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(Expansión, 06-07-2026) | Fiscal

Bruselas reclama a los países más incentivos fiscales a la transmisión de empresas para evitar cierres

La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por el impacto que determinados impuestos pueden tener sobre el relevo generacional de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento de la población. Bruselas teme que la falta de sucesores y las cargas fiscales asociadas a la transmisión de negocios provoquen el cierre de empresas viables, con las consiguientes consecuencias económicas y laborales. Aunque la fiscalidad sigue siendo una competencia exclusiva de los Estados miembros, la Comisión ha instado a los gobiernos nacionales a introducir incentivos que faciliten la transmisión de las pymes. Entre las medidas sugeridas figuran exenciones, reducciones o aplazamientos de impuestos aplicables a herencias, donaciones o compraventas de empresas, tanto cuando el relevo se produce dentro de la familia como cuando el negocio pasa a manos de terceros. El Ejecutivo comunitario considera que los cambios de propiedad no siempre implican una disponibilidad inmediata de recursos económicos para afrontar las obligaciones tributarias. En muchos casos, los nuevos propietarios necesitan un periodo de adaptación antes de que la empresa recupere plenamente su capacidad de generar beneficios, por lo que una elevada carga fiscal inicial puede poner en riesgo la continuidad del negocio. La preocupación de Bruselas se basa también en las previsiones demográficas. Según sus estimaciones, cientos de miles de empresas europeas afrontarán procesos de sucesión en los próximos años. Solo en Alemania, más de 220.000 propietarios de pequeñas empresas tenían previsto transferir sus negocios en un plazo de dos años, mientras que en Francia se calcula que unas 700.000 compañías deberán afrontar un relevo de propiedad durante la próxima década. La Comisión propone que las ventajas fiscales estén condicionadas al mantenimiento de la actividad empresarial durante un periodo determinado y, en algunos casos, a la conservación de los puestos de trabajo. Asimismo, recomienda revisar o reducir otros costes asociados a las transmisiones empresariales, como los derechos de registro, timbres o tasas administrativas que encarecen estas operaciones. Uno de los aspectos que más preocupa a Bruselas es la tributación que soportan algunos empresarios cuando donan o ceden su negocio sin recibir una contraprestación económica. En determinados casos, la normativa fiscal considera que existe una ganancia patrimonial calculada sobre la revalorización acumulada de la empresa, generando una obligación tributaria aunque el propietario no haya percibido ingresos por la transmisión. Esta situación puede llevar a algunos dueños a optar por el cierre ordenado de la empresa en lugar de transferirla. Por ello, la Comisión plantea que los Estados estudien mecanismos que permitan adaptar la tributación a la realidad económica de estas operaciones, evitando que los impuestos se conviertan en un obstáculo para la continuidad empresarial. El objetivo no es reducir la recaudación, sino evitar que la presión fiscal desincentive la sucesión de negocios que siguen siendo viables. Además de las recomendaciones fiscales, Bruselas propone introducir mejoras jurídicas que faciliten la transformación de las empresas sin necesidad de liquidarlas y que refuercen la estabilidad de los procesos sucesorios. También apuesta por favorecer fórmulas que permitan a los trabajadores asumir la propiedad de una empresa cuando la familia propietaria no desea continuar con ella. Aunque la Comisión Europea carece de capacidad para imponer estos cambios, confía en que los Estados miembros adopten medidas que faciliten la continuidad de las pymes y reduzcan el riesgo de desaparición de empresas provocado por las dificultades asociadas al relevo generacional.

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(Expansión, 06-07-2026) | Fiscal

Hacienda presenta hoy a las CCAA el objetivo de déficit para 2027 antes de los Presupuestos

