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(El Economista, 19-02-2026) | Fiscal

El Congreso exige al Gobierno bajar el IVA al 4% para la compra de primera vivienda

El Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a reducir al 4% el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) aplicado a la adquisición de la primera vivienda. Sin embargo, la iniciativa no ha contado con el respaldo del PSOE ni de Sumar, los dos partidos que forman el Ejecutivo de coalición. La propuesta prosperó después de que el Partido Popular presentara una moción en el pleno celebrado este miércoles, derivada de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La moción salió adelante gracias al apoyo de Vox, Junts per Catalunya y Unión del Pueblo Navarro, además del voto favorable del propio PP. Por su parte, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Bloque Nacionalista Galego optaron por abstenerse. Junto a esta iniciativa, también se aprobó reclamar al Ejecutivo una deducción en el IRPF durante los primeros años de la carrera laboral de los jóvenes, aunque en este punto Junts prefirió no posicionarse a favor ni en contra. La rebaja fiscal para la compra de la primera vivienda habitual cuenta con el respaldo de diversos sectores, que la consideran un incentivo para facilitar el acceso a la propiedad al reducir el desembolso inicial, especialmente elevado por la entrada exigida al solicitar una hipoteca. Entre quienes han defendido medidas de este tipo figura la abogada Montse Cespedosa, quien ha planteado incluso eliminar los impuestos sobre la primera vivienda o fijarlos en un nivel muy bajo -entre el 1% y el 2%- a cambio de aumentar significativamente la carga fiscal sobre la compra de segundas residencias y posteriores, llegando hasta un 15%. Además, la Cámara aprobó el resto de propuestas incluidas en la moción, entre ellas crear condiciones favorables para que, mediante la cooperación entre el sector público y el privado, se puedan construir un millón de viviendas en España en los próximos cuatro años, especialmente en las zonas con mayor demanda, con el objetivo de reducir el déficit habitacional acumulado. En este punto, el PSOE optó por la abstención. Los socialistas sí respaldaron otras iniciativas, como impulsar la colaboración público-privada en la promoción y edificación de viviendas, así como permitir que los ayuntamientos destinen sus remanentes presupuestarios a proyectos de vivienda asequible, ajustando los plazos a las necesidades reales de construcción para garantizar su viabilidad. Asimismo, el Congreso solicitó poner en el mercado todo el suelo público disponible perteneciente a la Administración General del Estado para destinarlo al alquiler asequible, con precios alrededor de un 30% inferiores a la media del mercado, además de elaborar un plan para simplificar los trámites administrativos y acometer las reformas normativas necesarias.

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(El Economista, 19-02-2026) | Fiscal

Las aseguradoras entran a cubrir a la empresa familiar de las inspecciones de Hacienda

