Noticias

(Expansión, 12-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Más de la mitad de las empresas medianas subirá precios en 2026

La OCDE ya había alertado a comienzos de mes de que los efectos de la guerra comercial impulsada por la Administración Trump aún no se habían manifestado por completo y de que la oleada provocada por esta inédita ofensiva arancelaria acabará generando un aumento progresivo de los precios, lo que "reducirá el crecimiento del consumo de los hogares y la inversión empresarial". España tampoco queda al margen de este escenario, un aviso que se ve reforzado por las señales lanzadas por las propias compañías nacionales: más de la mitad de las empresas medianas prevé subir sus precios de venta en 2026. Así lo indica la última edición del International Business Report (IBR) de Grant Thornton, que analiza las preocupaciones y previsiones del middle market tanto a nivel global como en España. En concreto, el informe -basado en 400 entrevistas a directivos españoles durante el tercer trimestre- refleja que el 56% de las empresas medianas (con entre 50 y 3.000 empleados) se verá obligada a encarecer sus productos en 2026 para compensar el aumento del coste de la energía y de las materias primas. Durante la primera mitad del año, muchas compañías internacionales recurrieron a sus márgenes o adelantaron exportaciones para amortiguar el impacto inicial de los aranceles. Sin embargo, el comercio mundial, alterado por la estrategia de Trump, ha ido perdiendo fuerza, y los márgenes ya no pueden absorber indefinidamente esos costes. El resultado será un incremento de precios y una mayor presión inflacionaria. En España, la inflación de noviembre se situó en el 3%, casi un punto por encima del promedio de la eurozona, lo que resta competitividad al sector exterior español. Tampoco se espera una mejora a corto plazo. De hecho, las previsiones de subida de precios entre las empresas medianas españolas han alcanzado "un máximo histórico", según el informe. Estas expectativas han aumentado siete puntos entre el segundo y el tercer trimestre, superando tanto la media de la UE (50%) como la global (53%). Las principales razones que explican estas futuras subidas son el encarecimiento de las materias primas, que preocupa al 49% de los directivos (nueve puntos más en solo un trimestre), y los mayores costes logísticos, señalados por el 43%. En este contexto, marcado por crecientes tensiones geopolíticas, el clima empresarial no mejora. Aunque el 59% de los directivos aún confía en que la economía española repunte en 2026, es el nivel de optimismo más bajo desde 2023. En un año, este indicador se ha desplomado diez puntos, a diferencia de Europa -donde sube ligeramente hasta el 61%- y del promedio global, que llega al 76%, impulsado por el hecho de que la guerra comercial, aunque inédita en décadas, no está siendo tan destructiva como se temía. Pese a ello, las exportaciones españolas se han frenado: entre enero y septiembre solo crecieron un 0,5%, y las ventas a Estados Unidos cayeron un 7,4%, con un desplome del 30% en agosto. La previsión de nuevos aumentos de precios llega acompañada de mayores tensiones salariales, en un contexto en el que los sindicatos buscan evitar pérdidas de poder adquisitivo. El IBR recoge datos de un estudio reciente de Randstad que anticipa una subida salarial media del 5% en 2026, impulsada por la inflación y la escasez de mano de obra. En los convenios registrados hasta noviembre, los salarios pactados han aumentado un 3,49%, y en los firmados este año, un 4,15%. La falta de personal cualificado preocupa ya al 46% de las medianas empresas, un problema que se extiende por todo el tejido empresarial español. Aun así, el 48% espera aumentar sus plantillas y asume que deberá elevar los sueldos por encima de la inflación. Además de los costes crecientes y la escasez de talento, las compañías del middle market identifican otras trabas para su crecimiento: la incertidumbre económica (54%), las tensiones geopolíticas (49%) y el exceso de regulación y burocracia (47,8%). En este sentido, el 42% reclama una mayor agilidad administrativa, el 40,4% pide reducir la carga fiscal y el 35,3% aboga por una bajada de las cotizaciones sociales.

