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(Expansión, 23-09-2026) | Fiscal

El papeleo hunde la competitividad de España y Europa

La Unión Europea afronta nuevas críticas por la complejidad de su marco regulatorio en un momento en el que distintos análisis advierten de la pérdida de competitividad del bloque frente a economías como Estados Unidos y China. En este contexto, varias grandes empresas estadounidenses han elevado su presión sobre Bruselas por los costes y dificultades que, a su juicio, está generando la aplicación de las normas comunitarias de transparencia fiscal. El último conflicto tiene como protagonista a la Directiva 2021/2101, conocida como normativa de información pública país por país o PCbCR. La regulación obliga a determinadas multinacionales a hacer públicos datos como los impuestos abonados, los beneficios obtenidos y el número de empleados, diferenciados por cada jurisdicción en la que desarrollan su actividad. La aplicación de esta normativa en los distintos Estados miembros ha provocado diferencias que complican su cumplimiento para los grupos internacionales. El National Foreign Trade Council (NFTC), organización empresarial estadounidense especializada en comercio exterior, ha trasladado sus críticas directamente a la Comisión Europea y ha reclamado una aplicación más homogénea de las reglas para evitar que las compañías tengan que afrontar obligaciones distintas según el país en el que operen. Uno de los principales puntos de fricción es la denominada exención por presentación múltiple, prevista en el artículo 48b(6) de la directiva. Esta disposición permite, en determinadas circunstancias, que las matrices de grupos establecidos fuera de la Unión Europea presenten un único informe en el registro mercantil de un Estado miembro y lo publiquen posteriormente en su página web en una lengua oficial de la UE. El objetivo es evitar que tengan que repetir el mismo procedimiento en cada país donde cuentan con filiales o sucursales. Sin embargo, según denuncia el NFTC, algunos Estados miembros no habrían incorporado correctamente esta posibilidad a sus respectivas legislaciones. La organización cita los casos de Italia y Dinamarca y sostiene que esta situación obliga a determinadas empresas de terceros países a realizar presentaciones adicionales por cada filial o establecimiento, multiplicando los trámites y los costes asociados al cumplimiento. Las diferencias nacionales también afectan a los plazos. La normativa europea establece con carácter general un periodo de hasta 12 meses desde el cierre del ejercicio para la presentación de la información. España, sin embargo, fijó un plazo más reducido de seis meses a través de la Ley 28/2022. Esta diferencia introduce una dificultad adicional para los grupos internacionales que deben coordinar sus obligaciones de información en distintos países. Ante esta situación, el NFTC reclama a la Comisión Europea que las empresas que hayan presentado correctamente el informe dentro del plazo general de 12 meses en otro Estado miembro no tengan que cumplir adicionalmente con el plazo más corto establecido en España. Las diferencias tampoco se limitan a los plazos. La organización empresarial estadounidense señala que algunos países exigen que la información se presente en sus propios idiomas y que, en determinados casos, pueden ser necesarias traducciones juradas. Esto añade nuevos costes y trámites para grupos que ya han elaborado y presentado la misma información en otro Estado miembro. Otro ejemplo señalado es el de Bélgica, cuya clasificación de determinadas jurisdicciones no cooperativas incluye de manera separada a los siete emiratos que integran Emiratos Árabes Unidos. Esta particularidad puede obligar a las empresas a realizar desgloses adicionales que no coinciden con el tratamiento aplicado en otros países de la Unión Europea. Para las multinacionales estadounidenses, el problema trasciende el cumplimiento de una obligación concreta. El NFTC considera que la existencia de requisitos diferentes entre Estados miembros incrementa los gastos relacionados con asesoramiento, auditoría, traducciones y adaptación de los sistemas informáticos, recursos que las empresas podrían destinar a otras áreas como inversión, innovación o creación de empleo. La controversia pone de manifiesto una de las dificultades que persisten en el mercado único europeo: la necesidad de aplicar de manera uniforme las normas comunitarias para evitar que las diferencias introducidas durante su transposición generen cargas adicionales a las empresas que operan en varios países. La reclamación del sector empresarial estadounidense se produce, además, en un momento en el que las instituciones europeas han situado la reducción de cargas administrativas y la mejora de la competitividad entre sus prioridades. Desde esta perspectiva, el debate sobre la información pública país por país refleja la tensión existente entre el objetivo de reforzar la transparencia fiscal y la necesidad de evitar que su aplicación genere obligaciones duplicadas o costes desproporcionados para las empresas internacionales.

