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(Cinco Días, 18-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor choca con el suelo del 2% y repunta a niveles de abril ante la próxima reunión del BCE

Aunque hace poco parecía estar al alcance, el euríbor tiene cada vez más difícil situarse por debajo del 2%. Lejos de acercarse a ese umbral, esta semana ha vuelto a niveles similares a los de abril, cuando la incertidumbre generada por la imposición de aranceles por parte de Donald Trump a todas las importaciones en EE. UU. sacudió los mercados. En ese contexto, el euríbor diario alcanzó el 2,143%. El posible freno en los recortes de los tipos de interés del Banco Central Europeo, que se debatirá la próxima semana, sumado a la inestabilidad en las relaciones comerciales internacionales, limita cualquier movimiento brusco del indicador, ya sea al alza o a la baja. Los analistas coinciden en que el euríbor, referencia fundamental para las hipotecas a tipo variable, ha entrado en una fase de estabilización, una vez que el BCE ha ejecutado ya la mayor parte de los recortes que los mercados anticipaban. También señalan que el indicador se mantiene a la espera de mayor claridad en el panorama geopolítico y económico global. Según Santiago Martínez Morando, responsable de análisis económico y financiero en Ibercaja, "el euríbor a 12 meses se está estabilizando en torno al 2,1% en las últimas semanas", sin señales de que esta tendencia vaya a cambiar. De hecho, la media de julio se sitúa actualmente en el 2,076%, ligeramente por debajo de la registrada en junio (2,089%). Diego Barnuevo, analista de mercados en Ebury, también opina que el indicador "se ha estancado", y cree que la rebaja de tipos realizada el mes pasado no ha tenido el efecto suficiente para romper el suelo del 2%. En junio, el BCE aplicó su séptima rebaja consecutiva de tipos, llevando el precio del dinero al 2%, con el objetivo de contrarrestar la desaceleración del crecimiento económico y las previsiones de inflación a la baja, según se recoge en las actas de dicha reunión. La mayoría de analistas considera que los tipos de interés en la eurozona están ya muy cerca del nivel neutral, es decir, aquel que no impulsa ni frena la economía. Desde Société Générale prevén que, de haber un último recorte este año, se producirá en septiembre. En la misma línea, los estrategas de Citi señalan que una mayor desinflación, motivada por la apreciación del euro, podría reforzar la posibilidad de otro recorte de tipos si el BCE revisa de nuevo sus previsiones de inflación a la baja en septiembre. El fortalecimiento del euro frente al dólar ha despertado la preocupación del BCE. La moneda única se ha revalorizado un 12% en lo que va de año, lo que ha generado un debate sobre sus posibles efectos en la política monetaria del bloque, aunque el tipo de cambio no es competencia directa del banco central. Aun así, algunos dirigentes como Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, han advertido que una apreciación excesiva del euro "complicaría aún más la situación". Según Morgan Stanley, esta posibilidad no debe subestimarse, ya que consideran que la moneda podría superar sin problemas los 1,30 dólares. Pese a todo, el escenario más probable que manejan los expertos es que el BCE esté cerca de cerrar su ciclo de bajadas de tipos. "Creemos que aún dispone de cierto margen para estimular el crecimiento económico, lo que podría permitir que el euríbor baje unos pocos puntos básicos más", señala Barnuevo, de Ebury. Para los ciudadanos con hipotecas a tipo variable, esta evolución del euríbor seguirá traduciéndose en alivio financiero. En los próximos meses, quienes tengan revisiones anuales verán una considerable rebaja respecto al mismo periodo del año pasado, cuando en julio de 2024 el euríbor alcanzaba el 3,526%. También se beneficiarán quienes tengan revisiones semestrales. Este notable descenso consolida la tendencia bajista iniciada en octubre de 2023, cuando el indicador alcanzó su máximo reciente del 4,16%, interrumpida únicamente por una leve subida en enero de este año.

