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(Cinco Días, 02-11-2026) | Fiscal

España creció en el tercer trimestre un 2,7% impulsada por el consumo y el gasto público

La economía española avanzó un 0,6% en el tercer trimestre de 2026, una décima menos que en los tres meses anteriores, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En comparación con el mismo periodo del año pasado, el producto interior bruto (PIB) aumentó un 2,7%, una décima más que en el trimestre precedente. Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) ya anticipaban cierta moderación de la actividad, que se reflejó también en el repunte de la tasa de paro, de nuevo por encima del 10%. Pese a esta ligera desaceleración trimestral, los datos confirman la resistencia de la economía española. El crecimiento continúa apoyándose fundamentalmente en el consumo y la demanda interna, mientras que la aportación del sector exterior es mucho más limitada. Se trata de un cambio respecto a la etapa inicial de recuperación de la crisis financiera, que tocó fondo en 2013, cuando las exportaciones desempeñaron un papel protagonista. Aunque las ventas al exterior siguen aumentando, a un ritmo moderado del 1,3%, el principal impulso procede ahora del gasto dentro del país. Los analistas de CaixaBank Research atribuyen la fortaleza del consumo de los hogares, por un lado, a la confianza en la capacidad de crecimiento de la economía pese a las tensiones geopolíticas y, por otro, al colchón que proporciona la elevada tasa de ahorro familiar para afrontar el impacto de la inflación. El servicio de estudios de BBVA considera que el resultado está en línea con sus previsiones y respalda su estimación de un crecimiento anual del 2,6%. Aunque la composición de la actividad coincide en términos generales con lo esperado, destaca el comportamiento de algunos componentes, especialmente la construcción y las exportaciones. Las ventas de bienes al exterior crecieron un 1,1%, frente al estancamiento que anticipaba BBVA, mientras que las exportaciones de servicios avanzaron un 1,5%, dos décimas más de lo previsto. Las desviaciones negativas de la demanda interna fueron, por su parte, poco significativas. Uno de los elementos más destacados del trimestre fue el repunte del gasto público, que aumentó un 0,9% respecto al periodo de primavera. Este avance coincide con el último tramo de ejecución del Plan de Recuperación Europeo, cuyo plazo de culminación estaba fijado para el 1 de septiembre. El verano supuso así un impulso para acelerar la utilización de los fondos vinculados a este programa. Por sectores, la industria mantuvo un crecimiento trimestral del 0,7%, mientras que la construcción permaneció estancada, con una variación del 0%. Este comportamiento contrasta con la evolución de la inversión inmobiliaria y residencial, que registró un avance del 1% durante el verano, por encima de los resultados más moderados de los trimestres anteriores. Aun así, la inversión continúa mostrando cierto retraso y limita el potencial de crecimiento de la economía. Los datos del PIB coincidieron con la publicación de la inflación de octubre, que se mantuvo en el 4,9%, impulsada por el encarecimiento de los combustibles. Los precios ya habían mostrado una tendencia ascendente durante el verano, hasta superar el 3% en agosto. La persistencia de tasas de inflación elevadas podría reducir la capacidad de gasto de los hogares en la recta final del año y restar fuerza al consumo. En términos interanuales, la hostelería y el comercio registraron un comportamiento favorable durante el verano, con un crecimiento del 3%, superior al del conjunto de la economía, aunque su ritmo se moderó respecto a los trimestres anteriores. El impulso de las actividades relacionadas con la información y de los servicios científicos contribuyó a mantener la fortaleza del sector terciario, que avanzó un 2,9% interanual. Esta tasa se repite por tercer trimestre consecutivo. Los servicios representan cerca del 70% del PIB español. El Gobierno mantiene su previsión de crecimiento anual del 2,6%, en línea con las estimaciones del consenso de analistas. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), España se situará entre las grandes economías desarrolladas con mayor crecimiento en 2026. Para 2027 se espera una moderación de la actividad, aunque la mayoría de los servicios de estudios prevén que el avance económico se mantenga por encima del 2%, pese al escenario de incertidumbre.

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(Expansión, 02-11-2026) | Fiscal

