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(Expansión, 09-09-2026) | Fiscal

La sustitución del empleo por la IA amenaza directamente la recaudación del IRPF

El Ministerio de Finanzas de Alemania ha puesto el foco en una cuestión relacionada con la inteligencia artificial que va mucho más allá de sus efectos sobre la productividad o la innovación: su posible impacto sobre la capacidad de los Estados para mantener sus ingresos públicos. En un análisis sobre la transformación hacia una economía basada en la IA, el Gobierno alemán advierte de que la automatización de tareas intelectuales podría provocar un desplazamiento progresivo de los ingresos desde el trabajo hacia el capital. Este escenario supone un desafío especialmente relevante para países como España, donde el IRPF y las cotizaciones sociales constituyen dos de los principales pilares de la recaudación destinada a sostener servicios públicos como las pensiones, la sanidad o la educación. El sistema fiscal español parte de una premisa fundamental: el empleo y los salarios generan una parte muy importante de los recursos con los que se financia el Estado. Sin embargo, si la inteligencia artificial deja de limitarse a ayudar a los trabajadores y comienza a sustituir determinadas funciones de análisis, redacción, programación o toma de decisiones, la masa salarial podría reducirse o crecer a un ritmo menor. El análisis alemán destaca que la actual revolución tecnológica presenta diferencias respecto a las anteriores fases de digitalización. La IA permite convertir la capacidad de computación en un recurso fácilmente escalable y asumir tareas que hasta ahora exigían trabajadores con elevados niveles de formación. En España, donde las pequeñas y medianas empresas tienen un peso muy elevado y buena parte de la actividad se concentra en los servicios, la automatización de labores administrativas podría tener un impacto significativo sobre el empleo cualificado y los salarios. Una menor masa salarial se traduciría también en una reducción de las bases sobre las que se recaudan impuestos y cotizaciones. A este riesgo se suma otro de carácter internacional. Una parte muy importante de la infraestructura y del desarrollo de las tecnologías más avanzadas de inteligencia artificial se encuentra fuera de Europa. De acuerdo con los datos analizados por las autoridades alemanas, aproximadamente el 74,5% de la capacidad de computación de los grandes centros de IA está localizada en Estados Unidos, mientras que la Unión Europea concentra únicamente el 4,8%. Si las empresas españolas recurren de forma generalizada a herramientas y servicios de inteligencia artificial desarrollados por compañías extranjeras, parte de los beneficios derivados de la mejora de la productividad podría acabar fuera del país mediante el pago de licencias, suscripciones o servicios tecnológicos. Esto podría provocar que una parte del valor generado se desplazara hacia los países donde tienen su sede los grandes proveedores de modelos de IA, reduciendo el margen de las administraciones españolas para captar esa riqueza mediante impuestos. La incorporación de esta tecnología tampoco supondrá necesariamente un aumento inmediato de la productividad. Los expertos hablan de una posible curva en J, según la cual las empresas deben asumir inicialmente inversiones, reorganizar procesos y formar a sus empleados antes de comenzar a obtener los beneficios derivados de la IA. Para España, que mantiene desde hace años un problema estructural de productividad, este periodo de transición podría resultar especialmente complicado en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de gasto público. Ante este escenario, el Gobierno alemán plantea la necesidad de anticiparse y realizar un seguimiento específico de las consecuencias fiscales de la inteligencia artificial. El objetivo sería determinar si la tecnología está actuando principalmente como complemento del trabajo o si, por el contrario, está sustituyendo de manera creciente a los empleados. Aplicado al caso español, este planteamiento abre la puerta a un debate sobre la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos públicos. Una economía en la que una proporción cada vez mayor del valor se genere mediante algoritmos y capital tecnológico podría hacer más vulnerable un sistema fiscal excesivamente dependiente de los impuestos vinculados al empleo. Entre las posibles vías de reforma se encuentra el análisis de nuevas fórmulas de tributación relacionadas con los datos, la capacidad de computación o los beneficios extraordinarios obtenidos por las grandes plataformas tecnológicas. También se plantea la posibilidad de crear mecanismos que permitan repartir de una forma más amplia los beneficios derivados de la automatización, evitando que las ganancias generadas por la IA queden concentradas en un reducido grupo de grandes empresas. La expansión de la inteligencia artificial no elimina las reglas económicas, pero sí puede modificar de manera profunda dónde se genera y dónde se concentra la riqueza. El reto para España será adaptar su sistema tributario y sus fuentes de financiación pública antes de que el avance de la automatización transforme de manera permanente las bases imponibles tradicionales.

