(El Periódico, 28-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El IEE estima que los aranceles tendrán un impacto de hasta seis décimas en el PIB español entre 2025 y 2026

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, presentaron el informe semestral de Coyuntura Económica del organismo, bajo el título "Un crecimiento económico condicionado por un contexto institucional adverso". El documento señala que la economía mundial comenzó 2025 con una dinámica positiva, impulsada por un crecimiento moderado y una desinflación progresiva durante el año anterior. Sin embargo, esta tendencia se ha visto interrumpida por el giro proteccionista de Estados Unidos tras la reelección del presidente Trump, quien ha anunciado aranceles generalizados del 10% y recíprocos de hasta el 145% para China. Esta escalada comercial ha desencadenado una espiral arancelaria que está afectando al comercio internacional y generando mayor incertidumbre económica. A esta situación se añaden condiciones financieras más restrictivas, una menor confianza empresarial y los efectos de varios conflictos geopolíticos, como la guerra en Ucrania o la inestabilidad en Oriente Medio. Todo ello ha llevado a que los principales organismos internacionales revisen a la baja las previsiones de crecimiento mundial. Aunque se espera que la inflación siga moderándose, lo hará a un ritmo más lento de lo previsto meses atrás. El comportamiento de los precios de las materias primas dependerá, principalmente, de la evolución de los conflictos mencionados y de la guerra arancelaria. En el caso de España, el informe destaca que ha mantenido en los últimos años una evolución económica destacada dentro de Europa, consolidándose como una de las economías más dinámicas de la zona euro gracias al impulso del consumo privado, el turismo, el apoyo de los fondos europeos y una política fiscal expansiva. No obstante, 2025 marca un punto de inflexión, con una ralentización del crecimiento y un aumento de los riesgos globales que podrían alterar el equilibrio alcanzado. El entorno de incertidumbre también afecta al sector exterior y a la inversión empresarial, que podrían lastrar el crecimiento del PIB. Entre los principales riesgos se encuentran la política arancelaria estadounidense hacia Europa, que impactaría especialmente en la economía española, y los desequilibrios internos, como el alto nivel de deuda pública, el creciente gasto en pensiones (que ya equivale al 12,4% del PIB, por encima de la media europea) y un déficit estructural superior al 3%. Esta combinación deja un margen fiscal muy limitado, especialmente si se produjera una desaceleración significativa o tensiones financieras internacionales. En este contexto, el IEE prevé un crecimiento del PIB del 2,3% en 2025, que se reducirá al 1,8% en 2026. Durante este periodo, se espera un cambio en la composición del crecimiento: el sector exterior perderá impulso, la inversión empresarial seguirá débil y el consumo privado será el principal motor económico. El gasto de los hogares se ha acelerado gracias al aumento del empleo, la mejora de la renta disponible y la moderación de la inflación y los tipos de interés. El consumo público, por su parte, es el componente más expansivo desde la pandemia, con un crecimiento acumulado cercano al 20% respecto a 2019. En cuanto a la inversión, el panorama es menos favorable. La formación bruta de capital apenas supera en un 4,8% los niveles de 2019, reflejando la debilidad estructural de la inversión en bienes de equipo y capital productivo. Pese a unas condiciones financieras benignas, las empresas muestran poca disposición a invertir, especialmente en sectores tradicionales, debido a la incertidumbre política, la baja rentabilidad esperada, los problemas de competitividad frente a China y la reorganización industrial en marcha. El mercado laboral mantiene un comportamiento positivo en el primer semestre de 2025. Según el IEE, la afiliación efectiva a la Seguridad Social creció un 0,6% en el segundo trimestre, cifra similar a la del primero y ligeramente superior a la del cierre de 2024. Aunque el crecimiento del empleo sigue siendo sólido, muestra una desaceleración gradual. Las previsiones apuntan a que el empleo aumentará un 1,9% en 2025 y un 1,5% en 2026, lo que permitirá reducir la tasa de paro al 10,3% en 2026, desde el 11,3% de 2024. Estas proyecciones asumen que no se apruebe la reducción de la jornada laboral; de hacerlo, el empleo y el PIB crecerían menos de lo previsto. En materia de inflación, 2025 está siendo un año de volatilidad debido a la reversión de medidas fiscales sobre el IVA de alimentos y electricidad. Destaca la desaceleración de los precios de los alimentos elaborados, mientras que los servicios y bienes industriales mantienen un comportamiento similar al del año anterior. El IEE prevé una inflación media del 2,5% y una subyacente del 2,3%. Las principales presiones inflacionistas podrían provenir de tres frentes: la política arancelaria de EE. UU., el incremento de los costes laborales y sociales y la evolución del precio del petróleo. Por último, el informe enfatiza la importancia de la calidad institucional y regulatoria como elemento esencial para el buen funcionamiento de la economía. El IEE propone un conjunto de reformas estructurales para fortalecer las instituciones, mejorar el entorno regulatorio y fomentar un marco que potencie la inversión, la innovación y el empleo. En el Índice de Deficiencia Regulatoria, España ocupa el puesto 12 de 34 países, con un nivel de deficiencia un 33% superior a la media de la Unión Europea, situándose por detrás de economías como Francia, Alemania o el Reino Unido. Asimismo, el país se encuentra por encima del promedio de la OCDE en este indicador, lo que pone de manifiesto una notable debilidad en la calidad del marco normativo y la necesidad de reforzar la estabilidad institucional.

