Noticias

(Expansión, 14-07-2026) | Fiscal

Las empresas sostienen el 34% de la recaudación, 8 puntos más que la UE

El tejido empresarial español soporta una carga fiscal superior a la media europea, una situación que, según el informe Competitividad Fiscal 2025 elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) junto con Tax Foundation, resta competitividad, dificulta la creación de empleo y reduce el atractivo de España para la inversión extranjera. El estudio señala que los impuestos soportados por las empresas aportan el 33,9% de la recaudación tributaria total en España, casi ocho puntos porcentuales por encima del promedio de la Unión Europea, situado en el 26%. En relación con el PIB, la presión fiscal empresarial alcanza el 12,5%, frente al 10,3% de la media comunitaria. Entre los factores que explican esta mayor carga se encuentra el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades, fijado en el 25%, por encima del promedio europeo del 21,5%. Además, el informe advierte de un elevado nivel de doble imposición sobre los dividendos. Sumando el Impuesto sobre Sociedades y la tributación en el IRPF del accionista, el gravamen conjunto puede alcanzar un tipo máximo del 47,5%, frente al 38,8% registrado de media en la Unión Europea. El documento también destaca el peso de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, que representan el 9,5% del PIB, situando a España como el cuarto país europeo donde resulta más costoso contratar trabajadores. A la carga tributaria se añade, según el IEE, una importante complejidad administrativa, un marco regulatorio cambiante y una elevada inseguridad jurídica. Como consecuencia, las empresas españolas destinan una media de 150 horas al año a cumplir con sus obligaciones fiscales, muy por encima de las 113 horas de media en la Unión Europea. El informe sostiene que esta situación forma parte de un problema fiscal más amplio. Al relacionar la presión tributaria con la capacidad económica de los contribuyentes, concluye que el esfuerzo fiscal soportado en España supera en un 14,1% la media comunitaria y que, en el caso de la imposición directa, esa diferencia se eleva hasta el 16,5%. Los autores distinguen entre la presión fiscal efectiva, medida por la recaudación sobre el PIB, y la presión fiscal normativa, que refleja el nivel de exigencia derivado del diseño de los impuestos. Aunque la recaudación total española representa el 36,8% del PIB, ligeramente por debajo de la media europea, el informe atribuye esta diferencia a factores estructurales como el elevado desempleo y el peso de la economía sumergida. En cambio, sostiene que quienes desarrollan su actividad dentro de la economía formal soportan una presión normativa casi un 17% superior a la media tanto de la Unión Europea como de la OCDE. En este contexto, España ocupa el puesto 34 de los 38 países analizados en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025 de la OCDE, situándose 11,5 puntos por debajo del promedio europeo y perdiendo cinco posiciones desde 2018. El estudio también cuestiona la recomendación de la Comisión Europea de elevar el IVA aplicado a la hostelería y la restauración del 10% al 21%. El IEE considera que esta medida perjudicaría gravemente a uno de los principales motores de la economía española, al encarecer un sector altamente expuesto a la competencia internacional y muy sensible al precio. Según el informe, los reducidos márgenes de rentabilidad de hoteles y restaurantes, situados entre el 3% y el 10%, impedirían absorber un incremento de once puntos en el IVA, lo que podría traducirse en una pérdida de competitividad frente a destinos como Grecia, Italia o Portugal y provocar un importante impacto sobre el empleo. Como referencia, recuerda el caso de Portugal, donde una subida similar aplicada en 2012 desembocó en el cierre de miles de establecimientos, la destrucción de alrededor de 100.000 puestos de trabajo y la posterior reversión de la medida cuatro años más tarde. Como alternativa a nuevas subidas de impuestos, el Instituto de Estudios Económicos propone ampliar las bases tributarias mediante la reducción del desempleo y de la economía sumergida. Según sus estimaciones, si España lograra aproximarse a los niveles de los países europeos más eficientes en ambos ámbitos, la recaudación pública podría aumentar en más de 50.000 millones de euros sin necesidad de incrementar la presión fiscal sobre empresas y familias.

LEER MÁS

(El País, 14-07-2026) | Fiscal

Hacienda amenaza a las comunidades con un déficit cero si el Congreso rechaza dos veces la senda fiscal

