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(Expansión, 06-11-2026) | Fiscal

Andorra rediseña su ‘Hacienda’ para elevar su control sobre la operativa fiscal internacional

El Gobierno de Andorra ha aprobado un decreto que introduce una profunda reorganización interna del Departamento de Tributos y de Fronteras con el fin de reforzar su capacidad para cumplir los compromisos internacionales y modernizar la atención que presta a los contribuyentes. La reforma se recoge en el Decreto 432/2026, aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Finanzas y publicado en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, con la firma del jefe del Ejecutivo, Xavier Espot. La nueva normativa modifica la estructura de la Administración tributaria vigente desde 2014, que ya había sido revisada en 2019 para integrar bajo una misma organización la gestión aduanera, la inspección y la recaudación. Según explica el Ejecutivo en el preámbulo del decreto, la evolución del sistema fiscal y el aumento de las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales hacen necesaria una redistribución de funciones que permita reunir competencias relacionadas, eliminar posibles duplicidades y mejorar la preparación técnica de los empleados públicos. Uno de los principales cambios afecta a la antigua Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, que pasa a denominarse Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, Fiscalidad Internacional y Recaudación. Esta unidad concentrará la coordinación del Servicio Jurídico, el Área de Recaudación y la nueva Área de Fiscalidad Internacional y de Técnica Tributaria, a la que se atribuye una función estratégica dentro de la Administración. Esta última área se ocupará de los asuntos más especializados relacionados con la fiscalidad transfronteriza. Entre sus responsabilidades figuran la gestión de los procedimientos destinados a resolver controversias para evitar la doble imposición, los mecanismos de intercambio automático de información tributaria y el intercambio de informes país por país. También asumirá la tramitación de las consultas tributarias escritas, la elaboración de propuestas de circulares interpretativas y la difusión de instrucciones oficiales para los contribuyentes, además de la apertura y tramitación de expedientes sancionadores relacionados con sus competencias. Con esta concentración de funciones, el Govern pretende reforzar la coherencia de los criterios aplicados por la Administración tributaria. La reforma también introduce cambios en la Dirección Adjunta de Gestión y Atención al Contribuyente para adaptarla a la digitalización de los servicios públicos. En este ámbito se crea el Área de Relación Digital con el Contribuyente, que tendrá a su cargo el diseño y desarrollo de los modelos de declaraciones tributarias en formato electrónico, así como la actualización de los contenidos fiscales publicados en los portales oficiales y en la Sede Electrónica. Este departamento trabajará conjuntamente con los servicios tecnológicos del Gobierno para atender las incidencias que puedan surgir en los canales digitales, resolver las consultas de los usuarios y plantear mejoras en las plataformas de pago y en los procedimientos de tramitación telemática. Por otro lado, la atención presencial y telefónica, junto con la gestión documental y de expedientes, quedará integrada en el Área de Atención al Público y Gestión Documental. Entre sus funciones se encuentran la recepción y el registro de declaraciones y autoliquidaciones, la asignación de números de registro tributario, la expedición de certificados fiscales, la gestión de cobros y la liquidación de recargos por presentaciones fuera de plazo. También prestará asistencia presencial a los ciudadanos que necesiten ayuda para cumplimentar sus declaraciones. Con esta reorganización, Andorra busca avanzar hacia una Administración tributaria más especializada y preparada para responder a las exigencias de transparencia y cooperación internacional. Al mismo tiempo, la reforma pretende facilitar la relación con los contribuyentes mediante una atención más accesible y unos servicios digitales mejor desarrollados.

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(Expansión, 06-11-2026) | Fiscal

