(Expansión, 26-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE aprieta a la banca para que corrija sus deficiencias en gobernanza

El Banco Central Europeo (BCE) intensifica la supervisión bancaria. La institución, con sede en Fráncfort, reconoce los avances en gobernanza realizados por los bancos de la zona euro en la última década, pero identifica áreas que requieren mejoras. Para ello, bajo la dirección de Claudia Buch en el Consejo de Supervisión Bancaria, el BCE ha publicado una nueva Guía de Gobernanza y Cultura del Riesgo. Este documento aclara las expectativas del BCE sobre la composición y funcionamiento de los órganos y comités de gestión bancaria, detalla las funciones y responsabilidades de control interno, subraya la importancia de la cultura del riesgo y describe las expectativas sobre los marcos de apetito de riesgo de las entidades. "A pesar de los avances realizados, los bancos deben seguir mejorando sus estándares de gobernanza mientras el BCE intensifica su supervisión y toma medidas para asegurar la implementación de mejoras concretas", señalan desde el supervisor. El BCE reconoce que son posibles y saludables diferentes modelos de gobernanza, pero vela por el cumplimiento de los estándares aprobados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Para ayudar a los bancos a enfrentar los cambios necesarios, el supervisor incluye ejemplos de buenas prácticas en su guía. "En nuestra supervisión, vemos con frecuencia que las raíces de las vulnerabilidades bancarias están en la gobernanza y cultura del riesgo de la entidad. La mala gobernanza es un indicador temprano de problemas, y a veces, de crisis total", explica Frank Elderson, vicepresidente del Consejo de Supervisión Bancaria del BCE. Según Elderson, "una buena gobernanza y una sólida cultura del riesgo son esenciales y una prioridad para los supervisores globales en su misión de mantener a los bancos seguros y sólidos". El BCE señala algunas deficiencias, como la falta de expertos en tecnología en casi el 20% de los consejos de administración de los bancos supervisados, un rol crucial en la era de la digitalización y la ciberseguridad. Además, el BCE destaca la necesidad de avanzar en políticas de diversidad en los órganos de control, ya que solo el 19% de sus miembros son mujeres, frente al compromiso del 33% adoptado en la UE. También se ha detectado una insuficiente presencia de consejeros independientes en un tercio de los bancos supervisados, donde no alcanzan la mitad del consejo. El BCE solicita incrementar su número y realizar juntas sin la presencia de ejecutivos para mejorar el control en la toma de decisiones. Finalmente, pide que la remuneración del director de riesgos no esté tan alineada con los objetivos comerciales.

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(El País, 26-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Sareb aprueba la licitación de casi 3.800 viviendas para alquiler asequible

La Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, también conocida como el banco malo) avanza en sus planes para levantar viviendas asequibles en sus suelos. El consejo de administración de la compañía, con mayoría de participación estatal, ha aprobado este miércoles la puesta en marcha del conocido como Proyecto Viena. En una primera fase, este implica edificar 3.771 casas. La construcción correrá a cargo de inversores privados, que podrán optar a un total de siete lotes que previsiblemente saldrán a concurso en otoño. De obtenerlos, deberán costear la construcción de los edificios a cambio de obtener la explotación de las casas, con importes de arrendamiento tasados, durante 80 años, al término de los cuales los suelos y los edificios revertirían al sector público. La propuesta a la que ha dado luz verde el consejo de la Sareb en su última reunión antes de vacaciones amplía ligeramente el alcance de la primera fase del proyecto. Si a finales del año pasado los planes pasaban por construir unas 3.500 casas en 10 comunidades autónomas, finalmente serán casi 3.800 en 12 comunidades: Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Galicia, Murcia, Madrid, Castilla y León, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón. En la primera es donde el banco malo activará más solares (12), pero en la Comunidad Valenciana el volumen de viviendas será mayor: 1.065 frente a 668 en Cataluña. En tercer lugar, Andalucía dispondrá de siete suelos en los que se proyecta levantar 589 casas. Entre los grandes mercados autonómicos, Madrid se queda con solo tres suelos y 177 casas, ya que el banco malo dispone en esta comunidad de muchos menos solares. "La distribución geográfica responde a las regiones en las que Sareb cuenta con una mayor cartera de activos", señalan en la entidad. Eso provoca también divergencias entre dos mercados con problemáticas similares, Baleares y Canarias. Ambos tienen un fuerte componente turístico y de compra de vivienda por parte de extranjeros, y figuran entre los que mayor escalada de precios han vivido en los últimos años. Pero en la primera, el banco malo pondrá ahora dos suelos para 58 viviendas, mientras que en el archipiélago atlántico serán cuatro parcelas para 337 viviendas, el cuarto territorio donde más se levantarán. La fórmula escogida para desarrollar las casas es la cesión del derecho de superficie a largo plazo. Esta es una fórmula de colaboración público-privada que el Gobierno impulsó hace años con un cambio legal y que, además de la Administración central, algunas comunidades autónomas ya han explorado. En este caso, según indican en el banco malo, los adjudicatarios de cada lote tendrán derecho a explotar los suelos durante 80 años a cambio de construir sobre ellos viviendas destinadas a arrendamiento al precio que se fije en los concursos. Esos importes, señala la Sareb en una nota, "serán asequibles para rentas medias y se establecerán en coordinación con el Ministerio de Vivienda". En la compañía no proporcionan información adicional sobre los precios, pero insisten en que la rentas que se pidan por los pisos "rondarán los márgenes que se manejan de manera genérica para la vivienda asequible". Es decir, en torno a un 20% o un 25% por debajo de los importes de mercado, aunque eso dependerá de cada parcela. En total se contemplan 50 suelos en la primera fase, que se dividirán en siete lotes distintos a los que podrán optar los inversores. Se estima que harán falta 460 millones para edificar 3.771 casas. Estas se ubicarán en 39 municipios con más de 10.000 habitantes que se han seleccionado analizando las condiciones del mercado inmobiliario, especialmente la demanda. El banco malo se reserva de momento el detalle de esas localidades, ya que en próximas semanas tiene previsto contactar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos concernidos para explicarles los planes. El Proyecto Viena forma parte del nuevo giro social que el banco malo emprendió coincidiendo con la toma de la mayoría de capital por el Estado. En total, contempla 133 suelos sobre los que se podrían edificar alrededor de 15.000 casas. En esta primera fase se movilizará, por tanto, un 38% de los suelos para levantar un 25% de la vivienda prevista. La construcción de pisos para alquiler asequible en suelos de la Sareb bajo fórmulas de colaboración público-privada está incorporada en los planes de vivienda del Gobierno. Este busca engordar el exiguo parque de vivienda social y asequible que tiene España, lo que, según el análisis del propio Ejecutivo y de no pocos expertos, agrava el problema de accesibilidad a la vivienda. El banco malo se conoce así porque se fundó en 2012, en plena crisis financiera, para que las entidades que lo deseasen (el BBVA no participó) pudieran descargar ahí el ladrillo tóxico y limpiar sus balances. Eso le hizo acumular activos (desde solares hasta casas a medio hacer, pero mayoritariamente préstamos de difícil recuperación) que se valoraron en unos 50.000 millones, con el objetivo de transformarlos o venderlos y recuperar el máximo valor posible para saldar una deuda de aproximadamente el mismo montante. Pero la valoración que se hizo, generosa según muchos analistas, dificultaba recuperar ese valor y de hecho desde su fundación siempre ha incurrido en pérdidas. Eso hizo que en 2021, ante la descapitalización de la sociedad, Bruselas obligase a España a asumir la deuda como pública. Y eso animó a que el Estado tomase la mayoría accionarial, que en los planes iniciales siempre debía de ser privada (aunque el Estado siempre fue el primer accionista, con casi el 46% de participación). Tras ese cambio se introdujo en el mandato de la organización el principio de sostenibilidad y utilidad social. Desde entonces, el banco malo compatibiliza su labor de siempre (deshacerse del máximo número de deuda posible) con la idea de utilizar parte de sus inmuebles para aliviar el problema de vivienda. Además de la construcción de alquileres en sus solares, también ha ofrecido edificios a comunidades autónomas y ayuntamientos, para que los compren o acepten su cesión, a cargo de correr con los gastos de mantenimiento, y los destinen a fines sociales, aunque esta iniciativa ha tenido poco éxito hasta ahora.

