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(Expansión, 17-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los aranceles de Trump hunden un 22% las exportaciones europeas a EEUU en agosto

Los efectos del pacto comercial firmado entre Ursula von der Leyen y Donald Trump se hicieron sentir desde su primer mes de aplicación: el superávit europeo con Estados Unidos se redujo a menos de la mitad. El acuerdo, considerado desequilibrado, entró en vigor el 1 de agosto y fue presentado por la presidenta de la Comisión Europea como una solución de compromiso para evitar una guerra comercial con Washington. Sin embargo, su impacto sobre el comercio exterior europeo ha sido inmediato y severo. Según datos publicados por Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea hacia Estados Unidos cayeron un 22,2% en agosto, hasta los 32.898 millones de euros, el nivel más bajo en varios años. Desde finales de 2023, las exportaciones europeas a Estados Unidos no habían bajado de los 40.000 millones mensuales, con la única excepción de diciembre de ese año (39.357 millones). En los meses previos a la entrada en vigor del acuerdo, especialmente en febrero y marzo, la amenaza de nuevos aranceles por parte de Trump provocó una fuerte anticipación de compras estadounidenses, disparando las ventas europeas hasta los 51.992 y 71.770 millones de euros. Desde entonces, la tendencia ha sido claramente descendente, y todo apunta a que continuará en los próximos meses. El pacto, que en la práctica beneficia mucho más a Estados Unidos que a la UE, impone a los productos europeos un arancel general del 15%, obliga a los países comunitarios a adquirir energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares y a invertir otros 600.000 millones en territorio norteamericano. Además, suprime los aranceles europeos a las importaciones industriales de Estados Unidos. Todo esto a cambio de una frágil tregua con Trump, quien no ha dejado de amenazar con elevar los aranceles al 35% o con imponer sanciones específicas a países como España si no aumentan su gasto en Defensa hasta el 5% del PIB. Uno de los principales argumentos de Trump para endurecer su política comercial hacia Europa ha sido el abultado superávit europeo frente a Estados Unidos, que ahora empieza a reducirse. En agosto, aunque la UE todavía exportó más de lo que importó (32.898 millones frente a 26.413 millones), el saldo positivo cayó hasta 6.484 millones, frente a los 15.328 millones registrados en agosto de 2024. Es el nivel más bajo en años: desde 2023, el superávit europeo nunca había estado por debajo de los 10.000 millones, llegando incluso a alcanzar los 40.595 millones en marzo de 2024. Estas cifras reflejan que el bloque europeo tendrá grandes dificultades para absorber las consecuencias del costoso acuerdo con Trump, que ya está dejando huella en el balance comercial anual. Aunque el comercio exterior de la UE creció entre enero y agosto -un 2,6% en exportaciones, hasta 1,94 billones de euros, y un 3,7% en importaciones-, el superávit global se redujo un 13%, hasta los 107.100 millones, frente a los 123.300 millones del mismo periodo del año anterior. Esta tendencia explica la urgencia de Bruselas por avanzar en pactos alternativos, como el acuerdo con Mercosur. En agosto, las exportaciones europeas a países no pertenecientes a la UE descendieron en casi todos los sectores: los productos químicos retrocedieron un 11,6%, las materias primas un 8,7%, la energía un 8,4% y los bienes manufacturados un 7,6%. Las caídas se extendieron también a los principales socios comerciales. Además del desplome del 22,2% en las exportaciones a Estados Unidos, las ventas a Japón se hundieron un 23,3%, y las destinadas a China bajaron un 11,3%. Las importaciones procedentes del gigante asiático descendieron un 7,1%, lo que indica que Pekín aún no ha compensado en Europa las ventas que pierde en el mercado estadounidense. Aun así, la balanza comercial con China sigue siendo negativa para la UE, con un déficit de 28.800 millones en agosto, un 5% menos que el año anterior. En conjunto, agosto fue un mes negativo para el comercio exterior europeo: las exportaciones totales al resto del mundo alcanzaron los 205.900 millones de euros, un 4,7% menos, y el superávit se redujo a apenas 1.000 millones.

