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(El País, 08-06-2026) | Fiscal

Hacienda pide a los ministerios enviar sus propuestas para los Presupuestos antes del 29 de junio

Hasta hace pocos días, los responsables económicos del Gobierno seguían defendiendo públicamente que el Ejecutivo presentaría unos Presupuestos Generales del Estado para 2026. Sin embargo, en privado reconocían que la posibilidad era cada vez más remota debido al calendario y a la fragilidad de los apoyos parlamentarios. Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio por superada esa fase y anunció que el Ejecutivo comenzaría a trabajar ya en las cuentas públicas correspondientes a 2027. La decisión se formalizó este viernes con la publicación en el BOE de la orden ministerial de Hacienda que pone en marcha el proceso presupuestario. La orden fija las directrices que deberán seguir los distintos ministerios y organismos públicos para elaborar sus propuestas de gasto y, de forma implícita, confirma un escenario que ya se daba prácticamente por hecho: los Presupuestos aprobados en 2023 permanecerán vigentes al menos durante cuatro años consecutivos. El calendario previsto obliga a los departamentos ministeriales a remitir antes del 29 de junio sus previsiones de gasto y los informes sobre impacto transversal. Todo este procedimiento se desarrollará además en paralelo a la reforma del sistema de financiación autonómica. Según recoge el documento, las futuras cuentas para 2027 buscarán reforzar el Estado del bienestar mediante medidas orientadas a fortalecer la atención primaria sanitaria y ampliar la oferta de vivienda asequible, especialmente enfocada a facilitar la emancipación de los jóvenes. También se plantea impulsar una política industrial verde basada en la descarbonización y en el fortalecimiento de la autonomía estratégica mediante energías renovables. La elaboración de estos Presupuestos coincidirá además con la entrada en vigor del nuevo marco europeo de gobernanza económica. Hacienda incorporará por primera vez el análisis de la llamada "dimensión marrón", destinado a identificar partidas con impacto ambiental negativo, y aplicará de forma obligatoria las evaluaciones de eficiencia del gasto elaboradas por la Autoridad Fiscal bajo el principio de "cumplir o explicar". Pese al inicio formal del procedimiento, nada garantiza todavía que España vaya a disponer finalmente de nuevos Presupuestos. Ni siquiera está asegurado que el Gobierno llegue a registrar el proyecto en el Congreso. El Ejecutivo encadena ya tres ejercicios consecutivos sin presentar nuevas cuentas públicas y, en todos esos casos, también se publicó previamente una orden ministerial similar a la difundida este viernes. Durante este tiempo, el Gobierno ha argumentado distintas razones para justificar la prórroga presupuestaria, desde procesos electorales hasta las consecuencias económicas derivadas de los conflictos internacionales, como la guerra en Irán. Sin embargo, el principal obstáculo ha sido la dificultad para reunir mayorías parlamentarias estables en un clima político cada vez más polarizado. De hecho, ya en septiembre de 2025, Pedro Sánchez defendió que los Presupuestos eran "un instrumento y no un fin en sí mismo", descartando adelantar elecciones en caso de no lograr apoyos suficientes y dejando abierta la puerta a nuevas prórrogas de las cuentas de 2023. El arranque del proceso presupuestario implica no solo recopilar las peticiones de los ministerios, sino también actualizar el cuadro macroeconómico que servirá de base para calcular las previsiones de crecimiento, empleo y déficit, elementos clave para fijar el techo de gasto. El Ministerio de Hacienda, dirigido por Arcadi España, deberá además establecer una nueva senda fiscal que determine el reparto del déficit entre las distintas administraciones públicas. Ese objetivo necesitará el respaldo del Congreso, algo especialmente complejo dada la actual fragmentación parlamentaria, y posteriormente tendrá que trasladarse a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Fuentes gubernamentales señalan que estos pasos llegarán más adelante. Por ahora, el Ejecutivo trabaja en la actualización de las previsiones económicas oficiales, que considera desfasadas. Hace apenas un mes, en el Informe de Progreso Anual remitido a Bruselas, el Gobierno estimaba un crecimiento del PIB del 2,2% para 2026, aunque esa previsión quedó condicionada por la incertidumbre derivada de la guerra en Oriente Próximo y las tensiones sobre los mercados energéticos. El Ministerio de Economía ya reconoció entonces que el impacto del conflicto geopolítico podría reducir el crecimiento económico hasta en ocho décimas. Además de revisar el cuadro macroeconómico, la aprobación de unos nuevos Presupuestos requiere superar varias etapas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Tras aprobar los objetivos de déficit y deuda pública y fijar el límite de gasto no financiero -el conocido techo de gasto-, el Ejecutivo deberá presentar el proyecto presupuestario en el Congreso antes del 30 de septiembre para permitir su tramitación parlamentaria y una eventual aprobación antes del inicio de 2027. Este jueves, durante su primera comparecencia en la Comisión de Hacienda desde que asumió el cargo, Arcadi España aseguró que el Gobierno pretende negociar previamente con los grupos parlamentarios el contenido de las cuentas antes incluso de registrar el proyecto en el Congreso. Consciente de la presión de sus socios, el ministro insistió en la necesidad de dialogar antes de cerrar definitivamente el denominado "libro amarillo" presupuestario.