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(El Periódico, 26-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión pública creció el 28% tras el covid y cayó 23% con la gran recesión

El Gobierno del PSOE y Sumar no se cansa de reiterar que las respuestas a la crisis del covid, con ellos al mando; y las de la gran recesión de 2008, con el PP en el poder, fueron muy distintas. Un estudio de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), de su programa conjunto de investigaciones socioeconómicas, pone cifras a estas diferencias. Uno de los puntos en los que más se diferencian las respuestas es en la inversión pública, en ambos casos ligadas a unas reglas fiscales de la Unión Europea (UE) que provocaron efectos muy diferentes, según destaca la autora del estudio, Matilde Mas. Mientras que en la Gran Recesión prevaleció la austeridad, inicialmente impuesta desde Bruselas, y se produjo un recorte de las inversiones del -23,2% entre 2007 y 2011, tras el 'shock' del covid, la respuesta de la economía española fue la contraria, apoyada en los 140.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, y crecieron un 28,2% entre 2019 y 2023. Esta desigual respuesta se aprecia en todos los componentes de la inversión pública, incluida la partida para educación, que en la primera crisis se contrajo un 50%, pero durante la pandemia creció un 34,2%; la sanidad (-16,6 frente al 27,9%) y el resto de infraestructuras (-22,2% frente al 27,7%). Destaca especialmente el cambio de política entre las dos crisis en la actuación de las corporaciones locales. Los ayuntamientos españoles frenaron la inversión en infraestructuras urbanas un 150% durante la Gran Recesión, pero tras la pandemia han apostado por incrementarlas un 63%. Según Mas, que es, directora de Proyectos Internacionales del Ivie, en la economía española donde se constata mejor lo ocurrido es en la evolución del producto interior bruto (PIB) y el empleo. En la crisis financiera, el PIB cayó un 3,6% acumulado entre 2007 y 2011, pero en 2023 ya había recuperado los niveles de 2019 en un 2,2%. Y el empleo cayó un 10% acumulado, tanto en término de horas como en número de trabajadores, en los cuatro años posteriores a 2007, mientras que, en 2023, ya era un 0,3% superior al de 2019 en término de horas y un 2,9% en el de trabajadores. A juicio de la autora, las reglas fiscales "son necesarias" pero deben ser adaptables, "estar bien diseñadas" y que no entorpezcan la recuperación económica, tal como sucedió con las políticas restrictivas tras la crisis financiera. Por aquel entonces, agrega, "se aplicó una política restrictiva cuando lo que se tendría que haber hecho es aplicar una expansiva". Esa fue una de las lecciones que se aprendieron y que se han puesto en marcha con la crisis sanitaria del covid y que han supuesto también la reforma de las reglas fiscales, "con componentes de flexibilidad que impidan que suceda lo que sucedió en 2007". Con la crisis del covid se levantaron las reglas fiscales "porque se comprendió que las primeras, con las medidas de austeridad que llevaban implicadas, provocaron serios problemas en la evolución de las economías de España, Italia y Grecia, que fueron muy perjudiciales". En la crisis financiera, solo las inversiones ferroviarias, con un crecimiento acumulado del 7,9%, consiguieron mantenerse en positivo. Las restantes infraestructuras experimentaron caídas en algunos casos muy notables. Especialmente destacable fue el recorte de las inversiones de las corporaciones locales en infraestructuras urbanas, que se desplomaron un 150%. También cayeron las inversiones en infraestructuras hidráulicas (-70,7%) o aeroportuarias (-60,1%).  Sin embargo, la respuesta ante la covid-19 fue la opuesta.Todas las infraestructuras presentaron variaciones positivas de dos dígitos, y en algunos casos superiores al 50%. Este es el caso de la inversión de los ayuntamientos en infraestructuras urbanas, que, en esta ocasión, experimentaron un crecimiento del 63%; y de las portuarias, que han aumentado un 53,3% desde 2019. También son destacables las inversiones en infraestructuras hidráulicas y ferroviarias, con crecimientos que rondan el 40%. En el periodo 2019-2023, la inversión en infraestructuras urbanas de las corporaciones locales y las portuarias han sido las más dinámicas, mientras que las infraestructuras viarias se han revelado como las de avance más lento. En cualquier caso, los datos ilustran las respuestas tan distintas que siguió la inversión pública en general, y en infraestructuras en particular, en las dos crisis. Estas diferencias han dado lugar a cambios en la composición de las inversiones públicas. El peso de las inversiones en educación y sanidad y servicios sociales ha crecido y ya supone casi una cuarta parte del total de inversiones públicas efectuadas en promedio durante los cuatro años posteriores a la covid-19, frente al 16% que representaban tras la Gran Recesión. Por el contrario, la inversión en infraestructuras de transporte e hidráulicas ha pasado de concentrar más de la mitad de las inversiones totales en el primer periodo a no alcanzar el 40% en los cuatro años posteriores a la crisis sanitaria. También destaca la pérdida de peso de las inversiones en infraestructuras urbanas por parte de las corporaciones locales que, pese al aumento de la inversión en este último periodo, han pasado de representar un 5% entre 2007-2011 a un 3% en el periodo postcovid. Este descenso se explica en parte por las fuertes inversiones realizadas en la primera parte del periodo 2007-2011 a través de programas de estímulo económico como el Plan E.