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(El País, 17-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La justicia europea considera a los animales de compañía “equipaje” en los vuelos

El bienestar animal está reconocido en los tratados de la Unión Europea, pero esto no impide que los animales domésticos -como perros o gatos- sean considerados equipaje cuando viajan en avión junto a sus dueños. Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que concluye que las compensaciones por su pérdida o daño deben ajustarse a las mismas normas que rigen para el equipaje facturado. Según la sentencia, "los animales de compañía no están excluidos del concepto de equipaje". Esta resolución responde a una consulta del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, que debía pronunciarse sobre el caso de una pasajera de un vuelo Iberia Buenos Aires-Madrid cuya perra se escapó del transportín antes de ser colocada en la bodega del avión. El animal nunca fue encontrado, y su dueña reclamó a la aerolínea una indemnización de 5.000 euros por daños morales. Iberia aceptó su responsabilidad, pero sostuvo que la compensación debía limitarse a lo establecido para equipaje facturado, una cantidad muy inferior a la solicitada. El tribunal español dudaba de esta interpretación, ya que el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) establece que las instituciones europeas y los Estados miembros deben tener en cuenta el bienestar de los animales como seres sensibles al aplicar sus políticas. Por tanto, el juez planteó si era correcto considerar a un ser sensible como "equipaje" conforme al Convenio de Montreal, que regula la responsabilidad de las aerolíneas en el transporte internacional. El TJUE respondió con claridad: el convenio distingue tres tipos de transporte aéreo internacional -de personas, de equipaje y de carga-, y dentro de estas categorías no se contempla a los animales como pasajeros, sino como parte del equipaje. Por ello, los magistrados concluyen que, a efectos legales, los animales de compañía se consideran equipaje, y que la indemnización por su pérdida o daño, incluido el perjuicio moral, se rige por las mismas reglas que el resto del equipaje. No obstante, matizan que estas normas deben respetar plenamente el bienestar animal durante el transporte. El tribunal también aclara que esto no impide que la compensación sea mayor en el caso de animales, siempre que el pasajero haya hecho una declaración especial de valor antes del vuelo, aceptada por la compañía y acompañada del pago de una tarifa adicional. En el caso que dio origen a esta sentencia, no se realizó dicha declaración, por lo que se aplican los límites generales de responsabilidad previstos para el equipaje facturado.

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(El País, 17-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los trabajadores necesitan más de una vida laboral para comprar una casa en seis comunidades