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(Expansión, 09-09-2026) | Fiscal

Se acabó el truco de las declaraciones sin ingreso para eludir a Hacienda

La Audiencia Nacional ha respaldado la aplicación del artículo 43.2 de la Ley General Tributaria y ha confirmado que la presentación reiterada de autoliquidaciones sin realizar el correspondiente pago puede justificar que la deuda tributaria se reclame subsidiariamente a los administradores de una sociedad. La sentencia considera que esta responsabilidad puede derivarse cuando la empresa continúa desarrollando su actividad pese a haber solicitado formalmente su baja censal. En el caso analizado, la existencia de pagos de rendimientos del trabajo y de retenciones laborales realizadas después del supuesto cese permitió acreditar que la compañía seguía operativa. Estas circunstancias llevaron al tribunal a rechazar los argumentos planteados por la defensa. No obstante, la Audiencia Nacional establece una precisión importante sobre quién puede ser considerado responsable. El tribunal excluye de la derivación de responsabilidad a una persona física que actuaba únicamente como representante de una sociedad que había sido designada administradora. De acuerdo con el artículo 212 bis de la Ley de Sociedades de Capital, la condición de administrador corresponde a la persona jurídica nombrada para desempeñar ese cargo y no automáticamente a la persona física que actúa en su representación. La resolución también avala la declaración de fallido de la sociedad deudora. Para la Audiencia Nacional, el hecho de que la empresa tuviera un crédito pendiente de resolución judicial no impedía que pudiera ser considerada insolvente a efectos de la derivación de responsabilidad tributaria.

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(Expansión, 09-09-2026) | Fiscal

Cómo el "IVA oculto" frena la innovación financiera en la UE

El sistema fiscal que se aplica al sector financiero europeo, cuyo diseño se remonta a 1977, ya no responde adecuadamente a la realidad de un sector transformado por la digitalización. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio elaborado por un consorcio liderado por Syntesia para la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea (DG TAXUD). El informe pone el foco especialmente en la exención del IVA de los servicios financieros, una medida que históricamente se justificó por las dificultades para determinar la base imponible de operaciones vinculadas a los márgenes de los tipos de interés y otros cargos implícitos. Según el estudio, este modelo provoca importantes distorsiones económicas y ha generado una brecha fiscal que en 2023 alcanzó los 52.200 millones de euros, equivalente al 4,4% de toda la recaudación por IVA de la Unión Europea. Una de las principales consecuencias del sistema es la generación de lo que el informe denomina «IVA oculto». Al estar exentas de este impuesto, las entidades financieras no pueden recuperar el IVA que pagan por los bienes y servicios que adquieren. En 2023, la obligación total de IVA asociada al sector se situó en unos 72.400 millones de euros. De esta cantidad, 12.200 millones correspondieron al consumo final de los ciudadanos, mientras que otros 54.000 millones fueron IVA no recuperable soportado por las propias entidades en sus compras. Esta última proporción representa el 83,1% del total, frente al 33,5% registrado de media en el conjunto de la economía. El impacto también se aprecia en los tipos efectivos. El IVA medio aplicado a las operaciones entre empresas y consumidores (B2C) se sitúa en el 6,5%, mientras que el denominado IVA oculto asociado a operaciones entre empresas (B2B) y entre empresas y administraciones públicas (B2G) alcanza el 4,5%. El estudio advierte de que esta situación puede actuar como un obstáculo para la modernización del sector, ya que encarece la contratación externa de determinados servicios tecnológicos. Plataformas de pago, soluciones fintech y otras herramientas digitales pueden resultar más costosas cuando son adquiridas a proveedores externos, lo que genera incentivos artificiales para desarrollar estos servicios internamente o integrarlos en grupos de IVA nacionales. A juicio del informe, esta situación puede perjudicar la innovación y limitar las ganancias de productividad. A esta problemática se añade la elevada fragmentación de la fiscalidad específica del sector financiero. Los Estados miembros utilizan actualmente 92 medidas tributarias diferentes para compensar, en parte, la ausencia de una recaudación directa mediante el IVA. Entre ellas figuran impuestos sobre las primas de seguros, tasas sobre determinadas operaciones financieras y gravámenes sobre beneficios extraordinarios. En conjunto, estas figuras generan alrededor de 82.000 millones de euros de ingresos anuales, de los que unos 54.000 millones proceden del sector asegurador. Sin embargo, el estudio considera que esta diversidad de impuestos contribuye a fragmentar el mercado único y eleva los costes administrativos para las entidades. La gestión del IVA supone unos 1.300 millones de euros anuales en costes de cumplimiento, mientras que los impuestos específicos añaden otros 870 millones. El informe señala, además, que el sector financiero no representa una fuente especialmente relevante de fraude fiscal. Las principales incidencias detectadas estarían relacionadas con problemas técnicos y diferencias en la clasificación de determinadas operaciones, más que con conductas fraudulentas. Ante esta situación, el estudio plantea tres posibles alternativas para reformar el sistema. La primera consistiría en mantener la actual exención del IVA, pero simplificando las normas de deducción y actualizando las definiciones legales para adaptarlas a nuevas actividades y productos, como los criptoactivos, los derivados o las pasarelas de pago. La segunda opción trataría de reducir el impacto del IVA oculto mediante una mayor facilidad para crear grupos de IVA transfronterizos y mediante la posibilidad de que las entidades opten voluntariamente por tributar por IVA en el conjunto de la Unión Europea. Esta alternativa permitiría recuperar el impuesto soportado, especialmente en las operaciones dirigidas al mercado empresarial. La tercera vía plantea una transformación más profunda del modelo. Entre las posibilidades se encuentra eliminar la exención para aquellos servicios financieros remunerados mediante comisiones o tarifas fijas, una fórmula que ya ha sido aplicada en algunos países europeos y en otras economías. Otra alternativa sería crear un Impuesto sobre las Actividades Financieras (FAT), acompañado de un tipo cero de IVA y de la eliminación de determinadas tasas nacionales. El estudio considera que la justificación técnica que sustentaba la exención del IVA en 1977 ha perdido parte de su vigencia debido a la evolución del sector financiero y a la digitalización. Por ello, entiende que existen margen y opciones para abordar una reforma. No obstante, cualquier modificación de carácter estructural exigiría un amplio consenso entre los Estados miembros y una evaluación cuidadosa de sus consecuencias. La mejora de la neutralidad fiscal tendría que compatibilizarse con el posible impacto sobre los ingresos públicos nacionales y con los efectos que una reforma del sistema podría terminar trasladando a los consumidores.

