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(El Economista, 10-11-2026) | Fiscal

Los sindicatos ultiman una huelga en la Agencia Tributaria para el nuevo Gobierno

Los sindicatos han comenzado a definir su estrategia ante la posibilidad de que el PP se imponga en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A la convocatoria de una huelga general para mañana, a dos días del comienzo de la campaña electoral y con el respaldo de miembros del actual Gobierno, se añade ahora la decisión de las centrales de aplazar las movilizaciones en un organismo público fundamental, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la intención de retomarlas ante el próximo Ejecutivo. UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) han decidido cancelar la huelga de 24 horas que estaba prevista para el pasado 28 de octubre. Además, las tres organizaciones han acordado suspender temporalmente, según un comunicado conjunto, todas las protestas y jornadas de paro anunciadas para las semanas siguientes, sin establecer por el momento un nuevo calendario. No obstante, han precisado que esta decisión no implica dar por terminado el conflicto ni abandonar las reivindicaciones que lo originaron. En la práctica, los sindicatos han optado por mantener las movilizaciones en suspenso hasta disponer de interlocutores en el Gobierno con plena capacidad para negociar y adoptar decisiones. Esta justificación ha generado malestar entre algunos profesionales de la AEAT, que cuestionan la posible politización de un conflicto que, inicialmente, respondía a demandas estrictamente laborales, según fuentes conocedoras de la situación. Entre las críticas planteadas se encuentra la contradicción que supone aplazar las protestas hasta la llegada de un nuevo ministro de Hacienda, cuando las reclamaciones tienen su origen en las condiciones laborales establecidas durante la etapa de María Jesús Montero y que, según denuncian, tampoco han sido modificadas por su sucesor, Arcadi España. Los trabajadores cuestionan por qué se traslada la responsabilidad al próximo Ejecutivo en lugar de mantener las movilizaciones frente al actual Gobierno. Las centrales sindicales fundamentan sus demandas en la recuperación de derechos, el desarrollo de la carrera profesional y la mejora de las condiciones retributivas. Sin embargo, entre los inspectores de Hacienda existe la percepción de que estas reivindicaciones han pasado a un segundo plano y de que las organizaciones sindicales están adoptando un papel más próximo al de actores políticos ante la posibilidad de que las elecciones desemboquen en un Gobierno de coalición entre el PP y Vox. El malestar también se alimenta de la diferente respuesta sindical ante la huelga general convocada para mañana. UGT y CCOO mantienen este paro, que será el primero de estas características en más de una década, y que se presenta como una protesta frente a la crisis de la vivienda y en respaldo a las movilizaciones surgidas tras el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid. Algunos trabajadores de la Agencia Tributaria consideran que la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre también debería haber dejado al actual Gobierno sin interlocutores con capacidad para negociar medidas en materia de vivienda. Sin embargo, los sindicatos han mantenido la huelga general, una decisión que, a su juicio, resulta difícil de conciliar con los argumentos utilizados para aplazar las protestas en la AEAT. Desde que se anunció la convocatoria del paro general, las organizaciones sindicales han recibido críticas por el supuesto carácter político de la protesta y por su orientación favorable al Ejecutivo y contraria a la oposición. Estas interpretaciones se han visto reforzadas por las muestras de apoyo expresadas por miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. También se ha cuestionado el peso secundario que las reivindicaciones laborales tuvieron inicialmente en la convocatoria de la huelga. Las referencias a la necesidad de mejorar los salarios para hacer frente al coste de los alquileres y las hipotecas se incorporaron posteriormente, una modificación que, según las críticas, buscaba reforzar la justificación legal de la protesta. El conflicto laboral dentro de la Agencia Tributaria, en cualquier caso, viene de antes de la actual coyuntura política y del adelanto electoral anunciado para finales de noviembre. La tensión se remonta a las reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo y las retribuciones del personal del organismo. Durante la pasada primavera, los trabajadores de la AEAT llegaron incluso a plantear la posibilidad de paralizar la campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. El origen de sus protestas se encuentra en el incumplimiento que denuncian del acuerdo firmado en 2024 para mejorar sus condiciones salariales, cuando María Jesús Montero dirigía el Ministerio de Hacienda y ocupaba también la Vicepresidencia Primera del Gobierno. Entre los asuntos pendientes figuran las dificultades para progresar profesionalmente dentro de la estructura de la Agencia Tributaria y la asignación de responsabilidades adicionales a determinados empleados sin una compensación económica proporcional. A estas reclamaciones se suman las demandas específicas del personal de Aduanas, que desarrolla su actividad en entornos con elevados riesgos para su seguridad. A estas cuestiones laborales se añaden otros motivos de discrepancia entre los trabajadores de la AEAT y el Ministerio de Hacienda, algunos de ellos relacionados con las decisiones adoptadas al comienzo de la actual legislatura. Uno de los principales focos de controversia ha sido el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana para impulsar un modelo de financiación singular para Cataluña, que contempla el desarrollo de un sistema de concierto fiscal propio. La posibilidad de reforzar la Agencia Tributaria catalana mediante la transferencia de competencias recaudatorias ha generado una fuerte oposición entre los inspectores de Hacienda, que consideran que este planteamiento podría debilitar la estructura y las funciones de la Agencia Tributaria estatal. El rechazo de este colectivo a la eventual fragmentación del sistema tributario y a la transferencia de competencias a la Administración catalana ha sido una constante durante los últimos cuatro años.

