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(Cinco Días, 18-06-2026) | Fiscal

El Gobierno ultima el nuevo decreto con ayudas para paliar el impacto de la guerra en Irán

El inminente final de la guerra en Irán no supondrá el fin de las medidas de apoyo económico desplegadas para mitigar sus consecuencias. El Gobierno ya trabaja en una nueva prórroga y ampliación del escudo anticrisis, cuya aprobación está prevista para el último Consejo de Ministros de junio. Así lo confirmó este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció la próxima aprobación de un real decreto ley destinado a proteger tanto al tejido productivo como a los ciudadanos frente a los efectos económicos derivados del conflicto. La futura norma no se limitará a atender las necesidades de los sectores más directamente afectados por la guerra. Aunque actividades como la agroalimentaria o la industrial han sufrido especialmente el encarecimiento de los fertilizantes, la energía y los costes logísticos, el Ejecutivo pretende articular una respuesta de mayor alcance para amortiguar el impacto sobre el conjunto de la economía. Pese a los avances diplomáticos que apuntan a la firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán este viernes en Ginebra, el Gobierno ha mantenido intacta su agenda de contactos con los sectores económicos más expuestos. Durante los últimos días, el Ministerio de Economía ha intensificado las reuniones con representantes empresariales para evaluar las consecuencias del conflicto y recabar propuestas de cara al diseño del nuevo paquete de medidas. El lunes, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, mantuvieron un encuentro con operadores del sector gasista y petrolero. Un día después, Cuerpo se reunió con representantes de la automoción, la industria de componentes, las empresas intensivas en consumo energético, los fabricantes de materiales de construcción, siderúrgicas, compañías papeleras y farmacéuticas, acompañado por el ministro de Industria, Jordi Hereu. Este miércoles el diálogo continúa con el sector agroalimentario, en una reunión en la que también participa el ministro de Agricultura, Luis Planas. La ronda de contactos comenzó formalmente el pasado 10 de junio, después de que el Ejecutivo planteara a los agentes sociales la conveniencia de extender las medidas extraordinarias de apoyo económico. El objetivo es evaluar tanto el alcance de los daños provocados por la guerra como la eficacia de las ayudas actualmente vigentes, con la intención de corregir posibles deficiencias y adaptar mejor las nuevas iniciativas a las necesidades reales de cada sector. Las organizaciones empresariales ya han trasladado algunas de sus principales demandas. La industria alimentaria solicita ayudas directas y la suspensión temporal del impuesto sobre los envases de plástico. Por su parte, las empresas de transporte y logística reclaman prolongar durante varios meses las compensaciones actualmente en vigor y denuncian retrasos en el cobro de determinadas ayudas, circunstancia que está obligando a algunas compañías a recurrir a financiación externa para mantener su actividad. Por el momento, el Ministerio de Economía evita concretar el contenido definitivo del nuevo decreto y se limita a señalar que la prioridad es completar primero la ronda de consultas. Lo que sí está fijado es el calendario: el texto será aprobado previsiblemente el 29 de junio, justo antes de que expiren buena parte de las medidas vigentes el día 30. Aunque el acuerdo de paz está favoreciendo una rápida corrección de los precios energéticos, el Ejecutivo considera que los efectos económicos del conflicto seguirán presentes durante los próximos meses. Los precios del petróleo, el gas natural y los fertilizantes han comenzado a descender con fuerza, pero la recuperación de la normalidad en los mercados internacionales todavía requerirá tiempo. Esta situación podría reflejarse en la evolución de la inflación. Diversos analistas prevén que el índice de precios al consumo se acerque al 4% durante el verano si desaparecen las ayudas a los carburantes, frente al 3,2% registrado en mayo. Según el Gobierno, las rebajas fiscales aplicadas en los últimos meses han contribuido a reducir la inflación en más de un punto porcentual, ayudando además a que España mantenga algunos de los precios de gasolina y diésel más bajos de Europa. A medio plazo, sin embargo, las perspectivas son más favorables. La Agencia Internacional de la Energía considera que el acuerdo de paz podría favorecer una situación de exceso de oferta de petróleo durante el próximo año. Si el crecimiento de la producción supera al de la demanda mundial, los precios energéticos podrían continuar descendiendo, consolidando un escenario más benigno para consumidores y empresas. Actualmente, el barril de petróleo cotiza en torno a los 78 dólares, muy por debajo de los aproximadamente 120 dólares que llegó a alcanzar en los momentos de mayor tensión del conflicto.