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(El País, 09-09-2026) | Fiscal

El Supremo frena las sanciones automáticas de Hacienda a las empresas familiares

El Tribunal Supremo ha limitado la capacidad de la Agencia Tributaria para deshacer por completo operaciones de reorganización de empresas familiares cuando considere que detrás de ellas existe una finalidad de ahorro fiscal. En una sentencia dictada el pasado 20 de julio, el alto tribunal establece que Hacienda no puede aplicar un criterio de «todo o nada»: si aprecia un posible abuso, debe identificar la ventaja fiscal concreta y corregirla, pero no eliminar automáticamente todos los beneficios tributarios asociados a la operación. El caso analizado por el Supremo parte de una fórmula habitual entre grandes patrimonios familiares. Cuando una familia controla distintas sociedades, puede crear una sociedad holding y aportar a ella las participaciones que posee en las empresas. De esta manera, los beneficios generados por las compañías pueden permanecer en la holding y destinarse a nuevas inversiones, en lugar de distribuirse directamente entre los miembros de la familia. Esta estructura también ofrece ventajas fiscales. Cuando una sociedad distribuye dividendos a una holding que posee al menos el 5% de su capital, el 95% del dividendo queda exento del impuesto sobre sociedades. Solo tributa el 5% restante, lo que, con un tipo del 25%, supone una tributación efectiva del 1,25%. Un supuesto similar es el que ha llegado al Supremo. El conflicto se originó en 2006, cuando una empresaria, su marido y sus hijas constituyeron una holding a la que aportaron participaciones de distintas compañías familiares por un valor superior a 50 millones de euros. La operación se acogió al régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, conocido como régimen FEAC, que permite diferir la tributación cuando las participaciones se aportan a otra sociedad sin que exista una transmisión efectiva mediante una venta. En este tipo de operaciones, las acciones pueden haber incrementado considerablemente su valor desde el momento de su adquisición, pero mientras esa revalorización no se materialice mediante una venta, el régimen permite aplazar la tributación de la correspondiente plusvalía. La Agencia Tributaria entendió, sin embargo, que la reorganización carecía de motivos económicos válidos y que su finalidad era obtener una ventaja fiscal. Por este motivo, retiró íntegramente la aplicación del régimen FEAC y exigió a la empresaria tributar en el IRPF por las plusvalías acumuladas en sus participaciones. La Audiencia Nacional avaló posteriormente la actuación de Hacienda. Ahora, el Tribunal Supremo corrige este planteamiento y establece que la lucha contra el fraude o el abuso fiscal debe respetar el principio de proporcionalidad. Por tanto, cuando la Administración detecte una ventaja fiscal indebida, deberá actuar sobre esa ventaja concreta, pero no puede anular de manera automática todos los efectos fiscales de una operación de reorganización. La diferencia tiene importantes consecuencias. Si la ventaja considerada abusiva se encuentra, por ejemplo, en la tributación reducida de los dividendos percibidos por la holding, Hacienda podrá actuar sobre ese beneficio. Pero, según el criterio fijado por el Supremo, ello no permite retirar automáticamente el régimen FEAC y obligar al socio a tributar en su IRPF por todas las plusvalías acumuladas en el momento de aportar sus participaciones. Ángel Sáez, socio director de Ros Petit, considera que precisamente ahí se encuentra una de las claves de la sentencia. A su juicio, la eventual ventaja fiscal está en la sociedad holding, que puede recibir dividendos con una tributación efectiva del 1,25%, y no necesariamente en el socio que aportó sus participaciones. Por ello, entiende que no sería correcto hacer tributar a este último en su IRPF a medida que la sociedad vaya percibiendo esos dividendos. Si existe un abuso, sostiene, la respuesta debe dirigirse contra la ventaja concreta y no contra el conjunto de la reorganización. El Supremo añade además que el mero diferimiento de la tributación no puede considerarse por sí mismo una ventaja fiscal abusiva. Para eliminarlo, Hacienda tendría que acreditar que obtener ese aplazamiento constituía el objetivo principal de la operación. En este caso, el tribunal considera que la Agencia Tributaria no consiguió demostrarlo. Como consecuencia, el Supremo anula la liquidación practicada y reconoce a la contribuyente el derecho a recuperar las cantidades abonadas indebidamente, junto con los intereses correspondientes. La sentencia puede tener especial relevancia para las operaciones de aportación de participaciones a holdings familiares acogidas al régimen FEAC, que en los últimos años han sido objeto de numerosas inspecciones. Según Sáez, en muchos procedimientos Hacienda había exigido al socio tributar en el IRPF por el conjunto de la operación. El nuevo criterio del Supremo limita esta actuación, salvo que la Inspección consiga acreditar, mediante una prueba suficiente y reforzada, que la obtención de la ventaja fiscal constituía realmente la finalidad perseguida. Este pronunciamiento también podría obligar a los Tribunales Económico-Administrativos a revisar el criterio que venían aplicando en este tipo de operaciones.

