Donald Trump ha anunciado una reducción de los aranceles impuestos a China, que pasarán del 20% al 10%. Estos gravámenes fueron establecidos originalmente como represalia por el tráfico de fentanilo. El presidente estadounidense explicó su cambio de postura tras mantener una reunión que calificó como "increíble" con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.
Durante el vuelo de regreso a Washington a bordo del Air Force One, Trump aseguró que Xi se comprometió a fortalecer los controles sobre el fentanilo, un potente opioide que, según Estados Unidos, los cárteles mexicanos fabrican utilizando productos químicos procedentes de China. Con esta reducción, el nivel total de aranceles que mantiene Estados Unidos sobre el país asiático bajará del 57% al 47%, precisó el mandatario.
El líder republicano también anunció que China reanudará la compra de soja estadounidense, suspendida en mayo como consecuencia de la guerra comercial iniciada por su Gobierno mediante la imposición de aranceles. Trump adelantó, además, que volverá a encontrarse con Xi Jinping en abril del próximo año en territorio chino, y añadió que durante esta reunión no se abordó el tema de Taiwán, la isla que Pekín considera una provincia rebelde.
El encuentro de este jueves, el primero desde que Trump volvió a la Casa Blanca, se celebró en la base aérea de Gimhae, en la ciudad surcoreana de Busan. La reunión duró casi dos horas. Tras ella, Xi Jinping partió hacia Gyeongju para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), mientras que Trump emprendió su regreso a Washington.
Esta fue la primera vez que ambos líderes se reunían desde el G20 de Osaka (Japón) en 2019, durante el primer mandato de Trump. La agenda incluía cuestiones clave como los aranceles, el futuro de TikTok en Estados Unidos y la situación de Taiwán, aunque por el momento ninguno de los dos gobiernos ha comunicado avances concretos sobre estos asuntos.
El Gobierno intenta calmar las críticas de Bruselas comprometiéndose a otorgar al Banco de España la autoridad "exclusiva" en materia de supervisión prudencial, aunque busca mantener parte de sus propias competencias. Apurando el plazo límite, el Ejecutivo español envió ayer su respuesta formal al expediente abierto por la Comisión Europea por su presunta intromisión en la fallida opa de BBVA sobre Banco Sabadell. En la carta, remitida por el Ministerio de Economía, el Gobierno defiende que la legislación nacional que amparó su actuación se ajusta plenamente a las normas comunitarias, y asegura que en el futuro la supervisión prudencial recaerá "en exclusiva" sobre las autoridades financieras. Sin embargo, evita renunciar a sus actuales facultades, intentando conservar su poder de veto sobre las fusiones bancarias, algo que ahora deberá analizar Bruselas.
La Comisión Europea inició el procedimiento de infracción en julio, al considerar que la normativa española que permitió al Gobierno intervenir y retrasar la opa vulnera las reglas europeas. En su comunicado, Bruselas advertía que ciertas disposiciones del marco legal español conceden al Ejecutivo poderes "ilimitados" para intervenir en fusiones y adquisiciones bancarias, interfiriendo con las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales. Además, la Comisión cuestionó la exigencia de que BBVA y Sabadell siguieran operando como entidades separadas durante tres años, al entender que esa medida no responde a razones de orden público o seguridad que no estén ya cubiertas por la legislación europea. Las observaciones se centraban principalmente en la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 y en la Ley de Solvencia de 2014.
Aunque inicialmente Bruselas concedió dos meses para responder, el Gobierno solicitó una prórroga de seis semanas más, que se agotó este miércoles. En su carta, según fuentes oficiales, el Ejecutivo reitera los argumentos defendidos por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien sostiene que "la normativa española es plenamente compatible con la europea" en materia de fusiones bancarias.
Aun así, el Gobierno reconoce que "en el futuro, en el marco de la transposición de la nueva Directiva de Requerimientos de Capital (CRD VI), se adaptará la normativa nacional para garantizar la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en supervisión prudencial, sin perjuicio del papel de otras autoridades dentro de sus competencias, como la CNMC".
