(El País, 21-11-2025) | Fiscal
El Tribunal Constitucional ha otorgado un importante respaldo a la Hacienda española. Este jueves, el pleno ha rechazado la cuestión de inconstitucionalidad planteada sobre la normativa que regula los pagos fraccionados que deben realizar las grandes empresas -las que facturan más de 10 millones de euros- en el impuesto sobre sociedades. La resolución, que responde a una consulta elevada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, concluye que el sistema de cálculo de estos anticipos no vulnera el principio de capacidad económica.
El caso se originó a raíz de la reclamación de una gran empresa que sostenía haber sufrido un perjuicio financiero al adelantar, mediante pagos fraccionados, una cantidad superior a la que finalmente tuvo que abonar en la liquidación definitiva del impuesto. La compañía defendía que esta diferencia vulneraba el principio de capacidad económica, ya que la obligaba a transferir a Hacienda un importe mayor del realmente debido según su obligación tributaria final.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en una sentencia redactada por la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga, rechaza este argumento y afirma que el sistema de cálculo no se basa en beneficios "irreales" o "ficticios", sino que representa una estimación "razonable" de los resultados del grupo empresarial en términos reales, netos y actuales, según explica la propia institución.
A pesar de ello, varios magistrados han adelantado que presentarán votos particulares, lo que evidencia que la relación entre el principio de capacidad económica y las necesidades de recaudación continúa generando debate dentro del tribunal.
El sistema de pagos fraccionados consiste en aplicar un tipo del 23% al resultado contable positivo de los primeros meses del ejercicio (tres, nueve u once). Esto contrasta con el tipo general del impuesto sobre sociedades, situado en el 25%. Después, una vez cerrado el año fiscal, el resultado contable puede coincidir o no con la base imponible, e incluso diferir notablemente, por lo que suelen hacerse ajustes. Pese a estas posibles diferencias, el Constitucional considera que dicho resultado contable refleja de manera adecuada los beneficios de la empresa y puede utilizarse como referencia válida para un pago adelantado.
La sentencia recalca que los pagos fraccionados son obligaciones tributarias provisionales y autónomas, similares a otros anticipos existentes en el sistema fiscal español, como los relativos al IRPF. Su finalidad es proporcionar ingresos anticipados a Hacienda durante el ejercicio, que se compensan después en la regularización final.
En los últimos días, consultoras como PwC habían aconsejado a sus clientes presentar cuanto antes solicitudes de rectificación de autoliquidaciones, ante la posibilidad de que el Constitucional declarara inconstitucional este sistema y se abrieran vías para solicitar devoluciones.
El propio Tribunal ya había anulado anteriormente un aumento similar en los anticipos exigidos a las grandes compañías. Aquel incremento, promovido por el entonces ministro Cristóbal Montoro, fue considerado inconstitucional no por su contenido, sino por utilizar el real decreto-ley de forma inapropiada para modificar en profundidad la estructura del impuesto, algo contrario a los límites constitucionales de dicha herramienta normativa.
Pese a ese revés, el modelo reforzado de pagos fraccionados no desapareció. Tras la anulación, fue recuperado y consolidado por la actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mediante la vía legislativa ordinaria, con el objetivo de garantizar una mayor entrada anticipada de fondos y asegurar la estabilidad de esta fuente relevante de ingresos públicos.