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(Expansión, 13-07-2026) | Fiscal

El Supremo frena la persecución de Hacienda sobre los gestores de empresas

El Tribunal Supremo ha reforzado su doctrina sobre los límites de la responsabilidad tributaria de los administradores de sociedades y ha establecido que la Agencia Tributaria no puede exigirles de forma subsidiaria las deudas de una empresa ya extinguida sin haber declarado previamente insolventes a los socios que, tras la liquidación, asumieron las obligaciones de la sociedad. La resolución analiza el caso de una empresa que, después de un procedimiento concursal finalizado por falta de bienes, quedó extinguida y fue cancelada del Registro Mercantil en 2012. Posteriormente, la Agencia Tributaria declaró fallida a la sociedad y reclamó la deuda tributaria pendiente a su antiguo administrador único mediante un procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria. Sin embargo, el Alto Tribunal considera que la Administración tributaria omitió un trámite esencial. La sociedad contaba con socios que, conforme a la legislación vigente, suceden a la empresa en sus derechos y obligaciones tras la liquidación. El administrador recurrió la decisión al entender que Hacienda debía haber dirigido primero sus actuaciones contra dichos socios. La Audiencia Nacional estimó su recurso y anuló la derivación de responsabilidad, criterio que ahora ha confirmado el Tribunal Supremo al desestimar el recurso presentado por la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria. La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Francisco José Navarro Sanchís, centra su argumentación en la diferencia entre la figura del sucesor y la del responsable tributario. El Tribunal recuerda que el artículo 40.1 de la Ley General Tributaria establece que las deudas pendientes de una sociedad disuelta se transmiten automáticamente a sus socios, dentro del límite correspondiente al valor de la cuota de liquidación percibida. Como consecuencia, estos pasan a convertirse en los deudores principales frente a la Administración. Por este motivo, el Supremo considera que carece de eficacia declarar insolvente a una sociedad que ya no tiene personalidad jurídica. Una vez extinguida la empresa, la Administración debe continuar el procedimiento de recaudación frente a los socios, que son quienes han sucedido legalmente a la entidad. Intentar declarar fallida a la sociedad para reclamar directamente al administrador supone ignorar indebidamente la existencia de esos sucesores. El Tribunal también destaca que la responsabilidad subsidiaria únicamente puede exigirse cuando se hayan agotado previamente las posibilidades de cobro frente a los deudores principales. En este caso, esos deudores son los socios, por lo que no puede prescindirse de ese paso para dirigirse directamente contra el administrador. Asimismo, la sentencia advierte de que permitir a la Administración reclamar las deudas sin respetar el orden legal podría generar un enriquecimiento injusto. Además, recuerda que esta forma de actuar perjudica el derecho de reembolso que la normativa reconoce al administrador para recuperar de los verdaderos sucesores las cantidades abonadas una vez satisfecha la deuda tributaria. Con esta resolución, el Tribunal Supremo fija doctrina y establece que la derivación de responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 43.1.a) de la Ley General Tributaria solo puede acordarse después de haber declarado fallidos a los socios de la sociedad liquidada, respetando los límites previstos en los artículos 40.1 y 177.2 de la misma norma. En consecuencia, la Administración no puede exigir directamente la responsabilidad al administrador cuando existan sucesores legales obligados a responder. Este nuevo pronunciamiento supone un nuevo freno a las derivaciones de responsabilidad realizadas de forma acelerada por la Agencia Tributaria y refuerza la seguridad jurídica de los administradores, al exigir que la Administración respete todas las fases del procedimiento de recaudación previstas por la legislación tributaria. En los últimos años, los procedimientos de derivación de responsabilidad tributaria frente a terceros han aumentado de manera significativa. Esta tendencia ha incrementado la preocupación entre administradores y consejeros de empresas, que prestan cada vez mayor atención al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y al control de los riesgos tributarios para evitar posibles responsabilidades personales en el futuro.

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(El Economista, 13-07-2026) | Fiscal

La carga fiscal de los fondos de inversión supera en 6 puntos a la media de la UE

