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(Expansión, 23-07-2025) | Fiscal

El Ministerio de Hacienda revisará las medidas presuntamente aprobadas para favorecer a sectores

El Pleno extraordinario celebrado ayer en el Congreso de los Diputados se transformó en un nuevo escenario de intercambio de acusaciones por casos de corrupción entre los principales partidos. El PSOE, formación que lidera el actual Gobierno, enfrenta investigaciones que afectan a sus dos últimos secretarios de organización, presuntamente implicados en el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras. Por su parte, el Partido Popular se ve salpicado por la imputación de su exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien está siendo investigado por presuntamente favorecer a empresas que contrataban con el despacho que él mismo fundó, Equipo Económico. En medio de este contexto, y bajo presión de sus propios aliados parlamentarios, el Ejecutivo actual busca desligarse de las actuaciones llevadas a cabo durante la etapa de Montoro al frente de Hacienda. En particular, el Ministerio de Hacienda está revisando reformas legales impulsadas en su mandato que podrían haber sido diseñadas para beneficiar a determinados sectores empresariales a cambio de compensaciones económicas. Uno de los casos señalados es el de empresas del sector energético, como las gasísticas, según se desprende de la causa judicial en curso, según fuentes oficiales. Después de siete años de investigación bajo secreto de sumario, un juez de Tarragona decidió la semana pasada imputar a Montoro y a otras 27 personas, entre ellas buena parte del equipo directivo del Ministerio de Hacienda de la época y de la cúpula de Equipo Económico. Según el sumario, algunas compañías gasísticas habrían obtenido en 2014 una bonificación del 85% en el impuesto eléctrico tras pagar hasta 270.000 euros al despacho fundado por el exministro. Además, se investigan posibles acuerdos similares con empresas del sector de la construcción y del juego. Ante las presiones de su socio en el Gobierno, Sumar, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tomó medidas la semana pasada y destituyó a dos altos cargos involucrados en el caso: Óscar del Amo, que ejercía como subdirector general de Tributos Locales, y Rogelio Menéndez, director financiero de Loterías y hermano del también imputado exdirector de la Agencia Tributaria, José María Menéndez. Paralelamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa investigando si la red liderada por Montoro no solo facilitó beneficios fiscales personalizados, sino también la obtención de contratos públicos. Según un informe citado por Europa Press, los correos electrónicos analizados sugieren que Equipo Económico fue contratado por ciertas empresas con el objetivo de lograr modificaciones legislativas que les permitieran ventajas fiscales. Primero, con el impuesto eléctrico en 2014, y posteriormente con el de actividades económicas en 2018. La investigación plantea que esta dinámica podría haberse mantenido en el tiempo y haberse extendido a otras industrias, que también habrían obtenido ventajas fiscales o contratos públicos gracias a la influencia del despacho dentro de la Administración.

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(Expansión, 22-07-2025) | Fiscal

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada alerta del peligro de impulsar una gestión tributaria descentralizada

El acuerdo de financiación específico alcanzado recientemente entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña representa un "riesgo real de evolución hacia un modelo descentralizado de gestión tributaria a medida, cada vez más complejo, costoso e ineficiente", advirtió ayer la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). En un primer análisis sobre las implicaciones del acuerdo, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente -uno de los principales expertos del país en financiación autonómica- evitó cuantificar el posible impacto económico. A su juicio, el nuevo marco pactado "no solo no aporta claridad sobre los detalles de la financiación singular para Cataluña ni sobre sus efectos en el conjunto del sistema de financiación autonómica y tributaria, sino que incrementa significativamente la confusión existente", lo que impide, por el momento, valorar su alcance. Cabe recordar que este acuerdo bilateral se enmarca en el compromiso alcanzado hace un año entre el PSC y ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Sin embargo, según Fedea, el texto actual "no concreta aspectos fundamentales del diseño del sistema de financiación y de la gestión de impuestos" y, además, "presenta diferencias relevantes y difíciles de armonizar con el acuerdo original, lo que impide entender con precisión qué se está planteando realmente". De la Fuente señala también que, aunque "el tono confederal y poco solidario del concepto de financiación singular sigue generando rechazo tanto entre la ciudadanía como entre los expertos", el acuerdo reciente parece intentar "moderar algunos de los elementos más controvertidos del planteamiento inicial, quizá con vistas a las próximas elecciones andaluzas", en alusión a la candidatura de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la presidencia de la Junta de Andalucía en los comicios de 2026.

