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(Expansión, 29-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El tamaño de los activos y de la facturación de las pymes subirá un 25% por la inflación

El Ejecutivo ajustará la valoración de los activos y la facturación de las pymes según la evolución del IPC, lo que permitirá una presentación de cuentas más simple y abreviada, evitando que se vean afectadas por nuevas regulaciones al crecer. El Gobierno incrementará en un 25% la valoración de los balances y el volumen de negocios de las microempresas, pequeñas y medianas empresas, para adaptar estos límites a la inflación, siguiendo la tendencia de la zona euro en los últimos años. Esto implica incorporar a la legislación española una directiva comunitaria del año 2023, que modifica una anterior del 2013 respecto al ajuste de los criterios de tamaño empresarial debido a la inflación. El proyecto de ley del Ministerio de Economía, al que EXPANSIÓN ha tenido acceso, mantiene el número de trabajadores que define a estas empresas: 50 para las medianas empresas, que tienen hasta 250 empleados. El aumento de los umbrales de activos y facturación hará que más empresas puedan presentar cuentas de forma simplificada y abreviada, cumpliendo con las leyes de Auditoría de Cuentas y de Sociedad de Capitales, así como con el Plan General de Contabilidad para pymes y en aspectos de sostenibilidad y gestión eficiente de recursos naturales. En el caso de las microempresas, para seguir el Plan General de Contabilidad para pymes, el Gobierno eleva el límite de activos de 4 a 5 millones de euros y de ingresos anuales de 8 a 10 millones. Sin embargo, para poder utilizar la presentación abreviada de cuentas, estas empresas deben cumplir ambos requisitos durante al menos dos años consecutivos. El número medio de trabajadores no puede superar los cincuenta. Aunque una microempresa no tiene más de diez empleados, esta normativa mantiene el límite en cincuenta, que también es el umbral para la formación de un comité de empresa. La obligación de formar un comité al alcanzar los cincuenta empleados es un gran obstáculo para el crecimiento de las pequeñas empresas, ya que implica la convocatoria de elecciones laborales y facilita la entrada de los sindicatos. Esto, junto con otros factores como impuestos y auditorías más amplias, lleva a muchas empresas a preferir no crecer. El incumplimiento de los requisitos de valoración de activos y facturación impedirá a las empresas aplicar el Plan General de Contabilidad para pymes. Según la Ley de Auditoría de Cuentas, las empresas pequeñas son aquellas que durante dos ejercicios consecutivos deben cumplir dos de las siguientes condiciones, que son las mismas que para las microempresas: el total de activos no debe superar los cinco millones de euros (antes 4) y los ingresos anuales no deben superar los 10 millones de euros (antes 8). La plantilla de trabajadores no debe superar una media de cincuenta en el año. El aumento de los límites de activos y facturación también afecta a las entidades sin fines lucrativos, de cualquier forma jurídica, que durante dos años consecutivos deben cumplir al cierre del ejercicio al menos dos de las siguientes condiciones: los activos no deben superar los cuatro millones de euros (antes 2.850.000) y los ingresos anuales no deben superar los ocho millones de euros (antes 5.700.000). Para las empresas medianas, durante dos ejercicios consecutivos deben cumplir dos de las siguientes condiciones: los activos totales no deben superar los 25 millones de euros (antes 20) y los ingresos totales no deben superar los cincuenta millones de euros (antes 40). Además, la plantilla media de trabajadores durante el año no debe superar los 250. Esto se debe a que a partir de ese número de empleados se considera una empresa grande. Es importante destacar que el 98% del tejido productivo español son pymes.