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(Expansión, 27-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

China afirma haber alcanzado "acuerdo preliminar" con EEUU tras las negociaciones comerciales

El representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, afirmó este domingo que Pekín y Washington han logrado un "acuerdo preliminar" tras dos días de negociaciones celebradas en Kuala Lumpur, ciudad a la que arribó hoy el presidente estadounidense, Donald Trump. Según declaraciones difundidas por la agencia Xinhua, Li -quien también ocupa el cargo de viceministro de Comercio- explicó que ambas delegaciones alcanzaron un entendimiento inicial y exploraron "propuestas adecuadas para atender las preocupaciones mutuas" en el marco de unas conversaciones que calificó de "constructivas". "El siguiente paso será que cada parte complete sus respectivos procedimientos internos de aprobación", señaló el funcionario, quien añadió que Estados Unidos mantuvo una postura "firme" durante las discusiones, mientras que China "defendió con determinación" sus propios intereses. Aunque no precisó los detalles del "acuerdo preliminar", Li indicó que el diálogo abarcó "una amplia gama de temas". Entre ellos mencionó los controles a las exportaciones -especialmente las relacionadas con las tierras raras-, la posible extensión de la suspensión mutua de aranceles, los impuestos vinculados al fentanilo y la cooperación antidrogas en torno a dicha sustancia. Asimismo, las delegaciones abordaron la posibilidad de "ampliar aún más" el comercio bilateral y revisaron las medidas estadounidenses sobre las tarifas portuarias aplicadas a los buques chinos. Horas antes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que ambas partes habían sentado "bases muy sólidas" con vistas al encuentro entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, previsto para el próximo 30 de octubre en Corea del Sur. La segunda jornada de las conversaciones económicas y comerciales coincidió con la llegada de Trump a Kuala Lumpur, primera escala de su gira por Asia, que también incluirá visitas a Japón y Corea del Sur. El objetivo central del viaje es el esperado encuentro con Xi, según informó la agencia Efe. Estas negociaciones se desarrollan en un contexto de tensión creciente, luego de que China impusiera a mediados de octubre nuevas restricciones al comercio de tierras raras, un sector que domina a nivel mundial. En respuesta, Trump amenazó con aumentar hasta el 100 % los aranceles a los productos chinos a partir del 1 de noviembre.

