El programa estatal Auto+, destinado a incentivar la compra de vehículos electrificados, se acerca a su agotamiento debido al ritmo de solicitudes y a la progresiva reducción de los fondos disponibles. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo, la semana pasada se habían registrado peticiones por valor de 305,6 millones de euros correspondientes a particulares y de 38,58 millones por parte de empresas y autónomos. Dado que las dotaciones iniciales ascienden a 350 y 50 millones, respectivamente, fuentes del sector calculan que el presupuesto podría agotarse durante la semana de las elecciones generales, previstas para el próximo 29 de noviembre.
De cumplirse estas previsiones, las ayudas finalizarían aproximadamente un mes antes de la fecha establecida en el BOE, que fija el 31 de diciembre como límite del programa. Ese mismo día también concluye la vigencia de la deducción en el IRPF de hasta 3.000 euros por la adquisición de vehículos electrificados.
Tomando como referencia el gasto medio por expediente, situado en 3.165 euros para los particulares, las fuentes consultadas estiman que todavía habría margen para atender algo más de 14.000 solicitudes. No obstante, esta cantidad ya sería inferior, puesto que durante la última semana se han seguido registrando nuevas peticiones. En el caso de empresas y autónomos, el importe medio por expediente alcanza los 4.297 euros, por lo que quedarían fondos para unas 2.658 solicitudes adicionales, aunque también se trata de una estimación basada en datos anteriores.
Desde el Ministerio de Industria consideran que Auto+ ha sido un programa exitoso, pese al retraso en su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que no llegó hasta julio. Además, su duración está superando las previsiones iniciales del sector, que a principios de año esperaba que las ayudas se agotaran en verano. Esta estimación tenía en cuenta la experiencia del anterior plan Moves, cuyo presupuesto tuvo que duplicarse el pasado ejercicio para poder atender toda la demanda.
En Industria dan por hecho que, si tras las elecciones del 29 de noviembre no se produce un cambio de Gobierno, los incentivos a la compra de vehículos eléctricos seguirán formando parte de las medidas previstas para los próximos años dentro del Plan España Auto 2030, la estrategia industrial y de apoyo económico al automóvil acordada entre el Ejecutivo y el sector. Sin embargo, los fabricantes y distribuidores temen que un cambio de Gobierno pueda provocar un periodo de hasta seis meses sin ayudas. En caso de prorrogarse, consideran necesario que los nuevos incentivos tengan carácter retroactivo para cubrir las compras realizadas durante el tiempo que transcurra hasta la aprobación de los siguientes fondos. También existe incertidumbre sobre el papel que podría desempeñar Vox, contrario a la transición ecológica, en un eventual Ejecutivo del PP, que necesitaría su apoyo para gobernar según los sondeos.
La patronal de concesionarios Faconauto reclamó, durante la presentación de las matriculaciones de octubre, que se aclare cuanto antes si las ayudas al vehículo electrificado continuarán en 2027. La organización considera necesario garantizar su continuidad para mantener el impulso que han dado al mercado. En la misma línea se pronunciaron Ganvam, que representa a vendedores y reparadores, y Anfac, la asociación de fabricantes. Ganvam advirtió de que los incentivos deben mantenerse al margen de los calendarios electorales, ya que la incertidumbre administrativa puede acabar condicionando las decisiones de compra.
Si el programa Auto+ continúa en los próximos ejercicios, también deberá adaptarse a los criterios de contenido local que establezca la Unión Europea en la futura Ley de Aceleración Industrial (IAA), actualmente en negociación entre los Veintisiete. En su configuración actual, el plan permite subvencionar vehículos eléctricos fabricados fuera de la UE, incluidos los procedentes de China. La nueva normativa comunitaria pretende limitar esta posibilidad con el objetivo de proteger a la industria automovilística europea.
El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad del sistema de autoliquidaciones rectificativas introducido por el Real Decreto 117/2024, pero ha establecido un criterio que refuerza las garantías de los contribuyentes frente a posibles sanciones de la Agencia Tributaria. En concreto, el Alto Tribunal descarta que Hacienda pueda imponer multas de forma automática cuando un contribuyente presenta una rectificación para recuperar cantidades previamente ingresadas, siempre que actúe de buena fe y aporte información completa y veraz.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en su Sección Segunda, ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra el citado real decreto. La organización cuestionaba la adaptación de los reglamentos del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA, los Impuestos Especiales y los impuestos sobre los gases fluorados al nuevo procedimiento de rectificación, al considerar que excedía los límites de la potestad reglamentaria y podía perjudicar los derechos de los contribuyentes.
La controversia surgió tras la reforma de la Ley General Tributaria introducida por la Ley 13/2023, que sustituyó el procedimiento tradicional de solicitud de rectificación por un modelo basado en la presentación de una autoliquidación rectificativa. AEDAF advertía de que este cambio podía dejar a los contribuyentes expuestos a actuaciones sancionadoras cuando solicitaran devoluciones derivadas de discrepancias con los criterios de la Administración.
El Supremo, sin embargo, considera que la Ley General Tributaria proporciona cobertura suficiente para desarrollar reglamentariamente este sistema y descarta que exista una vulneración de la reserva de ley. También aclara que la expresión «normativa propia» no se limita exclusivamente a las leyes en sentido estricto, sino que comprende el conjunto de disposiciones reguladoras de cada impuesto.
Pese a rechazar la pretensión de nulidad de AEDAF, la sentencia introduce una interpretación especialmente relevante sobre las consecuencias sancionadoras de las autoliquidaciones rectificativas. El tribunal establece que, cuando un contribuyente ingresó inicialmente una deuda tributaria y posteriormente presenta una rectificación para solicitar su devolución, la Administración no puede imponer automáticamente una sanción por dejar de ingresar.
Los magistrados recuerdan que el nuevo procedimiento obliga a identificar expresamente los datos modificados y explicar los motivos que justifican la rectificación. De este modo, Hacienda dispone desde el primer momento de la información necesaria para comprobar si la modificación resulta procedente. Además, el Supremo señala que la Agencia Tributaria puede ejercer sus facultades de comprobación e investigación antes de efectuar la devolución si considera que existen dudas sobre su procedencia.
