La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 2,0% en mayo, lo que supone una moderación de dos décimas respecto al mes anterior, según los datos publicados. Esta desaceleración se explica principalmente por el comportamiento de los precios en los grupos de ocio y cultura, y vivienda. En el caso de ocio y cultura, la tasa anual bajó hasta el 0,5%, 2,2 puntos menos que en abril. Esta caída se debió a la bajada de precios de los paquetes turísticos, en contraste con la subida registrada en el mismo mes del año anterior. Por su parte, los precios de la vivienda también se moderaron, con una variación del 3,8%, cuatro décimas menos, debido a un aumento más contenido del precio de la electricidad.
En sentido contrario, los alimentos y bebidas no alcohólicas presionaron al alza la inflación, con una tasa del 2,5%, cinco décimas por encima del dato de abril. Este repunte se atribuye principalmente al encarecimiento de las frutas. La inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, también experimentó una leve desaceleración y se situó en el 2,2%, dos décimas menos que el mes anterior.
En términos mensuales, el IPC general registró un ligero aumento del 0,1%. Entre los grupos que más contribuyeron a este avance destacan vestido y calzado, con un incremento del 2,5% por la entrada de la temporada primavera-verano, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con una subida del 0,5%, impulsada por el encarecimiento de frutas y, en menor medida, de la carne.
Por el contrario, ocio y cultura presentó una variación mensual negativa del -1,9% debido a la bajada de los paquetes turísticos, mientras que el transporte descendió un 1,0% como consecuencia de la reducción de los precios de los carburantes y el transporte aéreo. Todas las comunidades autónomas registraron tasas interanuales positivas. Illes Balears y el País Vasco marcaron las más altas, con un 2,4%, mientras que la Región de Murcia tuvo la más baja, con un 1,3%. En cuanto al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), la tasa interanual también fue del 2,0%, dos décimas menos que en abril, y la tasa mensual permaneció estable, con un 0,0%.
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha abogado por una mayor colaboración internacional durante un discurso pronunciado este miércoles en Pekín, donde instó a todas las partes implicadas a hacer concesiones con el fin de aliviar las tensiones comerciales globales. "Cada país debería revisar sus políticas estructurales y fiscales para analizar en qué medida están contribuyendo al aumento de esas tensiones", afirmó Lagarde. Sus declaraciones coinciden con el anuncio de un nuevo pacto entre Estados Unidos y China para rebajar la confrontación comercial, aunque las medidas arancelarias impulsadas por Donald Trump continúan vigentes, especialmente en su pulso contra el gigante asiático.
Aunque Lagarde evitó mencionar directamente al expresidente estadounidense, su intervención giró en torno a las consecuencias económicas del agresivo enfoque arancelario de Trump, motivado por el elevado déficit comercial estadounidense, en particular con China. La Unión Europea también se ha visto afectada por estas medidas, en un contexto en el que aún se encuentra pendiente de cerrar su propio acuerdo comercial con EE. UU. Esta incertidumbre se ha convertido en un factor clave en las perspectivas económicas y podría influir en futuras decisiones del BCE sobre los tipos de interés.
Según Lagarde, el uso de medidas comerciales punitivas no contribuye a corregir los desequilibrios globales. Por el contrario, advirtió sobre los riesgos de una escalada de represalias que solo agravaría los conflictos económicos entre países. Recordó que todos los actores han adoptado decisiones que han generado los actuales desajustes en el comercio internacional y, por ello, hizo un llamamiento al compromiso y la voluntad de ceder por parte de todos.
La presidenta del BCE señaló que, desde el punto de vista de la oferta, ha habido un incremento considerable de políticas industriales enfocadas en fortalecer la capacidad productiva nacional. En concreto, desde 2014 se ha triplicado el número de medidas que incluyen subvenciones con efectos distorsionadores sobre el comercio global. Aunque la referencia parecía apuntar a China, Lagarde aclaró que esta tendencia se observa tanto en economías emergentes como en países desarrollados.
En cuanto a la demanda global, explicó que su concentración ha aumentado, especialmente en Estados Unidos. Hace diez años, el país norteamericano generaba menos del 30% de la demanda total del G-20, mientras que actualmente representa cerca del 35%. Este desequilibrio obedece, según Lagarde, tanto al exceso de ahorro en ciertas regiones -como Alemania- como al descontrol del gasto público en otras -en particular, EE. UU.-, agravado por la reforma fiscal impulsada por Trump, que incrementó el déficit fiscal del país.