Entra en vigor la nueva tasa europea de dos euros a los pequeños envíos

Desde noviembre, los envíos procedentes de países extracomunitarios y adquiridos a través del comercio electrónico incorporan un nuevo coste para su entrada en la Unión Europea. El bloque comunitario ha puesto en marcha una tasa de manipulación de dos euros por paquete, aplicable a los pedidos que llegan desde fuera de la UE para ser entregados directamente a los consumidores finales. La medida tiene carácter permanente y pretende proporcionar recursos adicionales a las autoridades aduaneras, que soportan una creciente presión por el extraordinario incremento de los envíos procedentes del extranjero. El auge de plataformas de comercio electrónico como AliExpress, Temu y Shein ha contribuido a multiplicar el volumen de paquetes que entran en el mercado europeo. Según las cifras de la Comisión Europea, durante 2025 se importaron alrededor de 5.900 millones de envíos, un volumen que ha dificultado considerablemente las labores de inspección y control. Desde las instituciones comunitarias justifican la nueva tasa por la necesidad de financiar los recursos que requiere la supervisión de esta mercancía. Las inspecciones coordinadas realizadas por las aduanas detectaron que aproximadamente el 60% de los productos examinados no cumplía los requisitos establecidos por la normativa europea. Esta situación plantea riesgos para la seguridad de los consumidores y genera diferencias competitivas respecto a las empresas europeas, que deben asumir los costes y obligaciones derivados del cumplimiento de la legislación. La elevada cantidad de paquetes recibidos también facilita que parte de los artículos irregulares pueda superar los controles fronterizos. Si se mantuviera el volumen de importaciones registrado el pasado año, la nueva tasa podría generar unos ingresos de 12.000 millones de euros anuales. No obstante, la Comisión Europea considera probable que la aplicación del gravamen provoque una reducción del número de envíos individuales. Uno de los principales objetivos de Bruselas es conseguir que las grandes plataformas internacionales modifiquen sus sistemas de distribución y agrupen los pedidos para reducir el número de paquetes que llegan de manera individual. La preocupación se centra especialmente en los envíos de pequeño importe, que representan una parte muy importante del comercio electrónico extracomunitario. De los 5.900 millones de paquetes recibidos en 2025, aproximadamente 4.500 millones tenían un valor inferior a 150 euros. Para estos envíos de menor valor, la nueva tasa de dos euros se añade al gravamen de tres euros por paquete que comenzó a aplicarse en julio de este año. Este último tiene carácter temporal y afecta específicamente a los envíos de bajo coste. Hasta ahora, los paquetes cuyo valor no superaba los 150 euros estaban exentos de derechos arancelarios en la Unión Europea, una circunstancia que las grandes plataformas habían aprovechado para fragmentar los pedidos y reducir los costes asociados a sus importaciones. El recargo de tres euros se mantendrá hasta 2028, cuando está previsto que entre en funcionamiento la Autoridad Europea de Aduanas. La puesta en marcha de una plataforma centralizada permitirá reforzar los controles sobre las mercancías que acceden al mercado comunitario. Una vez implantado este sistema, está previsto eliminar el gravamen temporal y someter los paquetes a los procedimientos aduaneros y arancelarios que correspondan. Aunque Bruselas sostiene que la nueva regulación no está dirigida contra ninguna empresa concreta, el origen de los envíos explica buena parte de la preocupación comunitaria. Alrededor del 91% de los paquetes de menor valor que han llegado a las aduanas europeas procedía de China, país desde el que operan algunas de las principales plataformas internacionales de comercio electrónico, como Shein, Temu y AliExpress. Los primeros efectos de las medidas ya se han reflejado en las estadísticas de importación. Durante los tres meses posteriores a la entrada en vigor del gravamen de julio, correspondientes a julio, agosto y septiembre, el volumen de paquetes declarados en la Unión Europea descendió de media más del 60%. La incorporación de la nueva tasa de dos euros podría acentuar esta tendencia y acelerar los cambios en los sistemas logísticos de las plataformas. De hecho, la Comisión Europea señala que algunas compañías internacionales ya están modificando sus estrategias de distribución y optando por introducir grandes cantidades de mercancía en almacenes situados dentro de la UE, desde donde posteriormente se realizan las entregas a los consumidores. Este modelo reduce el número de envíos individuales sometidos a las nuevas tasas, aunque también limita la recaudación prevista. A cambio, permite concentrar las operaciones de importación, facilita las inspecciones aduaneras y contribuye a dificultar la entrada de productos que no cumplen los requisitos comunitarios. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha defendido la necesidad de adaptar los instrumentos de control a la expansión del comercio electrónico y a la rapidez con la que está transformando los intercambios comerciales internacionales.

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(El País, 02-11-2026) | Fiscal

Los inspectores de Hacienda piden refundar la Agencia Tributaria para despolitizar su cúpula

