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(Expansión, 10-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El colapso eléctrico abre una guerra empresarial de 100.000 millones

La red de distribución eléctrica en España, que alcanza casi 800.000 kilómetros de extensión, se ha convertido en uno de los principales frentes de disputa empresarial del país. En torno a ella se cruzan intereses enfrentados que involucran a las grandes compañías del sector, al Gobierno, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), e incluso a distintos tipos de consumidores como los centros de datos y la gran industria. En juego están miles de millones de euros en inversiones y el futuro de numerosos proyectos estratégicos. El conflicto se intensificó antes del verano, cuando la CNMC planteó su propuesta de retribución para las redes de distribución de Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. El organismo fijó una rentabilidad del 6,46% anual para el periodo 2026-2031, muy por debajo de lo que reclaman las eléctricas, que piden al menos superar el 7%. La situación estalló definitivamente ayer, tras la publicación obligada de los "mapas de capacidad de la red de distribución eléctrica", que muestran qué puntos de conexión están disponibles para grandes consumidores. Según los datos de Aelec, la patronal del sector, el 83,4% de los nudos de la red se encuentra saturado. Aunque esta es la primera vez que se presenta un mapa unificado, la realidad que refleja es preocupante: los pocos puntos libres se ubican en zonas poco atractivas para los grandes proyectos, lo que en la práctica supone un colapso de la red en los lugares clave. Las eléctricas sostienen que sin una mayor retribución por el uso de sus infraestructuras no podrán afrontar nuevas inversiones, lo que agravará la saturación. Alertan de que cientos de proyectos, desde centros de datos hasta planes de electrificación industrial, corren riesgo de paralizarse o trasladarse a otros países. Las estimaciones apuntan a que el impacto económico de esta situación podría superar los 100.000 millones de euros en los próximos cinco a diez años. Mientras tanto, cada parte intenta deslindar responsabilidades. Aelec atribuye el problema a un marco regulatorio que, en su opinión, no ha acompañado el fuerte crecimiento de la demanda. El Gobierno, por su parte, busca contener el coste de la factura eléctrica de los consumidores y evitar que los peajes disparen los precios. Los centros de datos, en plena expansión, pugnan por conseguir prioridad en las conexiones frente a la gran industria, que necesita electricidad para avanzar en su descarbonización. En este pulso, la CNMC recibe críticas de todos los bandos, aunque su actuación se ajusta al mandato del Gobierno, que es quien puede modificar los criterios para calcular los peajes. El Ejecutivo, además de contener los precios, quiere evitar la especulación. Recuerda que desde 2020 se han otorgado más de 43.000 megavatios de capacidad, que ahora deben desarrollarse, y advierte de que no se repita un fenómeno similar al de la burbuja especulativa vivida con las renovables.

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(Cinco Días, 09-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El oro supera los 3.600 dólares

El oro volvió a marcar un máximo histórico este lunes, impulsado por la ralentización del mercado laboral en Estados Unidos, reflejada en los datos publicados el viernes, que reforzaron las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. La cotización del lingote avanzó cerca de un 0,5%, superando los 3.615 dólares por onza (unos 3.080 euros), ligeramente por encima del récord anterior alcanzado el pasado viernes, cuando llegó a subir un 1,5%. El último informe sobre empleo en EE. UU. reveló una menor creación de puestos de trabajo y un aumento del paro hasta su nivel más alto desde 2021. Esto llevó a los inversores de swaps a reforzar sus previsiones de bajadas de tipos, y actualmente descuentan casi tres recortes antes de que acabe el año. En los próximos días, estas expectativas se pondrán a prueba con varios datos clave: el martes se publicarán las revisiones de las cifras de empleo, y el miércoles y jueves se conocerán los índices de precios de producción y consumo. Además, los mercados estarán atentos a la reacción frente a las subastas de bonos del Tesoro a 3, 10 y 30 años. El oro, pese a no ofrecer rentabilidad directa, gana atractivo como activo refugio en un contexto de incertidumbre sobre el rumbo de la política monetaria estadounidense. Tanto el metal como la plata han duplicado su valor en los últimos tres años, favorecidos por los riesgos geopolíticos, económicos y comerciales que han impulsado la demanda. Las tensiones políticas también juegan un papel. El expresidente Donald Trump ha intensificado sus ataques contra la Reserva Federal, generando inquietud por la independencia del organismo. Trump ha prometido hacerse con una "mayoría" en el banco central para forzar una bajada de tipos, y en agosto llegó a pedir la dimisión de la gobernadora Lisa Cook, quien respondió recurriendo a los tribunales. En este escenario, Goldman Sachs advirtió la semana pasada de que el oro podría acercarse a los 5.000 dólares por onza si se debilitara la independencia de la Fed y los inversores trasladaran apenas un 1% de sus posiciones desde los bonos del Tesoro hacia el lingote. Por otro lado, el viernes la Administración Trump decidió excluir al oro y a otros metales de los aranceles por país. La medida aclara un plan para liberar a las barras de oro de esos impuestos, después de que una resolución de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sorprendiera al mercado al señalar que el lingote debía tributar en frontera. Mientras tanto, el Banco Popular de China continúa reforzando sus reservas: en agosto las incrementó por décimo mes consecutivo, dentro de su estrategia de diversificación y de reducción de su exposición al dólar.

