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(El País, 06-02-2026) | Fiscal

Más de 40 grandes empresas remiten a Hacienda información sensible sobre su actividad tributaria

La Agencia Tributaria ha hecho pública recientemente la lista anual de compañías que han optado por presentar el Informe de Transparencia, un documento de carácter fiscal y voluntario que se integra en el Código de Buenas Prácticas Tributarias. El dato resulta especialmente significativo, ya que alcanza el nivel más alto registrado hasta ahora: algo más de 40 grandes empresas -tanto nacionales como extranjeras con presencia en España- han decidido ofrecer a Hacienda una visión detallada de su política fiscal. La cifra, actualizada esta semana y correspondiente al ejercicio 2024, no solo marca un máximo histórico, sino que confirma una evolución claramente al alza respecto a ejercicios anteriores, en los que la participación rondaba la treintena. Entre las compañías que se repiten figuran Telefónica, Inditex, Mercadona, Iberdrola, Repsol, Seat, Indra, la mayoría de los grandes bancos y grupos de infraestructuras como ACS y Ferrovial. Este máximo histórico convive, sin embargo, con una circunstancia llamativa: algunas grandes empresas que venían participando en años anteriores han dejado de hacerlo. En la relación actual ya no aparecen grupos relevantes como CaixaBank o Inmobiliaria Colonial, presentes en la edición precedente, ni Mapfre, que había figurado en ejercicios anteriores. El Informe de Transparencia es un instrumento voluntario mediante el cual las grandes empresas facilitan a la Agencia Tributaria información especialmente relevante sobre su estrategia y política fiscal. Entre otros aspectos, detalla la estructura del grupo, su implantación internacional, las razones de su presencia en territorios de baja tributación, las operaciones fiscalmente más significativas y los mecanismos internos de identificación y gestión de riesgos fiscales. Con esta iniciativa, la Agencia Tributaria persigue fortalecer una relación cooperativa con los grandes contribuyentes, basada en la confianza mutua, la anticipación y la disminución de conflictos, más allá del mero cumplimiento formal de la normativa. El Código de Buenas Prácticas Tributarias fue aprobado en 2010 en el seno del Foro de Grandes Empresas y, desde 2018, la Agencia Tributaria está habilitada para informar públicamente de las entidades adheridas. Según el propio organismo, la experiencia acumulada ha sido hasta ahora "útil y fructífera", consolidándose como una herramienta eficaz para favorecer el cumplimiento tributario, con mayores niveles de previsibilidad y seguridad jurídica. La adhesión al código implica compromisos por ambas partes. Las empresas se obligan a actuar con lealtad y buena fe en el ámbito fiscal, a evitar el uso de estructuras opacas con fines de elusión, a comunicar de forma anticipada criterios fiscales relevantes y operaciones de especial trascendencia, y a colaborar activamente en la prevención del fraude. A cambio, la Agencia Tributaria se compromete a reforzar la seguridad jurídica, a dotar de mayor certidumbre la aplicación de las normas, a habilitar canales tempranos de comunicación para cuestiones fiscales complejas y a informar con antelación sobre posibles regularizaciones. El Informe de Transparencia materializa ese enfoque de cooperación. A diferencia de las obligaciones fiscales ordinarias, permite a la Administración disponer de una visión más amplia y detallada de la política fiscal de cada grupo, su estructura internacional, la justificación de su presencia en territorios de baja tributación, las operaciones más relevantes y los sistemas internos de control de riesgos. La información se remite de manera anticipada -preferentemente antes de la presentación del impuesto sobre sociedades- y tiene carácter confidencial. En definitiva, la adhesión al código no exime del cumplimiento de la ley, sino que anima a las empresas a ir un paso más allá de las exigencias mínimas, incorporando criterios de transparencia y buena fe en su relación con Hacienda. Desde la Agencia Tributaria se subraya que este planteamiento contribuye a una aplicación más previsible de las normas y a la reducción de posibles controversias. Para las empresas, la elaboración del informe supone la apertura de un canal de diálogo temprano con la Administración, que facilita la aclaración de criterios fiscales complejos y la anticipación de eventuales discrepancias. Además, el propio Código contempla la posibilidad de hacer público este compromiso, lo que puede reforzar la reputación de las compañías en materia de responsabilidad fiscal ante inversores y la sociedad en general.

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(El Economista, 06-02-2026) | Fiscal

La justicia impide a Hacienda alargar las inspecciones sobre precios de transferencia sin motivo