Cabe recordar que la supervisión prudencial ya recae actualmente sobre los organismos financieros. De hecho, el Banco Central Europeo emitió su propio dictamen sobre la operación de BBVA y Sabadell. La nueva directiva, no obstante, reforzará formalmente esa competencia exclusiva. El Gobierno, por su parte, evita ceder más poder del exigido por la norma europea y busca mantener sus atribuciones en materia de competencia y control de las fusiones, un aspecto que la Comisión Europea deberá ahora valorar detenidamente.
La economía española continúa creciendo, aunque a un ritmo más moderado. Según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB aumentó un 0,6% entre julio y septiembre, dos décimas menos que en el trimestre anterior (0,8%). Aun así, se encadenan nueve trimestres consecutivos con avances superiores al 0,6%, lo que demuestra la resistencia del crecimiento pese a un entorno internacional complicado, marcado por las tensiones comerciales -tras el acuerdo impulsado por Donald Trump que eleva los aranceles a los productos europeos-, la inestabilidad política en países como Francia y la debilidad económica del conjunto europeo. En comparación con el mismo periodo de 2024, el PIB crece un 2,8%, frente al 3,1% registrado en el trimestre anterior.
"El resultado está en línea con nuestras previsiones y confirma la desaceleración que ya anticipaban los indicadores", explica Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas. Lo que más le llama la atención, dice, es que el consumo, tanto público como privado, se acelera, mientras que la demanda externa se deteriora más de lo previsto. En otras palabras: los motores internos de la economía se fortalecen, pero el sector exterior pierde impulso.
La demanda interna, impulsada por el consumo y la inversión, sigue siendo el principal soporte del crecimiento. La inversión aumentó un 1,7% respecto al trimestre anterior, y el consumo lo hizo un 1,2%. El gasto de los hogares subió también un 1,2%, en un contexto de crecimiento demográfico -España gana cerca de 500.000 habitantes al año-, y el consumo público avanzó un 1,1%. "Estos datos reflejan la fortaleza del mercado laboral y la mejora del poder adquisitivo de las familias", sostiene el Ministerio de Economía.
En paralelo, la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre marcó un récord de empleo, con casi 22,4 millones de ocupados, aunque la tasa de paro repuntó ligeramente hasta el 10,4%, aplazando la esperada bajada por debajo del 10%.
En contraste, la demanda externa fue el principal lastre del crecimiento. Las exportaciones de bienes y servicios cayeron un 0,6%, restando seis décimas al PIB. A diferencia del periodo pospandemia, el sector exterior ha perdido protagonismo como motor económico. De hecho, el informe de comercio exterior del Gobierno mostraba en agosto un estancamiento de las ventas al exterior, con apenas un 0,3% de aumento en los primeros ocho meses del año.
Por su parte, las importaciones crecieron un 1,1%, en parte debido al desvío de productos asiáticos hacia Europa, tras las barreras arancelarias en EE. UU. La Unión Europea teme una oleada de bienes de bajo coste procedentes de países como China o Vietnam, lo que el Banco Central Europeo identifica como un riesgo bajista para la inflación.
¿Significa esta ralentización que el ciclo expansivo está llegando a su fin? Según Ángel Talavera, economista jefe para Europa en Oxford Economics, no necesariamente: "No se trata de agotamiento, sino de una normalización del crecimiento tras varios trimestres con tasas superiores al 3%. Lo importante es mantener un ritmo sostenible, alrededor del 2,5%, que sigue siendo fuerte. Parte de la desaceleración viene del aumento de las importaciones, mientras que la inversión repunta, lo cual no es una mala señal".
En el contexto de la crisis de vivienda, el sector de la construcción creció un 0,8%, 1,6 puntos menos que en el trimestre previo, aunque en términos interanuales avanza un 6,1%. Los servicios también se expandieron un 0,8%.
Para el economista Javier Santacruz, esta moderación forma parte del ciclo natural de la economía y no implica un frenazo: "España está entrando en la fase de desaceleración del ciclo, pero seguirá creciendo en positivo. Lo destacable es que ha mantenido un desempeño mejor que el resto de Europa en los últimos años".
