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(Expansión, 24-11-2025) | Laboral

La campaña de Navidad generará 127.000 empleos

El buen rendimiento del comercio, la hostelería y el transporte impulsará la creación de empleo durante la campaña de Navidad -que arranca con el Black Friday y se prolonga hasta las rebajas de enero- con más de 127.000 nuevas incorporaciones, según las previsiones de las agencias de colocación. La patronal Asempleo estima que en estas fechas se sumarán al mercado laboral unas 127.000 personas, un 2% más que el año anterior, gracias especialmente al crecimiento del comercio electrónico y de los servicios de mensajería. En total, entre noviembre y enero se firmarán 993.000 contrataciones de puesta a disposición, un 2,3% más, destinadas a cubrir la rotación de personal y las necesidades temporales de las empresas. De ellas, más de 600.000 serán contratos iniciales gestionados por las ETT. Los sectores del comercio, la hostelería y el transporte absorberán aproximadamente el 40% del total. Asempleo señala que la recuperación del consumo interno y el aumento de las compras online permitirán que muchos de estos contratos continúen hasta enero, de modo que tres de cada diez trabajadores temporales podrán mantener su empleo al finalizar la campaña. "El gasto se adelanta y, por tanto, también la contratación: las compras empiezan antes y las empresas refuerzan sus equipos", explica a Efe el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas. Aun así, advierte de que podría apreciarse cierta "moderación" en el consumo. Cruañas alerta también sobre las vacantes sin cubrir, las altas tasas de paro juvenil y el desempleo de larga duración, especialmente entre quienes superan los 55 años, y prevé que estos desafíos podrían agravarse en 2026 debido a una desaceleración del PIB y del empleo. "El año cerrará con cifras destacadas en el mercado laboral, pero no debemos ignorar los problemas estructurales", añade. Adecco, por su parte, calcula que la campaña navideña generará un aumento del 5% en la contratación, con cerca de un millón de empleos temporales entre noviembre de 2025 y enero de 2026, según su director comercial, Juan Francisco Rodríguez. Como es habitual, los sectores que más aumentarán sus plantillas serán el transporte y la logística (alrededor del 25% del total), la hostelería (cerca del 10%) y el comercio (entre un 5% y un 8%). En cuanto a los perfiles más buscados, la logística requerirá empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y repartidores, así como personal de atención al cliente debido al auge del comercio online. El comercio reforzará sus equipos con dependientes, promotores y profesionales de ventas, valorando especialmente la cercanía en el trato, las habilidades comunicativas y las competencias digitales. Según Randstad, el empleo generado durante estas fiestas se mantendrá estable respecto al año pasado, con unas 110.830 incorporaciones, debido en parte a que muchas empresas recurren nuevamente a trabajadores fijos discontinuos. Por sectores, el 59,3% de los contratos se concentrará en transporte y logística -65.700 contratos, un 6,8% menos-, mientras que el comercio sumará 45.100 empleos, lo que supone un incremento interanual del 12,1%. Por comunidades autónomas, Cataluña volverá a encabezar el volumen de contratación, con 19.680 incorporaciones, seguida de Andalucía (18.680) y Madrid (18.180). No obstante, Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha serán las regiones que más crecerán en comparación con el año anterior, según datos de Randstad.

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(Expansión, 24-11-2025) | Laboral

Sumar propone una renta básica universal para los jóvenes de 550 euros al mes entre los 18 y 21 años