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(Expansión, 27-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La CE trabaja en un plan para asegurar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este sábado que el Ejecutivo comunitario está elaborando un plan destinado a garantizar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas. "Hoy puedo confirmar que estamos desarrollando un nuevo plan llamado RESourceEU, inspirado en la iniciativa REPowerEU, que nos permitió superar juntos la crisis energética tras el corte del suministro de combustibles fósiles por parte de (Vladimir) Putin. Su propósito es asegurar el acceso a fuentes alternativas de materias primas esenciales", declaró Von der Leyen durante su intervención en el Berlin Global Dialogue, celebrado en la capital alemana. La presidenta de la CE explicó que esta propuesta busca apoyar a las industrias europeas frente a un nuevo contexto geoeconómico, en el que algunos países emplean las cadenas de suministro, los aranceles y otras herramientas no comerciales como instrumentos de presión. Von der Leyen hizo referencia, en particular, a la decisión del Gobierno chino del pasado 9 de octubre de restringir la exportación de tecnologías vinculadas a las tierras raras. Calificó esa medida como "un riesgo considerable", ya que dificulta el desarrollo de industrias de este tipo en otros países. "Si tenemos en cuenta que más del 90 % de los imanes de tierras raras que utilizamos provienen de China, resulta evidente el peligro que esto supone para Europa y para sectores industriales estratégicos como el automovilístico, el de motores, la defensa, la aeronáutica, la inteligencia artificial y los centros de datos", señaló, según informó la agencia Efe. Por este motivo, Von der Leyen explicó que el nuevo plan europeo pretende ofrecer soluciones a corto, medio y largo plazo para diversificar el suministro de materias primas críticas. Entre las medidas contempladas, mencionó el refuerzo del diálogo con China, el impulso al reciclaje de estos materiales dentro de Europa y la aceleración de acuerdos con países como Ucrania, Canadá, Kazajistán, Uzbekistán, Chile y el territorio autónomo danés de Groenlandia. En relación con China, la presidenta subrayó que, aunque el bloque comunitario busca mantener la cooperación, también está "preparado para emplear todas las herramientas disponibles para responder si fuera necesario".

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(El País, 27-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El importe medio del arrendamiento en España ha crecido un 33% entre 2013 y 2023

La más reciente edición de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada este jueves, vuelve a evidenciar la gravedad del problema del alquiler en España. Según los datos oficiales, el precio medio del arrendamiento aumentó un 33% entre 2013 y 2023, una subida muy superior a la del IPC en el mismo periodo (19,4%). Sin embargo, este incremento resulta incluso moderado si se compara con lo ocurrido en algunos municipios concretos: en Sant Antoni de Portmany (Ibiza), por ejemplo, el alquiler se disparó casi un 71% en solo una década. En 2023, el importe medio de un alquiler superaba los 540 euros en 18 capitales de provincia, es decir, más de la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de ese año. A esas capitales se suman las dos ciudades autónomas, aunque el INE no ofrece cifras de las tres capitales vascas ni de Pamplona, que previsiblemente también superarían ese umbral. Si se toma como referencia el 30% del SMI -el límite que fija la Ley de Vivienda para que un hogar se considere asequible-, el panorama es aún más preocupante: ninguna capital de provincia tenía una renta media inferior a 324 euros. En conjunto, el alquiler medio nacional fue de 649 euros mensuales, lo que supone una subida cercana al 5% respecto al año anterior. El INE obtiene estos datos principalmente de fuentes fiscales, como las declaraciones del IRPF, lo que ofrece una visión realista del mercado, aunque con un pequeño sesgo a la baja, ya que divide los ingresos anuales entre 12 meses, incluso cuando el inmueble no estuvo alquilado todo el año. Por eso, las cifras difieren de las que publican los portales inmobiliarios, centrados en los precios de los nuevos contratos. Aun así, todas las fuentes coinciden en una misma conclusión: el alquiler en España se ha vuelto progresivamente inasequible, siguiendo una tendencia similar a la de otros países europeos. Si se amplía el análisis a todas las localidades de más de 20.000 habitantes, excluyendo el País Vasco y Navarra, la situación no mejora: en cuatro de cada diez municipios, el alquiler medio supera el 50% del SMI. Y tomando como referencia el 30%, solo ocho de los 406 municipios permitirían alquilar sin poner en riesgo la estabilidad económica de un trabajador con el salario mínimo. El economista Manuel Alejandro Hidalgo, profesor en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), explica que se trata de "un problema redistributivo con un claro componente generacional". Según él, los jóvenes, que son quienes más viven de alquiler, perciben salarios más bajos, mientras que los propietarios suelen pertenecer "al 75% más rico del país". Esto provoca una transferencia de renta desde los hogares con menos recursos hacia los más acomodados, lo que genera graves consecuencias a largo plazo: "Hay una generación que no podrá afrontar ciertos gastos cuando llegue el momento", advierte Hidalgo. Además, alerta de que este desequilibrio puede tener efectos políticos y sociales, ya que "si el sistema exprime constantemente a los de abajo, acabará cuestionado por quienes más sufren". En términos absolutos, los alquileres más altos se concentran en zonas acomodadas del entorno de Madrid y Barcelona o en destinos turísticos. Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 1.131 euros mensuales, y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con 1.086 euros, lideran la clasificación. En el extremo opuesto se encuentra Cieza (Murcia), donde el alquiler medio ronda los 303 euros al mes. Las mayores subidas en los últimos diez años se registran en las Islas Baleares, con Sant Antoni (70,9%), Ibiza (69,5%) e Inca (68%) a la cabeza. Otras localidades con incrementos superiores al 60% son Moncada (Valencia), Estepona y Coín (Málaga) o Güímar (Tenerife). Entre las grandes ciudades, Valencia lidera las subidas, con un aumento del 59% en una década, seguida de Málaga (52,8%), Barcelona (40,4%), Madrid (33,8%), Sevilla (31,6%) y Zaragoza (25,5%). Esta última, pese a ello, sigue siendo la más asequible entre las urbes de más de medio millón de habitantes, con una media de 536 euros, frente a los 949 de Barcelona o los 930 de Madrid. Aunque el SMI ha aumentado más de un 60% desde 2018, este avance apenas ha mitigado la dificultad de acceso a la vivienda. En 2019, 24 capitales superaban el 50% del SMI en alquiler, y en 2022 eran 23. La mejora, aunque visible, sigue siendo insuficiente. Como concluye Hidalgo, "si una persona destina la mitad o más de sus ingresos a pagar el alquiler, da igual cuánto suba el salario mínimo: el problema seguirá ahí".

