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(El Economista, 10-11-2026) | Fiscal

Los sindicatos ultiman una huelga en la Agencia Tributaria para el nuevo Gobierno

Los sindicatos han comenzado a definir su estrategia ante la posibilidad de que el PP se imponga en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A la convocatoria de una huelga general para mañana, a dos días del comienzo de la campaña electoral y con el respaldo de miembros del actual Gobierno, se añade ahora la decisión de las centrales de aplazar las movilizaciones en un organismo público fundamental, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la intención de retomarlas ante el próximo Ejecutivo. UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) han decidido cancelar la huelga de 24 horas que estaba prevista para el pasado 28 de octubre. Además, las tres organizaciones han acordado suspender temporalmente, según un comunicado conjunto, todas las protestas y jornadas de paro anunciadas para las semanas siguientes, sin establecer por el momento un nuevo calendario. No obstante, han precisado que esta decisión no implica dar por terminado el conflicto ni abandonar las reivindicaciones que lo originaron. En la práctica, los sindicatos han optado por mantener las movilizaciones en suspenso hasta disponer de interlocutores en el Gobierno con plena capacidad para negociar y adoptar decisiones. Esta justificación ha generado malestar entre algunos profesionales de la AEAT, que cuestionan la posible politización de un conflicto que, inicialmente, respondía a demandas estrictamente laborales, según fuentes conocedoras de la situación. Entre las críticas planteadas se encuentra la contradicción que supone aplazar las protestas hasta la llegada de un nuevo ministro de Hacienda, cuando las reclamaciones tienen su origen en las condiciones laborales establecidas durante la etapa de María Jesús Montero y que, según denuncian, tampoco han sido modificadas por su sucesor, Arcadi España. Los trabajadores cuestionan por qué se traslada la responsabilidad al próximo Ejecutivo en lugar de mantener las movilizaciones frente al actual Gobierno. Las centrales sindicales fundamentan sus demandas en la recuperación de derechos, el desarrollo de la carrera profesional y la mejora de las condiciones retributivas. Sin embargo, entre los inspectores de Hacienda existe la percepción de que estas reivindicaciones han pasado a un segundo plano y de que las organizaciones sindicales están adoptando un papel más próximo al de actores políticos ante la posibilidad de que las elecciones desemboquen en un Gobierno de coalición entre el PP y Vox. El malestar también se alimenta de la diferente respuesta sindical ante la huelga general convocada para mañana. UGT y CCOO mantienen este paro, que será el primero de estas características en más de una década, y que se presenta como una protesta frente a la crisis de la vivienda y en respaldo a las movilizaciones surgidas tras el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid. Algunos trabajadores de la Agencia Tributaria consideran que la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre también debería haber dejado al actual Gobierno sin interlocutores con capacidad para negociar medidas en materia de vivienda. Sin embargo, los sindicatos han mantenido la huelga general, una decisión que, a su juicio, resulta difícil de conciliar con los argumentos utilizados para aplazar las protestas en la AEAT. Desde que se anunció la convocatoria del paro general, las organizaciones sindicales han recibido críticas por el supuesto carácter político de la protesta y por su orientación favorable al Ejecutivo y contraria a la oposición. Estas interpretaciones se han visto reforzadas por las muestras de apoyo expresadas por miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. También se ha cuestionado el peso secundario que las reivindicaciones laborales tuvieron inicialmente en la convocatoria de la huelga. Las referencias a la necesidad de mejorar los salarios para hacer frente al coste de los alquileres y las hipotecas se incorporaron posteriormente, una modificación que, según las críticas, buscaba reforzar la justificación legal de la protesta. El conflicto laboral dentro de la Agencia Tributaria, en cualquier caso, viene de antes de la actual coyuntura política y del adelanto electoral anunciado para finales de noviembre. La tensión se remonta a las reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo y las retribuciones del personal del organismo. Durante la pasada primavera, los trabajadores de la AEAT llegaron incluso a plantear la posibilidad de paralizar la campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. El origen de sus protestas se encuentra en el incumplimiento que denuncian del acuerdo firmado en 2024 para mejorar sus condiciones salariales, cuando María Jesús Montero dirigía el Ministerio de Hacienda y ocupaba también la Vicepresidencia Primera del Gobierno. Entre los asuntos pendientes figuran las dificultades para progresar profesionalmente dentro de la estructura de la Agencia Tributaria y la asignación de responsabilidades adicionales a determinados empleados sin una compensación económica proporcional. A estas reclamaciones se suman las demandas específicas del personal de Aduanas, que desarrolla su actividad en entornos con elevados riesgos para su seguridad. A estas cuestiones laborales se añaden otros motivos de discrepancia entre los trabajadores de la AEAT y el Ministerio de Hacienda, algunos de ellos relacionados con las decisiones adoptadas al comienzo de la actual legislatura. Uno de los principales focos de controversia ha sido el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana para impulsar un modelo de financiación singular para Cataluña, que contempla el desarrollo de un sistema de concierto fiscal propio. La posibilidad de reforzar la Agencia Tributaria catalana mediante la transferencia de competencias recaudatorias ha generado una fuerte oposición entre los inspectores de Hacienda, que consideran que este planteamiento podría debilitar la estructura y las funciones de la Agencia Tributaria estatal. El rechazo de este colectivo a la eventual fragmentación del sistema tributario y a la transferencia de competencias a la Administración catalana ha sido una constante durante los últimos cuatro años.

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(La Vanguardia, 10-11-2026) | Fiscal

La inflación y la subida de tipos no impedirá que la economía española crezca un 2% en 2027

La economía española ha demostrado una notable capacidad de resistencia en los últimos años, pese a un contexto internacional marcado por importantes dificultades. Los economistas de CaixaBank resumen esta evolución en dos conceptos: complejidad y resiliencia. El primero hace referencia a los acontecimientos extraordinarios que han condicionado la agenda mundial, mientras que el segundo se explica por factores como la fortaleza del mercado laboral y de la demanda interna, la buena situación financiera del sector privado y el dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos. "Si alguien nos hubiera dicho en 2009 que la economía española se comportaría de la forma en que lo ha hecho frente a la Covid, la guerra de Ucrania, los aranceles de EEUU y la guerra de Irán, nos hubiera sorprendido mucho", ha señalado el economista jefe de CaixaBank, Enric Fernández, durante la presentación del informe de previsiones de la entidad. CaixaBank calcula que el PIB español crecerá un 2% en 2027, lo que supone una moderación respecto al 2,6% previsto para este año. Aun así, el avance superará el 1,4% estimado para la eurozona. La entidad considera que esta evolución estará respaldada también por factores externos. Entre ellos destaca la demografía, con un aumento de la población del 1% impulsado por los flujos migratorios, que contribuirá en medio punto al crecimiento del PIB. El director de Economía Española de CaixaBank, Oriol Aspachs, ha señalado asimismo que los fondos Next Generation seguirán teniendo efectos positivos, aunque su periodo de ejecución concluya este año, ya que su impacto sobre la economía real se materializa progresivamente. Uno de los principales riesgos para las perspectivas económicas es la evolución de la inflación y la posibilidad de que los bancos centrales vuelvan a elevar los tipos de interés. CaixaBank prevé que la inflación se modere hasta el 2,5%, frente al 3,4% estimado para este año, aunque advierte de su elevada sensibilidad a los precios de la energía. Según Fernández, los mercados de futuros anticipan que el petróleo será ocho dólares más barato el próximo año y que el gas natural registrará un ligero descenso. En cuanto a la política monetaria, las previsiones apuntan a que la Reserva Federal situará los tipos de interés entre el 3,75% y el 4%, mientras que el Banco Central Europeo los elevará hasta el 3%. No obstante, el escenario energético concentra buena parte de las incertidumbres y podría provocar un encarecimiento mayor del previsto. El economista Adrià Morron ha recordado que, durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania en 2022, el BCE llegó a situar los tipos en el 4%. Por su parte, Oriol Carreras ha estimado que un incremento de un punto en la inflación podría restar tres décimas al crecimiento del PIB español. En el ámbito internacional, además de los riesgos relacionados con la energía, CaixaBank sitúa el foco en las inversiones en inteligencia artificial y en la situación financiera de algunos países europeos, entre ellos Francia, cuyas cuentas públicas presentan mayores desequilibrios. La entidad considera que la inversión en IA ha sido uno de los factores que han sostenido el crecimiento mundial, aunque su continuidad dependerá de que consiga trasladar sus beneficios a la economía real. José Ramón Díez ha advertido de que unas expectativas de rentabilidad que no lleguen a cumplirse podrían generar situaciones económicas comprometidas.

