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(El País, 24-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las exportaciones españolas a EE UU se desplomaron más de un 30% en agosto, tras entrar en vigor los nuevos aranceles

En abril se produjo el anuncio de los aranceles por parte de Donald Trump, una medida que sorprendió al mundo y puso en entredicho el modelo de globalización dominante en las últimas décadas. Sin embargo, su aplicación efectiva llegó en agosto, mes en el que se hicieron evidentes los efectos sobre el comercio internacional. Las exportaciones españolas hacia Estados Unidos se desplomaron entonces un 30,5%, una caída muy superior a la tendencia previa y peor que la registrada por el conjunto de la Unión Europea, que fue del 22%. Este impacto redujo notablemente la presencia del mercado estadounidense en el total de las ventas al exterior de España, que pasó del 4,5% en julio al 4% en agosto, con un valor inferior a los 1.000 millones de euros. Para dimensionarlo, esta cifra equivale aproximadamente a la suma de las exportaciones a Bélgica y Austria, economías considerablemente más pequeñas. Desde agosto, los productos europeos que entran en Estados Unidos están gravados con un arancel del 15%. Aunque en el momento más tenso del conflicto comercial Trump había amenazado con subirlo hasta el 50%, el nivel finalmente adoptado generó cierto alivio. Aun así, la política proteccionista del expresidente tuvo consecuencias negativas para el comercio transatlántico. La incertidumbre también afectó a las importaciones españolas procedentes de Estados Unidos, que se redujeron un 15,2% ese mismo mes. Más allá del impacto en el intercambio con la primera potencia mundial, agosto fue en general un mal mes para el sector exterior español: las exportaciones globales retrocedieron un 9,3%. Las ventas a otros países europeos disminuyeron un 10,5%, y las dirigidas a Asia (excluyendo Oriente Próximo) lo hicieron un 4,1%. China no actuó como refugio, ya que sus compras se contrajeron un 19,9%, y apenas representa el 2% del total exportado, la mitad que Estados Unidos. En la India la situación fue aún peor, con una caída del 24,3% en las ventas. América Latina ofreció, en cambio, los datos más positivos: las exportaciones crecieron allí un 7,7% en agosto, destacando Panamá, Chile, Honduras, Nicaragua y Haití. Esta región gana peso en el total de las exportaciones españolas, alcanzando el 6,4%, y compensando parcialmente la pérdida del mercado estadounidense. También mostraron avances Oceanía (+2,2%) y África (+0,8%), con un caso especialmente relevante en Argelia, donde las ventas se dispararon un 181% gracias a la normalización de las relaciones diplomáticas tras la crisis de 2022 por el Sáhara Occidental. Entre los destinos más destacados, sobresalen los incrementos hacia Malta (+192%) y Singapur (+153%), ambos con exportaciones superiores a los 100 millones de euros. En sentido contrario, los mayores descensos se registraron en Francia -primer socio comercial de España- con una caída del 14,9%, Bélgica (-21,2%), Israel (-25,3%) e Irlanda (-76,9%). Las importaciones, por su parte, se redujeron solo un 4%, lo que provocó un déficit comercial de casi 6.000 millones de euros, un 25% más que hace un año. En el acumulado de los ocho primeros meses de 2025, las exportaciones españolas apenas crecieron un 0,3% respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando los 255.921 millones de euros, mientras que las importaciones aumentaron un 4,1%, hasta los 291.026 millones. Así, el déficit comercial se amplió un 47,5%, hasta los 35.105 millones. Los mayores déficits se registraron con China (26.946 millones), Estados Unidos (9.504 millones) y Alemania (6.963 millones), siendo el de EE. UU. el que más aumentó, con un 37%. En contraste, los principales superávits provinieron de Francia (12.187 millones), Portugal (11.462 millones) y el Reino Unido (9.876 millones). En un comunicado difundido este jueves, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa evitó referirse directamente al desplome de las exportaciones a Estados Unidos y atribuyó el estancamiento general a la debilidad económica de los socios europeos. Según el informe, el comportamiento de las ventas exteriores españolas entre enero y agosto de 2025 es comparable al de otros países como Italia (+2,6%), Francia (-0,2%) o Alemania (-0,4%). A pesar de este contexto, la economía española continúa mostrando fortaleza. España se mantiene como la nación desarrollada con mayor crecimiento, con previsiones cercanas al 3% para 2025. Según los cálculos de Funcas, el sector exterior restará dos décimas al PIB este año y el próximo, siendo la demanda interna el principal motor de la actividad económica.