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(Expansión, 18-06-2026) | Fiscal

Madrid, las islas y las autonomías del mediterráneo sus principales motores regionales de impulso

Aunque el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto ha contribuido a rebajar la tensión en Oriente Próximo, el panorama internacional continúa marcado por la incertidumbre. Por un lado, porque la experiencia reciente demuestra que la estabilidad aún no está garantizada; por otro, porque incluso si la crisis se resuelve de forma definitiva, sus efectos seguirán notándose durante meses en los precios y en las cadenas de suministro, especialmente por los daños sufridos en infraestructuras energéticas clave de la región. En este contexto complejo, la economía española ha mostrado una notable capacidad de resistencia, apoyada principalmente en el consumo privado -favorecido por la fortaleza del mercado laboral- y en el dinamismo de las exportaciones de servicios, especialmente aquellas no vinculadas al turismo. Por ello, BBVA Research mantuvo la semana pasada su previsión de crecimiento del PIB español en el 2,4% para este año, aunque redujo en tres décimas, hasta el 2,1%, su estimación para 2027. En su Observatorio Regional, la entidad financiera analiza cómo se distribuirá este crecimiento entre comunidades autónomas. Según sus previsiones, en 2026 serán Comunidad de Madrid, los archipiélagos y las regiones mediterráneas las que lideren la expansión económica, mientras que en 2027 el protagonismo pasará a las comunidades del norte, con mayor peso industrial y exportador, hoy más afectadas por el deterioro del contexto exterior. Impulsadas por el turismo -favorecido temporalmente por el efecto refugio frente a otros destinos afectados por la crisis en Oriente Medio-, las exportaciones de servicios y el aumento del consumo de visitantes extranjeros, las economías regionales con mayor crecimiento este año serán la Comunidad Valenciana, con un avance del 3%; Madrid, con un 2,7%; Islas Baleares y Andalucía, ambas con un 2,6%; y Región de Murcia, con un 2,5%. Junto a Castilla-La Mancha, que también crecerá un 2,5% gracias al buen comportamiento del consumo privado, serán las únicas regiones que superarán la media nacional. La Comunidad Valenciana seguirá beneficiándose este año del impulso generado por las medidas de apoyo tras la dana, especialmente en el sector de la construcción. No obstante, este efecto perderá fuerza de cara a 2027, cuando su crecimiento se moderará hasta el 1,9%, por debajo del promedio nacional. Aun así, el turismo y el buen comportamiento de las exportaciones no turísticas seguirán sosteniendo su actividad. Madrid, por su parte, continuará creciendo por encima de la media nacional tanto este año como el próximo, aunque también experimentará una desaceleración. Entre sus principales fortalezas destacan la solidez de su sector servicios -especialmente en actividades de alto valor añadido-, su capacidad de atraer turismo y la resistencia del consumo interno pese al repunte inflacionario. Además, el aumento previsto del gasto en defensa podría generar nuevas oportunidades para determinadas empresas españolas. Según el informe, regiones como País Vasco, Madrid, Asturias, Navarra y Galicia podrían verse especialmente beneficiadas por esta inversión, debido al peso de sectores vinculados directa o indirectamente a la industria militar. En línea con la media nacional crecerán también Islas Canarias, gracias al turismo, aunque con señales de moderación, y Cataluña, impulsada por la fortaleza de sus exportaciones de servicios y su atractivo turístico. Cataluña, además, figura entre las comunidades mejor posicionadas para beneficiarse de recientes acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea, como el alcanzado con Mercosur. En el extremo opuesto, el informe sitúa a Navarra y La Rioja como las comunidades con menor crecimiento en 2026, ambas con un avance del 1,8%. Les siguen de cerca País Vasco y Asturias, con un aumento del PIB del 1,9%. Estas regiones son más vulnerables al impacto de la inestabilidad internacional, ya que su mayor exposición industrial y exportadora las hace especialmente sensibles al encarecimiento de la energía y a las disrupciones comerciales. De cara a 2027, si la desescalada en Oriente Próximo logra consolidarse y con ello se normalizan los precios energéticos y las cadenas globales de suministro, las comunidades del norte podrían recuperar protagonismo. En ese escenario, destacarían los crecimientos del 2,4% en País Vasco y Navarra, así como del 2,3% en Cataluña, Aragon y Galicia. Madrid, por su parte, avanzaría un 2,2%, ligeramente por encima del crecimiento previsto para el conjunto de España.