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha puesto freno a la práctica de la Agencia Tributaria de prolongar las inspecciones de manera injustificada en los procedimientos relacionados con precios de transferencia, es decir, en la revisión de operaciones realizadas entre empresas de un mismo grupo o entre sociedades y sus socios. En una sentencia dictada el pasado 19 de noviembre, el tribunal aclara los plazos de prescripción aplicables a este tipo de actuaciones y limita la posibilidad de que la Administración extienda la duración de una inspección a mitad del proceso sin que concurran hechos nuevos que lo respalden ni una motivación expresa que lo justifique. El fallo resuelve un conflicto entre una empresa y Hacienda en relación con la liquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y 2013. La Agencia Tributaria inició una inspección, cuyo plazo ordinario es de 18 meses, y apenas tres meses antes de su vencimiento comunicó a la compañía su ampliación hasta los 27 meses, incorporando además la revisión del ejercicio 2014. Para justificar esta decisión, Hacienda alegó que la entidad inspeccionada tenía la condición de gran empresa, circunstancia que permite, con carácter general, extender la duración de las actuaciones hasta los 27 meses. El TSJM, no obstante, reprocha a la Administración que esa condición era conocida o, al menos, podía haberse constatado desde el inicio de la inspección, que comenzó en diciembre de 2015, momento en el que además el Impuesto sobre Sociedades de 2014 ya había sido presentado y liquidado. En consecuencia, el tribunal considera que la Administración pudo incluir ese ejercicio desde el principio y fijar desde entonces el plazo ampliado. La resolución subraya que la duración de una inspección debe quedar establecida desde su inicio, salvo que durante su desarrollo aparezcan circunstancias sobrevenidas que justifiquen una modificación. En este caso, señala que la Agencia Tributaria no explicó qué hechos nuevos detectados durante la inspección motivaron el aumento del plazo. El tribunal afirma que la posibilidad de ampliar el alcance y la duración de la inspección se utilizó de forma incorrecta y sin la debida motivación. Añade que cualquier ampliación debe comunicarse al contribuyente en el mismo momento, o tan pronto como sea posible, desde que la Administración tenga conocimiento de las circunstancias que la justifican, o bien debe explicarse de forma razonada por qué se modifica el procedimiento, algo que no ocurrió en este supuesto. Como consecuencia, el TSJM anula la regularización practicada sobre los ejercicios 2011 y 2012 al considerar que las actuaciones habían prescrito. Flavio Sánchez, socio responsable del área de Precios de Transferencia en BDO Abogados, destaca que la relevancia de esta sentencia radica en el impacto que los plazos y la prescripción pueden tener en las inspecciones de este tipo. Según explica, la Administración no puede ampararse en la condición de gran empresa cuando esa circunstancia era conocida desde el inicio, ni privar al contribuyente de su derecho a la prescripción por ineficiencias o con el objetivo de prolongar la inspección. El experto señala además que, dado que la mayoría de los procedimientos de precios de transferencia afectan a grandes compañías, estas deben vigilar con especial atención los tiempos de las actuaciones inspectoras, ya que el incumplimiento de los plazos puede convertirse en un elemento de defensa frente a los ajustes propuestos. En su opinión, la sentencia refuerza la idea de que las inspecciones tienen límites temporales claros y que la Administración no puede ampliarlos de forma discrecional, sin una motivación suficiente ni una comunicación adecuada al obligado tributario.

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(Expansión, 06-02-2026) | Laboral

La patronal plantea modificar los complementos salariales de las bajas para mitigar el absentismo

Cepyme plantea ampliar las competencias de las mutuas para que, en determinados supuestos, puedan emitir el alta médica de los trabajadores y defiende también un mayor uso de los recursos sanitarios privados con el fin de acelerar los procesos de incapacidad temporal. El refuerzo de los controles sobre las bajas laborales, la revisión de los complementos salariales previstos en los convenios durante los periodos de incapacidad temporal y un mayor aprovechamiento de las mutuas -incluida la posibilidad de que estas puedan proponer el alta en algunos casos- forman parte de las propuestas que la patronal plantea para frenar el aumento del absentismo. Estas iniciativas llegan en un momento en el que el Ministerio de Seguridad Social quiere reactivar el diálogo tripartito sobre la incapacidad temporal y cuando empiezan a perfilarse las negociaciones con los sindicatos para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). La organización que agrupa a las pequeñas y medianas empresas considera que el absentismo se ha convertido en uno de los factores que más está afectando al tejido productivo en los últimos años. Aunque el impacto es menor en las pymes, tal y como señala el último informe de la Airef, desde Cepyme advierten de que en el caso de las microempresas las ausencias pueden llegar a paralizar completamente la actividad, intensificando los problemas organizativos y las pérdidas de productividad. Por ello, Cepyme pretende introducir en las mesas de negociación sobre incapacidad temporal y en el marco del AENC la revisión de los complementos salariales recogidos en los convenios colectivos, que permiten a los trabajadores mantener el 100% de su salario mientras están de baja. Estos complementos sirven para cubrir la diferencia entre la prestación que abona la Seguridad Social y el salario habitual del empleado. La normativa vigente establece que, en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, tienen derecho a la prestación los trabajadores afiliados y en alta que acrediten al menos 180 días cotizados en los cinco años anteriores, cuando la baja se deba a enfermedad común. En los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional no se exige un periodo mínimo de cotización. En estos casos, la Seguridad Social paga el 60% de la base reguladora entre los días cuarto y vigésimo de la baja, porcentaje que se eleva al 75% a partir del día 21. Además, entre el día 4 y el 15 el coste corre a cargo de la empresa. En las bajas por contingencias profesionales, la prestación asciende al 75% de la base reguladora desde el día siguiente al accidente o al inicio de la baja. Sin embargo, muchos convenios colectivos incluyen complementos salariales que permiten al trabajador percibir el salario íntegro durante todo el periodo de incapacidad. Es precisamente sobre estos complementos donde los empresarios quieren introducir cambios. Aunque Cepyme no ha concretado aún qué propuesta trasladará a UGT y CCOO en el marco de la negociación del AENC, sí apunta a la posibilidad de sustituir estos complementos por otros incentivos económicos que no estén directamente vinculados a la situación de baja médica. "Hay que analizar de qué manera pueden transformarse estos complementos", señaló este jueves la directora del departamento sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz de Terán, durante un encuentro informativo, mientras que la presidenta de la organización, Ángela de Miguel, insistió en que el absentismo laboral es actualmente la principal preocupación del colectivo empresarial. Paralelamente, las organizaciones empresariales respaldan las recomendaciones de la Airef, que en su último informe propone utilizar de forma más intensiva los recursos de las mutuas y de la sanidad privada para aliviar la presión sobre el sistema público de salud. La saturación de los servicios públicos, recuerdan, contribuye en muchos casos a alargar los procesos de incapacidad, que incluyen desde el diagnóstico y el tratamiento hasta la rehabilitación y la emisión del alta médica. En este contexto, desde Cepyme defienden que las mutuas puedan asumir un papel más activo y otorgar el alta en determinados supuestos.