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(El Mundo, 26-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los nuevos vocales del CGPJ juran o prometen sus cargos ante el Rey

Los veinte vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), seleccionados por las Cortes tras el acuerdo entre el PP y el PSOE, han jurado o prometido su cargo este jueves ante el rey Felipe VI, en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la ceremonia realizada en el Palacio de la Zarzuela, también estuvo presente el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Los nuevos vocales fueron jurando o prometiendo sus cargos para los próximos cinco años. Después de leer los decretos de nombramiento, cada vocal se comprometió a desempeñar su función fielmente, a respetar y hacer respetar la Constitución, y a mantener en secreto las deliberaciones del órgano. Luego, el rey saludó uno a uno a los vocales y se tomó una foto de grupo con ellos, el presidente del Gobierno y otras autoridades. En el acto también estuvieron presentes el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Posteriormente, los nuevos miembros del CGPJ se trasladarán a la sede del órgano de gobierno de los jueces para celebrar su primer pleno, marcando el inicio del octavo mandato, que comienza con cinco años y medio de retraso debido a la falta de acuerdo entre los partidos políticos. Ahora, con diez vocales propuestos por cada partido, el CGPJ estará compuesto por doce magistrados y ocho juristas de reconocida competencia, incluyendo nombres que ya se habían consensuado en intentos previos de ambas formaciones para llegar a un acuerdo durante los más de cinco años en los que el Consejo ha estado en funciones. 

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(Cinco Días, 25-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La actividad de la zona euro se desacelera hasta rozar el estancamiento en julio

El crecimiento de la actividad en la zona euro se ralentizó en julio, casi llegando a un estancamiento, debido a una fuerte caída en la producción del sector manufacturero. El índice PMI de actividad en la zona euro de HCOB, elaborado por S&P Global y publicado este miércoles, se ubicó en julio en 50,1 puntos, una disminución de ocho décimas en comparación con el dato de junio (50,9) y apenas por encima de los 50 puntos que marcan la frontera entre crecimiento y contracción. Este crecimiento, el más débil en los últimos cinco meses, fue impulsado por el sector servicios, cuya actividad comercial aumentó por sexto mes consecutivo, compensando así la caída en la producción industrial, que fue la más pronunciada del año. En julio, los nuevos pedidos disminuyeron por segundo mes consecutivo; la modesta expansión en los servicios no logró contrarrestar la caída en la industria, especialmente en los pedidos destinados a la exportación. Esta debilidad en la demanda mantuvo el empleo sin cambios después de seis meses de crecimiento, y las perspectivas empresariales cayeron a su nivel más bajo en los últimos seis meses, aunque aún se mantuvieron en terreno positivo. En cuanto a los precios, los costos de los aprovisionamientos aumentaron en julio, llevando la inflación a su nivel más alto en tres meses, mientras que los precios de venta solo crecieron a un ritmo "modesto".

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(El País, 25-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno reactiva la derogación de la "golden visa"

