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(El Economista, 23-04-2024) | Laboral

Subir cotizaciones o más ayudas del Estado: la fórmula para "salvar" la reforma de pensiones

El Gobierno y los representantes sindicales se han reunido en la mesa de negociación para abordar diversos cambios en el sistema de pensiones. Esta reunión sigue a un fin de semana de 'reflexión' y lectura detenida del Ageing Report, un informe de la Comisión Europea que ha lanzado una severa advertencia a España por el alto gasto en pensiones que se prevé en las próximas décadas. Los técnicos de Bruselas anticipan que España no cumplirá con la regla de gasto y deberá aplicar un ajuste de alrededor de 12.000 millones de euros el próximo año, cuando se realice la primera revisión de la reforma de pensiones, aunque el Gobierno y los sindicatos están preparando una alternativa para cumplir con las directrices de Bruselas y mejorar los ingresos del sistema de pensiones. Durante la primera parte de la reunión, se han analizado el "contenido" y las "consecuencias" del documento de la Comisión Europea que destaca a España como la economía comunitaria con mayor gasto en pensiones en las próximas décadas, según explicó Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. Existe una disparidad de perspectivas entre la Comisión Europea y el Ministerio de la Seguridad Social respecto al futuro de las pensiones, cada uno basado en indicadores con grandes diferencias que abarcan desde el saldo migratorio hasta la productividad y el mercado laboral. El próximo año, la reforma de pensiones aprobada por el exministro José Luis Escrivá pasará por su primera revisión. La Auditora Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emitirá el informe necesario para evaluar los resultados y, especialmente, la proyección del paquete de medidas, buscando siempre que el gasto medio previsto, descontando las medidas de ingresos introducidas, no supere el 13,3% del PIB. "Somos conscientes de que hasta el año 2050 debemos seguir realizando revisiones y evaluaciones. Estamos dispuestos a abordar medidas adicionales tanto el próximo año como dentro de tres años, dado que es una revisión trienal", adelantó Carlos Bravo. Aunque la última opción sería actuar sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aumentando el tipo de cotización aplicado a trabajadores y empresas, que actualmente está en el 0,7% y subirá al 1,2% en 2032, el Gobierno está maniobrando y preparando un argumento de peso como alternativa: transferencias del Estado. La ministra Elma Saiz abrió la puerta hace unas semanas en el Congreso de los Diputados a incrementar las transferencias del Estado a la Seguridad Social para culminar la separación de fuentes de financiación. Desde los Presupuestos de 2021 se incluye esta partida específica como recomendación del Pacto de Toledo, cuyo monto asciende a 39.000 millones a cargo del Tesoro. "Nuestra intención, aunque ya hemos avanzado en gran parte del proceso, es completarlo con la separación total de fuentes con la asunción plena de todos los gastos impropios del sistema", explicó. En esta misma línea, Bravo destacó parte del esfuerzo destinado a incrementar los ingresos de las pensiones. "Todavía falta completar la transferencia presupuestaria comprometida por parte del Tesoro. La ausencia de Presupuestos en 2024 ha impedido completar este proceso. Todavía tenemos parte del sistema que no está afectado por el principio de separación de fuentes, por lo que hay medidas que se pueden implementar junto con otras", explicó el negociador de CCOO. Dentro del paquete de medidas para mejorar los ingresos, el sindicato CCOO consideraría valorar el efecto de la jubilación demorada, una de las principales estrategias de la reforma aprobada en 2023 con la que el Gobierno espera contrarrestar el gasto en pensiones en hasta 1,4 puntos del PIB. "Vemos este proceso con bastante tranquilidad. Creemos que está bien encaminado con las reformas de 2021 y 2023. Por tanto, no estamos muy preocupados", explicó Bravo. Esto va en línea con el mensaje del Gobierno, que busca calmar las preocupaciones tras la advertencia de la Comisión Europea.

