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(Expansión, 25-09-2026) | Fiscal

El campo advierte al Gobierno: prorrogar las ayudas al carburante no contendrá los precios

El Gobierno aprobará el próximo martes un nuevo decreto para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis de precios provocada por el conflicto en Oriente Próximo. La norma llegará justo un día antes de que expire el actual paquete de medidas, que incluye, entre otras actuaciones, reducciones en el Impuesto sobre Hidrocarburos aplicadas a la gasolina, al diésel y al gasóleo profesional, con una rebaja de hasta 20 céntimos por litro en este último caso. Aunque todavía no se conocen las nuevas medidas, las organizaciones agrarias muestran cautela ante la posibilidad de que el Ejecutivo se limite a prorrogar las ayudas vigentes. El sector considera que mantener las bonificaciones actuales no será suficiente para frenar el encarecimiento de los carburantes, especialmente en un contexto en el que la inflación alcanzó el 4,3% en agosto y el aumento de los costes energéticos empieza a trasladarse a otros productos de consumo. Las organizaciones agrarias sostienen que la reducción de 20 céntimos por litro aplicada al gasóleo B, utilizado habitualmente en las explotaciones agrícolas, ya resulta insuficiente. Según fuentes del sector, si los precios continúan aumentando al ritmo actual, la inflación podría absorber por completo el efecto de la bonificación en los próximos meses, como ya habría ocurrido con las ayudas anteriores. Los datos históricos de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reflejan la intensidad de este incremento. Desde el 30 de junio, cuando se aprobó la actual rebaja, el precio del gasóleo agrícola habría aumentado 48 céntimos por litro. Si se toma como referencia el 27 de febrero, antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el incremento alcanza los 60 céntimos, equivalente a un 53,5%. Las organizaciones agrarias reclaman por ello medidas fiscales específicas que permitan reducir el impacto del encarecimiento de los principales costes de producción. Entre sus propuestas figura recuperar una bonificación del 35% en el IRPF por el gasóleo agrícola y otra del 15% para los fertilizantes, cuyo precio también se ha visto afectado por la evolución del conflicto. El sector advierte de que el aumento de los costes está comprometiendo la rentabilidad de las explotaciones, especialmente porque los productores tienen dificultades para trasladar íntegramente ese incremento a los precios en origen. Si esta situación se mantiene, el encarecimiento de los costes de producción podría terminar repercutiéndose sobre los precios que pagan los consumidores por los alimentos. El problema afecta también al resto de carburantes. Los precios han aumentado por encima de las reducciones fiscales previstas en el decreto actualmente en vigor. El Gobierno elevó hasta 20 céntimos por litro la rebaja aplicable al diésel mediante la cláusula de salvaguarda, mientras que la bonificación de la gasolina se ha reducido progresivamente hasta situarse actualmente en cinco céntimos. En ambos casos, las ayudas no han compensado completamente el incremento acumulado de los precios desde la entrada en vigor del paquete de medidas. Por ello, una simple prórroga de las bonificaciones podría tener un efecto limitado sobre la evolución de los precios, aunque su desaparición supondría un nuevo aumento inmediato del coste de los carburantes. Ante esta situación, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) tiene previsto plantear al Gobierno la adopción de medidas excepcionales para intervenir el mercado y establecer límites a los precios de los carburantes, siguiendo el modelo de regulación que estuvo vigente hasta finales de los años noventa. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que el nuevo decreto deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días. También ha avanzado que el Ejecutivo prestará especial atención al posible traslado del encarecimiento energético a los precios de los alimentos, lo que se conoce como efectos de segunda ronda. Al mismo tiempo, ha defendido la necesidad de adoptar una perspectiva de medio y largo plazo para reducir la dependencia energética y avanzar en la electrificación y la descarbonización de la economía. El margen presupuestario para ampliar las ayudas es, además, cada vez más reducido. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, ha advertido de que la prolongación del conflicto en Oriente Próximo está obligando al Gobierno a asumir nuevos gastos. Aunque algunos pueden tener carácter temporal, otros podrían convertirse en compromisos permanentes que requerirían fuentes de financiación estables. La Airef ha señalado que estas nuevas obligaciones presupuestarias, si no se compensan mediante una reducción de otras partidas, podrían dificultar el cumplimiento de la senda fiscal acordada con Bruselas. El margen disponible es ya limitado y las previsiones del organismo sitúan el déficit público en el 2,7% del PIB al cierre del ejercicio.