La inseguridad fiscal que afrontan las empresas familiares al reorganizar su estructura para preparar la sucesión ha provocado un aumento en la contratación de seguros destinados a cubrir posibles ajustes por parte de la Agencia Tributaria. Desde la primavera de 2024, este tipo de operaciones se realizan con cautela tras varias resoluciones controvertidas del Tribunal Económico-Administrativo Central, que han reforzado la capacidad de Hacienda para revisar reestructuraciones empresariales. En particular, se vigilan los casos en los que se crea una sociedad matriz o holding que agrupa a distintas filiales, con el fin de comprobar si responde a razones económicas reales o únicamente a un ahorro fiscal. Fusiones, escisiones o reorganizaciones pueden beneficiarse de neutralidad fiscal si obedecen a motivos empresariales genuinos; pero si la Administración concluye que su finalidad principal es reducir impuestos, puede recalcular la tributación y exigir los importes correspondientes. Según Jacobo de la Guardia, socio de Derecho Fiscal en Evergreen Legal, uno de los usos más recientes de estos seguros se da precisamente en reorganizaciones de grupos familiares y en la creación de holdings. El riesgo de que la Administración considere que la operación carece de sustancia económica y regularice las plusvalías no declaradas, incluso con sanciones, actúa como un fuerte freno. Estas pólizas permiten cubrir ese escenario. Para obtenerlas, la operación debe haber sido previamente analizada por asesores especializados y contar con un informe razonado que justifique la existencia de motivos económicos válidos. Las aseguradoras valoran la solidez de esa argumentación y, según el riesgo estimado, fijan las condiciones del seguro. Este tipo de cobertura funciona como una protección que permite ejecutar planificaciones fiscales legítimas con mayor tranquilidad, al ofrecer respaldo frente a posibles interpretaciones desfavorables de la Administración. Los seguros de riesgo fiscal surgieron en Reino Unido y Estados Unidos vinculados a operaciones de fusiones y adquisiciones. Llegaron a España alrededor de 2010 impulsados por fondos internacionales de capital riesgo, habituados a utilizarlos en sus países de origen, y actualmente empiezan a extenderse también a empresas más pequeñas. El aumento de su demanda se explica, en parte, por la creciente complejidad de la normativa tributaria -tanto nacional como internacional- y por una actitud más estricta de las administraciones en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Estas pólizas suelen cubrir contingencias relacionadas con precios de transferencia, deducciones, amortizaciones aceleradas u otras cuestiones que puedan dar lugar a regularizaciones. Habitualmente tienen una vigencia de cuatro años, coincidiendo con el plazo general de prescripción fiscal, aunque en ciertos casos puede ampliarse. Además, también se utilizan en operaciones de compraventa de inmuebles o en transmisiones de participaciones sociales cuando el principal valor de la empresa reside en activos inmobiliarios.

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(El Economista, 19-02-2026) | Fiscal

Bruselas pide explicaciones a España por demorar la subida del impuesto al diésel

A finales de enero expiró el plazo que la Comisión Europea había ampliado en julio para que España aprobara el incremento del impuesto al diésel. Como dicha subida no se ha materializado, ahora Bruselas reclama aclaraciones al Ejecutivo español. Según fuentes comunitarias, el país debe remitir una justificación que explique por qué no se ha adoptado la medida. La Comisión estudiará los argumentos presentados y podría conceder hasta dos meses adicionales para ampliar la información. Desde el Ministerio de Economía aseguran que continúan trabajando en este asunto. En juego hay 475 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación que siguen bloqueados por el momento, además de otros 626 millones retenidos por no haberse cumplido el compromiso de reducir la temporalidad en el empleo público. En total, permanecen pendientes unos 1.100 millones correspondientes al quinto pago de los fondos Next Generation EU, justo cuando el Gobierno español prevé solicitar en breve el sexto desembolso, cuya cuantía aún no se ha hecho pública. Cuando a comienzos de diciembre de 2025 Economía remitió a Bruselas una modificación del Plan de Recuperación para ajustar varios hitos exigidos para recibir estas ayudas, la subida del impuesto al diésel no figuraba entre las medidas eliminadas o sustituidas. El ministro Carlos Cuerpo declaró entonces que el compromiso seguía vigente y que aún había margen para cumplirlo. El pasado martes, el ministro volvió a mostrarse confiado en la capital comunitaria y subrayó que el Gobierno no renuncia a reducir las bonificaciones fiscales del diésel para desbloquear los fondos asociados. Afirmó que el Ejecutivo seguirá intentándolo "hasta el último minuto" y que todavía existen plazos disponibles dentro de la normativa del Plan de Recuperación. No obstante, aprobar esta subida fiscal resulta muy complicado. Requeriría el visto bueno del Pleno del Congreso de los Diputados, donde no existe mayoría suficiente. Así lo reconocen también en el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, responsable de elaborar el decreto, mientras Economía negocia con las instituciones europeas. La iniciativa cuenta con el rechazo frontal de Partido Popular, Vox y especialmente de Junts per Catalunya, grupo clave para aprobar cualquier medida parlamentaria. También Podemos se opone a reducir la bonificación, al considerar que perjudicaría a los sectores con menos recursos. La ausencia de apoyos en el Parlamento es, en realidad, el principal motivo por el que el Ejecutivo no impulsa el aumento del gravamen al diésel. Además, este asunto no figura entre las prioridades de Junts y, de hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera lo negocia con la formación liderada por Carles Puigdemont. La reforma fiscal prevista afectaría al impuesto incluido en el gravamen sobre hidrocarburos, elevándolo de 0,307 euros por litro a 0,4 euros. Con la aplicación del IVA -que se calcula sobre el precio final más ese impuesto especial- el coste por litro aumentaría todavía más.