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(El País, 09-09-2026) | Fiscal

El Gobierno amplía el margen de las comunidades para invertir su superávit

El Ministerio de Hacienda permitirá a las comunidades autónomas utilizar durante los próximos ejercicios el superávit presupuestario acumulado en 2025 para financiar determinadas inversiones. La medida supone una mayor flexibilidad para los territorios con las cuentas más saneadas y se produce pocos días después de que la mayoría de las autonomías rechazara la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha presentado esta decisión como una nueva muestra del respaldo del Ejecutivo de Pedro Sánchez a las finanzas regionales. Según ha explicado tras el Consejo de Ministros, las comunidades podrán destinar durante lo que queda de 2026 y a lo largo de 2027 los ahorros obtenidos en 2025 a las denominadas inversiones financieramente sostenibles, entre ellas proyectos relacionados con la vivienda social y asequible. La medida beneficiará inicialmente a ocho comunidades que cerraron 2025 con superávit: Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia. En conjunto, Hacienda calcula que estos territorios podrían movilizar cerca de 4.000 millones de euros en inversiones. Las inversiones financieramente sostenibles son actuaciones capaces de generar efectos positivos sobre la economía y que tradicionalmente se han utilizado principalmente por las entidades locales. Las comunidades autónomas también pueden recurrir a esta fórmula, aunque hasta ahora debían destinar primero sus remanentes a reducir la deuda pendiente antes de poder invertirlos. El Gobierno ha introducido ahora una excepción para las autonomías con una posición financiera especialmente sólida. Asturias, Canarias, Navarra y País Vasco, que al cierre de 2025 presentaban una deuda inferior al 12,4% de su PIB, podrán utilizar directamente sus remanentes para financiar estas inversiones sin tener que amortizar previamente deuda, flexibilizando así la aplicación de las reglas presupuestarias. Hacienda ya había permitido el pasado año que las comunidades utilizaran el superávit generado en 2024 para este tipo de actuaciones, pero la nueva regulación amplía ahora esa posibilidad. Además, el gasto destinado a estas inversiones no computará a efectos de la regla de gasto. Arcadi España ha defendido que esta política forma parte del esfuerzo realizado por el Gobierno para reforzar la suficiencia financiera de las autonomías. Durante su comparecencia, ha recordado medidas adoptadas en los últimos años, como la compensación de las liquidaciones negativas generadas durante la pandemia y el incremento de los recursos procedentes del sistema de financiación. El ministro también ha aprovechado para reclamar responsabilidad a los gobiernos autonómicos ante la reforma del modelo de financiación planteada por el Ejecutivo. La propuesta, según Hacienda, permitiría incorporar más de 21.000 millones de euros adicionales al sistema. La iniciativa llega después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el pasado viernes, en la que el nuevo modelo recibió únicamente el respaldo de Cataluña y Canarias. El resto de comunidades votó en contra, incluidas las gobernadas por el PSOE y las del PP, que son mayoría. Los gobiernos autonómicos críticos con la reforma cuestionan especialmente que el nuevo sistema haya sido acordado mediante una negociación bilateral entre el PSOE y ERC y reclaman que cualquier modificación de la financiación autonómica se negocie de forma multilateral entre el conjunto de los territorios.

