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(El País, 28-04-2025) | Laboral

Trabajo propone que la ley fije un salario mínimo “igual o superior” al 60% del sueldo medio neto

El Ministerio de Trabajo presentó este viernes a empresarios y sindicatos su propuesta sobre cómo debería regularse en la ley la actualización futura del salario mínimo interprofesional (SMI). El borrador, al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea que el SMI sea, como mínimo, igual al 60% del salario medio neto en España. Esta propuesta se enmarca en la nueva mesa de diálogo social abierta el pasado 31 de marzo, destinada a incorporar a la legislación española la Directiva Europea sobre salarios mínimos, un proceso que ya acumula retraso, ya que el plazo para su transposición venció el 15 de noviembre. El documento, que modificará el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, deberá ser aprobado en el Parlamento, en un contexto político complejo. Además del porcentaje del 60%, el borrador establece que el Gobierno no solo deberá consultar a sindicatos y patronal antes de actualizar el SMI -como ya sucede-, sino también contar con un informe previo de la Comisión Asesora para el análisis del salario mínimo. Esta comisión ya existe, pero se propone reforzar su papel y regular su composición y funciones en el propio Estatuto de los Trabajadores. Trabajo también plantea ajustar y ampliar los criterios que actualmente se consideran para la actualización anual del SMI, como el IPC, la productividad nacional, la participación del trabajo en la renta nacional y la situación económica general. Se añadirían ahora elementos como el poder adquisitivo del salario mínimo, la evolución de la productividad a largo plazo, la necesidad de garantizar una vida digna, combatir la pobreza laboral, y atender especialmente a los salarios más bajos y a la brecha de género. En la primera reunión de marzo, los empresarios mostraron su descontento, ya que interpretaron que el Ministerio pretendía avanzar hacia una reforma laboral por partes. Aunque la nueva propuesta elimina algunos aspectos que provocaron ese rechazo inicial, las patronales siguen sin mostrar apoyo, según diversas fuentes. En especial, rechazan la idea de fijar por ley un porcentaje mínimo del 60% respecto al salario medio neto, alegando que condicionaría demasiado la negociación colectiva. El porcentaje propuesto podría suponer un salario mínimo más elevado que el sugerido por la propia directiva europea y por las recomendaciones de la Carta Social Europea. La directiva sugiere tomar como referencia ratios como el 60% de la mediana salarial bruta o el 50% del salario medio bruto, mientras que el Comité Europeo de Derechos Sociales interpreta que los salarios mínimos deben ser de al menos el 60% del salario medio neto. Fuentes sindicales calificaron la reunión de este viernes como "larga e infructuosa" y lamentaron que aún no se haya fijado la fecha del próximo encuentro. Temen que la negociación se prolongue debido a la apertura de nuevos frentes legislativos, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, y a las tensiones internas en Cepyme, inmersa en su proceso electoral. Otra novedad que puede generar rechazo entre los empresarios es la obligación de proporcionar información económica detallada en las negociaciones de convenios de empresa. Según el borrador, la parte empresarial debería facilitar documentos como balances, cuentas de resultados, memorias y modelos de contratos, equiparándolos a los informes que presentan a sus accionistas. Asimismo, en las negociaciones de convenios sectoriales, tanto empresas como representantes de los trabajadores podrían solicitar informes sobre cifras agregadas del sector, como el volumen de negocio o los márgenes económicos, atendiendo así a una demanda histórica de los sindicatos. Actualmente, el SMI en España está fijado en 1.184 euros al mes en 14 pagas. Desde 2018, ha aumentado más de un 60%, con el apoyo constante de los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT), pero sin contar en los últimos años con el respaldo de la patronal.

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(El Economista, 28-04-2025) | Laboral

El Supremo impide que las empresas decidan de forma unilateral el fin del teletrabajo