En su conferencia política, Movimiento Sumar ha propuesto implantar una Renta Básica Juvenil universal de 550 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 21 años. Esta medida se plantea como "primer paso" hacia la creación de un ingreso garantizado para toda la ciudadanía. Además, la formación apuesta por reducir la jornada laboral a 32 horas semanales, manteniendo así el compromiso aprobado en su segunda asamblea estatal, una propuesta más ambiciosa que la reducción a 37,5 horas que plantea el Ministerio de Trabajo dentro del pacto de coalición con el PSOE. Estas iniciativas figuran en las resoluciones aprobadas por el plenario de la conferencia política, que también incluyen transporte público gratuito para jóvenes, una bajada del precio del alquiler y el descenso de la edad para votar a los 16 años. Asimismo, Sumar reclama establecer una prestación universal por crianza -una demanda que ya ha trasladado para la elaboración de los próximos Presupuestos Generales- y aboga por una reforma fiscal que incremente la contribución de las grandes fortunas mediante nuevos impuestos, con el objetivo de mejorar la redistribución de la riqueza. La organización ha subrayado que uno de los ejes de este encuentro, concebido como un espacio de renovación ideológica antes del nuevo ciclo electoral, es articular una agenda política que reconecte con la juventud. En este marco destaca la propuesta de una Renta Básica juvenil durante tres años. Desde sus inicios, Sumar ha defendido la creación de una "herencia universal", un compromiso incluido en su programa para las elecciones del 23J. Esta medida consistiría en entregar 20.000 euros a los jóvenes al alcanzar la mayoría de edad social, con el fin de facilitar la inversión en estudios o proyectos emprendedores. Una de las resoluciones aprobadas se centra en este colectivo y lleva por título "No somos el futuro, somos el presente". En ella se rechaza la idea de que las nuevas generaciones sean mayoritariamente conservadoras, calificándola de "mito construido" que beneficia únicamente "a los poderosos y a los movimientos reaccionarios". El texto defiende que la realidad es distinta: una juventud activa, inconformista y presente en movilizaciones por Palestina, contra el racismo, por el clima, el feminismo y los derechos LGTBIQA+. También reclama que los jóvenes tengan un papel relevante "sin tutelas ni paternalismo", así como políticas que garanticen el acceso a la vivienda y una intervención urgente en el mercado inmobiliario. Sumar se compromete, además, a librar la "batalla cultural" para fortalecer las ideas progresistas y aumentar la visibilidad política de este sector de la población. Por su parte, la resolución titulada "Un proyecto para el siglo XXI: nuevos derechos contra la desigualdad" subraya la importancia de garantizar "vidas asequibles" a través de servicios públicos sólidos. Advierte de que la desigualdad alimenta la desafección política y favorece a las derechas. La vivienda vuelve a aparecer como prioridad, con propuestas como prohibir la compraventa especulativa de inmuebles y frenar la lógica del rentismo. También insiste en reforzar la sanidad pública, que consideran amenazada por los procesos de privatización en comunidades gobernadas por el PP, y asegurar el derecho al aborto. "Vamos a promover un proyecto político que no solo responda a las necesidades actuales, sino también a las de las próximas generaciones, situando el gasto social en los pilares del Estado del Bienestar y en la media de la zona euro. Tenemos nuevos desafíos y nuevos adversarios, y por ello necesitamos nuevas respuestas para garantizar vidas dignas", recoge el texto citado por Europa Press, donde también se destaca la necesidad de regularizar a las personas migrantes en situación irregular.

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(El Economista, 24-11-2025) | Laboral

El salario de los trabajadores públicos crecerá en 3.600 euros con la subida planteada por el Gobierno

