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(Expansión, 29-04-2024) | Laboral

El número de trabajadores afectados por un ERE se dispara un 65% hasta febrero

Durante los dos primeros meses de este año, el número de trabajadores impactados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados o comunicados a las autoridades laborales se incrementó en un 65% en comparación con el mismo periodo del año pasado, llegando a un total de 18.587 afectados, según datos preliminares del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En cuanto al tipo de procedimiento, el número de empleados afectados por despidos colectivos aumentó un 29% interanual en estos dos meses, alcanzando un total de 2.999 trabajadores. Por otro lado, los trabajadores afectados por suspensiones de contrato aumentaron un 87,3%, llegando a 14.933 empleados, mientras que los afectados por reducciones de jornada disminuyeron un 32,3%, llegando a un total de 655 afectados. De todos los trabajadores en ERE al finalizar febrero, el 5,4% (1.015 empleados) se vieron afectados por procedimientos originados por causas de fuerza mayor, mientras que el 94,5% (17.572 empleados) lo estaban por procedimientos de regulación derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP). Los procedimientos por causas de fuerza mayor aumentaron un 7,5% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que los causados por causas ETOP aumentaron un 70,3%. El Ministerio aclara que cuando un procedimiento afecta a varios centros de trabajo en diferentes provincias, se cuenta un procedimiento por cada provincia en las estadísticas. Además, si una empresa comunica trabajadores afectados en diferentes meses, se cuenta un procedimiento por cada mes. En cuanto a los sectores, el número total de trabajadores afectados por todos los procedimientos aumentó un 80,2% en la industria y un 63.5% en la construcción, alcanzando 12.620 y 242 afectados respectivamente. También aumentaron un 41,8% en la agricultura, llegando a 275 afectados, y un 39,1% en los servicios, llegando a 5,450 afectados. En términos de tipo de procedimiento, los trabajadores afectados por despidos colectivos disminuyeron un 49,2% en el sector de la construcción, llegando a 61 afectados, mientras que aumentaron un 29,7% en la industria y un 27,7% en la construcción en comparación con los dos primeros meses de 2023, sumando 1.004 y 1.828 afectados respectivamente. En la agricultura, los afectados por despidos colectivos fueron 106. Por otro lado, los trabajadores afectados por suspensiones de contrato aumentaron drásticamente en la construcción, llegando a un total de 170 afectados, aunque el sector industrial fue el que registró el mayor número de empleados con suspensiones de contrato, 11.200 en total, un 88.6% más que en los dos primeros meses de 2023. En los servicios y la agricultura, los empleados afectados por estos procedimientos aumentaron un 83% y un 7% respectivamente. En cuanto a las comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana fue la que registró más trabajadores afectados por ERE en cifras absolutas en los dos primeros meses, con 6.838 trabajadores, la mayoría de los cuales estaban relacionados con la fábrica de Ford en Almussafes. A continuación se situaron Madrid, con 2.751 afectados, y Navarra, con 1.933. Sin embargo, en términos relativos, Cantabria fue la comunidad autónoma que más incrementó el número de trabajadores afectados por ERE hasta febrero, multiplicándolo por 11 hasta alcanzar los 918 afectados. Por otro lado, Murcia experimentó el mayor descenso, con una caída del 90% en los trabajadores afectados por ERE.

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(Expansión, 29-04-2024) | Laboral

Vox propone que los autónomos que ingresen menos del SMI no paguen la Seguridad Social