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(El Economista, 06-02-2026) | Laboral

Las empresas ya empiezan a reducir los sueldos de empleados que están de baja por enfermedad

El crecimiento de los procesos de incapacidad temporal se ha convertido en una de las mayores inquietudes para las empresas. Esta preocupación ya se ha trasladado a la negociación colectiva y, después de años en los que los convenios garantizaban complementos que elevaban la prestación hasta igualar el salario habitual durante las bajas, las patronales han empezado a reducir estos pagos adicionales. Como consecuencia, muchos trabajadores perciben ahora una remuneración inferior a la que cobraban antes de iniciar la baja. La revisión de estos complementos es actualmente una de las principales prioridades de la CEOE en la negociación de los nuevos convenios colectivos. Así lo confirman fuentes sindicales, que aseguran que este asunto abre prácticamente todas las mesas de negociación y que la propuesta se ha planteado de forma generalizada. Las modificaciones ya se reflejan en convenios recientemente publicados en el Boletín Oficial del Estado. El acuerdo de Pescanova, en vigor desde el 15 de enero, introduce una cláusula que condiciona el cobro del 100% del salario para los trabajadores de fabricación, mantenimiento y servicios auxiliares a que el absentismo en esas áreas no haya superado el 6% en el semestre anterior. En el caso del personal administrativo, el límite se fija en el 3%. Además, el complemento hasta el salario íntegro solo se aplica cuando la baja por enfermedad común conlleva hospitalización. El convenio de Bosch incluye un planteamiento similar. En él, las partes firmantes reconocen que un nivel elevado de bajas médicas perjudica seriamente la competitividad y se comprometen a trabajar de forma coordinada para reducirlo. Aunque la empresa mantiene el abono del 100% del salario durante la incapacidad temporal, este complemento puede retirarse si el trabajador rechaza un reconocimiento médico propuesto por la empresa o si no comunica adecuadamente el inicio de la baja. En la misma línea, el convenio de la cadena de supermercados Consum elimina el complemento salarial en determinados supuestos, como la negativa a someterse a una revisión médica, la prolongación de la baja más allá del tiempo estándar fijado por el INSS para cada patología o la reiteración de procesos de incapacidad temporal o recaídas en el último año. También el reciente convenio del sector del metal en Tenerife, firmado hace apenas unos días, ha introducido recortes al reducir el periodo durante el cual se abona el 100% del salario, que pasa de un año completo a 200 días, con el objetivo explícito de frenar el absentismo. Desde la CEOE se considera que estos complementos explican en parte el aumento de las bajas médicas registrado en los últimos años. "Si el trabajador percibe lo mismo estando de baja que trabajando, no existe un incentivo claro para reincorporarse", advertía hace dos semanas la directora de empleo de la patronal, Rosa Santos, durante unas jornadas sobre absentismo celebradas en el Congreso. Un mensaje en el que insistió posteriormente Teresa Díaz de Terán, directora sociolaboral de Cepyme, al señalar la necesidad de analizar cómo reformular estos extras vinculados a la incapacidad temporal. El informe sobre incapacidad temporal publicado el miércoles por la Airef también apunta a la influencia de estos complementos en el aumento de las bajas. El organismo cifra desde 2017 un incremento del 60% en la incidencia de la IT y un aumento del 15% en la duración media de los procesos. Según sus datos, cerca de la mitad de los convenios sectoriales y el 65% de los convenios de empresa firmados cada año incluyen mejoras sobre la prestación básica, una proporción que alcanzó el 79% en 2025. El análisis de la Airef detalla que, en los convenios sectoriales, alrededor del 50% contempla mejoras en los tres primeros días de baja, porcentaje que se eleva al 55-60% en los tramos de entre 4 y 20 días y a partir del día 21. En los convenios de empresa, la presencia de complementos es más uniforme, con alrededor del 65% de los acuerdos incorporando mejoras en todos los tramos. En términos de cuantía, la prestación final media se sitúa en torno al 80% del salario entre los días 1 y 3, alcanza el 91% entre los días 4 y 20 y llega al 97% a partir del día 21. Conviene recordar que la normativa vigente no obliga a pagar los tres primeros días de baja, fija una prestación del 60% entre el día 4 y el 20 y del 75% a partir del día 21. La Airef también ha analizado qué otras medidas recogen los convenios para reducir la incapacidad temporal y las agrupa en cuatro grandes bloques: incentivos económicos por bajos niveles de absentismo, presentes en el 9% de los acuerdos; complementos condicionados al grado de asistencia del trabajador o de la plantilla, que aparecen en un 3% de los convenios sectoriales y un 4% de los de empresa; requisitos adicionales como la entrega de partes médicos, incluidos en torno al 2%; y medidas no económicas orientadas a facilitar la reincorporación, presentes en porcentajes cercanos al 2%. Antes de 2025, algunos convenios ya habían incorporado cláusulas específicas para abordar el absentismo, como la creación de comisiones de seguimiento encargadas de analizar las cifras y proponer soluciones, tal y como ocurre en el sector de la limpieza en Madrid o en el convenio de Vodafone. Otros acuerdos, como el del metal en Jaén, condicionaban el complemento salarial al nivel de absentismo de la empresa, mientras que el de General Logistics introducía un plus para los mozos de almacén vinculado a la mejora de los índices de siniestralidad, siempre que no existieran ausencias injustificadas.