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) atraviesa "la peor crisis de su historia" y corre el riesgo de perder el modelo institucional con el que fue creada en 1992. Durante su XXXVI Congreso, celebrado este jueves y viernes en Toledo, el colectivo ha denunciado el deterioro de la independencia y el prestigio del organismo, que atribuye a las interferencias políticas, las filtraciones de información reservada y una estrategia de comunicación excesivamente defensiva. Para corregir esta situación, los inspectores reclaman una profunda reforma de la Agencia mediante la aprobación urgente de un Estatuto que lleva más de tres décadas pendiente de desarrollo. Una de las principales demandas de la asociación es despolitizar los órganos de dirección y garantizar la estabilidad de sus responsables. Su presidenta, Ana de la Herrán, ha recordado que la Agencia Tributaria ha tenido 15 directores generales en sus casi 35 años de existencia, una rotación que también ha provocado continuos cambios en los puestos intermedios. José María Peláez, portavoz de la organización, considera que la institución ha perdido independencia frente al poder político. Esta reivindicación se produce después de la reciente renovación de la cúpula del organismo. El Gobierno nombró en julio a Antonio Ansón Latorre como nuevo director general, en sustitución de Soledad Fernández Doctor, que dejó el cargo después de cuatro años. El relevo estuvo precedido por varios días de especulaciones sobre posibles tensiones internas, en un contexto marcado por el debate sobre la financiación autonómica y las competencias tributarias de Cataluña. Hacienda negó entonces que existiera una crisis interna y aseguró que la salida de Fernández Doctor estaba acordada desde hacía meses. Ansón, inspector de Hacienda desde 1999 y hasta entonces jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, cuenta con una dilatada trayectoria en la Administración tributaria. Para reforzar la autonomía técnica y funcional de la Agencia, los inspectores proponen que el nombramiento de su director general corresponda a las Cortes Generales y requiera una mayoría cualificada. El mandato tendría una duración de cinco años, con posibilidad de una única renovación, y el cese solo podría producirse por las causas expresamente establecidas en la ley. A cambio de esta mayor independencia, el responsable del organismo debería comparecer anualmente en el Congreso para informar sobre el cumplimiento de los planes estratégicos y los resultados de gestión. La reforma planteada también pretende eliminar la actual bicefalia de la dirección, separando al secretario de Estado de Hacienda de la estructura ejecutiva de la Agencia. El modelo de gobierno se organizaría en torno a la Dirección General, un Comité Ejecutivo y un Consejo Asesor en el que estarían representadas todas las administraciones que participan en la gestión de los tributos. La asociación considera que este cambio permitiría recuperar la autonomía en materia de personal frente a la intervención de la Secretaría de Estado de Función Pública y reducir el recurso a la libre designación, un sistema que, según denuncia, afecta actualmente a más de la mitad de los puestos ocupados por inspectores. Entre las medidas propuestas figura también la incorporación de la lucha contra la corrupción a los planes anuales de control tributario. Para ello, los inspectores plantean establecer un programa permanente de inspección patrimonial de los representantes públicos y de los partidos políticos, además de un seguimiento fiscal específico de las personas condenadas por delitos de corrupción. El colectivo considera que estos cambios ayudarían a evitar la utilización política de la Agencia Tributaria y recuerda varios episodios que, a su juicio, han comprometido su independencia. Entre ellos cita la exigencia de promover la amnistía fiscal de 2012, los ceses de altos cargos por supuestas afinidades políticas en 2013 y las filtraciones de datos tributarios de responsables públicos durante ese mismo año. También denuncia presiones para someter determinadas actuaciones inspectoras a la autorización de Hacienda y alude a las declaraciones públicas de la anterior ministra, María Jesús Montero, sobre la situación fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los inspectores mantienen asimismo su rechazo a cualquier propuesta que suponga rebajar los requisitos de acceso al cuerpo o recurrir a bolsas de interinos para realizar funciones propias de la inspección. Además, reclaman que todos los funcionarios del cuerpo estén plenamente adscritos a la plantilla de la Agencia y que se equiparen sus retribuciones y posibilidades de promoción profesional con las de quienes trabajan en los tribunales económico-administrativos, la Dirección General de Tributos y el Instituto de Estudios Fiscales. La modernización del organismo pasa también, según la asociación, por incorporar la inteligencia artificial al trabajo diario de los funcionarios mediante agentes especializados, siempre bajo supervisión humana. El propósito sería reforzar la capacidad investigadora de la Agencia sin menoscabar las garantías de los contribuyentes. Otro de los focos de preocupación es la reforma de la financiación autonómica y las posibles concesiones a Cataluña. Los inspectores se oponen a cualquier modificación que pueda poner en peligro la unidad de la Agencia Tributaria y defienden que la gestión de los impuestos debe conservar una estructura común en todo el territorio nacional. A su juicio, la fragmentación de las competencias entre distintas administraciones podría debilitar el funcionamiento de la institución. Para preservar este modelo, la asociación establece tres condiciones que considera irrenunciables: mantener un sistema único de información tributaria, garantizar una caja única para gestionar las retenciones y conservar un control integrado de las actividades económicas en todo el país. Estas exigencias constituyen, según el colectivo, los límites que deberían respetarse en cualquier reforma de la financiación autonómica. A estas discrepancias se añade el malestar por los ataques que, según denuncian, recibe la Agencia tanto de algunos contribuyentes como de determinados despachos profesionales. Peláez reconoce que la labor inspectora puede generar rechazo social, una circunstancia que los funcionarios asumen como parte de su trabajo. Sin embargo, considera que ese malestar no debe traducirse en agresiones contra los empleados públicos o la propia institución por decisiones que corresponden al poder legislativo, como la falta de actualización de los tramos del IRPF para compensar la inflación. El portavoz también ha aludido a las críticas de algunos despachos profesionales, en una referencia al bufete Amsterdam & Partners y a su campaña contra Hacienda. Los inspectores consideran que la dirección de la Agencia no ha respondido con suficiente contundencia a estos ataques y reclaman un mayor respaldo institucional, tanto desde el punto de vista de la comunicación pública como mediante actuaciones judiciales cuando resulte necesario.

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(El País, 02-11-2026) | Fiscal

La recaudación fiscal crece un 10% pese al desplome en los impuestos a los carburantes

La recaudación tributaria mantiene un ritmo de crecimiento sostenido. Entre enero y septiembre, los ingresos por impuestos aumentaron un 10%, hasta alcanzar los 248.326 millones de euros, según los datos publicados este viernes por la Agencia Tributaria. A excepción de agosto, condicionado por efectos de calendario, los ingresos han registrado incrementos de dos dígitos todos los meses. Esta evolución se ha mantenido incluso pese al fuerte descenso de la recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos, que cayó un 13% en el conjunto del periodo y un 25% únicamente en septiembre. El retroceso responde a las rebajas fiscales aprobadas para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo, que han reducido los ingresos públicos en unos 3.000 millones de euros hasta el noveno mes del año. Desde que Israel y Estados Unidos atacaron Irán a finales de febrero, el Gobierno ha puesto en marcha tres paquetes de medidas de apoyo, cuyo coste conjunto se estima en unos 12.000 millones de euros. Entre ellas figuran diversas reducciones de impuestos sobre la energía, destinadas a contener el impacto del encarecimiento de los precios provocado por las restricciones en rutas estratégicas para el transporte internacional de gas y petróleo y los ataques contra infraestructuras energéticas esenciales en el marco del conflicto. Entre enero y septiembre, las rebajas del IVA aplicadas a la electricidad, el gas y los hidrocarburos, que ya han dejado de estar vigentes, supusieron una merma de 1.169 millones de euros en los ingresos tributarios. A esta cantidad se suman otros 1.383 millones derivados de la reducción de los tipos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que representa el mayor coste de las medidas fiscales. Además, en septiembre se duplicó la bonificación fiscal al diésel, que pasó de 10 a 20 céntimos por litro, después de que su precio hubiera aumentado más de un 15%. El incremento de la recaudación del resto de los principales impuestos ha compensado ampliamente el efecto de estas medidas. El IRPF volvió a ser uno de los motores de los ingresos públicos, con un crecimiento del 12,5%, hasta los 118.068 millones de euros, cerca de la mitad del total recaudado durante los nueve primeros meses del ejercicio. Esta evolución responde tanto a la fortaleza del mercado laboral, que ha alcanzado máximos de afiliación, como al aumento de los salarios y las pensiones registrado en los últimos años. Estas subidas han elevado los tipos impositivos medios, en un contexto en el que no se han actualizado los tramos del impuesto para adaptarlos a la inflación, un proceso conocido como deflactación. El Impuesto sobre Sociedades acumula un incremento superior al 25% en lo que va de año, aunque en septiembre apenas registró ingresos significativos. Este resultado está condicionado por el elevado volumen de devoluciones derivadas de la anulación judicial de varias medidas incluidas en la reforma fiscal impulsada por Cristóbal Montoro en 2016. Si se eliminan los efectos extraordinarios y de calendario, el crecimiento de la recaudación se sitúa en el 7%, hasta los 18.877 millones de euros. Por su parte, los ingresos procedentes del IVA aumentaron un 8,1% hasta septiembre, con un total de 81.181 millones de euros. En cambio, los impuestos especiales registraron una caída del 8,5%, hasta los 15.718 millones, debido principalmente al impacto de las rebajas fiscales aplicadas a los productos energéticos. Este viernes también se han conocido los datos de déficit de las Administraciones públicas correspondientes al periodo comprendido entre enero y agosto, sin incluir las corporaciones locales. El desfase entre ingresos y gastos alcanzó aproximadamente los 30.000 millones de euros, equivalentes al 1,71% del PIB, una vez excluido el coste de la dana. La cifra supera el 1,5% registrado en el mismo periodo de 2025. En cuanto al déficit del Estado, referido en este caso a los nueve primeros meses del año, se sitúa en torno al 2,2% del PIB, unos 9.000 millones de euros por encima del registrado un año antes.