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(Expansión, 21-07-2025) | Fiscal

El consenso empresarial es claro y rechaza la propuesta de la Comisión de un impuesto a grandes empresas

La iniciativa de la Comisión Europea para implantar un nuevo impuesto directo a las grandes empresas ha generado una fuerte preocupación en el tejido empresarial español, que lo interpreta como un obstáculo para la competitividad y una medida inoportuna en un contexto de elevada incertidumbre económica. La propuesta presentada por Ursula von der Leyen contempla una carga fiscal progresiva sobre las compañías con ingresos anuales superiores a los 100 millones de euros, lo que ha provocado el rechazo unánime de las principales organizaciones empresariales, que alertan de sus posibles efectos negativos. El nuevo tributo europeo se estructuraría en tres niveles: 100.000 euros anuales para empresas que facturen entre 100 y 250 millones; 250.000 euros para aquellas con ingresos de entre 250 y 500 millones; y 500.000 euros para las que superen los 500 millones. Desde la CEOE consideran que esta iniciativa supone un "grave error" que rompe con el modelo tradicional de financiación de la UE, basado principalmente en las aportaciones estatales y los aranceles. "Establecer un nuevo impuesto sobre las empresas afecta de forma directa a la competitividad del conjunto de Europa", señalan fuentes de la patronal. Subrayan que este tipo de tasas genera un fuerte desequilibrio, ya que, a diferencia del Impuesto de Sociedades que se aplica sobre los beneficios, este nuevo gravamen recaería sobre la facturación total, castigando el tamaño empresarial y el volumen de actividad sin tener en cuenta la rentabilidad real. Asimismo, critican la incoherencia de la Comisión Europea, que exige a las grandes empresas liderar las transformaciones digitales y ecológicas, mientras simultáneamente "les reduce los recursos necesarios" para llevarlas a cabo. Este exceso de presión fiscal, advierten, no solo pone en riesgo las estrategias de inversión y crecimiento, sino que también podría fomentar la deslocalización de grandes multinacionales fuera del territorio comunitario. Una posible salida que implicaría la pérdida de empleo cualificado, innovación tecnológica y recaudación fiscal clave para los propios Estados miembros. En la misma línea, el presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, rechaza rotundamente la propuesta: "Por principios, no creemos que tenga sentido imponer nuevos impuestos a las empresas". En su opinión, el camino correcto es el contrario: "Debemos fomentar la inversión y la innovación mediante un entorno fiscal favorable y una reducción de la burocracia", sostiene. Por su parte, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, también critica la iniciativa, calificándola como contraria a las necesidades reales de la economía europea, tal como han señalado recientemente los informes Draghi y Letta. "Cargar a las grandes compañías con nuevos impuestos significa frenar el motor económico y social del continente", afirma. Bonet insiste en que la presión fiscal actual ya es suficientemente elevada y que Europa debe optar por una vía alternativa si quiere mantener su competitividad. Esta vía, a su juicio, pasa por atraer inversión mediante una regulación más eficiente y menos cargas administrativas. La postura del empresariado es clara y unánime: Europa no está en condiciones de seguir acumulando obstáculos para sus principales motores económicos. Bonet concluye recordando que estas decisiones no sólo impactan en las grandes corporaciones, sino que también afectan directamente al conjunto del ecosistema empresarial, incluidas las pequeñas y medianas empresas, que "son la base fundamental de nuestra economía" y cuya actividad depende en buena medida del dinamismo de los grandes grupos empresariales.