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(Cinco Días, 19-02-2026) | Laboral

El sueldo en las aseguradoras y las mutuas subirá un 14% a lo largo de cinco años

La plantilla del sector asegurador -unas 75.000 personas entre compañías y mutuas- experimentará una subida salarial cercana al 14% a lo largo de cinco años. Así lo ha comunicado el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), mayoritario en este ámbito, tras alcanzar un preacuerdo con la patronal. El pacto incluye también una mejora significativa de los salarios mínimos del sector. Según los datos difundidos por el sindicato, las empresas aplicarán un incremento del 3,5% con carácter retroactivo sobre los sueldos de 2025. Para los años 2026, 2027 y 2028 se ha establecido un sistema de revisión vinculado a la evolución del PIB y del IPC, lo que supondría una subida adicional acumulada de entre el 10,5% y el 11,1%. CC OO y otros sindicatos habían convocado movilizaciones a finales del año pasado para presionar a Unespa, la organización empresarial del sector, con el objetivo de renovar el convenio colectivo. El preacuerdo también prevé un aumento notable del salario base y de las retribuciones de entrada. El sueldo mínimo anual se situará en 18.000 euros, un 13,4% por encima del actual, mientras que el siguiente nivel salarial alcanzará los 20.000 euros, lo que supone un incremento del 10,5%. Además, se han acordado mejoras en el sistema de previsión social de aportación definida, un aumento de la ayuda para comidas y avances en la regulación de los permisos retribuidos. Desde Unespa han evitado pronunciarse sobre el contenido del preacuerdo y han señalado que harán declaraciones cuando se firme oficialmente. Comisiones Obreras cuenta con el 52,33% de representación en la mesa negociadora del convenio, que regula las condiciones laborales de más de 52.000 empleados de aseguradoras y parte de las de otros 23.000 trabajadores de mutuas. El sector cerró el último ejercicio con cifras históricas, al alcanzar ingresos por primas de 85.879 millones de euros, un 14% más que el año anterior. Su presidenta, Mirenchu del Valle, destacó que se trató de un año especialmente positivo con una recaudación récord. La industria aseguradora acumula varios ejercicios de crecimiento continuado en primas y beneficios, lo que ha favorecido un clima laboral estable, con mejoras progresivas en las condiciones de trabajo y muy pocas salidas obligadas de personal.

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(Expansión, 19-02-2026) | Laboral

