España contabilizó 130.495 nacimientos entre enero y mayo de este año, lo que representa un incremento de 1.087 alumbramientos respecto al mismo periodo de 2025. En esos cinco meses también se registraron 191.677 defunciones, una cifra que supone 1.086 fallecimientos menos que un año antes. Durante el mes de mayo el saldo vegetativo volvió a ser negativo, con una diferencia de 9.063 personas entre nacimientos y defunciones. En concreto, se produjeron 26.276 nacimientos frente a 35.334 fallecimientos.
Aunque en mayo nacieron 291 bebés más que en el mismo mes del año anterior, España continúa sin superar la barrera de los 30.000 nacimientos mensuales desde octubre de 2021. Además, si se compara con hace siete años, el número de nacimientos registrados entre enero y mayo se ha reducido en 16.288.
Los datos también reflejan la consolidación del retraso de la maternidad. Por octavo mes consecutivo, el número de hijos nacidos de madres mayores de 40 años superó al de los nacidos de mujeres menores de 25 años.
En cuanto a la mortalidad, en mayo fallecieron 35.334 personas, 139 menos que en el mismo mes de 2025. No obstante, la evolución de las defunciones contrasta con la de los nacimientos, ya que el número acumulado de fallecimientos hasta mayo se sitúa cerca de 4.000 por encima del registrado en el mismo periodo de 2019.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alcanzado en Argel un acuerdo político destinado a reforzar el suministro de gas procedente de Argelia, tanto a través del gasoducto Medgaz como mediante cargamentos de gas natural licuado (GNL) transportados por vía marítima. El objetivo es incrementar en torno a un 15% las importaciones desde el país norteafricano, lo que supondría unos 20.000 gigavatios hora adicionales al año y consolidaría a Argelia como el principal proveedor de gas de España.
La visita oficial, realizada apenas unas horas después de la final del Mundial de fútbol celebrada en Nueva York, simboliza además la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras varios años de tensiones. La crisis se originó en 2022, cuando España respaldó la propuesta marroquí sobre el Sáhara Occidental, rompiendo la tradicional posición de neutralidad. Aunque el Ejecutivo asegura que no ha modificado su postura ni ha realizado concesiones sobre esta cuestión, el acercamiento diplomático se ha intensificado desde la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a Argelia.
El refuerzo de la cooperación energética cobra especial relevancia ante el nuevo escenario europeo. La Comisión Europea ha confirmado que, a partir del 1 de enero de 2027, quedará prohibida la compra de gas ruso, una decisión que obligará a los Estados miembros a buscar proveedores alternativos. Esta medida afecta especialmente a España y, en particular, a Naturgy, que mantiene un contrato de suministro a largo plazo con Rusia y deberá poner fin a ese acuerdo para cumplir con las sanciones comunitarias. Según los últimos datos de Enagás, alrededor del 20% del gas consumido en España sigue teniendo origen ruso, por lo que será necesario sustituir ese volumen antes del próximo invierno.
El contexto internacional añade dificultades a esta transición. La guerra en Oriente Próximo ha reducido la oferta global de gas, mientras que el tránsito de buques metaneros por el estrecho de Ormuz se ha visto afectado por las tensiones en la región. Además, Qatar, uno de los principales exportadores mundiales de gas natural licuado, ha anunciado el retraso de parte de su nueva capacidad de producción debido a los daños sufridos en instalaciones energéticas como consecuencia del conflicto.
Ante este escenario, el Gobierno español ha viajado a Argelia acompañado por representantes de las principales compañías energéticas del país, entre ellas Repsol, Moeve y Enagás. Aunque el presidente de Naturgy tenía previsto participar en la delegación, finalmente no pudo asistir por motivos logísticos. En esta primera fase, las conversaciones se han desarrollado principalmente en el plano institucional, con el objetivo de sentar las bases para futuros acuerdos comerciales.