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(El Economista, 06-02-2026) | Laboral

Emprender es la última opción para un parado en España: menos de un 3% se lo plantea

La percepción de que emprender puede ser una vía eficaz para abandonar el desempleo no termina de consolidarse en España. De hecho, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), esta alternativa es una de las menos utilizadas por las personas sin trabajo. Al cierre de 2025, solo el 2,72% de los desempleados había realizado algún trámite para poner en marcha un negocio propio. Se trata de una proporción muy reducida frente a otras fórmulas de búsqueda de empleo, aunque supone el mejor registro desde la pandemia. Las cifras del INE indican que en el cuarto trimestre del año pasado apenas 67.300 parados estaban dando pasos para trabajar por cuenta propia, unos 10.000 menos que en el mismo periodo de 2024, cuando representaban el 2,97% del total. No obstante, en trimestres anteriores los datos fueron más favorables y a comienzos de 2025 se alcanzó un máximo puntual del 3,3%, un nivel que no volvió a repetirse. Aun así, este repunte elevó la media anual hasta el 2,9%, el valor más alto desde que se modificó la metodología estadística en 2021. Existen series históricas previas, aunque con una formulación distinta de las preguntas dirigidas a los desempleados, que diferenciaban entre la búsqueda de locales o materiales y la obtención de financiación o licencias. La suma de ambas variables permaneció estancada durante años en torno al 1,6%, si bien antes de la crisis inmobiliaria llegó a situarse en el 4,1% en 2006. Este cambio en la serie refleja no solo una revisión técnica, sino también una transformación en la manera de entender el emprendimiento en España. En el pasado, iniciar un negocio solía implicar abrir un establecimiento físico; hoy, la digitalización ha alterado profundamente ese esquema, lo que motivó la actualización estadística de 2021. Pese a ello, los niveles actuales siguen siendo claramente inferiores a los previos a la Gran Recesión, lo que sugiere que emprender resulta menos atractivo que en la etapa de auge del sector inmobiliario. En cualquier caso, la EPA no detalla en qué tipo de actividades planean emprender los desempleados. Como ha venido publicando elEconomista.es, en los últimos 25 años el peso de los autónomos en el empleo total ha caído del 19% al 14,6%. Este descenso se intensificó tras la crisis financiera de 2008 y el colapso de la construcción, un contexto que desanima a muchos parados a optar por el autoempleo. Y la EPA no es el único indicador que lo pone de manifiesto. La Estadística de Flujos de la Población Activa muestra que, a finales de 2025, solo 40.000 ocupados no asalariados procedían directamente del desempleo, el registro más bajo para un cuarto trimestre. A esta cifra se suman 52.700 personas que antes eran inactivas, es decir, que no constaban como paradas al no buscar trabajo de forma activa. Esto puede responder a perfiles que interrumpen temporalmente su actividad para preparar un proyecto, aunque el peso de este grupo en los nuevos emprendimientos genera dudas sobre la solidez de estas transiciones laborales. Más concluyentes son los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Hasta noviembre, únicamente 43.547 desempleados de los 860.000 beneficiarios de prestaciones contributivas habían optado por capitalizar el paro en pago único para emprender, un 8% menos que el año anterior. Si esta tendencia se confirma al cierre del ejercicio, se trataría del peor registro de los últimos años. Este retroceso no puede explicarse por una menor cifra de parados. En 2007, con 780.205 perceptores de prestación contributiva, 154.473 personas capitalizaron su ayuda para iniciar un negocio. Esto evidencia que los sectores que absorbían a los desempleados emprendedores entonces no son los mismos que en la actualidad, a lo que se suman el encarecimiento de costes y las mayores dificultades para poner en marcha una actividad. Eso sí, el número medio de días de prestación capitalizados ha aumentado de forma notable, pasando de 136 a 281. Algunos expertos interpretan esta evolución como consecuencia de la mejora del mercado laboral. En su opinión, el paso del paro al autoempleo responde más a la falta de alternativas como asalariado que a la existencia de un verdadero proyecto empresarial. Esta dinámica puede derivar en situaciones irregulares, como la de los falsos autónomos, fenómeno que se vincula, entre otros factores, a la tarifa plana de cotización introducida en 2013 para los primeros años de actividad y que aún continúa vigente. No obstante, influyen también problemas estructurales del colectivo: una fiscalidad poco favorable, cotizaciones que no siempre se ajustan a los ingresos reales, retrasos en los cobros y una protección social -especialmente en pensiones y prestaciones por desempleo- más limitada que la de los trabajadores asalariados. Durante el auge de la construcción, estos factores pesaban menos como desincentivo que en la actualidad. En cualquier caso, incluso con incentivos como la tarifa plana, diseñada precisamente para facilitar el salto del desempleo al autoempleo, el atractivo para los parados ha sido reducido. Aunque en su primer año las capitalizaciones de prestaciones se dispararon, en los ejercicios siguientes el descenso fue acusado y los niveles quedaron cada vez más lejos de los máximos alcanzados antes de la crisis financiera.

