Tras el gran apagón que paralizó el lunes toda España, Red Eléctrica ha informado de que a las seis de la mañana se había recuperado más del 99% del suministro eléctrico en el país y todas las subestaciones de la red tienen tensión. Los mayores problemas están en el transporte ferroviario, con cientos de personas que han pasado la noche en las estaciones a la espera de poder coger un tren.
El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha detallado los servicios de alta velocidad que van a funcionar, como las conexiones de Madrid con Barcelona, Levante, País Vasco, Málaga y Granada. Cercanías funciona al 50% en Madrid y ha sido suspendido de nuevo en Cataluña por inestabilidad del servicio eléctrico. El metro de Madrid reabrirá a las 8.00, salvo en una línea, mientras en Barcelona hay tres líneas cerradas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne esta mañana de nuevo el Consejo de Seguridad nacional, que presidirá el rey Felipe VI. En su comparecencia de la noche del lunes, afirmó que se investiga por qué se perdió "súbitamente" la generación eléctrica a las 12.33. "No había pasado jamás", afirmó. "Todos los recursos del Estado están siendo movilizados desde el minuto uno", según Sánchez.
El Ejecutivo asumirá la gestión del apagón en ocho comunidades (Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha y Murcia).
El corte del suministro eléctrico provocado por el apagón masivo en España puede generar daños tanto en comercios como en viviendas particulares. Toda la comida que está refrigerada, los aparatos eléctricos que necesitan suministro constante... pueden dañarse si no se reestablece la electricidad en poco tiempo.
Ante esta situación, las compañías eléctricas podrían tener que responder e indemnizar a los clientes afectados. En este caso, se trataría de una interrupción imprevista, todas aquellas mayores de 3 minutos.
En las zonas urbanas, las empresas suministradoras del fluido eléctrico tienen la obligación de solventar estos cortes antes de cinco horas. En la Comunidad de Madrid se establece que las empresas suministradoras, ante cualquier incidencia, deberán reponer el servicio en un tiempo máximo de tres horas cuando la incidencia afecte al 70% del mercado y de seis horas cuando la incidencia afecte al 100% del mercado, según explica la web de la Comunidad.
En el caso de que se supere alguno de estos valores, tanto en número como en duración de la interrupción, la compañía deberá aplicar un descuento de hasta un máximo de 10% en su factura anual, así como indemnizaciones por daños causados en alimentos o aparatos electrónicos a raíz de un apagón.
También se beneficiarán de estos descuentos tanto en los peajes o tarifas de acceso como por la energía dejada de suministrar, en los casos en que se incumplan las horas de interrupción o el número máximo de interrupciones permitidas.
Es conveniente que se guarden todos los tiques de la comida que había en el congelador o la nevera. También es recomendable revisar la póliza de seguro de hogar, ya que en algunas ocasiones, cubre la pérdida de alimentos si se sufre un apagón o un corte de suministro.
El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) -que ha sido clave para atender las indemnizaciones de afectados por la dana de Valencia- no cubre los daños causados por un apagón, ya que los apagones no son considerados riesgos extraordinarios. Para reclamar daños por un apagón, se debe contactar a la compañía de seguros.
Los alimentos refrigerados se conservan en buen estado siempre que el suministro eléctrico no haya sido interrumpido durante más de cuatro horas y que la puerta del congelador se haya mantenido bien cerrada.
Durante cinco segundos, a las 12.33 de este lunes, 15 gigawatios (GW) de generación eléctrica desaparecieron de golpe del sistema en España. Equivalía, explican fuentes del Gobierno, al 60% de la electricidad que se estaba consumiendo en ese momento en el país. Solo hicieron falta esos cincos segundos para desatar el caos este lunes. El sistema se vino abajo, pero la causa sigue siendo una incógnita.
La Península vivió un apagón masivo e histórico que dejó a los territorios continentales de España y Portugal sin energía eléctrica. "En los más de 40 años que llevo en este sector nunca había visto algo así", sostiene Jorge Fabra, quien fue durante una década presidente de Red Eléctrica. Por la tarde, se fue recuperando la electricidad en algunos puntos del país. Pero la principal duda que sigue sobre la mesa es qué ha ocurrido. "No descartamos ninguna hipótesis", afirmó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en una conferencia de prensa sobre las 18.00. "No sabemos las causas", insistió el presidente, aumentando así todavía más la incertidumbre sobre este cero energético histórico en el país.