Esta fortaleza relativa ha sido resaltada por medios como el Financial Times y en las actas del Banco Central Europeo, donde se reconoció que el "excepcional desempeño de España" estaba sosteniendo buena parte del crecimiento europeo. No obstante, problemas estructurales como la falta de acceso a la vivienda, la inflación acumulada y la moderación salarial han generado una brecha entre las cifras macroeconómicas y la percepción ciudadana.
A falta de conocer los datos del último trimestre, todo apunta a que 2025 cerrará con un año de crecimiento sólido. Las previsiones de BBVA Research y el Consejo General de Economistas apuntan a un aumento del PIB del 3%, mientras que el Fondo Monetario Internacional, Funcas y CaixaBank Research lo sitúan en torno al 2,9%. El Gobierno, por su parte, prevé un 2,7%, aunque planea revisar al alza su estimación en los próximos días.
La inflación anual estimada del IPC en octubre de 2025 es del 3,1%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría que la tasa anual aumenta una décima, ya que en el mes de septiembre esta variación fue del 3,0%.
Esta evolución es debida, principalmente, a que los precios de la electricidad suben más que en octubre de 2024, y al aumento de los precios del transporte aéreo y por ferrocarril. Estos incrementos se compensan, en parte, por la disminución de los precios de las gasolinas. La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta una décima, hasta el 2,5%.
Los precios de consumo registran en octubre una tasa del 0,7% respecto al mes de septiembre, según el indicador adelantado del IPC. En el mes de octubre la tasa de variación anual estimada del IPCA aumenta dos décimas y se sitúa en el 3,2%. La tasa anual estimada de la inflación subyacente del IPCA se sitúa en el 2,6%. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA es del 0,5%.
El ecosistema de spin-offs deep tech -empresas derivadas de centros de investigación y universidades que transforman innovaciones científicas en productos o servicios- ha alcanzado las 1.007 compañías activas en España, lo que supone un aumento del 3,6% en el último año, según la segunda edición del informe elaborado por Mobile World Capital, presentado este lunes por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.
Las comunidades de Cataluña (28,2%) y Madrid (23,7%) se consolidan como los principales polos de creación de spin-offs deep tech, concentrando más de la mitad de las existentes en el país. Aun así, otras regiones como la Comunidad Valenciana (11,1%), Andalucía (9,5%) y el País Vasco (7,4%) también destacan por su dinamismo, cada una con un foco tecnológico vinculado a sus capacidades industriales y científicas. En cuanto a las áreas de especialización, más del 50% de estas empresas se agrupan en tres ámbitos principales: biotecnología (19,8%), tecnologías de la información y la comunicación (17,4%) y salud (16,7%).
Las universidades son el motor principal de creación de spin-offs deep tech: el 66,5% del total procede del entorno universitario, especialmente de la universidad pública (64%). Entre las instituciones más activas destacan la Universidad Politécnica de Madrid (8,7%), el CSIC (8,5%), la Universitat Politècnica de Catalunya (5,3%), la Universidad de Alicante (4,8%) y la Universidad de Santiago de Compostela (3,2%).
El estudio estima que la facturación conjunta anual de estas empresas asciende a 1.400 millones de euros, con diferencias notables según la madurez y el sector tecnológico. Las áreas de Energía, Industria 4.0 y TIC encabezan la lista en ingresos medios por compañía. En cuanto al empleo, el ecosistema ha generado más de 13.400 puestos de trabajo altamente cualificados, siendo las firmas energéticas las que más empleo crean por empresa, seguidas de las de tecnología y manufactura avanzada.
Pese al crecimiento registrado, el informe presenta una discrepancia con los datos del año anterior: la primera edición (noviembre de 2024) situaba el número total en 1.210 spin-offs, lo que implicaría una reducción del 16,7%. Desde Mobile World Capital explican que la diferencia se debe a que la nueva edición solo incluye las empresas activas, mientras que la anterior contaba también las ya inactivas.