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(El País, 25-09-2026) | Fiscal

La OCDE mejora la previsión de PIB de España, pero alerta de una inflación elevada y persistente

España afrontará los próximos meses con un crecimiento económico superior al previsto, pero también con una inflación que continúa mostrando resistencia a moderarse. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha elevado hasta el 2,6% su previsión de crecimiento del PIB español para 2026, cuatro décimas más que en su anterior estimación de junio. El organismo sitúa esta evolución en un contexto internacional marcado por la escalada de las tensiones en Oriente Próximo y por la elevada volatilidad de los mercados energéticos. Al mismo tiempo, advierte de que la persistencia de la inflación seguirá afectando al poder adquisitivo de los hogares españoles y mantendrá los precios por encima de los registrados en buena parte de Europa. La revisión al alza de las perspectivas de crecimiento refleja la resistencia de la economía española frente a la debilidad de las principales economías europeas. Sin embargo, llega en un momento en el que el encarecimiento de los carburantes vuelve a ejercer presión sobre el IPC y aumenta el riesgo de que las subidas terminen extendiéndose a otros bienes y servicios. En agosto, la inflación alcanzó el 4,3%, su nivel más elevado desde 2023, en un escenario de nuevas tensiones en los mercados energéticos. La OCDE considera que esta combinación de mayor crecimiento y elevada inflación seguirá condicionando la evolución de la economía española. El organismo estima que España creció un 2,8% en 2025 y prevé que avance un 2,6% este año, antes de moderar su ritmo hasta el 1,8% en 2027. Estas cifras todavía no incorporan la reciente revisión del INE, que redujo en dos décimas el crecimiento registrado en 2025. La demanda interna continúa siendo uno de los principales motores de la actividad, después de mostrar una evolución sólida durante el segundo trimestre, mientras que el debilitamiento del comercio internacional y de la industria manufacturera está limitando el impulso procedente del exterior. La diferencia respecto a las grandes economías europeas es significativa. Alemania crecerá, según la OCDE, un 1,1% tanto en 2026 como en 2027, mientras que Francia registrará avances del 0,4% y el 0,7%, respectivamente. Italia crecerá un 0,9% este año y un 0,6% el próximo. Para el conjunto de la eurozona, la previsión es de un crecimiento del 1% en ambos ejercicios. En el G-20, las tasas previstas son del 3,1% en 2026 y del 3% en 2027. El principal contrapunto a la fortaleza del PIB español se encuentra en la evolución de los precios. La OCDE calcula que la inflación alcanzará el 3,7% en 2026, cuatro décimas más que en su previsión anterior, y se situará en el 3,4% en 2027. En ambos casos, España quedaría por encima de la media de la eurozona, para la que el organismo prevé una inflación del 3% este año y del 2,9% el próximo. Las presiones inflacionistas tampoco se limitan a la energía y los carburantes. La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, también mantiene una trayectoria elevada. La OCDE calcula que alcanzará el 3,4% en España durante 2026, cinco décimas por encima de la estimación realizada en junio, antes de moderarse hasta el 2,9% en 2027. La evolución de este indicador refleja que las tensiones sobre los precios pueden prolongarse más allá del impacto directo de la energía. El encarecimiento de los hidrocarburos constituye uno de los principales riesgos para la economía mundial. La intensificación del conflicto en Oriente Próximo ha provocado alteraciones en la producción y las exportaciones de petróleo y gas del Golfo, mientras las reservas europeas de gas se encuentran en niveles especialmente bajos para esta época del año. En sus previsiones, la OCDE contempla un precio máximo del gas europeo de 82 euros por MWh en el cuarto trimestre de 2026 y un barril de Brent de hasta 105 dólares. A ello se suma la presión de los márgenes de refino y la reducción de los inventarios mundiales de crudo. El escenario internacional incorpora además otros focos de incertidumbre, como la evolución de las tensiones comerciales derivadas de la política arancelaria de Estados Unidos y el incremento de las rentabilidades de la deuda soberana a largo plazo ante las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. La OCDE prevé que el crecimiento mundial se sitúe en el 2,9% en 2026, medio punto menos que el año anterior. La expansión de la inteligencia artificial contribuirá a mantener la actividad económica, aunque el organismo considera que no será suficiente para neutralizar el conjunto de los riesgos existentes. Ante este escenario, la OCDE reclama prudencia tanto a las autoridades monetarias como a los gobiernos. El organismo prevé que los bancos centrales mantengan una orientación restrictiva e incluso contempla nuevos aumentos de los tipos de interés en Estados Unidos y la eurozona para contener las expectativas de inflación. En el ámbito fiscal, recomienda sustituir las ayudas públicas de carácter general por medidas dirigidas específicamente a los hogares y sectores más afectados por la subida de los precios, además de establecer estrategias plurianuales destinadas a reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

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(El País, 25-09-2026) | Fiscal

La UE y Filipinas llegan a un acuerdo de libre comercio que elimina el 94% de los aranceles