Fuentes del sector estiman que la finalización del contrato de Naturgy con Rusia supondrá la pérdida de unos tres mil millones de metros cúbicos de gas al año. La intención es compensar buena parte de ese volumen mediante un incremento de aproximadamente dos mil millones de metros cúbicos procedentes de Argelia: la mitad a través del gasoducto Medgaz y la otra mitad mediante envíos marítimos de gas natural licuado.
Como parte del proceso de normalización bilateral, ambos gobiernos han acordado celebrar una cumbre entre España y Argelia el próximo mes de octubre, un encuentro de este nivel que no tenía lugar desde 2018. Tras esa cita, se espera que las empresas españolas puedan iniciar negociaciones más detalladas con Sonatrach, la compañía energética estatal argelina, para concretar el aumento de las compras de gas.
No obstante, desde el sector energético advierten de que este incremento del suministro argelino podría no ser suficiente para cubrir completamente el vacío que dejará el gas ruso. La combinación de menores suministros internacionales y una elevada demanda mantiene la preocupación sobre la evolución de los precios energéticos durante los próximos meses.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado que, en las reuniones mantenidas con las autoridades argelinas, se puso de manifiesto la necesidad de reforzar la cooperación con socios estratégicos como Argelia en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas. En la misma línea, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, destacó que esta nueva etapa abre oportunidades para las empresas españolas, con la energía como uno de los principales ejes de colaboración.
Mientras tanto, parte del sector empresarial mantiene la esperanza de que la Unión Europea reconsidere algunas de las sanciones energéticas previstas, ante el posible impacto que podrían tener sobre los precios y el coste de la energía para hogares y empresas. Sin embargo, las instituciones comunitarias mantienen, por el momento, su compromiso de reforzar la presión económica sobre Rusia mientras continúa la guerra en Ucrania.
El dinamismo de la demanda interna y la llegada de los últimos recursos procedentes de los fondos europeos Next Generation permitirán que la economía española mantenga un crecimiento sólido durante este año, pese al aumento de la incertidumbre internacional derivada del conflicto en Oriente Próximo, agravado recientemente tras el fin de la tregua entre Irán y Estados Unidos.
Así lo recoge el último Pulso Económico Trimestral elaborado por EY Insights, que cuenta con la participación de un amplio grupo de economistas, entre ellos Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank; Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, y Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE). El informe estima que el PIB español crecerá entre un 2% y un 2,5% este año, reflejando la capacidad de la economía para absorber el impacto de factores adversos, como el encarecimiento de la energía y de otras materias primas provocado por el cierre del estrecho de Ormuz.
Los expertos consideran que los fondos europeos continúan siendo uno de los principales pilares del crecimiento económico. En este sentido, el Gobierno deberá completar antes de agosto todos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para poder acceder al séptimo y último desembolso del programa antes de finalizar el ejercicio.
No obstante, la atención ya se dirige hacia 2027, primer año en el que España dejará de recibir estos recursos extraordinarios impulsados tras la pandemia. Los analistas advierten de que la ausencia de estas ayudas podría ralentizar el crecimiento económico, incluso aunque el Ejecutivo impulse unos Presupuestos Generales del Estado con un techo de gasto récord de 226.000 millones de euros.
El informe también destaca el papel de la demanda interna como uno de los principales motores de la actividad económica. En conjunto, dibuja el escenario de una economía que mantiene fortalezas en sus fundamentos internos, aunque cada vez más condicionada por un entorno internacional e institucional complejo.
Entre los principales riesgos externos, el panel de expertos identifica la evolución de la situación geopolítica, el comportamiento del comercio internacional y la política comercial de Estados Unidos. En el ámbito nacional, subraya la fragmentación parlamentaria y la inestabilidad política como los factores que generan mayor inquietud, hasta el punto de que el 75% de los analistas considera que tienen un impacto negativo o muy negativo sobre la economía española. El estudio dedica además un apartado específico a la relación económica entre la Unión Europea y China en el nuevo contexto comercial internacional marcado por la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump.
