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(Cinco Días, 02-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Lagarde advierte que la toma de control de la Fed por parte de Trump es “un peligro muy serio”

Las presiones de Donald Trump sobre la Reserva Federal y sus intentos de influir en su independencia mantienen en alerta a los principales bancos centrales internacionales. La preocupación no radica tanto en un posible efecto contagio de intervencionismo político en la política monetaria, sino en las graves repercusiones que podría tener para la economía global una Fed dirigida directamente desde la Casa Blanca. Así lo expresó la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, quien advirtió de que ese escenario representaría "un riesgo muy serio". Lagarde ya había mostrado su respaldo a Jerome Powell, actual presidente de la Reserva Federal y constante objetivo de las críticas de Trump, durante el reciente foro de Jackson Hole, donde defendió con firmeza que "la independencia de los bancos centrales es esencial". Sin embargo, en declaraciones posteriores a la prensa, la mandataria del BCE fue más contundente al calificar como un "peligro" para la estabilidad económica mundial cualquier debilitamiento de la autonomía de la Fed. En una entrevista concedida a Radio Classique, Lagarde advirtió que, si Trump llegara a tomar el control de la institución, algo que considera complicado debido a las restricciones fijadas por el Tribunal Supremo respecto al cese de sus gobernadores, las consecuencias serían preocupantes. Subrayó que la política monetaria de la Fed influye directamente en el empleo y la estabilidad de precios, por lo que su manipulación política tendría un impacto inmediato y negativo en todo el mundo. Ningún presidente estadounidense había llegado tan lejos como Trump en sus intentos por condicionar las decisiones de la Reserva Federal. Su insistencia en que la Fed reduzca los tipos de interés le llevó incluso a insinuar la destitución de Powell, amenazas de las que luego se retractó. No obstante, sí ejecutó un movimiento inédito: el despido de la gobernadora Lisa Cook, designada por Joe Biden para un mandato que se extendía hasta 2038. Cook ha recurrido la decisión por considerarla ilegal, dado que la jurisprudencia del Supremo reconoce que la Fed es una entidad con una estructura independiente y que sus miembros solo pueden ser cesados por causas graves como negligencia, incapacidad o mala conducta. Será ahora la justicia estadounidense la que determine si este despido se ajusta a derecho, en lo que podría convertirse en un litigio histórico. Consultada sobre si Estados Unidos sigue siendo un Estado de derecho, Lagarde respondió afirmativamente, pero matizó que ello depende de que se respete la autoridad del Tribunal Supremo y se cumplan sus fallos. No obstante, advirtió que cualquier presión sobre esa institución sería motivo de seria preocupación. En una línea similar, el finlandés Olli Rehn, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, alertó la semana pasada de que la pérdida de independencia de la Fed podría desembocar en un repunte inflacionario. "Si las decisiones se adoptan bajo criterios políticos y no siguiendo los principios de una política monetaria sólida -como, por ejemplo, satisfacer la exigencia presidencial de tipos más bajos-, la consecuencia inevitable sería más inflación", afirmó.

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(Expansión, 02-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez propone crear una Agencia Estatal de Protección Civil y fondos permanentes contra las catástrofes climáticas