El Gobierno afronta esta semana un nuevo intento de sacar adelante la senda de estabilidad presupuestaria, aunque asume que volverá a encontrarse con la falta de apoyos parlamentarios. El Ejecutivo llevará este martes al Congreso los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2027-2029, consciente de que previsiblemente volverán a ser rechazados por la oposición del PP y Vox y, nuevamente, por Junts. Pese a este escenario, el Ministerio de Hacienda mantiene la intención de someter los mismos objetivos a una segunda votación a finales de julio. Si tampoco prosperaran, el Ejecutivo estudia recurrir, tras el verano, a los mecanismos previstos en el marco constitucional, lo que implicaría aplicar unos criterios fiscales más exigentes, especialmente para las comunidades autónomas, que tendrían que ajustarse al principio de equilibrio presupuestario. El Gobierno confía, sin embargo, en que dos acontecimientos previstos para las próximas semanas contribuyan a mejorar su relación con Junts. Por un lado, la inminente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía y, por otro, los avances en la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica, dos asuntos especialmente relevantes para la formación de Carles Puigdemont. La senda de estabilidad aprobada recientemente por el Consejo de Ministros fija los límites de déficit y deuda para el periodo 2027-2029 y constituye un paso imprescindible para elaborar los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo mantiene su compromiso de presentar unas nuevas cuentas públicas para 2027, a pesar de no contar, por ahora, con una mayoría suficiente en el Congreso. Las relaciones entre el Gobierno y Junts se han deteriorado en los últimos meses. La formación independentista considera que el Ejecutivo no ha cumplido varios de los compromisos adquiridos durante la investidura de Pedro Sánchez, entre ellos el impulso al reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea o la transferencia de competencias en materia migratoria a la Generalitat. Ante estas dificultades, el Gobierno ha tratado de acercar posiciones mediante otras iniciativas, como mejoras en las políticas de dependencia o modificaciones en el futuro decreto sobre vivienda. Otro de los principales motivos de fricción es la aplicación de la ley de amnistía. Junts considera insuficiente la actuación del Ejecutivo para garantizar su plena efectividad, aunque esta situación podría cambiar con la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene previsto dictar el 16 de julio sobre la compatibilidad de la norma con el derecho comunitario. Una resolución favorable facilitaría el regreso a España de Carles Puigdemont y otros dirigentes vinculados al procés y podría influir en la posición política de Junts respecto a otras iniciativas del Gobierno. Consciente de que la primera votación difícilmente prosperará, Hacienda prevé una segunda convocatoria el próximo 23 de julio manteniendo los mismos objetivos: un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas, distribuido entre un 1,5% para la Administración General del Estado, un 0,2% para la Seguridad Social, un 0,1% para las comunidades autónomas y equilibrio presupuestario para las entidades locales. Si el Congreso rechazara también esta segunda votación, se abriría una situación no prevista expresamente en la normativa. Ante ese escenario, el Gobierno estudia aplicar la interpretación constitucional utilizada en ejercicios anteriores para evitar el bloqueo institucional. Esta fórmula supondría que las comunidades autónomas perderían el margen de déficit del 0,1% previsto en la propuesta actual y tendrían que cumplir el objetivo de equilibrio presupuestario, tal y como establece el principio de estabilidad recogido en la Constitución. En paralelo, el Ejecutivo también afronta otra negociación especialmente compleja: la reforma del sistema de financiación autonómica. Este martes se celebrará la primera reunión técnica entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas tras la distribución del borrador elaborado por el departamento que dirige Arcadi España. La propuesta ha recibido un amplio rechazo por parte de prácticamente todas las comunidades autónomas, con la única excepción de Cataluña. Los gobiernos regionales cuestionan, principalmente, que el nuevo modelo haya sido negociado inicialmente con Cataluña, fruto del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y ERC, para posteriormente extenderlo al resto de territorios. Aunque de la reunión técnica no se esperan decisiones relevantes, sí servirá para preparar el encuentro político previsto para el próximo 29 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el ministro de Hacienda y los responsables autonómicos debatirán oficialmente la propuesta. Las críticas al borrador llegan tanto desde gobiernos autonómicos del Partido Popular como desde algunas comunidades gobernadas por el PSOE. Castilla-La Mancha ha denunciado que el modelo ya estaba definido antes del inicio de las negociaciones, mientras que Asturias mantiene igualmente su rechazo al considerar que el texto apenas ha experimentado cambios desde su presentación inicial. A estas posiciones se suman las comunidades gobernadas por el PP, que acudirán a la reunión con la intención de solicitar aclaraciones y reiterar su oposición al planteamiento presentado por el Gobierno.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 14-07-2026) | Fiscal

