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(Expansión, 13-11-2026) | Fiscal

La UE y Reino Unido retrasarán el arancel del 10% a los vehículos eléctricos

La industria automovilística europea obtendrá cierto margen de maniobra después de que la Unión Europea y Reino Unido hayan acordado estudiar el aplazamiento de los aranceles aplicables a los vehículos eléctricos. Los fabricantes consideran que su entrada en vigor agravaría las dificultades del sector para competir con las marcas chinas, que continúan ganando presencia en el mercado europeo. Bruselas está consultando a la industria sobre distintas alternativas para retrasar el arancel del 10% que afectaría a la mayoría de los vehículos a partir del próximo 1 de enero. Según fuentes conocedoras de las conversaciones, Reino Unido también respalda esta iniciativa. Las restricciones están relacionadas con el acuerdo comercial posterior al Brexit, vigente desde 2021, que estableció un endurecimiento progresivo de las normas de origen para impulsar una cadena de suministro europea de baterías. El objetivo era aumentar gradualmente el porcentaje de componentes fabricados localmente que debe incorporar un vehículo para quedar exento de aranceles. Sin embargo, el desarrollo de la producción europea de productos químicos y baterías no ha avanzado al ritmo esperado. Como consecuencia, numerosos modelos eléctricos siguen dependiendo de baterías y componentes químicos importados de Asia. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) advierte de las consecuencias que tendría la aplicación de estas condiciones. Según sus estimaciones, alrededor del 82% de los 520.000 turismos y furgonetas eléctricos que se prevé comercializar en 2027, con un valor aproximado de 17.900 millones de euros, estarían sujetos a los aranceles. Por este motivo, la patronal reclama que se posponga hasta 2030 la entrada en vigor del requisito más exigente sobre el ensamblaje de los paquetes de baterías y hasta 2032 la obligación adicional de que el material catódico empleado en los electrodos tenga origen europeo. Los fabricantes temen que estas medidas reduzcan todavía más su competitividad en el mercado británico, especialmente ante el avance de los productores chinos. La UE y Reino Unido ya acordaron anteriormente retrasar de 2024 a 2027 la aplicación de las modificaciones de las denominadas normas de origen. En aquel momento, ambas partes establecieron jurídicamente que no volverían a conceder una prórroga de este tipo. Aunque el sector del automóvil recibiría favorablemente cualquier aplazamiento, la industria química europea se opone a esta posibilidad porque considera que perjudicaría la demanda de sus productos. Las empresas del sector han destinado importantes inversiones a desarrollar instalaciones europeas para fabricar materiales activos para cátodos, componentes fundamentales del electrodo positivo de las baterías. Las alternativas que estudia la Comisión Europea, todavía sujetas a posibles modificaciones, contemplan una prórroga más limitada que la solicitada por la ACEA. El propósito es aliviar la presión sobre los fabricantes de automóviles sin perjudicar excesivamente el desarrollo de la industria europea de baterías. Entre las opciones planteadas figura un aplazamiento directo de un año. Otra posibilidad consiste en conceder dos años adicionales y permitir que los fabricantes compensen los vehículos exportados que incorporen baterías no conformes con otros modelos comercializados en el mercado nacional que sí cumplan los requisitos. Representantes del sector consideran que este mecanismo podría ser viable, aunque todavía están evaluando cómo adaptarlo a sus operaciones. Por su parte, fuentes del Gobierno británico prevén que las negociaciones formales sobre una posible prórroga comiencen después de la cumbre entre la UE y Reino Unido prevista para el próximo 20 de noviembre. La dependencia exterior de las baterías sigue siendo uno de los principales problemas de la industria británica. Un informe elaborado este mes para la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT) señala que, pese a las inversiones estimadas en 72.000 millones de euros en instalaciones de producción de baterías y vehículos eléctricos desde 2017, Reino Unido todavía importa cerca de dos tercios de las baterías de iones de litio que consume. Además, su capacidad industrial nacional para fabricar estos componentes sigue siendo limitada. El consejero delegado de la SMMT, Mike Hawes, ha destacado la estrecha relación comercial entre ambos mercados, que mantienen intercambios anuales en el sector del automóvil por valor de 80.000 millones de euros y generan millones de puestos de trabajo. Por ello, considera necesario alcanzar una solución pragmática sobre las normas de origen aplicables en 2027 y reforzar la integración de las cadenas de suministro. El informe, elaborado por LSE Consulting, también recomienda coordinar las políticas industriales de ambas jurisdicciones, dada su elevada interdependencia. La Unión Europea recibe el 60% de las exportaciones británicas de vehículos, mientras que Reino Unido concentra el 30% de las exportaciones europeas y constituye el principal mercado de destino de los vehículos eléctricos fabricados en la región. El documento reclama, por tanto, una mayor flexibilidad en las normas de origen y una estrategia conjunta para impulsar la producción de baterías.