El mecanismo que permite a los extranjeros obtener el permiso de residencia en España a cambio de invertir en la compra de una vivienda de más de medio millón de euros. Tras no lograrse su eliminación hace unas semanas, ya que se pretendía incluir mediante una enmienda en la Ley de Suelo, pero no se inició su tramitación en el Congreso al no contar con los apoyos parlamentarios necesarios, el Ejecutivo ha decidido introducirla nuevamente vía enmienda, aunque esta vez en la Ley de Servicio Público de Justicia, que el PSOE lleva a la Cámara Baja este miércoles. De esta manera, se derogarán todos los tipos de 'golden visa', no solo los relacionados con la compra de viviendas, sino también aquellos otorgados a cambio de una inversión en un proyecto empresarial. La eliminación de los visados dorados se tramitará a través de una normativa que no está directamente relacionada con el asunto, aunque este procedimiento es común en estos casos. Pedro Sánchez anunció el pasado 8 de abril su intención de derogar la 'golden visa', una medida que entró en vigor en 2013, durante el primer mandato de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno incluyó esta medida dentro de un paquete más amplio "para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo". Según los datos publicados en mayo por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, desde 2016 hasta enero de 2024 se concedieron 10.528 visados dorados a extranjeros por invertir en España. En los últimos años, principalmente en 2022 y 2023, se registraron más de 5.000 compras vinculadas al permiso de residencia. "En ciudades importantes como Marbella o Barcelona, las adquisiciones de viviendas ligadas a inversiones han llegado a representar hasta el 7,1% y el 5,3%, respectivamente, del total de las compraventas de viviendas en un mismo año", señalaron desde el ministerio dirigido por Isabel Rodríguez. Además de la introducción de la enmienda en la Ley de Servicio Público de Justicia, el Gobierno también trabaja en la redacción de una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, con el fin de regular los pisos de uso turístico. Actualmente, deben ser tres quintas partes de las comunidades de vecinos las que acuerden su prohibición. Esto cambiará y se exigirá un "acuerdo expreso" para aprobar, limitar, condicionar o prohibir la puesta en servicio de una vivienda de estas características.

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(La Vanguardia, 25-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las comunidades de vecinos podrán prohibir la instalación de pisos turísticos en su edificio

El PSOE tiene previsto presentar una enmienda a la ley de propiedad horizontal para permitir que los propietarios puedan vetar la creación de nuevos alojamientos turísticos o aquellos que no estén registrados, siempre que se obtenga una mayoría de tres quintos. Hoy se debate en el Congreso la modificación de esta ley, con el objetivo de que las comunidades de vecinos puedan prohibir la instalación de viviendas de alquiler turístico en su edificio. Esta enmienda, anticipada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, requerirá que estas actividades obtengan la autorización previa de la junta de vecinos, manteniendo la mayoría de tres quintos. Actualmente, la normativa solo permite que las juntas de vecinos prohíban la operación de un piso turístico si se generan molestias para los demás inquilinos, pudiendo revocar la autorización con una mayoría de tres quintos. La enmienda propuesta busca que esta autorización sea necesaria antes de la instalación del piso turístico. El Gobierno también destaca la necesidad de que la ley de propiedad horizontal considere a los pisos turísticos como una actividad económica, aplicándoles los mismos criterios fiscales, incluyendo el IVA. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha anunciado la creación de un mapa de viviendas para combatir el fraude y ha descrito esta modificación de la ley de propiedad horizontal como un "ajuste quirúrgico". Ha solicitado la colaboración de todas las administraciones públicas para asegurar el derecho de acceso a una vivienda y ha subrayado que el aumento descontrolado de las viviendas de alquiler turístico está reduciendo la disponibilidad de arrendamientos tradicionales, alejando a vecinos y trabajadores de los centros urbanos. La ministra también ha expresado su apoyo a la prohibición de los pisos turísticos cuando sea necesario, como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, y ha instado a la plataforma Airbnb a colaborar con el Gobierno y las administraciones públicas en la implementación del reglamento europeo para aportar transparencia y ayudar a combatir el fraude. Airbnb ha defendido que la actividad de sus usuarios y el gasto de los clientes en los destinos españoles están impulsando la economía y ayudando a mantener 130.000 empleos. Según la compañía, el impacto económico directo, indirecto e inducido de sus viajes en 2023 fue de 8.500 millones de euros, generando ingresos de 3.600 millones para las arcas públicas. Airbnb afirma que compartir el propio hogar, una casa de vacaciones, la casa familiar del pueblo o una vivienda de alquiler de corta duración genera un beneficio neto positivo para las comunidades locales en España. La empresa destaca que muchos de sus alojamientos se encuentran en áreas sin oferta de alojamiento tradicional, por lo que los ingresos benefician directamente a los residentes de esas localidades.