La fiscalidad del ahorro financiero en España continúa situándose entre las más elevadas del entorno internacional. Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la carga fiscal efectiva sobre los productos de ahorro alcanza el 22%, frente al 16% de media en los países de la OCDE y al 14% en la Unión Europea. En el caso de los fondos de inversión, la diferencia es aún más acusada, ya que soportan una tributación efectiva del 27%, seis puntos por encima de la media europea y tres más que el promedio de la OCDE. El estudio concluye que este mayor nivel de imposición reduce de forma significativa la rentabilidad neta que obtienen los ahorradores españoles en comparación con los de otros países. A pesar de esta elevada tributación, los fondos de inversión han experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años. Según datos del Observatorio Inverco, en 2025 el patrimonio gestionado por estos vehículos ascendió a 450.889 millones de euros, un 13% más que el ejercicio anterior, lo que equivale al 26,7% del producto interior bruto. En 2012, este porcentaje apenas representaba el 11,6% del PIB. Los fondos de inversión permiten diversificar el riesgo al invertir en distintos activos financieros y presentan una ventaja fiscal relevante: las plusvalías solo tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando el inversor vende sus participaciones y obtiene una ganancia, mientras que los rendimientos permanecen exentos de tributación mientras continúan reinvertidos. Desde el 1 de enero de 2025, las ganancias patrimoniales obtenidas por los contribuyentes tributan de forma progresiva en la base del ahorro, con tipos comprendidos entre el 19% y el 30%, en función del importe de la ganancia. La última reforma elevó del 28% al 30% el gravamen aplicable a las plusvalías superiores a 300.000 euros. El informe señala que esta estructura impositiva es el resultado de las sucesivas subidas introducidas desde 2020, alejándose del modelo implantado en 2006, cuando todas las rentas del ahorro tributaban a un tipo único del 18%. En comparación con otros países, España se sitúa entre los Estados con una mayor carga fiscal sobre los fondos de inversión. Alemania registra una tributación efectiva del 22% e Italia del 20%, mientras que países como Bélgica y Luxemburgo no aplican gravamen a este tipo de productos. Los datos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España reflejan también que el peso de los fondos de inversión en el patrimonio financiero de los hogares españoles ha aumentado de forma sostenida desde principios de siglo, pese a tratarse de un instrumento con mayor riesgo y orientado a inversiones de largo plazo que, además, suele requerir asesoramiento especializado. Aunque en 2011 su presencia descendió hasta el 5,6% del ahorro familiar, en 2024 representaban ya el 8,5%, después de haber superado incluso el 10% en algunos ejercicios anteriores. El estudio incorpora igualmente una encuesta realizada entre profesionales de la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA), en la que nueve de cada diez asesores consideran que los incentivos fiscales influyen de forma decisiva en la elección de un producto financiero por parte de los clientes. Además del diagnóstico sobre la fiscalidad actual, el informe plantea diversas propuestas para mejorar el tratamiento tributario del ahorro. Entre ellas figura la actualización de las ganancias patrimoniales por efecto de la inflación, mediante la incorporación de coeficientes que permitan corregir el valor de adquisición de los activos y gravar únicamente la ganancia real obtenida por el inversor, una medida que también beneficiaría a los fondos de inversión. El documento presta además especial atención a los fondos europeos de inversión a largo plazo, creados para canalizar el ahorro hacia proyectos de inversión en infraestructuras y otros activos productivos. Actualmente, solo los territorios forales de Vizcaya y Álava cuentan con un régimen fiscal específico para estos instrumentos, que contempla ventajas como un tipo reducido en el Impuesto sobre Sociedades, el diferimiento de la tributación en determinados traspasos en el IRPF y deducciones por inversión. El IEE considera que extender un régimen similar al resto del territorio nacional permitiría dotar a estos fondos de un marco fiscal más adecuado a su finalidad y contribuiría a impulsar los objetivos de la Unión de Ahorros e Inversiones promovida por la Comisión Europea.

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(El Economista, 13-07-2026) | Fiscal

El Gobierno bloquea las propuestas para deflactar el IRPF, bajar el IVA y eliminar impuestos