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(El Confidencial, 24-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor se aferra al 2%, pero abarata la hipoteca hasta 125€/mes en la vuelta al cole

El euríbor encadena su segundo mes consecutivo de subida. A falta de una jornada para cerrar octubre, el principal índice de referencia para las hipotecas variables en España se sitúa en el 2,17%, su nivel más alto en los últimos seis meses. Aun así, sigue lejos del 2,936% registrado en septiembre del año pasado, lo que se traduce en una reducción significativa de las cuotas hipotecarias, un alivio para muchos hogares en plena cuesta de la vuelta al cole. En términos prácticos, el ahorro mensual puede oscilar entre 60 y 125 euros, dependiendo del importe del préstamo. Según cálculos de iAhorro, una familia con una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% más euríbor y revisión anual, pasará de pagar 709,74 euros al mes a 647,06 euros, es decir, 62,68 euros menos cada mes, lo que supone un ahorro anual de 752,11 euros. Si la hipoteca fuera de 300.000 euros, en las mismas condiciones, la cuota bajaría de 1.419,48 a 1.294,13 euros mensuales, un ahorro de 125,35 euros al mes o 1.500 euros al año. Aunque las rebajas siguen siendo notables, son algo menores que las de meses anteriores, cuando los descuentos superaban fácilmente los 100 euros mensuales. "Conforme el euríbor se estabilice, las cuotas también lo harán. Los hipotecados se habían acostumbrado a reducciones importantes en cada revisión, pero llegará un momento en que los cambios apenas se noten, sobre todo en revisiones semestrales", explica Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro. De hecho, si la revisión es cada seis meses, el ahorro será mucho más limitado. El motivo es que el euríbor de septiembre de 2025 solo está 0,229 puntos por debajo del de marzo (2,398%), lo que implica una reducción de entre 15 y 30 euros mensuales, según el tamaño del préstamo. Por ejemplo, una hipoteca de 150.000 euros pagaba 664,22 euros en marzo y ahora abonará 648,27 euros, una diferencia de 15,95 euros al mes o 95,71 euros por semestre. En el caso de un préstamo de 300.000 euros, la cuota bajará 31,90 euros, pasando de 1.328,45 a 1.296 euros mensuales. Con este repunte, el euríbor acumula dos meses de subidas y marca su nivel más elevado desde marzo de 2025. Según Colombelli, "uno de los factores que impulsa esta tendencia es la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés en el 2%. La sensación de que el BCE ha frenado los recortes previstos ha generado cierta incertidumbre sobre la evolución económica europea, lo que se refleja en el comportamiento del euríbor". Luis Javaloyes, CEO de Agencia Negociadora, añade que "durante agosto y septiembre el euríbor ha mostrado una estabilidad con pequeñas oscilaciones, en un contexto de pausa del BCE en su ciclo de política monetaria restrictiva". Recuerda además que el pasado 11 de septiembre, el BCE decidió mantener sin cambios los tres tipos de interés oficiales, al considerar que la inflación de la eurozona se mantiene en línea con su objetivo del 2% a medio plazo. Las previsiones de crecimiento del PIB europeo también mejoran ligeramente, hasta el 1,2% en 2025 y en torno al 1% en 2026. Javaloyes apunta que las futuras decisiones del BCE dependerán de cómo la política monetaria se traslade a la economía real. Aunque la inflación subyacente sigue moderándose, persisten ciertas presiones en sectores regulados y en materias primas, lo que obliga al banco central a actuar con prudencia. "El crecimiento en la eurozona mejora, pero sigue siendo modesto y refleja una demanda interna contenida", resume. De cara a los próximos meses, Javaloyes prevé que el euríbor mantenga una tendencia estable o con ligeros descensos, moviéndose entre el 2,15% y el 2,20% hasta final de año, salvo que haya cambios bruscos en la inflación o en el crecimiento. Sus estimaciones apuntan a que el euríbor a tres meses podría cerrar 2025 ligeramente por debajo del 2%, lo que sugiere que el índice principal seguirá en el rango actual sin grandes sobresaltos mientras el BCE no retome las bajadas de tipos. Tanto Bankinter como iAhorro pronostican que el índice cerrará el año en torno al 2,15%-2,20%. Colombelli, no obstante, llama a la calma: "Un euríbor cercano al 2% mantiene un escenario muy positivo, que incluso podría permitir a los bancos mejorar ligeramente sus ofertas según el perfil de cada cliente".

