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(Cinco Días, 15-05-2026) | Fiscal

Los datos de inflación de abril anticipan la desactivación de varias rebajas fiscales a partir del 1 de junio

El dato definitivo de inflación de abril publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) activa de forma parcial la cláusula prevista por el Gobierno dentro del plan de respuesta diseñado para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo. Este mecanismo vinculaba la continuidad de determinadas rebajas fiscales energéticas al comportamiento de los precios durante abril, de modo que las ayudas dejarían de aplicarse automáticamente a partir de junio si la inflación de cada componente se mantenía por debajo de ciertos límites. Los datos difundidos por el INE dibujan una situación desigual. Las medidas fiscales relacionadas con los carburantes continuarán vigentes, al menos hasta el 30 de junio, mientras que las ayudas vinculadas a la electricidad y al gas natural desaparecerán desde el 1 de junio. La inflación general se redujo en abril hasta el 3,2% interanual, dos décimas menos que en marzo, y la inflación subyacente descendió al 2,8%. El Ejecutivo atribuye esta moderación tanto al impacto de las medidas anticrisis como al peso creciente de las energías renovables en el sistema eléctrico español. Precisamente esa evolución de los precios es la que permite ahora retirar parte de las ayudas energéticas. En el caso de la electricidad y el gas, dejarán de aplicarse desde junio varias rebajas fiscales aprobadas durante la crisis. Entre ellas figuran la reducción del IVA de la electricidad del 21% al 10%, el recorte del impuesto especial eléctrico hasta el 0,5% y el IVA reducido aplicado al gas natural, pellets, briquetas y leña. Sí continuará vigente, al menos hasta el 30 de junio, la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), el gravamen del 7% que soportan las compañías generadoras y que suele repercutirse en la factura final de la luz. La situación es distinta en los carburantes. Según el INE, el incremento anual del precio de los combustibles supera claramente el umbral del 15% fijado en el real decreto ley como límite para retirar las ayudas fiscales. Como consecuencia, seguirán aplicándose durante junio las principales medidas de apoyo sobre gasolina y diésel. Entre ellas se mantienen el IVA reducido al 10% para gasolinas, gasóleos y biocarburantes, la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa europea y la devolución parcial del gasóleo profesional destinada al sector del transporte. El Gobierno sostiene que, sin estas medidas, la inflación de los carburantes habría alcanzado el 28,9% en abril y asegura que el plan ha permitido reducir ese impacto en más de 16 puntos porcentuales. Más allá de los cambios fiscales, el resto del paquete de ayudas seguirá en vigor. Continúan las ayudas directas dirigidas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas, así como el refuerzo del bono social eléctrico, que mantiene descuentos del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los considerados vulnerables severos. También se mantendrán las ayudas para la industria electrointensiva, las facilidades para modificar contratos energéticos y las deducciones fiscales vinculadas a proyectos de electrificación y energías renovables, como la instalación de placas solares, bombas de calor o puntos de recarga para vehículos eléctricos. Asimismo, seguirá aplicándose el límite al precio de la bombona de butano y continuará la vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar que las rebajas fiscales sobre los carburantes no lleguen realmente al consumidor final.

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(El País, 15-05-2026) | Fiscal

España deberá hacer ajustes por valor de 15.000 millones hasta 2028 para cumplir con las reglas fiscales