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(Expansión, 18-06-2026) | Fiscal

Verifactu nace obsoleto: las empresas deberán volver a adaptarse antes de 2030

Los asesores fiscales alertan de la falta de una estrategia coordinada en la implantación de las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Antifraude y de la futura factura electrónica obligatoria. A su juicio, la normativa impulsada por el Ministerio de Hacienda podría quedar desfasada antes de lo previsto, ya que Spain deberá adaptar su legislación a la Directiva europea ViDA antes de 2030. Tras dos aplazamientos, las empresas deberán cumplir con las nuevas exigencias de la Ley Antifraude a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos dispondrán hasta el 1 de julio de ese mismo año. Una de las principales novedades será la obligación de utilizar Verifactu, el sistema de verificación de facturas de la Agencia Tributaria, mediante el cual las compañías tendrán que remitir sus facturas al Fisco para reforzar el control tributario. Sin embargo, desde la Asociación Española de Asesores Fiscales advierten de que estas obligaciones podrían tener una vida útil limitada. La razón es que la transposición de la Directiva ViDA obligará a revisar el reglamento actual, forzando a muchas empresas a realizar una nueva adaptación tecnológica poco después de haber invertido en adecuar sus sistemas de facturación a las exigencias actuales. El Consejo de Ministros aprobó recientemente el anteproyecto para la transposición parcial de esta directiva europea, cuyo objetivo es modernizar el sistema del IVA comunitario y ajustarlo a un entorno cada vez más digitalizado. Fernando Matesanz, coordinador del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la AEDAF, cuestiona la conveniencia de implantar ahora medidas como Verifactu y la factura electrónica obligatoria sin haberlas alineado previamente con el marco comunitario que será de obligado cumplimiento en 2030. Según su valoración, esta situación está provocando que España quede desacompasada respecto a otros países de la European Union, donde ya se están desarrollando normativas más adaptadas al futuro modelo europeo. En el caso concreto de Verifactu, los asesores consideran que varios aspectos deberán revisarse. Uno de ellos es que la Ley Antifraude se centra exclusivamente en las facturas emitidas, dejando fuera de forma equivalente el tratamiento de las facturas recibidas, algo que previsiblemente cambiará con la normativa comunitaria. También genera dudas la coexistencia de Verifactu con el Suministro Inmediato de Información (SII), ya que ambos sistemas cubren en gran medida operaciones similares. Desde la AEDAF consideran probable que, a partir de 2030, solo uno de los dos mecanismos termine manteniéndose. Por otro lado, la Ley Crea y Crece, que regula la factura electrónica obligatoria, también podría verse modificada. La Directiva ViDA prevé extender la facturación electrónica a todas las operaciones intracomunitarias, una exigencia que la regulación española actual todavía no contempla. Albert Folguera, integrante del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la AEDAF, critica además la dualidad del sistema español frente a modelos más centralizados como el de Italy, donde todas las facturas electrónicas se remiten directamente a la Administración tributaria sin excepciones. Ante este escenario, los asesores fiscales reclaman una hoja de ruta clara que permita ordenar la convergencia entre el sistema español de facturación y las futuras exigencias europeas. Su objetivo es avanzar hacia un modelo único y coherente desde el principio, evitando cambios regulatorios sucesivos que obliguen a empresas y autónomos a asumir nuevos costes de adaptación en pocos años.

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(El País, 18-06-2026) | Fiscal

Canarias, Castilla La Mancha, Asturias y Cataluña, las cuatro únicas autonomías que acuden a la cita con Hacienda para la reforma de financiación