Vox presentará en las próximas semanas una propuesta de ley en el Congreso para eximir del pago de la Seguridad Social a los autónomos cuyos ingresos reales no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ahora está en 1.134 euros en 14 pagas. La medida afectaría a más de dos millones de trabajadores autónomos que actualmente ganan menos de esa cantidad, según indican fuentes de la Oficina Económica de Vox en el Congreso. En particular, señalan que de los tres millones de autónomos en España en 2019, dos millones tienen ingresos por debajo del SMI, y de estos últimos, 1,45 millones ganaron menos de 700 euros al mes y alrededor de 600.000 declararon beneficios inferiores a 600 euros mensuales. Esto afecta especialmente a sectores como la hostelería o la construcción. Por este motivo, Vox propone que los autónomos no paguen su cuota correspondiente si sus ingresos no alcanzan al menos el SMI. Argumentan que esto respaldaría el arranque inicial de los negocios, cuando la facturación suele ser baja y no permite generar beneficios después de pagar la cuota al RETA, impuestos y otros gastos. También consideran que la medida podría reducir la economía sumergida en el colectivo, ya que creen que más personas comenzarían a cotizar si actualmente no se dan de alta debido a sus bajos ingresos. Sin embargo, la propuesta de Vox no se limita solo a la cuota del RETA, sino que también plantea la posibilidad de que los autónomos puedan aplazar el pago del IVA a Hacienda sin intereses cuando la Administración les deba dinero. Según el partido, esta última medida no tendría costo alguno y brindaría mayor flexibilidad al colectivo. No obstante, eximir del pago de la cuota implicaría una reducción en la recaudación de la Seguridad Social, estimada por Vox en alrededor de 6.250 millones de euros al año. La mayor parte de esta disminución en la recaudación provendría de los autónomos con ingresos netos entre 670 y 900 euros, que son aproximadamente 1,5 millones de personas y dejarían de abonar más de 4.600 millones de euros. Considerando que en 2023 la recaudación neta por cotizaciones sociales al RETA fue de 11.655,2 millones de euros, la ley propuesta por Vox representaría una reducción de más del 50% en esos ingresos. Para compensar la menor recaudación, Vox sugiere detener el "derroche" del Gobierno y reducir gastos que consideran "superfluos, ideológicos e improductivos" establecidos tanto por gobiernos del PSOE como del PP. Específicamente, señalan el gasto en subvenciones directas que superaron los 29.000 millones de euros en 2022 según sus cálculos, así como las ayudas a partidos políticos, sindicatos y patronales que alcanzan los 362 millones. También destacan las subvenciones que reciben ciertas empresas públicas, como los 1.930 millones de Red.es, los 1.120 millones de RTVE, los 1.560 millones de Renfe o los 196 millones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

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(El Economista, 29-04-2024) | Laboral

El Supremo zanja la polémica: el cheque comida se puede quitar si se teletrabaja

El Tribunal Supremo (TS) resuelve la controversia sobre los tickets restaurante y establece que las empresas pueden dejar de proporcionarlos a los empleados que trabajan de forma remota, si este beneficio no tiene carácter salarial. Es decir, se considera un complemento extrasalarial si se otorga condicionado a la prestación del servicio de manera presencial u otras circunstancias, mientras que tendría naturaleza salarial si se concede de manera constante, independientemente del tipo de trabajo realizado. Los litigios relacionados con estos vales se incrementaron significativamente después de que el trabajo a distancia se volviera generalizado con la pandemia, lo que llevó a muchas empresas a dejar de proporcionarlos. En una sentencia emitida el 19 de marzo, con el magistrado Antonio Vicente Sempere Navarro como ponente, el tribunal respalda a la empresa frente a los sindicatos al determinar que estos vales no son un complemento salarial, sino que tienen carácter extrasalarial al estar vinculados exclusivamente a la presencialidad en el lugar de trabajo. De esta manera, el Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Nacional del 24 de mayo de 2021 que estableció que "carece de todo respaldo legal que, en el contexto del teletrabajo, la empresa esté obligada a financiar esta prestación si el empleado no come fuera de casa". El fallo del Alto Tribunal reitera su doctrina previa en la que establece que el ticket restaurante no es un complemento salarial. En su fallo del 16 de abril de 2010, ya había establecido que la calificación como salario o complemento extrasalarial no depende de la clasificación del convenio colectivo, sino que, por ley, toda prestación económica que compense el trabajo del empleado debe considerarse salario, quedando excluido de este concepto el complemento que no lo haga. Además, en la sentencia del 3 de octubre de 2013, determinó que "el cheque comida tiene carácter indemnizatorio cuando compensa los gastos del trabajador al comer fuera de casa durante los días laborables, mientras que tiene naturaleza salarial cuando se otorga independientemente del trabajo realizado y de sus circunstancias". Incluso si el cheque comida se convierte en dinero, no pierde su carácter extrasalarial, como indicó el Alto Tribunal en otro fallo del 15 de septiembre de 2021. Así, el Tribunal Supremo establece dos escenarios para la retirada de los tickets restaurante por parte de las empresas, dependiendo de si se trata de un complemento salarial o extrasalarial. El sindicato denunciante argumentó que la eliminación del ticket restaurante violaba el artículo cuarto del Real Decreto-ley del 22 de septiembre de 2020, que regulaba el teletrabajo tras los momentos críticos de la pandemia. Este artículo establece que los teletrabajadores tienen los mismos derechos que si estuvieran trabajando en el lugar de trabajo y no pueden sufrir perjuicios en ninguna de sus condiciones laborales, incluida la retribución. Sin embargo, el Tribunal Supremo, además de no considerar el cheque comida como parte de la remuneración, señala que esta normativa no es aplicable en el litigio, ya que la Disposición Transitoria Tercera indica que se debe seguir la normativa laboral ordinaria.