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(Expansión, 22-04-2024) | Laboral

CCOO pedirá al Gobierno que se pueda acceder a la jubilación parcial con 4 años de anticipo

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO y negociador del sindicato en la mesa de diálogo social sobre pensiones, Carlos Bravo, ha expresado su desacuerdo con la propuesta de reforma de la jubilación parcial presentada por el Gobierno en la última reunión. Ha adelantado que durante la próxima reunión de la mesa, CCOO pedirá a la Seguridad Social que se permita acceder a la jubilación parcial hasta cuatro años antes de la edad ordinaria de jubilación, dos años más de lo que propone el Ministerio de Elma Saiz. Bravo ha indicado que la propuesta del Gobierno sobre la jubilación parcial, que permite combinar la pensión con un empleo a tiempo parcial, no ha convencido a ninguno de los interlocutores sociales, ya que endurece algunos aspectos actuales y las mejoras propuestas resultan insuficientes. Una de las principales discrepancias del sindicato con la propuesta inicial del Ministerio de Seguridad Social es el período de anticipación para acceder a la jubilación parcial en relación con la edad ordinaria de jubilación. El Gobierno propone mantener el período actual de dos años, mientras que CCOO desea ampliarlo a cuatro años, permitiendo acceder a esta modalidad de jubilación hasta cuatro años antes de la edad ordinaria de retiro. "Estamos proponiendo que el período para el acceso no sea solo de dos años, sino más amplio. Nos gustaría volver a los cuatro años acordados en 2011 y que el Partido Popular recortó", ha señalado Bravo. Además, ha insistido en la necesidad de establecer una única fórmula de jubilación parcial válida para todos los sectores. Bravo ha explicado que en 2023 se jubilaron parcialmente 26.000 personas, siendo un 28% del sector de la industria manufacturera y un 72% de otros sectores. Además, en relación con los contratos de relevo que se pueden realizar en la modalidad de jubilación parcial, CCOO pedirá al Gobierno mejoras salariales y de calidad laboral para los relevistas, garantizando contratos fijos a tiempo completo y puestos no amortizables, es decir, que no sean eliminados cuando se jubile definitivamente el trabajador parcial. El Gobierno también ha presentado una propuesta de reforma para la jubilación activa que permitiría compatibilizar el 100% de la pensión de jubilación con cualquier trabajo, pero la propuesta del Gobierno tampoco convence a CCOO. En concreto, la Seguridad Social ha planteado que para cobrar el 100% de la pensión, se necesitarían al menos cinco años en activo después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. En su propuesta sobre esta modalidad, el Gobierno mantiene la necesidad de demorar al menos un año la jubilación para poder simultanear el retiro con la pensión y elimina la incompatibilidad con el complemento de demora, además de flexibilizar la exigencia de una carrera de cotización completa. Además, plantea que el porcentaje de pensión a percibir por el jubilado que se mantenga en activo vaya subiendo gradualmente: tras un año de demora, el trabajo podrá ser compatible con el 30% de la pensión; con dos años, el 40%; con tres años, el 50%; con cuatro años, el 75%; y con cinco años o más en activo, el 100% de la pensión.

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(El Economista, 22-04-2024) | Laboral