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(El País, 23-09-2026) | Fiscal

La política desempolva el debate sobre los impuestos a los superricos

La desigualdad en la distribución de la riqueza y el papel de las grandes fortunas en el sistema fiscal han vuelto al centro del debate político y económico en España. El Congreso acogió este lunes una jornada dedicada a analizar la concentración patrimonial, sus efectos sobre la economía y la democracia y las posibles vías para combatirla, con la participación del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, expertos académicos y representantes de distintos grupos parlamentarios. El debate se produce además en un contexto en el que las propuestas para elevar la tributación de los patrimonios más elevados están ganando presencia en la agenda política. Bustinduy defendió durante el encuentro la importancia de contar con mecanismos capaces de redistribuir la riqueza y vinculó la fortaleza de los servicios públicos con la igualdad de oportunidades. En su intervención, el ministro sostuvo que una concentración excesiva de la riqueza puede convertirse en un riesgo para el funcionamiento democrático. El planteamiento forma parte del debate impulsado por The Wealth Cap Project, iniciativa europea que promueve la discusión sobre la posibilidad de establecer límites a la acumulación extrema de patrimonio. La organización presentó en el Congreso su informe Un tope a la Riqueza para España, que analiza diferentes alternativas para incrementar la contribución fiscal de los grandes patrimonios. Entre las opciones estudiadas figuran el establecimiento de un tipo mínimo para las grandes fortunas, un impuesto progresivo sobre la riqueza y un límite máximo a la acumulación patrimonial. El estudio calcula distintos escenarios de recaudación en función del diseño elegido, aunque se trata de simulaciones condicionadas por los tipos y umbrales que finalmente se establecieran. Durante una de las mesas de debate, la profesora de Economía de la Universidad de Alcalá Olga Cantó defendió que las actuales políticas fiscales no son suficientes para abordar la concentración patrimonial y señaló los posibles efectos de una acumulación extrema de riqueza sobre la capacidad de influencia política. En la misma línea, Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, cuestionó que la redistribución pueda considerarse necesariamente un obstáculo para el crecimiento económico y situó la desigualdad entre los problemas que afectan al funcionamiento de las democracias. El debate parlamentario mostró, no obstante, diferencias importantes entre las alternativas planteadas por los distintos grupos. Carlos Martín, portavoz de Sumar, reivindicó la propuesta registrada recientemente por su formación para crear un gravamen sobre los patrimonios superiores a 50 millones de euros. La iniciativa plantea un tipo del 3% sobre la parte del patrimonio neto que exceda de ese umbral y prevé destinar la recaudación a un fondo estatal de protección a la infancia. Sumar calcula que la medida podría afectar a unos 1.500 contribuyentes y generar alrededor de 4.200 millones de euros anuales. Martín también defendió la necesidad de introducir mecanismos de democratización en las grandes empresas, mediante fórmulas de cogestión y participación de los trabajadores en la propiedad. Su intervención se produjo pocos días después de que el Congreso rechazara la propuesta legislativa sobre los grupos de interés, otro de los asuntos vinculados por Sumar con la transparencia y la influencia económica sobre las decisiones públicas. Desde el PSOE, Patricia Blanquer reconoció los riesgos asociados a una elevada concentración de la riqueza empresarial, pero descartó que exista una única herramienta capaz de resolver el problema. La diputada defendió las medidas adoptadas por el Gobierno durante las últimas crisis para proteger a los colectivos con menores ingresos y puso el acento en combatir la evasión y la elusión fiscal, reforzar la cooperación internacional y avanzar hacia una fiscalidad más justa, junto con mayores niveles de competencia, pluralismo y transparencia. El portavoz del PP, Pedro Puy, también reconoció que la concentración de riqueza plantea un problema para las democracias, aunque consideró que las respuestas fiscales tradicionales pueden resultar insuficientes ante la nueva dimensión que ha adquirido la acumulación de capital. Puy se mostró partidario de gravar los grandes patrimonios y de revisar el funcionamiento del impuesto sobre sucesiones, al que atribuyó relevancia desde el punto de vista social. Al mismo tiempo, defendió que cualquier reforma debería abordarse, al menos, en el ámbito europeo para reducir los riesgos de deslocalización de capitales. La jornada refleja así la creciente presencia en España del debate sobre cómo debe tributar la riqueza acumulada en los niveles más elevados. Mientras algunas propuestas plantean reforzar los impuestos existentes o crear nuevas figuras dirigidas específicamente a las grandes fortunas, otras ponen el acento en la coordinación internacional, la lucha contra la evasión fiscal y la mejora de los mecanismos redistributivos. En paralelo, iniciativas como The Wealth Cap Project han incorporado al debate una cuestión adicional: si, además de elevar la tributación, debería establecerse un límite a la cantidad de riqueza que una persona puede llegar a acumular.

