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(Cinco Días, 21-09-2026) | Fiscal

El Gobierno abre la puerta a prorrogar el escudo anticrisis ante el repunte de la inflación

El Gobierno y los representantes de empresarios y sindicatos se han reunido este jueves para evaluar la evolución de la economía y abordar las medidas que podrían adoptarse una vez que finalice, el próximo 30 de septiembre, el actual escudo anticrisis puesto en marcha para amortiguar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo. Ante un contexto que ha empeorado en los últimos meses, el Ejecutivo se ha mostrado partidario de mantener algún tipo de apoyo más allá de esa fecha, aunque todavía no ha definido si prolongará el paquete actual o diseñará nuevas medidas, ni tampoco cuál sería su alcance. Durante la reunión, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que el Ejecutivo trabajará en las actuaciones necesarias para seguir respaldando a las familias frente al incremento de los precios. También apuntó que se prestará una atención especial a las actividades que están sufriendo con mayor intensidad el encarecimiento de la energía, especialmente el transporte y el sector agroalimentario, debido al impacto que sus costes tienen sobre el conjunto de la cadena económica. El escenario de precios complica la situación. El petróleo se aproxima a los 100 dólares por barril en un contexto geopolítico que continúa prolongándose y extendiéndose a otras zonas. La inflación alcanzó en agosto el 4,3%, su nivel más elevado desde 2023, principalmente por el encarecimiento de los carburantes. Al mismo tiempo, el gas ha experimentado fuertes aumentos y comienza a repercutir en el precio de la electricidad, que desde el episodio de calor registrado en julio se mantiene en niveles superiores a los 100 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. En la reunión celebrada en el Ministerio de Economía participaron, junto a Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Por parte de las organizaciones empresariales y sindicales acudieron el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, María Teresa Gómez Condado; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CC OO, Unai Sordo. Los dos paquetes de ayudas aprobados hasta ahora, el primero en marzo y el segundo en julio, fueron concebidos inicialmente con una duración de tres meses, un formato que previsiblemente continuará debido a la dificultad de anticipar la evolución del escenario internacional. Yolanda Díaz trasladó durante el encuentro varias propuestas para hacer frente al aumento de los costes. Entre ellas figura la extensión de las medidas del anterior decreto que están próximas a expirar, junto con la creación de un impuesto temporal sobre el sector del refino, la limitación de los precios del alquiler y actuaciones dirigidas a preservar el poder adquisitivo y contener el coste de la cesta de la compra. También planteó recuperar un mecanismo similar a la excepción ibérica para proteger a los consumidores frente a incrementos extraordinarios del precio del gas. CC OO coincidió en reclamar medidas sobre los precios de la energía y los carburantes para limitar su impacto sobre la inflación y los hogares. Su secretario general, Unai Sordo, defendió igualmente la recuperación de la excepción ibérica y propuso una prestación de al menos 300 euros dirigida a las personas con ingresos inferiores a la media, una ayuda que, según sus planteamientos, podría llegar a unos 10 millones de beneficiarios. El sindicato también ha pedido a CEOE y Cepyme que participen en la negociación de un acuerdo estatal de convenios que contribuya a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sordo considera además necesario disponer de información procedente del Observatorio de Márgenes Empresariales para utilizarla como referencia en las negociaciones que posteriormente se desarrollen en cada sector y empresa. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó una revisión del salario mínimo interprofesional al considerar que la inflación ha reducido su poder adquisitivo. Según sus declaraciones, los precios han aumentado a un ritmo muy superior al incremento del 3,1% aplicado al salario mínimo a comienzos de año. Álvarez también defendió la aplicación de la reforma anunciada para evitar que las subidas del salario mínimo puedan quedar absorbidas o compensadas por otros conceptos salariales, de modo que el incremento llegue íntegramente a las nóminas. Las organizaciones empresariales también consideran necesario prolongar las medidas de apoyo debido al deterioro de las condiciones económicas. CEOE y Cepyme han planteado que las ayudas se orienten especialmente hacia los sectores y consumidores más expuestos al encarecimiento energético, con especial atención a las industrias electrointensivas y gasintensivas. Las patronales han reclamado además medidas sobre los costes estructurales de la energía, incluida la fiscalidad aplicada a la electricidad, el gas y los carburantes, así como un tratamiento específico para los combustibles renovables. El Ministerio de Economía mantiene el seguimiento de la evolución de la actividad y de los precios en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica. Durante la próxima semana están previstas nuevas reuniones con diferentes sectores económicos para actualizar el diagnóstico y determinar qué colectivos o actividades podrían necesitar medidas adicionales de apoyo. El primer paquete anticrisis aprobado en marzo incluía reducciones fiscales generalizadas sobre el IVA y sobre determinados impuestos vinculados a la electricidad, el gas y los carburantes, con un coste inicialmente estimado en unos 5.000 millones de euros. El segundo paquete, aprobado en julio cuando todavía existían expectativas de una mejora del escenario, mantuvo parte de las ayudas a los carburantes mediante una retirada gradual de los descuentos y supuso un coste aproximado de 1.800 millones. El margen presupuestario constituye uno de los principales condicionantes para decidir cómo prolongar las ayudas. Las instituciones europeas han mostrado reticencias ante las rebajas fiscales generalizadas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido de que el espacio fiscal disponible se encuentra prácticamente agotado, lo que limita la capacidad del Gobierno para aprobar nuevas medidas de amplio alcance.