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(Expansión, 18-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE elabora una lista de posibles aranceles sobre los servicios estadounidenses

La Unión Europea está elaborando una lista de posibles medidas arancelarias sobre servicios estadounidenses, así como controles a las exportaciones, como parte de un plan de represalias en caso de que fracasen las negociaciones comerciales con Estados Unidos, según informaron dos funcionarios conocedores del proceso. La Comisión Europea, encargada de preparar esta lista en respuesta a los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump, aún no ha presentado formalmente las medidas a los Estados miembros. Trump ha declarado su intención de aplicar aranceles del 30% a las importaciones procedentes del bloque europeo a partir del 1 de agosto. Aunque Bruselas ya ha manifestado públicamente que podría ampliar la actual disputa comercial al ámbito de los servicios si no se logra evitar los aranceles, aún no ha detallado acciones específicas ante las capitales de la UE. Uno de los funcionarios aclaró que las medidas no se limitarán a penalizar a las grandes tecnológicas estadounidenses, pese a su notable influencia en la administración Trump. Esta nueva lista de posibles represalias complementaría una propuesta ya en discusión entre los países del bloque, que contempla imponer aranceles sobre productos estadounidenses por un valor de 72.000 millones de euros al año, entre los que figuran aviones Boeing, automóviles y whisky bourbon. Una fuente cercana a las últimas conversaciones indicó que la nueva propuesta incluiría también impuestos sobre servicios digitales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya había planteado esta posibilidad en una entrevista con el Financial Times el pasado abril, donde sugirió, por ejemplo, gravar los ingresos por publicidad de plataformas digitales. Bernd Lange, presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, respaldó la medida. Señaló que, aunque Estados Unidos tiene un déficit comercial con la UE en bienes, mantiene un superávit en servicios, lo que lo convierte en un objetivo sensible a represalias en ese terreno. "Es poco probable que se alcance un acuerdo equilibrado entre Estados Unidos y la UE, por lo que es fundamental estar preparados", afirmó Lange. "Las grandes tecnológicas estadounidenses obtienen buena parte de sus beneficios en Europa, y el superávit de EE.UU. en servicios ronda los 100.000 millones de dólares (86.300 millones de euros)", añadió. "Por eso, conviene prever una tercera fase de respuesta: imponer un gravamen a los servicios digitales". La lista de servicios susceptibles de sanción podría elaborarse utilizando el reglamento europeo sobre medidas de ejecución, lo que requeriría el visto bueno de los Estados miembros. Este nuevo paquete incluiría también los primeros controles a las exportaciones, con tasas aplicables a productos como la chatarra de acero y ciertos compuestos químicos. Buena parte de la chatarra de acero europea se exporta a Estados Unidos, donde se recicla en hornos eléctricos para fabricar nuevos productos siderúrgicos. Las conversaciones comerciales entre Bruselas y Washington comenzaron en abril, después de que Trump anunciara aranceles "recíprocos" del 20% a productos europeos. Posteriormente, los redujo al 10% para dar margen a las negociaciones, fijando inicialmente el 9 de julio como fecha límite, que luego se postergó hasta el 1 de agosto. Sin embargo, el 13 de julio, Trump volvió a endurecer el tono y amenazó con elevar los aranceles al 30% desde esa fecha. De acuerdo con los dos funcionarios citados, la UE estaría dispuesta a aceptar aranceles del 10%, pero busca rebajas en otros aranceles específicos, además de la eliminación del gravamen del 25% sobre los automóviles. También quiere asegurarse de que no se impongan nuevos aranceles prometidos por Trump a sectores como el farmacéutico y el de los semiconductores. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se encuentra actualmente en Washington negociando con representantes estadounidenses. Este lunes advirtió que persiste una "distancia considerable" entre las posiciones de ambas partes. Aunque reafirmó que la prioridad es lograr un acuerdo, también aseguró que se están contemplando "todas las herramientas disponibles" para una eventual respuesta. Además, la Comisión ha decidido retrasar hasta el 6 de agosto un plan alternativo para imponer medidas sobre 21.000 millones de euros en importaciones anuales desde EE.UU., preparado como respuesta a los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y automóviles europeos, con el objetivo de dar más tiempo a las negociaciones.