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(El Economista, 02-11-2026) | Laboral

La creación de empleo en España bajará a la mitad en los próximos dos años

La creación de empleo en España, que desde 2021 ha permitido generar alrededor de 3,5 millones de puestos de trabajo, afronta una etapa de menor dinamismo. Tras varios años de intenso crecimiento, las previsiones apuntan a una moderación progresiva del mercado laboral. Según Funcas, durante los dos próximos años el empleo crecerá a una media anual del 1,3%, aproximadamente la mitad del ritmo registrado entre 2023 y 2025. La institución estima que el avance del 2,3% previsto para 2026 dará paso a incrementos del 1,6% en 2027 y del 1% en 2028. Esta evolución también se reflejará en la reducción del desempleo, que será cada vez más lenta: después de disminuir seis décimas el próximo año, apenas retrocederá tres décimas en 2028, hasta situarse en el 9%. En conjunto, Funcas calcula que se crearán 770.000 empleos netos hasta ese ejercicio. El director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, considera que la evolución de la población activa será determinante para explicar el comportamiento del mercado laboral, ya que el crecimiento económico español depende actualmente más de la incorporación de trabajadores que de las mejoras de productividad. La desaceleración de la ocupación también se aprecia en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, que reflejan un avance de apenas el 0,32%. La pérdida de impulso ya se había manifestado entre finales de 2025 y comienzos de 2026, cuando el crecimiento del empleo pasó del 0,84% al 0,42%. Las proyecciones del Banco de España coinciden en señalar esta moderación, aunque mantienen unas perspectivas algo más favorables que las de Funcas. En sus estimaciones de octubre de 2026, el organismo prevé que el empleo aumente un 2% este año y un 1,8% en 2027. Sus analistas advierten, no obstante, de que el ritmo de creación de puestos de trabajo irá perdiendo intensidad a lo largo del periodo analizado y que la reducción de la tasa de paro también será más gradual. Las empresas consultadas para elaborar estas previsiones confirman que, una vez descontados los efectos estacionales, la generación de empleo está perdiendo fuerza, especialmente en la agricultura, las actividades inmobiliarias y el comercio. El comercio, el transporte y la hostelería muestran algunos de los síntomas más evidentes de este cambio de tendencia. Según los datos de la Contabilidad Nacional del tercer trimestre publicados por el INE, estas actividades registraron una pérdida cercana a los 350.000 ocupados entre el segundo y el tercer trimestre de 2026. En la construcción, el descenso fue de unos 51.000 trabajadores. Estas cifras resultan especialmente significativas porque el tercer trimestre incluye los meses de verano, un periodo en el que tradicionalmente aumenta la ocupación por las necesidades de contratación vinculadas a la actividad turística. Los expertos consideran que algunos de los sectores que han impulsado el empleo desde 2021, como la hostelería, el comercio minorista y el turismo, están alcanzando límites en su capacidad para seguir generando puestos de trabajo al mismo ritmo. A esta situación se suma la pérdida de intensidad de los principales componentes del crecimiento económico. Una expansión más moderada del PIB reduce las posibilidades de las empresas de ampliar sus plantillas y limita la demanda de nuevos trabajadores. Funcas también prevé una menor aportación de la población española a la afiliación, de manera que la incorporación de trabajadores extranjeros tendrá un papel cada vez más relevante para compensar el retroceso de la población activa nacional. Esta evolución dependerá, en buena medida, de que se cumplan las previsiones de crecimiento económico contempladas por la institución. Las perspectivas de Funcas reflejan, además, un escenario económico menos favorable que el de los últimos ejercicios. La fundación estima que la inflación alcanzará el 3,7% en 2026 y el 3,1% en 2027, lo que continuará reduciendo la capacidad adquisitiva de los hogares. A este factor se añade el encarecimiento de la financiación y de la deuda pública, que puede limitar el crecimiento de la economía. En sus previsiones de otoño, Funcas calcula que el PIB pasará de crecer un 2,5% este año a un 1,8% en 2027 y un 1,7% en 2028. La moderación también afectará a la demanda interna, cuya contribución al crecimiento bajará de tres puntos en 2026 a 2,1 en 2027 y dos en 2028. Por su parte, la aportación del sector exterior se reducirá desde cinco décimas este año hasta tres décimas en cada uno de los dos ejercicios siguientes. El turismo también perderá parte del impulso que ha mantenido durante los últimos años. El Banco de España mantiene una visión algo más optimista sobre la evolución de la actividad. Aunque considera que el conflicto en Oriente Medio seguirá presionando al alza los precios, no espera que limite el crecimiento del PIB durante los últimos meses de 2026. Para 2027, sin embargo, prevé una expansión del 2,2%, cuatro décimas inferior a la de los dos ejercicios anteriores. La revisión al alza de sus estimaciones económicas respecto a las publicadas en junio también se ha trasladado a sus previsiones laborales. En octubre, el organismo elevó hasta el 1,8% su pronóstico de crecimiento del empleo para 2027, tres décimas más que en su anterior estimación. Por último, Funcas destaca la importancia del crecimiento demográfico asociado a la llegada de población extranjera para sostener la oferta de mano de obra. La población residente continúa aumentando a tasas trimestrales próximas al 0,2%, aunque también comienza a mostrar signos de desaceleración. Durante el primer semestre de 2026, la población activa creció a un ritmo del 1,8%, impulsada fundamentalmente por los trabajadores extranjeros, mientras que la población activa española registró un retroceso. La evolución de estos flujos demográficos será, por tanto, uno de los factores que condicionarán la capacidad de la economía española para mantener el empleo en los próximos años.