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(El Economista, 29-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Economía ultima una "macroley" sobre la digitalización y modernización de la banca

El Ministerio de Economía y el Tesoro están finalizando una amplia normativa destinada a promover la digitalización y modernización del sector financiero, con un enfoque especial en asegurar la seguridad y protección del cliente. Este Anteproyecto de ley, que está en fase de consulta pública previa, abarca regulaciones sobre ciberseguridad y ciberresiliencia en el sector, así como aspectos relacionados con medios de pago y la revisión del sandbox, entre otras iniciativas. Carla Díaz Álvarez de Toledo, directora general del Tesoro y Política Financiera, anunció esta iniciativa durante las jornadas Neobancos organizadas por elEconomista.es. Durante su intervención, instó al sector a participar en la consulta pública abierta hasta el 30 de abril. Explicó que como reguladores, es crucial fomentar la innovación para mantener un sistema financiero competitivo, al mismo tiempo que se establecen las precauciones necesarias para un mejor funcionamiento del sector, garantizando la confianza y protección del cliente y previniendo riesgos para la estabilidad financiera. Destacó el crecimiento de la digitalización en el sector financiero y la importancia de proporcionar servicios más rápidos, eficaces y seguros, centrándose en la atención al cliente para preservar la confianza en el sector. Díaz Álvarez de Toledo valoró la entrada de nuevos operadores que introducen competencia en la industria financiera, lo que mejora la calidad de los servicios financieros, los hace más amigables para el usuario, con procedimientos de seguridad más intuitivos y precios más bajos, satisfaciendo así mejor las necesidades del cliente actual, que es más sofisticado y experto en nuevas tecnologías. Sin embargo, señaló que esto también presenta desafíos, como evitar la exclusión de grupos de usuarios menos familiarizados con las operaciones digitales, aumentar los riesgos cibernéticos y adaptar las medidas de protección. El Anteproyecto en consulta pública incluye la transposición de normativas europeas clave para la digitalización y modernización del sector financiero, como DORA (normativa de ciberresiliencia), el Reglamento de Transferencias Instantáneas, regulaciones para combatir el lavado de dinero y completar el Reglamento MICA sobre criptoactivos. En cuanto al Reglamento MICA, que busca equilibrar la innovación con precauciones necesarias, España es uno de los países pioneros en su adopción y establece un plazo de seis meses para que todos los operadores en criptoactivos se registren ante la autoridad competente, ya sea la CNMV o el Banco de España. En el ámbito de los pagos, la normativa de Transferencias Instantáneas abrirá la competencia a las fintech y neobancos, lo que contribuirá a una mayor competencia entre estos y los bancos tradicionales. Además, el Tesoro anunció que próximamente someterá a consulta la transposición de la directiva europea de crédito al consumo, que reforzará la protección del consumidor en este ámbito. Se destacó la importancia de evitar la exclusión financiera de los colectivos vulnerables, destacando las medidas adoptadas por la banca en este sentido. Aunque se reconoció que aún queda camino por recorrer, se valoró positivamente el impacto de estas medidas en la accesibilidad a los servicios financieros para estos segmentos de población.

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(Expansión, 26-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El relevo del Banco de España, pendiente de la decisión de Sánchez

La decisión que tome el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a su continuidad en su cargo puede tener consecuencias significativas en temas económicos importantes que requieren una pronta resolución. Esto incluye, por ejemplo, el nombramiento del próximo gobernador del Banco de España o la autorización para que STC, la operadora saudí, pueda adquirir el 10% de Telefónica. Sánchez debe anunciar si decide permanecer como presidente del Gobierno (mediante una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados o simplemente reafirmando su continuación en el cargo), o si plantea la posibilidad de convocar nuevas elecciones legislativas disolviendo las Cortes a partir del 29 de mayo, o incluso si opta por dimitir, lo que llevaría al Gobierno a estar en funciones hasta que se inicie un nuevo proceso para la elección de un candidato con mayoría en el Congreso de los Diputados. En caso de mantenerse en su cargo, la resolución de asuntos pendientes seguiría su curso normal. Por ejemplo, en cuanto a la sustitución del gobernador del Banco de España, aún habría varias semanas antes de que el presidente proponga un reemplazo al Rey, pero esto debería hacerse con suficiente antelación para permitir que el ministro de Economía comparezca ante la Comisión de Economía del Congreso para explicar el nombramiento. Respecto a la autorización para que STC adquiera el 10% de Telefónica, esta decisión sería tomada por el Ejecutivo cuando lo considere oportuno, ya que no hay una fecha límite establecida. Por otro lado, el proceso de adquisición de acciones de Telefónica por parte de SEPI para alcanzar el 10% no debería detenerse en ningún caso, ya que es una decisión firme del Gobierno y puede llevarse a cabo en el momento adecuado. Sin embargo, surgirían problemas si Sánchez opta por alguna de las otras dos salidas posibles. Anunciar la convocatoria de elecciones legislativas, aunque mantendría plena capacidad de actuación hasta ese momento, podría generar incertidumbre en algunas decisiones gubernamentales. Si optara por dimitir, el Gobierno entraría en funciones y su capacidad de decisión sería limitada. En este caso, incluso podría haber dificultades para nombrar al nuevo gobernador del Banco de España, lo que podría llevar a un vacío institucional si no se resuelve antes de la fecha límite. La decisión de Sánchez sobre su continuidad en el cargo puede tener un impacto significativo en varios aspectos económicos y financieros importantes que requieren una rápida resolución.