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(La Vanguardia, 10-11-2026) | Fiscal

La inflación y la subida de tipos no impedirá que la economía española crezca un 2% en 2027

La economía española ha demostrado una notable capacidad de resistencia en los últimos años, pese a un contexto internacional marcado por importantes dificultades. Los economistas de CaixaBank resumen esta evolución en dos conceptos: complejidad y resiliencia. El primero hace referencia a los acontecimientos extraordinarios que han condicionado la agenda mundial, mientras que el segundo se explica por factores como la fortaleza del mercado laboral y de la demanda interna, la buena situación financiera del sector privado y el dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos. "Si alguien nos hubiera dicho en 2009 que la economía española se comportaría de la forma en que lo ha hecho frente a la Covid, la guerra de Ucrania, los aranceles de EEUU y la guerra de Irán, nos hubiera sorprendido mucho", ha señalado el economista jefe de CaixaBank, Enric Fernández, durante la presentación del informe de previsiones de la entidad. CaixaBank calcula que el PIB español crecerá un 2% en 2027, lo que supone una moderación respecto al 2,6% previsto para este año. Aun así, el avance superará el 1,4% estimado para la eurozona. La entidad considera que esta evolución estará respaldada también por factores externos. Entre ellos destaca la demografía, con un aumento de la población del 1% impulsado por los flujos migratorios, que contribuirá en medio punto al crecimiento del PIB. El director de Economía Española de CaixaBank, Oriol Aspachs, ha señalado asimismo que los fondos Next Generation seguirán teniendo efectos positivos, aunque su periodo de ejecución concluya este año, ya que su impacto sobre la economía real se materializa progresivamente. Uno de los principales riesgos para las perspectivas económicas es la evolución de la inflación y la posibilidad de que los bancos centrales vuelvan a elevar los tipos de interés. CaixaBank prevé que la inflación se modere hasta el 2,5%, frente al 3,4% estimado para este año, aunque advierte de su elevada sensibilidad a los precios de la energía. Según Fernández, los mercados de futuros anticipan que el petróleo será ocho dólares más barato el próximo año y que el gas natural registrará un ligero descenso. En cuanto a la política monetaria, las previsiones apuntan a que la Reserva Federal situará los tipos de interés entre el 3,75% y el 4%, mientras que el Banco Central Europeo los elevará hasta el 3%. No obstante, el escenario energético concentra buena parte de las incertidumbres y podría provocar un encarecimiento mayor del previsto. El economista Adrià Morron ha recordado que, durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania en 2022, el BCE llegó a situar los tipos en el 4%. Por su parte, Oriol Carreras ha estimado que un incremento de un punto en la inflación podría restar tres décimas al crecimiento del PIB español. En el ámbito internacional, además de los riesgos relacionados con la energía, CaixaBank sitúa el foco en las inversiones en inteligencia artificial y en la situación financiera de algunos países europeos, entre ellos Francia, cuyas cuentas públicas presentan mayores desequilibrios. La entidad considera que la inversión en IA ha sido uno de los factores que han sostenido el crecimiento mundial, aunque su continuidad dependerá de que consiga trasladar sus beneficios a la economía real. José Ramón Díez ha advertido de que unas expectativas de rentabilidad que no lleguen a cumplirse podrían generar situaciones económicas comprometidas.

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(Expansión, 09-11-2026) | Fiscal