Durante la presentación, el ministro Óscar López destacó el compromiso del Gobierno con este ecosistema, "emergente y en expansión", que consolida a **España como un Estado emprendedor en las fases clave de la innovación". Además, recordó inversiones recientes en proyectos emblemáticos como Wooptix (Universidad de La Laguna), especializada en metrología de semiconductores; Sensia (Universidad Carlos III), que usa inteligencia artificial para detectar fugas de gas o incendios; Sparc, orientada a la fabricación de semiconductores fotónicos en Vigo; y Quantix, que desarrolla un centro de diseño de chips ciberseguros en Murcia.
Por su parte, el director general de Mobile World Capital, Francesc Fajula, señaló que el informe ofrece "la primera radiografía integral de un ecosistema estratégico para el posicionamiento de España en el ámbito tecnológico global". Según subrayó, las spin-offs deep tech representan la principal fuente de innovación disruptiva, con impacto directo en sectores clave como la biotecnología, la energía, la salud o la robótica.
Finalmente, el estudio concluye que estas empresas son actores esenciales en la transformación hacia un modelo económico más sostenible, digital, saludable y autónomo. Asimismo, propone una agenda estratégica alineada con Europa, centrada en fortalecer la transferencia de conocimiento, impulsar la coinversión y atraer talento para afrontar los grandes retos colectivos del futuro.
Florencia sustituye a Fráncfort, aunque sin alterar la ruta prevista. El Banco Central Europeo (BCE) se reúne mañana en Italia para una nueva cumbre de política monetaria, a la que llega con un panorama económico muy similar al de su último encuentro, celebrado a comienzos de septiembre, cuando optó por mantener los tipos de interés sin cambios. Una vez más, el precio del dinero continuará en el 2%, nivel en el que permanece desde junio. Tras cuatro meses de pausa, la gran incógnita que planea sobre la reunión es si esta estabilidad marca ya el inicio de una nueva etapa monetaria y si el actual nivel puede considerarse el punto final del ciclo.
Los inversores estarán atentos a cualquier indicio o señal. Con el paso del tiempo, no obstante, las probabilidades de un nuevo ajuste se van reduciendo, algo que también se percibe en el tono de las discusiones dentro del Consejo de Gobierno.
El ala más estricta del organismo, conocida como los "halcones", defiende firmemente que los recortes de tipos deben darse por concluidos. Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ha llegado a sugerir que el umbral para una subida de tipos podría ser más bajo de lo que se cree. Otros representantes con posturas similares, como el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, no cierran la puerta a futuras modificaciones, aunque señalan que solo un cambio significativo en la economía justificaría una nueva intervención.
Por su parte, las "palomas", el sector más prudente del banco central, tampoco parecen ya tan convencidas de la necesidad de seguir bajando los tipos. Destaca el caso del gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, quien durante meses defendió nuevos recortes, pero que ahora reconoce que, "si se produjera un movimiento en el precio del dinero -y subrayo el 'si'-, sería más probable que fuera una bajada que una subida".
En conjunto, el Consejo de Gobierno parece sentirse cómodo con los tipos en el 2%, aunque las razones difieren: algunos prefieren no ir más allá de este nivel, mientras que otros optan por conservar margen de maniobra ante posibles turbulencias económicas. Este consenso se reflejará previsiblemente en una comunicación con un tono más firme y una menor expectativa de recortes, aunque se espera que Christine Lagarde mantenga abierta, aunque sea ligeramente, la posibilidad de futuros descensos.
En un entorno internacional incierto, tanto en lo político como en lo económico, el BCE ha reiterado en varias ocasiones la importancia de conservar la "opcionalidad" en sus decisiones, una estrategia que puede ralentizar su reacción, pero que le otorga una valiosa flexibilidad.
La institución afronta una reunión con pocos datos nuevos sobre la mesa y con la mirada puesta en diciembre, momento en el que podrá cerrar definitivamente el debate sobre los tipos de interés. Será entonces, con la actualización de las previsiones macroeconómicas, cuando se determine qué orientación debe seguir la política monetaria en la zona euro.