La cláusula de escape solicitada recientemente por España a la Comisión Europea para excluir del cómputo fiscal el aumento del gasto en defensa aliviará parcialmente la presión sobre las cuentas públicas en el corto plazo, pero no bastará para cumplir los compromisos fiscales europeos en los próximos años. Así lo concluye la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tras analizar el Informe de Progreso Anual enviado por el Gobierno a Bruselas hace unas semanas en el marco del nuevo sistema europeo de control de deuda y déficit. Según las estimaciones del organismo supervisor, España necesitará aprobar ajustes o medidas adicionales por unos 15.000 millones de euros hasta 2028, especialmente a partir del próximo ejercicio, para evitar desviaciones respecto a los objetivos pactados con la Unión Europea. La Airef calcula que el gasto primario neto de medidas de ingresos -el principal indicador utilizado por Bruselas tras la reforma de las reglas fiscales- crecerá de media un 5% anual entre 2025 y 2028, claramente por encima del 3,4% comprometido por el Ejecutivo en su plan fiscal. El organismo prevé desviaciones especialmente significativas en 2026 y 2027, con incrementos superiores en más de dos puntos porcentuales respecto a los objetivos marcados. Para 2028, la diferencia seguiría siendo superior a un punto. Como resultado, la denominada cuenta de control acumulada, utilizada por la Comisión para evaluar la sostenibilidad fiscal de los países, sobrepasaría los límites fijados desde este mismo año y alcanzaría el 2,1% del PIB en 2028. Con el objetivo de reducir esa desviación, el Gobierno solicitó activar la cláusula de escape nacional vinculada al gasto en defensa, un mecanismo al que ya han recurrido otros países europeos. Excluir del cálculo el incremento extraordinario de los desembolsos militares permitiría suavizar temporalmente las desviaciones fiscales. De hecho, la Airef reconoce que, aplicando esta flexibilidad, la cuenta de control acumulada se situaría en 2026 justo en el límite permitido del 0,6% del PIB. Sin embargo, el organismo advierte de que en 2027 y 2028 volverían a superarse los topes, alcanzando el 1,5% del PIB al final del periodo. Por ello, incluso teniendo en cuenta la cláusula de escape y el margen de flexibilidad contemplado por Bruselas, la Airef considera necesarias medidas adicionales equivalentes al 0,6% del PIB en 2027 y al 0,3% en 2028. Traducido a cifras absolutas, supondría aprobar ajustes cercanos a 10.000 millones de euros en 2027 y otros 5.000 millones un año después. El organismo presidido por Inés Olóndriz reclama al Ministerio de Hacienda una estrategia fiscal a medio plazo que considere "realista y creíble" y que permita compatibilizar el cumplimiento de las reglas fiscales españolas y europeas. Además, insiste en la necesidad de ampliar el contenido del informe remitido a Bruselas con un escenario presupuestario más completo que facilite la identificación de riesgos futuros. Pese a estas advertencias, la Airef considera que el documento enviado por el Gobierno cumple formalmente los requisitos exigidos por la Comisión al incluir previsiones macroeconómicas y presupuestarias actualizadas tanto de ejercicios ya cerrados como de 2026. No obstante, critica la escasa ambición del informe como herramienta de planificación a medio plazo. Entre otras cuestiones, el supervisor reprocha al Ejecutivo no haber revisado las variables reales de su escenario macroeconómico pese al contexto de incertidumbre derivado de la guerra en Oriente Próximo, lo que, a su juicio, genera problemas de coherencia interna en las previsiones. También señala que el informe incorpora las medidas fiscales aprobadas para hacer frente a la crisis energética, aunque sin reflejar plenamente su impacto sobre las principales variables macroeconómicas. Días antes de remitir el documento a Bruselas, el ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, explicó que el Gobierno optaba por mantener sin cambios el cuadro macroeconómico, incluyendo una previsión de crecimiento del PIB del 2,2% para 2026. El Ejecutivo justificó esta decisión por la elevada incertidumbre asociada al conflicto en Oriente Próximo y admitió que el impacto económico de la guerra podría oscilar entre cuatro y ocho décimas del PIB. La Airef sí ha revisado sus previsiones y reduce una décima su estimación de crecimiento para 2026, hasta el 2,2%, coincidiendo finalmente con la cifra del Gobierno aunque con diferencias importantes en otros indicadores. La principal discrepancia se encuentra en la previsión de crecimiento del PIB nominal. Mientras el Ejecutivo espera un aumento del 5,3% en 2026, la Airef lo sitúa en el 4,8%. Esta diferencia es relevante porque un mayor crecimiento nominal facilita mejorar artificialmente las ratios de déficit y deuda sobre PIB. Para 2027 y 2028, la Airef mejora ligeramente sus previsiones económicas gracias al impacto positivo de los flujos migratorios, situando el crecimiento en el 2% y el 1,9%, respectivamente. A partir de 2030, el avance de la economía se moderaría hasta el 1,7%, aunque el organismo reconoce que persisten riesgos importantes a la baja, especialmente ligados a la situación geopolítica internacional. En materia de déficit público, la Airef prevé un repunte hasta el 2,6% del PIB en 2026 debido principalmente a las medidas temporales adoptadas para afrontar la crisis energética. Posteriormente, el desequilibrio volvería a reducirse al 2,2% en 2027, aunque a partir de 2028 volvería a aumentar por el impacto del envejecimiento de la población y del incremento del gasto en defensa.

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(El Economista, 15-05-2026) | Fiscal

Hacienda abre la puerta a multas en las inspecciones de las operaciones intragrupo

La Agencia Tributaria está modificando su estrategia de inspección sobre las operaciones intragrupo, es decir, aquellas realizadas entre empresas vinculadas o entre sociedades y sus socios, y endurece el control con la posibilidad de imponer sanciones más severas. Tradicionalmente, Hacienda supervisaba estas operaciones mediante el control de los precios de transferencia, comprobando que los servicios entre compañías del mismo grupo se facturaran a precios de mercado, como ocurriría entre empresas independientes, y no mediante importes artificialmente reducidos que permitieran rebajar la carga fiscal. Sin embargo, el nuevo enfoque del fisco pone ahora el foco en estructuras en las que una sociedad participada por socios presta servicios a otras empresas del grupo. En lugar de analizar únicamente si el precio aplicado es correcto, la inspección pasa a cuestionar si la sociedad que factura tiene realmente actividad y medios suficientes para prestar esos servicios o si, por el contrario, se trata de una sociedad instrumental utilizada para canalizar ingresos y reducir el pago del IRPF del socio. Este cambio de criterio tiene consecuencias importantes, ya que los supuestos considerados simulación pueden derivar en sanciones de entre el 50% y el 150% de las cantidades no declaradas, mientras que en materia de precios de transferencia las multas suelen limitarse a incumplimientos documentales o a casos en los que se acredita mala fe. Flavio Sánchez, socio responsable del área de Precios de Transferencia de BDO Abogados, explica que esta tendencia se aprecia en dos resoluciones recientes: una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de octubre y otra de la Audiencia Nacional del 12 de noviembre. En ambos procedimientos, la Agencia Tributaria sostiene directamente que la sociedad utilizada carece de medios materiales y organizativos para desarrollar realmente la actividad facturada. Según señala el experto, el elemento clave de ambas resoluciones es que el conflicto deja de plantearse como una simple discusión sobre valoración económica y pasa a analizarse como un problema previo de calificación jurídica. La cuestión central ya no es cuánto vale el servicio prestado, sino si dicho servicio existió realmente y quién lo realizó de forma efectiva. Los tribunales aceptan así que la Administración desplace el análisis hacia la posible simulación basándose en aspectos como la coherencia entre lo pactado y lo ejecutado, la existencia de medios materiales y humanos, la organización interna de la sociedad, la trazabilidad de la actividad o la lógica económica de la estructura utilizada. En la práctica, según explica Sánchez, el expediente deja de centrarse en un análisis cuantitativo para convertirse en una revisión cualitativa sobre la verdadera realidad económica de la operación. Desde BDO advierten de que estas resoluciones son una señal de alerta para muchas estructuras societarias, ya que Hacienda dispone ahora de una vía adicional para regularizar este tipo de operaciones y aplicar sanciones relevantes. Por ello, el especialista recomienda reforzar la documentación de los servicios intragrupo, especialmente cuando intervienen socios o personas clave. Entre otras medidas, aconseja establecer mecanismos que acrediten de forma clara que el servicio se prestó realmente, que generó utilidad para la empresa destinataria y que existe un seguimiento verificable mediante informes, comunicaciones o registros de actividad. Las sentencias, concluye el experto, muestran que los tribunales están aceptando razonamientos basados en indicios cuando las sociedades carecen de una estructura operativa sólida, lo que obligará a muchos grupos empresariales a demostrar con mayor detalle que los servicios existieron, que fueron realizados por la entidad que los factura y que aportaron un beneficio real a quien los recibió.