El Tribunal Supremo (TS) rechaza que las empresas decidan de forma unilateral el fin del teletrabajo. El alto tribunal, en una sentencia del 2 de abril, analiza el acuerdo de teletrabajo de una compañía que fijaba en una cláusula que la sociedad podía revocar en cualquier momento la autorización del teletrabajo con un preaviso de 15 días. Asimismo, también imponía que la reversión del trabajo a distancia no daba derecho alguno a compensar o indemnizar a los empleados. El fallo, del que fue ponente el magistrado Ignacio García-Perrote, determina que debe anularse la cláusula del acuerdo de teletrabajo ya que es abusivo y contrario a derecho que la empresa tome una decisión así de forma unilateral. La sentencia indica que la Ley del Trabajo a Distancia de 2021 dispone que la decisión de teletrabajar puede ser reversible, pero para ello, debe fijarse en los acuerdos o convenios colectivos. Es decir, la norma exige que la posibilidad de dar marcha atrás sea pactada en la negociación colectiva o, en su defecto, entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Si la negociación colectiva nada dice de la reversibilidad del trabajo a distancia, el empresario no puede imponerla por su cuenta. "La reversibilidad decidida por la empresa puede en ocasiones resultar contraria a derecho", indica la sentencia. Y añade al respecto, que el hecho de que la decisión esté solo en manos de la compañía supone un desequilibrio contractual. Por otro lado, el alto tribunal también rechaza que la compañía, de nuevo de forma unilateral, decida sobre los límites del derecho a la desconexión digital de los teletrabajadores. El acuerdo recogía que los empleados tienen derecho a la desconexión digital, salvo que concurran circunstancias de urgencia justificada. La sentencia señala que tanto la Ley General de Protección de Datos como la Ley del Trabajo a Distancia establecen expresamente que la empresa elaborará la política de desconexión digital previa audiencia de la representación legal de las personas trabajadoras. "Según puede comprobarse, la legislación vigente no solo permite, sino que obliga, a la empresa a elaborar una «política interna» sobre el derecho a la desconexión digital. Lo que sucede es que esa política interna debe elaborarse «previa audiencia» de los representantes de las personas trabajadores y no consta que ello se haya hecho en el presente supuesto", expone el fallo. "Esta política se ha realizado sin que haya dado audiencia previa a la representación legal de las personas trabajadoras, vulnerándose así las claras prescripciones contenidas en aquellos dos preceptos legales", añade al respecto. Finalmente, la sentencia, en contra de los expuesto por los sindicatos, sí respalda que la empresa exija a los teletrabajadores su correo electrónico y número de teléfono personal para localizarlos en caso de urgencia. Aunque el Supremo señala que las compañías deben dotar a los teletrabajadores de los dispositivos y herramientas informáticas adecuadas para desarrollar su función, el Reglamento de Protección de Datos avala que se ceda esta información si resulta necesaria para el desenvolvimiento del contrato de trabajo. "La empresa debe limitar su utilización del correo electrónico y número de teléfono personal de la persona trabajadora al supuesto de que sea necesario contactar con ella por urgencias del servicio", concluye.

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(El Economista, 28-04-2025) | Laboral

La reducción de la jornada laboral le costará 4.800 euros de media al año a cada pyme

El pasado jueves, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anunció que mañana se aprobará en el Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta decisión ha generado fuertes críticas entre las organizaciones empresariales, que consideran que la medida margina la negociación colectiva y podría tener efectos negativos en la actividad empresarial. Según el informe Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme, elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), esta nueva normativa podría suponer un coste de unos 13.900 millones de euros para las pymes. Dado que en España existen aproximadamente 2,9 millones de estas empresas, el impacto medio anual por pyme sería de unos 4.793 euros. Más allá de los costes directos, la patronal advierte que esta medida podría afectar a la contratación de nuevos trabajadores, aumentar las horas extra y provocar una caída en la producción. De hecho, Cepyme calcula que, si las empresas no logran adaptarse, la pérdida de producción podría llegar a representar un impacto económico de 33.800 millones de euros. Ante este escenario, fuentes de Cepyme aseguran a elEconomista.es que la decisión del Gobierno responde más a "anuncios populistas" que al interés general. La patronal denuncia que se trata de una normativa sin un análisis económico riguroso que perjudica especialmente a las pequeñas y medianas empresas, las cuales todavía están lejos de las 37,5 horas semanales. "¿Cómo van a soportar ahora un aumento salarial del 6%? Esta subida, arbitraria e injustificada, supone además una clara injerencia en el sistema de convenios colectivos", advierten. La reducción de jornada afectará aproximadamente al 76,1% de los trabajadores cubiertos por un convenio colectivo, es decir, unos 9,8 millones de asalariados, según datos de 2022. El impacto varía según el sector: en las actividades inmobiliarias, la hostelería, la agricultura, el comercio y las telecomunicaciones afectará a más del 90% de los trabajadores, mientras que en la Administración Pública y el sector financiero apenas afectará al 4,9% y 7,5%, respectivamente. Desde el punto de vista económico, el comercio será el sector más perjudicado, con pérdidas estimadas de 3.208 millones de euros al año, lo que supone 1.484 euros por trabajador. Le siguen la industria manufacturera, con 2.940 millones, y la hostelería, con 1.697 millones de euros en pérdidas. En cambio, las Administraciones Públicas, las Industrias Extractivas y el sector financiero sufrirán un impacto mucho menor. El grado de ajuste que deberá hacer cada sector también varía: mientras que la hostelería deberá reducir la jornada un 4,2%, el comercio lo hará en un 4%, y las actividades inmobiliarias en un 3,8%. En cambio, sectores como las Administraciones Públicas y las Finanzas apenas tendrán que realizar recortes del 0,1% y 0,2% respectivamente. Una de las críticas más destacadas hacia la medida ha sido la manera unilateral en que se ha adoptado. Inicialmente, la reducción de la jornada fue objeto de negociación entre sindicatos y patronales, pero, ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Trabajo decidió intervenir. Tras la negativa de las patronales a aceptar las propuestas ministeriales, el Gobierno optó por aprobar la norma por su cuenta. Las patronales insisten en que la reducción de jornada debería haberse negociado dentro del marco de la negociación colectiva, subrayando que las estadísticas muestran que, históricamente, la jornada laboral pactada en los convenios ya seguía una tendencia descendente: de 40,4 horas semanales en 1983, se bajó a 38,4 en 2003, y a 38 en 2020. Esta evolución ha sido aún más pronunciada en los convenios de empresa, donde se redujo de 40 horas en 1983 a 37 horas en 2007. Aunque en los últimos cuatro años ha habido un ligero aumento, la jornada media sigue siendo inferior a las 37,5 horas establecidas en la nueva norma.

