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(Expansión, 04-11-2026) | Fiscal

El lastre del papeleo fiscal en la Unión Europea: 8.600 millones

Un total de 23 de las principales organizaciones empresariales, financieras y profesionales de la Unión Europea han reclamado conjuntamente a los gobiernos comunitarios que eliminen la complejidad fiscal innecesaria. Las entidades firmantes, entre las que se encuentran BusinessEurope, AmCham EU, AFME, Eurochambres y SMEunited, consideran que el exceso de trámites y la fragmentación de las normas tributarias están restando competitividad a la economía europea y absorbiendo recursos que podrían destinarse a inversiones productivas, creación de empleo e innovación. Según las estimaciones recogidas en la declaración, los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones fiscales alcanzan los 8.600 millones de euros anuales. Las organizaciones advierten de que esta carga administrativa supone un obstáculo para las empresas europeas en un momento en el que Estados Unidos y China avanzan en ámbitos como la tecnología, la productividad y la innovación. A su juicio, el tejido empresarial del continente sigue condicionado por un marco normativo excesivamente complejo y fragmentado. Las críticas se dirigen especialmente al Paquete de Simplificación Fiscal presentado por la Comisión Europea, que consideran una oportunidad decisiva para reducir las cargas que soportan las compañías. Bruselas se ha marcado como objetivo disminuir los costes administrativos un 25% para las grandes empresas y un 35% para las pequeñas y medianas. Sin embargo, las asociaciones empresariales temen que estas metas no se alcancen si los Estados miembros rebajan la ambición de la reforma durante su negociación. Entre los problemas que señalan figura el sistema de retenciones fiscales en origen dentro del mercado único, que obliga a las empresas a pagar determinados impuestos para después solicitar su devolución, un procedimiento que puede prolongarse durante meses o incluso años y que genera importantes costes administrativos. También cuestionan que las compañías tengan que aportar repetidamente información y certificados que ya obran en poder de las propias administraciones tributarias. Las organizaciones firmantes han advertido a los ministros de Economía y Finanzas de la UE de que el proceso de negociación no debe desvirtuar las medidas propuestas por la Comisión. Consideran que las exigencias de recaudación y los mecanismos de control del fraude no pueden convertirse en argumentos para mantener o recuperar obstáculos burocráticos. Por ello, reclaman que cualquier acuerdo final permita avanzar hacia un sistema más sencillo que el actual y conserve los objetivos iniciales del paquete legislativo. La iniciativa cuenta con el respaldo de representantes de distintos ámbitos, desde el sector bancario y los inversores de capital privado hasta las asociaciones de pequeñas empresas, los profesionales de la contabilidad y los asesores fiscales. Todos coinciden en que simplificar las obligaciones tributarias no significa reducir la lucha contra el fraude, sino mejorar el funcionamiento del mercado único y facilitar la actividad empresarial. Esta reivindicación tiene especial relevancia para España, donde las pymes representan más del 99% del tejido empresarial y soportan, además de las exigencias comunitarias, una importante carga burocrática derivada de la normativa estatal y autonómica.

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(El País, 04-11-2026) | Fiscal

La cara B del turismo masivo: Salou y Benidorm se quejan por tener que cuadrar unas cuentas asfixiadas por el gasto