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(Expansión, 21-07-2025) | Fiscal

Trump presiona para imponer un arancel mínimo del 15% al 20% a todos los productos de la UE

Donald Trump ha elevado sus exigencias en el marco de las negociaciones comerciales con la Unión Europea, al proponer que cualquier acuerdo con el bloque incluya un arancel mínimo de entre el 15% y el 20%, según informaron tres fuentes cercanas a las conversaciones. Este endurecimiento en la postura del mandatario estadounidense busca medir hasta qué punto la UE está dispuesta a ceder, después de varias semanas de diálogo en torno a un acuerdo que contemplaba un arancel base del 10% para la mayoría de los bienes intercambiados. Trump también ha mostrado indiferencia ante la última propuesta europea de reducir los aranceles a los automóviles, y estaría dispuesto a mantener el impuesto del 25% al sector automotriz, como estaba inicialmente previsto, según fuentes con conocimiento directo de las negociaciones. Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio, trasladó un mensaje pesimista tras sus recientes reuniones en Washington a los embajadores de los países miembros, según dos personas que asistieron al encuentro. Un alto cargo estadounidense señaló al Financial Times que la administración está considerando aplicar un arancel recíproco superior al 10%, incluso si se llega a firmar un acuerdo. Esta posición coloca a la UE en una situación comprometida, ya que se acerca la fecha límite del 1 de agosto, momento en el cual Trump ha amenazado con imponer un arancel del 30% a todas las importaciones provenientes del bloque. Aunque la Unión ha advertido que respondería con represalias si eso ocurre, las divisiones internas dificultan la adopción de medidas comunes, y podrían llevar a aceptar un arancel base por encima del 10% como parte del acuerdo. Tras conocerse las nuevas exigencias de Trump, los mercados reaccionaron con caídas: el índice S&P 500 llegó a retroceder un 0,2%. En Europa, el pesimismo sobre la posibilidad de cerrar un pacto va en aumento. El canciller alemán, Friedrich Merz, alertó el viernes que EE.UU. sigue sin mostrar receptividad a las propuestas europeas para reducir los aranceles por sectores. Merz añadió: "No está claro si podremos establecer reglas específicas para determinados sectores. Europa está a favor, pero EE.UU. lo ve con mucha más reticencia". Si Trump se mantiene firme en su exigencia de aranceles recíprocos permanentes del 15% al 20%, el nivel sería similar al que existía cuando arrancaron las negociaciones en abril, lo que podría llevar a Bruselas a tomar represalias, según un diplomático europeo de alto nivel. Además, EE.UU. ha mantenido vigentes los aranceles del 50% al acero y aluminio procedentes de la UE. "No queremos una guerra comercial, pero no sabemos si EE.UU. nos dejará otra alternativa", advirtió este diplomático. Otro representante europeo señaló que "el ambiente ha cambiado claramente" a favor de responder con medidas similares. "No vamos a aceptar un 15% sin más", aseguró. A comienzos de abril, Trump provocó inestabilidad en los mercados globales al imponer aranceles elevados -bajo el argumento de la reciprocidad- a casi todos los socios comerciales de EE.UU., aunque más tarde los redujo al 10% por un período de 90 días. Desde entonces, los índices bursátiles estadounidenses han alcanzado máximos históricos, y los inversores han prestado poca atención a las amenazas de nuevos aranceles a países como Japón, Corea del Sur y Brasil. A pesar de que varios economistas advierten que esta política comercial puede provocar un aumento de la inflación, Trump ha sido alentado por el ligero repunte del índice mensual de precios al consumo registrado recientemente. Por otra parte, EE.UU. recaudó cerca de 50.000 millones de dólares (unos 43.000 millones de euros) en ingresos arancelarios adicionales durante el segundo trimestre, sin enfrentar represalias generalizadas por parte de sus principales socios comerciales. La Unión Europea ha elaborado varios paquetes de contramedidas arancelarias, pero su aplicación ha sido aplazada en múltiples ocasiones, supeditándola a la última fecha límite marcada por Trump: el 1 de agosto. Entre las represalias preparadas figura un paquete de medidas sobre importaciones estadounidenses por valor de 21.000 millones de euros al año, que incluye productos como pollo y pantalones vaqueros, y que podría activarse el 6 de agosto. Además, la Comisión Europea ha propuesto otra batería de medidas contra importaciones de EE.UU. por valor de 72.000 millones de euros anuales, entre las que figuran aviones Boeing y bourbon, en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto. También se trabaja en una tercera lista centrada en el sector servicios. Según una fuente cercana a esta propuesta, incluiría aranceles sobre servicios digitales y sobre los ingresos por publicidad en línea. En total, los aranceles estadounidenses afectan a exportaciones de la UE por valor de 380.000 millones de euros anuales, de un total de 532.300 millones. EE.UU. sigue siendo el mayor socio comercial individual del bloque, absorbiendo alrededor del 20% de sus exportaciones.