Pedro Sánchez eligió este lunes la lucha contra la "emergencia climática" como eje central para inaugurar el nuevo curso político y económico, el más complicado desde que asumió la presidencia del Gobierno hace siete años. En este contexto, defendió la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado que permita afrontar este desafío. Sin embargo, la propuesta llegó precedida de críticas. El Partido Popular ya había rechazado la iniciativa, acusando al Ejecutivo de usarla como una "cortina de humo" para tapar tanto su tardía reacción ante los devastadores incendios de agosto como los escándalos que rodean al Gobierno. Los populares recordaron, además, que Sánchez ya planteó un pacto similar hace tres años sin avances concretos y reprocharon que en esta ocasión ni siquiera se haya puesto en contacto con Alberto Núñez Feijóo para informarle de las medidas. También desde la izquierda populista llegaron reproches: Podemos calificó el proyecto como un anuncio vacío, "más orientado a titulares y a la estrategia electoral que a un compromiso real". Pese a estas críticas, Sánchez presentó los ejes de su plan en un acto en el que estuvo acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el titular de Agricultura, Luis Planas, quienes intervinieron antes que él. Casi todo el gabinete estuvo presente, con las excepciones de tres ministros de Sumar -Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego-. Sí asistieron, en cambio, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Durante su intervención, el presidente reconoció que varias comunidades autónomas han sufrido "la peor ola de incendios forestales de nuestra historia reciente". Señaló que, solo en el último mes, se han contabilizado 130 incendios que arrasaron 330.000 hectáreas, el equivalente a casi seis veces la isla de Ibiza. Ante las críticas por la reacción tardía del Gobierno, Sánchez responsabilizó a las autonomías -en su mayoría gobernadas por el PP- por mantener "una política de prevención insuficiente, una gestión territorial inadecuada y la ausencia de planes frente a una emergencia climática que hace los incendios más destructivos e imprevisibles". Afirmó además que esta oleada de fuegos no se debe al azar ni a una "trama pirómana", pese al elevado número de detenciones por incendios intencionados este verano. Todo ello en un contexto en el que el Ejecutivo no aprobó hasta la semana pasada un decreto con directrices preventivas pendientes desde 2022. El Pacto de Estado planteado por Sánchez pretende reforzar precisamente esa prevención, con el compromiso de todas las administraciones de mejorar la coordinación en situaciones de crisis. Entre sus propuestas destaca la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias, destinada a garantizar un sistema de respuesta eficaz, así como la constitución de fondos permanentes para acelerar la recuperación de zonas devastadas por incendios, inundaciones u otros fenómenos extremos, cuyo coste para el erario público en los últimos cinco años supera los 32.000 millones de euros. El plan, que será aprobado este martes en el Consejo de Ministros con diez compromisos, incluye además una Estrategia Nacional de Resiliencia Hidráulica, la adaptación urbanística y legislativa a temperaturas más extremas, una red pública de refugios climáticos en ciudades y zonas rurales, el impulso del mundo rural, la promoción de una cultura preventiva ante emergencias y la fijación de estándares laborales que protejan a los trabajadores frente al estrés térmico.

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(El Periódico, 02-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La entrada de turistas superó por primera vez los 11 millones en julio

Los últimos datos sobre ocupación hotelera en julio, difundidos la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran los primeros indicios de una desaceleración en el turismo. Las pernoctaciones aumentaron apenas un 1,8% en comparación con julio de 2024, con un notable retroceso en el mercado alemán, el tercero en importancia para España. La evolución de las llegadas de visitantes en el segundo mes de la temporada alta confirma esta tendencia. Aunque en julio se alcanzó un nuevo récord histórico al superar los 11 millones de turistas internacionales, el crecimiento fue mínimo, con un alza de solo 1,6%. Destacan las caídas en dos de los principales países emisores: Alemania (-4,8%) y Francia (-3,1%), que en conjunto representan una quinta parte de las llegadas. También se ralentizó el flujo desde el Reino Unido, primer mercado emisor con un 21% de cuota, que apenas creció un 0,7%. Entre enero y julio, España recibió 55,5 millones de turistas, un 4,1% más que en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, este avance se sustenta sobre todo en los buenos resultados de enero y febrero, cuando las llegadas crecieron un 6,1% y 7,6%, respectivamente. En contraste, los últimos tres meses (mayo, junio y julio) apenas superaron el 2% de crecimiento. Según Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, el factor clave detrás de este enfriamiento en los grandes mercados ha sido la subida de precios en España, frente a la mayor competitividad de otros destinos del Mediterráneo y el Adriático, como Turquía, Túnez, Marruecos, Croacia, Montenegro o Albania. Turquía es el ejemplo más claro: a pesar de su inflación desbordada, sus precios más bajos han impulsado su posición en el turismo mundial, con 6,6 millones de visitantes, muy cerca de Rusia, que ocupa el primer lugar con 6,7 millones, y amenazando el liderazgo español. En contraste, el gasto turístico mantuvo un fuerte impulso: en julio se situó en 16.452 millones de euros, un 6,1% más que el año anterior, superando ampliamente el crecimiento de las llegadas. El gasto medio por viajero alcanzó los 1.493 euros (+4,4%), mientras que el gasto diario subió a 210 euros (+6,9%). El Ministerio de Industria y Turismo destacó que los datos confirman la tendencia de un gasto creciente por parte de los visitantes internacionales, incluso en un contexto de menor afluencia. Con estas cifras, se descarta la posibilidad de alcanzar por primera vez los 100 millones de turistas extranjeros en 2025. El estancamiento de junio y julio apunta a un cierre cercano a los 98 millones. No ocurre lo mismo con el gasto, que entre enero y julio subió un 7,2% hasta los 76.074 millones de euros, acercándose al objetivo del Gobierno de 138.000 millones en todo el año. Por comunidades, Cataluña fue la más afectada por el parón del turismo internacional: en julio recibió 2,35 millones de viajeros, un 1,1% menos, y en Madrid el descenso fue del 3,4%. En el acumulado, Cataluña creció solo un 1,1%, aunque sigue siendo la región más visitada con 11,6 millones de turistas. El retroceso de Francia, junto con el enfriamiento del Reino Unido y Estados Unidos, ha sido determinante. En las Islas Baleares, muy dependientes del mercado alemán, las llegadas aumentaron apenas un 0,9% en julio y un 3,1% en los siete primeros meses, con un total de 8,99 millones de visitantes, lo que permitió a Canarias superarla como segunda comunidad más turística, con 9,1 millones. La mejor evolución la registró Andalucía, que recibió 8,3 millones de turistas extranjeros entre enero y julio, un 7,9% más, consolidándose como cuarta región más visitada y recortando distancia con Baleares.