España y Grecia lideran la tasa de trabajadores sobrecualificados

España y Grecia encabezan una desfavorable clasificación debido al mayor desajuste entre la formación educativa y la ocupación laboral de los empleados jóvenes de entre 20 y 34 años. La tasa de sobrecualificación en ambas economías del sur supera el 35%, lo que indica que un elevado número de personas está empleada en trabajos por debajo de su nivel educativo, según datos de Eurostat citados por el think tank Funcas en su último Cuaderno de Información Económica. En contraste, la media de la Unión Europea (UE) sitúa esta tasa de sobrecualificación en alrededor del 22%. Los datos muestran una escasez de graduados en Formación Profesional y un exceso de universitarios, lo que destaca la urgencia de mejorar la formación básica. Este fenómeno negativo refleja cómo estos dos países, con las tasas de desempleo más altas de Europa, desaprovechan su talento, mantienen altos niveles de desempleo y mantienen a parte de la fuerza laboral por debajo de su potencial productivo. "Una de las principales debilidades del modelo productivo español", según Funcas. Aunque la tasa de sobrecualificación ha disminuido desde la crisis financiera, el think tank Fedea también señala este problema como estructural en un informe del año pasado. En el caso de España, la diferencia más significativa con el promedio europeo se observa en el nivel educativo de los trabajadores. Un 31,9% de la población activa tiene un nivel educativo inferior a la secundaria completa, frente al 19,9% de la eurozona. También hay una brecha considerable en la población con secundaria y formación profesional (24,4% en España frente al 43,1% en la eurozona), y un mayor porcentaje de graduados universitarios (43,7% frente a 36,9%) que el mercado laboral no puede absorber. "Uno de los problemas estructurales más serios del mercado laboral español es el bajo nivel educativo de parte de la población activa, lo que contribuye al alto desempleo de larga duración", explican los economistas de Funcas, Raymond Torres y María Jesús Fernández. Esta brecha educativa "impacta negativamente en la empleabilidad de muchos demandantes de empleo, en la tasa de desempleo estructural y en la productividad y especialización productiva de la economía española en actividades de menor cualificación". Los desequilibrios afectan especialmente a los jóvenes trabajadores, aunque también inciden factores como el género o la edad. "Los jóvenes españoles son los más afectados", señalan. Apenas el 24% de las personas de entre 15 y 24 años tienen empleo, casi 8 puntos porcentuales menos que el promedio de la UE y la mitad que en países del norte de Europa como Alemania. Muchos jóvenes que no trabajan están estudiando, pero otros se encuentran en situación de desempleo, lo que evidencia un problema persistente de desempleo juvenil que afecta a la economía y la sociedad desde hace décadas. La alta tasa de abandono escolar temprano está directamente relacionada con el desajuste entre la educación impartida en España y las necesidades reales del mercado laboral. "Además, algunos jóvenes presentan carencias en competencias básicas, como la comprensión lectora o la resolución de problemas matemáticos, según los informes PISA", indica el informe. Es necesario desarrollar políticas activas de empleo útiles y programas de orientación profesional para guiar a los jóvenes antes de ingresar al mercado laboral. Los economistas apuestan por la formación dual como un medio para facilitar la transición de los jóvenes al mercado laboral, combinando el aprendizaje en el aula con la experiencia práctica en empresas. Sin embargo, destacan que la conexión entre el sistema educativo y la economía debe integrarse en el diseño curricular para que sea efectiva y responda a las necesidades reales de las empresas y negocios.

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(El Economista, 22-04-2024) | Laboral