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular están cumpliendo su advertencia y no acudirán a las reuniones bilaterales convocadas por el Ministerio de Hacienda para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. El departamento que dirige Arcadi España arrancará este jueves la ronda de contactos para presentar su propuesta, aunque lo hará, si nada cambia, solo con cuatro autonomías. Canarias será la primera en sentarse a la mesa este jueves, mientras que la próxima semana será el turno de Castilla-La Mancha y Asturias. En el caso de Cataluña todavía no hay fecha prevista, aunque se da por hecho un entendimiento favorable, dado que el modelo se consensuó inicialmente con la Generalitat. El resto de comunidades, todas gobernadas por el PP, han rechazado acudir a estas citas individuales al considerar que una reforma de este alcance debe negociarse exclusivamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde están representadas todas las comunidades de régimen común. El Gobierno se enfrenta así a un primer obstáculo en su intento de abrir la negociación de un sistema que lleva más de una década pendiente de reforma. El actual modelo está vigente desde 2009 y tanto el Ejecutivo central como la mayoría de las comunidades coinciden en que ha quedado desfasado y requiere actualización. Sin embargo, las discrepancias sobre el método de negociación han surgido incluso antes del inicio formal de las conversaciones. Las comunidades del PP sostienen, por un lado, que el modelo planteado por el Gobierno se ha diseñado en función de las necesidades de Cataluña, con quien se pactó inicialmente. Por otro, insisten en que cualquier decisión debe abordarse únicamente en el CPFF. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se reunió esta semana con Arcadi España, aunque el dirigente autonómico dejó claro que la financiación autonómica no estaba incluida en el orden del día. Hacienda, sin embargo, defiende que las reuniones bilaterales forman parte de un proceso que no excluye la negociación multilateral. De hecho, Arcadi España recordó recientemente en el Congreso que ya se han celebrado encuentros en el seno del CPFF y que, una vez concluida esta ronda de contactos individuales, el ministerio volverá a convocar ese órgano para continuar la negociación con todas las comunidades. Por ello, en el Ministerio no entienden el rechazo de los gobiernos autonómicos del PP, ya que consideran que ambos formatos son complementarios y no excluyentes. Pese a que acudirán a la mesa, es previsible que tanto Canarias (donde gobiernan Coalición Canaria y el PP) como Castilla-La Mancha y Asturias (gobernadas por el PSOE) expresen críticas al modelo propuesto. Desde la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea de Canarias enmarcan la reunión como un encuentro técnico, al que "siempre" asisten. Sin embargo, en anteriores ocasiones, Canarias ha seguido la posición de las comunidades del PP, por lo que un apoyo explícito al planteamiento del Gobierno sería una sorpresa. Por su parte, Castilla-La Mancha y Asturias se han mostrado contrarias al marco general del plan del Ejecutivo y han hecho públicas sus reservas sobre distintos aspectos, aunque han decidido acudir para conocer el detalle de la propuesta y trasladar sus propias reivindicaciones. La situación es distinta en Cataluña. La Generalitat y el Gobierno central llevan meses manteniendo contactos sobre esta cuestión, ya que la propuesta que ahora presenta Hacienda tiene su origen en el acuerdo político alcanzado entre el PSOE y ERC. Esa negociación previa ha convertido a Cataluña en el territorio con el diálogo más avanzado, aunque el Gobierno insiste en que la reforma deberá extenderse al conjunto de comunidades de régimen común. Hacienda confía en que la posición de las comunidades del PP pueda cambiar a medida que avance el proceso. El ministerio defiende que la reforma supondrá una inyección cercana a 21.000 millones de euros para las comunidades autónomas, además de adaptar el modelo a la evolución demográfica y económica de los últimos 15 años para corregir los desequilibrios acumulados desde la última reforma.

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(El Confidencial, 18-06-2026) | Fiscal

Los errores legislativos cuestan 14.400 millones a las arcas públicos en juicios perdidos