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(Cinco Días, 21-09-2026) | Fiscal

El Gobierno abre la puerta a prorrogar el escudo anticrisis ante el repunte de la inflación

El Gobierno y los representantes de empresarios y sindicatos se han reunido este jueves para evaluar la evolución de la economía y abordar las medidas que podrían adoptarse una vez que finalice, el próximo 30 de septiembre, el actual escudo anticrisis puesto en marcha para amortiguar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo. Ante un contexto que ha empeorado en los últimos meses, el Ejecutivo se ha mostrado partidario de mantener algún tipo de apoyo más allá de esa fecha, aunque todavía no ha definido si prolongará el paquete actual o diseñará nuevas medidas, ni tampoco cuál sería su alcance. Durante la reunión, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que el Ejecutivo trabajará en las actuaciones necesarias para seguir respaldando a las familias frente al incremento de los precios. También apuntó que se prestará una atención especial a las actividades que están sufriendo con mayor intensidad el encarecimiento de la energía, especialmente el transporte y el sector agroalimentario, debido al impacto que sus costes tienen sobre el conjunto de la cadena económica. El escenario de precios complica la situación. El petróleo se aproxima a los 100 dólares por barril en un contexto geopolítico que continúa prolongándose y extendiéndose a otras zonas. La inflación alcanzó en agosto el 4,3%, su nivel más elevado desde 2023, principalmente por el encarecimiento de los carburantes. Al mismo tiempo, el gas ha experimentado fuertes aumentos y comienza a repercutir en el precio de la electricidad, que desde el episodio de calor registrado en julio se mantiene en niveles superiores a los 100 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. En la reunión celebrada en el Ministerio de Economía participaron, junto a Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Por parte de las organizaciones empresariales y sindicales acudieron el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, María Teresa Gómez Condado; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CC OO, Unai Sordo. Los dos paquetes de ayudas aprobados hasta ahora, el primero en marzo y el segundo en julio, fueron concebidos inicialmente con una duración de tres meses, un formato que previsiblemente continuará debido a la dificultad de anticipar la evolución del escenario internacional. Yolanda Díaz trasladó durante el encuentro varias propuestas para hacer frente al aumento de los costes. Entre ellas figura la extensión de las medidas del anterior decreto que están próximas a expirar, junto con la creación de un impuesto temporal sobre el sector del refino, la limitación de los precios del alquiler y actuaciones dirigidas a preservar el poder adquisitivo y contener el coste de la cesta de la compra. También planteó recuperar un mecanismo similar a la excepción ibérica para proteger a los consumidores frente a incrementos extraordinarios del precio del gas. CC OO coincidió en reclamar medidas sobre los precios de la energía y los carburantes para limitar su impacto sobre la inflación y los hogares. Su secretario general, Unai Sordo, defendió igualmente la recuperación de la excepción ibérica y propuso una prestación de al menos 300 euros dirigida a las personas con ingresos inferiores a la media, una ayuda que, según sus planteamientos, podría llegar a unos 10 millones de beneficiarios. El sindicato también ha pedido a CEOE y Cepyme que participen en la negociación de un acuerdo estatal de convenios que contribuya a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sordo considera además necesario disponer de información procedente del Observatorio de Márgenes Empresariales para utilizarla como referencia en las negociaciones que posteriormente se desarrollen en cada sector y empresa. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó una revisión del salario mínimo interprofesional al considerar que la inflación ha reducido su poder adquisitivo. Según sus declaraciones, los precios han aumentado a un ritmo muy superior al incremento del 3,1% aplicado al salario mínimo a comienzos de año. Álvarez también defendió la aplicación de la reforma anunciada para evitar que las subidas del salario mínimo puedan quedar absorbidas o compensadas por otros conceptos salariales, de modo que el incremento llegue íntegramente a las nóminas. Las organizaciones empresariales también consideran necesario prolongar las medidas de apoyo debido al deterioro de las condiciones económicas. CEOE y Cepyme han planteado que las ayudas se orienten especialmente hacia los sectores y consumidores más expuestos al encarecimiento energético, con especial atención a las industrias electrointensivas y gasintensivas. Las patronales han reclamado además medidas sobre los costes estructurales de la energía, incluida la fiscalidad aplicada a la electricidad, el gas y los carburantes, así como un tratamiento específico para los combustibles renovables. El Ministerio de Economía mantiene el seguimiento de la evolución de la actividad y de los precios en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica. Durante la próxima semana están previstas nuevas reuniones con diferentes sectores económicos para actualizar el diagnóstico y determinar qué colectivos o actividades podrían necesitar medidas adicionales de apoyo. El primer paquete anticrisis aprobado en marzo incluía reducciones fiscales generalizadas sobre el IVA y sobre determinados impuestos vinculados a la electricidad, el gas y los carburantes, con un coste inicialmente estimado en unos 5.000 millones de euros. El segundo paquete, aprobado en julio cuando todavía existían expectativas de una mejora del escenario, mantuvo parte de las ayudas a los carburantes mediante una retirada gradual de los descuentos y supuso un coste aproximado de 1.800 millones. El margen presupuestario constituye uno de los principales condicionantes para decidir cómo prolongar las ayudas. Las instituciones europeas han mostrado reticencias ante las rebajas fiscales generalizadas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido de que el espacio fiscal disponible se encuentra prácticamente agotado, lo que limita la capacidad del Gobierno para aprobar nuevas medidas de amplio alcance.

