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(Cinco Días, 02-11-2026) | Fiscal

España creció en el tercer trimestre un 2,7% impulsada por el consumo y el gasto público

La economía española avanzó un 0,6% en el tercer trimestre de 2026, una décima menos que en los tres meses anteriores, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En comparación con el mismo periodo del año pasado, el producto interior bruto (PIB) aumentó un 2,7%, una décima más que en el trimestre precedente. Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) ya anticipaban cierta moderación de la actividad, que se reflejó también en el repunte de la tasa de paro, de nuevo por encima del 10%. Pese a esta ligera desaceleración trimestral, los datos confirman la resistencia de la economía española. El crecimiento continúa apoyándose fundamentalmente en el consumo y la demanda interna, mientras que la aportación del sector exterior es mucho más limitada. Se trata de un cambio respecto a la etapa inicial de recuperación de la crisis financiera, que tocó fondo en 2013, cuando las exportaciones desempeñaron un papel protagonista. Aunque las ventas al exterior siguen aumentando, a un ritmo moderado del 1,3%, el principal impulso procede ahora del gasto dentro del país. Los analistas de CaixaBank Research atribuyen la fortaleza del consumo de los hogares, por un lado, a la confianza en la capacidad de crecimiento de la economía pese a las tensiones geopolíticas y, por otro, al colchón que proporciona la elevada tasa de ahorro familiar para afrontar el impacto de la inflación. El servicio de estudios de BBVA considera que el resultado está en línea con sus previsiones y respalda su estimación de un crecimiento anual del 2,6%. Aunque la composición de la actividad coincide en términos generales con lo esperado, destaca el comportamiento de algunos componentes, especialmente la construcción y las exportaciones. Las ventas de bienes al exterior crecieron un 1,1%, frente al estancamiento que anticipaba BBVA, mientras que las exportaciones de servicios avanzaron un 1,5%, dos décimas más de lo previsto. Las desviaciones negativas de la demanda interna fueron, por su parte, poco significativas. Uno de los elementos más destacados del trimestre fue el repunte del gasto público, que aumentó un 0,9% respecto al periodo de primavera. Este avance coincide con el último tramo de ejecución del Plan de Recuperación Europeo, cuyo plazo de culminación estaba fijado para el 1 de septiembre. El verano supuso así un impulso para acelerar la utilización de los fondos vinculados a este programa. Por sectores, la industria mantuvo un crecimiento trimestral del 0,7%, mientras que la construcción permaneció estancada, con una variación del 0%. Este comportamiento contrasta con la evolución de la inversión inmobiliaria y residencial, que registró un avance del 1% durante el verano, por encima de los resultados más moderados de los trimestres anteriores. Aun así, la inversión continúa mostrando cierto retraso y limita el potencial de crecimiento de la economía. Los datos del PIB coincidieron con la publicación de la inflación de octubre, que se mantuvo en el 4,9%, impulsada por el encarecimiento de los combustibles. Los precios ya habían mostrado una tendencia ascendente durante el verano, hasta superar el 3% en agosto. La persistencia de tasas de inflación elevadas podría reducir la capacidad de gasto de los hogares en la recta final del año y restar fuerza al consumo. En términos interanuales, la hostelería y el comercio registraron un comportamiento favorable durante el verano, con un crecimiento del 3%, superior al del conjunto de la economía, aunque su ritmo se moderó respecto a los trimestres anteriores. El impulso de las actividades relacionadas con la información y de los servicios científicos contribuyó a mantener la fortaleza del sector terciario, que avanzó un 2,9% interanual. Esta tasa se repite por tercer trimestre consecutivo. Los servicios representan cerca del 70% del PIB español. El Gobierno mantiene su previsión de crecimiento anual del 2,6%, en línea con las estimaciones del consenso de analistas. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), España se situará entre las grandes economías desarrolladas con mayor crecimiento en 2026. Para 2027 se espera una moderación de la actividad, aunque la mayoría de los servicios de estudios prevén que el avance económico se mantenga por encima del 2%, pese al escenario de incertidumbre.

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(Expansión, 02-11-2026) | Fiscal