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(La Vanguardia, 07-09-2026) | Fiscal

Hacienda y las transferencias de boda: qué poner en el concepto para evitar problemas

La transferencia bancaria puede llegar al móvil de los novios incluso antes de que comience el banquete. En el concepto puede aparecer simplemente "regalo", una broma privada, el nombre de la pareja o, en ocasiones, no figurar ninguna referencia. Para los invitados se trata de una forma rápida y cómoda de hacer llegar el regalo, pero para quienes reciben el dinero ese pequeño detalle puede adquirir importancia si en el futuro tienen que justificar ante Hacienda el origen de esos ingresos. La cuestión no se limita a determinar si el dinero recibido en una boda puede tener la consideración de donación. También resulta relevante poder acreditar que esas cantidades proceden realmente de regalos realizados por los invitados. Para ello, tanto el concepto de la transferencia como los justificantes bancarios y la documentación relacionada con el enlace pueden desempeñar un papel importante. Las transferencias dejan un registro documental de los movimientos de dinero. Si la Agencia Tributaria decide revisar las operaciones de una cuenta, los ingresos recibidos por los recién casados podrían ser objeto de comprobación. En ese escenario, no solo importa que el dinero haya llegado a la cuenta, sino que exista una relación razonable entre las cantidades recibidas, la celebración de la boda y las personas que realizaron los pagos. Patricia Ebrat, abogada de Ebrat Advocats, recomienda conservar los comprobantes de las transferencias y los extractos bancarios. También considera conveniente que, siempre que sea posible, el concepto indique de manera expresa que se trata de un regalo de boda. Una referencia al enlace, al nombre de los novios o al motivo del ingreso puede facilitar posteriormente la identificación de la operación. Joana Marín, directora y abogada del Bufete Marín Fonseca, coincide en la importancia de poder justificar adecuadamente cualquier incremento patrimonial. En el caso de una boda, esta acreditación puede apoyarse tanto en los movimientos bancarios como en otros documentos relacionados con la celebración. Entre ellos pueden encontrarse las propias invitaciones o la lista de invitados. Según Ebrat, conservar esta documentación puede ayudar a demostrar que las cantidades ingresadas corresponden efectivamente a regalos realizados con motivo del enlace y no a otro tipo de ingresos. Esta precaución cobra especial relevancia cuando los novios reciben numerosas transferencias durante un periodo corto, especialmente si los conceptos utilizados son poco claros o las cantidades presentan importes similares. Disponer de los justificantes bancarios y de una relación de los invitados permite reconstruir con mayor facilidad el origen de cada movimiento y relacionarlo con la celebración. Marín recomienda además guardar facturas y contratos vinculados a los regalos o a los servicios contratados para la boda. El objetivo es disponer de documentación suficiente para explicar cualquier aumento patrimonial en caso de que la Administración solicite información dentro del correspondiente plazo de comprobación. El principal problema aparece cuando no existe una explicación suficientemente acreditada sobre el origen de determinadas cantidades. Si Hacienda detecta movimientos relevantes y los contribuyentes no pueden justificar de dónde procede el dinero, esas cantidades podrían ser objeto de una comprobación y recibir una consideración fiscal diferente a la de un simple regalo de boda. Marín advierte de que, cuando no se consigue justificar un incremento patrimonial, este puede llegar a calificarse como una ganancia patrimonial no justificada. En ese supuesto, los contribuyentes podrían tener que incorporarlo a su declaración de la renta, con las consecuencias fiscales correspondientes. Ebrat señala que las comprobaciones suelen prestar especial atención a operaciones de mayor importe o a aquellas que presentan determinados indicios de riesgo fiscal. Por ello, aunque la existencia de un regalo de boda no implique por sí misma un problema, contar con documentación que permita demostrar el origen de los fondos facilita la respuesta ante una eventual solicitud de información por parte de Hacienda. Una medida sencilla consiste en evitar conceptos demasiado genéricos, bromas privadas o referencias que no permitan identificar el motivo de la transferencia. Expresiones como "regalo boda", "regalo enlace" o el nombre de los novios pueden aportar contexto al movimiento bancario. En cualquier caso, el concepto de la transferencia no constituye por sí solo una prueba definitiva. Los justificantes bancarios, los extractos de cuenta y la documentación relacionada con la celebración son los elementos que, conjuntamente, pueden ayudar a demostrar que las cantidades recibidas proceden de los invitados y están vinculadas al enlace.

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(El Periódico, 07-09-2026) | Fiscal

Hacienda garantiza el quorum para llevar la reforma de la financiación al Congreso tras fracasar el boicot de Madrid