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(Expansión, 21-09-2026) | Fiscal

El miedo a subidas de impuestos y los precios de la vivienda disparan las donaciones en vida

En un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y las dificultades que afrontan especialmente los jóvenes para acceder a ella, las donaciones continúan aumentando con fuerza. A ello se suma la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda impulse cambios para limitar las diferencias fiscales existentes entre comunidades autónomas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Durante el primer semestre del año, el número de donaciones creció un 12,4% respecto al mismo periodo de 2025. Los últimos datos del Consejo General del Notariado (CGN) muestran, además, que las donaciones han aumentado un 164% desde 2015 hasta el año pasado. Este incremento responde principalmente a la necesidad de facilitar el acceso de las nuevas generaciones a la vivienda y a la incertidumbre sobre el futuro de las ventajas fiscales aplicadas por algunas autonomías. El fuerte incremento del precio de los inmuebles durante los últimos años ha dificultado que muchos jóvenes puedan reunir el dinero necesario para adquirir una vivienda, especialmente para afrontar el pago inicial. Esta situación ha favorecido una transferencia de patrimonio entre generaciones, mediante la entrega de dinero o directamente de inmuebles. Desde el CGN señalan que durante los primeros seis meses de 2026 las familias han recurrido a la donación ante notario como una fórmula de planificación patrimonial y, en numerosos casos, como vía para ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda. Dentro de este contexto, las donaciones de viviendas han registrado, sin embargo, un ligero descenso. Entre enero y junio se situaron cerca de las 25.000 operaciones, un 1,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. La evolución ha sido muy desigual entre territorios, con incrementos especialmente destacados en Baleares, donde aumentaron un 42%, y Galicia, con una subida del 28%. A la evolución del mercado inmobiliario se añade la incertidumbre generada por la posibilidad de que Hacienda promueva una mayor homogeneización de la tributación de las donaciones, cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas. La posibilidad de introducir cambios en este ámbito podría estar llevando a algunas familias a adelantar determinadas operaciones, especialmente en los territorios que han aprobado importantes reducciones fiscales. Esta cuestión ya había sido planteada por la anterior responsable de Hacienda, María Jesús Montero, y el actual ministro, Arcadi España, también ha defendido la necesidad de revisar las diferencias existentes en los impuestos cedidos a las comunidades. La cuestión volvió a aparecer en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, en relación con las diferencias entre las políticas de ingresos de las distintas regiones. No se descarta, por tanto, que el Gobierno pueda plantear medidas relacionadas con el ISD o ejercer presión sobre las comunidades para que incrementen la recaudación de este impuesto. Un precedente se encuentra en el Impuesto sobre el Patrimonio, también cedido a las autonomías. Tras la creación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas en 2022, el Ejecutivo adoptó medidas que limitaron la capacidad de algunas comunidades para mantener determinadas bonificaciones en Patrimonio. El abogado fiscalista y socio de DMS Legal Intelligence Alejandro del Campo considera que la expectativa de una posible armonización está contribuyendo al aumento de las donaciones, especialmente en las comunidades que han introducido recientemente nuevas ventajas fiscales. Baleares constituye uno de los casos más destacados, con un incremento del 158,1% en las donaciones durante el primer semestre, hasta aproximarse en apenas seis meses al volumen contabilizado durante todo el año anterior. Según explica Del Campo, una de las razones se encuentra en la bonificación del 100% para las donaciones y sucesiones entre familiares directos aprobada por el Gobierno balear en julio del pasado año. También la utilización de mecanismos como el pacto sucesorio puede estar influyendo en el comportamiento de las donaciones en determinadas comunidades, ante la posibilidad de que se produzcan cambios normativos. Baleares y Cataluña son algunos de los territorios donde se ha observado un incremento significativo, con una subida del 22,2% interanual en Cataluña durante los seis primeros meses del ejercicio. En cualquier caso, los expertos advierten de que la donación no siempre constituye la alternativa fiscal más favorable. En determinadas operaciones, el donante puede tener que tributar por la ganancia patrimonial generada, de forma similar a lo que sucedería en una transmisión mediante compraventa.