LEER MÁS

(El País, 12-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La prórroga de la moratoria antidesahucios queda pendiente de Junts tras el apoyo de los demás socios de investidura

Junts se ha convertido en el último obstáculo para sacar adelante la prórroga de la moratoria antidesahucios dirigida a inquilinos vulnerables. Este miércoles, diversas plataformas sociales mantuvieron reuniones con todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, excepto con la formación independentista. Según estas organizaciones, el resto de los grupos se muestran "favorables" a renovar la medida, de la que dependen más de 60.000 familias vulnerables. Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), confirma esta disposición, aunque señala que el Gobierno aún no ha fijado una fecha para aprobarla. En cualquier caso, debe hacerse antes del 31 de diciembre, cuando expira la moratoria. Respecto a Junts -que rompió relaciones con el Ejecutivo en octubre-, la PAH explica que su ausencia se debió a problemas de agenda, pero que la formación se ha comprometido a reunirse próximamente. Durante el encuentro, las organizaciones participantes -PAH, Confederación Intersindical, CC OO, Federación de Consumidores y Usuarios, Centro de Asesoría y Estudios Sociales, Amnistía Internacional y UGT- reclamaron que la moratoria deje de vincularse a situaciones excepcionales como la covid o la guerra de Ucrania. Su propuesta es que pase a ser un mecanismo permanente para evitar renovaciones continuas. También pidieron a PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria que amplíen los criterios de acceso para incluir a nuevos colectivos vulnerables, aunque de momento no han recibido respuesta. Las plataformas están elaborando un texto con estas modificaciones para entregarlo cuanto antes a los grupos parlamentarios. Morote insiste en que, si la prórroga no se aprueba antes del 1 de enero de 2026, se generará un "vacío legal" que permitirá a algunos jueces reactivar desahucios de familias vulnerables desde el primer mes del año. Por ello, exigen que el Ejecutivo apruebe el decreto ley "lo antes posible". Una vez publicado en el BOE, entraría en vigor de inmediato, aunque luego tendría que ser ratificado por el Congreso en un plazo máximo de un mes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya aseguró hace unas semanas que presentaría antes de final de año la actualización de varias medidas del escudo social, incluida la prohibición de desahuciar a hogares vulnerables. Este mecanismo no protege a cualquier inquilino. Solo cubre a familias vulnerables para las que las Administraciones no hayan podido garantizar una alternativa habitacional. Incluye casos como víctimas de violencia de género, hogares con menores o personas dependientes, siempre que la vivienda pertenezca a un gran tenedor (propietario con más de 10 inmuebles residenciales). En última instancia, la decisión recae en el juez. La moratoria fue aprobada durante la pandemia y ha sido extendida varias veces. La última prórroga se acordó el 23 de diciembre del año pasado y fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2025. Las organizaciones aseguran que ha frenado alrededor de 60.000 desahucios de familias vulnerables y que, si decae, se generará -en palabras de Morote- "una crisis habitacional más grave que en los peores años de la Gran Recesión". Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), donde se integran pequeños propietarios y grandes fondos como Blackstone, opinan justo lo contrario. Afirman que prolongar la moratoria aumentaría la inseguridad jurídica, perjudicaría el derecho de propiedad y reduciría aún más la oferta de viviendas de alquiler. Un estudio del Observatori DESCA, publicado hace un año, indica que solo en el 2% de los desahucios se facilita un realojo temporal, y que únicamente en el 3% se ofrece una vivienda social, pese a que las Administraciones están obligadas a proporcionar alternativas habitacionales o, si procede, compensar a los propietarios afectados.

LEER MÁS

(El País, 12-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los precios cerraron noviembre con un aumento interanual del 3%