El Gobierno tiene previsto dar un nuevo paso en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 con la posible aprobación de un techo de gasto que volvería a marcar un máximo histórico. La decisión llegaría después de que el Ejecutivo revisara al alza sus previsiones económicas, situando el crecimiento del PIB en el 2,2% para 2027 y en el 2,6% para 2026, unas estimaciones que servirán de base para diseñar las próximas cuentas públicas. Como paso previo, el ministro de Hacienda, Arcadi España, preside este lunes la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que se informará a las comunidades autónomas sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto correspondientes a 2025. Además, el Ministerio presentará su propuesta de objetivos de déficit para las autonomías durante el periodo 2027-2029, un elemento clave para la preparación de los futuros presupuestos regionales y estatales. La reunión se celebra en un clima de tensión política, ya que varias comunidades autónomas han mostrado su desacuerdo con el orden del día planteado por el Ejecutivo. Entre ellas, la Comunidad de Madrid ha criticado que el encuentro no incluya el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, mientras que la Comunidad Valenciana reclamará la creación de un fondo transitorio de nivelación que compense las diferencias de financiación hasta que se apruebe un nuevo modelo. Según fuentes próximas al proceso, el Ministerio de Hacienda se habría comprometido a convocar un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera en las próximas semanas para abordar específicamente la reforma del sistema de financiación autonómica. En los últimos días, el departamento dirigido por Arcadi España ha mantenido contactos con distintas comunidades, entre ellas Cataluña y la Comunidad Valenciana, con el objetivo de avanzar en este debate. Tras la reunión con las autonomías, el siguiente paso será la aprobación del límite de gasto no financiero en el Consejo de Ministros. Todo apunta a que este techo de gasto volverá a alcanzar un nivel récord, impulsado tanto por las mejores previsiones de crecimiento económico como por el incremento del gasto previsto para atender los compromisos adquiridos por el Ejecutivo con sus socios parlamentarios. Entre las partidas que previsiblemente absorberá este mayor margen presupuestario figuran diversas iniciativas de carácter social ya anunciadas por el Gobierno. Destacan una inversión de 7.200 millones de euros destinada al sistema de dependencia en 2027 y la puesta en marcha de un nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, dotado con 500 millones de euros, además de otras medidas que el Ejecutivo espera incorporar a las próximas cuentas públicas.

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(El Economista, 06-07-2026) | Fiscal

Los ciudadanos ya pagan 4.450 millones en la Renta por las viviendas vacías

Los propietarios de viviendas desocupadas declararon en 2024 un total de 4.457 millones de euros en concepto de rentas imputadas en el IRPF, un 1,18% más que el año anterior, según los datos publicados por la Agencia Tributaria. Se trata del importe sobre el que se calcula la tributación correspondiente a los inmuebles que permanecen vacíos durante todo o parte del año, una figura fiscal que grava el potencial rendimiento de estas viviendas aunque no generen ingresos por alquiler. La Administración tributaria ha intensificado en los últimos años el control sobre el mercado inmobiliario, tanto para verificar que los propietarios declaran correctamente los ingresos procedentes del alquiler como para comprobar que incluyen en su declaración la renta imputada de las viviendas desocupadas. Las estadísticas correspondientes a 2024 reflejan que en España existen 18,37 millones de viviendas declaradas en el IRPF. De ellas, 10,69 millones constituyen la residencia habitual de sus propietarios, mientras que 2,65 millones están destinadas al alquiler. Además, cerca de 4,91 millones de inmuebles permanecieron vacíos durante todo el año o durante parte del ejercicio, una cifra que supera en más de 50.000 viviendas la registrada un año antes. La normativa del IRPF obliga a tributar por los inmuebles urbanos que no constituyen la vivienda habitual ni generan rendimientos por alquiler. La base de este gravamen se calcula aplicando un porcentaje sobre el valor catastral del inmueble, que es del 1,1% cuando dicho valor ha sido revisado en los últimos años y del 2% cuando no ha sido actualizado. No obstante, el importe total declarado como renta imputada no coincide con la recaudación efectiva de Hacienda, ya que el resultado final del impuesto depende de la situación fiscal de cada contribuyente. Aunque esta renta no admite deducciones específicas, la cuota total del IRPF puede reducirse mediante otras deducciones o compensarse con devoluciones derivadas de retenciones soportadas durante el año. Por comunidades autónomas, Madrid concentra el mayor número de viviendas vacías, con 839.747 inmuebles, seguida de Andalucía, con 833.183; Cataluña, con 685.134; y la Comunidad Valenciana, con 635.915. En conjunto, estas cuatro autonomías reúnen alrededor del 61% de todas las viviendas desocupadas declaradas en España. En cuanto al coste medio de esta tributación, los propietarios de las Islas Baleares son quienes soportan la mayor carga fiscal, con una media de 1.082 euros por contribuyente. Les siguen los residentes en la Comunidad de Madrid, con 1.077 euros; Cantabria, con 1.042 euros; y Cataluña, con 997 euros. En el conjunto del país, la tributación media por vivienda vacía asciende a 858,8 euros, un 3% más que en 2023, debido principalmente a la actualización de los valores catastrales. Respecto al mercado del alquiler, los propietarios declararon en 2024 unos ingresos brutos de 22.609 millones de euros, lo que supone un incremento del 11% respecto al ejercicio anterior, impulsado por la subida de las rentas. Una vez descontados los gastos deducibles, como intereses hipotecarios, seguros, reparaciones o gastos de comunidad, y aplicadas las reducciones fiscales previstas para el alquiler de vivienda habitual, los rendimientos netos declarados alcanzaron los 7.215 millones de euros. Cataluña encabeza el número de viviendas arrendadas, con 538.661 inmuebles, seguida de Madrid, con 503.389. A continuación figuran la Comunidad Valenciana, con 279.995 viviendas en alquiler, y Andalucía, con 279.447. En términos de ingresos, los propietarios madrileños obtienen las rentas medias más elevadas, con 931 euros mensuales por vivienda. Les siguen los propietarios de Baleares, con 869 euros, y los de Cataluña, con 770 euros al mes. En el extremo opuesto se sitúan Extremadura, con una media de 434 euros mensuales; Galicia, con 485 euros; Murcia, con 490 euros; y Castilla y León, con 495 euros. Si se analiza la rentabilidad obtenida por el alquiler en relación con el valor de la vivienda, Castilla-La Mancha lidera el ranking nacional con un rendimiento medio del 6,5%, por encima de la media española, situada en el 5,4%. Tras ella se encuentran la Comunidad Valenciana y Asturias, ambas con un 6,4%; Murcia, con un 6,3%; y Castilla y León, con un 6,1%. En cambio, las menores rentabilidades se registran en Baleares, con un 4,8%; la Comunidad de Madrid, con un 5%; y Cataluña, con un 5,2%, territorios que coinciden con algunos de los mercados donde el precio de compra de la vivienda es más elevado.