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(El Economista, 18-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El sur de Europa está tomando el mando del crecimiento de la región los últimos años

Mucho se ha escrito en los últimos años sobre cómo el sur de Europa ha tomado el liderazgo del crecimiento económico en la región, siendo España el principal protagonista, al concentrar cerca del 40% del avance del PIB de la Unión Europea, impulsada por su propio dinamismo. Este cambio se explica, en gran parte, por la debilidad del modelo industrial del norte del continente, que ha sufrido un fuerte impacto desde el inicio de la guerra en Ucrania y se ha visto agravado por factores como los aranceles, el aumento de los tipos de interés y la incertidumbre global. A diferencia del norte, el sur ha estado más centrado en los servicios y el turismo, y ha recibido un impulso adicional gracias a la inmigración, los fondos europeos y una productividad en alza. España es el ejemplo más representativo de esta transformación, con un crecimiento del 3,2% en 2024. Aunque aún mantiene una de las tasas de desempleo más altas de Europa (11,36%), también es uno de los países que más empleo está generando, lo que ha sido un motor clave para su economía. Los analistas destacan que este fenómeno está generando una especie de "tormenta perfecta" favorable a los intereses del Banco Central Europeo (BCE). Para algunos expertos, lo que está ocurriendo es una verdadera convergencia entre las economías del norte y del sur de Europa. Esto beneficia al BCE de dos maneras: en primer lugar, ayuda a contener la inflación en economías como la alemana, donde el alza de salarios representaba un importante riesgo inflacionista antes de que entraran en vigor los aranceles. En segundo lugar, esta mayor armonía laboral contribuye a reducir uno de los grandes problemas estructurales de la eurozona: la divergencia en los costes de financiación entre países. Al acercarse las condiciones económicas entre el norte y el sur, también lo hacen sus primas de riesgo, lo que facilita una gestión más eficaz de la política monetaria común y estabiliza el sistema. La reducción de esas diferencias ayuda a que la deuda de países como España e Italia converja con la alemana, reduciendo así el riesgo de fragmentación financiera. Esto se refleja claramente en la evolución de las primas de riesgo: en el caso de España, la diferencia respecto a los bonos alemanes se ha reducido a 62 puntos básicos, cuando antes de 2024 superaba con frecuencia los 100. Italia se sitúa ahora en los 89 puntos y Grecia, que estuvo al borde del colapso durante la crisis del euro, ha bajado hasta los 71,4 puntos. Desde ING, sus analistas afirman que "por fin la eurozona está viviendo esa convergencia tan esperada desde hace tiempo". El banco neerlandés considera que esta alineación de las economías puede ser una de las razones que explican los actuales diferenciales de deuda pública relativamente estrechos entre los países miembros, lo que a su vez representa una ventaja clara para el BCE. En el pasado, la aplicación de una política monetaria uniforme se veía obstaculizada por las diferencias económicas internas del bloque. Ahora, con una convergencia como la actual y una política monetaria más flexible, la situación es mucho más favorable: "Esto puede aliviar la presión sobre las economías del norte, que atraviesan dificultades, sin perjudicar el crecimiento del sur", concluyen.

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(El Economista, 18-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Protección de Datos impide a hoteles y pisos turísticos hacer una copia del DNI del cliente

Nuevo enfoque en el proceso de registro de clientes en alojamientos turísticos como hoteles, hostales, campings, apartamentos vacacionales o en empresas de alquiler de vehículos. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dejado claro que estos establecimientos no pueden solicitar una copia del DNI o pasaporte a sus clientes. En una nota informativa reciente, la AEPD afirma que pedir dicho documento vulnera el principio de minimización de datos, ya que implica un tratamiento excesivo de información personal. Según la Agencia, los documentos de identidad contienen datos innecesarios para el proceso de registro, como la fotografía, la fecha de caducidad, el código CAN (clave de acceso del chip) o incluso los nombres de los progenitores. Además, advierte que entregar una copia del DNI a terceros conlleva un riesgo elevado de suplantación de identidad si esa información se maneja de forma indebida. Por eso, insiste en que este tipo de prácticas deben evitarse o, al menos, reducirse al mínimo posible. El Real Decreto del 26 de octubre de 2021 obliga a los alojamientos y a las empresas de alquiler a recabar ciertos datos de los viajeros con el objetivo de colaborar en la seguridad pública y prevenir delitos como el terrorismo o el crimen organizado. Sin embargo, no todos esos datos se encuentran en el DNI o pasaporte, y algunos de los que sí aparecen no son necesarios para cumplir la normativa. En este sentido, la AEPD también subraya que el simple envío de una copia del documento no garantiza la veracidad de la identidad del cliente, por lo que considera que no cumple adecuadamente la finalidad legal del registro. La normativa exige a los alojamientos que recopilen los nombres y apellidos, el sexo, el número de documento, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia habitual, además de medios de contacto como el teléfono y el correo electrónico, el número de personas alojadas y el vínculo con los menores acompañantes si los hubiera. También deben conservar los datos de la reserva o contrato, incluyendo fecha y hora de entrada y salida, información del inmueble, y detalles del pago, como el medio utilizado, el nombre del titular, la fecha de vencimiento de la tarjeta y la fecha del pago. La AEPD sugiere que esta información se puede recoger mediante formularios, ya sea en formato físico o digital. En el caso de un registro presencial, se puede contrastar la información directamente con el documento de identidad, sin necesidad de hacer una copia. Si el check-in es online, se puede recurrir a certificados digitales o al envío de códigos de verificación por SMS o correo electrónico. La Agencia también indica que podrían existir otros métodos que sean igualmente válidos para cumplir con las exigencias legales sin comprometer la protección de datos personales.