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(El País, 21-09-2026) | Fiscal

Reinventar la imposición fiscal a los ricos para recaudar hasta 350.000 millones de euros

La deuda pública española se situó en julio por debajo del 100% del PIB por primera vez desde los meses anteriores a la pandemia. Según los datos publicados por el Banco de España, el endeudamiento del conjunto de las Administraciones Públicas equivalía al 99,9% del PIB, una décima por debajo del valor de toda la producción económica anual del país. Se trata de un nivel que no se alcanzaba desde febrero de 2020. En términos interanuales, la ratio ha descendido 2,4 puntos porcentuales, mientras que frente a junio de este mismo año la reducción ha sido de 1,6 puntos. El descenso de la ratio no implica que España haya reducido la cantidad de deuda acumulada. De hecho, el pasivo público alcanzó en julio los 1,744 billones de euros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto al mismo mes del año anterior, aunque el importe es aproximadamente un 1% inferior al registrado en junio. La mejora se explica, por tanto, porque la deuda ha perdido peso en relación con el tamaño de la economía. Esta relación entre el endeudamiento y el PIB es uno de los principales indicadores utilizados para valorar la situación de las finanzas públicas y permite comparar la evolución del endeudamiento tanto entre distintos momentos como entre países. El 99,9% registrado en julio constituye una fotografía puntual y no garantiza que la ratio vaya a mantenerse por debajo del 100% durante los próximos meses. Tanto el volumen de deuda como el PIB utilizado para calcular el indicador varían de forma continua, por lo que el porcentaje puede experimentar nuevas oscilaciones. Durante la crisis provocada por la pandemia, el peso de la deuda sobre el PIB aumentó con rapidez y alcanzó su máximo en marzo de 2021, cuando llegó a superar el 124%. A partir de entonces comenzó una trayectoria descendente que ha permitido reducir progresivamente la ratio, aunque no había vuelto a situarse por debajo del 100% hasta los datos correspondientes al pasado julio. Por administraciones, el Estado concentra la mayor parte del endeudamiento. Su deuda alcanzó los 1,589 billones de euros en julio, una cifra equivalente al 91% del PIB y un 4,2% superior a la de un año antes. Las comunidades autónomas acumulaban 349.000 millones, aproximadamente el 20% del PIB, mientras que la Seguridad Social registraba una deuda de 136.000 millones, equivalente al 7,8%. Las corporaciones locales, por su parte, mantenían obligaciones por unos 22.000 millones, el 1,2% del PIB. Las cifras correspondientes a cada nivel de la Administración no pueden sumarse directamente para obtener el endeudamiento total. Esto se debe a que existen operaciones financieras entre las propias Administraciones. Por ejemplo, cuando el Estado concede financiación a una comunidad autónoma, esa cantidad figura simultáneamente como un activo del Estado y como una deuda de la comunidad. Para calcular la deuda del conjunto del sector público se consolidan estas posiciones y se eliminan las operaciones internas, evitando así contabilizar dos veces una misma deuda. La evolución interanual también presenta diferencias significativas según el nivel administrativo. La deuda estatal aumentó un 4,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el endeudamiento de las comunidades autónomas creció un 2,7%. La Seguridad Social registró un incremento mayor, del 7,9%. En sentido contrario, las corporaciones locales redujeron sus obligaciones un 7,9% y el resto de unidades de la Administración Central disminuyeron su endeudamiento un 10,5%.

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(El Economista, 21-09-2026) | Fiscal

Fedea sitúa a Pozuelo, Alcobendas, El Ejido y Sanlúcar entre los municipios con mayor desigualdad de renta en España

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha identificado a Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, El Ejido y Sanlúcar de Barrameda como los municipios españoles de más de 50.000 habitantes que registraron mayores niveles de desigualdad de renta en 2023. Los datos proceden de un informe del centro de estudios que analiza la distribución de la renta en distintos municipios mediante el coeficiente de Gini, un indicador utilizado para medir las diferencias de ingresos entre los habitantes de un territorio. Según el estudio, tras estos cuatro municipios aparecen Roquetas de Mar, Majadahonda, Elda, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Torrevieja. La relación muestra realidades económicas muy diferentes. Entre los municipios con mayor desigualdad aparecen localidades con niveles medios de renta elevados, como Pozuelo de Alarcón, Alcobendas y Majadahonda, junto a otras situadas en posiciones más bajas de la distribución de ingresos, como El Ejido, Sanlúcar de Barrameda, Elda y Torrevieja. Los autores del informe, Miriam Hortas y Jorge Onrubia, señalan que estos resultados evidencian que una elevada desigualdad puede darse tanto en municipios con rentas medias altas como en aquellos con ingresos medios más reducidos. El estudio también analiza los municipios con menor desigualdad. En los primeros puestos se encuentran tres localidades de la provincia de Barcelona: Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Cerdanyola del Vallès. A continuación aparecen Aranjuez, Granollers, Valdemoro, Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid, Coslada y Terrassa. En cuanto a la evolución entre 2022 y 2023, Fedea señala que los mayores incrementos del coeficiente de Gini se produjeron en Tres Cantos y Colmenar Viejo, ambos en Madrid, así como en Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, y Rincón de la Victoria, en Málaga.