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(El Periódico, 27-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Consejo de Ministros aprueba este martes la reforma legal que deja las investigaciones penales en manos de los fiscales

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una de las reformas legales más importantes de las últimas décadas: la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Este proyecto, pendiente desde hace casi quince años, supondrá una transformación profunda del proceso penal español. El texto que el Gobierno enviará al Congreso establece que las investigaciones penales pasarán a ser competencia de los fiscales, en lugar de los jueces de instrucción, siguiendo el modelo vigente en la mayoría de países europeos y que ya se aplica en España en casos de la Fiscalía Europea y en los delitos cometidos por menores. Además, el proyecto incluye una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que desvincula el mandato del fiscal general del ciclo político, y una limitación de la acusación popular, que dejará de poder ser ejercida por partidos políticos y sindicatos, restringiéndose a entidades con un "interés legítimo" en la causa. La nueva norma, que pasará a denominarse Loecrim (al ser ley orgánica), implicará un cambio estructural respecto al sistema actual, vigente desde 1882. Aunque la Lecrim ha sido modificada en múltiples ocasiones, su estructura básica sigue siendo la del siglo XIX. El Ministerio de Justicia, con la colaboración de jueces, fiscales y juristas, lleva años trabajando en este proyecto, que por fin llegará al Parlamento tras numerosos intentos fallidos. El eje central de la reforma es el traslado de la instrucción penal a la Fiscalía. Esta idea ya se contempló en un anteproyecto de 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y en otro de 2012, elaborado bajo el mandato de Mariano Rajoy, aunque ninguno llegó a prosperar. El actual texto retoma la propuesta impulsada en 2020 por el entonces ministro Juan Carlos Campo, y que ahora Félix Bolaños ha recuperado para su aprobación definitiva. Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas por parte de algunas asociaciones de jueces y fiscales, que cuestionan la oportunidad política del cambio, especialmente porque el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está procesado por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La coincidencia entre el debate de la ley y el inicio del juicio al fiscal general, previsto para el 3 de noviembre, ha alimentado las suspicacias de quienes acusan al Ejecutivo de querer reforzar el poder de la Fiscalía. Pese a ello, la Loecrim, compuesta por 1.023 artículos, establece que entrará en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que no afectará al actual fiscal general, que ya ha agotado el límite legal de dos mandatos. El texto prevé que las nuevas competencias de la Fiscalía se apliquen solo a los casos abiertos a partir de esa fecha. Los procedimientos en curso seguirán bajo la dirección judicial. En los nuevos casos, los fiscales dirigirán las investigaciones, mientras que un juez de garantías supervisará las actuaciones más delicadas: decidirá sobre la apertura o archivo de la causa, el secreto de sumario y cualquier medida que afecte a derechos fundamentales, como la prisión preventiva. Este juez también resolverá los recursos contra las decisiones del fiscal, lo que, según el Gobierno, agilizará los procesos al evitar las demoras actuales en las audiencias provinciales. Para adaptar la Fiscalía a sus nuevas responsabilidades, la Loecrim incluye una profunda reforma del EOMF, con el fin de reforzar su independencia y proteger a los fiscales de posibles presiones externas. Tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), llevaban tiempo reclamando esta modificación, al considerar que la coincidencia del mandato del fiscal general con el del Gobierno afectaba a la percepción de autonomía del Ministerio Público. El nuevo texto rompe ese vínculo: aunque el fiscal general seguirá siendo nombrado por el Gobierno, su mandato de cinco años no renovables quedará independiente de la legislatura. Así, cuando se forme un nuevo Ejecutivo, el fiscal general nombrado por el anterior continuará en su cargo, salvo que incurra en causas de cese tasadas, como incumplimientos graves o reiterados de sus funciones. En este caso, el Gobierno necesitaría un informe previo del CGPJ para proceder a su destitución, lo que pretende reforzar las garantías de independencia del Ministerio Fiscal.