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(El Confidencial, 28-04-2025) | Laboral

Los empresarios desconfían del PP para frenar la reducción de jornada y se encomiendan a Junts

El proyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin recorte salarial será remitido al Congreso de los Diputados en las próximas semanas, tras su aprobación definitiva prevista para el próximo martes en el Consejo de Ministros. Esta iniciativa ha generado un amplio debate tanto dentro del propio Gobierno como en el ámbito empresarial. Según fuentes del sector, no existe una mayoría parlamentaria clara que impida su tramitación, lo que se ha convertido en el principal objetivo de las organizaciones empresariales. Tanto Foment del Treball como CEOE, junto con Pimec y Conpymes, se mantienen atentos. Desde que se aprobó el anteproyecto en febrero, han mantenido múltiples encuentros con los grupos parlamentarios para intentar detener su avance mediante una enmienda a la totalidad que devuelva el texto al Ejecutivo. Sin embargo, en el entorno empresarial se da casi por descartado que el PP promueva esta estrategia por iniciativa propia, y sus esperanzas se centran en que Junts la apoye en el último momento. "Esto no puede salir adelante", insisten desde el ámbito empresarial. "Confiamos en que, al ser una medida tan perjudicial, recapaciten". Aunque Junts aún no ha fijado una postura definitiva, en Foment creen que el impacto en el pequeño comercio catalán podría hacerles cambiar de opinión, aunque también reconocen que la decisión dependerá más de factores políticos que del contenido de la ley. Por otro lado, en Conpymes y Pimec hay empresarios más pesimistas que ya asumen que será difícil frenar el proceso legislativo. Consideran que los partidos no quieren arriesgarse a perder votos por una medida que goza de respaldo popular, y critican al PP por no adoptar una posición firme, lo que, en su opinión, disuade a Junts de presentar una enmienda a la totalidad. Esto dejaría el camino libre para que el proyecto pase a la Comisión de Trabajo. En cualquier caso, que se inicie la tramitación no garantiza que la ley obtenga los apoyos necesarios para ser aprobada. Esta falta de respaldo parlamentario provocó tensiones internas en el Gobierno de coalición sobre si debía seguir negociando con la patronal, como proponía el ministro Carlos Cuerpo, o avanzar únicamente con el apoyo sindical. Finalmente, Yolanda Díaz impuso su criterio y logró mantener una propuesta ambiciosa, sin contemplar ayudas a empresas ni excepciones sectoriales. En el ala socialista temen que la norma no logre superar las enmiendas a la totalidad, un temor que persiste ante la indefinición de Junts y la postura ambigua del PP. Empresarios aseguran que en sus reuniones con los populares no han percibido una voluntad clara de bloquear la tramitación, aunque la firme oposición de CEOE les complica la situación. Desde el entorno de Pedro Sánchez se veía con buenos ojos un pacto previo con los empresarios que facilitara el apoyo del PP. En esta línea, el responsable económico del partido, Juan Bravo, declaró en TVE que están en contra de cualquier medida que no cuente con el acuerdo de patronal y sindicatos. Sin embargo, es la estrecha relación entre Junts y Foment del Treball lo que más preocupa al sector socialista, que ha centrado sus esfuerzos en lograr el respaldo de Carles Puigdemont. Aunque Yolanda Díaz mantiene contacto con él, todavía no han tratado este asunto en concreto. En Sumar confían en que avances en otros temas creen un clima favorable que permita una negociación de última hora. Están abiertos a introducir cambios mediante enmiendas parciales, pero creen que la reducción de jornada es una medida con amplio apoyo ciudadano, incluso entre votantes del PP y Vox, lo que hace difícil su rechazo. El resultado ideal para los empresarios sería la devolución del texto al Gobierno y que las condiciones laborales se renegociaran a través de la negociación colectiva. Pero, dado que este escenario se aleja, ya se preparan para influir en el contenido de la ley mediante enmiendas al articulado que suavicen sus efectos. Aunque aún no han trascendido detalles específicos, algunas de las propuestas que podría aceptar la izquierda no convencen al empresariado. El Gobierno se muestra dispuesto a incluir incentivos como bonificaciones por nuevas contrataciones o ayudas a pequeñas empresas a cambio de aplicar la reducción de jornada. Aunque estas medidas se debatieron en su momento, no se incorporaron al texto inicial por el rechazo de CEOE y Cepyme. Sin embargo, las patronales consideran que este tipo de ayudas son solo soluciones temporales frente al incremento estructural de los costes laborales que implicaría la medida. Otro punto que podría negociarse son las excepciones para el sector agrícola en cuanto a la obligación de desconexión digital y el registro horario, tal como recomendó el Consejo Económico y Social en su informe, recogiendo las demandas de Asaja, COAG y UPA. Mientras tanto, desde la CEOE advierten que la incertidumbre sobre cuál será la jornada legal el próximo año está dificultando los acuerdos en la negociación colectiva, provocando una caída en la firma de convenios en comparación con años anteriores.

