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(Expansión, 15-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Economía ultima el uso de IA para restar burocracia a la pyme

La "excesiva carga burocrática" se identifica como la principal barrera de acceso para las empresas a los fondos europeos, según coinciden el 77% de los directivos encuestados en un reciente estudio realizado por KPMG en colaboración con CEOE. El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, anunció el viernes el desarrollo de una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) que reducirá la carga administrativa que enfrentan las pymes y propuso a sus homólogos comunitarios, durante la reunión del Ecofin celebrada en Luxemburgo, ponerla en práctica para facilitar el acceso a las ayudas del programa Next Generation. Se trata de un primer "proyecto piloto" hacia la creación de un "gestor artificial" que automatice el cumplimiento normativo y la interacción de las empresas con la Administración Pública. "Cumpliendo con las obligaciones administrativas, hemos hecho una propuesta desde España y estamos trabajando en el desarrollo de un modelo de Inteligencia Artificial que ayude a las pequeñas y medianas empresas a agilizar estas tareas", explicó Cuerpo durante la rueda de prensa posterior al Ecofin. "En resumen, sería un gestor artificial que se encargaría de las tareas más rutinarias y burocráticas, así como de la comunicación con los organismos públicos, permitiendo que las pymes puedan enfocarse en actividades más productivas, como las relaciones con clientes y proveedores, sin sacrificar el cumplimiento normativo", añadió. El Ministerio de Economía lleva varios meses trabajando en este proyecto, en colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital dirigido por José Luis Escrivá, según fuentes del Gobierno. Destacan que la colaboración público-privada será fundamental en el desarrollo, y ya se encuentran en conversaciones avanzadas con una importante empresa tecnológica. Cuerpo espera que la herramienta empiece a mostrar "resultados tangibles" en los próximos "meses", ya que el plazo para utilizar los fondos vinculados al Plan de Recuperación expira en agosto de 2026. Aprovechar la Inteligencia Artificial para simplificar el acceso a los fondos comunitarios se considera el campo de pruebas "perfecto" para esta tecnología, pero solo representa el primer paso hacia el desarrollo de un "administrador artificial" que libere a las empresas de su carga burocrática, permitiéndoles centrarse en su actividad principal. Esto busca fortalecer el crecimiento y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas europeas, que constituyen el 99% del tejido productivo y emplean a 100 millones de personas en la UE. La propuesta española responde a uno de los principales problemas identificados en la evaluación intermedia del programa Next Generation, pero también se enmarca dentro de las iniciativas presentadas por otros países para mejorar la competitividad del mercado europeo frente a las crecientes tensiones económicas, proteccionistas y geoestratégicas. En este sentido, el ex primer ministro italiano Enrico Letta presentará la próxima semana un informe sobre el futuro del mercado único. Cuerpo compartió el plan español con sus homólogos durante la reunión, donde según fuentes oficiales fue recibido con interés, instando a los países a participar en la iniciativa junto con la Comisión Europea. En general, hubo consenso en la necesidad de que Bruselas continúe avanzando en propuestas para simplificar la normativa comunitaria, reducir la carga administrativa y flexibilizar el acceso a los fondos europeos.

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(El Economista, 15-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prepara un Anteproyecto de Ley para modificar los criterios de tamaño de las pymes