Hacienda prorroga ventajas fiscales a autónomos y hace un guiño al campo

El Ministerio de Hacienda publicó ayer en el BOE la orden que prorroga durante todo 2027 los límites de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de estimación objetiva, conocido como módulos, así como los umbrales establecidos para tributar mediante el régimen simplificado del IVA. Se trata de una nueva ampliación de un sistema cuya continuidad se ha cuestionado en los últimos años y que, según ha señalado en distintas ocasiones el departamento dirigido por Arcadi España, podría desaparecer en próximos ejercicios. En esta ocasión, posiblemente por la proximidad de las elecciones previstas para el 29 de noviembre, Hacienda ha adelantado el anuncio respecto a las fechas habituales en las que comunicaba la prórroga de estos límites. Con esta decisión, los trabajadores por cuenta propia que facturen menos de 125.000 o 250.000 euros anuales, en función de si sus operaciones se realizan con empresas o con particulares, podrán continuar tributando por módulos durante el próximo ejercicio. La continuidad del régimen estaba pendiente de confirmación y, de no haberse aprobado la prórroga, los límites se habrían reducido a la mitad, lo que habría dejado fuera de este sistema a cerca de 350.000 autónomos. Como viene sucediendo desde hace más de diez años, la vigencia de la estimación objetiva se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2027. Antes de que finalice ese plazo, Hacienda tendrá que aprobar una nueva extensión para mantener el sistema durante el ejercicio siguiente. De lo contrario, los límites actuales dejarán de aplicarse. El régimen de estimación objetiva permite calcular una cantidad fija para las declaraciones trimestrales del IRPF y del IVA, en lugar de determinar la tributación a partir del beneficio real obtenido, es decir, de la diferencia entre ingresos y gastos. Para establecer esa cuota se utilizan distintos indicadores relacionados con la actividad, como la superficie del establecimiento, el número de mesas y sillas, el consumo eléctrico o la plantilla del negocio. En muchos casos, el resultado de este cálculo supone una carga tributaria inferior a la que correspondería aplicando el régimen de estimación directa, que tiene en cuenta los ingresos y gastos efectivamente registrados durante el trimestre. Por este motivo, los autónomos acogidos a módulos suelen adelantar menos impuestos a lo largo del año. No obstante, la Agencia Tributaria regulariza posteriormente las cantidades mediante la declaración anual de la Renta o la última liquidación trimestral del IVA, que se presenta en enero del ejercicio siguiente. Una de las cuestiones que plantea dudas sobre el futuro de este sistema es la posible implantación del IVA franquiciado para los autónomos con menores ingresos. Esta modalidad permitiría dejar de repercutir y declarar el impuesto a quienes no superasen determinados límites de facturación, aunque tampoco podrían deducirse el IVA soportado en los gastos relacionados con su actividad. El Partido Popular incluye esta medida entre sus compromisos electorales y plantea fijar en 85.000 euros anuales el umbral de rendimientos netos para poder acogerse a ella. Tras la nueva prórroga, los autónomos que no superen los límites de 125.000 o 250.000 euros, según las características de su facturación, podrán seguir aplicando la estimación objetiva en 2027. Para determinar el rendimiento neto podrán beneficiarse de una reducción general del 5%. La orden incorpora también medidas específicas para el sector agrario, especialmente afectado por el encarecimiento de los costes derivado del conflicto en Oriente Próximo y por los daños ocasionados por fenómenos naturales en determinadas zonas. Así, los trabajadores autónomos dedicados a la agricultura y la ganadería podrán aplicar una reducción del 10% sobre sus rendimientos netos. Además, podrán descontar hasta el 35% del importe destinado a la adquisición de gasóleo agrícola, uno de los costes que más se han incrementado tras el cierre del estrecho de Ormuz. Esta medida también podrá aplicarse al cálculo de los rendimientos correspondientes a 2026, siempre que los gastos estén justificados mediante las facturas de este ejercicio. En el caso de los fertilizantes, la reducción por su adquisición se eleva al 15% y podrá extenderse igualmente al ejercicio actual. De esta forma, Hacienda incorpora nuevos incentivos fiscales para aliviar el impacto del aumento de los precios de estos suministros sobre las explotaciones agrarias. La normativa contempla asimismo la posibilidad de reducir los módulos a los autónomos que hayan sufrido las consecuencias de incendios, inundaciones o averías industriales de gran importancia. También podrán beneficiarse de estos ajustes quienes se encuentren en situación de incapacidad temporal y no dispongan de otros trabajadores en el negocio. En estos supuestos, se podrán descontar del rendimiento neto los gastos extraordinarios ocasionados por dichas circunstancias excepcionales. Por último, en materia de IVA, la orden mantiene, como en ejercicios anteriores, una reducción del 1% en el rendimiento declarado en concepto de gastos de difícil justificación.

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(Expansión, 06-11-2026) | Fiscal

Los fiscalistas cargan contra las deducciones del decreto de vivienda: "Es una verdadera locura"