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(Cinco Días, 10-11-2026) | Laboral

Los sindicatos se preparan para un seguimiento “desigual” de la huelga por territorios, sectores y edades

Los sindicatos prevén que la huelga general convocada para el 11 de noviembre tendrá un seguimiento desigual en función de los sectores económicos y los territorios. Aunque las expectativas apuntan a que el paro no conseguirá paralizar la actividad en toda España, las organizaciones sindicales consideran que su impacto no debe medirse exclusivamente por el número de trabajadores que dejen de acudir a sus puestos. A su juicio, una movilización multitudinaria por la tarde podría convertir la jornada en un punto de inflexión en el debate social sobre el acceso a la vivienda, con un efecto similar al que tuvieron las manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2018. Representantes de más de una docena de organizaciones sindicales consultados coinciden en que esta convocatoria presenta características poco habituales. Tanto CC OO y UGT como CGT y el Sindicato de Inquilinas están animando a los trabajadores a secundar el paro, aunque reconocen que la ausencia de una reivindicación legislativa concreta y de una Administración directamente responsable puede dificultar su seguimiento. También consideran que la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre y el reciente accidente ferroviario pueden influir en la participación y en el ambiente social. Las organizaciones esperan una mayor incidencia en aquellos sectores con una presencia sindical más consolidada, en actividades donde ya existen conflictos laborales y en las zonas más afectadas por el encarecimiento de la vivienda, especialmente Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Por ello, consideran que el alcance de la convocatoria deberá valorarse tanto por la paralización de la actividad económica como por la asistencia a las manifestaciones previstas durante la tarde. Los responsables sindicales anticipan que el seguimiento será muy diferente según el territorio. Mientras que en ciudades como Madrid y Barcelona esperan una participación elevada, en otras zonas, como Zamora, las previsiones son más moderadas. También calculan que habrá una presencia importante de piquetes, aunque previsiblemente inferior a la de las grandes huelgas generales de años anteriores. Algunos representantes recuerdan que han transcurrido 14 años desde una convocatoria de estas características y que buena parte de los actuales afiliados y delegados sindicales no han participado anteriormente en este tipo de movilizaciones. Otro factor que puede favorecer el seguimiento es el aumento de la conflictividad laboral. Los sindicatos consideran que los trabajadores de empresas y sectores donde ya existen enfrentamientos o reivindicaciones pendientes tendrán más predisposición a secundar la huelga. Los datos del Ministerio de Trabajo reflejan esta tendencia: hasta agosto, último periodo disponible, el número de huelguistas se había triplicado. Las centrales vinculan este incremento de los conflictos a la falta de renovación del acuerdo nacional de convenios, una de las cuestiones que también está detrás de la convocatoria del 11 de noviembre. Los salarios pactados en los convenios avanzan a un ritmo aproximado del 3%, mientras que la inflación interanual ha alcanzado el 4,9%. Esta diferencia mantiene la presión sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, que todavía no han recuperado buena parte de la pérdida salarial acumulada durante la crisis de precios desencadenada por la guerra de Ucrania. A esta situación se añaden las movilizaciones sectoriales que se están intensificando en las últimas semanas, entre ellas las protestas del personal educativo de la Comunidad de Madrid y las reivindicaciones del sector cárnico. Desde CGT consideran que la huelga, pese a su carácter atípico, llega en un momento especialmente oportuno y puede tener una repercusión importante, aunque no reproduzca los esquemas de las convocatorias tradicionales. Sin embargo, no todas las organizaciones sindicales comparten el mismo optimismo. Algunas consideran que la falta de un objetivo concreto puede reducir la participación en determinados colectivos. Los trabajadores suelen movilizarse con mayor facilidad cuando identifican una reivindicación específica, como frenar una reforma legislativa o conseguir mejoras salariales. En esta ocasión, aunque existe sensibilidad hacia el problema de la vivienda, algunos empleados podrían optar por no perder una jornada de salario al no tener suficientemente claro el alcance de la convocatoria. También preocupa el efecto económico que puede tener la huelga sobre los trabajadores con menores ingresos, especialmente los jóvenes y quienes tienen condiciones laborales más precarias. Desde UGT se ha apelado a la solidaridad entre generaciones y a que aquellos empleados con mayor estabilidad económica y mejores condiciones laborales tengan en cuenta las dificultades que supone perder un día de sueldo para quienes cuentan con menos recursos. En cuanto a los apoyos, CC OO asegura que alrededor de 3.600 comités de empresa, juntas de personal y secciones sindicales ya se han adherido a la convocatoria. Entre ellos figuran representantes de grandes compañías como Mercadona, El Corte Inglés, ONCE, Acciona, FCC, Correos, Eulen, Inditex, Ferrovial, Iberdrola, Santander, BBVA, Telefónica, Carrefour, Ford y Seat. CC OO y UGT reúnen conjuntamente unos 228.000 delegados sindicales en las empresas, más de dos tercios del total nacional. La movilización también cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas CEAR, la Federación Estatal LGTBI+ y Greenpeace. Asimismo, más de 800 representantes del ámbito cultural han suscrito un manifiesto de apoyo. A estas adhesiones se suman distintas organizaciones sindicales territoriales y sectoriales, como ELA y LAB en el País Vasco, CIG y CUT en Galicia, SAT en Andalucía y SOA en Aragón, además de CNT, CO.BAS, Solidaridad Obrera y Alternativa Sindical de Clase. También se han incorporado organizaciones profesionales de actores, inspectores de Trabajo, guionistas y periodistas. En el lado contrario, buena parte de los sindicatos corporativos ha decidido no respaldar la huelga, al considerar que tiene un componente electoralista. Entre ellos se encuentran CSIF, ANPE, Amyts, Semaf, SLT, Sepla, Fetico y FINE, organizaciones con una presencia relevante en ámbitos como la Administración pública, la enseñanza, la sanidad, el transporte ferroviario, la aviación y el sector financiero. Muchas de estas centrales tampoco apoyaron la huelga general de 2012. Entre las organizaciones que han rechazado la convocatoria también figura USO, un sindicato de clase que, a diferencia de las centrales corporativas, sí participó en la huelga general de 2012.