El Ministerio de Economía está elaborando un Anteproyecto de Ley para modificar los criterios que determinan el tamaño de las empresas y grupos empresariales en términos de información corporativa. La normativa propuesta aumenta los umbrales de volumen de activos e ingresos anuales para clasificar una empresa como pyme o micropyme, ajustándolos a la inflación. Estos nuevos criterios permitirán que más empresas se beneficien de la presentación de balances abreviados, que son más simples y contienen menos detalles, con el objetivo de reducir las cargas administrativas y los costes para las compañías de menor tamaño. Con esta modificación, las empresas podrán presentar cuentas abreviadas si cumplen durante dos años consecutivos al menos dos de los siguientes tres criterios: que su activo no supere los 5 millones de euros (actualmente el límite es de 2,8 millones); que la cifra de negocios no supere los 10 millones (actualmente está en 5 millones); y que el número medio de empleados sea inferior a 50 (el mismo criterio que en la actualidad). Además, la norma también modificará la Ley de Auditoría de Cuentas para definir qué se considera una entidad pequeña o mediana con el fin de simplificar las obligaciones de auditoría. Se considerará una entidad pequeña aquella que durante dos años consecutivos cumpla al menos dos de los siguientes criterios: que su activo no supere los 5 millones (actualmente es de 4 millones); que la cifra de negocio anual no supere los 10 millones (actualmente, 8 millones); y que el número medio de empleados no exceda los 50 (mismo criterio actual). Las entidades medianas serán aquellas que durante dos ejercicios también cumplan al menos dos de estos parámetros: que su activo no supere los 25 millones (actualmente es de 20 millones); que la cifra de negocios no supere los 45 millones (actualmente, 40 millones); y que el número de empleados no exceda los 250, igual que en la actualidad. El Anteproyecto de Ley explica que la Comisión Europea ha ajustado los umbrales de activos y cifra de negocios en un 25% para reflejar la inflación en la zona del euro en los últimos años, lo que reducirá el alcance de los requisitos de presentación, auditoría y publicación de estados financieros, así como los requisitos de información sobre sostenibilidad.

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(El País, 15-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de los alimentos se modera hasta el 4,3% en marzo, la menor tasa en más de dos años

El Índice de Precios de Consumo (IPC) experimentó un aumento del 0,8% en marzo con respecto al mes anterior, lo que elevó su tasa interanual en cuatro décimas, alcanzando el 3,2%. Esta subida se atribuye al encarecimiento de la electricidad debido al incremento del IVA de la luz, así como al alza en los precios de los carburantes y los paquetes turísticos, que aumentaron sus precios durante la Semana Santa, según datos publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En cuanto al precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, el avance interanual en marzo se moderó al 4,3%, un punto menos que en febrero y el menor incremento desde noviembre de 2021, principalmente debido a la disminución en los precios de legumbres, hortalizas y otros productos alimenticios. También influyó en este descenso la menor subida en los precios de la carne respecto a marzo de 2023. Con este incremento del IPC interanual en el tercer mes del año, la inflación retoma su tendencia alcista tras la caída de seis décimas experimentada en febrero, cuando alcanzó el 2,8%, su nivel más bajo desde agosto de 2023. El Ministerio de Economía ha explicado que este leve aumento en el IPC de marzo se debe principalmente a la normalización del IVA de la electricidad después de casi tres años aplicando el tipo reducido de IVA. Además, se destacó la moderación en los precios de los alimentos, cuya tasa ha disminuido más de 12 puntos en el último año. "Los datos de inflación siguen mostrando la capacidad de la economía española para combinar un crecimiento económico sólido entre los principales países de la zona euro con una moderación de los precios y el mantenimiento del apoyo a los más vulnerables. El poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas españolas siguen mejorando", expresó el ministerio dirigido por Carlos Cuerpo. En cuanto a la inflación subyacente (excluyendo alimentos no elaborados ni productos energéticos), descendió dos décimas en marzo, situándose en el 3,3% (una décima más que la inflación general y la más baja desde febrero de 2022). La diferencia entre la inflación subyacente y la inflación general, de una décima, es la menor desde noviembre de 2022. En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,8% en marzo respecto a febrero, impulsado por el incremento en los precios de la electricidad, los carburantes, los servicios de alojamiento, la restauración, los paquetes turísticos y el vestido y calzado debido a la nueva temporada primavera-verano. La variación mensual del IPCA fue del 1,4%.

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(Cinco Días, 12-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE deja los tipos en el 4,5%, pero prepara al mercado para el primer recorte en junio