"Es cierto que no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos asumir la responsabilidad sobre nuestras propias decisiones", subrayó Lagarde. Según explicó, adoptar medidas responsables no solo beneficia al sistema económico global, sino también fortalece las economías nacionales a largo plazo.
Lagarde insistió en la importancia de respetar y fortalecer las normas internacionales, ya que ello genera confianza y facilita respuestas recíprocas. Aunque este tipo de medidas se sitúa fuera del ámbito de la política monetaria, aseguró que los bancos centrales pueden jugar un papel importante como defensores del multilateralismo en un contexto global cada vez más inestable.
En el marco de esta visita a Pekín, Lagarde y Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular de China, firmaron un nuevo Memorando de Entendimiento (MdE) para reforzar la cooperación entre ambas instituciones. Este documento actualiza el acuerdo alcanzado en 2008 e incluye mecanismos de intercambio de información, diálogo periódico y colaboración técnica. "Es esencial mantener la cooperación internacional, y me complace haber firmado este MdE junto al gobernador Pan como muestra del compromiso continuo entre el BCE y el Banco Popular de China", concluyó Lagarde.
Washington mantendrá los aranceles sobre los productos importados desde China en un 55%, al tiempo que eliminará las restricciones sobre tecnología, mientras que Pekín aplicará un arancel del 10% y reanudará el envío de tierras raras. "Nosotros nos quedamos con un 55% en aranceles, China se queda con el 10%. ¡La relación es excelente! ¡Gracias por su atención!", anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de sus redes sociales, dando a conocer el nuevo entendimiento alcanzado entre ambos países. Este pacto supone una nueva pausa en la guerra comercial mientras se sigue negociando un acuerdo definitivo.
Trump también reveló que se suspenderá la revocación de visados a estudiantes chinos en Estados Unidos, permitiéndoles continuar sus estudios en universidades del país. "¡Siempre estuve de acuerdo con esto!", comentó el mandatario, dando a entender que la amenaza anterior fue solo una táctica de presión. Además, destacó que "China adelantará el suministro de imanes y tierras raras".
Aunque en un primer momento se presentó como un gran logro para la política proteccionista de Trump, fue el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien aclaró más adelante los detalles del acuerdo alcanzado en Londres tras dos intensas jornadas de negociaciones que concluyeron el martes por la noche.
El pacto aún no entra en vigor, ya que requiere la firma oficial de ambos jefes de Estado. Sin embargo, queda claro que Trump lo ve como una victoria, mientras que muchos expertos se cuestionan por qué Xi Jinping aceptaría este acuerdo, teniendo en cuenta la posición de fuerza de China en el mercado global de tierras raras, del cual controla el 90%. Estas materias primas son esenciales en sectores como la automoción eléctrica y la industria militar.
En realidad, el acuerdo actual replica las condiciones ya establecidas semanas atrás en Ginebra, aunque Trump ha presentado los números de forma que parecen más favorables para Estados Unidos. Entonces, se pactó que Washington reduciría los nuevos aranceles al 30% y China los dejaría en el 10%. Lo anunciado ahora no varía respecto a ese escenario.
La cifra del 55% en aranceles que Trump destaca incluye impuestos heredados de su propia administración anterior y del mandato de Joe Biden. Estas tasas no estaban contempladas en las conversaciones recientes, ni en Ginebra ni en Londres. Por lo tanto, el porcentaje total nunca ha cambiado realmente.
Respecto a las visas para estudiantes chinos, Trump las usó como amenaza tras acusar a China de incumplir el pacto suizo durante la tregua de 90 días. En paralelo, endureció las restricciones a las exportaciones tecnológicas hacia China, particularmente en el ámbito de los chips y la inteligencia artificial, con un doble objetivo: forzar a Pekín a hacer concesiones y desviar la atención en medio del caos judicial provocado por una sentencia del Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU., que declaró ilegales muchos de los aranceles.