Hay personas que pasan media vida pagando su casa, y otras que necesitarían vivir dos veces para poder costearla. En España, comprar una vivienda se ha convertido en un problema de enormes proporciones, hasta el punto de que ni siquiera contar con un empleo estable garantiza poder acceder a una. En seis comunidades autónomas, un trabajador medio tendría que dedicar más de 38 años de salario íntegro para comprar un piso en solitario sin superar los límites de esfuerzo financiero recomendados, es decir, más que toda una vida laboral completa. El punto de partida de este cálculo es la recomendación general de no destinar más del 30% de los ingresos brutos mensuales al pago de la vivienda (ya sea hipoteca o alquiler, más los suministros básicos). Este límite, avalado por economistas, bancos y las propias Administraciones públicas, también figura en la Ley Estatal de Vivienda como frontera entre una situación asequible y otra de sobreesfuerzo. Sin embargo, adquirir una casa cumpliendo esa regla hoy parece prácticamente imposible. De acuerdo con los precios actuales y los salarios medios regionales, los españoles necesitarían 38,6 años de trabajo para pagar un piso de 93 metros cuadrados (el tamaño medio, según el Banco de España), según los cálculos de Nuria Badenes Plá, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales (IEF). En otras palabras, aunque una persona destinara el 30% de su sueldo al ahorro desde el primer día de trabajo hasta su jubilación, no llegaría a reunir lo suficiente para comprar una vivienda media. La situación es aún más grave en algunas regiones. Baleares lidera la lista, con más de 57 años necesarios para adquirir un piso, seguida de Madrid (55 años), Cataluña (41,8), País Vasco (41,7), Canarias (40,4) y Andalucía (38,8). Todas superan el umbral simbólico de los 38 años y tres meses de cotización necesarios para jubilarse. También Ceuta y Melilla superarían los 43 años. En el extremo opuesto, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha son las regiones más asequibles, donde se necesitarían entre 22 y 23,5 años de salario para comprar una vivienda dentro del límite del 30%. La Rioja, Asturias, Aragón, Galicia, Murcia y Navarra se sitúan entre 25 y 30 años, mientras que Cantabria y la Comunidad Valenciana se acercan, sin alcanzarla, a la media nacional. Ante este panorama, el Gobierno ha anunciado planes para ampliar el parque público y asequible de vivienda, además de reformas fiscales destinadas a aliviar las tensiones del mercado inmobiliario. Sin embargo, Badenes Plá advierte que "ninguna medida fiscal puede resolver el problema" si no se aborda el precio de la vivienda. "Con unos precios tan elevados, o se interviene directamente en el mercado, o hay que crear un mercado alternativo de vivienda pública con precios regulados y criterios claros de acceso", señala. Las diferencias entre comunidades se explican por la brecha entre precios y salarios. Según datos oficiales de 2023, Madrid tiene el metro cuadrado más caro (3.080 euros), seguida de Baleares (2.958 euros). No obstante, los madrileños, con sueldos algo más altos, pueden comprar hasta 5,6 metros cuadrados al año, mientras que en Baleares solo 5,4. En cambio, en Extremadura y Castilla-La Mancha, donde el metro cuadrado ronda los 1.000 euros, el mismo esfuerzo permitiría adquirir 13 o 14 metros cuadrados anuales. Es decir, lo que en unas regiones da para una habitación, en otras apenas alcanza para un trastero. La desigualdad es tan marcada que parece una caricatura del mercado libre: un extremeño podría pagar una vivienda de 100 metros cuadrados en poco más de 20 años, mientras que un balear necesitaría el triple de tiempo para el mismo inmueble. Incluso en el escenario más extremo -dedicar el 100% del salario a la compra de vivienda-, un trabajador medio tardaría casi 12 años en pagar su casa. En Baleares, serían necesarios 17 años de ingresos íntegros. Los cálculos también incluyen simulaciones hipotecarias: si se solicita un préstamo por el 60% del valor del inmueble, con un interés del 3% anual a 20 años, un balear debería destinar el 70% de su renta a la hipoteca, frente al 27% en Extremadura o Castilla y León. "Esto refleja una enorme desigualdad en bienestar, que no se aprecia en los indicadores económicos tradicionales", concluye Badenes Plá.

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(El Economista, 17-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Aviso de Bruselas a España: el control de alquileres puede desatar burbujas inmobiliarias

