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(Expansión, 27-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE y EEUU se comprometen a acelerar las negociaciones comerciales

Regreso al punto inicial, pero con una renovada determinación. Así podría resumirse el nuevo entendimiento alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, tras un descenso en la tensión generada por las declaraciones de Donald Trump, quien había amenazado con aplicar aranceles del 50% al bloque europeo a partir de junio. Una llamada telefónica el domingo por la noche por parte de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, fue clave para desbloquear el conflicto. En respuesta, Trump comunicó en sus redes sociales que estaba "honrado" de mantener la tregua comercial que él mismo había declarado en el pasado, lo cual aplazó la aplicación de los aranceles al 9 de junio y permitió a ambas partes comprometerse a acelerar las conversaciones. El lunes comenzó con incertidumbre sobre si la UE había hecho alguna concesión para que Trump diera marcha atrás. No obstante, fuentes comunitarias insisten en que la Comisión no ha modificado su estrategia negociadora, no ha presentado nuevas ofertas y que sus líneas rojas siguen siendo inamovibles. Desde Bruselas, se interpreta la actitud de Trump como parte de su estilo negociador caracterizado por constantes presiones públicas. Para la UE, el mandatario estadounidense puede presentarse ante su país como el artífice del reinicio de las negociaciones, una percepción que Europa está dispuesta a aceptar si ello facilita un posible pacto. La Comisión habla de un "cambio de actitud" por parte de Washington, que ahora muestra una voluntad más clara de avanzar en un acuerdo. Con ese nuevo espíritu, las negociaciones se reactivan con el objetivo de cerrar cuanto antes la considerable distancia que separa a ambas potencias. Aunque en la UE se contemplaba la posibilidad de prolongar la tregua para dar margen a las discusiones, la reacción de Trump del pasado viernes complica esa alternativa y obliga a redoblar esfuerzos. A pesar de la presión, la Comisión Europea insiste en que no cederá en ciertos aspectos clave. Para Bruselas, los estándares europeos en seguridad y calidad alimentaria son intocables y no se flexibilizarán, como destacó Olof Gill, portavoz de Comercio: los ciudadanos europeos desean que se mantengan como los más exigentes a nivel mundial. Igualmente, no habrá concesiones en lo que respecta a la regulación de las grandes tecnológicas ni del entorno digital. La UE continuará sancionando a empresas estadounidenses cuando considere que han vulnerado sus normas, como lo ha hecho anteriormente con Apple y Facebook, independientemente del contexto de la disputa comercial. Además, el IVA -considerado por Trump como un arancel oculto- no será objeto de debate. La Comisión defiende que este impuesto es esencial para los presupuestos de los Estados miembros y no discrimina entre productos nacionales e importados, por lo que no lo considera un obstáculo comercial. En cuanto a los posibles puntos de avance, se contempla un incremento en la compra de productos estadounidenses, especialmente en el sector energético. También se ha propuesto la eliminación mutua de aranceles sobre bienes industriales, con posibilidad de extenderse a otros sectores, y se aboga por una colaboración en la lucha contra la sobreproducción, en particular la proveniente de China. A pesar de la tensión vivida recientemente, Bruselas rechaza aceptar condiciones impuestas unilateralmente y no busca replicar acuerdos como el alcanzado con el Reino Unido, que asumió aranceles del 10%. La negociación sigue siendo la vía prioritaria para la Comisión Europea. Sin embargo, se preparan medidas de represalia en caso de que no se llegue a un entendimiento. De no lograrse un acuerdo beneficioso para ambas partes, cualquier arancel que imponga Estados Unidos será respondido con contramedidas europeas. En ese sentido, Bruselas ya tiene preparados dos paquetes de represalias comerciales sobre exportaciones estadounidenses por un valor de 21.000 y 95.000 millones de euros, listos para activarse si es necesario.

