(El Periódico, 18-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció este miércoles durante el evento Afterwork organizado por El Periódico que, tras el verano, el Consejo de Ministros aprobará la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta modificación implicará que los fiscales asumirán la dirección de las investigaciones penales, mientras que los jueces pasarán a desempeñar el papel de garantes del proceso. Otra de las normativas que ha generado polémica, especialmente entre las asociaciones judiciales de corte conservador, es la ley de la carrera judicial, actualmente en trámite parlamentario. Bolaños aclaró que dicha ley no será debatida en el pleno del 22 de julio, sino que su discusión se pospondrá hasta después del verano, a la espera de avanzar en las conversaciones con los distintos grupos parlamentarios. Al acto asistieron diversas figuras del ámbito político y judicial, como el 'conseller' Ramon Espadaler y el expresident José Montilla.
El ministro subrayó que el Gobierno está dialogando con los partidos políticos para sacar adelante una reforma de la Justicia que ha calificado de "urgente y necesaria", con el objetivo de adaptar esta institución a la realidad actual del país. Bolaños recordó que, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, los intentos de transformación en el ámbito judicial suelen generar desconfianza, algo que también se está viendo con la ley de la carrera judicial y fiscal. No obstante, defendió que las críticas sobre una supuesta amenaza al Estado de Derecho o a la independencia judicial carecen de fundamento. En su opinión, esta nueva normativa garantiza la igualdad de oportunidades e incluye medidas como la creación de becas para opositores.
En cuanto al plan de modernización de la Justicia, el ministro destacó que en los próximos tres años se crearán 1.500 nuevas plazas para jueces y fiscales. A esta cifra se sumarán otras 1.000 regularizaciones de profesionales que ya ejercen como sustitutos, algunos de ellos desde hace más de una década. Bolaños calificó esta ampliación de plantilla como un avance sin precedentes recientes.
Durante el encuentro, el director de El Periódico, Albert Sáez, preguntó por la huelga convocada a principios de julio por asociaciones conservadoras de jueces y fiscales, en protesta por los cambios en el acceso a sus respectivas carreras. Bolaños respondió que el propio Consejo General del Poder Judicial reconoció que la huelga carecía de base legal. Además, criticó que no se comunicaron formalmente las ausencias para que se aplicaran los descuentos salariales correspondientes, describiendo la protesta como "la primera huelga sin huelguistas". Reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la Justicia, incluyendo el aumento de efectivos.
Parte de esta reforma pasa también por modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal. Los cambios permitirán que el fiscal instruya las causas penales, pero no se aplicarán hasta el 1 de enero de 2028, dado que se trata de una ley compleja. Por ello, será el fiscal general que nombre el Gobierno surgido de las elecciones de 2027 -y no el actual, Álvaro García Ortiz- quien asuma la implementación de esta reforma. Bolaños insistió en que estas transformaciones no responden a circunstancias políticas del momento, sino que se han concebido para tener efectos duraderos, incluso a 50 años vista. En su opinión, algunos aspectos de la Justicia actual han quedado obsoletos, y el calendario de implementación dependerá del consenso con el resto de formaciones parlamentarias.
En otro orden de cosas, el ministro se refirió al plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona, presentado en diciembre junto al conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. Según explicó, esta iniciativa ya comienza a dar resultados. Entre las medidas adoptadas se incluye la creación de un tercer juzgado de guardia para delitos leves, como hurtos, y cuatro órganos judiciales adicionales para agilizar juicios rápidos, que se estaban retrasando hasta año y medio. Aunque estas plazas de refuerzo eran temporales (hasta noviembre), los jueces han solicitado su prórroga. Bolaños aseguró que estos juzgados seguirán operativos "el tiempo que sea necesario".
Otra medida destacada dentro del mismo plan es el acceso de la Guardia Urbana a los historiales de reincidencia a través del sistema judicial SIRAJ. Esto permitirá a los agentes saber en tiempo real si una persona detenida cuenta con antecedentes y si corresponde aplicar la agravante de multirreincidencia prevista en el Código Penal. Sobre esta iniciativa, Bolaños adelantó que ya se ha aprobado un real decreto para hacerla efectiva. Además, está en desarrollo una aplicación específica para que la policía municipal de Barcelona pueda consultar esta información de manera inmediata.