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(El Economista, 08-06-2026) | Fiscal

El Congreso deberá convocar un pleno extra en julio para debatir los objetivos de déficit

El anuncio del presidente del Gobierno de que se presentarán los Presupuestos Generales del Estado para 2027, realizado la semana pasada ya en junio, ha obligado a acelerar una tramitación que de por sí es larga y compleja. Al mismo tiempo, confirma que el Ejecutivo ha descartado presentar las cuentas de 2026, una opción que se había mantenido en el discurso oficial hasta hace pocas semanas pero que ya no se contempla. Con ello se pone en marcha el proceso legislativo de la norma más relevante para cualquier Gobierno, aunque en este caso con retraso respecto a los plazos habituales. La primera consecuencia es que el Congreso podría tener que convocar un pleno extraordinario en julio, mes inhábil parlamentariamente, para debatir y votar los objetivos de déficit y deuda pública, asociados al techo de gasto o límite de gasto no financiero, que no se somete a votación. Ya se han iniciado algunos pasos previos. El pasado viernes, el Boletín Oficial del Estado publicó la orden del Ministerio de Hacienda que establece los plazos y normas para que los ministerios, organismos dependientes y entidades públicas empresariales remitan sus previsiones de gasto. Esta publicación, que este año se ha producido con retraso, debería haberse realizado en marzo, mientras que en ejercicios anteriores incluso llegó a retrasarse hasta después del verano. Los distintos departamentos tienen hasta el 29 de junio para enviar sus planes presupuestarios a Hacienda. A partir de esa información se elaborará el techo de gasto y la senda de estabilidad presupuestaria. La normativa establece que estos objetivos deberían haberse presentado antes de finalizar el primer semestre del año, algo que previsiblemente no se cumplirá debido a los plazos actuales. El siguiente paso es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se informará a comunidades autónomas y entidades locales de los objetivos de déficit fijados para cada nivel de administración. En 2025, estos objetivos fueron rechazados en dos ocasiones en el Congreso. El calendario, por tanto, se encuentra ajustado al límite. En función de la fecha en la que se reúna el CPFF, el Gobierno tendrá margen o no para llevar la senda fiscal al Congreso durante julio, lo que podría obligar a convocar un pleno extraordinario a través de la Diputación Permanente. Si no fuera posible, la tramitación se trasladaría a septiembre. En ese caso, el Ejecutivo tendría hasta el 30 de septiembre, fecha límite establecida por la Constitución, para presentar el proyecto de Presupuestos. Esto obligaría a concentrar la tramitación en un periodo muy reducido. Más allá de los plazos formales, el principal obstáculo del Gobierno es político. La minoría parlamentaria complica la aprobación de las cuentas, especialmente tras la falta de acuerdos en ejercicios anteriores, que ha derivado en varias prórrogas de los Presupuestos de 2023. La composición actual del Congreso hace especialmente difícil la negociación, con Junts como uno de los grupos clave para alcanzar mayorías. Según fuentes parlamentarias, la formación mantiene su posición de rechazo, en un contexto además marcado por tensiones políticas y judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo. Aun así, no se descarta que en los próximos meses se reabran negociaciones, aunque con un alto coste político en caso de acuerdo. Mientras tanto, el Ministerio de Economía tiene previsto dar a conocer esta semana el nuevo cuadro macroeconómico, primer paso técnico en la elaboración de las nuevas cuentas públicas.

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(El Economista, 08-06-2026) | Fiscal

La nueva ley para mutualistas permitirá traspasar los fondos a la Seguridad Social sin tributar IRPF