La llegada de tres millones de turistas al año puede representar una importante fuente de ingresos para las arcas municipales, pero también supone un considerable aumento de los gastos que deben afrontar los ayuntamientos para mantener los servicios públicos. Es el caso de Salou (Tarragona), que cuenta con apenas 33.000 habitantes empadronados y debe atender a una población flotante muy superior. Su alcalde, Pere Granados (PSC), reconoce que los vecinos soportan una parte importante del coste de unos servicios dimensionados para atender a muchas más personas que las que residen habitualmente en el municipio. Una situación similar atraviesa Benidorm (Alicante), que debe hacer frente a una indemnización de 360 millones de euros, una obligación que dificulta el proceso de reducción de su deuda. Ambas localidades reclaman una modificación del sistema de financiación de las entidades locales que permita aumentar los recursos disponibles para atender las necesidades derivadas de la actividad turística. Las cuentas municipales de Salou reflejan el incremento de estos costes. El presupuesto ha pasado de 46,7 millones de euros en 2021 a los 76,2 millones previstos para 2026, lo que supone un crecimiento del 66%. Una parte importante de este aumento corresponde al gasto corriente en bienes y servicios, que engloba tanto las prestaciones vinculadas al turismo como las destinadas a la población residente. Esta partida ha pasado de 19,9 a 33,1 millones de euros y representa ya el 42,8% del presupuesto municipal, frente al 37,8% de hace cinco años. Solo en 2026 ha aumentado un 13,6%, convirtiéndose en el capítulo que más crece. Entre los motivos figuran la actualización y ampliación de contratos municipales relacionados con la jardinería, el socorrismo en las playas, el saneamiento, el mantenimiento de edificios, el alumbrado y las fuentes, además de la segunda fase del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. El alcalde de Salou explica que buena parte de estos gastos se cubren mediante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y las tasas municipales, que pagan tanto los residentes como los propietarios de segundas viviendas y los titulares de actividades económicas. Sin embargo, considera que el actual modelo de financiación local no tiene suficientemente en cuenta el impacto que el turismo genera sobre los servicios públicos. Por ello, defiende una revisión del sistema que permita distribuir los recursos de una forma más equitativa y ajustada a las características de los municipios turísticos. Entre sus propuestas figura que estas localidades puedan recibir directamente una parte del IVA recaudado por la actividad económica desarrollada en su territorio. Salou pertenece a la Alianza de Municipios de Sol y Playa, integrada por ocho localidades: Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. En conjunto, estos municipios reciben alrededor del 9% de los turistas extranjeros que visitan España y concentran el 19% de las pernoctaciones. Su principal dificultad es atender a una población temporal que puede multiplicar considerablemente el número de residentes, con el consiguiente aumento de las necesidades de limpieza, seguridad, mantenimiento e infraestructuras. Además, la reducción de la estacionalidad turística prolonga la presión sobre los servicios municipales durante buena parte del año, lo que complica la elaboración de unos presupuestos capaces de absorber el incremento del gasto. Benidorm, con unos 77.000 habitantes censados y cerca de tres millones de visitantes anuales, afronta una situación financiera especialmente complicada por una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a indemnizar con unos 350 millones de euros a los antiguos propietarios de unos terrenos situados en Sierra Gelada. Los suelos perdieron sus posibilidades de desarrollo urbanístico tras quedar integrados en el parque natural del mismo nombre. El acuerdo alcanzado posteriormente entre el consistorio y los propietarios contempla un primer desembolso de 60 millones de euros antes de finalizar el año y un periodo de carencia de cinco años. A partir de 2031, el Ayuntamiento deberá reservar el 8% de su presupuesto para atender los pagos pendientes, con el objetivo de liquidar la indemnización en un plazo máximo de 30 años. Esta obligación ha complicado la evolución de las cuentas municipales, pese a que el Ayuntamiento había conseguido reducir de forma significativa su endeudamiento. En el último ejercicio, la deuda neta descendió de 58,2 a 32,8 millones de euros, prácticamente la mitad. Su alcalde, Toni Pérez (PP), sostiene que el desembolso inicial de 60 millones no ha obligado a reducir los servicios públicos ni a incrementar los impuestos y asegura que esa seguirá siendo la prioridad del consistorio. No obstante, también reconoce las dificultades para equilibrar los gastos municipales y reclama una reforma de la Ley de Haciendas Locales. Al igual que su homólogo de Salou, defiende que todos los municipios, independientemente de su condición turística, puedan participar en la recaudación del IVA generado por el consumo en su territorio. Por el contrario, rechaza la implantación de una tasa turística, al considerar que supondría gravar actividades que ya están sujetas al IVA y que su aplicación tendría un alcance limitado y discriminatorio. Los otros seis integrantes de la Alianza de Municipios de Sol y Playa comparten la reclamación de una reforma urgente del modelo de financiación local que reconozca el esfuerzo económico adicional que deben realizar estas localidades. El sistema actual, que lleva 22 años sin modificaciones, establece unos requisitos muy restrictivos para que un municipio pueda ser considerado turístico a efectos de financiación. Entre ellos figuran no ser capital de provincia o de comunidad autónoma, contar con una población censada de entre 20.000 y 75.000 habitantes y disponer de más viviendas de segunda residencia que de residencia habitual. De los ocho municipios que forman parte de la alianza, únicamente Salou reúne estas condiciones y recibe por este concepto 286.854 euros anuales, una cantidad que representa el 11,6% del total distribuido.

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(El Economista, 04-11-2026) | Fiscal

La Comunidad de Madrid lanza una línea de avales para comprar vivienda de obra nueva sin adelantar el 10% del precio a las constructoras