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas (CGE) considera que las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y las posibles exenciones en el IRPF están reduciendo progresivamente la diferencia fiscal entre quienes perciben el salario mínimo y aquellos que cobran un sueldo medio. La advertencia se produce ante la posibilidad de que el Gobierno vuelva a dejar exento de tributación el nuevo SMI previsto para 2027. El amplio conjunto de medidas fiscales incluido en uno de los dos decretos de vivienda que la Diputación Permanente del Congreso someterá a votación el próximo jueves podría provocar numerosas reclamaciones y revisiones una vez entre en vigor. Así lo han señalado representantes del Reaf durante la celebración de sus jornadas anuales en Oviedo. El presidente de este organismo, Agustín Fernández, ha calificado de «verdadera locura» la propuesta fiscal incorporada por el Gobierno en su decreto y considera que generará una elevada incertidumbre entre los propietarios de viviendas y los profesionales que les asesoran. A su juicio, la complejidad de las medidas dificulta la planificación fiscal y contribuye a aumentar la inseguridad jurídica, una situación que, según ha indicado, ya se refleja en el descenso de la oferta de alquiler. La nueva regulación eleva de cuatro a trece los porcentajes de reducción que pueden aplicarse en el IRPF por los ingresos del alquiler. Su cuantía dependerá de diferentes circunstancias, como la localización de la vivienda, la edad del arrendatario o la evolución del precio respecto al contrato anterior. Esta variedad de condiciones añade complejidad al sistema y, según ha explicado Raquel Jurado, técnica del Reaf, obligará a estudiar cada situación de forma individual para determinar qué deducción resulta más favorable. En relación con el próximo incremento del salario mínimo interprofesional, el presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha defendido la creación de un mecanismo de actualización automática que permita mantener exento de tributación el SMI sin necesidad de aprobar nuevas deducciones cada año. Sin embargo, Agustín Fernández ha alertado de que la combinación de nuevos aumentos salariales y las correspondientes exenciones fiscales reduce cada vez más la distancia entre el salario mínimo y el sueldo medio. Por ello, considera necesario analizar las posibles desigualdades tributarias que podrían surgir si el suelo salarial continúa aumentando durante los próximos ejercicios. Ante la proximidad de las elecciones del 29 de noviembre, los economistas han reclamado al futuro Gobierno estabilidad y seguridad jurídica. También han pedido una mayor reciprocidad por parte de la Administración, en reconocimiento a la labor social que, según Vázquez Taín, realizan los profesionales del asesoramiento mediante la divulgación y la concienciación de los contribuyentes, una actividad que también beneficia al sistema tributario. Por último, el presidente del CGE ha planteado la conveniencia de abordar una reforma fiscal que permita revisar algunos de los principios básicos del sistema tributario. En su opinión, el debate no debería centrarse únicamente en los mecanismos de recaudación, sino también en las consecuencias que la fiscalidad tiene sobre la capacidad de ahorro de las familias y el desarrollo de la actividad empresarial.

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(El País, 06-11-2026) | Fiscal

Frente Amplio aboga por gravar el patrimonio de las grandes fortunas, los beneficios de la banca y la acumulación de vivienda

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 29 de noviembre, ha presentado este jueves un conjunto de propuestas fiscales dirigidas a gravar el patrimonio de las grandes fortunas, la acumulación de viviendas y los beneficios de las grandes empresas. Según las estimaciones de la formación, estas medidas permitirían obtener unos ingresos adicionales de 10.000 millones de euros anuales. Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y presentado por el exsecretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez, la exalcaldesa de Barcelona también se ha pronunciado sobre la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Tras el accidente ferroviario de Urda, que causó 69 fallecidos la semana pasada, ha pedido dejar atrás el debate sobre responsabilidades y centrarse en las propuestas para ofrecer soluciones. «La gente que coge el tren quiere sentirse segura», ha afirmado. La intervención de Colau ha girado en torno a la defensa de una fiscalidad más equitativa y del derecho a la vivienda. La primera iniciativa plantea establecer un impuesto anual sobre el patrimonio neto, con un tipo del 2% para las fortunas superiores a un millón de euros y del 3% para aquellas que superen los 50 millones. La cuota se reduciría en función de las cantidades satisfechas por los impuestos sobre el Patrimonio y las Grandes Fortunas, según han explicado fuentes de la formación. La medida no afectaría a los salarios ni a las pensiones. Frente Amplio calcula que el nuevo gravamen alcanzaría a unas 231.000 personas, aproximadamente el 1% de quienes presentan la declaración de la renta, una cifra similar a la de los actuales contribuyentes del impuesto sobre el patrimonio. Las 1.200 mayores fortunas del país, con patrimonios superiores a 50 millones de euros, aportarían alrededor de un tercio de la recaudación prevista. De acuerdo con los cálculos de la formación, el 99% de la población quedaría excluido de este impuesto. La candidata ha defendido que los beneficios empresariales deben revertir en el conjunto de la sociedad y contribuir a financiar servicios públicos. En este sentido, ha sostenido que el esfuerzo fiscal debe recaer principalmente en quienes disponen de mayores recursos, con el propósito de reforzar prestaciones como la educación y garantizar el acceso a una vivienda y unas condiciones de vida dignas. También ha criticado el poder que, a su juicio, pueden ejercer las grandes fortunas sobre las instituciones democráticas, y ha citado como ejemplo a multimillonarios como Elon Musk y su posible influencia en procesos electorales de otros países. Colau ha recordado que la presión fiscal española se encuentra entre tres y cuatro puntos por debajo de la media europea y ha defendido que, si el objetivo es disponer de un Estado del bienestar equiparable al de los países del norte de Europa, también debería aproximarse su nivel de tributación. Su segunda propuesta consiste en elevar el tipo efectivo que pagan las grandes empresas y las entidades bancarias por sus beneficios. Según los datos expuestos por la candidata, estas compañías tributan actualmente a tipos de entre el 7% y el 9%, mientras que las pequeñas y medianas empresas soportan una carga aproximada del 19% o el 20%. Para corregir esta diferencia, la formación plantea revisar las deducciones fiscales de las que se benefician los grandes grupos empresariales, entre ellas las relacionadas con la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. El objetivo sería aumentar la contribución efectiva de las grandes compañías y reducir las diferencias fiscales respecto a las pymes. La tercera medida recupera la propuesta anunciada la semana anterior para gravar la acumulación de viviendas. El planteamiento contempla aplicar un impuesto del 10% sobre el valor de cada inmueble a partir de la cuarta vivienda, salvo que se destine al alquiler asequible y estable. Colau sostiene que la finalidad es favorecer la incorporación al mercado de alquiler residencial de unas 500.000 viviendas que actualmente se destinan a usos como el alquiler turístico o de temporada, o se ofrecen a precios que considera abusivos. Según ha explicado, la intención principal no es aumentar la recaudación, sino desincentivar las prácticas especulativas y evitar que resulte rentable mantener los inmuebles fuera del mercado de alquiler asequible. Durante el acto, Nacho Álvarez, actualmente profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, ha repasado la evolución de los principales indicadores del mercado laboral durante la última década y ha destacado su mejora. No obstante, ha señalado que el crecimiento del empleo y de la riqueza no siempre se ha traducido en una distribución equitativa de la prosperidad. A su juicio, el principal desafío consiste ahora en conseguir que los avances económicos lleguen al conjunto de la sociedad. Álvarez ha considerado que Ada Colau puede desempeñar un papel relevante en ese objetivo y ha defendido que las próximas elecciones determinarán el modelo social que se desarrollará en España durante las próximas décadas.