Cuatro de cada diez empresas buscan en el extranjero la fuga de talento nacional

Las empresas en España están experimentando una migración sin precedentes de talento directivo. La falta de enfoque en la formación para la internacionalización ha llevado a que aproximadamente el 40% de las búsquedas de directivos se realicen en el extranjero, según datos de Synergie. La jubilación de la generación boomer y la fuga de talento, exacerbadas por la crisis económica derivada de la pandemia, han tenido un impacto significativo en el mercado laboral. Además, la complejidad de los procesos de selección, que toman alrededor de tres meses, y la gran responsabilidad inherente a estos puestos, hacen que las empresas en nuestro país enfrenten grandes dificultades para contratar y retener este tipo de perfiles. Las principales causas de esta fuga de talento parecen ser la falta de alineación con la cultura y valores de las empresas (37%), las escasas oportunidades de desarrollo profesional (29%) y la dificultad para conciliar la vida laboral y personal (27%). En 2022, alrededor de 400.000 personas con educación superior dejaron España en busca de empleos altamente cualificados, según un informe de la Fundación BBVA-Ivie. Esta emigración no solo afecta al capital humano del país, sino que también representa una pérdida económica considerable, valorada en casi 155.000 millones de euros, un aumento del 40% desde 2019. Este número equivale al 0,93% del total del capital humano de España en ese año. El principal destino de quienes abandonan España en busca de mejores oportunidades laborales es otro país de la Unión Europea, con un 38,7% de los casos, seguido por Sudamérica (19,8%), el Reino Unido (12,7%), África (9,3%), Asia (6,5%) y, finalmente, Centroamérica y el Caribe (5,5%). En cuanto a los profesionales en puestos directivos, según el Informe de Movilidad del Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias del Ministerio de Hacienda, el 15% de estos perfiles en España (con salarios al menos tres veces el Salario Mínimo Interprofesional) abandonaron su empleo en un año, lo que representa 439.021 personas. Además, solo se incorporó un 6,6% de nuevos trabajadores en estos puestos, lo que significa un déficit del 8,4%. La contratación de un directivo no idóneo puede costarle a la empresa hasta cinco años de su salario, afectando la productividad, la reputación y el tiempo invertido en la formación del nuevo candidato. Para evitar estos problemas, es crucial adoptar un enfoque estratégico en la búsqueda y selección de directivos. Externalizar el proceso puede ser una opción eficaz, permitiendo acceder a perfiles específicos y asegurar su alineación con la cultura y valores de la empresa. Construir una red de contactos sólida también es esencial. El 70% de los puestos directivos no se publican, por lo que contar con una red sólida puede ser clave para encontrar al candidato ideal. En España, los sectores con mayor demanda de puestos directivos son el farmacéutico, el médico y el financiero. Además, los perfiles especializados en nuevas tecnologías son particularmente difíciles de captar, ya que están altamente solicitados y, por lo general, no buscan activamente empleo a menos que estén en búsqueda activa. Esto subraya la importancia de estrategias de reclutamiento especializadas para atraer a estos profesionales altamente cualificados. Según el informe de Gallup de 2023 "State of the Global Workplace", más de la mitad de los empleados están buscando activamente o considerando cambiar de empleo, posiblemente debido al aumento del estrés laboral, que alcanzó niveles récord en 2023. Esto influye directamente en el compromiso de los empleados. En España, el 75% de los trabajadores no se siente comprometido con su empresa, en comparación con el 23% a nivel mundial según Gallup. En este contexto, retener el talento se ha convertido en un aspecto crucial para las organizaciones que buscan mantener su ventaja competitiva, ya que retener a empleados comprometidos impulsa el crecimiento sostenible de una empresa y garantiza la calidad en la prestación de servicios y productos. Gallup estima que el bajo compromiso de los empleados cuesta a la economía global 8,8 billones de dólares, o el 9% del PIB mundial.

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(Cinco Días, 22-04-2024) | Laboral

La Mutualidad de los Procuradores baraja su integración en la de los abogados

La Mutualidad de los Procuradores está en negociaciones para fusionarse con la Mutualidad de la Abogacía, en un contexto donde el Gobierno está promoviendo una reforma legal para mejorar la previsión social en estos colectivos, ante las preocupaciones de que las pensiones no sean suficientes. La Mutualidad de los Procuradores cuenta con algo más de 6.000 mutualistas activos, la mayoría de los cuales han ahorrado para su jubilación exclusivamente a través de esta entidad, que gestiona cerca de 500 millones de euros en activos. La aseguradora con la que están negociando la integración es la Mutualidad de la Abogacía, la más grande del sector, con activos superiores a 10.200 millones de euros y 210.000 mutualistas. La entidad ha estado operando bajo la marca comercial genérica de La Mutualidad durante algunos meses, sin oposición de otras mutualidades de previsión social. Fuentes cercanas a la dirección de la Mutualidad de los Procuradores han confirmado que "hace tiempo que mantenemos conversaciones con la mutualidad de los abogados". Aunque aún no hay acuerdos cerrados, se anticipan "posibles novedades en los próximos meses". La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, responsable de supervisar el sector asegurador, ha expresado en varias ocasiones su interés en promover procesos de concentración y reducir las entidades más pequeñas, no por problemas de solvencia, sino para mejorar la eficiencia del sector. Las mutualidades profesionales surgieron después de la Guerra Civil española como agrupaciones donde colectivos como abogados, arquitectos, notarios, curas o policías podían ahorrar para tener protección social. Aunque muchas se integraron en el Instituto de la Seguridad Social en 1963, las de abogados y procuradores se mantuvieron. Hasta 1995, era obligatorio ser mutualista para ejercer y no se podía cotizar a la Seguridad Social. El sistema original de las mutualidades era de reparto, pero con el envejecimiento y los bajos tipos de interés, se volvió insostenible, pasando a un sistema de cuentas individuales. En el caso de los procuradores, la profesión está en declive y hay menos profesionales ejerciendo, lo que afecta sus ingresos. La integración con la Mutualidad de la Abogacía les permitiría mejorar las coberturas para sus mutualistas. Hace dos años, la Mutualidad de la Abogacía absorbió la Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, creando la sociedad Avanza para ofrecer seguros de vida-ahorro. Estas negociaciones coinciden con los planes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para crear una pasarela que convierta las aportaciones a mutualidades en años de cotización a la Seguridad Social, aunque muchos abogados y procuradores consideran que estas propuestas son insuficientes.