¿Cuándo ha comenzado el corte del suministro? A las 12.33 se detectó "una oscilación muy fuerte en los flujos de potencia" de las redes eléctricas. Y esa oscilación se ha debido a una pérdida de generación, es decir, a una caída en la producción de electricidad, que en España proviene de las centrales nucleares, las plantas hidroeléctricas, los ciclos combinados y los parques solares y eólicos, principalmente.
Esa pérdida de potencia estuvo motivada por la desaparición durante cinco segundos de los 15 GW de generación. Para comprender la dimensión del problema, las cinco centrales nucleares que hay en España tienen una potencia instalada de 7,4 GW.
La oscilación provocada por esa caída, cuyas causas se siguen investigando, desencadenó a su vez la desconexión del sistema eléctrico español del europeo, que se basa en una interconexión con Francia. Esa desconexión "ha conllevado el colapso" del sistema y el consiguiente apagón generalizado, según señaló Eduardo Prieto, director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, en una primera conferencia de prensa a las 14.30. Luego, a las 19.00 de este lunes, Pietro compareció de nuevo, para reiterar esta explicación. Este responsable del operador del sistema recalcó que se trata de un "hecho absolutamente excepcional", ya que nunca se había dado un "acontecimiento de estas características" en España.
¿Cuándo se solucionará el problema? Prieto había señalado a las 14.30 de este lunes que la recuperación total del servicio en España tardaría entre seis y diez horas. Y que será "paulatina y progresiva". Pero en la comparecencia de esa tarde ya no especificó el número de horas para recuperar por completo el sistema. En la mañana de este martes, España recuperó el 99% del suministro eléctrico. El Gobierno de España declaró una crisis de electricidad tras la interrupción de suministro eléctrico e inició los trabajos para recuperar el suministro.
Los técnicos de Red Eléctrica y los de las compañías eléctricas trabajaron en la recuperación de la tensión, que empezó por zonas cercanas a Francia. Una vez que se recuperara esa tensión en el sistema, y se hiciera llegar a las centrales, estas podían arrancar para recuperar la normalidad. Sobre las 17.30 de este lunes ya se había recuperado el suministro eléctrico en áreas de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, La Rioja, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, según informaba Red Eléctrica. A las 18.45 de esa tarde, este mismo organismo informaba de que a las zonas donde ya se ha comenzado a reponer el suministro "se suman otras en Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha". A las 21.30, según Prieto, el 35% del suministro estaba ya cubierto en España.
¿Qué ha provocado la caída del sistema? Ni Pedro Sánchez, ni Prieto, ni ninguna fuente oficial han explicado qué ha causado este inédito cero energético. "No vamos a especular", insisten fuentes oficiales del Gobierno. Sánchez, en su breve comparecencia sin preguntas, ha insistido en que no se propague "información de dudosa procedencia".
¿Ha sido por un fenómeno meteorológico? Durante todas las horas de silencio informativo sobre las causas del apagón se han disparado las hipótesis, algunas de ellas desmentidas, sobre el desencadenante de esta crisis.
Reuters informó que REN (Redes Energéticas Nacionais, el equivalente a Red Eléctrica de España) había adelantado que un extraño fenómeno meteorológico en España podría estar en el origen del apagón. Pero fuentes de este organismo han desmentido esa información, que apuntaba a una supuesta variación de las temperaturas en el interior de España.
La economía española creció un 0,6% en el primer trimestre de 2025. El dinamismo de la actividad se mantiene a pesar de la atonía europea y, junto al vigoroso final del año pasado, brinda un importante impulso que le hará afrontar la crisis arancelaria en mejor estado que sus socios comunitarios, gracias a que se espera que el consumo siga yendo bien por el incremento de las rentas, el elevado ahorro acumulado y la inmigración; y a que la construcción ha iniciado un ciclo de expansión que se aprecia en indicadores como el uso de cemento o los visados, aunque todavía se encuentra lejos de las cotas necesarias para resolver la crisis de vivienda. El avance interanual del PIB se sitúa en un vigoroso 2,8%.