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(Cinco Días, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Reserva Federal mantiene tipos en el 4,5% pese a las presiones de Trump

La Reserva Federal apuesta por una quinta pausa consecutiva y deja sin cambios el precio del dinero ante la incertidumbre que se mantiene sobre el impacto real de la guerra comercial. Quinta pausa consecutiva. La Reserva Federal (Fed) mantiene los tipos de interés en la franja comprendida entre el 4,25% y el 4,5%, tramo en el que quedaron fijados en diciembre, cuando el banco central hizo su última rebaja en el precio del dinero, justo antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, jurara el cargo. Desde entonces, la Fed se ha instalado obstinadamente en una estrategia de "esperar y ver", convencida de que la guerra comercial es la responsable de que "la inflación siga alta" y quiere conocer el impacto real de los aranceles sobre la economía del país antes de retomar la desescalada en los tipos. Las bolsas tornaron al rojo tras la rueda de prensa de Powell, con un duro discurso sobre futuros recortes. El Nasdaq se dejaba un 0,11%, mientras que el S&P y el Dow Jones cedían un 0,36% y un 0,66%, respectivamente. Si bien Wall Street ya descontaba desde hace días la decisión de ayer, esta choca frontalmente con los deseos del presidente de EEUU, que horas antes de que el banco anunciara su decisión volvió a reiterar ayer en sus redes sociales la necesidad de un recorte de tipos, aprovechando el buen dato de PIB que también se conoció ayer. Lo cierto es que la economía del país dio muestras de una mayor resistencia de lo esperado, con un avance del PIB del 3% en el segundo trimestre del año, frente a una contracción del 0,5% entre enero y marzo. Powell definió ayer esta evolución como "irregular". El cambio tan drástico se debe a la guerra comercial, que ha distorsionado las estadísticas de crecimiento. Powell celebró que EEUU esté ultimando acuerdos por todo el planeta, incluyendo el tratado con la Unión Europea, que "mantiene el tipo efectivo (de los aranceles) sin muchos cambios"; pero al mismo tiempo, reconoció que "todavía sigue habiendo mucha incertidumbre". Luces y sombras en los datos que ponen a la Fed en una situación casi imposible. Por un lado, la inflación volvió a repuntar en junio, hasta el 2,7%. Lo hizo al ritmo más rápido de los últimos doce meses, respaldando las tesis más pesimistas del banco central. Y el PIB disparado en el 3%, lo que demuestra que la economía está lejos de enfriarse, escenario que justificaría una rebaja de tipos. Por el contrario, las últimas cifras también hablan de un parón en el mercado de la vivienda a consecuencia de los altos tipos de interés y un desplome en el último trimestre de la inversión empresarial, tanto por el alto coste del dinero como por la incertidumbre comercial. Los índices de paro todavía no preocupan y se consideran bajos, pero lo cierto es que la tasa de desempleo ya se ha afianzado por encima del 4% y crece mes a mes, situándose en su nivel más alto desde 2021, en plena crisis pospandemia. Aunque la Reserva Federal no ha dado pistas de cuál será su hoja de ruta para después del verano, los analistas creen que en septiembre se producirá el primer recorte de tipos de este año, aunque Powell insistió ayer en que "no hemos tomado una decisión todavía sobre qué ocurrirá en septiembre". Lo que sí dejó claro es que serán los datos y no la política los que guíen sus pasos: "Asegurar un banco central independiente es un pacto institucional que ha servido bien a los ciudadanos hasta ahora; nos tenemos que guiar por los datos, no por aspectos políticos". La cita de septiembre será especialmente importante, ya que también está previsto que los gobernadores actualicen entonces sus previsiones de cara a los próximos meses. El mercado está atento a la reacción de Trump ante la decisión de ayer de la Fed, con la duda de si forzará o no el relevo al frente del banco central. La campaña en contra del presidente de la institución, Powell, se ha intensificado en las últimas semanas, especialmente tras la visita sorpresa del inquilino de la Casa Blanca a las obras de la sede de la Fed en Washington, donde intentó dejar en evidencia a su anfitrión por su gestión en la reforma multimillonaria del cuartel general del regulador del mercado financiero. Ayer, Powell le restó importancia, y aseguró que "la visita fue agradable, a pesar de que no es habitual que un presidente de EEUU visite la sede de la Fed". Además, recordó que el proyecto de reforma se inició hace ya más de una década, antes de su llegada a la presidencia de la Fed. Relevo o no, hay mucha incertidumbre en torno al banco central y el futuro de los tipos, con las posiciones cada vez más polarizadas. Aunque Powell no ceda ante las presiones de Trump, lo cierto es que la campaña en su contra ya ha abierto una brecha en el seno del organismo. En Wall Street, tampoco hay consenso entre inversores y analistas. Mientras que los consejeros delegados de grandes bancos, como David Solomon (Goldman Sachs), se inclinan a favor de relajar la política monetaria, otros, como Jamie Dimon, defienden la cautela de Powell e insisten en la difícil posición de equilibrio en la que se encuentra.