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(El Economista, 02-11-2026) | Laboral

El mercado laboral pierde a más de 100.000 autónomos en solo nueve meses

La pérdida de dinamismo del mercado laboral español está teniendo una incidencia especialmente acusada entre los trabajadores autónomos. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al tercer trimestre de 2026, reflejan que este colectivo se ha reducido en más de 100.000 personas desde comienzos de año, lo que representa un descenso del 3,2%. Se trata de una caída significativa, especialmente si se tiene en cuenta que corresponde únicamente a los nueve primeros meses del ejercicio. La evolución más reciente tampoco ofrece señales positivas. Según la EPA, entre julio y septiembre el número de trabajadores por cuenta propia disminuyó en 15.500 personas respecto al trimestre anterior, un retroceso del 0,5%, de acuerdo con los datos analizados por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). La organización que preside Lorenzo Amor pone el foco especialmente en la situación de los autónomos empleadores, es decir, aquellos que tienen trabajadores contratados y desempeñan un papel importante en la generación de empleo. Aunque este colectivo aumentó en 17.500 personas durante el tercer trimestre, un 1,88% más que en el periodo anterior, la comparación interanual muestra una evolución desfavorable. En concreto, se contabilizan 12.300 autónomos empleadores menos que en el mismo trimestre de 2025, lo que supone una caída del 1,28%. También resulta preocupante la evolución de los empresarios que desarrollan su actividad sin trabajadores asalariados. Este grupo perdió 43.000 efectivos durante el tercer trimestre y acumula una reducción de cerca de 107.300 personas en los últimos doce meses. Dentro del conjunto de trabajadores por cuenta propia, las ayudas familiares constituyen la única categoría que registra una evolución positiva, con un incremento de 8.900 personas entre julio y septiembre. Ante este escenario, las organizaciones empresariales de autónomos advierten de las consecuencias que puede tener la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre sobre la actividad de los pequeños negocios. Sin embargo, los sindicatos mantienen una posición diferente y consideran que los trabajadores por cuenta propia también tienen motivos para respaldar la convocatoria. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió que los autónomos tienen numerosas razones para cerrar temporalmente sus establecimientos y participar en la movilización. A su juicio, la mejora del Salario Mínimo Interprofesional es también una cuestión que afecta directamente a sus negocios, ya que el aumento de las rentas de los trabajadores puede favorecer el consumo en bares, comercios y talleres. En este sentido, sostiene que unos salarios insuficientes reducen la capacidad de gasto de los ciudadanos y terminan repercutiendo en los ingresos de los pequeños empresarios. Álvarez también señaló el encarecimiento de los locales comerciales como otro de los problemas que afectan al colectivo. Según explicó, los alquileres han experimentado fuertes subidas en numerosas ciudades, una situación que relacionó, entre otros factores, con la transformación de bajos comerciales en viviendas destinadas al alquiler turístico. El dirigente sindical hizo un llamamiento a los autónomos para que se sumen a la huelga del 11 de noviembre y extendió la convocatoria a los trabajadores asalariados. Como argumento, aludió al aumento de los conflictos laborales que se están produciendo en distintos sectores, entre ellos la industria conservera y el metal en la Región de Murcia.