El Producto Interior Bruto (PIB) moderó cinco décimas su avance interanual, desde el 3,3% al 2,8%, en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El crecimiento se vio impulsado por la demanda nacional y principalmente por el consumo privado, que creció un 3,5% en tasa interanual, "favorecido por la ganancia de poder adquisitivo de los trabajadores y la positiva evolución del empleo", explica el Ministerio de Economía.
De momento, estos son datos entre enero y marzo, cuando todavía no se había desatado con toda su incertidumbre la guerra de aranceles de Trump y en principio no debió afectar mucho. Hasta ahora solo una institución, Funcas, el think tank de las cajas de ahorros, se ha atrevido a dar algunas cifras sobre cómo podría afectar a la actividad el caos por los aranceles. Sus primeras estimaciones consistían en dos escenarios. Uno en el que los aranceles no iban más allá del 10% actual porque las presiones de los mercados impedirán que haya nuevas medidas proteccionistas: bajo este supuesto se contiene la incertidumbre y el PIB avanza este año un 2,3% y un 1,9% el que viene.
El daño es de unas seis décimas entre los dos ejercicios debido a la escasa exposición directa de las exportaciones españolas a Estados Unidos. Pero en el segundo escenario la incertidumbre continúa y afecta sobre todo a la inversión en España. En ese caso la guerra arancelaria podría restar 1,2 décimas entre dos años y las previsiones de Funcas son que aun así el PIB avance un 2,4% en 2025 y un 1,4% en 2026.
El Índice de Precios de Consumo (IPC), principal indicador de la inflación se modera una décima más en abril hasta el 2,2%, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación se modera una décima más después de las siete décimas menos de marzo hasta el 2,3% interanual por la caída del precio de la electricidad.
En este mes el IPC baja una décima fruto del descenso de los precios del gas, frente a la subida de abril de 2024, y a la bajada de los precios de la electricidad, mayor que en abril del año pasado. También bajan los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales.
En sentido contrario, destaca la subida de los precios de ocio y cultura, que bajaron en abril de 2024. La tasa anual del indicador adelantado de la inflación subyacente aumenta cuatro décimas, hasta el 2,4%. La variación anual del indicador adelantado del IPCA es del 2,2%.
Cataluña ha incrementado un 65% la contratación pública en apenas un año y lidera, por tanto, las adjudicaciones por encima de la Comunidad de Madrid y Andalucía. De acuerdo con el último Informe Anual de Supervisión elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un órgano independiente, pero adscrito a la Subsecretaría de Hacienda, la comunidad presidida en ese momento por Pere Aragonés concentró en 2023 el mayor peso de la contratación autonómica con 8.887 millones de euros en 9.488 adjudicaciones, lo que supuso un 20,43% sobre el total del sector y un incremento del 64% respecto al año anterior, cuando alcanzó los 5.404 millones de euros en contratos.
Comunidades como Madrid o Andalucía alcanzaron en 2023, sin embargo, un total de 4.031 contratos con una partida económica de 6.286 millones de euros y 9.047 expedientes con un importe de 6.930 millones de euros, respectivamente. En cualquier caso, el volumen de contratación pública de Cataluña en 2023 representó además más de una quinta parte del total a nivel estatal, situándose por delante de regiones tradicionalmente líderes como Madrid o Andalucía. El volumen de ésta última de hecho responde, en buena medida, a proyectos cofinanciados con fondos europeos.
Según el informe, pese al liderazgo de Cataluña donde, además, se publicaron el 80% de los contratos en plazo y acorde a la transparencia que exige la ley por encima de la media estatal, destaca el especial repunte que experimentó en ese mismo periodo la Comunidad de Aragón, que pasó de concentrar un peso en las adjudicaciones del 3,16% en 2022 hasta alcanzar un volumen del 8,06% en tan solo un año. Este crecimiento, tal y como expone el análisis, "se debe a la licitación de dos contratos de gran volumen, de concesión de obras de carreteras, licitados en 2023 y adjudicados en 2024.