Las resoluciones judiciales contrarias a las Administraciones Públicas han supuesto un importante impacto para las cuentas públicas españolas. Según la última Opinión sobre riesgos fiscales elaborada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las sentencias desfavorables han generado un coste acumulado de 14.432 millones de euros durante los dos últimos ejercicios, reflejando las consecuencias económicas derivadas de errores normativos y decisiones administrativas posteriormente corregidas por los tribunales. Lejos de remitir, este riesgo continúa presente. La AIReF advierte de que existen numerosos procedimientos aún pendientes de resolución que podrían traducirse en nuevas devoluciones multimillonarias para el Estado. Entre ellos destaca especialmente el litigio relacionado con el Impuesto sobre Hidrocarburos, cuyo impacto potencial podría alcanzar los 6.500 millones de euros, según las estimaciones recogidas en la Cuenta General del Estado elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Aunque el organismo considera improbable que se materialice el importe máximo previsto, subraya la elevada relevancia fiscal del procedimiento. A esta contingencia se suman otros asuntos ya resueltos en contra de la Administración o con una elevada probabilidad de generar nuevos costes. Es el caso del bono social eléctrico, cuya factura para las arcas públicas supera ya los 913 millones de euros y continúa aumentando a medida que se resuelven nuevos recursos. También figura entre los expedientes más significativos el relacionado con el Impuesto sobre Actividades Económicas aplicado a operadores de telefonía móvil, cuyo coste podría situarse en torno a los 1.400 millones de euros. Asimismo, el Estado ha sufrido recientemente un revés judicial en el conflicto derivado del proyecto de almacenamiento de gas Castor, tras perder un procedimiento frente a Enagás que obliga al pago de 255 millones de euros. A ello se añade la controversia relacionada con la desgravación fiscal del fondo de comercio en adquisiciones internacionales, cuyo impacto presupuestario podría hacerse especialmente visible a partir de 2026. La lista de riesgos no termina ahí. España mantiene abiertos diversos litigios vinculados a la reducción de incentivos a las energías renovables, recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional por valor de 346 millones de euros y reclamaciones relacionadas con subvenciones denegadas por el Ministerio de Industria que suman otros 129 millones. También permanece pendiente la resolución de varios procedimientos vinculados a la liquidación de concesiones de autopistas de peaje, con reclamaciones que rondan los 1.800 millones de euros. En conjunto, la AIReF considera que el volumen de procedimientos en curso representa una amenaza significativa para la estabilidad presupuestaria y exige una mayor atención por parte de las administraciones responsables. El organismo también pone el foco en una práctica habitual de las Administraciones: prolongar los litigios hasta las últimas instancias judiciales incluso en aquellos casos en los que las posibilidades de éxito son reducidas. Esta estrategia permite retrasar los pagos, pero suele incrementar notablemente la factura final debido al devengo de intereses. La AIReF destaca que actualmente no existe información suficientemente detallada que permita conocer qué parte del coste total de las sentencias corresponde precisamente a estos intereses. Entre las resoluciones que más han impactado en las cuentas públicas durante los dos últimos años sobresale la devolución del IRPF a antiguos mutualistas, que ha supuesto cerca de 6.000 millones de euros. A ello se suma la declaración de inconstitucionalidad de determinados cambios introducidos en el Impuesto sobre Sociedades en 2016, que obligó a devolver aproximadamente 3.000 millones de euros en 2024 y generó un coste adicional cercano a los 1.000 millones en 2025. Ante esta situación, la AIReF reclama al Gobierno un esfuerzo adicional en materia de transparencia sobre los procedimientos judiciales abiertos y recomienda reforzar la calidad normativa para reducir el riesgo de futuras condenas. Entre sus propuestas figura la realización de consultas previas con organismos europeos cuando se planteen reformas especialmente sensibles, así como una evaluación más exhaustiva de aquellas medidas que ya hayan sido cuestionadas o anuladas en el pasado. El organismo también considera necesario que el Ministerio de Hacienda disponga de mecanismos más ágiles para ejecutar las sentencias desfavorables y recomienda analizar con mayor rigor las probabilidades de éxito de cada litigio antes de prolongar los procedimientos judiciales. El objetivo sería corregir con rapidez las disposiciones susceptibles de ser anuladas y minimizar así el coste económico que finalmente recae sobre los contribuyentes.

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(Expansión, 17-06-2026) | Fiscal

Bruselas busca una fiscalidad para la electricidad que sean sustancialmente inferior a la del gas natural