La reacción del Gobierno chino fue inmediata: suspendió completamente las exportaciones de tierras raras, que ya estaban limitadas desde el inicio de la guerra comercial. La reanudación del diálogo se produjo tras una conversación telefónica entre los presidentes de ambas potencias la semana pasada, lo que permitió retomar la vía diplomática y organizar las negociaciones en Londres. La delegación estadounidense estuvo encabezada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el de Comercio, Howard Lutnick, quien expresó su "gran satisfacción con los resultados alcanzados".
Los auditores han manifestado su preocupación por la reciente propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que plantea elevar los umbrales que obligan a las empresas a someterse a auditorías, lo que -según cálculos del propio Ejecutivo- podría dejar fuera de esta obligación a unas 4.000 compañías. El departamento dirigido por Carlos Cuerpo ha presentado un Anteproyecto de Ley que modifica los criterios de tamaño empresarial a efectos de información corporativa, texto que ya ha pasado por dos periodos de consulta pública. La propuesta más destacada es el aumento del 25% en los límites relacionados con el valor de los activos y la facturación anual, lo que ha encendido las alarmas entre los profesionales del sector, que advierten del impacto negativo en la transparencia financiera y en su actividad profesional.
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y el Consejo General de Economistas (CGE) han solicitado formalmente al Gobierno que retire y revise el anteproyecto antes de que llegue al Congreso. En un comunicado conjunto, ambas entidades insisten en mantener los umbrales actuales o, en su defecto, aplicar un incremento más moderado.
Aunque el Ejecutivo argumenta que la modificación busca simplificar las obligaciones de presentación de información corporativa, el presidente del ICJCE, Víctor Alió, lo cuestiona. Según Alió, se está malinterpretando la función de la auditoría, que no debe verse como una carga burocrática, sino como una herramienta clave para la gestión empresarial y la eficiencia. Esta es una de las ideas que se recoge en el documento presentado por el ICJCE como respuesta a la propuesta ministerial, al que ha tenido acceso El País.
Entre los argumentos de los auditores destaca la idea de que esta modificación supone un retroceso en la lucha contra la economía sumergida. Alertan de que eximir a miles de pymes de auditar sus cuentas reducirá la calidad de la información disponible para accionistas, entidades financieras y administraciones, aumentará la probabilidad de errores contables y abrirá la puerta a prácticas fraudulentas, como la evasión fiscal. Para el presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, los beneficios que aporta la auditoría -tanto para la sociedad como para el sistema fiscal y la buena gobernanza- superan ampliamente sus costes.
Lejos de suponer un ahorro para las pequeñas empresas, la medida podría acarrear mayores gastos a medio plazo, sostienen los expertos. Emilio Álvarez, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA-CGE), advierte que reducir la obligatoriedad de las auditorías debilita la cultura del control interno y aumenta los riesgos en procesos fundamentales como la obtención de financiación, el acceso a licitaciones públicas y la correcta gestión de ayudas y subvenciones. También alerta de que si las pymes rebajan sus controles, esas deficiencias podrían repercutir en sus proveedores, incluidos los de mayor tamaño.
La reforma planteada también tendría consecuencias negativas sobre la competencia en el sector de la auditoría. Según Isabel Ezponda, presidenta de la Comisión de pequeños y medianos despachos del ICJCE, la propuesta va en contra de los objetivos marcados por la reforma de la Directiva Europea sobre Auditoría y la legislación española de 2015, que buscaban desconcentrar el sector y fomentar una mayor competencia. En cambio, al reducir el número de empresas sujetas a auditoría, se pondría en riesgo la viabilidad de muchas firmas pequeñas y empleos asociados.
Por último, los auditores critican que no se justifica adecuadamente el incremento del 25% en los umbrales propuestos. Si bien es cierto que esa cifra se basa en la actualización de criterios aprobada por la Unión Europea -ajustada a la evolución de los precios en Europa entre 2013 y 2023-, señalan que la inflación en España ha seguido una trayectoria distinta. Por ello, consideran que el incremento debería adaptarse a la realidad económica nacional, lo que implicaría una corrección a la baja del porcentaje planteado.
El oro atraviesa un momento de esplendor sin precedentes. El preciado metal ha superado al euro como el segundo activo de reserva más importante a nivel global entre los bancos centrales, impulsado por compras sin precedentes y una tendencia alcista en su cotización. Así lo señala el informe anual del Banco Central Europeo (BCE), publicado este miércoles y citado por el Financial Times.