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(El Periódico, 18-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bolaños anuncia que el Gobierno aprobará la reforma de la justicia después de verano

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció este miércoles durante el evento Afterwork organizado por El Periódico que, tras el verano, el Consejo de Ministros aprobará la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta modificación implicará que los fiscales asumirán la dirección de las investigaciones penales, mientras que los jueces pasarán a desempeñar el papel de garantes del proceso. Otra de las normativas que ha generado polémica, especialmente entre las asociaciones judiciales de corte conservador, es la ley de la carrera judicial, actualmente en trámite parlamentario. Bolaños aclaró que dicha ley no será debatida en el pleno del 22 de julio, sino que su discusión se pospondrá hasta después del verano, a la espera de avanzar en las conversaciones con los distintos grupos parlamentarios. Al acto asistieron diversas figuras del ámbito político y judicial, como el 'conseller' Ramon Espadaler y el expresident José Montilla. El ministro subrayó que el Gobierno está dialogando con los partidos políticos para sacar adelante una reforma de la Justicia que ha calificado de "urgente y necesaria", con el objetivo de adaptar esta institución a la realidad actual del país. Bolaños recordó que, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, los intentos de transformación en el ámbito judicial suelen generar desconfianza, algo que también se está viendo con la ley de la carrera judicial y fiscal. No obstante, defendió que las críticas sobre una supuesta amenaza al Estado de Derecho o a la independencia judicial carecen de fundamento. En su opinión, esta nueva normativa garantiza la igualdad de oportunidades e incluye medidas como la creación de becas para opositores. En cuanto al plan de modernización de la Justicia, el ministro destacó que en los próximos tres años se crearán 1.500 nuevas plazas para jueces y fiscales. A esta cifra se sumarán otras 1.000 regularizaciones de profesionales que ya ejercen como sustitutos, algunos de ellos desde hace más de una década. Bolaños calificó esta ampliación de plantilla como un avance sin precedentes recientes. Durante el encuentro, el director de El Periódico, Albert Sáez, preguntó por la huelga convocada a principios de julio por asociaciones conservadoras de jueces y fiscales, en protesta por los cambios en el acceso a sus respectivas carreras. Bolaños respondió que el propio Consejo General del Poder Judicial reconoció que la huelga carecía de base legal. Además, criticó que no se comunicaron formalmente las ausencias para que se aplicaran los descuentos salariales correspondientes, describiendo la protesta como "la primera huelga sin huelguistas". Reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la Justicia, incluyendo el aumento de efectivos. Parte de esta reforma pasa también por modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal. Los cambios permitirán que el fiscal instruya las causas penales, pero no se aplicarán hasta el 1 de enero de 2028, dado que se trata de una ley compleja. Por ello, será el fiscal general que nombre el Gobierno surgido de las elecciones de 2027 -y no el actual, Álvaro García Ortiz- quien asuma la implementación de esta reforma. Bolaños insistió en que estas transformaciones no responden a circunstancias políticas del momento, sino que se han concebido para tener efectos duraderos, incluso a 50 años vista. En su opinión, algunos aspectos de la Justicia actual han quedado obsoletos, y el calendario de implementación dependerá del consenso con el resto de formaciones parlamentarias. En otro orden de cosas, el ministro se refirió al plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona, presentado en diciembre junto al conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. Según explicó, esta iniciativa ya comienza a dar resultados. Entre las medidas adoptadas se incluye la creación de un tercer juzgado de guardia para delitos leves, como hurtos, y cuatro órganos judiciales adicionales para agilizar juicios rápidos, que se estaban retrasando hasta año y medio. Aunque estas plazas de refuerzo eran temporales (hasta noviembre), los jueces han solicitado su prórroga. Bolaños aseguró que estos juzgados seguirán operativos "el tiempo que sea necesario". Otra medida destacada dentro del mismo plan es el acceso de la Guardia Urbana a los historiales de reincidencia a través del sistema judicial SIRAJ. Esto permitirá a los agentes saber en tiempo real si una persona detenida cuenta con antecedentes y si corresponde aplicar la agravante de multirreincidencia prevista en el Código Penal. Sobre esta iniciativa, Bolaños adelantó que ya se ha aprobado un real decreto para hacerla efectiva. Además, está en desarrollo una aplicación específica para que la policía municipal de Barcelona pueda consultar esta información de manera inmediata.