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(Expansión, 18-07-2025) | Fiscal

La Audiencia Nacional eleva ante el Tribunal Constitucional el llamado "impuesto a las pérdidas" empresariales

La Audiencia Nacional ha puesto en entredicho la constitucionalidad de una medida adoptada por el Ministerio de Hacienda en 2016, mediante un decreto, que impide a las empresas deducir fiscalmente las pérdidas derivadas de la venta de filiales. Esta decisión coincide con la imputación del exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, por su presunta implicación en una trama de favores a compañías del sector gasista a cambio de beneficios económicos (ver página siguiente). A la vez, se reabre el debate judicial sobre una de las muchas subidas de impuestos aprobadas por decreto durante el mandato de Mariano Rajoy. Según un auto al que ha accedido EXPANSIÓN, la Audiencia Nacional ha decidido remitir al Tribunal Constitucional el análisis de la conocida como "tasa a las pérdidas", que prohibía a las compañías descontar de su base imponible las pérdidas ocasionadas por la venta de sus participaciones en otras empresas. Esta norma fue introducida por Montoro en el Real Decreto-ley 3/2016, parte del cual ya fue anulado por el Tribunal Constitucional en 2024, generando un desfase recaudatorio estimado en 5.000 millones de euros. En su fallo, el Tribunal consideró que los decretos-ley no son el instrumento adecuado para realizar cambios profundos en el Impuesto de Sociedades, por lo que anuló tres medidas concretas: la limitación a la compensación de bases imponibles negativas, las restricciones a la deducción por doble imposición y la obligación de incluir automáticamente en la base imponible los deterioros de participaciones deducidos anteriormente. Para paliar la pérdida de ingresos, el Gobierno reincorporó estas medidas en la reforma fiscal de finales del año pasado. Sin embargo, como la empresa que presentó el recurso inicial no se veía afectada por otras medidas del decreto, como el veto a deducir pérdidas por venta de filiales, los jueces no las evaluaron en su momento. La medida en cuestión reformó la Ley del Impuesto de Sociedades y, desde el 1 de enero de 2017, estableció que "no se integrarán en la base imponible las rentas negativas derivadas de la transmisión de participaciones en entidades". Con ello, se pretendía aumentar la recaudación del Estado limitando una ventaja fiscal importante para las empresas que se desprendieran de filiales con pérdidas. Sin embargo, ahora la sección segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha resuelto plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre esta disposición, alegando una posible infracción de los límites materiales para modificar aspectos esenciales del Impuesto de Sociedades (artículo 86.1 de la Constitución Española), así como una posible vulneración del principio de contribución según la capacidad económica (artículo 31.1). En otras palabras, vuelve a cuestionarse si el Gobierno puede alterar de forma sustancial este impuesto a través de un decreto-ley, reservado en teoría para situaciones de urgencia, y abre la posibilidad de que también se examine el contenido de la medida. "Es una excelente noticia, ya que corrobora las dudas de constitucionalidad que muchos de nuestros clientes tenían sobre la prohibición de deducir las pérdidas por la venta de filiales", afirma Jordi de Juan, abogado de Crowe y representante de la empresa que ha logrado que la Audiencia Nacional eleve el caso al Constitucional. De Juan se muestra confiado en que el Constitucional podría anular esta medida por razones de forma, como ya ocurrió con otras del mismo decreto. Sin embargo, la firma también aspira a que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto, especialmente porque esta restricción se incluyó más adelante en una ley ordinaria, a partir de 2021. Aunque el auto de la Audiencia se centra en el posible defecto formal por el uso inadecuado del decreto-ley, Crowe tiene la intención de plantear ante el Tribunal Constitucional el debate de fondo: si es constitucional, desde la perspectiva del principio de capacidad económica, que se impida a las empresas deducir las pérdidas sufridas al deshacerse de participaciones en filiales, con independencia del instrumento legal utilizado para regularlo. "Ampliar el alcance de la cuestión de inconstitucionalidad no solo es procedente desde el punto de vista procesal, sino también muy oportuno", añade De Juan, recordando que desde 2021 esta medida restrictiva se incluyó en una ley ordinaria. Por tanto, si el Tribunal no se pronuncia también sobre el fondo, el debate podría continuar, incluso si se declara la inconstitucionalidad por razones formales. El abogado recuerda otros precedentes de medidas fiscales inicialmente anuladas por el Constitucional, como el aumento de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, que posteriormente fueron reincorporadas mediante leyes ordinarias.