En este ámbito, los expertos defienden que la Unión Europea debe reforzar su competitividad y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica. La estrategia que recibe mayor respaldo combina una política industrial europea más activa con mecanismos selectivos de defensa comercial frente a prácticas como los subsidios, la sobrecapacidad productiva, la dependencia estratégica o la competencia desleal. Esta opción obtiene una valoración de 7,93 puntos sobre 10, mientras que el impulso de una política industrial coordinada para reducir la dependencia de China alcanza 7,73 puntos.
Por el contrario, los analistas muestran un apoyo significativamente menor tanto a una estrategia basada únicamente en el diálogo y la cooperación con China como a un endurecimiento generalizado de las medidas comerciales. En conjunto, el informe apuesta por una posición equilibrada que permita reforzar la autonomía económica europea sin renunciar a mantener una relación comercial abierta con el gigante asiático.
España quiere situarse por primera vez al frente del Banco Central Europeo (BCE) y considera que existen opciones reales de lograrlo. Para ello, el Gobierno ha apostado por Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y exgobernador del Banco de España, como candidato para suceder a Christine Lagarde cuando finalice su mandato en octubre de 2027, según diversas fuentes próximas al proceso.
Las conversaciones entre Hernández de Cos y el equipo del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mantienen de forma habitual desde hace meses. El objetivo es preparar una candidatura que permita a España optar por primera vez a la presidencia de la máxima autoridad monetaria de la zona euro.
El exgobernador ha evitado pronunciarse sobre esta posibilidad. Desde el Ministerio de Economía, por su parte, destacan que España, como una de las principales economías del euro y uno de los mayores accionistas del BCE, aspira de manera natural a desempeñar un papel relevante en la próxima etapa de la institución y que, llegado el momento, presentará una candidatura acorde con esa aspiración.
El respaldo del Ejecutivo resulta imprescindible para cualquier aspiración a la presidencia del BCE. La experiencia demuestra que los candidatos que no cuentan con el apoyo de sus respectivos gobiernos difícilmente logran acceder a alguno de los puestos del Comité Ejecutivo, ya que el proceso exige una intensa labor de negociación entre los países de la Unión Europea.
En este caso, las fuentes consultadas descartan que existan discrepancias entre el Gobierno y Hernández de Cos, pese a las especulaciones surgidas por las diferencias mantenidas durante su etapa al frente del Banco de España en cuestiones como el salario mínimo o la revalorización de las pensiones. Aseguran que el Ministerio de Economía siempre ha considerado al economista español como la única opción con posibilidades reales de alcanzar la presidencia del BCE, gracias al prestigio internacional que ha consolidado en los últimos años. De hecho, diversas encuestas entre economistas lo sitúan entre los perfiles mejor valorados para asumir ese cargo.
El presidente del BCE es nombrado para un mandato único de ocho años y debe acreditar una amplia experiencia y reconocimiento en materia monetaria y bancaria. Sin embargo, además de la preparación técnica, la elección depende en gran medida del consenso político entre los Estados miembros de la zona euro.
El procedimiento comienza en el Eurogrupo, donde los ministros de Economía de los países del euro debaten las candidaturas hasta alcanzar una mayoría cualificada. Posteriormente, el aspirante comparece ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y necesita también el visto bueno del Consejo de Gobierno del BCE. Finalmente, corresponde al Consejo Europeo adoptar la decisión definitiva.
En algunas ocasiones, como ocurrió con Christine Lagarde, el propio Consejo Europeo ha impulsado directamente una candidatura de consenso. En esta ocasión, además de Hernández de Cos, entre los nombres que suenan para presidir el BCE figuran el neerlandés Klaas Knot y los alemanes Joachim Nagel e Isabel Schnabel.
Según las fuentes consultadas, Hernández de Cos solo contemplaría abandonar su actual responsabilidad en el BIS si fuera para asumir la presidencia del BCE. No se considera candidato para otros puestos del Comité Ejecutivo, como la jefatura de Economía o la dirección de Operaciones de Mercado, ya que ninguno supondría un avance comparable en su trayectoria profesional.