Entra en vigor la nueva tasa europea de dos euros a los pequeños envíos

Desde noviembre, los envíos procedentes de países extracomunitarios y adquiridos a través del comercio electrónico incorporan un nuevo coste para su entrada en la Unión Europea. El bloque comunitario ha puesto en marcha una tasa de manipulación de dos euros por paquete, aplicable a los pedidos que llegan desde fuera de la UE para ser entregados directamente a los consumidores finales. La medida tiene carácter permanente y pretende proporcionar recursos adicionales a las autoridades aduaneras, que soportan una creciente presión por el extraordinario incremento de los envíos procedentes del extranjero. El auge de plataformas de comercio electrónico como AliExpress, Temu y Shein ha contribuido a multiplicar el volumen de paquetes que entran en el mercado europeo. Según las cifras de la Comisión Europea, durante 2025 se importaron alrededor de 5.900 millones de envíos, un volumen que ha dificultado considerablemente las labores de inspección y control. Desde las instituciones comunitarias justifican la nueva tasa por la necesidad de financiar los recursos que requiere la supervisión de esta mercancía. Las inspecciones coordinadas realizadas por las aduanas detectaron que aproximadamente el 60% de los productos examinados no cumplía los requisitos establecidos por la normativa europea. Esta situación plantea riesgos para la seguridad de los consumidores y genera diferencias competitivas respecto a las empresas europeas, que deben asumir los costes y obligaciones derivados del cumplimiento de la legislación. La elevada cantidad de paquetes recibidos también facilita que parte de los artículos irregulares pueda superar los controles fronterizos. Si se mantuviera el volumen de importaciones registrado el pasado año, la nueva tasa podría generar unos ingresos de 12.000 millones de euros anuales. No obstante, la Comisión Europea considera probable que la aplicación del gravamen provoque una reducción del número de envíos individuales. Uno de los principales objetivos de Bruselas es conseguir que las grandes plataformas internacionales modifiquen sus sistemas de distribución y agrupen los pedidos para reducir el número de paquetes que llegan de manera individual. La preocupación se centra especialmente en los envíos de pequeño importe, que representan una parte muy importante del comercio electrónico extracomunitario. De los 5.900 millones de paquetes recibidos en 2025, aproximadamente 4.500 millones tenían un valor inferior a 150 euros. Para estos envíos de menor valor, la nueva tasa de dos euros se añade al gravamen de tres euros por paquete que comenzó a aplicarse en julio de este año. Este último tiene carácter temporal y afecta específicamente a los envíos de bajo coste. Hasta ahora, los paquetes cuyo valor no superaba los 150 euros estaban exentos de derechos arancelarios en la Unión Europea, una circunstancia que las grandes plataformas habían aprovechado para fragmentar los pedidos y reducir los costes asociados a sus importaciones. El recargo de tres euros se mantendrá hasta 2028, cuando está previsto que entre en funcionamiento la Autoridad Europea de Aduanas. La puesta en marcha de una plataforma centralizada permitirá reforzar los controles sobre las mercancías que acceden al mercado comunitario. Una vez implantado este sistema, está previsto eliminar el gravamen temporal y someter los paquetes a los procedimientos aduaneros y arancelarios que correspondan. Aunque Bruselas sostiene que la nueva regulación no está dirigida contra ninguna empresa concreta, el origen de los envíos explica buena parte de la preocupación comunitaria. Alrededor del 91% de los paquetes de menor valor que han llegado a las aduanas europeas procedía de China, país desde el que operan algunas de las principales plataformas internacionales de comercio electrónico, como Shein, Temu y AliExpress. Los primeros efectos de las medidas ya se han reflejado en las estadísticas de importación. Durante los tres meses posteriores a la entrada en vigor del gravamen de julio, correspondientes a julio, agosto y septiembre, el volumen de paquetes declarados en la Unión Europea descendió de media más del 60%. La incorporación de la nueva tasa de dos euros podría acentuar esta tendencia y acelerar los cambios en los sistemas logísticos de las plataformas. De hecho, la Comisión Europea señala que algunas compañías internacionales ya están modificando sus estrategias de distribución y optando por introducir grandes cantidades de mercancía en almacenes situados dentro de la UE, desde donde posteriormente se realizan las entregas a los consumidores. Este modelo reduce el número de envíos individuales sometidos a las nuevas tasas, aunque también limita la recaudación prevista. A cambio, permite concentrar las operaciones de importación, facilita las inspecciones aduaneras y contribuye a dificultar la entrada de productos que no cumplen los requisitos comunitarios. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha defendido la necesidad de adaptar los instrumentos de control a la expansión del comercio electrónico y a la rapidez con la que está transformando los intercambios comerciales internacionales.

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(El País, 02-11-2026) | Fiscal

Los inspectores de Hacienda piden refundar la Agencia Tributaria para despolitizar su cúpula