Según el BCE, en 2024 los lingotes representaron el 20% de las reservas oficiales internacionales, situándose por encima del euro, que ocupa el 16%. Solo el dólar estadounidense mantiene una posición superior, con el 46% del total. "Los bancos centrales siguieron acumulando oro a un ritmo sin precedentes", afirma el informe.
Por tercer año consecutivo, estas instituciones adquirieron más de 1.000 toneladas del metal, lo que equivale a una quinta parte de la producción anual global y duplica las cifras medias registradas durante la década de 2010.
Las reservas de oro en poder de los bancos centrales alcanzaron las 36.000 toneladas en 2024, acercándose al récord de 38.000 toneladas registrado en los años sesenta. "Actualmente, los bancos centrales poseen casi tanto oro como en 1965", destaca el informe, lo que confirma que están cerca de igualar los niveles históricos más altos.
Este crecimiento deja al euro relegado por debajo del oro en la jerarquía de los activos de reserva mundiales. La proporción de euros en las reservas internacionales se ha mantenido prácticamente sin cambios desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Christine Lagarde, presidenta del BCE, subrayó que "respetar el Estado de derecho sigue siendo fundamental para conservar, y eventualmente aumentar, la confianza internacional en el euro".
Aunque no se observan variaciones significativas en el uso global del euro, el BCE advierte sobre la necesidad de permanecer vigilantes, ya que algunos países están explorando otras vías frente a los sistemas de pagos transfronterizos convencionales.
Uno de los factores clave en el ascenso del oro fue el incremento del 30% en su precio durante el último año. "Esta combinación de acumulación de reservas y altos precios convirtió al oro en 2024 en el segundo activo de reserva más relevante del mundo, a precios de mercado, solo por detrás del dólar estadounidense", puntualiza el organismo europeo.
Este repunte coincide con el auge del oro como valor refugio, alimentado por la incertidumbre financiera y los aranceles impuestos por el expresidente de EE.UU., Donald Trump. En abril, el metal superó por primera vez en la historia los 3.000 dólares por onza, y actualmente cotiza en torno a los 3.350 dólares.
La reciente bajada de los tipos de interés llevada a cabo por el Banco Central Europeo la semana pasada ya ha tenido un impacto directo en la subasta de letras del Tesoro celebrada este martes. En total, el Tesoro ha emitido 2.480 millones de euros en deuda a tres y nueve meses, con rendimientos notablemente inferiores a los de anteriores emisiones. Las letras a nueve meses se adjudicaron con una rentabilidad marginal del 1,947%, el nivel más bajo desde septiembre de 2022. Por su parte, las letras a tres meses ofrecieron un 1,89%, también el menor rendimiento registrado en los últimos dos años y medio.
Este nuevo recorte de tipos, el séptimo consecutivo por parte del BCE, ha permitido abaratar los costes de financiación para el Estado, aunque a costa de reducir los beneficios para los inversores más conservadores. A pesar de ello, la demanda por deuda pública española continúa siendo elevada: se recibieron solicitudes por un total de 6.176 millones de euros, lo que representa una ratio de cobertura de 2,5 veces sobre la oferta.
La mayor parte de la emisión, 1.625,78 millones, correspondió a las letras a nueve meses, cuya rentabilidad fue inferior a la de la subasta anterior. Los pequeños ahorradores, que han encontrado en estos productos una forma sencilla y segura de protegerse contra la inflación, siguen mostrando un fuerte interés por este tipo de deuda. Prueba de ello es que las órdenes no competitivas -que suelen venir del ahorro minorista- alcanzaron los 122,37 millones de euros, frente a los 68,8 millones registrados en la anterior subasta, realizada antes del último recorte del BCE.
En cuanto a las letras a tres meses, se colocaron 853,99 millones de euros con un interés marginal del 1,89%. La demanda por parte de los inversores particulares también se mantuvo sólida, con órdenes que sumaron 268,29 millones, aunque algo inferiores a las del mes pasado.
La relajación de la inflación en la zona euro, que ya se sitúa por debajo del 2%, ha permitido al BCE seguir adelante con su política de flexibilización monetaria, iniciada hace un año. Esta estrategia ha supuesto un alivio para la financiación de gobiernos, empresas y familias con deudas. No obstante, también ha implicado una menor rentabilidad para el ahorro tradicional.