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(La Razón, 28-04-2025) | Laboral

El gasto en pensiones en abril supera los 13.500 millones y la pensión media de los nuevos jubilados asciende a 1.600 euros

El gasto en pensiones continúa creciendo sin freno. Un mes más, la Seguridad Social ha alcanzado una cifra récord en el desembolso destinado a las pensiones contributivas. En abril, la nómina mensual para cubrir estas prestaciones asciende a 13.515,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,3% respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento se debe, en parte, a la revalorización general del 2,8% aplicada este año, así como a las subidas de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas, además del progresivo envejecimiento de la población. Asimismo, la pensión media del sistema se ha consolidado por encima de los 1.300 euros, una barrera que ya se superó en marzo. En abril, esta cifra alcanza los 1.309,1 euros. En el caso de las nuevas pensiones de jubilación, el importe medio mensual ya supera los 1.600 euros, y dentro del Régimen General se sitúa por encima de los 1.700 euros. Según datos del Ministerio de Seguridad Social, el número de pensiones también ha registrado un nuevo máximo, con 10.324.244 prestaciones abonadas, un 1,7% más que en abril del año anterior. Esta cifra histórica también se refleja en el número de pensionistas, que ya supera los 9,3 millones de personas. La distribución por género es casi paritaria: 4,7 millones son hombres y 4,6 millones, mujeres, aunque las diferencias en las cuantías que reciben siguen siendo notables. Como es habitual, la mayor parte del gasto corresponde a las pensiones de jubilación, que representan el 73,1% del total, con un coste de 9.882,3 millones de euros. A las pensiones de viudedad se han destinado 2.192,9 millones, a las de incapacidad permanente 1.225,8 millones, a las de orfandad 178 millones, y a las prestaciones a favor de familiares, 36,1 millones. La pensión media global -que incluye jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones familiares- se sitúa en 1.309,1 euros al mes, un 4,5% más que hace un año. Por su parte, la pensión media de jubilación, que reciben más de dos tercios de los pensionistas (6,4 millones de personas), alcanza los 1.503,3 euros mensuales, lo que representa un incremento del 4,46% con respecto a abril de 2024, cuando era de 1.439,1 euros. En cuanto a los distintos regímenes, la pensión media de jubilación en el Régimen General asciende a 1.663,2 euros mensuales. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, esta se sitúa en 1.007,8 euros. En el caso de la Minería del Carbón, alcanza los 2.898,1 euros, y en el Régimen del Mar, los 1.663,3 euros. Respecto a las pensiones de viudedad, la media mensual se sitúa en 933,5 euros. Para las nuevas altas de jubilación, la pensión media fue de 1.600,2 euros en marzo, mientras que en el Régimen General esta ascendió a 1.703 euros. Por otro lado, la nómina correspondiente al Régimen de Clases Pasivas -que incluye a los funcionarios del Estado- alcanzó en marzo los 1.668,2 millones de euros, un 5,9% más que en el mismo mes del año anterior. Este crecimiento se explica por el aumento de nuevas jubilaciones, que ya suman 724.315, un 2% más interanual. Este régimen cubre principalmente al personal militar y civil de la Administración General del Estado, la Justicia, las Cortes Generales, otros órganos constitucionales y a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

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(Expansión, 25-04-2025) | Laboral