Los impuestos en España frenan la inversión del ahorro de los hogares

La elevada carga fiscal que soportan los productos de ahorro e inversión en España continúa situándose por encima de la de la mayoría de países de su entorno, lo que, según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA), desincentiva que las familias destinen sus ahorros a instrumentos de inversión. El estudio calcula que la tributación efectiva media sobre productos como acciones, depósitos, fondos de inversión o bonos alcanza el 22,3% en España, frente al 14,4% registrado de media en la Unión Europea. Esta diferencia, según los autores, reduce en mayor medida la rentabilidad neta que obtienen los inversores españoles y limita la capacidad del ahorro para financiar la economía productiva o proteger el patrimonio frente a la inflación. Los expertos consideran que el sistema tributario constituye uno de los factores más influyentes a la hora de decidir cómo ahorrar o invertir. En su opinión, el actual marco fiscal español resulta poco favorable para incentivar la movilización del ahorro hacia los mercados financieros, lo que termina afectando tanto a la competitividad como al crecimiento económico. Actualmente, los hogares españoles mantienen alrededor de un billón de euros en cuentas corrientes y depósitos con escasa o nula remuneración. El informe sostiene que esta situación responde, además de a factores como el nivel de educación financiera, a la propia estructura fiscal, que genera comportamientos distintos según el perfil del ahorrador. En los hogares con menor capacidad económica, la incertidumbre y la falta de incentivos favorecen estrategias más conservadoras, con rentabilidades reducidas y mayores dificultades para compensar el efecto de la inflación. En cambio, los inversores con mayor patrimonio y conocimientos financieros tienden a asumir riesgos superiores para intentar mejorar la rentabilidad neta después de impuestos. La tributación efectiva utilizada en el estudio incorpora el conjunto de gravámenes que afectan a la rentabilidad de una inversión durante todo su ciclo de vida, incluyendo impuestos sobre intereses, dividendos, plusvalías, retenciones y otras cargas fiscales. Este indicador permite comparar el impacto real de la fiscalidad entre distintos países. Con este criterio, España presenta una carga impositiva superior a la de otros Estados europeos como Francia, Portugal, Alemania, Grecia o Italia. Los autores consideran que esta situación resta atractivo al mercado financiero español y dificulta la canalización del ahorro hacia inversiones productivas. Las diferencias son especialmente significativas en determinados productos. En el caso de los depósitos y los bonos, la tributación efectiva alcanza el 30%, cinco puntos por encima de la media comunitaria. El informe destaca que este aspecto resulta especialmente relevante porque cerca del 40% del patrimonio financiero de las familias españolas permanece invertido en depósitos bancarios. Las acciones también soportan una elevada presión fiscal, con una tributación efectiva del 29%, siete puntos superior a la media de la Unión Europea. En los fondos de inversión, el tipo efectivo alcanza el 27%, igualmente por encima del promedio europeo. En cuanto a los planes de pensiones, el estudio considera que su tratamiento fiscal resulta menos atractivo que el existente en otros países de la OCDE y de la Unión Europea. Entre los principales aspectos criticados figuran el límite de 1.500 euros para las aportaciones con derecho a deducción y el hecho de que las prestaciones tributen como rendimientos del trabajo, pudiendo alcanzar tipos impositivos de hasta el 47%. El informe también sostiene que las sucesivas modificaciones introducidas en la fiscalidad del ahorro durante los últimos años, como el incremento hasta el 30% del tipo máximo aplicable a determinadas rentas del ahorro, han incrementado la complejidad del sistema y reforzado su carácter recaudatorio. Esta situación puede generar el denominado "efecto candado", por el que algunos inversores optan por no vender sus activos para evitar la tributación, limitando así una asignación más eficiente del capital. Para corregir estas distorsiones, los autores proponen diversas reformas, entre ellas reducir los tipos marginales máximos hasta niveles similares a los existentes en otros países europeos, reforzar los incentivos al ahorro a largo plazo, ampliar las posibilidades de compensar pérdidas patrimoniales y ajustar la tributación de las ganancias para descontar el efecto de la inflación acumulada. El estudio también pone el foco en las iniciativas que actualmente impulsa la Unión Europea para favorecer la inversión de los particulares en los mercados de capitales. Entre ellas destaca la creación de una cuenta de ahorro e inversión con ventajas fiscales que permita cambiar de un producto financiero a otro sin tributación inmediata y disfrutar de beneficios fiscales al recuperar la inversión, con el objetivo de canalizar el ahorro hacia empresas y proyectos europeos. Según los autores, el debate sobre la implantación de este instrumento continúa abierto en España, aunque por el momento no se han producido avances regulatorios significativos. Paralelamente, también se trabaja en el desarrollo de las denominadas cuentas Finance Europe, orientadas a incentivar fiscalmente la inversión en determinados sectores estratégicos. A juicio del informe, el objetivo no debería limitarse a reducir la carga tributaria del ahorro, sino a diseñar incentivos que favorezcan una mayor participación de los ciudadanos en los mercados de capitales y contribuyan a impulsar la inversión productiva.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 14-07-2026) | Fiscal

Subir el IVA del turismo al 21% dañaría la competividad del sector y destruiría empleo

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera que elevar del 10% al 21% el IVA aplicable a los servicios de hostelería y restauración supondría una medida perjudicial para la economía española. El organismo, vinculado a la CEOE, rechaza así la propuesta planteada tanto por la Comisión Europea como por los autores del informe Fénix, que abogan por aplicar el tipo general del impuesto a las actividades turísticas. Según el IEE, una subida de esta magnitud reduciría la competitividad del sector turístico español frente a otros destinos internacionales y podría traducirse en una pérdida de empleo. El informe sostiene que el turismo funciona, en la práctica, como una exportación de servicios, por lo que incrementar el IVA equivaldría a encarecer artificialmente uno de los principales productos que España vende al exterior. El estudio recuerda que la demanda turística es especialmente sensible a las variaciones de precio. Por ello, un aumento de la carga fiscal podría desviar parte de los visitantes hacia otros destinos competidores, como Grecia, Italia, Croacia, Turquía o diversos países del norte de África, donde la presión fiscal sobre estos servicios es menor. Además, el IEE advierte de que muchas empresas del sector operan con márgenes reducidos, por lo que un incremento de once puntos porcentuales en el IVA obligaría, en muchos casos, a trasladar el sobrecoste a los consumidores, asumir una reducción de la rentabilidad o, en situaciones más extremas, cerrar establecimientos y reducir plantillas. Como ejemplo de los posibles efectos de esta medida, el informe cita la experiencia de Portugal, que en 2012 elevó el IVA de la restauración del 12% al 23%. Según el IEE, el impacto negativo que tuvo sobre el sector llevó al Gobierno portugués a revertir parcialmente la decisión cuatro años después. El documento también destaca que España no constituye una excepción dentro de Europa al aplicar un tipo reducido de IVA al turismo. Recuerda que Portugal grava el alojamiento con un 6% y la restauración con un 12%; Alemania aplica un tipo reducido del 7% a determinados servicios de restauración; mientras que Italia y Francia mantienen un gravamen del 10%. En este contexto, situar el IVA español en el 21% colocaría al país en una posición fiscal menos competitiva que la de sus principales rivales turísticos. El IEE discrepa igualmente del planteamiento recogido en el informe Fénix, que considera que el tipo reducido del IVA supone un tratamiento favorable para un sector intensivo en mano de obra pero con menor productividad. Frente a esa interpretación, el organismo defiende que el régimen fiscal actual responde a las características propias de una actividad con una elevada exposición a la competencia internacional, una importante capacidad de generación de empleo y un marcado peso en las exportaciones de servicios. Por último, el informe también cuestiona el argumento de la Comisión Europea de que los tipos reducidos del IVA tienen una limitada capacidad redistributiva, al beneficiar proporcionalmente más a los consumidores con mayor renta. A juicio del IEE, el IVA no debe utilizarse como instrumento de redistribución de la riqueza y advierte de que una subida del impuesto tendría efectos especialmente negativos sobre el empleo, afectando principalmente a trabajadores con niveles medios y bajos de cualificación.