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha una nueva línea de avales públicos para facilitar la compra de viviendas de obra nueva, tanto libres como protegidas. La iniciativa permitirá a los compradores evitar el desembolso anticipado de hasta el 10% del precio del inmueble mientras duren las obras. El Consejo de Gobierno aprobará este miércoles las condiciones del programa, que contará con un límite de 50 millones de euros. Cuando se adquiere una vivienda sobre plano, es habitual que el comprador tenga que entregar al promotor o a la cooperativa determinadas cantidades a cuenta antes de que finalice la construcción. Con el nuevo sistema, las sociedades de garantía recíproca (SGR) podrán conceder avales a estas entidades para cubrir dichos anticipos, evitando que los futuros propietarios tengan que disponer de ese dinero durante el periodo de edificación. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso asumirá sin coste hasta el 70% del importe de cada garantía, mientras que las sociedades que concedan los avales deberán cubrir al menos el 30% restante. Podrán participar las SGR domiciliadas en la Comunidad de Madrid que cumplan los requisitos económicos exigidos y suscriban un acuerdo con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. La medida entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y estará disponible para los compradores a medida que las entidades se incorporen al programa. Una vez terminada la vivienda, quienes asuman la hipoteca del promotor podrán solicitar su adhesión al plan autonómico Mi Primera Vivienda, que facilita el acceso a préstamos hipotecarios de al menos el 90% del valor de tasación. Para ello, deberán cumplir las condiciones establecidas y contratar la financiación con alguna de las doce entidades bancarias adheridas: Bankinter, Cajamar, Unión de Créditos Inmobiliarios, CaixaBank, Banco Santander, Ibercaja, ING, Unicaja, Kutxabank, ABANCA, Banco Sabadell y Eurocaja Rural. El porcentaje de financiación dependerá de la edad del solicitante. Podrá alcanzar el 100% del precio de la vivienda para los menores de 40 años, el 95% para quienes tengan entre 40 y 45 años y el 90% en el tramo de 45 a 50 años. El programa dispone de un presupuesto de 25 millones de euros para 2026 y establece los 50 años como límite general de edad, aunque quedan exentas de esta restricción las familias con hijos menores a cargo, las numerosas y las monoparentales. El precio máximo del inmueble no podrá superar los 425.000 euros. A estas iniciativas se sumarán dos nuevas rebajas fiscales que el Gobierno regional incorporará a los Presupuestos de 2027 y que entrarán en vigor el 1 de enero de ese año. La primera contempla reducir del 6% al 4% el tipo del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (TPO) para la adquisición de vivienda habitual de segunda mano por menores de 40 años, siempre que el inmueble no supere los 450.000 euros. La medida podría beneficiar a unos 40.000 jóvenes y supondría un ahorro conjunto de 114 millones de euros anuales, con una reducción media cercana a los 3.000 euros por comprador. La segunda rebaja afecta al impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), que grava la adquisición de vivienda nueva, cuyo tipo pasará del 0,75% al 0,4%. El Gobierno madrileño calcula que esta reducción permitirá ahorrar unos 2,1 millones de euros al año y beneficiará a alrededor de 4.200 jóvenes. En conjunto, las dos medidas fiscales supondrán un ahorro estimado de 116 millones de euros anuales.

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(El Economista, 03-11-2026) | Fiscal

La Justicia protege al campo y aclara que la compensación del IVA no cuenta para el límite de los módulos en el IRPF

La compensación a tanto alzado prevista en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, regulada en el artículo 130 de la Ley del Impuesto, no debe incluirse en el cálculo del límite anual de 250.000 euros de ingresos que determina la exclusión del método de estimación objetiva en el IRPF, conforme al artículo 31.1.3.ª de la Ley 35/2006. La magistrada ponente, Rivera Frade, considera que estas compensaciones no constituyen ingresos derivados de la actividad económica, sino un mecanismo de naturaleza tributaria destinado a resarcir a los agricultores y ganaderos por el IVA soportado que no pueden deducirse. Su finalidad es garantizar la neutralidad del impuesto y evitar que el contribuyente asuma una carga fiscal que no le corresponde. La resolución recuerda que el artículo 121.Uno de la Ley del IVA establece expresamente que las compensaciones a tanto alzado no forman parte del volumen de operaciones. Sin embargo, la Agencia Tributaria defendía que debían computarse como ingresos a efectos del IRPF, lo que suponía superar el límite establecido y excluir a la agricultora afectada del régimen de módulos. La magistrada también aclara que la Orden Ministerial HAP/2430/2015 no contempló expresamente la exclusión de estas compensaciones porque reprodujo literalmente la regulación del régimen simplificado del IVA, en el que no existen este tipo de pagos compensatorios. Por tanto, entiende que esta omisión responde a un defecto de redacción y no a una decisión deliberada de perjudicar al sector agrario. En consecuencia, una interpretación de la orden ministerial no puede prevalecer sobre lo establecido en la ley. El litigio tiene su origen en una liquidación provisional del IRPF mediante la que la Administración tributaria excluyó a una contribuyente del régimen de estimación objetiva al considerar que había superado el límite de ingresos permitido, una vez incorporadas al cálculo las compensaciones agrarias percibidas durante el ejercicio. La reclamación presentada por la contribuyente fue inicialmente desestimada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (TEARA). Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia estimó posteriormente su recurso y anuló la liquidación. Frente a esta decisión, la Abogacía del Estado interpuso recurso de casación.

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(Cinco Días, 02-11-2026) | Fiscal

España creció en el tercer trimestre un 2,7% impulsada por el consumo y el gasto público