El Ministerio de Función Pública presentó el pasado jueves su propuesta más reciente para incrementar los salarios de los empleados públicos durante los años 2025, 2026, 2027 y 2028. El departamento dirigido por Óscar López planteó una subida total del 11% para el conjunto de las retribuciones en ese periodo, oferta sobre la que los sindicatos fijarán su postura definitiva tras la reunión de este lunes. Si esta propuesta se aplicara, el personal laboral del Grupo 1 vería aumentada su nómina en 3.588,66 euros para 2028, pasando de los actuales 32.624,20 euros a 36.212,86 -sin incluir trienios ni otros complementos-. En el caso del funcionariado del subgrupo A1, el más alto, el salario base se incrementaría en 1.941,11 euros en cuatro años. Así, su retribución pasaría de los 17.646,46 euros actuales a 19.587,57. Para obtener una imagen más ajustada del sueldo anual, es necesario añadir el complemento de destino, cuyo nivel máximo asciende en este grupo a 33.952,82 euros. Con ello, la retribución total alcanzaría los 53.540,39 euros anuales, a los que habría que sumar los complementos específicos asociados a cada puesto. Si se analiza el grupo con mayor número de empleados, el C1, sus integrantes disfrutarían en 2028 de un salario fijo 1.307,30 euros superior al actual: pasaría de 11.884,58 euros al año a 13.191,88. A esta cantidad se le añadiría el complemento de destino, cuyo nivel más alto en esta categoría asciende a 20.466,44 euros. De este modo, el salario total anual se situaría en 33.658,32 euros. Estas cifras podrían aumentar aún más si finalmente se actualizan elementos retributivos variables. Según informó Csif tras la reunión del miércoles -en la que los sindicatos rechazaron una propuesta previa del 10% por considerarla insuficiente-, el Gobierno planteó revisar los complementos de residencia e insularidad, además de las cuantías por razón de servicio (dietas de alojamiento y manutención). Todo ello quedaría sujeto a que se cierre un acuerdo con las organizaciones sindicales para un nuevo Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, aplicable entre 2026 y 2028. Las conversaciones para este pacto comenzaron hace apenas tres semanas, en un contexto de protestas sindicales por la falta de avances en la negociación colectiva y ante la amenaza de una huelga general en diciembre. En la primera concentración, la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, se reunió con los representantes de los empleados públicos para fijar un calendario de encuentros y avanzar en los distintos bloques del acuerdo. En la primera reunión, centrada en el empleo, el Ministerio se comprometió a suprimir de forma gradual la tasa de reposición y sustituirla por un sistema alternativo de planificación de personal. Otro asunto prioritario es la agilización de los procesos selectivos: los sindicatos reclaman que no transcurra más de un año desde la oferta de una plaza hasta su cobertura efectiva -cuando actualmente el tiempo medio ronda los tres años-. Para ello, Función Pública ve necesario un plan de choque que permita dimensionar adecuadamente las plantillas y mejorar la calidad de los servicios públicos. También se abordó la mejora de la carrera profesional y el refuerzo de la promoción interna. En este punto, el Ministerio acordó reservar un 50% de las plazas de las próximas ofertas públicas para procesos de promoción interna, regulados mediante concurso de méritos. En estos momentos, la negociación gira en torno a las retribuciones. Hasta ahora, el único sindicato que ha respaldado la subida del 11% es UGT, que valora positivamente el incremento de 2.000 millones respecto a la oferta inicial, lo que situaría el gasto del Estado en salarios públicos entre 2025 y 2028 en unos 222.000 millones de euros. La reunión de hoy será clave para saber si CCOO y Csif mantienen su rechazo por considerar insuficiente la propuesta o si deciden reconocer el avance del Gobierno y continuar con el proceso negociador.

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(El Economista, 24-11-2025) | Laboral

Trabajo propone ampliar las horas "liberadas" de los delegados de prevención en un 20%

El Ministerio de Trabajo pretende incrementar el número de horas retribuidas de las que disponen los delegados de prevención de riesgos laborales para ejercer sus funciones -participar en tareas preventivas, fomentar la colaboración de la plantilla en el cumplimiento de la normativa, asesorar al empresario en cuestiones de seguridad y salud o supervisar la aplicación de las medidas preventivas-. La propuesta impulsada por Yolanda Díaz plantea ampliar en un 20% este crédito horario, que actualmente depende del tamaño de la empresa. Esta iniciativa forma parte de las propuestas que Trabajo ha trasladado a la mesa de diálogo social encargada de negociar, desde hace casi dos años, la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, según ha sabido elEconomista.es. El objetivo es modificar el crédito horario de los delegados de prevención, de forma que en las empresas con plantillas más amplias puedan llegar a contar con hasta ocho horas adicionales al mes, equivalentes a una jornada laboral completa. El borrador presentado a mediados de mes -al que ha tenido acceso este medio- recoge la intención de Trabajo de modificar el artículo 37 de la Ley de Prevención de Riesgos para sumar ese 20% extra a las horas previstas para los representantes de los trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores. Actualmente la normativa establece 15 horas mensuales para delegados en empresas de menos de 100 empleados, 20 horas para aquellas con entre 100 y 250, 30 horas para plantillas de hasta 500 trabajadores, 35 horas para empresas de entre 500 y 600 empleados y 40 horas para compañías con más de 650, equivalentes a una semana laboral completa. Con el cambio planteado, esas cifras pasarían a ser 18, 24, 36, 42 y 48 horas mensuales, respectivamente. Esta ampliación afectaría únicamente a los delegados de prevención, ya que el Estatuto de los Trabajadores seguiría sin modificarse para el resto de representantes del personal. El equipo de Yolanda Díaz también ha introducido en la nueva propuesta otros ajustes respecto a borradores anteriores, como elevar de 31 a 50 el número mínimo de trabajadores requerido para constituir un Comité de Seguridad y Salud. Según el tamaño de la empresa, se asignarán entre dos y ocho delegados de prevención; si no se alcanza ese mínimo, serán los delegados de personal quienes asuman estas competencias. Además, se plantea crear la figura de agentes territoriales de prevención -designados por sindicatos y patronal- para empresas con menos de 10 empleados donde no haya representación sindical. El Ejecutivo propone asimismo crear un nuevo interlocutor en las pequeñas empresas que tengan externalizado el servicio de prevención, para asumir funciones que el empresario no pueda desempeñar por falta de medios o formación. Esta figura se desarrollaría posteriormente en un reglamento, si la reforma lograse los apoyos necesarios en el Congreso, donde por ahora no cuenta con respaldo suficiente. El núcleo de la reforma, no obstante, busca dar mayor peso a los riesgos laborales que afectan a la salud mental. Trabajo propone que las empresas realicen evaluaciones diferenciadas para identificar riesgos psicosociales y adopten medidas específicas para prevenirlos o mitigarlos, algo que la normativa actual no exige de forma explícita. El nuevo texto amplía también el concepto de "daños derivados del trabajo" para incluir los ámbitos físico, cognitivo, emocional, conductual y social. Esto, explican fuentes del diálogo social, facilitaría que determinadas patologías de salud mental puedan reconocerse como accidentes laborales, aunque no las convertiría automáticamente en enfermedades profesionales. Por otro lado, los sindicatos consideraban esencial incorporar la perspectiva de género en la identificación de riesgos y en el diseño de medidas preventivas, aspecto que esta propuesta también integra. Asimismo, se añaden nuevas definiciones relacionadas con la edad, la violencia o el acoso laboral y las ausencias prolongadas por motivos de salud, y se adapta la normativa a nuevas realidades como el cambio climático, el teletrabajo o la digitalización.