LEER MÁS

(Expansión, 13-07-2026) | Fiscal

El Supremo frena la persecución de Hacienda sobre los gestores de empresas

El Tribunal Supremo ha reforzado su doctrina sobre los límites de la responsabilidad tributaria de los administradores de sociedades y ha establecido que la Agencia Tributaria no puede exigirles de forma subsidiaria las deudas de una empresa ya extinguida sin haber declarado previamente insolventes a los socios que, tras la liquidación, asumieron las obligaciones de la sociedad. La resolución analiza el caso de una empresa que, después de un procedimiento concursal finalizado por falta de bienes, quedó extinguida y fue cancelada del Registro Mercantil en 2012. Posteriormente, la Agencia Tributaria declaró fallida a la sociedad y reclamó la deuda tributaria pendiente a su antiguo administrador único mediante un procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria. Sin embargo, el Alto Tribunal considera que la Administración tributaria omitió un trámite esencial. La sociedad contaba con socios que, conforme a la legislación vigente, suceden a la empresa en sus derechos y obligaciones tras la liquidación. El administrador recurrió la decisión al entender que Hacienda debía haber dirigido primero sus actuaciones contra dichos socios. La Audiencia Nacional estimó su recurso y anuló la derivación de responsabilidad, criterio que ahora ha confirmado el Tribunal Supremo al desestimar el recurso presentado por la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria. La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Francisco José Navarro Sanchís, centra su argumentación en la diferencia entre la figura del sucesor y la del responsable tributario. El Tribunal recuerda que el artículo 40.1 de la Ley General Tributaria establece que las deudas pendientes de una sociedad disuelta se transmiten automáticamente a sus socios, dentro del límite correspondiente al valor de la cuota de liquidación percibida. Como consecuencia, estos pasan a convertirse en los deudores principales frente a la Administración. Por este motivo, el Supremo considera que carece de eficacia declarar insolvente a una sociedad que ya no tiene personalidad jurídica. Una vez extinguida la empresa, la Administración debe continuar el procedimiento de recaudación frente a los socios, que son quienes han sucedido legalmente a la entidad. Intentar declarar fallida a la sociedad para reclamar directamente al administrador supone ignorar indebidamente la existencia de esos sucesores. El Tribunal también destaca que la responsabilidad subsidiaria únicamente puede exigirse cuando se hayan agotado previamente las posibilidades de cobro frente a los deudores principales. En este caso, esos deudores son los socios, por lo que no puede prescindirse de ese paso para dirigirse directamente contra el administrador. Asimismo, la sentencia advierte de que permitir a la Administración reclamar las deudas sin respetar el orden legal podría generar un enriquecimiento injusto. Además, recuerda que esta forma de actuar perjudica el derecho de reembolso que la normativa reconoce al administrador para recuperar de los verdaderos sucesores las cantidades abonadas una vez satisfecha la deuda tributaria. Con esta resolución, el Tribunal Supremo fija doctrina y establece que la derivación de responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 43.1.a) de la Ley General Tributaria solo puede acordarse después de haber declarado fallidos a los socios de la sociedad liquidada, respetando los límites previstos en los artículos 40.1 y 177.2 de la misma norma. En consecuencia, la Administración no puede exigir directamente la responsabilidad al administrador cuando existan sucesores legales obligados a responder. Este nuevo pronunciamiento supone un nuevo freno a las derivaciones de responsabilidad realizadas de forma acelerada por la Agencia Tributaria y refuerza la seguridad jurídica de los administradores, al exigir que la Administración respete todas las fases del procedimiento de recaudación previstas por la legislación tributaria. En los últimos años, los procedimientos de derivación de responsabilidad tributaria frente a terceros han aumentado de manera significativa. Esta tendencia ha incrementado la preocupación entre administradores y consejeros de empresas, que prestan cada vez mayor atención al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y al control de los riesgos tributarios para evitar posibles responsabilidades personales en el futuro.