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(El Economista, 13-11-2026) | Fiscal

El TEAC avala que la deuda con Hacienda prescriba si la inspección supera 18 meses y no se cobren intereses de demora

Cuando las actuaciones de inspección tributaria superan el plazo máximo legal de duración, el procedimiento no queda automáticamente anulado, sino que debe proseguir hasta su finalización. La principal consecuencia de este incumplimiento es que las actuaciones pierden su capacidad para interrumpir la prescripción, según establece el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en una resolución de 29 de septiembre. El Tribunal señala que, una vez reanudado el procedimiento mediante un acto que tenga eficacia interruptiva de la prescripción, la Administración vuelve a estar sometida al plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras. En el caso analizado, este periodo es de 18 meses, conforme a la redacción del artículo 150.1 de la Ley General Tributaria (LGT) aplicable. Por tanto, la liquidación definitiva será válida siempre que se notifique antes de que finalice dicho plazo. La pérdida del efecto interruptivo implica que el plazo de prescripción de cuatro años se considera que ha seguido transcurriendo sin interrupción. Así, si desde el día siguiente a la finalización del periodo voluntario de declaración hasta la reanudación formal de las actuaciones han transcurrido cuatro años, el derecho de Hacienda a determinar la deuda tributaria habrá prescrito y ya no podrá exigir el pago correspondiente a ese ejercicio. Además, la normativa establece otras consecuencias para la Administración cuando incumple el plazo máximo de inspección. En particular, no podrá exigir intereses de demora por el periodo comprendido entre el momento en que se supera el plazo legal y la reanudación formal de las actuaciones. De este modo, si finalmente procede practicar una liquidación, el importe de los intereses que deberá satisfacer el contribuyente será inferior. La reanudación también obliga a Hacienda a respetar nuevamente el límite temporal de 18 meses para concluir el procedimiento y notificar la liquidación. Un nuevo incumplimiento puede comprometer definitivamente la actuación administrativa y permitir que la prescripción afecte a los ejercicios que todavía sean objeto de comprobación. En consecuencia, cuando la liquidación definitiva se notifica dentro de los 18 meses siguientes a la reanudación válida de las actuaciones, se cumplen los requisitos temporales exigidos por la normativa, siempre que el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria no haya prescrito. Por tanto, el exceso de duración de la fase inicial de inspección no determina por sí mismo la nulidad de la liquidación final. Esta seguirá siendo válida si, tras una reanudación eficaz de las actuaciones, la Administración respeta el nuevo plazo legal y notifica la resolución dentro del periodo establecido.

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(Expansión, 12-11-2026) | Fiscal

Los Bizum que se tendrán que declarar a la Agencia Tributaria de cara a 2027

Desde el 1 de enero de 2026, las entidades bancarias están obligadas a comunicar mensualmente a la Agencia Tributaria, sin límite mínimo de importe, las operaciones realizadas mediante Bizum por empresarios y profesionales. El abogado, economista y asesor fiscal Andrés Millán, conocido en redes sociales como @lawtips, ha publicado en Instagram varios ejemplos para aclarar qué pagos deben declararse y cuáles pueden tener consecuencias fiscales. En una de sus publicaciones, Millán advierte de que la ausencia de comunicación a Hacienda no implica que una operación quede al margen de las obligaciones tributarias. Así, recuerda que cualquier cantidad entregada sin obligación de devolución puede considerarse una donación y quedar sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con independencia de que se haya transferido mediante Bizum o por otro procedimiento. Entre los ejemplos menciona los regalos de boda y cumpleaños. Aunque estas operaciones no se comuniquen inicialmente, podrían detectarse en caso de una inspección o si su cuantía genera alguna alerta. Una situación diferente es la de las cantidades destinadas al mantenimiento de los hijos. Según explica el asesor fiscal, los pagos para cubrir gastos de alimentación, estudios o vivienda no tienen la consideración de donaciones, ya que forman parte de la obligación legal de alimentos que corresponde a los progenitores. Por tanto, no están sujetos al Impuesto sobre Donaciones. Esta responsabilidad aparece recogida en el artículo 154 del Código Civil, que establece el deber de los padres de velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. En cuanto a los préstamos entre particulares, Millán recomienda documentar adecuadamente la operación para acreditar que el dinero deberá devolverse y evitar que pueda interpretarse como una donación. Para ello, aconseja formalizar un contrato en el que consten la cantidad prestada, la fecha y las condiciones de devolución, realizar los movimientos a través de una entidad bancaria y presentar el documento ante la comunidad autónoma correspondiente. Aunque los préstamos están exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, su documentación permite justificar la naturaleza de la operación ante Hacienda. El Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, modificó el Reglamento del IRPF y otras normas de gestión tributaria para reforzar el control fiscal sobre los pagos digitales y los nuevos medios de cobro. Entre sus principales novedades figura la obligación de las entidades financieras, de pago y de dinero electrónico, incluidas las extranjeras que operen en España, de facilitar a la Agencia Tributaria información mensual sobre las cuentas de pago y los cobros recibidos por empresarios y profesionales mediante tarjetas y sistemas de pago móvil como Bizum. La modificación elimina el anterior límite de 3.000 euros que condicionaba esta obligación informativa. Además, la norma establece una nueva obligación de información anual para los emisores de tarjetas, que deberán comunicar los datos correspondientes a aquellas cuyo volumen total de operaciones supere los 25.000 euros anuales.