El Gobierno ha recurrido al artículo 134 de la Constitución para vetar diversas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley que modifica la Ley General Tributaria, al considerar que su aprobación reduciría los ingresos públicos en aproximadamente 10.017 millones de euros anuales. Esta prerrogativa constitucional permite al Ejecutivo impedir la tramitación de iniciativas parlamentarias que supongan una disminución de la recaudación o un aumento del gasto presupuestario. En este caso, el veto afecta a propuestas dirigidas a actualizar el IRPF conforme a la inflación, reducir determinados tipos de IVA, eliminar algunos impuestos o introducir nuevas deducciones fiscales. La norma que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso comenzó su recorrido parlamentario en el verano de 2025 con un objetivo principalmente técnico: adaptar la Ley General Tributaria para reforzar el control sobre los criptoactivos. Entre otras medidas, contempla nuevas herramientas para que la Agencia Tributaria pueda embargar criptomonedas y saldos depositados en entidades de pago y de dinero electrónico, modificar los plazos de prescripción en los procedimientos de derivación de responsabilidad y exigir a los proveedores extranjeros de servicios relacionados con monedas digitales que informen sobre los activos de contribuyentes residentes en España. Además, incorpora cambios en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para incluir a Extremadura en el sistema de autoliquidación. No obstante, durante su tramitación parlamentaria los distintos grupos han registrado más de 70 enmiendas que amplían considerablemente el alcance del proyecto, convirtiéndolo en un debate de mayor calado sobre política fiscal. El documento con el veto del Ejecutivo fue presentado el pasado 22 de junio por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Entre las propuestas rechazadas figura una enmienda del Partido Popular que planteaba actualizar los tres primeros tramos del IRPF conforme a la inflación para evitar que la subida de precios incrementara la carga tributaria de las rentas más bajas. También proponía revisar en la misma proporción las deducciones por maternidad, familia numerosa y personas con discapacidad a cargo. Según los cálculos del Gobierno, estas medidas reducirían la recaudación en unos 529 millones de euros anuales. El Ejecutivo también ha vetado varias iniciativas del Bloque Nacionalista Galego destinadas a reducir el IVA en distintos productos y servicios. Entre ellas figuraban la aplicación del tipo superreducido del 4% a los pañales para adultos y a las actividades culturales y espectáculos, la rebaja del IVA del 21% al 10% para peluquerías, barberías y centros de estética, la eliminación del impuesto sobre los productos pesqueros y la reducción al 10% del gravamen aplicable a los servicios veterinarios. Asimismo, el Gobierno ha rechazado otras propuestas de la formación gallega, como la eliminación del impuesto sobre los servicios de distribución de agua, calor, frío y energía, una medida que, según sus estimaciones, supondría una pérdida de ingresos cercana a los 3.910 millones de euros anuales. También ha bloqueado la exención en el IRPF de determinadas pensiones públicas percibidas desde el extranjero, cuyo impacto recaudatorio se cifra en unos 1.260 millones de euros. Entre las iniciativas vetadas también se encuentran varias enmiendas registradas por Sumar. El grupo proponía elevar hasta el importe del Salario Mínimo Interprofesional el límite de renta que permite aplicar las deducciones por descendientes y ascendientes a cargo, actualmente fijado en 8.000 euros anuales. El Ejecutivo estima que esta modificación tendría un coste de 157 millones de euros. Igualmente, ha rechazado ampliar la deducción por cónyuge con discapacidad y declarar exentas determinadas ayudas familiares y subvenciones destinadas a actuaciones de eficiencia energética. Por último, el Gobierno ha impedido la tramitación de varias propuestas de Junts, entre ellas la creación de una deducción en el IRPF por la contratación de seguros privados de salud, la posibilidad de que pymes y trabajadores autónomos pudieran deducirse el Impuesto sobre Actividades Económicas y la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. En conjunto, estas medidas habrían reducido los ingresos públicos en unos 2.525 millones de euros anuales, según las estimaciones del Ejecutivo.

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(El Economista, 13-07-2026) | Fiscal

Moncloa planea deducciones a caseros e hipotecas para salvar el decreto de alquiler