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(Expansión, 27-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña arranca 2025 con más fugas de empresas hacia otras autonomías

Entre enero y marzo, Cataluña registró un saldo negativo de 23 empresas, es decir, se fueron más compañías de las que llegaron. Desde finales de 2017, han abandonado la comunidad un total de 9.221 sociedades, de las cuales apenas 681 han regresado, lo que representa solo el 7% del total. Entre las grandes firmas que han decidido retornar se encuentran Criteria, Fundación La Caixa, Banco Sabadell, Applus, Cementos Molins y la matriz de Agbar. Este lento retorno ha sido interpretado por algunos como una posible señal de un regreso progresivo de empresas a Cataluña, en un contexto en el que el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, trabaja para revertir la imagen de inseguridad jurídica generada por el procés y devolver la estabilidad institucional, política y económica. No obstante, los datos recientes indican que este proceso será largo y complejo. En 2024, Cataluña sufrió una pérdida especialmente intensa de empresas, con 371 compañías trasladando su sede a otras regiones, el peor dato desde 2018. Esta tendencia ha seguido en los primeros meses de 2025, aunque con menor intensidad que en trimestres anteriores. Según el informe más reciente de Informa D&B, entre enero y marzo de este año 1.401 empresas cambiaron su domicilio social a otra comunidad, un 6,6% menos que en el mismo periodo de 2024, pero un 13,5% más que en el último trimestre del año pasado. De esas, solo 183 se instalaron en Cataluña, mientras que 206 salieron de la región, lo que dejó un saldo negativo de 23 sociedades. Aunque esta pérdida empresarial es menor que en trimestres previos -donde se llegó a perder hasta 116 empresas en un trimestre-, Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma con el peor balance. Esto pone de manifiesto que la recuperación del tejido empresarial aún no se ha consolidado. De hecho, Cataluña lleva 41 trimestres consecutivos con saldos negativos en cuanto a cambios de domicilio social, sin registrar un solo trimestre en positivo desde principios de 2015. El dato más significativo es que, de las más de 9.200 empresas que dejaron la comunidad tras el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de 2017, solo han regresado 681, lo que confirma que aún queda mucho camino por recorrer. Si se tienen en cuenta las compañías que también se han trasladado desde otras regiones hacia Cataluña en estos años, la pérdida neta desde 2015 se sitúa alrededor de las 5.300 empresas. Este fenómeno, analizado en profundidad por primera vez por Informa D&B, muestra además que la mayoría de los retornos no han ocurrido en los últimos años. El mayor número de regresos se produjo en 2019, con 113 empresas. En 2024 apenas volvieron 86, tras las 105 de 2022 y 107 en 2023. En lo que va de 2025, han retornado solo 42 sociedades. La mayoría de las empresas que han vuelto a Cataluña lo han hecho desde Madrid, donde inicialmente se habían trasladado durante el auge del procés. De las 681 compañías que han regresado, 410 procedían de la capital española. Otras 74 volvieron desde la Comunidad Valenciana, 65 desde Aragón y 44 desde Andalucía.

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(Cinco Días, 27-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC anima a que el sector público reclame daños a las empresas por el amaño de licitaciones