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(El País,12-11-2026) | Fiscal

Hacienda obliga a tributar las prejubilaciones voluntarias si no se enmarcan en un despido colectivo

Hacienda exigirá tributar en el IRPF por las indemnizaciones recibidas en procesos de bajas incentivadas y prejubilaciones voluntarias cuando no exista un expediente de regulación de empleo (ERE) en curso en el momento en que se formalice el acuerdo entre la empresa y el trabajador. Así lo establece una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que unifica el criterio de la Administración tributaria y dificulta que miles de contribuyentes puedan recuperar los impuestos pagados por estas compensaciones. El pronunciamiento tiene especial repercusión en sectores que están llevando a cabo procesos de reorganización de sus plantillas, como el bancario. En los últimos años, las entidades financieras han recurrido cada vez más a los programas colectivos de bajas voluntarias y prejubilaciones para reducir personal sin necesidad de iniciar un despido colectivo formal. El origen del litigio se encuentra en la reclamación de un empleado de banca que se acogió voluntariamente a uno de estos programas en 2021. Posteriormente, solicitó a la Agencia Tributaria la rectificación de sus declaraciones del IRPF para recuperar las cantidades abonadas por la indemnización, al considerar que debía aplicarse la exención prevista para las compensaciones por despido. Hacienda rechazó la petición al entender que la extinción de la relación laboral se había producido por acuerdo entre las partes. El trabajador recurrió ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, que en 2025 le dio la razón. El tribunal consideró que la adhesión a un plan colectivo de adecuación de plantilla tenía carácter involuntario y podía acogerse a la exención, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a casos como los de Banca Cívica y Banco Mare Nostrum. Ante esta interpretación, la Agencia Tributaria elevó el asunto al TEAC para que fijara un criterio común. El tribunal central aclara que la doctrina del Supremo sobre aquellos precedentes no puede aplicarse automáticamente a cualquier programa de prejubilaciones. En esos casos, el carácter forzoso de las salidas estaba vinculado a la existencia de un despido colectivo, dentro del cual los trabajadores podían optar por alguna de las medidas negociadas para evitar la extinción directa de sus contratos. En cambio, cuando la adhesión voluntaria se produce antes de un ERE o al margen de este procedimiento, el cese se considera fruto de un acuerdo entre empresa y empleado. El TEAC añade que la existencia de un despido colectivo no depende de cómo perciba el trabajador su salida de la empresa, sino de que se haya iniciado formalmente el procedimiento legal correspondiente, con la constitución de una comisión negociadora y la comunicación a la autoridad laboral. Las consecuencias alcanzan tanto a quienes ya han abandonado sus puestos mediante estos programas como a quienes tienen previsto hacerlo sin que exista un ERE abierto. Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, señala que, si no hay un despido colectivo en marcha, la adhesión a un plan de prejubilación se considera una decisión voluntaria y la indemnización debe tributar en el IRPF. La resolución afecta especialmente a los contribuyentes que mantienen reclamaciones para recuperar el impuesto pagado por estas compensaciones. Al tratarse de un criterio vinculante para la Administración tributaria, sus posibilidades de obtener una resolución favorable en vía administrativa se reducen considerablemente. No obstante, el pronunciamiento no vincula a los órganos judiciales, por lo que los afectados todavía pueden acudir a los tribunales para defender que la extinción de su contrato fue involuntaria. Según Fernández, las opciones de éxito judicial también disminuyen cuando no existía un ERE en el momento de formalizar la baja. El impacto fiscal puede alcanzar importes elevados y depende de las circunstancias personales y económicas de cada contribuyente. Los cálculos de TaxDown muestran que la diferencia entre acogerse a un ERE o a un programa voluntario de prejubilación puede representar decenas de miles de euros. Así, para un trabajador con un salario anual de 40.000 euros y una indemnización de 80.000, la exención de esta última permitiría tributar únicamente por el sueldo, con una cuota estimada de 7.200 euros en Madrid y 7.900 en Barcelona. Si la salida se produce mediante un plan voluntario sin ERE, la indemnización tendría que integrarse en la declaración y la factura fiscal ascendería a unos 29.600 euros en Madrid y 31.100 en Barcelona. La diferencia aumenta en los tramos salariales superiores. Para un empleado con una retribución anual de 70.000 euros y una indemnización de 140.000, la brecha fiscal entre ambas modalidades alcanza los 42.000 euros en Madrid y los 45.000 en Barcelona. En el caso de un directivo con un salario de 100.000 euros y una compensación de 300.000, el ahorro podría situarse en torno a los 54.000 y 61.000 euros, respectivamente. En este último supuesto, sin embargo, la exención no se aplicaría a toda la indemnización. La normativa establece un límite máximo de 180.000 euros, por lo que el importe que supere esa cantidad deberá tributar en el IRPF.