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(La Vanguardia, 06-07-2026) | Fiscal

Irlanda, frente a la misión imposible de diseñar una tasa europea a las ‘big tech’

Irlanda afronta durante este semestre una de las negociaciones más complejas de la Unión Europea. Como país que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, el primer ministro, Micheál Martin, tiene el encargo de intentar alcanzar un acuerdo político sobre el próximo Marco Financiero Plurianual, el presupuesto comunitario que regirá entre 2028 y 2034, antes de que finalice el año. La negociación parte de posiciones muy alejadas. Por un lado, los denominados países frugales, entre ellos Suecia y Países Bajos, reclaman una reducción significativa del gasto comunitario. En el extremo opuesto, Estados como España, Portugal o Italia defienden el mantenimiento de las grandes partidas tradicionales, como los fondos de cohesión y la Política Agraria Común (PAC), ante el temor de que las nuevas prioridades en materia de defensa y competitividad reduzcan su financiación. Alemania ha planteado incluso la posibilidad de recortar hasta 400.000 millones de euros respecto a la propuesta inicial presentada por la Comisión Europea. Con el objetivo de facilitar un acuerdo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha encargado a la presidencia irlandesa estudiar nuevas fuentes de financiación para el presupuesto comunitario que permitan limitar el incremento de las aportaciones nacionales sin renunciar a las nuevas inversiones que demanda la Unión. Entre las alternativas que se analizan figura la creación de nuevos recursos propios de la UE, siendo una de las propuestas más relevantes la implantación de un impuesto europeo sobre las grandes empresas tecnológicas. La iniciativa resulta especialmente delicada para Irlanda, cuya economía mantiene una estrecha relación con multinacionales estadounidenses del sector digital gracias a su favorable régimen fiscal. Solo en 2023, Alphabet, Apple y Microsoft aportaron alrededor del 38% de toda la recaudación del impuesto de sociedades del país. Pese a ello, Micheál Martin ha asegurado que la presidencia irlandesa actuará con neutralidad durante las negociaciones. Según explicó, sobre la mesa existen entre seis y siete posibles mecanismos para generar nuevos ingresos comunitarios, con distintos niveles de respaldo entre los Estados miembros y las instituciones europeas, por lo que el objetivo será analizar todas las opciones durante los próximos meses. Además del gravamen a las grandes plataformas digitales, también se estudian otras fuentes de financiación, como impuestos relacionados con el juego en línea o con las criptomonedas. Sin embargo, la propuesta que mayor capacidad recaudatoria presenta es la vinculada al sector digital. Un análisis preliminar de la Comisión Europea estima que un impuesto inspirado en los ya existentes en España, Francia e Italia podría aportar alrededor de 5.000 millones de euros anuales. El Parlamento Europeo plantea una fórmula mucho más ambiciosa que extendería el gravamen al conjunto del comercio digital, con una recaudación potencial cercana a los 42.900 millones de euros al año. La presidencia irlandesa pretende cerrar un acuerdo sobre las líneas generales del presupuesto antes de finalizar el semestre, aunque reconoce la dificultad del proceso. El viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Simon Harris, ha insistido en que cualquier nuevo impuesto europeo deberá cumplir dos condiciones fundamentales: contar con el respaldo político unánime de los Estados miembros y poder entrar en funcionamiento en 2028, coincidiendo con el inicio del nuevo marco presupuestario. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido de que la Unión necesita incorporar alrededor de 66.000 millones de euros anuales en nuevos recursos para financiar las prioridades del próximo presupuesto. En caso contrario, las alternativas pasarían por incrementar las contribuciones nacionales o aplicar importantes recortes al gasto comunitario, que podrían alcanzar hasta el 40% de algunas partidas. Según la Comisión, este escenario pone de manifiesto la necesidad de encontrar nuevas fuentes estables de financiación para sostener las políticas europeas de los próximos años.