Los optimistas pueden verlo como un punto de inflexión: el comienzo un ciclo, lento pero imparable, hacia la normalización definitiva de los precios. Los más críticos, recordarán la brecha con la zona euro, los años de encarecimientos que se van acumulando como una losa para los hogares, los escasos avances en este 2025 para contener ese golpe continuado al bolsillo que va devorando el poder adquisitivo de quienes no ven aumentar sus salarios en la misma medida. Ambos pueden tener razón, pero más allá de interpretaciones, lo que dice el dato es que la inflación cerró noviembre en el 3% respecto al mismo mes del año pasado, una décima por debajo de la de octubre, según el Instituto Nacional de Estadística, que mantiene sin cambios su predicción inicial de hace dos semanas. La evolución favorable de los precios de la electricidad ha sido clave para ese tímido alivio en los precios, mientras que a la contra han presionado la subida de los alimentos y bebidas no alcohólicas, los carburantes y los paquetes turísticos. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, no trae tan buenas noticias: se sitúa en el 2,6%, una décima por encima de la tasa de octubre. La cifra conocida este viernes marca una revalorización final para las pensiones del 2,7% para 2026, y está ocho décimas por encima de la registrada por los socios del euro, lo que puede provocar una pérdida de competitividad para las empresas españolas si España no logra acortar la brecha. En principio, Un fenómeno estadístico favorable, el denominado efecto base, se antoja favorable en los próximos tres meses, porque en diciembre del año pasado y en enero y febrero de este 2025 los precios se incrementaron, lo cual facilita que se deshinchen al hacer la comparativa. Hace 13 meses, desde octubre de 2024, que los precios no están por debajo del 2% objetivo del Banco Central Europeo. El grupo que más destacó por su influencia en el descenso de la tasa anual fue: Vivienda, cuya tasa anual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7%. Este descenso fue debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida en noviembre de 2024. Entre los grupos con influencia positiva destacaron: Ocio y cultura, que situó su variación anual en el 1,2%, lo que supuso más de un punto por encima de la del mes pasado. Este comportamiento se debió, principalmente, a los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en noviembre del año pasado. Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%. Este comportamiento se debió, principalmente, al incremento de los precios de los aceites y grasas, que bajaron en noviembre de 2024; y al de los precios de leche, queso y huevos, que subieron más que en el mismo mes del año anterior.  La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 2,6%, una décima superior a la registrada el mes anterior. En noviembre la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,2%. Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron:  Vestido y calzado, que presentó una variación del 4,0%, que incluyó los últimos efectos de la entrada de la temporada de invierno. Este grupo repercutió 0,149 en el IPC general. Transporte, con una tasa del 0,5% y una repercusión de 0,071, debida al aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales. Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa mensual del 0,3% repercutió 0,060 en el IPC general. Esta evolución fue debida a la subida de los precios de la leche, queso y huevos, y de la carne. Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacó: Hoteles, cafés y restaurantes, con una variación del -0,5% a causa del descenso de los precios de los servicios de alojamiento. Este grupo repercutió -0,077 en el IPC general. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en noviembre. Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (3,7%) y Canarias la más baja (2,3%). En el mes de noviembre la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,2%, la misma que la registrada el mes anterior. La variación mensual del IPCA fue del 0,0%.

LEER MÁS

(Cinco Días, 11-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La plata ha tocado máximo histórico: llega a los 61 dólares por onza

La tendencia alcista de la plata continúa. El metal precioso sigue acumulando subidas este miércoles tras haber sobrepasado el martes, por primera vez, los 60 dólares por onza, día en el que avanzó más de un 4%. Su precio se está viendo favorecido tanto por la limitada disponibilidad de oferta como por las expectativas de que la Reserva Federal de EE UU adopte nuevas medidas de estímulo monetario. La plata llegó a encarecerse hasta un 1,6% durante la sesión, aunque después moderó el avance al 0,7%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 61,6145 dólares la onza. El fuerte impulso de los últimos días ha sido apoyado por inversiones especulativas que anticipan que el banco central estadounidense reducirá los tipos de interés en un cuarto de punto al término de su reunión de este 10 de diciembre. Unos tipos más bajos suelen favorecer a los metales que no generan rentabilidad. En los mercados de deuda, los rendimientos globales se han situado en niveles que no se veían desde 2009. "La plata cuenta con una amplia base de inversores minoristas y especulativos", explicó David Wilson, director de estrategia de materias primas en BNP Paribas. "Cuando aparece un impulso alcista, suele atraer más capital". Los mercados también están atentos a las señales sobre la política monetaria de Estados Unidos de cara a 2026. Kevin Hassett, principal candidato del presidente Donald Trump para sustituir a Jerome Powell al frente de la Fed, afirmó el martes que existe amplio margen para realizar recortes significativos de tipos. En lo que va de año, la plata ha duplicado su valor, superando con creces el incremento del 60% registrado por el oro. El repunte se ha intensificado desde que en octubre se produjera una contracción histórica de la oferta. Aunque parte de esa presión se ha relajado por un aumento de los envíos de metal a los depósitos de Londres, los elevados costes de préstamo apuntan a que persiste la escasez. Además, otros mercados también sufren tensiones de suministro, con los inventarios chinos en mínimos de diez años. El repunte ha recibido igualmente un fuerte impulso por parte de los fondos cotizados (ETF). La semana pasada, los ETF respaldados por plata registraron sus mayores entradas desde julio. El volumen de opciones de compra en el mayor de estos fondos se disparó el martes a niveles comparables a los del short squeeze -cuando quienes apostaron a la baja se ven obligados a cerrar posiciones por las subidas bruscas-, señal de que los inversores esperan más aumentos de precio. Según Guy Wolf, jefe global de análisis de mercado en Marex Group, el mercado de la plata está "sobrecalentado" y los precios se encuentran alrededor de un 15% por encima de su valor razonable. Añadió que el creciente interés de clientes de banca privada que buscan alternativas de inversión también está impulsando a los metales preciosos. Tras un repunte cercano al 20% en apenas tres semanas, "lo lógico sería ver una corrección", afirmó Wilson, de BNP Paribas. "Pero con el ambiente tan optimista que domina los mercados, y con voces que ya hablan de la plata alcanzando los 100 dólares, no puede descartarse que el rally continúe". Los inversores también aguardan novedades sobre la posible imposición de aranceles a la plata en EE UU, después de que el metal fuese incluido el mes pasado en la lista de minerales críticos del país. Esta incertidumbre ha retenido parte del suministro dentro del territorio estadounidense, manteniendo los inventarios en el mercado de Chicago (Comex) cerca de máximos históricos, pese a una ligera disminución desde el pico registrado en octubre. En Londres, la plata subía un 0,7% hasta los 61,44 dólares por onza, mientras que el oro descendía ligeramente hasta los 4.221 dólares por onza.