La ley destinada a mejorar las pensiones de los mutualistas profesionales -entre ellos abogados, procuradores, médicos o arquitectos- afronta su última fase en el Congreso con la votación prevista en el Pleno del 11 de junio. El dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el 26 de mayo incorporó cambios relevantes introducidos a última hora. En el ámbito fiscal, los mutualistas que se acojan a la llamada "pasarela" para incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) no tendrán que tributar en el IRPF por los fondos acumulados en sus mutualidades que se transfieran al sistema público. Estos fondos incluyen tanto las aportaciones realizadas durante años como la rentabilidad generada. Sin esta exención, dicha retirada habría estado sujeta a tributación como rendimiento. El texto añade que esta transferencia de derechos económicos no tendrá efectos fiscales en el IRPF, aunque las pensiones resultantes sí tributarán en el impuesto como cualquier otra prestación de jubilación. Otra novedad relevante es el mantenimiento del sistema alternativo de las mutualidades. Las versiones anteriores del proyecto preveían que los nuevos colegiados debieran incorporarse obligatoriamente al RETA a partir de 2028. Finalmente, se permitirá seguir eligiendo entre mutualidad o Seguridad Social, aunque el Gobierno elaborará un informe antes de finales de 2030 para evaluar la continuidad de este modelo. La norma establece que podrán acceder a la pasarela todos aquellos profesionales que no estén jubilados y que no hayan generado aún derecho a pensión en la Seguridad Social, es decir, quienes no hayan alcanzado los 15 años mínimos de cotización. Quienes ya dispongan de ese derecho podrán completar su carrera para acceder a la pensión contributiva correspondiente. En cuanto al traspaso de fondos, el texto no concreta el procedimiento de salida del capital acumulado, que queda pendiente de desarrollo reglamentario. Las mutualidades defienden una transferencia progresiva vinculada al momento de jubilación para no comprometer sus inversiones a largo plazo, pero este aspecto deberá definirse más adelante mediante normativa específica. También se deja para un reglamento posterior la conversión de los fondos acumulados en años cotizados en el sistema público. La ley establece que se tomará como referencia la base mínima del RETA correspondiente, actualizada según se determine, y se aplicará un coeficiente reductor del 0,77 para el cómputo de años. El texto incluye además medidas específicas para los profesionales que tengan 52 años cumplidos a 31 de diciembre de 2026. En su caso, los meses cotizados en mutualidades se computarán como si hubieran estado de alta en el RETA a efectos de alcanzar el 100% de la pensión. Para los mutualistas que abandonaron el sistema antes de 2005 y no alcanzan los 15 años de cotización en la Seguridad Social, se habilita la posibilidad de suscribir un convenio especial que permitirá reconocer hasta cinco años de aportaciones previas en la mutualidad. En relación con las aportaciones futuras, la norma obliga a que las mutualidades garanticen prestaciones equivalentes al 100% de la pensión mínima que correspondería en el sistema público. Este objetivo se vincula a un calendario progresivo de aportaciones que alcanzará el 100% en 2028. El texto también introduce cambios en la regulación de las prestaciones sociales de las mutualidades, que deberán priorizar a colectivos vulnerables como jubilados, personas dependientes o con discapacidad, viudedad u orfandad, siempre bajo supervisión de la Dirección General de Seguros o de los organismos autonómicos competentes. La reforma surge ante las bajas pensiones que perciben muchos de estos profesionales tras décadas cotizando en sistemas alternativos, en algunos casos con aportaciones inferiores a las del régimen público. Sin esta reforma, se estima que una parte significativa de los abogados mutualistas habría accedido a pensiones inferiores a 700 euros mensuales. Según las previsiones del sector, la norma no sufrirá cambios sustanciales en su paso por el Congreso y podría quedar definitivamente aprobada tras su tramitación en el Senado durante el verano.

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(Expansión, 05-06-2026) | Fiscal