La sentencia entiende que, cuando el contribuyente ha cumplido inicialmente con su obligación de pago y después expone de forma transparente las razones jurídicas y los datos que justifican la rectificación, no cabe presumir que haya cometido una infracción. Por tanto, la Administración no puede fundamentar una sanción en resoluciones genéricas o argumentos estandarizados sin acreditar las circunstancias concretas que permitan apreciar culpabilidad.
El Alto Tribunal también eleva el nivel de exigencia para justificar una eventual sanción. En estos supuestos, la motivación de la culpabilidad debe ir más allá de la simple falta de diligencia, siguiendo el criterio recogido en la sentencia 96/1990 del Tribunal Constitucional.
El pronunciamiento supone un respaldo para empresas y asesores fiscales que temían que el nuevo sistema pudiera desincentivar las reclamaciones frente a criterios de Hacienda. Una de las principales preocupaciones era que un contribuyente presentara una rectificación basada en una interpretación jurídica distinta de la mantenida por la Dirección General de Tributos o el Tribunal Económico-Administrativo Central, recibiera la devolución y, tiempo después, se enfrentara a una inspección con una propuesta de sanción por haber obtenido indebidamente esas cantidades.
Con la nueva doctrina, el Supremo establece que una discrepancia interpretativa razonada, debidamente explicada y acompañada de información veraz no constituye por sí misma un motivo para sancionar. Hacienda podrá revisar la rectificación, rechazar el criterio aplicado y exigir la devolución de las cantidades correspondientes, junto con los intereses que procedan, pero no podrá imponer una multa de manera automática por el mero hecho de que el contribuyente haya defendido una interpretación diferente.
Para Esaú Alarcón, socio de Gibernau, la sentencia constituye una buena noticia para los fiscalistas, ya que limita considerablemente la capacidad sancionadora de Hacienda cuando el contribuyente actúa de buena fe. El experto recuerda que el procedimiento tradicional permitía plantear discrepancias interpretativas sin el temor a que la posterior devolución derivara en una sanción. No obstante, advierte de que no puede descartarse que se produzcan actuaciones administrativas inadecuadas en determinados casos.
En la práctica, el fallo refuerza la seguridad jurídica de quienes utilizan las autoliquidaciones rectificativas para defender criterios fiscales distintos de los sostenidos por la Agencia Tributaria. La clave estará en justificar adecuadamente los motivos de la modificación, facilitar todos los datos relevantes y actuar con transparencia, ya que estas circunstancias serán determinantes para valorar si existe o no responsabilidad sancionadora.
España registró en 2025 uno de los mayores incrementos de la presión fiscal de la Unión Europea, con una subida cercana a un punto porcentual. Esta evolución se explica tanto por el aumento de la recaudación tributaria como por la fortaleza del mercado laboral, que ha elevado los costes asociados a las cotizaciones sociales. En consecuencia, el peso de los impuestos y las aportaciones a la Seguridad Social sobre el producto interior bruto (PIB) aumentó nueve décimas en un año, hasta situarse en el 38,1%. Los últimos datos de Eurostat colocan a España entre los países donde más creció este indicador, en niveles similares a Francia y Croacia y solo por detrás de Alemania y Malta. A pesar de este avance, la presión fiscal española sigue por debajo de la media comunitaria, de la zona euro y de las principales economías europeas.
Según las cifras de la oficina estadística europea, todavía provisionales en algunos casos, la presión fiscal alcanzó el 40,7% del PIB en el conjunto de la UE en 2025, medio punto más que el año anterior. En los países de la zona euro llegó al 41,2%, tras aumentar seis décimas. Esto sitúa a España 2,6 puntos por debajo de la media comunitaria y 3,1 puntos por debajo de la eurozona.
La brecha es aún más amplia si se compara con las grandes economías del continente. Francia presenta una presión fiscal del 46% del PIB, Italia del 43% y Alemania del 41,4%. También superan el nivel español Bélgica, Austria y los países nórdicos. En el otro extremo figuran Irlanda, con un 22,7%; Rumanía, con un 29,3%; Malta, con un 30,3%, y Bulgaria, con un 30,6%.
En el conjunto de la Unión Europea, el aumento de las cotizaciones sociales fue uno de los principales factores que impulsaron el indicador. Su peso pasó del 13,9% al 14,3% del PIB entre 2024 y 2025. Por su parte, los impuestos sobre la producción y las importaciones se mantuvieron estables en el 12,9%, mientras que los tributos sobre la renta y el patrimonio avanzaron ligeramente, hasta el 13,2%.
En España, el incremento estuvo relacionado principalmente con el fuerte crecimiento de los ingresos tributarios, que avanzaron a un ritmo muy superior al de la economía. La recaudación alcanzó los 325.356 millones de euros en 2025, frente a los 294.734 millones del año anterior. Esto supone 30.622 millones adicionales, un aumento del 10,4%. El crecimiento contrasta con el avance real del PIB, que fue del 2,6%. Aunque para calcular la presión fiscal se utiliza el PIB nominal, que incorpora también el efecto de los precios, su evolución fue igualmente inferior al ritmo de incremento de los ingresos públicos. A este factor se sumó el aumento de los costes por cotizaciones sociales, impulsado por la buena evolución del empleo.
La presión fiscal permite medir qué proporción de la riqueza generada por una economía corresponde a los ingresos obtenidos mediante impuestos y cotizaciones sociales. Se trata de un indicador relevante para analizar la capacidad de las administraciones públicas para financiar los servicios y prestaciones que demanda la sociedad, como la sanidad, la educación, las pensiones y la protección social. A diferencia de otras aproximaciones, como el esfuerzo fiscal, su metodología está estandarizada, lo que permite a organismos como la Unión Europea y la OCDE comparar la situación de los distintos países.
Su evolución depende de dos variables: los ingresos públicos y el crecimiento económico, que constituye la base de comparación. Cuando la recaudación tributaria y las cotizaciones sociales aumentan más deprisa que el PIB, la presión fiscal se eleva. Por el contrario, si la economía crece a un ritmo similar o superior al de los ingresos, el indicador tiende a moderarse. En España se produjo el primero de estos escenarios en 2025, pese al dinamismo de la actividad económica. Una situación que fue todavía más acusada en Alemania y Francia, donde la presión fiscal también aumentó en un contexto de crecimiento económico mucho más débil.