El Gobierno ha superado el primer obstáculo para sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica. El Consejo de Política Fiscal y Financiera dio ayer su respaldo a la propuesta elaborada por el Ministerio de Hacienda y pactada inicialmente con ERC, cuyo origen se encuentra en el acuerdo que permitió la investidura de Salvador Illa en Catalunya. El actual sistema lleva vigente desde 2009 y acumula ya doce años de prórroga, en un contexto económico y demográfico muy diferente al de entonces. El siguiente paso será mucho más complicado: la tramitación en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo necesitará negociar con Junts para intentar reunir los apoyos necesarios. La reforma plantea incrementar en 21.000 millones de euros los recursos destinados a las comunidades autónomas, aunque deja fuera una de las principales reivindicaciones de Catalunya: la cesión completa del IRPF, una posibilidad que Hacienda no contempla. El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió tras la reunión la aprobación de una propuesta inicialmente impulsada por María Jesús Montero y señaló que deberá ser ratificada por el Consejo de Ministros en las próximas semanas antes de llegar al Parlamento. España calificó el acuerdo como positivo para el país y para la financiación de los servicios públicos y apeló a buscar un equilibrio en el reparto de los recursos. Su objetivo es que el nuevo sistema pueda comenzar a aplicarse el 1 de enero de 2027. La votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se desarrolló, en buena medida, según las previsiones. La propuesta recibió el respaldo de Catalunya y Canarias, esta última gobernada por Coalición Canaria y con el PP en el Ejecutivo de coalición, aunque su consejera de Hacienda no asistió al encuentro. Hacienda controla la mitad de los votos del órgano de coordinación financiera, por lo que la aprobación de su propuesta estaba garantizada. Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazaron el modelo, pese a que la reforma contempla un aumento de recursos para el conjunto de los territorios. Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Murcia y La Rioja votaron en contra. También lo hicieron Ceuta y Melilla. Madrid, que había pedido que se boicoteara la reunión, no acudió y dejó vacante su representación. Las comunidades populares justificaron su rechazo argumentando que el modelo había sido negociado previamente con ERC y que, por tanto, se trataba de una reforma impuesta al resto de territorios. Desde Hacienda respondieron recordando que el PP también alcanzó en el pasado acuerdos económicos relevantes con la antigua CiU de Jordi Pujol. La oposición al proyecto no se limitó a las autonomías gobernadas por el PP. Castilla-La Mancha y Asturias, ambas presididas por dirigentes socialistas, también votaron en contra de la propuesta planteada por el Gobierno. En conjunto, el modelo fue rechazado por el 87% de los territorios representados. La Generalitat, en cambio, valoró muy positivamente el resultado. La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, destacó la satisfacción de Catalunya por el avance hacia un nuevo sistema de financiación que, según defendió, llevaba años reclamando. El nuevo modelo supondría para las finanzas catalanas una aportación adicional cercana a los 4.700 millones de euros, recursos que permitirían reforzar la financiación de los servicios públicos. Arcadi España cuestionó que algunas comunidades con problemas reconocidos de infrafinanciación, como la Comunidad Valenciana o Murcia, hubieran votado contra la reforma. Uno de los objetivos de Hacienda era precisamente conseguir que el bloque autonómico del PP se dividiera, algo que finalmente no ocurrió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro también criticó algunas de las alternativas planteadas por las comunidades populares porque, a su juicio, podían beneficiar a unos territorios en detrimento de otros. Como ejemplo citó una propuesta de Andalucía sobre el cálculo de la población ajustada, que incorpora factores como la despoblación o el envejecimiento y que, según Hacienda, habría perjudicado a Castilla y León. El proyecto afronta ahora su principal prueba con la negociación parlamentaria y, especialmente, con Junts. La formación de Carles Puigdemont reclama avanzar hacia un modelo de concierto económico para Catalunya. Su portavoz económico en el Congreso, Josep Maria Cruset, ya anticipó que Junts presentará una enmienda a la totalidad cuando la reforma llegue a la Cámara. A su juicio, la propuesta de Hacienda confirma que no habrá una financiación singular ni capacidad de Catalunya para controlar sus recursos fiscales y supone mantener el principio de un modelo común para todas las comunidades. Junts ya ha negociado anteriormente con Hacienda acuerdos relevantes, entre ellos el paquete fiscal de diciembre de 2024, que se desbloqueó tras las conversaciones entre Puigdemont y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la relación entre ambas partes atraviesa actualmente un momento más complicado. Hacienda tampoco contempla entregar a Catalunya la gestión integral del IRPF. Arcadi España rechazó expresamente esa posibilidad y defendió, en cambio, un sistema de gestión compartida y coordinada del impuesto. El ministro sí mostró disposición a estudiar las enmiendas que puedan presentar los grupos durante la tramitación parlamentaria. El actual sistema de financiación autonómica fue aprobado en 2009 sin ningún voto en contra. En aquel momento, el Gobierno estaba presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y Elena Salgado ocupaba la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Economía y Hacienda. En Catalunya, el conseller de Economía era Antoni Castells. El Ejecutivo consiguió entonces el respaldo de las comunidades gobernadas por el PSOE, además de Cantabria, gobernada conjuntamente por PRC y PSOE, y Canarias, en manos de CC y PP. Las comunidades gobernadas por el PP optaron por abstenerse siguiendo las instrucciones del entonces presidente del partido y líder de la oposición, Mariano Rajoy. Desde entonces, el modelo ha permanecido vigente pese a que su periodo de aplicación terminó hace doce años.