Consejos para optimizar la Renta antes de que termine el año

Adelantar determinados gastos, realizar aportaciones a planes de pensiones o revisar las inversiones antes del 31 de diciembre son algunas de las actuaciones que pueden ayudar a reducir la factura del IRPF. A falta de dos meses para finalizar 2026, los contribuyentes todavía disponen de margen para planificar su próxima declaración de la Renta, que se presentará en la primavera de 2027 y tendrá en cuenta los ingresos, gastos y rendimientos obtenidos durante este ejercicio. Los asesores fiscales recuerdan que revisar con antelación las deducciones estatales y autonómicas, las exenciones disponibles y las posibilidades de compensar ganancias y pérdidas patrimoniales puede generar un ahorro fiscal significativo. Desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), del Consejo General de Economistas, advierten de que dejar pasar determinados plazos puede impedir aprovechar incentivos vinculados a inversiones o mecanismos de compensación fiscal. Por ello, recomiendan anticipar la planificación y revisar las circunstancias personales y económicas antes del cierre del ejercicio, tanto en el caso de trabajadores asalariados como de autónomos, arrendadores e inversores. Entre las opciones disponibles figura negociar con la empresa la percepción de una parte del salario mediante retribuciones en especie exentas de tributación, como los vales de comida o el seguro médico. Esta fórmula permite reducir la base imponible del trabajador. En el caso de los seguros sanitarios, es necesario que la empresa figure expresamente como tomadora de la póliza para que pueda aplicarse la exención. Los contribuyentes que se hayan jubilado y mantengan aportaciones a planes de pensiones o sistemas de previsión social realizadas antes del 31 de diciembre de 2007 pueden beneficiarse de una reducción del 40% sobre el capital rescatado en forma de pago único. Para conservar este incentivo, el rescate debe efectuarse durante el ejercicio en que se produce la jubilación o en alguno de los dos años siguientes. También conviene revisar las aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social. El límite máximo de reducción puede alcanzar los 10.000 euros anuales, resultado de sumar los 1.500 euros correspondientes al límite individual general y hasta 8.500 euros adicionales por contribuciones empresariales. Además, cuando el cónyuge no obtiene ingresos o estos son inferiores a 8.000 euros anuales, se pueden realizar aportaciones de hasta 1.000 euros a su plan de previsión social con derecho a reducción. En el caso de los trabajadores autónomos y profesionales colegiados, las aportaciones a planes de pensiones de empleo simplificados permiten aplicar una reducción adicional de hasta 4.250 euros anuales. Esta cantidad se suma al límite individual general de 1.500 euros, por lo que el importe total deducible puede alcanzar los 5.750 euros. Otra recomendación es comprobar que las retenciones aplicadas en las nóminas se ajustan a las circunstancias actuales del contribuyente. Quienes hayan cambiado de empresa, experimentado variaciones importantes en sus ingresos o sufrido modificaciones en su situación personal o familiar pueden solicitar a su empleador que revise el porcentaje de retención antes de finalizar el año. Los propietarios de viviendas y otros inmuebles destinados al alquiler también disponen de distintas posibilidades para reducir la tributación de sus rendimientos. Entre los gastos deducibles se encuentran las primas de los seguros de vida y hogar vinculados a préstamos hipotecarios cuando su contratación permite obtener una bonificación en el tipo de interés. Por tanto, resulta conveniente comprobar las condiciones de estas pólizas y los importes satisfechos durante el ejercicio. Asimismo, las cantidades destinadas a reparar, conservar o pintar los inmuebles alquilados, así como a sustituir elementos deteriorados, pueden minorar el rendimiento neto del capital inmobiliario. No obstante, la suma de estos gastos y los correspondientes a la financiación hipotecaria no puede superar los ingresos íntegros obtenidos por el arrendamiento durante el ejercicio. En relación con la gestión de los alquileres, para que el arrendamiento de inmuebles tenga la consideración de actividad económica a efectos del IRPF es necesario disponer, al menos, de una persona contratada laboralmente y a jornada completa para gestionar esta actividad. La interpretación judicial reciente ha aclarado que no es preciso demostrar adicionalmente que exista un volumen mínimo de trabajo que justifique esa contratación. Los contribuyentes que todavía tengan derecho a la deducción transitoria por adquisición de vivienda habitual, por haber comprado el inmueble con financiación hipotecaria antes del 1 de enero de 2013, pueden valorar realizar amortizaciones anticipadas del préstamo. La normativa permite deducir el 15% de las cantidades satisfechas durante el año, con un límite máximo de 9.040 euros de base anual, incluyendo tanto la amortización como los intereses. Por su parte, los autónomos que tributan en el régimen de estimación directa simplificada pueden aplicar una deducción del 5% sobre su rendimiento neto positivo en concepto de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación. El porcentaje aumenta hasta el 10% para las actividades desarrolladas en Ceuta y Melilla, aunque existe un límite máximo anual de 2.000 euros. También es importante revisar los cobros y pagos pendientes antes del cierre del ejercicio cuando se haya optado por el criterio de imputación temporal de caja. En estos casos, la fecha efectiva de cobro de los ingresos o de realización de los pagos determina el ejercicio fiscal al que deben atribuirse las correspondientes partidas. Los profesionales que necesiten adquirir un vehículo para desarrollar su actividad pueden estudiar la compra de un modelo comercial o empresarial eléctrico nuevo. Estos vehículos pueden acogerse a la libertad de amortización acelerada, siempre que se matriculen dentro del ejercicio y queden efectivamente vinculados al desarrollo de la actividad económica. En el ámbito de las inversiones financieras, quienes hayan obtenido ganancias patrimoniales durante 2026 por la venta de acciones, fondos de inversión, inmuebles o criptomonedas pueden estudiar la posibilidad de compensarlas con pérdidas acumuladas en otras inversiones. Para ello, pueden transmitir antes del 31 de diciembre los activos que registren minusvalías, reduciendo así la base imponible del ahorro. Sin embargo, es necesario tener en cuenta las restricciones relativas a la recompra de valores homogéneos. Cuando se venden acciones cotizadas con pérdidas, la adquisición de títulos equivalentes durante los dos meses anteriores o posteriores a la transmisión impide computar fiscalmente esa minusvalía en ese momento. En el caso de valores no cotizados, el plazo se amplía a un año. También conviene comprobar si existen pérdidas patrimoniales pendientes de compensación procedentes de ejercicios anteriores. Estas pueden utilizarse durante un plazo máximo de cuatro años. Si 2026 es el último ejercicio disponible para aprovecharlas, puede resultar conveniente materializar ganancias patrimoniales antes de que termine el año, evitando así que las minusvalías pendientes pierdan su utilidad fiscal. En cuanto a las criptomonedas, los contribuyentes que tengan previsto vender activos con plusvalías pueden valorar aplazar la operación hasta el 1 de enero de 2027. De esta forma, la ganancia se imputaría al siguiente ejercicio fiscal y su tributación se trasladaría a la declaración que se presentará en 2028. Otra cuestión que deben considerar los contribuyentes es el tratamiento fiscal de las donaciones. El Tribunal Supremo ha establecido que las pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones gratuitas de bienes no pueden computarse en el IRPF del donante. Esta limitación también se aplica cuando en una misma operación se transmiten otros bienes que sí generan ganancias sujetas a tributación. Antes de donar acciones, participaciones o valores adquiridos en diferentes fechas, también es necesario tener presente la aplicación del criterio FIFO (primero en entrar, primero en salir). Esto significa que, a efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial, se considera que se transmiten primero los títulos adquiridos en la fecha más antigua. Los mayores de 65 años cuentan con determinados incentivos fiscales cuando transmiten elementos de su patrimonio. Si venden bienes o derechos, como una segunda residencia, un local comercial o acciones, pueden dejar exenta la ganancia patrimonial siempre que reinviertan el importe obtenido en constituir una renta vitalicia asegurada. El límite máximo de reinversión con derecho a exención es de 240.000 euros y la operación debe formalizarse en un plazo de seis meses. Además, la venta de la vivienda habitual por parte de un contribuyente mayor de 65 años está exenta de tributar por la ganancia patrimonial obtenida, sin necesidad de reinvertir el dinero. Cuando el inmueble pertenece conjuntamente a dos cónyuges y solo uno de ellos ha alcanzado esa edad, la exención se aplica únicamente a la parte proporcional correspondiente al propietario que cumple el requisito. La adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables nuevos para uso particular también permite acceder a incentivos fiscales. La compra da derecho a una deducción del 15% sobre una base máxima de 20.000 euros, siempre que el precio no supere los 45.000 euros y no se trate de un vehículo de kilómetro cero. A esta ventaja puede añadirse otra deducción del 15% sobre un máximo de 4.000 euros por las cantidades destinadas a instalar puntos de recarga en una propiedad del contribuyente. Las inversiones en energías renovables y eficiencia energética en la vivienda constituyen otras vías para reducir la factura fiscal. La instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico o térmico permite aplicar una deducción del 10% de las cantidades satisfechas, porcentaje que puede elevarse al 20% cuando las obras afectan a la totalidad de un edificio residencial. La base máxima anual es de 5.000 euros por contribuyente. Por otro lado, las actuaciones de rehabilitación energética en la vivienda habitual, como la sustitución de ventanas por otras con mejores prestaciones de aislamiento, pueden dar derecho a una deducción del 20%, con una base máxima de 5.000 euros, si permiten reducir al menos un 7% la demanda de calefacción o refrigeración. El incentivo alcanza el 40%, con una base máxima de 7.500 euros, cuando las obras consiguen disminuir un 30% el consumo de energía primaria no renovable o permiten obtener una calificación energética A o B. Los contribuyentes que inviertan en empresas de nueva creación y empresas emergentes también pueden beneficiarse de ventajas fiscales. La suscripción de acciones o participaciones antes de finalizar el año permite aplicar una deducción del 50% de las cantidades aportadas, con una base máxima anual de 100.000 euros. Para conservar el incentivo, la participación debe mantenerse durante un periodo mínimo de entre tres y doce años. Por último, las aportaciones a organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin ánimo de lucro acogidas al régimen de mecenazgo permiten obtener importantes deducciones. Los primeros 250 euros donados durante el año dan derecho a una deducción del 80% en la cuota íntegra del impuesto. Para las cantidades que superen ese importe, el porcentaje general se sitúa entre el 40% y el 45%, aplicándose el tipo más elevado cuando se mantiene la fidelidad de las donaciones a una misma entidad.