La Unión Europea continúa avanzando en su estrategia para diversificar sus relaciones comerciales y reducir su dependencia de los grandes mercados de Estados Unidos y China. En este contexto, la Comisión Europea ha alcanzado un principio de acuerdo con Filipinas para establecer un marco de libre comercio que facilitará el acceso de las empresas europeas a un mercado de alrededor de 120 millones de habitantes. El entendimiento llega después de 11 años de negociaciones intermitentes, aunque las conversaciones se retomaron de forma continuada en 2024. El acuerdo todavía debe completar algunos aspectos técnicos, pero Bruselas ya calcula su alcance. El principio de pacto contempla la eliminación del 94% de los aranceles y afectará a más del 97% del comercio que actualmente mantienen ambas partes. Para la Comisión, se trata de un nuevo paso en la apertura de mercados alternativos en un momento en el que la política comercial internacional está marcada por el aumento del proteccionismo y las tensiones entre las principales potencias económicas. Filipinas todavía ocupa una posición secundaria entre los socios comerciales de la Unión Europea, aunque los intercambios han aumentado de manera significativa durante la última década. En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 17.606 millones de euros, un 46% más que en 2015. El crecimiento se ha producido tanto en las exportaciones europeas como en las importaciones procedentes del país asiático, aunque el saldo comercial resulta desfavorable para la UE, con un déficit de 1.407 millones de euros. Uno de los principales beneficiados por el acuerdo sería la industria europea. Los productos industriales de la Unión quedarán libres de aranceles y, entre ellos, destacan la maquinaria y los bienes relacionados con el transporte, incluidos los automóviles y los componentes de automoción. También tendrán un papel relevante los productos agroalimentarios y químicos. En conjunto, estos sectores representan más del 75% de las ventas de las empresas europeas en Filipinas. El sector agrícola europeo ha recibido favorablemente el principio de acuerdo, a la espera de conocer todos sus detalles. Las organizaciones COPA-Cogeca han destacado especialmente la mejora prevista en el acceso al mercado filipino para productos como la carne de porcino, las aves, los productos lácteos y las bebidas espirituosas. La protección de las denominaciones de origen europeas es otro de los elementos valorados por las organizaciones agrarias. La protección de estas denominaciones constituye habitualmente uno de los puntos más sensibles de las negociaciones comerciales de la UE. Las dificultades suelen ser mayores cuando el socio comercial cuenta con una industria alimentaria desarrollada y con productos que utilizan denominaciones similares a las protegidas en Europa. Esta cuestión ya generó importantes diferencias durante las conversaciones con Australia y ha sido también relevante en otros acuerdos comerciales negociados por Bruselas. El principio de acuerdo incorpora asimismo disposiciones sobre contratación pública. La Comisión destaca la introducción de reglas que permitirán por primera vez el acceso de proveedores y contratistas extranjeros a la contratación pública del Gobierno filipino. Esta cuestión adquiere especial relevancia porque Bruselas trabaja paralelamente en una reforma de las reglas de contratación pública europea que pretende favorecer a las empresas y productos fabricados dentro de la Unión, aunque contempla excepciones vinculadas al principio de reciprocidad. El acercamiento a Filipinas forma parte de una estrategia comercial más amplia con la que Bruselas pretende ampliar el número de mercados disponibles para las empresas europeas. La UE ha intensificado en los últimos años la negociación de acuerdos comerciales con terceros países, en un contexto marcado por el proteccionismo estadounidense y por la creciente competencia de China. La diversificación busca reducir la exposición de las empresas europeas a las decisiones comerciales de Washington y facilitar nuevas oportunidades de exportación. Al mismo tiempo, la Unión está impulsando medidas destinadas a reforzar la posición de la producción europea dentro del propio mercado comunitario, especialmente en sectores considerados estratégicos. Iniciativas relacionadas con la contratación pública o con la aceleración industrial buscan aumentar la presencia de empresas europeas frente a la competencia exterior, especialmente la procedente de China. La dificultad reside ahora en compatibilizar esta política de mayor protección del mercado interior con la expansión de los acuerdos de libre comercio con terceros países, un equilibrio que está condicionando y prolongando la tramitación de algunas de las nuevas iniciativas legislativas de Bruselas.

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(El País, 25-09-2026) | Fiscal

Feijóo propone un 0% de IVA para las alimentos básicos y 10% en energía

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves la necesidad de aplicar medidas de alivio fiscal para familias, autónomos y determinados sectores económicos. Durante un acto celebrado en Guadalajara, ha presentado varias propuestas fiscales de su formación, entre ellas establecer un IVA del 0% para determinados alimentos básicos y reducir del 21% al 10% el tipo aplicado a la energía. En materia de IVA, el PP plantea eliminar el impuesto sobre productos como la leche, los quesos, el aceite, los huevos, las frutas, las verduras, la carne, el pescado y las conservas. También propone rebajar el tipo de la energía del 21% al 10%. En el ámbito del IRPF, las medidas planteadas se concentran principalmente en el apoyo a las familias y en la compensación del efecto que la inflación tiene sobre la tributación de los contribuyentes. Entre las propuestas figura duplicar las deducciones por descendientes. Con este cambio, las cuantías pasarían de 2.400 a 4.800 euros por el primer hijo; de 2.700 a 5.400 euros por el segundo; de 4.000 a 8.000 euros por el tercero, y de 4.500 a 9.000 euros a partir del cuarto. El paquete también contempla duplicar el suplemento por descendientes menores de tres años, que pasaría de 2.800 a 5.600 euros. Según el PP, la medida pretende tener en cuenta el mayor coste asociado a la crianza, los cuidados y la conciliación durante los primeros años de vida. La formación calcula que una familia con dos hijos podría ahorrar más de 400 euros entre agosto y diciembre mediante estas modificaciones. Para el conjunto de los contribuyentes, el PP plantea además deflactar el IRPF para adaptar los tramos del impuesto a la evolución de los precios. Feijóo sostiene que los contribuyentes están soportando una mayor carga fiscal como consecuencia del incremento de sus ingresos nominales provocado por la inflación y reclama que Hacienda ajuste el impuesto para evitar este efecto. Entre las propuestas dirigidas al sector agrario figura la revisión de los costes asociados a los fertilizantes y los combustibles. El PP también plantea un plan específico para acelerar el desarrollo de la red eléctrica y reclama avanzar en la eliminación del IVA para los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros, en línea con la directiva europea cuya transposición, según la formación, acumula 20 meses de retraso. La reducción de las cargas administrativas es otra de las medidas incluidas en el planteamiento del Partido Popular. Feijóo ha defendido la eliminación de trámites que considere innecesarios, al considerar que las obligaciones burocráticas adicionales se traducen en mayores costes económicos y de tiempo para empresas y trabajadores por cuenta propia. El PP pretende llevar estas propuestas al Congreso de los Diputados y al Senado para buscar su aprobación. En la Cámara Alta, la formación cuenta con mayoría absoluta.