LEER MÁS

(El Economista, 13-07-2026) | Fiscal

La carga fiscal de los fondos de inversión supera en 6 puntos a la media de la UE

La fiscalidad del ahorro financiero en España continúa situándose entre las más elevadas del entorno internacional. Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la carga fiscal efectiva sobre los productos de ahorro alcanza el 22%, frente al 16% de media en los países de la OCDE y al 14% en la Unión Europea. En el caso de los fondos de inversión, la diferencia es aún más acusada, ya que soportan una tributación efectiva del 27%, seis puntos por encima de la media europea y tres más que el promedio de la OCDE. El estudio concluye que este mayor nivel de imposición reduce de forma significativa la rentabilidad neta que obtienen los ahorradores españoles en comparación con los de otros países. A pesar de esta elevada tributación, los fondos de inversión han experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años. Según datos del Observatorio Inverco, en 2025 el patrimonio gestionado por estos vehículos ascendió a 450.889 millones de euros, un 13% más que el ejercicio anterior, lo que equivale al 26,7% del producto interior bruto. En 2012, este porcentaje apenas representaba el 11,6% del PIB. Los fondos de inversión permiten diversificar el riesgo al invertir en distintos activos financieros y presentan una ventaja fiscal relevante: las plusvalías solo tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando el inversor vende sus participaciones y obtiene una ganancia, mientras que los rendimientos permanecen exentos de tributación mientras continúan reinvertidos. Desde el 1 de enero de 2025, las ganancias patrimoniales obtenidas por los contribuyentes tributan de forma progresiva en la base del ahorro, con tipos comprendidos entre el 19% y el 30%, en función del importe de la ganancia. La última reforma elevó del 28% al 30% el gravamen aplicable a las plusvalías superiores a 300.000 euros. El informe señala que esta estructura impositiva es el resultado de las sucesivas subidas introducidas desde 2020, alejándose del modelo implantado en 2006, cuando todas las rentas del ahorro tributaban a un tipo único del 18%. En comparación con otros países, España se sitúa entre los Estados con una mayor carga fiscal sobre los fondos de inversión. Alemania registra una tributación efectiva del 22% e Italia del 20%, mientras que países como Bélgica y Luxemburgo no aplican gravamen a este tipo de productos. Los datos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España reflejan también que el peso de los fondos de inversión en el patrimonio financiero de los hogares españoles ha aumentado de forma sostenida desde principios de siglo, pese a tratarse de un instrumento con mayor riesgo y orientado a inversiones de largo plazo que, además, suele requerir asesoramiento especializado. Aunque en 2011 su presencia descendió hasta el 5,6% del ahorro familiar, en 2024 representaban ya el 8,5%, después de haber superado incluso el 10% en algunos ejercicios anteriores. El estudio incorpora igualmente una encuesta realizada entre profesionales de la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA), en la que nueve de cada diez asesores consideran que los incentivos fiscales influyen de forma decisiva en la elección de un producto financiero por parte de los clientes. Además del diagnóstico sobre la fiscalidad actual, el informe plantea diversas propuestas para mejorar el tratamiento tributario del ahorro. Entre ellas figura la actualización de las ganancias patrimoniales por efecto de la inflación, mediante la incorporación de coeficientes que permitan corregir el valor de adquisición de los activos y gravar únicamente la ganancia real obtenida por el inversor, una medida que también beneficiaría a los fondos de inversión. El documento presta además especial atención a los fondos europeos de inversión a largo plazo, creados para canalizar el ahorro hacia proyectos de inversión en infraestructuras y otros activos productivos. Actualmente, solo los territorios forales de Vizcaya y Álava cuentan con un régimen fiscal específico para estos instrumentos, que contempla ventajas como un tipo reducido en el Impuesto sobre Sociedades, el diferimiento de la tributación en determinados traspasos en el IRPF y deducciones por inversión. El IEE considera que extender un régimen similar al resto del territorio nacional permitiría dotar a estos fondos de un marco fiscal más adecuado a su finalidad y contribuiría a impulsar los objetivos de la Unión de Ahorros e Inversiones promovida por la Comisión Europea.

LEER MÁS

(El Economista, 13-07-2026) | Fiscal

El Gobierno bloquea las propuestas para deflactar el IRPF, bajar el IVA y eliminar impuestos