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(Cinco Días, 11-11-2026) | Fiscal

Las ayudas al coche eléctrico se agotan en medio de la incertidumbre electoral: queda dinero para menos de 14.000 solicitudes

El programa estatal Auto+, destinado a incentivar la compra de vehículos electrificados, se acerca a su agotamiento debido al ritmo de solicitudes y a la progresiva reducción de los fondos disponibles. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo, la semana pasada se habían registrado peticiones por valor de 305,6 millones de euros correspondientes a particulares y de 38,58 millones por parte de empresas y autónomos. Dado que las dotaciones iniciales ascienden a 350 y 50 millones, respectivamente, fuentes del sector calculan que el presupuesto podría agotarse durante la semana de las elecciones generales, previstas para el próximo 29 de noviembre. De cumplirse estas previsiones, las ayudas finalizarían aproximadamente un mes antes de la fecha establecida en el BOE, que fija el 31 de diciembre como límite del programa. Ese mismo día también concluye la vigencia de la deducción en el IRPF de hasta 3.000 euros por la adquisición de vehículos electrificados. Tomando como referencia el gasto medio por expediente, situado en 3.165 euros para los particulares, las fuentes consultadas estiman que todavía habría margen para atender algo más de 14.000 solicitudes. No obstante, esta cantidad ya sería inferior, puesto que durante la última semana se han seguido registrando nuevas peticiones. En el caso de empresas y autónomos, el importe medio por expediente alcanza los 4.297 euros, por lo que quedarían fondos para unas 2.658 solicitudes adicionales, aunque también se trata de una estimación basada en datos anteriores. Desde el Ministerio de Industria consideran que Auto+ ha sido un programa exitoso, pese al retraso en su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que no llegó hasta julio. Además, su duración está superando las previsiones iniciales del sector, que a principios de año esperaba que las ayudas se agotaran en verano. Esta estimación tenía en cuenta la experiencia del anterior plan Moves, cuyo presupuesto tuvo que duplicarse el pasado ejercicio para poder atender toda la demanda. En Industria dan por hecho que, si tras las elecciones del 29 de noviembre no se produce un cambio de Gobierno, los incentivos a la compra de vehículos eléctricos seguirán formando parte de las medidas previstas para los próximos años dentro del Plan España Auto 2030, la estrategia industrial y de apoyo económico al automóvil acordada entre el Ejecutivo y el sector. Sin embargo, los fabricantes y distribuidores temen que un cambio de Gobierno pueda provocar un periodo de hasta seis meses sin ayudas. En caso de prorrogarse, consideran necesario que los nuevos incentivos tengan carácter retroactivo para cubrir las compras realizadas durante el tiempo que transcurra hasta la aprobación de los siguientes fondos. También existe incertidumbre sobre el papel que podría desempeñar Vox, contrario a la transición ecológica, en un eventual Ejecutivo del PP, que necesitaría su apoyo para gobernar según los sondeos. La patronal de concesionarios Faconauto reclamó, durante la presentación de las matriculaciones de octubre, que se aclare cuanto antes si las ayudas al vehículo electrificado continuarán en 2027. La organización considera necesario garantizar su continuidad para mantener el impulso que han dado al mercado. En la misma línea se pronunciaron Ganvam, que representa a vendedores y reparadores, y Anfac, la asociación de fabricantes. Ganvam advirtió de que los incentivos deben mantenerse al margen de los calendarios electorales, ya que la incertidumbre administrativa puede acabar condicionando las decisiones de compra. Si el programa Auto+ continúa en los próximos ejercicios, también deberá adaptarse a los criterios de contenido local que establezca la Unión Europea en la futura Ley de Aceleración Industrial (IAA), actualmente en negociación entre los Veintisiete. En su configuración actual, el plan permite subvencionar vehículos eléctricos fabricados fuera de la UE, incluidos los procedentes de China. La nueva normativa comunitaria pretende limitar esta posibilidad con el objetivo de proteger a la industria automovilística europea.

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(Expansión, 11-11-2026) | Fiscal

Rectificar impuestos sin miedo a multas: fin a las sanciones automáticas de Hacienda