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) atraviesa "la peor crisis de su historia" y corre el riesgo de perder el modelo institucional con el que fue creada en 1992. Durante su XXXVI Congreso, celebrado este jueves y viernes en Toledo, el colectivo ha denunciado el deterioro de la independencia y el prestigio del organismo, que atribuye a las interferencias políticas, las filtraciones de información reservada y una estrategia de comunicación excesivamente defensiva. Para corregir esta situación, los inspectores reclaman una profunda reforma de la Agencia mediante la aprobación urgente de un Estatuto que lleva más de tres décadas pendiente de desarrollo. Una de las principales demandas de la asociación es despolitizar los órganos de dirección y garantizar la estabilidad de sus responsables. Su presidenta, Ana de la Herrán, ha recordado que la Agencia Tributaria ha tenido 15 directores generales en sus casi 35 años de existencia, una rotación que también ha provocado continuos cambios en los puestos intermedios. José María Peláez, portavoz de la organización, considera que la institución ha perdido independencia frente al poder político. Esta reivindicación se produce después de la reciente renovación de la cúpula del organismo. El Gobierno nombró en julio a Antonio Ansón Latorre como nuevo director general, en sustitución de Soledad Fernández Doctor, que dejó el cargo después de cuatro años. El relevo estuvo precedido por varios días de especulaciones sobre posibles tensiones internas, en un contexto marcado por el debate sobre la financiación autonómica y las competencias tributarias de Cataluña. Hacienda negó entonces que existiera una crisis interna y aseguró que la salida de Fernández Doctor estaba acordada desde hacía meses. Ansón, inspector de Hacienda desde 1999 y hasta entonces jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, cuenta con una dilatada trayectoria en la Administración tributaria. Para reforzar la autonomía técnica y funcional de la Agencia, los inspectores proponen que el nombramiento de su director general corresponda a las Cortes Generales y requiera una mayoría cualificada. El mandato tendría una duración de cinco años, con posibilidad de una única renovación, y el cese solo podría producirse por las causas expresamente establecidas en la ley. A cambio de esta mayor independencia, el responsable del organismo debería comparecer anualmente en el Congreso para informar sobre el cumplimiento de los planes estratégicos y los resultados de gestión. La reforma planteada también pretende eliminar la actual bicefalia de la dirección, separando al secretario de Estado de Hacienda de la estructura ejecutiva de la Agencia. El modelo de gobierno se organizaría en torno a la Dirección General, un Comité Ejecutivo y un Consejo Asesor en el que estarían representadas todas las administraciones que participan en la gestión de los tributos. La asociación considera que este cambio permitiría recuperar la autonomía en materia de personal frente a la intervención de la Secretaría de Estado de Función Pública y reducir el recurso a la libre designación, un sistema que, según denuncia, afecta actualmente a más de la mitad de los puestos ocupados por inspectores. Entre las medidas propuestas figura también la incorporación de la lucha contra la corrupción a los planes anuales de control tributario. Para ello, los inspectores plantean establecer un programa permanente de inspección patrimonial de los representantes públicos y de los partidos políticos, además de un seguimiento fiscal específico de las personas condenadas por delitos de corrupción. El colectivo considera que estos cambios ayudarían a evitar la utilización política de la Agencia Tributaria y recuerda varios episodios que, a su juicio, han comprometido su independencia. Entre ellos cita la exigencia de promover la amnistía fiscal de 2012, los ceses de altos cargos por supuestas afinidades políticas en 2013 y las filtraciones de datos tributarios de responsables públicos durante ese mismo año. También denuncia presiones para someter determinadas actuaciones inspectoras a la autorización de Hacienda y alude a las declaraciones públicas de la anterior ministra, María Jesús Montero, sobre la situación fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los inspectores mantienen asimismo su rechazo a cualquier propuesta que suponga rebajar los requisitos de acceso al cuerpo o recurrir a bolsas de interinos para realizar funciones propias de la inspección. Además, reclaman que todos los funcionarios del cuerpo estén plenamente adscritos a la plantilla de la Agencia y que se equiparen sus retribuciones y posibilidades de promoción profesional con las de quienes trabajan en los tribunales económico-administrativos, la Dirección General de Tributos y el Instituto de Estudios Fiscales. La modernización del organismo pasa también, según la asociación, por incorporar la inteligencia artificial al trabajo diario de los funcionarios mediante agentes especializados, siempre bajo supervisión humana. El propósito sería reforzar la capacidad investigadora de la Agencia sin menoscabar las garantías de los contribuyentes. Otro de los focos de preocupación es la reforma de la financiación autonómica y las posibles concesiones a Cataluña. Los inspectores se oponen a cualquier modificación que pueda poner en peligro la unidad de la Agencia Tributaria y defienden que la gestión de los impuestos debe conservar una estructura común en todo el territorio nacional. A su juicio, la fragmentación de las competencias entre distintas administraciones podría debilitar el funcionamiento de la institución. Para preservar este modelo, la asociación establece tres condiciones que considera irrenunciables: mantener un sistema único de información tributaria, garantizar una caja única para gestionar las retenciones y conservar un control integrado de las actividades económicas en todo el país. Estas exigencias constituyen, según el colectivo, los límites que deberían respetarse en cualquier reforma de la financiación autonómica. A estas discrepancias se añade el malestar por los ataques que, según denuncian, recibe la Agencia tanto de algunos contribuyentes como de determinados despachos profesionales. Peláez reconoce que la labor inspectora puede generar rechazo social, una circunstancia que los funcionarios asumen como parte de su trabajo. Sin embargo, considera que ese malestar no debe traducirse en agresiones contra los empleados públicos o la propia institución por decisiones que corresponden al poder legislativo, como la falta de actualización de los tramos del IRPF para compensar la inflación. El portavoz también ha aludido a las críticas de algunos despachos profesionales, en una referencia al bufete Amsterdam & Partners y a su campaña contra Hacienda. Los inspectores consideran que la dirección de la Agencia no ha respondido con suficiente contundencia a estos ataques y reclaman un mayor respaldo institucional, tanto desde el punto de vista de la comunicación pública como mediante actuaciones judiciales cuando resulte necesario.

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(El País, 02-11-2026) | Fiscal

La recaudación fiscal crece un 10% pese al desplome en los impuestos a los carburantes

La recaudación tributaria mantiene un ritmo de crecimiento sostenido. Entre enero y septiembre, los ingresos por impuestos aumentaron un 10%, hasta alcanzar los 248.326 millones de euros, según los datos publicados este viernes por la Agencia Tributaria. A excepción de agosto, condicionado por efectos de calendario, los ingresos han registrado incrementos de dos dígitos todos los meses. Esta evolución se ha mantenido incluso pese al fuerte descenso de la recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos, que cayó un 13% en el conjunto del periodo y un 25% únicamente en septiembre. El retroceso responde a las rebajas fiscales aprobadas para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo, que han reducido los ingresos públicos en unos 3.000 millones de euros hasta el noveno mes del año. Desde que Israel y Estados Unidos atacaron Irán a finales de febrero, el Gobierno ha puesto en marcha tres paquetes de medidas de apoyo, cuyo coste conjunto se estima en unos 12.000 millones de euros. Entre ellas figuran diversas reducciones de impuestos sobre la energía, destinadas a contener el impacto del encarecimiento de los precios provocado por las restricciones en rutas estratégicas para el transporte internacional de gas y petróleo y los ataques contra infraestructuras energéticas esenciales en el marco del conflicto. Entre enero y septiembre, las rebajas del IVA aplicadas a la electricidad, el gas y los hidrocarburos, que ya han dejado de estar vigentes, supusieron una merma de 1.169 millones de euros en los ingresos tributarios. A esta cantidad se suman otros 1.383 millones derivados de la reducción de los tipos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que representa el mayor coste de las medidas fiscales. Además, en septiembre se duplicó la bonificación fiscal al diésel, que pasó de 10 a 20 céntimos por litro, después de que su precio hubiera aumentado más de un 15%. El incremento de la recaudación del resto de los principales impuestos ha compensado ampliamente el efecto de estas medidas. El IRPF volvió a ser uno de los motores de los ingresos públicos, con un crecimiento del 12,5%, hasta los 118.068 millones de euros, cerca de la mitad del total recaudado durante los nueve primeros meses del ejercicio. Esta evolución responde tanto a la fortaleza del mercado laboral, que ha alcanzado máximos de afiliación, como al aumento de los salarios y las pensiones registrado en los últimos años. Estas subidas han elevado los tipos impositivos medios, en un contexto en el que no se han actualizado los tramos del impuesto para adaptarlos a la inflación, un proceso conocido como deflactación. El Impuesto sobre Sociedades acumula un incremento superior al 25% en lo que va de año, aunque en septiembre apenas registró ingresos significativos. Este resultado está condicionado por el elevado volumen de devoluciones derivadas de la anulación judicial de varias medidas incluidas en la reforma fiscal impulsada por Cristóbal Montoro en 2016. Si se eliminan los efectos extraordinarios y de calendario, el crecimiento de la recaudación se sitúa en el 7%, hasta los 18.877 millones de euros. Por su parte, los ingresos procedentes del IVA aumentaron un 8,1% hasta septiembre, con un total de 81.181 millones de euros. En cambio, los impuestos especiales registraron una caída del 8,5%, hasta los 15.718 millones, debido principalmente al impacto de las rebajas fiscales aplicadas a los productos energéticos. Este viernes también se han conocido los datos de déficit de las Administraciones públicas correspondientes al periodo comprendido entre enero y agosto, sin incluir las corporaciones locales. El desfase entre ingresos y gastos alcanzó aproximadamente los 30.000 millones de euros, equivalentes al 1,71% del PIB, una vez excluido el coste de la dana. La cifra supera el 1,5% registrado en el mismo periodo de 2025. En cuanto al déficit del Estado, referido en este caso a los nueve primeros meses del año, se sitúa en torno al 2,2% del PIB, unos 9.000 millones de euros por encima del registrado un año antes.