La pensión de jubilación crecerá casi un 25%, hasta los 2.000 euros al mes

La decisión de vincular las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC), establecida por ley en la reforma llevada a cabo entre 2021 y 2023, provocará un crecimiento sostenido en el valor de las prestaciones que abona la Seguridad Social en los próximos años. Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), estas medidas, junto con la derogación de la reforma de 2013 impulsada por el Partido Popular, harán que la pensión media aumente entre un 20,5% y un 24,3% de aquí a 2050. Tomando como referencia la pensión más común del sistema -la de jubilación en el régimen general de asalariados, que perciben casi la mitad de los pensionistas, unos 4,8 millones de personas- y que actualmente se sitúa en 1.662 euros mensuales, se prevé un incremento de aproximadamente 403 euros al mes, alcanzando los 2.065 euros en el año 2050. La Airef desglosa cómo cada una de las medidas adoptadas impacta en este crecimiento. El factor principal que impulsa este aumento es la sustitución del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), introducido en 2013 y que limitaba la subida de las pensiones a un 0,25% en caso de desequilibrio financiero, por la actualización conforme al IPC. Esta modificación explica por sí sola un aumento de 20 puntos porcentuales en las próximas dos décadas y media. A esto se suma la eliminación del llamado factor de sostenibilidad -que no llegó a aplicarse pero preveía reducir la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida-, lo cual supone un incremento adicional del 7% en la pensión media. Por otro lado, el nuevo método para calcular la pensión en función de los años cotizados reduciría ligeramente la cuantía media (en torno a un punto porcentual para 2050), mientras que el desfase entre el aumento de la base máxima de cotización y el tope de la pensión máxima también restaría 5 puntos porcentuales al crecimiento. En cambio, las mejoras en las pensiones mínimas y no contributivas añadirían otro punto porcentual al aumento global. Aún se mantiene una incertidumbre respecto al efecto que puedan tener las decisiones de los nuevos jubilados en relación con adelantar o retrasar su retiro. La Airef contempla que la jubilación anticipada podría influir entre -1 y +1 puntos porcentuales en la pensión media, mientras que el retraso voluntario podría tener un impacto de entre -0,5 y +1,3 puntos, dependiendo del grado de acogida de los incentivos previstos por la reforma. Si se consideran otros regímenes de pensión, también se prevén subidas importantes: por ejemplo, la pensión media de jubilación de los autónomos pasaría de 1.007 a 1.251 euros mensuales; la de los trabajadores del mar, de 1.660 a 2.063 euros; la de los mineros del carbón, de 2.896 a 3.600 euros; las jubilaciones por accidente de trabajo, de 1.566 a 1.946 euros; y las pensiones derivadas de accidente laboral, de 1.962 a 2.438 euros al mes. En todo caso, los documentos técnicos de la Airef, que sirvieron como base para que la reforma superara recientemente su primer examen parlamentario por un estrecho margen, alertan de la creciente presión que estas medidas ejercerán sobre las finanzas de la Seguridad Social. En su primer informe sobre la regla de gasto en pensiones, presentado este lunes, la Airef señala que las previsiones actualizadas de la Comisión Europea -basadas en los datos de 2022 y 2023- sitúan el gasto en pensiones en un 14,6% del PIB entre 2022 y 2050. Asimismo, calcula que las medidas para aumentar los ingresos representarían un 1,4% del PIB en ese mismo periodo, por lo que se cumpliría la regla de gasto acordada con la UE, al situar el gasto neto en pensiones en un promedio del 13,2%, ligeramente por debajo del límite pactado del 13,3%. Sin embargo, la Airef prevé un aumento total del gasto en pensiones de 3,4 puntos del PIB para 2050, lo que representa un incremento de cuatro décimas respecto a su previsión anterior. Así, el gasto pasaría del 12,7% del PIB en 2022 al 16,1% en 2050, lo que evidencia una mayor presión financiera sobre el sistema a largo plazo.

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(Expansión, 25-04-2025) | Laboral