LEER MÁS

(Cinco Días, 11-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed recorta los tipos hasta el 3,5%

El banco central de Estados Unidos ha aplicado una reducción de un cuarto de punto al coste del dinero, la tercera consecutiva en lo que va de año. Sin embargo, los inversores temen que este será el último ajuste, al menos hasta marzo de 2026. Las proyecciones de la Fed solo contemplan un recorte para el próximo año o, en el mejor de los casos, dos. La Reserva Federal bajó los tipos de interés en 0,25 puntos, situando el rango oficial entre el 3,5% y el 3,75%. Es la tercera rebaja seguida en 2025 y supone el nivel más bajo desde finales de 2022. La medida, ampliamente anticipada por Wall Street, también evidenció la fuerte división interna del organismo, con tres votos en contra, el mayor desacuerdo registrado desde 2019. Las previsiones divulgadas este miércoles reflejan igualmente una clara falta de consenso. Por un margen reducido, predomina la opinión de los gobernadores que esperan cerrar 2026 con al menos un recorte adicional, y como máximo dos, lo que dejaría los tipos entre el 3% y el 3,25%. Aun así, siete de los 19 miembros con derecho a voto creen que el ciclo de bajadas ya ha concluido, y tres incluso prevén que será necesario volver a subir los tipos en 2026. Estas proyecciones empeoran respecto a las de hace solo tres meses, cuando se daban por seguras dos rebajas durante ese año. Ahora, una de ellas está en entredicho. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, endureció su mensaje al afirmar que "con los tipos actuales estamos en una buena posición para esperar y observar la evolución económica", sin ofrecer más detalles sobre el calendario previsto. Los mercados reaccionaron de forma positiva, en parte porque la decisión ya estaba asumida. El Nasdaq rebotó tras una sesión marcada por las pérdidas y, después de las declaraciones de Powell, avanzó un 0,33%. El S&P 500 y el Dow Jones subieron un 0,67% y un 1,05%, respectivamente. Más allá del mensaje de la Fed, los inversores ya habían reducido esta semana sus expectativas de recortes profundos en 2026, especialmente después de que Kevin Hassett, favorito de Donald Trump para sustituir a Powell, declarara que no cedería ante presiones políticas para acelerar la relajación monetaria si llegara al cargo. "No hay espacio para esperar más de un recorte en 2026", señala Roger Aliaga-Díaz, economista jefe para América en Vanguard. En su opinión, el hecho de que la inflación siga por encima del 2% por quinto año consecutivo limita nuevas reducciones de tipos. No es el único con esta visión. Tras la decisión del miércoles, los analistas de Goldman Sachs también consideran que, con suerte, podrían darse dos recortes adicionales de un cuarto de punto en 2026, pero ninguno antes de marzo. Coinciden en que la racha actual de tres bajadas consecutivas ha llegado a su fin. Cabe recordar que Powell continuará al frente de la Fed hasta mayo, por lo que dirigirá aún las próximas tres reuniones de política monetaria. Los analistas prevén que mantenga los tipos estables pese a las presiones de la Casa Blanca, tal como hizo durante la mayor parte del año, hasta que en septiembre se aplicó el primer recorte de 2025. Con la decisión actual, la Fed busca ganar margen y proteger la economía ante un posible deterioro mayor, mientras espera también a que se actualicen los principales indicadores macroeconómicos. En sus dos reuniones previas, el organismo tuvo que actuar únicamente con el dato parcial de empleo, el único publicado durante el cierre prolongado del Gobierno federal en octubre por la falta de acuerdo presupuestario. La próxima semana será clave, con la publicación de nuevas cifras de empleo, el IPC de noviembre y el PIB del tercer trimestre. Por ahora, el mercado laboral es la principal preocupación de la Fed, con una tasa de paro del 4,4%, la más alta desde 2022.

