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(La Vanguardia, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno decreta tres días de duelo por el siniestro de Urda

El nuevo accidente ferroviario registrado este miércoles en la provincia de Toledo, con al menos 68 fallecidos, ha provocado una fuerte conmoción política y ha dejado en suspenso la precampaña electoral del 29 de noviembre. El siniestro se produce apenas nueve meses después del ocurrido en Adamuz (Córdoba), que causó 46 víctimas mortales, en el mismo corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La tragedia abre interrogantes sobre la seguridad ferroviaria y sitúa al ministro de Transportes, Óscar Puente, bajo una creciente presión política, mientras se esperan los resultados de la investigación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que España no puede asumir dos accidentes graves de alta velocidad en un mismo año. Desde el lugar del siniestro, ha asegurado que se investigarán todas las posibles causas y que, si se detectan negligencias o fallos en los sistemas de seguridad, se exigirán responsabilidades. Entre las hipótesis que se barajan figuran un posible error humano en el centro de control de Adif en Atocha y un fallo informático en el sistema de seguridad que habría desencadenado el accidente. Sánchez ha señalado que, aunque los dos accidentes ferroviarios registrados este año tienen causas distintas, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para reforzar la seguridad y recuperar la confianza de los usuarios en la alta velocidad. Tras conocer lo ocurrido, el jefe del Ejecutivo ha suspendido su agenda y ha mantenido contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También ha informado al rey Felipe VI y se ha desplazado al puesto de mando de Urda acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Gobierno ha anunciado tres días de luto oficial, desde este jueves hasta el sábado 31 de octubre, durante los cuales se suspenderán también los actos de precampaña. Sánchez ha insistido en que las prioridades inmediatas son atender a las víctimas y a sus familiares, así como esclarecer las circunstancias del siniestro. La determinación de las causas será clave para establecer posteriormente las posibles responsabilidades políticas. Óscar Puente, que se ha desplazado al centro de control de Adif en Atocha, ha calificado el accidente de difícil explicación y ha apuntado a una posible decisión equivocada del operador que autorizó la reanudación de la marcha de un tren de Renfe que terminó colisionando con otro de Iryo, que permanecía detenido. El ministro ha considerado inexplicable que se diera esa autorización en las circunstancias que se investigan, aunque ha evitado adelantar conclusiones definitivas. Por el momento, Puente ha descartado presentar su dimisión y ha afirmado que su prioridad es esclarecer lo ocurrido y contribuir a resolver la situación. Sin embargo, dentro de la dirección del PSOE hay dirigentes que consideran que debería asumir responsabilidades políticas una vez que se conozcan los hechos. La posibilidad de su salida del Gobierno añade presión al Ejecutivo en vísperas de la cita electoral del 29 de noviembre. La oposición ha reclamado explicaciones al Gobierno, aunque las formaciones han adoptado posiciones diferentes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido su agenda y ha regresado a Madrid. Por ahora, ha evitado exigir responsabilidades políticas concretas, pero ha anunciado que reclamará información sobre el gasto destinado al sistema ferroviario, en un contexto marcado por las críticas sobre el mantenimiento de la red y las incidencias registradas en los últimos meses. Vox, por su parte, ha sido la formación que ha mantenido sus actos de precampaña. El partido ha celebrado una protesta en la plaza de Cibeles, en Madrid, en la que se han reclamado las dimisiones de Sánchez y Puente. Su presidente, Santiago Abascal, ha expresado su indignación por la tragedia y ha lanzado duras acusaciones contra el Ejecutivo. El accidente ha alterado así el escenario político a pocas semanas de las elecciones. Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno centra sus esfuerzos en la atención a las víctimas y en determinar qué falló en la circulación ferroviaria. El alcance de las responsabilidades y las consecuencias para el ministro de Transportes dependerán de las conclusiones que se obtengan sobre las causas del siniestro.

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(El Economista, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Justicia frena los testamentos que usan la mejora para beneficiar al cónyuge frente a los hijos