El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene previsto activar la próxima semana la fase decisiva de la reforma que propone la reducción de la jornada laboral. Lo hará mediante la aprobación del proyecto en segunda vuelta durante el Consejo de Ministros. Después del visto bueno inicial al anteproyecto de ley el pasado 4 de febrero, se espera que el martes el Ejecutivo convierta oficialmente el texto en proyecto de ley, tras haber superado los trámites requeridos, entre ellos el dictamen del Consejo Económico y Social (CES). De esta forma, la iniciativa podrá ser enviada al Congreso para su tramitación por la vía de urgencia con vistas a su aprobación definitiva. No obstante, este movimiento se produce en un contexto de incertidumbre política, ya que el Gobierno todavía no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso para garantizar la aprobación de la ley. La clave vuelve a estar en manos de Junts, formación que inicialmente se ha mostrado contraria al texto, aunque ha dejado la puerta abierta a posibles negociaciones para modular los términos de la jornada de 37,5 horas semanales. Por su parte, el PNV, aunque escéptico, ha adoptado una actitud más flexible, dado que muchos convenios en el País Vasco ya contemplan jornadas cercanas a ese umbral. En cambio, el Partido Popular mantiene su rechazo, argumentando que la reforma se ha impulsado sin acuerdo con las organizaciones empresariales, como la CEOE y Cepyme, que participan en el diálogo social. A día de hoy, el Ministerio de Trabajo aún no tiene garantizada la mayoría necesaria para sacar adelante la propuesta legislativa, lo que genera dudas sobre su aprobación, especialmente en los plazos que maneja Yolanda Díaz. Desde su departamento se esperaba que la aprobación en segunda vuelta dejara un margen suficiente para que la norma pudiera ver la luz en mayo. Esto era clave para cumplir con la disposición transitoria que obliga a las empresas con jornadas superiores a 37,5 horas a renegociar sus convenios antes del 31 de diciembre. Dado el calendario actual, el Ejecutivo se verá obligado a revisar estos plazos, ya que en el mejor de los casos las compañías contarían con apenas cinco meses para adaptarse. Actualmente, la única opción viable para lograr la aprobación pasa por convencer a Junts. Sin embargo, hay múltiples barreras en ese camino. Por ejemplo, el desacuerdo con las patronales ha dejado la medida sin compensaciones económicas para las empresas, y la CEOE estima que el coste de reducir la jornada de 40 a 37,5 horas podría ascender a unos 23.000 millones de euros. Este impacto recaería principalmente sobre pequeñas y medianas empresas y autónomos con empleados, ya que muchas grandes empresas ya operan con jornadas similares a las propuestas. En este contexto, sectores como el de servicios en Cataluña -donde Foment y Pimec han mostrado su preocupación- dificultan que Junts modifique su postura. Fuentes empresariales han señalado a EXPANSIÓN que existe un canal de comunicación con Carles Puigdemont para consolidar el rechazo a la propuesta, lo que complicaría aún más las posibilidades del Gobierno. Desde el Ministerio de Trabajo también confirman contactos con el líder de Junts, aunque reconocen que la formación independentista no ha cambiado su posición desde la aprobación del anteproyecto en febrero. Pese a todo, la presión sindical ha sido decisiva para que Yolanda Díaz impulse esta etapa del proceso legislativo. Tanto UGT como CCOO han expresado su respaldo a avanzar con la medida, aunque reconocen las dificultades que implica negociar con los distintos grupos parlamentarios. Los sindicatos, sin embargo, no creen que la norma pueda aprobarse sin modificaciones. Entre los posibles ajustes que se barajan está la recuperación de ayudas económicas para las pymes, algo que podría resultar esencial para conseguir apoyos adicionales. Aspectos como los incentivos económicos, la implementación gradual de la medida y el respeto a los convenios existentes generaron también tensiones dentro del propio Gobierno. De hecho, estas diferencias provocaron roces entre Yolanda Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien se ha mostrado más favorable a flexibilizar los términos de la reforma. Cabe recordar que esta reducción de jornada -que irá al Consejo de Ministros el próximo martes, tal como anunció Díaz durante la clausura del Congreso de CCOO Industria- contempla la bajada de las 40 horas semanales actuales a 37,5. Junto a esta medida, se introducirá una reforma del sistema de control horario, que deberá ser objetivo, fiable, accesible e interoperable, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada. El Ministerio de Trabajo estima que actualmente se realizan en España más de 6 millones de horas extra no remuneradas por semana, cifra que se ha reducido a 2,5 millones pero que aún requiere avances. El proyecto de ley también incluye el derecho a la desconexión digital, para proteger el descanso y la intimidad de los trabajadores. Además, en caso de incumplimiento del registro horario, se contemplan sanciones por cada trabajador afectado si no se lleva un control o si los datos son manipulados. Las infracciones que supongan riesgos graves para la salud y seguridad de los empleados por una mala organización del tiempo de trabajo serán consideradas muy graves, y podrán acarrear multas que van desde 1.000 hasta 10.000 euros.

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(El Periódico, 25-04-2025) | Laboral

Reducir la jornada a 37,5 horas podría costar 47.700 millones si no va acompañada de mayor productividad