Bruselas insta a España a eliminar el castigo fiscal a los caseros no residentes

La Comisión Europea ha remitido una nueva carta a España en la que reclama al Gobierno que corrija la "discriminación" fiscal que afecta a los no residentes y equipare las reducciones fiscales aplicables al alquiler de viviendas en el IRNR. Se trata de un nuevo episodio en el prolongado conflicto sobre la tributación de los ingresos obtenidos por no residentes a través del alquiler de inmuebles. Bruselas comunicó este jueves a España que debe poner fin al trato desigual que sufren estos contribuyentes al no poder acceder a las reducciones fiscales previstas para el arrendamiento de viviendas. La actuación de la Comisión llega tras la denuncia presentada hace más de un año por el abogado Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence. Según explicó a EXPANSIÓN, la desigualdad se origina porque las bonificaciones por alquiler están recogidas en la normativa del IRPF y no en la del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), tributo que se aplica a quienes viven fuera de España. Hacienda rechaza aplicar esas ventajas fiscales al considerar que el artículo 24.1 de la ley del IRNR establece que los rendimientos obtenidos por no residentes sin establecimiento permanente en España se calculan siguiendo las normas del IRPF, pero "sin que sean aplicables las reducciones". Del Campo trasladó esta cuestión a la Comisión Europea en marzo de 2025 al considerar que las diferencias tributarias derivadas de esta regulación son muy relevantes, desproporcionadas y contrarias al Derecho de la Unión Europea. La Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, coincide en que el distinto tratamiento fiscal entre propietarios residentes y no residentes supone una limitación a la libre circulación de capitales. Además, recuerda que ya había advertido a España sobre esta cuestión anteriormente, con una primera carta formal remitida en marzo de 2019, sin que desde entonces se haya modificado la normativa para eliminar esa diferencia de trato. Desde entonces, incluso se han incorporado nuevas reducciones fiscales para los arrendadores, que pueden alcanzar hasta el 90% de la base imponible de las rentas del alquiler. Sin embargo, estas ventajas siguen reservadas únicamente a quienes residen en España, lo que, según Bruselas, mantiene la discriminación hacia los no residentes. Por ello, la Comisión ha enviado ahora una carta de emplazamiento complementaria y concede a España un plazo de dos meses para responder y corregir las deficiencias detectadas. Si no lo hace, el Ejecutivo comunitario podría emitir un dictamen motivado y avanzar en el procedimiento de infracción, que eventualmente podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una eventual sentencia abriría la puerta a que la justicia española obligara a equiparar las reducciones fiscales. La posibilidad de aplicar estas bonificaciones supondría un importante ahorro para los no residentes, que actualmente tributan al 24% o al 19%, dependiendo de si son ciudadanos de la UE o no. Por ejemplo, un arrendador extracomunitario que obtenga 15.000 euros anuales por el alquiler de una vivienda pasaría de pagar 3.600 euros a solo 360 euros si pudiera acogerse a la reducción del 90%, o a 1.440 euros si aplicara una rebaja del 60%. La cuestión también está siendo analizada en la Audiencia Nacional, aunque Del Campo advierte de que la resolución todavía tardará varios meses. Al mismo tiempo, los tribunales estudian otros aspectos relacionados con la tributación de las rentas del alquiler obtenidas por propietarios no residentes. Entre ellos, el Tribunal Supremo analiza el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que permitió deducir determinados gastos vinculados a la vivienda. También se encuentra en discusión la diferencia de tipos impositivos en el IRNR entre ciudadanos comunitarios y extracomunitarios, gravados al 19% y al 25%, respectivamente, una cuestión que también podría acabar siendo resuelta por el Supremo. Las futuras sentencias y la creciente presión de Bruselas suponen además un aviso indirecto a la política de vivienda impulsada por el Gobierno. En especial, a la propuesta de crear un Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles para no residentes en la Unión Europea. La iniciativa, incluida en una proposición de ley presentada por el PSOE el pasado mayo, contempla aplicar un gravamen del 100% a los ciudadanos extracomunitarios que compren viviendas de segunda mano en España. La eventual puesta en marcha de este impuesto representaría un fuerte impacto para los inversores no residentes en la UE, en un contexto marcado por la escasez de vivienda en alquiler y el aumento de la demanda. Diversos sectores atribuyen esta situación a medidas intervencionistas aprobadas en los últimos años, como los límites al precio del alquiler o la moratoria de desahucios, que han llevado a numerosos propietarios a retirar viviendas del mercado en busca de alternativas de inversión más rentables y seguras.

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(Expansión, 05-06-2026) | Fiscal