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(Cinco Días, 06-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE mantiene los tipos sin cambios en el 2% y enfría las expectativas de más recortes

La primera cita del Banco Central Europeo en 2026 se ha cerrado sin cambios en el precio del dinero. El organismo ha optado por mantener los tipos de interés sin variaciones por quinta vez consecutiva, en una decisión adoptada por consenso. Con la inflación de la eurozona situada en el 1,7%, muy próxima al objetivo del 2% que guía la actuación del BCE, el Consejo de Gobierno ha optado por la inacción: la última modificación se produjo en junio del año pasado y, por ahora, Fráncfort no da señales de querer alterar el rumbo, ni endureciendo ni relajando la política monetaria. En su intervención, Christine Lagarde trató de rebajar las expectativas de quienes interpretaban el retroceso de la inflación en enero como un cambio estructural. Atribuyó ese descenso al abaratamiento de la energía por efectos de comparación interanual, subrayó que un solo dato mensual no altera la tendencia subyacente y reiteró que las proyecciones del BCE siguen situando la inflación en torno al 2% a medio plazo. "La inflación está donde debe estar, y nosotros también", afirmó. Sin nuevas previsiones macroeconómicas hasta marzo y con la tensión comercial impulsada por Donald Trump perdiendo intensidad, el escenario actual está dominado por la estabilidad. Los mercados bursátiles continúan en niveles elevados, sin señales claras de agotamiento; la economía de la zona euro mantiene el pulso gracias a la demanda interna -el PIB creció un 1,5% en 2025- y la tasa de desempleo, en el 6,2%, marca mínimos históricos. El BCE destacó en su comunicado que el crecimiento se apoya en un mercado laboral sólido, unos balances privados saneados, el despliegue progresivo del gasto público en defensa e infraestructuras y los efectos positivos de las anteriores bajadas de tipos. Tampoco parece inquietar en exceso el fortalecimiento del euro frente al dólar, una cuestión que había generado debate en semanas anteriores. Lagarde recordó que el BCE no tiene como objetivo fijar un determinado nivel de la moneda única frente al dólar. Aunque reconoció que el asunto se abordó en la reunión, restó importancia a las oscilaciones recientes y señaló que el tipo de cambio se mueve dentro de los márgenes contemplados en las previsiones del organismo. Además, subrayó que la debilidad del dólar no es un fenómeno reciente, ya que comenzó en marzo de 2025, y que no detecta motivos de preocupación. La presidenta del BCE también rechazó vincular la apreciación del euro con la ambición de reforzar su papel internacional. "Una cosa no implica la otra", sostuvo, negando que exista una relación directa entre fortaleza cambiaria y relevancia global. Pese a este panorama de calma aparente, dentro del Consejo de Gobierno empiezan a ganar peso las voces que alertan de un riesgo distinto: ya no la inflación elevada, sino la posibilidad de que los precios se acerquen peligrosamente al estancamiento. En esta evolución influyen tanto el descenso del precio del gas natural -con impacto directo en las tarifas eléctricas- como la debilidad del dólar, que se ha depreciado cerca de un 14% frente al euro en el último año. Estos factores refuerzan los argumentos del sector más moderado del BCE, favorable a acelerar las bajadas de tipos. Sin embargo, Lagarde no se muestra convencida y considera insuficiente un solo mes de inflación por debajo del objetivo para justificar un nuevo recorte del precio del dinero. Aunque a primera vista una moderación de los precios puede parecer positiva, cuando se aproxima a la deflación sus efectos resultan perjudiciales para la economía: se retrasan las decisiones de consumo, se frenan los salarios y se resienten tanto la inversión como la actividad económica. Por ahora, no hay indicios de que se repita a corto o medio plazo el escenario de precios negativos observado durante la pandemia. Las últimas previsiones del BCE sitúan la inflación en el 1,9% este año y en el 1,8% el próximo. Solo si el contexto cambiara de forma significativa y la inflación se alejara del entorno de seguridad que ofrece el 2% -como ocurrió en Francia, donde los precios cayeron al 0,4% en enero- volvería a intensificarse la presión para una nueva bajada de tipos. Persisten, no obstante, algunos riesgos que apuntan a una posible mayor depreciación del dólar y, con ello, a una inflación aún más contenida en Europa. Una Reserva Federal más alineada con las preferencias de Donald Trump, partidario de reducir los tipos bajo el nuevo liderazgo que sustituirá a Jerome Powell, podría acelerar esa tendencia. No obstante, el mercado ya anticipa recortes por parte de la Fed, lo que podría amortiguar el impacto. Lagarde, que coincidió con Kevin Warsh en Nueva York durante la crisis financiera, afirmó conocerlo bien y valoró positivamente su designación como sucesor de Powell. Más allá del habitual intercambio de señales ambiguas con la prensa sobre el futuro de la política monetaria, Lagarde anunció que remitirá a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, así como a la presidenta de la Comisión Europea y al presidente del Consejo Europeo, un documento con cinco propuestas destinadas a impulsar el crecimiento, la productividad y la movilización del talento en Europa. Entre las prioridades señaladas figuran el refuerzo de la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de aumento de la deuda; el impulso a la inversión estratégica y a las reformas estructurales; la eliminación de barreras internas que lastran el mercado único; una mayor integración de los mercados de capitales mediante la culminación de la unión bancaria y del ahorro y la inversión; y la rápida adopción del reglamento para la creación del euro digital. Con esta iniciativa, Lagarde aspira a influir en la reunión informal de reflexión que celebrarán los líderes europeos el próximo 12 de febrero, centrada en el fortalecimiento del mercado único, un objetivo que cobra especial importancia ante el deterioro de la confianza en las relaciones con Estados Unidos bajo la Administración Trump.