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(Expansión, 21-09-2026) | Fiscal

El miedo a subidas de impuestos y los precios de la vivienda disparan las donaciones en vida

En un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y las dificultades que afrontan especialmente los jóvenes para acceder a ella, las donaciones continúan aumentando con fuerza. A ello se suma la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda impulse cambios para limitar las diferencias fiscales existentes entre comunidades autónomas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Durante el primer semestre del año, el número de donaciones creció un 12,4% respecto al mismo periodo de 2025. Los últimos datos del Consejo General del Notariado (CGN) muestran, además, que las donaciones han aumentado un 164% desde 2015 hasta el año pasado. Este incremento responde principalmente a la necesidad de facilitar el acceso de las nuevas generaciones a la vivienda y a la incertidumbre sobre el futuro de las ventajas fiscales aplicadas por algunas autonomías. El fuerte incremento del precio de los inmuebles durante los últimos años ha dificultado que muchos jóvenes puedan reunir el dinero necesario para adquirir una vivienda, especialmente para afrontar el pago inicial. Esta situación ha favorecido una transferencia de patrimonio entre generaciones, mediante la entrega de dinero o directamente de inmuebles. Desde el CGN señalan que durante los primeros seis meses de 2026 las familias han recurrido a la donación ante notario como una fórmula de planificación patrimonial y, en numerosos casos, como vía para ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda. Dentro de este contexto, las donaciones de viviendas han registrado, sin embargo, un ligero descenso. Entre enero y junio se situaron cerca de las 25.000 operaciones, un 1,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. La evolución ha sido muy desigual entre territorios, con incrementos especialmente destacados en Baleares, donde aumentaron un 42%, y Galicia, con una subida del 28%. A la evolución del mercado inmobiliario se añade la incertidumbre generada por la posibilidad de que Hacienda promueva una mayor homogeneización de la tributación de las donaciones, cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas. La posibilidad de introducir cambios en este ámbito podría estar llevando a algunas familias a adelantar determinadas operaciones, especialmente en los territorios que han aprobado importantes reducciones fiscales. Esta cuestión ya había sido planteada por la anterior responsable de Hacienda, María Jesús Montero, y el actual ministro, Arcadi España, también ha defendido la necesidad de revisar las diferencias existentes en los impuestos cedidos a las comunidades. La cuestión volvió a aparecer en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, en relación con las diferencias entre las políticas de ingresos de las distintas regiones. No se descarta, por tanto, que el Gobierno pueda plantear medidas relacionadas con el ISD o ejercer presión sobre las comunidades para que incrementen la recaudación de este impuesto. Un precedente se encuentra en el Impuesto sobre el Patrimonio, también cedido a las autonomías. Tras la creación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas en 2022, el Ejecutivo adoptó medidas que limitaron la capacidad de algunas comunidades para mantener determinadas bonificaciones en Patrimonio. El abogado fiscalista y socio de DMS Legal Intelligence Alejandro del Campo considera que la expectativa de una posible armonización está contribuyendo al aumento de las donaciones, especialmente en las comunidades que han introducido recientemente nuevas ventajas fiscales. Baleares constituye uno de los casos más destacados, con un incremento del 158,1% en las donaciones durante el primer semestre, hasta aproximarse en apenas seis meses al volumen contabilizado durante todo el año anterior. Según explica Del Campo, una de las razones se encuentra en la bonificación del 100% para las donaciones y sucesiones entre familiares directos aprobada por el Gobierno balear en julio del pasado año. También la utilización de mecanismos como el pacto sucesorio puede estar influyendo en el comportamiento de las donaciones en determinadas comunidades, ante la posibilidad de que se produzcan cambios normativos. Baleares y Cataluña son algunos de los territorios donde se ha observado un incremento significativo, con una subida del 22,2% interanual en Cataluña durante los seis primeros meses del ejercicio. En cualquier caso, los expertos advierten de que la donación no siempre constituye la alternativa fiscal más favorable. En determinadas operaciones, el donante puede tener que tributar por la ganancia patrimonial generada, de forma similar a lo que sucedería en una transmisión mediante compraventa.