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(Expansión, 15-05-2026) | Laboral

El absentismo se desborda y dispara los costes de las empresas en 2026

El coste del absentismo laboral sigue aumentando con intensidad en 2026. Solo en el primer trimestre del año, la factura para las empresas se aproxima ya a los 2.500 millones de euros, un 7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que la duración media de las bajas se ha incrementado un 22,5%, hasta situarse cerca de los 49 días. El crecimiento sostenido de los gastos que soportan tanto las compañías como la Seguridad Social ha encendido las alarmas entre las patronales y el propio Gobierno, que analiza posibles medidas para mejorar la gestión de las incapacidades temporales y reducir su impacto económico en el marco del diálogo social con sindicatos y empresarios. Según los datos de las mutuas colaboradoras recopilados por Confemetal, el coste directo del absentismo para las empresas alcanzó al cierre de marzo los 2.432,6 millones de euros. A esta cantidad se suman otros 2.883,4 millones correspondientes a prestaciones económicas derivadas de incapacidades temporales por contingencias comunes, es decir, bajas por enfermedad no profesional. En conjunto, el desembolso asociado a estos procesos asciende a 5.316 millones de euros, frente a los 4.974 millones registrados un año antes, lo que supone un incremento de 341,5 millones y una subida interanual del 6,9%. Desde Confemetal, integrada en la CEOE y presidida por José Miguel Guerrero, advierten de que el absentismo vinculado a contingencias comunes está creciendo de forma muy relevante y afecta directamente a la organización de las plantillas, la productividad y la liquidez empresarial. Por ello, reclaman abordar esta situación "como una cuestión de Estado" con la participación conjunta de administraciones, empresas, sindicatos y trabajadores. Los datos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que cubren a cerca del 80% de los trabajadores, muestran una evolución negativa de los principales indicadores de incapacidad temporal, pese a que el número de procesos iniciados cayó un 14% interanual en marzo. En términos absolutos, se registraron 255.689 bajas menos que en el mismo mes del año anterior, pasando de 1,8 millones a 1,5 millones de procesos. Como consecuencia, la incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos descendió un 16%, desde 39,52 hasta 33,23 procesos. Sin embargo, el tiempo medio de duración de las bajas finalizadas aumentó de manera notable, pasando de 39,7 días a 48,7 días hasta marzo. Este incremento ayuda a explicar por qué el gasto sigue creciendo pese a la reducción del número de bajas iniciadas. En los procesos de larga duración, entre 366 y 545 días se contabilizan ya 104.120 bajas, un 15% más que hace un año; entre 546 y 730 días se registran 52.321 procesos, con un incremento del 20%; y las bajas superiores a los dos años alcanzan las 15.534, un 65,8% más. En total, los procesos que superan un año de duración ascienden a 171.975, lo que representa un aumento del 19% respecto al ejercicio anterior. A estos datos se suma la evolución del gasto de la Seguridad Social. La ejecución presupuestaria hasta marzo refleja un incremento del 10% en las prestaciones por incapacidad temporal, lo que apunta a que la factura anual podría superar los 20.000 millones de euros. En 2025, este gasto ya alcanzó los 18.505 millones tras crecer cerca de un 12% respecto al año previo. En paralelo, el Ministerio de Seguridad Social mantiene abiertas las negociaciones con sindicatos y empresarios para intentar contener el impacto económico derivado del aumento de las bajas laborales y del gasto asociado. Según AMAT, la patronal de las mutuas, el número de procesos iniciados creció un 7% en 2025, hasta alcanzar los 9,1 millones de bajas, lo que supone un incremento acumulado del 132% en la última década. Entre las medidas que sigue estudiando el departamento dirigido por Elma Saiz figura la implantación de las llamadas "altas progresivas". Este sistema permitiría que trabajadores con bajas de larga duración, superiores a 180 días, pudieran reincorporarse parcialmente a su actividad mientras compatibilizan durante un tiempo el salario con la prestación por incapacidad temporal. La propuesta no convence ni a las organizaciones empresariales ni a los sindicatos, aunque el Ejecutivo mantiene esta opción dentro de su hoja de ruta. El planteamiento ha cobrado fuerza tras un informe elaborado por la OCDE para el Ministerio de Seguridad Social, adelantado por EXPANSIÓN, que considera que este mecanismo podría incentivar el regreso al trabajo en procesos prolongados. Por su parte, la CEOE ha planteado distintas iniciativas orientadas a reforzar la gestión y el control de las bajas laborales. Entre otras medidas, propone que la Seguridad Social active antes la intervención de la inspección del INSS, sin esperar a que transcurran los 365 días de baja, momento en el que actualmente este organismo asume en exclusiva la evaluación y revisión de la incapacidad del trabajador. El objetivo sería intensificar los controles durante el proceso de incapacidad temporal.