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(Cinco Días, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La economía de la zona euro se frena en plena guerra comercial con un leve crecimiento del 0,1% entre abril y julio

La economía europea ha estado marcada durante los últimos seis meses por las tensiones comerciales impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. En el segundo trimestre de 2025, el producto interior bruto (PIB) de la zona euro apenas creció un 0,1%, su menor ritmo en los últimos 18 meses, según datos de Eurostat. El conjunto de la Unión Europea registró un avance del 0,2%, lo que pone en evidencia que el buen comportamiento observado a comienzos de año -con subidas del 0,6% en la eurozona y del 0,5% en la UE- respondió más a factores coyunturales que a una tendencia sostenida. Buena parte de estos resultados económicos se explican por las consecuencias de la guerra comercial. Durante los tres primeros meses del año, muchas empresas estadounidenses adelantaron sus compras para evitar los aranceles anunciados, lo que impulsó temporalmente la actividad. Sin embargo, con la entrada en vigor de esas tarifas en abril, la demanda se ha frenado. A esto se suma la apreciación del euro, que ha subido cerca de un 13% en lo que va de año frente al dólar, encareciendo así las exportaciones europeas. Alemania, el país con mayor peso económico en la zona euro, refleja bien esta dinámica. Su economía, muy dependiente de la industria exportadora -especialmente en sectores como el automóvil, la química y la maquinaria- se benefició inicialmente de las compras anticipadas de EE. UU., lo que le permitió crecer un 0,3% en el primer trimestre, su mejor dato desde el inicio de la guerra en Ucrania. Sin embargo, entre abril y junio volvió a registrar una caída del 0,1%. Según Carsten Brzeski, economista jefe de ING para macroeconomía, el impulso inicial dado por las exportaciones alemanas se ha desvanecido y el impacto de los aranceles comienza a notarse. Advierte, además, que esta tendencia negativa podría continuar en el tercer trimestre, pese a que existe un marco de entendimiento comercial entre la UE y Estados Unidos. En su análisis, estima que los aranceles del 15% podrían restar entre 0,1 y 0,2 puntos al crecimiento del PIB alemán. Italia muestra un comportamiento similar. Su economía también se expandió un 0,3% al inicio del año, para luego retroceder un 0,1% en primavera. Como Alemania, depende en gran medida de las exportaciones al mercado estadounidense. En contraste, España presenta un panorama más favorable. Al tener menos exposición al mercado de EE. UU., los efectos del proteccionismo norteamericano han sido limitados. Su economía continúa creciendo con fuerza: un 0,7% en el último trimestre. Factores como la creación de empleo, que ha superado los 22 millones de ocupados, y una inversión sólida apoyada en los fondos europeos de recuperación, han consolidado a España como uno de los países con mejor evolución económica en la UE. Portugal también ha mostrado un buen desempeño, con un crecimiento del 0,6% en el segundo trimestre. Irlanda representa un caso atípico. Debido a su fiscalidad favorable, muchas multinacionales -especialmente estadounidenses y también chinas- establecen allí sus filiales, lo que distorsiona los datos del PIB. Así, mientras en el primer trimestre su economía creció un 7,4%, en el segundo se contrajo un 1%. A pesar de esa caída, la comparación anual arroja un crecimiento del 16,2%. No obstante, Irlanda es uno de los países europeos más expuestos a los nuevos aranceles, ya que acoge fábricas de importantes farmacéuticas estadounidenses que exportan desde allí a su país de origen.