La Unión Europea prepara una profunda transformación de su política energética y fiscal con el objetivo de abaratar la factura de la luz y acelerar la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes. La Comisión Europea trabaja en una propuesta legislativa que modificará tanto la fiscalidad energética como los costes asociados al uso de las redes eléctricas, buscando reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la competitividad de la electricidad frente al gas natural. La iniciativa llega en un contexto marcado por la inestabilidad de los mercados energéticos internacionales. Las tensiones derivadas de la guerra en Irán han vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de Europa ante las oscilaciones de los precios del petróleo y del gas, dos materias primas de las que el bloque comunitario sigue siendo altamente dependiente. Bruselas considera que esta situación refuerza la necesidad de acelerar la electrificación de actividades como el transporte, la calefacción o determinados procesos industriales. Según un borrador de la propuesta al que ha tenido acceso Reuters, la Comisión pretende que los Estados miembros apliquen una fiscalidad claramente más favorable a la electricidad que al gas natural. El objetivo es doble: reducir los costes energéticos de hogares y empresas y, al mismo tiempo, impulsar la adopción de tecnologías como los vehículos eléctricos o las bombas de calor, cuya expansión se ha visto limitada en parte por el elevado coste de la electricidad. La futura normativa permitirá que cada país mantenga cierto margen para fijar sus propios impuestos energéticos, aunque todos deberán respetar el principio general de otorgar un tratamiento fiscal preferente a la electricidad. De esta forma, Bruselas pretende crear señales económicas que favorezcan la sustitución progresiva de los combustibles fósiles. La reforma también contempla medidas dirigidas a modificar los patrones de consumo energético. En concreto, se impulsarán incentivos para que los consumidores trasladen parte de su demanda eléctrica a los momentos en los que la energía sea más abundante y económica, normalmente coincidiendo con los periodos de mayor producción renovable. Esta estrategia busca aprovechar mejor la generación procedente de fuentes solares y eólicas, reduciendo la presión sobre el sistema eléctrico y mejorando su eficiencia. Para facilitar este cambio, la Comisión plantea que al menos la mitad de los consumidores europeos dispongan de contadores inteligentes antes de 2030. Estos dispositivos permiten monitorizar el consumo en tiempo real y acceder a tarifas adaptadas a las distintas franjas horarias, ofreciendo mayores posibilidades de ahorro. La medida cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que los costes de red representan aproximadamente una cuarta parte del importe de una factura eléctrica media en la Unión Europea. Sin embargo, la tramitación política de esta reforma no estará exenta de dificultades. El texto todavía se encuentra en fase de borrador y podría experimentar modificaciones antes de su presentación definitiva. Además, para convertirse en legislación comunitaria necesitará el respaldo tanto del Parlamento Europeo como de los Estados miembros. Precisamente en el ámbito nacional comienzan a surgir las primeras resistencias. Algunos gobiernos consideran que cualquier modificación relacionada con la fiscalidad debería aprobarse por unanimidad y no mediante mayorías cualificadas. Estos países advierten de que una reforma de este tipo podría abrir la puerta a futuras injerencias en competencias que consideran exclusivas de los Estados. El núcleo de esta transformación se encuentra en la revisión de la Directiva de Fiscalidad de la Energía, una normativa que Bruselas considera desfasada respecto a los actuales objetivos climáticos. La principal novedad consistirá en abandonar el sistema que grava los combustibles en función de su volumen para sustituirlo por otro basado en su contenido energético y en el impacto ambiental que generan. Este nuevo modelo aplicará de forma más estricta el principio de que quien más contamina debe asumir una mayor carga fiscal. Como consecuencia, los combustibles fósiles soportarán impuestos más elevados, mientras que la electricidad procedente de fuentes limpias disfrutará de una tributación más reducida. Con ello, la Comisión Europea aspira a orientar las decisiones de inversión y consumo hacia alternativas más sostenibles y acelerar la descarbonización de la economía comunitaria.

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(El Economista, 17-06-2026) | Fiscal

Hacienda embargará automáticamente el dinero de cualquier cuenta "online" y en otras divisas

La Agencia Tributaria ha dado un paso más en la adaptación de sus mecanismos de recaudación a la expansión de los neobancos, las entidades de dinero electrónico y las fintech, que permiten abrir y gestionar cuentas de forma totalmente digital. A partir de ahora, Hacienda podrá embargar de manera automática los saldos que los contribuyentes deudores mantengan en este tipo de plataformas. La Dirección General de la Agencia Tributaria ha aprobado una resolución que amplía el sistema de embargo telemático, que hasta ahora se aplicaba a la banca tradicional, a cualquier proveedor de servicios de pago o entidad digital, tanto nacional como extranjera. Esto incluye cuentas en distintas divisas, en las que los usuarios pueden operar sin necesidad de convertir sus fondos a euros. Con esta medida, el fisco extiende el procedimiento automatizado a todo el ecosistema financiero digital, de forma que estas entidades recibirán diariamente las órdenes de embargo y deberán bloquear las cantidades indicadas de manera inmediata. En caso de insuficiencia de saldo, se ejecutará la retención parcial disponible. La resolución establece, no obstante, algunas limitaciones. No se practicará embargo alguno cuando el saldo sea igual o inferior a tres euros. Además, en las cuentas en las que se ingresen salarios o pensiones se respetarán los límites legales de inembargabilidad, de forma que únicamente podrá retenerse la cantidad que exceda del Salario Mínimo Interprofesional. En función del nivel de ingresos, se aplicarán también los porcentajes de protección establecidos por la normativa. La nueva regulación, publicada en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor en noviembre de 2026. Afectará a cuentas corrientes, de ahorro, libretas y cuentas de pago no bancarias, mientras que quedan excluidas las cuentas de crédito y aquellos supuestos en los que existan embargos adoptados como medida cautelar. Las entidades incluidas en este sistema deberán adherirse de forma voluntaria a la resolución, con independencia de su condición de colaboradoras habituales en la recaudación tributaria. A partir de su incorporación, recibirán de forma diaria las diligencias de embargo antes de las 20:00 horas y estarán obligadas a ejecutarlas antes de las 8:00 del día siguiente. Asimismo, deberán informar a la Administración sobre el resultado de cada actuación, indicando si el embargo ha podido realizarse en su totalidad o si no ha sido posible por falta de fondos. El importe recaudado deberá ingresarse en el Tesoro Público en un plazo máximo de 20 días. La normativa también contempla la posibilidad de que las entidades puedan extender la ejecución del embargo a otras cuentas del mismo cliente, hasta un máximo de diez, en caso de que no exista saldo suficiente en la inicialmente señalada por la Agencia Tributaria. Finalmente, el texto advierte de que el incumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse una infracción en materia de colaboración con la Administración tributaria, lo que podría derivar en la apertura de expedientes sancionadores.