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(La Razón, 18-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación de la eurozona repuntó una décima en junio, hasta el 2%

La inflación interanual en la zona euro aumentó ligeramente en junio, situándose en el 2%, lo que representa un incremento de una décima respecto al mes anterior y se ajusta al objetivo de estabilidad a medio plazo establecido por el Banco Central Europeo (BCE), según ha confirmado la oficina estadística Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual se ubicó en el 2,3% en junio, también una décima por encima de la cifra registrada en mayo. De acuerdo con los datos de Eurostat, en la eurozona los precios de la energía disminuyeron un 2,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, aunque el descenso fue menor al 3,6% registrado en mayo. En cambio, los alimentos frescos se encarecieron un 4,6% anual, lo que supone un aumento de tres décimas respecto al mes previo. Por su parte, los bienes industriales no energéticos subieron un 0,5% interanual, una décima menos que en mayo. En cuanto a los servicios, su precio subió un 3,3%, ligeramente por encima del 3,2% del mes anterior. Si se excluye el efecto de la energía, la inflación interanual de la zona euro se mantuvo estable en el 2,5%. Por otro lado, la inflación subyacente -que no considera ni energía, ni alimentos frescos, ni alcohol ni tabaco- se mantuvo en el 2,3% durante junio. Entre los países de la UE, las tasas de inflación más bajas se registraron en Chipre (0,5%), Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%). En contraste, las mayores alzas se observaron en Rumanía (5,8%), Estonia (5,2%) y tanto Hungría como Eslovaquia, con un 4,6% cada una. En el caso de España, la inflación armonizada subió en junio al 2,3%, frente al 2% de mayo, lo que amplía a tres décimas la diferencia negativa respecto al promedio de la zona euro.

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(Expansión, 17-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas propone un presupuesto para la Europa de dos billones de euros para el periodo de 2028 a 2034

