(El Economista, 24-11-2025) | Laboral
El Ministerio de Trabajo pretende incrementar el número de horas retribuidas de las que disponen los delegados de prevención de riesgos laborales para ejercer sus funciones -participar en tareas preventivas, fomentar la colaboración de la plantilla en el cumplimiento de la normativa, asesorar al empresario en cuestiones de seguridad y salud o supervisar la aplicación de las medidas preventivas-. La propuesta impulsada por Yolanda Díaz plantea ampliar en un 20% este crédito horario, que actualmente depende del tamaño de la empresa.
Esta iniciativa forma parte de las propuestas que Trabajo ha trasladado a la mesa de diálogo social encargada de negociar, desde hace casi dos años, la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, según ha sabido elEconomista.es. El objetivo es modificar el crédito horario de los delegados de prevención, de forma que en las empresas con plantillas más amplias puedan llegar a contar con hasta ocho horas adicionales al mes, equivalentes a una jornada laboral completa.
El borrador presentado a mediados de mes -al que ha tenido acceso este medio- recoge la intención de Trabajo de modificar el artículo 37 de la Ley de Prevención de Riesgos para sumar ese 20% extra a las horas previstas para los representantes de los trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores.
Actualmente la normativa establece 15 horas mensuales para delegados en empresas de menos de 100 empleados, 20 horas para aquellas con entre 100 y 250, 30 horas para plantillas de hasta 500 trabajadores, 35 horas para empresas de entre 500 y 600 empleados y 40 horas para compañías con más de 650, equivalentes a una semana laboral completa.
Con el cambio planteado, esas cifras pasarían a ser 18, 24, 36, 42 y 48 horas mensuales, respectivamente. Esta ampliación afectaría únicamente a los delegados de prevención, ya que el Estatuto de los Trabajadores seguiría sin modificarse para el resto de representantes del personal.
El equipo de Yolanda Díaz también ha introducido en la nueva propuesta otros ajustes respecto a borradores anteriores, como elevar de 31 a 50 el número mínimo de trabajadores requerido para constituir un Comité de Seguridad y Salud. Según el tamaño de la empresa, se asignarán entre dos y ocho delegados de prevención; si no se alcanza ese mínimo, serán los delegados de personal quienes asuman estas competencias. Además, se plantea crear la figura de agentes territoriales de prevención -designados por sindicatos y patronal- para empresas con menos de 10 empleados donde no haya representación sindical.
El Ejecutivo propone asimismo crear un nuevo interlocutor en las pequeñas empresas que tengan externalizado el servicio de prevención, para asumir funciones que el empresario no pueda desempeñar por falta de medios o formación. Esta figura se desarrollaría posteriormente en un reglamento, si la reforma lograse los apoyos necesarios en el Congreso, donde por ahora no cuenta con respaldo suficiente.
El núcleo de la reforma, no obstante, busca dar mayor peso a los riesgos laborales que afectan a la salud mental. Trabajo propone que las empresas realicen evaluaciones diferenciadas para identificar riesgos psicosociales y adopten medidas específicas para prevenirlos o mitigarlos, algo que la normativa actual no exige de forma explícita.
El nuevo texto amplía también el concepto de "daños derivados del trabajo" para incluir los ámbitos físico, cognitivo, emocional, conductual y social. Esto, explican fuentes del diálogo social, facilitaría que determinadas patologías de salud mental puedan reconocerse como accidentes laborales, aunque no las convertiría automáticamente en enfermedades profesionales.
Por otro lado, los sindicatos consideraban esencial incorporar la perspectiva de género en la identificación de riesgos y en el diseño de medidas preventivas, aspecto que esta propuesta también integra. Asimismo, se añaden nuevas definiciones relacionadas con la edad, la violencia o el acoso laboral y las ausencias prolongadas por motivos de salud, y se adapta la normativa a nuevas realidades como el cambio climático, el teletrabajo o la digitalización.