El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad del sistema de autoliquidaciones rectificativas introducido por el Real Decreto 117/2024, pero ha establecido un criterio que refuerza las garantías de los contribuyentes frente a posibles sanciones de la Agencia Tributaria. En concreto, el Alto Tribunal descarta que Hacienda pueda imponer multas de forma automática cuando un contribuyente presenta una rectificación para recuperar cantidades previamente ingresadas, siempre que actúe de buena fe y aporte información completa y veraz. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en su Sección Segunda, ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra el citado real decreto. La organización cuestionaba la adaptación de los reglamentos del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA, los Impuestos Especiales y los impuestos sobre los gases fluorados al nuevo procedimiento de rectificación, al considerar que excedía los límites de la potestad reglamentaria y podía perjudicar los derechos de los contribuyentes. La controversia surgió tras la reforma de la Ley General Tributaria introducida por la Ley 13/2023, que sustituyó el procedimiento tradicional de solicitud de rectificación por un modelo basado en la presentación de una autoliquidación rectificativa. AEDAF advertía de que este cambio podía dejar a los contribuyentes expuestos a actuaciones sancionadoras cuando solicitaran devoluciones derivadas de discrepancias con los criterios de la Administración. El Supremo, sin embargo, considera que la Ley General Tributaria proporciona cobertura suficiente para desarrollar reglamentariamente este sistema y descarta que exista una vulneración de la reserva de ley. También aclara que la expresión «normativa propia» no se limita exclusivamente a las leyes en sentido estricto, sino que comprende el conjunto de disposiciones reguladoras de cada impuesto. Pese a rechazar la pretensión de nulidad de AEDAF, la sentencia introduce una interpretación especialmente relevante sobre las consecuencias sancionadoras de las autoliquidaciones rectificativas. El tribunal establece que, cuando un contribuyente ingresó inicialmente una deuda tributaria y posteriormente presenta una rectificación para solicitar su devolución, la Administración no puede imponer automáticamente una sanción por dejar de ingresar. Los magistrados recuerdan que el nuevo procedimiento obliga a identificar expresamente los datos modificados y explicar los motivos que justifican la rectificación. De este modo, Hacienda dispone desde el primer momento de la información necesaria para comprobar si la modificación resulta procedente. Además, el Supremo señala que la Agencia Tributaria puede ejercer sus facultades de comprobación e investigación antes de efectuar la devolución si considera que existen dudas sobre su procedencia. La sentencia entiende que, cuando el contribuyente ha cumplido inicialmente con su obligación de pago y después expone de forma transparente las razones jurídicas y los datos que justifican la rectificación, no cabe presumir que haya cometido una infracción. Por tanto, la Administración no puede fundamentar una sanción en resoluciones genéricas o argumentos estandarizados sin acreditar las circunstancias concretas que permitan apreciar culpabilidad. El Alto Tribunal también eleva el nivel de exigencia para justificar una eventual sanción. En estos supuestos, la motivación de la culpabilidad debe ir más allá de la simple falta de diligencia, siguiendo el criterio recogido en la sentencia 96/1990 del Tribunal Constitucional. El pronunciamiento supone un respaldo para empresas y asesores fiscales que temían que el nuevo sistema pudiera desincentivar las reclamaciones frente a criterios de Hacienda. Una de las principales preocupaciones era que un contribuyente presentara una rectificación basada en una interpretación jurídica distinta de la mantenida por la Dirección General de Tributos o el Tribunal Económico-Administrativo Central, recibiera la devolución y, tiempo después, se enfrentara a una inspección con una propuesta de sanción por haber obtenido indebidamente esas cantidades. Con la nueva doctrina, el Supremo establece que una discrepancia interpretativa razonada, debidamente explicada y acompañada de información veraz no constituye por sí misma un motivo para sancionar. Hacienda podrá revisar la rectificación, rechazar el criterio aplicado y exigir la devolución de las cantidades correspondientes, junto con los intereses que procedan, pero no podrá imponer una multa de manera automática por el mero hecho de que el contribuyente haya defendido una interpretación diferente. Para Esaú Alarcón, socio de Gibernau, la sentencia constituye una buena noticia para los fiscalistas, ya que limita considerablemente la capacidad sancionadora de Hacienda cuando el contribuyente actúa de buena fe. El experto recuerda que el procedimiento tradicional permitía plantear discrepancias interpretativas sin el temor a que la posterior devolución derivara en una sanción. No obstante, advierte de que no puede descartarse que se produzcan actuaciones administrativas inadecuadas en determinados casos. En la práctica, el fallo refuerza la seguridad jurídica de quienes utilizan las autoliquidaciones rectificativas para defender criterios fiscales distintos de los sostenidos por la Agencia Tributaria. La clave estará en justificar adecuadamente los motivos de la modificación, facilitar todos los datos relevantes y actuar con transparencia, ya que estas circunstancias serán determinantes para valorar si existe o no responsabilidad sancionadora.

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(El País, 11-11-2026) | Fiscal

España registra una de las mayores subidas de la presión fiscal en la UE, pero sigue por debajo de la media