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(Expansión, 19-04-2024) | Laboral

Los autónomos que se den de alta fuera de plazo cotizarán por la base mínima en el primer mes

El Ministerio de Elma Saiz responderá a la pregunta sobre la base de cotización que debe aportar un autónomo que se dé de alta fuera de plazo en la Seguridad Social. De acuerdo con la reforma del reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, que está siendo preparada a través de un proyecto de Real Decreto, se modificará el artículo 44 para aclarar que en casos en los que los autónomos se inscriban fuera de plazo, con menos de 60 días antes de comenzar la actividad, deberán cotizar de la siguiente manera: por la base mínima del tramo 1 de la tabla general de bases de cotización hasta el último día del mes. Esto significa que deberán aportar a la Seguridad Social una base mínima de 735,29 euros mensuales, sujeta a un tipo del 31,30% por todos los conceptos. En este escenario, el autónomo deberá abonar 313 euros a la Seguridad Social en el mes en el que se inscribe, o cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúa de oficio y levanta un acta de liquidación. Esta instrucción ministerial va más allá de una simple orden técnica, ya que se implementa en un contexto donde los autónomos cotizan en función de sus ingresos, con la posibilidad de cambiar de grupo de cotización hasta seis veces al año. Actualmente, hay 3.350.000 autónomos dados de alta en la Seguridad Social, la cifra más alta de la historia. Además, la norma establece que en la revisión anual de las contribuciones de estos trabajadores, se deben considerar datos como la actividad económica del autónomo y las fechas de alta o baja en la Seguridad Social, además de su facturación y cuotas devengadas durante el año.

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(El Economista, 19-04-2024) | Laboral

Bruselas obligará a incrementar las inspecciones contra los falsos becarios

La Comisión Europea está elaborando una nueva directiva para mejorar las condiciones de los becarios y prevenir la disfraz de puestos de trabajo como prácticas, que los Estados miembros deberán incorporar a su legislación nacional en un plazo máximo de dos años desde su aprobación. Bruselas instará a las autoridades a intensificar "los controles e inspecciones" para evitar que las empresas utilicen a los becarios como trabajadores regulares. Para ello, exigirá que las autoridades dispongan de suficiente personal y recursos técnicos para llevar a cabo estas inspecciones y que impongan sanciones a las empresas que infrinjan las nuevas condiciones para los becarios establecidas en la directiva. El Gobierno negoció un Estatuto del Becario con los sindicatos durante la legislatura anterior con el objetivo de mejorar las condiciones de estos trabajadores en prácticas. Sin embargo, esta iniciativa no llegó a ver la luz después de las elecciones. Ahora, el Gobierno tendrá que adaptarse a las nuevas exigencias de la Unión Europea. Según la nueva directiva, los becarios no podrán recibir un trato menos favorable, ni en sus condiciones de trabajo ni en su remuneración, en comparación con los empleados de la empresa, a menos que existan razones objetivas para ello, como tareas diferentes, menos responsabilidad o tareas específicas de aprendizaje y entrenamiento. La mayor parte de la propuesta de directiva se centra en supervisar y prevenir las relaciones laborales encubiertas bajo la apariencia de prácticas. La responsabilidad de destapar estas situaciones recae en la Administración, en el caso español, en la Inspección de Trabajo, que deberá evaluar si realmente existe un componente formativo, si la duración de las prácticas es excesiva, si las tareas realizadas son similares a las de un empleado regular, si la empresa exige experiencia previa antes de contratar y si hay un número desproporcionado de becarios en la compañía. Para llevar a cabo estas evaluaciones, la inspección solicitará a las empresas información detallada sobre el número y la duración de los periodos de prácticas, las condiciones de trabajo y salarios, la descripción del plan de aprendizaje y formación, así como los anuncios de vacantes para prácticas. Los Estados miembros deberán establecer límites en el tiempo que un becario puede realizar prácticas con el mismo empleador. El Gobierno también deberá establecer un mecanismo de denuncia para que los becarios puedan informar sobre cualquier discriminación o trato no conforme con la directiva. Además, los sindicatos podrán iniciar procedimientos administrativos y judiciales para proteger los derechos de estos aprendices.