A diferencia de otras épocas en las que los bancos respondían a los tipos altos ofreciendo mayores intereses por los depósitos, esta vez las entidades financieras han optado por no mejorar la remuneración del ahorro, incluso cuando los tipos de referencia se encontraban en máximos históricos. La amplia disponibilidad de liquidez en el sistema bancario ha sido determinante para este comportamiento. En este contexto, las letras del Tesoro se han consolidado como una opción atractiva para quienes buscan preservar capital y obtener un retorno a corto plazo sin asumir demasiados riesgos.
Sin embargo, los analistas advierten que una continuación en la bajada de tipos podría cambiar este panorama. De hecho, en los últimos meses se ha observado un incipiente cambio de tendencia, con más inversores optando por plazos intermedios, como los bonos a tres y cinco años, con el objetivo de asegurar una rentabilidad superior ante la posible caída futura de los rendimientos a corto plazo.
Estados Unidos y China han alcanzado un acuerdo preliminar que servirá como base para avanzar en la tregua comercial que pactaron el mes pasado y tratar de poner fin a la denominada guerra de aranceles. Según medios estatales chinos citados por Associated Press, los detalles de este nuevo marco, acordado tras dos días de intensas negociaciones en Londres, se darán a conocer hoy.
Este entendimiento inicial representa un punto de partida común sobre el cual se apoyarán los próximos encuentros entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump, tras los contactos que mantuvieron la semana pasada. Li Chenggang, integrante del equipo negociador chino, indicó a la agencia estatal Xinhua que ambas delegaciones sostuvieron conversaciones "profesionales, racionales, profundas y sinceras" durante los últimos dos días.
Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, expresó este miércoles en Pekín que "las políticas comerciales coercitivas no solucionan los desequilibrios" y subrayó la necesidad de "actuar" para "prevenir una escalada de tensiones perjudiciales para todas las partes" a nivel global.
Durante su visita a la capital china, donde se reúne con representantes del Banco Popular de China, Lagarde destacó ayer en la red social X que "en los últimos años han aumentado las tensiones comerciales y el complejo entorno geopolítico, lo que complica cada vez más la cooperación internacional".
A su juicio, es esencial que todos los actores trabajen para "preservar la cooperación", especialmente en un contexto donde la globalización ha avanzado en un mundo en el que no todos los países comparten las mismas garantías de seguridad. Lagarde advirtió que "crecen las fricciones entre regiones con intereses geopolíticos divergentes", mientras que al mismo tiempo "la interdependencia económica es más profunda que nunca".
"Históricamente, las medidas unilaterales para enfrentar fricciones globales han sido insuficientes", afirmó. "Esto implica que, aunque el incentivo para colaborar disminuye, los costos de no hacerlo aumentan significativamente", añadió. Finalmente, sostuvo que "las políticas comerciales coercitivas no son una respuesta duradera. El proteccionismo intenta corregir desequilibrios, pero no aborda sus causas fundamentales, y en cambio debilita las bases de la prosperidad global".
El creciente peso de India como potencia emergente y el interés por diversificar alianzas ante la incertidumbre que genera la relación con Estados Unidos han llevado a la Comisión Europea a intensificar sus esfuerzos por estrechar lazos con el país asiático. India es vista por muchos analistas económicos y geoestratégicos como "la nueva China", una tierra de oportunidades que se ha consolidado como un actor clave en la región, especialmente desde que superó a China como el país más poblado del mundo en 2023, con 1.400 millones de habitantes y un crecimiento económico que supera el 6% anual.
A pesar de los desafíos que implica operar en su mercado, India se ha convertido en un destino altamente atractivo para las principales economías. La Unión Europea está decidida a cerrar un acuerdo comercial con el país antes de que finalice el año, una prioridad estratégica que cobra aún más relevancia en el actual contexto de tensiones con Washington.
Desde que se retomaron las conversaciones para un tratado de libre comercio en junio de 2022, la Comisión Europea ha celebrado once rondas de negociación. En la más reciente, que tuvo lugar en mayo, ya se alcanzaron consensos en aspectos como la transparencia, la normativa regulatoria, las aduanas, la propiedad intelectual y la cooperación administrativa.
