(Cinco Días,06-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La gasolina en España registra su mayor subida en ocho meses por la crisis en Oriente Próximo

El conflicto en Irán ya está teniendo impacto en el bolsillo de los automovilistas españoles. El precio medio de la gasolina se sitúa en 1,486 euros por litro y el del diésel en 1,441 euros, según el último Boletín Petrolero de la Unión Europea. Ambos carburantes han encarecido más de un 1% en apenas una semana. Aunque pueda parecer un incremento moderado, resulta significativo en un plazo tan breve: en el caso de la gasolina, es el mayor repunte desde finales de junio, coincidiendo entonces con otro ataque de Estados Unidos contra Irán en apoyo a la ofensiva iniciada por Israel. Con esta subida, el combustible alcanza en España niveles máximos de los últimos tres meses. Además, no se descarta un nuevo aumento en los próximos días, ya que los datos publicados recogen precios hasta el 2 de marzo y, desde entonces, el barril de Brent -referencia en Europa- ha continuado al alza. Actualmente supera los 83 dólares, tras revalorizarse cerca de un 8% en la semana en la que Irán anunció el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. La tendencia alcista ya venía de semanas anteriores: tanto la gasolina como el diésel encadenan siete semanas consecutivas de incrementos. Sin embargo, la escalada bélica en Oriente Próximo ha intensificado las subidas y ha reavivado el temor a un repunte inflacionista, después de que el IPC se situara en el 2,3% en febrero en España. Este escenario podría presionar a las autoridades para adoptar medidas, ya sea mediante ayudas fiscales para aliviar el coste a los hogares -una opción que el Gobierno contempla si la situación empeora- o, en un plano más amplio, con eventuales subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Aunque esta última posibilidad aún parece lejana, el euríbor ya refleja mayores expectativas en esa dirección, encareciendo las hipotecas variables. El encarecimiento de los carburantes ha sido general en toda la Unión Europea. De media, en los Veintisiete la gasolina ha subido más de un 1,5% y el diésel más de un 2%, incrementos superiores a los registrados en España. En comparación con hace un año, los precios en España siguen ligeramente por debajo, mientras que en el conjunto de la UE el diésel ya supera los niveles de entonces. Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta en torno a 82 euros para un vehículo de gasolina y algo más de 79 euros en el caso del diésel. España se sitúa en una posición intermedia dentro de la UE: en 13 países la gasolina es más cara y en otros 13 más barata. Países Bajos registra el precio más elevado, con 2,069 euros por litro, mientras que Bulgaria ofrece el más bajo, con 1,229 euros. En diésel, hasta 20 países presentan tarifas superiores a las españolas. En los mercados financieros, las grandes petroleras ya reflejan en Bolsa el posible aumento de beneficios derivado del encarecimiento del crudo. Repsol, por ejemplo, acumula una subida semanal superior al 7%, en línea con la revalorización del Brent. Juan Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, recuerda que el combustible que actualmente se vende fue adquirido por las compañías hace al menos dos meses, a precios distintos. Según explica, la literatura económica muestra que ante perturbaciones como la actual los precios minoristas reaccionan con rapidez, pero cuando el shock desaparece no suelen bajar con la misma velocidad. Por ello, aconseja a los consumidores no anticipar repostajes: si se dispara la demanda, los precios podrían aumentar aún más.

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(Expansión, 06-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España y Portugal acuerdan un mercado común de comercio, licitaciones y crédito