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(Expansión, 02-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los fondos cazaopas logran vía libre para invertir fuera del radar en España

El pasado 28 de octubre desaparecieron de los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las participaciones significativas de varios accionistas de Azkoyen, la compañía navarra que está siendo objeto de una oferta pública de adquisición (opa) presentada por Ohmnia Electronics. Entre las posiciones que dejaron de figurar se encontraban las del fondo de inversión de Navarra, Andbank Wealth Management y Muza Gestión de Activos, con participaciones que oscilaban entre el 1% y el 3% del capital de la empresa fabricante de máquinas expendedoras. Esta desaparición responde a la entrada en vigor de un decreto publicado por el Gobierno el pasado 7 de octubre, que introduce diferentes modificaciones en el ámbito financiero. Una de las principales novedades afecta a las obligaciones de información de los accionistas de empresas sometidas a una opa. A partir de ahora, deberán comunicar sus participaciones cuando alcancen el 3% del capital, en lugar del 1% que se exigía hasta ahora, equiparándose así el umbral al aplicable al resto de sociedades cotizadas. La obligación de informar desde el 1% se mantiene para los inversores domiciliados en paraísos fiscales. El Ejecutivo justifica el cambio por la necesidad de reducir las cargas administrativas, garantizando al mismo tiempo un nivel de transparencia adecuado y más acorde con la regulación europea. La obligación de declarar las participaciones superiores al 1% se introdujo en 2007, después de la disputa por el control de Endesa. En aquel momento, el Gobierno consideró necesario reforzar las exigencias de transparencia en las operaciones de adquisición. La finalidad era identificar rápidamente la entrada de nuevos inversores en compañías afectadas por una opa y permitir al mercado valorar si sus movimientos podían favorecer, obstaculizar o incluso bloquear la operación. La modificación actual supone, en la práctica, que los fondos especializados en este tipo de operaciones podrán adquirir participaciones en empresas españolas sin que sus movimientos sean visibles mientras no alcancen el nuevo límite del 3%. Estos inversores, conocidos como fondos cazaopas, son hedge funds que buscan obtener importantes rentabilidades aprovechando las oportunidades que surgen durante los procesos de adquisición. Su estrategia consiste principalmente en posicionarse en aquellas operaciones en las que consideran probable que se produzca una mejora del precio ofrecido, ya sea por la competencia entre distintos compradores o por la presión del consejo de administración para conseguir una contraprestación superior. Sand Grove, Samson Rock, Harris Associates, Marshall Wace, Millennium y Qube Research figuran entre las entidades que desarrollan este tipo de estrategias, conocidas internacionalmente como event driven. Uno de los ejemplos más destacados de la influencia de estos fondos en el mercado español se produjo durante la pugna por el control de Applus. En aquella operación llegaron a reunir una parte relevante del capital y estuvieron cerca de inclinar el resultado a favor de Apollo Global Management, pese a que su oferta definitiva era la menos elevada. La CNMV tuvo que intervenir para facilitar que prevaleciera la propuesta económicamente más favorable, presentada por el consorcio formado por I Squared y TDR Capital. También se detectaron movimientos de estos inversores durante las opas sobre Sabadell y Ercros, así como en las negociaciones relacionadas con una posible oferta sobre Grifols. Por su parte, los fondos que participaron en la opa sobre MásMóvil en 2020 todavía mantienen litigios al considerar que el precio ofrecido por las acciones fue insuficiente. La mayoría de estos fondos suele mantener posiciones inferiores al 3% del capital de las compañías en las que invierte. Por este motivo, el nuevo umbral permitirá que su presencia pase desapercibida en buena parte de las opas que se desarrollen en España. Esta menor visibilidad también afectará a otros inversores que acceden al capital con intereses más estratégicos, como ha ocurrido en Azkoyen con el fondo de inversión de Navarra. Frente a este criterio, otros mercados mantienen obligaciones de información más estrictas. Es el caso del Reino Unido, donde sigue siendo obligatorio declarar participaciones superiores al 1% cuando una empresa está sometida a una opa. Así sucede en la actual oferta de la familia Cosmen y Asterion sobre Mobico, en la que fondos como Citadel, Two Sigma y Connor Clark han tenido que comunicar que controlan más del 1% del capital de la compañía británica.

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(Expansión, 02-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los expertos avisan: la subida de precios es estructural y dañará el consumo

La evolución de los precios, los costes de financiación, el comportamiento del consumo y la situación geopolítica serán factores determinantes para comprobar si la desaceleración económica se mantiene dentro de unos límites moderados o se intensifica durante los próximos trimestres. Así lo recoge el Consenso Económico y Empresarial de PwC, que advierte de los riesgos asociados al actual escenario inflacionista. El encarecimiento de la energía y los carburantes, que posteriormente se ha trasladado a otras materias primas, los servicios y los productos de consumo, podría prolongar sus efectos incluso si cesan las hostilidades en Oriente Próximo. Los expertos alertan de que la escalada de precios provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada el pasado febrero, puede consolidarse y dar paso a un periodo de inflación más persistente y difícil de controlar. Esta es una de las principales conclusiones del informe correspondiente al cuarto trimestre del año, elaborado a partir de las opiniones de más de 450 empresarios, directivos y analistas. El 52% de los participantes considera que el actual repunte de los precios en España marca el comienzo de una etapa de inflación estructuralmente más elevada, que podría prolongarse y cuya corrección resultaría complicada incluso mediante los ajustes de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Por el contrario, el 25% interpreta que se trata de un episodio temporal, mientras que otro 15% cree que es un riesgo asumible siempre que el BCE responda con suficiente firmeza. Los encuestados identifican distintos elementos que pueden mantener la presión inflacionista en los próximos meses. Para el 63%, la mayor contribución al aumento de los precios procederá de la combinación de energía, alimentos y servicios. La coincidencia de estos factores podría dificultar la moderación del IPC y prolongar sus efectos sobre el conjunto de la economía. Uno de los principales riesgos se encuentra en la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares. Después de tres meses consecutivos con incrementos del IPC superiores al 4%, hasta alcanzar el 4,9% en septiembre y octubre, los expertos advierten de las consecuencias que tendría mantener esta tendencia durante un periodo prolongado. El 45% considera que el impacto será diferente en función del nivel de renta de cada hogar si los precios continúan creciendo por encima de los salarios. Además, el 39% prevé una reducción del poder adquisitivo que podría traducirse en ajustes del consumo y del ahorro, al evolucionar las remuneraciones por debajo de la inflación. Otro 31% señala el riesgo de que las reivindicaciones salariales y sus posteriores repercusiones sobre los costes empresariales terminen alimentando nuevas subidas de precios, especialmente en determinados sectores. La mayor inflación registrada en España respecto a la media de la eurozona, cercana al 5% frente al 3,8%, también preocupa a los participantes en el estudio. Para el 47% de los empresarios, directivos y expertos consultados, esta diferencia responde principalmente a la fortaleza de la demanda interna y del turismo, que están contribuyendo a mantener la presión sobre los precios. En este escenario, la política monetaria del Banco Central Europeo adquiere especial relevancia. Tras elevar los tipos de interés hasta el 2,5% el pasado septiembre, el 76% de los encuestados considera que la decisión ha sido adecuada y necesaria para contener las expectativas inflacionistas, aunque algunos entienden que la respuesta llegó tarde. Además, el 86% contempla nuevas subidas de los tipos antes de finalizar el año y considera elevada la probabilidad de que se produzcan, en función de cómo evolucione la inflación. En cuanto a las perspectivas de actividad, el Consenso de PwC anticipa una moderación del crecimiento de la economía española, con un avance estimado del 2,4% en 2026 y próximo al 2% en 2027. Entre los obstáculos para mantener el ritmo de expansión destaca la falta de mano de obra. El 41% de los participantes señala que, pese a existir suficiente demanda, las dificultades para encontrar trabajadores están limitando la capacidad de crecimiento de las empresas. Las previsiones sobre el consumo también muestran un deterioro respecto al anterior informe. El porcentaje de expertos que espera que el gasto de los hogares se mantenga estable ha bajado del 65% al 53%, mientras que aumenta del 24% al 42% la proporción de quienes anticipan una reducción. Este cambio de expectativas refleja la preocupación por el efecto combinado de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de la financiación sobre las decisiones de gasto de las familias.