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(El Economista, 24-11-2025) | Laboral

El Tribunal Supremo dictamina que el Plus de Toxicidad solo se percibe por días de trabajo efectivo y no por festivos y vacaciones

El Tribunal Supremo ha determinado que el plus de toxicidad debe abonarse únicamente por los días en los que el trabajador presta servicios de forma efectiva, y no por días naturales. Con esta resolución, la Sala de lo Social unifica criterios y pone fin a las discrepancias que venían produciéndose en juzgados y tribunales inferiores. La Sala Cuarta fundamenta su decisión en que el plus de toxicidad es un complemento vinculado al puesto de trabajo, tal como recoge el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores. Según la sentencia, estos complementos tienen como finalidad compensar al trabajador por las condiciones especiales en las que desarrolla su actividad. Por ello, el fallo subraya que se trata de un complemento "no consolidable", salvo que exista un pacto explícito que indique lo contrario. En esta línea, Alfredo Aspra, abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados, señala que esta resolución supone "una clarificación relevante para las empresas y trabajadores sometidos a convenios que incluyen complementos salariales relacionados con la penosidad, toxicidad o peligrosidad". Según explica, el Supremo establece que el derecho a percibir estos pluses está directamente ligado a la realización efectiva de las tareas que implican dichas condiciones especiales. En consecuencia, el plus solo debe pagarse por los días en que realmente se trabaja en las circunstancias que justifican su existencia, y no durante todo el mes. Por esa misma razón, el Supremo insiste en que se trata de un complemento que no genera derecho adquirido. A partir de esta sentencia, cuando el convenio colectivo -como ocurre en el Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de Vizcaya- no precise expresamente si el plus ha de cobrarse por días naturales o por días de trabajo efectivo, deberá prevalecer la regla general: los complementos de puesto de trabajo se retribuyen únicamente en función de los días trabajados. La resolución anulada, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, defendía que el plus debía abonarse por días naturales al estar fijado como un porcentaje del salario base y expresado en cuantías mensuales. Sin embargo, la sentencia de contraste del TSJ de Asturias, aportada por la empresa, sostenía que un plus de características similares -el de peligrosidad- debía pagarse solo por los días trabajados. En el caso concreto que originó el recurso, el Supremo respalda la decisión del Juzgado de lo Social, que obligó a las empresas a abonar el plus de toxicidad calculado exclusivamente sobre los días en los que se prestó trabajo efectivo.