El Gobierno de España y el de Portugal tienen previsto acordar hoy el impulso de un verdadero mercado ibérico común. La iniciativa, que se presentará durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en La Rábida (Huelva), pretende suprimir obstáculos geográficos y administrativos para que las empresas puedan operar a ambos lados de la frontera con mayor facilidad, tanto en el ámbito comercial como en el acceso a financiación o a concursos públicos. Este plan se alinea con la estrategia del Ministerio de Economía para reducir las trabas existentes entre comunidades autónomas españolas y aspira además a servir de referencia para reforzar el mercado único dentro de la Unión Europea, mediante normas empresariales comunes en los 27 Estados miembros. Según explicó a este diario el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Israel Arroyo, la propuesta va más allá de simplemente aproximar regulaciones o permisos empresariales. El objetivo es eliminar barreras y unificar procedimientos, también en materia de contratación pública, de modo que compañías portuguesas puedan participar en licitaciones en España y empresas españolas hacerlo en Portugal, accediendo en igualdad de condiciones a contratos públicos en ambos países. La hoja de ruta también contempla otras medidas, como facilitar el reconocimiento recíproco de cualificaciones profesionales, avanzar hacia un sistema compartido de facturación electrónica entre empresas, simplificar la apertura de cuentas bancarias transfronterizas y reforzar la cooperación entre el Banco Português de Fomento (BPF) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, se plantea estudiar la creación de un sistema público conjunto de calificación crediticia que amplíe las posibilidades de financiación y las inversiones entre ambos territorios. Otro aspecto destacado es la intención de España y Portugal de impulsar conjuntamente nuevas interconexiones eléctricas con el resto de Europa. La cumbre se celebra bajo el lema "Alianza por la seguridad climática", y ambos gobiernos reivindican la llamada "solución ibérica" que limitó el precio del gas tras la invasión rusa de Ucrania, en un contexto en el que las tensiones internacionales, como el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán, vuelven a presionar al alza los precios de la energía. En esencia, explica Arroyo, el acuerdo busca crear una zona de comercio y cooperación económica más estrecha, siguiendo ejemplos históricos como el Benelux, la unión económica creada en los años cuarenta por Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, que posteriormente inspiró la construcción de la Unión Europea. España y Portugal pretenden ahora adaptar ese modelo de integración a las condiciones y desafíos del siglo XXI. La iniciativa hispano-portuguesa también se inspira en las propuestas del ex primer ministro italiano Enrico Letta, quien en su informe sobre el futuro del mercado único defendió la idea de un "Estado 28": un marco común que facilite que una empresa establecida en un país de la UE pueda operar fácilmente en cualquier otro. Siguiendo esta lógica, el Gobierno español ha desarrollado el proyecto denominado "Régimen 20", cuyo objetivo es eliminar obstáculos internos y reducir las fronteras administrativas entre las comunidades autónomas, permitiendo que una empresa pueda operar en las 17 regiones y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla mediante procedimientos comunes y simplificados. El desarrollo de esta iniciativa comenzó el año pasado centrándose en cinco sectores especialmente afectados por las dificultades territoriales: comercio y hostelería, transporte, formación, profesiones reguladas y construcción de infraestructuras. Ahora, el Ejecutivo pretende ampliar este modelo incluyendo también a Portugal como primera experiencia de cooperación supranacional. La iniciativa recibirá un importante respaldo con la declaración conjunta prevista en la cumbre de hoy, inicialmente programada para el 29 de enero pero aplazada tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, cuyos fallecidos fueron despedidos ese mismo día en un funeral celebrado también en Huelva. El encuentro, que contará con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del primer ministro portugués, Luis Montenegro, dará paso al "Foro Estratégico Luso-Español para Impulsar la Competitividad", encargado de avanzar en la implementación del mercado ibérico con resultados visibles a corto y medio plazo. Este proyecto busca reforzar una relación comercial ya muy intensa entre ambos países. Según datos del ICEX, en 2024 las exportaciones españolas a Portugal alcanzaron los 35.316 millones de dólares (alrededor de 30.000 millones de euros), destacando productos como combustibles y aceites minerales, automóviles, material eléctrico, maquinaria y plásticos. Por su parte, España importó bienes portugueses por valor de 18.105 millones de dólares (unos 15.300 millones de euros), lo que generó un saldo comercial favorable a España de aproximadamente 17.211 millones de dólares (14.600 millones de euros). El intercambio de servicios, superior a los 5.000 millones de dólares, también presenta un ligero superávit para España, mientras que la inversión y el empleo siguen aumentando en ambos sentidos.