El Tribunal Supremo ha determinado que un testador no puede imponer una sustitución fideicomisaria sobre el tercio de mejora de la herencia a favor de su cónyuge viudo, aunque establezca que los bienes deberán conservarse para transmitirlos posteriormente a sus hijos. La sentencia, de 7 de octubre de 2026, establece que tanto el fiduciario como el fideicomisario deben ser descendientes del causante cuando la sustitución afecta a este tercio de la herencia. El magistrado ponente, Seoane Spiegelberg, considera que esta disposición testamentaria vulnera la intangibilidad cualitativa de la legítima estricta y de la legítima larga de los herederos forzosos. Por este motivo, el alto tribunal desestima el recurso de casación presentado por la viuda y confirma la nulidad de las operaciones de partición de la herencia realizadas por el contador partidor. El litigio tiene su origen en un testamento otorgado en 2017 por un hombre casado en segundas nupcias bajo el régimen de separación de bienes y con tres hijos de un matrimonio anterior. La defensa de la viuda sostuvo ante el Supremo que la disposición no infringía los artículos 782, 813 y 824 del Código Civil. A su juicio, la prohibición de establecer sustituciones sobre el tercio de mejora debía interpretarse atendiendo a quién recibiría finalmente los bienes, es decir, los hijos designados como fideicomisarios, y no a la identidad de la fiduciaria. También argumentó que su posición era equiparable a la protección que la ley reconoce al cónyuge viudo mediante el usufructo del tercio de mejora, conforme al artículo 834 del Código Civil. El testador había legado a su esposa el tercio de libre disposición, atribuido la legítima estricta a una de sus hijas y nombrado herederos universales del resto a sus otros dos hijos, ambos varones. Asimismo, estableció una sustitución fideicomisaria sobre determinados porcentajes de fincas e inmuebles, designando a su viuda como heredera fiduciaria, con la obligación de conservar los bienes, y a sus dos hijos como fideicomisarios. Al formalizarse la partición de la herencia, cuyo caudal neto ascendía a 1,8 millones de euros, el contador partidor agotó el tercio de libre disposición mediante legados en metálico, saldos bancarios y atribuciones de bienes en pleno dominio a la viuda. Por otra parte, la cuota correspondiente a la titularidad fiduciaria de los inmuebles, valorada en 77.000 euros, se imputó al tercio de mejora. Los dos hijos nombrados herederos universales demandaron a la viuda para solicitar la rescisión de la partición por lesión y la reducción de los legados inoficiosos. Argumentaron que la carga impuesta sobre los inmuebles reducía indebidamente sus derechos hereditarios al impedirles disponer plenamente de esos bienes hasta el fallecimiento de la fiduciaria. El Tribunal Supremo distingue entre el usufructuario y el heredero fiduciario. Mientras que el primero dispone de un derecho real sobre bienes ajenos, el segundo adquiere el pleno dominio de los bienes hereditarios, con la posibilidad de disfrutarlos y ejercer las facultades propias de la propiedad, aunque tenga la obligación de conservarlos y restituirlos posteriormente. Por ello, el fiduciario es un sucesor a título gratuito que obtiene un beneficio directo de la disposición testamentaria. La Sala fundamenta su decisión en el artículo 782 del Código Civil, que prohíbe imponer sustituciones fideicomisarias sobre la legítima y limita las que recaen sobre el tercio de mejora a favor de descendientes. A ello se suma el artículo 824, que impide establecer gravámenes sobre dicho tercio si no se hacen en beneficio de los legitimarios o de sus descendientes. Dado que el cónyuge viudo no es descendiente del causante, atribuirle la titularidad fiduciaria de bienes pertenecientes al tercio de mejora limita la disponibilidad de esa parte de la herencia por los herederos forzosos hasta el fallecimiento de la esposa. Esta restricción vulnera, según el tribunal, el principio de intangibilidad cualitativa de la legítima recogido en el artículo 813 del Código Civil. La sentencia descarta asimismo que la disposición pueda ampararse en una cautela sociniana, destinada a proteger al cónyuge viudo, ni en el artículo 831 del Código Civil, relativo a la delegación de la facultad de mejorar. El testamento no atribuía expresamente facultades distributivas de este tipo y, además, los hijos implicados no eran descendientes comunes del matrimonio. En consecuencia, el Supremo confirma la nulidad de la partición hereditaria elaborada por el contador partidor y condena a la viuda al pago de las costas procesales, además de declarar perdido el depósito constituido para recurrir.

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(El Economista, 29-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas moviliza casi 12.000 millones para crear un cuerpo de 30.000 agentes de fronteras