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(Cinco Días, 06-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV ve necesaria una mayor presencia de ‘stablecoins’ en euros y ensalza las que están preparando los bancos

Las stablecoins continúan en el centro del debate. Este mercado ya supera los 300.000 millones de dólares de capitalización, aunque la mayor parte del valor se concentra en solo dos activos: USDT, emitida por Tether, y USDC, de Circle. Las monedas estables vinculadas al dólar acaparan prácticamente todo el mercado, con un peso cercano al 99%, una situación que inquieta a los supervisores. La CNMV lo señala expresamente en su último informe sobre el estado de los activos digitales, publicado este martes, en el que advierte de que esta fuerte dolarización plantea interrogantes relevantes para la política financiera y subraya la necesidad de buscar alternativas. Entre ellas, destaca impulsar una mayor presencia de stablecoins referenciadas al euro y respaldadas por activos financieros europeos, con el objetivo de equilibrar el mercado y reforzar el papel de la moneda común. Aunque USDT no puede comercializarse en la Unión Europea por no ajustarse a los requisitos del reglamento MiCA, su principal rival, USDC, sí opera en el mercado europeo. Esta circunstancia ha puesto el foco sobre las llamadas stablecoins de emisión múltiple, es decir, aquellas que se emiten en distintas jurisdicciones sujetas a marcos regulatorios diferentes, como Estados Unidos y Europa. Los reguladores han advertido en varias ocasiones de los riesgos asociados a este tipo de activos, especialmente en escenarios de tensión financiera. En situaciones de reembolsos masivos, los emisores podrían verse obligados a atender solicitudes procedentes tanto de usuarios europeos como de tenedores de tokens emitidos fuera de la UE. Si las reservas situadas en Europa no fueran suficientes, el sistema dependería de transferencias desde entidades ubicadas en terceros países, con el riesgo añadido de que las autoridades extranjeras limiten o bloqueen esos flujos, dejando a los inversores sin acceso a sus fondos. En octubre del año pasado, la Junta Europea de Riesgo Sistémico aprobó una recomendación no vinculante para prohibir este tipo de activos, lo que abrió un intenso debate. Víctor Rodríguez, director general de política estratégica de la CNMV, explicó este martes, durante un acto sobre el primer aniversario de MiCA, que estas stablecoins suponen un riesgo que debe abordarse, pero considera que una prohibición total podría generar efectos indeseados. En su opinión, existe el peligro de que los inversores trasladen su actividad a otros mercados. Por ello, el supervisor aboga por buscar soluciones intermedias, como una regulación más precisa y límites específicos, así como por fomentar el desarrollo de stablecoins denominadas en euros. La CNMV destaca, además, algunos proyectos impulsados por entidades financieras en Europa y en España que apuntan hacia un sector más regulado y seguro, con potencial para generar oportunidades en la economía real. Los bancos centrales también valoran positivamente estas iniciativas, al entenderlas como una forma de reducir el peso de los actores estadounidenses, cuyo dominio contribuye a reforzar la posición del dólar. Una de las principales preocupaciones es que la expansión de las stablecoins provoque un trasvase de los ahorros de los consumidores hacia estos instrumentos, lo que podría debilitar la capacidad de concesión de crédito de los bancos, reducir la eficacia de la política monetaria o, en escenarios extremos, favorecer procesos de sustitución de la moneda. En el ámbito europeo ya existen varios proyectos en marcha. Société Générale Forge lanzó en abril de 2023 la stablecoin EUR CoinVertible, vinculada al euro, y otras iniciativas están próximas a ver la luz. En España, BBVA prevé lanzar este año su propia moneda estable ligada al euro, mientras que CaixaBank ha promovido un consorcio denominado Qivalis junto a entidades como ING, Unicredit, Banca Sella o Raiffeisen Bank International, con el objetivo de emitir una stablecoin en la segunda mitad de 2026. Según un estudio de S&P Global Ratings publicado este martes, la emisión y el uso de monedas estables europeas crecerán con rapidez y, de cara a 2030, su valor total podría situarse entre 25.000 millones y 1,1 billones de euros, frente a los alrededor de 650 millones actuales. Estas nuevas emisiones se incorporarían a un mercado de stablecoins vinculadas al euro que también presenta un alto grado de concentración. EURC, de Circle, domina claramente este segmento con más de la mitad del total emitido, seguida de EURCV y AEUR, que superan el 10% cada una, mientras que el resto de activos tienen cuotas inferiores al 6%. La CNMV advierte igualmente de los riesgos derivados de esta concentración. Dado que el dinero fiat que respalda estas monedas se deposita en distintos bancos o se invierte en deuda a corto plazo, existen riesgos de contraparte relacionados con la solvencia de esas entidades y con la propia naturaleza de los activos subyacentes. En escenarios de estrés, los reembolsos simultáneos podrían afectar no solo a las stablecoins, sino también propagarse a los mercados tradicionales a través de la venta forzada de reservas. En cuanto al papel de la supervisión europea, aunque la entrada de los bancos en el ecosistema cripto y, en particular, en el ámbito de las stablecoins es bien recibida por los reguladores debido a la solidez y credibilidad de estas entidades, las autoridades avanzan con prudencia. En el conjunto de la UE ya se han concedido más de 140 autorizaciones bajo MiCA. En España, la CNMV ha otorgado licencias a tres empresas cripto y a cuatro bancos, aunque mantiene todavía 28 solicitudes en tramitación, según recordó este martes Carmen Corsín, subdirectora de autorizaciones del organismo. El periodo transitorio finaliza a finales de junio y, a partir de entonces, solo podrán seguir operando las entidades que cuenten con la autorización correspondiente, una situación que genera inquietud tanto en el sector como en el propio supervisor. El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, reconoció también este martes que, pese a que MiCA ha supuesto un avance significativo al introducir mayor transparencia en un sector tradicionalmente opaco, su aplicación práctica y la labor de supervisión continúan siendo complejas. Según explicó, las dificultades derivan del rápido cambio tecnológico, de la sofisticación de los productos y de los nuevos canales de comercialización. En este contexto, considera que el marco actual aún es incompleto y requiere mayor claridad. San Basilio se mostró partidario de avanzar hacia una supervisión más centralizada de los proveedores de servicios cripto en el ámbito de la ESMA, con el fin de evitar arbitrajes regulatorios y reforzar la protección de los inversores. No obstante, admitió que persisten dudas sobre cómo debería abordarse la vigilancia de los operadores de ámbito nacional, es decir, aquellas empresas que, aunque operan en varios países, concentran su actividad en un mercado concreto. A su juicio, todavía está por ver hasta qué punto la centralización de esta supervisión resultará realmente eficaz, un asunto que sigue siendo objeto de negociación.