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(El País, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC aprueba su primer informe sobre el apagón sin señalar aún responsables a los que multar

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado este martes un primer informe sobre el gran apagón eléctrico del 28 de abril, según confirman diversas fuentes conocedoras del proceso. El pleno del organismo, responsable también de la potestad sancionadora, ha avalado de forma unánime un documento preliminar que analiza lo ocurrido durante el mayor fallo del sistema eléctrico en la historia reciente de la península Ibérica, que dejó a millones de personas sin suministro durante varias horas. Este análisis inicial no señala responsables específicos, pero deja abierta la posibilidad de imponer sanciones en el futuro. Este informe responde a la obligación de realizar una evaluación posterior al suceso, impuesta por las normativas europeas. Tras un incidente de esta magnitud, las autoridades nacionales deben emitir una valoración técnica del evento, basada en el diagnóstico elaborado previamente por el comité de expertos designado por el Gobierno. Paralelamente, la CNMC continúa con su propia investigación para esclarecer todos los hechos. Las fuentes consultadas indican que el contenido del documento es técnico y moderado, con algunos matices respecto al informe presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 17 de junio. Desde la CNMC han optado por no hacer declaraciones, mientras que en el sector se considera razonable que no se señalen culpables en esta fase, con el fin de no interferir en las investigaciones ni fortalecer los argumentos defensivos de los posibles sancionados en un futuro. El informe se ha aprobado justo antes del receso de verano del consejo de la CNMC, con la intención de enviarlo junto con el del Ejecutivo a la Comisión Europea y al grupo de coordinación de electricidad, que se encarga de coordinar la política energética entre países. La legislación comunitaria fijaba un plazo de tres meses desde el apagón para remitir esta información. Desde el primer momento, la CNMC anunció que realizaría una investigación independiente al margen de otras iniciativas. En este contexto, ha solicitado información detallada a todos los actores implicados, incluyendo a las grandes empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y al operador del sistema, Red Eléctrica. El 13 de mayo, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, compareció en el Congreso para anunciar que su institución llevaría a cabo un análisis técnico exhaustivo para reconstruir el suceso. Afirmó que, si se detectaban infracciones graves, se abrirían los correspondientes expedientes sancionadores. Estas sanciones podrían incluir, además de multas, la retirada de autorizaciones o incluso la inhabilitación de algunos operadores. El informe de la CNMC también puede incluir propuestas y recomendaciones para evitar situaciones similares en el futuro. Una parte clave de la investigación se centra en cómo se gestionó la reposición del servicio y si en ese proceso también hubo errores. Los análisis publicados hasta ahora ofrecen versiones distintas. El comité gubernamental que examinó el suceso señaló a Red Eléctrica por una falta de previsión y a las eléctricas por no respetar los parámetros de control de tensión, lo que provocó la desconexión de algunas plantas. En respuesta, tanto Red Eléctrica como las compañías eléctricas difundieron sus propios informes, culpándose mutuamente por el fallo, que tuvo consecuencias económicas y humanas de gran calado. Otra pieza clave en esta investigación es el informe que está elaborando Entso-e, el organismo europeo que agrupa a los operadores de sistemas eléctricos y supervisores nacionales. Este grupo de expertos internacionales dispone de seis meses para emitir su análisis, y en sus avances preliminares apuntan a una cadena de desconexiones causadas por un aumento de tensión. También investigan si esta subida se debió a una disminución en la absorción de potencia reactiva por parte de los generadores, deficiencias en las líneas de transmisión o un exceso de energía reactiva desde las redes de distribución. En este contexto, el informe de la CNMC mantiene abierta la posibilidad de que tanto las eléctricas como Red Eléctrica tengan algún grado de responsabilidad, sin descartar a ninguno de los actores implicados. Aunque hasta ahora el organismo no había señalado responsables públicamente, el pasado 24 de junio su presidenta afirmó que "la respuesta de las instalaciones no fue la adecuada" durante el apagón. También recordó que las sanciones podrían llegar hasta los 60 millones de euros. El Gobierno, por su parte, ha indicado que serán la CNMC y los tribunales los que determinen oficialmente las posibles responsabilidades, tanto en el ámbito administrativo como judicial.