La Comisión Europea ha presentado hoy su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) para el periodo 2028-2034, es decir, el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea. El plan contempla un total cercano a los dos billones de euros, lo que representa un ligero aumento respecto al actual presupuesto (a precios constantes), sin contar con el programa excepcional NextGenerationEU puesto en marcha durante la pandemia. Este nuevo presupuesto supondría un 1,26 % de la renta nacional bruta (RNB) del bloque comunitario, indicador clave para evaluar el peso relativo de los fondos europeos. En comparación, el presupuesto actual equivale al 1,13 % de la RNB. Sin embargo, del incremento previsto, la mayor parte -alrededor de 168.000 millones de euros, equivalentes a 11 puntos básicos- se destinarán exclusivamente al reembolso de la deuda contraída. "Este presupuesto a largo plazo protegerá a la ciudadanía europea, fortalecerá nuestro modelo social y hará más competitiva a la industria europea", afirmó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, quien lo describió como una herramienta clave para promover la paz, la prosperidad y los valores europeos en tiempos marcados por la inestabilidad global. Sin embargo, el aspecto más destacado de la propuesta es su rediseño estructural. La Comisión propone una reorganización profunda de las cuentas, reduciendo de 52 a solo 16 los programas presupuestarios existentes, con el objetivo de simplificar su gestión y aumentar su eficacia. El bloque principal de gasto será un nuevo programa denominado "planes de asociación nacional y regional", que concentrará 865.000 millones de euros. En este apartado se agrupan fondos históricos como los destinados a Cohesión territorial (Feder, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión) y la Política Agrícola Común (PAC). Precisamente, la integración de estos fondos en una única partida ha generado fuerte oposición, especialmente entre las organizaciones agrarias, que temen que las ayudas al sector pierdan peso. Representantes del campo europeo se manifestaron hoy frente a la sede de la Comisión en Bruselas para mostrar su rechazo a lo que consideran una amenaza para la viabilidad del mundo rural. Pese a la controversia, la propuesta incluye una asignación mínima de 300.000 millones de euros en ayudas directas para los agricultores, a las que cada Estado miembro podría añadir recursos propios según su planificación nacional. Aun así, esta cifra supone una reducción importante frente a los más de 400.000 millones que se asignaban a la PAC en el marco actual. La desaparición como tal del Fondo de Cohesión también ha causado malestar. El Ejecutivo comunitario plantea que el 14 % de los fondos se destinen a objetivos sociales, y se reserva una partida de 218.000 millones de euros para apoyar a las regiones con menor desarrollo. Aun así, esta cantidad dista mucho de los más de 400.000 millones que se dedicaban anteriormente a cohesión y convergencia regional, aunque en ese caso el alcance era más amplio. En cuanto a las nuevas prioridades, la Comisión apuesta decididamente por la competitividad. Se prevé la creación de un nuevo Fondo de Competitividad con una dotación de unos 410.000 millones de euros. Esta partida incluirá el programa de investigación Horizonte Europa, que duplicará su presupuesto hasta casi los 200.000 millones, así como 131.000 millones destinados a seguridad, defensa y el sector espacial, quintuplicando la inversión actual en estas áreas. Otro elemento innovador es la creación del 'Fondo Europa Global', que dispondrá de 200.000 millones de euros para agrupar distintos programas previos y apoyar iniciativas regionales, incluidas las relacionadas con la política exterior y el proceso de ampliación de la UE. Por último, el presupuesto contempla una reserva de 400.000 millones de euros para hacer frente a futuras crisis. Esta dotación, concebida como herramienta flexible para responder a emergencias geopolíticas y económicas, queda fuera del cómputo del presupuesto principal de dos billones.

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(Expansión, 17-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Donald Trump recauda 50.000 millones de dólares en aranceles mientras el mundo "se echa atrás"