El Gobierno ha recurrido al artículo 134 de la Constitución para vetar diversas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley que modifica la Ley General Tributaria, al considerar que su aprobación reduciría los ingresos públicos en aproximadamente 10.017 millones de euros anuales. Esta prerrogativa constitucional permite al Ejecutivo impedir la tramitación de iniciativas parlamentarias que supongan una disminución de la recaudación o un aumento del gasto presupuestario. En este caso, el veto afecta a propuestas dirigidas a actualizar el IRPF conforme a la inflación, reducir determinados tipos de IVA, eliminar algunos impuestos o introducir nuevas deducciones fiscales. La norma que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso comenzó su recorrido parlamentario en el verano de 2025 con un objetivo principalmente técnico: adaptar la Ley General Tributaria para reforzar el control sobre los criptoactivos. Entre otras medidas, contempla nuevas herramientas para que la Agencia Tributaria pueda embargar criptomonedas y saldos depositados en entidades de pago y de dinero electrónico, modificar los plazos de prescripción en los procedimientos de derivación de responsabilidad y exigir a los proveedores extranjeros de servicios relacionados con monedas digitales que informen sobre los activos de contribuyentes residentes en España. Además, incorpora cambios en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para incluir a Extremadura en el sistema de autoliquidación. No obstante, durante su tramitación parlamentaria los distintos grupos han registrado más de 70 enmiendas que amplían considerablemente el alcance del proyecto, convirtiéndolo en un debate de mayor calado sobre política fiscal. El documento con el veto del Ejecutivo fue presentado el pasado 22 de junio por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Entre las propuestas rechazadas figura una enmienda del Partido Popular que planteaba actualizar los tres primeros tramos del IRPF conforme a la inflación para evitar que la subida de precios incrementara la carga tributaria de las rentas más bajas. También proponía revisar en la misma proporción las deducciones por maternidad, familia numerosa y personas con discapacidad a cargo. Según los cálculos del Gobierno, estas medidas reducirían la recaudación en unos 529 millones de euros anuales. El Ejecutivo también ha vetado varias iniciativas del Bloque Nacionalista Galego destinadas a reducir el IVA en distintos productos y servicios. Entre ellas figuraban la aplicación del tipo superreducido del 4% a los pañales para adultos y a las actividades culturales y espectáculos, la rebaja del IVA del 21% al 10% para peluquerías, barberías y centros de estética, la eliminación del impuesto sobre los productos pesqueros y la reducción al 10% del gravamen aplicable a los servicios veterinarios. Asimismo, el Gobierno ha rechazado otras propuestas de la formación gallega, como la eliminación del impuesto sobre los servicios de distribución de agua, calor, frío y energía, una medida que, según sus estimaciones, supondría una pérdida de ingresos cercana a los 3.910 millones de euros anuales. También ha bloqueado la exención en el IRPF de determinadas pensiones públicas percibidas desde el extranjero, cuyo impacto recaudatorio se cifra en unos 1.260 millones de euros. Entre las iniciativas vetadas también se encuentran varias enmiendas registradas por Sumar. El grupo proponía elevar hasta el importe del Salario Mínimo Interprofesional el límite de renta que permite aplicar las deducciones por descendientes y ascendientes a cargo, actualmente fijado en 8.000 euros anuales. El Ejecutivo estima que esta modificación tendría un coste de 157 millones de euros. Igualmente, ha rechazado ampliar la deducción por cónyuge con discapacidad y declarar exentas determinadas ayudas familiares y subvenciones destinadas a actuaciones de eficiencia energética. Por último, el Gobierno ha impedido la tramitación de varias propuestas de Junts, entre ellas la creación de una deducción en el IRPF por la contratación de seguros privados de salud, la posibilidad de que pymes y trabajadores autónomos pudieran deducirse el Impuesto sobre Actividades Económicas y la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. En conjunto, estas medidas habrían reducido los ingresos públicos en unos 2.525 millones de euros anuales, según las estimaciones del Ejecutivo.

LEER MÁS

(El Economista, 13-07-2026) | Fiscal

Moncloa planea deducciones a caseros e hipotecas para salvar el decreto de alquiler

El Gobierno trabaja en la elaboración de un nuevo decreto sobre vivienda con el objetivo de reforzar una de las áreas prioritarias de su agenda política y lograr un amplio respaldo parlamentario. El Ejecutivo pretende diseñar un paquete de medidas de carácter transversal que permita conciliar las demandas de los distintos grupos que apoyan habitualmente la mayoría de investidura y evitar así que se repitan los vetos que frustraron iniciativas anteriores. En este contexto, Junts per Catalunya ha aprovechado su papel decisivo en la negociación para plantear varias exigencias, entre ellas la incorporación de incentivos fiscales en el IRPF relacionados con la vivienda. Según diversas fuentes próximas a las conversaciones, el Gobierno estudia incluir una deducción con un importe máximo cercano a los 1.800 euros, aunque todavía no se ha concretado cómo quedarán configurados los distintos tramos ni las cuantías aplicables a propietarios y arrendadores. Asimismo, el Ejecutivo analiza la posibilidad de recuperar una deducción vinculada a la adquisición de la vivienda habitual, eliminada con carácter general en 2013. Esta medida permitía desgravar el 15% de las cantidades destinadas a la compra de la residencia habitual, incluidas las cuotas hipotecarias, sobre una base máxima anual de 9.040 euros aproximadamente, lo que suponía un ahorro fiscal de hasta 1.356 euros. Aunque esta ventaja desapareció para las nuevas adquisiciones, continúa aplicándose de forma transitoria a quienes compraron su vivienda antes del 1 de enero de 2013. Las conversaciones se centran ahora en la posibilidad de implantar un incentivo similar, aunque todavía no se ha decidido si mantendrá los mismos porcentajes y límites económicos o si se establecerán nuevas condiciones de acceso, así como el número de inmuebles que podrían acogerse a este beneficio fiscal. El respaldo de Junts resulta determinante para la aprobación del futuro decreto, ya que fue el voto contrario de esta formación el que impidió que prosperara la anterior iniciativa del Gobierno, que incluía la ampliación obligatoria de dos años de los contratos de alquiler. Por este motivo, el Ejecutivo mantiene abiertas las negociaciones con el partido liderado por Carles Puigdemont, al tiempo que busca el apoyo de otras formaciones como ERC, EH Bildu y Podemos para garantizar una mayoría suficiente en el Congreso. El Gobierno ya ha avanzado algunas de las medidas que previsiblemente formarán parte del nuevo texto. Entre ellas figuran el aumento del IVA aplicable a las viviendas de uso turístico hasta el 21%, la recuperación de la prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos de arrendamiento y nuevas actuaciones destinadas a reforzar la actividad de la empresa pública de vivienda Casa 47. La futura norma se estructurará en dos grandes bloques. El primero estará orientado a facilitar el acceso a la vivienda mediante actuaciones destinadas a contener el precio de los alquileres, proporcionar mayor estabilidad a los contratos, combatir posibles prácticas fraudulentas en el mercado del arrendamiento e impulsar la incorporación de viviendas asequibles al mercado. El segundo bloque incluirá otras medidas de carácter fiscal y de apoyo a la compra de vivienda, algunas de ellas impulsadas durante la negociación con Junts. Entre las principales demandas de esta formación destacan la creación de nuevas deducciones en el IRPF para el alquiler y la adquisición de vivienda habitual mediante financiación hipotecaria. Desde Junts insisten en que mantienen la misma posición que expresaron durante el debate del anterior decreto y advierten de que no respaldarán una propuesta que reproduzca el contenido rechazado meses atrás sin incorporar los cambios que consideran imprescindibles.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 13-07-2026) | Fiscal