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(Cinco Días, 29-10-2026) | Fiscal

Las navieras se hacen de oro con el alza de los fletes y disparan un 75% el beneficio medio por barco

La guerra en Irán ha alterado profundamente el transporte marítimo internacional, con el estrecho de Ormuz como principal foco de la crisis. Su bloqueo ha obligado a las navieras a utilizar rutas más largas, reduciendo la disponibilidad de buques, mientras el riesgo de ataques iraníes ha disparado los costes del transporte, especialmente en el sector energético. Los ingresos medios de la actividad marítima han aumentado un 75% este año respecto al anterior y se sitúan un 92% por encima de la media de la última década. Esta situación está favoreciendo a un reducido grupo de grandes compañías navieras, algunas de las cuales han duplicado ampliamente su valor bursátil. Los ingresos medios diarios de los buques de carga superan actualmente los 74.000 dólares, según el Clarksea Index, elaborado por la consultora Clarksons Research. Este indicador, utilizado habitualmente por armadores, navieras y aseguradoras, calcula la rentabilidad media de una flota representativa de petroleros, graneleros, portacontenedores y gaseros. Sus registros se encuentran cerca de máximos históricos, lo que refleja el fuerte crecimiento de los ingresos del sector pese al encarecimiento del combustible y al aumento de los riesgos para la navegación. Desde la pandemia, el transporte marítimo ha tenido que adaptarse a un entorno más inestable, marcado por los conflictos internacionales, las interrupciones de las cadenas de suministro y la congestión portuaria. Sin embargo, esta mayor volatilidad también ha abierto oportunidades para elevar los precios. Vincent Clerc, consejero delegado de la naviera danesa Maersk, señaló en septiembre que la forma de fijar las tarifas había cambiado sustancialmente desde la crisis sanitaria y que el sector podía alcanzar niveles de rentabilidad superiores a los habituales antes de la pandemia. Maersk, que dispone de la segunda mayor flota mundial de portacontenedores y controla el 13,6% de la capacidad del mercado, registró en el segundo trimestre un beneficio neto atribuido de 1.263 millones de dólares, un 116% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía revisó al alza por segunda vez sus previsiones para 2026 y los analistas de Citi esperan que pueda mejorarlas de nuevo con la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para el 5 de noviembre. En lo que va de año, sus acciones acumulan una revalorización del 60%. El mercado está dominado por un pequeño número de grandes operadores. Mediterranean Shipping Company (MSC), con sede en Suiza, lidera el sector con el 21,5% de la capacidad mundial de transporte de contenedores, aunque no publica sus resultados financieros. Maersk ocupa la segunda posición, seguida de la francesa CMA CGM, con una cuota del 12,9%, y la china Cosco Shipping, con el 10,6%. Por detrás se sitúan compañías como la alemana Hapag-Lloyd, la japonesa Ocean Network Express y la taiwanesa Evergreen. El encarecimiento de los fletes se ha extendido a prácticamente todas las modalidades de transporte marítimo. La inseguridad en torno al estrecho de Ormuz obliga a modificar itinerarios, aumenta las distancias recorridas y eleva los gastos de combustible y aseguramiento. Estos costes adicionales terminan trasladándose a las tarifas que pagan las empresas por transportar mercancías, desde productos industriales hasta materias primas y recursos energéticos. El índice compuesto de fletes de contenedores de Shanghái ha multiplicado por más de tres sus niveles anteriores al conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, el impacto más acusado se observa en el transporte de petróleo, donde el coste de los fletes se ha multiplicado por diez en lo que va de año. El incremento está impulsando los resultados de las navieras especializadas en el transporte de crudo. A mediados de octubre, el coste diario estimado de transportar dos millones de barriles de petróleo en un petrolero de gran capacidad, conocido como VLCC, desde África occidental hasta China llegó a superar los 770.000 dólares. En la ruta entre el golfo de México y China, las tarifas alcanzaron los 600.000 dólares diarios. Estas cantidades se calculan a partir de los ingresos previstos por el viaje, descontando gastos como el combustible, las tasas portuarias y los peajes por el tránsito a través de canales como los de Suez o Panamá. Según John Ollett, responsable de precios de fletes de crudo de la consultora Argus, los armadores deben seguir afrontando costes de tripulación, mantenimiento y abastecimiento de los buques, que se estiman en unos 10.000 dólares diarios. La diferencia entre estos gastos y los ingresos obtenidos por los fletes deja unos márgenes extraordinarios que están elevando la rentabilidad de las compañías. El auge del transporte de petróleo también se refleja en los mercados financieros. El Breakwave Tanker Shipping ETF, un fondo cotizado que sigue la evolución de los precios de los contratos de futuros vinculados a los fletes de petroleros, acumula una subida cercana al 4.750% este año. Su evolución ilustra hasta qué punto la crisis en Oriente Próximo y las dificultades para transportar crudo han convertido la capacidad de navegación en un activo especialmente valioso.