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(El País, 21-09-2026) | Fiscal

Reinventar la imposición fiscal a los ricos para recaudar hasta 350.000 millones de euros

La deuda pública española se situó en julio por debajo del 100% del PIB por primera vez desde los meses anteriores a la pandemia. Según los datos publicados por el Banco de España, el endeudamiento del conjunto de las Administraciones Públicas equivalía al 99,9% del PIB, una décima por debajo del valor de toda la producción económica anual del país. Se trata de un nivel que no se alcanzaba desde febrero de 2020. En términos interanuales, la ratio ha descendido 2,4 puntos porcentuales, mientras que frente a junio de este mismo año la reducción ha sido de 1,6 puntos. El descenso de la ratio no implica que España haya reducido la cantidad de deuda acumulada. De hecho, el pasivo público alcanzó en julio los 1,744 billones de euros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto al mismo mes del año anterior, aunque el importe es aproximadamente un 1% inferior al registrado en junio. La mejora se explica, por tanto, porque la deuda ha perdido peso en relación con el tamaño de la economía. Esta relación entre el endeudamiento y el PIB es uno de los principales indicadores utilizados para valorar la situación de las finanzas públicas y permite comparar la evolución del endeudamiento tanto entre distintos momentos como entre países. El 99,9% registrado en julio constituye una fotografía puntual y no garantiza que la ratio vaya a mantenerse por debajo del 100% durante los próximos meses. Tanto el volumen de deuda como el PIB utilizado para calcular el indicador varían de forma continua, por lo que el porcentaje puede experimentar nuevas oscilaciones. Durante la crisis provocada por la pandemia, el peso de la deuda sobre el PIB aumentó con rapidez y alcanzó su máximo en marzo de 2021, cuando llegó a superar el 124%. A partir de entonces comenzó una trayectoria descendente que ha permitido reducir progresivamente la ratio, aunque no había vuelto a situarse por debajo del 100% hasta los datos correspondientes al pasado julio. Por administraciones, el Estado concentra la mayor parte del endeudamiento. Su deuda alcanzó los 1,589 billones de euros en julio, una cifra equivalente al 91% del PIB y un 4,2% superior a la de un año antes. Las comunidades autónomas acumulaban 349.000 millones, aproximadamente el 20% del PIB, mientras que la Seguridad Social registraba una deuda de 136.000 millones, equivalente al 7,8%. Las corporaciones locales, por su parte, mantenían obligaciones por unos 22.000 millones, el 1,2% del PIB. Las cifras correspondientes a cada nivel de la Administración no pueden sumarse directamente para obtener el endeudamiento total. Esto se debe a que existen operaciones financieras entre las propias Administraciones. Por ejemplo, cuando el Estado concede financiación a una comunidad autónoma, esa cantidad figura simultáneamente como un activo del Estado y como una deuda de la comunidad. Para calcular la deuda del conjunto del sector público se consolidan estas posiciones y se eliminan las operaciones internas, evitando así contabilizar dos veces una misma deuda. La evolución interanual también presenta diferencias significativas según el nivel administrativo. La deuda estatal aumentó un 4,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el endeudamiento de las comunidades autónomas creció un 2,7%. La Seguridad Social registró un incremento mayor, del 7,9%. En sentido contrario, las corporaciones locales redujeron sus obligaciones un 7,9% y el resto de unidades de la Administración Central disminuyeron su endeudamiento un 10,5%.

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(El Economista, 21-09-2026) | Fiscal

Fedea sitúa a Pozuelo, Alcobendas, El Ejido y Sanlúcar entre los municipios con mayor desigualdad de renta en España

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha identificado a Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, El Ejido y Sanlúcar de Barrameda como los municipios españoles de más de 50.000 habitantes que registraron mayores niveles de desigualdad de renta en 2023. Los datos proceden de un informe del centro de estudios que analiza la distribución de la renta en distintos municipios mediante el coeficiente de Gini, un indicador utilizado para medir las diferencias de ingresos entre los habitantes de un territorio. Según el estudio, tras estos cuatro municipios aparecen Roquetas de Mar, Majadahonda, Elda, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Torrevieja. La relación muestra realidades económicas muy diferentes. Entre los municipios con mayor desigualdad aparecen localidades con niveles medios de renta elevados, como Pozuelo de Alarcón, Alcobendas y Majadahonda, junto a otras situadas en posiciones más bajas de la distribución de ingresos, como El Ejido, Sanlúcar de Barrameda, Elda y Torrevieja. Los autores del informe, Miriam Hortas y Jorge Onrubia, señalan que estos resultados evidencian que una elevada desigualdad puede darse tanto en municipios con rentas medias altas como en aquellos con ingresos medios más reducidos. El estudio también analiza los municipios con menor desigualdad. En los primeros puestos se encuentran tres localidades de la provincia de Barcelona: Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Cerdanyola del Vallès. A continuación aparecen Aranjuez, Granollers, Valdemoro, Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid, Coslada y Terrassa. En cuanto a la evolución entre 2022 y 2023, Fedea señala que los mayores incrementos del coeficiente de Gini se produjeron en Tres Cantos y Colmenar Viejo, ambos en Madrid, así como en Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, y Rincón de la Victoria, en Málaga.

