, mientras que las dificultades para transportar el petróleo continúan encareciendo los fletes. Las refinerías que no consiguen contratar barcos para garantizar el suministro o que no están dispuestas a asumir tarifas desorbitadas terminan compitiendo por las cargas que pueden entregarse con mayor facilidad. Esta situación vuelve a presionar al alza los precios y convierte a los petroleros en un recurso cada vez más estratégico para países y compañías navieras. Disponer de un buque petrolero se ha convertido así en una pieza clave para garantizar la salida de una mercancía cuya demanda mundial sigue siendo elevada. La escasez de barcos está aumentando incluso el valor de las unidades disponibles en el mercado: un petrolero de segunda mano puede llegar a costar hasta un 40% más que uno nuevo.

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(Expansión, 09-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba la "Ley Ferrovial" para que el Ibex pueda cotizar en Nueva York

El Gobierno español quiere aprobar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre otras reformas pendientes que pueden tener importantes repercusiones para las empresas, más allá de las medidas relacionadas con la vivienda. Entre ellas figura una modificación de la normativa del mercado de valores que permitirá a las compañías cotizadas en España negociar sus acciones simultáneamente en mercados de países ajenos a la Unión Europea sin necesidad de trasladar al extranjero el registro principal de sus emisiones. El Boletín Oficial del Estado publica un decreto impulsado por el Ministerio de Economía, cuyo desarrollo comenzó en abril, que modifica la Ley sobre instrumentos financieros. La iniciativa pretende resolver las dificultades que hasta ahora encontraban las empresas españolas para cotizar directamente en Estados Unidos y responde, en buena medida, al precedente de Ferrovial, que trasladó su sede a Países Bajos en 2023 al considerar que desde ese país resultaba más sencillo acceder a la Bolsa de Nueva York. Uno de los principales obstáculos para que Ferrovial pudiera dar ese paso desde España era la falta de conexión entre los depositarios centrales de valores de los mercados español y estadounidense, lo que complicaba el registro de la titularidad de las acciones. Para resolverlo, la reforma incorpora un nuevo apartado al artículo 34 de la Ley de Bolsa que permitirá al depositario central español mantener una cuenta global en la que se refleje el saldo de una emisión de valores depositados en una entidad equivalente situada fuera de la Unión Europea. En la práctica, este mecanismo facilitará que los inversores puedan adquirir acciones de una empresa española en Nueva York y que la titularidad quede registrada también en Iberclear, el depositario central de valores de Bolsas y Mercados Españoles (BME). De este modo, las compañías podrán negociar sus acciones en mercados internacionales sin tener que trasladar al extranjero el registro principal de la emisión. Hasta ahora, empresas como Santander y Grifols han recurrido a los certificados de depósito estadounidenses (ADR) para facilitar la negociación de sus títulos en Estados Unidos. Estos instrumentos, emitidos por entidades financieras, representan acciones de compañías extranjeras. Telefónica, por su parte, canceló hace unos meses su programa de ADR al considerar que los costes no compensaban el volumen de negociación alcanzado. Con la nueva regulación, las empresas españolas podrán plantearse la cotización directa de sus acciones en Nueva York, sin recurrir necesariamente a estos certificados y manteniendo su sede en España. El atractivo de Wall Street reside en su elevada liquidez y en la presencia de grandes fondos de inversión que concentran parte de sus operaciones en valores negociados en ese mercado. El Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, explica en la exposición de motivos que la finalidad de la reforma es facilitar la negociación simultánea de valores españoles en mercados extranjeros sin necesidad de trasladar fuera de España el registro principal de la emisión. Para ello, se permitirá mantener en el depositario central español una cuenta técnica, global y de carácter contable que refleje los valores depositados en entidades situadas fuera de la UE y garantice la integridad de la emisión. La modificación también habría facilitado una eventual cotización simultánea en España y Estados Unidos de Puig si hubiera prosperado su fusión con Estée Lauder, una operación que finalmente quedó frustrada por discrepancias durante las negociaciones. La reforma podría tener consecuencias incluso si se produce un cambio de Gobierno, ya que no parece probable que una modificación de estas características se revierta. Además, abre la posibilidad de que Ferrovial regrese a España si decide trasladar de nuevo su sede, sin renunciar a su presencia en el Nasdaq estadounidense. La constructora, que protagonizó un enfrentamiento con el presidente Pedro Sánchez por su salida del país, dejó de negociar sus acciones en la Bolsa de Ámsterdam en septiembre, por lo que actualmente cotiza en BME y en Wall Street.

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