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(Expansión, 06-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas avisan de alzas de precios, freno a la inversión y financiación más cara

El conflicto en Oriente Próximo amenaza con reducir la competitividad de las empresas y afectar también a las exportaciones. Sectores como la logística, el transporte, la industria con alto consumo energético y la agricultura se perfilan entre los más perjudicados por el aumento del precio de la energía. Además, los cambios en las rutas y dinámicas del comercio internacional están obligando a las compañías a acelerar la elaboración de planes de contingencia. La guerra plantea una doble presión para el tejido empresarial. Por un lado, ya se están notando los mayores costes energéticos derivados del encarecimiento del gas y el petróleo. Por otro, existe el riesgo de un choque comercial con Estados Unidos si se materializan las amenazas lanzadas por Donald Trump en relación con la postura del Gobierno español respecto al conflicto con Irán. Los empresarios asumen que el incremento de los precios de la energía puede reactivar tensiones inflacionistas, pero también alertan de otros efectos indirectos, como la posible reducción de inversiones internacionales o el encarecimiento del crédito. Todo ello podría reducir los márgenes empresariales y debilitar la competitividad del sistema productivo, con consecuencias inciertas para la actividad exportadora, uno de los motores del crecimiento económico reciente. Aun así, las principales organizaciones empresariales consultadas señalan que las empresas han ganado capacidad de adaptación tras años marcados por tensiones geopolíticas y disputas comerciales, por lo que confían en poder mitigar los efectos más negativos del conflicto. También recuerdan que el comercio español con los países directamente implicados es relativamente reducido, aunque insisten en la necesidad de mantenerse alerta y preparar planes ante una posible prolongación o intensificación de la crisis. La preocupación, no obstante, es generalizada. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advierte del riesgo de un nuevo episodio inflacionario, similar al que siguió a la invasión de Ucrania, y pide al Gobierno que identifique a los sectores y colectivos más afectados para orientar las posibles ayudas. Desde Cepyme, su presidenta Ángela de Miguel explica que la guerra ya está teniendo repercusiones en los mercados energéticos internacionales, lo que se refleja en el precio del petróleo y, especialmente, del gas natural, con posibles repercusiones también en el coste de la electricidad. En su opinión, si el conflicto se prolonga, las pymes podrían afrontar un importante aumento de gastos y problemas en sus cadenas de suministro, lo que presionaría aún más sus márgenes en un contexto de financiación más exigente. Precisamente el posible encarecimiento del crédito es una de las mayores inquietudes del sector empresarial. El presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, señala que el principal temor es que la inflación -impulsada por el aumento de los costes energéticos- encarezca la producción y el transporte y vaya acompañada de condiciones financieras más restrictivas. Ante esta coyuntura, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, pide prudencia y vigilancia ante la volatilidad a corto plazo y advierte de que, a medio plazo, podría producirse una reorganización de los flujos comerciales que obligará a las empresas españolas a adaptarse con rapidez y reforzar sus planes de contingencia. En el ámbito financiero, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, considera fundamental que Europa acelere su agenda de competitividad para reforzar su autonomía estratégica y poder afrontar las necesidades de energía, innovación y defensa. La incertidumbre también puede afectar a la llegada de nuevas inversiones. La presidenta de Multinacionales con España, Paloma Cabrera, explica que el aumento de costes y la inestabilidad geopolítica pueden presionar los márgenes de las empresas y condicionar las decisiones de inversión de las multinacionales. Cuando el precio de la energía se vuelve imprevisible, señala, también lo hacen los planes de crecimiento. En una línea similar, la directora ejecutiva de la Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC), Begoña Villacís, apunta que los inversores suelen reaccionar con cautela ante escenarios de incertidumbre, por lo que podrían retrasarse o congelarse temporalmente nuevos proyectos, como los relacionados con centros de datos. Sin embargo, considera que a medio y largo plazo la demanda de infraestructuras digitales y la posición energética de España podrían reforzar su papel como centro europeo en este ámbito. Si el conflicto se prolonga, también podrían resentirse las exportaciones. Según José Luis Bonet, una desaceleración de la economía mundial reduciría la demanda exterior y frenaría el crecimiento de las ventas internacionales. Desde el Club de Exportadores señalan que el impacto directo es limitado, ya que las exportaciones españolas a los países más afectados por el conflicto rondan entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año, pero advierten de que el aumento general de precios acabaría afectando a la mayoría de las empresas exportadoras, especialmente a la industria intensiva en energía. El presidente de CEIM, Miguel Garrido, subraya que las tensiones comerciales afectan tanto a las importaciones como a las exportaciones: por un lado, encarecen el acceso de los consumidores a productos competitivos y, por otro, dificultan la expansión internacional de las empresas y la creación de empleo. Las pymes y los autónomos serían probablemente los más perjudicados, al contar con menores márgenes. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, destaca que el encarecimiento del combustible supone un problema importante para sectores como el taxi, el transporte o la agricultura, muy dependientes del uso de carburantes. Entre las actividades más expuestas se encuentran la logística y el transporte, considerados pilares de la economía y donde el diésel representa cerca del 40% de los costes operativos. El presidente de la organización empresarial UNO, Francisco Aranda, explica que el aumento del precio del gas también eleva el coste de la electricidad en plataformas logísticas, almacenes y centros de distribución, además de encarecer el transporte aéreo. Entre los productos más afectados se encuentran la electrónica, los semiconductores, los medicamentos, la moda rápida, los repuestos industriales y las mercancías vinculadas al comercio electrónico. En el sector del automóvil, la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, advierte de que un incremento prolongado de los costes energéticos podría reducir la demanda y ralentizar la renovación del parque automovilístico. Aun así, confía en la solidez del sector, aunque insiste en la importancia de mantener un entorno estable que favorezca la inversión y el empleo.