La economía española avanzó un 0,6% en el tercer trimestre de 2026, una décima menos que en los tres meses anteriores, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En comparación con el mismo periodo del año pasado, el producto interior bruto (PIB) aumentó un 2,7%, una décima más que en el trimestre precedente. Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) ya anticipaban cierta moderación de la actividad, que se reflejó también en el repunte de la tasa de paro, de nuevo por encima del 10%. Pese a esta ligera desaceleración trimestral, los datos confirman la resistencia de la economía española. El crecimiento continúa apoyándose fundamentalmente en el consumo y la demanda interna, mientras que la aportación del sector exterior es mucho más limitada. Se trata de un cambio respecto a la etapa inicial de recuperación de la crisis financiera, que tocó fondo en 2013, cuando las exportaciones desempeñaron un papel protagonista. Aunque las ventas al exterior siguen aumentando, a un ritmo moderado del 1,3%, el principal impulso procede ahora del gasto dentro del país. Los analistas de CaixaBank Research atribuyen la fortaleza del consumo de los hogares, por un lado, a la confianza en la capacidad de crecimiento de la economía pese a las tensiones geopolíticas y, por otro, al colchón que proporciona la elevada tasa de ahorro familiar para afrontar el impacto de la inflación. El servicio de estudios de BBVA considera que el resultado está en línea con sus previsiones y respalda su estimación de un crecimiento anual del 2,6%. Aunque la composición de la actividad coincide en términos generales con lo esperado, destaca el comportamiento de algunos componentes, especialmente la construcción y las exportaciones. Las ventas de bienes al exterior crecieron un 1,1%, frente al estancamiento que anticipaba BBVA, mientras que las exportaciones de servicios avanzaron un 1,5%, dos décimas más de lo previsto. Las desviaciones negativas de la demanda interna fueron, por su parte, poco significativas. Uno de los elementos más destacados del trimestre fue el repunte del gasto público, que aumentó un 0,9% respecto al periodo de primavera. Este avance coincide con el último tramo de ejecución del Plan de Recuperación Europeo, cuyo plazo de culminación estaba fijado para el 1 de septiembre. El verano supuso así un impulso para acelerar la utilización de los fondos vinculados a este programa. Por sectores, la industria mantuvo un crecimiento trimestral del 0,7%, mientras que la construcción permaneció estancada, con una variación del 0%. Este comportamiento contrasta con la evolución de la inversión inmobiliaria y residencial, que registró un avance del 1% durante el verano, por encima de los resultados más moderados de los trimestres anteriores. Aun así, la inversión continúa mostrando cierto retraso y limita el potencial de crecimiento de la economía. Los datos del PIB coincidieron con la publicación de la inflación de octubre, que se mantuvo en el 4,9%, impulsada por el encarecimiento de los combustibles. Los precios ya habían mostrado una tendencia ascendente durante el verano, hasta superar el 3% en agosto. La persistencia de tasas de inflación elevadas podría reducir la capacidad de gasto de los hogares en la recta final del año y restar fuerza al consumo. En términos interanuales, la hostelería y el comercio registraron un comportamiento favorable durante el verano, con un crecimiento del 3%, superior al del conjunto de la economía, aunque su ritmo se moderó respecto a los trimestres anteriores. El impulso de las actividades relacionadas con la información y de los servicios científicos contribuyó a mantener la fortaleza del sector terciario, que avanzó un 2,9% interanual. Esta tasa se repite por tercer trimestre consecutivo. Los servicios representan cerca del 70% del PIB español. El Gobierno mantiene su previsión de crecimiento anual del 2,6%, en línea con las estimaciones del consenso de analistas. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), España se situará entre las grandes economías desarrolladas con mayor crecimiento en 2026. Para 2027 se espera una moderación de la actividad, aunque la mayoría de los servicios de estudios prevén que el avance económico se mantenga por encima del 2%, pese al escenario de incertidumbre.

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(Expansión, 02-11-2026) | Fiscal

Entra en vigor la nueva tasa europea de dos euros a los pequeños envíos

Desde noviembre, los envíos procedentes de países extracomunitarios y adquiridos a través del comercio electrónico incorporan un nuevo coste para su entrada en la Unión Europea. El bloque comunitario ha puesto en marcha una tasa de manipulación de dos euros por paquete, aplicable a los pedidos que llegan desde fuera de la UE para ser entregados directamente a los consumidores finales. La medida tiene carácter permanente y pretende proporcionar recursos adicionales a las autoridades aduaneras, que soportan una creciente presión por el extraordinario incremento de los envíos procedentes del extranjero. El auge de plataformas de comercio electrónico como AliExpress, Temu y Shein ha contribuido a multiplicar el volumen de paquetes que entran en el mercado europeo. Según las cifras de la Comisión Europea, durante 2025 se importaron alrededor de 5.900 millones de envíos, un volumen que ha dificultado considerablemente las labores de inspección y control. Desde las instituciones comunitarias justifican la nueva tasa por la necesidad de financiar los recursos que requiere la supervisión de esta mercancía. Las inspecciones coordinadas realizadas por las aduanas detectaron que aproximadamente el 60% de los productos examinados no cumplía los requisitos establecidos por la normativa europea. Esta situación plantea riesgos para la seguridad de los consumidores y genera diferencias competitivas respecto a las empresas europeas, que deben asumir los costes y obligaciones derivados del cumplimiento de la legislación. La elevada cantidad de paquetes recibidos también facilita que parte de los artículos irregulares pueda superar los controles fronterizos. Si se mantuviera el volumen de importaciones registrado el pasado año, la nueva tasa podría generar unos ingresos de 12.000 millones de euros anuales. No obstante, la Comisión Europea considera probable que la aplicación del gravamen provoque una reducción del número de envíos individuales. Uno de los principales objetivos de Bruselas es conseguir que las grandes plataformas internacionales modifiquen sus sistemas de distribución y agrupen los pedidos para reducir el número de paquetes que llegan de manera individual. La preocupación se centra especialmente en los envíos de pequeño importe, que representan una parte muy importante del comercio electrónico extracomunitario. De los 5.900 millones de paquetes recibidos en 2025, aproximadamente 4.500 millones tenían un valor inferior a 150 euros. Para estos envíos de menor valor, la nueva tasa de dos euros se añade al gravamen de tres euros por paquete que comenzó a aplicarse en julio de este año. Este último tiene carácter temporal y afecta específicamente a los envíos de bajo coste. Hasta ahora, los paquetes cuyo valor no superaba los 150 euros estaban exentos de derechos arancelarios en la Unión Europea, una circunstancia que las grandes plataformas habían aprovechado para fragmentar los pedidos y reducir los costes asociados a sus importaciones. El recargo de tres euros se mantendrá hasta 2028, cuando está previsto que entre en funcionamiento la Autoridad Europea de Aduanas. La puesta en marcha de una plataforma centralizada permitirá reforzar los controles sobre las mercancías que acceden al mercado comunitario. Una vez implantado este sistema, está previsto eliminar el gravamen temporal y someter los paquetes a los procedimientos aduaneros y arancelarios que correspondan. Aunque Bruselas sostiene que la nueva regulación no está dirigida contra ninguna empresa concreta, el origen de los envíos explica buena parte de la preocupación comunitaria. Alrededor del 91% de los paquetes de menor valor que han llegado a las aduanas europeas procedía de China, país desde el que operan algunas de las principales plataformas internacionales de comercio electrónico, como Shein, Temu y AliExpress. Los primeros efectos de las medidas ya se han reflejado en las estadísticas de importación. Durante los tres meses posteriores a la entrada en vigor del gravamen de julio, correspondientes a julio, agosto y septiembre, el volumen de paquetes declarados en la Unión Europea descendió de media más del 60%. La incorporación de la nueva tasa de dos euros podría acentuar esta tendencia y acelerar los cambios en los sistemas logísticos de las plataformas. De hecho, la Comisión Europea señala que algunas compañías internacionales ya están modificando sus estrategias de distribución y optando por introducir grandes cantidades de mercancía en almacenes situados dentro de la UE, desde donde posteriormente se realizan las entregas a los consumidores. Este modelo reduce el número de envíos individuales sometidos a las nuevas tasas, aunque también limita la recaudación prevista. A cambio, permite concentrar las operaciones de importación, facilita las inspecciones aduaneras y contribuye a dificultar la entrada de productos que no cumplen los requisitos comunitarios. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha defendido la necesidad de adaptar los instrumentos de control a la expansión del comercio electrónico y a la rapidez con la que está transformando los intercambios comerciales internacionales.