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(El País, 15-05-2026) | Laboral

Trabajo presenta la herramienta de formación en riesgos laborales para empleadas de hogar con un año de retraso

El Ministerio de Trabajo ha dado a conocer este jueves nuevas herramientas destinadas a reforzar la prevención de riesgos laborales entre las trabajadoras del hogar. Desde noviembre del año pasado, los empleadores están obligados a garantizar que las viviendas donde desarrollan su actividad estas profesionales cuenten con condiciones adecuadas para prevenir o minimizar posibles accidentes laborales. Aunque estas medidas debían haberse completado hace meses -la herramienta de formación tenía como fecha prevista marzo de 2025 y tanto el protocolo contra el acoso y la violencia como la guía técnica de prevención debían estar listos en septiembre del mismo año-, finalmente los tres recursos han sido presentados de manera conjunta. Durante el acto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que España ocupa una posición de referencia en materia de derechos laborales para el empleo doméstico. La ministra atribuyó estos avances a la larga lucha y organización de las propias trabajadoras del sector y criticó que durante años no hayan contado con derechos básicos como la evaluación de riesgos laborales. Según señaló, las nuevas medidas buscan reforzar la protección y la capacidad de defensa de uno de los colectivos más vulnerables del mercado laboral. La herramienta formativa estará disponible a partir del próximo lunes a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Incluye contenidos sobre identificación de riesgos, prevención de accidentes relacionados con instalaciones eléctricas, gas o mobiliario, así como pautas de actuación ante emergencias. Por su parte, tanto el protocolo frente al acoso como la guía técnica han sido desarrollados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde los sindicatos valoraron positivamente la puesta en marcha de estas iniciativas. La responsable de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, destacó que se trata de un avance importante aunque tardío y recordó que todavía quedan compromisos pendientes, como la incorporación de reconocimientos médicos gratuitos para estas trabajadoras dentro de la cartera común del Sistema Nacional de Salud, una medida aún sin calendario de aplicación. En la misma línea, el representante de CC OO, Mariano Sanz, consideró que estas actuaciones ayudan a reparar una deuda histórica con un sector especialmente castigado por la precariedad y la falta de protección social. También alertó, junto a UGT, del creciente peso de las plataformas digitales en este ámbito laboral y de los riesgos que pueden generar para los derechos de las trabajadoras. Ante esta situación, Yolanda Díaz anunció una campaña específica de la Inspección de Trabajo para supervisar la actividad de estas plataformas. La ministra cuestionó además que estas empresas cobren comisiones por intermediar en este tipo de servicios. Según los últimos datos de la Seguridad Social correspondientes a abril, en España hay alrededor de 386.000 empleadas de hogar afiliadas. Se trata de uno de los sectores más precarios del mercado laboral español, con el salario medio más bajo -1.138 euros mensuales frente a los 2.386 euros de media nacional- y la jornada pactada más extensa, cercana a las 40 horas semanales. Además, concentra una elevada presencia de trabajadoras extranjeras o con doble nacionalidad, que representan el 66% del total, y una participación femenina prácticamente absoluta, con un 93% de mujeres. El Ministerio de Trabajo ya impulsó en 2022 otra reforma relevante para este colectivo al reconocer por primera vez el derecho a cobrar prestaciones por desempleo. Posteriormente, en noviembre del año pasado, extendió también a estas trabajadoras el derecho a la evaluación de riesgos laborales, una obligación ya existente en el resto de sectores. Desde entonces, las familias empleadoras deben analizar los posibles riesgos del puesto, informar a las trabajadoras de las medidas preventivas adoptadas y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad, bajo amenaza de sanción por parte de la Inspección de Trabajo en caso de incumplimiento. La implantación inicial de esta obligación registró algunos problemas técnicos, especialmente por las caídas de la plataforma gratuita habilitada por el Gobierno para realizar las evaluaciones de riesgos. Esa situación llevó incluso a que se pidiera temporalmente a la Inspección que evitara sancionar durante las primeras semanas de aplicación. Hasta noviembre, la plataforma había contabilizado unas 268.639 evaluaciones de riesgos realizadas, lo que dejaba todavía sin cobertura preventiva a cerca de tres de cada diez trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social. Según los datos facilitados este jueves, la situación apenas ha variado desde entonces.