El Banco Central Europeo (BCE) ha confirmado las expectativas al mantener los tipos sin cambios en su nivel más alto desde 2001, pero ha allanado el camino para un primer recorte en junio. La presidenta Christine Lagarde y su equipo han señalado que las perspectivas de inflación están mejorando, lo que abrirá la puerta a reducciones de tipos en la próxima reunión. Según el BCE, los datos más recientes han confirmado la visión del Consejo de Gobierno sobre una desaceleración de la inflación a medio plazo, acercándose al objetivo del 2%. El descenso de los precios se atribuye principalmente a los alimentos y los bienes. Además, "la mayoría de los indicadores de la inflación subyacente están disminuyendo, el crecimiento de los salarios se está moderando gradualmente y las empresas están absorbiendo parte del incremento de los costes laborales en sus beneficios". De esta manera, el BCE observa un continuo proceso de desinflación en la zona euro, mientras que las condiciones de financiación "siguen siendo restrictivas" y los tipos de interés "continúan frenando la demanda", factores que contribuyen a reducir la inflación a expensas de un menor crecimiento. Aunque el BCE reconoce que "las presiones inflacionistas internas son intensas y mantienen la inflación de los precios de los servicios en niveles elevados", estas presiones no son suficientes para justificar la prolongación de la estabilidad de los tipos de interés. Aunque el comunicado del BCE no hace referencia explícita a la reunión del 6 de junio, el mercado espera con gran sorpresa un recorte de tipos en esa fecha. De hecho, el BCE ha eliminado del comunicado la referencia de que los tipos actuales, "mantenidos durante un periodo suficientemente largo, contribuirán de forma significativa" a alcanzar el objetivo de inflación del 2%. La reunión de abril dejó de ser relevante en el calendario de los grandes inversores, que a finales del año pasado apostaban por un primer recorte de tipos en este mes. Sin embargo, Lagarde y los miembros del BCE ya habían reducido las expectativas de recortes, dejando la primera fecha para junio. El último dato de inflación en la eurozona fue del 2,4% en marzo, mostrando una ligera moderación respecto a febrero, un cambio que el mercado no anticipaba. Así, el IPC europeo continúa aproximándose al objetivo del 2% a medio plazo del BCE, que pronosticó un promedio del 2,3% para el conjunto del año en marzo.

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(Cinco Días, 12-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las actas de la Reserva Federal apuntan a tipos altos por más tiempo si la inflación persiste

Las actas recién publicadas de la Reserva Federal (Fed) se sienten un tanto desactualizadas, como fotografías reveladas después de unas vacaciones. Reflejan las percepciones económicas y monetarias de hace tres semanas, en la reunión del 19 y 20 de marzo, pero ahora parecen algo anticuadas. Este miércoles, con la sorprendente cifra de inflación de marzo al alza (3,5% interanual, la más alta desde septiembre), las expectativas de un pronto recorte de tipos de interés se desvanecen aún más. De hecho, las actas confirman que la Fed no tiene prisa por iniciar recortes de tipos. Los participantes en la reunión coincidieron en que la política monetaria está bien posicionada para adaptarse a los cambios económicos y a los riesgos futuros, ya sea manteniendo una política monetaria restrictiva por más tiempo si la desinflación se ralentiza, o flexibilizándola si las condiciones del mercado laboral se debilitan inesperadamente. El principal riesgo que parece materializarse es una desaceleración en el control de la inflación. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha reiterado en varias ocasiones que no hay prisa por cambiar la dirección de las tasas de interés y que se aborda la situación con cautela. En la reunión se discutieron dos riesgos principales: un repunte en la inflación (que ahora es evidente) y un posible frenazo económico (que por ahora no es significativo). Los miembros consideraron que los riesgos para los objetivos de empleo e inflación están más equilibrados, aunque las perspectivas económicas siguen siendo inciertas. Antes de la reunión, los miembros del comité de política monetaria compartieron sus previsiones sobre la inflación, el desempleo, el crecimiento económico y los tipos de interés. Las expectativas de recortes de tipos de interés ahora se han desvanecido con la inflación al alza. Las rebajas de tipos ya no se esperan en mayo y serían una sorpresa en junio. El mercado ahora considera que la primera rebaja probablemente será después de las elecciones presidenciales de noviembre.

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(Expansión, 12-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La Justicia europea avala que España no condone las deudas públicas en concursos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado este jueves las dudas planteadas por algunos jueces españoles sobre si la exclusión de los créditos públicos de las deudas exonerables en los concursos de acreedores en España infringe el derecho comunitario. En su sentencia publicada hoy, el TJUE respalda las posiciones del Gobierno, validando que la nueva Ley Concursal española, que entró en vigor en septiembre de 2022 y transpuso la Directiva comunitaria sobre reestructuraciones e insolvencias, no perdona (o solo lo hace parcialmente) las deudas contraídas con Hacienda y/o la Seguridad Social a las personas físicas en concurso de acreedores. El tribunal europeo aclara que la lista de créditos que los Estados pueden excluir de la exoneración de deudas según la Directiva europea "no es exhaustiva" y que los Estados miembros tienen la libertad de excluir otras deudas del perdón "siempre que esta exclusión esté debidamente justificada según el Derecho nacional". En la exposición de motivos de la Ley Concursal, el Gobierno justificó la exclusión del perdón de los créditos públicos, junto con las deudas alimenticias y las derivadas de delitos penales, debido "a la especial importancia de satisfacerlos para una sociedad justa y solidaria, basada en el Estado de Derecho". El TJUE considera que el legislador español proporcionó "una justificación válida según el Derecho nacional". Actualmente, la exclusión de créditos públicos en la exoneración de pasivos no es total en España, pero está bastante limitada: un máximo de 10.000 euros para deudas con Hacienda y otros 10.000 euros para deudas con la Seguridad Social. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE surge de una cuestión prejudicial de la Audiencia Provincial de Alicante relacionada con un litigio planteado por dos personas físicas concursadas a las que se les concedió una exoneración de deudas, excluyendo los créditos de Derecho público y por alimentos. Los deudores recurrieron ante la Audiencia Provincial de Alicante para incluir un crédito fiscal de 192.366 euros adeudado a la Agencia Tributaria en la exoneración de deudas. El TJUE ha dejado claro que las categorías enumeradas en la Directiva no son exhaustivas, por lo que se pueden excluir créditos diferentes a los mencionados allí. Respecto a la justificación de la exclusión de deudas públicas, el tribunal señala que, aunque pueda no estar debidamente justificada, esto no puede comprometer gravemente el objetivo de la Directiva europea. Esta decisión del alto tribunal europeo clarifica la aplicación de la Directiva en España y refuerza la autonomía de los Estados miembros en materia concursal. Como era de esperar, el pasado 14 de diciembre, un abogado general del TJUE, Richard de la Tour, ya había adelantado que la normativa comunitaria permite a los Estados decidir qué deudas pueden ser exoneradas, incluyendo la posibilidad de excluir créditos públicos. Aunque sus opiniones no son vinculantes, el TJUE suele tenerlas en cuenta en sus fallos, como ha sucedido en este caso.

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(El Economista, 12-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno pide a los propietarios que pongan en el mercado vivienda de alquiler asequible

El Gobierno ha instado este jueves a los propietarios particulares de viviendas a contribuir al mercado del alquiler ofreciendo más inmuebles en condiciones asequibles. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha hecho un llamamiento a los propietarios para asegurarles que el Gobierno trabajará para proporcionar certezas, seguridad jurídica y garantías que les permitan poner más viviendas en alquiler a precios asequibles, es decir, aquellos que representen menos del 30% de los ingresos del hogar. Rodríguez ha destacado que el Gobierno ya ha implementado medidas para fomentar que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler, como la ley de vivienda que ofrece beneficios fiscales de hasta el 90%. Sin embargo, reconoce la necesidad de "fortalecer las garantías". También ha valorado otras medidas y recursos destinados a las comunidades, como un programa que incluso garantiza los ingresos percibidos por los propietarios a través del alquiler. La ministra ha animado a los propietarios particulares a ofrecer alquileres asequibles a los inquilinos, ya que el Gobierno considera que España enfrenta una "emergencia social" en materia de vivienda. Ha señalado que hay trabajadores con buenos salarios y empleos estables que destinan entre el 60% y el 80% de sus ingresos al alquiler o se ven obligados a vivir con compañeros de piso, sin poder disfrutar de su propia vida. Además, Rodríguez propuso limitar la presencia de pisos turísticos en zonas con altos precios de alquiler y compra de viviendas. Estos alquileres turísticos pueden ser muy rentables económicamente, especialmente en zonas céntricas de grandes ciudades y municipios turísticos, donde el mercado inmobiliario está tenso y el alquiler representa una gran parte de los ingresos familiares. Por último, anunció que la próxima semana se llevará a cabo una reunión de trabajo para abordar los usos no residenciales de las viviendas, tanto turísticos como temporales. Rodríguez destacó que algunos aprovechan contratos temporales de alquiler no regulados por la ley de vivienda para eludir la normativa que controla los alquileres residenciales.

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(El Periódico, 12-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Una cesta de la compra que hace cinco años salía por 100 euros, ahora ronda ya los 150

Un conjunto de productos básicos que costaba alrededor de 20 euros en 2019, ahora se eleva casi a 30 euros, lo que representa un incremento del 47% en este período, según el análisis de la empresa de mercado Kantar. La inflación ha afectado especialmente al mercado en los últimos dos años, con un aumento destacado en los precios de los alimentos, aunque esta tendencia se ha visto en todas las categorías. Este aumento de precios ha provocado cambios significativos en los hábitos de compra. Uno de ellos es el creciente interés por las marcas de distribuidor, conocidas como 'marca blanca'. Según Mayte González, directora de compras y medios de Kantar Worldpanel, estas marcas ahora tienen una participación mucho mayor en el mercado, ocupando casi la mitad del mismo. En el caso de Mercadona, la principal cadena en España, la cuota de marca de distribuidor ha aumentado del 64% al 74,5%, mientras que en Carrefour ha pasado del 22,6% al 31,3%, y en Lidl ha alcanzado casi el 82%. Solo en El Corte Inglés y Aldi la marca blanca tiene igual o menos peso que en 2019. Aunque la marca de distribuidor ha ganado popularidad, las cestas de compra exclusivamente de 'marca blanca' son poco comunes, representando solo una de cada diez, frente al tercio llenado solo con marcas de fabricante. Sin embargo, el uso de marcas de distribuidor está en aumento. Otra tendencia destacada es el aumento del protagonismo de las promociones y ofertas en las decisiones de compra. Estas han escalado un puesto como motivo principal para elegir productos en el supermercado y ahora representan algo más del 34% de las compras, habiendo ganado casi un punto desde 2019. Aunque la mayoría de las ofertas están asociadas con marcas de terceros, las cadenas están aplicando más promociones a sus propios productos, marcando un cambio en comparación con años anteriores. Mayte González también ha señalado que la decisión de compra en el supermercado no está vinculada directamente al precio en el 80% de las categorías, sino más bien a otros factores como el envase, formato y uso del producto en el hogar. Finalmente, Kantar recomienda a los distribuidores aprovechar las tarjetas de fidelización, ya que los clientes que las utilizan gastan el doble en comparación con aquellos que no tienen tarjeta, lo que beneficia tanto al consumidor como al establecimiento.

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(El País, 12-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La Eurocámara ratifica la reforma del mercado eléctrico

La reforma del mercado eléctrico, acordada por la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea a finales de diciembre del año pasado, ha recibido este jueves el respaldo definitivo del Parlamento Europeo, coincidiendo con una fuerte caída de los precios en el mercado mayorista español. Esto representa una paradoja en un cambio impulsado por España debido al incremento descontrolado de los precios de la electricidad a mediados de 2021, con el objetivo de proteger a los consumidores frente a la volatilidad de los precios de la luz y, al mismo tiempo, promover el despliegue acelerado de las energías renovables. La norma, que consta de un reglamento y una directiva, ha sido ratificada por una amplia mayoría en la cámara (433 votos a favor, 140 en contra y 15 abstenciones, y 473 votos a favor, 80 en contra y 27 abstenciones, respectivamente), aunque aún debe recibir el respaldo formal del Consejo para convertirse en ley. El texto aprobado no modifica el modelo de formación de precios marginal, que sigue considerando la tecnología más cara (actualmente el gas) como referencia, pero deja abierta la posibilidad de revisarlo dentro de tres años. Este sistema marginalista fue diseñado para impulsar el desarrollo de las renovables cuando los sistemas eléctricos dependían principalmente de tecnologías fósiles, asegurando así que todas las tecnologías reciban una compensación basada en el precio más alto para fomentar la inversión en energías limpias. En un contexto dominado por las renovables (España generó más del 50% con estas tecnologías el año pasado), la lógica marginalista pierde relevancia, por lo que es probable que se requiera una nueva reforma cuando las renovables se generalicen en toda Europa o si los precios de mercado muestran frecuentemente escenarios similares a las últimas semanas en España, con muchas horas de precios cero e incluso negativos. El cambio principal implica promover los mercados a plazo para aumentar su liquidez. Esta es la estrategia acordada para reducir la volatilidad de los precios, facilitando el uso de dos instrumentos: los acuerdos de compra de energía (PPA), entre generadores y consumidores, y los "contratos por diferencias" (CFD), que son contratos entre el productor de energía y un gobierno para apoyar las inversiones en generación eléctrica. De esta manera, si el precio de mercado es inferior al acordado en el contrato, el gobierno compensará al productor, y si es superior, el productor reembolsará al gobierno, evitando ganancias excesivas. Además, se permitirá el uso de estos contratos (CFD) en todas las inversiones en nueva producción de electricidad, ya sea a partir de energía renovable o nuclear. Este fue un punto clave durante las negociaciones entre marzo y diciembre del año pasado, marcadas por las discrepancias entre Francia, que quería favorecer a sus centrales nucleares, y Alemania, que buscaba proteger su industria. La propuesta española de obligar a las tecnologías existentes (como la nuclear e hidráulica) a suscribir CFD fue rechazada por las compañías y la Comisión Europea. La futura ley del mercado eléctrico incluye medidas para proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, garantizando el acceso a contratos de precio fijo o dinámico y proporcionando información relevante sobre las opciones de suscripción. Además, establece un mecanismo para declarar una crisis de precios de la electricidad bajo ciertas condiciones, preparando una respuesta en caso de repuntes similares a los ocurridos hace dos años. En resumen, esta reforma representa un avance hacia una democratización de la energía, creando un diseño de mercado que aborda las deficiencias expuestas por la crisis energética.

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(La Razón, 12-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La mitad de las facturas en España se pagan con un retraso de más de dos meses

Las empresas continúan enfrentando desafíos debido a la inflación y los altos tipos de interés. Según CEYME, el Período Medio de Pago (PMP) en 2023 fue de 81,8 días, aún superando el límite legal máximo de 60 días. Además, el coste financiero para las empresas derivado de la deuda comercial ascendió a 2.600 millones de euros en el último trimestre de 2023. En España, la mitad de las facturas se pagan con retraso, con un promedio de casi 80 días, que es 20 días más del plazo legal establecido, según el último Observatorio de Morosidad de CEPYME del último trimestre de 2023. Esta persistente morosidad afecta especialmente a las pymes y representa un coste financiero significativo, un 50% más que en el último trimestre de 2022. La deuda comercial de todas las pymes alcanzó aproximadamente los 177.000 millones de euros, con 67.800 millones correspondientes a medianas empresas y 109.200 millones a pequeñas empresas. Esta situación resulta especialmente difícil para las pymes debido a sus limitados recursos financieros y capacidad de negociación, sumado al incremento de costes energéticos, suministros y laborales, así como los efectos de la inflación. El Período Medio de Pago (PMP) se ve influenciado por factores como la inflación, que, a pesar de su descenso, sigue siendo alta, y los altos tipos de interés que se mantienen en el 4,5%. Además, el euríbor se situó en el 4,04% en el segundo semestre de 2023, su valor más alto desde 2008. En el cuarto trimestre de 2023, el PMP fue de 80,2 días, un ligero descenso del 0,2% con respecto al trimestre anterior; cerrando el año en 81,8 días, según datos de la Confederación. Esta cifra sigue estando muy por encima del límite legal de 60 días. A pesar de una reducción generalizada, el índice aumentó en ocho comunidades autónomas, especialmente en Murcia, Madrid y Galicia, donde el período de pago ya alcanza los 90 días. Por sectores, el PMP solo aumentó en el sector servicios en el cuarto trimestre de 2023, aunque en todos los sectores sigue siendo superior al período legal. En el sector agroalimentario, es el único sector que muestra cinco caídas interanuales consecutivas, situándose en 75 días, casi 3 días menos que el año anterior.

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