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(El País, 07-11-2026) | Fiscal

Hacienda actualizará la deducción del salario mínimo hasta los 1.030 euros para que sus perceptores no paguen IRPF

El Gobierno prevé modificar nuevamente el IRPF para garantizar que los trabajadores que perciban el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) continúen sin tributar por este impuesto. Según ha adelantado un portavoz del Ministerio de Hacienda, la intención es incrementar la deducción que actualmente se aplica en el impuesto y que beneficia, sobre todo, a los empleados solteros y sin hijos, que no pueden acogerse a otras ventajas fiscales. La desgravación, que en estos momentos se sitúa en torno a los 590 euros, pasaría a alcanzar aproximadamente los 1.030 euros anuales. A partir de 2027, el salario mínimo aumentará desde los 17.094 euros brutos anuales actuales hasta los 18.004 euros, distribuidos en 14 pagas. Si Hacienda no introduce el ajuste previsto, que algunas fuentes sitúan antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los trabajadores afectados tendrían que soportar una factura fiscal cercana a los 600 euros anuales, descontada de sus nóminas mediante las retenciones practicadas por las empresas. El Ministerio de Trabajo anunció este jueves una subida del 5,3% del SMI para 2027. El plazo para presentar observaciones a la propuesta finaliza el 16 de noviembre, por lo que el Ejecutivo podría aprobar la nueva cuantía en el Consejo de Ministros del día 17 o, alternativamente, en el del 24 de noviembre. Ambos son los últimos encuentros ordinarios del Gobierno antes de la convocatoria electoral. Una vez aprobado el incremento salarial, Hacienda pretende trasladar la modificación tributaria al Congreso, donde deberá ser examinada por la Diputación Permanente o por las nuevas Cortes, si ya estuvieran constituidas. La fórmula de incrementar la deducción del IRPF no es nueva. Durante años, las subidas del salario mínimo estuvieron acompañadas de modificaciones fiscales destinadas a mantener exentos de tributación los ingresos correspondientes a ese nivel salarial. Esta práctica se rompió en 2025, cuando una parte de los perceptores del SMI, especialmente los trabajadores solteros y sin hijos, comenzó a pagar IRPF por primera vez. La carga fiscal rondaba entonces los 340 euros anuales. Para compensarla, Hacienda estableció una deducción equivalente que los afectados podían recuperar al presentar la declaración de la renta del ejercicio siguiente. El mismo procedimiento se mantuvo un año después y el Gobierno prevé volver a utilizarlo en 2027. Según los cálculos de Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, un trabajador que en 2026 percibe el salario mínimo de 17.094 euros brutos anuales aporta 1.111 euros a la Seguridad Social, por lo que sus rendimientos netos se sitúan en 15.983 euros. Sobre esta cantidad se aplica una reducción por rendimientos del trabajo de 5.323 euros, además de 2.000 euros en concepto de gastos deducibles. De este modo, la base queda fijada en 8.660 euros. Una vez descontado el mínimo personal de 5.550 euros y aplicados los tipos correspondientes, un empleado soltero y sin hijos tendría que pagar 591 euros anuales de IRPF. Esta cantidad se ingresa a través de las retenciones mensuales de su nómina y puede recuperarse posteriormente mediante la deducción prevista por Hacienda. La situación cambiaría en 2027 con el nuevo salario mínimo de 18.004 euros. En ese caso, las cotizaciones a la Seguridad Social ascenderían a 1.174 euros y los rendimientos netos alcanzarían los 16.830 euros. A esta cifra habría que restarle 3.840 euros por la reducción por rendimientos del trabajo, cuyo importe disminuye a medida que aumentan los ingresos, y otros 2.000 euros de gastos deducibles. La base resultante sería de 10.990 euros y la cuota del IRPF se elevaría hasta aproximadamente 1.034 euros. Fernández señala que, si Hacienda mantuviera la deducción actual, esta se reduciría hasta los 409 euros, ya que se minoraría en 20 céntimos por cada euro de salario que excediese los 17.094 euros. En consecuencia, el trabajador acabaría soportando más de 600 euros anuales de impuestos. Para evitarlo y conseguir que el incremento del SMI se traslade íntegramente al salario neto, la deducción tendría que elevarse hasta unos 1.030 euros. Varios especialistas consideran que recurrir a modificaciones fiscales cada vez que aumenta el salario mínimo no constituye una solución adecuada. El presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez, defiende la implantación de un sistema de actualización automática que evite tener que introducir ajustes tributarios anualmente. A su juicio, si el objetivo es que los perceptores del SMI no paguen IRPF, sería preferible evitar directamente las retenciones en sus nóminas, en lugar de obligarlos a presentar la declaración de la renta para recuperar posteriormente el dinero mediante una deducción. Los sindicatos también han cuestionado este jueves la decisión de recurrir cada año a una nueva ventaja fiscal para mantener la exención del salario mínimo, en lugar de establecer una solución permanente. CC OO y UGT reclaman conjuntamente una modificación legislativa que asegure que las subidas del SMI se reflejen íntegramente en los ingresos netos de los trabajadores. Ambas organizaciones consideran que no resulta razonable depender de medidas temporales ni permitir que una parte de las mejoras salariales desaparezca como consecuencia de la tributación. Asimismo, reclaman una regulación estable que impida que los sucesivos incrementos del salario mínimo provoquen tipos impositivos desproporcionados, tanto para quienes cobran el SMI como para los empleados cuyos salarios se sitúan ligeramente por encima. La posición sindical sobre la tributación del salario mínimo ha ido evolucionando en los últimos años. Las organizaciones han planteado en distintas ocasiones que el SMI debería comenzar a contribuir al IRPF, teniendo en cuenta el creciente número de trabajadores que perciben esta retribución, estimado en unos 2,5 millones, y el incremento acumulado del 66% desde 2018. Consideran que la existencia de un colectivo tan numeroso al margen de este impuesto tiene consecuencias para los ingresos públicos. No obstante, defienden que cualquier modificación debe integrarse en una reforma fiscal más amplia, que contemple también una mayor aportación de las rentas más elevadas. UGT sostiene que los tipos marginales del IRPF pueden penalizar excesivamente a quienes comienzan a tributar con salarios reducidos, una preocupación que también comparte CC OO. La posibilidad de que el salario mínimo tribute por su creciente peso en el mercado laboral también ha sido defendida anteriormente desde el Ministerio de Hacienda. El pasado año, el Ministerio de Trabajo, partidario de mantener la exención, abrió la puerta a esta alternativa al solicitar a los expertos encargados de proponer la subida salarial que contemplasen un escenario en el que los perceptores del SMI tuvieran que pagar IRPF. Esta circunstancia elevaba necesariamente la cuantía necesaria para compensar la carga fiscal. En ese supuesto, los expertos plantearon para 2027 un incremento del 11%, hasta situar el salario mínimo en 18.981 euros brutos anuales. La cuestión también ha adquirido protagonismo en el debate político. La semana pasada, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en una entrevista en la Cadena SER que el Gobierno había obtenido un beneficio económico de las subidas del salario mínimo porque, a su juicio, la Administración era quien más dinero terminaba recaudando de los trabajadores. Cuando el entrevistador le recordó que el SMI estaba exento de IRPF, Feijóo respondió que esa exención existía anteriormente. El ministro de Hacienda, Arcadi España, contestó a través de la red social X recordando que el Ejecutivo lleva cuatro años reduciendo la carga del IRPF para las rentas más bajas y adoptando medidas para garantizar que los perceptores del salario mínimo no tengan que tributar.