Una parte significativa del avance registrado en España procede del comportamiento de los principales impuestos. Los ingresos por IRPF aumentaron un 10,1% en 2025, mientras que la recaudación del impuesto sobre sociedades creció un 8,1% y la del IVA, un 9,9%. Estos incrementos responden a la expansión de las bases imponibles, a los cambios normativos y al impacto de la inflación. En este último caso, la falta de actualización de la tarifa del IRPF conforme a la evolución de los precios ha provocado que parte de las subidas salariales nominales se traduzcan en una mayor carga tributaria. También el encarecimiento de los bienes y servicios ha elevado los ingresos procedentes de los impuestos sobre el consumo.
La evolución de la presión fiscal durante los últimos años también ha estado condicionada por las distintas crisis económicas que ha atravesado Europa. La pandemia provocó una de las mayores alteraciones de este indicador. Los confinamientos y las restricciones a la actividad ocasionaron una contracción histórica del PIB en 2020, especialmente intensa en España. Aunque la caída de la actividad redujo los ingresos públicos, el retroceso de la economía fue mucho más pronunciado, lo que elevó el peso relativo de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el PIB.
La recuperación posterior contribuyó a moderar la ratio, pero el repunte de la inflación volvió a modificar la relación entre los ingresos públicos y el tamaño de la economía. El aumento de los precios elevó el valor nominal de los salarios, el consumo y los beneficios empresariales, impulsando la recaudación. En el IRPF, la ausencia de una deflactación de la tarifa hizo que los incrementos salariales asociados a la inflación aumentaran la tributación de parte de los contribuyentes. En el IVA, el encarecimiento de productos y servicios y la recuperación de determinados tipos impositivos ampliaron la base imponible. Estos factores contribuyeron a incrementar el peso de los ingresos públicos sobre el PIB.
La Audiencia Nacional considera que los bienes entregados a clientes que, pese a incorporar distintivos de una marca, tienen una utilidad económica propia para el destinatario deben calificarse como atenciones a clientes y no como simples objetos publicitarios de escaso valor. Esta distinción impide deducir el IVA soportado en su adquisición, según establece la sentencia de 14 de octubre de 2026.
La resolución, de la que es ponente la magistrada Sánchez Cordero, desestima el recurso presentado por Mahou y confirma el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que había ratificado una liquidación de la Agencia Tributaria de 31 de enero de 2019. El acuerdo exigía a la cervecera el ingreso de 8,7 millones de euros en concepto de IVA correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2013 y diciembre de 2015.
La compañía pretendía deducirse las cuotas soportadas por la compra de diversos materiales promocionales destinados a establecimientos hosteleros, entre ellos vasos, copas, jarras, servilleteros, posavasos, ceniceros y abridores.
Mahou defendía que estos artículos no tenían valor comercial intrínseco, dado que su coste era inferior a 90 euros y llevaban incorporada una marca indeleble. Para respaldar su postura, invocó los artículos 7.4 y 96.Uno.5.º de la Ley del IVA, así como la consulta vinculante V1464-08 de la Dirección General de Tributos. Sin embargo, la Audiencia Nacional señala que, para aplicar la excepción que permite la deducción, deben concurrir simultáneamente dos requisitos: que los objetos incluyan de forma indeleble la marca y que carezcan de valor comercial intrínseco.
El artículo 96.1.5.º de la Ley del IVA establece, con carácter general, la no deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes o servicios destinados a atenciones a clientes. La norma contempla una excepción para los objetos de carácter publicitario de escaso valor, pero la Sala entiende que debe interpretarse de manera restrictiva.
En este caso, los materiales entregados por Mahou tenían una utilidad económica efectiva para los establecimientos hosteleros, ya que cubrían necesidades habituales de su actividad y, de no recibirlos, habrían tenido que comprarlos en el mercado. Por tanto, la inclusión del logotipo de la cervecera no elimina el valor propio de estos bienes ni permite considerarlos simples artículos publicitarios.
La sentencia también aplica la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular la resolución de 12 de marzo de 2026, asunto C-515/24. Según la Audiencia Nacional, la exclusión de la deducción del IVA en las atenciones a clientes resulta compatible con el Derecho comunitario, al amparo de la cláusula de mantenimiento prevista en el artículo 176 de la Directiva del IVA. Finalmente, el tribunal considera que estas entregas constituyen operaciones de autoconsumo no deducibles conforme a los artículos 9.1.b y 7.7 de la Ley del IVA. En consecuencia, desestima íntegramente la demanda de Mahou, sin imponer las costas procesales.
Los sindicatos han comenzado a definir su estrategia ante la posibilidad de que el PP se imponga en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A la convocatoria de una huelga general para mañana, a dos días del comienzo de la campaña electoral y con el respaldo de miembros del actual Gobierno, se añade ahora la decisión de las centrales de aplazar las movilizaciones en un organismo público fundamental, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la intención de retomarlas ante el próximo Ejecutivo.
UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) han decidido cancelar la huelga de 24 horas que estaba prevista para el pasado 28 de octubre. Además, las tres organizaciones han acordado suspender temporalmente, según un comunicado conjunto, todas las protestas y jornadas de paro anunciadas para las semanas siguientes, sin establecer por el momento un nuevo calendario. No obstante, han precisado que esta decisión no implica dar por terminado el conflicto ni abandonar las reivindicaciones que lo originaron.
En la práctica, los sindicatos han optado por mantener las movilizaciones en suspenso hasta disponer de interlocutores en el Gobierno con plena capacidad para negociar y adoptar decisiones. Esta justificación ha generado malestar entre algunos profesionales de la AEAT, que cuestionan la posible politización de un conflicto que, inicialmente, respondía a demandas estrictamente laborales, según fuentes conocedoras de la situación.
Entre las críticas planteadas se encuentra la contradicción que supone aplazar las protestas hasta la llegada de un nuevo ministro de Hacienda, cuando las reclamaciones tienen su origen en las condiciones laborales establecidas durante la etapa de María Jesús Montero y que, según denuncian, tampoco han sido modificadas por su sucesor, Arcadi España. Los trabajadores cuestionan por qué se traslada la responsabilidad al próximo Ejecutivo en lugar de mantener las movilizaciones frente al actual Gobierno.