La Agència Tributària de Catalunya atiende a casi 60.000 personas en la renta, un 25% más

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha concluido la campaña de la Renta correspondiente a 2025 con un importante incremento de su actividad, tras atender a 58.981 contribuyentes, un 25% más que en el ejercicio anterior. Este crecimiento refleja la progresiva ampliación de las funciones que desarrolla en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), tanto mediante atención presencial como telefónica. Durante la campaña, desarrollada entre el 6 de mayo y el 30 de junio, la ATC reforzó sus recursos humanos y materiales, movilizando a 152 profesionales que atendieron una media diaria de alrededor de 1.500 contribuyentes. Además, amplió su red de atención con 40 oficinas, de las que 12 fueron habilitadas de forma temporal, frente a las ocho que funcionaron el año anterior. La atención presencial fue la modalidad que experimentó un mayor crecimiento, con un aumento del 30% respecto a la campaña anterior y cerca de 27.000 personas atendidas durante el mes de junio. Por su parte, el servicio telefónico registró 32.005 consultas, lo que supone un incremento del 21% en comparación con el ejercicio precedente. Actualmente, la Agència Tributària de Catalunya cuenta con una plantilla cercana a los 900 empleados. Recientemente ha incorporado una veintena de técnicos gestores y ha convocado un proceso selectivo para cubrir 25 plazas de inspectores, con el objetivo de seguir reforzando su estructura ante la previsión de asumir nuevas competencias tributarias. La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha señalado que la intención del Govern es ampliar progresivamente las funciones de la ATC en la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Entre los próximos objetivos figura asumir tareas relacionadas con la comprobación de datos de las declaraciones, un proceso que ya se está negociando con la Agencia Tributaria estatal. Respecto a una eventual gestión íntegra del IRPF por parte de la administración catalana, Romero ha evitado fijar un calendario concreto y ha recordado que esa posibilidad requiere previamente modificaciones legislativas que todavía no se han producido. En cualquier caso, ha asegurado que la Generalitat continúa preparando la estructura necesaria para asumir nuevas responsabilidades cuando el marco legal lo permita. No obstante, ha descartado que ese escenario pueda materializarse en 2027. Durante la campaña recientemente finalizada se presentaron en Cataluña un total de 4,49 millones de declaraciones de la renta, un 4,3% más que el año anterior. Este incremento pone de manifiesto la necesidad de seguir reforzando la capacidad tecnológica de la ATC para gestionar el elevado volumen de información asociado a millones de contribuyentes. La agencia ya participa actualmente en la gestión compartida del impuesto de matriculación. En el ámbito presupuestario, la consellera ha manifestado la voluntad del Govern de iniciar, al menos, la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat para 2027, siguiendo la estrategia anunciada por el Gobierno central con los Presupuestos Generales del Estado. En materia de financiación autonómica, el Ministerio de Hacienda ha convocado para el próximo 29 de julio una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que presentará el nuevo modelo de financiación, acordado previamente entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña con el apoyo de ERC. Según las previsiones de Alícia Romero, si se cumplen los plazos previstos, la negociación parlamentaria podría desarrollarse durante los meses de octubre y noviembre, con la intención de aprobar el nuevo sistema antes de finalizar el año. De prosperar la reforma, Cataluña recibiría alrededor de 4.700 millones de euros adicionales a través del nuevo modelo de financiación.