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(La Vanguardia, 07-11-2026) | Fiscal

Las Comunidades Autónomas pierden 1.300 millones de euros por rebajas de impuestos, salvo Cataluña

Las comunidades autónomas de régimen común dejarán de ingresar alrededor de 1.300 millones de euros como consecuencia de las rebajas fiscales aprobadas o anunciadas para 2026 y 2027. Según las estimaciones, todas registrarán un impacto negativo sobre la recaudación, con una única excepción: Catalunya, cuyos ingresos públicos aumentarán en 122 millones de euros. Esta diferencia responde a una tendencia que se viene repitiendo en los últimos ejercicios, en los que prácticamente todos los territorios han optado por reducir su presión fiscal, mientras que Catalunya mantiene una política tributaria diferente. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) elabora cada mes de octubre un análisis de las principales líneas presupuestarias de las comunidades autónomas. Sus conclusiones suelen poner de manifiesto que los gobiernos regionales recurren a bonificaciones y reducciones en los impuestos cuya gestión tienen transferida, como el IRPF, el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el de patrimonio. Estas decisiones reducen los ingresos tributarios y pueden afectar al equilibrio de las cuentas públicas. En 2026, la aplicación de nuevas rebajas fiscales ha vuelto a intensificarse. El ejercicio anterior, las medidas permanentes aprobadas por las comunidades autónomas ya habían supuesto una disminución de la recaudación de unos 1.150 millones de euros. Además, la aprobación de este tipo de iniciativas suele cobrar mayor protagonismo en los años próximos a las convocatorias electorales. La Comunidad Valenciana y Andalucía serán los territorios que asumirán las mayores pérdidas de ingresos durante el periodo analizado. La primera dejará de recaudar aproximadamente 641 millones de euros, mientras que la segunda registrará una reducción de 280 millones. Los gobiernos de Juan Francisco Pérez Llorca y Juanma Moreno han introducido rebajas en distintos tributos, entre ellos el IRPF, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD) y el de sucesiones y donaciones. La Airef advierte de que estas decisiones podrían acabar perjudicando la evolución de sus cuentas públicas a medio plazo. Madrid ocupa el siguiente lugar, con una merma estimada de 118 millones de euros. La comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso, que tradicionalmente ha mantenido una de las fiscalidades más reducidas del país, ha ampliado las ventajas fiscales aplicables a los impuestos sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales. En un segundo grupo se sitúan las demás comunidades de régimen común, que también han adoptado reducciones tributarias, aunque con distintos niveles de impacto. Entre ellas figuran tanto territorios gobernados por el Partido Popular como dos administrados por el PSOE. Asturias no ha facilitado a la Airef una estimación concreta del efecto económico de sus medidas, mientras que Castilla-La Mancha calcula que dejará de ingresar unos 10 millones de euros. Catalunya presenta una situación distinta. En lugar de reducir sus ingresos, prevé incrementar la recaudación en 122 millones de euros entre 2026 y 2027. La Airef identifica algunas medidas que sí implican rebajas fiscales, como las deducciones en el ITPAJD destinadas a jóvenes y otros colectivos, además de determinados cambios en el tramo autonómico del IRPF. Sin embargo, estos efectos negativos se compensarán con mayores ingresos procedentes de otras decisiones tributarias. Entre ellas destacan el aumento del 100% de las tarifas del impuesto sobre las estancias turísticas, la actualización de las bases de cálculo del canon del agua y la eliminación de la reducción de las tarifas del transporte público superior al 30%. El análisis de la Airef vuelve a poner de manifiesto las diferencias existentes entre los sistemas fiscales autonómicos. Un mismo hecho imponible puede generar una factura tributaria distinta dependiendo de la comunidad en la que resida el contribuyente. La Generalitat de Catalunya ha definido esta situación como «dumping fiscal», especialmente por las ventajas tributarias que ofrece Madrid y que, a su juicio, provocan una competencia entre territorios. La reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno central pretendía abordar estas desigualdades e introducir mecanismos para desincentivar las rebajas fiscales de las comunidades autónomas. Sin embargo, la falta de acuerdos políticos ha impedido que la propuesta avance y la legislatura concluirá sin que llegue siquiera a debatirse en el Parlamento.