LEER MÁS

(Expansión, 11-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España ve incompleta la regulación de la hipoteca inversa

"La regulación vigente sobre la hipoteca inversa presenta carencias importantes en aspectos clave, como el asesoramiento independiente, tanto en la propia ley que la define como en otras normativas relacionadas", ha señalado el Banco de España a EXPANSIÓN. El organismo supervisor aclara, sin embargo, que no es su función exigir a las entidades que comercializan este producto ningún requisito específico en relación con la figura del asesor independiente, ya que "se trata de un asunto pendiente de desarrollo normativo". Aunque la ley que introdujo la hipoteca inversa data de 2007, todavía sigue sin aprobarse el reglamento que debe concretar su aplicación. En una guía publicada en 2017, el Banco de España recordaba que "el asesoramiento independiente deberá realizarse mediante los mecanismos que establezca el Ministerio de Economía y Hacienda, que definirá las condiciones, forma y requisitos para prestar estas funciones". Esta situación no ha cambiado desde entonces. Debido a que dichos mecanismos aún no han sido definidos, las entidades que han comenzado a ofrecer hipotecas inversas han desarrollado sus propios procedimientos, adaptándolos a la normativa disponible. Según la guía del Banco de España, las entidades que concedan estos préstamos "deberán proporcionar servicios de asesoramiento independiente a los solicitantes, teniendo en cuenta su situación financiera y los riesgos asociados a la contratación del producto". La hipoteca inversa permite transformar en ingresos mensuales el valor de la vivienda habitual hipotecada, siempre que su propietario tenga al menos 65 años -aunque algunas entidades pueden elevar este umbral-. Este producto combina un préstamo hipotecario a tipo fijo con un seguro de renta vitalicia que entra en vigor si el beneficiario supera el plazo máximo del préstamo; en ese caso, la aseguradora continúa abonando la renta hasta el fallecimiento. También puede contratarse una modalidad temporal, por la que se recibe una renta durante un periodo previamente pactado en el que se consume el valor total de la vivienda. Una vez agotado ese valor, el usuario mantiene el derecho de uso sobre el inmueble, pero deja de recibir la renta mensual. Uno de los rasgos más sensibles de este producto es el riesgo reputacional que puede suponer para bancos y aseguradoras si surgen situaciones inesperadas relacionadas con la vida del cliente o con herencias. Para reducir ese riesgo y seguir las recomendaciones del Banco de España -aunque no tengan carácter obligatorio-, CaixaBank ha seleccionado a Afi (Analistas Financieros Internacionales) como asesor independiente. La función de este colaborador será guiar a los clientes, que asumirán el coste del servicio, sin que su retribución dependa de que finalmente se contrate o no la hipoteca inversa. Afi orientará a los usuarios interesados en obtener liquidez de su patrimonio inmobiliario, ya sea mediante una hipoteca inversa, la venta de la nuda propiedad, el adelanto de alquileres u otras alternativas que considere adecuadas. Por su parte, Santander Mapfre Hipoteca Inversa -filial conjunta del banco y la aseguradora- recurre a Gestiona 99 para la labor de asesoramiento. Ángel Cominges, fundador de Óptima Mayores, considera que los informes del asesor independiente deberían comparar distintas soluciones del mercado y propone la creación de un registro de asesores cualificados especializados en hipoteca inversa.