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(El País, 06-07-2026) | Laboral

La patronal de las pymes hace oficial su respaldo a Garamendi en las elecciones de CEOE

Antonio Garamendi ha reforzado su posición de cara a las elecciones de la CEOE, previstas para el 1 de octubre, tras recibir el respaldo unánime de la ejecutiva de Cepyme. El apoyo llega de la mano de Ángela de Miguel, quien devuelve así el respaldo que Garamendi le brindó hace un año para alcanzar la presidencia de la patronal de las pymes. En el comunicado difundido por Cepyme, su Comité Ejecutivo subraya la necesidad de contar con un liderazgo sólido y consolidado para defender los intereses empresariales en un contexto marcado por la incertidumbre económica y regulatoria. La organización también ha destacado la gestión desarrollada por Garamendi al frente de la CEOE durante los últimos años, valorando especialmente su papel en la interlocución con el Gobierno y en los procesos de diálogo social junto a CCOO y UGT. La patronal de las pequeñas y medianas empresas considera que la continuidad de Garamendi contribuirá a reforzar la unidad de acción del tejido empresarial y permitirá seguir defendiendo condiciones favorables para el crecimiento de las compañías, la creación de empleo y el desarrollo económico del país. Aunque por el momento no ha surgido ningún rival oficial, distintas voces del ámbito empresarial señalan a Gerardo Cuerva como el único candidato con capacidad para disputarle el liderazgo. Cuerva, actual presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, mantiene de momento silencio sobre una eventual candidatura. La figura de Ángela de Miguel sigue siendo relevante en este equilibrio interno. Su victoria en las elecciones de Cepyme en mayo del año pasado, con un ajustado 53% de los votos frente a Cuerva, evidenció entonces la existencia de divisiones dentro del empresariado respecto a la línea impulsada por Garamendi. Sin embargo, su respaldo actual refuerza la cohesión interna en torno al presidente de CEOE. Además de Cepyme, Garamendi ha sumado el apoyo de otras organizaciones empresariales de peso. Entre ellas se encuentra Confebask, que ha puesto en valor su trayectoria profesional y su conocimiento del tejido empresarial vasco. También la patronal catalana Foment del Treball prevé formalizar su respaldo en los próximos días. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, ya ha elogiado públicamente la gestión de Garamendi, calificándola de especialmente meritoria en una legislatura compleja. Este apoyo tiene especial relevancia porque Foment respaldó en 2022 a Virginia Guinda, rival de Garamendi en los anteriores comicios. A estos respaldos se suman también CEOE Tenerife y dirigentes de organizaciones empresariales de Aragón, Andalucía y Murcia, además de asociaciones sectoriales como Ametic y AEB. Según los estatutos de la CEOE, las candidaturas podrán presentarse hasta 40 días antes de la votación, situando el límite en la penúltima semana de agosto. Para concurrir, los aspirantes deben reunir el aval de al menos el 10% del censo electoral y contar con el respaldo de representantes de, como mínimo, seis organizaciones empresariales distintas. Si finalmente resulta reelegido, Antonio Garamendi afrontará su tercer mandato al frente de la CEOE, cargo que ocupa desde 2018. Esta posibilidad fue facilitada por la reforma estatutaria aprobada en 2023, que eliminó el límite de dos mandatos consecutivos para la presidencia de la organización.