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(El País, 10-11-2026) | Laboral

Estos son los servicios mínimos de transporte y otras áreas para la huelga general del 11 de noviembre

La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre, la primera respaldada por CC OO y UGT en los últimos 14 años, contará con servicios mínimos en los principales sectores considerados esenciales. Las distintas Administraciones públicas ya han establecido buena parte de las medidas para garantizar la prestación de servicios básicos durante la jornada y determinar qué porcentaje de las plantillas deberá acudir obligatoriamente a trabajar. En el transporte ferroviario, Renfe ha fijado unos servicios mínimos que varían según el tipo de tren y la franja horaria. En Cercanías circulará el 75% de los servicios durante las horas punta y el 50% durante el resto del día. En los trenes de media distancia se garantizará el 65% de las circulaciones, mientras que en alta velocidad y larga distancia el porcentaje será del 73%. En el transporte de mercancías, la actividad mínima se limitará al 26%. La huelga general coincide, además, con otros dos paros convocados en Renfe para los días 10 y 12 de noviembre por el sindicato de maquinistas Semaf, en protesta por el accidente ferroviario de Urda. En estas jornadas, los servicios mínimos serán prácticamente los mismos, aunque el transporte de mercancías tendrá que mantener el 20% de su actividad. En el transporte aéreo, la resolución del Ministerio de Transportes establece porcentajes mínimos que oscilan entre el 56% y el 85% para las conexiones con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. En los vuelos entre ciudades peninsulares, las obligaciones dependen de la duración del trayecto: para aquellos en los que el transporte público alternativo requiere cinco horas o más, los servicios mínimos se sitúan entre el 39% y el 64%. Cuando el desplazamiento puede realizarse en menos de cinco horas, el porcentaje baja a una horquilla de entre el 18% y el 37%. Para las rutas internacionales también se establece un mínimo de entre el 39% y el 64%. En los servicios que dependen de las comunidades autónomas existen diferencias en función del territorio, aunque las medidas aprobadas mantienen criterios similares. Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana ya han concretado sus respectivas disposiciones, mientras que Andalucía todavía no ha publicado el detalle de los servicios mínimos. En Cataluña, el transporte público funcionará al 25% durante las horas punta. Esta limitación afecta al Metro de Barcelona, los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona y el resto de los servicios públicos de transporte. En sanidad se mantendrán las urgencias y los tratamientos que no puedan aplazarse, mientras que el resto de la actividad asistencial seguirá el funcionamiento habitual de un día festivo. En educación, los centros de Primaria deberán contar con un docente por cada seis aulas. En educación especial se garantizará el 50% de la plantilla, mientras que las escuelas infantiles dispondrán de un tercio de sus trabajadores. Este mismo porcentaje se aplicará a los servicios de comedor y a las actividades complementarias. La Comunidad de Madrid ha establecido que el Metro mantenga el 80% de sus circulaciones durante las horas punta. En los autobuses urbanos e interurbanos, los servicios mínimos serán del 50%. En los hospitales se garantizará el 35% de la actividad, mientras que en atención primaria la dotación dependerá de las dimensiones de cada centro. Así, en los centros de salud que cuenten con cuatro o más médicos de familia deberán trabajar, como mínimo y por turno, dos médicos de familia, un pediatra, dos enfermeras y un auxiliar administrativo. En los centros educativos madrileños será obligatoria la presencia del director y del jefe de estudios. Además, en Infantil y Primaria deberá haber un maestro por cada 50 alumnos, mientras que en Secundaria se establece una proporción de un docente por cada 90 estudiantes. Por su parte, la Comunidad Valenciana garantizará el 80% de los servicios de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. En el transporte metropolitano de Valencia se mantendrá entre el 70% y el 80% de las circulaciones, mientras que el transporte escolar funcionará al 50% y los autobuses interurbanos deberán prestar entre el 40% y el 55% de sus servicios. En el ámbito sanitario, los hospitales valencianos funcionarán con los efectivos correspondientes a un domingo y los centros de salud mantendrán la dotación habitual de un sábado. En educación será necesaria la presencia de, al menos, un integrante del equipo directivo en cada centro. Asimismo, se establece un mínimo de un docente por cada cuatro aulas en Infantil y Primaria y de uno por cada diez grupos en Secundaria. Correos también tendrá que mantener una actividad mínima para garantizar, especialmente, los trámites relacionados con las elecciones generales del 29 de noviembre y el voto por correo. En las oficinas con hasta cuatro empleados deberá permanecer un trabajador por turno. En aquellas que tengan entre cinco y ocho empleados serán necesarios dos, mientras que en las que superen los ocho trabajadores deberán acudir al menos tres por turno. Además, las Unidades de Servicios Especiales mantendrán el 50% de su plantilla para asegurar la distribución de documentación electoral a los votantes y a la Oficina del Censo Electoral. En el sector de la seguridad privada, la Secretaría de Estado de Seguridad ha establecido unos servicios mínimos generales del 80% para las actividades vinculadas a servicios esenciales. Esta obligación afecta, entre otras instalaciones, a centrales nucleares, plantas petroquímicas, fábricas y almacenes de armas y explosivos, infraestructuras de suministro de agua, gas y electricidad y entidades financieras. El porcentaje se eleva al 90% en los servicios de vigilancia y seguridad relacionados con el transporte público, incluidos aeropuertos, puertos y ferrocarriles, así como en los centros de telecomunicaciones. Por su parte, los miembros de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas no pueden ejercer el derecho de huelga. Por último, las gasolineras deberán garantizar una cobertura mínima del 20% de los establecimientos de cada comarca, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica. La resolución correspondiente incluye un anexo con la relación de estaciones de servicio que deberán permanecer abiertas durante la jornada de huelga.