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(La Vanguardia, 07-11-2026) | Fiscal

Foment pide ajustar el IRPF por ley cada año para evitar la subida de impuestos por la inflación

La patronal Foment del Treball ha pedido a las formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que establezcan por ley una actualización anual del IRPF para tener en cuenta la evolución de los precios. La organización empresarial considera que esta medida permitiría evitar que los incrementos salariales acordados para compensar la inflación terminen provocando un aumento de la carga tributaria de los trabajadores, ya que el impuesto aplica tipos más elevados a medida que crecen los ingresos. La propuesta ha sido presentada este jueves en Barcelona por la vicepresidenta de Foment, Mar Alarcón, y el director de estudios de la organización, Salvador Guillermo. La patronal plantea revisar tanto los tramos estatales del IRPF como los mínimos personales y familiares, tomando como referencia el porcentaje general de revalorización de las pensiones contributivas. Asimismo, propone recuperar progresivamente el poder adquisitivo perdido durante los años en los que estos parámetros no se han actualizado. Guillermo ha recordado que el impuesto lleva 14 años sin adaptarse a la evolución de los precios. En su opinión, esta falta de actualización provoca que los ciudadanos terminen pagando más impuestos sin que necesariamente hayan aumentado su capacidad económica real. El incremento de la factura fiscal se produce, por tanto, como consecuencia de la inflación y no de una mejora efectiva de su poder adquisitivo. El representante empresarial considera que esta situación constituye una subida impositiva encubierta que permite a las Administraciones aumentar sus ingresos sin asumir el coste político de aprobar nuevos impuestos o elevar los existentes. Entre finales de 2015 y septiembre de 2026, los precios han acumulado un incremento aproximado del 32,6%. Foment considera que esta evolución justifica la necesidad de revisar también otros parámetros tributarios, como el límite de exención del impuesto sobre actividades económicas (IAE). Actualmente, están exentas de su pago las empresas cuya cifra de negocios sea inferior a un millón de euros, un umbral establecido en 2003. Según los cálculos de la patronal, si se hubiera actualizado conforme al IPC, debería situarse actualmente en torno a 1,72 millones de euros. Además de las modificaciones fiscales, Foment ha presentado otras propuestas dirigidas a mejorar la actividad económica, especialmente en materia de infraestructuras. Entre sus reivindicaciones figura garantizar la ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado y recuperar la publicación de información detallada que permita conocer el grado de cumplimiento de los compromisos de inversión pública.

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(Expansión, 06-11-2026) | Fiscal

Andorra rediseña su ‘Hacienda’ para elevar su control sobre la operativa fiscal internacional

El Gobierno de Andorra ha aprobado un decreto que introduce una profunda reorganización interna del Departamento de Tributos y de Fronteras con el fin de reforzar su capacidad para cumplir los compromisos internacionales y modernizar la atención que presta a los contribuyentes. La reforma se recoge en el Decreto 432/2026, aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Finanzas y publicado en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, con la firma del jefe del Ejecutivo, Xavier Espot. La nueva normativa modifica la estructura de la Administración tributaria vigente desde 2014, que ya había sido revisada en 2019 para integrar bajo una misma organización la gestión aduanera, la inspección y la recaudación. Según explica el Ejecutivo en el preámbulo del decreto, la evolución del sistema fiscal y el aumento de las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales hacen necesaria una redistribución de funciones que permita reunir competencias relacionadas, eliminar posibles duplicidades y mejorar la preparación técnica de los empleados públicos. Uno de los principales cambios afecta a la antigua Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, que pasa a denominarse Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, Fiscalidad Internacional y Recaudación. Esta unidad concentrará la coordinación del Servicio Jurídico, el Área de Recaudación y la nueva Área de Fiscalidad Internacional y de Técnica Tributaria, a la que se atribuye una función estratégica dentro de la Administración. Esta última área se ocupará de los asuntos más especializados relacionados con la fiscalidad transfronteriza. Entre sus responsabilidades figuran la gestión de los procedimientos destinados a resolver controversias para evitar la doble imposición, los mecanismos de intercambio automático de información tributaria y el intercambio de informes país por país. También asumirá la tramitación de las consultas tributarias escritas, la elaboración de propuestas de circulares interpretativas y la difusión de instrucciones oficiales para los contribuyentes, además de la apertura y tramitación de expedientes sancionadores relacionados con sus competencias. Con esta concentración de funciones, el Govern pretende reforzar la coherencia de los criterios aplicados por la Administración tributaria. La reforma también introduce cambios en la Dirección Adjunta de Gestión y Atención al Contribuyente para adaptarla a la digitalización de los servicios públicos. En este ámbito se crea el Área de Relación Digital con el Contribuyente, que tendrá a su cargo el diseño y desarrollo de los modelos de declaraciones tributarias en formato electrónico, así como la actualización de los contenidos fiscales publicados en los portales oficiales y en la Sede Electrónica. Este departamento trabajará conjuntamente con los servicios tecnológicos del Gobierno para atender las incidencias que puedan surgir en los canales digitales, resolver las consultas de los usuarios y plantear mejoras en las plataformas de pago y en los procedimientos de tramitación telemática. Por otro lado, la atención presencial y telefónica, junto con la gestión documental y de expedientes, quedará integrada en el Área de Atención al Público y Gestión Documental. Entre sus funciones se encuentran la recepción y el registro de declaraciones y autoliquidaciones, la asignación de números de registro tributario, la expedición de certificados fiscales, la gestión de cobros y la liquidación de recargos por presentaciones fuera de plazo. También prestará asistencia presencial a los ciudadanos que necesiten ayuda para cumplimentar sus declaraciones. Con esta reorganización, Andorra busca avanzar hacia una Administración tributaria más especializada y preparada para responder a las exigencias de transparencia y cooperación internacional. Al mismo tiempo, la reforma pretende facilitar la relación con los contribuyentes mediante una atención más accesible y unos servicios digitales mejor desarrollados.