El nuevo salario mínimo supera ya el 60% del sueldo medio en 46 provincias

El aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% para 2026, hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas (1.424 euros si se prorratean en 12), volverá a generar tensiones en las estructuras salariales de las empresas y en la negociación de los convenios colectivos. Este nuevo umbral retributivo supera ampliamente el 60% del salario medio en la mayoría de las provincias españolas (46 en concreto), el porcentaje que el Gobierno de España pretende garantizar para ajustarse a las recomendaciones de la Carta Social Europea. En 23 provincias, incluso, el SMI rebasa el 70% del sueldo medio. Estas cifras reflejan que el impacto del salario mínimo no es uniforme: afecta con más intensidad a determinados sectores, territorios y tamaños de empresa, especialmente a regiones con salarios más bajos, pequeñas compañías y actividades como la agricultura, la hostelería o el empleo doméstico, donde los sueldos mínimos se aproximan más a los ingresos medios. Por este motivo, organizaciones empresariales como CEOE, Cepyme y ATA sostienen que la política impulsada por el departamento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, supone en la práctica una intervención en la fijación salarial, tradicionalmente acordada entre empresarios y sindicatos en los convenios colectivos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el nuevo SMI equivaldrá aproximadamente al 83% del salario medio en microempresas de hasta diez trabajadores (1.713 euros mensuales) y al 66% en compañías con plantillas de entre 11 y 20 empleados, donde la remuneración media asciende a 2.161 euros. El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, advierte de que desde 2018 el salario mínimo ha subido más de un 66%, lo que -según afirma- ha reducido el empleo en sectores como el trabajo doméstico, el campo o entre autónomos con pocos empleados. También sostiene que la creación de puestos de trabajo en empresas muy pequeñas se ha estancado y que ha disminuido el número de autónomos con personal a cargo, especialmente en el comercio. A su juicio, nuevas subidas podrían frenar aún más la contratación e impulsar la economía informal. De acuerdo con las estadísticas salariales más recientes del INE (2024), el SMI de 2026 superaría con creces el sueldo medio del empleo doméstico (1.138 euros), situándose en torno al 125%. En hostelería alcanzaría el 93% del salario medio (1.520 euros), en agricultura el 87% (1.638 euros) y en actividades administrativas el 85% (1.674 euros). Son precisamente estos sectores, donde el salario mínimo está más próximo a la media, los que deberán ajustar un mayor número de nóminas. La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, subraya que el impacto tampoco es igual en todas las zonas. Actividades como la agricultura o la hostelería -caracterizadas por pequeñas empresas y menor productividad- soportan una carga mayor, ya que deben asumir aumentos salariales sin que necesariamente crezcan sus ingresos. Además, recuerda que la situación varía según el territorio: en áreas con menor población, por ejemplo, la demanda puede ser insuficiente para compensar el incremento de costes laborales. Si se analizan las bases de cotización de la Seguridad Social, las mayores presiones se concentran en 23 provincias donde el SMI superará el 70% del salario medio. En Badajoz alcanzará aproximadamente el 76% (con una base media de 1.878 euros), mientras que en Toledo llegará al 70,2% (2.028 euros). En contraste, solo seis provincias presentan bases medias suficientemente altas para que el salario mínimo quede por debajo del 60%: Barcelona, Navarra, Madrid, Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Ángela de Miguel también critica que fijar el SMI en torno al 60% del salario medio neto responde a una interpretación errónea, ya que no tiene en cuenta la realidad de las pequeñas empresas ni las diferencias entre territorios, y genera -según sostiene- una presión artificial en la negociación colectiva.

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(Expansión, 18-02-2026) | Fiscal

La exención fiscal al SMI rebajará el IRPF a sueldos de hasta 20.000 euros

El Ministerio de Hacienda ha aumentado de 340 a 591 euros la deducción fiscal destinada a que los 17.094 euros anuales del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) queden exentos de impuestos, al tiempo que suaviza el llamado efecto escalón para quienes perciben ingresos ligeramente superiores. El SMI, elevado por el Gobierno hasta esa cuantía con carácter retroactivo desde el 1 de enero, no pagará IRPF. Junto a la subida del 3,1%, el Consejo de Ministros aprobó ampliar la deducción creada en 2025 para garantizar dicha exención. Además, la medida se extiende más allá del propio SMI para evitar que quienes ganan un poco más sufran un aumento brusco de tributación, lo que supone también una reducción fiscal para salarios de hasta 20.000 euros anuales. Según explicó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la revisión fiscal busca que las rentas más bajas -incluidos los perceptores del SMI- no tengan que tributar por IRPF. Para ello, se incrementa la deducción en el impuesto sobre la renta hasta 591 euros para ingresos de hasta 17.094 euros, asegurando así que estos trabajadores no paguen impuestos. A partir de ese nivel salarial, la deducción se reducirá progresivamente conforme aumenten los ingresos, de modo que también se alivie la carga fiscal de quienes ganan hasta 20.000 euros al año. El objetivo es evitar el denominado "salto" en la tributación que se produciría si la ayuda desapareciera de forma repentina al superar el umbral del SMI. Por ejemplo, un trabajador que cobraba 17.000 euros anuales pagó 356 euros de IRPF en 2025, mientras que en 2026 no abonará nada. Montero recordó además que ese mismo sueldo soportaba unos 1.800 euros de impuestos anuales durante el último Gobierno del Partido Popular, cifra que -incluso descontando la inflación- supone actualmente un ahorro aproximado de 780 euros al año. En conjunto, Hacienda calcula que las rebajas fiscales para rentas bajas aplicadas desde 2023 han supuesto un ahorro total de 11.160 millones de euros. La deducción vinculada al SMI, acordada el año pasado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, evita que quienes cobran el salario mínimo tengan que empezar a tributar, aunque sin elevar el mínimo exento general hasta esa misma cuantía. En la práctica, los trabajadores seguirán teniendo retenciones mensuales en sus nóminas, pero recuperarán íntegramente esas cantidades al presentar la declaración del IRPF correspondiente a 2026 en la campaña de la renta de 2027. La ministra defendió que esta ventaja fiscal facilitó el acuerdo para subir el SMI un 3,1%, ya que, de haberse gravado, habría sido necesario aumentarlo un 4,7% para mantener el poder adquisitivo previsto. No obstante, advirtió de que en el futuro la evolución del salario mínimo y la deducción fiscal podrían dejar de estar necesariamente vinculadas.