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(El País, 15-05-2026) | Laboral

Los empleados públicos temporales afectados por la sentencia del Supremo llevarán el fallo ante Bruselas

El reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el abuso de la temporalidad en el sector público, conocido esta semana, no ha cerrado la controversia sobre cómo deben compensarse los miles de empleados que encadenan contratos temporales durante años. Al contrario, ha abierto nuevas dudas interpretativas. Tras conocerse la sentencia, el despacho que representa a numerosos afectados y que impulsó el procedimiento de infracción de Bruselas contra España ha anunciado que presentará dos nuevas denuncias ante la Comisión Europea. Según explica Javier Araúz, de Araúz Abogados, una de las reclamaciones se dirige contra la propia sentencia de la Sala de lo Social del Supremo, al considerar que vulnera la directiva europea sobre empleo temporal. La otra se centrará en la postura de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que recientemente ha señalado que no modificará su criterio pese a la nueva doctrina establecida. Estas acciones afectan, por tanto, tanto a la Sala de lo Social, que resolvió el conocido caso Obadal -una trabajadora de la Comunidad de Madrid con años de contratos temporales encadenados y que superó parcialmente una oposición sin obtener plaza fija-, como a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que deberá resolver en el futuro los casos de interinos funcionarios en situación de abuso de temporalidad. La diferencia entre ambas jurisdicciones responde al régimen jurídico aplicable: el personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y sus conflictos se resuelven en la vía social, mientras que los funcionarios interinos, que superan ampliamente los 700.000 efectivos, se regulan por el Estatuto Básico del Empleado Público y dependen de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las nuevas denuncias se incorporarán al procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea en 2014 contra España por la posible mala aplicación de la normativa comunitaria sobre trabajo temporal. Bruselas reactivó el expediente el pasado 29 de abril con dos dictámenes motivados en los que exige al Gobierno español corregir las situaciones de abuso en el empleo público. España dispone de dos meses, hasta el 29 de junio, para responder o adoptar reformas; en caso contrario, el asunto podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE y derivar en sanciones económicas. El proceso, sin embargo, sigue abierto en varios frentes. Aún queda pendiente el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre si el Estado sanciona de forma suficiente el abuso de temporalidad en el empleo público. También están pendientes varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las que se plantea la relación entre la normativa europea y la Constitución española, base utilizada por el Supremo para rechazar la conversión automática de temporales en fijos sin oposición. Además, será clave ver cómo aplican los tribunales inferiores la última doctrina del Supremo. La sentencia introduce la posibilidad de reclamar una doble indemnización en casos de abuso: una por la extinción del contrato y otra por daños y perjuicios. El Alto Tribunal, además, sugiere un umbral orientativo para estas compensaciones adicionales, que podría situarse entre 0 y 10.000 euros, aunque podría elevarse si se acreditan perjuicios superiores. Desde Araúz Abogados se cita ya una sentencia reciente del Juzgado de lo Social número 18 de Madrid, que declaró improcedente el despido de una trabajadora temporal de la Comunidad de Madrid y condenó a la Administración a optar entre la readmisión o una indemnización cercana a los 91.000 euros. El despacho considera que, a esa cuantía, habría que añadir la compensación por abuso de temporalidad, lo que podría elevar el total por encima de los 150.000 euros. En este contexto, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén, Cristóbal Molina, plantea dudas sobre el alcance real de la sentencia del Supremo: si servirá para reducir el número de cuestiones prejudiciales ante el TJUE, si permitirá al Gobierno defender ante Bruselas que España ya cumple la directiva europea o si, por el contrario, puede generar nuevos conflictos interpretativos que compliquen aún más la resolución del problema en la práctica judicial.

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(La Vanguardia, 15-05-2026) | Laboral

España ganó en abril un récord de 97.000 empleos extranjeros y alcanza un total de 3,25 millones