El Gobierno trabaja en la elaboración de un nuevo decreto sobre vivienda con el objetivo de reforzar una de las áreas prioritarias de su agenda política y lograr un amplio respaldo parlamentario. El Ejecutivo pretende diseñar un paquete de medidas de carácter transversal que permita conciliar las demandas de los distintos grupos que apoyan habitualmente la mayoría de investidura y evitar así que se repitan los vetos que frustraron iniciativas anteriores. En este contexto, Junts per Catalunya ha aprovechado su papel decisivo en la negociación para plantear varias exigencias, entre ellas la incorporación de incentivos fiscales en el IRPF relacionados con la vivienda. Según diversas fuentes próximas a las conversaciones, el Gobierno estudia incluir una deducción con un importe máximo cercano a los 1.800 euros, aunque todavía no se ha concretado cómo quedarán configurados los distintos tramos ni las cuantías aplicables a propietarios y arrendadores. Asimismo, el Ejecutivo analiza la posibilidad de recuperar una deducción vinculada a la adquisición de la vivienda habitual, eliminada con carácter general en 2013. Esta medida permitía desgravar el 15% de las cantidades destinadas a la compra de la residencia habitual, incluidas las cuotas hipotecarias, sobre una base máxima anual de 9.040 euros aproximadamente, lo que suponía un ahorro fiscal de hasta 1.356 euros. Aunque esta ventaja desapareció para las nuevas adquisiciones, continúa aplicándose de forma transitoria a quienes compraron su vivienda antes del 1 de enero de 2013. Las conversaciones se centran ahora en la posibilidad de implantar un incentivo similar, aunque todavía no se ha decidido si mantendrá los mismos porcentajes y límites económicos o si se establecerán nuevas condiciones de acceso, así como el número de inmuebles que podrían acogerse a este beneficio fiscal. El respaldo de Junts resulta determinante para la aprobación del futuro decreto, ya que fue el voto contrario de esta formación el que impidió que prosperara la anterior iniciativa del Gobierno, que incluía la ampliación obligatoria de dos años de los contratos de alquiler. Por este motivo, el Ejecutivo mantiene abiertas las negociaciones con el partido liderado por Carles Puigdemont, al tiempo que busca el apoyo de otras formaciones como ERC, EH Bildu y Podemos para garantizar una mayoría suficiente en el Congreso. El Gobierno ya ha avanzado algunas de las medidas que previsiblemente formarán parte del nuevo texto. Entre ellas figuran el aumento del IVA aplicable a las viviendas de uso turístico hasta el 21%, la recuperación de la prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos de arrendamiento y nuevas actuaciones destinadas a reforzar la actividad de la empresa pública de vivienda Casa 47. La futura norma se estructurará en dos grandes bloques. El primero estará orientado a facilitar el acceso a la vivienda mediante actuaciones destinadas a contener el precio de los alquileres, proporcionar mayor estabilidad a los contratos, combatir posibles prácticas fraudulentas en el mercado del arrendamiento e impulsar la incorporación de viviendas asequibles al mercado. El segundo bloque incluirá otras medidas de carácter fiscal y de apoyo a la compra de vivienda, algunas de ellas impulsadas durante la negociación con Junts. Entre las principales demandas de esta formación destacan la creación de nuevas deducciones en el IRPF para el alquiler y la adquisición de vivienda habitual mediante financiación hipotecaria. Desde Junts insisten en que mantienen la misma posición que expresaron durante el debate del anterior decreto y advierten de que no respaldarán una propuesta que reproduzca el contenido rechazado meses atrás sin incorporar los cambios que consideran imprescindibles.

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(La Vanguardia, 13-07-2026) | Fiscal

La Agència Tributària de Catalunya atiende a casi 60.000 personas en la renta, un 25% más

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha concluido la campaña de la Renta correspondiente a 2025 con un importante incremento de su actividad, tras atender a 58.981 contribuyentes, un 25% más que en el ejercicio anterior. Este crecimiento refleja la progresiva ampliación de las funciones que desarrolla en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), tanto mediante atención presencial como telefónica. Durante la campaña, desarrollada entre el 6 de mayo y el 30 de junio, la ATC reforzó sus recursos humanos y materiales, movilizando a 152 profesionales que atendieron una media diaria de alrededor de 1.500 contribuyentes. Además, amplió su red de atención con 40 oficinas, de las que 12 fueron habilitadas de forma temporal, frente a las ocho que funcionaron el año anterior. La atención presencial fue la modalidad que experimentó un mayor crecimiento, con un aumento del 30% respecto a la campaña anterior y cerca de 27.000 personas atendidas durante el mes de junio. Por su parte, el servicio telefónico registró 32.005 consultas, lo que supone un incremento del 21% en comparación con el ejercicio precedente. Actualmente, la Agència Tributària de Catalunya cuenta con una plantilla cercana a los 900 empleados. Recientemente ha incorporado una veintena de técnicos gestores y ha convocado un proceso selectivo para cubrir 25 plazas de inspectores, con el objetivo de seguir reforzando su estructura ante la previsión de asumir nuevas competencias tributarias. La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha señalado que la intención del Govern es ampliar progresivamente las funciones de la ATC en la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Entre los próximos objetivos figura asumir tareas relacionadas con la comprobación de datos de las declaraciones, un proceso que ya se está negociando con la Agencia Tributaria estatal. Respecto a una eventual gestión íntegra del IRPF por parte de la administración catalana, Romero ha evitado fijar un calendario concreto y ha recordado que esa posibilidad requiere previamente modificaciones legislativas que todavía no se han producido. En cualquier caso, ha asegurado que la Generalitat continúa preparando la estructura necesaria para asumir nuevas responsabilidades cuando el marco legal lo permita. No obstante, ha descartado que ese escenario pueda materializarse en 2027. Durante la campaña recientemente finalizada se presentaron en Cataluña un total de 4,49 millones de declaraciones de la renta, un 4,3% más que el año anterior. Este incremento pone de manifiesto la necesidad de seguir reforzando la capacidad tecnológica de la ATC para gestionar el elevado volumen de información asociado a millones de contribuyentes. La agencia ya participa actualmente en la gestión compartida del impuesto de matriculación. En el ámbito presupuestario, la consellera ha manifestado la voluntad del Govern de iniciar, al menos, la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat para 2027, siguiendo la estrategia anunciada por el Gobierno central con los Presupuestos Generales del Estado. En materia de financiación autonómica, el Ministerio de Hacienda ha convocado para el próximo 29 de julio una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que presentará el nuevo modelo de financiación, acordado previamente entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña con el apoyo de ERC. Según las previsiones de Alícia Romero, si se cumplen los plazos previstos, la negociación parlamentaria podría desarrollarse durante los meses de octubre y noviembre, con la intención de aprobar el nuevo sistema antes de finalizar el año. De prosperar la reforma, Cataluña recibiría alrededor de 4.700 millones de euros adicionales a través del nuevo modelo de financiación.