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(Expansión, 18-09-2026) | Fiscal

La quita de deuda encalla en el Congreso por las exigencias del independentismo

La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados acordó este miércoles ampliar durante una semana más el plazo para presentar enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común. La norma incorpora la condonación de deuda aprobada por el Consejo de Ministros a finales del pasado año y prevé que el Estado asuma más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica. Es la segunda ampliación del periodo de enmiendas, cuyo plazo inicial terminó la semana pasada. La nueva extensión llevará la fecha límite hasta el próximo martes, aunque existe la posibilidad de que vuelva a prolongarse. Fuentes parlamentarias señalan que, si la mayoría de los grupos solicita a la Mesa una nueva prórroga, esta podría aprobarse. Este procedimiento ya se ha empleado en otras ocasiones para mantener paralizada temporalmente la tramitación de determinadas iniciativas legislativas. El principal punto de fricción para que la condonación llegue al Pleno se encuentra en las conversaciones entre el PSOE y Junts, formación con la que el Gobierno acordó inicialmente esta medida. El partido reclama una compensación mayor, argumentando que la deuda de Cataluña ha seguido aumentando durante el último año. Cataluña sería la segunda comunidad autónoma más beneficiada por el mecanismo previsto, con una condonación de 17.104 millones de euros, solo por detrás de Andalucía, que recibiría 18.791 millones. De acuerdo con los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la cantidad asignada a Cataluña equivaldría prácticamente a la de las comunidades consideradas infrafinanciadas cuando se calcula en términos de deuda condonada por habitante, como ocurre con la Comunidad Valenciana o Murcia. Si se analiza la quita por habitante ajustado, Andalucía y la Comunidad Valenciana encabezarían la distribución, con 2.285 euros por persona, mientras que Cataluña se situaría prácticamente en el mismo nivel, con 2.284 euros. En el extremo contrario, Madrid registraría una condonación de 1.369 euros por habitante ajustado, una cifra similar a la de Galicia, Castilla y León, Cantabria o Asturias. La propuesta contempla en conjunto la condonación de 83.252 millones de euros de deuda autonómica, una cantidad que deberá ser asumida por el Estado en un escenario marcado por un margen fiscal cada vez más reducido y por la progresiva finalización de los fondos europeos que han reforzado los ingresos públicos durante los últimos años. Las discrepancias sobre el reparto de la condonación vienen de lejos. Cuando Hacienda presentó su propuesta, el secretario general de Junts, Jordi Turull, cuestionó que a Cataluña se le aplicara una quita equivalente al 20% de su deuda mientras Andalucía alcanzaba prácticamente el 50%. Ahora, la formación añade a ese argumento el incremento de la deuda catalana para reclamar una revisión de la cantidad inicialmente prevista. Pese a sus exigencias, Junts no ha cerrado la puerta a respaldar la condonación, aunque la negociación podría quedar vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica. La consejera de Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero, ya señaló semanas atrás que el Ejecutivo central tendría que realizar alguna concesión a la formación independentista para conseguir su respaldo al nuevo modelo. La posición de Junts vuelve a resultar determinante para la aprobación de la quita en el Congreso, después de que PP y Vox hayan confirmado su rechazo. La negociación se produce además mientras el Gobierno afronta otros asuntos de especial relevancia parlamentaria, entre ellos la reforma de la financiación autonómica y la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado. La siguiente fecha clave será el miércoles 23 de septiembre. Ese día, la Comisión tendrá que decidir si vuelve a solicitar una ampliación de una semana del plazo de enmiendas o si, por el contrario, da por cerrado este trámite y remite al Pleno las propuestas que hayan presentado los grupos parlamentarios.