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(El Periódico, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación acelera cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por el tirón de la electricidad y los carburantes

Durante el mes de julio, los precios han experimentado un nuevo incremento, impulsados por el aumento de la demanda turística, el encarecimiento de servicios típicos de la temporada estival y un efecto estadístico relacionado con la evolución de los precios energéticos en el mismo periodo del año anterior. Según el dato provisional publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, el índice de precios de consumo (IPC) ha alcanzado una tasa interanual del 2,7%, lo que supone un aumento de cuatro décimas respecto a junio, cuando se registró un 2,3% y se rompió la tendencia descendente que se venía observando. Este repunte, que deberá ser confirmado en las próximas semanas, está principalmente motivado por el aumento en el coste de determinados componentes energéticos, como la electricidad y los carburantes, aunque las causas detrás de cada uno son distintas. En el caso de la electricidad, la subida actual se compara con unos precios excepcionalmente bajos de julio de 2024, cuando coincidieron una caída temporal del precio del gas y una demanda reducida. Este contraste provoca un efecto estadístico que incrementa artificialmente la variación interanual. Por otro lado, los carburantes, como ya ocurrió en junio, han vuelto a subir debido al aumento habitual de la movilidad durante el verano, lo que presiona sus precios al alza. En cuanto a la inflación subyacente -que excluye los alimentos frescos y la energía por ser más volátiles-, se ha situado en el 2,3%, apenas una décima por encima del mes anterior, lo que indica cierta contención en la evolución del núcleo de precios. Estos datos reflejan nuevos desafíos para el proceso de desinflación iniciado hace dos años, en el camino hacia el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. Entre los factores de riesgo, el sector está dando prioridad a la estabilidad de la red, lo que repercute en los costes. Además, aunque en menor medida, las condiciones meteorológicas también están influyendo. Además, del encarecimiento de los alimentos no elaborados, achacándolo tanto a cuestiones climáticas como a problemas de alcance global. A pesar del aumento de tres décimas en el IPC, el Ministerio de Economía asegura que la inflación sigue siendo compatible con el buen momento que atraviesa la economía española. Subrayan que el control de los precios, la creación récord de empleo y el aumento de los salarios están ayudando a que las familias recuperen gradualmente su poder adquisitivo. Los datos disponibles respaldan esta visión. En el primer trimestre del año, los sueldos aumentaron un 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior, superando claramente la tasa de inflación. Además, los convenios colectivos firmados hasta ahora recogen incrementos salariales superiores al 4% de media, lo que se sitúa por encima del pacto alcanzado entre sindicatos y empresarios para este año. Al mismo tiempo, persisten presiones inflacionistas derivadas del fuerte consumo interno. El gasto de los hogares se ha consolidado como uno de los pilares del crecimiento económico en España, y muchas empresas están aprovechando este contexto para aplicar subidas de precios. En el segundo trimestre de 2025, la economía española aceleró su ritmo y creció un 0,7% respecto al trimestre anterior -una décima más que en el primer trimestre-, mientras que en términos interanuales el avance fue del 2,8%, según el INE. Esta evolución positiva se debe, sobre todo, al dinamismo de la demanda interna, que aportó 0,9 puntos al crecimiento trimestral del PIB y 3,4 puntos a la tasa anual. En particular, el gasto de los hogares aumentó un 0,8% frente al trimestre anterior, lo que refleja la fortaleza del empleo y la mejora del poder adquisitivo. Según Torres, este comportamiento favorece el crecimiento económico, aunque también implica una presión adicional sobre los precios.

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(La Razón, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España ha perdido casi 50.000 pequeños comercios en los últimos cinco años

