(Expansión, 22-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Las eléctricas se juegan hoy en el Congreso 200.000 millones de euros
Si el Congreso no aprueba el real decreto-ley 7/2025, conocido como el "decreto antiapagón", se pondrán en peligro cientos de proyectos de energías renovables, se ralentizará la instalación de miles de electrolineras y redes eléctricas, y se perderán importantes ayudas económicas destinadas al sector industrial. En juego están hasta 200.000 millones de euros en inversiones para nuevas infraestructuras energéticas, redes y procesos de descarbonización. La incertidumbre es máxima dentro del sector eléctrico, donde las empresas intentaban ayer cerrar filas ante la falta de apoyo claro por parte de algunos partidos, como Podemos, y la ambigüedad del PP. Si el texto no obtiene el respaldo de la mayoría parlamentaria -algo que no tiene asegurado el Ejecutivo-, la norma quedará invalidada, lo que supondría el fracaso de una propuesta que, por primera vez en años, contaba con el respaldo generalizado del sector. Las compañías consideran este decreto clave para reactivar la inversión en energías limpias, redes eléctricas, autoconsumo y movilidad eléctrica. El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio e incluye medidas urgentes para evitar situaciones como el apagón del 28 de abril que afectó a toda la península, motivo por el cual se le ha apodado "antiapagón". También introduce una serie de disposiciones adicionales -actuando como decreto ómnibus- que buscan agilizar la planificación de nuevas infraestructuras eléctricas y anticipar las inversiones, además de extender los plazos para que los proyectos renovables puedan conectarse a la red y evitar su cancelación. Entre otras acciones, el decreto contempla la simplificación de trámites para instalar electrolineras, incentivos fiscales para electrificar la climatización en edificios residenciales, mayor margen para el autoconsumo y una rebaja del 80% en los peajes eléctricos para la industria con alto consumo energético. Un informe de PwC alertaba ayer de las graves consecuencias si esta normativa no se aprueba. Una de sus funciones sería aliviar el colapso actual en la red eléctrica, que dificulta el acceso de grandes consumidores, como industrias y centros de datos. Actualmente, las solicitudes de conexión a la red por parte del sector industrial superan los 18.000 megavatios (MW), pero debido a la saturación de la red, en 2024 sólo se aprobó una de cada diez solicitudes. Si no se actúa pronto, al menos 16.000 MW de nueva demanda industrial podrían quedar paralizados. La situación de las energías renovables es igual de crítica, si no más. Cientos de proyectos que deberían estar operativos han incumplido los plazos por distintas razones. Según la legislación vigente, esto les obliga a devolver sus permisos. El decreto permitiría una prórroga, lo que evitaría la cancelación de muchos de estos proyectos. A esta tensión política se suma una creciente división social. Mientras que la Alianza Energía y Territorio -que agrupa a más de 200 colectivos ciudadanos, rurales y ecologistas- solicitaba rechazar el decreto y no ceder ante la presión del "lobby de las renovables", la patronal madrileña Ceim pedía su aprobación. En un comunicado, Ceim aseguraba que la norma representa una respuesta estratégica y eficaz ante los retos energéticos de la Comunidad de Madrid y del conjunto del tejido empresarial español.
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