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(Cinco Días, 23-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El oro continúa su corrección y se deja un 7% en dos sesiones

Las ventas continúan afectando al mercado de metales preciosos tras las fuertes subidas registradas en las últimas semanas, que habían llevado su precio cerca de los 4.400 dólares por onza. En la jornada de hoy, el valor cae un 2%, situándose en torno a los 4.030 dólares, lo que eleva la pérdida acumulada en los últimos dos días al 7%. Según los analistas, no hay una causa específica detrás de esta caída, aunque el martes llegó a registrar un desplome intradía del 6,3%, el mayor desde abril de 2013. Desde el banco suizo Julius Baer consideran que este movimiento no representa una corrección profunda, sino más bien una fase de consolidación. "Los fundamentos siguen siendo sólidos, especialmente en el caso del oro y la plata. Esta corrección debería verse como una nueva oportunidad de entrada al mercado", apuntan en su último informe. La entidad añade que lo más probable es una estabilización a corto plazo, más que una corrección prolongada. "No sería raro ver una consolidación tras un repunte tan fuerte, y de hecho, podría considerarse positiva para el mercado. El contexto general continúa siendo favorable para el oro", subraya el informe. Durante este año, marcado por la incertidumbre tanto geopolítica como económica, muchos inversores se han refugiado en activos considerados seguros, impulsados por la depreciación del dólar y la previsión de recortes en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aunque el precio spot muestra cierta estabilidad por ahora, los operadores han optado por cubrirse frente a posibles cambios bruscos a través de opciones. La volatilidad implícita a un mes ha repuntado hasta niveles cercanos a los más altos desde marzo de 2022, lo que refleja que los inversores siguen anticipando movimientos significativos en el mercado, según datos de Bloomberg.

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(Expansión, 23-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España es la gran economía de la UE donde más crecen los precios de la vivienda