El hallazgo de varios cárteles empresariales que durante años se han repartido contratos públicos -como en el caso del sector ferroviario- ha llevado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a ampliar su actuación más allá de la mera investigación de conductas ilícitas. La entidad que dirige Cani Fernández ha lanzado una consulta pública con el objetivo de ofrecer a las administraciones un marco que facilite la reclamación de perjuicios económicos en sus relaciones contractuales con empresas privadas. La CNMC destaca que la contratación pública representa un 11,5 % del PIB nacional y supone casi el 25 % del gasto total del sector público, según datos de 2023 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon). Prácticas como los acuerdos colusorios de precios, el abuso de posición dominante o el reparto pactado de licitaciones pueden suponer un impacto significativo en las cuentas públicas. Por ello, la CNMC recuerda que cualquier afectado por una vulneración de las normas de competencia tiene derecho a reclamar judicialmente una indemnización. Como ya adelantó el diario Cinco Días, Adif, empresa pública gestora de infraestructuras ferroviarias, planea encargar peritajes para calcular los daños ocasionados por el denominado "cártel de la electrificación", en el que una docena de compañías se repartieron contratos durante 14 años. Estos concursos, valorados en conjunto en más de 1.200 millones de euros, estaban relacionados con la instalación de sistemas eléctricos y de seguridad en líneas de alta velocidad y en redes convencionales. Aunque la CNMC sancionó al grupo con multas por valor de 118 millones de euros en 2019, Adif pretende ahora recurrir a la vía judicial para exigir una compensación económica por la falta de competencia en aquellas adjudicaciones. Este tipo de reclamaciones, según la CNMC, contribuyen a disuadir futuras conductas anticompetitivas, al margen de las sanciones impuestas por las autoridades regulatorias. Las demandas buscan restituir al perjudicado al estado en que se encontraría de no haberse producido la infracción, conforme al artículo 72 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. En esta línea, la propia CNMC publicó en julio de 2023 una guía para ayudar a calcular los daños derivados de vulneraciones del derecho de la competencia. La entrada en vigor en 2014 de la Directiva 2014/104/UE, conocida como la directiva de daños, abrió la puerta a que particulares y empresas pudieran reclamar indemnizaciones. Sin embargo, la CNMC observa que los organismos públicos apenas han hecho uso de esta posibilidad. Con esta consulta pública, el organismo busca analizar los obstáculos a los que se enfrentan las entidades públicas al emprender este tipo de acciones legales. El proceso, que estará abierto hasta el 18 de julio, invita a participar a administraciones, empresas, expertos legales y económicos, académicos, y otros actores interesados. La CNMC ha anunciado que el procedimiento será completamente transparente: las respuestas y la identidad de los participantes serán publicadas íntegramente, salvo que se aleguen razones de confidencialidad justificadas. La consulta se estructura en dos partes: la primera con preguntas generales dirigidas a todos los interesados, y la segunda centrada en quienes ya han iniciado reclamaciones, aunque también puede ser respondida por otros con experiencia en la materia. Entre los temas planteados se incluyen la eficacia de diversas medidas para promover estas reclamaciones, el uso de métodos alternativos al proceso judicial, y las dificultades para justificar y cuantificar los daños sufridos.

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(El Periódico, 27-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El próximo curso los menores de hasta 16 años recibirán una ayuda de 100 euros para gafas o lentillas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un nuevo programa de ayudas económicas destinadas a menores de 16 años con problemas de visión, con el objetivo de facilitar la adquisición de gafas o lentillas para el próximo curso escolar. El anuncio tuvo lugar en un acto celebrado en la sede del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, en compañía de la ministra de Sanidad, Mónica García, y del presidente del colegio profesional, Juan Carlos Martínez Moral. Durante su intervención, Sánchez detalló que se destinarán 48 millones de euros a este plan de salud visual, una inversión significativa que permitirá cubrir hasta 100 euros del coste de las gafas o lentillas adquiridas en centros ópticos por parte de menores con necesidades visuales. El jefe del Ejecutivo subrayó que esta ayuda será uniforme en todo el territorio nacional: "Este apoyo económico será igual para todas las familias, independientemente de su lugar de residencia o nivel de ingresos. Porque la salud no puede depender del código postal ni de la renta. Mayor equidad en salud implica mayor justicia social". Además, Sánchez reafirmó su compromiso con la sanidad pública, destacando que desde 2018 el presupuesto estatal en este ámbito ha crecido un 29%, pasando de 4.253 millones a 5.505 millones de euros previstos para 2025. También mencionó el aumento en el número de plazas para formación sanitaria especializada, con más de 3.900 nuevas plazas, lo que refleja, según él, "un esfuerzo notable en recursos humanos y económicos". El presidente resaltó que esta nueva medida amplía la cobertura del Sistema Nacional de Salud y busca ayudar a los más de 700.000 menores en España que requieren gafas o lentillas, pero cuyas familias no pueden asumir su coste. Sánchez alertó de que esta situación afecta directamente al rendimiento escolar y al futuro de muchos jóvenes, citando datos del Consejo General que indican que un 30% del abandono escolar está relacionado con problemas de visión no corregidos. Asimismo, explicó que el Gobierno ha iniciado la tramitación de un Real Decreto -y no un Real Decreto-ley- lo que, según dijo, permitirá agilizar su aprobación. Este texto legal habilitará la transferencia de los 48 millones de euros al Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, para que pueda canalizar las ayudas de forma directa. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, recordó que ya había avanzado a finales del año pasado la intención de destinar esta partida presupuestaria en 2025 para ayudar a las familias con menos recursos, mediante un sistema simplificado que elimine trabas burocráticas. Durante el acto, García calificó la iniciativa como una de las más importantes del acuerdo de coalición: "El Plan VEO representa una medida de gran calado, que tendrá un impacto real en la vida de las personas. No solo cumplimos una promesa del Gobierno, sino que damos un paso hacia la universalización de este derecho". Cabe recordar que el pasado 8 de abril, el Congreso de los Diputados respaldó la toma en consideración de una proposición de ley cuyo objetivo es incluir las gafas y lentillas para menores en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, permitiendo así su financiación pública.

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(Expansión, 26-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El apagón desata en un mes una ola histórica de 20.000 reclamaciones

El gran apagón eléctrico que tuvo lugar el pasado 28 de abril en España ha generado una avalancha de quejas por parte de los usuarios hacia las principales compañías eléctricas, especialmente Iberdrola, Endesa y Naturgy. Según fuentes del sector, hasta la fecha -sin haberse cumplido aún un mes desde el incidente que dejó sin suministro eléctrico a toda la España peninsular durante más de doce horas- ya se han registrado cerca de 20.000 reclamaciones. El flujo de quejas no cesa. Las compañías eléctricas están siguiendo de cerca la situación, monitorizándola a diario. Se trata de una oleada de reclamaciones sin precedentes en el sector energético que podría derivar en indemnizaciones millonarias. Algunas empresas estiman que las compensaciones podrían superar los mil millones de euros. Determinar la causa del apagón será crucial para establecer qué parte debe asumir el pago de las compensaciones, más allá de las posibles sanciones administrativas. Las eléctricas están reforzando su defensa legal, contratando los mejores despachos de abogados, ya que es muy probable que el caso acabe en los tribunales. La legislación española establece con claridad cuándo y a quién pueden dirigirse los usuarios para reclamar daños, así como el valor de las compensaciones. Las personas afectadas pueden presentar sus reclamaciones tanto ante las comercializadoras de electricidad como ante las distribuidoras, es decir, las empresas propietarias de la infraestructura eléctrica. Dado que Iberdrola, Endesa y Naturgy lideran ambos segmentos, son las que están recibiendo el mayor número de quejas. La responsabilidad se reparte de forma proporcional al número de clientes y a la extensión de la red que gestiona cada empresa. Iberdrola y Endesa, con cerca de diez millones de usuarios cada una, son las compañías más grandes, seguidas de Naturgy, que atiende a algo más de cuatro millones, en un mercado que ronda los treinta millones de clientes. La normativa distingue entre dos tipos de cortes de suministro, con diferentes consecuencias en cuanto a compensaciones. Los cortes programados, que deben durar menos de tres minutos, se comunican con al menos 24 horas de antelación mediante avisos visibles. Por otro lado, las interrupciones imprevistas, que superan los tres minutos, no deben exceder ciertos límites establecidos según la localización. En áreas urbanas no pueden superar las cinco horas o diez cortes al año, y en zonas rurales, las 19 horas o 22 interrupciones. El apagón del 28 de abril fue completamente inesperado y, en la mayoría de los casos, superó las cinco horas. Si se sobrepasan estos límites, las compañías deben aplicar un descuento de hasta un 10% en la factura anual, además de pagar indemnizaciones por daños materiales, como la pérdida de alimentos o la avería de aparatos eléctricos. Algunas comunidades autónomas imponen sanciones adicionales, por lo que las compensaciones podrían ser aún mayores. Además, los usuarios pueden reclamar por otros perjuicios ocasionados por el corte eléctrico. Las empresas eléctricas están obligadas a responder a las reclamaciones con un acuse de recibo y tienen un plazo de un mes (21 días hábiles) para aceptar o rechazar la solicitud. A partir de ese momento, se pueden activar otros canales, como los organismos de consumo o los tribunales. No obstante, lo fundamental será determinar la causa del apagón y quién fue el responsable, ya que de ello dependerá quién deberá asumir el coste de las compensaciones.

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(Expansión, 26-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España deberá decidir si eleva el colchón anticíclico hasta el 1%

A finales del año pasado, el Banco de España dio el primer paso hacia la implementación de la nueva versión del colchón de capital anticíclico, al establecerlo en el 0,5%, con la obligación de que los bancos lo tuvieran efectivamente constituido durante ese ejercicio. Ahora, deberá decidir en el último trimestre de 2025 si incrementa ese colchón hasta el 1%, como estaba inicialmente previsto. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha instado a los bancos centrales nacionales a mantener estos colchones como medida preventiva frente a un posible deterioro financiero provocado por la actual incertidumbre global. La incógnita es si el Banco de España adoptará esta recomendación y exigirá a las entidades financieras un esfuerzo adicional. El pasado miércoles, el BCE presentó su Informe de Estabilidad Financiera, en el que evalúa los riesgos que enfrenta el sector bancario, principalmente a causa de la elevada incertidumbre geopolítica. El informe advierte que, a nivel europeo, los márgenes financieros podrían seguir estrechándose debido al descenso de los tipos de interés, que probablemente continuará en el corto plazo con el objetivo de estimular el débil crecimiento económico en la eurozona. A esta reducción de ingresos financieros podría sumarse, durante el año, un deterioro más acusado de algunos activos crediticios, motivado por la ralentización económica. Esto llevaría a las entidades a aumentar sus provisiones, algo que no se ha visto en los últimos dos años y que ha contribuido a mejorar sus beneficios y, en consecuencia, su rentabilidad. Sin embargo, el BCE considera que esta tendencia favorable podría revertirse, dependiendo de la evolución de factores como la guerra comercial y los aranceles. Los efectos serán distintos en cada país y entidad, debido a sus diferentes estructuras y exposiciones. En el caso de España, todo apunta a que el impacto sería más moderado que en otros países de la eurozona. Esto se debe, en parte, a que las relaciones comerciales con Estados Unidos son menos intensas, lo que reduce la exposición a posibles consecuencias negativas derivadas de los aranceles. Además, los bancos españoles se encuentran en una posición comparativamente sólida, con una rentabilidad superior a la media del sector europeo y niveles de solvencia aceptables, respaldados por colchones de capital que superan los mínimos regulatorios, aunque todavía por debajo del promedio europeo. Los resultados de las pruebas de resistencia realizadas por la Autoridad Bancaria Europea y el BCE también reflejan que las entidades españolas serían las menos afectadas en términos de solvencia si se materializaran los escenarios adversos contemplados en esos ejercicios. Con este panorama, el Banco de España -que tiene la competencia para fijar el nivel del colchón anticíclico- deberá decidir en los próximos meses si sigue adelante con el plan inicial de elevarlo al 1%, alineándose con las recomendaciones del BCE, o si opta por una estrategia diferente en función del contexto económico y financiero nacional.

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(El Economista, 26-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump retrasa al 9 de julio la fecha para imponer un arancel del 50% a los productos de la UE

La guerra comercial ha vuelto a situarse en el centro de atención. Los mercados europeos reaccionaron con entusiasmo tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció este fin de semana una prórroga en la aplicación de los aranceles previstos para Europa, después de mantener una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Trump comunicó que pospone del 1 de junio al 9 de julio la imposición de un arancel del 50% sobre productos provenientes de la Unión Europea. Esta decisión ha sido un impulso clave para los mercados occidentales, cuyos futuros han subido más de un 1,5%, al interpretar los inversores un patrón ya conocido en la estrategia comercial del presidente: lanzar amenazas arancelarias contundentes, seguidas de periodos de pausa que abren la puerta a la negociación. Tras una jornada marcada por la inestabilidad y la preocupación que provocaron el pasado viernes las amenazas de Washington, el arranque de la semana ha devuelto cierta calma a los mercados. La cuestión arancelaria vuelve a ser el factor dominante que condiciona los movimientos financieros, desplazando a un segundo plano los temores que venían generando los efectos de la política fiscal de Trump sobre el déficit estadounidense. "Se ha establecido un patrón claro en la estrategia comercial de Trump: amenazas iniciales intensas seguidas de treguas arancelarias durante las que se abre el diálogo", explica Tim Waterer, analista jefe de mercados en KCM Trade, en declaraciones a Bloomberg. "Los inversores ya se han ido acostumbrando a este enfoque. Su reciente pulso con la Unión Europea es solo el último ejemplo", añadió. Por su parte, Jesús Sánchez-Quiñones, en uno de sus artículos tras el Día de la Liberación, señalaba que "Trump recurre a los aranceles como herramienta de presión para obtener concesiones en ámbitos muy diversos. Un ejemplo reciente fue el caso de Colombia, a la que amenazó con medidas comerciales si no aceptaba vuelos con inmigrantes irregulares, y que cedió en menos de 24 horas. Comprender este punto resulta clave para entender que los aranceles anunciados el 2 de abril probablemente sean solo el punto de partida de una negociación bilateral más amplia". En este contexto, el euro continúa fortaleciéndose frente al dólar, registrando hoy su quinta jornada de avances en las últimas seis sesiones y acercándose a menos del 1% de sus máximos anuales, situados por encima de los 1,15 dólares por euro. La divisa europea ha superado recientemente una barrera técnica clave entre los 1,12 y 1,1275, niveles que durante 2023 y 2024 habían actuado como freno a las subidas y que coincidían con la tendencia bajista de los últimos años. "Tras superar la resistencia de 1,1275, todo indica que el euro/dólar podría dirigirse hacia los 1,2375 y 1,25 dólares por euro, que son los picos alcanzados en 2021 y 2018", asegura Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader. En cuanto a los mercados bursátiles, la sesión en Asia tuvo un comportamiento mixto, con algunas bolsas perdiendo fuerza hacia el final del día, aunque el Nikkei japonés cerró con tono positivo. Por su parte, los futuros de las bolsas occidentales subieron más de un 1,5%, anticipando una apertura alcista que prolonga la actual fase de recuperación en los principales índices de Europa y Estados Unidos. Así lo interpreta también Cabrero, quien, en su último análisis para el podcast de Ecotrader, afirma que "estamos presenciando una recuperación sólida que ha superado el temido nivel del 61,8% de retroceso de Fibonacci respecto a la caída desde los máximos del año -nivel que en Wall Street bauticé como el Techo de DeepSeek-, lo que confirma que no estamos ante un simple rebote, sino dentro de una tendencia alcista de fondo".

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(Cinco Días, 23-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las Bolsas se tiñen de rojo por las preocupaciones fiscales en EE UU

El mercado de deuda en Estados Unidos vuelve a generar inquietud entre los inversores. A pocos días de que se cumpla una semana desde que se rebajó la calificación crediticia del país, la atención ahora se centra en el nuevo plan fiscal. La Cámara de Representantes ha aprobado un paquete impulsado por Donald Trump con el objetivo de evitar una subida de impuestos al cierre del año. Este proyecto contempla un incremento del techo de deuda en cuatro billones de dólares y aún debe ser ratificado por el Senado, donde algunos sectores del Partido Republicano exigen modificaciones significativas. El aumento del déficit y del endeudamiento podría intensificar la desconfianza en los mercados. Mientras tanto, el rendimiento del bono estadounidense a 30 años alcanza su nivel más alto en casi veinte años, lo que contribuye a prolongar las caídas bursátiles. En España, el Ibex 35 cae un 0,95%. ¿Cómo se comporta el Ibex 35? El principal índice bursátil español retrocede un 1% y pierde la cota de los 14.200 puntos, tras haber interrumpido ayer una racha de nueve jornadas consecutivas al alza. Fuera del selectivo, destaca el fuerte repunte de Grenergy, que se dispara más de un 6% tras presentar resultados positivos. La compañía de energías renovables obtuvo un beneficio neto de 32,4 millones de euros en el primer trimestre, cinco veces más que los 6,2 millones del mismo periodo del año anterior, según ha informado en un comunicado. ¿Qué sucede en el resto de mercados? Las bolsas europeas también registran caídas. El Dax alemán retrocede un 0,85%, mientras que el CAC 40 de París y el FTSE 100 de Londres pierden un 0,9% y un 0,7%, respectivamente. En el ámbito macroeconómico, se ha publicado un dato negativo en la eurozona: la actividad del sector privado se contrajo en mayo por primera vez en cinco meses. El índice PMI compuesto bajó a 49,5 puntos desde los 50,4 de abril. El PMI de servicios cayó a 48,9 (su nivel más bajo en 16 meses), mientras que el PMI manufacturero subió ligeramente a 49,4, aún por debajo del umbral de crecimiento. En contraste, en Alemania se observó una ligera mejora en la confianza empresarial. El índice Ifo subió en mayo a 87,5 puntos, frente a los 86,9 de abril, reflejando un menor pesimismo entre las empresas ante una reducción en la incertidumbre reciente. En Asia predominan las ventas. El Nikkei japonés cerró con una caída del 0,9%, el índice de Shanghái se mantuvo prácticamente plano y el Hang Seng de Hong Kong retrocedió en torno al 0,6%. Los futuros de Wall Street anticipan una apertura a la baja, aunque con menor intensidad. En la jornada anterior, el Dow Jones se desplomó 800 puntos (-1,91%) debido al repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años, que alcanzaron el 5,09%, superando por segunda vez en la semana el umbral clave del 5%, un nivel no visto desde octubre de 2023. Una débil subasta de deuda reforzó la tendencia vendedora sobre los activos estadounidenses, mientras persisten los temores de que el nuevo plan fiscal de Trump -centrado en recortes de impuestos y mayor gasto- dispare aún más el déficit público. El S&P 500 bajó un 1,61% y el Nasdaq un 1,41%. El bono a diez años también subió hasta el 4,6%, niveles que ya habían generado volatilidad en abril, provocando incluso que se frenaran algunos de los aranceles más duros propuestos por la Administración Trump.

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(El País, 23-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El sector privado europeo entra en zona de contracción en mayo lastrado por los servicios

El sector privado de la zona euro experimentó un retroceso en mayo por primera vez en cinco meses, situándose nuevamente en terreno de contracción, según revela el más reciente informe del índice PMI elaborado por S&P Global junto con Hamburg Commercial Bank (HCOB), publicado este jueves. En concreto, la estimación preliminar del indicador -que recoge aproximadamente el 85 % de las respuestas empresariales- descendió hasta los 49,5 puntos. Esta cifra representa una caída de 0,9 puntos respecto a abril y queda por debajo del umbral de 50, que distingue entre crecimiento (por encima) y contracción (por debajo) de la actividad económica. Este debilitamiento se atribuye principalmente a una marcada bajada en el sector servicios, cuyo índice cayó de 50,1 a 48,9 puntos, registrando su nivel más bajo en los últimos dieciséis meses. En contraste, la industria manufacturera mostró una ligera mejoría, subiendo hasta los 49,4 puntos, aunque sigue sin alcanzar el umbral de crecimiento. Cyrus de la Rubia, economista jefe del HCOB, considera que no debe atribuirse este enfriamiento económico a las políticas comerciales de Estados Unidos. De hecho, según el experto, los intentos de anticiparse a posibles aranceles podrían haber beneficiado ligeramente al sector industrial. En cambio, señala que las empresas de servicios -menos influenciadas por la política comercial estadounidense salvo en actividades como la logística internacional- están sufriendo más por la debilidad del consumo interno que por factores externos. En cuanto a las grandes economías del continente, tanto Alemania como Francia se encuentran en fase de contracción. Alemania, que había registrado avances en los primeros cuatro meses del año, mostró una caída en la actividad total durante mayo. Francia, por su parte, continúa su tendencia negativa y encadena ya nueve meses de descensos. El resto de los países del bloque -cuyos datos se presentan de forma agregada- muestran un crecimiento, aunque a un ritmo más lento, el menor en lo que va de 2025. La caída del sector servicios se refleja también en una nueva disminución de los pedidos, que acumulan cuatro meses consecutivos a la baja. Por el contrario, los pedidos del sector manufacturero se estabilizaron, cortando una racha de tres años de retrocesos. En cuanto a los precios, tanto los costes de producción como los precios finales muestran un descenso generalizado, aunque con diferencias entre sectores: mientras la industria reduce precios y costes, el sector servicios continúa enfrentando presiones inflacionarias. Otro dato relevante del estudio es el estancamiento en el empleo, que tras una breve fase de aumento, se mantuvo estable en mayo. Además, la confianza empresarial cayó a su nivel más bajo en diecinueve meses. A pesar de este escenario pesimista, De la Rubia mantiene una visión optimista a largo plazo. Señala que, ante este contexto, el Banco Central Europeo podría continuar con recortes graduales en los tipos de interés, reforzado por la moderación de los precios en el sector industrial. Asimismo, menciona que la reciente caída del precio del petróleo representa otro factor favorable para la recuperación. En particular, apunta que Alemania podría estar en posición de recuperar su papel de motor económico en la región, gracias a una política fiscal más expansiva. Esta previsión se apoya en el fuerte repunte del índice de producción futura en el país germano, que se sitúa por encima de su media histórica.

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(Cinco Días, 22-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas de más de 500 millones podrán salir a cotizar sin un umbral mínimo de acciones

Cirsa, Europastry o Astara son algunos ejemplos recientes de compañías que han decidido aplazar o cancelar sus planes de salir a cotizar en la Bolsa española, debido a un entorno de mercado altamente volátil que no resultaba propicio para dar ese paso. No son casos aislados: se estima que la mitad de las empresas que han considerado su salida al parqué en los últimos cinco años finalmente han desistido y han pospuesto indefinidamente estos proyectos. Con el objetivo de facilitar el acceso al mercado bursátil, especialmente a empresas familiares que suelen mostrarse reticentes a perder el control de su compañía, la CNMV y BME han presentado este miércoles un nuevo segmento bursátil que pretende reactivar el interés por cotizar. La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el operador de la Bolsa española han anunciado una nueva vía para que las empresas se estrenen en el mercado, que elimina temporalmente la obligación de contar con al menos un 25% de capital en libre circulación (free float) en el momento de su debut, tal como exige actualmente la normativa. Con la futura implementación de la directiva europea Listing Act -que debe incorporarse al ordenamiento jurídico español antes de junio de 2026-, este umbral se reducirá al 10%. No obstante, la CNMV ya tiene la facultad de flexibilizar ese requisito, como hizo recientemente en la salida a Bolsa de Puig. Este nuevo sistema permitirá a las empresas alcanzar el porcentaje mínimo de capital en circulación en un plazo de 18 meses, con una posible prórroga de seis meses adicionales. Estará enfocado a compañías consolidadas con una valoración mínima de 500 millones de euros, aunque el regulador podrá autorizar excepciones. Además, se limita la participación a inversores profesionales, que podrán invertir bajo el formato de contratación por bloques, con un mínimo de 100.000 euros por operación. El acceso estará restringido para los inversores minoristas, quienes solo podrán participar cuando la empresa dé el salto al mercado convencional. Desde la CNMV y BME explican que esta nueva modalidad está diseñada para reducir el riesgo en el proceso de salida a Bolsa, dar mayor flexibilidad para elegir el momento óptimo, y permitir que las empresas se incorporen al mercado sin necesidad de cumplir inicialmente con los requisitos de dispersión accionarial. Para establecer la valoración de las compañías en el momento de su incorporación a este nuevo segmento, las empresas podrán optar entre tres alternativas: contratar un evaluador independiente, fijar un precio de referencia a partir de transacciones recientes realizadas entre inversores clave (conocidos como inversores ancla) durante los seis meses anteriores, o entrar al mercado sin haber realizado ninguna operación significativa que determine un precio. En el momento de solicitar la admisión, no será necesario declarar una valoración exacta, sino simplemente acreditar que esta supera los 500 millones de euros. Si, una vez pasado el plazo de 18 meses, la empresa no ha alcanzado el mínimo de free float, la CNMV podrá conceder una prórroga adicional de seis meses, permitir alguna excepción o decidir su exclusión del segmento. Esta última decisión no implicaría una OPA de exclusión, sino que se aplicaría de oficio, lo que podría dejar a los inversores institucionales atrapados en el capital de la compañía. Adicionalmente, este nuevo segmento permitirá que los analistas financieros de las entidades de inversión puedan emitir informes y recomendaciones sobre estas empresas. No obstante, estarán obligados a declarar si sus análisis pueden estar sujetos a conflictos de interés. Cabe destacar que la implementación de este nuevo espacio de cotización no requiere cambios legislativos, aunque todavía está pendiente de la aprobación formal por parte del consejo de la CNMV, que se espera se produzca antes del verano.

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