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(El País, 05-11-2026) | Fiscal

La Airef empeora su previsión de déficit y lo sitúa en el 2,8% del PIB este año

La economía española continúa mostrando una notable fortaleza, aunque el deterioro del escenario internacional y el aumento de los compromisos de gasto están complicando las cuentas públicas. En este contexto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha elevado en dos décimas su previsión de déficit para este año, hasta el 2,8% del PIB, respecto a la estimación publicada en julio. El organismo advierte, además, de que España incumplirá ya en 2026 los objetivos presupuestarios acordados con Bruselas. Su presidenta, Inés Olóndriz, ha señalado que la política fiscal está siendo expansiva y procíclica, en contra de las recomendaciones de las autoridades europeas. La Airef ha revisado sus previsiones económicas y presupuestarias hasta 2031 y ha evaluado tanto el plan fiscal plurianual como el cumplimiento de las reglas de gasto nacionales y comunitarias. Sus cálculos apuntan a que el gasto primario neto, uno de los principales indicadores del nuevo marco fiscal europeo, aumentará un 7,3% este ejercicio. Esta cifra supera ampliamente el 3,5% comprometido en el plan fiscal estructural y también el 4,7% contemplado en el informe de seguimiento de primavera. Según Olóndriz, el incremento responde tanto a medidas temporales como al aumento del gasto estructural. El organismo considera que tampoco se alcanzarán los objetivos previstos para los siguientes ejercicios, ni en el cómputo anual ni en el acumulado. La desviación se producirá incluso teniendo en cuenta la flexibilidad concedida por las autoridades europeas para excluir del cálculo determinados gastos en defensa y medidas de seguridad energética, con un margen de tres décimas del PIB al año y seis décimas en el conjunto del periodo. Frente a su estimación anterior, en la que situaba el incumplimiento en el límite permitido, la Airef prevé ahora que se rebasará el máximo autorizado ya en 2026. No obstante, la institución no ha podido cuantificar el alcance exacto de la desviación. Entre las incógnitas pendientes figuran si el Gobierno solicitará activar la cláusula de escape para las medidas energéticas y si el Ejecutivo que resulte de las elecciones del 29 de noviembre optará por presentar un nuevo plan fiscal estructural a medio plazo. La Airef advierte de que un incumplimiento mayor del previsto podría marcar un cambio en la trayectoria de reducción de la deuda pública, que al término del horizonte analizado calcula que se situará en el 95,4% del PIB. Olóndriz ha vuelto a poner el acento en las dificultades que genera la ausencia de planificación presupuestaria. Desde 2023, el Gobierno mantiene prorrogados los Presupuestos y tampoco ha presentado un plan presupuestario, documentos que la presidenta considera fundamentales para organizar la política fiscal y facilitar el debate parlamentario. A esta situación se añade la falta de una senda de estabilidad y las sucesivas modificaciones presupuestarias, que dificultan el análisis de las cuentas públicas. El aumento previsto del déficit se produce a pesar de la mejora de los ingresos y responde, principalmente, a las medidas temporales aprobadas en los últimos meses para hacer frente a la crisis energética. El Gobierno cifra su coste en unos 12.000 millones de euros, mientras que la Airef calcula que elevarán el déficit en alrededor de 9.000 millones. También influyen los efectos de los desastres climáticos y la emergencia migratoria en Ceuta. Sin el impacto de estas medidas de protección, el déficit se reduciría al 1,9% del PIB. A estas partidas se suman otras presiones de carácter estructural, como el gasto en pensiones y defensa y el encarecimiento de los intereses de la deuda. Aunque la retirada de las medidas temporales permitiría reducir el déficit al 2,6% el próximo año, a partir de 2028 volvería a situarse cerca del 3%. En cuanto a la deuda pública, la Airef prevé que continúe descendiendo gracias al dinamismo de la actividad económica. El organismo ha revisado una décima al alza sus previsiones de crecimiento para 2026 y 2027, hasta el 2,6% y el 2,2%, respectivamente. Esta mejora responde al comportamiento más favorable de los indicadores económicos durante el último trimestre, especialmente de la demanda interna. El consumo de los hogares está impulsando esta evolución, apoyado en un mercado laboral que también se ha visto favorecido por el aumento de la población. Sin embargo, la fortaleza de la economía coincide con una aceleración de los precios. La inflación alcanzó el 4,9% en octubre, pese a las medidas adoptadas para contener el encarecimiento de la energía. De cara a los próximos años, la Airef anticipa una moderación progresiva del crecimiento, que se situaría en el 1,7% tanto en 2030 como en 2031. Esta desaceleración se producirá en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y las incertidumbres de los mercados financieros, especialmente las relacionadas con las elevadas inversiones en tecnología. Olóndriz ha advertido de que será necesario seguir de cerca la evolución de ambos factores.