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(El Mundo, 07-09-2026) | Fiscal

El Gobierno propone a la UE más impuestos al petróleo y al gas en plena escalada de precios

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende elevar la presión fiscal sobre el sector energético y ha planteado ante la Unión Europea la creación de un impuesto sobre los beneficios de las compañías petroleras y gasistas. El objetivo sería destinar la recaudación a financiar medidas de adaptación y protección frente al cambio climático, en un contexto marcado por la sequía y los graves incendios forestales que afectan a distintos puntos de Europa. La propuesta llega, además, en un momento de fuerte incremento de los precios energéticos y con los carburantes en niveles máximos. La iniciativa aparece recogida en un documento elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, y remitido al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra. El Ejecutivo español plantea la creación de un Fondo Europeo para la Adaptación al Cambio Climático, que contaría con nuevos recursos financieros. Entre las vías para dotarlo de fondos figura un gravamen europeo sobre los beneficios obtenidos por las empresas de los sectores del petróleo y el gas, denominado por España impuesto para la Resiliencia Climática. La propuesta se plantea, sin embargo, en plena escalada de los precios energéticos provocada por la situación en Oriente Medio. El gas TTF neerlandés, principal referencia para el mercado europeo, ha superado los 73 euros por megavatio hora, su precio más elevado en más de tres años. El coste del gas en Europa duplica actualmente el registrado hace un año y el que existía antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, cuando se situaba en torno a los 32 euros por MWh. Aun así, permanece muy por debajo de los casi 340 euros por MWh alcanzados en agosto de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. El mercado petrolero también refleja el aumento de la tensión geopolítica. El Brent para entrega en noviembre, referencia en Europa, continúa por encima de los 95 dólares por barril y se aproxima a los 100 dólares, mientras persisten los ataques cruzados en Oriente Próximo y el estrecho de Ormuz no se considera todavía una vía de navegación plenamente segura. Con estos niveles, el Brent acumula una subida del 54,6% respecto a los 61,92 dólares con los que terminó 2025. El año pasado el crudo había bajado un 17%, después de las caídas del 3% en 2024 y del 6% en 2023. En 2022, coincidiendo con el inicio de la guerra en Ucrania, había aumentado un 5%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, ronda los 92 dólares por barril y durante la jornada ha llegado a superar los 93 dólares. La evolución del petróleo se está trasladando directamente al precio que pagan los consumidores por los carburantes. La gasolina y el diésel acumulan ya nueve semanas consecutivas de incrementos y se han encarecido un 24% desde la aplicación de las rebajas del IVA al 10% a comienzos del pasado julio. Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, los precios se encuentran actualmente en máximos desde la tercera semana de marzo. Llenar un depósito de diésel cuesta ahora unos 102,57 euros, frente a los 77,44 euros de hace un año, lo que supone un aumento de aproximadamente 25 euros. En el caso de la gasolina, un depósito medio de 55 litros requiere actualmente un desembolso de unos 95,26 euros, casi 14 euros más que los 81,29 euros registrados un año antes. En este escenario, el Ministerio para la Transición Ecológica defiende que la nueva fiscalidad serviría para proporcionar recursos al desarrollo de una estrategia europea más amplia frente a los riesgos climáticos. El planteamiento incluye anticipar y evaluar mejor estas amenazas, incorporar criterios de resiliencia climática en la planificación y en las decisiones de inversión, reforzar los mecanismos de respuesta ante emergencias y garantizar la financiación necesaria para acelerar las medidas de adaptación en el conjunto de la Unión Europea. España también propone estudiar nuevos mecanismos de financiación europeos, incluidos instrumentos de deuda comunes. El Ministerio considera necesario que Europa disponga de una evaluación científica y compartida de los riesgos climáticos y plantea que estos análisis se realicen cada cinco años tanto a escala europea como nacional y regional. El documento contempla además la creación de nuevos instrumentos financieros comunes, entre ellos un sistema europeo de reaseguro público-privado destinado a afrontar las pérdidas ocasionadas por fenómenos meteorológicos extremos y otros acontecimientos relacionados con el clima. Una de las posibilidades planteadas sería financiar este mecanismo mediante la emisión de bonos vinculados al riesgo climático. La propuesta española defiende igualmente que la resiliencia frente al cambio climático quede plenamente integrada en la arquitectura financiera de la Unión Europea y que se incorporen criterios específicos en el diseño del Marco Financiero Plurianual. En esta línea, España considera que el sector financiero europeo debe continuar incorporando los riesgos climáticos en sus programas de inversión, en la concesión de créditos y en las pólizas de seguros. Para ello, el Ministerio reclama la puesta en marcha de un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático que cuente con nuevas fuentes de financiación, entre ellas el impuesto europeo sobre los beneficios de las empresas petroleras y gasistas que el Gobierno español ha bautizado como impuesto para la Resiliencia Climática.