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(El Economista, 29-04-2024) | Laboral

El pluriempleo no da tregua y cierra el primer trimestre con un récord de casi 600.000 afectados

En el primer trimestre, el número de trabajadores en España con un segundo empleo alcanzó los 591.300, marcando un aumento del 7,9% en comparación con el año anterior y estableciendo un récord histórico para este periodo. Este incremento récord ha sido impulsado principalmente por los trabajadores asalariados, cuyo número aumentó un 11,4% hasta alcanzar los 487.900, mientras que los trabajadores autónomos experimentaron una disminución del 5,5%. Sin embargo, en términos trimestrales, se observa una caída del 1,8% en estas cifras, lo cual es común en el primer trimestre y contrasta con los periodos veraniegos y navideños. A pesar de estas fluctuaciones estacionales, la tendencia general muestra un aumento significativo de la pluriactividad, que se ha intensificado después de la pandemia, superando el aumento general de la ocupación, que fue del 2,9% interanual. Existe un debate sobre si la reforma laboral ha contribuido al aumento de la pluriactividad, especialmente debido al incremento de los contratos fijos discontinuos e indefinidos a tiempo parcial. Sin embargo, los datos disponibles no proporcionan conclusiones definitivas al respecto. Aunque ha habido un crecimiento en los asalariados con contratos fijos discontinuos, los asalariados en general han experimentado un aumento aún mayor. Algunos expertos sugieren que los trabajadores con contratos fijos discontinuos podrían buscar un segundo empleo para compensar los períodos de inactividad. Sin embargo, estos trabajadores se clasifican como parados o inactivos en lugar de pluriempleados, lo que hace que los datos sean menos claros. En cuanto al tipo de contrato, los datos disponibles no especifican si los trabajadores con segundo empleo tienen contratos indefinidos ordinarios, fijos discontinuos o temporales. Tampoco se detalla la jornada laboral, lo que dificulta la identificación del subempleo. A pesar de estas incertidumbres, se observa que el número de personas en situación de subempleo se encuentra en mínimos de la última década, con 1,6 millones de personas, aunque sigue siendo el más alto de la Unión Europea. El aumento de la pluriactividad parece ser más resultado del funcionamiento del mercado laboral que de la reforma laboral en sí. Sin embargo, su peso en la ocupación es relativamente bajo en comparación con el subempleo, lo que sugiere que no es una práctica laboral común si hay otras alternativas disponibles. Una posible explicación es que el esfuerzo necesario para mantener un segundo empleo puede no compensar el beneficio. De hecho, las horas medias de trabajo en estos segundos empleos han alcanzado un mínimo histórico, lo que indica que muchos trabajadores están optando por empleos de menor intensidad. Es importante tener en cuenta que, aunque el número de personas con un segundo empleo es relativamente bajo según la Encuesta de Población Activa (EPA), su impacto en los registros de afiliación a la Seguridad Social es más significativo. Esto se debe a que cada empleo adicional se registra como una afiliación separada, lo que puede inflar el número total de afiliaciones. En resumen, el aumento de la pluriactividad no parece ser impulsado por la reforma laboral, sino más bien por las dinámicas propias del mercado laboral. Aunque su impacto es relativamente bajo en términos de ocupación, puede tener implicaciones significativas en los registros de afiliación a la Seguridad Social.

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(El Periódico, 29-04-2024) | Laboral

El paro repunta hasta el 12,3% en el primer trimestre, el mayor aumento desde 2020