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(El Economista, 05-11-2026) | Fiscal

La patronal iberoamericana presiona a los países para que bajen la presión fiscal

Las organizaciones empresariales iberoamericanas aprovecharon el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano para reclamar a los gobiernos de la región una reducción de la presión fiscal sobre las empresas, con el propósito de reforzar su competitividad. Durante la jornada se aprobaron dos documentos: una declaración conjunta dirigida a los responsables políticos, con sus principales reivindicaciones, y otra declaración empresarial que recoge diez compromisos del sector privado para impulsar el desarrollo de Iberoamérica. En la Declaración de Madrid, correspondiente a la XXXIV Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, las patronales solicitan a los gobiernos que impulsen iniciativas de colaboración para elaborar, a partir de datos e indicadores homogéneos, un cuadro regional de competitividad. Este instrumento permitiría comparar y evaluar factores determinantes para la actividad empresarial, como la fiscalidad, la regulación, el coste y el acceso a la financiación, las infraestructuras, la logística, la energía, la productividad, la innovación y la agilización de los trámites aduaneros. La seguridad jurídica ocupa también un lugar prioritario entre las demandas empresariales. Las organizaciones reclaman a los gobiernos que establezcan marcos normativos transparentes, estables y aplicados con criterios de imparcialidad. Asimismo, consideran imprescindible reforzar la seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, ya que la incertidumbre jurídica dificulta las decisiones de inversión y la generación de empleo formal, dos elementos fundamentales para sostener el crecimiento económico y las políticas sociales. En este contexto, las patronales advierten de que la corrupción, la delincuencia organizada y la inseguridad perjudican la confianza empresarial, desincentivan las inversiones y aumentan los costes de las compañías. También reivindican un mayor reconocimiento institucional del sector privado y garantías para preservar su autonomía, la libertad de asociación y su capacidad para expresar críticas y proponer alternativas a las políticas públicas. Otra de las cuestiones destacadas es la elevada informalidad laboral, un problema estructural que continúa afectando a buena parte de los países iberoamericanos. Para combatirla, los empresarios proponen alcanzar acuerdos nacionales que reduzcan las cargas administrativas y los costes regulatorios. También plantean que cualquier nueva disposición en materia laboral vaya acompañada de una evaluación previa de sus posibles efectos sobre la productividad y el empleo. Por otra parte, el presidente de la CEOE y hasta ahora presidente pro tempore del Consejo Empresarial Iberoamericano (CEIB), Antonio Garamendi, presentó durante la clausura el documento titulado Declaración empresarial por el futuro de Iberoamérica, que recoge diez compromisos del tejido empresarial con la región. Entre sus principales objetivos figuran profundizar en la integración económica iberoamericana, estimular la inversión productiva y los intercambios comerciales entre países, facilitar la expansión internacional de las empresas y favorecer la creación de empleo formal y de calidad. Para avanzar en estas prioridades, las organizaciones consideran necesario disponer de instituciones estables, seguridad jurídica, procedimientos administrativos más sencillos y un marco regulatorio previsible que proporcione confianza a los operadores económicos. Asimismo, reclaman que la representación empresarial tenga una participación permanente en las Cumbres Iberoamericanas y que se establezcan mecanismos de seguimiento que permitan comprobar el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados. En el acto de clausura, el rey Felipe VI también destacó la importancia de preservar la confianza como uno de los principales activos para afrontar un contexto internacional marcado por la incertidumbre. El monarca advirtió de que, aunque constituye un elemento esencial para las relaciones económicas e institucionales, también es especialmente vulnerable y puede deteriorarse con facilidad. Asimismo, defendió la necesidad de estrechar las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe y felicitó a los participantes por los compromisos alcanzados durante el encuentro. No obstante, insistió en que su importancia dependerá de su aplicación efectiva y no de su formulación sobre el papel, subrayando que los acuerdos deben servir como verdadero punto de partida para actuaciones concretas y no como una meta en sí mismos.