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(Expansión, 18-07-2025) | Fiscal

La gran patronal censura el cupo catalán y la falta de negociación con todas las regiones

Ni por su contenido ni por la forma en que se ha alcanzado, la financiación especial acordada entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña convence al grueso del tejido empresarial español. Las principales organizaciones patronales critican duramente lo que consideran una decisión de tinte político, adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para asegurar el respaldo de partidos independentistas catalanes -en este caso, Esquerra Republicana-. Advierten, además, de los posibles efectos negativos que esta medida tendría tanto sobre la economía nacional como sobre los principios de igualdad y solidaridad entre comunidades autónomas. Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden de las declaraciones recogidas por EXPANSIÓN de parte de los representantes de las principales patronales, tras conocerse el acuerdo que servirá como base para un nuevo modelo de financiación que el Gobierno pretende aplicar también al conjunto del país. Una de las críticas fundamentales se centra en la naturaleza bilateral del acuerdo. "Este no es un asunto que deba resolverse entre dos partes, sino que debe abordarse en conjunto por todas las comunidades autónomas", afirma Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien reclama una mesa de negociación multilateral para reformar el sistema de financiación autonómica. En la misma línea se manifiesta Lorenzo Amor, presidente de la organización de autónomos ATA, quien considera especialmente grave que las negociaciones se hayan llevado a cabo en secreto y sin contar con la participación del resto de regiones. Garamendi hace además un llamado al respeto por la Constitución, recordando que establece la igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia. "Un acuerdo de esta envergadura debería ser sometido a referéndum. Los ciudadanos merecen poder opinar", subraya, evocando el "espíritu de 1978", cuando se crearon los regímenes forales del País Vasco y Navarra. Desde las organizaciones empresariales de ámbito estatal se alerta también de que esta financiación especial para Cataluña podría erosionar gravemente el principio de igualdad. "Un cambio de este tipo afecta al concepto mismo de Estado y al trato igualitario entre los españoles", advierte Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, que señala la ruptura del principio de solidaridad entre territorios. Amor coincide: "Rompe la igualdad y genera desequilibrios", mientras Garamendi recalca que "pluralidad no debe confundirse con privilegios". En lo económico, los empresarios destacan dos riesgos principales: por un lado, la inseguridad jurídica que podría derivarse de la aplicación de este modelo, con consecuencias negativas para la inversión y el crecimiento; y por otro, el posible recorte de la competencia fiscal entre comunidades autónomas. "Lo más preocupante es que se busque limitar la capacidad de algunas regiones para aliviar la presión fiscal sobre sus ciudadanos y aplicar impuestos más bajos", señala Amor. Respecto a la inseguridad jurídica, De Miguel señala que el nuevo modelo socava la solidaridad territorial y daña la imagen del país ante los inversores internacionales. Garamendi, por su parte, recuerda que la inseguridad normativa es ya una de las principales inquietudes del sector empresarial, agravada por otras iniciativas del Gobierno como la reducción de la jornada laboral o la baja calidad de la legislación aprobada. Desde el Consejo General de Economistas, su presidente, Miguel Ángel Vázquez Taín, expresa una postura de cautela ante la propuesta. "Si se particulariza demasiado, se pierde la visión general del sistema. Sin conocer aún los detalles del modelo, lo vemos con cierta preocupación. Habrá que esperar a su desarrollo para hacer un análisis más preciso, pero de momento predomina la inquietud", comenta. Finalmente, Amor remata la crítica apuntando directamente al trasfondo político del acuerdo: "El verdadero problema es el oportunismo. El Gobierno está débil y hay actores que lo están aprovechando para presionarlo. Sánchez está dispuesto a pactar lo que sea con tal de seguir unos meses más en el poder", concluye.