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(El País, 02-11-2026) | Fiscal

Los inspectores de Hacienda piden refundar la Agencia Tributaria para despolitizar su cúpula

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) atraviesa "la peor crisis de su historia" y corre el riesgo de perder el modelo institucional con el que fue creada en 1992. Durante su XXXVI Congreso, celebrado este jueves y viernes en Toledo, el colectivo ha denunciado el deterioro de la independencia y el prestigio del organismo, que atribuye a las interferencias políticas, las filtraciones de información reservada y una estrategia de comunicación excesivamente defensiva. Para corregir esta situación, los inspectores reclaman una profunda reforma de la Agencia mediante la aprobación urgente de un Estatuto que lleva más de tres décadas pendiente de desarrollo. Una de las principales demandas de la asociación es despolitizar los órganos de dirección y garantizar la estabilidad de sus responsables. Su presidenta, Ana de la Herrán, ha recordado que la Agencia Tributaria ha tenido 15 directores generales en sus casi 35 años de existencia, una rotación que también ha provocado continuos cambios en los puestos intermedios. José María Peláez, portavoz de la organización, considera que la institución ha perdido independencia frente al poder político. Esta reivindicación se produce después de la reciente renovación de la cúpula del organismo. El Gobierno nombró en julio a Antonio Ansón Latorre como nuevo director general, en sustitución de Soledad Fernández Doctor, que dejó el cargo después de cuatro años. El relevo estuvo precedido por varios días de especulaciones sobre posibles tensiones internas, en un contexto marcado por el debate sobre la financiación autonómica y las competencias tributarias de Cataluña. Hacienda negó entonces que existiera una crisis interna y aseguró que la salida de Fernández Doctor estaba acordada desde hacía meses. Ansón, inspector de Hacienda desde 1999 y hasta entonces jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, cuenta con una dilatada trayectoria en la Administración tributaria. Para reforzar la autonomía técnica y funcional de la Agencia, los inspectores proponen que el nombramiento de su director general corresponda a las Cortes Generales y requiera una mayoría cualificada. El mandato tendría una duración de cinco años, con posibilidad de una única renovación, y el cese solo podría producirse por las causas expresamente establecidas en la ley. A cambio de esta mayor independencia, el responsable del organismo debería comparecer anualmente en el Congreso para informar sobre el cumplimiento de los planes estratégicos y los resultados de gestión. La reforma planteada también pretende eliminar la actual bicefalia de la dirección, separando al secretario de Estado de Hacienda de la estructura ejecutiva de la Agencia. El modelo de gobierno se organizaría en torno a la Dirección General, un Comité Ejecutivo y un Consejo Asesor en el que estarían representadas todas las administraciones que participan en la gestión de los tributos. La asociación considera que este cambio permitiría recuperar la autonomía en materia de personal frente a la intervención de la Secretaría de Estado de Función Pública y reducir el recurso a la libre designación, un sistema que, según denuncia, afecta actualmente a más de la mitad de los puestos ocupados por inspectores. Entre las medidas propuestas figura también la incorporación de la lucha contra la corrupción a los planes anuales de control tributario. Para ello, los inspectores plantean establecer un programa permanente de inspección patrimonial de los representantes públicos y de los partidos políticos, además de un seguimiento fiscal específico de las personas condenadas por delitos de corrupción. El colectivo considera que estos cambios ayudarían a evitar la utilización política de la Agencia Tributaria y recuerda varios episodios que, a su juicio, han comprometido su independencia. Entre ellos cita la exigencia de promover la amnistía fiscal de 2012, los ceses de altos cargos por supuestas afinidades políticas en 2013 y las filtraciones de datos tributarios de responsables públicos durante ese mismo año. También denuncia presiones para someter determinadas actuaciones inspectoras a la autorización de Hacienda y alude a las declaraciones públicas de la anterior ministra, María Jesús Montero, sobre la situación fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los inspectores mantienen asimismo su rechazo a cualquier propuesta que suponga rebajar los requisitos de acceso al cuerpo o recurrir a bolsas de interinos para realizar funciones propias de la inspección. Además, reclaman que todos los funcionarios del cuerpo estén plenamente adscritos a la plantilla de la Agencia y que se equiparen sus retribuciones y posibilidades de promoción profesional con las de quienes trabajan en los tribunales económico-administrativos, la Dirección General de Tributos y el Instituto de Estudios Fiscales. La modernización del organismo pasa también, según la asociación, por incorporar la inteligencia artificial al trabajo diario de los funcionarios mediante agentes especializados, siempre bajo supervisión humana. El propósito sería reforzar la capacidad investigadora de la Agencia sin menoscabar las garantías de los contribuyentes. Otro de los focos de preocupación es la reforma de la financiación autonómica y las posibles concesiones a Cataluña. Los inspectores se oponen a cualquier modificación que pueda poner en peligro la unidad de la Agencia Tributaria y defienden que la gestión de los impuestos debe conservar una estructura común en todo el territorio nacional. A su juicio, la fragmentación de las competencias entre distintas