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(Expansión, 10-11-2026) | Laboral

La IA permite hacer más trabajo pero no trabajar menos

La inteligencia artificial, que inicialmente se presentaba como una solución para reducir la carga de trabajo, está generando en muchas empresas el efecto contrario: más tareas, mayor dispersión y jornadas laborales más prolongadas. Diversos estudios internacionales alertan sobre el fenómeno conocido como two-job job, por el que las herramientas inteligentes incrementan la capacidad productiva de los empleados, pero también hacen que asuman responsabilidades que antes correspondían a varios puestos de trabajo. La IA debía permitir que los profesionales dejaran atrás las actividades más repetitivas para concentrarse en funciones de mayor valor añadido. Sin embargo, la realidad en numerosas organizaciones es diferente. Los trabajadores acumulan nuevas tareas, amplían sus responsabilidades y mantienen un volumen de trabajo similar al anterior, cuando no superior. Aunque la tecnología permite producir más en menos tiempo, eso no implica que disminuyan las obligaciones. En algunos casos, un solo empleado acaba asumiendo funciones que anteriormente se distribuían entre varias personas. El informe Workforce 2026 Global Insights Report, elaborado por Korn Ferry, pone cifras a esta tendencia. El 61% de los profesionales consultados considera que está realizando funciones propias de más de un puesto de trabajo, mientras que el 62% afirma que su carga laboral ha crecido de forma significativa en los últimos dos años. Además, el 52% reconoce que el uso de herramientas de inteligencia artificial ha supuesto un incremento de sus tareas. Korn Ferry define esta realidad como the two-job job, es decir, un empleo que acaba transformándose en dos. No implica necesariamente duplicar las horas de trabajo, sino que responde a una reorganización empresarial en la que se reducen niveles jerárquicos, se redistribuyen responsabilidades y se incorporan nuevas tecnologías sin suprimir siempre las funciones que ya existían. De esta manera, los empleados deben atender sus obligaciones habituales y, al mismo tiempo, familiarizarse con nuevos sistemas y procesos. La consultora señala que el 45% de los profesionales está demasiado ocupado como para obtener resultados realmente relevantes. Una herramienta de inteligencia artificial puede elaborar en pocos segundos un documento que antes exigía media hora de trabajo. Sin embargo, el tiempo ganado puede reducirse considerablemente cuando es necesario revisar la información, corregir posibles errores, adaptar el contenido y comprobar que responde a las necesidades del cliente. La automatización permite suprimir determinadas tareas, pero también genera otras nuevas que no siempre se contemplan al calcular los beneficios de su implantación. Una investigación del Upwork Research Institute refleja esta contradicción: el 77% de los trabajadores que utilizaban inteligencia artificial afirmaba que su carga laboral había aumentado, frente al 96% de los altos directivos que esperaba conseguir mejoras de productividad. Entre los empleados que recurrían a estas herramientas, el 39% dedicaba más tiempo a revisar los contenidos generados, el 23% invertía más horas en aprender a utilizarlas y el 21% aseguraba haber recibido nuevas tareas como consecuencia de su incorporación. Esta distancia entre las expectativas de las empresas y la experiencia de sus trabajadores evidencia un problema de planificación. Al estimar el tiempo que permitirá ahorrar una nueva tecnología, las compañías pueden establecer objetivos de rendimiento más exigentes sin tener suficientemente en cuenta el esfuerzo necesario para integrarla en la actividad diaria. De hecho, el 47% de los empleados usuarios de IA encuestados por Upwork reconocía que no sabía cómo conseguir los incrementos de productividad que esperaban sus responsables. La dificultad no se limita a la falta de formación, sino que también está relacionada con la manera en que estas herramientas se incorporan a los procesos existentes. Cuando los profesionales tienen que trabajar con distintas aplicaciones, trasladar datos de forma manual y comprobar la coherencia de los resultados, parte del tiempo supuestamente ahorrado acaba dedicándose a nuevas operaciones. Por otro lado, un estudio del National Bureau of Economic Research, realizado entre 7.137 profesionales de 66 empresas, concluye que los trabajadores que utilizaban una herramienta de inteligencia artificial integrada en sus aplicaciones habituales reducían aproximadamente dos horas semanales el tiempo dedicado al correo electrónico. También disminuían el trabajo realizado fuera de su horario laboral. Sin embargo, la investigación no detectó variaciones significativas en el volumen global de actividades que desempeñaban. Estos resultados muestran que la inteligencia artificial puede generar ahorros de tiempo en determinadas funciones sin que ello suponga necesariamente una transformación del conjunto de la organización. Por este motivo, las empresas deberían evaluar estas inversiones con indicadores que vayan más allá de la rapidez con la que se ejecutan las tareas. También resulta necesario medir el tiempo dedicado a revisar y corregir los resultados, las interrupciones, los posibles errores y la calidad del trabajo final. En esta misma línea, la Organización Internacional del Trabajo advertía en junio de que el ahorro de tiempo declarado por los usuarios de inteligencia artificial todavía no se traduce de forma generalizada en mejoras verificables de la producción o de los ingresos. El verdadero reto consiste, por tanto, en diferenciar entre automatizar una tarea y optimizar un proceso completo. Una empresa puede conseguir que sus trabajadores terminen determinadas actividades con mayor rapidez, pero si mantiene los pasos innecesarios y no reorganiza el trabajo, buena parte de las ganancias de productividad puede acabar diluyéndose.

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(Expansión, 10-11-2026) | Laboral

El Gobierno reconocerá las dolencias de las camareras de piso como enfermedad profesional

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció ayer que el Gobierno ha acordado acelerar la modificación del cuadro de enfermedades profesionales para incluir una referencia expresa a las camareras de piso. Saiz realizó este anuncio durante una asamblea organizada por UGT en Palma de Mallorca con trabajadoras de este colectivo. La ministra explicó que el texto se someterá a audiencia pública de forma inmediata con el objetivo de agilizar su aprobación. La modificación permitirá especificar las enfermedades y dolencias asociadas a esta actividad profesional e incorporar una mención concreta a las patologías que afectan a estas trabajadoras, un colectivo que agrupa a unas 150.000 personas en España. Una vez finalizado el procedimiento, las dolencias directamente relacionadas con las tareas habituales de las camareras de piso pasarán a figurar en el listado de enfermedades profesionales. Entre ellas se encuentran las lesiones que afectan al hombro, el codo, el antebrazo y las muñecas, incluido el síndrome del túnel carpiano. Se trata de patologías vinculadas a la repetición constante de movimientos, los esfuerzos físicos prolongados y la manipulación de cargas propias de su actividad. El reconocimiento de estas afecciones como enfermedades profesionales supondrá que las trabajadoras afectadas puedan acceder a la protección específica asociada a las contingencias profesionales, con efectos directos sobre las prestaciones y la cobertura de la Seguridad Social. Además, permitirá obtener datos más precisos sobre la incidencia de estas dolencias y conocer su alcance real, evitando que se consideren casos aislados. La ministra recordó que muchas de estas lesiones no aparecen de forma inmediata, sino que son consecuencia de años de esfuerzo físico, movimientos repetitivos y exigencias continuadas. Por ello, defendió la necesidad de que no se clasifiquen como enfermedades comunes cuando existe una relación directa con las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Durante su intervención, Saiz también se refirió a otra de las principales reivindicaciones del colectivo: la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada. En este sentido, aseguró que el grupo de trabajo constituido en septiembre para estudiar la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en profesiones especialmente penosas comenzará sus análisis por las camareras de piso, atendiendo al desgaste físico asociado a esta actividad.