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(El País, 06-07-2026) | Laboral

El paro de los extranjeros repunta ligeramente en plena regularización

El mercado laboral español volvió a mostrar en junio su habitual fortaleza estacional impulsada por el arranque de la temporada turística, con 128.500 nuevos empleos y 28.700 parados menos. Sin embargo, este año se ha producido una anomalía relevante: mientras la afiliación a la Seguridad Social alcanzó máximos históricos, el paro registrado entre los trabajadores extranjeros aumentó ligeramente, un comportamiento poco habitual en este mes. En junio de 2026, el número de extranjeros inscritos en el paro ascendió a 342.100 personas, lo que supone 4.210 más que en mayo y 10.070 más que un año antes. Este repunte rompe con una tendencia histórica de descensos continuados en el sexto mes del año. De hecho, excluyendo el periodo de la pandemia, no se registraba un aumento del paro extranjero en junio desde 2008, en los inicios de la crisis inmobiliaria. El contraste con años anteriores es notable. En junio de 2025 el paro extranjero cayó en 10.800 personas, en 2024 lo hizo en 9.300 y en 2023 en 8.600. También difiere del comportamiento del desempleo entre los trabajadores españoles, cuyo paro sí continuó bajando en junio, con 32.947 personas menos inscritas. Los expertos relacionan este cambio de tendencia con el proceso extraordinario de regularización de extranjeros impulsado por el Gobierno. La principal explicación es que muchas personas que hasta ahora permanecían fuera de los registros oficiales, al obtener documentación provisional o regularizar su situación, pasan a tener derecho a inscribirse como demandantes de empleo. Luis Zarapuz, coordinador del gabinete económico de CCOO, considera que la regularización explica buena parte del repunte. Según su análisis, resulta lógico que el afloramiento administrativo de nuevos trabajadores genere simultáneamente más afiliación y un ligero aumento del paro registrado, ya que muchas personas pasan a formar parte del sistema formal de empleo. No obstante, los especialistas recomiendan prudencia antes de extraer conclusiones definitivas. Aunque parte de la menor caída del paro puede atribuirse al proceso de regularización, aún existen otros factores que podrían estar influyendo en la evolución del mercado laboral. Desde el Ministerio de Trabajo prefieren no establecer por ahora una relación directa entre el aumento del paro extranjero y la regularización. Joaquín Pérez Rey ha señalado que todavía es pronto para cuantificar ese efecto y sostiene que su impacto sobre el paro registrado sería muy reducido. Donde sí resulta evidente el efecto de la regularización es en el empleo. Según el Ministerio de Inclusión, 159.100 extranjeros regularizados ya se encontraban trabajando a 30 de junio, contribuyendo de forma directa al fuerte incremento de afiliación. Los sectores que más empleo están absorbiendo entre los trabajadores regularizados son la hostelería, con 38.800 altas; el comercio, con 20.200; las actividades administrativas, con 19.300; y la construcción, con 18.300. Se trata de ramas con elevada demanda de mano de obra y fuerte peso estacional. En conjunto, la afiliación de extranjeros creció en junio en 86.600 personas, más del triple del incremento registrado en junio de 2025. Esto significa que aproximadamente dos tercios del empleo creado en el mes corresponde a trabajadores extranjeros, un dato que ilustra la magnitud del fenómeno. En términos interanuales, el crecimiento también ha sido especialmente intenso. La afiliación extranjera aumenta un 11,3%, con 350.200 cotizantes más, frente al avance del 6,8% registrado el año anterior. Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research, observa un efecto claro de la regularización sobre la afiliación, al detectar un crecimiento superior al esperado antes de iniciarse el proceso. En su opinión, aunque el repunte del paro extranjero es llamativo por el cambio de signo, no resulta estadísticamente preocupante dentro del contexto general de reducción del desempleo. En la misma línea, Carlos Arcas considera que este aumento del paro debe interpretarse principalmente como un efecto administrativo temporal. Según explica, muchas personas que antes no figuraban en ningún registro oficial ahora aparecen como demandantes de empleo al incorporarse al mercado laboral formal. En consecuencia, el balance global sigue siendo claramente positivo. Más que reflejar destrucción de empleo, el ligero aumento del paro entre extranjeros parece responder al afloramiento de trabajadores previamente invisibles para la estadística oficial. La regularización estaría, por tanto, ampliando la base laboral formal de España y reforzando la capacidad del mercado de trabajo para sostener el crecimiento económico.