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(El Economista, 17-06-2026) | Fiscal

El Supremo aclarará si Hacienda necesita autorización judicial para acceder a los ordenadores en los registros

El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre si la Agencia Tributaria necesita autorización judicial para acceder a la información almacenada en ordenadores y dispositivos digitales durante los registros que se realizan en locales o espacios que no están protegidos constitucionalmente. El alto tribunal ya ha establecido en resoluciones anteriores que el acceso a domicilios protegidos, como viviendas particulares o sedes sociales de empresas, requiere siempre una orden judicial previa. Sin embargo, ahora estudiará un nuevo supuesto relativo al tratamiento de la información digital cuando el registro se produce en espacios que no gozan de esa protección constitucional, como oficinas, almacenes u otros recintos similares. Según el auto de admisión fechado el pasado 29 de mayo, el Supremo analizará si, incluso en esos casos, la inspección tributaria necesita autorización judicial para acceder a ordenadores, bases de datos o sistemas de almacenamiento masivo de información. En caso afirmativo, también deberá determinar el alcance de dicha autorización y si el juez debe justificar de forma específica la relación entre el acceso a los dispositivos y la investigación tributaria concreta, así como los criterios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad y carácter excepcional de la medida. El tribunal ya había señalado en 2024 que, cuando se trata de domicilios constitucionalmente protegidos, es imprescindible contar con autorización judicial para entrar en los sistemas informáticos. Ahora, el debate se centra en si esa misma exigencia debe aplicarse en entornos no protegidos cuando la actuación administrativa implica el acceso a grandes volúmenes de información digital. Para resolver esta cuestión, el Supremo tomará en consideración el artículo 18 de la Constitución, que garantiza la inviolabilidad del domicilio y protege el secreto de las comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Finalmente, el alto tribunal deberá aclarar si, en caso de que la autorización judicial fuera necesaria y no se hubiera obtenido, puede considerarse válido el consentimiento del titular de la empresa o su representante legal cuando la Administración no le haya informado expresamente de que puede negarse a la entrada, exigir dicha autorización o revocar su consentimiento en cualquier momento.

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(Expansión, 16-06-2026) | Fiscal

Por cada 100.000 euros de precio de vivienda nueva, los compradores asumen más de 26.000 por los impuestos directos e indirectos