El inicio del año ha sido difícil para el mercado laboral español, enfrentándose a obstáculos típicos de esta época. De hecho, ha sido el peor comienzo en cuatro años. Por lo general, el primer trimestre suele ser desfavorable debido al fin de la temporada navideña y al comienzo de la temporada baja del turismo, lo que se traduce en menos empleo y más desempleo. Este año, el panorama ha sido aún más negativo que de costumbre, siendo el peor desde el inicio de la pandemia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo aumentó cinco décimas con respecto al trimestre anterior, alcanzando el 12,3%. Esto significa que actualmente hay 2,9 millones de personas desempleadas en España, y la tasa de desempleo juvenil se mantiene por encima del 27,7%. Por otro lado, la ocupación disminuyó en 139.700 personas, la mayor caída desde 2020, afectando a todos los sectores: servicios (-56.100), industria (-38.500), agricultura (-27.600) y construcción (-17.500). Esta pérdida de empleo afectó más a las mujeres (-86.800) que a los hombres (-52.900). A pesar de esto, la jornada laboral promedio aumentó a 36,1 horas semanales. A pesar de este comienzo lento, España logró mantenerse por encima de los 21 millones de ocupados, lo que refleja el buen momento general del mercado laboral desde que comenzó la recuperación post-covid. Sin embargo, aunque la dinámica del mercado laboral sea buena en comparación con otros países europeos, se observa una desaceleración en la creación de empleo, al igual que en el crecimiento del PIB. Aunque las perspectivas para 2024 son positivas, no se espera que el ritmo de creación de empleo sea tan intenso como en años anteriores. A pesar de ello, hay algunos datos alentadores que muestran que las empresas siguen siendo activas, como el aumento en el total de horas trabajadas, que sugiere un aumento en el volumen de negocios. En resumen, a pesar de los desafíos iniciales, la confianza en el dinamismo del mercado laboral se refleja en el aumento de la población activa y en la activación de personas desempleadas, lo que está contribuyendo a mantener el crecimiento del empleo en los últimos meses.

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(Expansión, 26-04-2024) | Laboral

La suma de cotizaciones sociales e IRPF alcanza el 40,2% del sueldo bruto para un soltero sin hijos con un salario medio en 2023

La carga tributaria en España ha aumentado de manera generalizada, tanto para las empresas como para los ciudadanos, en contraste con un modesto avance de la carga fiscal en la mayoría de las economías avanzadas. Según las cifras publicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la carga tributaria sobre el salario medio, que incluye las cotizaciones sociales y el IRPF, ha alcanzado el 40,2% del coste laboral bruto en 2023. Esto representa un aumento de seis décimas respecto al año anterior, colocando a España como el quinto país desarrollado que más ha incrementado su presión fiscal sobre los sueldos de los trabajadores, ampliando así las diferencias con la media. El informe Taxing wages 2024 de la OCDE revela que la cuña fiscal para el salario medio español, en el caso de un soltero sin hijos, alcanza el 40,2%. Esta cuña fiscal mide la diferencia entre el coste laboral bruto que asume una empresa al contratar a un trabajador y el salario neto que este recibe, una vez descontadas las cotizaciones sociales y el IRPF. Este incremento consolida a España como uno de los países con mayor carga tributaria sobre el empleo, superando en 5,4 puntos la media. Las diferencias se han ensanchado en el último año, con un aumento de la cuña fiscal en España de seis décimas, mientras que en la OCDE solo ha sido de una décima. En comparación con el año 2000, España ha experimentado un aumento significativo en su cuña fiscal, pasando del 38,6% al 40,2% del sueldo bruto, mientras que en la OCDE se elevó del 36,2% al 40,2%. Esto ha llevado a España a escalar posiciones en el ranking de presión fiscal sobre el empleo en los últimos años, pasando del decimosexto al decimocuarto lugar entre los países miembros de la OCDE. La carga fiscal sobre el empleo sigue siendo superior a la media y en aumento, afectando especialmente a los trabajadores con salarios más bajos debido a la naturaleza no progresiva de las cotizaciones sociales. Esto se refleja en diferentes situaciones laborales, donde la cuña fiscal supera la media y tiende a incrementarse.

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(El Confidencial, 26-04-2024) | Laboral

España es el segundo país en el que más han subido las cotizaciones sociales en el último año