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(El País, 02-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor no da tregua: cierra octubre en el 3,239% y sigue encareciendo las hipotecas

El euríbor ha cerrado octubre en el 3,239%, ligeramente por debajo del 3,247% registrado en septiembre. El descenso, de apenas 0,008 puntos porcentuales, pone fin a tres meses consecutivos de subidas, aunque mantiene el indicador por encima del 3% y en niveles máximos de más de dos años. Esta pequeña corrección no evitará que los titulares de hipotecas variables que revisen ahora sus préstamos tengan que afrontar un nuevo incremento de las cuotas. El motivo es que el índice continúa claramente por encima de los valores de referencia de hace seis y doce meses. En octubre de 2025, el euríbor se situaba en el 2,187%, más de un punto por debajo del nivel actual, mientras que en abril de este año alcanzaba el 2,747%, casi medio punto menos. Por tanto, tanto las revisiones anuales como las semestrales se traducirán en un encarecimiento de los préstamos. De acuerdo con las estimaciones del comparador financiero Kelisto, una hipoteca media de 181.000 euros, a 25 años y con un diferencial de 1,15 puntos sobre el euríbor, experimentará una subida de unos 100 euros mensuales si la revisión es anual. Esto supondrá un desembolso adicional de aproximadamente 1.202 euros al año, un 11,2% más. Para quienes actualicen el interés cada seis meses, el incremento estimado será de unos 46 euros al mes, lo que representa alrededor de 278 euros durante el próximo semestre. Estas cantidades son orientativas, ya que el impacto concreto depende del capital que quede pendiente, el diferencial aplicado por el banco, el plazo de amortización y la fecha de contratación del préstamo. La mayoría de las hipotecas se rigen por el sistema de amortización francés, en el que al principio se destina una mayor parte de la cuota al pago de intereses, mientras que con el paso del tiempo aumenta el porcentaje dedicado a devolver el capital. Por este motivo, las subidas del euríbor suelen tener un efecto menor sobre quienes se encuentran en la fase final de su préstamo. Los hipotecados que estén soportando un aumento de sus cuotas también pueden tratar de modificar las condiciones de financiación. Entre las alternativas se encuentran negociar con la entidad un cambio en el contrato o trasladar la hipoteca a otro banco para pasar de un tipo variable a uno fijo o mixto. En la mayoría de los casos, estas operaciones no tienen coste, aunque el cliente deberá asumir el importe de una nueva tasación de la vivienda. El dato de octubre supone un pequeño respiro después de la escalada registrada durante los últimos meses. El euríbor comenzó 2026 en el 2,245% y llegó a bajar hasta el 2,221% en febrero. Sin embargo, a partir de marzo cambió de tendencia, en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Próximo y el encarecimiento de las materias primas energéticas. El indicador avanzó hasta el 2,565% en marzo, el 2,747% en abril y el 2,804% en mayo. Tras retroceder ligeramente en junio, cuando se situó en el 2,798%, volvió a subir en julio y agosto, hasta alcanzar el 2,855% y el 2,954%, respectivamente. En septiembre dio un nuevo salto, hasta el 3,247%. La portavoz del bróker financiero iAhorro, Laura Martínez, considera que el ligero retroceso de octubre es una señal positiva, aunque insuficiente para confirmar un cambio de tendencia. A su juicio, el hecho de que el euríbor continúe por encima del 3% y la evolución de las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) serán determinantes para anticipar su comportamiento durante los próximos meses. La evolución del indicador refleja la incertidumbre de los mercados sobre la política monetaria que deberá aplicar el BCE para contener la inflación. El organismo elevó los tipos de interés en septiembre en 25 puntos básicos, hasta situar la facilidad de depósito en el 2,5%, después de haber aprobado otro incremento de la misma magnitud en junio. Sin embargo, en su reunión de octubre decidió mantener los tipos sin cambios. Esta pausa no implica necesariamente que haya concluido el proceso de endurecimiento monetario. La inflación continúa siendo el principal motivo de preocupación. En España, el IPC se ha mantenido en octubre en el 4,9%, su nivel más elevado desde febrero de 2023. El encarecimiento de la energía sigue presionando los precios, mientras que el conflicto en Oriente Próximo y las tensiones en los mercados energéticos elevan el riesgo de que el aumento de los costes termine trasladándose al conjunto de la economía. Diego Barnuevo, analista de mercados de Ebury, considera que el euríbor podría estar aproximándose a su nivel máximo si el BCE decide mantener una pausa prolongada en los tipos de interés después de diciembre. En ese escenario, el indicador a doce meses estaría más cerca de tocar techo. No obstante, advierte de que la persistencia de las tensiones geopolíticas y los elevados precios de la energía siguen representando un riesgo importante para esta previsión. Diciembre será la próxima cita relevante para los mercados. Una parte de los inversores contempla la posibilidad de que el BCE vuelva a subir los tipos si la inflación continúa alejada de su objetivo del 2%. Laura Martínez prevé que, pese a la decisión de mantenerlos sin cambios en octubre, Fráncfort podría aprobar un nuevo incremento en diciembre, lo que llevaría al euríbor a cerrar el año por encima de sus niveles actuales.