Cataluña ha mejorado asimismo la media de licitadores alcanzado un ratio de 5,8 pujadores por contrato, frente a los 4,1 de Madrid y los 3,9 de Andalucía. Esto, según recoge el informe, supone una mayor competencia y, por tanto, una reducción media del 10% entre el presupuesto inicial y el precio final adjudicado.
Por tipo de procedimiento a nivel autonómico, se registró un alza tendencial del importe económico de las licitaciones realizadas por procedimiento abierto para llegar a representar, en concreto, el 79,61% del total. Los contratos a dedo, sin embargo, registraron un leve descenso en el peso total de los procedimientos, pasando del 10,85% en 2022 al 8,69% un año después.
Respecto al tipo de contrato, cabe precisar, que Cataluña a diferencia de otras Comunidades Autónomas como Madrid, donde lideran los contratos sanitarios, ha diversificado las contrataciones en distintos sectores como, por ejemplo, obra pública, movilidad sostenible y proyectos de transición ecológica. En este punto, destaca asimismo la licitación del soterramiento de la línea R2 en Montcada i Reixac, adjudicado por Adif por más de 500 millones de euros. En cualquier caso, la contratación pública autonómica experimentó un incremento del 7,72% del importe de los contratos, alcanzando el 40,45% del importe total licitado a nivel estatal.
En paralelo, la Comunidad de Madrid supera sin embargo a Cataluña en la contratación de obra pública. Tal y como informó este periódico, ambas autonomías vienen sucediéndose en los últimos años en lo más alto de clasificación y en 2024 la región central se impuso gracias al fuerte crecimiento de los proyectos adjudicados por parte de la Administración Central, concentrando 4.051 millones de euros -lo que supuso un 39,2% más que los 2.911 millones de 2023-, frente a Cataluña, que acaparó 3.662 millones de euros. Un importe que, en cualquier caso, es superior respecto al año anterior al incrementar un 9,6%.
Los fondos Next Generation de la Unión Europea permitieron asimismo elevar los volúmenes de contratación a niveles que no se veían desde antes de la crisis financiera de 2008. De hecho, según los datos del sector de la construcción, las adjudicaciones totales ascendieron en el último año a 22.692 millones de euros, lo que representa un incremento del 14% con respecto a los 19.901 millones de 2023.
El nuevo programa de viajes del Imserso, que contempla 880.000 plazas para personas mayores de 55 años a partir de octubre, ha generado un fuerte malestar entre los turoperadores y hoteleros, lo que podría desembocar en una oleada de impugnaciones y provocar retrasos en su ejecución. Una de las principales modificaciones del pliego establece que ningún operador podrá quedarse con los lotes correspondientes tanto a la península como a los archipiélagos.
Esta medida busca impedir que Mundosenior, del grupo Ávoris, se adjudique nuevamente ambos bloques, como ha hecho en los últimos dos años, lo que le ha supuesto el control del 70% de las plazas totales. Con ello, se pretende favorecer una distribución más equitativa entre los licitadores. Este año, además de Mundosenior, han mostrado interés Soltour (Grupo Piñero), W2M (de Iberostar), Mundiplan (una alianza de Iberia, Alsa e IAG7), Seniorplan y Nautalia, que en anteriores convocatorias se presentó junto a otras empresas. Algunas de estas compañías afirman que si en el pasado fueron ellas las que recurrieron la adjudicación a favor de Ávoris, ahora podría ser esta última la que acuda a los tribunales, al entender que el pliego favorece al resto con condiciones técnicas y económicas hechas "a medida".
Para intentar calmar los ánimos, el Imserso ha introducido incentivos económicos para los operadores: se aplicará un recargo de 100 euros a los viajes en temporada alta y otro del mismo importe para los usuarios que participen en más de un viaje por campaña. Sin embargo, esta última medida ha generado incertidumbre entre las agencias, ya que no está claro cómo se podrá controlar con precisión qué viajeros repiten y cómo se comunicará esta información al Imserso.