Las soluciones simples a problemas complejos rara vez ofrecen buenos resultados. En economía, pocas propuestas resultan tan tentadoras, al menos a primera vista, como la de imponer un límite a los precios. Un ejemplo claro es el control del precio de los alquileres que se aplica en España y en otros países europeos. Se trata de una medida aparentemente lógica, fácil de aplicar, popular y que parece justa: si los inquilinos no pueden pagar, basta con restringir lo que los propietarios pueden cobrar. Sin embargo, como ocurre a menudo en materia económica, lo que parece beneficioso en el corto plazo puede volverse perjudicial a medio y largo plazo. Así lo advierte la Comisión Europea en un reciente informe sobre el mercado de la vivienda en Europa, donde cita el caso español como ejemplo de los posibles riesgos de esta política. El documento concluye que los controles de precios en el alquiler pueden generar efectos negativos con el paso del tiempo, como la reducción de la oferta de viviendas en el mercado, la aparición de mercados paralelos o ilegales, la gentrificación de determinadas zonas -por el traslado de pisos de alquiler tradicional a turístico- o el deterioro del parque inmobiliario, al disminuir la inversión y los incentivos para reformar o construir nuevas viviendas. En el informe, publicado el 14 de octubre por la Comisión Europea, se señala que algunos países de la UE aplican mecanismos de indexación o limitación de rentas, aunque no son muy comunes. Se mencionan especialmente España y Alemania. En el caso español, el tope de subida del alquiler fue del 2% en 2023 y del 3% en 2024, y actualmente los incrementos durante la vigencia del contrato (de cinco o siete años) no pueden superar el valor de un índice de referencia vinculado al IPC. En Alemania, los alquileres se calculan con base en un valor medio de referencia de viviendas similares en la misma localidad, que se revisa cada cuatro o seis años, lo que hace que los ajustes sean mucho más lentos. Los economistas de la Comisión explican que este tipo de regulaciones, aunque buscan aliviar la carga para los inquilinos, pueden tener efectos contraproducentes. "La regulación del mercado del alquiler influye en la evolución del mercado de la vivienda, afectando a la asequibilidad, a las reformas y a la oferta disponible", señalan. Los topes a las rentas tienden a desvincular los precios de factores como la inflación, los costes de construcción o el valor de las viviendas, y si bien pueden ofrecer alivio temporal en momentos de presión, también pueden provocar subidas mayores en las zonas no reguladas. Con el tiempo, advierte el informe, una regulación excesiva puede dividir el mercado en dos -uno regulado y otro libre-, reducir la rentabilidad para los propietarios y desplazar la oferta hacia las áreas sin control, contribuyendo así a la gentrificación. Además, estas políticas frenan las reformas y mejoras en las viviendas, ya que los propietarios no pueden recuperar los costes de las obras. "Un control excesivo puede también inflar los precios de la vivienda y agravar la escasez habitacional, al generar un desajuste entre oferta y demanda que afecta de manera desigual según los niveles de renta", añade el informe. Este desequilibrio, advierte Bruselas, puede estimular burbujas inmobiliarias y aumentar el endeudamiento de los hogares, al empujar a más personas a comprar vivienda, lo que a su vez reduce la estabilidad económica ante posibles crisis financieras. Estas conclusiones no son nuevas. Numerosos estudios académicos coinciden en que los controles de alquileres reducen la oferta, desincentivan la inversión y acaban perjudicando a quienes pretendían proteger. El economista sueco Assar Lindbeck ya advertía hace medio siglo que, "aparte de los bombardeos, los controles de alquiler son la forma más eficaz de destruir una ciudad". Décadas después, diversas investigaciones -entre ellas las del Banco de España- confirman que estas políticas suelen empeorar el acceso a la vivienda y agravar las dificultades de los jóvenes y las familias para emanciparse.

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(El Economista, 17-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los jueces ya aplican la doctrina europea y declaran la nulidad del IRPH hipotecario