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(Cinco Días, 24-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV vigila con lupa la comercialización de fondos de capital riesgo a pequeños inversores

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está observando con especial atención la creciente popularidad de los fondos de capital riesgo -también conocidos como private equity- entre los pequeños inversores. El organismo supervisor teme que estos productos se estén ofreciendo a personas que no comprenden plenamente los riesgos que implican, en particular el riesgo de iliquidez, es decir, la imposibilidad de recuperar el dinero invertido cuando se necesita. Tradicionalmente, este tipo de fondos estaban reservados a inversores profesionales, como bancos, fondos de pensiones o gestoras de grandes patrimonios. A diferencia de los fondos que invierten en Bolsa o en bonos, el capital riesgo se destina a empresas no cotizadas (desde startups hasta firmas consolidadas), infraestructuras (como parques eólicos o solares), explotaciones agrícolas, deuda privada o incluso flotas de aeronaves en alquiler. La rentabilidad se obtiene cuando, tras varios años, el fondo vende su participación y obtiene una plusvalía. Debido a que el dinero se invierte en activos no negociables en mercados abiertos, estos fondos requieren largos periodos de maduración. Los gestores necesitan tiempo para identificar oportunidades, invertir y dejar que las operaciones maduren antes de vender. Por ello, los inversores no suelen recuperar su capital hasta pasados cinco, siete u ocho años. Además, no existe una valoración diaria y transparente de los activos en cartera. A cambio, suelen ofrecer rendimientos superiores a los de la Bolsa, compensando la falta de liquidez con una prima adicional. La Ley Crea y Crece, aprobada en 2022, redujo significativamente las barreras de entrada a estos productos, pasando de un mínimo de inversión de 100.000 euros a solo 10.000 euros, con la condición de que dicha cantidad no supere el 10% de los activos financieros del inversor. Este cambio ha impulsado a diversas entidades a acercar el capital riesgo a un público más amplio. Entre las firmas que han apostado por este segmento se encuentran Bankinter, MyInvestor (junto a Bestinver y BlackRock), GVC Gaesco y Crescenta, que en conjunto han captado más de 500 millones de euros en apenas dos años. Crescenta incluso ha lanzado campañas publicitarias en televisión y marquesinas, algo impensable hasta hace poco. No obstante, este proceso de "democratización" del capital riesgo ha despertado la preocupación del supervisor financiero. El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, advirtió recientemente que una de las áreas bajo mayor vigilancia es el acceso de inversores minoristas a estos productos, sobre todo cuando se promocionan como inversiones líquidas, pese a que no lo son. San Basilio explicó que algunos fondos intentan mejorar su liquidez incluyendo activos fácilmente vendibles, aunque esto reduce su rentabilidad potencial. "Estos formatos se apartan del modelo tradicional de fondo de capital riesgo, por lo que estamos siendo especialmente cautelosos", señaló. El presidente del organismo hizo referencia al auge de los llamados fondos de capital riesgo "evergreen" (literalmente, "siempre abiertos"), que no tienen una fecha de vencimiento fija y permiten retirar parte del dinero en periodos trimestrales o semestrales. Sobre este formato, Matilde de la Peña, directora general de UBS Wealth Management España, reconoció que buscan mayor flexibilidad, pero insistió en que los clientes deben entender perfectamente en qué están invirtiendo. Un ejemplo reciente de esta tendencia es la iniciativa del neobanco alemán Trade Republic, que ha empezado a ofrecer en España inversiones en capital riesgo desde solo un euro. Esto es posible gracias a un fondo Eltif (Fondo Europeo de Inversión a Largo Plazo) gestionado por la firma sueca EQT y registrado en Luxemburgo, cuyo mínimo real de inversión es de 10.000 euros. Trade Republic logra rebajar esa cantidad mediante un sistema de sindicación, lo que permite a pequeños ahorradores participar en este tipo de activos de alto riesgo.