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(El Periódico, 10-04-2024) | Laboral

Las cajas de ahorro firman una subida salarial del 11% en tres años

Las entidades asociadas a la CECA, que aglutina las antiguas cajas de ahorros, han sellado una subida salarial del 11% en tres años. El incremento, que beneficiará las plantillas de CaixaBank, Unicaja, Abanca, Ibercaja Banco, Caixa Ontinyent, Caixa Pollença y Cecabank, es del 5% este año; del 3% el que viene y el siguiente. El documento firmado prevé además un pago único adicional en 2024 de 1.000 euros para cada persona trabajadora. Estas mejoras "suponen un reconocimiento a la labor y el compromiso demostrado por las plantillas, necesario para abordar el futuro del sector", según un comunicado de la CECA. El convenio ha sido suscrito por el 86% de la representación sindical a través de FINE, CCOO y UGT y será de aplicación hasta 2026. El acuerdo da estabilidad a los más de 55.000 miembros de las plantillas de las entidades vinculadas y asociadas a la CECA. Desde CCOO han atribuido las mejoras al "el éxito de las movilizaciones impulsadas por CCOO, FINE y UGT". Todo ello, agregan, "propició la firma de un preacuerdo el pasado 12 de marzo". Además de los incrementos salariales y el pago único de 1.00 euros afirman que el convenio incluye un día adicional de libre disposición en cada uno de los años 2024, 2025 y 2026. El pacto en este sector contrasta con la situación en la banca, cuya patronal es la AEB. De hecho, los empleados del ramo protagonizaron el pasado 22 de marzo una huelga para lograr incrementos salariales en el convenio después de un ejercicio como el de 2023, en el que las entidades marcaron ganancias récord. Ese paro coincidió con el de una de las principales consultoras del sector, DXC, que lleva el mantenimiento de los aplicativos de CaixaBank y Banc Sabadell.

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(Cinco Días, 18-04-2024) | Laboral

CCOO pide la creación de juzgados especializados en salud laboral para agilizar los litigios

Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, ha demandado la creación de juzgados especializados en seguridad y salud en el trabajo con motivo del Día de la Seguridad en el Trabajo, que se celebra el 28 de abril. Sanz ha expresado su preocupación por la demora en la resolución de casos de accidentes laborales mortales, señalando que las familias afectadas a menudo deben esperar siete años para obtener una sentencia, lo cual considera inaceptable. Propone que la agilización de los procesos judiciales contribuiría a reconocer más rápidamente el origen laboral de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. "Estos juzgados especializados evitarían que las víctimas tengan que esperar, como sucede actualmente, siete u ocho años para que haya una sentencia que haga justicia frente a la falta de medidas preventivas", ha afirmado el sindicalista durante la presentación de un estudio sobre estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en España en 2023. CCOO también aboga por mejorar la calidad de los servicios de prevención en las empresas, en su mayoría externalizados, así como incorporar la perspectiva de género y abordar los riesgos para la salud mental en el entorno laboral. Además, solicita un mayor control del cumplimiento normativo, la creación de un registro de exposición a agentes cancerígenos y la designación de delegados de prevención a nivel sectorial y territorial para apoyar la labor preventiva en las pequeñas empresas. El sindicato ha instado al Gobierno a reforzar las políticas públicas relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo, argumentando que la prevención ha perdido prioridad política y hay menos sensibilidad social en este ámbito. "Llevamos siete años esperando que se abra una mesa para abordar estos temas. No vamos a perder la esperanza, pero necesitamos margen de maniobra para aprobar normativas que requieren mayorías parlamentarias", ha destacado Sanz. CCOO considera esencial actualizar la legislación sobre prevención de riesgos laborales, que data de 1996, y corregir los efectos negativos de legislaciones orientadas a fortalecer el mercado único y la flexibilidad laboral, especialmente la reforma laboral de 2021, para fortalecer los servicios preventivos y facilitar el reconocimiento de las enfermedades profesionales.