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(El Economista, 06-07-2026) | Laboral

Cataluña sube 74 euros el complemento a las pensiones no contributivas

El Parlament de Cataluña ha aprobado una modificación normativa que garantiza el mantenimiento del complemento autonómico que perciben los beneficiarios de las pensiones no contributivas (PNC), evitando que su cuantía varíe cada año en función de las revalorizaciones de la prestación estatal. La medida ha salido adelante a través de las enmiendas incorporadas a la ley de presupuestos de 2026 y beneficiará a más de 56.000 personas. Hasta ahora, la normativa obligaba a la Generalitat a ajustar el importe del complemento autonómico para que, sumado a la pensión no contributiva abonada por el Estado, alcanzara el nivel fijado por el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), que en 2026 se sitúa en 9.622,18 euros anuales, un 3% por encima del ejercicio anterior. Este año, el Gobierno central aprobó una subida del 11,35% de las pensiones no contributivas, elevando su cuantía hasta los 733 euros mensuales. Como consecuencia de ese incremento, la legislación vigente hasta ahora obligaba a reducir el complemento que abona la Generalitat, que habría pasado de 119 euros a 68,85 euros al mes. Con la reforma aprobada por el Parlament, el complemento autonómico queda blindado y deja de disminuir cuando aumenta la prestación estatal. La medida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y permitirá que los beneficiarios perciban 51,42 euros mensuales más de lo que habría correspondido con la normativa anterior y 74 euros más al mes en comparación con la cuantía recibida durante 2025. El objetivo de esta modificación es garantizar una mayor estabilidad en los ingresos de los perceptores de pensiones no contributivas y evitar que las mejoras aprobadas por el Estado se traduzcan en una reducción automática de la aportación complementaria de la Generalitat.

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(El Economista, 06-07-2026) | Laboral

Menos de un 1% de quienes cobran el paro reciben la ayuda por encontrar un empleo

Pese a que España registra la tasa de desempleo más baja desde 2008 gracias a la intensa creación de empleo de los últimos años, uno de los incentivos diseñados para facilitar la reincorporación de los parados al mercado laboral apenas ha tenido impacto. Se trata del Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), una ayuda que permite compatibilizar durante un tiempo la prestación por desempleo con el salario de un nuevo trabajo y que, tras un año de funcionamiento, solo percibe una pequeña parte de sus potenciales beneficiarios. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la media anual refleja que únicamente 1.712 de las 877.518 personas que cobran la prestación contributiva reciben también este complemento, lo que representa apenas el 0,2% del total. Aunque en mayo el número de beneficiarios superó los 3.000, duplicando la cifra del mes anterior, la cobertura apenas alcanzó el 0,4%, muy lejos de convertirse en una herramienta de uso generalizado. El Complemento de Apoyo al Empleo fue incorporado en la reforma del subsidio por desempleo aprobada en 2024 con el objetivo de incentivar la aceptación de ofertas laborales, especialmente entre quienes llevaban más tiempo desempleados. Inicialmente concebido para los perceptores del subsidio asistencial, el mecanismo se amplió también a quienes cobraban la prestación contributiva, permitiéndoles mantener parte de la ayuda mientras comenzaban un nuevo empleo. Sin embargo, el diseño de la medida ha limitado notablemente su utilización. Para acceder al complemento es necesario disponer de un derecho a prestación superior a un año y haber consumido al menos nueve meses antes de incorporarse al nuevo puesto de trabajo. Este requisito hace que el incentivo solo esté disponible para personas con largos periodos de desempleo, precisamente cuando las probabilidades de encontrar trabajo suelen ser menores. El Banco de España ya advirtió recientemente de esta escasa implantación. En su informe anual señaló que el CAE tiene una presencia muy reducida entre los perceptores de la prestación contributiva y únicamente alcanza una incidencia algo mayor entre quienes cobran subsidios asistenciales. El organismo considera que el incentivo no resulta suficientemente atractivo, especialmente para los trabajadores más jóvenes, que suelen aceptar un empleo sin necesidad de este complemento adicional. La normativa distingue además entre quienes ya estaban desempleados antes de abril de 2025 y quienes pasaron a percibir la prestación con posterioridad. En el primer caso, el trabajador debía solicitar expresamente el complemento al incorporarse a un empleo, mientras que para los nuevos beneficiarios el reconocimiento se realiza de forma automática, tanto si el contrato es a jornada completa como parcial. La duración y la cuantía de la ayuda también varían en función de la situación de cada trabajador. Cuanto más tiempo haya permanecido cobrando la prestación antes de aceptar el empleo, más meses podrá mantener el complemento. Por ejemplo, quien encuentre trabajo tras trece meses percibiendo el paro puede cobrar el incentivo durante seis meses, mientras que si accede al empleo al décimo mes solo podrá percibirlo durante treinta días. El importe también depende del momento en que se produzca la contratación y del tipo de jornada. Los contratos a tiempo completo generan una ayuda mayor que los parciales. Así, la cuantía máxima puede alcanzar los 480 euros mensuales cuando el empleo se obtiene tras diez meses de prestación, mientras que disminuye a 360 euros si la incorporación laboral se produce después de superar el primer año de desempleo. El origen de esta medida se encuentra en la reforma del sistema de subsidios impulsada por el Gobierno durante la pasada legislatura y vinculada al cumplimiento de los compromisos asociados a los fondos europeos. Su objetivo era reforzar los incentivos para que los desempleados de larga duración aceptaran ofertas de trabajo sin perder inmediatamente toda la protección económica. No obstante, el funcionamiento del complemento también reduce su atractivo porque los meses durante los que se percibe mientras se trabaja consumen el derecho pendiente de prestación por desempleo. Esto permite que el beneficiario renuncie al incentivo si considera más conveniente conservar esos días de paro para utilizarlos en el futuro, una circunstancia que, según el Banco de España, limita especialmente su utilización entre los trabajadores que encuentran empleos con salarios suficientes para cubrir sus necesidades económicas.