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(Expansión, 06-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros a autónomos y micropymes para vehículos eléctricos

El presidente del Gobierno anunció este jueves el lanzamiento de una nueva línea de ayudas públicas dotada con 40 millones de euros destinada a facilitar la compra o el alquiler de vehículos electrificados. Pedro Sánchez hizo así un gesto hacia los autónomos y las microempresas al presentar esta iniciativa orientada a impulsar la movilidad sostenible entre estos colectivos. Según explicó, el programa contemplará subvenciones para la adquisición de vehículos electrificados, ya sea en régimen de propiedad o de renting, y estará dirigido a trabajadores por cuenta propia y empresas de menos de diez empleados. Las ayudas podrán alcanzar importes de hasta 7.500 euros por beneficiario. El anuncio se produjo durante la intervención del jefe del Ejecutivo en la clausura del VIII Congreso Nacional de Industria, celebrado este miércoles y jueves en el Palacio Euskalduna de Bilbao, un encuentro que ha reunido a numerosos representantes del tejido industrial español y a directivos de grandes compañías como Repsol, Siemens España, Telefónica, Airbus o el grupo Mondragón. Sánchez defendió que esta nueva línea de apoyo es una muestra más del compromiso del Gobierno con la electrificación de la economía, una estrategia que, según afirmó, es firme y no admite marcha atrás. No obstante, para muchos autónomos y pequeñas empresas la medida supone solo un alivio limitado frente a los numerosos desafíos a los que se enfrentan desde hace años, como el aumento de las cotizaciones sociales, las sucesivas subidas del salario mínimo, el incremento de la carga burocrática o la falta de soluciones eficaces frente al absentismo laboral. En su discurso, el presidente también sacó pecho de la evolución del sector industrial bajo su mandato, asegurando que la industria española atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. De acuerdo con sus datos, desde 2018 se han creado cerca de 200.000 empleos industriales, aproximadamente la mitad en el último año, lo que convertiría a 2025 en el ejercicio con mayor creación de empleo industrial de la década. En un contexto político marcado por diversos escándalos que afectan al PSOE y al Ejecutivo, y con un calendario electoral exigente por delante -con las elecciones de Aragón este domingo y las de Castilla y León y Andalucía previstas para marzo y primavera-, Sánchez mantiene una intensa agenda de actos públicos, anuncios y medidas con las que trata de poner en valor la gestión de su Gobierno, especialmente en el ámbito industrial. En esta línea, afirmó que España ha superado la etapa de la reconversión industrial para adentrarse en una fase de reconstrucción del sector, un proceso que, según señaló, ya está en marcha y en el que la colaboración entre el sector público y el privado resulta clave para afrontar los profundos cambios económicos y tecnológicos. A juicio del presidente, la acción conjunta del Estado y las empresas está permitiendo reindustrializar el país y desarrollar una política industrial ambiciosa basada en la cooperación público-privada. Pese a este discurso, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica impulsada por el Gobierno continúa bloqueada en el Congreso debido a la falta de apoyos suficientes para su aprobación.

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(Expansión, 05-02-2026) | Fiscal

La declaración se podrá presentar desde el 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026