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(El Mundo, 06-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump tilda a España de "perdedor" y le acusa de ser "muy hostil" con la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este jueves a criticar duramente a España, a la que calificó como un país "perdedor", acusándola además de mantener una actitud "muy hostil" hacia la OTAN. El mandatario reprochó que el Gobierno español sea el único aliado que se opone a destinar el 5% de su PIB al gasto en defensa y advirtió de posibles consecuencias por esta postura. "Hay muchos ganadores, pero España es un perdedor", declaró Trump en una entrevista telefónica concedida al diario New York Post. Durante la conversación, el presidente estadounidense también expresó nuevamente su "decepción" con Reino Unido debido a su posición inicial de rechazar el uso de sus bases militares para llevar a cabo ataques contra Irán. Trump insistió en que España está actuando de forma "muy hostil" hacia la OTAN y criticó que sea "el único país" que se resiste a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. "Se comportan de manera muy hostil con todos (...) No están actuando como un aliado comprometido, y nosotros tampoco lo haremos con ellos", advirtió, en un mensaje que deja entrever posibles represalias hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.

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(Expansión, 05-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

EEUU elevará "probablemente esta semana" el arancel global al 15%

Este gravamen de alcance mundial se aplica en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite establecerlo durante un máximo de 150 días. El arancel global del 10% impuesto por Estados Unidos, tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de los denominados aranceles recíprocos, se elevará al 15% "probablemente esta semana", según ha adelantado el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Es muy posible que ocurra esta misma semana", señaló el principal asesor económico de Donald Trump en declaraciones a la cadena CNBC. Bessent recordó que esta tasa general se ha activado al amparo de la citada Sección 122, que autoriza su aplicación temporal por un periodo de 150 días. Durante ese plazo, el Gobierno estadounidense estudiará otras vías legales para mantener o redefinir los aranceles, como las contempladas en las secciones 301 y 232 de la misma norma. Aunque estos procedimientos son más lentos, el responsable del Tesoro destacó que ofrecen una base jurídica más sólida. Además, expresó su confianza en que, una vez transcurridos cinco meses, los aranceles regresen a su nivel previo. Cabe recordar que el pasado 24 de febrero Estados Unidos comenzó a aplicar el arancel universal del 10%, después de que el Tribunal Supremo invalidara la mayoría de los gravámenes aprobados por Washington al considerar que la Casa Blanca se excedió en sus competencias al recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para fijar dichas tarifas.

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(El País, 05-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El gasto de los hogares en vivienda subió 80 euros durante los últimos cinco años