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(Expansión, 18-02-2026) | Fiscal

Los Tribunales españoles permiten recuperar retenciones históricas a empresas en pérdidas

El panorama de la fiscalidad internacional en España está experimentando un cambio profundo. Durante muchos años, las normas tributarias partían de una idea fija respecto al capital extranjero: las retenciones practicadas a inversores no residentes se consideraban definitivas y no recuperables. Sin embargo, recientes fallos de la Audiencia Nacional y decisiones del Tribunal Económico-Administrativo Central han desmontado ese principio, alineándose con la normativa europea sobre libre circulación de capitales. Este giro abre la puerta a que fondos y multinacionales de la UE reclamen cantidades importantes retenidas de forma indebida. Carlos Reviriego, socio del área de Transacciones de PwC Tax & Legal, subraya el alcance de este cambio y señala que España vive una auténtica transformación fiscal que puede afectar a numerosas compañías y vehículos de inversión europeos que perciben dividendos, intereses o royalties procedentes de España. Hasta ahora, esas retenciones no se devolvían, independientemente de la situación económica del beneficiario extranjero, lo que generaba una clara desigualdad. El origen del conflicto está en el distinto tratamiento fiscal entre residentes y no residentes. Mientras una empresa española puede compensar pérdidas de ejercicios anteriores y deducir retenciones para solicitar devoluciones si ha pagado de más, al inversor extranjero se le negaba esa posibilidad. El sistema establecía una retención final sin posibilidad de ajuste, incluso cuando la entidad había registrado pérdidas en su país o no podía compensar ese impuesto en su jurisdicción de residencia. Esta diferencia suponía, según el experto, una desventaja basada únicamente en la residencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya había considerado en sentencias como los casos Sofina y Credit Suisse Securities que negar devoluciones a entidades no residentes con pérdidas -cuando las nacionales sí pueden obtenerlas- vulnera los principios del mercado único. El cambio decisivo en España se produjo en julio de 2025, cuando la Audiencia Nacional aplicó esta doctrina europea y reconoció el derecho de los no residentes en pérdidas a recuperar las retenciones. La transformación se consolidó en octubre, cuando el Tribunal Económico-Administrativo Central amplió el criterio no solo a dividendos, sino también a cánones por marcas y otros derechos. Además, introdujo un elemento clave para las grandes multinacionales: la posibilidad de analizar la situación fiscal a nivel de grupo consolidado. Esto permitiría a una empresa internacional que compensa pérdidas globales solicitar devoluciones como si fuese un grupo fiscal residente en España. Los especialistas consideran que este proceso aún puede ir más lejos. El siguiente paso lógico sería equiparar completamente el tratamiento de los dividendos, permitiendo a las entidades extranjeras beneficiarse de mecanismos de exención similares a los de las empresas españolas. No se descarta que, en el futuro, pueda recuperarse hasta el 95% de las retenciones aplicadas a estos rendimientos. Para los departamentos financieros de fondos y multinacionales, este nuevo contexto exige actuar con rapidez. No es solo una cuestión académica, sino una oportunidad para revisar las retenciones soportadas en ejercicios anteriores con pérdidas y presentar solicitudes de devolución. El factor tiempo resulta decisivo: el plazo general para reclamar es de cuatro años desde el pago, aunque puede ampliarse mediante determinadas actuaciones administrativas. En cualquier caso, permanecer pasivo ya no parece una opción razonable. Las últimas resoluciones han convertido la fiscalidad transfronteriza en un terreno más equilibrado, superando la idea de que la retención a no residentes era un coste irrecuperable. Según Reviriego, el impacto económico puede ser considerable, ya que supondría la devolución de importantes sumas a empresas y fondos que han tributado en España en condiciones desfavorables.