Las centrales sindicales fundamentan sus demandas en la recuperación de derechos, el desarrollo de la carrera profesional y la mejora de las condiciones retributivas. Sin embargo, entre los inspectores de Hacienda existe la percepción de que estas reivindicaciones han pasado a un segundo plano y de que las organizaciones sindicales están adoptando un papel más próximo al de actores políticos ante la posibilidad de que las elecciones desemboquen en un Gobierno de coalición entre el PP y Vox.
El malestar también se alimenta de la diferente respuesta sindical ante la huelga general convocada para mañana. UGT y CCOO mantienen este paro, que será el primero de estas características en más de una década, y que se presenta como una protesta frente a la crisis de la vivienda y en respaldo a las movilizaciones surgidas tras el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid.
Algunos trabajadores de la Agencia Tributaria consideran que la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre también debería haber dejado al actual Gobierno sin interlocutores con capacidad para negociar medidas en materia de vivienda. Sin embargo, los sindicatos han mantenido la huelga general, una decisión que, a su juicio, resulta difícil de conciliar con los argumentos utilizados para aplazar las protestas en la AEAT. Desde que se anunció la convocatoria del paro general, las organizaciones sindicales han recibido críticas por el supuesto carácter político de la protesta y por su orientación favorable al Ejecutivo y contraria a la oposición.
Estas interpretaciones se han visto reforzadas por las muestras de apoyo expresadas por miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. También se ha cuestionado el peso secundario que las reivindicaciones laborales tuvieron inicialmente en la convocatoria de la huelga. Las referencias a la necesidad de mejorar los salarios para hacer frente al coste de los alquileres y las hipotecas se incorporaron posteriormente, una modificación que, según las críticas, buscaba reforzar la justificación legal de la protesta.
El conflicto laboral dentro de la Agencia Tributaria, en cualquier caso, viene de antes de la actual coyuntura política y del adelanto electoral anunciado para finales de noviembre. La tensión se remonta a las reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo y las retribuciones del personal del organismo.
Durante la pasada primavera, los trabajadores de la AEAT llegaron incluso a plantear la posibilidad de paralizar la campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. El origen de sus protestas se encuentra en el incumplimiento que denuncian del acuerdo firmado en 2024 para mejorar sus condiciones salariales, cuando María Jesús Montero dirigía el Ministerio de Hacienda y ocupaba también la Vicepresidencia Primera del Gobierno.
Entre los asuntos pendientes figuran las dificultades para progresar profesionalmente dentro de la estructura de la Agencia Tributaria y la asignación de responsabilidades adicionales a determinados empleados sin una compensación económica proporcional. A estas reclamaciones se suman las demandas específicas del personal de Aduanas, que desarrolla su actividad en entornos con elevados riesgos para su seguridad.
A estas cuestiones laborales se añaden otros motivos de discrepancia entre los trabajadores de la AEAT y el Ministerio de Hacienda, algunos de ellos relacionados con las decisiones adoptadas al comienzo de la actual legislatura.
Uno de los principales focos de controversia ha sido el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana para impulsar un modelo de financiación singular para Cataluña, que contempla el desarrollo de un sistema de concierto fiscal propio. La posibilidad de reforzar la Agencia Tributaria catalana mediante la transferencia de competencias recaudatorias ha generado una fuerte oposición entre los inspectores de Hacienda, que consideran que este planteamiento podría debilitar la estructura y las funciones de la Agencia Tributaria estatal. El rechazo de este colectivo a la eventual fragmentación del sistema tributario y a la transferencia de competencias a la Administración catalana ha sido una constante durante los últimos cuatro años.
La economía española ha demostrado una notable capacidad de resistencia en los últimos años, pese a un contexto internacional marcado por importantes dificultades. Los economistas de CaixaBank resumen esta evolución en dos conceptos: complejidad y resiliencia. El primero hace referencia a los acontecimientos extraordinarios que han condicionado la agenda mundial, mientras que el segundo se explica por factores como la fortaleza del mercado laboral y de la demanda interna, la buena situación financiera del sector privado y el dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos.
"Si alguien nos hubiera dicho en 2009 que la economía española se comportaría de la forma en que lo ha hecho frente a la Covid, la guerra de Ucrania, los aranceles de EEUU y la guerra de Irán, nos hubiera sorprendido mucho", ha señalado el economista jefe de CaixaBank, Enric Fernández, durante la presentación del informe de previsiones de la entidad.
CaixaBank calcula que el PIB español crecerá un 2% en 2027, lo que supone una moderación respecto al 2,6% previsto para este año. Aun así, el avance superará el 1,4% estimado para la eurozona. La entidad considera que esta evolución estará respaldada también por factores externos. Entre ellos destaca la demografía, con un aumento de la población del 1% impulsado por los flujos migratorios, que contribuirá en medio punto al crecimiento del PIB. El director de Economía Española de CaixaBank, Oriol Aspachs, ha señalado asimismo que los fondos Next Generation seguirán teniendo efectos positivos, aunque su periodo de ejecución concluya este año, ya que su impacto sobre la economía real se materializa progresivamente.
Uno de los principales riesgos para las perspectivas económicas es la evolución de la inflación y la posibilidad de que los bancos centrales vuelvan a elevar los tipos de interés. CaixaBank prevé que la inflación se modere hasta el 2,5%, frente al 3,4% estimado para este año, aunque advierte de su elevada sensibilidad a los precios de la energía. Según Fernández, los mercados de futuros anticipan que el petróleo será ocho dólares más barato el próximo año y que el gas natural registrará un ligero descenso.
En cuanto a la política monetaria, las previsiones apuntan a que la Reserva Federal situará los tipos de interés entre el 3,75% y el 4%, mientras que el Banco Central Europeo los elevará hasta el 3%. No obstante, el escenario energético concentra buena parte de las incertidumbres y podría provocar un encarecimiento mayor del previsto. El economista Adrià Morron ha recordado que, durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania en 2022, el BCE llegó a situar los tipos en el 4%. Por su parte, Oriol Carreras ha estimado que un incremento de un punto en la inflación podría restar tres décimas al crecimiento del PIB español.