El coste de la vivienda absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos familiares. Entre 2019 y 2024, el gasto medio mensual asociado al hogar aumentó un 13%, al pasar de 610 a 690 euros, es decir, 80 euros más. Este encarecimiento responde, sobre todo, a la subida de los suministros y del alquiler y, desde 2022, al incremento de las cuotas hipotecarias, según un estudio difundido por la Fedea. Aunque el esfuerzo adicional ha sido generalizado, el impacto ha sido más intenso entre los inquilinos, cuyos costes crecieron un 33,5%. La subida fue ligeramente inferior entre los propietarios con hipoteca (30,7%) y bastante más moderada entre quienes tienen la vivienda pagada (17,3%). El informe, elaborado por Fernando Pinto, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, se basa en microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una de sus conclusiones principales es que el peso de la vivienda actúa como factor de desigualdad social. El análisis señala que la vulnerabilidad residencial se concentra en determinados perfiles, especialmente en hogares con baja intensidad laboral. También los jóvenes que viven solos -entre 18 y 34 años- soportan una presión elevada, en parte por la falta de economías de escala y su mayor dependencia del alquiler. A ello se suman diferencias territoriales persistentes entre comunidades autónomas, reflejo de desequilibrios estructurales entre ingresos y costes de la vivienda. Si se toma como referencia el umbral del 40% de la renta destinado a la vivienda -considerado tensión severa según criterios europeos-, las mayores tasas de hogares en esta situación se registran en Cataluña (19,3%), Madrid (18,8%) y Baleares (18,1%). En el extremo opuesto se sitúan Castilla y León (13%), La Rioja (12,9%) y País Vasco (11,6%), con niveles más moderados. El seguimiento de los precios del alquiler muestra que la presión es mayor en áreas urbanas y en regiones con mayor dinamismo demográfico y económico. Se trata de un aumento progresivo pero sostenido, que explica buena parte del crecimiento del gasto residencial total. En cuanto a las hipotecas, su comportamiento fue relativamente estable hasta 2021. Sin embargo, a partir de 2022 se produjo una aceleración clara, coincidiendo con el cambio de ciclo monetario y la subida de los tipos de interés, lo que afectó especialmente a quienes tienen préstamos a tipo variable o en los primeros años de amortización. El esfuerzo residencial -calculado como el porcentaje de la renta disponible que se destina a alquiler o hipoteca y gastos corrientes de la vivienda- confirma que los inquilinos son más vulnerables a la volatilidad de los precios en momentos de fuerte presión de la demanda, como el actual. No obstante, la mayor presencia de la propiedad frente al alquiler no responde a una circunstancia puntual, sino que constituye un rasgo estructural que influye de forma permanente en la carga que soportan los hogares. La estructura familiar también resulta clave. Los hogares con varios adultos trabajando -es decir, con alta intensidad laboral- tienen mayor capacidad para asumir subidas del gasto residencial: solo el 7,4% se encuentra en situación de sobreesfuerzo, frente al 18,9% de aquellos con baja intensidad laboral. Esta diferencia, según el estudio, pone de relieve la importancia de analizar conjuntamente la situación laboral y la composición del hogar para entender cómo se distribuye el peso de la vivienda en la sociedad.

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  | Mercantil, civil y administrativo

El turismo se frena en enero y solo crece un 1,2% por el retroceso de las llegadas desde Francia y Alemania

La entrada de visitantes internacionales mantuvo su tendencia al alza en enero de 2026, aunque con un avance mucho más moderado que en ejercicios anteriores. En el primer mes del año llegaron a España 5,12 millones de turistas extranjeros, un 1,2% más que un año antes, una cifra muy inferior al 6% registrado en enero de 2024 y al 15% de enero de 2023, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El análisis por países revela que la desaceleración se concentró en tres mercados: Francia, Alemania y Bélgica. Desde Francia arribaron 517.788 viajeros, lo que supone un desplome del 19,5% respecto al mismo mes de 2025. El dato es relevante si se tiene en cuenta que el mercado francés fue el segundo mayor emisor de turistas hacia España el año pasado, con un 13,2% del total, y confirma la tendencia descendente ya observada entonces, vinculada al encarecimiento de precios y a la debilidad económica del país vecino. Alemania, tercer mercado en importancia (12,4% del total), también registró una caída del 2%, hasta 527.327 visitantes, en un contexto de enfriamiento de la mayor economía europea. Bélgica, aunque con un volumen menor, redujo sus llegadas un 7,8%. En contraste, el Reino Unido -principal emisor, con un 19% del total- incrementó sus viajes a España un 3,3%. Desde el Ministerio de Industria y Turismo ponen el foco en el comportamiento del gasto turístico, que creció un 9,3% interanual en enero, casi ocho veces más que las llegadas, hasta alcanzar 7.800 millones de euros. El departamento subraya que esta evolución encaja con su estrategia de impulsar un modelo más sostenible, orientado a priorizar la calidad frente al volumen, reducir la concentración territorial y temporal y diversificar la oferta. El aumento del gasto se explica, sobre todo, por el fuerte incremento del desembolso realizado por turistas extracomunitarios, que subió un 18,8% y alcanzó los 4.539 millones de euros, el 58% del total. Entre los mercados europeos, el gasto de los viajeros franceses descendió un 13,6%, el de los británicos bajó un 1,7% y el de los alemanes avanzó un 4,4%. La caída de visitantes franceses y alemanes tuvo un reflejo directo en los destinos más vinculados a estos mercados. En Cataluña se superó ligeramente el millón de turistas, pero con una bajada del 6,2% interanual. En Baleares, muy dependiente de los grandes turoperadores alemanes y con una marcada estacionalidad, el descenso fue del 8,8%. De las seis comunidades que concentran el 90% del turismo extranjero, la Comunidad Valenciana también experimentó un retroceso (-3,5%), mientras que Canarias, Madrid y Andalucía registraron incrementos. Madrid lideró el crecimiento, con un aumento del 8,8% y 766.365 viajeros, superando a Baleares y Andalucía. En Canarias, en plena temporada alta, las llegadas crecieron un 4,9% hasta rozar los 1,5 millones de turistas. El archipiélago concentró cerca del 28% de todos los visitantes internacionales en enero, en un contexto marcado en los últimos años por protestas ciudadanas contra la masificación turística.