Los tribunales españoles han comenzado a aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y están anulando las hipotecas referenciadas al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) por falta de transparencia. Diversos juzgados se apoyan en la sentencia europea del 12 de diciembre de 2024, que exige un control de transparencia sobre las cláusulas que imponían este índice, concluyendo que su aplicación fue abusiva debido a la escasa información ofrecida por las entidades financieras a sus clientes. Entre las resoluciones que han declarado nulo el IRPH destacan la de la Audiencia Provincial de Soria (16 de enero de 2025), la del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de San Sebastián (28 de marzo de 2025) y las del Juzgado de Primera Instancia n.º 16 de Murcia (de diciembre de 2024 y 30 de junio de 2025). Los fallos, sin embargo, han tenido distintos efectos para los consumidores. En algunos casos, los jueces han sustituido el IRPH por el Euríbor, obligando a los bancos a reembolsar los intereses cobrados en exceso. En otros, como en el caso de San Sebastián, el juez anuló completamente el contrato hipotecario, lo que implica que el cliente debe devolver únicamente el capital prestado, sin intereses, mientras que la entidad debe reintegrar todas las cuotas y gastos abonados desde el inicio del préstamo. El TJUE señaló en su resolución que el hecho de que el IRPH sea un índice oficial publicado en el BOE no garantiza que el cliente entienda su funcionamiento ni sus implicaciones. Según el tribunal, los bancos deberían haber explicado que el IRPH se calcula en base a la TAE (Tasa Anual Equivalente) media de los créditos concedidos en el momento de la firma, y que esta tasa incluye no solo intereses, sino también comisiones y otros gastos. Además, las entidades tendrían que haber informado de que el Banco de España, ya en 1994, recomendó aplicar un diferencial negativo al IRPH para compensar su tendencia a situarse por encima de otros índices hipotecarios. En línea con esta interpretación, la Audiencia Provincial de Soria determinó que el contrato carecía de los elementos informativos que exige el TJUE, lo que impidió al consumidor comprender las consecuencias reales de contratar una hipoteca vinculada al IRPH. Por su parte, el Juzgado de San Sebastián coincidió en que el cliente no pudo entender el préstamo al no recibir información esencial, como que el IRPH se basa en la TAE y no en tipos de interés medios. También criticó que no se indicara dónde consultar la evolución y el método de cálculo del índice ni se mencionara la circular del Banco de España de 1994. De igual modo, el Juzgado de Murcia concluyó que la entidad no proporcionó información suficiente sobre la definición del índice ni sobre cómo acceder a ella, omitiendo además referencias a las normas del Banco de España. No obstante, otros tribunales continúan rechazando la nulidad del IRPH, argumentando que aún no existe un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo tras la sentencia europea, por lo que siguen aplicando la jurisprudencia previa que avalaba su legalidad al tratarse de un índice oficial y público. El Tribunal Supremo tiene previsto pronunciarse en breve sobre esta cuestión, con el objetivo de unificar criterios y resolver la actual disparidad entre juzgados. De hecho, el Alto Tribunal ya deliberó sobre la sentencia del TJUE el pasado 1 de octubre, por lo que su decisión podría conocerse en los próximos días.

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(Expansión, 16-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE responderá "apropiadamente" si hay represalia a un país tras amenazar Trump a España

La Comisión Europea (CE) afirmó este miércoles que reaccionará "de manera adecuada" ante cualquier medida comercial dirigida contra un Estado miembro de la Unión Europea (UE), en referencia a las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a España por no aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. "Responderemos de forma apropiada, como siempre hacemos, ante cualquier acción adoptada contra uno o varios de nuestros Estados miembros", declaró el portavoz comunitario, Olof Gill, durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo europeo. No obstante, Gill puntualizó que la Comisión no suele pronunciarse sobre "situaciones hipotéticas" como la planteada por Trump. También recordó que la política comercial es competencia exclusiva de la Comisión Europea, que actúa en representación de todos los países del bloque. Además, destacó que el acuerdo alcanzado el pasado verano entre Estados Unidos y la UE para evitar una guerra comercial sigue siendo el marco de referencia para tratar cualquier asunto relacionado con el comercio. El martes, Trump amenazó a España con sanciones comerciales por no haberse comprometido a destinar el 5% de su PIB a gasto militar, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de mostrar una "falta de respeto increíble" hacia la OTAN. "Considero que es una falta de respeto hacia la Alianza. De hecho, estaba pensando en imponerles (a España) una penalización comercial mediante aranceles por lo que han hecho, y podría hacerlo. Me parece tremendamente irrespetuoso", declaró el mandatario estadounidense durante un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca. Trump, que ya ha criticado anteriormente a España por este mismo motivo, reiteró su descontento con el país, al considerar que es el único miembro de la OTAN que se niega a cumplir con el objetivo del 5% del PIB, manteniendo su nivel de gasto actual en torno al 2,1%.