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(El País, 18-09-2026) | Fiscal

La Airef empeora hasta el 2,7% del PIB su previsión de déficit para este año

La economía española mantiene un ritmo de crecimiento superior al de las principales economías europeas, pero la evolución de las cuentas públicas empieza a mostrar mayores tensiones. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, ha avanzado que el organismo revisará al alza en una décima su previsión de déficit para este año, hasta situarlo en el 2,7% del PIB, frente al 2,1% que contempla el Gobierno. La revisión responde principalmente a la prolongación de algunas medidas destinadas a contener el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo, entre ellas la ampliación hasta septiembre del descuento al diésel, de hasta 20 céntimos por litro. A ello se suma el incremento del gasto registrado por las comunidades autónomas en los últimos datos de ejecución presupuestaria, factores que han llevado a la Airef a modificar sus cálculos. Olóndriz ha destacado que la economía española conserva un comportamiento sólido en comparación con sus socios europeos, aunque ha advertido de varios factores que pueden limitar su capacidad de crecimiento a medio plazo. Entre ellos destaca especialmente la baja productividad. También ha señalado que, pese a la trayectoria descendente de la deuda pública, esta continúa alrededor del 100% del PIB, un nivel que reduce el margen de maniobra ante posibles episodios de inestabilidad financiera y mantiene elevada la carga asociada al pago de intereses. La principal preocupación de la Airef se centra, no obstante, en la evolución del gasto primario neto de medidas de ingresos, el indicador que utiliza la Unión Europea para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según las últimas estimaciones, este gasto crecerá un 6,6%, frente al 6,4% previsto en julio. En términos acumulados, el incremento alcanza ya el 16,8% para el periodo considerado, por encima del compromiso europeo de mantenerlo por debajo del 13% entre 2024 y 2026. El marco fiscal europeo contempla una cláusula de escape que permite cierta flexibilidad para asumir el incremento del gasto en defensa y parte de las medidas desplegadas para responder a la crisis energética. Sin embargo, la Airef considera que este margen puede resultar insuficiente. Olóndriz ha señalado que el organismo ya anticipaba en julio dificultades para cumplir la regla de gasto en 2027 incluso teniendo en cuenta la cláusula de salvaguarda y que, con la situación actual, el margen disponible prácticamente se ha agotado. A esta presión se añade la evolución de los precios. La inflación alcanzó el 4,3% interanual en agosto, impulsada principalmente por el encarecimiento de los carburantes, y se situó en su nivel más elevado desde comienzos de 2023. La posible prolongación de las medidas destinadas a contener el impacto de la inflación podría incrementar todavía más la presión sobre las cuentas públicas. La presidenta de la Airef ha diferenciado entre determinados gastos de carácter temporal y otros que se están consolidando como permanentes y que, por tanto, requieren fuentes de financiación estables. En este escenario, la Airef reclama una planificación fiscal a medio plazo que permita determinar las prioridades de gasto y anticipar las necesidades de financiación. Olóndriz también ha señalado la falta de correspondencia entre los marcos fiscales español y europeo, una situación que puede generar señales contradictorias cuando el cumplimiento de las reglas comunitarias no coincide con las exigencias establecidas por la normativa nacional. La presidenta de la autoridad fiscal considera que España parte de una posición relativamente favorable respecto a otros países europeos, pero advierte de que esta situación no debe llevar a posponer las reformas necesarias. En su opinión, mantener el crecimiento exigirá mejorar la productividad y la competitividad, mientras que en el ámbito presupuestario será necesario establecer una estrategia de medio plazo que evite que el aumento del gasto obligue posteriormente a adoptar ajustes de mayor intensidad. En este contexto, Olóndriz ha insistido también en la necesidad de que el Gobierno presente nuevos Presupuestos Generales del Estado y ponga fin a la prolongación de las cuentas de 2023. A su juicio, disponer de unas cuentas aprobadas en tiempo y forma resulta fundamental para establecer las prioridades económicas y fiscales, determinar cómo se financiarán y reforzar la transparencia y la rendición de cuentas ante el Parlamento y los ciudadanos. La elaboración de los Presupuestos de 2027 adquiere además una relevancia especial porque debería incorporar una perspectiva plurianual, en línea con el nuevo marco de gobernanza fiscal europeo. La Airef considera que las cuentas públicas deben integrarse en una planificación que permita anticipar la evolución de los ingresos y gastos durante varios ejercicios, en lugar de limitarse a la gestión anual. Por último, Olóndriz ha reclamado que se empiece a preparar el plan fiscal de medio y largo plazo que deberá presentarse en abril de 2028 y que corresponderá aprobar al Gobierno que resulte de las próximas elecciones generales. Para la Airef, este documento debe convertirse en la referencia de la política presupuestaria, con objetivos realistas, planificación plurianual y coordinación entre las distintas administraciones. El objetivo último, según ha señalado, es preservar unas finanzas públicas sostenibles que permitan disponer de margen de actuación cuando las circunstancias económicas lo requieran.