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(El Economista, 24-11-2025) | Laboral

La Inspección de Trabajo investiga por fraude casi 80.000 contratos fijos discontinuos y temporales

El Gobierno dio luz verde en septiembre al plan estratégico que marcará las líneas de actuación de la Inspección de Trabajo hasta 2027. Este plan prioriza la lucha contra los fraudes en materia de contratación y, en esta línea, el organismo ha puesto en marcha esta semana un nuevo plan de choque que revisará cerca de 80.000 contratos temporales y fijos discontinuos. La Inspección, dependiente del Ministerio de Trabajo, ha remitido más de 37.000 cartas a empresas en las que detecta posibles irregularidades, como personas con contratos fijos discontinuos que, en realidad, trabajan de forma continuada, o contratos temporales utilizados para cubrir necesidades permanentes de la empresa. Estas cartas constituyen el primer paso del proceso sancionador. En ellas, se concede a las empresas un plazo de un mes para revisar la naturaleza de los contratos cuestionados y, si corresponde, convertirlos en indefinidos ordinarios. Si pasado ese plazo la empresa no actúa, la Inspección podrá llevar a cabo nuevas actuaciones, como visitas al centro de trabajo. En total, el organismo examinará 77.210 relaciones laborales: 27.096 correspondientes a trabajadores con contrato fijo discontinuo y 50.114 temporales. Esto supone un alcance notablemente superior al del plan desarrollado a comienzos de año, con un 157% más de contratos revisados y un 114% más de empresas afectadas. Aunque el Gobierno intensifica el control sobre la contratación desde 2018, este se ha reforzado especialmente tras la reforma laboral de 2022, que endureció las sanciones al uso irregular de contratos temporales y amplió los supuestos en los que puede aplicarse el contrato fijo discontinuo. La reforma impulsada por Yolanda Díaz restringió los contratos temporales a sustituciones o a situaciones excepcionales ligadas a la producción, además de fijar que las sanciones -entre 1.000 y 10.000 euros- se impongan por cada trabajador afectado, y no por empresa. Durante 2024, tanto las actuaciones ordinarias como los planes de choque de la Inspección llevaron a que las empresas convirtieran 77.787 contratos temporales en indefinidos. En el mismo periodo, también se regularizaron 89.959 contratos fijos discontinuos irregulares. Al igual que en este año, la intervención se articuló en dos fases: una primera voluntaria mediante cartas informativas, y una segunda con actuaciones inspectoras. Como consecuencia, el número de sanciones finales es reducido en comparación con el volumen total de contratos revisados. En 2024, de los 301.450 contratos analizados, solo 9.978 generaron un requerimiento formal y 5.281 acabaron en infracción. En total, se impusieron multas por algo más de 5,2 millones de euros, con una cuantía media situada en la franja más baja, alrededor de 1.000 euros. La mayoría de las irregularidades en contratos temporales afectaron a hombres (56%). Andalucía fue la comunidad con más transformaciones (18.759), seguida de Madrid (12.463) y Cataluña (7.133). Además, el Ministerio de Trabajo ha solicitado a la Inspección que ponga especial atención en los casos en los que no se supera el periodo de prueba en contratos indefinidos, tras detectar que algunas empresas utilizan esta vía de manera fraudulenta para sustituir al antiguo contrato temporal. Igualmente, se han programado actuaciones destinadas a garantizar el respeto al derecho al descanso y a los límites de la jornada laboral, mientras se ultima la aprobación del nuevo registro digital de jornada que fijará criterios adicionales para estas comprobaciones.

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(Expansión, 21-11-2025) | Laboral

Las pensiones subirán previsiblemente un 2,7% en 2026 en la que será su quinto alza anual consecutiva