La Comisión Europea ha presentado un paquete legislativo que fija el objetivo de alcanzar un cuerpo permanente de 30.000 agentes después de 2027. Para ello, se prevé crear la Reserva Europea de Fronteras y Retornos, integrada por 17.000 efectivos procedentes de las administraciones nacionales. El marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034 contempla una dotación de 11.888 millones de euros. El paquete incluye dos propuestas de reglamento destinadas a reforzar la capacidad operativa de Frontex y a establecer un sistema informático común para los 27 Estados miembros. La iniciativa busca actualizar la normativa europea relativa al control de las fronteras exteriores y a la gestión de los procedimientos de retorno. La primera propuesta, identificada como COM(2026) 1030, plantea una refundición del reglamento de Frontex para convertir a la agencia en el principal instrumento operativo del Sistema Europeo Común de Retornos. Entre las nuevas competencias previstas figura la posibilidad de adquirir equipamiento técnico propio y organizar compras conjuntas. También se contempla la creación de un Centro de Coordinación de Retornos encargado de planificar las operaciones de retorno voluntario y forzoso. Además, Frontex podrá prestar asistencia en terceros países mediante acuerdos de estatuto y gestionar el Centro de Vigilancia en línea como informador de confianza en el marco del Reglamento de Servicios Digitales. La propuesta incorpora igualmente una Oficina de Apoyo en materia de Visados y una Oficina SIRENE interna. La segunda iniciativa, registrada como COM (2026) 1037, regula la digitalización de los expedientes relacionados con el retorno, la readmisión y la reintegración. Para ello, establece una arquitectura técnica descentralizada denominada columna vertebral digital común. Cada Estado miembro contará con un sistema nacional RECAMAS, conectado con los demás países a través de un portal de comunicación desarrollado por la agencia eu-LISA. La infraestructura se completará con el sistema iRCMS, destinado a la gestión de la readmisión, y el sistema RIAT, centrado en la reintegración. Cada expediente dispondrá de un identificador único que permitirá realizar su seguimiento en tiempo real. El proyecto prevé automatizar la apertura de expedientes cuando finalice el periodo de estancia legal, así como la emisión de decisiones de retorno y la utilización de inteligencia artificial. El plazo general de conservación de los datos será de diez años. La supervisión del programa recaerá en una Junta de Gestión formada por diez representantes de la Comisión Europea, Frontex y eu-LISA. La implantación completa del sistema está prevista para 2034.

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(Cinco Días, 28-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España estudia dar indicaciones a la banca para aplicar la sentencia del fraude

Parte de las entidades financieras españolas y europeas ha retrasado la devolución del dinero sustraído mediante operaciones bancarias no autorizadas, alegando que los clientes incurrieron en negligencia grave. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado esta cuestión y ha establecido que los bancos deben reembolsar las cantidades defraudadas, como máximo, al finalizar el siguiente día hábil. Posteriormente, podrán demostrar que el usuario actuó de forma negligente y reclamarle el importe si procede. El Banco de España está analizando la sentencia y ha comunicado que estudia la posibilidad de emitir instrucciones al sector para favorecer una aplicación uniforme, coherente y proporcionada de la resolución. La sentencia, dictada el pasado 15 de octubre, cuestiona la práctica de algunas entidades financieras de rechazar reclamaciones por fraude alegando una conducta negligente de sus clientes. Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), este procedimiento obliga con frecuencia a los afectados a acudir a los tribunales para recuperar su dinero, con los costes y demoras que ello supone. La resolución europea establece que el banco debe efectuar primero el reembolso y, después, si considera que el cliente ha actuado de forma negligente, acreditar esa circunstancia y reclamarle las cantidades correspondientes. Las entidades financieras sostienen que el alcance de la sentencia es limitado y se apoyan en la distinción entre operaciones de pago autorizadas y no autorizadas. La normativa española sobre servicios de pago establece que una operación se considera autorizada cuando el titular ha dado su consentimiento para ejecutarla y que, en ausencia de este, debe calificarse como no autorizada. Desde la Asociación Española de Banca (AEB) señalan que el TJUE ha resuelto un caso de una operación no autorizada y que su pronunciamiento confirma la regulación vigente para este tipo de situaciones. La patronal bancaria añade que la sentencia no altera el régimen de responsabilidad del usuario cuando incumple de forma negligente su obligación de proteger los datos de pago. Asufin considera, sin embargo, que esta distinción no justifica que se deniegue el reembolso cuando el cliente ha sido víctima de un engaño. En numerosas estafas, los delincuentes se hacen pasar por empleados bancarios, representantes de organismos públicos o privados, o incluso familiares, para conseguir que la víctima autorice una transferencia o un pago. Un ejemplo habitual es el de los mensajes fraudulentos en los que alguien suplanta la identidad de un hijo o un nieto para solicitar dinero mediante Bizum o una transferencia bancaria. Hasta ahora, el criterio del Banco de España se ha basado en la aplicación de la normativa vigente. Según su última memoria de reclamaciones, la entidad financiera debe devolver el importe de una operación no autorizada sin demora y, en todo caso, antes de que finalice el siguiente día hábil. La excepción contemplada se refiere a los casos en los que exista sospecha de fraude y esta se comunique al supervisor. La memoria también señala que corresponde al banco demostrar que la operación fue autenticada y registrada correctamente, salvo que acredite la existencia de fraude o negligencia grave por parte del usuario. Algunas entidades se habían apoyado en esta última salvedad para justificar el rechazo de reclamaciones. Sin embargo, la referencia afecta a la carga de la prueba y no al plazo para efectuar la devolución. Tras la sentencia europea, el departamento de Conducta de Entidades del Banco de España, dirigido por José Luis Escrivá, estudia sus implicaciones. El TJUE establece como única excepción al reembolso inmediato la sospecha de que el propio cliente haya cometido fraude, siempre que se comunique por escrito a la autoridad nacional competente. El asunto analizado por el tribunal europeo se originó en Polonia. Una mujer que había anunciado un artículo en una plataforma de compraventa por internet recibió un mensaje de una persona que se hizo pasar por un posible comprador. El estafador le envió un enlace a una página que imitaba la web de su banco y consiguió que introdujera sus credenciales de banca electrónica. Después, transfirió unos 700 euros a una cuenta propia. La clienta informó a la entidad al día siguiente, pero esta rechazó devolverle el dinero al considerar que había incumplido su obligación de proteger el instrumento de pago y evitar que personas no autorizadas accedieran a él. El TJUE concluyó que esa justificación no basta para denegar el reembolso. La resolución puede tener consecuencias económicas para el sector financiero, tanto por los fraudes que se produzcan en el futuro como por las reclamaciones anteriores que todavía puedan reabrirse. El volumen de las estafas en el Espacio Económico Europeo, integrado por los 27 países de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, alcanzó los 4.200 millones de euros. En España, el importe superó los 300 millones en 2024, según los últimos datos publicados por el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el Banco de España. La decisión europea refuerza así la obligación de las entidades de devolver con rapidez el dinero correspondiente a operaciones no autorizadas, sin trasladar automáticamente al cliente las consecuencias de una posible negligencia. Los bancos deberán aplicar este criterio en las reclamaciones futuras y valorar sus implicaciones en los expedientes anteriores, mientras el Banco de España estudia si resulta necesario emitir nuevas indicaciones para garantizar una aplicación homogénea de la sentencia.