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(El Economista, 18-09-2026) | Fiscal

La Justicia europea abre la puerta a una oleada de reclamaciones de fondos extranjeros contra Hacienda

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que aplicar en España un tipo del 15% en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) a los dividendos obtenidos por instituciones de inversión colectiva (IIC) no residentes, frente al 1% que soportan las IIC residentes, supone una restricción contraria al principio de libre circulación de capitales. Así lo establece la sentencia dictada por el tribunal europeo el 17 de septiembre de 2026. La resolución señala que el hecho de que una institución extranjera esté acogida en su país a un régimen fiscal especial o incluso quede exenta de tributación no elimina el carácter discriminatorio de la imposición aplicada en España. Por tanto, la diferencia de trato fiscal debe quedar compensada de forma efectiva para que pueda considerarse compatible con el Derecho de la Unión. El TJUE precisa que un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) solo puede corregir esta diferencia de tributación cuando permite recuperar íntegramente el importe adicional soportado en España. En aquellos casos en los que la IIC está sometida en su Estado de origen a un régimen de transparencia fiscal, de modo que no tributa directamente y las rentas y créditos fiscales se trasladan a sus partícipes, la posibilidad de que la propia entidad utilice esa deducción puede resultar únicamente teórica. En consecuencia, la neutralización de la desventaja fiscal solo se produce si los inversores o partícipes de la institución pueden aplicar de manera real y completa la deducción correspondiente en su Estado de residencia. La mera existencia de un mecanismo previsto en un convenio bilateral no resulta suficiente si, en la práctica, no permite recuperar la totalidad de la diferencia tributaria. En el caso analizado, relativo a una entidad estadounidense acogida al régimen de transparencia fiscal RIC, el fondo no tributaba directamente en Estados Unidos por los dividendos obtenidos y trasladaba las rentas y el crédito fiscal a sus inversores. Por este motivo, la posibilidad de que la propia entidad compensara el impuesto retenido en España era considerada meramente hipotética y no permitía eliminar el perjuicio fiscal. La sentencia añade que el hecho de que el fondo extranjero haya optado voluntariamente por someterse a un régimen de transparencia fiscal en su país de origen no implica que quede excluido de la protección que le proporciona el Derecho de la Unión. De este modo, el TJUE vincula la compatibilidad de la diferencia de tributación no al régimen fiscal elegido por la institución, sino a que la desventaja generada por la imposición española pueda ser compensada de manera efectiva.

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(Expansión, 17-09-2026) | Fiscal

Funcas eleva la previsión de crecimiento de PIB para 2026 al 2,5%

El Panel de Funcas ha revisado al alza sus previsiones para la economía española y estima ahora que el PIB crecerá un 2,5% en 2026, dos décimas más de lo previsto en su anterior estimación. Para 2027 mantiene su pronóstico de un avance del 2%. La revisión responde principalmente al mejor comportamiento de la economía durante el segundo trimestre, acompañado de una ligera mejora de las expectativas para el tercero, cuyo crecimiento se sitúa ahora en el 0,5%. Para este año, los analistas consultados por Funcas calculan que la demanda interna contribuirá con 2,9 puntos al crecimiento, dos décimas más que en la estimación anterior, mientras que el sector exterior tendrá una aportación negativa de cuatro décimas. De cara a 2027, la demanda nacional aportaría 2,2 puntos, una décima más de lo previsto anteriormente, mientras que la demanda externa restaría dos décimas. El crecimiento previsto para 2027 estará acompañado de una evolución más moderada de todos los componentes de la demanda interna, tanto el consumo privado como el público y la inversión. El Panel estima que el PIB mantendrá un ritmo de expansión trimestral próximo al 0,5% durante los tres primeros trimestres de ese año, antes de desacelerarse hasta el 0,4% en el último. Las previsiones de inflación también han sido revisadas al alza. Funcas sitúa ahora la tasa media de 2026 en el 3,4% para el índice general y en el 2,9% para la subyacente, en ambos casos dos décimas por encima de las previsiones realizadas en julio. Para 2027 también se espera una inflación superior a la estimada anteriormente, con tasas medias del 2,5% para la general y del 2,6% para la subyacente. El mercado laboral mantiene, en cambio, una evolución positiva. El consenso prevé un crecimiento del empleo del 2,2% este año y del 1,7% en 2027, dos décimas más en ambos ejercicios respecto a la anterior previsión. La tasa media de desempleo se situaría en el 9,9% en 2026 y descendería hasta el 9,6% el próximo año. En el ámbito de las cuentas públicas, los expertos mantienen su previsión de que el déficit alcance el 2,5% del PIB en 2026. Para 2027 esperan una reducción del desequilibrio hasta el 2,3% del PIB. La evolución de las finanzas públicas, junto con el deterioro del escenario internacional y sus efectos sobre la inflación y la política monetaria, también está teniendo consecuencias sobre los mercados financieros. En este contexto, el euríbor a un año ha superado el 3,2%, alrededor de medio punto por encima de la previsión manejada en el anterior Panel. Los analistas esperan, sin embargo, que el indicador se modere durante los próximos meses y termine 2026 en torno al 2,7%. Por otro lado, el incremento de las rentabilidades de la deuda pública refleja la preocupación de los mercados por la situación fiscal de las principales economías desarrolladas. Funcas prevé que estas tensiones continúen y sitúa la rentabilidad del bono español a diez años alrededor del 3,5% al cierre del ejercicio.