España concluyó el año 2023 como líder en desempleo entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al tiempo que ocupaba el segundo lugar en aumento de las contribuciones sociales. El primer fenómeno es estructural y se relaciona con los desequilibrios arrastrados por décadas en el mercado laboral. El segundo, en cambio, tiene un responsable directo: José Luis Escrivá. La reforma de pensiones impulsada por el exministro de Seguridad Social -ahora a cargo de Transformación Digital- ha posicionado a España como el Estado miembro de la Unión Europea que más aumentó este tipo de contribuciones el año pasado: un 0,36%, aunque cinco países de la UE (Bulgaria, Chipre, Croacia, Malta y Rumanía) no pertenecen a la OCDE. En el grupo de naciones desarrolladas, solo Australia supera a España en este aspecto. La razón detrás de esto es la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un aumento en las contribuciones sociales aprobado como parte de la reforma para alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (conocido como la "hucha de las pensiones") y asegurar la sostenibilidad del sistema. Este recargo adicional es obligatorio pero no contributivo. En otras palabras, su pago no afecta al cálculo de la pensión, pero todos los trabajadores de los diferentes regímenes de la Seguridad Social deben hacer frente a él. En 2023, año de su implementación, representó un aumento del 0,6%: el 0,1% a cargo del empleado y el 0,5% a cargo del empleador. Los datos publicados este jueves reflejan exactamente esta proporción. Según el informe de la OCDE "Taxing Wages 2024" (Impuestos sobre los salarios 2024), las contribuciones a cargo de los empleadores aumentaron en 0,30 puntos el año pasado, cinco veces más que la parte que deben asumir los trabajadores. Estos datos son relativos y no reflejan la buena situación del mercado laboral. Sin embargo, esta situación condiciona en gran medida los ingresos totales por este concepto, ya que el aumento en el número de afiliados conlleva un mayor volumen de contribuciones, que aumentaron a un ritmo de dos dígitos el año pasado, alcanzando un récord histórico. La estadística de la OCDE muestra un aumento de la carga fiscal como resultado de la reforma de Escrivá. Sin embargo, el problema no es nuevo y ha sido señalado como un obstáculo para la contratación por parte de la patronal desde hace tiempo. Este problema afecta principalmente a una de las partes: España es el sexto país con las contribuciones sociales más altas para los empleadores (representando el 23,3% de los costos laborales), solo por detrás de Francia, Estonia, República Checa, Italia y Suecia, mientras que se encuentra entre los países que menos cargan a los trabajadores (4,9%). En comparación, la media de la OCDE es del 13,4% y del 8,1%, respectivamente. España (12%) también está por debajo del promedio de los países desarrollados (13,3%) en cuanto a impuestos sobre los ingresos, especialmente el IRPF. Sin embargo, la carga fiscal total es 5,4 puntos porcentuales superior: de cada 10 euros de costos laborales, cuatro van a parar a las arcas públicas. Esto es más alto que en Dinamarca o Noruega, pero más bajo que en las principales potencias europeas. Una vez más, el informe de la OCDE confirma que la verdadera anomalía en España es la alta presión fiscal sobre los empleadores, que aportan más de la mitad de estos impuestos en forma de contribuciones sociales. Si no fuera por esta situación, la carga fiscal estaría muy por debajo del promedio de los países desarrollados. A pesar de esta situación anómala, el aumento de la carga se está concentrando en este aspecto. De hecho, los empleadores asumieron casi la mitad del aumento de la carga fiscal en 2023, que fue del 0,62%, casi cinco veces más que el promedio de la OCDE. España es el cuarto país que más aumentó esta carga, solo por detrás de Australia, Nueva Zelanda y Luxemburgo. El aumento de los impuestos sobre la renta tuvo un papel más modesto (0,27%), solo una décima por encima del promedio del bloque.

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(El Economista, 26-04-2024) | Laboral

La CNMV lanza la mayor oferta de empleo de su historia con 81 plazas abiertas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado la apertura de 81 nuevas plazas para personal técnico y administrativo, la mayor oferta en su historia, según indicó en un comunicado emitido el jueves por el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura. La convocatoria comprende puestos generalistas para técnicos de la CNMV encargados de la supervisión de mercados y entidades, así como otras áreas especializadas, como Comunicación Interna y Digital, Sistemas de Información, Recursos Humanos, Ciberseguridad y Supervisión de Riesgo Tecnológico, Gestión de Servicios, Inmuebles y Sostenibilidad Medioambiental. La mayoría de las vacantes se destinarán a abordar las nuevas competencias que la CNMV está asumiendo, como la implementación de los reglamentos europeos sobre criptoactivos (MiCA), ciberseguridad (DORA) y nuevas regulaciones relacionadas con la sostenibilidad. Esta iniciativa forma parte del proceso de fortalecimiento de recursos humanos que la CNMV ha emprendido para garantizar los altos estándares de excelencia necesarios para la supervisión y regulación de los mercados financieros. Los candidatos que pueden optar a las plazas técnicas son aquellos con titulación de licenciado, arquitecto, ingeniero o graduado. Los procesos de selección incluyen una fase de oposición con cuatro pruebas: tipo test, inglés, ejercicio escrito y ejercicio oral, cuya estructura y requisitos se han simplificado para agilizar el proceso. En un informe reciente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) subrayó la necesidad de que los supervisores cuenten con recursos adecuados para abordar los desafíos emergentes, y solicitó para la CNMV plena autonomía en el proceso de selección de su personal. Aunque la CNMV se financia con las tasas que cobra a los operadores del mercado y los excedentes van al Tesoro, la institución está sujeta a procesos burocráticos estándar de la Administración pública para disponer de esos recursos. Este sistema ralentiza la adaptación de las plantillas a la cambiante realidad que enfrenta la CNMV.