Cataluña y Andalucía acaparan el 40% de una financiación autonómica récord

La Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía concentrarán cerca de 30.000 millones de euros cada una del reparto de fondos autonómicos aprobado por el Gobierno, frente a los algo más de 22.000 millones que recibirá Madrid o los cerca de 15.000 millones asignados a la Comunidad Valenciana. La imposibilidad de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado para 2026, tanto por falta de tiempo como de apoyos políticos una vez llegado junio, llevó al Consejo de Ministros a aprobar el martes el reparto de los recursos autonómicos correspondientes al ejercicio actual, unas partidas que debían haberse incluido en las nuevas cuentas públicas. La decisión desbloquea más de 10.000 millones adicionales y aumenta la financiación destinada a todas las comunidades de régimen común, aunque Cataluña y Andalucía destacan al absorber por sí solas el 40% del total distribuido, según los datos recopilados por EXPANSIÓN. El Real Decreto-ley que actualiza las entregas a cuenta de 2026 contempla el reparto de 157.731 millones de euros entre las autonomías. La cifra supone un aumento del 7% respecto a los fondos de 2025 y representa una inyección extra de 10.319 millones. Cataluña es la comunidad que recibe la mayor cantidad, con 30.227 millones de euros, equivalentes al 19,2% del total, pese a representar el 17,6% de la población, según el INE. Muy cerca aparece Andalucía, con 29.343 millones, el 18,6% del reparto y un peso demográfico del 18,8%. A continuación se sitúan Madrid, con 22.061 millones, el 14% del total y el 15,4% de la población; la Comunidad Valenciana, con 14.993 millones y el 9,5% del reparto, pese a concentrar el 11,9% de los habitantes; y Galicia, con 10.909 millones. El resto de comunidades queda por debajo de los 10.000 millones. Si se analiza el crecimiento respecto al año anterior, Cantabria es la comunidad más beneficiada, con un incremento del 8,1%. Le siguen Madrid y Canarias, ambas con una subida del 7,6%, por encima de la media nacional del 7%. En el extremo contrario aparecen Baleares y Asturias, cuyos aumentos rondan el 6%. Además de las entregas a cuenta, las autonomías recibirán la liquidación definitiva de la recaudación tributaria de 2024, un ajuste que siempre se realiza con dos años de desfase. Gracias a ello, la cifra total de recursos a distribuir ascenderá a 170.300 millones de euros, un 7,7% más que en 2025. Considerando el importe global, Cataluña vuelve a encabezar la clasificación con 32.914 millones, el 19,3% del total. Andalucía ocupa la segunda posición con 30.678 millones, seguida de Madrid, con 23.207 millones, y la Comunidad Valenciana, con 17.418 millones. Con esta financiación récord, el ministro de Hacienda, Arcadi España, pretende facilitar las negociaciones para reformar el sistema de financiación autonómica, un proceso que prevé retomar próximamente mediante reuniones bilaterales con cada comunidad. Sin embargo, el principal punto de conflicto continúa siendo el reparto de los 21.000 millones adicionales que el Estado transferiría a las regiones, ya que favorecerían especialmente a Cataluña y a las autonomías infrafinanciadas, como Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, lo que ha generado malestar en otros territorios. De forma paralela, el Gobierno también ha aprobado esta semana el reparto de 29.247 millones de euros en entregas a cuenta para las entidades locales, un 8,8% más que el año anterior, lo que supone 2.354 millones adicionales. Los ayuntamientos catalanes serán los que más recursos reciban, con 5.699 millones, equivalentes al 19,49% del total. Tras ellos figuran los municipios andaluces, con 5.295 millones, y los madrileños, con 3.939 millones.

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(La Vanguardia, 05-06-2026) | Fiscal

El Boletín Oficial del Estado publica la Orden para iniciar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027

El BOE publica hoy la Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, dando así comienzo formal al proceso presupuestario del Gobierno. El anuncio lo realizó el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante su intervención en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. El ministro avanzó además que el Ejecutivo actualizará a lo largo de junio el cuadro macroeconómico, un paso previo clave en la preparación de las nuevas cuentas públicas. Según explicó, los presupuestos tendrán un marcado carácter social y mantendrán el compromiso con la responsabilidad fiscal, con el objetivo de cerrar la legislatura situando la deuda pública por debajo del 100% del PIB. En línea con lo expresado el día anterior por el presidente del Gobierno en el Cercle d'Economia, Arcadi España destacó que la vivienda será uno de los pilares fundamentales de los presupuestos de 2027. El titular de Hacienda también subrayó la intención del Ejecutivo de alcanzar acuerdos con las distintas fuerzas parlamentarias para lograr la aprobación de las nuevas cuentas en las Cortes Generales. La última vez que el Ministerio de Hacienda aprobó una Orden de elaboración de presupuestos fue en septiembre del año pasado, cuando todavía María Jesús Montero dirigía el departamento y se trabajaba en unas cuentas para 2026. Finalmente, el Gobierno renunció a presentar aquel proyecto. Posteriormente, en diciembre, el Congreso rechazó en dos ocasiones los objetivos de estabilidad y deuda para el periodo 2026-2028, con el voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN, dejando en suspenso la posibilidad de sacar adelante los presupuestos de 2026. En aquel contexto, Junts advirtió al Ejecutivo de que el incumplimiento de los compromisos con Cataluña tendría consecuencias políticas. Durante su comparecencia, Arcadi España defendió que las comunidades autónomas necesitan contar con financiación suficiente para sostener los servicios públicos y recordó los incrementos progresivos en la cesión de impuestos como el IRPF y el IVA, así como la reducción de las diferencias de financiación entre territorios. El ministro también recordó que Hacienda ha convocado recientemente a las comunidades autónomas para negociar el nuevo sistema de financiación. Sin entrar en las polémicas surgidas por la negativa de algunas autonomías, como Extremadura, Galicia y Andalucía, a acudir a determinadas reuniones, pidió que no se rechace el diálogo. Asimismo, aseguró que el proceso continuará con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y reiteró la intención del Gobierno de aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica a partir del 1 de enero de 2027. Según indicó, el objetivo es reforzar el modelo territorial y garantizar una mayor equidad entre comunidades. En paralelo, las autonomías recibirán este año 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 7% más que el ejercicio anterior. Si se suma la liquidación correspondiente a 2024, cifrada en 13.506 millones, el volumen total de recursos ascenderá a 170.300 millones de euros, lo que supone un nuevo máximo histórico y un incremento del 7,7%. Desde Esquerra Republicana, la diputada Pilar Vallugera restó credibilidad al anuncio presupuestario y lo calificó como una maniobra de precampaña destinada a distraer a la ciudadanía. También insistió en que Cataluña continúa soportando un déficit fiscal y recordó que la condonación del Fondo de Liquidez Autonómico sigue pendiente desde hace cinco años. La portavoz republicana reclamó además el traspaso de competencias de Rodalies, al considerar que el servicio atraviesa una situación muy grave, y reclamó más recursos para ámbitos como la justicia o la seguridad, especialmente para los Mossos d'Esquadra. Vallugera criticó igualmente que el sistema fiscal continúe sustentándose en estructuras heredadas de los años ochenta, que considera insuficientes para responder a las necesidades actuales de la población, y pidió derogar varias normas impulsadas durante la etapa de Cristóbal Montoro al frente de Hacienda. La diputada de ERC también recordó que el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras contempla que la gestión de la recaudación del IRPF termine asumiéndose en Cataluña. Desde el Partido Popular, Pedro Puy mostró dudas sobre la viabilidad de los nuevos presupuestos y reprochó al Gobierno haber anunciado en varias ocasiones el inicio de la tramitación sin llegar a culminarla. También señaló que el actual ministro ha mantenido las mismas líneas de actuación que su antecesora, María Jesús Montero. El dirigente popular criticó que la legislatura avance sin nuevas cuentas públicas pese a los importantes retos internacionales surgidos en los últimos años, entre ellos las tensiones comerciales impulsadas por la política arancelaria del expresidente estadounidense Donald Trump. Respecto al diálogo reclamado por Hacienda, Puy defendió que debe producirse de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y recordó que distintas comunidades autónomas ya se han pronunciado en ese sentido. También citó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien habría expresado sus dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación. Por último, el diputado popular cuestionó que las subidas fiscales puedan aplicarse de manera automática vinculadas a la inflación mientras, al mismo tiempo, se plantean ajustes económicos relacionados con medidas como el Salario Mínimo Interprofesional.