LEER MÁS

(Expansión, 11-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Economía y Transformación Digital crearán una brigada contra el fraude financiero

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva 'Brigada Antifraude', destinada a combatir el fraude financiero en colaboración con el Ministerio de Transformación Digital, el sector bancario, las operadoras de telecomunicaciones y el Banco de España. El anuncio se produjo en una rueda de prensa posterior a la reunión mantenida este miércoles con las asociaciones bancarias, organizaciones de consumidores y el Banco de España para evaluar los avances en materia de inclusión financiera. Según explicó Cuerpo, esta brigada asumirá tareas tanto de prevención como de respuesta rápida ante intentos de fraude. "Queremos que sea un organismo operativo y que concentre a todos los actores implicados", afirmó. La finalidad de esta unidad será disponer de sistemas de alerta temprana y ofrecer actuaciones ágiles y contundentes frente a los delitos financieros. El ministro añadió que la brigada también podrá plantear propuestas regulatorias cuando lo considere necesario. "Estamos abiertos a cualquier recomendación que surja del análisis de los expertos", señaló. La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, subrayó la importancia de que participen tanto entidades financieras como compañías de telecomunicaciones, ya que "es un asunto que nos afecta a todos". También insistió en la necesidad de reforzar la prevención, alertando de la brecha entre el volumen real de fraudes y la percepción que tienen los ciudadanos sobre su riesgo de ser víctimas, algo que, según explicó, "favorece la actividad de los ciberdelincuentes". Recordó además que todos los ciudadanos tienen una "huella digital" de la que deben ser conscientes para extremar las precauciones. El director general de CECA, Antonio Romero, calificó la reunión de "muy productiva y constructiva" por el alto grado de cooperación entre las partes, y valoró que se haya dedicado parte del encuentro a abordar el problema del fraude financiero. Añadió que las entidades realizan de forma constante campañas informativas para alertar de nuevos métodos de estafa y que las asociaciones refuerzan también la sensibilización. Por su parte, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, señaló que los consumidores necesitan un marco legal más protector, que delimite con claridad la responsabilidad en los casos de ciberfraude y que tenga en cuenta el contexto en que se produce. Subrayó además que "los bancos deben trabajar conjuntamente con las teleoperadoras y las empresas tecnológicas para mejorar la prevención". Respecto a otros temas tratados en la reunión, Cuerpo comentó que las asociaciones de usuarios han solicitado al Ministerio que impulse definitivamente la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que podría ayudar en el proceso de devolución de cantidades defraudadas mediante resoluciones vinculantes. El encuentro también permitió constatar "avances" en inclusión financiera para personas mayores, personas con discapacidad y poblaciones de zonas rurales y urbanas. El Ministerio y las entidades se comprometieron a elaborar un mapa nacional de accesibilidad a los servicios financieros, cuyos primeros datos se darán a conocer en junio, coincidiendo con la próxima reunión de seguimiento.

LEER MÁS

(Expansión, 10-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba una nueva adenda al plan de recuperación que simplifica los objetivos pactados con la UE