En el supuesto de que el Gobierno concluyera que la presidencia no es alcanzable, estudiaría respaldar a otro candidato español para intentar mantener presencia en el Comité Ejecutivo del BCE. El Ministerio de Economía considera prioritario que España conserve representación en este órgano, evitando un vacío como el que existió entre la salida de José Manuel González-Páramo en 2012 y el nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente en 2018.
El mercado hipotecario registró en mayo una ligera desaceleración tras casi dos años de crecimiento continuado. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante ese mes se constituyeron 42.213 hipotecas para la compra de vivienda, lo que supone un descenso interanual del 0,1%, con apenas 38 operaciones menos que en mayo de 2025. En comparación con abril, sin embargo, la actividad aumentó un 5,5%.
Aunque la caída es prácticamente testimonial, pone fin a una racha de incrementos que se mantenía desde junio de 2024. Hasta ahora, el mercado hipotecario había seguido creciendo pese a que las compraventas de viviendas comenzaban a mostrar signos de moderación tras el elevado volumen de operaciones registrado en 2025, cuando se superaron las 700.000 transacciones.
A pesar de este leve retroceso puntual, el balance de los cinco primeros meses del año continúa siendo positivo. Entre enero y mayo se firmaron 213.777 hipotecas para adquisición de vivienda, un 6,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando se formalizaron 201.233 préstamos. La evolución confirma que la financiación hipotecaria continúa respaldando la demanda de vivienda, aunque el mercado inmobiliario empieza a mostrar un crecimiento más moderado tras el fuerte impulso experimentado en los últimos años.
El descenso registrado en mayo no fue uniforme en todo el territorio nacional. La mayor caída porcentual correspondió a Melilla, donde las hipotecas descendieron un 27%, si bien en términos absolutos únicamente se firmaron 17 préstamos menos. Entre las comunidades con mayor volumen de operaciones destacaron los descensos registrados en Baleares, donde las hipotecas disminuyeron un 19,6%; Cantabria, con una caída del 17,9%; la Región de Murcia, con un descenso del 13,2%; Aragón, con un 12,8% menos; la Comunidad Valenciana, donde las operaciones retrocedieron un 11,5%; el País Vasco, con una reducción del 10,5%; y Galicia, con una caída del 10,2%.
En términos absolutos, la Comunidad Valenciana fue la que experimentó la mayor reducción, con 625 hipotecas menos que un año antes. Le siguieron el País Vasco, con 234 operaciones menos; Baleares, con 201; Murcia, con 182; y Galicia, con 176. También se registraron descensos en Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja.
Por el contrario, varias comunidades aumentaron el número de préstamos hipotecarios. Cataluña registró uno de los mayores incrementos, con un crecimiento del 9,3% y 641 operaciones adicionales respecto a mayo del año anterior. También aumentaron las hipotecas en Andalucía (6,7%), Canarias (16,5%), la Comunidad de Madrid (4,6%), Extremadura (4,5%), Asturias (0,8%), Ceuta (13,7%) y, especialmente, Navarra, donde el incremento alcanzó el 33,5%.
En cuanto al coste de la financiación, el tipo de interés medio de las nuevas hipotecas se situó en mayo en el 2,98%, siete centésimas por encima del registrado un año antes, cuando era del 2,91%. Pese a este ligero repunte, los tipos siguen siendo sensiblemente inferiores a los registrados durante el periodo de endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo. En mayo de 2024 el interés medio alcanzaba el 3,25%, mientras que en mayo de 2023 se situaba en el 3,15%. En comparación con esos niveles, el coste actual continúa mostrando una moderación significativa y se mantiene lejos de los máximos superiores al 4% alcanzados durante la anterior crisis financiera.
El importe medio de las hipotecas también continuó creciendo. En mayo alcanzó los 174.866 euros, un 9,7% más que un año antes, lo que supone un incremento cercano a los 15.500 euros y marca el nivel más elevado de la serie histórica iniciada por el INE en enero de 2015.