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(La Vanguardia, 28-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Vivienda aprueba 200 millones subvenciones para promotores de alquileres asequibles en suelos públicos

El Gobierno ha aprobado una partida de 201 millones de euros en ayudas directas para promotores y constructores que desarrollen viviendas de alquiler asequible en terrenos públicos urbanizados propiedad de Casa 47. La iniciativa pretende ampliar el parque público de alquiler mediante acuerdos de colaboración entre las administraciones y el sector privado, con rentas inferiores a las del mercado y limitadas al 30% de los ingresos de la unidad familiar. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que regula estas subvenciones, con las que se prevé impulsar hasta 2.500 nuevas viviendas. Según el Ministerio de Vivienda, los fondos permitirán financiar alrededor de 30 promociones en distintas zonas de España, entre ellas Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara. Las viviendas construidas con estas ayudas mantendrán su titularidad pública y ofrecerán alquileres asequibles de forma permanente. Los contratos podrán extenderse durante un periodo de hasta 75 años, mientras que las rentas no podrán superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia que ocupe cada inmueble. El Ejecutivo defiende este sistema de colaboración público-privada como una fórmula para aumentar la oferta de vivienda protegida sin perder las condiciones de asequibilidad a largo plazo. El modelo toma como referencia experiencias como la de Viena, donde este tipo de vivienda pública tiene una presencia consolidada. El Gobierno sostiene que este planteamiento evita que la asequibilidad dependa de las condiciones que establezcan las empresas adjudicatarias y lo diferencia de otros programas, como el Plan Vive de la Comunidad de Madrid.

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(Expansión, 27-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno suaviza las exigencias de renovables a los centros de datos