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(El Economista, 24-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La escasez de oferta lleva al límite a los inquilinos

El acceso a una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, se ha vuelto más difícil en los últimos años, con un empeoramiento significativo en el mercado de alquiler. La oferta de alquiler ha disminuido mientras que la demanda ha aumentado, lo que ha llevado a los precios a niveles sin precedentes. Según el último estudio de idealista, el porcentaje de los ingresos del hogar necesario para pagar la renta ha aumentado en toda España, pasando del 31,6% al 35,7% en el segundo trimestre del año. Todas las capitales de provincia, excepto cinco, requieren un mayor esfuerzo que hace un año, y once de ellas superan el 30% recomendado, umbral a partir del cual se considera un sobreesfuerzo. La situación es especialmente grave para los inquilinos de Barcelona, quienes destinan el 46% de sus ingresos a la vivienda. Otras ciudades en situación crítica incluyen Palma (45%), Málaga (42%), Valencia (41%), Madrid (38%), Alicante (37%), San Sebastián (33%), Las Palmas de Gran Canaria (32%), Santa Cruz de Tenerife (32%), Bilbao (31%) y Segovia (31%). En un nivel considerado adecuado se encuentran Sevilla (29%), Vitoria (27%), Cádiz (26%), Pamplona (26%), Granada (26%) y Santander (26%). Por el contrario, los inquilinos enfrentan un menor esfuerzo económico en Ciudad Real (16%), Teruel (18%), Jaén (18%), Cáceres, Palencia y Cuenca (19% en las tres ciudades). Al analizar los datos de idealista de un año a otro, Segovia es la ciudad donde más ha crecido el esfuerzo para alquilar, con un aumento de 6 puntos. Le siguen Málaga y Valencia con 5 puntos, y Madrid y Barcelona con 4 puntos cada una. Solo en cinco capitales el esfuerzo es menor que hace un año: Cuenca (bajada de dos puntos), Tarragona, Córdoba, Jaén y Badajoz (bajada de un punto en cada una). "Como preveíamos, durante este trimestre el esfuerzo requerido a las familias ha empeorado debido a la persistente falta de oferta disponible tanto en venta como en alquiler. Los mercados siguen tensionándose cada vez más, presionados por una demanda creciente que encuentra cada vez menos viviendas, lo que incrementa los precios y provoca el aumento del esfuerzo familiar necesario. En el alquiler, las consecuencias de la Ley de Vivienda y de todas las medidas en materia de alquiler aprobadas en los últimos seis años son evidentes, a pesar de lo cual no existe una voluntad política para revertirlas", explica Francisco Iñarreta, portavoz de idealista. El informe revela que en la mayoría de los casos, el esfuerzo para comprar es menor que para alquilar, con la excepción de San Sebastián, Cádiz, Granada y A Coruña. En cuanto a la compraventa, la tasa de esfuerzo ha pasado del 20,9% al 23,1% en el último año. Cinco capitales superan el umbral recomendado por los expertos: Palma (44%), San Sebastián (39%), Málaga (38%), Madrid (34%) y Barcelona (31%). Les siguen Alicante y Cádiz (29%), Granada (27%), y Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Pamplona (26% en las tres). Los valores más bajos se encuentran en Jaén (11%), Lleida (11%), y en Ciudad Real, Palencia, Teruel, Huelva, Zamora y Murcia (13% en estas seis ciudades). De un año a otro, seis territorios exigen menos esfuerzo que hace un año. Las mayores diferencias se registraron en Barcelona y Albacete (bajaron 2 puntos cada una), seguidas por Huelva, Cuenca, Palma y Badajoz (caída de 1 punto en cada una). En el lado opuesto, el esfuerzo ha crecido en Málaga (8 puntos), Madrid (6 puntos), Cádiz (6 puntos), Santa Cruz de Tenerife (6 puntos) y Alicante (5 puntos).

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(Expansión, 23-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los particulares tienen un récord de 27.000 millones en Letras del Tesoro