La crisis de la vivienda, que ha llevado al Consejo Europeo a elaborar por primera vez un informe sobre la evolución de los precios, reviste una especial gravedad en España. En el país, el constante aumento de la demanda y la disminución progresiva de la oferta -debido tanto a la escasez de nueva construcción como a políticas que han retirado miles de inmuebles del mercado- han generado una "tormenta perfecta" que explica la fuerte escalada de precios de los últimos años. España se ha convertido en la gran economía de la Unión Europea con el mayor incremento en los precios de la vivienda, un 12,8% interanual, según los datos más recientes de Eurostat correspondientes al segundo trimestre del año. Solo cuatro países miembros, de menor tamaño y peso económico, presentan subidas mayores, lo que refleja la difícil situación del mercado inmobiliario español. No es casual que la vivienda se haya posicionado como la principal preocupación de los ciudadanos, cuando hace apenas cuatro años ocupaba el puesto treinta y uno en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los países que superan a España en el encarecimiento de la vivienda son Portugal (17,2%), Bulgaria (15,5%), Hungría (15,1%) y Croacia (13,2%) en el segundo trimestre del año. De acuerdo con Eurostat, el precio de compra de una vivienda en España aumenta a un ritmo más del doble que la media de los Veintisiete (5,4%) y se sitúa muy por encima de otras grandes economías del euro como los Países Bajos (9,5%), Italia (3,9%), Alemania (3,2%) o Francia (0,5%). Incluso supera a países como Eslovaquia (11,3%), República Checa (10,5%) o Lituania (8,8%), donde los incrementos rondan el 10%. El informe del servicio estadístico de la UE revela además un dato significativo: mientras el ritmo de crecimiento en el conjunto europeo se mantiene estable en un 5,4% interanual, en España se aceleró 1,9 puntos más respecto al trimestre anterior. Este hecho pone de manifiesto que las políticas del Gobierno en materia de vivienda no solo no están conteniendo la subida de precios, sino que podrían estar intensificando el problema, que ya ha generado preocupación en las instituciones europeas. Cabe recordar que la vivienda en España superó el crecimiento de dos dígitos por primera vez desde 2017 en el último trimestre del pasado año. La magnitud de la crisis se aprecia también en los datos del Banco Central Europeo (BCE): su último informe sobre la valoración de propiedades residenciales en la eurozona, correspondiente al primer trimestre, indica que el mercado español presenta una sobrevaloración del 26%, muy por encima del 1% de Alemania y de las infravaloraciones registradas en Francia (-4%) e Italia (-1%). Aunque algunos analistas han alertado sobre la posibilidad de una nueva burbuja inmobiliaria similar a la de 2007, los expertos coinciden en que la situación actual es muy diferente. El alza de precios se debe, sobre todo, al creciente desequilibrio entre una oferta insuficiente y una demanda al alza, impulsada por la inmigración y la reducción del tamaño medio de los hogares. El Banco de España actualizó recientemente la estimación del déficit de vivienda, situándolo en 700.000 unidades -otras fuentes lo elevan hasta 860.000-, una cifra 100.000 superior a la calculada un año antes. El gobernador José Luis Escrivá advirtió que este déficit "podría agravarse si la oferta no crece a un ritmo mayor", algo que por ahora parece poco probable. A modo de ejemplo, aunque en julio se registró un récord histórico de compraventas, las operaciones sobre obra nueva representaron solo la mitad de las de 2007, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto indica que son las viviendas de segunda mano las que están sosteniendo el mercado ante la falta de nuevas promociones, y que el leve aumento de la construcción -unas 2.500 viviendas más al mes- resulta insuficiente para absorber la creciente demanda.

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(Expansión, 23-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno explora con la UE mantener parte del control de opas

El Ministerio de Economía se prepara para otorgar al Banco de España la autoridad sobre las fusiones bancarias, cumpliendo así con la directiva europea que regula este ámbito y cuya transposición había quedado en suspenso durante la fallida opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene intención de perder completamente su capacidad de decisión. Según fuentes gubernamentales citadas por Expansión, el Gobierno está negociando con la Unión Europea la posibilidad de mantener, al menos en parte, su papel en la aprobación de las operaciones financieras de este tipo. Esta iniciativa se enmarca en el proceso de adaptación de la sexta Directiva Europea de Requerimientos de Capital Bancario (CRD VI), que incorpora al marco normativo europeo los acuerdos internacionales de Basilea III. La normativa establece que los supervisores de las entidades financieras deben contar con todas las competencias necesarias para controlar las operaciones de los bancos bajo su supervisión, incluidas las adquisiciones de participaciones significativas, las transferencias de activos y pasivos, y especialmente las fusiones y escisiones, consideradas "operaciones significativas". La directiva es de cumplimiento obligatorio para todos los Estados miembros, que disponen de 18 meses desde junio de 2024 para su adopción. En ese momento, España se encontraba en pleno debate por la opa hostil de BBVA sobre Sabadell, la primera de este tipo en cuatro décadas. Dado el rechazo frontal del Gobierno a aquella operación, el proceso de transposición se paralizó. Tras el fracaso de la oferta -aceptada solo por el 25% de los accionistas del Sabadell-, el Ejecutivo ha decidido reactivar la adaptación normativa, aunque con el tiempo muy justo: el plazo vence el 11 de enero de 2025. Fuentes del Ministerio de Economía indican que el anteproyecto de ley se presentará "en las próximas semanas" al Consejo de Ministros para su primera aprobación y posterior consulta pública. Después, el texto regresará a La Moncloa antes de ser remitido al Parlamento para su tramitación, un calendario muy ajustado que dependerá también de la respuesta de Bruselas a la interpretación del Gobierno. Según el Ejecutivo, aunque la directiva europea exige que el control de las fusiones recaiga en los supervisores financieros (el Banco de España o, en el caso de grandes entidades, el Banco Central Europeo), el texto no impediría que el Gobierno conserve cierta capacidad de intervención en las opas. Actualmente, el Ministerio de Economía posee amplios poderes de supervisión y veto sobre las operaciones bancarias, en virtud de la Ley de Solvencia de 2014, unas competencias que han sido cuestionadas por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde 2017, el FMI ha criticado que esos poderes recaigan en el Gobierno y ha recomendado que todas las cuestiones prudenciales que no dependen directamente del Mecanismo Único de Supervisión Europeo queden bajo la autoridad exclusiva del Banco de España. El organismo internacional celebró, además, que la directiva CRD VI buscara armonizar este aspecto en toda la UE, otorgando el control de las operaciones financieras -como adquisiciones, fusiones o transferencias de activos- a los supervisores y no a los gobiernos nacionales. Aun así, fuentes oficiales admiten que, aunque el texto de transposición reconocerá expresamente el papel del Banco de España en la autorización de fusiones, todavía está por definirse si el Ministerio de Economía mantendrá algún tipo de poder residual. El futuro de esta competencia dependerá de la postura que adopte la Comisión Europea frente a la interpretación española. Bruselas mantiene abierto un expediente contra el Gobierno por su intervención en la opa de BBVA sobre Sabadell, alegando que la legislación nacional "otorga al Ejecutivo poderes excesivos" en materia de fusiones y adquisiciones bancarias, vulnerando las competencias de los supervisores financieros y la normativa comunitaria. La estrategia del Gobierno pasa ahora por reducir, pero no eliminar, esos poderes, con la esperanza de que Bruselas acepte esa limitación como un punto intermedio.