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(El Español, 25-04-2024) | Laboral

La Inspección de Trabajo verificará los contratos y los despidos para evitar fraude en el periodo de prueba

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) lanzará una campaña inmediata contra el abuso del periodo de prueba en las contrataciones, investigando los contratos que finalizan después de este periodo y los despidos relacionados. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha denunciado el mal uso de este periodo para despedir trabajadores, asegurando que no lo permitirá. A través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude, la Inspección buscará irregularidades para evitar que algunas empresas vulneren los derechos de los trabajadores y distorsionen la competencia. Díaz ha recordado que el periodo de prueba tiene como objetivo evaluar las aptitudes de los trabajadores y tiene límites claros, siendo de máximo seis meses para empleados con titulación y dos meses para los que no la tienen. En empresas con menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba es de tres meses, salvo para técnicos titulados. Además, en contratos temporales de seis meses o menos, la evaluación no puede durar más de un mes. El Ministerio recalca que no se puede volver a someter a un trabajador a un periodo de prueba ya superado ni utilizarlo sin considerar la formación del trabajador. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha recordado que el periodo de prueba "es una institución que cumple un valor imprescindible en las relaciones laborales", que es "valorar las aptitudes de los trabajadores". Asimismo, Díaz ha precisado que el periodo de prueba no puede excederse más de seis meses en el caso de empleados con titulación y de dos en caso de carecer de ella. Desde el Ministerio también recuerdan que no se puede volver a someter a un trabajador a un periodo de prueba si ya lo ha superado o si se utiliza ese periodo sin tener en cuenta la formación del trabajador.  Díaz ha señalado que desde la entrada en vigor de la reforma laboral hay tres millones de personas más con un contrato indefinido. El 91% de los casos superaron el periodo de prueba.

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(El Periódico, 25-04-2024) | Laboral

CCOO y UGT enarbolarán la bandera de la reducción de jornada este Primero de Mayo

El mercado laboral en Cataluña y España se prepara para uno de sus cambios más significativos en décadas en los próximos meses. Por primera vez en 40 años, el actual gobierno tiene como objetivo reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales para el final de la legislatura. Los sindicatos, conscientes de la importancia de esta medida, la destacarán en sus reivindicaciones para el Primero de Mayo. En un manifiesto presentado este miércoles por los líderes de CCOO y UGT en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, se destaca que "el proceso de digitalización y la inteligencia artificial deben hacer nuestras empresas más productivas para trabajar menos tiempo, pero en mejores condiciones". Las centrales sindicales han delineado sus principales demandas de cara a las manifestaciones de la semana próxima bajo el lema "Por la plena ocupación, menos jornada, mejores salarios". El gobierno ha estado dialogando con los sindicatos y la patronal durante meses para implementar esta reducción de la jornada laboral máxima en el día a día de los trabajadores. Sin embargo, el ciclo electoral en curso, con elecciones recientes o próximas en Galicia, Euskadi, Cataluña y la Unión Europea, está ralentizando los avances en esta y otras áreas de la agenda legislativa. Los líderes catalanes de CCOO y UGT han expresado su preocupación al respecto. Esta medida, que aún no cuenta con el respaldo completo de los empleadores, afectará este año al 55% de los trabajadores del sector privado, quienes verán reducida su jornada laboral máxima. Sin embargo, el impacto será mucho mayor el próximo año, cuando el gobierno pretende llegar a las 37,5 horas semanales, afectando a nueve de cada diez asalariados cubiertos por la negociación colectiva. CCOO y UGT han instado a sus afiliados y simpatizantes a votar tanto en las elecciones catalanas como en las europeas por fuerzas políticas "progresistas", buscando así facilitar un escenario de potencial entendimiento, mayorías y gobernabilidad que sea afín a sus intereses. El año pasado, antes de las elecciones generales anticipadas por Pedro Sánchez, CCOO y UGT plantearon el Primero de Mayo con un enfoque electoral similar, instando a votar para "frenar a la ultraderecha" en España. Hoy, ese mensaje se traslada al Parlamento Europeo, donde las primeras encuestas sugieren una posible victoria de fuerzas conservadoras.

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