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(El Confidencial, 05-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Cámara de Comercio de EEUU en España apela a la "racionalidad económica" para bajar la tensión

La principal entidad que agrupa a las compañías estadounidenses implantadas en España, AmChamSpain, difundió este miércoles un comunicado en el que insta al "diálogo" y a proteger la relación económica entre España y Estados Unidos. La organización reacciona así a la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender el comercio con España por su negativa a permitir el uso de las bases de Rota y Morón, así como a la respuesta del Gobierno español. La Cámara de Comercio de EE UU en España subraya que los lazos económicos entre ambos países son firmes y se sustentan en una "interdependencia real" que, a su juicio, no debería verse afectada por discrepancias políticas puntuales. En su nota recuerda que las filiales de empresas estadounidenses constituyen el principal foco de inversión extranjera en España desde los años sesenta, generando empleo y aportando valor al tejido productivo. A su vez, destaca que las compañías españolas han consolidado durante décadas una presencia relevante en Estados Unidos, convertido en su principal destino de inversión exterior. La organización hace un llamamiento a utilizar los canales diplomáticos e institucionales para resolver las diferencias y confía en que prevalezcan la lógica económica y el marco legal vigente, incluidos los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Considera esencial que ambos gobiernos encuentren una solución que aporte estabilidad a sus respectivas comunidades empresariales. En las próximas horas, representantes de AmChamSpain prevén contactar con la embajada estadounidense en Madrid, con el Ejecutivo español y con instituciones europeas para defender la continuidad del diálogo y la cooperación. Su posicionamiento coincide con el mensaje de prudencia lanzado por distintos actores del ámbito empresarial. Organizaciones como CEOE, Cepyme y ATA reclamaron el martes al Gobierno que rebaje la tensión con Estados Unidos y actúe en coordinación con la Unión Europea ante la posibilidad de un embargo comercial. Por su parte, el Club de Exportadores e Inversores Españoles destacó en otro comunicado la estrecha vinculación económica entre ambos países y recordó que EE UU es un socio estratégico para España, especialmente en determinados bienes y servicios. El presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, advirtió de que eventuales trabas a las exportaciones españolas podrían contravenir el marco comercial entre la UE y Estados Unidos, lo que obligaría a la Comisión Europea a intervenir. No descarta, incluso, una escalada que desemboque en un conflicto comercial entre ambos bloques. La propia Comisión Europea ya ha expresado su respaldo a España y su disposición a actuar para proteger los intereses comunitarios si fuera preciso. No obstante, Bonet apuntó que, si las medidas se dirigieran contra empresas estadounidenses proveedoras de bienes y servicios a España, no estaría claro que vulnerasen los acuerdos comerciales vigentes, aunque el impacto económico para España podría ser muy elevado.