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(Expansión, 23-09-2026) | Fiscal

El papeleo hunde la competitividad de España y Europa

La Unión Europea afronta nuevas críticas por la complejidad de su marco regulatorio en un momento en el que distintos análisis advierten de la pérdida de competitividad del bloque frente a economías como Estados Unidos y China. En este contexto, varias grandes empresas estadounidenses han elevado su presión sobre Bruselas por los costes y dificultades que, a su juicio, está generando la aplicación de las normas comunitarias de transparencia fiscal. El último conflicto tiene como protagonista a la Directiva 2021/2101, conocida como normativa de información pública país por país o PCbCR. La regulación obliga a determinadas multinacionales a hacer públicos datos como los impuestos abonados, los beneficios obtenidos y el número de empleados, diferenciados por cada jurisdicción en la que desarrollan su actividad. La aplicación de esta normativa en los distintos Estados miembros ha provocado diferencias que complican su cumplimiento para los grupos internacionales. El National Foreign Trade Council (NFTC), organización empresarial estadounidense especializada en comercio exterior, ha trasladado sus críticas directamente a la Comisión Europea y ha reclamado una aplicación más homogénea de las reglas para evitar que las compañías tengan que afrontar obligaciones distintas según el país en el que operen. Uno de los principales puntos de fricción es la denominada exención por presentación múltiple, prevista en el artículo 48b(6) de la directiva. Esta disposición permite, en determinadas circunstancias, que las matrices de grupos establecidos fuera de la Unión Europea presenten un único informe en el registro mercantil de un Estado miembro y lo publiquen posteriormente en su página web en una lengua oficial de la UE. El objetivo es evitar que tengan que repetir el mismo procedimiento en cada país donde cuentan con filiales o sucursales. Sin embargo, según denuncia el NFTC, algunos Estados miembros no habrían incorporado correctamente esta posibilidad a sus respectivas legislaciones. La organización cita los casos de Italia y Dinamarca y sostiene que esta situación obliga a determinadas empresas de terceros países a realizar presentaciones adicionales por cada filial o establecimiento, multiplicando los trámites y los costes asociados al cumplimiento. Las diferencias nacionales también afectan a los plazos. La normativa europea establece con carácter general un periodo de hasta 12 meses desde el cierre del ejercicio para la presentación de la información. España, sin embargo, fijó un plazo más reducido de seis meses a través de la Ley 28/2022. Esta diferencia introduce una dificultad adicional para los grupos internacionales que deben coordinar sus obligaciones de información en distintos países. Ante esta situación, el NFTC reclama a la Comisión Europea que las empresas que hayan presentado correctamente el informe dentro del plazo general de 12 meses en otro Estado miembro no tengan que cumplir adicionalmente con el plazo más corto establecido en España. Las diferencias tampoco se limitan a los plazos. La organización empresarial estadounidense señala que algunos países exigen que la información se presente en sus propios idiomas y que, en determinados casos, pueden ser necesarias traducciones juradas. Esto añade nuevos costes y trámites para grupos que ya han elaborado y presentado la misma información en otro Estado miembro. Otro ejemplo señalado es el de Bélgica, cuya clasificación de determinadas jurisdicciones no cooperativas incluye de manera separada a los siete emiratos que integran Emiratos Árabes Unidos. Esta particularidad puede obligar a las empresas a realizar desgloses adicionales que no coinciden con el tratamiento aplicado en otros países de la Unión Europea. Para las multinacionales estadounidenses, el problema trasciende el cumplimiento de una obligación concreta. El NFTC considera que la existencia de requisitos diferentes entre Estados miembros incrementa los gastos relacionados con asesoramiento, auditoría, traducciones y adaptación de los sistemas informáticos, recursos que las empresas podrían destinar a otras áreas como inversión, innovación o creación de empleo. La controversia pone de manifiesto una de las dificultades que persisten en el mercado único europeo: la necesidad de aplicar de manera uniforme las normas comunitarias para evitar que las diferencias introducidas durante su transposición generen cargas adicionales a las empresas que operan en varios países. La reclamación del sector empresarial estadounidense se produce, además, en un momento en el que las instituciones europeas han situado la reducción de cargas administrativas y la mejora de la competitividad entre sus prioridades. Desde esta perspectiva, el debate sobre la información pública país por país refleja la tensión existente entre el objetivo de reforzar la transparencia fiscal y la necesidad de evitar que su aplicación genere obligaciones duplicadas o costes desproporcionados para las empresas internacionales.