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(Expansión, 24-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España cumple con el 2,1% de gasto en Defensa, según los técnicos de Hacienda

Los técnicos de Hacienda estiman que la ejecución presupuestaria en materia de Defensa hasta el mes de agosto es más del doble que la registrada en los dos años anteriores. En un contexto marcado por las advertencias de Donald Trump a España por no alcanzar el 5% del PIB en gasto militar, el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la OTAN -situado en el 2,1% del PIB- sí se estaría cumpliendo, a pesar de la prórroga de los Presupuestos. Según cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), el gasto ejecutado en Defensa hasta agosto supera los 6.200 millones de euros, una cifra que duplica la de 2024 y 2023. Para lograr este nivel de ejecución, el Ejecutivo ha recurrido a diversas modificaciones presupuestarias, como créditos extraordinarios, ampliaciones, transferencias, incorporación de remanentes o suplementos de crédito, por un importe total de 6.247,6 millones de euros. "Se trata de una práctica habitual, utilizada también por otros gobiernos para poder financiar inversiones que de otro modo no serían posibles", explican desde Gestha. Los técnicos recuerdan, además, que el Gobierno dispone de otros mecanismos de financiación, como los préstamos concedidos por Bruselas para reforzar el gasto en seguridad y Defensa. Aunque reconocen que la prórroga presupuestaria conlleva cierto "coste reputacional", subrayan que las principales agencias de calificación han mejorado recientemente la nota de la economía española.

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(Expansión, 24-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de las hipotecas cae al nivel más bajo desde febrero de 2023