En la fase decisiva para asegurar la llegada de los fondos europeos -un proceso que culmina el próximo agosto- el Gobierno ha decidido modificar las condiciones del Plan de Recuperación con el fin de eliminar los obstáculos que dificultaban el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas. Con este objetivo, el Consejo de Ministros aprobó ayer una nueva adenda que flexibiliza las exigencias pendientes para liberar los 25.000 millones de euros en subvenciones aún disponibles del programa Next Generation, al tiempo que renuncia a 60.000 millones en préstamos ventajosos. "El pasado junio, la Comisión Europea pidió a los Estados miembros revisar sus planes para simplificarlos y agilizar los procedimientos, de modo que se optimizara la llegada y el uso de los fondos", recordó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al anunciar esta actualización, indicando además que otros 22 países están haciendo lo mismo. Según explicó, España ha recibido ya 71.000 millones del programa, de los cuales 55.000 millones son transferencias no reembolsables y 16.000 millones corresponden a créditos en condiciones favorables. El Gobierno estima que esta inyección ha contribuido en 2,6 puntos al crecimiento del PIB. En cuanto a las ayudas a fondo perdido, España ha podido disponer de 55.000 millones de los 79.854 asignados y la adenda busca facilitar el acceso a los 25.000 millones restantes. Paralelamente, el documento formaliza la renuncia al 73% de los 83.154 millones en préstamos que la UE ofrecía, lo que evita tener que cumplir los hitos asociados a ellos. España, que hasta ahora solo había solicitado 16.000 millones, reducirá su petición a 22.800, alegando que estos créditos se concibieron en un momento en el que la pandemia encarecía la financiación nacional en comparación con la europea, diferencia que hoy prácticamente ha desaparecido. Así, estos fondos quedarán como un "colchón de seguridad de carácter nacional", según Cuerpo. El ministro subrayó que España es el segundo país con mayor número de hitos completados -solo por detrás de Italia- con más de 260, la mayoría vinculados a reformas estructurales como la laboral, la Ley Crea y Crece, la normativa de startups o la ley de ciberseguridad 5G. Estas reformas, sostuvo, han permitido que la economía se recupere de la crisis del Covid sin efectos permanentes mientras avanza en modernización. La adenda busca, en palabras de Cuerpo, "adaptar el Plan al nuevo escenario, reforzar las prioridades estratégicas, simplificar trámites y mejorar el aprovechamiento de los fondos". En primer lugar, la actualización -que aún debe recibir el visto bueno de Bruselas- introduce una fuerte "simplificación" de las obligaciones pendientes, con el alivio de la carga administrativa ligada a unos 160 hitos, la supresión de indicadores intermedios y la eliminación de requisitos ambiguos o superfluos. En segundo lugar, aumenta el impulso a áreas clave mediante nuevas inversiones: 300 millones para proyectos europeos de supercomputación y 2.500 millones destinados a descarbonización y transición energética, entre otras. En tercer lugar, la adenda mantiene la "ambición" del Plan apostando por asegurar el cobro del 100% de las transferencias disponibles, incluso a costa de renunciar a dos tercios de los créditos. De este modo, España aspira a recibir 103.000 millones de los 163.000 millones previstos inicialmente. El Gobierno también ha utilizado esta revisión para evitar la dependencia de un Parlamento cada vez más fragmentado. Así, el compromiso de sacar adelante una nueva Ley del Suelo se sustituye por la creación de una empresa pública del suelo a través de SEPES, y la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible ya permite desbloquear 10.000 millones de los 25.000 aún pendientes. No obstante, Cuerpo admitió que la UE seguirá exigiendo la equiparación fiscal entre diésel y gasolina, una medida que el Ejecutivo mantiene pese a no contar hoy con apoyo parlamentario suficiente. El incumplimiento podría costar a España 460 millones -1.100 millones si se suman los retrasos en la compensación a interinos y la modernización administrativa-. Entre las novedades de la adenda figura también una aportación de capital de 13.000 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinada a consolidar su capacidad de financiación más allá del marco de las ayudas europeas.

LEER MÁS

(Expansión, 10-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro prevé emitir 55.000 millones en 2026

"Dos factores marcan la estrategia de financiación del Tesoro para 2026: la buena evolución de nuestra economía y el compromiso con la disciplina fiscal", afirmó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al presentar las líneas maestras del próximo ejercicio. Según explicó, el Tesoro Público prevé realizar el año que viene emisiones netas de deuda por un total de 55.000 millones de euros. La cifra se mantiene en niveles similares a los de los dos años previos, después de que el Tesoro redujera de 60.000 a 55.000 millones su objetivo de emisión neta para 2025. De esa cantidad, 50.000 millones se colocarán en deuda a medio y largo plazo -bonos y obligaciones-, mientras que los 5.000 millones restantes se emitirán a corto plazo para asegurar liquidez en las letras del Tesoro, ante la elevada demanda por parte de los ahorradores particulares. En conjunto, las emisiones brutas previstas para 2025 ascenderán a 285.693 millones de euros, frente a los 274.242 millones del año anterior. Con ello, se mantendrá la vida media de la deuda en torno a los ocho años, lo que implica que cada año España solo debe refinanciar aproximadamente el 13% de su cartera, destacó el ministro. Esta política ha permitido amortiguar el efecto del aumento de los tipos de interés, que apenas ha supuesto un cuarto del encarecimiento derivado de los 250 puntos básicos de subida aprobados por el BCE. Por otro lado, Cuerpo anunció que mañana España abonará 5.474 millones de euros correspondientes a la devolución del denominado rescate bancario. Con este pago, el país supera el 75% del préstamo comunitario ya amortizado y pone fin a las visitas periódicas de supervisión de los llamados "hombres de negro", los técnicos de la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Banco Central Europeo (BCE).