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(El País, 23-09-2026) | Fiscal

La política desempolva el debate sobre los impuestos a los superricos

La desigualdad en la distribución de la riqueza y el papel de las grandes fortunas en el sistema fiscal han vuelto al centro del debate político y económico en España. El Congreso acogió este lunes una jornada dedicada a analizar la concentración patrimonial, sus efectos sobre la economía y la democracia y las posibles vías para combatirla, con la participación del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, expertos académicos y representantes de distintos grupos parlamentarios. El debate se produce además en un contexto en el que las propuestas para elevar la tributación de los patrimonios más elevados están ganando presencia en la agenda política. Bustinduy defendió durante el encuentro la importancia de contar con mecanismos capaces de redistribuir la riqueza y vinculó la fortaleza de los servicios públicos con la igualdad de oportunidades. En su intervención, el ministro sostuvo que una concentración excesiva de la riqueza puede convertirse en un riesgo para el funcionamiento democrático. El planteamiento forma parte del debate impulsado por The Wealth Cap Project, iniciativa europea que promueve la discusión sobre la posibilidad de establecer límites a la acumulación extrema de patrimonio. La organización presentó en el Congreso su informe Un tope a la Riqueza para España, que analiza diferentes alternativas para incrementar la contribución fiscal de los grandes patrimonios. Entre las opciones estudiadas figuran el establecimiento de un tipo mínimo para las grandes fortunas, un impuesto progresivo sobre la riqueza y un límite máximo a la acumulación patrimonial. El estudio calcula distintos escenarios de recaudación en función del diseño elegido, aunque se trata de simulaciones condicionadas por los tipos y umbrales que finalmente se establecieran. Durante una de las mesas de debate, la profesora de Economía de la Universidad de Alcalá Olga Cantó defendió que las actuales políticas fiscales no son suficientes para abordar la concentración patrimonial y señaló los posibles efectos de una acumulación extrema de riqueza sobre la capacidad de influencia política. En la misma línea, Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, cuestionó que la redistribución pueda considerarse necesariamente un obstáculo para el crecimiento económico y situó la desigualdad entre los problemas que afectan al funcionamiento de las democracias. El debate parlamentario mostró, no obstante, diferencias importantes entre las alternativas planteadas por los distintos grupos. Carlos Martín, portavoz de Sumar, reivindicó la propuesta registrada recientemente por su formación para crear un gravamen sobre los patrimonios superiores a 50 millones de euros. La iniciativa plantea un tipo del 3% sobre la parte del patrimonio neto que exceda de ese umbral y prevé destinar la recaudación a un fondo estatal de protección a la infancia. Sumar calcula que la medida podría afectar a unos 1.500 contribuyentes y generar alrededor de 4.200 millones de euros anuales. Martín también defendió la necesidad de introducir mecanismos de democratización en las grandes empresas, mediante fórmulas de cogestión y participación de los trabajadores en la propiedad. Su intervención se produjo pocos días después de que el Congreso rechazara la propuesta legislativa sobre los grupos de interés, otro de los asuntos vinculados por Sumar con la transparencia y la influencia económica sobre las decisiones públicas. Desde el PSOE, Patricia Blanquer reconoció los riesgos asociados a una elevada concentración de la riqueza empresarial, pero descartó que exista una única herramienta capaz de resolver el problema. La diputada defendió las medidas adoptadas por el Gobierno durante las últimas crisis para proteger a los colectivos con menores ingresos y puso el acento en combatir la evasión y la elusión fiscal, reforzar la cooperación internacional y avanzar hacia una fiscalidad más justa, junto con mayores niveles de competencia, pluralismo y transparencia. El portavoz del PP, Pedro Puy, también reconoció que la concentración de riqueza plantea un problema para las democracias, aunque consideró que las respuestas fiscales tradicionales pueden resultar insuficientes ante la nueva dimensión que ha adquirido la acumulación de capital. Puy se mostró partidario de gravar los grandes patrimonios y de revisar el funcionamiento del impuesto sobre sucesiones, al que atribuyó relevancia desde el punto de vista social. Al mismo tiempo, defendió que cualquier reforma debería abordarse, al menos, en el ámbito europeo para reducir los riesgos de deslocalización de capitales. La jornada refleja así la creciente presencia en España del debate sobre cómo debe tributar la riqueza acumulada en los niveles más elevados. Mientras algunas propuestas plantean reforzar los impuestos existentes o crear nuevas figuras dirigidas específicamente a las grandes fortunas, otras ponen el acento en la coordinación internacional, la lucha contra la evasión fiscal y la mejora de los mecanismos redistributivos. En paralelo, iniciativas como The Wealth Cap Project han incorporado al debate una cuestión adicional: si, además de elevar la tributación, debería establecerse un límite a la cantidad de riqueza que una persona puede llegar a acumular.