La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social continúa avanzando con intensidad y volvió a marcar un máximo histórico en abril. Según los últimos datos difundidos por el Gobierno, el número de cotizantes foráneos aumentó en 96.684 personas respecto al mes anterior, el mayor incremento registrado para un mes de abril desde que comenzó la serie estadística en 2012. Con ello, el total de afiliados extranjeros alcanza ya los 3,25 millones. El crecimiento registrado este año supera ampliamente al de ejercicios anteriores. En abril de 2025 el aumento mensual fue de 76.102 afiliados, frente a los 70.936 de 2024 y los 80.795 de 2023, que hasta ahora representaban el récord para este periodo. En términos interanuales, la creación de empleo entre la población extranjera también acelera su ritmo. Actualmente hay 250.939 afiliados más que hace un año, frente a los 192.253 que se sumaban en el mismo periodo de 2025. Esto supone una subida anual del 8,4%, claramente superior al 6,9% registrado entonces. Durante el mismo periodo, la afiliación de trabajadores españoles creció en 266.253 personas. Sin embargo, dado que el colectivo nacional supera los 18,7 millones de ocupados, el incremento relativo es mucho más moderado, del 1,4%. De este modo, en los últimos doce meses los trabajadores extranjeros explican prácticamente la mitad del crecimiento total del empleo en España: un 48,5%, frente al 51,5% correspondiente a los españoles. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones descartan que estos datos reflejen todavía el impacto de la regularización extraordinaria de inmigrantes que comenzó el pasado 16 de abril. El departamento dirigido por Elma Saiz considera que el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la medida ha sido insuficiente para resolver expedientes de manera significativa, aunque prevé que sus efectos comiencen a apreciarse con más claridad a partir del verano. Por nacionalidades, Marruecos lidera el incremento mensual de afiliación en abril, con 16.817 trabajadores más, seguido de Colombia, con 11.459. También destacan los aumentos registrados entre ciudadanos de Italia, Venezuela, Perú, Senegal, Rumanía y Argentina. En comparación con hace un año, los mayores incrementos corresponden a Colombia, con 45.367 nuevos afiliados; Venezuela, con 38.601; Marruecos, con 34.347; Perú, con 18.522; y Mali, con 11.628. Por sectores, la hostelería y el sistema especial agrario fueron las actividades que más empleo extranjero generaron en abril, impulsadas por el inicio de la temporada alta turística y agrícola. Los bares y restaurantes incorporaron 42.451 trabajadores extranjeros más dentro del régimen general, un incremento cercano al 10%. En este sector, los empleados foráneos representan ya el 30% de la plantilla, el doble de la media nacional. En el sistema agrario especial, el aumento fue de 11.671 afiliaciones, con un crecimiento del 4,5%. En esta actividad, los trabajadores extranjeros suponen alrededor del 41% del total. El Ministerio destaca además que desde abril de 2022, coincidiendo con la entrada en vigor plena de la reforma laboral, la afiliación extranjera ha aumentado en cerca de 890.000 personas. Esto significa que aproximadamente el 43% del empleo creado desde entonces corresponde a trabajadores de origen extranjero. La ministra Elma Saiz subraya también que la presencia de trabajadores extranjeros se está extendiendo cada vez más a nuevos sectores económicos. Destaca especialmente el peso creciente que tienen entre los autónomos vinculados a actividades de telecomunicaciones y programación informática, donde ya representan el 32% de los ocupados. El empleo por cuenta propia entre extranjeros sigue además en expansión. Actualmente hay más de 512.000 autónomos foráneos afiliados a la Seguridad Social, un 6,8% más que hace un año.

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(El Confidencial, 15-05-2026) | Laboral

UGT convoca una huelga indefinida en el transporte por carretera a partir del 8 de junio

UGT ha anunciado la convocatoria de una huelga general indefinida en el sector del transporte de mercancías y viajeros por carretera a partir del próximo 8 de junio. El sindicato protesta por la demora del Gobierno en aprobar las medidas necesarias para permitir la jubilación anticipada sin penalizaciones en esta actividad. Durante una rueda de prensa, el secretario general de la Federación de Servicios de UGT, Antonio Oviedo, y el responsable del sector de carreteras, Diego Buenestado, advirtieron de que mantendrán la convocatoria si el Ministerio de Seguridad Social no responde a sus demandas. Aunque la huelga todavía no ha sido registrada formalmente -un trámite previsto para la última semana de mayo-, UGT confía en que el resto de sindicatos y también las patronales del sector se sumen a la protesta. Tanto las organizaciones empresariales del transporte de mercancías, encabezadas por CETM, como las del transporte de viajeros, agrupadas en Confebus, junto con UGT y CCOO, habían solicitado conjuntamente al Gobierno que esta actividad fuese reconocida como especialmente penosa. Ese reconocimiento permitiría aplicar coeficientes reductores para acceder a la jubilación anticipada sin recortes en la pensión. UGT considera que el plazo inicialmente previsto para que el Ministerio de Seguridad Social emitiera el informe necesario ya ha expirado y entiende que opera el denominado silencio administrativo, lo que equivaldría a una denegación de la petición. Antonio Oviedo criticó además la falta de comunicación por parte del Ministerio y aseguró que el sindicato no ha mantenido ninguna reunión con el departamento durante el último año. También emplazó a CCOO a mostrar cualquier documento que demuestre que el procedimiento sigue activo y que el Gobierno continúa trabajando en él. Según afirmó, si existiera esa confirmación oficial, reconsideraría la convocatoria de huelga. Sin embargo, tanto las patronales del sector como CCOO se han desmarcado de la iniciativa de UGT y consideran que la convocatoria no está justificada en este momento. Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) sostienen que el conflicto afecta directamente al Gobierno y no a las empresas, que serían las principales perjudicadas por un paro del sector. En la misma línea, el presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, señaló que cualquier movilización debería dirigirse contra la Administración y no contra las compañías de transporte. Como alternativa, sugirió organizar manifestaciones o protestas frente a las instituciones públicas en lugar de paralizar la actividad empresarial. Fenadismer también calificó de difícil de entender el anuncio de huelga y defendió que las presiones deben dirigirse al Ministerio de Seguridad Social, encargado de aprobar la declaración de actividad penosa que permitiría aplicar posteriormente los coeficientes reductores para la jubilación anticipada. Por su parte, CCOO considera prematuro convocar un paro porque, según explica el responsable del sector de transporte por carretera del sindicato, Francisco Vegas, el Ministerio continúa elaborando el informe técnico necesario para respaldar esta medida. A su juicio, lo razonable sería conceder más margen al Ejecutivo para completar ese trabajo. Ambos sindicatos, UGT y CCOO, participaron conjuntamente el pasado 10 de marzo en una protesta frente al Ministerio de Transportes para reclamar precisamente la aplicación de estos coeficientes reductores. No obstante, CCOO ha decidido ahora desvincularse de la convocatoria de huelga planteada por UGT. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social han confirmado que el informe sigue en elaboración y han subrayado que se trata del primer procedimiento de este tipo, basado en indicadores objetivos y técnicamente complejo.