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(La Vanguardia, 29-10-2026) | Fiscal

Frente Amplio plantea frenar la acumulación de vivienda gravando con un 10% a grandes propietarios

Ada Colau ha presentado una propuesta fiscal para intervenir en el mercado del alquiler mediante un impuesto anual del 10% sobre el valor de los inmuebles de los grandes propietarios que no se arrienden a precios asequibles. En una entrevista en la cadena SER, la candidata de Frente Amplio ha defendido que la vivienda debe destinarse a residencia habitual y no a la especulación. A su juicio, la fiscalidad puede contribuir tanto a frenar las subidas de los alquileres como a reducir unas rentas que considera excesivas. Colau ha relacionado la iniciativa con la defensa del derecho a la vivienda y con el origen de la actual convocatoria electoral. También ha recordado a Mari Carmen y ha señalado que su lucha debe traducirse en medidas concretas para evitar situaciones que considera intolerables. La candidata ha insistido en que es necesario actuar sobre las causas del encarecimiento de la vivienda y no limitarse a medidas parciales. El impuesto distinguiría entre pequeños propietarios y grandes tenedores. Se aplicaría a las empresas desde su primera vivienda y a las personas físicas a partir de la cuarta, siempre que el valor conjunto de sus inmuebles superase los 800.000 euros. Los propietarios que alquilasen por encima de la media establecida en el índice estatal de referencia tendrían que pagar anualmente un gravamen equivalente al 10% del valor de los inmuebles, mientras que los arrendamientos a precios asequibles quedarían exentos. La finalidad de la medida, según Colau, no sería aumentar los ingresos públicos, sino desincentivar los alquileres elevados y conseguir que los propietarios redujesen las rentas para evitar el pago. La candidata ha señalado que, en ciudades como Madrid y Barcelona, los precios considerados asequibles deberían situarse algo más de un 30% por debajo de los niveles actuales. La propuesta pone el foco especialmente en los fondos de inversión y los grandes propietarios. Colau ha asegurado que trece fondos concentran unas 100.000 viviendas en España y ha defendido la necesidad de actuar sobre este tipo de tenedores. Según su planteamiento, las estadísticas muestran una relación entre el tamaño de los propietarios y el nivel de los alquileres que fijan. Las estimaciones de Frente Amplio apuntan a que el gravamen podría afectar a 737 empresas privadas con al menos 50 viviendas alquiladas. Además, la formación calcula que contribuiría a movilizar 213.840 inmuebles en manos de multipropietarios que actualmente no están arrendados ni se utilizan como residencia habitual. A esta cifra se sumarían otros 272.160 pisos que ya están en alquiler y cuyos propietarios podrían optar por reducir las rentas para quedar exentos del impuesto. Frente a quienes consideran que la solución pasa principalmente por construir más viviendas, Colau ha sostenido que el problema no se limita a la falta de oferta, sino que también depende del uso que se hace de los inmuebles disponibles. En este sentido, ha señalado los pisos vacíos, el alquiler de temporada y los alojamientos turísticos como factores que restringen la oferta destinada a residencia habitual. La candidata ha reconocido que es necesario ampliar el parque público de vivienda, aunque ha advertido de que la construcción requiere varios años y no permite responder de inmediato a la emergencia habitacional. Por ello, Frente Amplio propone elevar de forma permanente la inversión en vivienda asequible y protegida hasta el 1% del PIB. Los recursos se destinarían a construir, adquirir y rehabilitar inmuebles, y parte de la financiación procedería de la recaudación del nuevo impuesto. La iniciativa pretende combinar así el aumento de la oferta pública con incentivos fiscales para movilizar las viviendas existentes y contener los precios del alquiler.

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(Expansión, 28-10-2026) | Fiscal

Una maraña de tributos y tasas municipales encarece de forma artificial la obra nueva