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(Cinco Días, 21-09-2026) | Fiscal

El Gobierno abre la puerta a prorrogar el escudo anticrisis ante el repunte de la inflación

El Gobierno y los representantes de empresarios y sindicatos se han reunido este jueves para evaluar la evolución de la economía y abordar las medidas que podrían adoptarse una vez que finalice, el próximo 30 de septiembre, el actual escudo anticrisis puesto en marcha para amortiguar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo. Ante un contexto que ha empeorado en los últimos meses, el Ejecutivo se ha mostrado partidario de mantener algún tipo de apoyo más allá de esa fecha, aunque todavía no ha definido si prolongará el paquete actual o diseñará nuevas medidas, ni tampoco cuál sería su alcance. Durante la reunión, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que el Ejecutivo trabajará en las actuaciones necesarias para seguir respaldando a las familias frente al incremento de los precios. También apuntó que se prestará una atención especial a las actividades que están sufriendo con mayor intensidad el encarecimiento de la energía, especialmente el transporte y el sector agroalimentario, debido al impacto que sus costes tienen sobre el conjunto de la cadena económica. El escenario de precios complica la situación. El petróleo se aproxima a los 100 dólares por barril en un contexto geopolítico que continúa prolongándose y extendiéndose a otras zonas. La inflación alcanzó en agosto el 4,3%, su nivel más elevado desde 2023, principalmente por el encarecimiento de los carburantes. Al mismo tiempo, el gas ha experimentado fuertes aumentos y comienza a repercutir en el precio de la electricidad, que desde el episodio de calor registrado en julio se mantiene en niveles superiores a los 100 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. En la reunión celebrada en el Ministerio de Economía participaron, junto a Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Por parte de las organizaciones empresariales y sindicales acudieron el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, María Teresa Gómez Condado; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CC OO, Unai Sordo. Los dos paquetes de ayudas aprobados hasta ahora, el primero en marzo y el segundo en julio, fueron concebidos inicialmente con una duración de tres meses, un formato que previsiblemente continuará debido a la dificultad de anticipar la evolución del escenario internacional. Yolanda Díaz trasladó durante el encuentro varias propuestas para hacer frente al aumento de los costes. Entre ellas figura la extensión de las medidas del anterior decreto que están próximas a expirar, junto con la creación de un impuesto temporal sobre el sector del refino, la limitación de los precios del alquiler y actuaciones dirigidas a preservar el poder adquisitivo y contener el coste de la cesta de la compra. También planteó recuperar un mecanismo similar a la excepción ibérica para proteger a los consumidores frente a incrementos extraordinarios del precio del gas. CC OO coincidió en reclamar medidas sobre los precios de la energía y los carburantes para limitar su impacto sobre la inflación y los hogares. Su secretario general, Unai Sordo, defendió igualmente la recuperación de la excepción ibérica y propuso una prestación de al menos 300 euros dirigida a las personas con ingresos inferiores a la media, una ayuda que, según sus planteamientos, podría llegar a unos 10 millones de beneficiarios. El sindicato también ha pedido a CEOE y Cepyme que participen en la negociación de un acuerdo estatal de convenios que contribuya a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sordo considera además necesario disponer de información procedente del Observatorio de Márgenes Empresariales para utilizarla como referencia en las negociaciones que posteriormente se desarrollen en cada sector y empresa. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó una revisión del salario mínimo interprofesional al considerar que la inflación ha reducido su poder adquisitivo. Según sus declaraciones, los precios han aumentado a un ritmo muy superior al incremento del 3,1% aplicado al salario mínimo a comienzos de año. Álvarez también defendió la aplicación de la reforma anunciada para evitar que las subidas del salario mínimo puedan quedar absorbidas o compensadas por otros conceptos salariales, de modo que el incremento llegue íntegramente a las nóminas. Las organizaciones empresariales también consideran necesario prolongar las medidas de apoyo debido al deterioro de las condiciones económicas. CEOE y Cepyme han planteado que las ayudas se orienten especialmente hacia los sectores y consumidores más expuestos al encarecimiento energético, con especial atención a las industrias electrointensivas y gasintensivas. Las patronales han reclamado además medidas sobre los costes estructurales de la energía, incluida la fiscalidad aplicada a la electricidad, el gas y los carburantes, así como un tratamiento específico para los combustibles renovables. El Ministerio de Economía mantiene el seguimiento de la evolución de la actividad y de los precios en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica. Durante la próxima semana están previstas nuevas reuniones con diferentes sectores económicos para actualizar el diagnóstico y determinar qué colectivos o actividades podrían necesitar medidas adicionales de apoyo. El primer paquete anticrisis aprobado en marzo incluía reducciones fiscales generalizadas sobre el IVA y sobre determinados impuestos vinculados a la electricidad, el gas y los carburantes, con un coste inicialmente estimado en unos 5.000 millones de euros. El segundo paquete, aprobado en julio cuando todavía existían expectativas de una mejora del escenario, mantuvo parte de las ayudas a los carburantes mediante una retirada gradual de los descuentos y supuso un coste aproximado de 1.800 millones. El margen presupuestario constituye uno de los principales condicionantes para decidir cómo prolongar las ayudas. Las instituciones europeas han mostrado reticencias ante las rebajas fiscales generalizadas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido de que el espacio fiscal disponible se encuentra prácticamente agotado, lo que limita la capacidad del Gobierno para aprobar nuevas medidas de amplio alcance.