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(El Economista, 10-11-2026) | Laboral

El mercado laboral español registró 805.663 bajas de afiliación por despido hasta septiembre

Las extinciones de contratos por despido y por no superar el periodo de prueba aumentaron un 4,03% durante los nueve primeros meses de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando el nivel más elevado de toda la serie histórica de la Seguridad Social, iniciada en 2013. A esta cifra se suman 802.497 bajas por no superar el periodo de prueba. En conjunto, ambos motivos de finalización de empleo suman alrededor de 1,6 millones de ceses, un 79% más que los registrados entre enero y septiembre de 2018, año en el que Mariano Rajoy dejó la presidencia del Gobierno y Pedro Sánchez llegó al poder. Esta evolución trasciende los cambios políticos. Los tres gobiernos presididos hasta ahora por el dirigente socialista han impulsado una transformación de la legislación laboral respecto al modelo anterior, con la reforma de 2021 como principal referencia. Esta modificación favoreció especialmente la contratación indefinida. A este cambio normativo se ha unido un contexto económico distinto, caracterizado por un incremento del 23% en el número de asalariados y del 60% en el de trabajadores con contrato indefinido. Sin embargo, este aumento del empleo estable no parece haberse traducido en una mayor protección frente a la pérdida del puesto de trabajo. Las condiciones para extinguir un contrato durante el periodo de prueba apenas han experimentado cambios. En cuanto a los despidos, se han ampliado algunos supuestos de nulidad, pero la mayor parte del marco normativo aprobado en 2012 continúa vigente. La evolución de las estadísticas refleja esta situación: los despidos han aumentado un 57,5% respecto a 2018, mientras que las bajas por no superar el periodo de prueba se han incrementado un 107,3%. Después de registrar un ligero descenso en 2025, ambos indicadores han retomado la tendencia alcista y crecen en torno al 4% en lo que va de año. Hay que destacar que ni siquiera durante la pandemia se alcanzaron cifras semejantes. Uno de los factores que lo explica fue la rápida puesta en marcha de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que permitió contener los ajustes de plantilla, aunque supuso un importante desembolso en prestaciones por desempleo. Este incremento de las extinciones de empleo se produce, además, en un momento en el que la economía mantiene un ritmo intenso de creación de puestos de trabajo. En esta evolución influye especialmente el cambio en la composición del mercado laboral derivado de la reforma de 2021 y de la expansión de los contratos indefinidos. A diferencia de los temporales, estos contratos solo pueden finalizar mediante un despido o por la decisión empresarial de no superar el periodo de prueba. Como consecuencia, las bajas por estas dos causas han ganado protagonismo entre los motivos de salida de la afiliación a la Seguridad Social, frente a las extinciones por finalización de contratos temporales. No obstante, estas últimas continúan siendo la causa más frecuente de baja, seguidas de los cambios de situación de los trabajadores fijos discontinuos cuando pasan a periodos de inactividad. Precisamente, esta modalidad contractual debería contribuir a limitar los despidos, ya que permite interrumpir temporalmente la actividad y el salario durante las épocas de menor demanda, manteniendo la relación laboral a la espera de que la empresa vuelva a llamar al trabajador. Sin embargo, su utilización no parece estar evitando el aumento de las extinciones contractuales. En 2018 se registraban, de media, 3,7 bajas por despido y otras tantas por no superar el periodo de prueba por cada mil trabajadores asalariados. En el mismo periodo de 2026, estos indicadores habían aumentado hasta 5,3 y 5,4, respectivamente. Esto supone que el riesgo de sufrir una extinción contractual se ha elevado un 48% en el caso de los despidos y un 41% en las bajas durante el periodo de prueba. Uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para explicar este comportamiento es el crecimiento de la contratación indefinida, que ha extendido esta modalidad a actividades que anteriormente se cubrían mediante contratos temporales. Este cambio genera un efecto estadístico de composición: los indicadores de extinción empeoran porque existen más empleos indefinidos, no necesariamente porque hayan perdido protección. Sin embargo, los datos muestran que los despidos y las bajas durante el periodo de prueba han aumentado con mayor intensidad entre los trabajadores indefinidos. El menor peso de la contratación temporal, especialmente en las extinciones durante el periodo de prueba, ha contribuido a moderar el impacto global de esta evolución. En concreto, la tasa de despidos entre los asalariados indefinidos ha pasado de 3,6 por cada mil trabajadores en 2018 a seis en 2026, lo que representa un incremento del 75,8%. La evolución de las bajas por no superar el periodo de prueba ha sido todavía más acusada: han pasado de 1,9 a 4,9 por cada mil empleados, un aumento del 141%. Este comportamiento apunta a que el periodo de prueba podría estar utilizándose como una fórmula para mantener relaciones laborales indefinidas que, en la práctica, terminan convirtiéndose en empleos de muy corta duración. Una de las razones es que la empresa puede extinguir el contrato durante esta fase sin abonar indemnización, a diferencia de lo que sucede en otras modalidades de finalización de la relación laboral. El incremento de estas bajas se produce pese a las actuaciones impulsadas por el Gobierno y las campañas de la Inspección de Trabajo dirigidas a detectar posibles abusos en la utilización del periodo de prueba. Sin embargo, los resultados de estas iniciativas parecen limitados. Durante 2025 únicamente se impusieron 333 sanciones, a pesar de que se superó el millón de extinciones contractuales por esta causa. Una cifra que podría volver a rebasarse en 2026.

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(Cinco Días, 10-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La cuenta Financia Europa desembarca en España con un tercio del ahorro de las familias en depósitos