Una vez se confirme el IPC de noviembre, las pensiones y jubilaciones se actualizarán conforme a la variación media de la inflación registrada en los últimos 12 meses hasta ese mes. La próxima semana ya será posible calcular con bastante precisión el incremento que recibirán los pensionistas, dato que se ratificará a mediados de diciembre. En 2026 volverá a aplicarse una subida, lo que supondrá el quinto año consecutivo en el que las pensiones se ajustan al ritmo de la inflación correspondiente a 2025. Las pensiones mínimas y las no contributivas tendrán un aumento superior al fijado por esta referencia. Este incremento se determina mediante la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones, que utiliza como base el IPC interanual promedio de 12 meses -de diciembre del ejercicio anterior a noviembre del año en curso-. Es decir, para el ajuste del próximo año se empleará la inflación media entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Aplicando este mecanismo, el 1 de enero las pensiones contributivas se elevaron un 2,8% en comparación con el año previo; en 2024 ya habían aumentado un 3,8%; en 2023 lo hicieron un 8,5%; y en 2022 crecieron un 2,5%. Aunque todavía no existe una cifra definitiva, las previsiones apuntan a un incremento medio del IPC del 2,6% para el año que viene. No obstante, la media utilizada para calcular la revalorización de las pensiones se situaría en torno al 2,7%, porcentaje que se aplicaría desde el 1 de enero, siempre que estos valores se confirmen en diciembre, cuando se publica el dato oficial de inflación media anual. El último dato cerrado del IPC, publicado por el INE el pasado viernes, corresponde a octubre y se situó en el 3,1%. El avance del IPC de noviembre se comunicará este viernes 28, aunque la cifra definitiva no se conocerá hasta el 12 de diciembre. Aun así, con el dato adelantado de noviembre ya podrá hacerse una estimación muy precisa de la subida de las pensiones. Por lo general, salvo cambios inesperados en los precios energéticos -como el del petróleo-, las diferencias entre el dato adelantado y el definitivo del IPC suelen ser mínimas, de apenas unas décimas. Asimismo, las previsiones macroeconómicas suelen resultar bastante fiables. Así, si se produjera algún ajuste en el dato final, lo habitual es que sea de una décima arriba o abajo. Según las proyecciones de organismos como Funcas, el IPC medio de 2025 se situará en torno al 2,6%, mientras que la media del periodo diciembre 2024-noviembre 2025 -la referencia para actualizar las pensiones- se aproximará al 2,7%. El incremento beneficiará a los casi 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las más de 720.000 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice. En 2024 entró en vigor la revalorización anual de las bases máximas y del complemento de la brecha de género en función del IPC. En el caso de las bases máximas, al IPC se le suma un cuantía fija de 1,2 puntos cada año del periodo 2024-2050. Esto supone que, para 2026, la base máxima de cotización subirá en torno un 3,9% (el 2,7% del IPC promedio más un 1,2% adicional), y al igual que aumenta la base máxima de cotización, también subirá la pensión máxima con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó la reforma de pensiones.

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(Expansión, 21-11-2025) | Laboral

Inflación y escasez de mano de obra empujarán al alza los salarios un 5% en 2026

La escasez de personal disponible para cubrir los puestos vacantes y el impacto persistente de la inflación están impulsando al alza las políticas salariales, en un momento en el que los sindicatos advierten que podrían intensificar la negociación colectiva. A lo largo de 2024 y en los primeros meses de 2025, los sueldos han mantenido una tendencia ascendente, generalmente en línea -o ligeramente por encima- de lo fijado en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que expira a finales de este año. En los convenios registrados hasta octubre, el incremento salarial medio pactado ha sido del 3,5%, medio punto más de lo establecido inicialmente para 2025 por sindicatos y patronal, un aumento influido en parte por las sucesivas subidas del SMI impulsadas por el Gobierno. En este contexto, la patronal ARTE -que agrupa a grandes cadenas textiles como Inditex, Mango, Tendam, H&M o Primark- presentó esta semana su propuesta para el primer convenio estatal del sector, con incrementos del 3% para los años 2026, 2027 y 2028. Por ahora, las remuneraciones han crecido de forma moderada, y organismos como el Banco de España prevén que esta evolución contenida continúe. No obstante, existen elementos que podrían cambiar la trayectoria y llevar a que los salarios aumenten a ritmos cercanos al 5% en 2026, muy por encima de los niveles actuales. Así lo apunta el informe Tendencias Salariales 2026 de Randstad Research, que analiza datos de múltiples regiones, sectores y perfiles profesionales. El estudio atribuye esta posible aceleración de los salarios principalmente a dos factores: la creciente dificultad para encontrar trabajadores -más acusada en ciertas actividades- y la presión inflacionista. "Los cambios que están afectando en 2025 a la economía y al mercado laboral, especialmente la falta de talento y la inflación, están dinamizando las tendencias retributivas; para 2026 prevemos incrementos medios en torno al 5%", explicó ayer Miguel Mercado, director nacional de Randstad Professional. Aunque la fase más intensa de la inflación parece haber quedado atrás, el informe recuerda que "los efectos acumulados de las tensiones geopolíticas, el aumento del coste de la vida y la ralentización del crecimiento europeo siguen condicionando el ritmo de la economía". Además, pese a la moderación reciente, la inflación en España se sitúa en el 3,2%, 1,1 puntos por encima de la media de la eurozona, lo que vuelve a poner presión sobre los salarios y sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Este no es el único análisis que alerta de un posible repunte salarial más fuerte de lo previsto. El Banco de España, aunque sostiene que debería producirse "una moderación de los salarios pactados y un control de la deriva salarial" en el medio plazo, advertía en su informe macroeconómico de septiembre sobre "el riesgo de que se materialicen escenarios menos favorables que dañen la competitividad de la economía española y, en consecuencia, su crecimiento". Entre los factores de riesgo, señalaba claramente "los signos de tensión en el mercado laboral -especialmente en lo relativo a la disponibilidad de mano de obra-, la fortaleza de la demanda interna y la evolución contenida de los márgenes empresariales en lo que va de año". El organismo subrayaba también que los convenios firmados durante 2025 ya recogen incrementos superiores al 4%, y que "los salarios negociados han repuntado", mientras que la incertidumbre sobre su evolución futura es elevada, al no haberse alcanzado todavía un nuevo pacto salarial para los próximos años. Con el actual acuerdo salarial a punto de caducar -quedan poco más de cuatro semanas-, la renegociación entre patronal y sindicatos podría añadir más presión sobre las remuneraciones. CCOO ya ha adelantado su intención de "tensionar" la negociación colectiva en 2026 y en los años posteriores para garantizar que los salarios aumenten por encima de la inflación.