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(Expansión, 18-09-2026) | Fiscal

La quita de deuda encalla en el Congreso por las exigencias del independentismo

La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados acordó este miércoles ampliar durante una semana más el plazo para presentar enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común. La norma incorpora la condonación de deuda aprobada por el Consejo de Ministros a finales del pasado año y prevé que el Estado asuma más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica. Es la segunda ampliación del periodo de enmiendas, cuyo plazo inicial terminó la semana pasada. La nueva extensión llevará la fecha límite hasta el próximo martes, aunque existe la posibilidad de que vuelva a prolongarse. Fuentes parlamentarias señalan que, si la mayoría de los grupos solicita a la Mesa una nueva prórroga, esta podría aprobarse. Este procedimiento ya se ha empleado en otras ocasiones para mantener paralizada temporalmente la tramitación de determinadas iniciativas legislativas. El principal punto de fricción para que la condonación llegue al Pleno se encuentra en las conversaciones entre el PSOE y Junts, formación con la que el Gobierno acordó inicialmente esta medida. El partido reclama una compensación mayor, argumentando que la deuda de Cataluña ha seguido aumentando durante el último año. Cataluña sería la segunda comunidad autónoma más beneficiada por el mecanismo previsto, con una condonación de 17.104 millones de euros, solo por detrás de Andalucía, que recibiría 18.791 millones. De acuerdo con los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la cantidad asignada a Cataluña equivaldría prácticamente a la de las comunidades consideradas infrafinanciadas cuando se calcula en términos de deuda condonada por habitante, como ocurre con la Comunidad Valenciana o Murcia. Si se analiza la quita por habitante ajustado, Andalucía y la Comunidad Valenciana encabezarían la distribución, con 2.285 euros por persona, mientras que Cataluña se situaría prácticamente en el mismo nivel, con 2.284 euros. En el extremo contrario, Madrid registraría una condonación de 1.369 euros por habitante ajustado, una cifra similar a la de Galicia, Castilla y León, Cantabria o Asturias. La propuesta contempla en conjunto la condonación de 83.252 millones de euros de deuda autonómica, una cantidad que deberá ser asumida por el Estado en un escenario marcado por un margen fiscal cada vez más reducido y por la progresiva finalización de los fondos europeos que han reforzado los ingresos públicos durante los últimos años. Las discrepancias sobre el reparto de la condonación vienen de lejos. Cuando Hacienda presentó su propuesta, el secretario general de Junts, Jordi Turull, cuestionó que a Cataluña se le aplicara una quita equivalente al 20% de su deuda mientras Andalucía alcanzaba prácticamente el 50%. Ahora, la formación añade a ese argumento el incremento de la deuda catalana para reclamar una revisión de la cantidad inicialmente prevista. Pese a sus exigencias, Junts no ha cerrado la puerta a respaldar la condonación, aunque la negociación podría quedar vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica. La consejera de Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero, ya señaló semanas atrás que el Ejecutivo central tendría que realizar alguna concesión a la formación independentista para conseguir su respaldo al nuevo modelo. La posición de Junts vuelve a resultar determinante para la aprobación de la quita en el Congreso, después de que PP y Vox hayan confirmado su rechazo. La negociación se produce además mientras el Gobierno afronta otros asuntos de especial relevancia parlamentaria, entre ellos la reforma de la financiación autonómica y la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado. La siguiente fecha clave será el miércoles 23 de septiembre. Ese día, la Comisión tendrá que decidir si vuelve a solicitar una ampliación de una semana del plazo de enmiendas o si, por el contrario, da por cerrado este trámite y remite al Pleno las propuestas que hayan presentado los grupos parlamentarios.

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(El País, 18-09-2026) | Fiscal