administraciones podría debilitar el funcionamiento de la institución. Para preservar este modelo, la asociación establece tres condiciones que considera irrenunciables: mantener un sistema único de información tributaria, garantizar una caja única para gestionar las retenciones y conservar un control integrado de las actividades económicas en todo el país. Estas exigencias constituyen, según el colectivo, los límites que deberían respetarse en cualquier reforma de la financiación autonómica. A estas discrepancias se añade el malestar por los ataques que, según denuncian, recibe la Agencia tanto de algunos contribuyentes como de determinados despachos profesionales. Peláez reconoce que la labor inspectora puede generar rechazo social, una circunstancia que los funcionarios asumen como parte de su trabajo. Sin embargo, considera que ese malestar no debe traducirse en agresiones contra los empleados públicos o la propia institución por decisiones que corresponden al poder legislativo, como la falta de actualización de los tramos del IRPF para compensar la inflación. El portavoz también ha aludido a las críticas de algunos despachos profesionales, en una referencia al bufete Amsterdam & Partners y a su campaña contra Hacienda. Los inspectores consideran que la dirección de la Agencia no ha respondido con suficiente contundencia a estos ataques y reclaman un mayor respaldo institucional, tanto desde el punto de vista de la comunicación pública como mediante actuaciones judiciales cuando resulte necesario.

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(El País, 02-11-2026) | Fiscal

La recaudación fiscal crece un 10% pese al desplome en los impuestos a los carburantes

La recaudación tributaria mantiene un ritmo de crecimiento sostenido. Entre enero y septiembre, los ingresos por impuestos aumentaron un 10%, hasta alcanzar los 248.326 millones de euros, según los datos publicados este viernes por la Agencia Tributaria. A excepción de agosto, condicionado por efectos de calendario, los ingresos han registrado incrementos de dos dígitos todos los meses. Esta evolución se ha mantenido incluso pese al fuerte descenso de la recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos, que cayó un 13% en el conjunto del periodo y un 25% únicamente en septiembre. El retroceso responde a las rebajas fiscales aprobadas para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo, que han reducido los ingresos públicos en unos 3.000 millones de euros hasta el noveno mes del año. Desde que Israel y Estados Unidos atacaron Irán a finales de febrero, el Gobierno ha puesto en marcha tres paquetes de medidas de apoyo, cuyo coste conjunto se estima en unos 12.000 millones de euros. Entre ellas figuran diversas reducciones de impuestos sobre la energía, destinadas a contener el impacto del encarecimiento de los precios provocado por las restricciones en rutas estratégicas para el transporte internacional de gas y petróleo y los ataques contra infraestructuras energéticas esenciales en el marco del conflicto. Entre enero y septiembre, las rebajas del IVA aplicadas a la electricidad, el gas y los hidrocarburos, que ya han dejado de estar vigentes, supusieron una merma de 1.169 millones de euros en los ingresos tributarios. A esta cantidad se suman otros 1.383 millones derivados de la reducción de los tipos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que representa el mayor coste de las medidas fiscales. Además, en septiembre se duplicó la bonificación fiscal al diésel, que pasó de 10 a 20 céntimos por litro, después de que su precio hubiera aumentado más de un 15%. El incremento de la recaudación del resto de los principales impuestos ha compensado ampliamente el efecto de estas medidas. El IRPF volvió a ser uno de los motores de los ingresos públicos, con un crecimiento del 12,5%, hasta los 118.068 millones de euros, cerca de la mitad del total recaudado durante los nueve primeros meses del ejercicio. Esta evolución responde tanto a la fortaleza del mercado laboral, que ha alcanzado máximos de afiliación, como al aumento de los salarios y las pensiones registrado en los últimos años. Estas subidas han elevado los tipos impositivos medios, en un contexto en el que no se han actualizado los tramos del impuesto para adaptarlos a la inflación, un proceso conocido como deflactación. El Impuesto sobre Sociedades acumula un incremento superior al 25% en lo que va de año, aunque en septiembre apenas registró ingresos significativos. Este resultado está condicionado por el elevado volumen de devoluciones derivadas de la anulación judicial de varias medidas incluidas en la reforma fiscal impulsada por Cristóbal Montoro en 2016. Si se eliminan los efectos extraordinarios y de calendario, el crecimiento de la recaudación se sitúa en el 7%, hasta los 18.877 millones de euros. Por su parte, los ingresos procedentes del IVA aumentaron un 8,1% hasta septiembre, con un total de 81.181 millones de euros. En cambio, los impuestos especiales registraron una caída del 8,5%, hasta los 15.718 millones, debido principalmente al impacto de las rebajas fiscales aplicadas a los productos energéticos. Este viernes también se han conocido los datos de déficit de las Administraciones públicas correspondientes al periodo comprendido entre enero y agosto, sin incluir las corporaciones locales. El desfase entre ingresos y gastos alcanzó aproximadamente los 30.000 millones de euros, equivalentes al 1,71% del PIB, una vez excluido el coste de la dana. La cifra supera el 1,5% registrado en el mismo periodo de 2025. En cuanto al déficit del Estado, referido en este caso a los nueve primeros meses del año, se sitúa en torno al 2,2% del PIB, unos 9.000 millones de euros por encima del registrado un año antes.