España registró en 2025 uno de los mayores incrementos de la presión fiscal de la Unión Europea, con una subida cercana a un punto porcentual. Esta evolución se explica tanto por el aumento de la recaudación tributaria como por la fortaleza del mercado laboral, que ha elevado los costes asociados a las cotizaciones sociales. En consecuencia, el peso de los impuestos y las aportaciones a la Seguridad Social sobre el producto interior bruto (PIB) aumentó nueve décimas en un año, hasta situarse en el 38,1%. Los últimos datos de Eurostat colocan a España entre los países donde más creció este indicador, en niveles similares a Francia y Croacia y solo por detrás de Alemania y Malta. A pesar de este avance, la presión fiscal española sigue por debajo de la media comunitaria, de la zona euro y de las principales economías europeas. Según las cifras de la oficina estadística europea, todavía provisionales en algunos casos, la presión fiscal alcanzó el 40,7% del PIB en el conjunto de la UE en 2025, medio punto más que el año anterior. En los países de la zona euro llegó al 41,2%, tras aumentar seis décimas. Esto sitúa a España 2,6 puntos por debajo de la media comunitaria y 3,1 puntos por debajo de la eurozona. La brecha es aún más amplia si se compara con las grandes economías del continente. Francia presenta una presión fiscal del 46% del PIB, Italia del 43% y Alemania del 41,4%. También superan el nivel español Bélgica, Austria y los países nórdicos. En el otro extremo figuran Irlanda, con un 22,7%; Rumanía, con un 29,3%; Malta, con un 30,3%, y Bulgaria, con un 30,6%. En el conjunto de la Unión Europea, el aumento de las cotizaciones sociales fue uno de los principales factores que impulsaron el indicador. Su peso pasó del 13,9% al 14,3% del PIB entre 2024 y 2025. Por su parte, los impuestos sobre la producción y las importaciones se mantuvieron estables en el 12,9%, mientras que los tributos sobre la renta y el patrimonio avanzaron ligeramente, hasta el 13,2%. En España, el incremento estuvo relacionado principalmente con el fuerte crecimiento de los ingresos tributarios, que avanzaron a un ritmo muy superior al de la economía. La recaudación alcanzó los 325.356 millones de euros en 2025, frente a los 294.734 millones del año anterior. Esto supone 30.622 millones adicionales, un aumento del 10,4%. El crecimiento contrasta con el avance real del PIB, que fue del 2,6%. Aunque para calcular la presión fiscal se utiliza el PIB nominal, que incorpora también el efecto de los precios, su evolución fue igualmente inferior al ritmo de incremento de los ingresos públicos. A este factor se sumó el aumento de los costes por cotizaciones sociales, impulsado por la buena evolución del empleo. La presión fiscal permite medir qué proporción de la riqueza generada por una economía corresponde a los ingresos obtenidos mediante impuestos y cotizaciones sociales. Se trata de un indicador relevante para analizar la capacidad de las administraciones públicas para financiar los servicios y prestaciones que demanda la sociedad, como la sanidad, la educación, las pensiones y la protección social. A diferencia de otras aproximaciones, como el esfuerzo fiscal, su metodología está estandarizada, lo que permite a organismos como la Unión Europea y la OCDE comparar la situación de los distintos países. Su evolución depende de dos variables: los ingresos públicos y el crecimiento económico, que constituye la base de comparación. Cuando la recaudación tributaria y las cotizaciones sociales aumentan más deprisa que el PIB, la presión fiscal se eleva. Por el contrario, si la economía crece a un ritmo similar o superior al de los ingresos, el indicador tiende a moderarse. En España se produjo el primero de estos escenarios en 2025, pese al dinamismo de la actividad económica. Una situación que fue todavía más acusada en Alemania y Francia, donde la presión fiscal también aumentó en un contexto de crecimiento económico mucho más débil. Una parte significativa del avance registrado en España procede del comportamiento de los principales impuestos. Los ingresos por IRPF aumentaron un 10,1% en 2025, mientras que la recaudación del impuesto sobre sociedades creció un 8,1% y la del IVA, un 9,9%. Estos incrementos responden a la expansión de las bases imponibles, a los cambios normativos y al impacto de la inflación. En este último caso, la falta de actualización de la tarifa del IRPF conforme a la evolución de los precios ha provocado que parte de las subidas salariales nominales se traduzcan en una mayor carga tributaria. También el encarecimiento de los bienes y servicios ha elevado los ingresos procedentes de los impuestos sobre el consumo. La evolución de la presión fiscal durante los últimos años también ha estado condicionada por las distintas crisis económicas que ha atravesado Europa. La pandemia provocó una de las mayores alteraciones de este indicador. Los confinamientos y las restricciones a la actividad ocasionaron una contracción histórica del PIB en 2020, especialmente intensa en España. Aunque la caída de la actividad redujo los ingresos públicos, el retroceso de la economía fue mucho más pronunciado, lo que elevó el peso relativo de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el PIB. La recuperación posterior contribuyó a moderar la ratio, pero el repunte de la inflación volvió a modificar la relación entre los ingresos públicos y el tamaño de la economía. El aumento de los precios elevó el valor nominal de los salarios, el consumo y los beneficios empresariales, impulsando la recaudación. En el IRPF, la ausencia de una deflactación de la tarifa hizo que los incrementos salariales asociados a la inflación aumentaran la tributación de parte de los contribuyentes. En el IVA, el encarecimiento de productos y servicios y la recuperación de determinados tipos impositivos ampliaron la base imponible. Estos factores contribuyeron a incrementar el peso de los ingresos públicos sobre el PIB.

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(El Economista, 11-11-2026) | Fiscal

La Audiencia Nacional rechaza la deducción en el IVA de los regalos a clientes si tienen utilidad comercial