La Airef empeora hasta el 2,7% del PIB su previsión de déficit para este año

La economía española mantiene un ritmo de crecimiento superior al de las principales economías europeas, pero la evolución de las cuentas públicas empieza a mostrar mayores tensiones. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, ha avanzado que el organismo revisará al alza en una décima su previsión de déficit para este año, hasta situarlo en el 2,7% del PIB, frente al 2,1% que contempla el Gobierno. La revisión responde principalmente a la prolongación de algunas medidas destinadas a contener el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo, entre ellas la ampliación hasta septiembre del descuento al diésel, de hasta 20 céntimos por litro. A ello se suma el incremento del gasto registrado por las comunidades autónomas en los últimos datos de ejecución presupuestaria, factores que han llevado a la Airef a modificar sus cálculos. Olóndriz ha destacado que la economía española conserva un comportamiento sólido en comparación con sus socios europeos, aunque ha advertido de varios factores que pueden limitar su capacidad de crecimiento a medio plazo. Entre ellos destaca especialmente la baja productividad. También ha señalado que, pese a la trayectoria descendente de la deuda pública, esta continúa alrededor del 100% del PIB, un nivel que reduce el margen de maniobra ante posibles episodios de inestabilidad financiera y mantiene elevada la carga asociada al pago de intereses. La principal preocupación de la Airef se centra, no obstante, en la evolución del gasto primario neto de medidas de ingresos, el indicador que utiliza la Unión Europea para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según las últimas estimaciones, este gasto crecerá un 6,6%, frente al 6,4% previsto en julio. En términos acumulados, el incremento alcanza ya el 16,8% para el periodo considerado, por encima del compromiso europeo de mantenerlo por debajo del 13% entre 2024 y 2026. El marco fiscal europeo contempla una cláusula de escape que permite cierta flexibilidad para asumir el incremento del gasto en defensa y parte de las medidas desplegadas para responder a la crisis energética. Sin embargo, la Airef considera que este margen puede resultar insuficiente. Olóndriz ha señalado que el organismo ya anticipaba en julio dificultades para cumplir la regla de gasto en 2027 incluso teniendo en cuenta la cláusula de salvaguarda y que, con la situación actual, el margen disponible prácticamente se ha agotado. A esta presión se añade la evolución de los precios. La inflación alcanzó el 4,3% interanual en agosto, impulsada principalmente por el encarecimiento de los carburantes, y se situó en su nivel más elevado desde comienzos de 2023. La posible prolongación de las medidas destinadas a contener el impacto de la inflación podría incrementar todavía más la presión sobre las cuentas públicas. La presidenta de la Airef ha diferenciado entre determinados gastos de carácter temporal y otros que se están consolidando como permanentes y que, por tanto, requieren fuentes de financiación estables. En este escenario, la Airef reclama una planificación fiscal a medio plazo que permita determinar las prioridades de gasto y anticipar las necesidades de financiación. Olóndriz también ha señalado la falta de correspondencia entre los marcos fiscales español y europeo, una situación que puede generar señales contradictorias cuando el cumplimiento de las reglas comunitarias no coincide con las exigencias establecidas por la normativa nacional. La presidenta de la autoridad fiscal considera que España parte de una posición relativamente favorable respecto a otros países europeos, pero advierte de que esta situación no debe llevar a posponer las reformas necesarias. En su opinión, mantener el crecimiento exigirá mejorar la productividad y la competitividad, mientras que en el ámbito presupuestario será necesario establecer una estrategia de medio plazo que evite que el aumento del gasto obligue posteriormente a adoptar ajustes de mayor intensidad. En este contexto, Olóndriz ha insistido también en la necesidad de que el Gobierno presente nuevos Presupuestos Generales del Estado y ponga fin a la prolongación de las cuentas de 2023. A su juicio, disponer de unas cuentas aprobadas en tiempo y forma resulta fundamental para establecer las prioridades económicas y fiscales, determinar cómo se financiarán y reforzar la transparencia y la rendición de cuentas ante el Parlamento y los ciudadanos. La elaboración de los Presupuestos de 2027 adquiere además una relevancia especial porque debería incorporar una perspectiva plurianual, en línea con el nuevo marco de gobernanza fiscal europeo. La Airef considera que las cuentas públicas deben integrarse en una planificación que permita anticipar la evolución de los ingresos y gastos durante varios ejercicios, en lugar de limitarse a la gestión anual. Por último, Olóndriz ha reclamado que se empiece a preparar el plan fiscal de medio y largo plazo que deberá presentarse en abril de 2028 y que corresponderá aprobar al Gobierno que resulte de las próximas elecciones generales. Para la Airef, este documento debe convertirse en la referencia de la política presupuestaria, con objetivos realistas, planificación plurianual y coordinación entre las distintas administraciones. El objetivo último, según ha señalado, es preservar unas finanzas públicas sostenibles que permitan disponer de margen de actuación cuando las circunstancias económicas lo requieran.