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(El Español, 26-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El TJUE desestima los argumentos de la banca y amplía el plazo para reclamar los gastos hipotecarios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que el período de prescripción para reclamar los gastos hipotecarios asociados a cláusulas abusivas debe comenzar a contar desde que existe una sentencia firme que declare nula dicha cláusula. Esto se reflejó en dos sentencias solicitadas por el Tribunal Supremo español y un juzgado de instrucción de Barcelona, en dos casos en los que clientes reclamaban a Banco Santander y a Caixabank los gastos de apertura de la hipoteca después de que se declararan abusivas y se anularan las cláusulas contractuales relacionadas. Los bancos argumentaron que el plazo había caducado porque comenzó a contar desde el momento en que se pagaron los gastos (en 1999 y 2007, respectivamente). Sin embargo, el TJUE sostiene que el consumidor tiene un conocimiento claro de que la cláusula era irregular cuando se declara abusiva y nula. Por lo tanto, "en principio, es desde esa fecha cuando está en condiciones de hacer valer eficazmente los derechos que le confiere la Directiva (sobre cláusulas abusivas) y, por lo tanto, cuando puede comenzar a correr el plazo de prescripción de la acción de restitución". El Tribunal europeo deja claro que la legislación europea se opone a establecer como inicio del período de prescripción el momento del pago de los gastos, ya que eso significaría que, en el momento en que los consumidores reclamaron, ya habría prescrito. Además, rechaza que el plazo comience a correr desde la fecha en que el tribunal supremo nacional dictó sentencias anteriores en las que se declararon abusivas cláusulas tipo que se corresponden con las cláusulas en cuestión. Esto permitiría a los bancos, en muchos casos, retener las cantidades indebidamente adquiridas en detrimento del consumidor. El TJUE también aclara que esta misma razón se aplica a las sentencias del propio TJUE, que tampoco pueden usarse para fijar la fecha de inicio del período de prescripción. La corte europea recuerda que en sus sentencias no determina si unas cláusulas específicas son abusivas, sino que deja su evaluación específica al juez nacional, por lo que los consumidores no pueden deducir de la resolución del tribunal europeo que una cláusula particular contenida en su contrato sea abusiva.

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(El Mundo, 26-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