Entre 2019 y 2024, el comercio minorista en España ha sufrido una importante contracción, con el cierre de 49.970 establecimientos. Esta cifra refleja una tendencia preocupante de desaparición del pequeño comercio, que compromete la diversidad empresarial y amenaza la continuidad de muchos negocios locales. Aunque el declive no es nuevo -desde el año 2000 han cerrado más de 140.000 tiendas, lo que equivale a un 22,6% del total-, la irrupción de la pandemia y el crecimiento acelerado del comercio electrónico han intensificado el problema. En los últimos cinco años, más de un tercio del sector minorista ha desaparecido, lo que evidencia el desafío para aquellos negocios que no se adaptan al nuevo entorno comercial. El informe "Nuevas Dinámicas de Consumo tras la Covid-19", elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, revela que el comercio minorista se ha visto empujado a una transformación profunda por dos factores principales: la caída de las ventas presenciales y el avance imparable de las compras por internet. Entre 2019 y 2024, las ventas online han crecido un 95%, alcanzando los 95.200 millones de euros. Destaca especialmente el crecimiento de las compras a través del móvil: en 2020, aumentaron un 62,4%, frente al 41% de los canales digitales más tradicionales, según datos de Euromonitor. Además, el porcentaje de empresas que venden por internet ha subido del 36% en 2019 al 45% en 2023, triplicando los datos de 2008, cuando era solo del 14,7%. La pandemia fue un claro acelerador de este cambio: en 2024, el 56,7% de los hogares españoles compran online, frente al 46,9% de 2019 y apenas el 10% en 2006. El problema para los pequeños negocios es que esta transformación se da en un entorno altamente desigual. Las grandes cadenas, con más capacidad financiera y tecnológica, han liderado la digitalización, adaptando sus estrategias con agilidad. Durante la pandemia, estas grandes superficies resistieron mejor el impacto económico: mientras en el primer trimestre de 2020 desaparecieron 20.808 pequeños comercios, los supermercados e hipermercados incrementaron sus ventas en un 10%, según datos de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). Pero el cambio no solo afecta a cómo se compra, sino también a lo que se valora al comprar. Hoy en día, los consumidores otorgan gran importancia a factores como la sostenibilidad, la salud o la cercanía. En 2023, un 66% de los compradores prefería productos locales, y un 79% elegía marcas sostenibles. Al mismo tiempo, la incertidumbre económica ha incentivado el ahorro, impulsando el consumo de marcas blancas, que ya representan el 43,7% del mercado, según la consultora Kantar. Durante la pandemia, muchos redescubrieron el comercio de barrio, favoreciendo iniciativas adaptadas a los nuevos valores de conveniencia, trato personalizado y compromiso ambiental. No obstante, ese deseo de conveniencia también se volcó hacia el comercio digital, que ganó terreno rápidamente, captando nuevos usuarios y consolidándose como una opción habitual. El informe subraya que, en este nuevo escenario, la supervivencia del comercio minorista dependerá de su capacidad para adoptar un enfoque omnicanal, que combine eficazmente las ventas presenciales y digitales, ofreciendo una experiencia de compra más completa y adaptada al consumidor actual. Aunque las tiendas físicas seguirán teniendo un papel importante, su función está cambiando: ya no son solo espacios de venta, sino también lugares para ofrecer atención personalizada, experiencias y conexión con un cliente cada vez más digital. Si los pequeños comercios no se adaptan a esta realidad, podrían quedar fuera de juego en un mercado cada vez más concentrado y dominado por grandes cadenas y plataformas de venta online, como ya se ha venido observando en los últimos años.

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(El País, 30-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

CEOE expresa su “más absoluto rechazo y máxima preocupación” ante el acuerdo comercial entre la Europa y Estados Unidos

El reciente acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, que establece un arancel del 15% sobre las importaciones procedentes del bloque comunitario, ha generado tensiones tanto a nivel político como empresarial. En este contexto, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha manifestado este martes su "rechazo absoluto" al pacto, mostrando una "profunda preocupación" por el impacto que podría tener sobre la economía y la viabilidad financiera de las empresas españolas. En un comunicado oficial, la organización presidida por Antonio Garamendi ha señalado que el origen del acuerdo responde "a la presión ejercida por los reiterados anuncios de aumentos arancelarios por parte de la Administración Trump", lo que, según la CEOE, repercute de manera directa en las exportaciones europeas. Desde la patronal se advierte que "fijar un arancel general del 15% a todas las exportaciones contradice frontalmente el principio del libre comercio, introduce una gran dosis de inseguridad jurídica y representa un retroceso en el marco multilateral que sustenta la actividad empresarial internacional". A ello se suma, afirman, la posibilidad de que este tipo de medidas quede sujeto a modificaciones unilaterales por parte del Gobierno estadounidense, lo que refuerza la percepción de inestabilidad. La CEOE también alerta de que esta nueva política arancelaria "provoca una fragmentación de los mercados globales, eleva la incertidumbre y afecta negativamente a la competencia justa entre empresas". Además, muchas compañías -subraya- se ven afectadas de forma desigual y sin capacidad de adaptación ante este tipo de decisiones. "La finalidad de este pacto parece más centrada en frenar amenazas por parte de EE. UU. que en buscar una solución equilibrada; sin embargo, el resultado es una carga arancelaria más elevada sobre sectores clave, lo que crea un trato desigual y debilita la competitividad de nuestras industrias", afirma la patronal. Finalmente, la CEOE reitera su compromiso con el libre comercio, con el respeto a las normas internacionales y con un sistema económico global sustentado en reglas estables, equitativas y previsibles. En este sentido, recuerda que desde hace años viene defendiendo la necesidad de acuerdos que fortalezcan el multilateralismo y garanticen un marco claro para operar en ambos lados del Atlántico. "Este pacto, tal como ha sido presentado, se aleja por completo de esa visión y nos sitúa en un escenario incierto, con posibles repercusiones negativas a nivel mundial", concluye la organización empresarial.