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(La Razón, 07-09-2026) | Fiscal

Hacienda endurece el control sobre ingresos y retiradas de efectivo

Hay determinadas operaciones bancarias que, aunque sean completamente legales, pueden llamar la atención de la Agencia Tributaria si no se realizan o justifican adecuadamente. En los últimos años, Hacienda ha reforzado la vigilancia sobre los movimientos de efectivo para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, aumentando el control sobre las operaciones realizadas tanto por particulares como por empresas. Las entidades financieras tienen la obligación de comunicar a Hacienda determinadas operaciones, entre ellas los ingresos o retiradas de efectivo superiores a 3.000 euros y las transacciones en las que intervengan billetes de 500 euros, independientemente de la cuantía total de la operación. Esta comunicación no significa que exista una irregularidad ni que el movimiento sea ilegal, pero puede provocar que la Agencia Tributaria solicite al titular información que permita acreditar el origen del dinero. En cuanto al transporte de efectivo, también existen límites que obligan a realizar una declaración. Dentro de España, cualquier persona que traslade más de 100.000 euros en efectivo debe presentar el modelo S1. Si se entra o sale del territorio nacional con 10.000 euros o más, también es obligatorio efectuar esta declaración, incluso cuando el desplazamiento se produzca dentro de la Unión Europea. La ausencia de controles fronterizos internos no elimina esta obligación. No cumplir estas exigencias puede dar lugar a importantes sanciones económicas, especialmente cuando se manejan cantidades elevadas o existen indicios que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales. Las multas pueden derivarse tanto de la falta de presentación de las declaraciones obligatorias como de la existencia de operaciones cuyo origen no pueda justificarse adecuadamente. Las sanciones se calculan en función de la cantidad de dinero que no haya sido declarada. En determinados supuestos, la multa puede alcanzar hasta el 150% del importe omitido. Así, un traslado de 100.000 euros sin presentar el modelo S1 cuando era obligatorio podría llegar a generar una sanción de hasta 150.000 euros. Además, las autoridades pueden retener temporalmente el efectivo hasta que se acredite su procedencia. Las consecuencias pueden ser todavía mayores cuando la Administración detecta indicios de ocultación, información falsa o ausencia de explicaciones suficientes sobre el origen del dinero. En estas situaciones, además de la sanción económica, las autoridades pueden intervenir o inmovilizar los fondos mientras investigan la operación y reclaman documentación adicional. Por este motivo, los expertos aconsejan cumplir siempre con las obligaciones de declaración cuando se superen los límites establecidos. El hecho de que una entidad bancaria permita realizar determinadas retiradas de efectivo, incluso por importes próximos a 3.000 euros, no significa que esas operaciones queden fuera de los sistemas de control. Una sucesión habitual de retiradas o ingresos de cantidades importantes puede generar alertas en los mecanismos de prevención del fraude y provocar que Hacienda solicite explicaciones sobre el origen y destino de los fondos.

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(Expansión, 04-09-2026) | Fiscal

Madrid planta a Hacienda y no acudirá a la votación de la reforma de la financiación autonómica

La Comunidad de Madrid ha decidido no participar mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que está previsto someter a votación el nuevo modelo de financiación autonómica. El Gobierno regional también ha instado al resto de comunidades gobernadas por el PP a adoptar la misma posición, con el objetivo de impedir que se alcance el quórum necesario para celebrar la reunión. La decisión se ha comunicado después de la reunión técnica celebrada previamente para analizar la propuesta de reforma. Desde el Ejecutivo madrileño califican el encuentro de "frustrante" y aseguran que las comunidades plantearon distintas alternativas, incluida la petición de retrasar un mes la votación para intentar acercar posiciones, pero que el Ministerio de Hacienda rechazó todas ellas. Según la Comunidad de Madrid, el nuevo sistema ha sido acordado "de manera bilateral" entre los Gobiernos de España y Cataluña, sin contar con el resto de territorios. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que la ausencia de todas las autonomías gobernadas por el PP sería la única vía para impedir que la reforma salga adelante en el CPFF y denuncia que el modelo supone una ruptura de la igualdad entre los ciudadanos de las distintas comunidades. El Ministerio de Hacienda, por su parte, ha respondido acusando al Gobierno madrileño de "gamberrismo institucional" y ha defendido su disposición a dialogar con todos los territorios y grupos parlamentarios. Hacienda recuerda además que la decisión definitiva sobre el modelo de financiación corresponde al Congreso de los Diputados y sostiene que todas las comunidades de régimen común habían confirmado inicialmente su asistencia al Consejo. Desde el departamento que dirige Arcadi España aseguran también que la reunión técnica se desarrolló con normalidad y que ninguna autonomía había comunicado previamente su intención de no acudir. Por su parte, El portavoz del Consell valenciano, Miguel Barrachina, ha asegurado que la Comunidad Valenciana volverá a decir que 'no' mañana viernes al nuevo modelo de financiación propuesto por el ejecutivo central en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) después de que haya rechazado su propuesta. "No ha logrado complacer más que a una comunidad autónoma", ha manifestado. En estos términos se ha expresado Barrachina, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, recogida por Europa Press, donde ha sostenido que el ejecutivo valenciano ha llevado a cabo "una serie de alegaciones" que han sido rechazadas y, por lo tanto, ha reafirmado la negativa del Consell a la propuesta del Gobierno.

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