Los contactos políticos han sido constantes. Ayer mismo, el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, se reunió con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la Alta Representante Kaja Kallas y el comisario de Defensa, Andrius Kubilius. "La alianza UE-India se fortalece. Estamos avanzando hacia una agenda estratégica que abarca comercio, tecnología, innovación, seguridad y defensa", destacó Von der Leyen tras el encuentro.
Uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, un instrumento con el que la UE grava las importaciones procedentes de países con regulaciones medioambientales más laxas. El objetivo es evitar la competencia desleal de productos más contaminantes frente a los fabricados bajo los estándares europeos.
Otro frente delicado son las normas de origen, que determinan la procedencia real de un producto. Estas reglas son fundamentales para garantizar que los beneficios del acuerdo se apliquen correctamente y no se utilicen terceros países como simples plataformas de envío.
Aunque aún no se ha cerrado el tratado, los lazos económicos entre la UE e India han crecido con fuerza en los últimos años. El comercio de bienes entre ambas partes ha aumentado casi un 90% en la última década. En 2024, este comercio alcanzó un valor de 120.000 millones de euros, lo que representa el 11,5% del total comercial de India. Esto convierte a la UE en su segundo socio comercial más relevante. A su vez, India es el noveno para la UE, representando el 2,4% del total, por detrás de Estados Unidos, China y el Reino Unido, lo que demuestra que hay un margen significativo de crecimiento.
Las importaciones europeas desde India se concentran en maquinaria, productos químicos, metales, minerales y textiles, mientras que la UE exporta principalmente maquinaria, electrodomésticos, vehículos y productos químicos. El comercio de servicios, por su parte, sumó 59.700 millones de euros.
No obstante, desde Bruselas advierten que el entorno comercial indio sigue siendo complicado. Entre los principales obstáculos mencionan las trabas técnicas, las normas sanitarias y fitosanitarias, la falta de alineación con estándares internacionales y ciertas medidas legislativas o administrativas discriminatorias, que afectan a sectores clave como bienes, servicios, contratación pública e inversión.
Además del acuerdo comercial, la UE también está negociando un tratado de protección de inversiones que garantice un trato justo y equitativo para los inversores europeos. Este aspecto es crucial, considerando que la inversión directa de la UE en India ha alcanzado los 140.100 millones de euros en 2023, frente a los 82.300 millones de 2019, lo que convierte al bloque comunitario en uno de los mayores inversores en el país.
El Banco de España ha reconocido que persiste una "notable incertidumbre" sobre la cuantía y el destino final de los fondos europeos que se canalizaron a través del plan de recuperación aprobado tras la pandemia. En su informe de previsiones económicas publicado este martes, señala que "en 2024, como ya ocurrió en años anteriores, la ejecución de estos fondos en España ha sido algo menor de lo previsto". Aunque las proyecciones contemplan que se utilizarán en su totalidad, el informe advierte que, dado que el programa europeo está cerca de su conclusión, será necesario acelerar significativamente su implementación entre 2025 y 2026.
Queda poco más de un año para agotar el plazo de uso de las ayudas europeas no reembolsables, que expira en agosto de 2026. A finales de 2024, España había gastado solo 32.000 millones de los cerca de 80.000 millones concedidos en subvenciones directas, lo que representa apenas el 40% del total, según datos de Eurostat. En comparación, la media europea es del 45%. Solo en 2024 se desembolsaron alrededor de 12.000 millones. Además, hay otros 80.000 millones en forma de préstamos en condiciones favorables que deben asignarse antes de agosto de 2025. Aunque España fue uno de los países que más rápidamente accedió a los fondos, ahora se encuentra rezagado, y ya ha renegociado en cinco ocasiones sus hitos y objetivos para poder seguir recibiendo los desembolsos. Si se considera el conjunto de fondos, incluyendo los créditos, el país ha ejecutado cerca del 20%, frente a cifras superiores al 70% en países como Francia, Dinamarca o Países Bajos, aunque estos recibieron importes menores.
Ante esta situación, el Banco de España subraya la necesidad de "acelerar de forma considerable" la ejecución, según ha afirmado el director general de Economía del organismo, Ángel Gavilán. Se espera además una recuperación de la inversión, que se había quedado atrás tras la pandemia, impulsada por este mayor ritmo en el uso de los fondos, la bajada de los tipos de interés y el impulso del sector residencial.