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(El País, 16-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Vivienda creará un teléfono gratuito, el 047, para atender dudas

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció este miércoles en el Congreso la creación de un número de teléfono corto y gratuito, el 047, destinado a resolver cualquier consulta relacionada con la vivienda. El objetivo es ofrecer asistencia a los ciudadanos, especialmente en lo referente a la normativa vigente en cada comunidad autónoma y a las distintas ayudas disponibles. Para ponerlo en marcha cuanto antes, Rodríguez explicó que llevará la propuesta al próximo Consejo de Ministros para su aprobación y que ya ha solicitado formalmente al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública la asignación del número, en el marco del Plan Nacional de Numeración Telefónica. "Será un canal unificado, accesible y gratuito que ofrecerá información sobre programas de ayudas, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o cualquier otra cuestión que pueda preocupar a los ciudadanos", señaló la ministra. "Con esta medida, ponemos la información pública al servicio del interés general", añadió. La elección del número 047 no es casual: hace referencia al artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Además, su lanzamiento coincidirá con el 47º aniversario de dicho artículo, que se celebra en 2025. Rodríguez también subrayó su compromiso de ofrecer a través de esta línea una "información rigurosa y actualizada sobre la normativa vigente en cada territorio y sobre los programas de ayuda disponibles". El anuncio se enmarca en el desarrollo del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contará con una dotación de 7.000 millones de euros y busca implicar a las comunidades autónomas para impulsar la construcción de vivienda asequible mediante fondos públicos. El ministerio ya ha mantenido varias reuniones con los responsables autonómicos en materia de vivienda y ha abierto el plan a consulta pública, cuyo plazo finalizó el pasado 7 de octubre. En total, se recibieron 362 aportaciones, entre propuestas de las comunidades y de otros agentes del sector. Durante su intervención, la ministra detalló los principales ejes del plan y apeló a la colaboración de las comunidades autónomas. "La vivienda pública debe ser protegida de manera permanente, y así lo contempla este plan", afirmó. Rodríguez destacó que uno de los grandes desafíos del país es el escaso parque de vivienda pública, que solo ha pasado del 2,5% al 3,4% del total. "Es un avance, pero todavía estamos muy lejos de nuestro objetivo. Hay que redoblar esfuerzos y resolver este problema de forma definitiva", concluyó.