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(El Economista, 18-02-2026) | Fiscal

El Ayuntamiento de Madrid se juega la devolución de 350 millones por la tasa de basuras

Llega la primera resolución judicial sobre la controvertida tasa de basuras. El Ayuntamiento de Madrid se enfrenta a la posibilidad de tener que devolver los cerca de 350 millones de euros recaudados por este impuesto, además de los correspondientes intereses por demora. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fijado para el 19 de febrero la deliberación y el fallo de los primeros recursos presentados contra la tasa, entre ellos el interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) el pasado 25 de enero. Juan Manuel Herrero Egaña, socio director de Herrero Egaña Abogados y responsable de estudios de Aedaf, explica que la asociación impugnó la ordenanza municipal porque calcula el 80% del importe en función del valor catastral de los inmuebles. Según el experto, este criterio no refleja adecuadamente la cantidad de residuos generados. La normativa estatal aprobada en abril de 2022 obligó a los ayuntamientos a implantar una tasa en 2025 para que los ciudadanos pagaran según la basura producida. Herrero Egaña reconoce la dificultad de medir los residuos por persona, pero insiste en que el valor catastral no es un indicador válido, ya que el tamaño o precio de una vivienda no determina necesariamente cuánta basura se genera, algo que depende más del número de ocupantes. El consistorio presidido por José Luis Martínez-Almeida ha modificado la ordenanza para 2026 con la intención de que el importe dependa del número de residentes por vivienda, lo que, a juicio de los críticos, evidencia que el sistema inicial podía mejorarse. Desde Aedaf confían en que el tribunal les dé la razón. Si la sentencia fuera favorable a los contribuyentes, podrían darse dos situaciones: que las devoluciones se limiten a quienes recurrieron la tasa -lo habitual en este tipo de fallos- o que la nulidad se extienda a todos los afectados, incluso a quienes no presentaron recurso, opción que la asociación ha solicitado al amparo de la Ley de Haciendas Locales. En caso de una decisión favorable a los madrileños, lo más probable es que el Ayuntamiento recurra ante el Tribunal Supremo para retrasar su aplicación definitiva. Herrero también critica la actuación del Tribunal Económico-Administrativo municipal, que resolvió las reclamaciones en apenas dos meses -cuando lo habitual son cerca de dos años-, lo que habría impedido a muchos contribuyentes beneficiarse de un eventual fallo favorable al quedar sus recursos cerrados. Según denuncia, esto obliga a los vecinos a acudir a la vía judicial ordinaria para mantener sus reclamaciones, con el coste que ello supone, algo que muchos no consideran rentable dado el importe reducido del recibo. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local, los madrileños pagaron una media de 102 euros por esta tasa, frente a los 122 euros de media nacional. El TSJM se reúne este jueves para deliberar. Si los magistrados alcanzan un acuerdo, la sentencia podría hacerse pública en aproximadamente una semana; de lo contrario, será necesario convocar una nueva votación. (El Economista, 18-02-2026) El Gobierno aprueba ayudas directas de 150 euros al día para los desalojados por las fuertes lluvias El Gobierno ha aprobado este martes un plan de apoyo valorado en 7.000 millones de euros para mitigar los daños provocados por las borrascas de las últimas semanas, que han golpeado con especial dureza a zonas de Andalucía y Extremadura. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el Real Decreto-ley cuadruplica las compensaciones previstas hasta ahora, permitiendo ayudas de hasta 150 euros diarios para las personas que tuvieron que abandonar sus hogares por el temporal. Estas prestaciones podrán sumarse a otras y no tributarán ni en el IRPF ni en el Impuesto de Sociedades. La norma también contempla destinar hasta 2.000 millones de euros a los ayuntamientos más perjudicados para reconstruir infraestructuras municipales dañadas por las lluvias. El Ejecutivo aún no ha concretado cuántos municipios se beneficiarán, ya que el listado se elaborará en aproximadamente un mes, cuando las corporaciones locales comuniquen los desperfectos. Con estos fondos se cubrirá y adelantará el 100% de los daños, además de permitir a los consistorios utilizar su superávit de 2025 y flexibilizar las reglas de gasto para que estas partidas no computen. En el ámbito tributario, los propietarios de viviendas afectadas por inundaciones o desperfectos quedarán exentos de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con posibilidad de solicitar la devolución si ya lo habían abonado. También se aplicará una reducción en los módulos del IRPF y en el régimen simplificado del IVA para actividades agrícolas de las zonas dañadas. Hacienda calcula que estas medidas supondrán un ahorro de unos 350 millones de euros. El paquete incluye además ayudas directas al sector agrario por valor de 2.000 millones de euros para explotaciones afectadas, así como 10 millones destinados a armadores de buques pesqueros con base en puertos de Málaga, Cádiz y Huelva que no pudieron faenar. Para los trabajadores agrícolas, se rebaja de 35 a 5 el número de jornadas cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo. Asimismo, se reservan 120 millones para apoyar al comercio y la hostelería minorista y se habilitan líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial por 100 millones para reparar daños en el campo. En el terreno laboral, se activa la prestación por cese de actividad -el llamado paro de los autónomos- hasta el 31 de mayo, se permite aplazar el pago de cotizaciones a la Seguridad Social, se refuerza la protección por desempleo de las empleadas del hogar y se vuelve a habilitar el mecanismo de ERTE para empresas afectadas, que podrán reducir jornadas o suspender temporalmente contratos con exenciones en las cotizaciones.