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(El Economista, 05-06-2026) | Fiscal

El hachazo fiscal a los planes de pensiones hunde su peso en el ahorro a mínimos de 24 años

El ahorro que las familias españolas destinan a productos financieros ha aumentado de manera sostenida en los últimos años. Al cierre de 2025, el volumen total de ahorro financiero alcanzó los 3,44 billones de euros, un 9,3% más que el año anterior, según datos del Banco de España recopilados por Inverco. Se trata del mayor incremento anual registrado en toda la serie histórica. Este crecimiento se explica tanto por la buena evolución de los mercados como por los 95.000 millones de euros que los hogares españoles destinaron a este tipo de activos. La mayor parte de ese nuevo ahorro se dirigió hacia fondos de inversión, depósitos bancarios y efectivo. En cambio, los planes de pensiones privados apenas captaron recursos en un momento especialmente delicado para el sistema público, que afronta crecientes tensiones por el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en pensiones. El peso de los planes privados dentro del conjunto del ahorro financiero de las familias continúa disminuyendo y ya se sitúa en su nivel más bajo de los últimos 24 años. Mientras los españoles destinaron 95.000 millones a productos financieros durante el pasado ejercicio, los planes de pensiones privados registraron más retiradas que aportaciones. El resultado fue un saldo neto negativo de 369 millones de euros por quinto año consecutivo en el conjunto del sistema, integrado por planes individuales, de empleo y asociados. De estas tres modalidades, solo los planes de empleo lograron captar dinero nuevo, especialmente a través de los planes simplificados. Los planes individuales, contratados voluntariamente por particulares para complementar su futura pensión pública, siguen siendo el segmento más debilitado. La situación cambió notablemente desde que el Gobierno redujo de forma drástica el límite de aportación a estos productos en 2021. Primero pasó de 8.000 a 2.000 euros anuales y posteriormente se rebajó hasta 1.500 euros. Desde entonces, las salidas de dinero superan cada año a las nuevas aportaciones. Según estimaciones de Inverco, el endurecimiento de los límites y el empeoramiento de la fiscalidad de los planes individuales han provocado que más de 12.500 millones de euros dejaran de destinarse al ahorro a largo plazo entre 2021 y 2025. La combinación de retiradas constantes y el crecimiento de otros activos financieros ha reducido progresivamente la relevancia de los planes de pensiones privados dentro del patrimonio financiero de las familias. A finales del pasado año, estos productos representaban únicamente el 4,02% del total de activos financieros, el porcentaje más bajo registrado al cierre de un ejercicio desde 2001. Antes de estos cambios fiscales, los planes de pensiones mantenían durante años un peso superior al 4,5% del ahorro financiero familiar. El máximo desde el año 2000 se alcanzó en 2009, cuando llegaron a representar el 4,74% del total, en un contexto en el que el ahorro financiero de los hogares todavía no alcanzaba los dos billones de euros. Que ahora estén cerca de caer por debajo del 4% resulta especialmente significativo debido al limitado desarrollo del ahorro privado para la jubilación en España. Según un estudio de Cobas Pensiones, el 78% de los ciudadanos depende exclusivamente de la pensión pública durante la jubilación. Además, solo el 12% de los trabajadores cuenta con un plan de empleo y apenas el 18% dispone de un plan individual. Estos datos evidencian la fuerte dependencia del sistema público de pensiones. La posibilidad de que los planes privados representen menos del 4% del ahorro financiero ya no parece lejana. Los datos del primer trimestre de 2026 refuerzan esa tendencia: el sistema volvió a registrar prestaciones netas negativas, impulsadas principalmente por las retiradas en los planes individuales, que ascendieron a 568 millones de euros. Como consecuencia, el patrimonio total de los planes de pensiones se redujo hasta los 135.851 millones de euros al cierre de marzo, un 1,5% menos que en diciembre. Todo ello en un periodo marcado por la incertidumbre internacional y las tensiones derivadas de la guerra en Irán. Aun así, otros productos de ahorro, especialmente los fondos de inversión, continúan captando nuevas aportaciones, lo que les permite seguir aumentando el volumen de activos gestionados.