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(La Vanguardia, 16-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El INE revisa una décima al alza la inflación de septiembre, hasta el 3%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha corregido al alza la cifra de inflación correspondiente a septiembre, situándola finalmente en el 3%, una décima más de lo previsto inicialmente y tres décimas por encima del dato de agosto. Este repunte refleja la dificultad para reconducir los precios hacia niveles normales, amplía la brecha con la zona euro -donde el índice se sitúa en el 2,2%- y devuelve al IPC a su nivel más alto del año, igualado con el de febrero. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, se mantiene en el 2,4%, igual que en agosto, aunque una décima superior a la estimación preliminar publicada a mediados de septiembre. Desde el Ministerio de Economía atribuyen el incremento al llamado efecto base de los carburantes y, en menor medida, de la electricidad, que este año han descendido menos que en el mismo mes de 2023. La comparación con aquel septiembre -el mes con la inflación más baja en los últimos cuatro años y medio, del 1,5%, debido a la fuerte caída de los precios de los combustibles- hacía prever un resultado más elevado este año. No obstante, la variación mensual ofrece un dato positivo: los precios bajaron un 0,3% respecto a agosto, algo habitual tras el verano. Los paquetes turísticos nacionales se abarataron un 28,7%, los internacionales un 4,6% y los vuelos, tanto nacionales como extranjeros, descendieron un 22%. En un contexto de crecimiento económico sólido, con reducción del desempleo y una deuda pública en retroceso respecto al PIB, la inflación se mantiene como el principal desafío macroeconómico, al tener un impacto directo en el poder adquisitivo de los hogares. Los alimentos y bebidas no alcohólicas ilustran bien esta situación: tras dos meses de descensos interanuales, sus precios volvieron a subir, del 2,3% al 2,4%. Desde el Gobierno se destaca que algunos productos, como el aceite de oliva, han registrado fuertes caídas -un 43% menos en el último año-, lo que beneficia al consumidor. Sin embargo, otros artículos esenciales continúan encareciéndose con fuerza: el café sube un 19,9%, los huevos un 17,5%, la carne de vacuno un 16,5% y el chocolate un 15,6%, entre otros. Otro aumento destacado es el de la tasa de recogida de basuras, que se dispara un 30,3%, coincidiendo con la aplicación de una nueva tarifa obligatoria por mandato europeo. Según Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, "los servicios -impulsados por la presión demográfica y el turismo- y los alimentos frescos siguen siendo los principales motores inflacionistas. Además, la electricidad ha dejado de ser un elemento favorable respecto a la zona euro, especialmente desde el apagón de abril". Aun así, considera que la inflación podría moderar su ritmo en los próximos meses gracias a los efectos base. Si no se producen shocks imprevistos, como una intensificación de la guerra comercial, esa mejora podría notarse a partir de noviembre y diciembre, ya que el final de 2024 registró un repunte fuerte de precios y la comparación interanual será más favorable. "Probablemente este sea el punto máximo del año; a partir de ahora podría bajar gradualmente hasta el 2,6% o 2,7%", estima el economista Javier Santacruz, quien advierte de la persistencia de precios altos en alimentos y energía. Por su parte, Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, considera que no hay motivo de alarma: "Aunque España crece muy por encima de la media de la zona euro, su inflación subyacente está en niveles similares. La diferencia se explica principalmente por la energía, pero esa brecha se reducirá pronto". Por regiones, Ceuta (3,9%), Madrid (3,5%) y Comunidad Valenciana (3,4%) registran las mayores subidas de precios, mientras que Canarias (2,2%), Murcia (2,4%) y Cataluña (2,6%) presentan los incrementos más moderados.

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(Cinco Días, 15-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España se consolida como una de las economías más dinámicas de la zona euro, con un crecimiento del 2,9% en 2025

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado de forma notable sus previsiones de crecimiento para España, al tiempo que alerta de una pérdida de impulso en la economía mundial. Según su último informe, España crecerá un 2,9% en 2025 y un 2% en 2026, cifras que consolidan al país como una de las economías más dinámicas de la zona euro. Esta revisión supone una mejora de cuatro décimas respecto a las estimaciones publicadas en julio. Mientras tanto, el FMI advierte de que la economía global se está enfriando, afectada por la ralentización del comercio internacional derivada de la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos, así como por los altos niveles de deuda pública acumulada en muchos países. Estas conclusiones se recogen en el último Informe sobre Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), presentado coincidiendo con la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, celebrada esta semana en Washington D.C. El informe refleja que la eurozona apenas crecerá un 1,2% en 2025, una leve mejora frente a 2024, pero muy por debajo del promedio mundial, estimado en el 3,2%. Entre las grandes economías del bloque, Alemania apenas avanzará un 0,2%, Francia un 0,7% e Italia un 0,5%, lo que contrasta con el vigor del crecimiento español, impulsado por el consumo interno y el buen desempeño del turismo. Sin embargo, el organismo prevé que ese dinamismo se modere en 2026. El FMI también advierte de un debilitamiento estructural en la economía europea, derivado de la baja inversión y de la incertidumbre generada por las tensiones comerciales. Además, anticipa un repunte del déficit público en la eurozona, especialmente en Alemania, donde el aumento del gasto en defensa y en infraestructuras presionará las finanzas del Estado. Si se cumplen sus proyecciones, la deuda pública europea alcanzará el 92% del PIB en 2030, frente al 87% previsto para 2024. La buena noticia es que el FMI prevé que la inflación mundial se modere al 4,2% en 2025 y, baje hasta el 3,7% en 2026. Sin embargo, también advierte de la existencia de presiones divergentes, con los precios al alza en EEUU, donde el IPC básico ya ha empezado a repuntar, mientras que se mantiene a la baja en Europa y Asia. En la eurozona, la inflación se mantendrá en torno al 2,1%, dentro del objetivo fijado por el Banco Central Europeo (BCE). Eso implica, al mismo tiempo, una política monetaria "cada vez más divergente" a nivel global. Se espera que la Reserva Federal de EEUU aplique recortes graduales, mientras que la institución europea será más prudente tras una desescalada más rápida en los últimos meses. Por otro lado, el Banco de Japón podría seguir revisando al alza los tipos en próximas reuniones. Con esta situación, y bajo la premisa de un "nuevo panorama económico mundial que se perfila poco a poco", el FMI describe un mundo fragmentado por el proteccionismo, la deuda y la falta de reformas estructurales. Las políticas fiscales expansivas, la caída de la ayuda internacional y las restricciones migratorias "están configurando un entorno de bajo crecimiento y mayor desigualdad", advierte el organismo. "El mundo se está adaptando a un nuevo equilibrio de poder económico, pero la adaptación es costosa y desigual". La combinación de riesgos comerciales, fiscales y financieros anticipa, según el FMI, "una década de crecimiento más bajo y vulnerabilidades crecientes".