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(La Vanguardia, 02-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se mantiene en el 4,9% por el empuje de los combustibles

La inflación se mantuvo en el 4,9% en octubre, según el indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato pone fin a la escalada de los últimos meses, pero no supone una mejora en el coste de la vida, ya que los precios de la cesta de la compra continúan en niveles que no se registraban desde 2023. El encarecimiento de los combustibles y de la energía, intensificado desde finales de febrero por la guerra en Oriente Próximo, sigue presionando el índice. Además, el resultado ha superado las expectativas de algunos analistas, que confiaban en una moderación más acusada gracias a las rebajas fiscales vigentes. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, también permanece estable por segundo mes consecutivo en el 3,1%. La evolución de los precios durante 2026 ha estado marcada por importantes oscilaciones, condicionadas por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, la volatilidad de las materias primas energéticas y los efectos de determinados fenómenos meteorológicos sobre la producción agrícola, como la sequía que ha afectado a Europa durante el verano. El ejercicio comenzó con tasas interanuales relativamente moderadas, del 2,3% tanto en enero como en febrero. Sin embargo, en marzo la inflación repuntó hasta el 3,4% y se situó en torno al 3,2% durante el segundo trimestre. La presión volvió a intensificarse en verano, con avances del 3,6% en julio y del 4,3% en agosto, hasta alcanzar el 4,9% en septiembre. En octubre, el indicador se mantiene en ese nivel después de cuatro meses consecutivos de incrementos. Esta estabilización se produce pese a la continuidad de las rebajas fiscales incluidas en el tercer paquete de medidas anticrisis, aprobado el pasado 29 de septiembre y posteriormente convalidado por la Diputación Permanente del Congreso. El resultado ha sorprendido a los servicios de estudios, cuyas previsiones apuntaban a escenarios diferentes. Funcas esperaba una reducción de tres décimas de la tasa general, hasta el 4,6%, y una moderación de la subyacente al 2,9%, confiando en el efecto de las medidas fiscales sobre los carburantes. En cambio, otros centros de análisis, como el ICAE, anticipaban un repunte de una décima, hasta el 5%, debido al encarecimiento de la electricidad y el gasóleo. Finalmente, el aumento mensual del 0,6% ha dejado inalterada la tasa interanual, como consecuencia de la evolución contrapuesta de los distintos componentes. La bajada de los combustibles y lubricantes ha contribuido a contener los precios, mientras que el incremento del gas y de los combustibles líquidos, junto con una menor caída de los paquetes turísticos respecto a octubre de 2025, ha ejercido presión al alza. A falta de conocer los datos definitivos del INE y el desglose completo de los componentes de la cesta de consumo, el avance publicado apunta a que los alimentos y las bebidas no alcohólicas están resistiendo, por el momento, el impacto del conflicto en Oriente Próximo. Aunque sus precios continúan aumentando, lo hacen a un ritmo inferior al de octubre del año pasado y su tasa interanual se sitúa aproximadamente dos puntos por debajo de la inflación general. Las perspectivas para los últimos meses del ejercicio siguen marcadas por la incertidumbre y la persistencia de las presiones inflacionistas. La economista sénior de Funcas, María Jesús Fernández, prevé que el petróleo se mantenga ligeramente por encima de los 100 dólares por barril durante lo que queda de 2026, antes de iniciar un descenso progresivo hacia los 85 dólares a lo largo del próximo año. No obstante, advierte de que la incertidumbre geopolítica continúa condicionando las expectativas y puede provocar cambios bruscos en las cotizaciones de los mercados de futuros. Más allá de las fluctuaciones de la energía, los analistas consideran que la resistencia de los precios responde también a factores estructurales. Fernández señala que la inflación subyacente tardará más en moderarse que el índice general, especialmente por la evolución de los servicios, cuyos precios apenas muestran señales de desaceleración. Esta tasa se ha mantenido durante todo el año en torno al 4% y, según sus previsiones, podría no bajar del 3% durante 2027. La persistencia de estas presiones contribuye a explicar la diferencia entre la inflación española y la media de la eurozona. En España, la demanda mantiene una intensidad mayor, impulsada por el crecimiento económico, la actividad turística y el aumento de la población, que ronda las 500.000 personas anuales. A este escenario se añaden las dificultades de las empresas para encontrar trabajadores, un problema que limita su capacidad para ampliar la oferta y responder al incremento de la demanda.

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