La Agencia Tributaria ha dado a conocer ya el calendario de la campaña del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2025, cuyas declaraciones deberán presentarse a lo largo de este año. El plazo general abarcará desde el 8 de abril hasta el 30 de junio, en función de la modalidad elegida para realizar la declaración. Los plazos previstos para la presentación de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025 son los siguientes: entre el 8 de abril y el 30 de junio de 2026 se podrán presentar por vía telemática las declaraciones de ambos impuestos. Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026, la Agencia Tributaria ofrecerá el servicio de confección de la declaración de la Renta por teléfono, siendo necesario solicitar cita previa entre el 29 de abril y el 29 de junio. Asimismo, del 1 al 30 de junio de 2026, la declaración de la Renta podrá realizarse de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria, con solicitud de cita previa entre el 29 de mayo y el 29 de junio. Para recibir atención tanto telefónica como presencial, Hacienda recuerda que, como es habitual, será imprescindible pedir cita previa, ya sea a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria o mediante los siguientes números de teléfono: el sistema automático (91 535 73 26 o 901 12 12 24) y el servicio específico de cita para la campaña de Renta (91 553 00 71 o 901 22 33 44). En la campaña anterior, a fecha 30 de diciembre, la Agencia Tributaria había devuelto más de 13.000 millones de euros correspondientes a la Renta 2024 a un total de 15,6 millones de contribuyentes, lo que supuso el 97,5 % de las devoluciones solicitadas y el abono del 95,5 % de los importes reconocidos. Tras los avisos preventivos remitidos por la Agencia, se presentaron más de 47.000 declaraciones rectificativas. De las 24,72 millones de declaraciones presentadas hasta final de año, más de 2.062.000 se realizaron con asistencia personalizada, ya fuera en oficinas o por vía telefónica, lo que representa 103.000 más que en la campaña precedente. Asimismo, se registraron 704.000 declaraciones presentadas mediante la aplicación móvil, 52.000 más que el año anterior. De estas, más de 523.000 se tramitaron mediante la opción de "un solo clic", mientras que el resto requirió acceder a Renta Web para introducir modificaciones. Del total de declaraciones presentadas, más de 2.920.000 se realizaron a través del sistema "Renta Directa", diseñado para la presentación inmediata de declaraciones sencillas, así como mediante la aplicación móvil y el plan telefónico "Le Llamamos". Esta cifra supone un incremento de 1.140.000 declaraciones respecto a la campaña anterior, consolidándose como el principal sistema de presentación con asistencia personalizada. En concreto, cerca de 1.028.000 declaraciones se presentaron mediante la modalidad "Renta Directa", que ofrece la misma rapidez que la app, pero adaptada a una visualización más cómoda en pantallas de mayor tamaño. También aumentó la atención presencial en oficinas, con un total de 874.000 declaraciones, casi 43.000 más que el año anterior. En conjunto, la atención telefónica y presencial alcanzó las 2.062.000 declaraciones, lo que supone un incremento de 103.000. Además, los contribuyentes hicieron un uso intensivo de los asistentes digitales y de los servicios de consulta y resolución de dudas sobre el IRPF disponibles en la página web de la Agencia. Las más de 47.000 declaraciones rectificativas presentadas tras los avisos de Hacienda permitieron evitar futuras comprobaciones, el devengo de intereses y la posible imposición de sanciones. Por último, la presentación de autoliquidaciones periódicas varía según el impuesto y el tipo de obligado tributario. Puede ser anual, en el caso de personas físicas, empresarios individuales, profesionales, sociedades y entidades sin personalidad jurídica. También puede ser trimestral, para empresarios individuales en estimación objetiva o directa, profesionales, sociedades y entidades sin personalidad jurídica. La presentación mensual se exige a empresarios y profesionales, sociedades y entidades sin personalidad jurídica cuyo volumen de operaciones supere los 6.010.121,04 euros en 2025 (grandes empresas), así como a determinados sujetos pasivos del IVA que estén obligados a llevar los libros registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria o presenten el IOSS, y a las Administraciones públicas, incluida la Seguridad Social.

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(El Economista, 05-02-2026) | Fiscal

El Constitucional fallará sobre la legalidad del impuesto de Patrimonio en marzo

El Tribunal Constitucional (TC) dictará previsiblemente el próximo mes de marzo su esperada resolución sobre el impuesto sobre el Patrimonio. La sentencia pondrá fin a la incertidumbre existente en torno a la constitucionalidad de este gravamen, que afecta a cerca de 200.000 contribuyentes que vienen abonándolo de forma continuada desde 2021. En juego está la posible devolución de unos 6.700 millones de euros recaudados por la Agencia Tributaria en este periodo, a los que habría que sumar los correspondientes intereses de demora. El recurso fue presentado por el Grupo Popular en el Congreso en marzo de 2021 contra las modificaciones introducidas por el Gobierno en el impuesto de Patrimonio a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año. La impugnación fue admitida a trámite por el propio Tribunal apenas un mes después. El PP sostiene que el Ejecutivo aprobó dos cambios que vulneran la Constitución. En primer lugar, denuncia que un impuesto concebido como temporal desde 2011 pasó a tener carácter indefinido mediante la Ley de Presupuestos. A juicio del partido, el artículo 134 de la Constitución prohíbe que esta norma cree nuevos tributos, y convertir el impuesto de Patrimonio en permanente equivaldría, en la práctica, a instaurar uno nuevo. En segundo término, el recurso cuestiona la subida del tipo máximo del impuesto, que pasó del 2,5 % al 3,5 %. Según el PP, este incremento excede la capacidad económica de los contribuyentes, ya que el impuesto grava bienes que en muchos casos no generan rentas, lo que implica una merma directa del patrimonio real de los afectados. Desde que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad, miles de contribuyentes han venido recurriendo sus liquidaciones ejercicio tras ejercicio. Conviene recordar que la doctrina del propio Constitucional establece que solo podrán beneficiarse de una eventual sentencia favorable -esto es, obtener la devolución de lo pagado- aquellos contribuyentes que hayan impugnado sus autoliquidaciones y mantengan el procedimiento abierto en el momento en que se dicte el fallo, sin que exista una resolución firme. Esaú Alarcón, abogado fiscalista de Gibernau y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), advierte, no obstante, de que quienes solicitan la rectificación de sus autoliquidaciones a la espera del pronunciamiento del TC deben ser conscientes de que el ejercicio afectado queda "vivo" y no prescribe. "Esto puede resultar relevante si existe algún riesgo fiscal latente en la declaración, por ejemplo en cuestiones de valoración de bienes o en la aplicación de beneficios fiscales como el de la empresa familiar", explica el experto. "La prescripción se interrumpe tanto en beneficio del contribuyente como en su perjuicio", añade. Inicialmente, el Tribunal Constitucional tenía previsto pronunciarse sobre este asunto en 2024, pero la resolución se ha ido aplazando hasta 2026. Este retraso ha ampliado el número de ejercicios fiscales afectados y ha incrementado, paralelamente, la exposición de Hacienda a posibles devoluciones. En estos momentos, están bajo revisión las autoliquidaciones correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024. La campaña del impuesto sobre el Patrimonio se desarrolla de forma paralela a la del IRPF, por lo que el último ejercicio autoliquidado ha sido el de 2024, presentado durante la pasada primavera.

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