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(Cinco Días, 18-04-2024) | Laboral

Desciende la siniestralidad, pero aparecen nuevos riesgos

En el análisis de los datos, Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, ha destacado los avances reflejados en las estadísticas de 2023. "Se ha reducido la siniestralidad tanto en términos absolutos como relativos, lo cual es una buena noticia, ya que esta disminución se ha observado prácticamente en todos los sectores", ha afirmado. Los accidentes laborales con baja disminuyeron un 1,1% en 2023 y aquellos ocurridos durante la jornada laboral descendieron un 2,3%. Aunque estas cifras puedan parecer modestas, es importante considerar que el año pasado se incorporaron al mercado laboral 730.000 personas, lo que influye en el análisis. Sin embargo, a pesar de esta reducción, Sanz ha pedido cautela debido al desajuste estadístico en el año analizado, cuando las afecciones relacionadas con la COVID-19 dejaron de considerarse como enfermedades profesionales. Por otro lado, preocupa el aumento de los accidentes in itinere desde 2021, que en 2023 aumentaron un 7,3%, una tendencia que el sindicato atribuye a la disminución gradual del teletrabajo. Respecto a los accidentes laborales mortales en 2023, que ocasionaron la muerte de 721 trabajadores, Sanz ha destacado que hubo 105 fallecimientos menos que en 2022. Sin embargo, se necesita esperar para obtener conclusiones precisas hasta que se incorporen los fallecidos en los 12 meses posteriores al siniestro, como estipula la normativa europea. "Es importante destacar que los accidentes mortales han disminuido en los índices de incidencia en los cuatro principales sectores productivos", ha subrayado el sindicalista. No obstante, según el responsable de salud laboral del sindicato, más allá de las fluctuaciones coyunturales, es crucial prestar atención a las tendencias en la prevención de riesgos laborales y identificar las deficiencias en los sistemas de prevención para mejorar la protección tanto física como mental de los trabajadores. En este sentido, Sanz ha señalado el deterioro en la calidad de la prevención en las empresas, la atención insuficiente que el sistema nacional de salud brinda a las enfermedades laborales (con una infradeclaración notable), especialmente el cáncer de origen laboral, y la aparición de "nuevos riesgos derivados del cambio climático y de la relación de las personas con las nuevas tecnologías", que se suman a los riesgos tradicionales. El informe sindical revela un perfil mayoritariamente masculino en los accidentes laborales, ya que el 71% de los casos afecta a hombres, llegando al 94% en el caso de los accidentes mortales. Las actividades con mayor índice de siniestralidad están fuertemente masculinizadas, aunque hay cuatro sectores donde la incidencia es mayor entre las mujeres: actividades financieras y de seguros, actividades sanitarias y sociales, educación y actividades de organizaciones extraterritoriales. Por otro lado, los accidentes laborales in itinere muestran un perfil principalmente femenino, ya que el 54% de ellos corresponden a mujeres, una tendencia que se observa desde 2009. Además, los accidentes tienden a aumentar entre colectivos con menores ingresos y cualificaciones profesionales, con una diferencia significativa en la incidencia entre distintos grupos, por ejemplo, entre los profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas (41 incidentes) y los peones de las industrias manufactureras (16.565 incidentes), cuya incidencia se multiplica por 486.

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