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(El País, 10-07-2026) | Fiscal

Hacienda impulsa medidas económicas sin respaldo parlamentario con la vista puesta en el ciclo electoral

La legislatura entra en una etapa decisiva y el Gobierno afronta los próximos meses con varias reformas económicas pendientes que deberán resolverse antes del inicio del intenso calendario electoral previsto para el próximo año. Entre ellas destaca la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, después de tres ejercicios consecutivos con las cuentas prorrogadas y sin que el Ejecutivo haya llegado a presentar un proyecto presupuestario. Aunque el Gobierno mantiene el compromiso de aprobar unas nuevas cuentas, la falta de una mayoría parlamentaria sólida complica notablemente el objetivo. El primer obstáculo será la aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria, un requisito imprescindible para poder tramitar los Presupuestos. El Consejo de Ministros ya ha dado luz verde a una propuesta que fija un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en 2027 y concede a las comunidades autónomas un margen de déficit del 0,1%. Sin embargo, el recorrido parlamentario de esta propuesta se presenta complicado. El Partido Popular ya rechazó estos objetivos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras que Junts ha anunciado que volverá a votar en contra en el Congreso, como hizo el año anterior. Todo apunta, por tanto, a que el Gobierno volverá a sufrir una derrota parlamentaria en la votación prevista para la próxima semana. La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga al Ejecutivo a presentar una nueva propuesta en el plazo de un mes si la primera es rechazada. Desde el Ministerio de Hacienda ya se ha deslizado la posibilidad de volver a presentar el mismo texto antes del receso parlamentario de verano. No obstante, la legislación no contempla qué ocurre si esa segunda propuesta también es rechazada, lo que abre un escenario de incertidumbre jurídica e institucional. En anteriores ocasiones el Gobierno llegó a estudiar distintas alternativas para evitar que el rechazo de la senda bloqueara la tramitación de los Presupuestos. Una de ellas consistía en apoyarse en un informe de la Abogacía del Estado que defendía la posibilidad de continuar el procedimiento tomando como referencia los compromisos fiscales asumidos con Bruselas. Sin embargo, ese planteamiento ha perdido fuerza tras la entrada en vigor del nuevo marco europeo de gobernanza fiscal. La interpretación que ahora sostiene Hacienda es diferente. El departamento considera que, si el Congreso vuelve a rechazar la senda de estabilidad, entrarían en juego los principios de equilibrio presupuestario recogidos en la Constitución, lo que implicaría que las comunidades autónomas perderían el margen de déficit previsto por el Gobierno. Al mismo tiempo, el Ejecutivo defiende que la obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos prevalece sobre un eventual bloqueo parlamentario, aunque esta interpretación todavía no ha sido puesta a prueba y podría dar lugar a importantes controversias jurídicas y políticas. Pese a las dificultades, el Gobierno tiene interés en presentar un proyecto presupuestario aunque finalmente no consiga su aprobación. A diferencia de los últimos años, la proximidad de las elecciones municipales, autonómicas y, previsiblemente, generales convierte los Presupuestos en una herramienta para exponer sus prioridades económicas y sociales ante los ciudadanos. En esa línea se enmarca también la reciente aprobación de un techo de gasto récord para 2027. Las cuentas públicas no son el único desafío económico pendiente. La reforma fiscal ya evidenció las dificultades del Ejecutivo para alcanzar acuerdos con sus socios parlamentarios, ya que muchas de las medidas inicialmente previstas quedaron fuera del texto definitivo. Entre ellas figura la subida de la fiscalidad del diésel, una reforma comprometida con la Comisión Europea que sigue pendiente y cuya falta de aprobación ya ha tenido consecuencias sobre el desembolso de fondos europeos del Plan de Recuperación. El Gobierno mantiene abiertas las negociaciones con el objetivo de incorporarla al séptimo y último pago previsto para septiembre, aunque reconoce que el margen político sigue siendo reducido. Otro de los asuntos más complejos es la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros plantea una quita de 83.000 millones de euros para las comunidades de régimen común, pero tanto el Partido Popular como Vox han presentado enmiendas a la totalidad para frenar su tramitación. Los populares consideran que la medida resulta injusta e ineficaz, mientras que Vox sostiene que responde exclusivamente a los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya durante la negociación de la investidura. El rechazo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya quedó patente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado año, donde los representantes autonómicos cuestionaron el origen político de la iniciativa, al entender que deriva del acuerdo que permitió la investidura de Pedro Sánchez y que contempla una importante reducción de la deuda de Cataluña. A estas reticencias se suma también la posición de Junts, que mantiene su apoyo condicionado al avance de otras negociaciones con el Gobierno. Más delicada aún resulta la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. La propuesta, que tiene su origen en los acuerdos alcanzados con ERC para establecer un modelo de financiación singular para Cataluña, continúa en una fase inicial, aunque ya ha generado fuertes discrepancias entre comunidades autónomas y partidos políticos. El Ministerio de Hacienda presentó un primer documento el pasado mes de enero. La propuesta recibió el respaldo de la delegación catalana, mientras que el resto de comunidades, incluidas varias gobernadas por el PSOE, expresaron su rechazo. El departamento ha convocado ahora nuevas reuniones técnicas con las autonomías y prevé celebrar un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de este mes, donde se espera un intenso debate sobre uno de los asuntos con mayor impacto político e institucional de la legislatura.