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(El Economista, 05-06-2026) | Fiscal

Las gasolineras alertan de que el diésel subirá 22 céntimos por litro si no se prorroga la rebaja del IVA

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha solicitado al Gobierno que prolongue, al menos hasta después del verano, la rebaja fiscal aplicada a los carburantes desde el pasado 22 de marzo. La organización advierte de que su retirada en plena campaña de desplazamientos estivales tendría un efecto inmediato sobre la economía de las familias, el transporte por carretera y la competitividad del sector turístico. La patronal ha trasladado esta petición al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en relación con las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado como respuesta al encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Oriente Medio y de las tensiones en el estrecho de Ormuz. Dicho paquete incluye una reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10% y la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa europea. Según CEEES, estas medidas han tenido un impacto directo en los precios desde su aplicación. La organización estima que la gasolina se ha abaratado un 15,7% y el gasóleo un 17,3% desde el 22 de marzo. Con datos a 4 de junio, sitúa el precio medio en 1,532 euros por litro para la gasolina y 1,627 euros para el diésel, frente a los 1,823 y 1,849 euros que, según sus cálculos, se registrarían sin la reducción fiscal. La patronal advierte de que, si no se prorrogan las medidas, estas decaerán el 30 de junio. En ese caso, calcula que a partir del 1 de julio, coincidiendo con el inicio de la operación salida del verano, los precios subirían alrededor de 29 céntimos por litro en el caso de la gasolina y 22 céntimos en el del gasóleo. A juicio de la organización, un incremento de esa magnitud afectaría de forma directa al consumo de los hogares durante las vacaciones, perjudicaría al turismo y supondría una carga adicional para transportistas y trabajadores autónomos. Además, sostiene que el encarecimiento se trasladaría rápidamente al conjunto de la cadena de suministro y podría contribuir a presiones inflacionistas en un contexto internacional aún incierto. La solicitud llega tras el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha analizado el comportamiento de los precios tras la aplicación de la rebaja. Según recuerda CEEES, el organismo concluye que las estaciones de servicio han trasladado la reducción fiscal al consumidor de forma generalizada y que sus márgenes han sido incluso inferiores a lo previsto, con descensos de casi un céntimo en gasolina y 4,40 céntimos en gasóleo.

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(El País, 05-06-2026) | Fiscal

La Agencia Tributaria gestionará el Punto Neutro de Embargos, una herramienta que comparte información entre Administración central, CCAA y ayuntamientos