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(Cinco Días, 15-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España considera que limitar las hipotecas de alto riesgo empeoraría el acceso a la vivienda de los jóvenes

El Banco de España continúa analizando si debe imponer límites legales a las hipotecas consideradas de mayor riesgo en un contexto marcado por el fuerte encarecimiento de la vivienda. En su último informe semestral de estabilidad financiera, el supervisor estudia los posibles efectos de este tipo de restricciones -conocidas en el sector como borrower based measures- y concluye que tendrían consecuencias distintas según la edad de los compradores. Entre los impactos más relevantes, la institución advierte de que estas medidas podrían retrasar el acceso a la vivienda en propiedad entre los jóvenes, incrementar su dependencia del alquiler y elevar el gasto destinado al arrendamiento. Además, estima que este grupo de población reduciría su consumo y aumentaría el ahorro como consecuencia de unas mayores dificultades para comprar vivienda. Durante la presentación del informe, el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, Daniel Pérez Rey, explicó que el organismo todavía no ha decidido si aplicará este tipo de límites, que restringirían la concesión de hipotecas por encima de determinados porcentajes respecto al valor del inmueble o a la renta del comprador. Según indicó, el supervisor está ultimando un marco analítico que permita evaluar en el futuro si conviene activar estas herramientas. El informe también señala que la implantación de estas restricciones tendría efectos más amplios sobre el mercado inmobiliario. En términos generales, reduciría el porcentaje de hogares propietarios y contribuiría a moderar el precio de la vivienda, aunque al mismo tiempo aumentaría la demanda de alquiler y, previsiblemente, las rentas de arrendamiento, que ya se encuentran en niveles elevados. Con este análisis, el Banco de España responde a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que ha pedido al supervisor español estudiar medidas similares a las ya adoptadas por numerosos países europeos. Pese a ello, Pérez Rey insistió en que la institución no aprecia urgencia para intervenir, ya que actualmente no detecta desequilibrios financieros o inmobiliarios que hagan pensar en la formación de una nueva burbuja. Aunque reconoce que el precio de la vivienda es elevado, considera que aún se sitúa lejos de los niveles alcanzados antes del estallido de la crisis inmobiliaria y lo compara con los registros de 2004. El informe recuerda además que los criterios de concesión hipotecaria siguen siendo mucho más prudentes que durante el auge inmobiliario previo a 2008, aunque admite cierta relajación en el último año. Así, la relación entre el importe del préstamo y el precio de compra del inmueble se sitúa en el 81,2%, frente al 107% alcanzado en 2006. También destaca que la ratio entre el préstamo y el valor de tasación ha aumentado ligeramente hasta el 70,2%, desde el 68% del año anterior, aunque todavía lejos del 74,5% registrado en 2017. Por otro lado, la relación entre el importe de la hipoteca y la renta del hogar ha pasado de 4,1 veces los ingresos anuales a 4,4 en el último año, una cifra aún muy inferior a las siete veces alcanzadas en plena burbuja inmobiliaria. Otro de los argumentos del supervisor para descartar riesgos excesivos reside en la evolución contenida del crédito bancario respecto al PIB, así como en los niveles de endeudamiento de las familias. Todo ello lleva al Banco de España a concluir que los riesgos para la estabilidad financiera derivados del mercado inmobiliario permanecen controlados. El informe elaborado por la institución presidida por José Luis Escrivá también dedica atención al crecimiento del crédito privado y de la denominada banca en la sombra. En este ámbito, el supervisor considera que la exposición de España sigue siendo limitada en comparación con otros países europeos y con Estados Unidos. Según el análisis, los fondos de crédito privado que financian empresas españolas son mayoritariamente extranjeros y suelen prestar a compañías más jóvenes y menos rentables que las que acuden a la financiación bancaria tradicional, aunque no necesariamente más arriesgadas. El Banco de España calcula además que las conexiones entre las entidades financieras tradicionales y este tipo de vehículos representan de media alrededor del 10% de la actividad. Las grandes entidades son las más expuestas, aunque el peso de estos activos en sus balances apenas ha variado desde 2019 y continúa dominado por inversiones en deuda pública. Aun así, el supervisor advierte de que el sistema financiero no bancario presenta vulnerabilidades a escala internacional ante posibles correcciones bruscas en los mercados, riesgos que podrían trasladarse parcialmente a la banca tradicional a través de esas interconexiones. No obstante, la institución matiza que los fondos domiciliados en España muestran perfiles de riesgo más moderados y que, aunque el crédito privado ha ganado peso como complemento de la financiación bancaria, todavía representa una parte reducida del mercado y no presenta los desequilibrios observados en Estados Unidos. Por último, Pérez Rey defendió el papel de los supervisores nacionales en la fijación de colchones de capital macroprudenciales, en medio del debate europeo sobre una posible simplificación regulatoria y las peticiones de algunas entidades financieras para reducir estas exigencias. En el caso español, los bancos deberán mantener a partir de 2026 un colchón de capital equivalente al 1% de sus activos. El responsable del Banco de España considera esencial que las autoridades nacionales conserven esta capacidad de decisión, especialmente mientras la unión bancaria y la unión fiscal europea sigan incompletas, ya que son estos organismos quienes cuentan con una visión más cercana de los riesgos específicos que afronta cada sistema financiero nacional.