España emite las Letras a 3 meses más baratas de Europa

El interés de las familias y la frecuencia de las subastas limitan la rentabilidad ofrecida en la deuda a corto plazo y permiten que España tenga una prima de riesgo negativa en comparación con países como Alemania. España ha alcanzado un hito en el mercado financiero al obtener financiamiento a un costo más bajo que cualquier otro país de la zona euro en el plazo más breve, tres meses. Las Letras del Tesoro se han convertido en un recurso clave para captar fondos, ofreciendo una rentabilidad del 3,6% en la última subasta, que es más baja que la de otros países con una mejor calificación crediticia, como Alemania o la Unión Europea. En términos de tres meses, Alemania paga un 3,7%, once puntos básicos más que España; la Unión Europea paga un 3,77%, 17 puntos básicos más, Francia un 3,83%, hasta 23 puntos básicos por encima, y Países Bajos y Bélgica un 3,72% y un 3,73%, respectivamente, entre 12 y 13 puntos básicos más altos. A diferencia de lo que ocurre con los bonos a 10 años, la prima de riesgo a tres meses favorece a España. Los expertos señalan que hay razones sólidas que explican este fenómeno. El fenómeno más destacado que explica por qué España paga menos por emitir deuda a corto plazo está relacionado con las familias. En los últimos dos años, el Tesoro ha recibido un aumento notable de solicitudes de inversión minorista en Letras, lo que ha permitido reducir el interés ofrecido. Las cifras proporcionadas por el Banco de España indican que las familias mantienen más de 24.600 millones en Letras. Específicamente, las Letras a tres meses suelen registrar una alta demanda, con una solicitud que suele ser entre 3,5 y 4 veces mayor que la cantidad adjudicada en las subastas. Este interés especial de las familias españolas en las Letras también se apoya en la baja rentabilidad ofrecida por otros productos de inversión minorista. Los depósitos a menos de un año en entidades españolas ofrecen un interés promedio del 2,37%, muy por debajo del 3,2% promedio en la zona euro, lo que hace que la deuda sea más atractiva en comparación. Además de la mayor participación de inversión minorista, en los plazos más cortos de la deuda soberana, el riesgo de crédito tiene menos impacto en el interés final. Esto permite que las rentabilidades pagadas por países con diferentes calificaciones crediticias converjan cuando están sujetos a una política monetaria común que establece tipos de interés uniformes. La forma en que cada país lleva a cabo sus subastas también influye en la rentabilidad, según Sofía Antón, directora de Auriga Bonos. Por ejemplo, países como Francia realizan subastas de Letras cada semana, lo que reduce la sensación de urgencia entre los inversores y puede afectar la tasa de interés. España, por su parte, además de realizar subastas mensuales de Letras a tres meses, tiende a adjudicar volúmenes más pequeños en este plazo. En la última subasta, el Tesoro emitió 490 millones de euros en Letras a tres meses, en comparación con los 3.296 millones de euros de Francia o los 2.000 millones de euros de Alemania.

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(La Vanguardia, 26-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La Sareb reconoce que no va a poder devolver 14.600 millones de su deuda