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(El Economista, 09-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Sepi pacta más tiempo con la UE para recuperar el dinero los rescates

El Gobierno busca dar solución al problema de los 3.000 millones de euros otorgados a grandes empresas españolas durante la pandemia a través del Fasee (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas), creado específicamente para este fin. Según fuentes financieras citadas por elEconomista.es, la SEPI -presidida por Belén Gualda- ha alcanzado un acuerdo con Bruselas para ampliar los plazos legales y permitir la devolución de estas ayudas más allá de 2029, el límite inicialmente fijado, debido a que algunas compañías no han logrado recuperarse al ritmo previsto. Entre los primeros casos que pondrán a prueba esta flexibilización se encuentran Serhs y Duro Felguera. En el caso del grupo catalán, ya se ha cerrado un acuerdo singular vinculado a su plan de reestructuración, que también involucra a la banca y al fondo de deuda BeSpoke. Por su parte, la ingeniería asturiana encara la fase final de su reestructuración tras obtener una prórroga excepcional del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Oviedo. El nuevo plan contempla un esquema de financiación de la SEPI en el que desaparece el tramo participativo y se fijan tres nuevos vencimientos, dos de ellos más allá de 2029 (en 2032 y 2035). Tanto la SEPI como la Comisión Europea han evitado hacer comentarios al respecto. Cabe recordar que Bruselas estableció en julio de 2020 las condiciones del Fasee, imponiendo limitaciones a las empresas beneficiarias, como la prohibición de repartir dividendos o de crecer mediante adquisiciones. Además, fijó que los préstamos participativos tuvieran una duración máxima de siete años, situando 2029 como fecha tope para los reembolsos (las últimas operaciones se firmaron en mayo de 2022). Para extender más allá ese plazo, España debe notificar cada caso de forma individual a la Comisión Europea, que debe dar su aprobación. También se contemplaron recargos para incentivar la devolución anticipada: por ejemplo, si pasados cinco años (o cuatro en el caso de empresas cotizadas) no se hubiera devuelto al menos un 40% de la ayuda, debía aplicarse un sobrecoste mínimo del 10%. La ampliación de plazos supone un respiro para compañías que difícilmente pueden devolver los fondos en los términos acordados en 2021 y 2022. La SEPI ha aceptado esta vía después de rechazar otras alternativas, como condonar parte de la deuda o convertir los préstamos en acciones. Sí se ha mostrado más flexible en la posibilidad de reducir los intereses cobrados a las empresas. El malestar con las condiciones del rescate lo ha expresado públicamente Air Europa, la primera compañía beneficiada por el Fasee: "Hemos pagado ya más de 100 millones de intereses. ¡Vaya rescate!", criticó recientemente su presidente, Juan José Hidalgo.