El coste de los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda ha experimentado una fuerte bajada, mientras que el importe medio de las hipotecas se ha disparado hasta los 169.650 euros, lo que supone un incremento interanual del 13,2%. Agosto, un mes tradicionalmente marcado por la estacionalidad en el mercado hipotecario, dejó cifras destacadas. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el tipo de interés medio de los préstamos para vivienda descendió bruscamente hasta el 2,89%. Se trata del nivel más bajo registrado en 2025 y también del menor desde febrero de 2023, reflejando una intensa competencia entre entidades financieras por atraer nuevos clientes. El coste medio de los préstamos encadena ya siete meses consecutivos por debajo del 3%, alejándose notablemente del 3,328% registrado en agosto de 2024. "Las entidades financieras están anticipando una posible bajada del euríbor, aunque esta aún no se ha materializado", señala Ricardo Gulias, de RN Tu Solución Hipotecaria. De hecho, los bancos siguen reduciendo los tipos pese a que el euríbor a 12 meses ha registrado dos meses de ligeras subidas. En agosto alcanzó el 2,11%, frente al 2,07% de julio, y en septiembre subió al 2,17%. En lo que va de octubre, sin embargo, se ha relajado ligeramente hasta situarse en el 2,15%. Esta reducción en los tipos de interés ha mantenido la actividad hipotecaria en niveles elevados durante agosto. El INE contabilizó 33.271 hipotecas sobre viviendas, un 7,5% más que en el mismo mes del año anterior, lo que convierte a agosto en el más activo desde 2022. En los primeros ocho meses del año, el número total de hipotecas concedidas creció un 22,9%. Aun así, el ritmo de crecimiento se moderó respecto al fuerte repunte del 25% registrado en julio. No obstante, gracias a la bajada de los tipos, el volumen total prestado por la banca aumentó un 39%, mostrando la buena salud del sector hipotecario. Francisco Iñarreta, del portal inmobiliario Idealista, advierte que, pese a que el número de hipotecas crece al ritmo más alto desde 2011, los datos reflejan una desaceleración en el crecimiento, influida también por la estacionalidad del mes. En cuatro comunidades autónomas -Asturias, Extremadura, Madrid y Andalucía- el número de hipotecas firmadas cayó entre un 15,6% y un 2,15% interanual. Idealista señala que esta desaceleración ha intensificado la competencia entre entidades, que están reduciendo aún más los tipos de interés hasta alcanzar los niveles más bajos del año. La tendencia, según el portal, podría mantenerse durante los próximos meses, impulsada por el aumento del precio de la vivienda y, en consecuencia, del importe medio de los préstamos. Sin embargo, no todos los bancos están dispuestos a seguir esta estrategia: la CEO de Bankinter, Gloria Ortiz, calificó esta competencia de "irracional", y tanto Santander como BBVA han anunciado que no participarán en esa guerra de precios. El fuerte incremento del importe medio de las hipotecas preocupa a los expertos. En agosto, se situó en 169.650 euros, un 13,2% más que un año antes. Comparado con los 145.352 euros de agosto de 2024, supone que las familias han tenido que solicitar cerca de 24.300 euros adicionales para comprar una vivienda. Este aumento está empezando a impactar en el número de compraventas, que en agosto cayó un 3,4% interanual, hasta las 47.697 operaciones, la cifra más baja en un mes de agosto desde 2019. Los especialistas coinciden en que el incremento del importe medio de las hipotecas -que está dejando a muchos hogares fuera del mercado- se mantendrá en el tiempo. "Este es el dato más preocupante del mes. Comenzamos el año con una hipoteca media de 152.000 euros y en solo ocho meses ha subido un 11,4%. Es una tendencia alarmante", advierte Ricard Garriga, CEO y cofundador de Trioteca. "Todo indica que el importe medio seguirá aumentando", añade. Por su parte, Ferrán Font, de Pisos.com, considera que "la presión sobre los precios de la vivienda y las dificultades de acceso siguen siendo los principales desafíos del sector inmobiliario".

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(El Economista, 24-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez pide a Bruselas fondos para crear vivienda protegida y hacer frente a la especulación

España acude a Bruselas con una petición firme: adoptar medidas europeas para frenar la especulación en el mercado de la vivienda y destinar fondos comunitarios a la construcción de vivienda protegida, con el objetivo de mitigar la crisis habitacional que afecta a todo el continente. Así lo ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la Cumbre de líderes de la Unión Europea celebrada este jueves en la capital belga, una reunión que, por primera vez, incluirá la crisis de la vivienda en su agenda. Durante el encuentro, España propondrá que "la Unión Europea articule mecanismos legales que permitan limitar la compra de viviendas que no se destinen a uso residencial", explicó Sánchez. Además, reclamará la creación de "herramientas que permitan actuar sobre las zonas tensionadas de las grandes ciudades, donde los precios están aumentando de forma desmesurada debido a la presión turística". El presidente también ha instado a establecer "un fondo europeo para la construcción de vivienda protegida", subrayando que este no es un problema exclusivo de España, sino "una dificultad compartida por jóvenes y adultos de toda Europa: españoles, italianos, franceses o alemanes". Sánchez defendió que "una Europa al servicio de sus ciudadanos debe ocuparse también de garantizar el acceso a la vivienda", e insistió en la necesidad de "poner freno a la especulación inmobiliaria" y en crear instrumentos europeos para intervenir en los mercados más tensionados. Recordó que los alcaldes de las principales ciudades europeas ya han trasladado esta preocupación al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. "La principal dificultad para muchos ciudadanos es no poder comprar ni alquilar una vivienda", señaló el jefe del Ejecutivo, quien destacó que "es la primera vez que el Consejo Europeo abordará la emergencia habitacional que vive todo el continente". Añadió que esta iniciativa fue una de las propuestas impulsadas por la delegación socialdemócrata europea en el acuerdo de investidura que permitió la reelección de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. En otro orden de temas, Sánchez confirmó que España se ha unido al programa de adquisición de armamento impulsado por la OTAN hace unas semanas, en el marco del apoyo a Ucrania. Respecto a las críticas del expresidente estadounidense Donald Trump sobre el gasto en defensa de España y su negativa a cumplir el objetivo del 5% del PIB establecido por la Alianza Atlántica, Sánchez respondió que "Trump sabe que hemos corregido los incumplimientos que dejó el Partido Popular en 2014". El presidente del Gobierno concluyó subrayando que España es un país "fiable", que "cumple con sus compromisos", y recordó que el acuerdo con la OTAN se basa en el cumplimiento de capacidades militares, no en alcanzar un nivel específico de gasto.