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(El País, 18-02-2026) | Laboral

El Consejo de Ministros aprueba la subida del salario mínimo

El Gobierno ha aprobado este martes una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la remuneración mínima legal en España, que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado este miércoles. Estas son las claves principales del incremento. ¿Cuál es la nueva cuantía del salario mínimo? Se fija en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supone un aumento del 3,1% respecto a 2025, es decir, 37 euros más. En términos anuales alcanza los 17.094 euros y equivale a 9,55 euros por hora. Si se prorratea en 12 pagas, la cantidad mensual asciende a 1.424,5 euros. ¿Tiene efectos retroactivos? Sí. La subida se aplica desde el 1 de enero de 2026, por lo que las empresas deberán abonar en nóminas posteriores la diferencia correspondiente a enero. Incluso si un trabajador cobró el salario mínimo ese mes y dejó su empleo en febrero, puede reclamar la cantidad que le corresponde por ese periodo. ¿Por qué el incremento es del 3,1%? El Ministerio de Trabajo solicitó a un grupo de expertos dos estimaciones: una subida sin impacto fiscal y otra teniendo en cuenta la tributación, ambas con el objetivo de que el SMI mantuviera poder adquisitivo y se situara en torno al 60% del salario medio neto. La recomendación sin impuestos fue del 3,1%, similar a la inflación interanual disponible entonces, mientras que con tributación ascendía al 4,7%. Los sindicatos reclamaban un aumento del 7,5% con tributación incluida, y las organizaciones empresariales proponían un 1,5% condicionado a compensaciones en contratos públicos. Tras la decisión de Hacienda de mantener el SMI exento mediante la ampliación de la deducción fiscal, Trabajo planteó la subida del 3,1% a los interlocutores sociales. Los sindicatos la aceptaron, pero la patronal volvió a rechazarla, como viene haciendo desde 2020. ¿Cómo se aplicará la deducción en el IRPF? La deducción vigente, de 340 euros anuales, resulta insuficiente tras el incremento, por lo que se elevará hasta aproximadamente 600 euros. Durante 2026 los trabajadores soportarán retenciones en sus nóminas, pero al presentar la declaración de la renta al año siguiente recibirán una devolución equivalente. ¿Quiénes se benefician de la subida? Según cálculos del sindicato CC OO, la medida favorecerá a unos 1,66 millones de trabajadores, de los cuales 1,42 millones tienen jornada completa y alrededor de 230.000 trabajan a tiempo parcial. En total, representa cerca del 9% de los asalariados, aunque el impacto varía según el colectivo. Entre las mujeres, el aumento alcanzará al 12,4%, frente al 6,3% de los hombres, de modo que seis de cada diez beneficiarios serán trabajadoras.