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(Expansión, 08-07-2026) | Fiscal

Cómo regresar a España sin sobresaltos fiscales

Cada vez son más los directivos españoles que, tras desarrollar una exitosa carrera internacional y acumular importantes patrimonios en el extranjero, deciden regresar a España. Sin embargo, este retorno plantea importantes desafíos fiscales y jurídicos, especialmente para quienes poseen participaciones empresariales, planes de acciones, sociedades, trusts o seguros de vida constituidos bajo legislaciones extranjeras. Los especialistas en fiscalidad internacional advierten de que el cambio de residencia no consiste únicamente en trasladar el domicilio, sino en adaptarse a un marco normativo diferente. Uno de los aspectos más relevantes es determinar el momento en que una persona adquiere la condición de residente fiscal en España, ya que no solo se tiene en cuenta la permanencia de más de 183 días en el país, sino también la localización del centro de intereses económicos y personales. En la práctica, muchos profesionales consideran que basta con controlar el número de días de estancia fuera de España para mantener la condición de no residente. Sin embargo, circunstancias como el traslado previo de la familia, la compra de una vivienda habitual, la gestión de inversiones desde España o el desempeño de funciones directivas en territorio nacional pueden llevar a la Administración tributaria a concluir que la residencia fiscal ya se ha producido. Esta discrepancia puede tener importantes consecuencias económicas, ya que el contribuyente pasaría a tributar en España por la totalidad de sus rentas mundiales y podría enfrentarse a situaciones de doble imposición internacional. Otro de los retos habituales afecta a los activos mantenidos en el extranjero. Instrumentos patrimoniales plenamente válidos en otros países, como trusts o determinados seguros de vida, pueden recibir un tratamiento fiscal muy distinto en España, provocando tributaciones no previstas, imputaciones de rentas o la pérdida de determinados beneficios fiscales. La planificación sucesoria también requiere una revisión específica. Es frecuente que los españoles residentes en el extranjero hayan otorgado testamentos conforme a la legislación de otros países o posean bienes repartidos entre varias jurisdicciones. Sin una adecuada coordinación jurídica, estas situaciones pueden generar conflictos y complicar la transmisión del patrimonio. Por ello, los expertos recomiendan preparar el regreso con una planificación integral que analice la fiscalidad, la estructura patrimonial y los aspectos sucesorios antes de efectuar el traslado. Consideran que una revisión previa entre asesores de los distintos países implicados reduce significativamente el riesgo de contingencias fiscales futuras y evita costes muy superiores a los derivados de una adecuada planificación. Para determinados profesionales que regresan por motivos laborales, el Régimen Especial para Trabajadores Desplazados, conocido como "Ley Beckham", puede representar una alternativa fiscal ventajosa. Este régimen permite tributar por los rendimientos del trabajo a un tipo fijo del 24% hasta un máximo de 600.000 euros anuales durante seis ejercicios, en lugar de aplicar los tipos progresivos del IRPF, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa. Entre ellos, no haber sido residente fiscal en España durante los cinco años anteriores al traslado y que el cambio de residencia responda a un contrato de trabajo, al teletrabajo o al desempeño de funciones como administrador de una entidad, debiendo solicitarse dentro de los seis meses siguientes al inicio de la actividad.