Desde comienzos de la década de 1980, España ha experimentado una disminución gradual en las horas de trabajo estipuladas en los convenios colectivos. Mientras que en 1983 la jornada media superaba las 40 horas semanales, en 2022 se redujo a 38,2 horas. Esta evolución ha sido posible gracias a la negociación colectiva, un mecanismo fundamental que ha permitido adaptar la duración de la jornada a las necesidades específicas de cada sector sin poner en riesgo la viabilidad empresarial. No obstante, la jornada media actual todavía excede el objetivo de reducción propuesto de 37,5 horas semanales, lo que implicaría una disminución adicional del 2,8%. Este cambio afectaría a aproximadamente el 76,1% de los asalariados que están bajo el paraguas de un convenio colectivo, es decir, unos 9,8 millones de personas. ¿Por qué no todas las empresas han reducido su jornada laboral? Aunque la tendencia general ha sido de reducción progresiva, existen marcadas diferencias entre sectores. Actividades como la hostelería, el comercio, la agricultura y ganadería, y el sector inmobiliario siguen registrando jornadas pactadas superiores a las 39 horas semanales en más del 90% de sus plantillas. Este desfase se debe, en gran parte, a factores organizativos y productivos. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del tejido empresarial español, suelen tener menores niveles de productividad y una capacidad limitada para reorganizar sus recursos humanos o afrontar costes adicionales derivados de la reducción de jornada. Según un informe de CEPYME sobre el impacto de esta medida en las pymes, imponer una reducción generalizada a 37,5 horas semanales sin haber sido previamente negociada en los convenios podría suponer un coste directo de 13.900 millones de euros anuales, debido a las horas no trabajadas pero sí remuneradas. A este coste directo se añadiría otro impacto indirecto de unos 33.800 millones de euros, relacionado con el valor añadido bruto que se dejaría de generar por la disminución de la actividad productiva. En conjunto, el coste económico total ascendería a unos 47.700 millones de euros anuales, lo que resulta especialmente preocupante en un contexto en el que la productividad lleva más de una década estancada. En 2024, la productividad por trabajador en España sigue siendo similar a la de 2012, lo que revela un problema estructural de fondo. Mientras que las grandes empresas superan los 90.000 euros de valor añadido bruto por empleado, las microempresas apenas alcanzan los 34.000 euros. También la rentabilidad empresarial es un factor clave. Las pymes españolas se encuentran entre las menos rentables de Europa, con un margen del 8,8% sobre ventas, solo por encima de Francia, según datos de CEPYME. Además, el impacto de una reducción de jornada no sería igual en todos los sectores. Según el informe, cinco áreas verían afectada la jornada del 90% o más de sus trabajadores: inmobiliarias (99,5%), hostelería (99%), agroganadería (96,8%), comercio (96,7%) e información y comunicaciones (90,3%). Estos sectores no solo concentran millones de empleos, sino que también son intensivos en mano de obra y presentan niveles de productividad más bajos que el promedio. Por tanto, una reducción brusca de la jornada sin medidas de apoyo podría poner en riesgo su sostenibilidad. Ante esta situación, CEPYME recomienda que cualquier reducción del tiempo de trabajo se vincule al contexto productivo de las empresas. La organización subraya que estas medidas deben estar acompañadas de mejoras en eficiencia y en innovación tecnológica, especialmente en las pymes. Además, recalca la importancia de seguir apostando por la negociación colectiva como vía preferente para implementar estos cambios, garantizando así tanto la estabilidad laboral como la continuidad empresarial.

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(El Periódico, 25-04-2025) | Laboral

La incapacidad permanente ya no será causa automática de despido en España

En una jornada considerada como "histórica" por organizaciones sociales y sindicatos, el Pleno del Senado dio este martes 22 de abril su visto bueno definitivo al Proyecto de Ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social. Con esta aprobación, se elimina el despido automático de las personas que obtienen una incapacidad permanente. El resultado de la votación fue contundente: 251 votos a favor, solo tres en contra (correspondientes a Vox) y ninguna abstención. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, bajo la dirección de Yolanda Díaz, tiene como objetivo proteger el derecho de las personas con discapacidad a conservar su empleo si así lo desean. Para ello, se prioriza la posibilidad de realizar ajustes razonables en sus funciones laborales antes de optar por finalizar su contrato. De acuerdo con la nueva normativa, los trabajadores que reciban el reconocimiento de una incapacidad permanente -ya sea total, absoluta o de gran invalidez- dispondrán de un mes para decidir si quieren continuar trabajando. Si optan por seguir, la empresa contará con un plazo de hasta tres meses para adaptar su puesto o reubicarlos conforme a sus nuevas capacidades. Uno de los puntos clave de la reforma es que el despido solo podrá ejecutarse si se demuestra que los ajustes necesarios suponen una "carga excesiva" para la empresa. Gracias a una enmienda de Podemos, se estableció que esta carga no se considerará excesiva si los gastos derivados de la adaptación no superan el coste de una indemnización por despido o el equivalente a seis meses de salario. Mientras se lleva a cabo este proceso, el trabajador continuará percibiendo el subsidio por incapacidad temporal, lo que garantiza su cobertura económica. Esta reforma también responde a una demanda del Tribunal Supremo y se ajusta a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), valoró muy positivamente el consenso político alcanzado: "Esta puede ser la reforma laboral más relevante de la legislatura para las personas con discapacidad". Además, el texto incluye una cláusula que obliga al Gobierno a legislar en el plazo de un año para facilitar la adaptación de los puestos de trabajo de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército que hayan adquirido alguna discapacidad. "La práctica del despido automático por incapacidad permanente era una forma de discriminación histórica", afirmó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien celebró la aprobación de esta ley como "un paso decisivo hacia la justicia social y la ampliación de los derechos laborales".