Se acabaron las evasivas. Desde que Sareb destapó la situación en 2022, tras su nacionalización por parte del Estado, comenzó un proceso de reconocimiento de la realidad que implicó, en primer lugar, registrar un deterioro de más de 14.000 millones de euros y, en segundo lugar, aceptar que debía deshacerse de activos con pérdidas. Desde entonces, la entidad ha optado por reconocer abiertamente las pérdidas, un paso necesario para poder generar ingresos y pagar la deuda, su principal objetivo. Sin embargo, ya se ha aceptado que ese objetivo nunca será alcanzable. "Es previsible que una parte de la deuda no se pueda amortizar con la gestión de Sareb", señaló el consejero delegado del banco malo, Leopoldo Puig, durante la presentación de los resultados del ejercicio 2023. Los números hablan por sí mismos: el patrimonio neto de la entidad es de -14.616 millones de euros después del proceso de saneamiento, mientras que aún quedan por devolver 29.413 millones de euros. En este escenario, Sareb prevé que nunca se podrán recuperar alrededor de 15.000 millones de euros. Esta situación obligará al Tesoro a negociar con los bancos, que son los tenedores de los bonos, para determinar quién asume la pérdida, si todos los ciudadanos españoles a través de la deuda pública (que ya está contabilizada como tal) o si corresponde a las entidades financieras asumirla total o parcialmente. La fecha límite para este debate, en principio, debería ser 2027, ya que es la fecha de caducidad con la que se creó Sareb en 2012. Sin embargo, aunque para entonces se espera haber liquidado toda la cartera de activos financieros, se considera imposible lograr lo mismo con la cartera de inmuebles. "Con la estrategia actual, habrá activos inmobiliarios que seguirán en la cartera", aseguró Puig. Para intentar ajustar las pérdidas al deterioro ya reconocido de 14.616 millones de euros, Sareb ha optado por vender sus inmuebles de forma individual, lo que hace inviable liquidar todos los activos en 2027. La única forma de lograrlo sería vender una gran cartera, pero esto requeriría reconocer un deterioro mayor, ya que estas operaciones implican fuertes descuentos. Además, hay activos, como la cartera de 10.500 viviendas en alquiler asequible, que previsiblemente deberán ser asumidos por las administraciones públicas. "No creo que el Estado decida vender esa cartera de alquiler asequible", dijo Puig, recordando que "Sareb no puede regalar", por lo que lo más lógico es que el Estado, ya sea a través de una empresa pública u otro mecanismo, termine comprando estas viviendas. En cuanto a los resultados del ejercicio 2023, Sareb cerró con un aumento del 16% en los ingresos, alcanzando los 2.748 millones de euros, mientras que las pérdidas se incrementaron un 46%, llegando a los 2.198 millones de euros. Estas pérdidas elevadas son consecuencia directa del proceso de reconocimiento de las millonarias minusvalías que arrastra Sareb desde que las antiguas cajas le traspasaron todos sus activos inmobiliarios tóxicos a valores superiores a los reales. "Nuestro objetivo es pagar la deuda, y para ello tenemos que vender. Si nuestra cartera tiene minusvalías, esas minusvalías se reflejarán en la cuenta de resultados", señaló José María Arroyo, director de Finanzas y Corporativo. La única ventaja con la que cuenta Sareb para llevar a cabo este ejercicio es que ya ha provisionado estas pérdidas en su patrimonio neto, gracias al proceso de transparencia y sinceridad que inició en 2022. Con este colchón, el futuro de la entidad presidida por Javier Torres implica ir reconociendo cada vez mayores pérdidas cada año, ya que, a medida que se vendan los inmuebles, se deberán anotar las minusvalías en la cuenta de resultados. Un proceso que será cada vez más acentuado, dado que Sareb quiere intensificar sus esfuerzos para acelerar la venta de suelos, donde las pérdidas son mayores.

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(Expansión, 25-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

CEOE pide que la regulación de la IA no trabe su desarrollo

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) planteó ayer la importancia de consolidar la competitividad del mercado único, promover las inversiones y respaldar a las empresas durante la próxima legislatura europea. Estas propuestas fueron presentadas por la patronal en el documento titulado "Fortalecer, agilizar, impulsar", el cual recoge las recomendaciones empresariales para los partidos que participarán en las elecciones comunitarias de junio. La CEOE insta, por ejemplo, a garantizar que la regulación de la Inteligencia Artificial no frene su desarrollo. "Desde la CEOE estamos convencidos de que el periodo 2024-2029 representa una oportunidad para que la Unión Europea priorice la competitividad y el crecimiento económico en el centro de sus políticas", afirmó Antonio Garamendi durante la presentación del documento junto al ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Garamendi destacó que mejorar la competitividad de las empresas y economías es crucial para enfrentar los desafíos internos y externos actuales, y para avanzar hacia una Unión Europea social y ambientalmente ambiciosa. Por su parte, el ministro Albares valoró que las propuestas de la CEOE contribuyen a fortalecer el mercado único y aportan contenido al debate de los próximos meses. Entre las demandas de la patronal española se destaca la necesidad de asegurar que la regulación de la Inteligencia Artificial, en la que la UE busca liderar, promueva la inversión y el desarrollo ético y seguro de esta tecnología. La CEOE también destaca la importancia de regular el uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito laboral bajo principios éticos y de control humano. Además, la CEOE enfatiza la importancia de establecer un marco regulatorio que favorezca la competitividad mediante una legislación más eficiente, incluyendo la reducción de las cargas administrativas en un 25%. Por último, la CEOE solicita medidas para digitalizar la economía, proteger la competitividad durante la transición medioambiental, impulsar la innovación, fortalecer el diálogo social a nivel europeo y promover la colaboración entre los decisores políticos españoles y los agentes sociales.