La inflación de la eurozona moderó su ritmo de crecimiento en junio, aunque continúa ligeramente por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE). Según los datos confirmados por Eurostat, el índice de precios de consumo se situó en el 2,8% interanual, cuatro décimas menos que en mayo y su nivel más bajo desde marzo de 2026.
En el conjunto de la Unión Europea, la inflación también descendió cuatro décimas, hasta el 2,9%, impulsada principalmente por la desaceleración de los precios de la energía, que aumentaron un 8,5% frente al 10,8% registrado el mes anterior. Asimismo, los alimentos frescos moderaron su encarecimiento, pasando del 4% al 3,1% interanual.
Por componentes, los bienes industriales no energéticos incrementaron sus precios un 0,7%, dos décimas menos que en mayo, mientras que los servicios elevaron su tasa hasta el 3,2%, frente al 3,5% del mes anterior. Excluyendo la energía, la inflación se redujo al 2,2%, y la inflación subyacente -que también elimina del cálculo alimentos, alcohol y tabaco- descendió del 2,6% al 2,4%.
Entre los países de la UE, Suecia (1%), República Checa (1,1%) y Dinamarca (1,8%) registraron las menores tasas de inflación, mientras que Rumanía (9,2%), Lituania (5,4%) y Bulgaria (5,2%) presentaron los mayores incrementos de precios.
España se situó por encima de la media europea. La inflación armonizada permaneció estable en el 3,6% interanual, lo que supone un diferencial de ocho décimas respecto a la eurozona y la tasa más elevada entre las principales economías del euro. En comparación, Alemania registró una inflación del 2,4%, Francia del 2% e Italia del 3%.
Desde su constitución, Sareb ha logrado vender cerca de 71.000 viviendas procedentes de los activos adjudicados tras la crisis financiera. Aun así, después de descontar las 45.000 viviendas que el Gobierno ha decidido transferir a Casa 47 para destinarlas al alquiler asequible, la sociedad todavía mantiene unas 5.800 viviendas pendientes de comercialización.
Gran parte de estos inmuebles se encuentran en municipios con menos de 5.000 habitantes. A ellos se suman otras 12.000 viviendas que actualmente sirven de garantía de préstamos impagados y cuya recuperación depende de procedimientos judiciales. En conjunto, Sareb tiene aún alrededor de 18.000 inmuebles por retirar de su balance cuando apenas resta un año y medio para su liquidación, prevista para noviembre de 2027.
El Estado asumió el control accionarial de Sareb en 2022, aunque varias entidades financieras y aseguradoras continúan formando parte de su accionariado. Durante sus trece años de actividad, la sociedad ha vendido cerca de 71.000 viviendas procedentes de las antiguas cajas de ahorros rescatadas. Según los últimos datos disponibles, el precio medio de venta ronda los 105.000 euros y los inmuebles se comercializan a través de portales como Idealista y Fotocasa. La mayor concentración de estas viviendas se localiza en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Las empresas Aliseda/Anticipa y Servihabitat serán las encargadas de gestionar la venta del parque inmobiliario restante. Además, asumirán la selección, adecuación y traspaso de las 45.000 viviendas destinadas a Casa 47, muchas de las cuales necesitan obras de rehabilitación por su estado de conservación. Uno de los principales retos será recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente antes de su cesión. Las estimaciones apuntan a que alrededor de 3.000 inmuebles se encuentran en esta situación.
Cuando Sareb comenzó su actividad, su primera presidenta, Belén Romana, planteó como objetivo alcanzar una rentabilidad del 15% para sus accionistas. Sin embargo, esa previsión nunca llegó a cumplirse. Actualmente, los inversores mantienen totalmente provisionada su participación y las pérdidas acumuladas de la sociedad ascienden a 12.766 millones de euros. Desde 2022, estos resultados negativos se contabilizan dentro del déficit público.
Con la liquidación prevista para noviembre de 2027, el Tesoro deberá hacer frente al aval estatal de los bonos emitidos en su momento para adquirir los activos de las cajas de ahorros rescatadas. De los cerca de 50.000 millones de euros emitidos inicialmente, aún permanecen pendientes de devolución aproximadamente 27.500 millones, una cifra que, según fuentes financieras, apenas variará hasta el cierre de la sociedad.