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(El País, 18-02-2026) | Laboral

Díaz embiste contra Garamendi por rechazar la subida del salario mínimo: “Cobra 23 veces el SMI”

El Gobierno ha intensificado sus reproches a la patronal por oponerse al aumento del salario mínimo hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone un 3,1% más que el año anterior. Tras el Consejo de Ministros que aprobó la medida, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, percibe "23 veces el salario mínimo". No es la primera vez que menciona su sueldo para criticar su postura: en septiembre pasado aseguró que ganaba 25 veces el SMI. Díaz pidió "prudencia y responsabilidad" a las organizaciones empresariales y sostuvo que existe margen para elevar los salarios, apoyándose en los elevados beneficios empresariales y en el crecimiento económico del país, que alcanzó el 2,8% en 2025. Señaló además que en los últimos años los sueldos más bajos han subido más que los medios y altos, por lo que instó a las patronales a generalizar las mejoras salariales. Estas declaraciones se suman a las críticas expresadas el día anterior por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien reprochó a la patronal no respaldar el incremento. Aunque Díaz suele mantener un tono duro hacia Garamendi, no es habitual que Sánchez lo haga con tanta contundencia. El jefe del Ejecutivo defendió que, si en momentos difíciles el esfuerzo se reparte, también debe hacerse cuando aumentan los beneficios, y reclamó a las empresas que eleven los sueldos donde aún no lo han hecho. Garamendi respondió a estas acusaciones recordando que la fijación del salario mínimo corresponde al Gobierno, por lo que considera que el Ejecutivo ha aplicado la cifra que ha estimado conveniente. También cuestionó que se haya apoyado en un informe elaborado por expertos designados por el Ministerio de Trabajo, a quienes reprochó no tener experiencia directa pagando salarios. En una entrevista en la Cadena COPE, añadió que el incremento del 3,1% ni siquiera coincide con la inflación media del año pasado, situada en el 2,7%. El presidente de la CEOE acusó además al Ejecutivo de ignorar el diálogo social y de buscar confrontación con quienes, a su juicio, generan riqueza. Subrayó que no todas las empresas tienen la dimensión de las grandes compañías del Ibex y aseguró que los salarios ya están subiendo, aunque señaló que el margen es limitado por el aumento de impuestos y cotizaciones, que -según afirmó- terminan reduciendo lo que llega a los trabajadores. Desde el entorno de Díaz se interpreta que la oposición de la CEOE responde en parte a razones internas, vinculadas al proceso electoral que la organización empresarial celebrará este año, en el que Garamendi buscaría reforzar su imagen. Como antecedente, se recuerda que en las elecciones de Cepyme del año pasado el candidato alternativo, Gerardo Cuerva, estuvo cerca de imponerse a la aspirante apoyada por Garamendi, Ángela de Miguel. En la patronal, sin embargo, sostienen lo contrario: consideran que muchas de las propuestas impulsadas por Díaz, así como el tono crítico hacia las empresas, responden a intereses políticos propios, especialmente teniendo en cuenta las dificultades para aprobarlas en un Congreso con mayoría conservadora. De hecho, las organizaciones empresariales llevan más de un año y medio sin firmar acuerdos con el Ministerio de Trabajo, el periodo más largo desde que Díaz asumió la cartera.

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