La Unión Europea pretende movilizar una parte del ahorro que los hogares mantienen en depósitos bancarios para dirigirlo hacia la financiación de las empresas y los mercados de capitales. Esta orientación ya estaba presente en los informes elaborados por Mario Draghi y Enrico Letta, y ha sido asumida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha impulsado medidas para conseguir que parte de los 10 billones de euros que los ciudadanos europeos mantienen en entidades financieras se destinen a inversiones productivas. En este contexto, España ha puesto en marcha la denominada cuenta Financia Europa, un instrumento que incorpora importantes incentivos fiscales para fomentar la inversión de los particulares en los mercados europeos. La iniciativa responde a una situación en la que los hogares españoles mantienen una proporción elevada de su patrimonio financiero en depósitos y cuentas bancarias, en lugar de destinarlo a productos de inversión. Según el informe Capital Markets Union: Key Performance Indicators, elaborado por la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME), cada español mayor de 15 años tiene invertidos aproximadamente 31.000 euros en los mercados de capitales. Esta cantidad representa un 36% menos que la media europea, situada en torno a los 48.000 euros por persona. El cálculo incluye inversiones en acciones cotizadas, bonos, fondos de inversión, seguros de vida y planes de pensiones, pero excluye el efectivo, los depósitos bancarios y las participaciones en empresas no cotizadas. Con esta cifra, España ocupa el duodécimo puesto entre los países de la Unión Europea y queda por detrás de Alemania, Italia y Francia. También se sitúa por debajo de Austria, con unos 40.000 euros por adulto, y relativamente cerca de Finlandia, con 33.000 euros. La distancia es mucho mayor respecto a Dinamarca, Suecia y Países Bajos, donde el patrimonio invertido por persona supera los 110.000 euros. AFME atribuye buena parte de estas diferencias al mayor desarrollo de los sistemas privados de pensiones en estos países. Frente a la limitada inversión en los mercados financieros, destaca el volumen de ahorro que los hogares españoles mantienen en productos de bajo riesgo. Según AFME, el 34% de los activos financieros de las familias está depositado en cuentas bancarias y depósitos, generalmente con rentabilidades inferiores al 1,7%, pese a la competencia que se ha producido entre las entidades para captar ahorro tras las subidas de los tipos de interés. Este porcentaje supera al registrado en Italia, donde alcanza el 25%, y Francia, con un 28%, aunque permanece por debajo del 37% de Alemania. Los datos más recientes del Banco de España elevan el volumen total de dinero mantenido en depósitos y cuentas a unos 1,17 billones de euros. De esa cantidad, cerca de un billón corresponde a cuentas a la vista, cuya remuneración media apenas alcanza el 0,16%. La escasa canalización del ahorro hacia los mercados financieros constituye, en cualquier caso, un problema que afecta al conjunto de Europa. AFME calcula que la inversión media de los ciudadanos europeos ha pasado de unos 46.000 euros por adulto en 2017 a aproximadamente 48.000 a comienzos de 2026. El avance resulta muy reducido en términos reales, una vez descontado el efecto de la inflación, y contrasta con Estados Unidos, donde el patrimonio financiero invertido supera los 253.000 euros por adulto. En la Unión Europea, las pensiones y los seguros representan el 59% del ahorro invertido en los mercados de capitales. Los fondos de inversión concentran el 24%, mientras que las acciones cotizadas suponen el 11% y los bonos el 6%. Desde 2022, los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados (ETF), han sido los principales impulsores del crecimiento de estas inversiones. El director general de AFME, Adam Farkas, considera que una parte demasiado importante del ahorro europeo permanece sin aprovechar desde el punto de vista de la financiación de la economía. La asociación representa a más de 150 entidades financieras que participan en el 90% de la deuda corporativa y soberana europea y en el 85% de las emisiones de capital cotizadas en Europa. No obstante, la organización también advierte de que no todo el dinero depositado en cuentas bancarias debe trasladarse a los mercados financieros. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta las necesidades de liquidez de cada familia, el plazo durante el que puede mantener sus ahorros y su capacidad para asumir riesgos. El Gobierno español, a través del Ministerio de Economía dirigido por Carlos Cuerpo, ha avanzado en esta estrategia europea con la creación de la cuenta Financia Europa. Su puesta en marcha definitiva todavía está pendiente de la convalidación del real decreto ley, prevista para el 12 de noviembre, así como de la aprobación de las instrucciones de Hacienda que regularán la información que las entidades financieras deberán remitir a la Agencia Tributaria. El principal atractivo de este instrumento reside en sus beneficios fiscales. Por un lado, permite aplazar la tributación de las plusvalías hasta que el titular retire el dinero, un tratamiento similar al que ya disfrutan los fondos de inversión. Además, cuando las aportaciones se mantienen durante más de cinco años, los primeros 10.000 euros de ganancias quedan exentos de tributación, al igual que el 20% del beneficio restante. Para acogerse a este régimen, las inversiones deben cumplir determinadas condiciones. Las acciones tienen que corresponder a sociedades vinculadas al Espacio Económico Europeo, que comprende los Estados de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega. En el caso de los fondos, al menos el 70% de la cartera debe estar invertido en activos europeos, incluidos los bonos, mientras que un mínimo del 50% debe destinarse a renta variable y, dentro de esta, al menos un 35% a acciones europeas. Quedan excluidas las socimis, las sicav y los productos derivados. El patrimonio máximo permitido en la cuenta se establece en 150.000 euros. Paralelamente, el Ejecutivo ha decidido ampliar las posibilidades de otro producto de ahorro que ya existía: los Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (Sialp), conocidos también como Planes Ahorro 5. Estos instrumentos permiten realizar aportaciones de hasta 5.000 euros anuales y cuentan con ventajas fiscales propias. La nueva modalidad creada por Economía, denominada Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo Financia Europa, eleva el límite de aportación anual hasta los 10.000 euros. A diferencia de la cuenta Financia Europa, este producto exige que al menos el 30% de la inversión se destine a renta variable, frente al mínimo del 50% establecido para la cuenta de inversión. De esta manera, el Gobierno pretende ampliar las alternativas de ahorro a largo plazo y facilitar que los particulares participen en la financiación de las empresas y los mercados europeos.

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(Expansión, 10-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las ‘Big Four’ evitan las auditorías de empresas públicas no cotizadas