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(El Economista, 18-07-2025) | Fiscal

El Supremo avala la exención en el IRPF de la indemnización por despido de altos directivos

El Tribunal Supremo ha determinado que las indemnizaciones por despido que perciben los altos directivos de una empresa que, además, actúan como consejeros o administradores, están exentas de pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), siempre que no superen los 180.000 euros. Esta resolución, dictada el 24 de junio, aclara un punto que había generado dudas: la naturaleza jurídica de la relación entre estos profesionales y la empresa, ya que podía considerarse tanto laboral como mercantil. Sin embargo, tras años de jurisprudencia que reconoce la posibilidad de que un consejero o administrador mantenga una relación laboral con la compañía -siempre que desempeñe funciones reales y efectivas-, el Supremo completa el marco aclarando el tratamiento fiscal de las indemnizaciones por cese. En concreto, el alto tribunal establece que, cuando se extingue un contrato de alta dirección por decisión unilateral del empresario, el directivo tiene derecho, como mínimo, a una indemnización equivalente a siete días de salario por año trabajado, con un tope de seis mensualidades. Esta compensación, según la sentencia, está exenta de tributar en el IRPF dentro de los límites legales. La Ley del IRPF ya prevé que las indemnizaciones por despido están exentas de tributación, siempre que no haya mediado acuerdo entre empresa y trabajador, y hasta un máximo de 180.000 euros. En caso de superar esa cifra, el exceso sí debe tributar. En este caso concreto, el Supremo obliga a Hacienda a devolver al contribuyente la parte del IRPF cobrada indebidamente por esta indemnización, junto con los intereses de demora acumulados desde el inicio del conflicto en 2015. Cabe destacar que, en ese momento, aún no existía una jurisprudencia clara que reconociera la posible existencia de una relación laboral entre administradores y empresas. Incluso el propio Abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, aceptó los argumentos del contribuyente, a la luz de la evolución doctrinal más reciente del Supremo. Además, la sentencia también aborda la posibilidad de aplicar una reducción del 30% en el IRPF a estas indemnizaciones, en caso de que se consideren rendimientos obtenidos de forma irregular, es decir, no periódica y generados durante un período superior a dos años. Ya en julio de 2023, el tribunal se había pronunciado a favor de esta aplicación, siempre que se cumplan los requisitos legales. No obstante, esta cuestión queda al margen en esta ocasión, ya que el núcleo del fallo es confirmar que las indemnizaciones por despido de estos altos cargos están plenamente exentas hasta el límite legal. Con ello, el Supremo refuerza y consolida su doctrina fiscal sobre las indemnizaciones a directivos con vínculos contractuales laborales con la empresa.

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(Expansión, 17-07-2025) | Fiscal

Bruselas plantea un impuesto a las empresas que facturen más de 100 millones

La Comisión Europea ha presentado un ambicioso plan para incrementar sus ingresos sin necesidad de aumentar las aportaciones de los Estados miembros. Coincidiendo con la presentación de sus nuevos presupuestos, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dio a conocer una serie de iniciativas, centradas principalmente en la creación de nuevas tasas e impuestos, con los que se pretende recaudar cerca de 60.000 millones de euros anuales. Una de las medidas más controvertidas del paquete es la introducción de un nuevo impuesto dirigido a las empresas que operan en territorio comunitario. Este gravamen afectará a todas aquellas compañías cuya facturación anual supere los 100 millones de euros, estableciendo una escala dividida en tres tramos. Las empresas con ingresos entre 100 y 250 millones deberán pagar 100.000 euros al año. Aquellas con una facturación entre 250 y 500 millones, contribuirán con 250.000 euros, y las que superen los 500 millones de euros tendrán que abonar 500.000 euros anuales. Este impuesto se aplicará a cada empresa individual, sin tener en cuenta el grupo empresarial al que pertenezca, por lo que aquellas que cuenten con varias filiales o sociedades podrían verse obligadas a pagar múltiples veces. Con esta medida, Bruselas estima obtener unos 6.800 millones de euros al año. Cabe señalar que el umbral mínimo se ha elevado respecto al borrador anterior, que fijaba el límite en 50 millones de euros. Otra propuesta del Ejecutivo europeo consiste en destinar un 15% de los impuestos especiales que los países recaudan sobre el tabaco al presupuesto comunitario, lo que, según cálculos de la Comisión, supondría unos 11.200 millones de euros anuales. Esta iniciativa implicaría una reforma de la Directiva sobre los Impuestos Especiales del Tabaco (TED), adaptándola al reciente aumento en la fiscalidad del sector. A esto se añadiría una nueva tasa sobre los residuos electrónicos no recogidos, que podría aportar unos 15.000 millones de euros por año. Además, la Comisión cuenta con ingresos procedentes del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono -un arancel ambiental de la UE- y del Sistema de Comercio de Emisiones, con los que espera recaudar 1.400 millones y 9.600 millones de euros anuales, respectivamente. No obstante, todas estas nuevas fuentes de financiación deberán ser aprobadas por unanimidad por los Estados miembros, lo que representa un desafío considerable. Fuentes comunitarias reconocen que es habitual que este tipo de propuestas se modifiquen significativamente o incluso se rechacen por completo. En el pasado, los Veintisiete ya desestimaron planes similares para aumentar los recursos propios de la UE, incluso en circunstancias más críticas como durante la pandemia, cuando fue necesario financiar el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros.