El principal argumento a favor de nuevos recortes radica en las previsiones de inflación: se estima que en 2026 caerá al 1,7% y en 2027 se situará en el 1,9%, ambos por debajo del objetivo del 2% que garantiza la estabilidad de precios. Además, en diciembre se conocerán por primera vez las proyecciones para 2028, y si estas también muestran una inflación inferior a la meta, podría evidenciarse una debilidad estructural más que un simple bache transitorio.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim), una norma que sustituirá a la actual, vigente desde finales del siglo XIX, y que introduce como principal novedad que las investigaciones penales pasarán a estar dirigidas por los fiscales, además de modificar el papel de la acusación popular.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó que el propósito de esta reforma es "modernizar" y "alinear con Europa" el proceso penal español, recordando que la ley vigente data de 1882, aunque ha sido modificada en múltiples ocasiones. Bolaños celebró que se trata de la "primera ley procesal penal de la democracia".
El ministro detalló que esta iniciativa se inspira en dos reformas previas, una de 2011, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y otra de 2013, bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El texto será remitido ahora al Congreso de los Diputados para su tramitación y, según lo previsto, entrará en vigor el 1 de enero de 2028. Por tanto, no afectará a los procedimientos en curso, que seguirán rigiéndose por la ley actual, ni al mandato del Fiscal General del Estado, cuyo segundo mandato concluye en 2027.
Entre los cambios más relevantes, Bolaños destacó que el Ministerio Fiscal asumirá la dirección de las investigaciones penales, tal como ocurre en la mayoría de los países europeos. Asimismo, se introduce la figura del "juez de garantías", encargado de proteger los derechos fundamentales de las partes y supervisar las actuaciones del fiscal durante la fase de investigación. Este juez podrá confirmar o revocar las decisiones del Ministerio Público.
Además, el nuevo sistema contempla la participación de tres jueces en diferentes fases: uno como juez de garantías, otro que decidirá si el caso pasa a juicio oral, y un tercero que se encargará del enjuiciamiento propiamente dicho. Con el fin de hacer el procedimiento más ágil, solo podrán recurrirse las resoluciones que afecten a derechos fundamentales.
La ley también refuerza las garantías procesales tanto del investigado como de la víctima. En el caso del primero, se establecen mayores protecciones respecto a la presunción de inocencia y las medidas cautelares, incluyendo revisiones automáticas cada seis meses de la prisión provisional. En cuanto a las víctimas, se otorgan mayores garantías a menores, personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, incorporando medidas del Estatuto de la Víctima para evitar la revictimización.
Otro aspecto relevante es la limitación de la acusación popular: solo podrán ejercerla quienes acrediten un vínculo legítimo con el interés público que defienden, quedando excluidos los partidos políticos, sindicatos, administraciones públicas y asociaciones dependientes de estas. La Loecrim también contempla una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El mandato del Fiscal General del Estado pasará a tener una duración de cinco años, y dejará de coincidir con el del Gobierno.
Para garantizar su independencia, el Fiscal General solo podrá ser cesado por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, y siempre con un informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, la ley prohíbe expresamente que el Gobierno dé instrucciones sobre casos concretos y establece que todas las comunicaciones generales deberán ser públicas y registradas.
El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que los ciudadanos pueden dirigirse directamente al Catastro para impugnar el valor catastral de un inmueble, sin necesidad de hacerlo a través del ayuntamiento correspondiente. Así lo determina una sentencia del 8 de octubre, redactada por el magistrado Manuel Fernández-Lomana, que da la razón a un contribuyente que había solicitado directamente ante la Administración catastral la corrección del valor de una finca registrada como suelo urbano, cuando en realidad era rústica, lo que le implicaba pagar una cuota del IBI más alta.
El Catastro rechazó en su momento la solicitud alegando que la comprobación de discrepancias solo podía realizarse de oficio, es decir, por iniciativa propia del organismo. A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó el recurso del ciudadano, argumentando que debía haber tramitado su petición a través del ayuntamiento donde se ubicaba la finca.