El Banco también prevé un pequeño impulso al PIB debido al plan de gasto en defensa del Gobierno español, aunque también destaca la incertidumbre sobre el alcance y el detalle de dicho plan. Se estima que el importe total equivale al 0,6% del PIB, considerando los préstamos, pero que el gasto directo de las Administraciones se limitaría al 0,2%. Aplicando un multiplicador fiscal aproximado de 0,5, basado en experiencias anteriores, esto supondría un aumento del crecimiento de una décima en 2025. Si ese dinero se destinara a inversión nacional, el efecto podría duplicarse.
El gobernador José Luis Escrivá ya había adelantado una revisión a la baja de las previsiones económicas: el crecimiento previsto para este año se reduce del 2,7% al 2,4%, lo que indica una desaceleración respecto al 3,2% registrado en 2024. Esta rebaja se debe en parte a un primer trimestre con resultados más débiles de lo estimado y a las últimas revisiones del INE, que muestran un menor dinamismo previo al incremento de las tensiones comerciales. Dos décimas adicionales se pierden por el deterioro de las relaciones comerciales, especialmente tras los anuncios de medidas arancelarias por parte de Trump, que ya están afectando la confianza empresarial y podrían impactar negativamente en exportaciones, consumo e inversión. No obstante, el Banco compensa parcialmente esta revisión con una décima adicional por el efecto del gasto en defensa y mejoras en las condiciones energéticas y financieras.
Pese a todo, se trata de revisiones relativamente moderadas en un contexto con muchos factores inciertos. Aunque las exportaciones españolas tienen una exposición directa limitada al mercado estadounidense, un 30% de las empresas consultadas por el Banco de España señalan que se verían afectadas por un conflicto comercial, sobre todo de manera indirecta. Por ello, el organismo ha diseñado un escenario alternativo más pesimista: en su previsión base, se parte de unos aranceles del 10% sin represalias, una resolución progresiva del conflicto con China y cierta normalización en los mercados. Pero en el escenario de riesgo, se contemplan aranceles del 20% a la UE, medidas de represalia, una guerra comercial con China, inestabilidad financiera por dudas sobre la deuda de EE. UU. y un clima prolongado de incertidumbre que afectaría negativamente al consumo y la inversión. En este escenario, el crecimiento español en 2025 se reduciría al 2%, y en 2026 caería hasta el 1,1%.
De cara al segundo trimestre de 2025, el Banco prevé un crecimiento económico de entre el 0,5% y el 0,6%, una ligera ralentización respecto a la trayectoria observada en los últimos dos años. Este enfriamiento es coherente con la evolución esperada de los factores estructurales, ya que el efecto dinamizador del turismo y la inmigración empieza a moderarse. El organismo también anticipa una estabilización del turismo tras el fuerte repunte pospandemia, aunque sigue siendo una de las prioridades de gasto de los hogares europeos. Se espera, además, que las exportaciones de servicios pierdan algo de fuerza, ya que suelen ir acompañadas de bienes exportables, y estos están siendo afectados por la incertidumbre global. Por su parte, el consumo privado será el principal motor del crecimiento gracias a la mejora del empleo y de las rentas, mientras que la inversión recuperará impulso y el gasto público se moderará tras los niveles excepcionales alcanzados durante la pandemia.
En el mercado laboral se prevé que el empleo continúe creciendo, aunque a un ritmo más lento, en línea con la evolución del PIB. Esto hará que el desempleo baje de manera más gradual, pasando del 11,3% en 2024 al 9,7% en 2027.
En cuanto a los precios, se espera un ligero repunte de la inflación en los próximos meses debido al fin de las ayudas al transporte en julio, lo que podría sumar dos décimas a la tasa interanual. Sin embargo, después del verano, la inflación debería seguir moderándose hasta situarse cerca del 2%, gracias a la evolución del precio de la energía y al fortalecimiento del euro. El IPC armonizado aumentaría de media un 2,4% en 2025, por debajo del 2,9% de 2024, y se reduciría al 1,7% en 2026. No obstante, se prevé que los precios de los servicios, en especial del turismo, aumenten cerca del 4% este verano antes de desacelerarse.