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(El Periódico, 05-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas lanza su "Made in Europe": exigirá a la inversión extranjera un 30% de productos europeos y limitará el control del capital extranjero

La Comisión Europea presentó este miércoles la Ley de Aceleración Industrial (IAA), una iniciativa largamente esperada con la que busca introducir criterios de prioridad europea en ámbitos como las licitaciones y las subvenciones públicas, con el fin de frenar la pérdida de peso industrial en la UE. Según los cálculos de Bruselas, varios sectores estratégicos podrían destruir hasta 750.000 empleos en la próxima década si no se actúa. La meta fijada es que la manufactura alcance el 20% del PIB comunitario, frente al 14,3% actual y más del 17% que representaba a comienzos de siglo. La propuesta llega tras meses de tensiones internas entre departamentos de la propia Comisión y también entre Estados miembros, divididos sobre cómo abordar la seguridad económica. La filosofía central es evitar que los fondos públicos terminen beneficiando a competidores que amenacen la competitividad europea, con especial atención a China. No obstante, el texto deberá negociarse ahora entre el Parlamento Europeo y el Consejo, por lo que se prevén cambios relevantes. Se trata, además, de un planteamiento poco habitual para la Comisión, al introducir un mayor grado de intervención económica. El documento detalla qué industrias se consideran estratégicas, regula las inversiones extranjeras directas (FDI) y define el concepto de "hecho en Europa". Aunque inicialmente se contemplaba un enfoque más ambicioso bajo la idea de "Buy European", el texto final suaviza varios aspectos tras el choque entre quienes defendían una preferencia estricta y los países preocupados por un posible cierre del mercado europeo. Entre los ajustes introducidos destaca la reducción del listado de sectores críticos. Finalmente, la protección se limita al acero, aluminio, cemento, tecnologías vinculadas a la descarbonización -como baterías, electrolizadores, bombas de calor, energía solar fotovoltaica y eólica- y componentes de automoción. Otros ámbitos que figuraban en borradores previos, como la bioquímica o los plásticos, quedan fuera. Esto implica una menor cobertura tanto en preferencias europeas como en medidas de agilización administrativa o acceso prioritario a infraestructuras energéticas. En cuanto al sello "hecho en Europa", Bruselas opta por un criterio amplio. Se considerarán equivalentes los productos procedentes de países con acuerdos comerciales con la UE, miembros de la Unión Aduanera o adheridos al Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. La Comisión, no obstante, se reserva la posibilidad de excluir a determinados países si no garantizan reciprocidad, si existe una dependencia excesiva o si concurren otras razones justificadas. El acero no tendrá una preferencia general, aunque sí deberá cumplir requisitos de bajas emisiones en contratación pública y en ayudas para construcción e infraestructuras. En automoción, el acero sí deberá ajustarse tanto al criterio europeo como al de bajo carbono. Para el cemento y el aluminio se introduce preferencia europea en todos los ámbitos, además de las exigencias climáticas. En tecnologías limpias, los requisitos de contenido europeo se incrementarán progresivamente durante tres años e incluirán futuras centrales nucleares. El sector del automóvil recibe un tratamiento específico: mientras que en otras tecnologías la preferencia europea se aplicará como mínimo al 45% del presupuesto nacional, en automoción alcanzará el 100% en licitaciones, ayudas o subvenciones. El objetivo es que no solo el ensamblaje, sino también los componentes de mayor valor añadido -como las baterías- se fabriquen en territorio comunitario. Estas exigencias contemplan excepciones si no existen suficientes proveedores, si se producen retrasos significativos o si el sobrecoste supera ciertos umbrales: un 25% en contratación pública y un 30% en ayudas. Por ejemplo, si un panel solar fabricado en Europa resulta un 34% más caro que su alternativa extranjera, podría eliminarse el requisito de origen. La propuesta también endurece el control sobre inversiones extranjeras directas superiores a 100 millones de euros cuando procedan de países que concentren más del 40% de la producción mundial en sectores como baterías, vehículos eléctricos, energía fotovoltaica o materias primas críticas. En estos casos, las empresas inversoras deberán cumplir al menos cuatro de seis condiciones: no superar el 49% del capital de la firma europea; crear una empresa conjunta con socios comunitarios; transferir tecnología y patentes hasta permitir autonomía productiva; destinar al menos el 1% de sus ingresos brutos a I+D en la UE; y garantizar que el 30% de los insumos utilizados en bienes vendidos en Europa procedan de compañías europeas. Además, será obligatorio que al menos la mitad de la plantilla, en todos los niveles, esté formada por trabajadores europeos.