La auditoría de las grandes empresas públicas estatales que no cotizan en bolsa ha perdido atractivo para las principales firmas auditoras en España. Deloitte, EY, PwC y KPMG se han distanciado progresivamente de este mercado, en el que los reducidos honorarios y el elevado riesgo reputacional no compensan frente a otras actividades, como la consultoría, que ofrecen mejores perspectivas de rentabilidad. Adif, Agencia EFE, Correos, Ineco, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Isdefe, Loterías y Apuestas del Estado, Paradores, Renfe y RTVE son algunos de los principales ejemplos. En los últimos procedimientos de contratación para auditar sus cuentas anuales, ninguna de las cuatro grandes consultoras presentó una propuesta, por lo que estos contratos han terminado en manos de firmas de tamaño mediano. El caso de RTVE refleja esta tendencia. EY, responsable de la auditoría de sus cuentas desde 2022, optó por no concurrir al concurso para renovar el contrato correspondiente a los ejercicios 2026, 2027 y 2028, con posibilidad de ampliarlo otros dos años. Deloitte, PwC y KPMG tampoco participaron. Finalmente, el encargo fue adjudicado a PKF Attest, única firma que presentó una oferta, por un importe de 235.665 euros. Una situación similar se produjo en Renfe, que no recibió propuestas de ninguna de las Big Four para auditar sus cuentas de 2026, 2027 y 2028. La compañía ferroviaria tuvo que convocar dos licitaciones. La primera quedó desierta, en parte debido a unas condiciones que parecían orientadas a facilitar la participación de las grandes auditoras, como el requisito de acreditar experiencia en la revisión de sociedades de interés público con una facturación superior a 1.000 millones de euros. Después de flexibilizar los requisitos, el segundo concurso se resolvió a favor de PKF Attest por 1,03 millones de euros. Esta misma auditora obtuvo también, a finales de 2023, el contrato para revisar las cuentas individuales y consolidadas de Ineco correspondientes a 2024. Ninguna otra firma presentó una oferta y, posteriormente, el servicio se amplió mediante una prórroga de dos años. Grant Thornton es otra de las compañías que ha reforzado su presencia en este ámbito. La firma se encarga de auditar las cuentas individuales y consolidadas de Correos y sus filiales, después de adjudicarse el contrato para los ejercicios 2023, 2024 y 2025 en un procedimiento al que no concurrió ninguna de las cuatro grandes. Hace dos meses, el servicio se prorrogó por un año más, elevando el importe total a 689.782 euros para los cuatro ejercicios. También se ha adjudicado los dos lotes del último concurso del Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como los correspondientes a Adif y Adif-Alta Velocidad para los ejercicios 2026, 2027 y 2028, por importes de 301.875 y 117.000 euros, respectivamente. En ninguno de estos procedimientos participaron Deloitte, EY, PwC o KPMG. A estos contratos se añade el de Loterías y Apuestas del Estado, cuyas cuentas de 2025, 2026 y 2027 han quedado bajo la responsabilidad de Grant Thornton. La adjudicación, con un valor máximo de 261.360 euros, se produjo sin que ninguna de las Big Four presentara candidatura. Por su parte, Forvis Mazars se ocupa de auditar las cuentas de la Agencia EFE correspondientes a 2024, 2025 y 2026, por un importe de 76.230 euros. El acta de la mesa de contratación recoge que las dos propuestas recibidas procedían de firmas medianas. El mismo escenario se repitió en Ingeniería de Sistemas para la Defensa (Isdefe), cuya auditoría también corresponde a esta compañía. Paradores completa la relación de empresas públicas que han recurrido a auditoras de tamaño intermedio. En su caso, el contrato para los ejercicios 2025, 2026 y 2027 fue adjudicado a Moore, actualmente integrada en Auren, después de un concurso en el que únicamente participaron firmas medianas. Navantia y el Grupo Tragsa representan las excepciones dentro de este panorama de escaso interés de las grandes consultoras por la auditoría del sector público empresarial. La compañía naval necesitó convocar tres concursos antes de encontrar una firma que asumiera la revisión de sus cuentas de 2024, 2025 y 2026. La primera licitación, con un presupuesto de 1,17 millones de euros, quedó desierta. El segundo procedimiento, cuyo importe ascendía a 1,7 millones, fue finalmente abandonado tras introducirse cambios en el alcance del contrato, el presupuesto y las condiciones exigidas a las auditoras. En la tercera convocatoria, el presupuesto se redujo a 1,3 millones de euros y se excluyó la revisión de las filiales de Australia, Arabia Saudí y Reino Unido. En esta ocasión sí concurrió una de las Big Four, KPMG, aunque la adjudicación terminó recayendo en PKF Attest, de origen vasco, por 720.480 euros. El Grupo Tragsa es, por el contrario, la única gran empresa pública de las analizadas cuya auditoría está actualmente en manos de una de las cuatro grandes firmas. KPMG resultó adjudicataria de la revisión de sus cuentas de 2026, 2027 y 2028 por 663.197 euros, tras imponerse a Deloitte en el concurso celebrado a finales de 2025. Los bajos importes que las empresas públicas destinan a estos servicios constituyen uno de los principales motivos por los que las grandes auditoras han perdido interés en estos contratos. Fuentes del sector consultadas por EXPANSIÓN señalan que la rentabilidad de estos encargos es considerablemente inferior a la que ofrecen las auditorías de compañías privadas. En algunos casos, los honorarios son tan reducidos que apenas permiten cubrir los recursos necesarios para desarrollar el trabajo. En varios de los procedimientos examinados, los contratos se adjudicaron por una cantidad media un 31% inferior al presupuesto inicial de licitación. A ello se suma que las administraciones suelen tomar como referencia el precio de la adjudicación anterior para fijar el importe de los siguientes concursos, lo que provoca una progresiva reducción de los honorarios hasta niveles que dificultan la prestación del servicio con los medios y el esfuerzo necesarios. Esta situación también genera preocupación entre las auditoras medianas que sí participan en las licitaciones. Algunas de ellas cuestionan la viabilidad económica de determinados encargos y advierten de que no pueden aceptar contratos a cualquier precio ni asumir rebajas que comprometan la calidad y los recursos exigibles en una auditoría. En sus decisiones también influye la posibilidad de obtener otros trabajos complementarios, como revisiones limitadas o procedimientos acordados. A la escasa rentabilidad se añade el impacto potencial sobre la reputación de las firmas. La combinación de unos honorarios reducidos y una mayor exposición a riesgos reputacionales hace que estos contratos resulten poco atractivos para las grandes auditoras. Por último, las incompatibilidades entre los servicios de auditoría y determinadas actividades de consultoría también condicionan su participación. Las Big Four deben valorar si les interesa asumir la auditoría de estas empresas públicas o preservar otras líneas de negocio que pueden proporcionarles mayores ingresos y una rentabilidad más elevada.

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(Expansión, 09-11-2026) | Fiscal