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(Expansión, 15-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump y Xi aceleran el deshielo en las relaciones comerciales entre EEUU y China

La primera jornada de la cumbre bilateral entre Estados Unidos y China terminó sin pactos concretos, aunque dejó clara la voluntad de ambas potencias de rebajar la tensión comercial. "Xi es un tipo fantástico, un gran amigo". Así describió el presidente estadounidense, Donald Trump, a su homólogo chino, Xi Jinping, durante el encuentro celebrado ayer en Pekín. Ambos dirigentes trasladaron un mensaje de calma a los mercados en un momento marcado por el debilitamiento de la economía mundial y por la crisis energética derivada del conflicto con Irán: Washington y Pekín quieren evitar una nueva escalada comercial. El ambiente de la reunión fue mucho más cordial de lo que se esperaba. Trump, recibido con una gran puesta en escena repleta de banderas de ambos países, agradeció la organización del encuentro e invitó a Xi a visitar la Casa Blanca en septiembre. El mandatario chino, más contenido en las formas, mantuvo también un tono conciliador. Afirmó que ha llegado el momento de "romper la dinámica de represalias mutuas" y defendió que "el diálogo siempre es preferible a la confrontación". Además, lanzó un mensaje favorable a las empresas estadounidenses al asegurar que China seguirá ampliando su apertura a las multinacionales extranjeras. En paralelo al encuentro entre ambos presidentes, las delegaciones negociaron la posibilidad de extender la tregua comercial acordada el pasado año y analizaron una eventual reducción parcial de los aranceles que todavía afectan a cientos de miles de millones de dólares en intercambios entre los dos países. Pekín mostró disposición a suavizar algunas limitaciones sobre las exportaciones de tierras raras, mientras que la Casa Blanca dejó abierta la opción de rebajar ciertos gravámenes a productos chinos. Aun así, la jornada terminó sin avances definitivos y los analistas no esperan anuncios de gran alcance, sino más bien una progresiva mejora de las relaciones bilaterales. Si ese acercamiento se consolida, Trump y Xi podrían reunirse hasta en tres ocasiones más durante este año, incluida una posible visita del líder chino a Washington y nuevos contactos en las cumbres del G20 en Miami y de Cooperación Económica Asia-Pacífico, previstas para finales de 2026. La reunión se produce además en un contexto especialmente delicado para la economía internacional. El cierre del estrecho de Ormuz y el aumento de la tensión en el Golfo Pérsico han incrementado la incertidumbre sobre las cadenas de suministro, el transporte marítimo y el precio del petróleo. Para China, muy dependiente de las importaciones energéticas y de las exportaciones, una recesión global supondría un riesgo considerable, ya que cerca de una quinta parte de su PIB depende del comercio exterior. Trump llegó a Pekín necesitado de exhibir algún logro económico. El presidente estadounidense afronta presión interna por la inflación, el desgaste político provocado por los reveses judiciales relacionados con su política arancelaria y la desconfianza de los inversores ante los constantes cambios de estrategia de la Casa Blanca. Xi, por el contrario, acude con una posición negociadora más sólida y con la intención de presentar a China como un factor de estabilidad frente al actual escenario geopolítico. Uno de los aspectos más llamativos del encuentro fue la presencia de destacados empresarios tecnológicos estadounidenses en la delegación que acompañó a Trump. Entre ellos figuraban Elon Musk, de Tesla; Tim Cook, de Apple; y Jensen Huang, de Nvidia. La presencia de estos directivos evidencia hasta qué punto las grandes tecnológicas estadounidenses siguen dependiendo del mercado chino pese al endurecimiento político impulsado por Washington. Apple mantiene gran parte de su producción en el país asiático; Nvidia necesita conservar el acceso a uno de los principales mercados mundiales de inteligencia artificial; y Tesla considera China un mercado clave para su crecimiento industrial y comercial. Las primeras impresiones trasladadas por estos ejecutivos fueron de moderado alivio. En Silicon Valley y Wall Street existía el temor de que la cumbre desembocara en nuevas restricciones tecnológicas o comerciales. Sin embargo, el tono pragmático mostrado por ambas delegaciones fue interpretado como una señal de que tanto Estados Unidos como China buscan recomponer, al menos parcialmente, sus relaciones económicas. Uno de los focos principales estuvo en Nvidia. La incorporación de Jensen Huang a la delegación estadounidense a última hora se interpretó como un movimiento estratégico para tratar de rebajar las tensiones relacionadas con los chips avanzados y la inteligencia artificial, dos de los principales frentes de disputa entre ambas potencias. El consejero delegado de Nvidia defendió la necesidad de mejorar las relaciones entre Washington y Pekín y calificó de "excelentes" las reuniones mantenidas durante la jornada. También reconoció las dificultades que afronta la empresa en Asia a raíz de las restricciones impuestas por el Gobierno estadounidense. La tecnología se ha convertido en el principal escenario de confrontación económica entre ambos países. Estados Unidos intenta limitar el acceso chino a semiconductores avanzados y tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, mientras China utiliza su dominio sobre minerales estratégicos y tierras raras como elemento de presión. Todo apunta a que este seguirá siendo uno de los principales puntos de fricción de la cumbre. "Las dos grandes potencias de la inteligencia artificial van a empezar a dialogar", señaló el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, también presente en Pekín. Según explicó, ambos países mantienen conversaciones "constructivas" porque Estados Unidos sigue liderando la carrera tecnológica.

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