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(El Confidencial, 25-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España se pronunciará sobre si los gastos hipotecarios deben devolverse con intereses

Los costos relacionados con hipotecas han emergido como el punto álgido en las disputas entre entidades bancarias y clientes. Una sentencia de la Unión Europea ha forzado a los bancos a reembolsar los costos asociados con la formalización de préstamos, aunque este proceso no está exento de dificultades y división de opiniones. En particular, el Banco de España ha admitido una reclamación contra CaixaBank, el único banco que ha estado reembolsando automáticamente los costos hipotecarios. Sin embargo, CaixaBank está reintegrando estos gastos sin incluir los intereses legales, que actualmente se sitúan en el 4,08%. La reclamación fue presentada por la asociación de consumidores Asufin, la cual señala que en ciertos casos, los intereses de demora pueden aumentar considerablemente el monto total a reembolsar. CaixaBank argumenta que está actuando de acuerdo con la legislación vigente al momento de la firma del contrato, respaldado por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Supremo. En concreto, CaixaBank se hace cargo de los honorarios registrales por la inscripción de la garantía hipotecaria, los gastos de gestoría, la mitad de los honorarios notariales por la escritura hipotecaria, y los costos de tasación. En cambio, el prestatario debe asumir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y los gastos asociados a la cancelación de la hipoteca. Cuando los clientes presentan sus facturas y contratos a CaixaBank, el banco procede a reembolsar estos gastos, ofreciendo la posibilidad de reducir deudas pendientes si las hubiera. Sin embargo, en algunos casos, esto se hace sin incluir los intereses de demora, lo cual ha motivado la reclamación de Asufin ante el Banco de España. Aunque CaixaBank ha establecido acuerdos rápidos con juzgados en varias ciudades, incluyendo Barcelona, Pamplona, Burgos, Valladolid, Palencia y Murcia, en donde se incluyen los intereses, la disputa sobre la inclusión de estos intereses continúa. La decisión del servicio de reclamaciones del Banco de España no es definitiva, ya que cabe la posibilidad de apelación ante la justicia. No obstante, los procesos judiciales tienden a coincidir con el dictamen del Banco de España. En este contexto, se discute si los reembolsos de costos hipotecarios deben incluir intereses. Aunque persiste cierta confusión en las reclamaciones por este motivo, los principales bancos reconocen que están enfrentando un gran número de solicitudes. Algunos bancos rechazan las reclamaciones apelando a una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que considera que los clientes podrían haber reclamado cuando se establecieron los juzgados especializados en 2017. En Barcelona, el plazo de prescripción es de 10 años, permitiendo continuar con reclamaciones, mientras que en el resto de España es de cinco años, criterio que algunas entidades utilizan para rechazar solicitudes. Otros bancos rechazan o estudian las reclamaciones caso por caso. Por ejemplo, Santander y BBVA rechazan las reclamaciones, argumentando la prescripción de la acción de restitución. Sabadell, Abanca y Unicaja analizan cada caso individualmente, mientras que Kutxabank ha optado por aceptar las reclamaciones pero pospone los reembolsos hasta que el Tribunal Supremo clarifique los plazos.

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(El Periódico, 25-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña interviene por decreto el alquiler de temporada y de habitaciones en plena precampaña