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(El Economista, 18-09-2026) | Fiscal

La Justicia europea abre la puerta a una oleada de reclamaciones de fondos extranjeros contra Hacienda

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que aplicar en España un tipo del 15% en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) a los dividendos obtenidos por instituciones de inversión colectiva (IIC) no residentes, frente al 1% que soportan las IIC residentes, supone una restricción contraria al principio de libre circulación de capitales. Así lo establece la sentencia dictada por el tribunal europeo el 17 de septiembre de 2026. La resolución señala que el hecho de que una institución extranjera esté acogida en su país a un régimen fiscal especial o incluso quede exenta de tributación no elimina el carácter discriminatorio de la imposición aplicada en España. Por tanto, la diferencia de trato fiscal debe quedar compensada de forma efectiva para que pueda considerarse compatible con el Derecho de la Unión. El TJUE precisa que un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) solo puede corregir esta diferencia de tributación cuando permite recuperar íntegramente el importe adicional soportado en España. En aquellos casos en los que la IIC está sometida en su Estado de origen a un régimen de transparencia fiscal, de modo que no tributa directamente y las rentas y créditos fiscales se trasladan a sus partícipes, la posibilidad de que la propia entidad utilice esa deducción puede resultar únicamente teórica. En consecuencia, la neutralización de la desventaja fiscal solo se produce si los inversores o partícipes de la institución pueden aplicar de manera real y completa la deducción correspondiente en su Estado de residencia. La mera existencia de un mecanismo previsto en un convenio bilateral no resulta suficiente si, en la práctica, no permite recuperar la totalidad de la diferencia tributaria. En el caso analizado, relativo a una entidad estadounidense acogida al régimen de transparencia fiscal RIC, el fondo no tributaba directamente en Estados Unidos por los dividendos obtenidos y trasladaba las rentas y el crédito fiscal a sus inversores. Por este motivo, la posibilidad de que la propia entidad compensara el impuesto retenido en España era considerada meramente hipotética y no permitía eliminar el perjuicio fiscal. La sentencia añade que el hecho de que el fondo extranjero haya optado voluntariamente por someterse a un régimen de transparencia fiscal en su país de origen no implica que quede excluido de la protección que le proporciona el Derecho de la Unión. De este modo, el TJUE vincula la compatibilidad de la diferencia de tributación no al régimen fiscal elegido por la institución, sino a que la desventaja generada por la imposición española pueda ser compensada de manera efectiva.

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(Expansión, 17-09-2026) | Fiscal

Funcas eleva la previsión de crecimiento de PIB para 2026 al 2,5%

El Panel de Funcas ha revisado al alza sus previsiones para la economía española y estima ahora que el PIB crecerá un 2,5% en 2026, dos décimas más de lo previsto en su anterior estimación. Para 2027 mantiene su pronóstico de un avance del 2%. La revisión responde principalmente al mejor comportamiento de la economía durante el segundo trimestre, acompañado de una ligera mejora de las expectativas para el tercero, cuyo crecimiento se sitúa ahora en el 0,5%. Para este año, los analistas consultados por Funcas calculan que la demanda interna contribuirá con 2,9 puntos al crecimiento, dos décimas más que en la estimación anterior, mientras que el sector exterior tendrá una aportación negativa de cuatro décimas. De cara a 2027, la demanda nacional aportaría 2,2 puntos, una décima más de lo previsto anteriormente, mientras que la demanda externa restaría dos décimas. El crecimiento previsto para 2027 estará acompañado de una evolución más moderada de todos los componentes de la demanda interna, tanto el consumo privado como el público y la inversión. El Panel estima que el PIB mantendrá un ritmo de expansión trimestral próximo al 0,5% durante los tres primeros trimestres de ese año, antes de desacelerarse hasta el 0,4% en el último. Las previsiones de inflación también han sido revisadas al alza. Funcas sitúa ahora la tasa media de 2026 en el 3,4% para el índice general y en el 2,9% para la subyacente, en ambos casos dos décimas por encima de las previsiones realizadas en julio. Para 2027 también se espera una inflación superior a la estimada anteriormente, con tasas medias del 2,5% para la general y del 2,6% para la subyacente. El mercado laboral mantiene, en cambio, una evolución positiva. El consenso prevé un crecimiento del empleo del 2,2% este año y del 1,7% en 2027, dos décimas más en ambos ejercicios respecto a la anterior previsión. La tasa media de desempleo se situaría en el 9,9% en 2026 y descendería hasta el 9,6% el próximo año. En el ámbito de las cuentas públicas, los expertos mantienen su previsión de que el déficit alcance el 2,5% del PIB en 2026. Para 2027 esperan una reducción del desequilibrio hasta el 2,3% del PIB. La evolución de las finanzas públicas, junto con el deterioro del escenario internacional y sus efectos sobre la inflación y la política monetaria, también está teniendo consecuencias sobre los mercados financieros. En este contexto, el euríbor a un año ha superado el 3,2%, alrededor de medio punto por encima de la previsión manejada en el anterior Panel. Los analistas esperan, sin embargo, que el indicador se modere durante los próximos meses y termine 2026 en torno al 2,7%. Por otro lado, el incremento de las rentabilidades de la deuda pública refleja la preocupación de los mercados por la situación fiscal de las principales economías desarrolladas. Funcas prevé que estas tensiones continúen y sitúa la rentabilidad del bono español a diez años alrededor del 3,5% al cierre del ejercicio.

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