Las mismas fuentes consideran probable que el Tesoro sustituya los bonos de Sareb que mantienen entidades como CaixaBank, BBVA y Unicaja por deuda pública del Estado. De producirse esta operación, no tendría efectos ni sobre los balances de los bancos tenedores de esos títulos ni sobre el déficit público.
Aunque la liquidación formal está prevista para 2027, Sareb podría seguir desarrollando su actividad mientras completa la venta o cesión de los activos que permanezcan en cartera. Además de viviendas, la sociedad conserva miles de suelos, principalmente en zonas con baja densidad de población, así como naves industriales y locales comerciales, cuya desinversión o cesión continuará hasta agotar su patrimonio.
Cataluña continúa siendo la comunidad autónoma con mayor número de entes públicos, al contabilizar 272 organismos, según los datos correspondientes a julio publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Le siguen Andalucía, con 129, y la Comunidad de Madrid, con 101. La cifra catalana representa el 21,16% del total de entes públicos autonómicos existentes en España y apenas registra cambios respecto al ejercicio anterior.
Dentro de este conjunto se incluyen agencias, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles, instituciones sin ánimo de lucro, universidades y otras entidades de carácter público. En Cataluña predominan especialmente los consorcios, las fundaciones y las sociedades mercantiles, que concentran más de dos tercios del total.
Aunque muchos de estos organismos fueron creados durante las décadas de 1980 y 1990, más de la mitad surgieron a partir del año 2000 y durante la década siguiente, coincidiendo con los distintos gobiernos de la Generalitat encabezados por Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. En 2026, el Ejecutivo de Salvador Illa ha eliminado algunos órganos considerados obsoletos con el objetivo de simplificar la estructura administrativa, si bien también ha reforzado el tamaño y los recursos de varias agencias. La reducción de 277 a 272 entes respecto a 2025 responde, principalmente, a una actualización del inventario.
Andalucía ocupa el segundo lugar con 129 organismos públicos. La cifra apenas varía respecto al año anterior, cuando contabilizaba 128. La diferencia con Cataluña se explica, en parte, por el proceso de reducción del sector público llevado a cabo tras la crisis financiera de 2008. Durante el mandato de Juan Antonio Griñán se eliminaron 111 de las 254 empresas públicas existentes y, entre 2011 y 2017, desaparecieron otros 156 entes.
Desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta, la estructura del sector público andaluz apenas ha experimentado modificaciones relevantes. Al igual que en Cataluña, predominan los consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles públicas, entidades que desarrollan actividades económicas con capital mayoritariamente aportado por las administraciones públicas.
La Comunidad de Madrid figura en tercer lugar con 101 entes públicos. Tras la reducción de más de un centenar de organismos impulsada durante el mandato de Esperanza Aguirre a raíz de la crisis económica, el número de entidades apenas ha variado. Durante la actual legislatura de Isabel Díaz Ayuso únicamente se ha suprimido Madrid Activa, organismo dedicado al desarrollo económico, tecnológico e industrial, mientras que en 2024 se constituyó la Fundación Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Por su parte, la Fundación Madrid Film Commission se encuentra actualmente en proceso de liquidación. La mayor parte de los entes madrileños también corresponden a consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles creados principalmente en la década de los noventa.
En la clasificación de este año, el País Vasco supera a Galicia y pasa a ocupar la cuarta posición, con 97 entes frente a los 94 de la comunidad gallega. La diferencia se atribuye principalmente a una mayor fragmentación de la administración local vasca y a un número más elevado de consorcios, más que a un mayor tamaño del sector público autonómico.
Si se analizan las entidades dependientes de administraciones locales, la provincia de Barcelona encabeza el listado nacional con 292 organismos, una cifra incluso superior a la de los entes adscritos a la Generalitat. Dentro de Cataluña, Tarragona cuenta con 110 entidades, Lleida con 76 y Girona con 73. En conjunto, las cuatro provincias catalanas suman 551 organismos locales, por encima de los 525 contabilizados en las ocho provincias andaluzas.