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(El País, 17-07-2025) | Fiscal

La AIReF pide un ajuste de 11.000 millones de euros para cumplir con la regla de gasto en 2025

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha evitado posicionarse de forma definitiva sobre la propuesta de financiación específica para Cataluña debido a la falta de datos e información concreta. No obstante, su presidenta, Cristina Herrero, ha expresado ciertas reservas preliminares al afirmar que "no nos convence un enfoque fragmentado" para reformar el sistema de financiación autonómica. En su opinión, es necesario contar con una visión más amplia, conocer los detalles del posible acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat, y analizar si las modificaciones comprometerían el cumplimiento de las reglas fiscales. "Si los cambios tienen impacto en la sostenibilidad fiscal, nos pronunciaremos cuando contemos con información suficiente", ha advertido. En cuanto a la posibilidad de que la Agencia Tributaria catalana asuma la recaudación de impuestos, Herrero ha subrayado que la descentralización en este ámbito suele traducirse en una menor eficacia y eficiencia. Además, ha manifestado su preocupación por la posible pérdida de información si se producen cesiones de competencias en este ámbito: "Estas transferencias no deben conllevar una merma en los datos disponibles". También ha solicitado que la AIReF sea la encargada de evaluar cualquier cambio que se produzca, aunque ha insistido en que, por ahora, no es posible determinar si este nuevo modelo perjudicará al resto de comunidades autónomas. Por otro lado, la AIReF ha llamado la atención sobre la falta de transparencia en el gasto en defensa, un apartado presupuestario que cobrará mayor protagonismo en los próximos años y que ya tiene comprometidos 10.000 millones de euros solo para 2025. Según ha denunciado, actualmente no es posible seguir la evolución de este gasto en los informes de ejecución presupuestaria, y además, se tiende a subestimar su impacto en los cálculos iniciales. La institución ha señalado que sin medidas correctivas, el déficit y la deuda pública podrían empezar a aumentar en el medio plazo, sin contar siquiera con el gasto militar, lo que refuerza la necesidad de tener estimaciones claras sobre su evolución. En su informe más reciente sobre ejecución presupuestaria, la AIReF estima que en 2024 se incumplirá la regla de gasto europea al incrementarse los desembolsos en un 4,6%, frente al 3,7% pactado. Esta diferencia representa aproximadamente 4.500 millones de euros, justo en el límite permitido por Bruselas (0,3% del PIB anual), que se va acumulando en una "cuenta de control" con un tope del 0,6% del PIB. Si se sobrepasa ese margen, se activarían medidas de corrección. No obstante, España dispone de cierto margen acumulado en esta cuenta gracias al menor gasto de 2024 frente a lo pactado, lo que otorga al Ejecutivo algo de margen para evitar ajustes inmediatos pese al incumplimiento. En cuanto a la regla nacional de gasto, también se supera, con una desviación de unos 5.000 millones por parte del Estado y de unos 11.000 millones si se suma el conjunto de administraciones. Esta norma, sin embargo, ha sido relegada por no ser aplicada por la Comisión Europea, aunque ha obligado a 13 comunidades autónomas a presentar planes de reequilibrio ante Hacienda. La AIReF ha recomendado que el Gobierno central haga lo mismo y ha instado a elaborar ya unos presupuestos para 2025, denunciando la escasa información sobre los planes fiscales del Ejecutivo. Un punto preocupante señalado por la AIReF es el crecimiento del gasto computable para Europa de la Seguridad Social, que sube un 5,6%, muy por encima del límite permitido. Esto implica que el resto de administraciones deberán contener su gasto aún más para compensar el aumento en pensiones. "Este es el gran reto a medio plazo", ha declarado Herrero. En cuanto a la situación fiscal general, la previsión de la AIReF es que el déficit público se sitúe este año en el 2,7% del PIB, incluyendo los gastos derivados de la DANA. Sin ellos, bajaría al 2,4%. Esta mejora se explica por la buena evolución de la recaudación, especialmente del IRPF, la retirada gradual de las medidas anticrisis por la inflación y la disminución del gasto relacionado con la DANA. Respecto a la deuda pública, la tendencia de reducción se ralentiza, situándose en el 101,4% del PIB para este año. La institución mantiene su previsión de crecimiento económico en el 2,3% para 2025, tras revisarla a la baja por la incertidumbre ligada al conflicto arancelario. Esta estimación parte del supuesto de que los aranceles no se incrementarán. La AIReF ha detectado una desaceleración del gasto público y del turismo, influido por la apreciación del euro, mientras que la inversión muestra signos de mejora, aunque con dudas sobre su resistencia en un entorno incierto. El crecimiento económico, aunque moderado, cuenta con un fuerte respaldo en el aumento de la inmigración, lo que se refleja en un mayor consumo total pero no per cápita: es decir, se consume más porque hay más población, no porque cada persona consuma más. Además, todo el empleo creado en los últimos meses se debe a trabajadores extranjeros, mientras que la población activa con nacionalidad española se reduce. La AIReF también detecta señales de que la tasa de paro podría estar tocando fondo.