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(Expansión, 06-11-2026) | Fiscal

Hacienda prorroga ventajas fiscales a autónomos y hace un guiño al campo

El Ministerio de Hacienda publicó ayer en el BOE la orden que prorroga durante todo 2027 los límites de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de estimación objetiva, conocido como módulos, así como los umbrales establecidos para tributar mediante el régimen simplificado del IVA. Se trata de una nueva ampliación de un sistema cuya continuidad se ha cuestionado en los últimos años y que, según ha señalado en distintas ocasiones el departamento dirigido por Arcadi España, podría desaparecer en próximos ejercicios. En esta ocasión, posiblemente por la proximidad de las elecciones previstas para el 29 de noviembre, Hacienda ha adelantado el anuncio respecto a las fechas habituales en las que comunicaba la prórroga de estos límites. Con esta decisión, los trabajadores por cuenta propia que facturen menos de 125.000 o 250.000 euros anuales, en función de si sus operaciones se realizan con empresas o con particulares, podrán continuar tributando por módulos durante el próximo ejercicio. La continuidad del régimen estaba pendiente de confirmación y, de no haberse aprobado la prórroga, los límites se habrían reducido a la mitad, lo que habría dejado fuera de este sistema a cerca de 350.000 autónomos. Como viene sucediendo desde hace más de diez años, la vigencia de la estimación objetiva se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2027. Antes de que finalice ese plazo, Hacienda tendrá que aprobar una nueva extensión para mantener el sistema durante el ejercicio siguiente. De lo contrario, los límites actuales dejarán de aplicarse. El régimen de estimación objetiva permite calcular una cantidad fija para las declaraciones trimestrales del IRPF y del IVA, en lugar de determinar la tributación a partir del beneficio real obtenido, es decir, de la diferencia entre ingresos y gastos. Para establecer esa cuota se utilizan distintos indicadores relacionados con la actividad, como la superficie del establecimiento, el número de mesas y sillas, el consumo eléctrico o la plantilla del negocio. En muchos casos, el resultado de este cálculo supone una carga tributaria inferior a la que correspondería aplicando el régimen de estimación directa, que tiene en cuenta los ingresos y gastos efectivamente registrados durante el trimestre. Por este motivo, los autónomos acogidos a módulos suelen adelantar menos impuestos a lo largo del año. No obstante, la Agencia Tributaria regulariza posteriormente las cantidades mediante la declaración anual de la Renta o la última liquidación trimestral del IVA, que se presenta en enero del ejercicio siguiente. Una de las cuestiones que plantea dudas sobre el futuro de este sistema es la posible implantación del IVA franquiciado para los autónomos con menores ingresos. Esta modalidad permitiría dejar de repercutir y declarar el impuesto a quienes no superasen determinados límites de facturación, aunque tampoco podrían deducirse el IVA soportado en los gastos relacionados con su actividad. El Partido Popular incluye esta medida entre sus compromisos electorales y plantea fijar en 85.000 euros anuales el umbral de rendimientos netos para poder acogerse a ella. Tras la nueva prórroga, los autónomos que no superen los límites de 125.000 o 250.000 euros, según las características de su facturación, podrán seguir aplicando la estimación objetiva en 2027. Para determinar el rendimiento neto podrán beneficiarse de una reducción general del 5%. La orden incorpora también medidas específicas para el sector agrario, especialmente afectado por el encarecimiento de los costes derivado del conflicto en Oriente Próximo y por los daños ocasionados por fenómenos naturales en determinadas zonas. Así, los trabajadores autónomos dedicados a la agricultura y la ganadería podrán aplicar una reducción del 10% sobre sus rendimientos netos. Además, podrán descontar hasta el 35% del importe destinado a la adquisición de gasóleo agrícola, uno de los costes que más se han incrementado tras el cierre del estrecho de Ormuz. Esta medida también podrá aplicarse al cálculo de los rendimientos correspondientes a 2026, siempre que los gastos estén justificados mediante las facturas de este ejercicio. En el caso de los fertilizantes, la reducción por su adquisición se eleva al 15% y podrá extenderse igualmente al ejercicio actual. De esta forma, Hacienda incorpora nuevos incentivos fiscales para aliviar el impacto del aumento de los precios de estos suministros sobre las explotaciones agrarias. La normativa contempla asimismo la posibilidad de reducir los módulos a los autónomos que hayan sufrido las consecuencias de incendios, inundaciones o averías industriales de gran importancia. También podrán beneficiarse de estos ajustes quienes se encuentren en situación de incapacidad temporal y no dispongan de otros trabajadores en el negocio. En estos supuestos, se podrán descontar del rendimiento neto los gastos extraordinarios ocasionados por dichas circunstancias excepcionales. Por último, en materia de IVA, la orden mantiene, como en ejercicios anteriores, una reducción del 1% en el rendimiento declarado en concepto de gastos de difícil justificación.

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(Expansión, 06-11-2026) | Fiscal

Los fiscalistas cargan contra las deducciones del decreto de vivienda: "Es una verdadera locura"