Sin embargo, el Supremo interpreta la Ley del Catastro Inmobiliario de manera diferente. Señala que uno de los objetivos fundamentales de esta norma es garantizar la calidad de la información catastral, y que para lograrlo la ley prevé un procedimiento de subsanación de discrepancias o de rectificación, regulado en su artículo 18.
Según la sentencia, este procedimiento tiene un alcance amplio, ya que basta con que la Administración catastral tenga conocimiento por cualquier medio de una incongruencia entre los datos del Catastro y la realidad del inmueble, para que esté obligada a actuar y corregirla.
El tribunal subraya además que la finalidad de este mecanismo es facilitar una corrección ágil y sencilla de los datos erróneos o desactualizados desde el momento en que se detecta la discrepancia. Por ello, no existe un plazo concreto para comunicar los hechos y se acepta cualquier medio o fuente de información que permita conocerlos. Finalmente, el Supremo aclara que, si el Catastro decide no iniciar un procedimiento de subsanación, debe justificar su decisión de forma motivada, y esa negativa puede ser revisada por los tribunales.
La ralentización en la llegada de turistas extranjeros a España, anticipada por grandes cadenas hoteleras como Barceló, todavía no ha afectado a los precios, que aumentaron un 5,5% de media durante los nueve primeros meses de 2025, alcanzando un récord histórico de 170 euros por habitación y noche, según el último barómetro hotelero elaborado por Cushman & Wakefield y STR. El estudio se basa en encuestas a 1.600 hoteles que suman 220.000 habitaciones en España y Portugal.
En este nuevo escenario, las empresas del sector apuestan por compensar la menor ocupación mediante subidas de precios. Mientras las tarifas crecieron un 5,5% interanual hasta septiembre, la ocupación apenas aumentó un 0,7%, aunque se mantiene en niveles muy altos. "Durante estos primeros meses del año la demanda sigue mostrando fortaleza, con ocupaciones récord o cercanas al máximo histórico. La desestacionalización ha sido clave en esta tendencia, ya que observamos destinos con excelentes tasas de ocupación durante todo el año, algo impensable hace poco en lugares como Málaga o Alicante, tradicionalmente dependientes del turismo vacacional", explica Bruno Hallé, socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España.
Por destinos, Marbella registró las tarifas más altas, con 388,6 euros por habitación y noche, seguida de Baleares (también 388,6 euros) y Barcelona (193,5 euros). En la capital catalana, sin embargo, se produjo una leve caída del 0,3% en los precios, la primera desde 2020, mientras que en Madrid las tarifas subieron un 5,6%, situándose en 174,5 euros por noche. En Valencia, los precios también bajaron ligeramente, un 1,3%.
La diferencia de precios entre Barcelona y Madrid, aunque todavía favorable a la primera, se ha reducido considerablemente (19 euros por habitación y noche). Los expertos explican esta convergencia por la moratoria hotelera de Barcelona, que desde 2015 ha frenado la construcción de nuevos establecimientos, frente al auge de inversiones de lujo en Madrid por parte de cadenas como Four Seasons, Marriott o Hyatt. Según Albert Grau, también socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality, "es probable que los precios se estabilicen en los próximos trimestres, pero si el contexto global se mantiene estable, los hoteles españoles seguirán mejorando su rentabilidad".
El principal indicador de esa rentabilidad, el ingreso por habitación disponible (RevPAR), creció un 6,3% entre enero y septiembre de 2025. Tres destinos destacaron con incrementos de dos dígitos: Zaragoza (+14,1%), Marbella (+13,5%) y Baleares (+11,5%). Los hoteles más rentables fueron los de Marbella (273,9 euros), Baleares (172,1 euros) y Barcelona (153,5 euros). Asimismo, la diferencia de rentabilidad entre Madrid y Barcelona se redujo hasta los 21,5 euros a favor de la capital catalana al cierre de septiembre.