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(Expansión, 04-11-2026) | Fiscal

El lastre del papeleo fiscal en la Unión Europea: 8.600 millones

Un total de 23 de las principales organizaciones empresariales, financieras y profesionales de la Unión Europea han reclamado conjuntamente a los gobiernos comunitarios que eliminen la complejidad fiscal innecesaria. Las entidades firmantes, entre las que se encuentran BusinessEurope, AmCham EU, AFME, Eurochambres y SMEunited, consideran que el exceso de trámites y la fragmentación de las normas tributarias están restando competitividad a la economía europea y absorbiendo recursos que podrían destinarse a inversiones productivas, creación de empleo e innovación. Según las estimaciones recogidas en la declaración, los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones fiscales alcanzan los 8.600 millones de euros anuales. Las organizaciones advierten de que esta carga administrativa supone un obstáculo para las empresas europeas en un momento en el que Estados Unidos y China avanzan en ámbitos como la tecnología, la productividad y la innovación. A su juicio, el tejido empresarial del continente sigue condicionado por un marco normativo excesivamente complejo y fragmentado. Las críticas se dirigen especialmente al Paquete de Simplificación Fiscal presentado por la Comisión Europea, que consideran una oportunidad decisiva para reducir las cargas que soportan las compañías. Bruselas se ha marcado como objetivo disminuir los costes administrativos un 25% para las grandes empresas y un 35% para las pequeñas y medianas. Sin embargo, las asociaciones empresariales temen que estas metas no se alcancen si los Estados miembros rebajan la ambición de la reforma durante su negociación. Entre los problemas que señalan figura el sistema de retenciones fiscales en origen dentro del mercado único, que obliga a las empresas a pagar determinados impuestos para después solicitar su devolución, un procedimiento que puede prolongarse durante meses o incluso años y que genera importantes costes administrativos. También cuestionan que las compañías tengan que aportar repetidamente información y certificados que ya obran en poder de las propias administraciones tributarias. Las organizaciones firmantes han advertido a los ministros de Economía y Finanzas de la UE de que el proceso de negociación no debe desvirtuar las medidas propuestas por la Comisión. Consideran que las exigencias de recaudación y los mecanismos de control del fraude no pueden convertirse en argumentos para mantener o recuperar obstáculos burocráticos. Por ello, reclaman que cualquier acuerdo final permita avanzar hacia un sistema más sencillo que el actual y conserve los objetivos iniciales del paquete legislativo. La iniciativa cuenta con el respaldo de representantes de distintos ámbitos, desde el sector bancario y los inversores de capital privado hasta las asociaciones de pequeñas empresas, los profesionales de la contabilidad y los asesores fiscales. Todos coinciden en que simplificar las obligaciones tributarias no significa reducir la lucha contra el fraude, sino mejorar el funcionamiento del mercado único y facilitar la actividad empresarial. Esta reivindicación tiene especial relevancia para España, donde las pymes representan más del 99% del tejido empresarial y soportan, además de las exigencias comunitarias, una importante carga burocrática derivada de la normativa estatal y autonómica.

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(El País, 04-11-2026) | Fiscal

La cara B del turismo masivo: Salou y Benidorm se quejan por tener que cuadrar unas cuentas asfixiadas por el gasto

La llegada de tres millones de turistas al año puede representar una importante fuente de ingresos para las arcas municipales, pero también supone un considerable aumento de los gastos que deben afrontar los ayuntamientos para mantener los servicios públicos. Es el caso de Salou (Tarragona), que cuenta con apenas 33.000 habitantes empadronados y debe atender a una población flotante muy superior. Su alcalde, Pere Granados (PSC), reconoce que los vecinos soportan una parte importante del coste de unos servicios dimensionados para atender a muchas más personas que las que residen habitualmente en el municipio. Una situación similar atraviesa Benidorm (Alicante), que debe hacer frente a una indemnización de 360 millones de euros, una obligación que dificulta el proceso de reducción de su deuda. Ambas localidades reclaman una modificación del sistema de financiación de las entidades locales que permita aumentar los recursos disponibles para atender las necesidades derivadas de la actividad turística. Las cuentas municipales de Salou reflejan el incremento de estos costes. El presupuesto ha pasado de 46,7 millones de euros en 2021 a los 76,2 millones previstos para 2026, lo que supone un crecimiento del 66%. Una parte importante de este aumento corresponde al gasto corriente en bienes y servicios, que engloba tanto las prestaciones vinculadas al turismo como las destinadas a la población residente. Esta partida ha pasado de 19,9 a 33,1 millones de euros y representa ya el 42,8% del presupuesto municipal, frente al 37,8% de hace cinco años. Solo en 2026 ha aumentado un 13,6%, convirtiéndose en el capítulo que más crece. Entre los motivos figuran la actualización y ampliación de contratos municipales relacionados con la jardinería, el socorrismo en las playas, el saneamiento, el mantenimiento de edificios, el alumbrado y las fuentes, además de la segunda fase del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. El alcalde de Salou explica que buena parte de estos gastos se cubren mediante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y las tasas municipales, que pagan tanto los residentes como los propietarios de segundas viviendas y los titulares de actividades económicas. Sin embargo, considera que el actual modelo de financiación local no tiene suficientemente en cuenta el impacto que el turismo genera sobre los servicios públicos. Por ello, defiende una revisión del sistema que permita distribuir los recursos de una forma más equitativa y ajustada a las características de los municipios turísticos. Entre sus propuestas figura que estas localidades puedan recibir directamente una parte del IVA recaudado por la actividad económica desarrollada en su territorio. Salou pertenece a la Alianza de Municipios de Sol y Playa, integrada por ocho localidades: Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. En conjunto, estos municipios reciben alrededor del 9% de los turistas extranjeros que visitan España y concentran el 19% de las pernoctaciones. Su principal dificultad es atender a una población temporal que puede multiplicar considerablemente el número de residentes, con el consiguiente aumento de las necesidades de limpieza, seguridad, mantenimiento e infraestructuras. Además, la reducción de la estacionalidad turística prolonga la presión sobre los servicios municipales durante buena parte del año, lo que complica la elaboración de unos presupuestos capaces de absorber el incremento del gasto. Benidorm, con unos 77.000 habitantes censados y cerca de tres millones de visitantes anuales, afronta una situación financiera especialmente complicada por una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a indemnizar con unos 350 millones de euros a los antiguos propietarios de unos terrenos situados en Sierra Gelada. Los suelos perdieron sus posibilidades de desarrollo urbanístico tras quedar integrados en el parque natural del mismo nombre. El acuerdo alcanzado posteriormente entre el consistorio y los propietarios contempla un primer desembolso de 60 millones de euros antes de finalizar el año y un periodo de carencia de cinco años. A partir de 2031, el Ayuntamiento deberá reservar el 8% de su presupuesto para atender los pagos pendientes, con el objetivo de liquidar la indemnización en un plazo máximo de 30 años. Esta obligación ha complicado la evolución de las cuentas municipales, pese a que el Ayuntamiento había conseguido reducir de forma significativa su endeudamiento. En el último ejercicio, la deuda neta descendió de 58,2 a 32,8 millones de euros, prácticamente la mitad. Su alcalde, Toni Pérez (PP), sostiene que el desembolso inicial de 60 millones no ha obligado a reducir los servicios públicos ni a incrementar los impuestos y asegura que esa seguirá siendo la prioridad del consistorio. No obstante, también reconoce las dificultades para equilibrar los gastos municipales y reclama una reforma de la Ley de Haciendas Locales. Al igual que su homólogo de Salou, defiende que todos los municipios, independientemente de su condición turística, puedan participar en la recaudación del IVA generado por el consumo en su territorio. Por el contrario, rechaza la implantación de una tasa turística, al considerar que supondría gravar actividades que ya están sujetas al IVA y que su aplicación tendría un alcance limitado y discriminatorio. Los otros seis integrantes de la Alianza de Municipios de Sol y Playa comparten la reclamación de una reforma urgente del modelo de financiación local que reconozca el esfuerzo económico adicional que deben realizar estas localidades. El sistema actual, que lleva 22 años sin modificaciones, establece unos requisitos muy restrictivos para que un municipio pueda ser considerado turístico a efectos de financiación. Entre ellos figuran no ser capital de provincia o de comunidad autónoma, contar con una población censada de entre 20.000 y 75.000 habitantes y disponer de más viviendas de segunda residencia que de residencia habitual. De los ocho municipios que forman parte de la alianza, únicamente Salou reúne estas condiciones y recibe por este concepto 286.854 euros anuales, una cantidad que representa el 11,6% del total distribuido.