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(La Vanguardia, 09-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Generalitat activa su plan para mitigar los aranceles de EEUU

Las compañías catalanas lograron en la primera mitad de este año esquivar el impacto de la inestabilidad geopolítica. Entre enero y junio, las exportaciones aumentaron un 1,4% y alcanzaron los 51.000 millones de euros, aunque todavía por debajo de los 53.000 millones registrados en 2023, ejercicio en el que se batieron todos los récords. No obstante, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha generado un importante "cambio en el escenario geopolítico y económico", lo que exige, según señaló el president de la Generalitat, Salvador Illa, una respuesta decidida desde el sector público. Sus declaraciones tuvieron lugar durante la presentación del plan 2026-2030 para reforzar la internacionalización de la economía catalana. El programa fija como meta que, antes de que termine la década, se incorporen 2.000 nuevas empresas al ámbito internacional, lo que elevaría la cifra total por encima de las 19.000 actuales. De ellas, mil deberán pasar de exportar de manera esporádica a hacerlo de forma regular. Asimismo, se busca fomentar la creación de 300 filiales en el extranjero. El plan pretende "consolidar" a Cataluña como motor del comercio exterior, dado que concentra el 26% de las exportaciones españolas. Para ello, a partir de enero se pondrá en marcha un programa público-privado destinado a introducir a nuevas compañías en el mercado global. "Queremos que la economía funcione a pleno rendimiento", subrayó Illa, quien señaló al sector agroalimentario como uno de los ámbitos estratégicos, ya que representa el 16% del total exportador. Desde este lunes, las empresas catalanas ya pueden acceder a ayudas de hasta 90.000 euros para diversificar mercados y potenciar sus ventas al exterior. Estas subvenciones forman parte del primer paquete de 50 millones aprobado por el Govern en julio para contrarrestar el impacto de los aranceles y se canalizarán a través de Acció, la agencia de internacionalización de la Generalitat.

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(Cinco Días, 08-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El ICO lanza una nueva línea de financiación de 1.000 millones de euros para pymes

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo adscrito al Ministerio de Economía, ha puesto en marcha este viernes una nueva línea de financiación destinada a pymes que encuentran más dificultades a la hora de acceder al crédito bancario. Estos problemas suelen concentrarse en compañías con altos niveles de deuda o con proyectos vinculados a activos intangibles, según explicaron fuentes del ICO en un encuentro con periodistas celebrado el jueves. La iniciativa arranca con un presupuesto inicial de 1.000 millones de euros y se denomina "digital" porque todo el proceso de solicitud y concesión se realizará de manera telemática. El instituto advierte de que las entidades financieras son especialmente reticentes a conceder préstamos a empresas con endeudamiento medio o elevado. De las 650.000 compañías registradas, el ICO calcula que unas 250.000 tienen serias dificultades para obtener financiación, al contar con calificaciones crediticias más bajas y riesgos de impago que oscilan entre el 2% y el 6%. "Ahí es donde el ICO debe intervenir para reforzar la competitividad del tejido empresarial español", apuntan. La falta de financiación privada para estas firmas constituye, según remarcan, un problema estructural del mercado. Uno de los mayores obstáculos para las empresas es la financiación de proyectos intangibles, cuyo retorno es incierto. El ICO puso un ejemplo: una compañía que quiera abrirse a un nuevo mercado internacional puede necesitar encargar un estudio de viabilidad. Esta inversión, al no garantizar beneficios, supone un riesgo elevado, pero sin este tipo de análisis las empresas españolas pierden capacidad de competir en el exterior. Con los 1.000 millones de dotación inicial, el objetivo es llegar a unas 10.000 compañías, con una media de 100.000 euros por préstamo. Para ello, se ha diseñado un sistema completamente digital que permitirá realizar online todas las gestiones, desde la solicitud hasta la aprobación del crédito. Las empresas deberán presentar una memoria técnica del proyecto, tener auditadas las cuentas de los dos últimos ejercicios o disponer de un aval público, además de acreditar una antigüedad mínima de cuatro años. La línea está dirigida exclusivamente a sociedades mercantiles, no a autónomos. El ICO cruzará la información con datos de organismos como Hacienda, el Banco de España o la Seguridad Social, con el fin de simplificar y acelerar los trámites. A medio plazo, la meta es alcanzar los 50.000 clientes, sin restricción sectorial: se trata de una línea "transversal". Los préstamos estarán referenciados al Euríbor más un diferencial del 1,75%, que podrá reducirse hasta el 0,75% si la empresa aporta avales. El ICO establece un límite de riesgo: si la pérdida esperada supera el 1%, el crédito será rechazado. La propia entidad calculará ese riesgo con modelos internos y con la información disponible de la empresa. "Todas las decisiones deben tener lógica económica y salvaguardar el dinero de los contribuyentes", subrayan. No obstante, el ICO recuerda que también tiene la función de absorber parte del riesgo que el sector privado no asume, lo que, a su vez, incentiva la participación de capital privado. "El objetivo es llegar a segmentos de empresas donde la banca no llega, complementando la financiación, no sustituyéndola", explican. La selección de beneficiarios estará determinada por dos factores: el tipo de interés que ofrezcan los bancos (que actúa como filtro inferior) y el nivel máximo de riesgo que el ICO esté dispuesto a asumir (el límite superior). La financiación tendrá plazos de amortización de entre cinco y diez años. Desde el instituto recalcan que este plan no responde a una crisis coyuntural como la de 2008, sino que se concibe como una política de Estado para corregir una carencia estructural del sistema financiero.