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(Cinco Días, 06-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC acaba con las dudas sobre el fin de la numeración telefónica en España

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha descartado riesgos de escasez de líneas telefónicas en España tras la publicación de su informe anual de 2025 sobre el estado de la numeración. El regulador concluye que todas las provincias españolas mantienen actualmente una disponibilidad suficiente de recursos, con más de un centenar de bloques de numeración libres en cada territorio. Esta situación se explica por una gestión más eficiente de los recursos numéricos, apoyada en la asignación optimizada de bloques de 1.000 números y en cambios regulatorios orientados a liberar capacidad adicional. Gracias a estas medidas, el sistema mantiene un margen suficiente para absorber el crecimiento de nuevos servicios de telecomunicaciones. En términos de utilización, la eficiencia global de la numeración geográfica fija se situó en el 43% respecto al total de recursos asignados. En el caso de la numeración móvil convencional, el nivel de aprovechamiento alcanzó el 79%, reflejando una utilización significativamente más intensiva. Durante el ejercicio analizado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia gestionó 194 expedientes relacionados con el Registro de numeración y revisó la documentación técnica aportada por 144 operadores autorizados en el mercado español. En el segmento de subasignación de numeración fija, donde operan revendedores autorizados, el mercado cerró con 33 operadores registrados y 1.066 revendedores activos. El volumen total declarado ascendió a 4,07 millones de números, de los cuales el 99% corresponde a numeración geográfica tradicional. La numeración subasignada aumentó un 5% interanual hasta situarse en 2,25 millones de números, mientras que el volumen de líneas efectivamente en uso creció un 6%. En este segmento, la eficiencia supera el 89% en la mayoría de servicios, aunque desciende al 83% en numeración asociada a tarifas especiales. Pese a la buena situación general, la CNMC mantendrá una vigilancia reforzada sobre algunas provincias con menor margen de disponibilidad, entre ellas Cádiz, Murcia, Zaragoza, A Coruña y Baleares. Uno de los cambios regulatorios más relevantes será la eliminación definitiva de la numeración nómada geográfica, una reforma respaldada tras analizar las propuestas del Ministerio para la Transformación Digital. Esta medida permitirá liberar líneas adicionales en prefijos provinciales sin necesidad de ampliar a corto plazo los rangos numéricos existentes. La nueva normativa exige que quienes utilicen numeración geográfica acrediten una vinculación física real con la provincia correspondiente, ya sea mediante domicilio, sede social o presencia efectiva. Se ha establecido un periodo transitorio de seis meses para que operadores y clientes adapten sus servicios. Los servicios nómadas que no requieran vinculación territorial seguirán utilizando exclusivamente el rango específico 51. En el ámbito del Internet de las Cosas (IoT), la CNMC también ha introducido cambios importantes en la numeración de dispositivos conectados. Desde el 1 de julio de 2026, todas las nuevas altas de servicios máquina a máquina (M2M) deberán emplear numeración de 13 dígitos iniciada por el prefijo 590. Además, el 1 de enero de 2031 se establece como fecha límite para que todos los servicios automatizados que aún operan con numeración móvil convencional de nueve cifras completen su migración al nuevo formato. Estos servicios M2M incluyen dispositivos con escasa o nula intervención humana, como terminales de punto de venta, sistemas de alarma, contadores inteligentes o soluciones de telemetría. La introducción de numeración de 13 dígitos busca preservar los rangos tradicionales de nueve cifras para usuarios particulares y evitar su agotamiento. El regulador también ha adoptado medidas orientadas a combatir el spam telefónico. Entre ellas destaca la creación del prefijo 400, diseñado para identificar de forma clara las llamadas comerciales antes de que el usuario descuelgue. La asignación de este nuevo bloque a las operadoras ya ha comenzado, y la CNMC mantendrá un control directo sobre su distribución y subasignación. Con ello se busca mejorar la trazabilidad de las llamadas comerciales y evitar cuellos de botella o usos abusivos dentro de la infraestructura digital de telecomunicaciones.