La Generalitat de Cataluña ha anunciado medidas correctivas para abordar los problemas surgidos del fracaso del límite de alquiler. A menos de tres semanas de las elecciones autonómicas del 12 de mayo, el Gobierno autonómico ha aprobado intervenir de manera urgente no solo en el mercado de alquiler de viviendas, una medida que ya había colocado a la comunidad en una situación legal excepcional respecto al resto de España, sino también en los mercados de habitaciones y alquileres de temporada. El Ejecutivo de Pere Aragonès ha reconocido nuevamente que el límite al alquiler ha causado un aumento de precios en otras modalidades, algo que los activistas pro-vivienda, a quienes intentan satisfacer estas normativas, negaban. El sector inmobiliario considera estas medidas contraproducentes y populistas. Ante este escenario, el Consell Executiu ha aprobado un nuevo decreto ley este miércoles para regular las deficiencias identificadas en la legislación previa, que sigue siendo efectiva. Tras la reunión del Govern, la consellera Ester Capella ha afirmado que la norma busca controlar los puntos por los cuales las viviendas que deben ser de uso permanente están siendo desviadas. Según Capella, esta iniciativa se basa en datos del Incasòl y ha confirmado la existencia de una "proliferación de alquileres mal llamados temporales", como habían alertado las empresas del sector. También ha mencionado una proliferación de alquileres de habitaciones y ha advertido contra el alquiler de habitaciones por partes para eludir el control de precios. Capella no ha proporcionado detalles sobre si existen motivos económicos adicionales, más allá de la prisa preelectoral, que justifiquen la necesidad de regular rápidamente y con el Parlament disuelto. El marco legal actual ya prohíbe que un apartamento se alquile como temporada (hasta 11 meses) cuando en realidad es una vivienda habitual. Lo que cambiará es que se establecerá la obligación de especificar la causa de esa temporalidad en todos los contratos, y se presumirá a favor del arrendamiento permanente si un contrato de media estancia no indica una causa específica. En cuanto al alquiler por habitaciones, que actualmente se rige por el Código Civil del siglo XIX, también se impondrán restricciones, pero solo en Cataluña, lo que podría llevar a una fuga de la oferta hacia otros territorios. Capella ha indicado que en las zonas consideradas "mercado residencial tensionado" por el Govern, la suma de los alquileres de habitaciones en un mismo piso no podrá superar la renta máxima establecida para el apartamento en su totalidad.

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(El Economista, 25-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Parlamento Europeo aprueba la Directiva de Debida Diligencia

El Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Empresarial (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, también conocida como CSDDD o CS3D), una medida de gran relevancia que establece multas y sanciones para las grandes empresas que violen los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de valor, abordando cuestiones como la esclavitud, el trabajo infantil, la explotación laboral, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la destrucción del patrimonio natural. Esta aprobación por parte de los eurodiputados llega después de que el Consejo Europeo diera su visto bueno el pasado 15 de marzo, tras ajustes que redujeron la aplicación inicial de la norma a menos empresas. Según Alberto Andreu, profesor de la Universidad de Navarra, esta Directiva será un desafío importante para las empresas europeas, ya que les exige extender sus estándares de sostenibilidad, especialmente en derechos humanos y medio ambiente, a toda su cadena de valor. Andreu advierte sobre el considerable costo de implementación de esta medida. Antonio Vives, socio de la consultora de sostenibilidad Cumpetere, explica que la versión aprobada de la Directiva afectará a un tercio de las empresas originalmente contempladas, reduciéndolas de 16.400 a 5.500, representando solo el 0,05% de las compañías de la UE. Sin embargo, Vives destaca que este pequeño porcentaje no refleja el impacto que estas empresas tienen, especialmente en los derechos humanos en proveedores de países en desarrollo. Además, la normativa excluye empresas con actividades de alto riesgo que están por debajo de ciertos límites de tamaño. Las grandes compañías afectadas por esta norma trasladarán los requisitos a sus socios y proveedores. A pesar de la reducción del alcance de la norma, Antonio Vives subraya que introduce responsabilidades para las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente, convirtiendo prácticas voluntarias en obligatorias a través de su incorporación en leyes nacionales. La aprobación de esta Directiva representa un hito significativo según Giulia Borsa, de EcoVadis, al convertir recomendaciones en obligaciones para las empresas. Aunque lamenta la dilución de la norma al afectar a un número reducido de empresas, Borsa destaca que esto tendrá un impacto indirecto en muchas más organizaciones a lo largo de las cadenas de suministro globales, debido a la cascada de requisitos desde las grandes empresas incluidas en el alcance de la Directiva hacia sus socios y proveedores.

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