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(El País, 23-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Funcas eleva su previsión de avance del PIB al 2,9% este año, pero advierte de un crecimiento “menos equilibrado”

Las previsiones de crecimiento para la economía española siguen mejorando. Este miércoles, Funcas ha elevado su estimación del crecimiento del PIB para este año al 2,9%, seis décimas más que en su pronóstico anterior. Esta revisión se debe, principalmente, a las recientes actualizaciones del Instituto Nacional de Estadística, que revisó al alza las cifras del PIB de 2024, generando un efecto arrastre positivo. No obstante, la entidad advierte que el crecimiento actual muestra señales de desequilibrio, ya que depende en exceso de la demanda interna, mientras que motores clave como el turismo, el impulso fiscal y la inmigración comienzan a perder fuerza. Aunque España podría alcanzar un récord cercano a los 100 millones de turistas en 2025, Funcas señala que la contribución del turismo al PIB se ha reducido. En 2023 y 2024 aportó siete décimas al crecimiento, pero en el primer semestre de 2025 solo suma tres décimas, menos de la mitad. El consumo público también pierde tracción: su impacto ha pasado de siete a cuatro décimas en el mismo periodo. La proyección de Funcas está en sintonía con la del FMI, ligeramente inferior a las de BBVA Research y el Consejo General de Economistas (ambas del 3%), pero más optimista que la del Gobierno. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, actualizó en septiembre el cuadro macroeconómico situando el crecimiento en 2,7% para 2025 y 2,2% para 2026. Pese a este buen dato para 2025, las previsiones a medio plazo son más moderadas. Funcas anticipa una desaceleración del crecimiento, con un avance del 1,9% en 2026 y del 1,7% en 2027, lo que estaría ya cerca del crecimiento potencial de la economía española. En el plano laboral, se espera que el desempleo continúe bajando hasta el 9,2% en 2027, el nivel más bajo desde 2007, y que la inflación se estabilice en torno al 2%, el objetivo del BCE. Uno de los nuevos factores de preocupación es el mercado de la vivienda. Aunque no cuantifican el impacto negativo de la crisis habitacional, Funcas advierte que la escasez de vivienda disponible complica la movilidad laboral entre territorios y podría frenar la llegada de inmigrantes, un pilar importante del crecimiento reciente. Su escenario base estima que la población activa extranjera crecerá en 875.000 personas entre 2025 y 2027, un 19% menos que en el trienio anterior (1.080.000). A pesar de este frenazo, España continuará ganando población y podría superar los 50 millones de habitantes en la segunda mitad de 2026. Pero la falta de viviendas es un obstáculo importante. Según Funcas, en los últimos tres años se han creado medio millón de hogares nuevos, pero solo se han iniciado 300.000 viviendas. "Eso no es suficiente", afirmó Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de la entidad. Como aspecto positivo, se espera que la inversión en construcción aumente en los próximos años: un 4,1% en 2025, 4,4% en 2026 y 3% en 2027, lo que podría ayudar parcialmente a aliviar el déficit habitacional. Torres también señaló dos desafíos adicionales: la baja inversión empresarial, que aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia, y un déficit público que corre el riesgo de estancarse. Subrayó que es fundamental reactivar la inversión privada si se quiere impulsar el consumo y la productividad en el futuro. En cuanto al déficit, el menor crecimiento del PIB y una recaudación tributaria más débil limitarán su reducción: se estima en un 2,8% para este año, con descensos muy leves en los siguientes (una décima menos en 2026 y otra en 2027). Esto haría que la deuda pública baje hasta el 97,5% del PIB en 2027, lejos del 103% actual, pero aún en niveles históricamente altos. En el ámbito de las finanzas personales, llama la atención la alta tasa de ahorro de los hogares, que lleva varios años por encima del 11%. Funcas cree que este fenómeno podría deberse al encarecimiento de la vivienda, que obliga a muchas familias a ahorrar más. Sin embargo, no descarta que si mejora el contexto económico, parte de ese ahorro se destine al consumo, lo cual