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(El País, 24-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La banca pide cambios al ICO para desatascar los avales a la compra de vivienda de jóvenes

La banca española reclama al Gobierno que tome medidas ante la actual crisis de vivienda, centrándose especialmente en el programa de avales públicos para jóvenes que buscan comprar su primera casa. Diversas entidades financieras -incluidas las principales asociaciones del sector, la Asociación Española de Banca (AEB) y la CECA- han trasladado tanto al Instituto de Crédito Oficial (ICO) como al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sus quejas y propuestas. Consideran que el programa, diseñado para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda, no está funcionando como se esperaba y piden ajustes en su regulación, entre ellos que el aval se conceda antes de firmar la hipoteca y que se simplifiquen los trámites administrativos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó esta medida el año pasado como una de sus iniciativas clave para afrontar el problema del acceso a la vivienda. Se trata de una línea de avales por 2.500 millones de euros, destinada a menores de 35 años y familias con hijos, con el fin de eliminar el principal obstáculo para comprar una vivienda: la falta del 20% del valor del inmueble que los bancos no financian. El Estado, a través del ICO, garantiza ese 20% para que los compradores puedan obtener un préstamo hipotecario sin que ello incremente el riesgo para las entidades financieras. En total, 67 bancos se adhirieron al programa mediante convenios con el ICO. Sin embargo, desde su puesta en marcha, el plan ha recibido críticas y escasos resultados. Expertos ya advertían que los avales podrían impulsar aún más los precios en lugar de mejorar el acceso. Un año después, los datos confirman su escasa eficacia: hasta el 30 de septiembre, el ICO solo había avalado 7.886 operaciones por un valor total de 189 millones de euros, es decir, menos del 10% del presupuesto disponible. Además, la vigencia del programa expira el 31 de diciembre, aunque podría prorrogarse hasta 2027. Ante este bajo nivel de ejecución, los bancos han planteado propuestas concretas para mejorar el funcionamiento del plan. La principal es que el ICO apruebe el aval antes de formalizar la hipoteca, de modo que pueda tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos de las entidades. En la situación actual, el aval se tramita después de concedido el préstamo, lo que -según la banca- anula el efecto práctico de la garantía estatal. También reclaman menos burocracia para que los procedimientos sean más ágiles y eficientes. El ICO, por su parte, defiende que los criterios de este programa son los mismos que en anteriores líneas de avales y sostiene que las entidades pueden considerar el aval público siempre que los solicitantes cumplan los requisitos, incluso si el trámite se realiza posteriormente. Este tipo de garantías públicas no es nuevo: el Gobierno las ha empleado en otras crisis, como durante la pandemia de la covid-19, cuando se movilizaron más de 100.000 millones de euros para sostener el crédito empresarial. También se han utilizado en respuesta a catástrofes naturales, la guerra en Ucrania o los aranceles de Estados Unidos. No obstante, en todos esos casos los avales se destinaron a empresas, mientras que los actuales son los únicos dirigidos a particulares, algo que la banca pide que el ICO tenga en cuenta para adaptar los procedimientos a esta realidad. Todo esto ocurre en un contexto de tensión creciente en el mercado inmobiliario. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en el segundo trimestre de 2025 el precio medio de la vivienda libre subió un 10,4% interanual, alcanzando los 2.093,5 euros por metro cuadrado, el nivel más alto desde 2008. Además, en el primer semestre del año se firmaron 243.257 hipotecas, un 25% más que en el mismo periodo de 2024, la cifra más elevada desde 2011.

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