El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado una nueva versión del proyecto de decreto destinado a regular los centros de datos. El texto ha generado decepción entre las empresas del sector, que confiaban en que se revisaran de forma sustancial las condiciones más controvertidas planteadas inicialmente, especialmente las impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen. Aunque el nuevo borrador incorpora algunas modificaciones que, en apariencia, reducen las exigencias, mantiene los aspectos que más preocupan a los promotores. Las empresas advierten de que estas condiciones podrían comprometer la viabilidad de futuros proyectos de centros de datos en España. Según Spain DC, la asociación que representa a las compañías promotoras de estas instalaciones, las inversiones previstas para el periodo comprendido entre 2026 y 2030 alcanzaban hasta ahora los 67.000 millones de euros. La aplicación de la nueva normativa podría poner en riesgo hasta el 90% de esa inversión, que podría trasladarse a otros mercados, como Portugal o Francia. Aunque el sector todavía no ha podido analizar en detalle el documento, conocido anoche, las primeras valoraciones de algunos de los principales promotores apuntan a que se mantienen los requisitos que resultan más complejos y costosos de cumplir. Uno de los principales puntos de fricción es la obligación de cubrir con energía renovable hasta el 80% del consumo de cada centro de datos, con la exigencia de demostrar ese cumplimiento hora a hora. Esta condición dificulta especialmente el suministro durante la noche, cuando no existe generación solar, y obliga a disponer de una capacidad renovable superior a la demanda habitual, además de instalar baterías que permitan almacenar la energía y garantizar el suministro de forma continuada. Según las empresas, estas necesidades incrementan considerablemente los costes y pueden hacer inviables numerosos proyectos. La nueva propuesta contempla una aplicación gradual de esta obligación, con un periodo transitorio de cinco años. De este modo, el porcentaje de energía renovable exigido sería del 60% hasta el 31 de diciembre de 2028 y del 70% durante los años 2029, 2030 y 2031, antes de alcanzar el objetivo general del 80%. Sin embargo, los promotores consideran que esta modificación no resuelve el problema de fondo, ya que se mantiene la obligación de acreditar la cobertura renovable en cada hora. Esto les obliga a dimensionar las instalaciones para responder a las necesidades energéticas en los momentos de menor generación, especialmente durante la noche. A esta dificultad se añade la obligación de incorporarse a un Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) para poder acogerse al régimen transitorio. Este mecanismo permite al operador del sistema desconectar automáticamente los centros de datos cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento de la red eléctrica. Las empresas advierten de que estas interrupciones podrían obligarlas a recurrir con frecuencia a grupos electrógenos alimentados por gasóleo para mantener la actividad. Además de las emisiones de CO2, estos equipos generan ruido, lo que puede ocasionar problemas en instalaciones situadas en entornos urbanos y próximas a viviendas. La remisión del proyecto al Consejo de Estado también refleja la intención del Ejecutivo de cumplir su compromiso de aprobar el decreto antes de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre. Así lo había anunciado semanas atrás el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. No obstante, el sector considera que no existe una situación en el desarrollo de los centros de datos ni en su marco regulatorio que justifique acelerar de esta manera la tramitación. Entre las modificaciones introducidas figura la elevación del umbral de consumo a partir del cual se aplicará la normativa. La nueva versión establece que afectará a los centros de datos con una demanda eléctrica de al menos 10 megavatios (MW), frente al límite inicial de 1 MW. Este cambio permitiría excluir de las restricciones a instalaciones más pequeñas, muchas de ellas orientadas a prestar servicios a pequeñas y medianas empresas. También se ha ampliado la antigüedad máxima permitida para las instalaciones renovables destinadas a suministrar energía a los centros de datos. El borrador inicial fijaba el límite en 18 meses, con el objetivo de fomentar nueva capacidad de generación renovable adicional. La nueva propuesta eleva ese plazo a 36 meses. Los promotores, sin embargo, consideran que esta flexibilización sigue siendo insuficiente. A su juicio, no debería impedirse el aprovechamiento de la energía procedente de instalaciones renovables más antiguas, especialmente cuando algunas plantas se ven obligadas a desaprovechar parte de su producción por falta de demanda.

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(Expansión, 27-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La AEPD no puede exigir intereses por sanciones suspendidas por un juez

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no puede exigir el pago de intereses de demora por el periodo durante el cual una sanción permanece suspendida cautelarmente por decisión judicial. Así lo ha determinado la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que ha estimado el recurso presentado por la empresa Meydis frente al intento del organismo de cobrar un importe adicional por este concepto. El procedimiento se inició a raíz de varias multas impuestas por la AEPD a la compañía. Tras recurrir las sanciones ante los tribunales, Meydis obtuvo la suspensión cautelar de su ejecución y cobro por parte de la Audiencia Nacional. Pese a ello, el organismo dictó posteriormente una resolución para liquidar los intereses de demora correspondientes a todo el tiempo en que las multas habían permanecido paralizadas por orden judicial. En su sentencia, los magistrados señalan que los intereses de demora tienen como finalidad compensar las consecuencias de no disponer de unas cantidades cuyo pago resulta exigible. Sin embargo, consideran que este fundamento desaparece cuando la ejecución de la sanción ha quedado suspendida cautelarmente. Al no ser exigible la deuda durante ese periodo, tampoco procede reclamar intereses por el mismo. La resolución también descarta que la AEPD pueda recurrir a la normativa tributaria para justificar el cobro, puesto que las multas en materia de protección de datos tienen naturaleza sancionadora y no fiscal. Los jueces subrayan que no existe una disposición legal que contemple el devengo de intereses durante la suspensión cautelar de estas sanciones, por lo que su exigencia vulneraría el principio de legalidad y la interpretación restrictiva que debe aplicarse en el ámbito del derecho sancionador. La Audiencia Nacional advierte, además, de que aceptar el criterio defendido por el organismo limitaría la efectividad de las medidas cautelares acordadas por los tribunales. El cobro de intereses durante el periodo de suspensión supondría un perjuicio adicional para quienes han obtenido esa protección judicial y podría desincentivar la presentación de recursos contra las sanciones administrativas. En consecuencia, el tribunal ha estimado el recurso de Meydis, representada legalmente por Ernesto José Muñoz, de Picón & Asociados, con la colaboración de Ignacio Arráez, socio fundador y responsable del área de derecho fiscal de Maio Legal. La sentencia anula íntegramente la liquidación de intereses e impone las costas a la AEPD, que todavía puede recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo.