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(El País, 30-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Luz verde a la declaración de nuevas zonas tensionadas para poner un freno a la escalada de los precios del alquiler

Veintiún municipios navarros, entre ellos Pamplona, así como las ciudades de San Sebastián y A Coruña, se han sumado al mecanismo de zonas tensionadas en el mercado de la vivienda, según la resolución publicada este martes por el Ministerio de Vivienda en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En total, ya son 301 los municipios identificados como áreas de alta presión inmobiliaria en cuatro comunidades autónomas, donde residen más de ocho millones de personas. La declaración de zonas tensionadas, recogida en la nueva Ley de Vivienda, está pensada para intervenir en aquellos lugares donde el incremento de los precios está expulsando a la población residente. Este mecanismo permite aplicar límites al aumento de los alquileres y ofrecer incentivos fiscales a propietarios que reduzcan las rentas que cobran. La competencia para activar esta medida recae en las comunidades autónomas, a propuesta de los ayuntamientos, lo que ha generado disparidad en su implementación, especialmente en aquellas regiones gobernadas por el Partido Popular, que han mostrado su rechazo a la ley estatal. Cataluña fue la primera comunidad en aplicar esta figura y concentra la mayor parte de la población que reside en zonas ya declaradas (más de siete millones de personas). También el País Vasco y Navarra iniciaron el procedimiento el año pasado, mientras que Galicia lo ha hecho recientemente en A Coruña, convirtiéndose así en la primera ciudad de una comunidad gobernada por el PP en incorporarse al sistema. Santiago de Compostela podría ser la siguiente. Asimismo, Asturias y algunos municipios vascos se encuentran en proceso de tramitación. Para identificar estas áreas, se deben cumplir al menos uno de dos criterios: que el coste medio del alquiler o la hipoteca (más suministros) supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de la zona, o que los precios de compraventa o alquiler hayan subido en más de tres puntos porcentuales por encima del IPC regional en los últimos cinco años. En estas zonas, los pequeños arrendadores que firmen nuevos contratos deben mantener el mismo precio del alquiler anterior (salvo actualización anual mediante un índice específico) y no podrán incorporar nuevos gastos. Podrán subir el alquiler hasta un 10% solo si realizan mejoras significativas en la vivienda o si acuerdan contratos de larga duración (10 o más años). Si reducen la renta al menos un 5%, podrán deducirse hasta un 90% en los impuestos sobre esos ingresos. En el caso de los grandes propietarios -aquellos con más de 10 viviendas o más de 1.500 metros cuadrados residenciales-, los nuevos contratos deberán ajustarse a un sistema oficial de precios de referencia. Este también se aplica a pequeños propietarios si la vivienda no ha sido alquilada en los últimos cinco años o si es la primera vez que se oferta. Además, las administraciones están obligadas a implementar un plan de tres años para aumentar la oferta de alquiler y controlar los precios en estos territorios. El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, defiende la efectividad de esta regulación y cita los resultados en Cataluña como ejemplo. En Barcelona, los alquileres han bajado un 8,9%; en las zonas tensionadas de la comunidad, un 4,9%, y en todo el territorio catalán, un 4,7%. A su vez, aseguran que la oferta no se ha visto perjudicada, con más de 11.800 nuevos contratos firmados. "La ley ha demostrado que es posible reducir los precios sin afectar la oferta", declaró Rodríguez este martes, e instó a otras comunidades a aplicarla. "No comprendo por qué en Andalucía, donde Málaga es una de las ciudades más inaccesibles, no se adoptan estas medidas. Lo mismo ocurre en Madrid, donde podrían beneficiarse miles de propietarios si bajaran los alquileres", señaló. Las nuevas incorporaciones al listado del BOE incluyen A Coruña (solicitada por el gobierno local del PSOE y aprobada por la Xunta del PP), San Sebastián (la primera capital vasca en declararse zona tensionada) y Galdakao (distrito 2). En Navarra, se han sumado municipios como Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Altsasu, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta.

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