Los socios comerciales de Estados Unidos han optado en su mayoría por no responder con medidas similares a los aranceles generalizados impuestos por Donald Trump, lo que ha permitido al expresidente -frecuentemente criticado por su tendencia a retractarse- generar casi 50.000 millones de dólares (unos 43.000 millones de euros) adicionales en ingresos aduaneros sin enfrentar grandes consecuencias. Cuatro meses después de iniciarse la ofensiva arancelaria de Trump, sólo China y Canadá han adoptado represalias tangibles, aplicando un arancel mínimo del 10% sobre productos estadounidenses, así como tasas del 50% sobre acero y aluminio, y del 25% sobre automóviles. Mientras tanto, los ingresos aduaneros de Estados Unidos alcanzaron un récord histórico de 64.000 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que representa un aumento de 47.000 millones respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras difundidas por el Departamento del Tesoro estadounidense. China, que ha sido el país más contundente en aplicar medidas de represalia, no ha logrado un impacto comparable. Sus ingresos por derechos de aduana en mayo de 2025 fueron apenas un 1,9% superiores a los del año anterior. Por su parte, las represalias de Canadá han sido limitadas y aún no se han publicado los datos correspondientes al segundo trimestre. En términos globales, los aranceles impuestos sobre las exportaciones estadounidenses por parte de otros países han representado solo una pequeña fracción de lo que ha recaudado Estados Unidos en el mismo periodo. Muchos socios comerciales han preferido no contraatacar mientras mantienen conversaciones con Washington para evitar una escalada mayor. La Unión Europea, uno de los principales bloques comerciales, ha anunciado la posibilidad de adoptar medidas de represalia, pero ha pospuesto su implementación varias veces, ahora supeditándola al resultado de las negociaciones con fecha límite fijada por Trump para el 1 de agosto. Según analistas de la cadena de suministro, el impacto de los aranceles de Trump no ha recaído exclusivamente en los consumidores estadounidenses. Grandes marcas internacionales han adoptado estrategias para repartir el aumento de costes a nivel global con el fin de mantener su competitividad en el mercado estadounidense. Simon Geale, vicepresidente ejecutivo de la consultora Proxima (perteneciente a Bain & Company), explica que empresas como Apple, Adidas o Mercedes están tratando de reducir el efecto de los aranceles mediante mejoras en su cadena de suministro y reducción de costes. "Las compañías pueden asumir parte del incremento, pero gran parte del sobrecoste acabará trasladándose a otros mercados. El consumidor estadounidense puede tolerar una subida de precios del 5%, pero no del 20% o el 40%", señala Geale. A pesar de que los niveles arancelarios en Estados Unidos no se veían tan altos desde la década de 1930, la falta de una reacción contundente por parte del resto del mundo ha evitado una espiral de represalias como la que provocó el colapso del comercio internacional entre las dos guerras mundiales. De acuerdo con economistas, la posición privilegiada de Estados Unidos como mayor mercado de consumo global, sumada a las amenazas de Trump de incrementar aún más los aranceles a quienes se le enfrenten, ha llevado a muchos países a optar por la prudencia, más por lógica económica que por debilidad. Un estudio de la consultora Capital Economics muestra que una guerra comercial severa, con aranceles promedio recíprocos del 24%, podría reducir el PIB mundial en un 1,3% en dos años. En cambio, si las tasas se mantienen en torno al 10%, el impacto sería de solo un 0,3%. Marta Bengoa, catedrática de Economía Internacional en la City University of New York, explica que a diferencia del contexto de los años 30, en el que las relaciones comerciales eran más equilibradas, hoy el sistema global gira en torno a Estados Unidos como eje principal. "Eso hace que responder con represalias no sea económicamente viable para muchos países, incluso si políticamente pudiera parecer una respuesta adecuada", concluye.

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(El País, 17-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo investigará la concesión de los créditos ICO a empresas en la pandemia

El Tribunal Supremo se dispone a examinar con mayor profundidad los créditos ICO concedidos durante la pandemia de la covid-19. El Alto Tribunal evaluará los criterios fiscales establecidos por el Gobierno que sirvieron de base para que las administraciones públicas aprobaran o rechazaran las ayudas dirigidas a evitar la quiebra de empresas durante la crisis sanitaria que comenzó en España en marzo de 2020. En particular, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo revisarán la legalidad del requisito incluido en el real decreto de marzo de 2021, según el cual solo podían acceder a estas ayudas las empresas que hubieran declarado una base imponible positiva en el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2019. Este tema se ha convertido en un punto de conflicto entre pequeños empresarios y autónomos, por un lado, y los bancos y las administraciones, por otro. El debate principal gira en torno a si las entidades financieras -encargadas de tramitar y gestionar los préstamos- ofrecieron información clara y suficiente sobre las condiciones y consecuencias de los créditos en caso de impago. Muchos empresarios firmaron de manera urgente, en plena crisis sanitaria, confiando en que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) cubriría hasta el 80% del importe prestado. Sin embargo, la disparidad de criterios en distintas sentencias judiciales ha llevado a que sea el Supremo quien tenga que fijar una posición definitiva sobre si los bancos actuaron conforme a derecho. Otro aspecto clave que ha llegado a los tribunales es la forma en que se evaluó la viabilidad de las empresas como condición indispensable para acceder a las ayudas. El real decreto de marzo de 2021 -cuando la gestión de los fondos pasó a manos de las comunidades autónomas- excluía a aquellas empresas que declararon pérdidas en el Impuesto de Sociedades de 2019, considerado el ejercicio de referencia previo a la pandemia. Varias empresas que no cumplieron este requisito han recurrido judicialmente la denegación de las ayudas, argumentando que ese criterio resulta discriminatorio y que existen otras maneras válidas de demostrar su solvencia económica. Es precisamente esta cuestión la que el Tribunal Supremo ha decidido abordar, y cuya resolución marcará jurisprudencia. Los magistrados determinarán si la única vía para acreditar la viabilidad económica era disponer de una base imponible positiva en 2019, o si también deben admitirse otros medios de justificación, como las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o informes periciales. Así lo establece un auto del 2 de julio, en el que se admite a trámite un recurso de una empresa contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmó la decisión de la Comunidad de Madrid de denegarle la ayuda. La empresa recurrente sostiene que la exigencia de una base imponible positiva supuso un trato desigual respecto a otras entidades que sí accedieron a las ayudas, y que se vulneró el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución. Según su argumentación, había formas alternativas de demostrar la viabilidad de su negocio que no fueron tenidas en cuenta por la Administración. La línea de avales del ICO fue lanzada en marzo de 2020, pocos días después de que se decretara el estado de alarma, con la intención de amortiguar los efectos económicos de la emergencia sanitaria. Ese mismo año, el ICO gestionó más de 302.000 millones de euros en financiación para empresas, según datos del propio Gobierno. Posteriormente, en marzo de 2021, y ante la presión de empresarios, sindicatos y del propio Banco de España, el Ejecutivo aprobó una nueva ronda de ayudas directas por valor de 7.000 millones de euros, destinada a empresas y autónomos que hubieran sufrido una caída de ingresos de al menos un 30% en comparación con 2019. Estas ayudas, que oscilaban entre los 3.000 y los 200.000 euros, fueron gestionadas por las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, y estaban diseñadas para compensar hasta un 40% de la pérdida adicional de facturación en el caso de autónomos y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas.