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(El País, 27-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La compra de vivienda vuelve a crecer en agosto, pero acumula una caída anual del 2,3%

El mercado de la vivienda mantuvo su fortaleza en agosto, con un total de 49.319 compraventas, un 3,4% más que en el mismo mes de 2025. No obstante, las operaciones descendieron un 19,7% respecto a julio, una caída habitual durante el periodo estival. Pese a esta moderación mensual, el sector continúa registrando niveles elevados de actividad, incluso en un contexto marcado por el encarecimiento de los inmuebles y las dificultades de acceso a la vivienda. Entre enero y agosto se contabilizaron 458.200 compraventas, un 2,3% menos que en los ocho primeros meses del año anterior, lo que supone 10.894 operaciones menos. Este retroceso moderado se produce después de un ejercicio excepcional, en el que las transacciones alcanzaron cifras que no se registraban desde los años anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria. Los datos de 2026 siguen reflejando, por tanto, una demanda sólida, aunque con menor dinamismo que en el ejercicio precedente. La actividad hipotecaria también mantuvo una evolución positiva en términos interanuales. En agosto se formalizaron 33.841 préstamos para la adquisición de vivienda, un 2,3% más que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, frente a julio, la firma de hipotecas retrocedió un 22%, en línea con la desaceleración estacional de las operaciones inmobiliarias durante las vacaciones de verano, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La evolución del mercado fue desigual entre comunidades autónomas. Extremadura encabezó los incrementos de las compraventas, con un avance interanual del 32,1%, hasta las 1.152 operaciones. También destacaron Cantabria, con un crecimiento del 21,7%, y la Región de Murcia, con un 12,6%. Aragón registró un aumento del 11,2%, mientras que Asturias y Cataluña anotaron avances del 10,4% y el 10,3%, respectivamente. Cataluña contabilizó 8.407 compraventas y la Comunidad Valenciana, 7.571, con incrementos del 10,3% y el 5,7%. En el País Vasco, las operaciones aumentaron un 4,8%, hasta las 1.917, mientras que Andalucía registró 9.427 transacciones, un 0,7% más que un año antes. En el extremo contrario, La Rioja experimentó el mayor descenso, con una caída del 19%, seguida de Castilla-La Mancha, con un retroceso del 9,4%, y Castilla y León, con una disminución del 7,1%. En la Comunidad de Madrid se formalizaron 5.119 compraventas, un 2,6% menos que en agosto de 2025. El encarecimiento de la financiación solicitada constituye otro de los rasgos destacados de la evolución del mercado. El importe medio de las hipotecas sobre viviendas alcanzó en agosto los 181.285 euros, un 7,7% más que un año antes, lo que representa unos 13.000 euros adicionales. En comparación con julio, el incremento fue del 0,3%. Estas cifras reflejan que los compradores necesitan recurrir a préstamos de mayor cuantía, en un escenario en el que el aumento de los precios inmobiliarios eleva el esfuerzo económico necesario para adquirir una vivienda. Por territorios, Extremadura volvió a destacar por el crecimiento de la financiación hipotecaria, con un aumento interanual del 41,8% en el número de préstamos formalizados. Navarra registró un avance del 23,2%, mientras que la Comunidad Valenciana experimentó un incremento del 11,8%. En Cataluña, las hipotecas aumentaron un 9,1%, hasta alcanzar las 6.248 operaciones. En conjunto, los datos de agosto muestran que el mercado inmobiliario español continúa manteniendo un elevado volumen de actividad, pese a la moderación registrada en el acumulado anual. El crecimiento de las compraventas y de las hipotecas en términos interanuales confirma la resistencia de la demanda, aunque el aumento de los importes financiados y las dificultades para acceder a una vivienda siguen condicionando la evolución del sector.