LEER MÁS

(El País, 10-07-2026) | Fiscal

Hacienda impulsa medidas económicas sin respaldo parlamentario con la vista puesta en el ciclo electoral

La legislatura entra en una etapa decisiva y el Gobierno afronta los próximos meses con varias reformas económicas pendientes que deberán resolverse antes del inicio del intenso calendario electoral previsto para el próximo año. Entre ellas destaca la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, después de tres ejercicios consecutivos con las cuentas prorrogadas y sin que el Ejecutivo haya llegado a presentar un proyecto presupuestario. Aunque el Gobierno mantiene el compromiso de aprobar unas nuevas cuentas, la falta de una mayoría parlamentaria sólida complica notablemente el objetivo. El primer obstáculo será la aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria, un requisito imprescindible para poder tramitar los Presupuestos. El Consejo de Ministros ya ha dado luz verde a una propuesta que fija un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en 2027 y concede a las comunidades autónomas un margen de déficit del 0,1%. Sin embargo, el recorrido parlamentario de esta propuesta se presenta complicado. El Partido Popular ya rechazó estos objetivos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras que Junts ha anunciado que volverá a votar en contra en el Congreso, como hizo el año anterior. Todo apunta, por tanto, a que el Gobierno volverá a sufrir una derrota parlamentaria en la votación prevista para la próxima semana. La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga al Ejecutivo a presentar una nueva propuesta en el plazo de un mes si la primera es rechazada. Desde el Ministerio de Hacienda ya se ha deslizado la posibilidad de volver a presentar el mismo texto antes del receso parlamentario de verano. No obstante, la legislación no contempla qué ocurre si esa segunda propuesta también es rechazada, lo que abre un escenario de incertidumbre jurídica e institucional. En anteriores ocasiones el Gobierno llegó a estudiar distintas alternativas para evitar que el rechazo de la senda bloqueara la tramitación de los Presupuestos. Una de ellas consistía en apoyarse en un informe de la Abogacía del Estado que defendía la posibilidad de continuar el procedimiento tomando como referencia los compromisos fiscales asumidos con Bruselas. Sin embargo, ese planteamiento ha perdido fuerza tras la entrada en vigor del nuevo marco europeo de gobernanza fiscal. La interpretación que ahora sostiene Hacienda es diferente. El departamento considera que, si el Congreso vuelve a rechazar la senda de estabilidad, entrarían en juego los principios de equilibrio presupuestario recogidos en la Constitución, lo que implicaría que las comunidades autónomas perderían el margen de déficit previsto por el Gobierno. Al mismo tiempo, el Ejecutivo defiende que la obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos prevalece sobre un eventual bloqueo parlamentario, aunque esta interpretación todavía no ha sido puesta a prueba y podría dar lugar a importantes controversias jurídicas y políticas. Pese a las dificultades, el Gobierno tiene interés en presentar un proyecto presupuestario aunque finalmente no consiga su aprobación. A diferencia de los últimos años, la proximidad de las elecciones municipales, autonómicas y, previsiblemente, generales convierte los Presupuestos en una herramienta para exponer sus prioridades económicas y sociales ante los ciudadanos. En esa línea se enmarca también la reciente aprobación de un techo de gasto récord para 2027. Las cuentas públicas no son el único desafío económico pendiente. La reforma fiscal ya evidenció las dificultades del Ejecutivo para alcanzar acuerdos con sus socios parlamentarios, ya que muchas de las medidas inicialmente previstas quedaron fuera del texto definitivo. Entre ellas figura la subida de la fiscalidad del diésel, una reforma comprometida con la Comisión Europea que sigue pendiente y cuya falta de aprobación ya ha tenido consecuencias sobre el desembolso de fondos europeos del Plan de Recuperación. El Gobierno mantiene abiertas las negociaciones con el objetivo de incorporarla al séptimo y último pago previsto para septiembre, aunque reconoce que el margen político sigue siendo reducido. Otro de los asuntos más complejos es la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros plantea una quita de 83.000 millones de euros para las comunidades de régimen común, pero tanto el Partido Popular como Vox han presentado enmiendas a la totalidad para frenar su tramitación. Los populares consideran que la medida resulta injusta e ineficaz, mientras que Vox sostiene que responde exclusivamente a los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya durante la negociación de la investidura. El rechazo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya quedó patente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado año, donde los representantes autonómicos cuestionaron el origen político de la iniciativa, al entender que deriva del acuerdo que permitió la investidura de Pedro Sánchez y que contempla una importante reducción de la deuda de Cataluña. A estas reticencias se suma también la posición de Junts, que mantiene su apoyo condicionado al avance de otras negociaciones con el Gobierno. Más delicada aún resulta la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. La propuesta, que tiene su origen en los acuerdos alcanzados con ERC para establecer un modelo de financiación singular para Cataluña, continúa en una fase inicial, aunque ya ha generado fuertes discrepancias entre comunidades autónomas y partidos políticos. El Ministerio de Hacienda presentó un primer documento el pasado mes de enero. La propuesta recibió el respaldo de la delegación catalana, mientras que el resto de comunidades, incluidas varias gobernadas por el PSOE, expresaron su rechazo. El departamento ha convocado ahora nuevas reuniones técnicas con las autonomías y prevé celebrar un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de este mes, donde se espera un intenso debate sobre uno de los asuntos con mayor impacto político e institucional de la legislatura.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF