En septiembre, España registró un total de 3.088.341 trabajadores extranjeros, lo que supone un aumento del 7,1% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISMII). Este crecimiento es notablemente superior al de la afiliación general, que avanzó un 2,4% en el último año.
Los trabajadores de Marruecos encabezan la lista, con más de 350.000 cotizantes, seguidos por los de Rumanía (337.000) y Colombia (253.000). Si se eliminan los efectos del calendario, el número de ocupados extranjeros asciende a 3.067.780, tras incrementarse en 20.691 personas durante el último mes. Las comunidades que más aumentaron su número de afiliados foráneos fueron Asturias (20,8%), Galicia (14,8%) y Castilla y León (13%), regiones que, además, presentan las medias de edad más altas del país.
"La ocupación entre los trabajadores extranjeros crece por encima del promedio nacional gracias a su estructura demográfica, y lo hace sobre todo en las comunidades donde más se necesitan", destacó la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en un comunicado. No obstante, la proporción de afiliados extranjeros respecto al total es del 7,3% en Asturias, 10,4% en Castilla y León y 7% en Galicia, frente al promedio nacional del 14,2%.
En cuanto al régimen de cotización, el 83,9% de los trabajadores extranjeros están inscritos en el Régimen General de la Seguridad Social, con 2.591.246 afiliados. Su presencia es especialmente destacada en la Hostelería, donde representan casi un tercio de los empleados (29,7%), seguida de Agricultura (26,2%), Construcción (22,5%) y los sectores de Actividades Administrativas y Transporte, donde superan el 17% del total.
Su participación también ha aumentado en otros ámbitos: Transporte (31,6%), Suministro de agua (14%), Comercio (12,1%), Actividades financieras (8,3%), Administración (7,7%), Sanidad (7,3%) y actividades profesionales y científico-técnicas (5,7%).
Por su parte, los trabajadores extranjeros autónomos alcanzaron en septiembre un nuevo récord con 490.717 afiliados, lo que representa un crecimiento del 6,8% interanual, muy por encima del 1,1% registrado en el conjunto de afiliados, según el Ministerio.
El aumento es especialmente notable en los sectores de mayor cualificación profesional: en el último año, el número de autónomos extranjeros ha crecido un 27,9% en información y comunicaciones, un 24,3% en suministro de energía y un 18,5% en actividades profesionales, científicas y técnicas.
El Parlamento griego ha aprobado una polémica ley impulsada por el Gobierno conservador que amplía la jornada laboral en el sector privado hasta un máximo de 13 horas diarias. La medida, presentada como una reforma "moderna" por el Ejecutivo, ha generado una fuerte oposición de los sindicatos y de los partidos de izquierdas.
La iniciativa salió adelante gracias a la mayoría absoluta del partido gobernante, Nueva Democracia, liderado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Toda la oposición votó en contra, excepto el partido de izquierda Syriza, que decidió no participar en la votación para no "legitimar con su presencia" lo que calificó de "ley monstruosa".
El Gobierno sostiene que la ampliación de jornada es completamente voluntaria, se limita exclusivamente al sector privado y solo puede aplicarse durante un máximo de 37 días al año. Durante el debate parlamentario, la ministra de Trabajo, Niki Kerameos, defendió la medida como una reforma "positiva y progresista" que -según afirmó- fomentará la creación de empleo y reforzará la protección de los trabajadores. "Debemos facilitar el crecimiento empresarial, porque sin empresas no hay empleo ni desarrollo", argumentó.
Kerameos añadió que la ley incluye otros cambios que amplían los derechos laborales, como una mayor cobertura en las ayudas por maternidad. Además, subrayó que se mantiene el límite de 48 horas semanales y de 150 horas extra al año, y que las horas trabajadas más allá de la jornada habitual se pagarán con un recargo del 40%. También recalcó que los empleadores no podrán obligar a los trabajadores a aceptar las horas adicionales ni castigarlos por rechazarlas, prohibiéndose expresamente el despido o la discriminación por ese motivo.
Sin embargo, la oposición y los sindicatos no comparten esa visión. El Partido Socialdemócrata Pasok acusó al Gobierno de "devolver el país al siglo XIX" y de desmantelar los derechos laborales conquistados. "Se está imponiendo una falsa normalidad en la que el Estado del bienestar se va desmoronando", denunció el diputado Yorgos Mulkiotis.
Los sindicatos ADEDY y GSEE, principales representantes de los trabajadores del sector público y privado, ya habían convocado dos huelgas generales los días 1 y 14 de octubre en protesta contra la reforma. Aseguran que la supuesta "voluntariedad" de la medida es una "farsa", ya que en Grecia los empleados apenas tienen capacidad de negociación y los despidos pueden producirse sin justificación. Según varios economistas, el Gobierno justifica la medida por la escasez de mano de obra en sectores como el turismo y la hostelería, especialmente durante la temporada alta.
El Ejecutivo de Mitsotakis ha ido configurando uno de los mercados laborales más flexibles de Europa. Desde julio de 2024, los empleados de la industria, la agricultura, el comercio minorista y determinados servicios pueden ser requeridos a trabajar seis días por semana, con un incremento salarial del 40 % por la jornada adicional.
A pesar de ello, los trabajadores griegos ya figuran entre los que más horas trabajan en Europa -más de 1.886 anuales, según Eurostat-, aunque su productividad y poder adquisitivo se mantienen entre los más bajos de la Unión Europea, solo por encima de Bulgaria.
Los datos provisionales del Ministerio de Trabajo muestran una leve reducción en la mortalidad laboral en lo que va de año: 398 fallecimientos durante la jornada laboral frente a los 404 del mismo periodo de 2024, lo que supone una caída del 1,8%, incluso en un contexto de creación de empleo. Sin embargo, el sector de la construcción sigue una tendencia opuesta y preocupante. En este ámbito, los decesos han aumentado de 93 a 113, lo que representa un incremento del 22%. También se han registrado más muertes en la industria manufacturera, que pasa de 53 a 56 (un 6% más).
Ante este repunte, los sindicatos CC OO y UGT se han concentrado este jueves frente a la sede de la CEOE en Madrid para denunciar el aumento de la siniestralidad, especialmente en las obras. Según los organizadores, entre 3.000 y 4.000 personas participaron en la protesta, que bloqueó la calle Diego de León. Entre las consignas más coreadas se escucharon: "Falta prevención, sobra explotación", "Queremos salud, no un ataúd" y "Accidente laboral, terrorismo patronal". Además de las banderas sindicales, algunos manifestantes portaban cruces simbólicas con las causas más frecuentes de los accidentes laborales: infartos, explosiones de neumáticos, caídas desde altura, entre otras.
Durante el acto, Mariano Hoya, secretario general de UGT FICA, recordó el reciente accidente mortal de cuatro obreros en Madrid tras el derrumbe de un edificio y afirmó: "La salud laboral es un indicador de civilización, y el nuestro está por los suelos por culpa de las administraciones y de los empresarios". Por su parte, Daniel Barragán, secretario general de Hábitat CC OO, subrayó que "no son cifras, son vidas destrozadas y familias rotas".
Los líderes sindicales Unai Sordo (CC OO) y Pepe Álvarez (UGT) también intervinieron. Sordo insistió en que la raíz del problema es la falta de prevención y criticó la lentitud en la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que lleva más de 20 meses en negociación. Reclamó más delegados de prevención, sobre todo en pequeñas empresas, donde se concentran la mayoría de los accidentes. "La patronal dice que queremos sindicalizar las pymes. Claro que sí, porque creen que son su cortijo, y ahí está el principal problema de la prevención", sentenció.
Álvarez coincidió en el diagnóstico: "Sabemos lo que hay que hacer, y ellos también. Los controles de riesgos laborales funcionan, pero no quieren que afecten a sus beneficios". Además, reclamó más inspecciones laborales, denunciando la falta de medios: "Es más fácil que te toque el Euromillón que que aparezca un inspector en una obra".
Los sindicatos de la construcción también reiteraron su demanda de coeficientes reductores para los trabajos más duros, lo que permitiría a esos empleados jubilarse antes. CC OO y UGT presentaron esta propuesta en julio, aunque sin el apoyo de la Confederación Nacional de la Construcción, que la rechaza por el incremento de costes en cotizaciones que implicaría.
España sigue registrando cifras preocupantes de mortalidad laboral. Según Eurostat, la tasa de siniestralidad (muertes por cada 100.000 trabajadores) se sitúa en 1,71, por encima de la media europea (1,63) y muy lejos de los países más seguros: Países Bajos (0,38), Alemania (0,71) o Polonia (1,18).
La construcción no solo es el sector con más muertes en España (28% del total), sino también el más peligroso en toda la Unión Europea. En 2023, registró 792 fallecimientos, el 24% de los 3.298 contabilizados en la UE. Le siguieron el transporte (541), la industria manufacturera (443) y el sector agrario (426).
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este jueves la creación del comité de expertos encargado de analizar qué profesiones podrán acceder a la jubilación anticipada por su carácter especialmente penoso, peligroso o insalubre. Con ello, el Ministerio de Seguridad Social cumple finalmente con un compromiso que debía haberse concretado antes del 29 de septiembre, es decir, cuatro meses después de la entrada en vigor del decreto que regula este nuevo mecanismo para adelantar el retiro en determinados sectores laborales.
La posibilidad de jubilarse antes en trabajos con alta exigencia física o riesgo elevado no es una medida inédita. Ya existe a través de los coeficientes reductores, que permiten que cada año trabajado en estas actividades compute como un periodo superior, facilitando así el acceso anticipado a la jubilación. Actualmente, mineros, marineros y algunos cuerpos policiales ya disfrutan de este sistema.
El Gobierno acordó el año pasado con sindicatos y organizaciones empresariales la ampliación de este beneficio a otras profesiones, estableciendo un procedimiento objetivo y transparente. Según la nueva normativa, los agentes sociales pueden solicitar la aplicación de coeficientes reductores para determinadas ocupaciones que presenten mayor siniestralidad, más bajas laborales y de mayor duración. Una comisión de evaluación, constituida este jueves, será la encargada de examinar esas peticiones y emitir una recomendación, aunque la decisión final recaerá en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Los sindicatos han criticado la demora del Ministerio en poner en marcha esta comisión, ya que sin su creación no pueden iniciarse las solicitudes formales. "Queremos advertir de que la tramitación de las solicitudes no puede empezar hasta que la comisión exista, y el plazo ya se ha incumplido", señaló CC OO en un comunicado emitido junto a UGT y la patronal Confebus, en el que reclamaban coeficientes reductores para los conductores de autobús. Otra de las peticiones pendientes que deberá analizar la comisión es la del sector de la construcción, promovida únicamente por los sindicatos, sin el apoyo de la patronal.
Desde Seguridad Social aclaran que este retraso no afectará a los plazos máximos de respuesta, que, según el decreto, son de seis meses a contar desde la fecha en la que la solicitud quede registrada oficialmente. El BOE detalla además la composición del comité de evaluación, que incluirá representantes de distintos organismos públicos: la Subdirección General de Seguimiento Estadístico de la Seguridad Social, la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Dirección del Instituto Social de la Marina (cuando se traten temas del régimen del mar), el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Función Pública (en asuntos relacionados con funcionarios) y el Ministerio de Hacienda.
A ellos se sumarán dos representantes de las patronales -uno de la CEOE y otro de Cepyme- y dos de los sindicatos, CC OO y UGT. La presidencia de la comisión la ostentará un miembro de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
En total, el Gobierno contará con siete votos frente a cuatro de los agentes sociales. Aunque la comisión no tomará decisiones vinculantes, sí deberá emitir una recomendación en el plazo máximo de un mes desde que reciba los informes de morbilidad y mortalidad elaborados por organismos competentes, como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.
España atraviesa una situación insostenible respecto a sus trabajadores de mayor edad. En los últimos quince años, los distintos gobiernos han optado por retrasar la edad de jubilación, elevando el límite de 65 a 67 años y ofreciendo incentivos para prolongar la vida laboral, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, poco se ha avanzado en resolver el principal problema de este colectivo: su dificultad para reincorporarse al mercado laboral. El caso más crítico es el de los mayores de 55 años, de los cuales el 38,1% lleva más de tres años buscando empleo sin éxito.
Este fenómeno tiene un fuerte impacto en el gasto público, tanto por el aumento de las prestaciones y subsidios por desempleo como por el adelanto de las jubilaciones. Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los mayores de 55 años son el grupo más numeroso entre los parados registrados, con 818.501 personas. No obstante, estos datos pueden estar influidos por el hecho de que muchos de ellos cuentan con una larga trayectoria laboral y han cotizado lo suficiente para acceder a subsidios específicos, como el destinado a mayores de 52 años, algo que no sucede con los jóvenes menores de 25 años.
Por su parte, la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, que utiliza una metodología distinta y menos dependiente de las ayudas sociales, muestra un panorama similar: hay más desempleados sénior que jóvenes. Los mayores de 55 años representan el 19,1% del total de parados (508.000 personas), frente al 17,2% de los menores de 25 años. Aunque su peso es inferior al de otros grupos de edad, el problema radica en la duración del desempleo.
El INE revela que el 58,7% de los parados mayores de 55 años lleva más de un año sin trabajo, el porcentaje más alto de todos los grupos. Además, el 38,1% supera los tres años en paro, el doble de la media general. En cambio, los que llevan entre uno y dos años sin empleo son apenas el 16%, y los que acumulan entre dos y tres años solo un 4,6%.
Aunque el paro de larga duración se ha reducido desde la crisis financiera, la brecha entre los mayores de 55 años y el resto de trabajadores se mantiene estable, en torno a 20 puntos porcentuales, lo que sugiere que las dificultades estructurales del empleo sénior persisten independientemente del ciclo económico.
El uso de los datos de la EPA, en lugar de los del SEPE, permite además detectar el llamado "efecto prejubilación": personas que, pese a figurar como demandantes de empleo para seguir cobrando un subsidio, ya no buscan trabajo de forma activa. En estos casos, el INE las clasifica como inactivas.
Esto ayuda a explicar las diferencias entre ambas fuentes. El SEPE contabiliza 741.000 mayores de 55 años recibiendo algún tipo de prestación (el 90% de los parados registrados), de los cuales 449.311 perciben un subsidio. Esta cifra supera ampliamente el número de desempleados sénior detectados por la EPA. El INE, por su parte, registra 415.000 personas de entre 55 y 65 años que se declaran jubiladas o prejubiladas, aunque parte de ellas podrían ser jubilados anticipados. En cualquier caso, el número de prejubilaciones detectadas está en mínimos históricos.
Más preocupante aún es el efecto desánimo, es decir, la pérdida de motivación para seguir buscando empleo tras largos periodos de paro. Según Eurostat, la probabilidad de volver a trabajar se desploma un 74,3% después del primer año en desempleo.
A pesar de los esfuerzos institucionales, las políticas activas de empleo no han logrado revertir esta situación. Aunque los programas dirigidos a mayores de 45 años muestran cierta eficacia, fracasan con los parados de larga duración, lo que perpetúa el problema. Este estancamiento no solo bloquea la reinserción laboral de miles de trabajadores sénior, sino que también desincentiva la prolongación de sus carreras profesionales, al percibir que las oportunidades son escasas o inexistentes.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este miércoles la creación "inminente" de un grupo de trabajo destinado a estudiar la morbilidad y las posibles afecciones que sufren las personas cuidadoras que, además, están laboralmente activas, con el objetivo de evaluar la posibilidad de aplicar coeficientes reductores en su edad de jubilación.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Saiz respondió a una pregunta de la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, sobre los pasos que prevé el Ejecutivo para permitir la jubilación anticipada de trabajadores que también ejercen como cuidadores de personas con gran dependencia.
"Vamos a poner en marcha de manera inmediata un grupo de trabajo que analice la morbilidad y las posibles afecciones de las cuidadoras -y digo cuidadoras porque, en su mayoría, son mujeres las que asumen estos cuidados-", explicó la ministra, destacando la necesidad de estudiar las consecuencias físicas y emocionales que conlleva esta doble carga.
El análisis, añadió, permitirá a los servicios técnicos de la Seguridad Social determinar qué medidas son necesarias para proteger mejor a este colectivo. Además, adelantó que este jueves comenzará a funcionar, mediante orden ministerial, la Comisión de Evaluación encargada de elaborar informes sobre las circunstancias que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación.
Saiz subrayó que el Gobierno está actuando "con total transparencia" y que seguirá informando al Congreso del avance de la normativa sobre jubilaciones anticipadas tantas veces "como sea necesario". También invitó a las administraciones autonómicas y locales a sumarse al esfuerzo, aportando recursos y ayudas complementarias.
Sin embargo, la diputada Sagastizabal reprochó la lentitud del proceso: "Han hecho falta dos años para constituir un grupo de trabajo. Valoramos el paso, pero hay que avanzar más rápido porque estas personas lo necesitan", afirmó. Recordó además que el PNV planteó esta cuestión en 2024 y que "la respuesta aún no ha llegado".
La parlamentaria vasca insistió en que la carga de los cuidados "limita las oportunidades laborales, el desarrollo profesional y el bienestar personal", afectando principalmente a las mujeres y generando "una clara desigualdad de género" tanto en el ámbito laboral como en el familiar.
Aunque reconoció los avances logrados en la mejora de las cotizaciones de los cuidadores no profesionales, Sagastizabal recalcó que "esto no basta", y defendió que quienes soportan la sobrecarga física y emocional de los cuidados "deben poder jubilarse antes por motivos de salud".
En su réplica, Saiz defendió el trabajo realizado por su departamento: "No han sido dos años sin avances; al contrario, seguimos progresando en esta línea", aseguró. Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno con la transparencia y con la colaboración interadministrativa para mejorar las condiciones de las personas cuidadoras.
El Ministerio de Seguridad Social ha comprobado ya la falta de respaldo general a su propuesta de incrementar las cuotas de los autónomos durante los próximos tres años. A la oposición inicial de las asociaciones del sector, encabezadas por ATA, se han sumado en las últimas horas la mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos socios del propio Gobierno como Sumar, así como formaciones que suelen respaldar al Ejecutivo, entre ellas Junts, ERC, BNG y Coalición Canaria. También se han posicionado en contra los partidos de la oposición -PP, Vox y UPN-, lo que deja al PSOE y a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, prácticamente solos en la defensa de la medida.
Incluso en el caso de que el Gobierno lograra un consenso amplio en la mesa de diálogo social -algo difícil dada la resistencia de parte de los interlocutores sociales-, el Ejecutivo tendría que superar después la votación en el Congreso, donde el rechazo proviene de casi todo el espectro político.
Conviene recordar que la aprobación de las nuevas tablas de cotización para el periodo 2026-2028 implicaría modificar el Real Decreto-ley 13/2022, que introdujo el actual sistema de cotización de los trabajadores autónomos basado en sus rendimientos netos.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha dejado clara su oposición: "Si la propuesta que maneja el Ministerio de Inclusión es esta, desde Sumar no la compartimos". En la misma línea, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, aseguró que su grupo no aportará "ni un solo voto" para una medida que, según dijo, "asfixia a la clase media catalana". Desde el PP, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de "cargarse a la clase media" con "el sablazo" fiscal que prepara para los autónomos.
Por su parte, la ministra Elma Saiz pidió "tranquilidad" y "sosiego", recordando que la propuesta apenas se ha presentado en el marco del diálogo social y requiere un proceso de reflexión. Además, reprochó al PP su "hipocresía" y le instó a no contribuir a "la desprotección de un colectivo muy importante para el Gobierno".
Fuentes del Ministerio explicaron al diario Expansión que el objetivo de la medida es reforzar la protección social de los autónomos, especialmente en lo relativo al cese de actividad y a las pensiones, y que forma parte del desarrollo del acuerdo alcanzado en 2022 con los agentes sociales para implantar el sistema de cotización según ingresos reales.
Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, ha propuesto mantener en 2026 las cuotas vigentes en 2025 para dar margen a la negociación de asuntos "más urgentes", como la reforma del cese de actividad o la resolución de los problemas detectados en la regularización de las cuotas, especialmente en los casos de autónomos en pluriactividad o societarios que desean mantener bases superiores a sus ingresos netos.
Amor insiste en que cualquier autónomo que haya cotizado lo suficiente y cese su actividad debería tener derecho a la prestación por cese, igual que un asalariado que queda desempleado, y denuncia que la Seguridad Social está denegando solicitudes en situaciones que deberían ser reconocidas.
El dirigente de ATA también se mostró dispuesto a aceptar que las futuras subidas de las cuotas se ajusten al IPC: "Para 2027 y 2028 nuestra propuesta es exactamente la misma", afirmó, advirtiendo además de que el sector está atravesando pérdidas significativas que están llevando al cierre de numerosos negocios.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado este martes la propuesta que el Ministerio de Seguridad Social presentó el lunes a los agentes sociales para incrementar las cuotas de los autónomos durante los próximos años. Según este planteamiento, las aportaciones subirían entre 11 y 206 euros mensuales en 2026, con aumentos similares cada año hasta 2031. "Si la propuesta que se está manejando desde el Partido Socialista y el Ministerio de Inclusión es esta, desde Sumar no la compartimos", afirmó Díaz en una entrevista en LaSexta.
La ministra argumentó que el planteamiento del departamento que dirige Elma Saiz "sitúa la progresividad por abajo, cuando debería empezar por arriba". En sus palabras, "quienes más tienen deben aportar más". Si la propuesta conocida por la prensa es correcta -añadió-, "castiga a las rentas más bajas".
Díaz recordó que los autónomos "son personas que luchan cada día para salir adelante" y defendió que cualquier reforma del sistema debe vincular las cuotas a los ingresos reales, garantizando que la progresividad recaiga sobre quienes más ganan. Aunque ese es también el objetivo que el Ministerio de Seguridad Social ha declarado para la nueva reforma -continuación del modelo implantado entre 2023 y 2025-, la vicepresidenta considera que el texto actual no cumple ese principio.
Además de la oposición de Sumar, otro grupo clave en el Congreso, Junts, también ha mostrado su rechazo. "Ni un solo voto de Junts servirá para apretar más a los autónomos. Lo que hace falta es reducir la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras de Cataluña", expresó en X la portavoz del partido, Míriam Nogueras, quien compartió un mensaje del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, crítico con la propuesta.
Mientras tanto, las otras dos organizaciones de autónomos vinculadas a los sindicatos mayoritarios, UPTA y UATAE, no han rechazado de plano el documento, aunque sí reclaman modificaciones. En la entrevista, Díaz insistió en que los autónomos "necesitan una prestación por cese de actividad real, mecanismos de protección similares a los de los asalariados y una reforma fiscal justa". Subrayó también que conoció la propuesta "a través de los medios de comunicación".
Según el borrador elaborado por Seguridad Social, las cuotas subirían de manera proporcional a los ingresos: Los autónomos con rendimientos mensuales entre 1.166 y 1.300 euros pagarían 11 euros más al mes, hasta 302 euros. Quienes ingresen más de 6.000 euros mensuales asumirían un aumento de 206 euros, alcanzando una cuota de 796 euros.
El nuevo esquema revisa tanto la tabla reducida -para quienes ganan menos de 1.167 euros mensuales (14.000 al año)- como los 12 tramos de la tabla general, que cubren diferentes niveles de ingresos y bases de cotización. Por ejemplo, los autónomos con rendimientos netos equiparables a un sueldo medio asalariado (entre 2.030 y 2.330 euros brutos mensuales) verían incrementada su cuota de 390 euros en 2025 a 429 euros en 2026, según la versión inicial del documento.
Lo más llamativo no es tanto la mala posición de España en términos de oportunidades laborales, sino quiénes están empezando a superarnos por la cola. Si a comienzos de año Finlandia ocupaba el último puesto, ahora es Suecia la que se coloca como el segundo peor país de la Unión Europea para encontrar empleo. Según los datos más recientes de Eurostat, España desaprovecha el 18,2% de su fuerza laboral potencial. Esta cifra incluye a los desempleados, a quienes desean trabajar pero han dejado de buscar empleo y por tanto no figuran oficialmente como parados, y a los trabajadores subempleados que solo consiguen empleos de pocas horas. Todos ellos forman parte de la llamada "holgura laboral", un indicador en el que Finlandia alcanza el 19% y Suecia el 18,3%.
Aun así, España se mantiene por encima de Italia (14,9%) y Francia (14,8%). El mayor lastre sigue siendo el paro tradicional, es decir, quienes buscan activamente un empleo y están disponibles para trabajar, que representan 10,5 puntos del total. A esto se suman los desempleados "ocultos", que añaden 3,4 puntos, una cifra inferior a la de Finlandia (5), Suecia (5,8) e Italia (6,4), y similar a la de Francia (3,4).
En cuanto al subempleo, España ocupa la cuarta posición en la UE, con un aporte de 4,3 puntos a la holgura laboral, solo por detrás de Países Bajos (5,1), Finlandia (4,8) e Irlanda (4,7). Aun así, se trata de una mejora respecto a 2022, cuando liderábamos este ranking de precariedad. El análisis histórico, desde 2009, muestra que España fue el país donde más creció la holgura laboral durante la crisis financiera, alcanzando un máximo del 36,9% en el segundo trimestre de 2013 -16 puntos más que Suecia y 18 más que Finlandia-.
Desde entonces, esta tendencia se redujo de forma constante, hasta situarnos al nivel de Italia en 2019. Sin embargo, la pandemia provocó un repunte más acusado en España que en otras economías europeas, ampliando la brecha con el mercado laboral italiano, que se recuperó más rápido. Lo sorprendente, en cambio, es lo ocurrido con los países nórdicos.
A partir de 2022, Finlandia y Suecia experimentan un aumento de su holgura laboral, coincidiendo con la guerra de Ucrania y la llegada de miles de refugiados. Este fenómeno ha acentuado un problema ya existente: la dificultad de integrar a la mano de obra migrante, que según muchos expertos ha puesto a prueba la sostenibilidad del Estado del Bienestar nórdico.
El debate generado no solo es económico, sino también político y social. Las dificultades del mercado laboral en Suecia y Finlandia se interpretan como un posible fracaso de un modelo basado en la apertura casi total a trabajadores extranjeros, sin evaluar suficientemente su cualificación o adaptación cultural. Suecia, por ejemplo, ha pasado de una tasa de paro del 5,8% antes de la pandemia a acercarse al 9%, mientras que en Finlandia el desempleo ha subido del 5,4% en 2018 al 9,3%, alcanzando en algunos momentos cifras de dos dígitos.
Este deterioro ha afectado a la estabilidad fiscal de ambos países, que en el pasado se apoyaban en una alta presión fiscal y un pleno empleo para sostener generosas políticas públicas. Paradójicamente, el éxito de su modelo ha terminado contribuyendo a su debilitamiento.
El Gobierno sueco incluso ha habilitado una web oficial para desmentir rumores sobre la seguridad y el estado de la sociedad, aunque reconoce que la situación es "muy grave", con una ola de violencia sin precedentes. Las autoridades culpan en parte a la delincuencia asociada a inmigrantes de primera y segunda generación, y proponen una inmigración "ordenada" centrada en atraer talento y trabajadores cualificados. Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes acaban desempeñando trabajos poco cualificados y con bajos salarios, sobre todo en el sector servicios.
Desde el punto de vista económico, el propio Banco Central de Suecia (Riksbank) atribuye los desequilibrios del mercado laboral a la inmigración masiva de refugiados y familias, que ha dificultado el ajuste entre oferta y demanda de empleo tras la crisis financiera y la pandemia. Según el banco, las personas nacidas fuera del país representan una proporción creciente del desempleo y tienen una tasa de búsqueda de trabajo más baja. De hecho, Suecia y Finlandia, tradicionalmente países con bajo desempleo, registran ahora las tasas de paro más altas de toda la UE entre los residentes nacidos fuera del bloque comunitario, lo que ha generado malestar social.
El economista Stefan Hedlund, profesor de la Universidad de Uppsala, señala que el número de residentes en Suecia nacidos en el extranjero se ha duplicado desde el año 2000, superando los 2,1 millones de personas (el 20% de la población total). Si se incluyen los hijos de inmigrantes nacidos en el país, la cifra asciende al 26%. La mayoría procede de Asia (40%) y África (10%), lo que ha complicado su integración por las diferencias culturales y lingüísticas. El Gobierno sueco ha encargado un estudio sobre los costes y beneficios de la inmigración por países de origen, para evaluar el impacto real de esta situación.
En contraste, España ha experimentado también una fuerte llegada de inmigrantes en los últimos años, pero sin los efectos negativos observados en el norte. Aunque los datos de holgura laboral no distinguen nacionalidades, las cifras de desempleo muestran una diferencia notable: la tasa de paro entre los extranjeros no comunitarios en España es del 14,9%, frente al 9,1% de los nacionales. En Finlandia, los extranjeros duplican la tasa de paro de los autóctonos y en Suecia la triplican, la brecha más amplia de toda la Unión Europea.
Los autónomos calculan que la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social propuesta por el Gobierno supondría un coste total superior a 5.700 millones de euros en tres años, es decir, una media de unos 1.900 millones anuales entre 2026 y 2028. Así lo estima la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en sus primeros cálculos, sin contar a los nuevos trabajadores por cuenta propia que se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante la implantación de las nuevas tablas de cotización diseñadas por el Ministerio de Seguridad Social. De aplicarse la medida, el sistema -que actualmente cuenta con 3,4 millones de cotizantes- pasaría a recaudar cerca de 19.000 millones de euros anuales, un 46% más que en la actualidad.
Estas previsiones han reforzado el rechazo inicial expresado por ATA, al que ahora se suman la mayoría de los grupos parlamentarios, que se oponen a aplicar un incremento de las cotizaciones a partir de 2026 y en los dos años siguientes. "Estos datos reflejan la magnitud del golpe. Es una subida desproporcionada, los autónomos no podrían soportarla", advierte Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE.
Según la propuesta del Ministerio de Seguridad Social, a la que ha tenido acceso Expansión, el plan contempla un aumento progresivo de las cuotas durante tres años, que afectaría a todos los tramos del sistema de cotización por rendimientos netos. Esto significa que todos los autónomos pagarían más, aunque el incremento sería mayor cuanto más altos fueran sus ingresos. En concreto, para 2026 la subida iría desde los 208 hasta los 2.474 euros anuales; en 2027, entre 416 y casi 5.000 euros; y en 2028, entre 625 y unos 7.500 euros adicionales respecto a las cuotas actuales.
Desde el Ministerio de Seguridad Social explican que esta propuesta forma parte del acuerdo firmado en 2022, que estableció un periodo transitorio hasta 2032 para implantar un sistema de cotización basado en los ingresos reales. Además, recuerdan que la medida responde a una recomendación del Pacto de Toledo que insta a mejorar la protección social de los trabajadores. "Unas cotizaciones más altas también se traducen en pensiones más elevadas", señalan fuentes del Ejecutivo.
No obstante, desde ATA critican que el camino hacia la cotización por ingresos reales se esté construyendo sobre un fuerte incremento de las cuotas, al que consideran excesivo. Solo en 2026, la subida propuesta -de entre el 4% y el 35%- superaría con creces la inflación prevista para ese año. Y al final del proceso, las cotizaciones habrán aumentado entre un 11% y un 104%, lo que en algunos casos implicaría duplicar la cuota actual para quienes declaran rendimientos netos superiores a 6.000 euros mensuales.
A ello se suma que los autónomos son uno de los colectivos más afectados por el incremento de los costes laborales derivados de las últimas medidas del Gobierno, como la subida sostenida del salario mínimo interprofesional, la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional o el destope de las bases máximas y la nueva cuota de solidaridad. Además, el sector ha tenido que afrontar en los últimos años un aumento de más del 20% en sus costes operativos y de funcionamiento debido a la inflación, así como el encarecimiento de los alquileres de locales comerciales, que agrava aún más su situación.
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