En el ámbito internacional, además de los riesgos relacionados con la energía, CaixaBank sitúa el foco en las inversiones en inteligencia artificial y en la situación financiera de algunos países europeos, entre ellos Francia, cuyas cuentas públicas presentan mayores desequilibrios. La entidad considera que la inversión en IA ha sido uno de los factores que han sostenido el crecimiento mundial, aunque su continuidad dependerá de que consiga trasladar sus beneficios a la economía real. José Ramón Díez ha advertido de que unas expectativas de rentabilidad que no lleguen a cumplirse podrían generar situaciones económicas comprometidas.
Adelantar determinados gastos, realizar aportaciones a planes de pensiones o revisar las inversiones antes del 31 de diciembre son algunas de las actuaciones que pueden ayudar a reducir la factura del IRPF. A falta de dos meses para finalizar 2026, los contribuyentes todavía disponen de margen para planificar su próxima declaración de la Renta, que se presentará en la primavera de 2027 y tendrá en cuenta los ingresos, gastos y rendimientos obtenidos durante este ejercicio.
Los asesores fiscales recuerdan que revisar con antelación las deducciones estatales y autonómicas, las exenciones disponibles y las posibilidades de compensar ganancias y pérdidas patrimoniales puede generar un ahorro fiscal significativo. Desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), del Consejo General de Economistas, advierten de que dejar pasar determinados plazos puede impedir aprovechar incentivos vinculados a inversiones o mecanismos de compensación fiscal. Por ello, recomiendan anticipar la planificación y revisar las circunstancias personales y económicas antes del cierre del ejercicio, tanto en el caso de trabajadores asalariados como de autónomos, arrendadores e inversores.
Entre las opciones disponibles figura negociar con la empresa la percepción de una parte del salario mediante retribuciones en especie exentas de tributación, como los vales de comida o el seguro médico. Esta fórmula permite reducir la base imponible del trabajador. En el caso de los seguros sanitarios, es necesario que la empresa figure expresamente como tomadora de la póliza para que pueda aplicarse la exención.
Los contribuyentes que se hayan jubilado y mantengan aportaciones a planes de pensiones o sistemas de previsión social realizadas antes del 31 de diciembre de 2007 pueden beneficiarse de una reducción del 40% sobre el capital rescatado en forma de pago único. Para conservar este incentivo, el rescate debe efectuarse durante el ejercicio en que se produce la jubilación o en alguno de los dos años siguientes.
También conviene revisar las aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social. El límite máximo de reducción puede alcanzar los 10.000 euros anuales, resultado de sumar los 1.500 euros correspondientes al límite individual general y hasta 8.500 euros adicionales por contribuciones empresariales. Además, cuando el cónyuge no obtiene ingresos o estos son inferiores a 8.000 euros anuales, se pueden realizar aportaciones de hasta 1.000 euros a su plan de previsión social con derecho a reducción.
En el caso de los trabajadores autónomos y profesionales colegiados, las aportaciones a planes de pensiones de empleo simplificados permiten aplicar una reducción adicional de hasta 4.250 euros anuales. Esta cantidad se suma al límite individual general de 1.500 euros, por lo que el importe total deducible puede alcanzar los 5.750 euros.
Otra recomendación es comprobar que las retenciones aplicadas en las nóminas se ajustan a las circunstancias actuales del contribuyente. Quienes hayan cambiado de empresa, experimentado variaciones importantes en sus ingresos o sufrido modificaciones en su situación personal o familiar pueden solicitar a su empleador que revise el porcentaje de retención antes de finalizar el año.
Los propietarios de viviendas y otros inmuebles destinados al alquiler también disponen de distintas posibilidades para reducir la tributación de sus rendimientos. Entre los gastos deducibles se encuentran las primas de los seguros de vida y hogar vinculados a préstamos hipotecarios cuando su contratación permite obtener una bonificación en el tipo de interés. Por tanto, resulta conveniente comprobar las condiciones de estas pólizas y los importes satisfechos durante el ejercicio.
Asimismo, las cantidades destinadas a reparar, conservar o pintar los inmuebles alquilados, así como a sustituir elementos deteriorados, pueden minorar el rendimiento neto del capital inmobiliario. No obstante, la suma de estos gastos y los correspondientes a la financiación hipotecaria no puede superar los ingresos íntegros obtenidos por el arrendamiento durante el ejercicio.
En relación con la gestión de los alquileres, para que el arrendamiento de inmuebles tenga la consideración de actividad económica a efectos del IRPF es necesario disponer, al menos, de una persona contratada laboralmente y a jornada completa para gestionar esta actividad. La interpretación judicial reciente ha aclarado que no es preciso demostrar adicionalmente que exista un volumen mínimo de trabajo que justifique esa contratación.
Los contribuyentes que todavía tengan derecho a la deducción transitoria por adquisición de vivienda habitual, por haber comprado el inmueble con financiación hipotecaria antes del 1 de enero de 2013, pueden valorar realizar amortizaciones anticipadas del préstamo. La normativa permite deducir el 15% de las cantidades satisfechas durante el año, con un límite máximo de 9.040 euros de base anual, incluyendo tanto la amortización como los intereses.
Por su parte, los autónomos que tributan en el régimen de estimación directa simplificada pueden aplicar una deducción del 5% sobre su rendimiento neto positivo en concepto de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación. El porcentaje aumenta hasta el 10% para las actividades desarrolladas en Ceuta y Melilla, aunque existe un límite máximo anual de 2.000 euros.
También es importante revisar los cobros y pagos pendientes antes del cierre del ejercicio cuando se haya optado por el criterio de imputación temporal de caja. En estos casos, la fecha efectiva de cobro de los ingresos o de realización de los pagos determina el ejercicio fiscal al que deben atribuirse las correspondientes partidas.
Los profesionales que necesiten adquirir un vehículo para desarrollar su actividad pueden estudiar la compra de un modelo comercial o empresarial eléctrico nuevo. Estos vehículos pueden acogerse a la libertad de amortización acelerada, siempre que se matriculen dentro del ejercicio y queden efectivamente vinculados al desarrollo de la actividad económica.