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de España. Aunque el debate suele centrarse en la falta de suelo disponible, el aumento del coste de los materiales y la inflación, existe otro elemento que contribuye al encarecimiento de los inmuebles: la acumulación de impuestos y tasas que deben afrontarse durante todo el proceso de promoción y construcción. Cada vivienda de nueva construcción incorpora, además de los costes de materiales, diseño y mano de obra, una serie de tributos municipales que se aplican en distintas fases del proyecto. Juan Carpizo, socio de Fiscal y responsable de la práctica ibérica de Fiscalidad Local y Medioambiental de Andersen, señala que la carga fiscal vinculada a la promoción inmobiliaria representa un sobrecoste estructural que repercute directamente en el precio final. Según el experto, esta tributación incrementa el esfuerzo económico que deben realizar los compradores y dificulta todavía más el acceso a la vivienda. Los costes fiscales comienzan antes de iniciar las obras. Cuando el promotor adquiere un terreno, debe asumir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante el periodo de propiedad y desarrollo del proyecto. A este desembolso se añaden el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo tipo puede alcanzar el 4% del coste real de la construcción, y la tasa por licencia urbanística, que se calcula sobre el presupuesto de ejecución material. Durante el desarrollo de la promoción también se generan otros gastos, como los derivados de ocupar la vía pública con grúas, contenedores o andamios, además de las tasas relacionadas con inspecciones y autorizaciones técnicas. Carpizo subraya que estos pagos son costes efectivos que no pueden recuperarse y que se incorporan al coste de producción del inmueble, trasladándose finalmente al comprador a través del precio de venta. Uno de los aspectos más controvertidos de esta fiscalidad es el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. Tras la modificación normativa de finales de 2021, el sector promotor considera que el sistema puede generar una tributación que no se corresponde con la capacidad económica real. Según Carpizo, el impuesto llega a gravar incrementos de valor que, en determinados supuestos, están vinculados a costes necesarios para desarrollar el activo inmobiliario, lo que provoca una diferencia entre la base imponible y la ganancia económica efectiva. El problema adquiere especial relevancia en las promociones inmobiliarias, cuyos periodos de tenencia del suelo suelen ser reducidos y, en muchos casos, inferiores a dos años entre su adquisición y la venta de las viviendas. El fiscalista advierte de que algunos municipios han incrementado hasta un 600% los coeficientes aplicables a los periodos de propiedad más cortos, elevando considerablemente las cuotas tributarias sin que ese aumento tenga necesariamente una relación directa con la evolución real del valor del terreno. La acumulación de estos impuestos y tasas influye en la composición del precio final de la vivienda, que no depende únicamente de su ubicación, sus características constructivas o su eficiencia energética. Carpizo considera que España ha desarrollado un entramado de tributación municipal específico para la promoción urbanística, con figuras impositivas y tasas que afectan a distintas etapas del proceso. A su juicio, este modelo no encuentra un equivalente funcional en otros países europeos, lo que convierte la fiscalidad local vinculada a la vivienda en una singularidad del sistema español. Este sobrecoste fiscal añade presión a un mercado que ya se enfrenta a importantes dificultades de acceso y a una oferta insuficiente en determinadas zonas. Por ello, la revisión de los tributos municipales asociados a la construcción se plantea como una cuestión relevante dentro del debate sobre cómo agilizar la promoción de nuevas viviendas, reducir los costes de desarrollo y facilitar el acceso a este bien esencial. En la adquisición de vivienda de obra nueva, el comprador debe desembolsar de entrada un 10% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). A esta partida se añade el gravamen de Actos Jurídicos Documentados (AJD), un tributo autonómico que añade entre un 0,5% y un 1,5% adicional según la comunidad. Esta estructura produce un efecto en el que el ciudadano termina pagando el IVA sobre una base que ya ha sido engordada por las tasas y tributos municipales previos. En conjunto, sumando los gravámenes invisibles de la fase constructiva y los exigidos en el acto de compraventa, la carga fiscal total llega a suponer entre el 20% y el 25%.

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(El País, 28-10-2026) | Fiscal

El nuevo impuesto a los ricos frena la mudanza de fortunas entre comunidades, pero dispara la ingeniería fiscal