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(El Economista, 04-11-2026) | Fiscal

La Comunidad de Madrid lanza una línea de avales para comprar vivienda de obra nueva sin adelantar el 10% del precio a las constructoras

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha una nueva línea de avales públicos para facilitar la compra de viviendas de obra nueva, tanto libres como protegidas. La iniciativa permitirá a los compradores evitar el desembolso anticipado de hasta el 10% del precio del inmueble mientras duren las obras. El Consejo de Gobierno aprobará este miércoles las condiciones del programa, que contará con un límite de 50 millones de euros. Cuando se adquiere una vivienda sobre plano, es habitual que el comprador tenga que entregar al promotor o a la cooperativa determinadas cantidades a cuenta antes de que finalice la construcción. Con el nuevo sistema, las sociedades de garantía recíproca (SGR) podrán conceder avales a estas entidades para cubrir dichos anticipos, evitando que los futuros propietarios tengan que disponer de ese dinero durante el periodo de edificación. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso asumirá sin coste hasta el 70% del importe de cada garantía, mientras que las sociedades que concedan los avales deberán cubrir al menos el 30% restante. Podrán participar las SGR domiciliadas en la Comunidad de Madrid que cumplan los requisitos económicos exigidos y suscriban un acuerdo con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. La medida entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y estará disponible para los compradores a medida que las entidades se incorporen al programa. Una vez terminada la vivienda, quienes asuman la hipoteca del promotor podrán solicitar su adhesión al plan autonómico Mi Primera Vivienda, que facilita el acceso a préstamos hipotecarios de al menos el 90% del valor de tasación. Para ello, deberán cumplir las condiciones establecidas y contratar la financiación con alguna de las doce entidades bancarias adheridas: Bankinter, Cajamar, Unión de Créditos Inmobiliarios, CaixaBank, Banco Santander, Ibercaja, ING, Unicaja, Kutxabank, ABANCA, Banco Sabadell y Eurocaja Rural. El porcentaje de financiación dependerá de la edad del solicitante. Podrá alcanzar el 100% del precio de la vivienda para los menores de 40 años, el 95% para quienes tengan entre 40 y 45 años y el 90% en el tramo de 45 a 50 años. El programa dispone de un presupuesto de 25 millones de euros para 2026 y establece los 50 años como límite general de edad, aunque quedan exentas de esta restricción las familias con hijos menores a cargo, las numerosas y las monoparentales. El precio máximo del inmueble no podrá superar los 425.000 euros. A estas iniciativas se sumarán dos nuevas rebajas fiscales que el Gobierno regional incorporará a los Presupuestos de 2027 y que entrarán en vigor el 1 de enero de ese año. La primera contempla reducir del 6% al 4% el tipo del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (TPO) para la adquisición de vivienda habitual de segunda mano por menores de 40 años, siempre que el inmueble no supere los 450.000 euros. La medida podría beneficiar a unos 40.000 jóvenes y supondría un ahorro conjunto de 114 millones de euros anuales, con una reducción media cercana a los 3.000 euros por comprador. La segunda rebaja afecta al impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), que grava la adquisición de vivienda nueva, cuyo tipo pasará del 0,75% al 0,4%. El Gobierno madrileño calcula que esta reducción permitirá ahorrar unos 2,1 millones de euros al año y beneficiará a alrededor de 4.200 jóvenes. En conjunto, las dos medidas fiscales supondrán un ahorro estimado de 116 millones de euros anuales.

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(El Economista, 03-11-2026) | Fiscal

La Justicia protege al campo y aclara que la compensación del IVA no cuenta para el límite de los módulos en el IRPF

La compensación a tanto alzado prevista en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, regulada en el artículo 130 de la Ley del Impuesto, no debe incluirse en el cálculo del límite anual de 250.000 euros de ingresos que determina la exclusión del método de estimación objetiva en el IRPF, conforme al artículo 31.1.3.ª de la Ley 35/2006. La magistrada ponente, Rivera Frade, considera que estas compensaciones no constituyen ingresos derivados de la actividad económica, sino un mecanismo de naturaleza tributaria destinado a resarcir a los agricultores y ganaderos por el IVA soportado que no pueden deducirse. Su finalidad es garantizar la neutralidad del impuesto y evitar que el contribuyente asuma una carga fiscal que no le corresponde. La resolución recuerda que el artículo 121.Uno de la Ley del IVA establece expresamente que las compensaciones a tanto alzado no forman parte del volumen de operaciones. Sin embargo, la Agencia Tributaria defendía que debían computarse como ingresos a efectos del IRPF, lo que suponía superar el límite establecido y excluir a la agricultora afectada del régimen de módulos. La magistrada también aclara que la Orden Ministerial HAP/2430/2015 no contempló expresamente la exclusión de estas compensaciones porque reprodujo literalmente la regulación del régimen simplificado del IVA, en el que no existen este tipo de pagos compensatorios. Por tanto, entiende que esta omisión responde a un defecto de redacción y no a una decisión deliberada de perjudicar al sector agrario. En consecuencia, una interpretación de la orden ministerial no puede prevalecer sobre lo establecido en la ley. El litigio tiene su origen en una liquidación provisional del IRPF mediante la que la Administración tributaria excluyó a una contribuyente del régimen de estimación objetiva al considerar que había superado el límite de ingresos permitido, una vez incorporadas al cálculo las compensaciones agrarias percibidas durante el ejercicio. La reclamación presentada por la contribuyente fue inicialmente desestimada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (TEARA). Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia estimó posteriormente su recurso y anuló la liquidación. Frente a esta decisión, la Abogacía del Estado interpuso recurso de casación.

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