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(Expansión, 21-09-2026) | Fiscal

El miedo a subidas de impuestos y los precios de la vivienda disparan las donaciones en vida

En un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y las dificultades que afrontan especialmente los jóvenes para acceder a ella, las donaciones continúan aumentando con fuerza. A ello se suma la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda impulse cambios para limitar las diferencias fiscales existentes entre comunidades autónomas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Durante el primer semestre del año, el número de donaciones creció un 12,4% respecto al mismo periodo de 2025. Los últimos datos del Consejo General del Notariado (CGN) muestran, además, que las donaciones han aumentado un 164% desde 2015 hasta el año pasado. Este incremento responde principalmente a la necesidad de facilitar el acceso de las nuevas generaciones a la vivienda y a la incertidumbre sobre el futuro de las ventajas fiscales aplicadas por algunas autonomías. El fuerte incremento del precio de los inmuebles durante los últimos años ha dificultado que muchos jóvenes puedan reunir el dinero necesario para adquirir una vivienda, especialmente para afrontar el pago inicial. Esta situación ha favorecido una transferencia de patrimonio entre generaciones, mediante la entrega de dinero o directamente de inmuebles. Desde el CGN señalan que durante los primeros seis meses de 2026 las familias han recurrido a la donación ante notario como una fórmula de planificación patrimonial y, en numerosos casos, como vía para ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda. Dentro de este contexto, las donaciones de viviendas han registrado, sin embargo, un ligero descenso. Entre enero y junio se situaron cerca de las 25.000 operaciones, un 1,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. La evolución ha sido muy desigual entre territorios, con incrementos especialmente destacados en Baleares, donde aumentaron un 42%, y Galicia, con una subida del 28%. A la evolución del mercado inmobiliario se añade la incertidumbre generada por la posibilidad de que Hacienda promueva una mayor homogeneización de la tributación de las donaciones, cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas. La posibilidad de introducir cambios en este ámbito podría estar llevando a algunas familias a adelantar determinadas operaciones, especialmente en los territorios que han aprobado importantes reducciones fiscales. Esta cuestión ya había sido planteada por la anterior responsable de Hacienda, María Jesús Montero, y el actual ministro, Arcadi España, también ha defendido la necesidad de revisar las diferencias existentes en los impuestos cedidos a las comunidades. La cuestión volvió a aparecer en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, en relación con las diferencias entre las políticas de ingresos de las distintas regiones. No se descarta, por tanto, que el Gobierno pueda plantear medidas relacionadas con el ISD o ejercer presión sobre las comunidades para que incrementen la recaudación de este impuesto. Un precedente se encuentra en el Impuesto sobre el Patrimonio, también cedido a las autonomías. Tras la creación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas en 2022, el Ejecutivo adoptó medidas que limitaron la capacidad de algunas comunidades para mantener determinadas bonificaciones en Patrimonio. El abogado fiscalista y socio de DMS Legal Intelligence Alejandro del Campo considera que la expectativa de una posible armonización está contribuyendo al aumento de las donaciones, especialmente en las comunidades que han introducido recientemente nuevas ventajas fiscales. Baleares constituye uno de los casos más destacados, con un incremento del 158,1% en las donaciones durante el primer semestre, hasta aproximarse en apenas seis meses al volumen contabilizado durante todo el año anterior. Según explica Del Campo, una de las razones se encuentra en la bonificación del 100% para las donaciones y sucesiones entre familiares directos aprobada por el Gobierno balear en julio del pasado año. También la utilización de mecanismos como el pacto sucesorio puede estar influyendo en el comportamiento de las donaciones en determinadas comunidades, ante la posibilidad de que se produzcan cambios normativos. Baleares y Cataluña son algunos de los territorios donde se ha observado un incremento significativo, con una subida del 22,2% interanual en Cataluña durante los seis primeros meses del ejercicio. En cualquier caso, los expertos advierten de que la donación no siempre constituye la alternativa fiscal más favorable. En determinadas operaciones, el donante puede tener que tributar por la ganancia patrimonial generada, de forma similar a lo que sucedería en una transmisión mediante compraventa.