Por otro lado, los hoteleros son quienes muestran mayor rechazo. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ya ha recurrido en otras ediciones, lo que aunque no logró anular el pliego, sí retrasó su ejecución. Pero el mayor obstáculo podría venir de un boicot por parte de los hoteles, que critican que el precio que perciben por plaza, entre 21 y 23 euros, no se ha actualizado, forzándolos -según afirman- a operar con pérdidas.
Nuria Montes, secretaria general de Hosbec (la patronal hotelera valenciana que representa un 15% de las plazas), advierte que el programa no contempla la realidad actual del sector, con fuertes subidas en los costes laborales, de suministros y energéticos. Además, critica que el pliego no prevea revisiones de precios para las prórrogas ni aumentos en la aportación del Gobierno o de los propios usuarios.
De hecho, la continuidad de muchos hoteles valencianos en el programa se ha debido al respaldo financiero de la Generalitat Valenciana, que ha destinado cinco millones de euros durante tres años consecutivos para evitar que abandonaran el proyecto.
En la Costa del Sol, donde se concentra un 9% de las plazas, los hoteles no cuentan con ningún tipo de apoyo por parte de la Junta de Andalucía. Como resultado, muchos han ido retirándose del programa progresivamente. Zoraida Valverde, gerente de Aehcos (Asociación Hotelera de la Costa del Sol), asegura que la participación en el Imserso no es rentable y lamenta que el sector no haya sido escuchado. "La decepción es generalizada porque se esperaban cambios que no han llegado", comenta.
Además, otras disposiciones han generado nuevas críticas, como el hecho de penalizar a los hoteles que no admitan mascotas, lo cual se valorará negativamente en los criterios de adjudicación. También ha causado revuelo la asignación de cerca de 7.500 plazas a pensionistas con ingresos mínimos, quienes podrán acceder a viajes por tan solo 50 euros. Estas plazas estarán destinadas a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o jubilación que no superen los 7.805,8 euros anuales (568,7 euros en 14 pagas), lo cual, aunque bienintencionado, plantea dudas sobre la sostenibilidad del programa para los alojamientos turísticos.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere aumentar el control sobre los depósitos bancarios estructurados dirigidos a pequeños ahorradores. Estos productos ofrecen una rentabilidad más alta que los depósitos tradicionales a plazo fijo, pero dicha rentabilidad no está garantizada y depende de la evolución de ciertos activos financieros como índices bursátiles, acciones específicas o materias primas como el petróleo. Por estas características, se consideran productos financieros complejos y con un riesgo elevado.
El organismo, presidido por Carlos San Basilio, ha actualizado la normativa sobre advertencias al inversor para incluir estos depósitos estructurados entre los instrumentos que requieren una alerta clara en el contrato si existe una "diferencia significativa" entre el valor estimado y el precio pagado. Esta diferencia podría traducirse en pérdidas o en la ausencia de rentabilidad al vencimiento del producto. La CNMV subraya que, al incorporar estructuras difíciles de entender, especialmente en lo referente a su rentabilidad o al coste de cancelación anticipada, estos productos se clasifican como complejos. Según el sistema de clasificación de riesgos -que utiliza una escala de colores y una numeración del 1 al 7-, algunos depósitos estructurados recientes han sido calificados con un nivel 2.
Estos productos tuvieron su auge tras la crisis financiera de 2008 y la caída de tipos de interés en Europa, que llegaron a niveles mínimos del 0,05%. Hoy en día, han desaparecido casi por completo de la oferta comercial bancaria. No obstante, algunas entidades como CaixaBank siguen ofreciendo deuda estructurada a clientes con patrimonios superiores al millón de euros y con servicios de asesoramiento contratado, llegando a ofrecer rentabilidades del 4%, e incluso del 8,5% en el pasado, cuando los tipos del BCE eran más altos.
En la actualidad, solo EBN Banco ofrece a pequeños inversores un producto de este tipo: un depósito a un año al 3,25% vinculado a una nota estructurada con vencimiento en 2028 que puede generar un cupón del 4,08%. Esta nota depende del comportamiento en Bolsa de Amadeus y Acciona, garantizando el capital invertido, aunque existe el riesgo de no recibir intereses si las acciones no se revalorizan.