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(El País, 21-11-2025) | Laboral

Bruselas pide que los trabajadores accedan por defecto a un plan de pensiones en las empresas

La Comisión Europea aprobó este jueves un conjunto de iniciativas destinadas a ayudar a los ciudadanos a asegurar ingresos suficientes durante su jubilación. Entre las recomendaciones enviadas a los Estados miembros, figura la propuesta de que todos los trabajadores sean inscritos automáticamente en un plan de pensiones privado dentro de sus empresas. En cualquier caso, si el empleado no quiere participar, puede comunicarlo y quedar fuera. Se trata de implantar el sistema conocido como auto enrolment, impulsado por el sector financiero y rechazado hasta ahora en España por considerarse contrario a la Constitución. La sugerencia de Bruselas forma parte de su estrategia para la Unión del Ahorro y la Inversión (SIU). La Comisión anima a los países a "implantar, según las condiciones nacionales y respetando plenamente el papel de los agentes sociales y la negociación colectiva, la inscripción automática, que consiste en incorporar por defecto a los trabajadores a planes de pensiones complementarios, dejando libertad a cada persona para decidir si desea salir del sistema". En la práctica, esto implicaría que una empresa incluiría de forma inmediata a un nuevo empleado en un plan de pensiones de empleo y solo quedaría fuera si el trabajador expresa su oposición. Bruselas señala que la implementación de estos mecanismos debe apoyarse en la experiencia acumulada en otros países de la UE. Aunque no hay un modelo único europeo de inscripción automática, sí funciona en países como Italia -donde desde 2007 parte de la indemnización por fin de contrato se dirige automáticamente a un fondo de pensiones si el empleado lo acepta-, Lituania, Polonia o Irlanda. En Alemania también existe un cierto grado de automatismo en algunos planes sectoriales, especialmente en la industria. No obstante, el sistema más consolidado de este tipo en Europa es el del Reino Unido. La iniciativa de la Comisión para reforzar el segundo pilar del sistema de protección social -las pensiones públicas son el primero; los planes colectivos de empresa, el segundo; y los planes individuales, el tercero- llama la atención porque Bruselas suele defender con fuerza los sistemas públicos. En España, esta propuesta podría generar controversia, ya que los legisladores la han descartado repetidamente en las reformas de pensiones de los últimos veinte años. La principal razón ha sido la duda sobre su encaje constitucional, pese a que el sector financiero sostiene que la posibilidad de que el trabajador se excluya libremente eliminaría ese problema. En la última reforma, el entonces ministro José Luis Escrivá puso en marcha el Fondo de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP) para impulsar los planes colectivos, especialmente en pequeñas empresas, autónomos y administraciones públicas. Sin embargo, el llamado "macrofondo" arrancado en 2022 no ha logrado atraer ni un euro. La industria financiera atribuye en parte este fracaso a la ausencia de un sistema de inscripción automática. Por ahora, solo el sector de la construcción ha acordado mediante convenio colectivo que todos los empleados del ramo se integren en un plan de pensiones de empleo, constituido al margen del fondo público diseñado por Escrivá. Según la Comisión, esta recomendación busca "incrementar la participación en los planes de pensiones complementarios y desarrollar más ampliamente este mercado", subrayando que estas medidas pretenden "reforzar, no sustituir", las pensiones públicas, que continúan siendo la base de los sistemas de jubilación en la UE. Bruselas afirma que los cambios demográficos y las nuevas condiciones laborales obligan a adaptar los sistemas de pensiones. En este contexto, los planes complementarios -tanto laborales como personales- pueden servir para diversificar las fuentes de ingresos en la jubilación, aumentando la estabilidad financiera de los ciudadanos. La Comisión señala que presta especial atención a los colectivos más vulnerables, en particular a las mujeres, cuyas pensiones suelen ser insuficientes. Recuerda que la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres alcanza el 24,5%. Para facilitar la aplicación de estas decisiones, la Comisión propone modificar la directiva relativa a los fondos de pensiones de empleo y actualizar el Reglamento sobre el producto paneuropeo de pensiones personales (PEPP).