La fiscalidad de las grandes fortunas en España ha experimentado un cambio significativo en los últimos años. Durante más de una década, las diferencias entre comunidades autónomas en el impuesto sobre el patrimonio favorecieron la concentración de contribuyentes con elevados recursos en Madrid, donde existía una bonificación del 100%. Sin embargo, la creación a finales de 2022 del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, impulsado por el Gobierno central, estableció un mínimo de tributación estatal para frenar la competencia fiscal entre territorios. Un estudio del World Inequality Lab concluye que la medida ha reducido los incentivos para trasladar la residencia fiscal entre comunidades, aunque también ha impulsado nuevas estrategias para aprovechar las exenciones previstas en la normativa. El informe, titulado Tributación de la riqueza: ¿centralizada o descentralizada? Evidencia a partir del impuesto español sobre las grandes fortunas, ha sido elaborado por los investigadores Francisco García-Rodríguez, Dmitry Petrov y Alice Sodano a partir de datos de la Agencia Tributaria correspondientes al periodo comprendido entre 2016 y 2023. Sus conclusiones muestran un cambio en los movimientos territoriales de los grandes patrimonios. Madrid, que hasta entonces registraba de manera continuada un saldo migratorio positivo de contribuyentes con grandes fortunas, anotó en 2023, primer año completo de aplicación del nuevo impuesto, un saldo negativo entre quienes declaraban un patrimonio neto superior a 3,7 millones de euros, umbral a partir del cual se aplica el gravamen. El impuesto de solidaridad tiene una estructura similar a la del impuesto sobre el patrimonio, pero la recaudación corresponde a la Administración central en lugar de a las comunidades autónomas. Ante esta situación, algunas regiones, entre ellas Madrid, optaron por reducir o eliminar las bonificaciones del tributo autonómico para que los ingresos permanecieran en sus propias arcas, en lugar de transferirse al Estado. En la práctica, el nuevo gravamen redujo la ventaja económica de trasladar la residencia fiscal a una comunidad con menor tributación para evitar el pago. La implantación del impuesto permitió incorporar a cientos de contribuyentes de elevado patrimonio que anteriormente no abonaban este tipo de gravamen. En 2023, la recaudación alcanzó cerca de 2.000 millones de euros en el conjunto de España, de los cuales casi 600 millones correspondieron a Madrid. En 2024, los ingresos superaron los 2.100 millones. Dmitry Petrov, coautor del estudio e investigador y profesor de Economía en la Universidad de Alcalá, advierte de que todavía es pronto para atribuir exclusivamente al nuevo impuesto el cambio en los movimientos de las grandes fortunas. Para confirmar esa relación será necesario comprobar si la tendencia se mantiene durante los próximos años. No obstante, considera que existen indicios de una conexión directa y prevé que los desplazamientos de contribuyentes con grandes patrimonios entre comunidades se vayan estabilizando progresivamente. La competencia fiscal autonómica, sin embargo, no ha desaparecido por completo. El informe señala que continúa afectando a los patrimonios de nivel intermedio, ya que el impuesto estatal se aplica a partir de los 3,7 millones de euros de riqueza neta. Por debajo de ese umbral, muchos contribuyentes con patrimonios de entre 700.000 euros y 3,7 millones siguen beneficiándose de las bonificaciones autonómicas. En comunidades como Madrid y Andalucía, donde se aplican bonificaciones del 100% en ese tramo, estos contribuyentes pueden quedar exentos de pagar el impuesto sobre el patrimonio. De este modo, los gobiernos regionales mantienen margen para utilizar la fiscalidad como instrumento de atracción de riqueza. El estudio también advierte de que la reducción de los incentivos para cambiar de residencia no ha eliminado las estrategias de planificación fiscal de las grandes fortunas. En lugar de trasladarse a otras comunidades, algunos contribuyentes han reorganizado sus activos para reducir la base imponible. Según los investigadores, los grandes patrimonios de Madrid disminuyeron en 2023 cerca de un 6% el patrimonio neto sujeto a tributación declarado a Hacienda respecto a contribuyentes comparables de otras regiones. Petrov explica que este ajuste no parece responder necesariamente a una reducción real de la riqueza, sino a una reorganización de los activos para aprovechar las exenciones legales, especialmente las relacionadas con la empresa familiar. Entre las fórmulas utilizadas figuran la aportación de bienes personales al capital de sociedades no cotizadas y la adaptación de las retribuciones de los directivos para cumplir los requisitos establecidos por la normativa. Según las estimaciones del estudio, estas prácticas redujeron la recaudación pública en Madrid en unos 73 millones de euros durante 2022 y 2023. Los resultados ponen de relieve la importancia de las exenciones fiscales en los tramos más altos de la distribución de la riqueza, donde las participaciones empresariales representan una parte sustancial del patrimonio. Las simulaciones incluidas en el informe calculan que, si se eliminara la exención de los activos empresariales de la base imponible, la recaudación conjunta del impuesto en España podría más que duplicarse y acercarse a los 5.000 millones de euros anuales. Los autores concluyen que la centralización parcial de la tributación ha reducido los incentivos para trasladar grandes patrimonios entre comunidades autónomas, pero no ha eliminado las diferencias fiscales para las fortunas de menor tamaño ni las posibilidades de planificación tributaria. El potencial recaudatorio del impuesto sigue condicionado, por tanto, por el alcance de las exenciones y por la capacidad de los contribuyentes para reorganizar legalmente sus activos.

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(La Vanguardia, 28-10-2026) | Fiscal

Madrid se distancia de Cataluña en PIB per cápita por el empleo no residente

La economía catalana ha perdido terreno frente a la madrileña en términos de PIB per cápita durante el último cuarto de siglo. En el año 2000, el indicador de Cataluña equivalía al 94% del de Madrid, mientras que en la actualidad se sitúa en el 83%. Según un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, esta brecha no responde a factores estructurales como la productividad o el desempleo, sino al efecto estadístico que provoca la presencia de trabajadores que generan riqueza en una comunidad autónoma, pero residen en otra. El director del servicio de estudios de la Cambra, Joan Ramon Rovira, ha explicado que estos empleados contribuyen a la actividad económica del territorio en el que trabajan, aunque no se contabilizan como parte de su población al calcular el PIB por habitante. El informe destaca que, en los últimos 25 años, la proporción de personas ocupadas respecto al conjunto de la población ha aumentado en casi ocho puntos porcentuales. A juicio de Rovira, ni la tasa de paro ni la relación entre población activa y población total permiten explicar la divergencia entre ambas comunidades. Según los datos de la Cambra, en 2021, último ejercicio disponible para este cálculo, Madrid registraba un saldo neto de 221.386 trabajadores que desempeñaban su actividad en la comunidad, pero vivían en otra autonomía. En Cataluña, la cifra era de 42.348 personas. Además, un cálculo de La Vanguardia a partir de datos de 2024 apunta a que la diferencia entre ambas regiones en PIB per cápita se había ampliado todavía más. En comparación con el conjunto de España, Cataluña también ha reducido su ventaja en este indicador. Su PIB per cápita ha pasado de representar el 121% de la media nacional en el año 2000 al 114% en la actualidad. La Cambra atribuye esta evolución a la convergencia entre la población activa y la población total en el resto del país. La entidad también ha actualizado sus previsiones económicas. Para 2026, calcula que la economía catalana crecerá un 2,8%, tres décimas más de lo estimado anteriormente. Para 2027, sitúa el avance en el 2%, dos décimas por encima de su previsión inicial. El presidente de la Cambra, Josep Santacreu, ha señalado que la actividad atraviesa una fase de enfriamiento, aunque mantiene una capacidad de resistencia favorable. En cuanto a los precios, la Cambra ha elevado cuatro décimas su previsión de inflación para 2026, hasta el 3,7%, y espera una moderación durante el año siguiente. Santacreu ha advertido de que la duración del conflicto en el estrecho de Ormuz será determinante para la evolución de los precios energéticos, pese a las medidas compensatorias adoptadas por los gobiernos.