Las nuevas advertencias también deberán aplicarse cuando un banco actúe como intermediario en operaciones de renta fija emitidas por terceros, o cuando comercialice productos estructurados propios. La CNMV busca evitar una situación de desprotección para los pequeños inversores que podría producirse por diferencias regulatorias en función del papel que asuma la entidad.
Además, el organismo ha publicado en el BOE una nueva circular con la que establece los requisitos de información para las entidades que ofrezcan servicios con criptoactivos. Esta norma afectará tanto a los nuevos operadores del sector como a las gestoras y firmas de inversión que ya trabajan con estos activos. Las nuevas entidades deberán remitir sus cuentas anuales auditadas y un informe sobre la custodia de los activos de sus clientes cuando se les solicite, en cumplimiento con la normativa europea MICA vigente desde enero.
Asimismo, la CNMV ha unificado los criterios de reporte para las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF) y las Empresas de Asesoramiento Financieras Nacionales (EAFN), figura creada este 2024 para permitir a pequeños asesores operar en España con menores requisitos, aunque con la limitación de no poder actuar fuera del país ni sobre productos como derivados cotizados o criptoactivos. Actualmente, el registro de la CNMV cuenta con 53 EAFN, entre ellas firmas como Capitalia Familiar, Nextep Asesores Financieros o las gestionadas por Emérito Quintana y Araceli de Frutos.
Desde el sector reconocen que esta nueva exigencia representa una carga adicional en sus obligaciones informativas, que se suma a la reciente entrada en vigor del reglamento DORA sobre resiliencia operativa digital. Aunque están sujetos a la normativa contra el blanqueo de capitales, la CNMV ha decidido que las EAF sin agentes y las EAFN quedarán exentas de tener que informar al respecto.
El mecanismo instaurado por el Gobierno español tras la pandemia de Covid para supervisar las inversiones extranjeras en sectores "estratégicos" alcanzó un récord histórico en 2024, al analizar 147 operaciones, aunque solo una fue bloqueada: la adquisición del fabricante de trenes Talgo por el grupo húngaro Ganz Mavag.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa -organismo encargado de gestionar el llamado "escudo anti-opas"-, la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) revisó un 50% más de operaciones en comparación con 2023, cuando examinó 97 transacciones. Desde su creación en 2020, cuando apenas afectó a 29 operaciones, la cantidad de inversiones sujetas a este control ha ido en aumento.
Este crecimiento se debe, por un lado, al mayor interés de los inversores extranjeros por el mercado español, pero también a la ampliación progresiva del alcance del escudo, sobre todo tras la aprobación de un nuevo decreto-ley en 2023.
La normativa actual considera "activos estratégicos" a sectores clave como las telecomunicaciones, la energía, la sanidad, la banca, los medios de comunicación, la defensa, la alimentación y cualquier actividad que maneje datos personales o sensibles.
Todo inversor procedente de fuera de la Unión Europea debe solicitar autorización para adquirir empresas en estos sectores. En el caso de compradores europeos, se requiere permiso si pretenden adquirir más del 10% de una empresa cotizada o invertir más de 500 millones de euros en una empresa no cotizada. Aunque el control a los inversores comunitarios es temporal, se ha extendido hasta finales de 2026.
El temor a incumplir esta normativa lleva a muchos compradores a solicitar autorización preventiva. De las 147 operaciones revisadas por la Jinvex -que incluye representantes del Centro Nacional de Inteligencia-, 42 fueron archivadas tras confirmarse que no afectaban a la seguridad, el orden o la salud públicos.
Otros 11 casos correspondieron a prórrogas de autorizaciones anteriores pendientes de ejecución. Del resto, 85 operaciones fueron aprobadas sin inconvenientes, 8 se autorizaron con condiciones (como la participación de BlackRock en Naturgy o la compra de Vodafone España por Zegona) y solo la adquisición de Talgo fue rechazada.
Aunque la mayoría de las operaciones supera el filtro, asesores legales advierten que este proceso puede retrasar las transacciones, generar incertidumbre y frenar operaciones de gran envergadura en sectores estratégicos. Un ejemplo es la entrada de STC en Telefónica, que no obtuvo luz verde hasta noviembre de 2024, pese a haberse anunciado en septiembre de 2023. Según el Gobierno, el plazo medio para resolver estos expedientes es de 72 días.