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(El País, 08-07-2026) | Fiscal

Hacienda renueva la cúpula de la Agencia Tributaria con el nombramiento de Antonio Ansón como director general

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Antonio Ansón Latorre como nuevo director general de la Agencia Tributaria, un relevo con el que el Gobierno pone fin a varios días de especulaciones sobre un posible conflicto interno en la cúpula del organismo. Ansón sustituirá a Soledad Fernández Doctor, que deja el cargo tras cuatro años al frente de la institución. Su designación se hará efectiva con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El nuevo director general, nacido en Zaragoza en 1962, es inspector de Hacienda del Estado desde 1999 y desarrolla su trayectoria en la Administración tributaria desde 1988, cuando ingresó como técnico de Hacienda. Hasta ahora ejercía como director del Gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Desde el Ministerio destacan su amplia experiencia en la gestión tributaria, su conocimiento del sistema fiscal español y su trayectoria en organismos internacionales como principales avales para asumir la dirección de la Agencia Tributaria. El relevo llega después de que trascendiera la intención de Soledad Fernández Doctor y de otros dos altos cargos del organismo de abandonar sus responsabilidades, una circunstancia que dio pie a distintas interpretaciones sobre un posible enfrentamiento con el Gobierno. La coincidencia temporal con el cierre de la campaña del IRPF y con el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica alimentó las especulaciones sobre el origen de estos movimientos. No obstante, el Ministerio de Hacienda ha sostenido desde el primer momento que las salidas estaban previstas desde hacía meses. Según la versión oficial, Fernández Doctor había comunicado con anterioridad su voluntad de dejar el puesto y ambas partes acordaron retrasar el relevo hasta la finalización de la campaña de la renta para no alterar uno de los periodos de mayor actividad del organismo. En cuanto a los directores de Recaudación y de Inspección Financiera y Tributaria, el departamento asegura que ambos habían solicitado destinos en el exterior mediante un concurso público, por lo que sus cambios de destino también estaban programados. A pesar de estas explicaciones, durante los últimos días surgieron diversas interpretaciones sobre los motivos de los relevos. Desde la oposición se relacionó el cambio con distintos asuntos de actualidad política, mientras que algunos sectores de la propia Administración tributaria lo vincularon al debate sobre la financiación singular de Cataluña y una eventual ampliación de las competencias tributarias de la Generalitat. El Ejecutivo ha rechazado ambas interpretaciones y ha insistido en que los cambios responden exclusivamente a una planificación previamente acordada. El ministro de Hacienda, Arcadi España, reiteró esta versión tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde explicó que, poco después de incorporarse al departamento, mantuvo una reunión con Fernández Doctor en la que esta le trasladó su intención de abandonar el cargo. Según indicó, ambos acordaron aplazar el relevo hasta concluir la campaña de la renta. Antonio Ansón Latorre cuenta con una amplia experiencia en distintos ámbitos de la Agencia Tributaria, donde ha desempeñado responsabilidades relacionadas con la atención al contribuyente, la planificación, la recaudación, las aduanas y la gestión de recursos humanos. Entre 2014 y 2022 desarrolló su actividad profesional en el Fondo Monetario Internacional (FMI) como especialista en administración tributaria y economista sénior. Tras su regreso a España ocupó diversos puestos en el Instituto de Estudios Fiscales y en la propia Agencia Tributaria antes de incorporarse, en 2025, al gabinete del secretario de Estado de Hacienda.

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(El País, 08-07-2026) | Fiscal

Los inspectores piden evitar injerencias

Tras conocerse el nombramiento de Antonio Ansón Latorre como nuevo director general de la Agencia Tributaria, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha expresado su satisfacción por el fin de la etapa de incertidumbre que, a su juicio, había generado el relevo en la dirección del organismo. En un comunicado, la organización considera que con esta designación concluye una "atípica situación de paréntesis" en la cúpula de la institución. La asociación, que representa al cuerpo de inspectores de Hacienda, ha aprovechado el nombramiento para reclamar al nuevo director un firme compromiso con la defensa de la integridad de la Agencia Tributaria. En este sentido, le insta a preservar la unidad del organismo, evitar cualquier tipo de injerencia externa y garantizar que no se produzca una fragmentación de la agencia, de la caja común ni del sistema de información tributaria. Estas peticiones se interpretan como una referencia al debate abierto desde hace años sobre la posible cesión de determinadas competencias tributarias a la Agencia Tributaria de Cataluña, una cuestión vinculada a las negociaciones mantenidas entre el Gobierno y sus socios parlamentarios. Asimismo, la Asociación de Inspectores solicita a Ansón que preserve la autonomía organizativa de la Agencia Tributaria y mantenga sin cambios los actuales sistemas de acceso y selección del personal, al considerar que constituyen una garantía de independencia y profesionalidad del organismo. La organización también ha solicitado mantener una reunión con el nuevo director general para trasladarle directamente sus principales preocupaciones y abordar los retos que afronta la institución. Entre sus prioridades figuran reforzar la autonomía e independencia de la Agencia Tributaria y mantener su reconocimiento como una de las administraciones tributarias de referencia en la lucha contra el fraude fiscal.