El Gobierno ha puesto en marcha un mecanismo centralizado con el objetivo de mejorar la eficiencia en la recaudación ejecutiva del sector público y evitar que los deudores de una administración cobren pagos de otra sin que se actúe sobre sus obligaciones pendientes. El Ministerio de Hacienda ha publicado este jueves en el portal de audiencia e información pública el borrador de un real decreto que regula el denominado Punto Neutro de Embargos, una herramienta que gestionará la Agencia Tributaria (AEAT) y que permitirá a Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos compartir información sobre deudas y pagos. El sistema busca detectar si una persona o empresa que vaya a recibir un pago público tiene deudas con cualquier otra administración. Para ello, se establecerá un cruce diario de datos entre los listados de deudores y las propuestas de pago previstas por las distintas entidades públicas. Cada madrugada, entre las 00:00 y las 03:59, la plataforma consolidará la información recibida y la comparará con los pagos previstos. A partir de las 04:00 y hasta las 23:59, esa base de datos permanecerá fija durante el día. Cuando se produzca una coincidencia entre deudor y perceptor de un pago, el sistema activará un procedimiento automático de retención. En ese caso, la administración que deba efectuar el pago lo retendrá de forma provisional durante un máximo de tres días hábiles. En ese plazo, la administración acreedora deberá emitir y remitir la correspondiente diligencia de embargo a través de la plataforma. Si no se formaliza la orden dentro de ese periodo, el pago se liberará automáticamente. El diseño del sistema incluye el uso de procesos automatizados basados en algoritmos desarrollados por el Ministerio de Hacienda. Según el borrador, estos algoritmos se limitan a aplicar reglas matemáticas para seleccionar la forma más adecuada de ejecutar el embargo, procurando minimizar el impacto sobre el contribuyente y cubrir la deuda de la manera menos gravosa posible. En todo caso, se excluye el uso de inteligencia artificial o sistemas de análisis predictivo, y se establece que las decisiones finales y la firma de los embargos corresponderán siempre a las autoridades competentes de cada administración. No obstante, la norma contempla varias excepciones para proteger ingresos considerados esenciales. Quedan fuera del sistema los salarios de empleados públicos, las pensiones de clases pasivas y las prestaciones de la Seguridad Social. Tampoco se incluirán devoluciones de impuestos ni otros ingresos indebidos, entre otros supuestos, de modo que el mecanismo se centrará en pagos públicos que no tengan carácter de sustento básico inmediato. La implantación del Punto Neutro de Embargos no será inmediata. El real decreto prevé un periodo de adaptación de 12 meses desde su publicación en el BOE y una incorporación progresiva de las administraciones. En una primera fase se integrarán la Administración General del Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los municipios de más de 75.000 habitantes. El resto de entidades locales y organismos dispondrán de seis meses adicionales para adaptarse al sistema.

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(Expansión, 04-06-2026) | Fiscal

Sánchez intenta blindar la legislatura con el inicio de la tramitación de los Presupuestos de 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró este miércoles su intención de continuar al frente del Ejecutivo a pesar de la complicada situación política derivada de las últimas investigaciones que afectan tanto a miembros de su gabinete como al PSOE. Lo afirmó durante la clausura de la reunión del Círculo de Economía, el foro barcelonés que reúne a empresarios, directivos y académicos. En su intervención, Sánchez anunció además que el Ministerio de Hacienda dará esta misma semana la orden para iniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, al tiempo que apeló al apoyo de sus socios parlamentarios, especialmente Junts y ERC, a los que mencionó en varias ocasiones. El jefe del Ejecutivo señaló que las nuevas cuentas públicas contemplarán un aumento de la inversión destinada a vivienda y defendió que, al término de la legislatura, la deuda pública quedará por debajo del 100% del PIB. Los presupuestos también incorporarán recursos para las comunidades autónomas de régimen común conforme al nuevo sistema de financiación pactado a comienzos de año entre el Gobierno central, la Generalitat presidida por Salvador Illa y ERC. La intención es que el acuerdo sea convalidado en el Congreso tras el verano, aunque el respaldo de Junts resulta clave y, de momento, el partido no muestra predisposición favorable. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado su intención de cumplir los acuerdos alcanzados con ERC y Junts al inicio de la legislatura, pactos que hicieron posible su continuidad en La Moncloa tras las últimas elecciones generales. "Defiendo los acuerdos y la estabilidad que han generado", afirmó durante la clausura de la reunión del Círculo de Economía celebrada en Barcelona. Sánchez hizo una referencia expresa a "los acuerdos de Bruselas", denominación utilizada por PSOE y Junts para el pacto de investidura sellado en otoño de 2023. Con este mensaje, el jefe del Ejecutivo quiso trasladar a Junts su voluntad de recomponer una relación marcada por las tensiones desde el arranque de la legislatura. El apoyo de la formación resulta imprescindible para sacar adelante iniciativas legislativas clave, entre ellas el nuevo modelo de financiación autonómica, respaldado también por la presidenta del Círculo de Economía, Teresa Garcia-Milà. El presidente sostuvo que los acuerdos con partidos nacionalistas e independentistas "están beneficiando al conjunto del Estado", algo que, según indicó, reflejan los actuales datos económicos. Además, mostró su confianza en que la justicia europea avale antes del final de la legislatura la ley de amnistía aprobada hace dos años, lo que abriría la puerta al regreso del expresident catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, que se trasladó a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlament en 2017. Sánchez defendió también que se ha logrado superar la etapa del procés y aseguró que el acercamiento institucional con Cataluña continuará siendo una prioridad para su Gobierno. En esa línea, agradeció al Ejecutivo de Salvador Illa los recientes acuerdos alcanzados en materias como financiación, inversiones y autogobierno.

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