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(El País, 17-09-2026) | Fiscal

La patronal se sube a la curva de Laffer y reclama bajar impuestos a empresas y rentas altas

La patronal española ha reforzado su apuesta por los planteamientos de la economía de la oferta y por la denominada curva de Laffer como argumento para reclamar una reducción de la presión fiscal en España. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a CEOE, ha desarrollado esta posición junto al Instituto Juan de Mariana en un informe presentado este miércoles, en el que sostiene que una fiscalidad elevada puede limitar la inversión, la productividad y la creación de empleo. En este contexto, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, ha defendido la necesidad de acometer una revisión amplia del sistema tributario. La teoría de Laffer parte de la relación entre los tipos impositivos y los ingresos que obtiene el Estado. Con una imposición nula no existiría recaudación y, en el extremo contrario, un gravamen del 100% eliminaría los incentivos económicos para trabajar o invertir. La cuestión central consiste en determinar dónde se encuentra ese punto a partir del cual una mayor presión fiscal comienza a reducir la actividad económica y, por tanto, puede terminar afectando negativamente a los ingresos públicos. Sin embargo, ni la propia curva de Laffer ni los modelos económicos permiten determinar de manera exacta cuál es el nivel óptimo de tributación para una economía concreta. El resultado depende de múltiples circunstancias, como la fase del ciclo económico, el impuesto analizado, las características del país o el alcance de los servicios y prestaciones públicas. El propio IEE introduce esta cautela en su planteamiento. Su director general, Gregorio Izquierdo, señaló durante la presentación que la curva de Laffer suele interpretarse de manera incorrecta y que debe entenderse como una representación de determinados comportamientos económicos. Por tanto, una reducción de impuestos no implica automáticamente un aumento de la recaudación. Para que una rebaja fiscal pudiera llegar a generar más ingresos, los tipos iniciales tendrían que situarse en una zona de imposición suficientemente elevada como para estar provocando una reducción significativa de la actividad, un incremento de la economía sumergida o el desplazamiento de bases imponibles hacia otros países. El informe también concede importancia al diseño de las rebajas tributarias. Según el IEE y el Instituto Juan de Mariana, si se pretende impulsar la oferta productiva, las reducciones deberían concentrarse especialmente en los tipos marginales que afectan a los ingresos adicionales derivados del trabajo o la inversión. Además, consideran relevante que las medidas se apliquen con rapidez y que tengan un carácter estable, de manera que los contribuyentes puedan incorporarlas a sus decisiones económicas. A partir de este enfoque, el IEE sostiene que determinados niveles de tributación en España pueden estar reduciendo los incentivos para generar ingresos adicionales. El análisis presta especial atención a las rentas más elevadas, cuyos tipos marginales máximos del IRPF superan el 50% en algunas comunidades autónomas. El documento argumenta que una imposición elevada puede influir en las decisiones de profesionales y contribuyentes con mayores recursos, que podrían modificar la localización de sus actividades, reorganizar sus patrimonios o trasladar su residencia fiscal. El informe también cuestiona el efecto que tiene la falta de actualización de los tramos del IRPF conforme a la inflación. En un escenario de aumento de precios, el mantenimiento de los límites nominales del impuesto puede provocar que los contribuyentes soporten una mayor carga fiscal aunque sus ingresos reales no hayan aumentado en la misma proporción. La argumentación se extiende a los impuestos sobre el patrimonio y las sucesiones, así como a la fiscalidad empresarial. El estudio considera que estos tributos pueden influir en las decisiones de inversión y en la localización de capitales en un contexto de elevada movilidad internacional. Según el planteamiento recogido en el informe, cuando el capital puede desplazarse entre jurisdicciones con relativa facilidad, una parte de la carga fiscal asociada a las empresas y a los grandes patrimonios podría terminar repercutiendo sobre factores menos móviles, como el empleo y los salarios. En el ámbito empresarial, el IEE vincula una mayor presión fiscal y unas cotizaciones sociales más elevadas con el incremento de la denominada cuña fiscal, que representa la diferencia entre el coste laboral asumido por la empresa y la remuneración neta que recibe el trabajador. El informe sostiene que una cuña fiscal elevada puede encarecer la contratación y condicionar tanto las decisiones de inversión como la evolución de los salarios reales. También cuestiona determinados impuestos específicos aplicados a sectores concretos, como el gravamen extraordinario sobre la banca. Respecto a la vivienda, el documento plantea que la fiscalidad asociada a la propiedad, el suelo y las transmisiones puede incrementar los costes y dificultar tanto el acceso como el aumento de la oferta. Esta cuestión se integra en una propuesta más amplia que no se limita a reducir impuestos, sino que incluye también una revisión del gasto público y de las cargas regulatorias. En este sentido, la propuesta presentada por ambos centros de estudios combina las rebajas fiscales con medidas destinadas a reforzar los incentivos al ahorro, la inversión, el empleo, la innovación y el emprendimiento. El planteamiento pone el acento no solo en la recaudación obtenida por cada impuesto, sino también en su impacto sobre las decisiones de hogares y empresas y sobre la cantidad de recursos que finalmente permanece a disposición de los contribuyentes.