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(Cinco Días, 08-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las plataformas cripto necesitarán una licencia extra si operan con ‘stablecoins’

La entrada en vigor del reglamento MiCA ha marcado un antes y un después para el ecosistema cripto en Europa. Más de cincuenta entidades ya han obtenido la autorización necesaria para operar con activos digitales, tras un largo proceso de diálogo con los supervisores y un notable esfuerzo en recursos humanos y financieros. Aunque la aprobación por parte de los reguladores ha sido un respiro, el camino no está concluido. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) aclaró recientemente que los proveedores de servicios que trabajen con e-money tokens -es decir, stablecoins vinculadas a una divisa oficial- y que además ofrezcan operaciones de pago, no podrán limitarse a la licencia MiCA: también deberán contar con autorización como entidad de pago o de dinero electrónico. El plazo máximo para obtenerla es el 2 de marzo de 2026. La publicación de los borradores de la directiva PSD3 y su reglamento, orientados a unificar la normativa de pagos y de dinero electrónico, ha ido acompañada de un documento de la EBA que aclara la interacción entre los servicios cripto regulados por MiCA y los de pago. Desde la entrada en vigor de MiCA se percibe un solapamiento normativo en relación con las stablecoins, ya que este reglamento establece exigencias sobre su emisión y las reservas que deben respaldarlas, pero al mismo tiempo estas también encajan bajo la normativa de dinero electrónico. La cuestión de qué marco normativo debía prevalecer se intensificó durante el auge de las stablecoins, en paralelo al desarrollo regulatorio en Estados Unidos. La EBA ha zanjado el debate: quienes gestionen stablecoins y quieran facilitar pagos, como transferencias, necesitarán una licencia de servicios de pago. Además, si una plataforma ofrece custodia con posibilidad de envío o recepción de estos activos, esa actividad también queda sujeta a las normas aplicables a los pagos, explica Mariona Pericas, directora de Regulación Financiera en finReg360. El tipo de autorización dependerá de la actividad concreta. Las plataformas que únicamente quieran ofrecer pagos con stablecoins tendrán que solicitar la licencia de entidad de pago. En cambio, si su objetivo es emitir directamente estos activos, necesitarán autorización como entidad de dinero electrónico, según confirma el Banco de España. Aunque el refuerzo regulatorio es visto como un paso positivo, parte de la industria lo considera excesivo. Alfonso Ayuso, de la Asociación Española FinTech e InsurTech (Aefi), ha elevado una consulta formal al Banco de España manifestando su desacuerdo con la exigencia de una doble licencia en algunos supuestos. A su juicio, resulta desproporcionado que, para devolver al cliente un e-money token custodiado -obligación que ya impone MiCA-, se exija además otra autorización adicional. Una visión que comparte Mariona Pericas, quien califica de "absurdo" tener que tramitar dos licencias para una misma actividad, lo que además implicaría una doble supervisión, un aspecto muy criticado tanto por expertos como por empresas. Otra preocupación es el plazo fijado, marzo de 2026. Cristina Carrascosa, consejera delegada de ATH21, señala que la tramitación requiere un expediente completo con memoria de actividades, plan financiero y de gobernanza, lo que hace muy difícil cumplir con los plazos bajo el procedimiento actual. Aunque la EBA ha recomendado que los supervisores aprovechen la documentación ya presentada para la licencia MiCA, los expertos dudan de que esta opción se aplique y temen retrasos adicionales. El Banco de España, por su parte, asegura que actuará en coordinación con la CNMV siguiendo las recomendaciones de la EBA y que, para agilizar los procesos, ha habilitado un sistema de presolicitud. Aunque no especifica si ya ha recibido solicitudes, confirma que varias entidades han mostrado interés en iniciar el procedimiento. Conviene subrayar que esta exigencia no afecta a todas las plataformas. Quedan fuera de la obligación aquellas que se dedican exclusivamente a la inversión, como las que gestionan intercambios de criptomonedas por dinero fiduciario o entre diferentes criptoactivos, ya que estas operaciones no se consideran servicios de pago. Tampoco necesitan doble licencia las plataformas que únicamente intermedian en la compra de activos digitales utilizando monedas estables.