La Audiencia Nacional considera que los bienes entregados a clientes que, pese a incorporar distintivos de una marca, tienen una utilidad económica propia para el destinatario deben calificarse como atenciones a clientes y no como simples objetos publicitarios de escaso valor. Esta distinción impide deducir el IVA soportado en su adquisición, según establece la sentencia de 14 de octubre de 2026. La resolución, de la que es ponente la magistrada Sánchez Cordero, desestima el recurso presentado por Mahou y confirma el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que había ratificado una liquidación de la Agencia Tributaria de 31 de enero de 2019. El acuerdo exigía a la cervecera el ingreso de 8,7 millones de euros en concepto de IVA correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2013 y diciembre de 2015. La compañía pretendía deducirse las cuotas soportadas por la compra de diversos materiales promocionales destinados a establecimientos hosteleros, entre ellos vasos, copas, jarras, servilleteros, posavasos, ceniceros y abridores. Mahou defendía que estos artículos no tenían valor comercial intrínseco, dado que su coste era inferior a 90 euros y llevaban incorporada una marca indeleble. Para respaldar su postura, invocó los artículos 7.4 y 96.Uno.5.º de la Ley del IVA, así como la consulta vinculante V1464-08 de la Dirección General de Tributos. Sin embargo, la Audiencia Nacional señala que, para aplicar la excepción que permite la deducción, deben concurrir simultáneamente dos requisitos: que los objetos incluyan de forma indeleble la marca y que carezcan de valor comercial intrínseco. El artículo 96.1.5.º de la Ley del IVA establece, con carácter general, la no deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes o servicios destinados a atenciones a clientes. La norma contempla una excepción para los objetos de carácter publicitario de escaso valor, pero la Sala entiende que debe interpretarse de manera restrictiva. En este caso, los materiales entregados por Mahou tenían una utilidad económica efectiva para los establecimientos hosteleros, ya que cubrían necesidades habituales de su actividad y, de no recibirlos, habrían tenido que comprarlos en el mercado. Por tanto, la inclusión del logotipo de la cervecera no elimina el valor propio de estos bienes ni permite considerarlos simples artículos publicitarios. La sentencia también aplica la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular la resolución de 12 de marzo de 2026, asunto C-515/24. Según la Audiencia Nacional, la exclusión de la deducción del IVA en las atenciones a clientes resulta compatible con el Derecho comunitario, al amparo de la cláusula de mantenimiento prevista en el artículo 176 de la Directiva del IVA. Finalmente, el tribunal considera que estas entregas constituyen operaciones de autoconsumo no deducibles conforme a los artículos 9.1.b y 7.7 de la Ley del IVA. En consecuencia, desestima íntegramente la demanda de Mahou, sin imponer las costas procesales.

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(El Economista, 10-11-2026) | Fiscal

Los sindicatos ultiman una huelga en la Agencia Tributaria para el nuevo Gobierno

Los sindicatos han comenzado a definir su estrategia ante la posibilidad de que el PP se imponga en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A la convocatoria de una huelga general para mañana, a dos días del comienzo de la campaña electoral y con el respaldo de miembros del actual Gobierno, se añade ahora la decisión de las centrales de aplazar las movilizaciones en un organismo público fundamental, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la intención de retomarlas ante el próximo Ejecutivo. UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) han decidido cancelar la huelga de 24 horas que estaba prevista para el pasado 28 de octubre. Además, las tres organizaciones han acordado suspender temporalmente, según un comunicado conjunto, todas las protestas y jornadas de paro anunciadas para las semanas siguientes, sin establecer por el momento un nuevo calendario. No obstante, han precisado que esta decisión no implica dar por terminado el conflicto ni abandonar las reivindicaciones que lo originaron. En la práctica, los sindicatos han optado por mantener las movilizaciones en suspenso hasta disponer de interlocutores en el Gobierno con plena capacidad para negociar y adoptar decisiones. Esta justificación ha generado malestar entre algunos profesionales de la AEAT, que cuestionan la posible politización de un conflicto que, inicialmente, respondía a demandas estrictamente laborales, según fuentes conocedoras de la situación. Entre las críticas planteadas se encuentra la contradicción que supone aplazar las protestas hasta la llegada de un nuevo ministro de Hacienda, cuando las reclamaciones tienen su origen en las condiciones laborales establecidas durante la etapa de María Jesús Montero y que, según denuncian, tampoco han sido modificadas por su sucesor, Arcadi España. Los trabajadores cuestionan por qué se traslada la responsabilidad al próximo Ejecutivo en lugar de mantener las movilizaciones frente al actual Gobierno. Las centrales sindicales fundamentan sus demandas en la recuperación de derechos, el desarrollo de la carrera profesional y la mejora de las condiciones retributivas. Sin embargo, entre los inspectores de Hacienda existe la percepción de que estas reivindicaciones han pasado a un segundo plano y de que las organizaciones sindicales están adoptando un papel más próximo al de actores políticos ante la posibilidad de que las elecciones desemboquen en un Gobierno de coalición entre el PP y Vox. El malestar también se alimenta de la diferente respuesta sindical ante la huelga general convocada para mañana. UGT y CCOO mantienen este paro, que será el primero de estas características en más de una década, y que se presenta como una protesta frente a la crisis de la vivienda y en respaldo a las movilizaciones surgidas tras el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid. Algunos trabajadores de la Agencia Tributaria consideran que la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre también debería haber dejado al actual Gobierno sin interlocutores con capacidad para negociar medidas en materia de vivienda. Sin embargo, los sindicatos han mantenido la huelga general, una decisión que, a su juicio, resulta difícil de conciliar con los argumentos utilizados para aplazar las protestas en la AEAT. Desde que se anunció la convocatoria del paro general, las organizaciones sindicales han recibido críticas por el supuesto carácter político de la protesta y por su orientación favorable al Ejecutivo y contraria a la oposición. Estas interpretaciones se han visto reforzadas por las muestras de apoyo expresadas por miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. También se ha cuestionado el peso secundario que las reivindicaciones laborales tuvieron inicialmente en la convocatoria de la huelga. Las referencias a la necesidad de mejorar los salarios para hacer frente al coste de los alquileres y las hipotecas se incorporaron posteriormente, una modificación que, según las críticas, buscaba reforzar la justificación legal de la protesta. El conflicto laboral dentro de la Agencia Tributaria, en cualquier caso, viene de antes de la actual coyuntura política y del adelanto electoral anunciado para finales de noviembre. La tensión se remonta a las reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo y las retribuciones del personal del organismo. Durante la pasada primavera, los trabajadores de la AEAT llegaron incluso a plantear la posibilidad de paralizar la campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. El origen de sus protestas se encuentra en el incumplimiento que denuncian del acuerdo firmado en 2024 para mejorar sus condiciones salariales, cuando María Jesús Montero dirigía el Ministerio de Hacienda y ocupaba también la Vicepresidencia Primera del Gobierno. Entre los asuntos pendientes figuran las dificultades para progresar profesionalmente dentro de la estructura de la Agencia Tributaria y la asignación de responsabilidades adicionales a determinados empleados sin una compensación económica proporcional. A estas reclamaciones se suman las demandas específicas del personal de Aduanas, que desarrolla su actividad en entornos con elevados riesgos para su seguridad. A estas cuestiones laborales se añaden otros motivos de discrepancia entre los trabajadores de la AEAT y el Ministerio de Hacienda, algunos de ellos relacionados con las decisiones adoptadas al comienzo de la actual legislatura. Uno de los principales focos de controversia ha sido el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana para impulsar un modelo de financiación singular para Cataluña, que contempla el desarrollo de un sistema de concierto fiscal propio. La posibilidad de reforzar la Agencia Tributaria catalana mediante la transferencia de competencias recaudatorias ha generado una fuerte oposición entre los inspectores de Hacienda, que consideran que este planteamiento podría debilitar la estructura y las funciones de la Agencia Tributaria estatal. El rechazo de este colectivo a la eventual fragmentación del sistema tributario y a la transferencia de competencias a la Administración catalana ha sido una constante durante los últimos cuatro años.