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(Expansión, 16-09-2026) | Fiscal

Alerta en el turismo: Bruselas pone en peligro el IVA reducido

La posibilidad de elevar el IVA aplicado a la hostelería y la restauración desde el actual 10% hasta el tipo general del 21% ha reabierto el debate sobre cómo compatibilizar las necesidades de recaudación con la competitividad de uno de los principales sectores de la economía española. La propuesta planteada por la Comisión Europea busca ampliar las bases imponibles y reducir las diferencias entre tipos, pero distintos análisis, entre ellos los elaborados por el Instituto de Estudios Económicos y la Tax Foundation, advierten de que una subida de esta magnitud podría repercutir sobre la actividad, el empleo y la recaudación efectiva. El turismo tiene un peso determinante en la economía española. En 2024 generó más de 200.000 millones de euros, equivalentes al 12,6% del PIB, y sostuvo alrededor de 2,77 millones de puestos de trabajo, el 12,3% del empleo total. Además, representa una de las principales fuentes de ingresos exteriores del país, con un superávit turístico superior a los 68.400 millones de euros en la balanza de pagos. En 2025, España recibió 96,8 millones de visitantes internacionales, que realizaron un gasto superior a 134.700 millones de euros. Por ello, cualquier modificación de la fiscalidad que afecte a esta actividad puede tener consecuencias que trasciendan la recaudación obtenida directamente mediante el impuesto. Uno de los argumentos utilizados para mantener el tipo reducido es que el turismo internacional puede considerarse una exportación de servicios, aunque el consumo se produzca físicamente dentro de España. Desde esta perspectiva, aplicar un IVA inferior permitiría reducir parcialmente la desventaja frente a las exportaciones de bienes, que tributan conforme al principio de imposición en destino. En sentido contrario, quienes defienden una mayor armonización consideran que la reducción de tipos introduce distorsiones y que una base imponible más amplia permitiría simplificar el sistema tributario. La estimación de Bruselas apunta a que elevar el IVA podría proporcionar unos ingresos adicionales próximos al 0,4% del PIB, alrededor de 7.000 millones de euros anuales. Sin embargo, los análisis que cuestionan esta previsión señalan que el aumento de precios podría provocar una respuesta significativa de los consumidores. Algunos estudios sitúan la elasticidad de la demanda turística internacional hacia España en torno a -1,9, lo que refleja una elevada sensibilidad ante las variaciones de precios. Además, el encarecimiento relativo de España podría favorecer el desplazamiento de parte de la demanda hacia destinos competidores como Portugal, Italia, Grecia o Turquía. El impacto también podría trasladarse a las empresas. La restauración está formada mayoritariamente por pymes y autónomos y opera habitualmente con márgenes reducidos, por lo que asumir un incremento de once puntos de IVA sin modificar los precios podría resultar difícil para numerosos negocios. Si el aumento se trasladara al consumidor, una eventual reducción de la demanda afectaría a la facturación y podría terminar repercutiendo sobre el empleo, las cotizaciones sociales y la recaudación por IRPF, además de incrementar potencialmente el gasto público asociado a las prestaciones por desempleo. La experiencia de otros países europeos también forma parte del debate. Portugal elevó en 2012 el IVA de la restauración del 13% al 23%, una medida que posteriormente fue parcialmente revertida en 2016 después de un periodo marcado por dificultades para el sector y pérdida de empleo. Alemania, por su parte, ha mantenido un tipo reducido del 7% para los servicios de restauración. Estos precedentes alimentan la discusión sobre hasta qué punto una subida intensa de la imposición indirecta puede generar ingresos adicionales sin reducir al mismo tiempo la actividad económica que constituye su base imponible. En este contexto, la discusión sobre el IVA turístico plantea una disyuntiva entre el objetivo de incrementar la recaudación y la necesidad de preservar la posición competitiva de España como destino internacional. El resultado dependerá no solo del incremento nominal del impuesto, sino también de la capacidad de empresas y consumidores para absorberlo, de la evolución de los precios y de la respuesta de los turistas ante las alternativas disponibles en otros mercados.

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