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(Expansión, 27-10-2026) | Fiscal

Los ingresos de los paraísos fiscales aumentan gracias al impuesto mínimo global

Guernsey, Jersey y otros territorios considerados paraísos fiscales prevén obtener ingresos tributarios adicionales tras elevar sus tipos del impuesto de sociedades para adaptarse a las normas de la OCDE. En contra de las previsiones iniciales, las grandes multinacionales no han abandonado estos centros financieros, pese a la introducción de un tipo mínimo efectivo global destinado a reducir los incentivos para trasladar beneficios a jurisdicciones con baja tributación. Estas jurisdicciones temían que la nueva regulación provocara una salida de empresas y capitales. El acuerdo, impulsado por la OCDE y respaldado por más de un centenar de países en 2021, estableció un tipo mínimo efectivo del 15% para los grupos multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros. La iniciativa, conocida como Pilar Dos, constituyó una de las reformas más importantes de la fiscalidad empresarial internacional en más de un siglo, aunque su alcance se ha reducido parcialmente desde su aprobación. Charles Parkinson, responsable del Tesoro de Guernsey, explicó al Financial Times que menos del 10% de las multinacionales han trasladado sus operaciones fuera de esta dependencia de la Corona británica como consecuencia del incremento fiscal. La isla ha duplicado recientemente su previsión de ingresos vinculados a estas normas hasta los 88 millones de libras, unos 105 millones de euros, para 2025, primer año de aplicación. El ejercicio anterior, la recaudación por el impuesto de sociedades había ascendido a 48 millones de libras, cuando la mayoría de las multinacionales tributaban a tipos del 0% o del 10%, según su actividad. Jersey, que contaba con un sistema tributario similar, también espera obtener decenas de millones de libras adicionales gracias al Pilar Dos. Bermudas ha revisado igualmente al alza sus previsiones y calcula que los ingresos derivados de estas normas alcanzarán los 291 millones de dólares, alrededor de 260 millones de euros, durante el primer año. Esta cantidad representa aproximadamente una quinta parte de la recaudación fiscal total prevista para el ejercicio 2025-2026. Hasta 2025, Bermudas no aplicaba un impuesto general de sociedades, pero introdujo un tipo del 15% para ajustarse al nuevo marco internacional. Inicialmente, esperaba recaudar 188 millones de dólares, aunque elevó sus estimaciones tras constatar los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías reaseguradoras. Irlanda figura también entre los países que están aprovechando el nuevo sistema. Los ingresos procedentes de empresas que mantienen en el país sus derechos de propiedad intelectual, entre ellas Apple, han contribuido a generar superávits presupuestarios durante varios ejercicios. El Ministerio de Economía irlandés prevé que, a partir del próximo año, la recaudación del impuesto de sociedades aumente en 3.500 millones de euros anuales como consecuencia del Pilar Dos. Giorgia Maffini, directora de política fiscal de PwC, considera que, si se mantiene esta tendencia, las empresas podrían seguir conservando sus beneficios y sus inversiones en estas jurisdicciones por motivos distintos de la fiscalidad. No obstante, advierte de que las primeras cifras todavía son provisionales y deben interpretarse con cautela. El mecanismo del Pilar Dos permite que, cuando una multinacional soporta en un país un tipo impositivo efectivo inferior al 15%, se apliquen impuestos complementarios para alcanzar el mínimo establecido, de acuerdo con las reglas correspondientes. Este sistema incentiva a las jurisdicciones con baja tributación a implantar sus propios mecanismos de imposición mínima, evitando que otros Estados recauden los importes adicionales. Sin embargo, el pasado enero, la Administración de Donald Trump consiguió una exención para las empresas estadounidenses respecto de estos gravámenes complementarios previstos por el acuerdo internacional. Los expertos apuntan a que las ventajas de estos territorios van más allá de los impuestos. Las multinacionales pueden mantener allí sus sedes por la flexibilidad de sus marcos regulatorios, la disponibilidad de infraestructuras adecuadas y el acceso a trabajadores cualificados. A estos factores se suma el coste administrativo que supone cumplir con las obligaciones de información del Pilar Dos. Daniel Bunn, consejero delegado de la estadounidense Tax Foundation, señala que las empresas incluidas en el régimen deben presentar información detallada sobre sus operaciones, incluso cuando no tengan que abonar impuestos adicionales. La complejidad de estos procedimientos puede desincentivar el traslado de sus estructuras a otros países, ya que implicaría asumir nuevos costes de cumplimiento y adaptar sus sistemas internos. En este contexto, mantener las estructuras actuales puede resultar más sencillo desde el punto de vista operativo. John Vella, director del Centro de Fiscalidad Empresarial de la Universidad de Oxford, considera que todavía es pronto para evaluar todas las consecuencias de la reforma. A su juicio, las compañías podrían esperar antes de modificar su ubicación, hasta comprobar cómo se consolidan las normas y cuál es su aplicación efectiva a largo plazo. Desde Guernsey, Parkinson advierte de que el incremento de la recaudación debe entenderse como una ganancia inesperada a corto plazo, puesto que las empresas podrían cambiar sus estrategias para reducir su carga fiscal. En una línea similar, el primer ministro de Bermudas, David Burt, ha señalado que 2025 podría marcar el máximo de ingresos por el impuesto de sociedades. Entre los factores que podrían reducir la recaudación futura figura la concesión de créditos fiscales a las empresas. Jersey también ha reconocido que existe una incertidumbre considerable sobre el volumen total de ingresos adicionales que generará la reforma y durante cuánto tiempo podrán mantenerse. Desde la OCDE recuerdan, además, que las decisiones empresariales sobre dónde establecerse no dependen exclusivamente de la fiscalidad, sino también de la calidad de las infraestructuras, la estabilidad normativa y la disponibilidad de mano de obra. En julio, la organización estimó que el impuesto mínimo global podría incrementar la recaudación tributaria mundial entre un 3,2% y un 5,4%, lo que supondría entre 91.000 y 155.000 millones de dólares anuales. Estas previsiones son inferiores a las calculadas inicialmente, lo que refleja las dificultades para determinar el impacto definitivo de una reforma cuya aplicación sigue evolucionando.

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