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(El País, 17-07-2025) | Fiscal

Inspectores de Hacienda ven “imposible” aplicar el acuerdo de financiación catalana

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido este miércoles que el acuerdo de financiación singular pactado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña es, a su juicio, "inviable" en términos prácticos y supone un riesgo grave para la estructura del Estado si se replica en otras comunidades. Según la organización que agrupa a los inspectores de élite de la Agencia Tributaria, esta propuesta marcaría el inicio de la "desintegración del Estado". En este contexto, han reiterado su petición de dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, ha señalado que llevan tiempo advirtiendo sobre los efectos negativos que implicaría una financiación fiscal diferenciada para Cataluña. Durante la presentación de un informe técnico, los inspectores han asegurado que un modelo como el planteado conduciría a la "descomposición" de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que se vería fragmentada y dividida entre las distintas autonomías. Según explican, dicho esquema vulneraría principios esenciales del sistema tributario nacional, como la existencia de una única base de datos, una caja común y una gestión integrada de las retenciones fiscales. En particular, consideran que el traspaso del 100% de la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la Generalitat en 2026 no sería factible. A su entender, no es una medida realista, ya que sería imposible cruzar la información entre una base de datos estatal y otra catalana. Entre los efectos concretos, alertan de que se ralentizarían significativamente las devoluciones del IRPF y se dificultaría el envío de los datos fiscales a los contribuyentes, al estar distribuidos en dos sistemas independientes. Asimismo, afirman que se vería comprometida la capacidad para cruzar información fiscal, lo que afectaría la detección de posibles fraudes. Aunque no han ofrecido estimaciones precisas sobre la pérdida de ingresos, han recordado que, según los datos más recientes (de 2022), Cataluña aportó el 19,35% de la recaudación total. En ese año, los ingresos tributarios del Estado ascendieron a 255.463 millones de euros, de los cuales 49.434 millones provinieron de esta comunidad. Los inspectores concluyen que una separación en la gestión tributaria estatal y catalana dañaría la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal. "Una base de datos dividida no puede ofrecer los mismos resultados que el sistema unificado actual", han afirmado.

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