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(Cinco Días, 26-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los expertos prevén una oleada de reclamaciones de los clientes a los bancos por las ciberestafas

Las ciberestafas se han convertido en un nuevo foco de conflicto entre la banca española y sus clientes, después de las controversias por las participaciones preferentes, las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que aclara cómo deben actuar las entidades ante las operaciones de pago no autorizadas, ha abierto la puerta a nuevas reclamaciones y podría tener un importante impacto económico para el sector. Asociaciones como la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya han puesto en marcha iniciativas para reclamar la devolución del dinero. Mientras tanto, las quejas por fraude presentadas ante el Banco de España han aumentado este año y la patronal bancaria AEB sostiene que el fallo europeo apenas modifica la normativa española vigente. La principal novedad de la resolución del tribunal con sede en Luxemburgo es que obliga a los bancos a reembolsar en un plazo de 24 horas el importe de las operaciones no autorizadas, sin que puedan aplazar la devolución alegando la posible negligencia del cliente. Los especialistas consultados aclaran que la sentencia no cambia el reparto de responsabilidades entre la entidad y el usuario, sino el orden en que deben abordarse. Hasta ahora, los bancos podían utilizar la conducta del cliente como argumento para retrasar o denegar el reintegro, una cuestión que, en caso de conflicto, puede acabar resolviéndose ante los tribunales. El cambio afecta, por tanto, a quién debe iniciar el procedimiento judicial para determinar las responsabilidades. La abogada especializada en ciberfraude Vanesa Fernández considera que el elemento diferencial es el orden en el que se produce la devolución. A su juicio, las entidades tendrán que valorar si les resulta conveniente acudir a los tribunales para reclamar posteriormente el dinero y demostrar que el usuario incurrió en negligencia. La estrategia de los bancos también dependerá de la disposición de los afectados a emprender acciones judiciales. Por su parte, Diego Zapatero, abogado y socio responsable del área de phishing de Asoban Abogados, prevé un aumento de los litigios, ya que numerosos afectados cuyos expedientes estaban paralizados o habían sido rechazados por sus entidades han retomado las reclamaciones. A estos casos se suman los procedimientos de los últimos cinco años que todavía no hayan prescrito. Desde la Asociación Española de Banca (AEB) defienden que la sentencia europea se refiere a operaciones realizadas sin autorización del cliente y confirma, en esencia, las obligaciones que ya recoge la legislación vigente. La patronal, que representa a entidades como Santander, BBVA y Sabadell, sostiene que la resolución no altera la responsabilidad de los usuarios que incumplan por negligencia sus obligaciones de proteger los datos y credenciales bancarios. En los supuestos en que se acredite una negligencia grave, considera que las pérdidas derivadas de las operaciones no autorizadas deberán ser asumidas por el cliente. Sin embargo, Carol Rodríguez, directora de Regulación Financiera de finReg360, cree que la resolución refuerza la posición de los consumidores cuyas reclamaciones todavía no se han resuelto mediante una sentencia firme. Las entidades se enfrentan a una situación más compleja, dado que les corresponde demostrar que las operaciones fueron correctamente autenticadas y registradas y, cuando proceda, que existió fraude o negligencia grave por parte del usuario. La experta recuerda que el plazo general para reclamar judicialmente es de cinco años, sin perjuicio de los plazos específicos para comunicar las operaciones no autorizadas. La normativa actual tiene, no obstante, un horizonte temporal limitado. Fuentes del sector financiero apuntan a que el marco cambiará previsiblemente en el verano de 2028, con la entrada en vigor de un nuevo reglamento europeo sobre servicios de pago. Según fuentes jurídicas, la propuesta de la Comisión Europea no reduce las garantías actuales ni contradice la sentencia del TJUE, sino que amplía su alcance al incluir el reembolso de determinados fraudes basados en la suplantación de empleados bancarios, que hasta ahora se consideran operaciones autorizadas. En el Reino Unido, la devolución del dinero en fraudes relacionados con pagos autorizados es obligatoria desde octubre de 2024, con un límite de 85.000 libras por caso, cerca de 100.000 euros. Las asociaciones de consumidores ya están intensificando sus actuaciones. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, sostiene que hasta ahora buena parte del coste de los ciberfraudes recaía sobre los ciudadanos. A su entender, las entidades financieras deben reforzar también sus exigencias de responsabilidad a las plataformas tecnológicas y las compañías de telecomunicaciones, cuyos servicios pueden intervenir en el desarrollo de estas estafas. La asociación prevé remitir requerimientos masivos a los bancos para reclamar el reintegro inicial del dinero en todos los expedientes que mantiene abiertos, tanto en la fase extrajudicial como en la judicial. La OCU afirma que las entidades rechazan el 60% de las reclamaciones por fraude que recibe y que el argumento más habitual es la supuesta negligencia grave del cliente. Los datos del Banco Central Europeo (BCE) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) reflejan la dimensión económica del problema. En España, las pérdidas por fraude bancario ascendieron a 318 millones de euros en 2024, de los que los usuarios asumieron cerca de dos tercios. En el conjunto de Europa, las pérdidas soportadas por los clientes alcanzaron los 2.500 millones de euros, frente a un volumen total de fraude de 4.200 millones. Tanto Asufin como la OCU han solicitado que las entidades devuelvan el dinero de forma automática. La OCU ya planteó esta exigencia en marzo, después de conocerse las conclusiones del abogado general del TJUE sobre el caso, y ha reiterado su petición tras la publicación de la sentencia, reclamando el reembolso íntegro e inmediato de las cantidades sustraídas. La resolución también puede influir en la gestión de las quejas por parte de los servicios de atención al cliente de los bancos y en los criterios aplicados por el Banco de España. Según Rodríguez, los afectados podrán invocar el nuevo pronunciamiento europeo ante el servicio de reclamaciones del supervisor, lo que podría complicar la posición de las entidades financieras. En su última memoria de reclamaciones, el Banco de España señala que corresponde a la entidad demostrar que una operación no autorizada fue correctamente autenticada y registrada. No obstante, contempla una excepción cuando el banco acredita que el usuario actuó de forma fraudulenta o incurrió en negligencia grave, argumento que las entidades han utilizado para rechazar reclamaciones. A la luz de la sentencia europea, se espera que el supervisor revise los criterios que aplica a este tipo de casos.