El mercado inmobiliario en España ha arrancado 2025 con un impulso igual o incluso mayor que el que mostraba al cierre del año anterior. El precio de la vivienda libre ha experimentado un crecimiento interanual del 12,2% durante el primer trimestre, el mayor incremento desde comienzos de 2007, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria. Así lo recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los datos publicados este viernes, confirmando que no se trata de un repunte puntual, sino de una tendencia sostenida que se arrastra desde 2021. De hecho, se acumulan ya 44 trimestres consecutivos de aumentos anuales, lo que equivale a 11 años seguidos de subidas desde que en 2014 el sector comenzara a recuperarse tras la crisis.
El índice de precios de vivienda se situó en 171,296 puntos en el primer trimestre de 2025. Esta referencia toma como base 100 el precio medio de una vivienda en 2015, lo que implica que ahora es un 71% más cara que hace una década. El incremento es todavía más pronunciado en las viviendas de obra nueva, cuyo precio se ha duplicado desde entonces. En el caso de las de segunda mano, el aumento alcanza el 66%, con perspectivas de que continúe creciendo.
El repunte registrado entre enero y marzo representa el segundo mayor de toda la serie histórica del INE, que comenzó en 2007. La tendencia al alza, que ya se había acentuado tras la pandemia, se mantiene firme incluso frente a escenarios adversos como la inflación o la subida de tipos de interés. En lugar de desacelerarse, el mercado se ha fortalecido, con una subida constante de precios desde entonces. "El ritmo de encarecimiento es muy estable. Nosotros venimos registrando subidas de dos dígitos desde hace años. La subida de tipos fue el punto de inflexión que aceleró aún más este proceso, y no parece que vaya a revertirse", señala María Matos, directora de estudios de Fotocasa.
Matos subraya que los datos del INE, aunque suelen ir con cierto retraso respecto a los portales inmobiliarios, reflejan claramente una tendencia de fondo. Uno de los factores que impulsa el alza de precios es la mejora reciente en las condiciones hipotecarias. "Desde principios de año, con las primeras reducciones de tipos, cerca de un 21% de los compradores que habían estado esperando un entorno más favorable han vuelto con fuerza al mercado", indica.
Este repunte de la demanda proviene tanto de compradores habituales como de inversores, compradores internacionales y personas que cambian de vivienda sin necesidad de recurrir a un préstamo. Aunque algunos jóvenes han empezado a acceder al mercado gracias a ayudas públicas, su peso sigue siendo minoritario y no altera las barreras estructurales de acceso a la vivienda.
El principal freno sigue siendo la escasa oferta. La construcción de vivienda nueva sigue estancada en torno a las 100.000 unidades anuales, una cifra muy alejada de la necesaria para equilibrar la demanda. Esta descompensación estructural genera un mercado presionado al alza, donde cualquier elemento favorable, por leve que sea, acelera el encarecimiento de los precios.
La falta de oferta y el fuerte tirón de la demanda explican los incrementos históricos tanto en la vivienda nueva como en la usada. En el primer trimestre, el precio de la obra nueva creció un 12,2% respecto al mismo periodo de 2024, y el de segunda mano un 12,3%, su mayor alza en 18 años. Por regiones, todas las comunidades experimentaron subidas de dos dígitos, destacando Andalucía y Melilla (14%), seguidas por Murcia (13,3%) y Aragón y La Rioja (13,2%).
También a nivel trimestral la tendencia es clara: el precio de la vivienda libre creció un 3,5% entre enero y marzo, superando en 1,7 puntos el trimestre anterior. Esta es la subida más pronunciada desde mediados de 2024. La obra nueva destacó especialmente con un aumento del 5,5%, igualando el dato del primer trimestre de 2024, mientras que la vivienda usada se encareció un 3,2%, el mayor incremento trimestral en un año.
Este panorama obliga a revisar los discursos habituales sobre el acceso a la vivienda. Aunque las condiciones hipotecarias han mejorado respecto a los años anteriores, esto no ha supuesto un alivio real para los compradores, dado que el aumento del precio de la vivienda compensa con creces cualquier ahorro por intereses. "Las hipotecas han bajado algo, sí, pero la vivienda ha subido un 12%. En la práctica, el esfuerzo para comprar sigue igual o incluso es mayor", advierte Matos. Además, el temor a que los precios sigan subiendo alimenta una sensación de urgencia entre los compradores, que temen quedar fuera del mercado en el futuro si no actúan ahora.
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