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(Cinco Días, 04-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El gas se dispara otro 30% y el petróleo sigue al alza ante el aumento de la tensión en el golfo Pérsico

La confrontación entre Estados Unidos e Israel frente a Irán se está extendiendo por la región y amenaza con prolongarse sin una salida inmediata. La reacción de Teherán no pierde intensidad y ya incluye ataques contra instalaciones energéticas y rutas marítimas, lo que ha disparado el coste de la energía para operadores e inversores. En Europa, el gas natural vive una escalada especialmente brusca: tras encarecerse un 40% el lunes, este martes ha llegado a subir otro 30%. El petróleo, aunque con movimientos más moderados, también avanza con fuerza: el barril de Brent -referencia en Europa- supera los 83 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024, mientras el West Texas suma alrededor de un 7% adicional. En los últimos días, el mercado energético opera en un entorno de enorme incertidumbre sobre el suministro. La situación es compleja porque confluyen factores políticos, militares y económicos en una región clave para el equilibrio global. Como respuesta a la ofensiva de Washington y Tel Aviv, Irán ha endurecido su postura y ampliado sus objetivos hacia infraestructuras energéticas y buques. El tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico bajo influencia iraní por el que circula cerca del 20% del petróleo mundial y una parte sustancial del gas, se encuentra prácticamente paralizado ante el riesgo de ataques. La tensión ha tenido efectos inmediatos. Qatar, segundo mayor exportador mundial de gas natural licuado (GNL), ha suspendido envíos tras el cierre forzado de la terminal de Ras Laffan, la mayor del mundo y responsable de alrededor del 20% de la oferta global. También se ha interrumpido la actividad en la refinería saudí de Ras Tanura, la más grande del país, y se ha registrado un incendio en un centro de almacenamiento en Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, lo que añade más presión sobre los flujos energéticos. El lunes, el petróleo subió en torno a un 8%, mientras que los contratos de gas TTF negociados en Países Bajos -referencia para Europa- se dispararon cerca de un 40%. Este martes superan los 58 euros por megavatio hora, casi el doble que hace un mes y su nivel más alto en tres años. El temor a la escasez está obligando a economías asiáticas altamente dependientes del gas catarí, como Taiwán o Corea del Sur, a buscar suministros alternativos para garantizar la generación eléctrica, intensificando la competencia internacional. China, mayor importador mundial de crudo y gas, ha instado a todas las partes a garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, consciente de su exposición a un eventual cierre prolongado, pese a disponer de amplias reservas estratégicas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha advertido de que la ofensiva contra Irán se prolongará "un tiempo", aunque no durante años. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que su país hará "lo que sea necesario", y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha anticipado una intensificación de la campaña. En el mercado se estima que el conflicto podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque incluso ese plazo tendría consecuencias relevantes para el suministro energético. Precisamente la duración y la posible ampliación de los ataques son los principales focos de inquietud. Los analistas advierten de que, sin una desescalada rápida y con Ormuz prácticamente bloqueado, el riesgo de nuevas agresiones contra infraestructuras energéticas podría provocar interrupciones más duraderas. Aunque el petróleo cotiza en máximos desde el verano pasado, su reacción ha sido más contenida que en otras crisis geopolíticas. No ocurre lo mismo con el gas europeo, que acumula alzas superiores al 60% en apenas dos jornadas, superando incluso el repunte registrado tras la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años. El cierre de Ras Laffan supone un golpe directo al mercado del GNL, donde la capacidad de almacenamiento es limitada, lo que anticipa fuertes subidas en los precios al contado. Además, el mercado del gas partía de una posición menos protegida que el del crudo. Antes de la ofensiva, muchos operadores petroleros habían contratado coberturas mediante opciones para protegerse ante una posible escalada. En cambio, en el gas se asumía que Qatar no sería objetivo directo debido a su relación con Irán, lo que dejó al sector más expuesto. Según algunos analistas, el petróleo estaba mucho mejor preparado para un escenario de tensión que el gas, cuyos mercados no contemplaron seriamente esta posibilidad.

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