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(El País, 21-09-2026) | Fiscal

Reinventar la imposición fiscal a los ricos para recaudar hasta 350.000 millones de euros

La deuda pública española se situó en julio por debajo del 100% del PIB por primera vez desde los meses anteriores a la pandemia. Según los datos publicados por el Banco de España, el endeudamiento del conjunto de las Administraciones Públicas equivalía al 99,9% del PIB, una décima por debajo del valor de toda la producción económica anual del país. Se trata de un nivel que no se alcanzaba desde febrero de 2020. En términos interanuales, la ratio ha descendido 2,4 puntos porcentuales, mientras que frente a junio de este mismo año la reducción ha sido de 1,6 puntos. El descenso de la ratio no implica que España haya reducido la cantidad de deuda acumulada. De hecho, el pasivo público alcanzó en julio los 1,744 billones de euros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto al mismo mes del año anterior, aunque el importe es aproximadamente un 1% inferior al registrado en junio. La mejora se explica, por tanto, porque la deuda ha perdido peso en relación con el tamaño de la economía. Esta relación entre el endeudamiento y el PIB es uno de los principales indicadores utilizados para valorar la situación de las finanzas públicas y permite comparar la evolución del endeudamiento tanto entre distintos momentos como entre países. El 99,9% registrado en julio constituye una fotografía puntual y no garantiza que la ratio vaya a mantenerse por debajo del 100% durante los próximos meses. Tanto el volumen de deuda como el PIB utilizado para calcular el indicador varían de forma continua, por lo que el porcentaje puede experimentar nuevas oscilaciones. Durante la crisis provocada por la pandemia, el peso de la deuda sobre el PIB aumentó con rapidez y alcanzó su máximo en marzo de 2021, cuando llegó a superar el 124%. A partir de entonces comenzó una trayectoria descendente que ha permitido reducir progresivamente la ratio, aunque no había vuelto a situarse por debajo del 100% hasta los datos correspondientes al pasado julio. Por administraciones, el Estado concentra la mayor parte del endeudamiento. Su deuda alcanzó los 1,589 billones de euros en julio, una cifra equivalente al 91% del PIB y un 4,2% superior a la de un año antes. Las comunidades autónomas acumulaban 349.000 millones, aproximadamente el 20% del PIB, mientras que la Seguridad Social registraba una deuda de 136.000 millones, equivalente al 7,8%. Las corporaciones locales, por su parte, mantenían obligaciones por unos 22.000 millones, el 1,2% del PIB. Las cifras correspondientes a cada nivel de la Administración no pueden sumarse directamente para obtener el endeudamiento total. Esto se debe a que existen operaciones financieras entre las propias Administraciones. Por ejemplo, cuando el Estado concede financiación a una comunidad autónoma, esa cantidad figura simultáneamente como un activo del Estado y como una deuda de la comunidad. Para calcular la deuda del conjunto del sector público se consolidan estas posiciones y se eliminan las operaciones internas, evitando así contabilizar dos veces una misma deuda. La evolución interanual también presenta diferencias significativas según el nivel administrativo. La deuda estatal aumentó un 4,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el endeudamiento de las comunidades autónomas creció un 2,7%. La Seguridad Social registró un incremento mayor, del 7,9%. En sentido contrario, las corporaciones locales redujeron sus obligaciones un 7,9% y el resto de unidades de la Administración Central disminuyeron su endeudamiento un 10,5%.

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(El Economista, 21-09-2026) | Fiscal

Fedea sitúa a Pozuelo, Alcobendas, El Ejido y Sanlúcar entre los municipios con mayor desigualdad de renta en España

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha identificado a Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, El Ejido y Sanlúcar de Barrameda como los municipios españoles de más de 50.000 habitantes que registraron mayores niveles de desigualdad de renta en 2023. Los datos proceden de un informe del centro de estudios que analiza la distribución de la renta en distintos municipios mediante el coeficiente de Gini, un indicador utilizado para medir las diferencias de ingresos entre los habitantes de un territorio. Según el estudio, tras estos cuatro municipios aparecen Roquetas de Mar, Majadahonda, Elda, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Torrevieja. La relación muestra realidades económicas muy diferentes. Entre los municipios con mayor desigualdad aparecen localidades con niveles medios de renta elevados, como Pozuelo de Alarcón, Alcobendas y Majadahonda, junto a otras situadas en posiciones más bajas de la distribución de ingresos, como El Ejido, Sanlúcar de Barrameda, Elda y Torrevieja. Los autores del informe, Miriam Hortas y Jorge Onrubia, señalan que estos resultados evidencian que una elevada desigualdad puede darse tanto en municipios con rentas medias altas como en aquellos con ingresos medios más reducidos. El estudio también analiza los municipios con menor desigualdad. En los primeros puestos se encuentran tres localidades de la provincia de Barcelona: Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Cerdanyola del Vallès. A continuación aparecen Aranjuez, Granollers, Valdemoro, Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid, Coslada y Terrassa. En cuanto a la evolución entre 2022 y 2023, Fedea señala que los mayores incrementos del coeficiente de Gini se produjeron en Tres Cantos y Colmenar Viejo, ambos en Madrid, así como en Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, y Rincón de la Victoria, en Málaga.

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