El encarecimiento de la vivienda en España no sólo responde al desequilibrio entre oferta y demanda. A la escasez de inmuebles disponibles y al aumento de la población se suma un importante componente fiscal que, según un informe elaborado por EY para Asprima, eleva significativamente el coste que deben asumir quienes adquieren una vivienda. El estudio calcula que la carga tributaria total asociada a la compra de una vivienda alcanza el 26,1% de su valor. Este porcentaje incluye tanto los impuestos soportados por promotores y constructores durante el proceso de desarrollo como los tributos que abonan directamente los compradores al formalizar la adquisición. Uno de los elementos que más ha contribuido a este incremento es la evolución del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. Tras la reforma aplicada en 2021, los coeficientes utilizados para calcular este tributo aumentaron de forma considerable en las operaciones de corta duración, habituales en la promoción inmobiliaria. Según el informe, esta situación ha generado un encarecimiento relevante de los proyectos residenciales, afectando a su rentabilidad y trasladando parte de ese coste al precio final de las viviendas. Como consecuencia, el acceso a la propiedad resulta cada vez más complicado para determinados colectivos, especialmente los jóvenes y las familias con menor capacidad de ahorro. De hecho, la proporción de propietarios menores de 35 años habría descendido desde el 70% registrado en 2005 hasta cerca del 30% en la actualidad. La cuestión adquiere mayor relevancia tras la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que contempla una inversión de 2.800 millones de euros hasta 2030 destinada a reforzar las ayudas para el acceso a la vivienda. Sin embargo, el sector considera que estas ayudas podrían verse parcialmente neutralizadas por el peso creciente de la fiscalidad sobre la compraventa. El informe destaca que el aumento de la plusvalía municipal ha sido especialmente intenso en algunas grandes ciudades. Madrid encabeza la clasificación con un incremento del 650% desde 2020 en los coeficientes aplicables a determinadas operaciones. Le siguen Sevilla, con una subida del 500%; Málaga y Zaragoza, con aumentos del 305%; y Barcelona, donde el crecimiento alcanza el 275%. Como ejemplo, para un terreno con un valor catastral de 100.000 euros transmitido en el mismo año de su adquisición, la base imponible en Madrid habría pasado de 2.000 a 15.000 euros en apenas seis años. A consecuencia de esta evolución, los promotores soportan una carga fiscal media de 15.372 euros por cada 100.000 euros de precio final de venta. A ello se suman los aproximadamente 10.750 euros que el comprador debe pagar en concepto de IVA y Actos Jurídicos Documentados (AJD). En conjunto, la factura fiscal supera los 26.000 euros por cada 100.000 euros de valor de la vivienda. Así, una vivienda de 300.000 euros puede llevar asociada una carga tributaria superior a los 75.000 euros. El estudio sitúa a España entre los países con una mayor presión fiscal sobre la compraventa de viviendas. Mientras la carga tributaria media ronda el 9,7% en los países de la OCDE y el 6,5% en la Unión Europea, el nivel registrado en España se encuentra muy por encima de esos porcentajes. Para corregir esta situación, EY y Asprima plantean varias medidas. La primera consiste en permitir que los gastos de urbanización y promoción se integren en el valor de adquisición del suelo a efectos del cálculo de la plusvalía municipal, reduciendo así la base imponible del impuesto. Asimismo, se propone establecer bonificaciones específicas para las transmisiones de vivienda nueva, similares a las que ya existen en determinados supuestos para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Por último, el informe plantea reconocer la promoción de vivienda como una actividad de especial interés o utilidad municipal, lo que abriría la puerta a aplicar incentivos fiscales adicionales para favorecer el desarrollo de nuevas promociones residenciales y contribuir a incrementar la oferta disponible en el mercado.

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(Expansión, 16-06-2026) | Fiscal

España encara casi un punto más de inflación pese al desbloqueo de Ormuz

Los analistas consideran que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán refuerza la capacidad de Teherán para influir sobre el tráfico en el Estrecho de Ormuz. Además, advierten de que la recuperación de la normalidad en esta vía marítima será gradual y que las operaciones seguirán condicionadas por unos costes de aseguramiento más elevados. Para España, los efectos del acuerdo de paz serán previsiblemente positivos, aunque limitados y centrados principalmente en los sectores de la energía, el transporte, el turismo y la confianza económica. Así lo apunta Raúl Viñas, analista de Afi, quien destaca que incluso una reapertura parcial de Ormuz contribuiría a reducir el precio de los combustibles, aliviaría los costes de la electricidad y del transporte, y favorecería la rentabilidad de las actividades con un elevado consumo energético o una fuerte dependencia logística. No obstante, desde Funcas anticipan que las consecuencias económicas se dejarán sentir de forma gradual a medida que desaparezcan las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, explica que la vuelta a la tributación ordinaria del IVA y de los impuestos especiales sobre los hidrocarburos, cuya vigencia concluye el 1 de julio salvo nueva prórroga, provocará previsiblemente un aumento del IPC de ocho décimas en ese mes. Torres añade que muchas empresas han soportado durante el conflicto costes adicionales que todavía no han trasladado completamente a los precios finales, por lo que la inflación seguirá registrando cierta presión en los próximos meses a pesar de la paz alcanzada. Esta situación podría traducirse también en una pérdida temporal de poder adquisitivo para los consumidores. El alcance definitivo de las repercusiones sobre la economía dependerá en gran medida del comportamiento del consumo. En estos momentos, Funcas calcula que el conflicto podría restar entre dos y tres décimas al crecimiento económico previsto para España este año. Mientras tanto, el vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, mantiene abierta la ronda de contactos con los agentes sociales para estudiar la continuidad de algunas medidas de apoyo durante el verano. Después de reunirse con representantes del sector gasista y petrolero, entre ellos responsables de Enagás, Exolum y las asociaciones AICE y Sedigas, el Ejecutivo prevé convocar próximamente a representantes de la industria y del sector agroalimentario.

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