LEER MÁS

(El País, 10-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba un aval para garantizar el cobro de la renta a los propietarios que ofrezcan alquiler asequible

El Gobierno aprobó este martes, mediante real decreto, un sistema de aval para incentivar que los propietarios alquilen sus viviendas a jóvenes menores de 35 años o a personas en situación de vulnerabilidad. Esta cobertura se aplicará siempre que los dueños acepten fijar un alquiler considerado asequible según los índices de referencia que el Instituto Nacional de Estadística actualiza periódicamente. Quienes cumplan con estos requisitos -ajustar el precio a los límites establecidos, depositar la fianza y formalizar el aval con el modelo oficial- obtendrán como contraprestación una garantía pública: la Administración asumirá cualquier impago del inquilino, incluidos los suministros, y también cubrirá los desperfectos que pudieran generarse en la vivienda. La iniciativa, inspirada en el modelo francés, ya fue anunciada por Pedro Sánchez en enero y tiene como meta "facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y colectivos vulnerables", según el Ejecutivo. Con ello se busca ofrecer una protección añadida a los propietarios, que suelen mostrarse reticentes a alquilar a estos perfiles debido a su menor capacidad económica, especialmente en un contexto de alta demanda que les permite elegir arrendatarios con mayores recursos. "Damos un paso más para garantizar el acceso a la vivienda", afirmó este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. La gestión del aval recaerá en las comunidades autónomas, que podrán introducir condiciones adicionales si lo consideran oportuno, por lo que aún quedan aspectos por concretar. Vivienda ha adelantado que "en breve se habilitará una partida presupuestaria" para sufragar el programa y que las autonomías deberán informar cada seis meses sobre las coberturas aplicadas. Algunas regiones ya cuentan con sistemas similares. El País Vasco dispone de cerca de 7.400 viviendas dentro de un programa de garantías públicas que protege tanto a propietarios como a inquilinos. El plan Alokabide, operativo desde 2002, asegura a los dueños el cobro mensual y la devolución del inmueble en las mismas condiciones, mientras que a los arrendatarios les garantiza precios inferiores a los del mercado. Otros ejemplos son el Plan Alquila en la Comunidad de Madrid, vigente desde 2008; el programa EtxeON en Navarra, enfocado en alquiler social y vivienda asequible; o la reciente iniciativa asturiana Alquilámoste, que ofrece incentivos fiscales a los propietarios y alquileres al menos un 10% por debajo del importe asumido por el Principado, con un límite máximo del 30% de los ingresos del inquilino o la unidad familiar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, también anunció que el Tesoro prevé emitir 55.000 millones en deuda neta en 2026, la misma cuantía que el año pasado. De esta cifra, 50.000 millones corresponderán a deuda a largo plazo y 5.000 millones a letras del Tesoro. Asimismo, confirmó -como adelantó EL PAÍS- la aprobación de una adenda al Plan de Recuperación para poder utilizar los casi 25.000 millones de euros en subvenciones europeas aún pendientes. Cuerpo explicó que, de los 83.200 millones asignados a España en forma de préstamos, finalmente solo se solicitarán 22.800 millones, ya que el país puede financiarse actualmente en los mercados en condiciones igual de ventajosas que las ofrecidas por la Comisión Europea. El ministro subrayó que los fondos seguirán disponibles, pero bajo una herramienta nacional en lugar de depender de los plazos fijados por Bruselas, lo que simplifica la gestión y otorga mayor flexibilidad. "Estamos aprovechando al máximo todas las transferencias y reduciendo el impacto en la deuda", argumentó Cuerpo. En conjunto, España recibirá 103.000 millones del plan europeo -80.000 millones en subvenciones y casi 23.000 millones en préstamos-, de los que ya se han desembolsado 71.000 millones (55.000 millones en transferencias y 16.000 en préstamos). Según cálculos del Gobierno, esta inversión supondrá un impacto acumulado de alrededor de 3,4 puntos de PIB en 2031; hasta ahora ya se han materializado 2,6 puntos.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF