(El Economista, 18-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Un juzgado español pide al tribunal europeo que la devolución de los gastos hipotecarios no prescriba

El Juzgado de Primera Instancia de A Coruña ha enviado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que plantea la eliminación de la prescripción para que los consumidores puedan reclamar al banco la devolución del dinero por cláusulas abusivas en sus hipotecas, como los gastos hipotecarios, según el caso del litigio. Un auto del 12 de marzo marca un giro en el debate actual sobre cuándo comienza a contar el plazo de prescripción -que es de cinco años- para solicitar al banco la restitución de las cantidades pagadas de más, y plantea abiertamente la posibilidad de eliminar dicho plazo. El caso del litigio se refiere a una consumidora con una hipoteca en la que el banco le cargó el 100% de los gastos asociados. El auto aclara que no está cuestionando el inicio del cómputo de la prescripción ni tampoco qué plazo de prescripción sería razonable. El tribunal pregunta si es compatible con el Derecho europeo declarar nula una cláusula abusiva en cualquier momento sin establecer un plazo de prescripción, pero sí establecer un plazo de prescripción para la devolución del dinero cobrado de más al cliente por esta cláusula abusiva, especialmente cuando la normativa española no contempla que la nulidad y sus efectos tengan plazos de prescripción diferentes, como tampoco existe jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto. "Es en el análisis de nuestra legislación y doctrina jurisprudencial donde encontramos elementos para poner fin a la división entre la acción de nulidad y la acción restitutoria", destaca el magistrado. El auto critica que una cláusula hipotecaria pueda ser declarada nula de oficio por un juez, pero que esto no implique automáticamente una devolución para el cliente debido a la prescripción de su derecho a reclamar. Así, cuestiona la paradoja de que la nulidad absoluta de la cláusula no esté sujeta a prescripción, pero los efectos para compensar al consumidor sí lo estén. "Si la nulidad absoluta no está sujeta a caducidad ni prescripción, tampoco deberían estarlo sus efectos", afirma. "Llegaríamos al absurdo de que la nulidad absoluta operara en el vacío [...], ya que incluso después de declararse su existencia -sin estar sujeta a caducidad ni prescripción-, no se podrían devolver las prestaciones si se considera prescrito o caducado este aspecto de la acción", agrega. Esta cuestión prejudicial llega al TJUE en medio del debate sobre la prescripción para reclamar los gastos hipotecarios. El TJUE emitió una sentencia el 25 de enero en la que estableció que el plazo de prescripción para reclamar la devolución de estos gastos comienza cuando el consumidor tiene conocimiento de la abusividad de la cláusula de su contrato y de sus derechos. Aún está pendiente un pronunciamiento del Tribunal Supremo, que también remitió una cuestión prejudicial sobre este tema. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona determinó después de la sentencia europea que el periodo de prescripción para reclamar los gastos comenzó en enero de 2017, cuando varios despachos y asociaciones de consumidores empezaron a informar públicamente sobre la posibilidad de recuperar dichos gastos. Aún queda por establecer jurisprudencia al respecto.

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(Expansión, 17-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

"Boom" de pisos turísticos: un 25% más que en 2023

Desde el final de la pandemia y los consecuentes confinamientos, el sector turístico ha sido fundamental para la economía española, contribuyendo significativamente al crecimiento del PIB y siendo un motor importante de creación de empleo. Sin embargo, las nuevas tendencias turísticas y un aumento en la demanda de viajes con presupuestos más ajustados han impulsado la proliferación y consolidación de los pisos turísticos, alcanzando nuevos récords. Al cierre del primer trimestre del año, las 25 principales ciudades españolas contaban con 286,858 plazas de pisos turísticos, un 25% más que en 2023 y, lo más llamativo, 30,000 plazas más que en el primer trimestre de 2020, justo antes de la pandemia, cuando se registró el récord histórico hasta entonces. Estos datos fueron dados a conocer ayer por la agrupación de empresas turísticas Exceltur, basándose en análisis realizados por AirDNA. José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, advirtió sobre las consecuencias derivadas del incremento exponencial de pisos turísticos en dos áreas clave: el turismo, por su importancia en la economía nacional, y la vivienda, dado que está contribuyendo a la escasez de oferta en el mercado tradicional de alquiler, lo que está elevando los precios. Zoreda criticó que este problema no se trata solo de competencia desleal, sino que también afecta la capacidad de habitabilidad de las viviendas. Estas preocupaciones coinciden con la decisión del Gobierno de poner límites al aumento de los alquileres vacacionales. La semana pasada, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se comprometió a "limitar" este tipo de alquileres, aunque sin especificar cómo lo hará. Zoreda aplaudió esta iniciativa, señalando que finalmente el Gobierno está tomando medidas para abordar este problema. Sin embargo, Exceltur también criticó al Ejecutivo. Óscar Perelli, director de Estudios de Exceltur, mencionó que "parte del crecimiento exagerado de los alquileres turísticos se debe a la ley de vivienda". La organización argumenta que al establecer límites a los precios del alquiler tradicional, esta normativa está fomentando la transición de muchas viviendas a alquileres turísticos, que no están sujetos a topes según la ley de vivienda. La patronal sostiene que los visitantes que eligen alquileres turísticos son diferentes a los que se hospedan en hoteles. Además del gasto diario promedio, que es inferior para los turistas de pisos turísticos en comparación con los de hoteles, Exceltur considera que estos visitantes contribuyen al fenómeno de turismofobia al provocar el rechazo de residentes en áreas turísticas masificadas.

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(El Confidencial, 17-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España estudia exigir un colchón extra de capital a la banca

El Banco de España está instando a las entidades financieras a fortalecer sus niveles de capital. El supervisor está preocupado por la creciente brecha en la solvencia de los bancos españoles en comparación con el resto de Europa, y además de solicitar esfuerzos en esta dirección, podría hacerlo obligatorio. El organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos está revisando su metodología para determinar si activa el colchón de capital anticíclico (CCA), una herramienta macroprudencial que permite a los bancos centrales nacionales exigir mayores reservas a los bancos del país. Aunque el Banco de España nunca ha aplicado este colchón anticrisis, podría hacerlo como una de las últimas medidas durante el mandato de Hernández de Cos, que concluye este año. Ha estado allanando el camino al instar a las entidades a reforzar su capital, aprovechando el período positivo de crecimiento de márgenes y beneficios, con una morosidad contenida. "Estamos analizando varios indicadores como la brecha entre crédito y PIB, el output gap, los niveles de morosidad, la liquidez, entre otros, para tener una visión completa", indican desde el Banco de España. Aunque algunos supervisores bancarios europeos han activado el colchón anticíclico en ocasiones anteriores, no ha sido el caso en España. El Banco de España está evaluando el coste-beneficio de esta medida, reconociendo que los colchones liberables son más efectivos que los no liberables. Los primeros pueden activarse y desactivarse sin perjudicar a la entidad en el mercado. Desde el Banco de España se enfatiza repetidamente que los bancos deben aprovechar el actual período de expansión para fortalecer su posición de solvencia. Esto es importante debido a la posible reducción de márgenes por la disminución de los tipos de interés, que se espera que afecte más al crédito que a los depósitos, y por el probable aumento moderado de la morosidad en 2024. Además, los bancos más capitalizados son más resilientes durante las crisis y no necesitan restringir tanto el crédito como los menos capitalizados. La imposición del colchón anticíclico es algo que se ha anticipado en el sector financiero desde hace meses. De hecho, como se mencionó en una reunión con consejeros delegados de la Asociación Española de Banca hace unos meses, la subgobernadora Margarita Delgado ya adelantó esta medida. Se espera que sea una de las últimas acciones anunciadas por De Cos antes de dejar el cargo en junio. Con esto, el supervisor lograría uno de sus principales objetivos: que la banca española fortalezca su solvencia y reduzca la brecha con otras entidades europeas. Esto se refleja en el último informe de estabilidad financiera del Banco de España, que muestra que la solvencia de los bancos españoles ha mejorado solo ligeramente en comparación con otros países europeos. Las entidades bancarias españolas se quejan de que las cifras actuales no son comparables y que se necesitará esperar a la implementación efectiva de la normativa Basilea 4 para evaluar el verdadero nivel de capital de cada país y entidad, lo cual ocurrirá en 2025. El Banco de España está presionando a los bancos españoles para que refuercen su solvencia y reduzcan la distancia con sus competidores europeos. Esta medida es vista como crucial para asegurar la estabilidad financiera y la capacidad de los bancos para enfrentar futuras dificultades económicas.

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(El País, 17-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno lanza un fondo de 2.000 millones para atraer inversión extranjera

El Consejo de Ministros ha aprobado la regulación del nuevo Fondo de Coinversión, el cual tiene la capacidad de inyectar capital junto a inversores internacionales en empresas privadas españolas que estén llevando a cabo proyectos en sectores estratégicos. En un contexto marcado por una cierta falta de inversión, derivada externamente de la incertidumbre causada por las crecientes tensiones geopolíticas y internamente por la inestabilidad política en España, el Consejo de Ministros dio luz verde ayer a la regulación y condiciones de funcionamiento del anunciado Fondo de Coinversión (Foco), con el objetivo de fomentar la llegada de inversión extranjera al sector empresarial privado español. Inicialmente dotado con 2.000 millones de euros, este fondo es uno de los nuevos instrumentos financieros incluidos en la Adenda del Plan de Recuperación (financiado con los créditos europeos concedidos a España en la segunda fase de los Next Generation EU) y su propósito es involucrar a socios extranjeros en "la transformación del modelo productivo español atrayendo inversión extranjera hacia empresas españolas que realicen inversiones alineadas con el Plan de Recuperación", es decir, centradas en la transición energética, la transformación digital, la movilidad sostenible, la biotecnología o la agricultura sostenible, según informó el Ministerio de Economía en un comunicado. Este nuevo vehículo público, gestionado por Cofides, entidad gestora de fondos estatales dependiente del Ministerio de Economía, entrará en el capital de empresas privadas que desarrollen proyectos de inversión en cualquiera de esas áreas prioritarias en todo el territorio nacional. No obstante, esta participación nunca será en solitario, sino "siempre de forma conjunta con un coinversor extranjero", aclaró el Ministerio. Además, la contribución del socio extranjero deberá ser "siempre igual o superior a la de Foco". Los posibles socios extranjeros podrán ser públicos o privados, como fondos de pensiones o de inversión, instituciones multilaterales o incluso fondos soberanos, así como empresas extranjeras que establezcan sociedades en España para llevar a cabo inversiones. El nuevo Fondo de Coinversión también podrá colaborar con vehículos de inversión privados españoles, pero "siempre que movilicen recursos de inversores extranjeros". Aunque Cofides será la gestora del fondo y un "panel de expertos independientes" evaluará las propuestas de inversión, será finalmente un comité interministerial técnico (es decir, el propio Gobierno) el que apruebe o vete esas inversiones. Las empresas beneficiarias de estas posibles inversiones serán siempre privadas, "ya sean existentes o de nueva creación", con sede en la UE y con centro de trabajo en España, "independientemente de su tamaño y propiedad de capital", detalló el Ministerio de Economía.

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(Expansión, 16-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los bancos españoles ganarán 6.580 millones en el trimestre, un 15% más

Comienza la temporada de presentación de resultados trimestrales en la Bolsa española y Bankinter inicia esta fase pasado mañana, después del comienzo de las entidades americanas el viernes pasado, cuyos márgenes de interés decepcionaron a los inversores. Los analistas estiman que los seis bancos españoles ganaron cerca de 6.580 millones de euros en el primer trimestre del año, según el consenso recopilado por Bloomberg. Esta cifra representa un aumento del 15,5% respecto al beneficio obtenido en el mismo periodo de 2023. El trimestre estará marcado por el impacto del impuesto a la banca, que Renta 4 estima en conjunto en 1.484 millones de euros, frente a los 1.111 millones del año anterior. Se prevé que Bankinter anuncie un beneficio cercano a los 196 millones, según el consenso, lo que supone un incremento del 6,4% respecto al año anterior y el menor aumento proyectado para el sector español. Sin embargo, Renta 4 muestra un panorama menos optimista y espera una disminución del 5%, hasta los 175 millones, debido al efecto del incremento del 10% en los costes. En general, los expertos esperan que el sector continúe beneficiándose del entorno de tipos altos, a pesar de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, esté preparando el terreno para una rebaja del precio del dinero en junio, ya que los analistas confían en un sector que ha demostrado ser resiliente incluso con tipos mucho más bajos. Santander mantendrá el liderazgo en términos de beneficio neto, con una cifra estimada superior a los 3.000 millones, casi un 17% más que el año anterior. Aunque la entidad ha quedado rezagada en la Bolsa, se espera que reduzca la brecha respecto a BBVA. El banco presidido por Ana Botín presentará resultados el 29 de abril, al igual que CaixaBank. Un día antes lo harán BBVA y Unicaja. "Nuestro mayor punto de atención se centra en la posible evolución de las provisiones en el negocio estadounidense de Santander, donde podríamos observar un desarrollo más negativo de lo esperado debido a su exposición al crédito inmobiliario comercial", comenta Nuria Álvarez, de Renta 4, quien estima que el banco logrará un beneficio de 2.805 millones. En BBVA, Álvarez considera que el factor que podría ejercer más presión es la evolución de las provisiones en México o un ritmo de crecimiento menor al previsto en los volúmenes. BBVA, que acaba de distribuir dividendos entre sus accionistas, se sitúa en segundo lugar en términos de beneficio, con cerca de 1.968 millones, un 6,6% más según las previsiones de los analistas. El ascenso bursátil de la entidad la ha llevado a cotizar por encima de su valor en libros. Es destacable el incremento esperado en el beneficio de CaixaBank, que superará el 20%, alcanzando alrededor de mil millones de euros. En lo que va de año, sus acciones han aumentado un 25% en Bolsa y se encuentra entre las favoritas para los próximos meses. El aumento de los tipos afecta las finanzas. Los bonos que vencen pagan en promedio solo un 1,8% en sus cupones, mientras que los nuevos emitidos tienen un interés del 4,6%. Los bancos han liderado la ola de emisiones de bonos al inicio del año en España y Europa, pero han debido pagar más. La subida de los tipos de interés ha elevado los costos de financiamiento en el mercado de deuda, siendo el sector financiero europeo uno de los más afectados. CreditSights ha realizado los cálculos. La firma ha examinado todos los vencimientos de deuda de los bancos europeos entre este año y 2026 y ha determinado que el interés medio de los bonos próximos a vencer es del 1,8%. Asimismo, ha evaluado las emisiones realizadas en 2023 y en lo que va de 2024. El cupón promedio al que se han colocado estos bonos es del 4,6%, lo que implica que los bancos están refinanciando sus vencimientos con una deuda que les cuesta 2,55 veces más, elevando así sus costos de financiamiento. El interés medio de los bancos es más alto que el de otros emisores europeos más solventes (con grado de inversión). Solo el sector inmobiliario supera este porcentaje, alcanzando el 4,9%. Otros sectores también están cercanos, como el automotriz con el 4,3%, energía con el 4,2% y salud con el 4,1%. Además, hay una diferencia significativa entre los bancos y otras empresas: las entidades financieras no pueden darse el lujo de no emitir. Aunque las empresas industriales han reducido su actividad en el mercado debido al encarecimiento de la deuda por la política monetaria más estricta del Banco Central Europeo (BCE), los bancos han continuado emitiendo de manera regular como si los precios no hubieran cambiado. La regulación les impide ser selectivos. Deben cumplir con los requerimientos de capital anticrisis, lo que los obliga a mantener un cierto volumen de deuda que pueda absorber pérdidas en caso de problemas. No es suficiente con emitir una vez para cubrir sus necesidades, ya que los bonos vendidos llegan a su vencimiento y deben ser reemplazados continuamente.

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(Expansión, 16-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El alquiler marca un nuevo máximo histórico, con los topes de precio en el ojo del huracán

La imparable subida de los precios del alquiler sigue su curso sin obstáculos, superando hace tiempo los máximos históricos alcanzados en 2007 y ahora volviéndolos a igualar prácticamente mes tras mes. Al cierre del primer trimestre de este año, el precio medio del alquiler se situó un 7% por encima del mismo periodo del año anterior, alcanzando los 12,36 euros por metro cuadrado a nivel nacional, según datos publicados ayer por el portal inmobiliario Fotocasa. Gran parte de este aumento se concentra en el primer trimestre del año, con un incremento del 6% desde el 1 de enero. Es decir, las subidas de precios están acelerándose en un contexto donde se esperaría que la creciente carga financiera del alquiler frenara este ritmo. Sin embargo, una parte significativa de este contexto es la notable escasez de oferta, que se agrava con el tiempo debido a una serie de factores. Uno de estos factores está relacionado con las políticas de vivienda del Gobierno, una opinión compartida por varios actores del sector, incluyendo portales inmobiliarios, agentes de la propiedad y tasadores, e incluso el Fondo Monetario Internacional. En un informe publicado el pasado viernes, este organismo cuestionó la efectividad de establecer límites a los precios de alquiler en áreas tensionadas, una de las medidas principales del Gobierno: "Experiencias pasadas sugieren que los controles de alquiler pueden reducir la oferta de viviendas en alquiler y limitar el acceso a los grupos más desfavorecidos, contrarrestando así los objetivos de la ley". La semana pasada, el Gobierno hizo un llamamiento sin precedentes instando a los propietarios privados a poner más viviendas en alquiler a precios asequibles, a cambio de nuevas medidas que garanticen seguridad e incentivos, además de las decisiones ya implementadas, como la ampliación de las deducciones fiscales en el IRPF para viviendas en alquiler hasta el 90%, en casos muy específicos. En su análisis sobre el aumento de precios, el portal inmobiliario señala otro factor que contribuye a la escasez de oferta. Según María Matos, responsable de Estudios en la compañía, "el desequilibrio entre oferta y demanda es la principal razón de este incremento. En estos momentos, el inventario de viviendas disponibles está en su punto más bajo debido a la transición de viviendas residenciales al alquiler turístico o compartido, mientras que la demanda sigue siendo fuerte y concentrada en las principales áreas urbanas, lo que ejerce presión al alza sobre los precios". Esta diversificación hacia otras modalidades de alquiler parece motivada por la búsqueda de una mayor rentabilidad del inmueble, especialmente en el alquiler turístico, cuya demanda ha crecido exponencialmente desde el levantamiento de las restricciones por el Covid-19 y parece continuar en aumento. Según una encuesta realizada por el portal de alquileres vacacionales Holidu, la mitad de los propietarios han aumentado los precios este año o planean hacerlo durante el resto de 2024. Todo esto ocurre en un contexto de auge turístico cuyo final aún es incierto. Es probable que estos considerables incrementos en las tarifas del alquiler turístico convenzan a más propietarios de pasar sus viviendas del alquiler tradicional al vacacional. En resumen, la tensión entre oferta y demanda se traduce en importantes incrementos de precios del alquiler en las capitales de provincia. Solo dos ciudades son más asequibles que hace un año: Jaén y Cádiz. En cambio, 22 ciudades registraron aumentos de dos dígitos, lideradas por Ciudad Real (34,1%), Santa Cruz de Tenerife (30,2%) y Segovia (19,2%). Aunque Madrid, Barcelona y Málaga no mantienen subidas tan drásticas, siguen experimentando aumentos considerables, sobre todo al encontrarse ya en máximos históricos: 11,3%, 5,9% y 9,3% respectivamente.

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(Cinco Días, 16-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Solo 7.900 familias se beneficiaron de las ayudas para hipotecados vulnerables en 2023

El Código de Buenas Prácticas, tanto en su versión permanente como temporal, aprobado a finales de 2022 para ayudar a los hipotecados vulnerables frente al repunte de los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo (BCE), ha generado más expectativas que resultados hasta la fecha. El Gobierno esperaba beneficiar hasta un millón de familias con este plan, pero su impacto ha sido limitado: según el Informe de Estabilidad Financiera de Primavera presentado por el Banco de España, solo 7.900 hogares se han beneficiado de esta red de apoyo hasta finales de 2023. Ángel Estrada, director general de estabilidad financiera, regulación y resolución del Banco de España, considera que esta baja demanda del Código de Buenas Prácticas refleja una economía mejor de lo esperado. Comparado con el uso que tuvo hace una década, el nivel actual de solicitudes es considerablemente mayor, indicando un menor desconocimiento sobre el programa. Sin embargo, el informe señala que más del 80% de las solicitudes rechazadas se deben a la falta de cumplimiento de los requisitos objetivos. En cuanto al volumen de deuda pendiente en las operaciones aprobadas, que alcanza los 907 millones de euros, representa solo un 0,2% del saldo total del crédito hipotecario a hogares a finales de 2022. Esto contrasta con el año anterior, cuando el programa aprobó solo 1.350 operaciones por un total de 135 millones de euros. El informe destaca que el uso de estos programas está influenciado significativamente por el tiempo y otros factores, como la evolución de los tipos de interés. Estrada menciona que si los tipos de interés disminuyen en los próximos meses, se aliviará la presión sobre los hogares endeudados con préstamos a tipo variable. El informe también aborda el traslado del aumento de los tipos de interés a los préstamos y depósitos bancarios, indicando que este cambio se ha reflejado con mayor intensidad en los préstamos que en los depósitos. Esto ha impulsado el margen de intereses del sector bancario, contribuyendo significativamente a sus resultados financieros. A pesar de la mejora en la solvencia del sector financiero español, el Banco de España considera que todavía queda trabajo por hacer. Estrada insta a las entidades a aprovechar el ciclo positivo para fortalecer su solvencia mediante provisiones adicionales.

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(El Economista, 16-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno presiona a las regiones que no quiere intervenir el precio del alquiler: recortará sus fondos

El Gobierno está impulsando la expansión del control de los alquileres en las áreas residenciales más activas. El plan del Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, incluye vincular parte del presupuesto de Vivienda a la declaración de zonas tensionadas, una medida que solo ha sido adoptada hasta ahora por Cataluña y que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular rechazan rotundamente. Desde el Ministerio explican a elEconomista.es: "Instamos a todas las CCAA a declarar zonas tensionadas donde perciban una alta presión. Si ellas no lo hacen, el Ministerio tendrá que intervenir para ayudar a los ciudadanos". En concreto, el Gobierno podría implementar ayudas públicas específicas dentro del plan estatal de vivienda vigente dirigidas exclusivamente a las comunidades autónomas que soliciten ser declaradas zonas tensionadas. Según informa la Cadena Ser, la forma de llevar a cabo esta medida pasaría por utilizar el artículo 18.5 de la controvertida ley de vivienda, que establece que el Ministerio competente en materia de vivienda "podrá desarrollar, en colaboración con la administración territorial competente, un programa específico para esas zonas de mercado residencial tensionado, contemplando la diversidad territorial en entornos urbanos, metropolitanos y rurales, que modificará o se anexará al plan estatal de vivienda en vigor". Este artículo permite al Estado promover colaboraciones con administraciones competentes y el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible en dichos ámbitos y diseñar medidas financieras específicas para contener o reducir los precios de alquiler o venta. También contempla la posibilidad de establecer ayudas públicas adicionales dentro del plan estatal de vivienda vigente, de acuerdo con las disposiciones que establezca dicho plan. La posible acción del Gobierno ya ha sido respondida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien advirtió que acudirán a los tribunales si el Gobierno "desvía fondos" de este ámbito. "No es la primera vez ni será la última", señaló. La Comunidad de Madrid ya ha recurrido al Tribunal Constitucional la ley de vivienda argumentando que invade sus competencias. Recientemente, la Ministra de Vivienda hizo un llamamiento a todas las comunidades autónomas "y en especial a Isabel Díaz Ayuso" para abordar los problemas reales de los ciudadanos. "El Gobierno está dispuesto a ayudar a frenar la escalada del alquiler. No entiendo por qué hay confrontación, cuando solo queremos ayudar", expresó Rodríguez. La ministra destacó la situación de trabajadores con buenos empleos y salarios estables que destinan hasta el 70% de sus ingresos al alquiler o se ven obligados a vivir en pisos compartidos. "Esto es una emergencia que requiere acción política urgente". La ley de vivienda establece que las comunidades autónomas podrán declarar una zona tensionada si se cumplen ciertas condiciones, como que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos básicos supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o si los precios de compra o alquiler han aumentado al menos tres puntos por encima del IPC autonómico en los últimos 5 años. La declaración de una zona de mercado residencial tensionado permitirá modificar el régimen de prórrogas de los contratos de alquiler y establecer topes en los precios de los arrendamientos. En cuanto a los precios, si se firman nuevos contratos y el arrendador es un pequeño propietario, la renta no podrá superar la del contrato anterior, aplicando la actualización anual, salvo en determinados casos. Si el arrendador es un gran tenedor, la renta del nuevo contrato no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable según los índices. Respecto al régimen de prórrogas, la ley de vivienda establece que una vez finalizadas las prórrogas obligatorias o tácitas, el arrendatario podrá solicitar prórrogas extraordinarias de hasta 3 años, manteniendo las mismas condiciones del contrato vigente. El arrendador, sea o no gran tenedor, estará obligado a aceptar la prórroga salvo en casos excepcionales.

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(El Economista, 16-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Justicia simplifica la plataforma electrónica para la liquidación de microempresas

El Ministerio de Justicia ha simplificado la plataforma electrónica de liquidación para microempresas un año y cuatro meses después de su lanzamiento, debido a las dificultades que enfrentaban empresarios y acreedores al utilizarla, con el objetivo de hacerla más "intuitiva y dinámica", según ha informado la Administración. La nueva plataforma incluye funcionalidades diseñadas para facilitar de manera sencilla y ágil los procedimientos tanto para microempresas como para abogados y procuradores. Para ayudar a las partes involucradas en el proceso online, se han lanzado dos guías explicativas, una dirigida a los empresarios y otra a los acreedores, junto con vídeos formativos que detallan el funcionamiento de la plataforma actualizada. La Ley Concursal de septiembre de 2022 estableció un procedimiento especial para microempresas que las obliga a llevar a cabo su liquidación mediante formularios electrónicos. Este sistema está dirigido a empresas con una plantilla media de menos de diez trabajadores en el año anterior, ingresos anuales inferiores a 700.000 euros o un pasivo no superior a 350.000 euros. La plataforma online para microempresas se lanzó en enero de 2023, pero desde entonces ha enfrentado problemas técnicos. De hecho, varios empresarios han tenido que hacer capturas de pantalla de los formularios, imprimirlos y presentarlos físicamente en el juzgado, según fuentes jurídicas. Entre las novedades de los cambios realizados por la Administración en la plataforma, destaca la posibilidad de que el empresario pueda conocer en todo momento el estado de su tramitación. Los 31 formularios electrónicos permiten al administrador de la empresa deudora realizar diversas acciones, como comunicar la apertura de negociaciones, solicitar el inicio del procedimiento de liquidación, suspender las ejecuciones, pedir el nombramiento de un experto en reestructuración, presentar un plan de liquidación o comunicarlo a los acreedores y al juzgado. Desde la entrada en vigor del procedimiento especial para microempresas en enero de 2023, un total de 878 empresas han utilizado esta plataforma. Durante 2023 se registraron 526 procedimientos especiales para microempresas, lo que representó el 7,13% del total de procesos concursales en ese año (7.373 en total), según el informe anual de Procedimientos Concursales y Disoluciones de Informa. En el primer trimestre de este año ya se han registrado 352 procedimientos especiales para microempresas, lo que indica que la plataforma electrónica de Justicia ha ido mejorando sus fallos y que los empresarios han ganado ritmo en la presentación de procesos de forma electrónica. En solo los primeros tres meses del año se ha presentado más de la mitad de los procedimientos registrados en todo el ejercicio anterior.

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(Expansión, 15-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

España hace historia en banca de inversión: cero euros por operaciones en Bolsa en 2024

El mercado de valores español ha registrado un desempeño excepcional. Tras dos años con una actividad prácticamente nula en la Bolsa, todas las expectativas estaban centradas en una recuperación en 2024. Sin embargo, el primer trimestre ha sido desastroso. Según los datos de Dealogic, los bancos de inversión no han obtenido ingresos por asesorar transacciones bursátiles. Es una situación sin precedentes. En los últimos tiempos ha habido trimestres muy malos. En 2022, las comisiones por operaciones bursátiles se desplomaron un 92%, y entre enero y marzo de 2023 apenas se recaudó un millón de euros. Pero al menos algo se movía, porque ahora todo está completamente parado. No solo no ha habido salidas a Bolsa, mientras en el resto de Europa y Estados Unidos los estrenos comienzan a recuperarse, sino que ninguna empresa ha ampliado capital, emitido bonos convertibles o colocado bloques de acciones. Es una situación sin precedentes en España y aún más rara en otros grandes mercados europeos. La City está en boca de todos por su falta de atracción para las OPV, y aun así el Reino Unido ha movido 101 millones de euros en comisiones para los asesores de transacciones bursátiles en el primer trimestre. Los bancos han ganado 48 millones en Alemania, 28 millones en Italia y 14,6 millones en Francia, países donde también se siente la crisis del mercado bursátil. La región de Europa, África y Oriente Medio (EMEA) ha generado 554 millones entre enero y marzo, con 191 millones provenientes de salidas a Bolsa. A nivel mundial, las operaciones bursátiles han generado más de 3.040 millones para los bancos, según Dealogic. Todos están pendientes de las empresas que están finalizando sus planes para salir a Bolsa en España. Hay varias con planes avanzados, pero también se esperaba al menos una en el último trimestre del año pasado, como Volotea, que finalmente no ocurrió. Astara Mobility ha dado el golpe final. Estaba todo listo para que esta filial de automoción del grupo industrial vasco Bergé pusiera fin a la sequía de OPV en la Bolsa española, pero la compañía ha cancelado el proceso. Los bancos como Lazard, BNP Paribas, HSBC y Morgan Stanley se quedan sin comisiones. Eran los principales en una salida a Bolsa que ha fracasado por la falta de interés de los inversores, aunque esta marcha atrás también afecta a Citi, Deutsche Bank, Santander, BBVA, CaixaBank, JB Capital y Norbolsa, que también participaban en la operación. Fuentes de la banca de inversión aseguran que es solo un revés; la renuncia de Astara se debe a recelos específicos de los inversores sobre aspectos particulares de la empresa. Varios directivos señalan que empresas con un historial sólido y negocios en crecimiento serán bien recibidas, ya que el escenario ha cambiado desde el año pasado y hay interés en nuevos perfiles bursátiles. Puig será la siguiente prueba, y nadie en el sector duda de su éxito. Existe unanimidad en que esta multinacional española debería ser acogida con entusiasmo en la Bolsa. Si nada cambia, serán los primeros ingresos del año para los bancos de inversión, y en cantidades significativas. Goldman Sachs y JPMorgan se llevarán la mayor parte, aunque también habrá comisiones para Bank of America, BNP, Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell.

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