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(Expansión, 08-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La OPEP+ decide aumentar su producción en octubre a un ritmo menor: 137.000 barriles diarios

La alianza OPEP+, encabezada por Arabia Saudí y Rusia, resolvió este domingo incrementar nuevamente su producción de petróleo a partir de octubre, con un alza de 137.000 barriles diarios. Esta cifra es menor a la de los últimos meses, en un contexto de debilitamiento de la demanda global. "En un escenario económico internacional estable y con fundamentos de mercado sólidos, reflejados en los bajos niveles de inventarios de crudo, los ocho países miembros decidieron aplicar un ajuste de producción de 137.000 barriles diarios", señaló la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado. Se trata del séptimo aumento desde abril, cuando la producción creció en 137.000 barriles diarios. Posteriormente, en mayo, junio y julio, el incremento se triplicó hasta 411.000 barriles por día, y en agosto y septiembre subió aún más, hasta los 548.000. Con este nuevo ajuste, la OPEP+ ha elevado su producción en 2,6 millones de barriles diarios desde abril, lo que representa cerca del 2,5% de la demanda global. El objetivo es reforzar su presencia en el mercado en medio de las presiones del entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, que buscaba una reducción en los precios del petróleo. La decisión fue adoptada mediante una teleconferencia entre los ministros de Energía de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán. Estos ocho países, considerados el núcleo duro de la OPEP+, revierten así parte de los recortes voluntarios que aplicaron en 2023. Los expertos interpretan esta medida como un cambio de estrategia liderado por Arabia Saudí, más orientado a recuperar cuota de mercado aun a costa de precios más bajos, dejando atrás la política de sostener los valores del crudo con fuertes recortes. El mercado espera que Riad continúe presionando para aumentar la producción, lo que pondría fin a los recortes de 1,6 millones de barriles diarios vigentes, junto con otros que suman 2,2 millones y se mantienen hasta finales de 2026. Pese al optimismo expresado por la OPEP sobre la economía mundial, los analistas destacan que esta semana los precios del petróleo descendieron por la preocupación sobre la demanda en Estados Unidos, mientras persisten riesgos geopolíticos y comerciales. El barril de Brent cerró la última jornada semanal en 65,50 dólares, con una caída del 2,2% (-1,49 dólares) respecto al jueves, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI) bajó un 2,5% (-1,61 dólares), hasta los 61,87 dólares. Según analistas de Commerzbank, una mayor oferta de la OPEP+ "podría ejercer una presión bajista significativa sobre los precios del petróleo".