Tras Cataluña, las tres provincias del País Vasco reúnen un total de 217 entidades locales, distribuidas entre Vizcaya (101), Guipúzcoa (84) y Álava (32). La Comunidad de Madrid y Navarra registran, cada una, 96 organismos de ámbito local. En el extremo opuesto se sitúan provincias como Guadalajara, con seis entidades; Soria, con siete; y Ávila y Lugo, con nueve. La Rioja contabiliza únicamente tres entes dependientes de administraciones locales.
La mayoría de estos organismos locales gestionan servicios públicos como el abastecimiento y distribución de agua, la recogida de residuos, el mantenimiento de infraestructuras viarias o la depuración de aguas, aunque también existen entidades dedicadas a actividades deportivas, culturales o de promoción turística.
Entre las comunidades y ciudades autónomas con menor número de entes públicos destacan La Rioja y Ceuta, ambas con 18 organismos, mientras que Melilla cierra la clasificación con solo seis. Estas diferencias ponen de manifiesto que el número de entidades públicas no guarda una relación directa con la población de cada territorio, sino que responde, en gran medida, a las decisiones organizativas adoptadas por los distintos gobiernos autonómicos y locales a lo largo del tiempo.
El Gobierno está reforzando su estrategia para impulsar la participación de las empresas españolas en la reconstrucción de Ucrania mediante nuevos acuerdos de colaboración institucional y un importante paquete de financiación pública destinado a facilitar inversiones y proyectos empresariales en el país.
Uno de los principales pasos ha sido la firma de un memorando de colaboración entre la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) y la Federación de Empresarios de Ucrania (FEU), suscrito durante la visita oficial a Kiev del ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. El acuerdo busca estrechar la cooperación entre ambos países y favorecer la participación de compañías españolas en los proyectos de reconstrucción de infraestructuras estratégicas.
Las oportunidades de negocio abarcan ámbitos como las redes eléctricas, el transporte ferroviario, las infraestructuras hidráulicas y el tratamiento de agua, aunque también existen posibilidades de inversión directa, concesiones y alianzas con empresas locales. Según Sercobe, el potencial de colaboración se extiende a numerosos sectores económicos y no se limita únicamente a la exportación de bienes de equipo.
La asociación, que agrupa a fabricantes de bienes de equipo y organizaciones sectoriales como las de material eléctrico e iluminación, ya mantenía actividad en Ucrania antes del inicio de la guerra, especialmente en proyectos relacionados con infraestructuras eléctricas y sistemas de tratamiento de agua. En los últimos años, además, ha aumentado el interés por el suministro de equipamiento vinculado al ámbito de la defensa.
El memorando también contempla la creación de un Consejo Industrial conjunto, liderado por Sercobe y la patronal ucraniana, en el que participarán empresas e instituciones públicas y privadas de ambos países para coordinar iniciativas de cooperación y desarrollo industrial. Paralelamente, España se incorporará al instrumento internacional Industrial Ramstein, una iniciativa destinada a facilitar el suministro de maquinaria, equipos industriales y otros bienes necesarios para la reconstrucción del tejido productivo ucraniano.
Desde el sector empresarial destacan que Ucrania representa un mercado con importantes perspectivas de crecimiento pese al conflicto bélico. Su proceso de aproximación a la Unión Europea exigirá adaptar gran parte de sus infraestructuras y servicios a los estándares comunitarios, lo que generará una elevada demanda de tecnología, ingeniería y equipamiento especializado.
El respaldo financiero del Gobierno constituye otro de los pilares de esta estrategia. Durante su visita a Kiev, Carlos Cuerpo anunció la movilización de 570 millones de euros en instrumentos públicos destinados a respaldar a las empresas españolas interesadas en participar en la reconstrucción del país.