En el ámbito de las inversiones financieras, quienes hayan obtenido ganancias patrimoniales durante 2026 por la venta de acciones, fondos de inversión, inmuebles o criptomonedas pueden estudiar la posibilidad de compensarlas con pérdidas acumuladas en otras inversiones. Para ello, pueden transmitir antes del 31 de diciembre los activos que registren minusvalías, reduciendo así la base imponible del ahorro.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta las restricciones relativas a la recompra de valores homogéneos. Cuando se venden acciones cotizadas con pérdidas, la adquisición de títulos equivalentes durante los dos meses anteriores o posteriores a la transmisión impide computar fiscalmente esa minusvalía en ese momento. En el caso de valores no cotizados, el plazo se amplía a un año.
También conviene comprobar si existen pérdidas patrimoniales pendientes de compensación procedentes de ejercicios anteriores. Estas pueden utilizarse durante un plazo máximo de cuatro años. Si 2026 es el último ejercicio disponible para aprovecharlas, puede resultar conveniente materializar ganancias patrimoniales antes de que termine el año, evitando así que las minusvalías pendientes pierdan su utilidad fiscal.
En cuanto a las criptomonedas, los contribuyentes que tengan previsto vender activos con plusvalías pueden valorar aplazar la operación hasta el 1 de enero de 2027. De esta forma, la ganancia se imputaría al siguiente ejercicio fiscal y su tributación se trasladaría a la declaración que se presentará en 2028.
Otra cuestión que deben considerar los contribuyentes es el tratamiento fiscal de las donaciones. El Tribunal Supremo ha establecido que las pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones gratuitas de bienes no pueden computarse en el IRPF del donante. Esta limitación también se aplica cuando en una misma operación se transmiten otros bienes que sí generan ganancias sujetas a tributación.
Antes de donar acciones, participaciones o valores adquiridos en diferentes fechas, también es necesario tener presente la aplicación del criterio FIFO (primero en entrar, primero en salir). Esto significa que, a efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial, se considera que se transmiten primero los títulos adquiridos en la fecha más antigua.
Los mayores de 65 años cuentan con determinados incentivos fiscales cuando transmiten elementos de su patrimonio. Si venden bienes o derechos, como una segunda residencia, un local comercial o acciones, pueden dejar exenta la ganancia patrimonial siempre que reinviertan el importe obtenido en constituir una renta vitalicia asegurada. El límite máximo de reinversión con derecho a exención es de 240.000 euros y la operación debe formalizarse en un plazo de seis meses.
Además, la venta de la vivienda habitual por parte de un contribuyente mayor de 65 años está exenta de tributar por la ganancia patrimonial obtenida, sin necesidad de reinvertir el dinero. Cuando el inmueble pertenece conjuntamente a dos cónyuges y solo uno de ellos ha alcanzado esa edad, la exención se aplica únicamente a la parte proporcional correspondiente al propietario que cumple el requisito.
La adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables nuevos para uso particular también permite acceder a incentivos fiscales. La compra da derecho a una deducción del 15% sobre una base máxima de 20.000 euros, siempre que el precio no supere los 45.000 euros y no se trate de un vehículo de kilómetro cero. A esta ventaja puede añadirse otra deducción del 15% sobre un máximo de 4.000 euros por las cantidades destinadas a instalar puntos de recarga en una propiedad del contribuyente.
Las inversiones en energías renovables y eficiencia energética en la vivienda constituyen otras vías para reducir la factura fiscal. La instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico o térmico permite aplicar una deducción del 10% de las cantidades satisfechas, porcentaje que puede elevarse al 20% cuando las obras afectan a la totalidad de un edificio residencial. La base máxima anual es de 5.000 euros por contribuyente.
Por otro lado, las actuaciones de rehabilitación energética en la vivienda habitual, como la sustitución de ventanas por otras con mejores prestaciones de aislamiento, pueden dar derecho a una deducción del 20%, con una base máxima de 5.000 euros, si permiten reducir al menos un 7% la demanda de calefacción o refrigeración. El incentivo alcanza el 40%, con una base máxima de 7.500 euros, cuando las obras consiguen disminuir un 30% el consumo de energía primaria no renovable o permiten obtener una calificación energética A o B.
Los contribuyentes que inviertan en empresas de nueva creación y empresas emergentes también pueden beneficiarse de ventajas fiscales. La suscripción de acciones o participaciones antes de finalizar el año permite aplicar una deducción del 50% de las cantidades aportadas, con una base máxima anual de 100.000 euros. Para conservar el incentivo, la participación debe mantenerse durante un periodo mínimo de entre tres y doce años.
Por último, las aportaciones a organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin ánimo de lucro acogidas al régimen de mecenazgo permiten obtener importantes deducciones. Los primeros 250 euros donados durante el año dan derecho a una deducción del 80% en la cuota íntegra del impuesto. Para las cantidades que superen ese importe, el porcentaje general se sitúa entre el 40% y el 45%, aplicándose el tipo más elevado cuando se mantiene la fidelidad de las donaciones a una misma entidad.
El Gobierno prevé modificar nuevamente el IRPF para garantizar que los trabajadores que perciban el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) continúen sin tributar por este impuesto. Según ha adelantado un portavoz del Ministerio de Hacienda, la intención es incrementar la deducción que actualmente se aplica en el impuesto y que beneficia, sobre todo, a los empleados solteros y sin hijos, que no pueden acogerse a otras ventajas fiscales. La desgravación, que en estos momentos se sitúa en torno a los 590 euros, pasaría a alcanzar aproximadamente los 1.030 euros anuales.
A partir de 2027, el salario mínimo aumentará desde los 17.094 euros brutos anuales actuales hasta los 18.004 euros, distribuidos en 14 pagas. Si Hacienda no introduce el ajuste previsto, que algunas fuentes sitúan antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los trabajadores afectados tendrían que soportar una factura fiscal cercana a los 600 euros anuales, descontada de sus nóminas mediante las retenciones practicadas por las empresas.
El Ministerio de Trabajo anunció este jueves una subida del 5,3% del SMI para 2027. El plazo para presentar observaciones a la propuesta finaliza el 16 de noviembre, por lo que el Ejecutivo podría aprobar la nueva cuantía en el Consejo de Ministros del día 17 o, alternativamente, en el del 24 de noviembre. Ambos son los últimos encuentros ordinarios del Gobierno antes de la convocatoria electoral. Una vez aprobado el incremento salarial, Hacienda pretende trasladar la modificación tributaria al Congreso, donde deberá ser examinada por la Diputación Permanente o por las nuevas Cortes, si ya estuvieran constituidas.