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(El País, 08-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de la vivienda de segunda mano rompe todos los récords y supera los niveles de la burbuja inmobiliaria

El precio de la vivienda usada en España ha alcanzado un nuevo máximo histórico y en junio superó el nivel más alto registrado durante la burbuja inmobiliaria. Según los últimos datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al segundo trimestre de 2025, el índice de precios de vivienda -que toma como referencia 100 el valor de los inmuebles en 2015- situó a la vivienda de segunda mano en 173,9 puntos. De esta forma, dejó atrás el récord previo, alcanzado en el tercer trimestre de 2007, cuando el indicador se quedó en 169,2. Lo que antes se consideraba un tope asociado a los excesos de la burbuja ha quedado obsoleto. Ahora, el mercado de segunda mano se mueve en un terreno inexplorado, que despierta inquietudes y dudas sobre la sostenibilidad de esta escalada de precios. La tendencia ya se venía observando desde hace varios trimestres. El índice que elabora el INE combina la evolución de la vivienda nueva y la usada, ponderando el peso real de cada una en el mercado. Con base 100 en 2015, refleja cómo han cambiado los precios desde entonces. El índice general ya había superado los niveles de 2007 a principios de 2024, impulsado tanto por la obra nueva como por el encarecimiento progresivo de la segunda mano. Actualmente, se sitúa en 178,1 puntos, lo que significa que adquirir una vivienda cuesta casi un 80% más que hace diez años. El caso de la vivienda nueva es aún más llamativo: batió sus récords históricos ya en 2020, y en junio de este año alcanzó los 206 puntos. Sin embargo, su peso en el mercado es menor que en la primera década de los 2000. Ante la combinación de una oferta insuficiente y una demanda muy fuerte, la subida de la segunda mano era solo cuestión de tiempo. "El aumento del precio de la vivienda responde a tres factores principales: una demanda creciente y sostenida, mejores condiciones hipotecarias y una oferta claramente insuficiente", explica María Matos, directora de estudios de Fotocasa, quien advierte que la tendencia alcista continuará en los próximos meses. Las cifras interanuales confirman la magnitud del fenómeno. Entre abril y junio, el precio de la vivienda usada subió un 12,8%, el mayor incremento en 18 años. Además, acumula subidas ininterrumpidas desde 2023. En el caso de la obra nueva, los precios aumentaron un 12,1%, aunque muestran síntomas de moderación tras tres trimestres consecutivos de crecimiento positivo pero cada vez menor. El índice general, muy influido por el peso de la vivienda usada, se disparó un 12,7% respecto al segundo trimestre de 2024, el mayor avance desde 2007. En total, ya encadena 45 trimestres seguidos al alza, lo que equivale a más de once años continuados de encarecimientos. Entre las causas de esta situación destaca la falta estructural de oferta. Según Caixabank Research, entre 2021 y 2024 se acumularon unas 765.000 viviendas menos de las necesarias, lo que explica alrededor del 40% de la subida de precios reciente. Fotocasa añade que España necesitaría unas 240.000 viviendas nuevas cada año para cubrir la creación de hogares, pero el mercado solo aporta alrededor de 100.000. Además, la mayoría de los participantes en el mercado busca comprar (81%) frente al 12% que vende. La presión aumenta con factores adicionales: el ritmo de construcción sigue siendo insuficiente, la demanda extranjera ya representa un 18% de las operaciones y el crecimiento poblacional marca nuevos máximos. España ha superado los 49 millones de habitantes y las compraventas realizadas por extranjeros ya superan las 130.000 al año.

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(El Economista, 08-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los impagos que sufren las pymes superan en 20 días el máximo legal