Consejos para optimizar la Renta antes de que termine el año

Adelantar determinados gastos, realizar aportaciones a planes de pensiones o revisar las inversiones antes del 31 de diciembre son algunas de las actuaciones que pueden ayudar a reducir la factura del IRPF. A falta de dos meses para finalizar 2026, los contribuyentes todavía disponen de margen para planificar su próxima declaración de la Renta, que se presentará en la primavera de 2027 y tendrá en cuenta los ingresos, gastos y rendimientos obtenidos durante este ejercicio. Los asesores fiscales recuerdan que revisar con antelación las deducciones estatales y autonómicas, las exenciones disponibles y las posibilidades de compensar ganancias y pérdidas patrimoniales puede generar un ahorro fiscal significativo. Desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), del Consejo General de Economistas, advierten de que dejar pasar determinados plazos puede impedir aprovechar incentivos vinculados a inversiones o mecanismos de compensación fiscal. Por ello, recomiendan anticipar la planificación y revisar las circunstancias personales y económicas antes del cierre del ejercicio, tanto en el caso de trabajadores asalariados como de autónomos, arrendadores e inversores. Entre las opciones disponibles figura negociar con la empresa la percepción de una parte del salario mediante retribuciones en especie exentas de tributación, como los vales de comida o el seguro médico. Esta fórmula permite reducir la base imponible del trabajador. En el caso de los seguros sanitarios, es necesario que la empresa figure expresamente como tomadora de la póliza para que pueda aplicarse la exención. Los contribuyentes que se hayan jubilado y mantengan aportaciones a planes de pensiones o sistemas de previsión social realizadas antes del 31 de diciembre de 2007 pueden beneficiarse de una reducción del 40% sobre el capital rescatado en forma de pago único. Para conservar este incentivo, el rescate debe efectuarse durante el ejercicio en que se produce la jubilación o en alguno de los dos años siguientes. También conviene revisar las aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social. El límite máximo de reducción puede alcanzar los 10.000 euros anuales, resultado de sumar los 1.500 euros correspondientes al límite individual general y hasta 8.500 euros adicionales por contribuciones empresariales. Además, cuando el cónyuge no obtiene ingresos o estos son inferiores a 8.000 euros anuales, se pueden realizar aportaciones de hasta 1.000 euros a su plan de previsión social con derecho a reducción. En el caso de los trabajadores autónomos y profesionales colegiados, las aportaciones a planes de pensiones de empleo simplificados permiten aplicar una reducción adicional de hasta 4.250 euros anuales. Esta cantidad se suma al límite individual general de 1.500 euros, por lo que el importe total deducible puede alcanzar los 5.750 euros. Otra recomendación es comprobar que las retenciones aplicadas en las nóminas se ajustan a las circunstancias actuales del contribuyente. Quienes hayan cambiado de empresa, experimentado variaciones importantes en sus ingresos o sufrido modificaciones en su situación personal o familiar pueden solicitar a su empleador que revise el porcentaje de retención antes de finalizar el año. Los propietarios de viviendas y otros inmuebles destinados al alquiler también disponen de distintas posibilidades para reducir la tributación de sus rendimientos. Entre los gastos deducibles se encuentran las primas de los seguros de vida y hogar vinculados a préstamos hipotecarios cuando su contratación permite obtener una bonificación en el tipo de interés. Por tanto, resulta conveniente comprobar las condiciones de estas pólizas y los importes satisfechos durante el ejercicio. Asimismo, las cantidades destinadas a reparar, conservar o pintar los inmuebles alquilados, así como a sustituir elementos deteriorados, pueden minorar el rendimiento neto del capital inmobiliario. No obstante, la suma de estos gastos y los correspondientes a la financiación hipotecaria no puede superar los ingresos íntegros obtenidos por el arrendamiento durante el ejercicio. En relación con la gestión de los alquileres, para que el arrendamiento de inmuebles tenga la consideración de actividad económica a efectos del IRPF es necesario disponer, al menos, de una persona contratada laboralmente y a jornada completa para gestionar esta actividad. La interpretación judicial reciente ha aclarado que no es preciso demostrar adicionalmente que exista un volumen mínimo de trabajo que justifique esa contratación. Los contribuyentes que todavía tengan derecho a la deducción transitoria por adquisición de vivienda habitual, por haber comprado el inmueble con financiación hipotecaria antes del 1 de enero de 2013, pueden valorar realizar amortizaciones anticipadas del préstamo. La normativa permite deducir el 15% de las cantidades satisfechas durante el año, con un límite máximo de 9.040 euros de base anual, incluyendo tanto la amortización como los intereses. Por su parte, los autónomos que tributan en el régimen de estimación directa simplificada pueden aplicar una deducción del 5% sobre su rendimiento neto positivo en concepto de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación. El porcentaje aumenta hasta el 10% para las actividades desarrolladas en Ceuta y Melilla, aunque existe un límite máximo anual de 2.000 euros. También es importante revisar los cobros y pagos pendientes antes del cierre del ejercicio cuando se haya optado por el criterio de imputación temporal de caja. En estos casos, la fecha efectiva de cobro de los ingresos o de realización de los pagos determina el ejercicio fiscal al que deben atribuirse las correspondientes partidas. Los profesionales que necesiten adquirir un vehículo para desarrollar su actividad pueden estudiar la compra de un modelo comercial o empresarial eléctrico nuevo. Estos vehículos pueden acogerse a la libertad de amortización acelerada, siempre que se matriculen dentro del ejercicio y queden efectivamente vinculados al desarrollo de la actividad económica. En el ámbito de las inversiones financieras, quienes hayan obtenido ganancias patrimoniales durante 2026 por la venta de acciones, fondos de inversión, inmuebles o criptomonedas pueden estudiar la posibilidad de compensarlas con pérdidas acumuladas en otras inversiones. Para ello, pueden transmitir antes del 31 de diciembre los activos que registren minusvalías, reduciendo así la base imponible del ahorro. Sin embargo, es necesario tener en cuenta las restricciones relativas a la recompra de valores homogéneos. Cuando se venden acciones cotizadas con pérdidas, la adquisición de títulos equivalentes durante los dos meses anteriores o posteriores a la transmisión impide computar fiscalmente esa minusvalía en ese momento. En el caso de valores no cotizados, el plazo se amplía a un año. También conviene comprobar si existen pérdidas patrimoniales pendientes de compensación procedentes de ejercicios anteriores. Estas pueden utilizarse durante un plazo máximo de cuatro años. Si 2026 es el último ejercicio disponible para aprovecharlas, puede resultar conveniente materializar ganancias patrimoniales antes de que termine el año, evitando así que las minusvalías pendientes pierdan su utilidad fiscal. En cuanto a las criptomonedas, los contribuyentes que tengan previsto vender activos con plusvalías pueden valorar aplazar la operación hasta el 1 de enero de 2027. De esta forma, la ganancia se imputaría al siguiente ejercicio fiscal y su tributación se trasladaría a la declaración que se presentará en 2028. Otra cuestión que deben considerar los contribuyentes es el tratamiento fiscal de las donaciones. El Tribunal Supremo ha establecido que las pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones gratuitas de bienes no pueden computarse en el IRPF del donante. Esta limitación también se aplica cuando en una misma operación se transmiten otros bienes que sí generan ganancias sujetas a tributación. Antes de donar acciones, participaciones o valores adquiridos en diferentes fechas, también es necesario tener presente la aplicación del criterio FIFO (primero en entrar, primero en salir). Esto significa que, a efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial, se considera que se transmiten primero los títulos adquiridos en la fecha más antigua. Los mayores de 65 años cuentan con determinados incentivos fiscales cuando transmiten elementos de su patrimonio. Si venden bienes o derechos, como una segunda residencia, un local comercial o acciones, pueden dejar exenta la ganancia patrimonial siempre que reinviertan el importe obtenido en constituir una renta vitalicia asegurada. El límite máximo de reinversión con derecho a exención es de 240.000 euros y la operación debe formalizarse en un plazo de seis meses. Además, la venta de la vivienda habitual por parte de un contribuyente mayor de 65 años está exenta de tributar por la ganancia patrimonial obtenida, sin necesidad de reinvertir el dinero. Cuando el inmueble pertenece conjuntamente a dos cónyuges y solo uno de ellos ha alcanzado esa edad, la exención se aplica únicamente a la parte proporcional correspondiente al propietario que cumple el requisito. La adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables nuevos para uso particular también permite acceder a incentivos fiscales. La compra da derecho a una deducción del 15% sobre una base máxima de 20.000 euros, siempre que el precio no supere los 45.000 euros y no se trate de un vehículo de kilómetro cero. A esta ventaja puede añadirse otra deducción del 15% sobre un máximo de 4.000 euros por las cantidades destinadas a instalar puntos de recarga en una propiedad del contribuyente. Las inversiones en energías renovables y eficiencia energética en la vivienda constituyen otras vías para reducir la factura fiscal. La instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico o térmico permite aplicar una deducción del 10% de las cantidades satisfechas, porcentaje que puede elevarse al 20% cuando las obras afectan a la totalidad de un edificio residencial. La base máxima anual es de 5.000 euros por contribuyente. Por otro lado, las actuaciones de rehabilitación energética en la vivienda habitual, como la sustitución de ventanas por otras con mejores prestaciones de aislamiento, pueden dar derecho a una deducción del 20%, con una base máxima de 5.000 euros, si permiten reducir al menos un 7% la demanda de calefacción o refrigeración. El incentivo alcanza el 40%, con una base máxima de 7.500 euros, cuando las obras consiguen disminuir un 30% el consumo de energía primaria no renovable o permiten obtener una calificación energética A o B. Los contribuyentes que inviertan en empresas de nueva creación y empresas emergentes también pueden beneficiarse de ventajas fiscales. La suscripción de acciones o participaciones antes de finalizar el año permite aplicar una deducción del 50% de las cantidades aportadas, con una base máxima anual de 100.000 euros. Para conservar el incentivo, la participación debe mantenerse durante un periodo mínimo de entre tres y doce años. Por último, las aportaciones a organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin ánimo de lucro acogidas al régimen de mecenazgo permiten obtener importantes deducciones. Los primeros 250 euros donados durante el año dan derecho a una deducción del 80% en la cuota íntegra del impuesto. Para las cantidades que superen ese importe, el porcentaje general se sitúa entre el 40% y el 45%, aplicándose el tipo más elevado cuando se mantiene la fidelidad de las donaciones a una misma entidad.

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