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(El Economista, 21-11-2025) | Laboral

¿Cuánto dinero tiene que caer de repente en nuestra cuenta corriente para dejar de trabajar?

Un reciente documento de trabajo del Banco Central Europeo (BCE) analiza cómo influyen las ganancias inesperadas -como herencias, premios de lotería o indemnizaciones- en el comportamiento laboral de quienes están empleados o buscan empleo. La principal conclusión es que estos ingresos extraordinarios tienen efectos reales, pero relativamente moderados. El impacto es más evidente entre personas en paro que entre quienes ya trabajan: cada 10.000 euros recibidos reducen su intensidad de búsqueda de empleo en torno a un 1%. El estudio, publicado el 18 de noviembre y elaborado a partir de datos de la Encuesta de Expectativas del Consumidor (CES) en Alemania, Italia, Francia, España, Bélgica y Países Bajos, plantea diversos escenarios de ingresos inesperados -incluidas devoluciones fiscales, bonus salariales o subsidios- que van de 5.000 a 100.000 euros. A partir de respuestas de 9.438 trabajadores y 1.860 desempleados, concluye que sólo las cuantías elevadas provocan cambios significativos en el comportamiento laboral, ya que los importes pequeños se perciben más como dinero para consumo o ocio que como auténtica mejora patrimonial. En el caso de los trabajadores, el análisis muestra que los efectos aparecen únicamente con ingresos superiores a 25.000 euros. Para montos de entre 50.000 y 100.000 euros (después de impuestos), la probabilidad de continuar empleado se reduce entre un 1,5% y un 3,5%, y quienes siguen en activo apenas recortan una hora semanal de trabajo. Esto indica que la mayoría de empleados tienen poco margen -o poca intención- de modificar su jornada, ya sea por contratos rígidos o limitaciones organizativas. En términos globales, el 81% de los encuestados mantendría su empleo; solo un 5% afirma que dejaría de trabajar (más frecuente entre mujeres, personas mayores, asalariados a tiempo parcial y hogares con baja deuda); un 8,1% reduciría horas, y un 6,1% las aumentaría. En definitiva, solo una minoría ajusta su situación laboral tras recibir un ingreso inesperado, por lo que no se aprecia un riesgo de abandono masivo del mercado de trabajo ni un impacto relevante en el desempeño macroeconómico. Entre los desempleados, el efecto es notablemente mayor debido a su mayor flexibilidad para modificar su conducta. Por cada 10.000 euros recibidos, la intensidad de búsqueda cae un 1%; así, un ingreso de 50.000 euros reduciría la búsqueda aproximadamente un 5%. Más en detalle: un 31% seguiría buscando empleo; un 36,2% ni trabajaría ni buscaría; un 7,2% intensificaría la búsqueda; un 9,6% comenzaría a buscar; casi un 11% la reduciría y un 5,1% dejaría de buscar completamente. Las reacciones son más marcadas entre mujeres y personas próximas a la jubilación. En el caso de las mujeres, el estudio detecta mayor sensibilidad ante estas ganancias extraordinarias tanto para reducir horas como para abandonar el trabajo. Los autores lo atribuyen a las cargas familiares y a una mayor presencia de empleo a tiempo parcial, que muestra hasta 10 puntos más de sensibilidad que los empleos a tiempo completo. Por su parte, los trabajadores de mayor edad interpretan estas ganancias como una vía para adelantar su salida del mercado laboral, ya que la riqueza recibida tiene un mayor valor relativo cuanto más cerca se está del retiro. En este contexto, los autores -Dimitris Georgarakos, Tullio Jappelli, Geoff Kenny y Luigi Pistaferri- cuestionan la idea de que ayudas públicas puntuales, bonificaciones o cheques compensatorios desincentiven de forma generalizada el trabajo. La evidencia indica que solo los incrementos patrimoniales realmente elevados influyen de manera apreciable en las decisiones laborales, y aun así de forma limitada, mientras que las ayudas más modestas tienen efectos desincentivadores prácticamente nulos.

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