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas (CGE) considera que las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y las posibles exenciones en el IRPF están reduciendo progresivamente la diferencia fiscal entre quienes perciben el salario mínimo y aquellos que cobran un sueldo medio. La advertencia se produce ante la posibilidad de que el Gobierno vuelva a dejar exento de tributación el nuevo SMI previsto para 2027. El amplio conjunto de medidas fiscales incluido en uno de los dos decretos de vivienda que la Diputación Permanente del Congreso someterá a votación el próximo jueves podría provocar numerosas reclamaciones y revisiones una vez entre en vigor. Así lo han señalado representantes del Reaf durante la celebración de sus jornadas anuales en Oviedo. El presidente de este organismo, Agustín Fernández, ha calificado de «verdadera locura» la propuesta fiscal incorporada por el Gobierno en su decreto y considera que generará una elevada incertidumbre entre los propietarios de viviendas y los profesionales que les asesoran. A su juicio, la complejidad de las medidas dificulta la planificación fiscal y contribuye a aumentar la inseguridad jurídica, una situación que, según ha indicado, ya se refleja en el descenso de la oferta de alquiler. La nueva regulación eleva de cuatro a trece los porcentajes de reducción que pueden aplicarse en el IRPF por los ingresos del alquiler. Su cuantía dependerá de diferentes circunstancias, como la localización de la vivienda, la edad del arrendatario o la evolución del precio respecto al contrato anterior. Esta variedad de condiciones añade complejidad al sistema y, según ha explicado Raquel Jurado, técnica del Reaf, obligará a estudiar cada situación de forma individual para determinar qué deducción resulta más favorable. En relación con el próximo incremento del salario mínimo interprofesional, el presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha defendido la creación de un mecanismo de actualización automática que permita mantener exento de tributación el SMI sin necesidad de aprobar nuevas deducciones cada año. Sin embargo, Agustín Fernández ha alertado de que la combinación de nuevos aumentos salariales y las correspondientes exenciones fiscales reduce cada vez más la distancia entre el salario mínimo y el sueldo medio. Por ello, considera necesario analizar las posibles desigualdades tributarias que podrían surgir si el suelo salarial continúa aumentando durante los próximos ejercicios. Ante la proximidad de las elecciones del 29 de noviembre, los economistas han reclamado al futuro Gobierno estabilidad y seguridad jurídica. También han pedido una mayor reciprocidad por parte de la Administración, en reconocimiento a la labor social que, según Vázquez Taín, realizan los profesionales del asesoramiento mediante la divulgación y la concienciación de los contribuyentes, una actividad que también beneficia al sistema tributario. Por último, el presidente del CGE ha planteado la conveniencia de abordar una reforma fiscal que permita revisar algunos de los principios básicos del sistema tributario. En su opinión, el debate no debería centrarse únicamente en los mecanismos de recaudación, sino también en las consecuencias que la fiscalidad tiene sobre la capacidad de ahorro de las familias y el desarrollo de la actividad empresarial.

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(El País, 06-11-2026) | Fiscal

Frente Amplio aboga por gravar el patrimonio de las grandes fortunas, los beneficios de la banca y la acumulación de vivienda

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 29 de noviembre, ha presentado este jueves un conjunto de propuestas fiscales dirigidas a gravar el patrimonio de las grandes fortunas, la acumulación de viviendas y los beneficios de las grandes empresas. Según las estimaciones de la formación, estas medidas permitirían obtener unos ingresos adicionales de 10.000 millones de euros anuales. Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y presentado por el exsecretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez, la exalcaldesa de Barcelona también se ha pronunciado sobre la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Tras el accidente ferroviario de Urda, que causó 69 fallecidos la semana pasada, ha pedido dejar atrás el debate sobre responsabilidades y centrarse en las propuestas para ofrecer soluciones. «La gente que coge el tren quiere sentirse segura», ha afirmado. La intervención de Colau ha girado en torno a la defensa de una fiscalidad más equitativa y del derecho a la vivienda. La primera iniciativa plantea establecer un impuesto anual sobre el patrimonio neto, con un tipo del 2% para las fortunas superiores a un millón de euros y del 3% para aquellas que superen los 50 millones. La cuota se reduciría en función de las cantidades satisfechas por los impuestos sobre el Patrimonio y las Grandes Fortunas, según han explicado fuentes de la formación. La medida no afectaría a los salarios ni a las pensiones. Frente Amplio calcula que el nuevo gravamen alcanzaría a unas 231.000 personas, aproximadamente el 1% de quienes presentan la declaración de la renta, una cifra similar a la de los actuales contribuyentes del impuesto sobre el patrimonio. Las 1.200 mayores fortunas del país, con patrimonios superiores a 50 millones de euros, aportarían alrededor de un tercio de la recaudación prevista. De acuerdo con los cálculos de la formación, el 99% de la población quedaría excluido de este impuesto. La candidata ha defendido que los beneficios empresariales deben revertir en el conjunto de la sociedad y contribuir a financiar servicios públicos. En este sentido, ha sostenido que el esfuerzo fiscal debe recaer principalmente en quienes disponen de mayores recursos, con el propósito de reforzar prestaciones como la educación y garantizar el acceso a una vivienda y unas condiciones de vida dignas. También ha criticado el poder que, a su juicio, pueden ejercer las grandes fortunas sobre las instituciones democráticas, y ha citado como ejemplo a multimillonarios como Elon Musk y su posible influencia en procesos electorales de otros países. Colau ha recordado que la presión fiscal española se encuentra entre tres y cuatro puntos por debajo de la media europea y ha defendido que, si el objetivo es disponer de un Estado del bienestar equiparable al de los países del norte de Europa, también debería aproximarse su nivel de tributación. Su segunda propuesta consiste en elevar el tipo efectivo que pagan las grandes empresas y las entidades bancarias por sus beneficios. Según los datos expuestos por la candidata, estas compañías tributan actualmente a tipos de entre el 7% y el 9%, mientras que las pequeñas y medianas empresas soportan una carga aproximada del 19% o el 20%. Para corregir esta diferencia, la formación plantea revisar las deducciones fiscales de las que se benefician los grandes grupos empresariales, entre ellas las relacionadas con la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. El objetivo sería aumentar la contribución efectiva de las grandes compañías y reducir las diferencias fiscales respecto a las pymes. La tercera medida recupera la propuesta anunciada la semana anterior para gravar la acumulación de viviendas. El planteamiento contempla aplicar un impuesto del 10% sobre el valor de cada inmueble a partir de la cuarta vivienda, salvo que se destine al alquiler asequible y estable. Colau sostiene que la finalidad es favorecer la incorporación al mercado de alquiler residencial de unas 500.000 viviendas que actualmente se destinan a usos como el alquiler turístico o de temporada, o se ofrecen a precios que considera abusivos. Según ha explicado, la intención principal no es aumentar la recaudación, sino desincentivar las prácticas especulativas y evitar que resulte rentable mantener los inmuebles fuera del mercado de alquiler asequible. Durante el acto, Nacho Álvarez, actualmente profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, ha repasado la evolución de los principales indicadores del mercado laboral durante la última década y ha destacado su mejora. No obstante, ha señalado que el crecimiento del empleo y de la riqueza no siempre se ha traducido en una distribución equitativa de la prosperidad. A su juicio, el principal desafío consiste ahora en conseguir que los avances económicos lleguen al conjunto de la sociedad. Álvarez ha considerado que Ada Colau puede desempeñar un papel relevante en ese objetivo y ha defendido que las próximas elecciones determinarán el modelo social que se desarrollará en España durante las próximas décadas.

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