La fórmula de incrementar la deducción del IRPF no es nueva. Durante años, las subidas del salario mínimo estuvieron acompañadas de modificaciones fiscales destinadas a mantener exentos de tributación los ingresos correspondientes a ese nivel salarial. Esta práctica se rompió en 2025, cuando una parte de los perceptores del SMI, especialmente los trabajadores solteros y sin hijos, comenzó a pagar IRPF por primera vez. La carga fiscal rondaba entonces los 340 euros anuales. Para compensarla, Hacienda estableció una deducción equivalente que los afectados podían recuperar al presentar la declaración de la renta del ejercicio siguiente. El mismo procedimiento se mantuvo un año después y el Gobierno prevé volver a utilizarlo en 2027.
Según los cálculos de Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, un trabajador que en 2026 percibe el salario mínimo de 17.094 euros brutos anuales aporta 1.111 euros a la Seguridad Social, por lo que sus rendimientos netos se sitúan en 15.983 euros. Sobre esta cantidad se aplica una reducción por rendimientos del trabajo de 5.323 euros, además de 2.000 euros en concepto de gastos deducibles. De este modo, la base queda fijada en 8.660 euros. Una vez descontado el mínimo personal de 5.550 euros y aplicados los tipos correspondientes, un empleado soltero y sin hijos tendría que pagar 591 euros anuales de IRPF. Esta cantidad se ingresa a través de las retenciones mensuales de su nómina y puede recuperarse posteriormente mediante la deducción prevista por Hacienda.
La situación cambiaría en 2027 con el nuevo salario mínimo de 18.004 euros. En ese caso, las cotizaciones a la Seguridad Social ascenderían a 1.174 euros y los rendimientos netos alcanzarían los 16.830 euros. A esta cifra habría que restarle 3.840 euros por la reducción por rendimientos del trabajo, cuyo importe disminuye a medida que aumentan los ingresos, y otros 2.000 euros de gastos deducibles. La base resultante sería de 10.990 euros y la cuota del IRPF se elevaría hasta aproximadamente 1.034 euros.
Fernández señala que, si Hacienda mantuviera la deducción actual, esta se reduciría hasta los 409 euros, ya que se minoraría en 20 céntimos por cada euro de salario que excediese los 17.094 euros. En consecuencia, el trabajador acabaría soportando más de 600 euros anuales de impuestos. Para evitarlo y conseguir que el incremento del SMI se traslade íntegramente al salario neto, la deducción tendría que elevarse hasta unos 1.030 euros.
Varios especialistas consideran que recurrir a modificaciones fiscales cada vez que aumenta el salario mínimo no constituye una solución adecuada. El presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez, defiende la implantación de un sistema de actualización automática que evite tener que introducir ajustes tributarios anualmente. A su juicio, si el objetivo es que los perceptores del SMI no paguen IRPF, sería preferible evitar directamente las retenciones en sus nóminas, en lugar de obligarlos a presentar la declaración de la renta para recuperar posteriormente el dinero mediante una deducción.
Los sindicatos también han cuestionado este jueves la decisión de recurrir cada año a una nueva ventaja fiscal para mantener la exención del salario mínimo, en lugar de establecer una solución permanente. CC OO y UGT reclaman conjuntamente una modificación legislativa que asegure que las subidas del SMI se reflejen íntegramente en los ingresos netos de los trabajadores. Ambas organizaciones consideran que no resulta razonable depender de medidas temporales ni permitir que una parte de las mejoras salariales desaparezca como consecuencia de la tributación. Asimismo, reclaman una regulación estable que impida que los sucesivos incrementos del salario mínimo provoquen tipos impositivos desproporcionados, tanto para quienes cobran el SMI como para los empleados cuyos salarios se sitúan ligeramente por encima.
La posición sindical sobre la tributación del salario mínimo ha ido evolucionando en los últimos años. Las organizaciones han planteado en distintas ocasiones que el SMI debería comenzar a contribuir al IRPF, teniendo en cuenta el creciente número de trabajadores que perciben esta retribución, estimado en unos 2,5 millones, y el incremento acumulado del 66% desde 2018. Consideran que la existencia de un colectivo tan numeroso al margen de este impuesto tiene consecuencias para los ingresos públicos. No obstante, defienden que cualquier modificación debe integrarse en una reforma fiscal más amplia, que contemple también una mayor aportación de las rentas más elevadas. UGT sostiene que los tipos marginales del IRPF pueden penalizar excesivamente a quienes comienzan a tributar con salarios reducidos, una preocupación que también comparte CC OO.
La posibilidad de que el salario mínimo tribute por su creciente peso en el mercado laboral también ha sido defendida anteriormente desde el Ministerio de Hacienda. El pasado año, el Ministerio de Trabajo, partidario de mantener la exención, abrió la puerta a esta alternativa al solicitar a los expertos encargados de proponer la subida salarial que contemplasen un escenario en el que los perceptores del SMI tuvieran que pagar IRPF. Esta circunstancia elevaba necesariamente la cuantía necesaria para compensar la carga fiscal. En ese supuesto, los expertos plantearon para 2027 un incremento del 11%, hasta situar el salario mínimo en 18.981 euros brutos anuales.
La cuestión también ha adquirido protagonismo en el debate político. La semana pasada, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en una entrevista en la Cadena SER que el Gobierno había obtenido un beneficio económico de las subidas del salario mínimo porque, a su juicio, la Administración era quien más dinero terminaba recaudando de los trabajadores. Cuando el entrevistador le recordó que el SMI estaba exento de IRPF, Feijóo respondió que esa exención existía anteriormente. El ministro de Hacienda, Arcadi España, contestó a través de la red social X recordando que el Ejecutivo lleva cuatro años reduciendo la carga del IRPF para las rentas más bajas y adoptando medidas para garantizar que los perceptores del salario mínimo no tengan que tributar.