impulsaría el crecimiento del PIB. Entre los riesgos a la baja, la fundación menciona dos grandes amenazas: un posible deterioro geopolítico, especialmente por la fragilidad de los acuerdos comerciales promovidos por EE. UU., y una corrección en los mercados financieros, que están en niveles muy elevados, en parte por el auge de la inteligencia artificial. Si finalmente no se cumplen las expectativas de bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal, podría producirse un ajuste que afectaría a los mercados globales. España, advierte Funcas, no sería inmune a ese impacto. Un efecto ya visible de esta nueva guerra comercial es el aumento de las importaciones procedentes de Asia. Aunque pueden ayudar a contener la inflación al tratarse en su mayoría de productos baratos, también elevan el déficit comercial. "La economía china, que ya es la segunda mayor del mundo, sufre una ralentización interna por la crisis de su burbuja crediticia. Con dificultades para exportar a EE. UU. por los aranceles, muchas empresas desvían sus productos hacia Europa", explica Torres.

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(El Periódico, 23-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña "estudiará" prohibir la compra de pisos que no sean para vivienda principal

La Generalitat se muestra dispuesta a estudiar el informe elaborado por el Ayuntamiento, la Diputación y el Área Metropolitana de Barcelona, que considera constitucional la posibilidad de limitar la compra de viviendas por parte de inversores. Mientras tanto, el sector inmobiliario ha elevado su tono crítico frente a la política de vivienda impulsada por el Govern de Salvador Illa (PSC). La cuestión de fondo es si resulta constitucional impedir a los inversores adquirir viviendas que no estén destinadas a residencia habitual. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestado su disposición a analizar esta propuesta, que un informe reciente de varias administraciones catalanas considera conforme con la ley. El estudio, elaborado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) -un consorcio que agrupa al Ayuntamiento, la Diputación y el Área Metropolitana de Barcelona-, concluye que este tipo de restricción sería legal siempre que se aplicara de forma limitada tanto en el espacio como en el tiempo. En concreto, la medida se propondría únicamente para las zonas de mayor tensión inmobiliaria y cuando las viviendas no estuvieran destinadas al uso habitual. Durante el Debate de Política General celebrado en el Parlament a comienzos del otoño, En Comú Podem ya presentó una resolución para establecer restricciones de este tipo, aunque no prosperó. Este miércoles, la CUP ha vuelto a recuperar la propuesta durante la sesión de control al Govern, donde Illa se ha mostrado abierto a estudiar una iniciativa de esta naturaleza. "El Govern está analizando la propuesta desde las consejerías competentes; priorizamos la vivienda como un derecho", afirmó el president. Illa subrayó que ha tenido en cuenta el informe del PEMB y ha encargado a la consellera responsable de vivienda, Sílvia Paneque, que lo examine en detalle. No obstante, insistió en que las medidas que se adopten deben ser "legalmente viables, aplicables y efectivas". Cataluña es la comunidad autónoma que más ha avanzado en la intervención y regulación del mercado inmobiliario, una línea que comenzó en anteriores gobiernos y que el actual Ejecutivo de Illa ha decidido mantener. Actualmente, existen topes en los precios del alquiler en los principales municipios, y el Govern prevé aprobar a finales de mes un decreto para regular el registro de grandes tenedores, imponiendo sanciones a quienes no se inscriban. Además, se ha incrementado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para este grupo de propietarios. En Barcelona, la actividad constructora continúa prácticamente paralizada desde 2018, cuando se introdujo la obligación de destinar el 30% de las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a vivienda pública. La diputada de la CUP Laure Vega aprovechó su intervención en la sesión de control para preguntar al Govern si estaría dispuesto a "prohibir la compra especulativa" de viviendas, después de que el informe del PEMB considerara legal una medida en esa dirección.

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(El Periódico, 23-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Un informe abre la puerta a prohibir la compra de pisos para invertir en Barcelona

Un informe elaborado por un consorcio integrado por el Ayuntamiento, la Diputación y el Área Metropolitana de Barcelona considera legal restringir la compra de viviendas en zonas tensionadas cuando no estén destinadas a residencia habitual. La clase política catalana apuesta por una mayor regulación como respuesta a la crisis habitacional que atraviesa la comunidad, en un contexto donde la población crece y la oferta de vivienda resulta claramente insuficiente frente a la demanda. El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), organismo que agrupa a varias administraciones locales, sostiene en su estudio que sería jurídicamente viable prohibir la adquisición de viviendas en áreas tensionadas con fines distintos al uso residencial, lo que, en la práctica, supondría limitar la actividad de los inversores. Esta propuesta no es nueva. En los últimos días, En Comú Podem volvió a plantearla en el Parlament, dentro de las resoluciones debatidas durante el Debate de Política General. El documento, elaborado por el jurista Pablo Feu, señala que "las administraciones públicas están facultadas para intervenir en el mercado inmobiliario", y que dicha posibilidad se ajusta a la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional. Según el estudio, tanto las Cortes Generales como los Parlamentos autonómicos o incluso el Gobierno, mediante un decreto ley, podrían aplicar este tipo de medidas siempre que exista una "causa justificada" y se establezcan con límites claros "en el espacio y en el tiempo". Esto es precisamente lo que contempla la Ley del Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, que introdujo la figura de las Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT). En dichas áreas, la normativa permite restringir la compra de edificios completos o segundas residencias destinadas al alquiler o la inversión. "No estamos ante una propuesta teórica ni imposible: si existe voluntad política, puede llevarse a cabo", afirmó Janet Sanz, presidenta de la comisión ejecutiva del PEMB y concejala de En Comú en el Ayuntamiento de Barcelona. El estudio también subraya que la función social de la propiedad está reconocida tanto en la legislación estatal como en la autonómica, y recuerda que varios países y ciudades europeas ya han aplicado restricciones similares. Entre los ejemplos citados figuran Dinamarca, Croacia, Finlandia, Malta y Ámsterdam.

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(Cinco Días, 22-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Competencia inicia una consulta pública sobre la transformación urbanística del suelo para vivienda en España

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una consulta pública con el propósito de examinar cómo se lleva a cabo la transformación urbanística del suelo destinado a la construcción de viviendas en España. Esta acción se enmarca dentro de una investigación más amplia que la CNMC ha iniciado recientemente, con el fin de detectar y evaluar factores que puedan limitar innecesariamente la competencia en el mercado inmobiliario. La consulta estará abierta hasta el 21 de noviembre, y se invita a participar a administraciones públicas, profesionales del sector, académicos y ciudadanos interesados, quienes podrán compartir sus opiniones y experiencias sobre los procedimientos urbanísticos y su impacto en la disponibilidad y el coste de la vivienda. En su comunicado, la CNMC destaca la importancia del suelo como componente del mercado de la vivienda, señalando que "aunque existen múltiples causas detrás de la escasez de viviendas y el aumento de precios en España, el suelo es uno de los elementos más determinantes, pudiendo llegar a representar hasta el 45 % del valor final de una vivienda". Este dato refleja la gran influencia que tienen los costes y la gestión del suelo en la posibilidad de acceder a una vivienda, especialmente en zonas de alta demanda. Para la CNMC, una mayor agilidad en los procesos urbanísticos es fundamental para ampliar la oferta de viviendas y hacer que los precios sean más accesibles. La excesiva burocracia, los largos plazos de tramitación y las limitaciones normativas innecesarias pueden elevar de forma considerable el coste de acceso a la vivienda, obstaculizando el desarrollo de un mercado más justo y competitivo. Además, el estudio permitirá a la CNMC analizar cómo las regulaciones urbanísticas y la gestión del suelo afectan la competencia entre promotores, constructoras y otros actores del sector. Detectar obstáculos normativos o prácticas que limiten la competencia es clave para proponer medidas que favorezcan un entorno más eficiente, transparente y dinámico. El mercado de la vivienda en España se enfrenta a desafíos estructurales, como una demanda creciente en determinadas zonas urbanas, una oferta limitada de viviendas y precios que en muchas ciudades superan la capacidad económica de buena parte de la población. En este escenario, el coste del suelo se convierte en un factor crucial. La CNMC considera que unas políticas urbanísticas más claras y ágiles pueden ayudar significativamente a aumentar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda. Finalmente, la consulta también tiene como objetivo recopilar información sobre experiencias exitosas en otros países, buenas prácticas y soluciones innovadoras que hayan logrado reducir los plazos de transformación urbanística y fomentar un mercado inmobiliario más competitivo.

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(Expansión, 22-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV reclama al Gobierno una revisión de la ley de opas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido la existencia de algunos "errores de redacción y dificultades de interpretación" en el real decreto que regula las ofertas públicas de adquisición (opas) en España y ha mostrado su disposición a respaldar al Ministerio de Economía si decide emprender una revisión de la norma antes de futuras operaciones. El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, explicó tras participar en el Encuentro de Inversión Colectiva organizado por Deloitte e Inverco, que durante los 17 meses en los que BBVA y Sabadell protagonizaron una opa hostil, el organismo ha detectado "algunas áreas en las que podría tener sentido revisar el texto". Según San Basilio, la regulación actual ha sido "plenamente útil" durante muchos años, pero, como toda norma, "necesita una actualización o una nueva edición". Tal como adelantó Expansión, el prolongado enfrentamiento entre ambos bancos ha puesto de manifiesto las limitaciones de la normativa española sobre opas hostiles. Diversos actores del mercado -entre ellos el propio BBVA- han pedido que la ley se aclare y refuerce para ofrecer mayor seguridad jurídica en futuras operaciones. De hecho, el máximo ejecutivo del banco calificó recientemente la ley de opas como un texto que "merece un refresco", tras confirmarse el fracaso de su intento de adquisición. Entre los errores técnicos que la CNMV ha identificado durante este proceso, se encuentran confusiones en la redacción, como pasajes donde el texto "se refiere al oferente cuando en realidad habla de la entidad opada, y viceversa", explicó San Basilio. No obstante, el principal problema detectado por el supervisor tiene que ver con las dificultades de interpretación al calcular el precio equitativo en caso de que se produzca una segunda opa, una situación que no llegó a darse en el caso de BBVA y Sabadell. "El tema del precio equitativo en una segunda opa es un supuesto que nunca se ha producido, y si llegara a darse, convendría tenerlo más claramente definido", añadió el presidente de la CNMV. Cualquier modificación del real decreto corresponde al Ministerio de Economía, que es el órgano competente en la materia. "Nos gustaría contribuir a aclarar esos errores de redacción y las dificultades interpretativas del decreto", señaló San Basilio. "Si el ministro de Economía decide emprender esa revisión, desde luego contará con nuestro apoyo y con nuestra visión técnica. La decisión final es suya, pero estamos dispuestos a colaborar plenamente".

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