Las pequeñas y medianas empresas españolas continúan enfrentándose a plazos de cobro muy superiores a los que fija la normativa. En el primer trimestre de 2025, las pymes tuvieron que esperar una media de 80,1 días para recibir los pagos pendientes de clientes y otras compañías, según el Observatorio de Morosidad elaborado por Cepyme. Esta cifra sobrepasa con creces los límites legales establecidos en la Ley 3/2004, que marca un máximo de 60 días para las operaciones comerciales -salvo en el caso de productos frescos y perecederos, cuyo plazo no debe superar los 30 días-. Pese a la gravedad del problema, el informe señala un dato positivo: el Periodo Medio de Pago (PMP) de las pymes se encuentra en su nivel más bajo de los últimos ocho años. El retroceso registrado -de 83,1 días a 80,1- constituye la mayor reducción en más de 12 años y medio, y supone además el quinto descenso interanual consecutivo, algo que no ocurría desde comienzos de 2022. Cepyme atribuye esta mejora a la bajada de los tipos de interés. En los tres primeros meses del año, el coste medio de los nuevos préstamos para pequeñas empresas se situó en el 3,88%, el nivel más bajo desde finales de 2022. En el caso de las medianas compañías, los tipos descendieron hasta el 3,64%, también el menor desde el cuarto trimestre de 2022. La patronal celebra este alivio, ya que los retrasos en los pagos tienen un fuerte impacto en la liquidez y estabilidad financiera de las pymes. No obstante, recuerda que la media se mantiene muy próxima a la de trimestres anteriores: 80,4 días en el tercero de 2024 y ligeramente por debajo de los 80 en el último. Por sectores, la industria fue la que más redujo su PMP, con un recorte interanual del 14,8%. Sin embargo, sigue siendo el ámbito más afectado por la morosidad, con una media de 98,9 días, casi tres más que la construcción (96,1 días), que apenas consiguió un ajuste del 1,3%. En consecuencia, las empresas industriales continúan soportando plazos de pago 18,8 días superiores a la media de las pymes españolas. En cambio, los sectores agroalimentario y de servicios presentan mejores resultados: 71,4 y 77,1 días de PMP, respectivamente, con reducciones del 2,2% y del 2%. Por tamaño empresarial, las microempresas son las más perjudicadas. Un 12,7% de las compañías de hasta 10 empleados sufren retrasos superiores a 30 días en los pagos de otras sociedades, costes que deben cubrir mientras esperan cobrar. Además, la situación ha empeorado con los años: en 2015 solo un 10,4% de las micropymes se encontraba en esta situación, porcentaje que ha aumentado 2,3 puntos hasta el 12,7% registrado en 2025.

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(Cinco Días, 05-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España impulsa el crecimiento de la actividad privada de la eurozona en agosto

La actividad del sector privado en la eurozona registró en agosto un avance "moderado", aunque con un claro líder: España. Así lo reflejan los datos publicados por S&P Global y el Hamburg Commercial Bank (HCOB) a través del índice PMI compuesto -que mide tanto los servicios como la industria manufacturera-, el cual alcanzó los 51 puntos, apenas una décima más que en julio pero todavía por encima del umbral de contracción (50 puntos). España volvió a destacar como la economía más dinámica, con 53,7 puntos, aunque ligeramente por debajo de los 54,7 registrados en julio. El enfriamiento también se notó en Irlanda (51,3) y Alemania (50,5), mientras que Italia aceleró levemente hasta 51,7. Francia, en cambio, fue la gran rezagada: con 49,8 puntos se quedó en terreno contractivo. Según el HCOB, "la tasa de expansión alcanzó su nivel más alto en un año, aunque sigue siendo débil". Esta fragilidad responde a la pérdida de impulso en el sector servicios de la eurozona, que cayó a 50,5 puntos en agosto. No obstante, las compañías reportaron un repunte en los nuevos pedidos, algo que no ocurría desde mayo de 2024. En cuanto a precios, los servicios continúan siendo el principal foco de presión inflacionista. Los costes operativos repuntaron al ritmo más alto desde marzo, lo que se tradujo en un aumento de los precios cobrados, el más intenso en los últimos cuatro meses. El economista jefe del HCOB, Cyrus de la Rubia, calificó este crecimiento de "dolorosamente lento" y apuntó a factores que frenan la recuperación, como las tensiones políticas en Francia y España, la incertidumbre sobre el acuerdo comercial entre la UE y EE. UU. y las dificultades persistentes del sector automovilístico. En paralelo, se conocieron los datos del PMI de servicios en España: el indicador se mantuvo en zona expansiva en agosto, pero con menor fuerza, al descender hasta 53,2 puntos (1,9 menos que en julio). Según la entidad, el sector se benefició de un "entorno de demanda favorable" y de un "aumento en los nuevos pedidos". El empleo continuó creciendo por vigésimo noveno mes consecutivo gracias a la mayor carga de trabajo, aunque el ritmo de contrataciones se redujo de forma significativa en comparación con julio. Además, se detectaron problemas de capacidad y escasez de personal en las empresas. Para Jonas Feldhusen, economista junior del HCOB, "la economía del sector privado español sigue mostrando estabilidad" y, pese a la ralentización de los servicios, el país mantiene un desempeño sólido "sobre todo si se le compara con el resto de socios de la eurozona".

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