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(La Vanguardia, 10-11-2026) | Fiscal

La inflación y la subida de tipos no impedirá que la economía española crezca un 2% en 2027

La economía española ha demostrado una notable capacidad de resistencia en los últimos años, pese a un contexto internacional marcado por importantes dificultades. Los economistas de CaixaBank resumen esta evolución en dos conceptos: complejidad y resiliencia. El primero hace referencia a los acontecimientos extraordinarios que han condicionado la agenda mundial, mientras que el segundo se explica por factores como la fortaleza del mercado laboral y de la demanda interna, la buena situación financiera del sector privado y el dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos. "Si alguien nos hubiera dicho en 2009 que la economía española se comportaría de la forma en que lo ha hecho frente a la Covid, la guerra de Ucrania, los aranceles de EEUU y la guerra de Irán, nos hubiera sorprendido mucho", ha señalado el economista jefe de CaixaBank, Enric Fernández, durante la presentación del informe de previsiones de la entidad. CaixaBank calcula que el PIB español crecerá un 2% en 2027, lo que supone una moderación respecto al 2,6% previsto para este año. Aun así, el avance superará el 1,4% estimado para la eurozona. La entidad considera que esta evolución estará respaldada también por factores externos. Entre ellos destaca la demografía, con un aumento de la población del 1% impulsado por los flujos migratorios, que contribuirá en medio punto al crecimiento del PIB. El director de Economía Española de CaixaBank, Oriol Aspachs, ha señalado asimismo que los fondos Next Generation seguirán teniendo efectos positivos, aunque su periodo de ejecución concluya este año, ya que su impacto sobre la economía real se materializa progresivamente. Uno de los principales riesgos para las perspectivas económicas es la evolución de la inflación y la posibilidad de que los bancos centrales vuelvan a elevar los tipos de interés. CaixaBank prevé que la inflación se modere hasta el 2,5%, frente al 3,4% estimado para este año, aunque advierte de su elevada sensibilidad a los precios de la energía. Según Fernández, los mercados de futuros anticipan que el petróleo será ocho dólares más barato el próximo año y que el gas natural registrará un ligero descenso. En cuanto a la política monetaria, las previsiones apuntan a que la Reserva Federal situará los tipos de interés entre el 3,75% y el 4%, mientras que el Banco Central Europeo los elevará hasta el 3%. No obstante, el escenario energético concentra buena parte de las incertidumbres y podría provocar un encarecimiento mayor del previsto. El economista Adrià Morron ha recordado que, durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania en 2022, el BCE llegó a situar los tipos en el 4%. Por su parte, Oriol Carreras ha estimado que un incremento de un punto en la inflación podría restar tres décimas al crecimiento del PIB español. En el ámbito internacional, además de los riesgos relacionados con la energía, CaixaBank sitúa el foco en las inversiones en inteligencia artificial y en la situación financiera de algunos países europeos, entre ellos Francia, cuyas cuentas públicas presentan mayores desequilibrios. La entidad considera que la inversión en IA ha sido uno de los factores que han sostenido el crecimiento mundial, aunque su continuidad dependerá de que consiga trasladar sus beneficios a la economía real. José Ramón Díez ha advertido de que unas expectativas de rentabilidad que no lleguen a cumplirse podrían generar situaciones económicas comprometidas.

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