El Ibex tiene como meta situarse en torno a los 16.500 puntos. Los resultados de grandes compañías del índice, como Iberdrola, Santander y BBVA, serán clave para consolidar las subidas a corto plazo, mientras los analistas anticipan una rotación de valores. El selectivo cerró ayer en 16.000,20 puntos, y los expertos creen que aún tiene margen para alcanzar los 16.457 puntos, lo que supondría un nuevo máximo histórico, un 2,9% más que el cierre anterior. Algunas firmas incluso prevén que el índice pueda moverse entre 16.500 y 17.000 puntos.
Muchas gestoras coinciden en el principio de que "la tendencia es tu amiga" y consideran que no conviene operar en contra de ella, aunque reconocen que el recorrido alcista del Ibex podría ser más limitado a estos niveles. No obstante, la inversión pasiva y el uso de algoritmos suelen acelerar las subidas cuando se superan determinados umbrales.
Desde GVC Gaesco consideran que el Ibex no está sobrevalorado y podría alcanzar los 16.500 puntos, siempre que se despejen las incertidumbres internacionales sobre inflación, política monetaria de la Fed o tensiones comerciales. Aun así, advierten que en este entorno es necesario ser selectivo: "Ahora hay que analizar valor por valor, no por sectores. Nos gustan Naturgy, Enagás, Sabadell, BBVA, Acerinox y Sacyr", afirma Víctor Peiro, director de análisis de la firma.
Por su parte, Ignacio Cantos, socio y director de inversiones de Atl Capital, señala que "no hay que temer a las alturas" pese a los récords alcanzados tras una década. Según él, mientras la banca siga mostrando buenos resultados, aún hay margen de crecimiento: "Aunque los bancos no subirán con la misma intensidad, todavía tienen recorrido. Cotizan por encima de su valor en libros, pero lejos del doble de su valor contable que se veía antes de la crisis".
Entre los valores que podrían recuperar terreno, destaca Inditex. "El mercado sigue siendo prudente, pero sus resultados mejorarán y eso se reflejará en el precio de las acciones, lo que impulsará al índice", explica Cantos. Añade que los fondos europeos y el aumento del gasto en Defensa pueden dar más impulso a la Bolsa española, especialmente en el ámbito de las infraestructuras alemanas, donde Indra y ACS (a través de Hochtief) podrían beneficiarse.
Según Antonio Castelo, analista de iBroker, el Ibex podría avanzar entre un 5% y un 8% en los próximos seis meses, siempre que no surjan sorpresas negativas. Considera que, tras superar la resistencia de los 16.000 puntos, el índice tiene potencial para seguir subiendo, aunque advierte que cualquier decepción macroeconómica o alza inesperada de los tipos de interés podría provocar correcciones.
En un escenario optimista, con resultados sólidos, tipos estables y un mejor entorno global, el Ibex podría acercarse o incluso superar los 17.000 puntos, según Castelo. En la misma línea, Amelia Benito, de Ibercaja Gestión, prevé un avance adicional de hasta un 10% en el medio plazo. "A pesar del rally, seguimos muy positivos con el sector bancario", afirma, destacando el crecimiento del PIB español, el bajo endeudamiento familiar y el actual nivel de tipos de interés como factores de apoyo.
Sin embargo, en un contexto de mayor cautela, el índice podría retroceder a la zona de 14.800-15.000 puntos antes de retomar la tendencia alcista, según Castelo. Por su parte, Pablo García, director general de Divacons Alphavalue, adopta una postura más prudente y advierte que será difícil que el Ibex mantenga estos niveles, ya que el sector bancario podría tener complicado seguir superando expectativas con tipos a la baja y presión sobre los márgenes.
García reconoce que en trimestres anteriores se pensaba lo mismo y los bancos siguieron subiendo, pero cree que el "miedo a las alturas" podría aparecer y, sin el apoyo de la banca, será más difícil sostener los récords actuales. Por ello, considera razonable que el sector tome un respiro tras la publicación de resultados, tanto por valoración como por la situación geopolítica.
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