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(Expansión, 06-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE reclama por carta a los CEO de la banca que se blinden de la IA

El Banco Central Europeo (BCE) ha situado la ciberseguridad y la preparación frente a los riesgos derivados de la Inteligencia Artificial (IA) entre las principales prioridades para las entidades financieras. Para trasladar este mensaje, el supervisor ha remitido una carta a los consejeros delegados de los bancos, un instrumento que utiliza únicamente en situaciones de especial relevancia y con el que busca alertar sobre la magnitud de los desafíos que afronta el sector. La decisión llega después de que, el pasado 26 de mayo, representantes de las entidades fueran convocados en Fráncfort para analizar los riesgos que plantean los nuevos modelos de IA, especialmente por su capacidad para detectar vulnerabilidades en los sistemas tecnológicos de los bancos. Aquella reunión anticipó la llegada de esta comunicación oficial, que ahora obliga a los máximos responsables de las entidades a reforzar los planes de contingencia y garantizar que toda la organización participe en su desarrollo e implantación. El avance de la IA ha permitido la aparición de herramientas capaces de localizar fallos de seguridad en cuestión de segundos, lo que obliga a las entidades a acelerar las inversiones en protección digital y a reducir al mínimo los tiempos necesarios para corregir posibles vulnerabilidades. Según fuentes próximas al supervisor, esta evolución intensifica la carrera constante entre quienes desarrollan sistemas de defensa y quienes buscan explotarlos. El mensaje lanzado por el BCE tiene un carácter excepcional. La anterior ocasión en la que recurrió a este tipo de carta fue en 2022, tras la pandemia, cuando instó a los bancos a reforzar el control sobre determinados activos apalancados que podían convertirse en un riesgo para la estabilidad financiera en caso de tensiones en los mercados. En anteriores ocasiones, este tipo de comunicaciones ha servido para impulsar cambios en las prioridades de las entidades, cuyos avances son posteriormente objeto de seguimiento por parte del supervisor. En el caso de España, las principales entidades ya han trasladado al BCE sus estrategias para afrontar los riesgos asociados a la IA durante las reuniones mantenidas en junio con los equipos conjuntos de supervisión (JST), integrados por especialistas del BCE y del Banco de España. Estos encuentros estuvieron centrados principalmente en las amenazas vinculadas a las nuevas tecnologías, aunque también se abordaron otros asuntos relacionados con la supervisión bancaria. Durante estas reuniones, los supervisores solicitaron a los directivos una evaluación de la situación y un detalle de las medidas ya implantadas para prevenir posibles incidencias derivadas del uso de la IA. Además, se ha requerido a cada entidad que informe mensualmente sobre el grado de ejecución de sus planes, con el objetivo de comprobar su desarrollo y cumplimiento. El BCE, por el momento, no ha realizado comentarios oficiales sobre este proceso. En los últimos meses, el supervisor europeo ha mantenido reuniones similares con la mayoría de los grandes bancos de la eurozona para evaluar su nivel de preparación frente a unos riesgos tecnológicos que considera cada vez más relevantes. La intención no es únicamente conocer el estado de cada entidad, sino también recopilar las mejores prácticas aplicadas por el sector para elaborar una guía común que pueda servir de referencia en toda la unión bancaria, aunque todavía no se ha decidido si dicho documento llegará a publicarse. Desde Fráncfort consideran que buena parte de la banca europea avanza con retraso en la implantación de medidas suficientemente avanzadas para hacer frente a estas nuevas amenazas. Con el envío de esta carta, el BCE pretende acelerar ese proceso y reforzar el compromiso de las entidades en todos los niveles de su estructura organizativa.

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