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(El Periódico, 16-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El INE revisa una décima al alza la inflación de junio que escala al 2,3%

La inflación ha puesto fin a su tendencia a la baja con el inicio del verano. En junio, los precios subieron un 2,3%, lo que supone el primer aumento tras tres meses consecutivos de descensos, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra definitiva corrige al alza en una décima el dato provisional del 2,2% anunciado a finales del mes pasado, impulsado sobre todo por el encarecimiento de los carburantes. También contribuyeron al incremento los costes relacionados con la vivienda y la alimentación. Con esta subida, el índice de precios se sitúa en niveles similares a los de marzo y supera en tres décimas el dato de mayo. Además, vuelve a colocarse por encima del umbral del 2% que marca el Banco Central Europeo como referencia para la estabilidad de precios a medio plazo. Por su parte, la inflación subyacente -que excluye los productos más volátiles como los alimentos frescos y la energía- se mantiene estable en el 2,2%, el mismo nivel que en el mes anterior. A pesar del repunte, el Ministerio de Economía valora de forma positiva el dato, destacando que la inflación sigue en una trayectoria de estabilización en torno al objetivo marcado por el BCE. En un comunicado difundido este martes, el Gobierno señala que "España mantiene un entorno de estabilidad y contención de precios que, junto con las subidas salariales, favorece la mejora del poder adquisitivo de las familias y acompaña unas previsiones de crecimiento económico superiores a las del resto de grandes economías europeas". El departamento que dirige Carlos Cuerpo atribuye el alza principalmente al encarecimiento de los combustibles, motivado por el aumento del precio del petróleo en los mercados internacionales, así como del gas, en contraste con la bajada registrada en junio de 2023. No obstante, también pone en valor la moderación de otros productos y servicios que anteriormente habían empujado con fuerza la inflación, como el aceite de oliva, cuyo precio ha bajado un 48% desde el máximo registrado en abril de 2024, la contención en los precios del alojamiento turístico y el descenso en la aportación de los paquetes vacacionales al índice general. En el conjunto de la zona euro, la inflación también ha mostrado un leve repunte en junio: los precios aumentaron una décima y alcanzaron el 2%. Todo ello en un contexto de gran incertidumbre. Bruselas y los países miembros se mantienen atentos ante las consecuencias de una posible guerra comercial promovida por Estados Unidos, mientras las tensiones geopolíticas continúan escalando. Cabe recordar que la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la posterior crisis energética que estalló en 2022 provocaron una subida de precios sin precedentes en décadas. Actualmente, aunque el conflicto sigue sin resolverse, la atención internacional también se dirige hacia Oriente Próximo, donde la creciente confrontación entre Israel e Irán -con la implicación directa de Estados Unidos- ha encendido las alertas. Esta región, clave para la producción y distribución global de petróleo, añade un nuevo elemento de inestabilidad que podría influir en la evolución de los precios a nivel mundial.

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