La inversión de los minoristas representa el 40% del saldo pendiente. El creciente interés en estos títulos, que destacan en rentabilidad en comparación con los depósitos, ha impulsado el volumen de la cartera de deuda a corto plazo de las familias. La fuerte demanda por parte de los minoristas en las Letras del Tesoro sigue sin cesar. Según los últimos datos publicados ayer por el Banco de España, en mayo, las familias aumentaron su inversión en deuda soberana a corto plazo, alcanzando los 27.000 millones de euros por primera vez en la historia. Este incremento reciente implica que los particulares ahora poseen el 37,42% del saldo pendiente de Letras del Tesoro, con una inversión principalmente en el plazo de 12 meses, aunque abarca toda la curva de este tipo de deuda. Por primera vez, se acercan al 40% de todos los títulos en circulación. En mayo, los inversores minoristas incrementaron su cartera de deuda a corto plazo en 444 millones de euros, lo que significa que no solo reemplazaron las Letras que vencieron, sino que también invirtieron más dinero nuevo en este activo. Esta cifra es aproximadamente la mitad del aumento registrado en abril, cuando el valor de las Letras en manos de los particulares creció en 828 millones de euros netos, y más de un 60% inferior al aumento de marzo, que fue de 1.208 millones, el pico más alto de este año. Según los expertos, esta disminución en la magnitud de los incrementos netos de la cartera de deuda de los pequeños inversores es comprensible dado el pico alcanzado en marzo. Además, los minoristas ahora deben destinar más recursos solo para mantener el peso de la deuda que ya tienen, pero que alcanza su vencimiento. De hecho, la relación entre las familias y las Letras del Tesoro ha sido casi ininterrumpida. Desde que las rentabilidades de la deuda comenzaron a aumentar con las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, los particulares solo han reducido su posición en un mes. En febrero de este año, el saldo pendiente de Letras en manos de los inversores minoristas disminuyó en unos 50 millones, una cantidad insignificante que interrumpió la racha debido a los elevados vencimientos, pero no afectó la tendencia general. En los otros 20 meses desde que las familias volvieron a invertir en Letras, se han registrado saldos positivos que han batido todos los récords, alcanzando casi los 4.000 millones de euros en meses como febrero del año pasado. Los datos del Banco de España incluyen las últimas subastas celebradas por el Tesoro antes de que el BCE realizara su primera reducción de los tipos de interés. En junio, la autoridad monetaria situó el precio del dinero en el 4,25%, reduciéndolo en 25 puntos básicos, un movimiento que tiene un impacto directo en la rentabilidad de las Letras. Al igual que la subida de los tipos de interés en la deuda atrajo a los inversores minoristas, la caída podría reducir su interés. Sin embargo, la perspectiva de que las tasas no volverán al 0% de hace dos años, como se cree en el mercado, actúa como un factor de protección. El mayor descenso en el interés ofrecido se ha producido en los plazos más cortos de las Letras, mientras que los títulos a 12 meses, que concentran la mayor parte de la inversión, casi no se han visto afectados.

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(El Economista, 23-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Alquilar un piso ya cuesta más de 1.000 euros al mes de media

El precio del alquiler alcanzó un nuevo récord en el mes de junio, situándose en 12,65 euros por metro cuadrado tras experimentar un aumento interanual del 9%. Estos datos, publicados hoy por Fotocasa, indican que, en promedio, alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados en España cuesta 1.012 euros mensuales. "Por primera vez en la historia, el precio del alquiler supera la barrera tácita de los mil euros al mes. Después de dos años consecutivos de incrementos significativos y de la aceleración más pronunciada registrada, el precio del arrendamiento está en su punto más alto", afirma María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. "Considerando que el salario medio en España ronda los 2.099 euros, el esfuerzo salarial para pagar el alquiler se sitúa en el 48%, una cifra muy por encima de lo recomendado por los organismos de control oficiales. Además, si tenemos en cuenta que los jóvenes son los principales usuarios del alquiler y que el salario medio de este grupo es de 1.638 euros, el esfuerzo se incrementaría hasta el 61%", añade Matos. Los expertos coinciden en que la principal causa de este aumento en el precio del alquiler es la reducción de la oferta disponible, que ha caído alrededor de un 30% en los últimos años, junto con una demanda intensa, ya que el alquiler se ha convertido en la principal opción habitacional. Al analizar los precios de las comunidades autónomas, se observa que seis de ellas también superan los 1.000 euros al mes, al igual que la media nacional. En primer lugar se encuentra la Comunidad de Madrid, donde alquilar un piso de 80 metros cuadrados cuesta, de media, 1.577 euros mensuales, convirtiéndose en la autonomía con el alquiler más caro de España, con un precio por metro cuadrado de 19,71 euros. La segunda posición la ocupa la Comunidad Balear, donde un piso cuesta de media 1.447 euros al mes, con un precio medio por metro cuadrado de 18,09 euros. En tercer lugar está Cataluña, con un precio medio de 1.381 euros al mes por una vivienda de 80 metros cuadrados (17,26 euros/m2). En el otro extremo, con precios más asequibles, se encuentra Extremadura, la comunidad más económica de España para alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados, con un precio medio de 554 euros al mes (6,92 euros/m2), seguida de Castilla-La Mancha, donde alquilar una vivienda similar cuesta de media 566 euros mensuales (7,07 euros/m2).

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