Las comunidades autónomas de régimen común dejarán de ingresar alrededor de 1.300 millones de euros como consecuencia de las rebajas fiscales aprobadas o anunciadas para 2026 y 2027. Según las estimaciones, todas registrarán un impacto negativo sobre la recaudación, con una única excepción: Catalunya, cuyos ingresos públicos aumentarán en 122 millones de euros. Esta diferencia responde a una tendencia que se viene repitiendo en los últimos ejercicios, en los que prácticamente todos los territorios han optado por reducir su presión fiscal, mientras que Catalunya mantiene una política tributaria diferente.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) elabora cada mes de octubre un análisis de las principales líneas presupuestarias de las comunidades autónomas. Sus conclusiones suelen poner de manifiesto que los gobiernos regionales recurren a bonificaciones y reducciones en los impuestos cuya gestión tienen transferida, como el IRPF, el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el de patrimonio. Estas decisiones reducen los ingresos tributarios y pueden afectar al equilibrio de las cuentas públicas.
En 2026, la aplicación de nuevas rebajas fiscales ha vuelto a intensificarse. El ejercicio anterior, las medidas permanentes aprobadas por las comunidades autónomas ya habían supuesto una disminución de la recaudación de unos 1.150 millones de euros. Además, la aprobación de este tipo de iniciativas suele cobrar mayor protagonismo en los años próximos a las convocatorias electorales.
La Comunidad Valenciana y Andalucía serán los territorios que asumirán las mayores pérdidas de ingresos durante el periodo analizado. La primera dejará de recaudar aproximadamente 641 millones de euros, mientras que la segunda registrará una reducción de 280 millones. Los gobiernos de Juan Francisco Pérez Llorca y Juanma Moreno han introducido rebajas en distintos tributos, entre ellos el IRPF, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD) y el de sucesiones y donaciones. La Airef advierte de que estas decisiones podrían acabar perjudicando la evolución de sus cuentas públicas a medio plazo.
Madrid ocupa el siguiente lugar, con una merma estimada de 118 millones de euros. La comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso, que tradicionalmente ha mantenido una de las fiscalidades más reducidas del país, ha ampliado las ventajas fiscales aplicables a los impuestos sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales.
En un segundo grupo se sitúan las demás comunidades de régimen común, que también han adoptado reducciones tributarias, aunque con distintos niveles de impacto. Entre ellas figuran tanto territorios gobernados por el Partido Popular como dos administrados por el PSOE. Asturias no ha facilitado a la Airef una estimación concreta del efecto económico de sus medidas, mientras que Castilla-La Mancha calcula que dejará de ingresar unos 10 millones de euros.
Catalunya presenta una situación distinta. En lugar de reducir sus ingresos, prevé incrementar la recaudación en 122 millones de euros entre 2026 y 2027. La Airef identifica algunas medidas que sí implican rebajas fiscales, como las deducciones en el ITPAJD destinadas a jóvenes y otros colectivos, además de determinados cambios en el tramo autonómico del IRPF. Sin embargo, estos efectos negativos se compensarán con mayores ingresos procedentes de otras decisiones tributarias. Entre ellas destacan el aumento del 100% de las tarifas del impuesto sobre las estancias turísticas, la actualización de las bases de cálculo del canon del agua y la eliminación de la reducción de las tarifas del transporte público superior al 30%.
El análisis de la Airef vuelve a poner de manifiesto las diferencias existentes entre los sistemas fiscales autonómicos. Un mismo hecho imponible puede generar una factura tributaria distinta dependiendo de la comunidad en la que resida el contribuyente. La Generalitat de Catalunya ha definido esta situación como «dumping fiscal», especialmente por las ventajas tributarias que ofrece Madrid y que, a su juicio, provocan una competencia entre territorios.
La reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno central pretendía abordar estas desigualdades e introducir mecanismos para desincentivar las rebajas fiscales de las comunidades autónomas. Sin embargo, la falta de acuerdos políticos ha impedido que la propuesta avance y la legislatura concluirá sin que llegue siquiera a debatirse en el Parlamento.
La patronal Foment del Treball ha pedido a las formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que establezcan por ley una actualización anual del IRPF para tener en cuenta la evolución de los precios. La organización empresarial considera que esta medida permitiría evitar que los incrementos salariales acordados para compensar la inflación terminen provocando un aumento de la carga tributaria de los trabajadores, ya que el impuesto aplica tipos más elevados a medida que crecen los ingresos.
La propuesta ha sido presentada este jueves en Barcelona por la vicepresidenta de Foment, Mar Alarcón, y el director de estudios de la organización, Salvador Guillermo. La patronal plantea revisar tanto los tramos estatales del IRPF como los mínimos personales y familiares, tomando como referencia el porcentaje general de revalorización de las pensiones contributivas. Asimismo, propone recuperar progresivamente el poder adquisitivo perdido durante los años en los que estos parámetros no se han actualizado.
Guillermo ha recordado que el impuesto lleva 14 años sin adaptarse a la evolución de los precios. En su opinión, esta falta de actualización provoca que los ciudadanos terminen pagando más impuestos sin que necesariamente hayan aumentado su capacidad económica real. El incremento de la factura fiscal se produce, por tanto, como consecuencia de la inflación y no de una mejora efectiva de su poder adquisitivo. El representante empresarial considera que esta situación constituye una subida impositiva encubierta que permite a las Administraciones aumentar sus ingresos sin asumir el coste político de aprobar nuevos impuestos o elevar los existentes.
Entre finales de 2015 y septiembre de 2026, los precios han acumulado un incremento aproximado del 32,6%. Foment considera que esta evolución justifica la necesidad de revisar también otros parámetros tributarios, como el límite de exención del impuesto sobre actividades económicas (IAE). Actualmente, están exentas de su pago las empresas cuya cifra de negocios sea inferior a un millón de euros, un umbral establecido en 2003. Según los cálculos de la patronal, si se hubiera actualizado conforme al IPC, debería situarse actualmente en torno a 1,72 millones de euros.
Además de las modificaciones fiscales, Foment ha presentado otras propuestas dirigidas a mejorar la actividad económica, especialmente en materia de infraestructuras. Entre sus reivindicaciones figura garantizar la ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado y recuperar la publicación de información detallada que permita conocer el grado de cumplimiento de los compromisos de inversión pública.
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