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(La Vanguardia, 26-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno ordena retirar 8.300 anuncios de pisos turísticos por incumplir el decreto Maricarmen

El Ministerio de Consumo ha requerido a dos portales inmobiliarios, cuyos nombres no ha hecho públicos, que retiren 8.318 anuncios de alojamientos anunciados como alquileres de temporada por considerar que podrían incumplir la nueva normativa de vivienda, conocida como decreto Maricarmen. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy justifica esta petición porque los alojamientos permiten realizar reservas por periodos inferiores a 31 días. De acuerdo con el nuevo marco legal, estas viviendas deben clasificarse como pisos turísticos, con independencia de que ofrezcan o no servicios propios de un establecimiento hotelero, y quedan sujetas al IVA del 10%. La mayor parte de los anuncios afectados corresponde a viviendas situadas en la Comunidad de Madrid, con un total de 6.772 publicaciones. De ellas, el 96% se encuentra en la capital. La Dirección General de Consumo considera que presentar estos alojamientos como alquileres de temporada podría constituir una práctica de comunicación comercial engañosa y, por tanto, una infracción del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Para exigir la retirada de los anuncios, el Ministerio ha recurrido a los mecanismos de notificación contemplados en el Reglamento de Servicios Digitales. Consumo sostiene que, una vez informadas de los posibles incumplimientos, las plataformas adquieren una responsabilidad directa sobre los contenidos publicados y podrían enfrentarse a la apertura de un expediente si no eliminan o bloquean las ofertas señaladas. Las nuevas exigencias suponen un desafío para los portales inmobiliarios, ya que podrían obligarles a revisar y retirar todas las publicaciones que no se ajusten a la normativa. La medida se suma a otras disposiciones del decreto que afectan directamente a su actividad, tanto por la delimitación de las categorías de alquiler turístico y de temporada como por las nuevas obligaciones relativas a la publicidad de viviendas en alquiler. El texto establece que los anuncios deben respetar los principios de veracidad y transparencia. Entre los datos que deberán incluir figura, al menos, el índice de referencia del precio del alquiler, conocido como Serpavi, y la renta del último contrato de arrendamiento vigente durante los cinco años anteriores. Estas obligaciones podrían reducir el número de viviendas anunciadas en plataformas como Idealista, Fotocasa o Pisos.com. Los propietarios que no cumplan la normativa o que oferten inmuebles por encima de los límites de renta establecidos en las zonas tensionadas podrían optar por retirar sus anuncios antes que publicar la información exigida, como el precio de referencia o la renta del contrato anterior. Esta situación tendría consecuencias para el volumen de publicaciones y el negocio de los portales. La actuación contra los anuncios de alquiler de temporada se enmarca en una estrategia más amplia de inspecciones y sanciones impulsada por el Ministerio de Consumo contra las plataformas inmobiliarias y las empresas del sector. no de los casos más destacados es la sanción de 64 millones de euros impuesta a Airbnb por publicar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa. La actuación llevó a la retirada de más de 65.000 anuncios de la plataforma. Por su parte, Booking eliminó más de 4.000 publicaciones después de recibir un requerimiento oficial del departamento dirigido por Bustinduy. Consumo también sancionó a la inmobiliaria Alquiler Seguro con una multa de 3,6 millones de euros por prácticas consideradas abusivas contra los inquilinos. La resolución identificó seis infracciones muy graves y una grave. Además, el Ministerio mantiene abierto un expediente contra otra gran inmobiliaria por presuntas prácticas similares.

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