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(La Vanguardia, 08-07-2026) | Fiscal

El Gobierno aprueba un nuevo techo de gasto récord, de 226.000 millones para 2027

El Gobierno ha dado un nuevo paso en la preparación de los Presupuestos Generales del Estado al aprobar en el Consejo de Ministros un techo de gasto de 226.032 millones de euros para 2027, la cifra más elevada de la historia. El límite de gasto no financiero aumenta un 6,6% respecto al fijado para el ejercicio anterior, cuando se situó en torno a los 212.000 millones de euros, y servirá de base para la elaboración de las nuevas cuentas públicas. Junto al techo de gasto, el Ejecutivo ha aprobado también los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029, aunque estos deberán ser ratificados por el Congreso y el Senado. El Gobierno afronta esta votación sin tener garantizados los apoyos parlamentarios necesarios, por lo que la aprobación de la senda fiscal se presenta como uno de los principales obstáculos para sacar adelante los Presupuestos. El techo de gasto establece el límite máximo de los gastos no financieros del Estado y constituye uno de los principales instrumentos de disciplina presupuestaria. Aunque el incremento previsto para 2027 es inferior al registrado el año anterior, cuando aumentó un 8,5%, responde al buen comportamiento de la economía española, cuyas previsiones de crecimiento han sido revisadas recientemente al alza hasta el 2,6%. Durante la negociación interna del Gobierno, el grupo Sumar defendió una mayor expansión del gasto aprovechando la mejora de las previsiones económicas. Finalmente, el techo aprobado incorpora un margen adicional de aproximadamente 1.500 millones de euros respecto a la propuesta inicial presentada por el Ministerio de Hacienda, fruto de las conversaciones mantenidas entre los socios de la coalición. Mientras que el techo de gasto no requiere autorización parlamentaria, la senda de déficit y deuda sí debe ser aprobada por las Cortes. Si el Parlamento rechazara los objetivos de estabilidad, el Ejecutivo dispondría de un mes para presentar una nueva propuesta. La senda fiscal mantiene para 2027 un objetivo de déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas. De ese porcentaje, el Estado asumirá un déficit del 1,5%; las comunidades autónomas dispondrán de un margen del 0,1%; la Seguridad Social registrará un déficit del 0,2%; y las corporaciones locales deberán mantener el equilibrio presupuestario. El Ejecutivo prevé continuar reduciendo el déficit en los años siguientes, hasta el 1,6% del PIB en 2028 y el 1,5% en 2029. Según el Ministerio de Hacienda, será la Administración General del Estado la que soporte el mayor esfuerzo de consolidación fiscal durante ese periodo. El Gobierno también ha fijado la evolución de la regla de gasto para las administraciones públicas. El crecimiento del gasto computable no podrá superar el 4% en 2027, el 3,8% en 2028 y el 3,6% en 2029, una senda diseñada para compatibilizar el crecimiento del gasto público con el cumplimiento de los compromisos fiscales asumidos con la Unión Europea. En materia de deuda pública, el Ejecutivo mantiene su previsión de continuar reduciendo el peso del endeudamiento sobre la economía. La ratio de deuda respecto al PIB pasaría del 99,1% previsto para este año al 97,6% en 2027, para descender posteriormente al 96,4% en 2028 y al 95,3% en 2029. El Gobierno confía en alcanzar estos objetivos principalmente gracias al crecimiento económico y a la evolución favorable del empleo y del consumo. El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió que las comunidades autónomas recibirán en 2027 un volumen récord de recursos procedentes del sistema de financiación, con un incremento cercano al 8%, y recordó que parte del déficit estatal corresponde a las transferencias destinadas a financiar las pensiones y a la recaudación del nuevo impuesto a la banca, cuyos ingresos se transferirán íntegramente a las comunidades autónomas. La tramitación parlamentaria de los Presupuestos continúa siendo uno de los principales desafíos del Ejecutivo, que acumula varios ejercicios sin lograr aprobar unas nuevas cuentas. La fragmentación del Congreso y la falta de una mayoría estable dificultan el proceso legislativo, aunque el Gobierno mantiene su intención de someter la senda de estabilidad a votación durante el mes de julio y aprobar el proyecto de Presupuestos en el Consejo de Ministros tras el verano para remitirlo posteriormente a las Cortes.

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