Paralelamente, el Ejecutivo también ha incrementado su activismo inversor mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que ha adquirido participaciones relevantes en empresas como Telefónica e Indra.
De las 94 operaciones que finalmente requirieron autorización (sin contar las archivadas), 85 fueron elevadas al Consejo de Ministros y 9 fueron aprobadas directamente por la dirección general de Comercio e Inversiones, dado que su importe no superaba los 5 millones de euros.
En cuanto al origen de los inversores, los estadounidenses fueron los más vigilados, con 39 solicitudes de autorización, seguidos de los británicos con 12. Desde el resto de la UE se tramitaron únicamente 8 operaciones que cumplían los requisitos de control.
Según el Ministerio de Economía, "el control de inversiones responde a la necesidad de proteger la seguridad de la economía española, logrando un equilibrio efectivo entre salvaguardar el orden público, la seguridad y la salud, y fomentar la llegada de inversión extranjera como motor de crecimiento y empleo".
Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró en abril sus previsiones de crecimiento para la economía española respecto a las que publicó en enero, los análisis de varias firmas nacionales empiezan a apuntar en la dirección contraria. Esto supone un cambio de tendencia respecto a los últimos tiempos, en los que predominaban las revisiones al alza. Ahora, debido en parte a las políticas proteccionistas de la Administración Trump, se espera que España crezca algo menos de lo previsto inicialmente. No obstante, seguirá liderando el crecimiento entre las grandes economías.
Estamos entrando en una etapa en la que las nuevas proyecciones macroeconómicas serán más bajas que las anteriores. Durante los dos últimos años, las previsiones siempre se corregían al alza, pero la reciente imposición de aranceles ha alterado ese patrón.
Esta advertencia ya la había hecho el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en una entrevista televisiva, donde anunció que el organismo revisaría a la baja su previsión del 2,7% para este año, aunque sin precisar cuánto. Posteriormente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ratificó esta perspectiva en declaraciones a El Mundo.
Funcas, la fundación vinculada a la CECA, sí ha puesto cifras concretas sobre la mesa: calcula que el crecimiento en 2025 será tres décimas inferior a lo previsto, situándose en el 2,3%, y en 2026 bajaría cuatro décimas, hasta un 1,6%. Estas estimaciones tienen, eso sí, un mayor margen de error debido a la incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación internacional. Los primeros síntomas de esta desaceleración podrían empezar a notarse en los datos de actividad del segundo trimestre, ya que las cifras del primero no mostraron ningún desvío respecto a las previsiones anteriores.
Mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará su estimación adelantada del crecimiento hasta marzo, y tanto Funcas como otros centros de análisis coinciden en prever un avance del 0,7% en ese trimestre, un ritmo compatible con las expectativas de principios de año. Aunque aún hay poca información concreta sobre el segundo trimestre -apenas ha transcurrido un mes-, los datos provisionales de afiliación a la Seguridad Social sugieren que, de momento, la tendencia se mantiene estable.
Además, el indicador en tiempo real de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) refleja, con datos hasta el 21 de abril, un crecimiento trimestral del 0,8%, equivalente a un 3,2% anualizado. Esto indica que la desaceleración más intensa podría producirse en la segunda mitad del año, afectando también el arranque de 2026.
Funcas reconoce que sus proyecciones tienen ahora más incertidumbre que en ocasiones anteriores, no solo por la duración de la guerra comercial en curso, sino también por su desenlace. Sus cálculos asumen que no se impondrán nuevos aranceles y que las tarifas actuales entre Estados Unidos y China disminuirán, aunque seguirán vigentes los aranceles del 10% general y del 25% para ciertos metales y automóviles. Si la situación empeora o se prolonga, las previsiones empeorarían.
Además, el informe no contempla el impacto positivo que podría tener en la actividad económica el reciente anuncio del Gobierno de un paquete de gasto en seguridad y defensa superior a 14.000 millones de euros. Se espera que parte de este desembolso -por ejemplo, el destinado a incrementos salariales de militares, policías y guardias civiles- aporte un impulso al crecimiento de unas dos décimas de punto.
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