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(Expansión, 15-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La JUR pide reforzar los depósitos ante el éxito de los neobancos

El notable crecimiento que están experimentando neobancos como Revolut en Europa podría convertirse en el impulso que lleve a las autoridades comunitarias a avanzar finalmente hacia la mutualización de la garantía de depósitos en toda la zona euro. Así lo señaló ayer Dominique Laboureix, presidente de la Junta Única de Resolución (JUR), durante una rueda de prensa previa a la conferencia anual que se celebra hoy en Bruselas. "El mercado está evolucionando", explicó Laboureix, recordando que en toda la zona euro los depósitos están protegidos hasta 100.000 euros por persona y por entidad. Sin embargo, en el caso de que un neobanco quebrara y no fuera sometido a un proceso de resolución, sino a una liquidación, sería el fondo de garantía de depósitos nacional el responsable de proteger a los clientes afectados. En el caso de Revolut, por ejemplo, el fondo que respalda sus depósitos se encuentra en Lituania, pese a que el banco digital cuenta con más de 50 millones de usuarios distribuidos por toda Europa. Situaciones como esta, advirtió el presidente de la JUR, podrían generar una paradoja: millones de clientes en países como Alemania tendrían que acogerse, en caso de liquidación, a la protección de fondos de países con menor capacidad fiscal, como Lituania o Chipre. Con el fin de reducir los posibles riesgos para los clientes de los neobancos y garantizar un trato equitativo a todos los depositantes de la eurozona, Laboureix considera que este nuevo contexto refuerza la necesidad de mutualizar los fondos de garantía para que funcionen de manera solidaria. "Lo que digo es que la realidad actual del mercado podría crear las condiciones necesarias para avanzar hacia la mutualización de los fondos de garantía, asegurando que todos los clientes estén protegidos por igual. Esto fortalecerá la resiliencia del sistema y protegerá al contribuyente", argumentó. El presidente de la JUR defendió además la importancia de ampliar el alcance de la supervisión y regulación a la llamada banca en la sombra, un sector que ha ganado relevancia en los últimos años dentro del sistema financiero. "No se trata de regularlo todo ni de aplicar las mismas normas a todos, pero si algunos de estos actores, al caer, pueden provocar un contagio en el sistema financiero, quizá deberíamos establecer al menos un marco regulatorio básico", señaló. Laboureix abogó por una normativa que garantice una adecuada gestión del riesgo dentro del sector de entidades no reguladas. "No se trata de controlar a todos, sino a aquellos con carácter sistémico. Si uno de estos grandes actores colapsa, ¿qué hacemos? Es mejor contar con unas reglas mínimas", concluyó.

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