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(El Economista, 25-04-2025) | Laboral

España cerró el año 2024 con 940.000 menores de 30 años que ni estudian ni trabajan

España concluyó el año 2024 con 940.000 jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, la cifra más baja registrada en un cuarto trimestre desde que existen datos. Esto sitúa la tasa de 'ninis' en el 11,8% de los jóvenes, una reducción respecto al 12,6% del año anterior. No obstante, esta proporción aún supera la media de la zona euro y sigue lejos de los países líderes como Países Bajos, donde solo el 5% de los jóvenes se encuentra en esta situación, según los datos publicados por Eurostat. Además, el ritmo de mejora se ha desacelerado notablemente desde el impulso inicial tras la pandemia. Las principales barreras que frenan un mayor avance siguen siendo el elevado desempleo juvenil y el abandono escolar, dos ámbitos en los que España encabeza las estadísticas europeas. Surge entonces la pregunta: ¿ha llegado España al límite de reducción de su tasa de 'ninis'? ¿Estamos ante un umbral estructural que solo podría superarse mediante reformas de gran calado, más ambiciosas que las realizadas hasta ahora? La evolución histórica muestra que el punto más crítico se alcanzó entre finales de 2012 y principios de 2013, cuando los 'ninis' superaban el 23% del total de jóvenes, es decir, 1,7 millones de personas menores de 30 años. Desde entonces, la cifra ha descendido de forma notable, aunque con un repunte en 2020 por los efectos de la pandemia. En los últimos años, sin embargo, la tendencia a la baja ha perdido fuerza. Esta desaceleración es especialmente visible en el grupo de jóvenes entre 15 y 24 años. Al cierre de 2024, 540.000 de ellos no estudiaban ni trabajaban, lo que representa un 9,9% de esa franja de edad. Aunque esta es también una cifra mínima para un fin de año, algunos trimestres de 2023 mostraron datos aún más bajos. Actualmente, los jóvenes de entre 15 y 24 años suponen el 56,1% del total de 'ninis', el porcentaje más alto de toda la serie histórica. Esto indica que la problemática se concentra sobre todo en quienes acaban de abandonar el sistema educativo (independientemente de si han terminado sus estudios o no) y tratan de incorporarse al mercado laboral. España ha logrado reducir su distancia con la media de la Unión Europea y la zona euro hasta su nivel más bajo: solo siete décimas, cuando en los peores años de la crisis llegó a haber casi siete puntos de diferencia. A pesar de ello, el país apenas ha escalado posiciones en el ranking europeo: ha pasado del quinto al octavo lugar entre los países con mayor tasa de 'ninis'. En este proceso ha mejorado respecto a países como Francia (12,7%) y mantiene ventaja frente a Italia (15,2%). Sin embargo, aún se encuentra lejos de otros vecinos como Portugal (8,6%), Alemania (8,5%) y, en especial, Países Bajos (5%). Es importante señalar que en España, el fenómeno de los 'ninis' suele estar mal interpretado. Se tiende a asociar con jóvenes desmotivados que ni estudian ni buscan empleo, cuando en realidad la mayoría de ellos son desempleados activos, es decir, personas que quieren trabajar pero no encuentran empleo. Esto revela un desajuste entre el sistema educativo y las demandas del mercado laboral. España sigue teniendo la tasa de desempleo juvenil más alta de la UE: un 25,3% entre los menores de 25 años, frente a una media europea del 14,7%. Además, la diferencia entre esta tasa y el paro general del país (10,8%) es abismal. Incluso supera al 9,9% de jóvenes 'ninis' de esa edad, lo que sugiere que una buena parte de los desempleados jóvenes sigue formándose. Es llamativo que España tenga una tasa de 'ninis' inferior a la de países con tasas de desempleo más elevadas. Esto plantea la duda de si el problema reside en la falta de educación o en la escasa utilidad de la formación recibida para acceder al mercado laboral. En respuesta a esto, España ha apostado por reforzar la Formación Profesional Dual, aunque aún se encuentra lejos de modelos más consolidados como el alemán o el neerlandés. Sin embargo, el problema también afecta a jóvenes con estudios universitarios, que a pesar de prolongar su etapa formativa, tienen dificultades para encontrar empleo. Por este motivo, la Comisión Europea amplía su análisis hasta los menores de 30 años, entre los que España registra una tasa de desempleo del 19,1%, frente al 11,25% de la media comunitaria.

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