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(Cinco Días, 29-10-2026) | Fiscal

Las navieras se hacen de oro con el alza de los fletes y disparan un 75% el beneficio medio por barco

La guerra en Irán ha alterado profundamente el transporte marítimo internacional, con el estrecho de Ormuz como principal foco de la crisis. Su bloqueo ha obligado a las navieras a utilizar rutas más largas, reduciendo la disponibilidad de buques, mientras el riesgo de ataques iraníes ha disparado los costes del transporte, especialmente en el sector energético. Los ingresos medios de la actividad marítima han aumentado un 75% este año respecto al anterior y se sitúan un 92% por encima de la media de la última década. Esta situación está favoreciendo a un reducido grupo de grandes compañías navieras, algunas de las cuales han duplicado ampliamente su valor bursátil. Los ingresos medios diarios de los buques de carga superan actualmente los 74.000 dólares, según el Clarksea Index, elaborado por la consultora Clarksons Research. Este indicador, utilizado habitualmente por armadores, navieras y aseguradoras, calcula la rentabilidad media de una flota representativa de petroleros, graneleros, portacontenedores y gaseros. Sus registros se encuentran cerca de máximos históricos, lo que refleja el fuerte crecimiento de los ingresos del sector pese al encarecimiento del combustible y al aumento de los riesgos para la navegación. Desde la pandemia, el transporte marítimo ha tenido que adaptarse a un entorno más inestable, marcado por los conflictos internacionales, las interrupciones de las cadenas de suministro y la congestión portuaria. Sin embargo, esta mayor volatilidad también ha abierto oportunidades para elevar los precios. Vincent Clerc, consejero delegado de la naviera danesa Maersk, señaló en septiembre que la forma de fijar las tarifas había cambiado sustancialmente desde la crisis sanitaria y que el sector podía alcanzar niveles de rentabilidad superiores a los habituales antes de la pandemia. Maersk, que dispone de la segunda mayor flota mundial de portacontenedores y controla el 13,6% de la capacidad del mercado, registró en el segundo trimestre un beneficio neto atribuido de 1.263 millones de dólares, un 116% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía revisó al alza por segunda vez sus previsiones para 2026 y los analistas de Citi esperan que pueda mejorarlas de nuevo con la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para el 5 de noviembre. En lo que va de año, sus acciones acumulan una revalorización del 60%. El mercado está dominado por un pequeño número de grandes operadores. Mediterranean Shipping Company (MSC), con sede en Suiza, lidera el sector con el 21,5% de la capacidad mundial de transporte de contenedores, aunque no publica sus resultados financieros. Maersk ocupa la segunda posición, seguida de la francesa CMA CGM, con una cuota del 12,9%, y la china Cosco Shipping, con el 10,6%. Por detrás se sitúan compañías como la alemana Hapag-Lloyd, la japonesa Ocean Network Express y la taiwanesa Evergreen. El encarecimiento de los fletes se ha extendido a prácticamente todas las modalidades de transporte marítimo. La inseguridad en torno al estrecho de Ormuz obliga a modificar itinerarios, aumenta las distancias recorridas y eleva los gastos de combustible y aseguramiento. Estos costes adicionales terminan trasladándose a las tarifas que pagan las empresas por transportar mercancías, desde productos industriales hasta materias primas y recursos energéticos. El índice compuesto de fletes de contenedores de Shanghái ha multiplicado por más de tres sus niveles anteriores al conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, el impacto más acusado se observa en el transporte de petróleo, donde el coste de los fletes se ha multiplicado por diez en lo que va de año. El incremento está impulsando los resultados de las navieras especializadas en el transporte de crudo. A mediados de octubre, el coste diario estimado de transportar dos millones de barriles de petróleo en un petrolero de gran capacidad, conocido como VLCC, desde África occidental hasta China llegó a superar los 770.000 dólares. En la ruta entre el golfo de México y China, las tarifas alcanzaron los 600.000 dólares diarios. Estas cantidades se calculan a partir de los ingresos previstos por el viaje, descontando gastos como el combustible, las tasas portuarias y los peajes por el tránsito a través de canales como los de Suez o Panamá. Según John Ollett, responsable de precios de fletes de crudo de la consultora Argus, los armadores deben seguir afrontando costes de tripulación, mantenimiento y abastecimiento de los buques, que se estiman en unos 10.000 dólares diarios. La diferencia entre estos gastos y los ingresos obtenidos por los fletes deja unos márgenes extraordinarios que están elevando la rentabilidad de las compañías. El auge del transporte de petróleo también se refleja en los mercados financieros. El Breakwave Tanker Shipping ETF, un fondo cotizado que sigue la evolución de los precios de los contratos de futuros vinculados a los fletes de petroleros, acumula una subida cercana al 4.750% este año. Su evolución ilustra hasta qué punto la crisis en Oriente Próximo y las dificultades para transportar crudo han convertido la capacidad de navegación en un activo especialmente valioso.