Entre las principales medidas figura una línea de cobertura de 250 millones de euros a través de Cesce, otros 100 millones gestionados por Cofides para apoyar inversiones empresariales y dos líneas adicionales de 100 millones de euros cada una financiadas mediante el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), además de otros instrumentos de apoyo.
La visita institucional también sirvió para celebrar la primera reunión del Comité Bilateral España-Ucrania, impulsado por las cámaras de comercio de ambos países. Este nuevo foro empresarial pretende facilitar el contacto entre compañías, promover proyectos conjuntos y favorecer la participación de empresas españolas en las iniciativas de modernización y reconstrucción que se desarrollarán en Ucrania durante los próximos años.
El Ejecutivo considera que estas actuaciones no solo refuerzan el respaldo institucional a Ucrania en el contexto de la guerra, sino que también abren nuevas oportunidades para la internacionalización de las empresas españolas en un proceso de reconstrucción que movilizará miles de millones de euros y que previsiblemente se prolongará durante la próxima década.
Los seis principales bancos cotizados españoles afrontan la presentación de sus resultados semestrales con perspectivas de volver a marcar cifras récord. Según las previsiones del consenso de mercado recopiladas por Bloomberg, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja obtendrán conjuntamente más de 18.000 millones de euros de beneficio en el primer semestre de 2026, lo que supondría un incremento aproximado del 5,5% respecto al mismo periodo del año anterior y situaría al sector en disposición de encadenar un quinto ejercicio consecutivo de beneficios históricos.
Pese a la incertidumbre derivada de la crisis en Oriente Próximo, las entidades consideran que, por el momento, el conflicto no está teniendo un impacto significativo sobre la actividad bancaria. Las estimaciones más optimistas, como las de Bank of America, sitúan el beneficio conjunto por encima de los 18.500 millones de euros, mientras que Barclays maneja una previsión algo más prudente, cercana a los 17.925 millones.
Las expectativas apuntan a que prácticamente todas las entidades mejorarán sus resultados respecto al año pasado. Santander lideraría el crecimiento con un beneficio estimado de 7.321 millones de euros (+7,3%), seguido por BBVA con 5.949 millones (+10%), CaixaBank con 3.131 millones (+6%), Bankinter con 583 millones (+7,5%) y Unicaja con 343 millones (+1,5%). Sabadell sería la única excepción, con una ligera caída prevista del 1,5%, hasta unos 960 millones de euros.
El calendario de presentación de resultados comenzará el 22 de julio con Santander. Bankinter publicará sus cifras el día 23, Sabadell el 24, CaixaBank el 29, BBVA el 30 y Unicaja cerrará la ronda el 31 de julio. Los analistas prevén que la evolución positiva de los resultados se apoye principalmente en la mejora del margen de intereses, el crecimiento de las comisiones y un control de los costes, pese al incremento de las inversiones tecnológicas y los procesos de reorganización interna emprendidos por algunas entidades.
El margen de intereses podría aumentar alrededor de un 3%, favorecido por la evolución del euríbor, unos costes de financiación estables y una mayor demanda de financiación por parte de familias y empresas. En conjunto, los ingresos por intereses superarían los 46.500 millones de euros durante el semestre. Las comisiones seguirán siendo otro de los pilares de la rentabilidad, con unos ingresos superiores a los 12.400 millones de euros, impulsados por la comercialización de seguros, productos de inversión y servicios de gestión patrimonial.
La calidad del crédito continúa siendo uno de los puntos fuertes del sector. Las previsiones sitúan la ratio media de morosidad en torno al 2,05%, con entidades como Bankinter manteniéndose incluso por debajo del 2%, lo que refleja un nivel de riesgo todavía contenido.
En el lado de los costes, las entidades afrontan un aumento del gasto superior al 5% debido principalmente a las fuertes inversiones en transformación digital e inteligencia artificial. Los analistas seguirán de cerca la capacidad de los bancos para mantener la eficiencia y convertir el crecimiento del negocio en una rentabilidad sostenible, especialmente en un contexto de mayor competencia en la concesión de hipotecas y de creciente presión para modernizar sus infraestructuras tecnológicas.
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