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(La Vanguardia, 29-10-2026) | Fiscal

Frente Amplio plantea frenar la acumulación de vivienda gravando con un 10% a grandes propietarios

Ada Colau ha presentado una propuesta fiscal para intervenir en el mercado del alquiler mediante un impuesto anual del 10% sobre el valor de los inmuebles de los grandes propietarios que no se arrienden a precios asequibles. En una entrevista en la cadena SER, la candidata de Frente Amplio ha defendido que la vivienda debe destinarse a residencia habitual y no a la especulación. A su juicio, la fiscalidad puede contribuir tanto a frenar las subidas de los alquileres como a reducir unas rentas que considera excesivas. Colau ha relacionado la iniciativa con la defensa del derecho a la vivienda y con el origen de la actual convocatoria electoral. También ha recordado a Mari Carmen y ha señalado que su lucha debe traducirse en medidas concretas para evitar situaciones que considera intolerables. La candidata ha insistido en que es necesario actuar sobre las causas del encarecimiento de la vivienda y no limitarse a medidas parciales. El impuesto distinguiría entre pequeños propietarios y grandes tenedores. Se aplicaría a las empresas desde su primera vivienda y a las personas físicas a partir de la cuarta, siempre que el valor conjunto de sus inmuebles superase los 800.000 euros. Los propietarios que alquilasen por encima de la media establecida en el índice estatal de referencia tendrían que pagar anualmente un gravamen equivalente al 10% del valor de los inmuebles, mientras que los arrendamientos a precios asequibles quedarían exentos. La finalidad de la medida, según Colau, no sería aumentar los ingresos públicos, sino desincentivar los alquileres elevados y conseguir que los propietarios redujesen las rentas para evitar el pago. La candidata ha señalado que, en ciudades como Madrid y Barcelona, los precios considerados asequibles deberían situarse algo más de un 30% por debajo de los niveles actuales. La propuesta pone el foco especialmente en los fondos de inversión y los grandes propietarios. Colau ha asegurado que trece fondos concentran unas 100.000 viviendas en España y ha defendido la necesidad de actuar sobre este tipo de tenedores. Según su planteamiento, las estadísticas muestran una relación entre el tamaño de los propietarios y el nivel de los alquileres que fijan. Las estimaciones de Frente Amplio apuntan a que el gravamen podría afectar a 737 empresas privadas con al menos 50 viviendas alquiladas. Además, la formación calcula que contribuiría a movilizar 213.840 inmuebles en manos de multipropietarios que actualmente no están arrendados ni se utilizan como residencia habitual. A esta cifra se sumarían otros 272.160 pisos que ya están en alquiler y cuyos propietarios podrían optar por reducir las rentas para quedar exentos del impuesto. Frente a quienes consideran que la solución pasa principalmente por construir más viviendas, Colau ha sostenido que el problema no se limita a la falta de oferta, sino que también depende del uso que se hace de los inmuebles disponibles. En este sentido, ha señalado los pisos vacíos, el alquiler de temporada y los alojamientos turísticos como factores que restringen la oferta destinada a residencia habitual. La candidata ha reconocido que es necesario ampliar el parque público de vivienda, aunque ha advertido de que la construcción requiere varios años y no permite responder de inmediato a la emergencia habitacional. Por ello, Frente Amplio propone elevar de forma permanente la inversión en vivienda asequible y protegida hasta el 1% del PIB. Los recursos se destinarían a construir, adquirir y rehabilitar inmuebles, y parte de la financiación procedería de la recaudación del nuevo impuesto. La iniciativa pretende combinar así el aumento de la oferta pública con incentivos fiscales para movilizar las viviendas existentes y contener los precios del alquiler.

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